Bonnet, Alberto y Piva, Adrián (comp.), Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad, Peña Lillo – Ediciones Continente, Buenos Aires: 2009.

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Argentina en pedazos



Alberto Bonnet y Adrián Piva (Compiladores)

Argentina en pedazos Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad

Peña Lillo diciones Continente


Argentina en pedazos 1ª edición ISBN: 978-950-754-289-3 Corrección: Susana Rabbufeti Pezzoni Diseño de tapa: Estudio Tango Diseño de interior: Carlos Almar Argentina en pedazos : luchas sociales y conflictos interburgueses / compilado por Adrián Piva y Alberto Bonnet. - 1a ed. - Buenos Aires : Continente, 2009. 256 p. ; 23x16 cm. ISBN 978-950-754-289-3 1. Historia Argentina Contemporánea. I. Piva, Adrián, comp. II. Bonnet, Alberto, comp. CDD 982

diciones Continente © Pavón 2229 (C1248AAE) Buenos Aires, Argentina Tel.: (5411) 4308-3535 - Fax: (5411) 4308-4800 www.edicontinente.com.ar e-mail: [email protected] Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Libro de edición argentina No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11723 y 25446. Este libro se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2009, en los Talleres Gráficos Color Efe, Paso 192, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.


AUTORES ALBERTO BONNET es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Puebla, México, y trabaja como docente e investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ADRIÁN PIVA es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes y trabaja como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y como docente e investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ y el CONICET. HERNÁN OUVIÑA es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y se encuentra actualmente cursando el Doctorado en Ciencias Sociales en la misma Universidad. Trabaja como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y como investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ. MATÍAS ESKENAZI es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y cursa en la actualidad el Doctorado en Ciencias Sociales en dicha Universidad. Trabaja como investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ, siendo becario del CONICET. SEBASTIÁN SALVIA es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y se encuentra actualmente cursando el Doctorado en Ciencias Sociales en esa Universidad. Trabaja como investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ y es becario del CONICET. JULIÁN KAN es Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y se encuentra actualmente cursando el Doctorado en Historia de dicha Universidad. Trabaja como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y como investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ, siendo becario del CONICET.



ÍNDICE Introducción / ALBERTO BONNET Y ADRIÁN PIVA .............

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Parte I LUCHAS SOCIALES, CRISIS Y ESTADO Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001 / ADRIÁN PIVA .....

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Las relaciones con el Estado en las luchas sociales recientes. Un planteo del problema a partir de la experiencia argentina / ALBERTO BONNET ......................

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La autonomía urbana en territorio argentino. Apuntes en torno a la experiencia de las asambleas barriales, los movimientos piqueteros y las empresas recuperadas / HERNÁN OUVIÑA ........................................

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Parte II CONFLICTOS INTERBURGUESES Y CAÍDA DE LA CONVERTIBILIDAD El espectro de la dolarización. Discutiendo las interpretaciones sobre la disputa interburguesa en el origen de la crisis de la convertibilidad / MATÍAS ESKENAZI .............................................................

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Estado y conflicto interburgués en Argentina. La crisis de la convertibilidad (1999-2001) / SEBASTIÁN SALVIA ...

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Vuelta previa al 2001. La devaluación del real de 1999 y algunas implicancias en la burguesía argentina / JULIÁN KAN .......................................................................

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INTRODUCCIÓN En los procesos hiperinflacionarios que se registraron en Argentina durante 1989-90 encontró su desenlace un prolongado interregno iniciado a mediados de la década del setenta con los acontecimientos fundantes del Rodrigazo de junio de 1975 y el golpe militar que inauguró el Proceso en marzo de 1976. En medio de esa crisis hiperinflacionaria de fines de los ochenta terminó de derrumbarse la acumulación orientada hacia el mercado interno, las estrategias reformistas de conciliación de clases, la forma populista de Estado y los demás pilares del capitalismo argentino de posguerra. La muerte del dinero, su virtual extinción como equivalente general y, junto con ella, de la operación de la ley del valor como reguladora del metabolismo social, impuso un profundo proceso de disolución de las relaciones sociales. Esos procesos hiperinflacionarios no fueron, entonces, una pasajera crisis monetaria, sino el punto más alto de una crisis de reproducción de la relación de capital en su conjunto y, por consiguiente, de la reproducción del conjunto de las clases y fracciones de clases de la sociedad. Ante semejante crisis, la clase trabajadora, integrada a través de sus sindicatos a una alianza política que ya desde mediados de los setenta mostraba síntomas de disolución, no pudo romper con la inercia de una estrategia de lucha sindical basada en la fábrica, centrada en el salario y orientada a la defensa del viejo patrón de acumulación. Aliada a las fracciones mercadointernistas de la burguesía industrial, resistió las medidas de desregulación de los mercados internos y de apertura a la competencia externa —y el aumento de la explotación que acarrearían— que ya había comenzado a ensayar la administración alfonsinista en crisis y que más tarde impondrían las administraciones menemistas. Sin embargo, en la medida en que la relativa separación del espacio nacional de valor respecto de la acción de la ley del valor a escala mundial —que esta alianza intentaba preservar— se encontraba en el origen de la crisis de ba9


lanza de pagos y de la devaluación de la moneda, el éxito en esta resistencia no ofrecía salida alguna y tendía a profundizar los procesos hiperinflacionarios y, junto con ellos, la crisis de reproducción de la sociedad en su conjunto. En cambio, la salida de la crisis a través de una mayor integración en el mercado mundial que impulsaba la mayoría de las fracciones más concentradas de la burguesía local adquiría, en esas circunstancias, potencialidad hegemónica porque, en tanto que aparecía como condición para esa reproducción de la sociedad en su conjunto, era también condición para la universalización de los intereses de las fracciones de la burguesía que se habían convertido en las económica y socialmente dominantes. Entre julio de 1989 y abril de 1991, la primera administración menemista llevó a cabo una serie de intentos de estabilizar los precios y sentar las condiciones para una profunda reestructuración capitalista a través del denominado “programa de reformas estructurales”, que contemplaba la privatización o concesión de las empresas públicas, la desregulación generalizada de los mercados internos y la apertura externa a los flujos de mercancías y capitales productivos y financieros. Pero la mayor integración del mercado local en el mercado mundial, es decir, el pleno funcionamiento de la ley del valor a través de la acción de la competencia internacional resultante, implicaba un fuerte disciplinamiento social que consolidaría la nueva relación de fuerzas entre las clases y fracciones de clases impuesta durante la crisis hiperinflacionaria. Esta consolidación de una nueva relación de fuerzas sería condición de posibilidad para la posterior reestructuración de la acumulación y recomposición de la dominación capitalistas. Desde entonces, la amenaza de una recaída en la hiperinflación y en la consecuente disolución social actuaría coercitivamente sobre el conjunto de la sociedad e induciría a la subordinación de la clase trabajadora y la pequeña burguesía. La coerción de la amenaza hiperinflacionaria se estableció, de esta manera, como fundamento para un amplio consenso alrededor de ese programa de reestructuración y recomposición del capital. El fracaso de la estrategia sindical de la clase trabajadora y la incapacidad hegemónica de las fracciones mercadointernistas de la burguesía se tradujo en un retroceso y una dispersión de sus fuerzas. La contrapartida de este retroceso y esta dispersión fue un avance y unificación de las fracciones más concentradas del gran capital local y foráneo que, con la mediación del Estado neoconservador mon10


tado por el menemismo, articularían un nuevo y sólido bloque en el poder portador de una estrategia de acumulación y un proyecto hegemónico capaz de ofrecer una salida a la crisis. Frente a este bloque en el poder unificado de la burguesía, la clase obrera quedaría fragmentada y debilitada, invirtiéndose así, de alguna manera, la dinámica que había caracterizado el enfrentamiento social hasta mediados de los años setenta. El proyecto neoconservador del menemismo adquirió coherencia y continuidad a partir de abril de 1991 gracias al establecimiento de la convertibilidad de la moneda. En efecto, la eliminación del recurso a las devaluaciones competitivas a través de la fijación del tipo de cambio, en las citadas condiciones de apertura casi irrestricta de la economía, impuso la presión constante hacia el incremento de la explotación del trabajo, ya sea a través del aumento de la productividad (en condiciones expansivas) o del recorte del salario nominal (en condiciones recesivas), como requisito de la inserción exitosa del capitalismo argentino en el mercado mundial. Esta presión se ejerció inmediatamente sobre los propios capitalistas, que se vieron enfrentados a la alternativa de reconversión o quiebra, y los capitalistas a su vez la descargaron sobre los trabajadores, que se vieron enfrentados a la alternativa de mayor explotación, o resistencia. Y en esta presión consistió precisamente el disciplinamiento social impuesto por la convertibilidad del peso que, como toda política monetaria neoliberal, apuntó centralmente a una reimposición de la disciplina del mercado sobre la clase trabajadora. En el marco de este disciplinamiento, aunque devenido sólido consenso alrededor de la salida neoliberal de la crisis, tuvo lugar la ofensiva capitalista que impuso, con particular intensidad entre 1992 y 1995, un vertiginoso y radical proceso de transformaciones de la acumulación y la dominación, cuyos resultados se prolongan hasta nuestros días. El nuevo modo de acumulación, como dijimos, suponía una mayor integración en el mercado mundial. Tendía a ubicar en una posición clave a la exportación de productos industriales, agroindustriales y agropecuarios de escaso valor agregado. Y reforzaba la dependencia del ritmo interno de la acumulación respecto de la inversión extranjera directa y de los flujos internacionales de capitaldinero —tendencia que redundó en una creciente interpenetración del capital local y extranjero y en una creciente internacionalización de la propiedad del primero, consolidando una comunidad de intereses entre ambos—. Estas características sometieron la diná11


mica de la acumulación a la inestabilidad de los mercados externos —debido a la volatilidad de los precios de los commodities— y a la fragilidad financiera —a causa de las tendencias al desequilibrio comercial y al déficit de cuenta corriente—. Por otra parte, siempre en ese marco de un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar, los aumentos en la productividad del trabajo no fueron suficientes para evitar la persistencia —y, desde la “crisis del tequila”, el crecimiento— de la brecha de productividad entre la producción doméstica y la internacional. El proceso de acumulación, en consecuencia, descansó cada vez más en la reducción de salarios nominales y en la extensión e intensificación de la jornada laboral como mecanismos para mantener niveles de competitividad y de rentabilidad del capital local compatibles con un proceso sostenido de inversión. Esta situación, puesta de manifiesto en la crisis mexicana de 1995, se agravó con la sucesión de crisis y devaluaciones que se inició en 1997 en el sudeste asiático y que alcanzó con la caída del real brasilero en 1999 su mayor incidencia. Pero la reestructuración del aparato productivo que requirió este nuevo modo de acumulación fue desigual en las diferentes regiones, ramas y empresas. Y además, como todo proceso de reestructuración, impactó en el mercado de trabajo. Por consiguiente, los cambios en la organización del proceso de trabajo y la incorporación de nuevas tecnologías, así como la pérdida de puestos de trabajo y la precarización de contratos y condiciones laborales, resultaron en una fragmentación de los modos de explotación y utilización de la fuerza de trabajo y en un fuerte aumento del desempleo y el subempleo. De este modo, si entre 1989 y 1991 el repliegue de la conflictividad y la fractura sindical enfrentaron a una clase trabajadora fragmentada con la monolítica unidad de la clase dominante, la reestructuración encarada sobre esta base produjo, como su propio resultado, la fragmentación estructural de esa clase trabajadora y, con ella, las condiciones para la consolidación de una relación de fuerzas más duradera favorable a la gran burguesía. Estas transformaciones condicionaron la lucha de la clase obrera y, a lo largo de la década del noventa, se asistió a una metamorfosis en los modos y en las tendencias de la lucha de clases. Mientras los trabajadores ocupados organizados sindicalmente mostraban en su accionar los efectos de la derrota hiperinflacionaria y de la pérdida de capacidades estructurales, al mismo tiempo —sobre todo, desde mediados de la década— se producía el surgimiento de una variedad de formas de resistencia social que 12


serían cruciales en el desarrollo de la insurrección y la crisis de 2001. Esta inversión de la relación de fuerzas entre las clases, la oposición entre una clase trabajadora debilitada y fragmentada y un bloque en el poder fortalecido y unificado de la burguesía, sustentó la hegemonía neoconservadora vigente durante la década. Pero ninguna hegemonía puede articularse sin mediación del Estado. La hegemonía de los noventa se estructuró, en este sentido, a través de un Estado que simultáneamente adoptaba una forma neoconservadora. Esta forma de Estado se caracterizó por un mayor desplazamiento del poder desde los poderes legislativo y judicial al ejecutivo, el predominio del Ministerio de Economía y de un Banco Central independiente dentro del ejecutivo, la descentralización hacia los niveles provinciales y municipales de la educación, la salud y la asistencia social, un vínculo neoparticipacionista con los sindicatos y otras características acordes con la modalidad que estaba revistiendo la dominación. La centralidad del ejecutivo y, dentro de éste, de las instancias encargadas de la política económica y monetariofinanciera, en particular, guardaba un estrecho vínculo con una modalidad de dominación hegemónica que, como dijimos, descansaba sobre el disciplinamiento dinerario de la clase trabajadora en el marco del régimen de convertibilidad vigente. Pero la capacidad de la amenaza de una recaída en los procesos hiperinflacionarios para sostener continuamente el consenso de los trabajadores y la pequeña burguesía alrededor del programa de reestructuración y recomposición capitalistas en marcha no era ilimitada. Y sus límites fueron poniéndose de manifiesto, con creciente intensidad, durante la segunda mitad de la década. La mencionada presión al aumento de la productividad del trabajo resultante de la mayor integración en el mercado mundial no alcanzó a revertir la brecha de productividad entre la producción doméstica y la internacional. En consecuencia, la competitividad de la primera pasó a depender cada vez más del aumento absoluto del nivel de explotación de los trabajadores empleados, reducción de salarios nominales y extensión e intensificación de la jornada laboral mediante, dejando además un tendal cada vez más amplio de trabajadores desempleados y subempleados. Las tendencias al estancamiento fueron imponiéndose inexorablemente y los ingresos y la posición social de los sectores medios fueron deteriorándose. Los trabajadores del sector público fueron, por su parte, las víctimas más inmediatas de los sucesivos ajustes de in13


gresos y gastos públicos. La amenaza de una recaída en los procesos hiperinflacionarios, en pocas palabras, era incapaz de compensar los costos de la estabilidad para porciones cada vez más grandes de la sociedad. Ésta fue la base del sostenido ascenso de la lucha de clases que se registró durante los últimos años de la década y culminó en la insurrección de diciembre de 2001. Los artículos que integran este libro analizan, precisamente, distintos aspectos de este ascenso de la lucha de clases que clausuró la década. Pero comparten, además, otras dos características. En primer lugar, analizan tanto luchas sociales (es decir, luchas entre clases o alianzas de clases) como conflictos interburgueses (es decir, conflictos entre distintas fracciones de la burguesía) registrados alrededor de 2001, porque presuponen que ambos integran un mismo proceso de ascenso de la lucha de clases. Y prestan atención, muy especialmente, a las dimensiones políticas de estas luchas y conflictos (es decir, a las relaciones que guardan con el Estado las luchas y las organizaciones sociales, a las medidas políticas que impulsan las corporaciones que representan a esas distintas fracciones de la burguesía, y así sucesivamente). Los tres artículos que integran la Parte I de esta compilación abordan distintos aspectos de las luchas sociales del período. El primero, de Adrián Piva, es un extenso y minucioso análisis de las características y de la evolución de las luchas sociales durante la década, con vistas a la explicación de los acontecimientos de diciembre de 2001. El artículo analiza así los conflictos protagonizados por el movimiento obrero sindicalmente organizado, por las multisectoriales y las organizaciones piqueteras de las provincias y por los sectores medios urbanos, en sus vínculos con las modalidades de acumulación y dominación hegemónica vigentes durante la década y que acabamos de describir muy someramente más arriba. El artículo de Alberto Bonnet repasa brevemente esas características novedosas que asumieron las luchas sociales desde mediados de los noventa, para avanzar hacia un análisis de la dimensión política de éstas. El trabajo se centra así en las relaciones que mantienen esas luchas sociales con el Estado capitalista, proponiendo, por una parte, algunas reflexiones sobre una serie de desafíos metodológicos que plantea el análisis de esas relaciones y, por otra, una tipología de éstas y de los problemas que atraviesan en cada caso. Finalmente, el artículo de Hernán Ouviña vuelve sobre algunos de los movimientos sociales y políticos que 14


protagonizaron aquella insurrección de diciembre de 2001, concentrándose en las organizaciones de trabajadores desocupados, las asambleas barriales y las empresas recuperadas que encararon prácticas políticas autónomas en las ciudades. Examina así una serie de experiencias, indicando los desafíos, las potencialidades y las limitaciones que enfrentó (y sigue enfrentando) la autonomía urbana en el laboratorio argentino. Los siguientes tres artículos del volumen, que conforman la Parte II, están dedicados, en cambio, al análisis de conflictos interburgueses. El artículo de Matías Eskenazi, que inicia la segunda parte de esta compilación, vuelve sobre el debate entre los impulsores de la dolarización y la devaluación como salidas burguesas de la crisis de la convertibilidad de fines de la década del noventa. Discute así algunas de las interpretaciones más influyentes de ese debate con la finalidad de revisar la importancia que reviste esta disputa interburguesa, en el marco más amplio de la lucha de clases, a la hora de explicar las causas de la crisis de la convertibilidad así como de la adopción de una salida devaluatoria. También el artículo de Sebastián Salvia analiza los conflictos entre distintas fracciones de la burguesía durante la crisis de la convertibilidad, pero centrándose esta vez en el impacto diferencial de dicha crisis en la reproducción de esas fracciones y en la política económica del Estado frente a la crisis. Para finalizar, el artículo de Julián Kan se concentra más específicamente en las consecuencias de la devaluación del real brasilero de 1999 en esas disputas interburguesas. Analiza así las relaciones entre esta modificación cambiaria y el despliegue de las tendencias hacia la intensificación del enfrentamiento interburgués, la imposición de una salida devaluacionista a la convertibilidad y el cambio de rumbo en las estrategias de integración regional que se registraría desde entonces. Escribimos este libro en el marco del proyecto de investigación Problemas de la acumulación y la dominación en la Argentina contemporánea 1989-2007, dirigido por Alberto Bonnet e inscripto en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Adrián Piva, Hernán Ouviña, Matías Eskenazi, Sebastián Salvia y Julián Kan son, además, becarios internos de posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Agradecemos a estas instituciones el apoyo que brindaron a nuestra investigación. Y también agradeceremos a los lecto15


res de nuestro libro cualquier comentario o crítica que quieran acercarnos, ya sea personalmente o por correo electrónico a [email protected] o a [email protected]. Alberto Bonnet - Adrián Piva Buenos Aires, septiembre de 2009

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Parte I LUCHAS SOCIALES, CRISIS Y ESTADO



VECINOS, PIQUETEROS Y SINDICATOS DISIDENTES La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001 Adrián Piva

Introducción El objetivo de este artículo es intentar una aproximación a las tendencias de evolución y las formas de desarrollo del conflicto social en Argentina entre 1989 y 2001, las que creemos permiten una mejor comprensión del carácter y la composición de las movilizaciones sociales y los enfrentamientos callejeros de diciembre de 2001. En este sentido, nos interesa inscribir estas tendencias y formas de la lucha de clases en el vínculo entre el proceso de acumulación de capital —del cual han sido, al mismo tiempo, condición de posibilidad y límite— y hegemonía. De modo más preciso, se trata de entender la relación entre lo económico y lo político, no como una relación entre instancias estructurales separadas, completamente exteriores la una a la otra, sino como momentos de la reproducción ampliada de la relación de capital en tanto proceso económico-político. Como señaláramos en otro lugar (Piva 2004), la capacidad hegemónica de la burguesía depende de su capacidad de hacer coincidir su reproducción particular con la reproducción del conjunto social. En la medida en que la reproducción ampliada del capital no se funde predominantemente sobre mecanismos de producción de plusvalor absoluto, la expansión del capital puede ser presentada como “expansión de las energías nacionales” (Gramsci 1998). Tales condiciones se desarrollaron en los países 19


centrales a partir del último cuarto del siglo XIX, cuando el vínculo entre acumulación y mecanización y las transformaciones en el comercio mundial posibilitaron el aumento simultáneo de la tasa de explotación, el salario real y el empleo y, con ello, la internalización del antagonismo obrero en una lógica reformista de concesiones. La categoría de hegemonía describe, entonces, la forma histórica de la lucha de clases desde allí en adelante. En esa relación entre reproducción del capital y reproducción del conjunto social fundamos el vínculo entre acumulación de capital y hegemonía. Sin embargo, sostenemos que esto es insuficiente. La presentación del interés particular de la burguesía como interés general exige abstraer ese carácter de reproducción de lo social en general de su forma histórica concreta y, por lo tanto, de su carácter de dominación particular. Es decir, el discurso y la práctica hegemónicos de la burguesía deben operar sobre la separación entre lo económico y lo político, produciéndola y reproduciéndola. La realización de la hegemonía burguesa sólo se alcanza, entonces, en una determinada forma del Estado. Dicho de otro modo, la separación de lo económico y lo político —la particularización de la forma Estado— es necesaria para la presentación del interés particular dominante como universal. Del éxito de esa operación depende la capacidad de “suturar” a la sociedad dividida en clases y, por lo tanto, la continuidad de la acumulación de capital. Esta separación entre lo económico y lo político se (re)produce en la lucha de clases, y a través de ésta, proceso en el que ella misma resulta escindida e incluso denegada. Concebir lo económico y lo político como momentos de la reproducción ampliada del capital e inscribir la lucha de clases en ese nexo supone: A. Que lo político y lo económico son diferenciables analíticamente y que mantienen, en su unidad específica, cierta autonomía en sus desarrollos. Es decir, no siempre la contradicción capital/trabajo, aunque determine el conjunto del proceso, se expresa en los conflictos de manera clasista, ni siempre los conflictos en los que los asalariados intervienen como clase o fracción de clase se desarrollan como lucha política. B. Que su diferenciación y autonomía relativas son un producto de la “apariencia objetiva” de separación entre lo económico y lo político, es decir, que esta separación no es un “mero engaño” sino la forma en la que “en la práctica” se reproduce la relación de explotación. Por ejemplo, debido a que la clase obrera se organiza en 20


los sindicatos como interés particular de la sociedad civil, sus luchas pueden no sólo no conmover la reproducción del capitalismo, sino hacerla posible. Para citar un ejemplo harto conocido, los obreros franceses podían votar a comunistas para dirigir sus sindicatos y a De Gaulle para presidir el Estado de la “nación francesa”. C. Que en la reproducción de esta separación, por lo tanto, se juega la reproducción del capitalismo, es decir, la suerte del proceso de producción, realización y distribución del plusvalor. Dicho en otros términos, la continuidad del proceso de reproducción del capital supone la internalización del antagonismo obrero como motor del desarrollo capitalista y la subsiguiente presentación en la forma Estado de la reproducción ampliada del capital como “expansión de las energías nacionales”. A niveles más concretos de análisis, esto implica la capacidad del Estado de canalizar el conflicto a través de mecanismos institucionalizados, presentando a cada momento el interés particular dominante como interés general, aunque no de manera inmediata sino como compromiso. En lo que sigue, primero, retomaremos análisis realizados en trabajos anteriores sobre las tendencias y características del conflicto obrero desde un punto de vista cuantitativo y haremos una aproximación cualitativa a la dimensión política —es decir, en su carácter de lucha hegemónica— de nueve conflictos provinciales. Luego incorporaremos un análisis más detenido del rol de las direcciones sindicales y de la acción colectiva de los “sectores medios”, para, finalmente, articular una visión más general de las tendencias del conflicto social y de su relación con las características y etapas del modo de acumulación de capital y la capacidad hegemónica del “bloque en el poder”.

Algunas características de las luchas obreras en un marco de ofensiva del capital A. La evolución cuantitativa del conflicto obrero y la reproducción ampliada del capital Una primera aproximación general a la evolución cuantitativa del conflicto obrero en el período muestra, en primer lugar, una tendencia general a la disminución del grado de respuesta de la clase obrera tanto con respecto a la década del ’80 como a lo largo del período y, en segundo lugar, dos etapas bien diferenciadas en términos cuantitativos. Una primera etapa, hasta 1995, que se ca21


racteriza por el aumento del número de conflictos defensivos y la caída de los conflictos salariales. Esta dinámica condujo a un ciclo de aumento del número de conflictos laborales entre 1992 y 1994 —año que presenta el mayor número de conflictos laborales del período 1989-2001— y a un inicio del descenso de la conflictividad laboral en 1995, año que presenta el mayor número de conflictos defensivos. La segunda etapa, a partir de 1996, muestra un descenso de ambos tipos de conflicto y da inicio a un período de baja conflictividad laboral relativa que no es revertida por el ascenso de la conflictividad laboral en 2001 (Piva 2006). El primer fenómeno —la disminución del grado de respuesta de la clase obrera respecto de la década del ’80 y a lo largo del período estudiado— remite a la alteración radical de la relación de fuerzas a partir del estallido hiperinflacionario de 1989. La inflexión en la relación de fuerzas en 1989-90 sobre la base de la amenaza hiperinflacionaria, su consolidación con la emergencia de un consenso en torno al programa neoconservador de salida de la crisis y la cristalización de este consenso en el apoyo a la “estabilidad” a partir del lanzamiento de la convertibilidad en abril de 1991, posibilitaron la ofensiva del capital entre 1992 y 1995, que transformó radicalmente el modo de acumulación y su corazón: las formas concretas de explotación de la fuerza de trabajo. A su vez, esta transformación de las formas de explotación y de las condiciones de acumulación de capital completó la coerción hiperinflacionaria con la amenaza del desempleo y la fragmentación de la clase obrera, lo que indujo la aceptación de la ofensiva del capital en los lugares de trabajo. Como señaláramos en otros trabajos, una de las características del conflicto obrero en el período considerado fue que sus ciclos de crecimiento fueron de crecimiento de una conflictividad fragmentada, mientras que aumentaba la centralización cuando descendía el número de conflictos. Este fenómeno se encontraba relacionado, aunque de manera mediata como enseguida veremos, con la fragmentación estructural de la clase obrera producto del proceso de reestructuración del capital (Piva 2001, 2006). Sin embargo, este repliegue de la clase obrera y la transformación de sus patrones de conflictividad respecto de la década del ’80 no procedieron de manera automática ni se desarrollaron libres de intentos de fracciones de los asalariados y de sus direcciones de resistir la reestructuración capitalista. En primer término, sobre todo entre 1989 y 1991 y en menor medida durante toda la primera mitad de los ’90, se desarrollaron 22


importantes huelgas y planes de lucha, las más grandes contra las privatizaciones. Dos conflictos resultaron especialmente importantes por su magnitud y por su impacto político: el plan de lucha de 1989 contra la privatización de ENTEL llevado adelante por el sindicato telefónico de la regional Buenos Aires y la larga huelga de los ferroviarios en 1991 contra la privatización de los ferrocarriles. Ambas luchas terminaron en rotundas derrotas que significaron la realización en el enfrentamiento de la relación de fuerzas alumbrada por la hiperinflación. No puede subestimarse el impacto sobre el conjunto de los trabajadores de estas derrotas. Si ellas mismas no pueden explicarse sin recurrir a las consecuencias de la derrota hiperinflacionaria, la consolidación de esta derrota no puede entenderse sin esas otras derrotas que demostraron cabalmente que se había producido un cambio de etapa. En segundo término, la adecuación de las direcciones sindicales al nuevo escenario sólo se impuso después de la derrota de la CGT ubaldinista. A poco de asumir el gobierno de Menem, el predominio al interior de la CGT de la estrategia neoparticipacionista de “los 15” dio lugar en lo inmediato a la fractura de la central y a la constitución de la “CGT Azopardo” dirigida por Saúl Ubaldini y acompañada hasta noviembre de 1990 por la UOM de Lorenzo Miguel. Esta central buscó conservar el viejo vínculo “vandorista” entre Estado y sindicatos y se opuso desde posiciones peronistas ortodoxas al programa de reformas, en particular a las privatizaciones. Hacia fines de 1990, aislada políticamente e incapaz de sostener un proceso de movilización que la fortaleciera frente al Estado, se disolvía después de que el grueso de los sindicatos que la conformaban hubiera emigrado a la oficialista CGT San Martín. Los dos últimos conjuntos de hechos son de gran importancia para entender (a) cómo el Estado hizo valer la alteración de la relación de fuerzas durante el período hiperinflacionario y (b) cómo esta efectivización de la relación de fuerzas fue condición para la traducción de las transformaciones estructurales de la clase obrera —fragmentación estructural y crecimiento del ejército industrial de reserva— en una fragmentación y debilitamiento de las luchas de los asalariados. Reconsideremos, entonces, el proceso de conjunto. La hiperinflación, desde el punto de vista de la acción como clase de los asalariados, constituyó la derrota/fracaso de la estrategia dominante de la clase obrera frente a la crisis final del “modelo sustitutivo de 23


importaciones”: una estrategia centrada en la lucha salarial y ligada a la defensa del viejo patrón de acumulación. En la medida en que el éxito de esta estrategia se traducía en hiperinflación e hiperdevaluación de la moneda, perdía capacidad hegemónica la acción de la clase obrera, al tiempo que ganaba potencialidad hegemónica la alternativa neoliberal de salida de la crisis. En el marco del amplio consenso alrededor del programa de reestructuración del capital y de la sólida unidad burguesa constituida en torno a éste, la respuesta de la clase obrera fue la fractura sindical y la dispersión y caída generalizada del conflicto. Esta alteración de la relación de fuerzas fue efectivizada en las derrotas de los intentos de resistencia a las privatizaciones por parte de fracciones de los trabajadores y del intento de defensa de la estrategia sindical vandorista por parte del ubaldinismo. La efectivización de la nueva relación de fuerzas por el Estado, entonces, tuvo un doble efecto. En primer lugar, fue la base sobre la que se desarrolló la reestructuración capitalista, que tuvo como una de sus consecuencias la fragmentación estructural de la clase obrera y el aumento del desempleo. En segundo lugar, y al mismo tiempo, la derrota de la resistencia organizada de los trabajadores y la intervención del Estado en favor de la estrategia neoparticipacionista de vinculación de los sindicatos con el Estado fue condición de posibilidad de la fragmentación del conflicto obrero y del fuerte impacto del desempleo sobre su capacidad de acción. El segundo fenómeno observado, la existencia de dos etapas bien diferenciadas en términos del número de conflictos, aparece vinculado a este último hecho: el impacto del aumento del desempleo. En los años 1994 y 1995, la tasa de desempleo experimentó un salto que la llevó a niveles del 17 y 18%. A partir de 1996, con la nueva fase expansiva de la economía, descendería —aunque nunca debajo del 12%— para comenzar nuevamente a crecer con la larga recesión iniciada a fines de 1998. Si en la primera etapa la amenaza hiperinflacionaria, la fragmentación de la clase obrera y el desempleo creciente llevaron a un descenso de los conflictos motivados por reclamos de aumento de salarios y a un aumento de los conflictos defensivos motivados por despidos y por atrasos en el pago salarial, a partir de 1996, consolidadas las elevadas tasas de desempleo, cayó el número de todos los conflictos y ya nunca recuperaron la magnitud de los años 1992-94. Sin embargo, también desde 1996, se observa una segmentación del conflicto obrero. Mientras decrece el número de conflictos 24


protagonizados por obreros ocupados, aumenta la cantidad de conflictos de los trabajadores desocupados. Esta diferenciación en dos etapas de la evolución cuantitativa del conflicto obrero y su relación con las etapas del modo de acumulación nos permite precisar el vínculo entre acumulación de capital y hegemonía. En primer lugar, la disminución del grado de respuesta de la clase obrera a la ofensiva del capital —el descenso general de la conflictividad de los ocupados que, por su peso numérico, determina una caída general de las luchas de los asalariados— fue fundamental para sostener la acumulación de capital en la fase expansiva de 1996-1998, cada vez más dependiente de la producción de plusvalor absoluto y de la caída del salario nominal para compensar el aumento de la brecha de productividad internacional. Esto significa que la reproducción ampliada del capital como proceso económico-político descansó cada vez más en los mecanismos de coerción sobre la clase obrera: amenaza hiperinflacionaria, fragmentación y alto desempleo. En la primera etapa expansiva 1991-1994 se observa una leve tendencia al aumento del salario real junto a un crecimiento de la tasa de plusvalor. Esto indica la posibilidad de articular los mecanismos coercitivos de producción de consenso con una cierta capacidad de otorgar concesiones. En la segunda etapa, en un contexto de desaceleración del aumento de la productividad del trabajo y frente a las primeras devaluaciones competitivas en el sudeste asiático, el salario real cae aun durante la fase expansiva 1996-1998 (Piva 2007). Pero, en segundo lugar, el crecimiento de las luchas de los desocupados, durante la segunda mitad de la década del ’90, señala los límites de una hegemonía fundada, de modo predominante, en mecanismos productores de consenso negativo. Éstos ya se habían puesto de manifiesto frente a los estallidos provinciales en la primera mitad de los ’90, pero se evidenciarían, especialmente, a partir del cambio de etapa en la lógica política de dichos conflictos a partir de 1996-97.

B. La dimensión política de los conflictos provinciales: los límites de la hegemonía débil En el marco de una investigación que venimos desarrollando realizamos un análisis comparativo de nueve conflictos provinciales desarrollados entre 1993 y 2000: el “Santiagazo” de diciembre de 25


1993; el “Jujeñazo” de marzo - abril de 1994; el conflicto de las ensambladoras electrónicas de Tierra del Fuego en 1995, que derivara en el asesinato de Víctor Choque; el primer corte de ruta en Cutral-Co en 1996; los cortes de rutas y puebladas de Cutral-Co, norte de Salta y Jujuy en 1997, y los cortes de ruta de mayo y noviembre de 2000 en el norte de Salta. Nos interesamos particularmente por su dimensión política, es decir, su carácter de lucha hegemónica. Aquí sólo presentaremos algunas conclusiones generales. La primera conclusión a la que arribamos es que, vistos desde esa perspectiva, se verificaba la existencia de dos etapas. Hasta 1996, el Estado tuvo capacidad de circunscribir los efectos políticos de los conflictos al ámbito provincial, si bien los sujetos de las protestas mostraron una importante capacidad de universalización de sus demandas en el ámbito local. Además, el impacto de los conflictos sobre la forma de Estado tendió, o bien a fortalecer las relaciones internas entre las secciones de aparatos que la caracterizaban —como en el caso del “Santiagazo”—, o bien, no las afectaron. Es decir, frente a los conflictos, el poder ejecutivo mantuvo un alto grado de autonomía de acción respecto del legislativo, el que prácticamente no intervino, y la intervención del Estado se desarrolló dentro de los rígidos marcos establecidos por el equipo económico. Este último hecho, sin embargo, ya comenzó a modificarse en la intervención del gobierno nacional en el primer corte de ruta en Cutral-Co, en 1996, en el que adquirió mayor protagonismo y autonomía de acción el sector político. Por otra parte, la ausencia o debilidad de respuesta del conjunto de la clase obrera y del sindicalismo disidente de la CGT en los grandes centros urbanos no amenazó el vínculo funcional predominante de los sindicatos con el Estado, aunque a nivel local evidenció las dificultades de la CGT para contener la protesta. Desde 1997, en cambio, se pusieron de manifiesto dificultades en el ejercicio de las funciones hegemónicas del Estado. Los conflictos tendieron a nacionalizar sus efectos políticos, a generalizarse espacialmente, y su impacto inmediato tendió a revertir coyunturalmente las relaciones internas entre las secciones de los aparatos de Estado y a poner en crisis el vínculo funcional sindicatos - Estado, al mismo tiempo que el Gobierno tenía dificultades para legitimar el ejercicio de la represión. Estas características de los conflictos tuvieron como condición la activación de fracciones de los “sectores medios”, que tendieron a movilizarse contra la represión y a dar apoyo a las demandas de quienes protesta26


ban, pero también, y sobre todo para los conflictos del año 2000, una mayor capacidad de acción y movilización del sindicalismo combativo. Es importante señalar dos aspectos de esa periodización. Por un lado que, a excepción del corte de ruta en Cutral-Co de 1996 —que ya manifiesta una serie de cambios respecto de los conflictos provinciales anteriores—, los conflictos analizados de la primera etapa coinciden con el primer período de la evolución cuantitativa del conflicto obrero. Además —también coincidentemente con el carácter predominante del conflicto obrero hasta 1995 y a excepción del primer corte en Cutral-Co—, fueron protagonizados por trabajadores ocupados y tuvieron un carácter defensivo, es decir, estuvieron motivados por despidos y atrasos en el pago de salarios. Por otra parte, que todos los conflictos de la segunda etapa analizados se desarrollaron en el segundo período de evolución cuantitativa del conflicto obrero y fueron protagonizados centralmente por desocupados.1 En este sentido, el análisis de esos conflictos constituye un acercamiento a la lógica política —hegemónica— de los conflictos defensivos de los ocupados en las provincias hasta 1995 —los que constituyeron una parte muy importante del aumento de conflictos defensivos— y de los cortes de ruta de los desocupados en el interior, es decir, de aquellos conflictos que crecieron desde 1996 mientras caían las luchas de los ocupados. Ello nos permite inscribir las conclusiones a las que arribamos en su análisis sobre el vínculo entre reestructuración capitalista y crisis política en el marco del cambio en la relación entre acumulación de capital y hegemonía desde 1996. En todos los conflictos analizados, la ofensiva del capital contra el trabajo tendió a producir una contradicción entre las necesidades del proceso de valorización, a las que estaba ligada la continuidad de la ofensiva contra el trabajo, y las necesidades de legitimación de dicho proceso. La apertura de esta contradicción fue posible en la medida en que fracasaron los mecanismos coercitivos de producción de consenso: amenaza hiperinflacionaria, fragmentación de la clase obrera y alto desempleo. 1

Los únicos criterios utilizados para seleccionar los casos fueron que sus protagonistas fueran trabajadores ocupados o desocupados, su impacto político y en los medios de comunicación y que hubieran motivado alguna clase de intervención del Estado nacional. 27


Ya sea por la crisis fiscal del Estado en provincias en las que la economía se articulaba alrededor del empleo estatal, que provocó conflictos ligados a despidos en el Estado y a atrasos en el pago de los salarios a empleados públicos, ya sea por los efectos de la privatización, cierre o crisis de una empresa o rama de la que dependía la reproducción económica y social de una localidad o región, la reestructuración capitalista volvía inocua la amenaza de disolución social por vía hiperinflacionaria cuando su continuidad amenazaba la reproducción inmediata de obreros, empleados y desocupados y producía profundos procesos de desestructuración social que amenazaban al conjunto de la sociedad. Esto se puso sobre todo de manifiesto en los casos de Cutral-Co, norte de Salta y Jujuy en 1997, donde el efecto mediato de las reformas sobre la conflictividad social tuvo que ver en parte con la existencia y agotamiento de las salidas individuales ligadas a la utilización de los retiros voluntarios, la formación de microempresas de los despedidos de YPF, etc. Al mismo tiempo, la posición económica estratégica de una determinada actividad daba un alto potencial hegemónico a los trabajadores ocupados o desocupados —para cuya actualización fue importante el papel jugado por organizaciones preexistentes de los trabajadores— y el predominio presente o pasado de un tipo de empleo daba homogeneidad al conjunto de los asalariados. Reestructuración capitalista que desata procesos de disolución social, pérdida de eficacia de los mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo y apertura de la contradicción entre necesidades del proceso de valorización y sus necesidades de legitimación son los procesos que se observan en todos los conflictos analizados. Estos procesos condujeron, por las características propias de la estructuración política de las provincias y regiones en las que los conflictos ocurrieron, a crisis del Estado territorialmente acotadas.2 En este sentido, los conflictos en las provincias pusieron de manifiesto los límites de la hegemonía débil durante el período. Sin embargo, mientras en la primera etapa el Estado nacional fue capaz de aislar políticamente los conflictos y de recomponer más o menos rápidamente el poder político, a partir de 1997 se manifestaron dificultades en el ejercicio de las funciones hegemónicas.

2

28

Las características de estas crisis políticas son dejadas de lado en este artículo.


A la tendencia a la generalización territorial de las protestas, a la mayor capacidad de universalización de las demandas de los manifestantes y a la movilización de fracciones de los “sectores medios urbanos”, debemos agregar una característica más del conflicto en la segunda etapa. Desde 1996 se observa, a pesar de la asincronía y descoordinación de las protestas, un proceso acumulativo de constitución de un sujeto y de su grado de organización. En 1996 en Cutral-Co, a pesar del reclamo central de fuentes laborales, el sujeto de la protesta es el “pueblo” indiviso; en los cortes de 1997 se recorta la figura del trabajador desocupado que adquiere además una nominación nacional: piquetero; en 2000 los trabajadores desocupados son protagonistas excluyentes y se encuentran localmente organizados. De conjunto, entonces, la caída de la conflictividad de los ocupados a partir de 1996 fue condición de posibilidad de la continuidad de la acumulación capitalista en un marco de ampliación de la brecha de productividad entre industria local e internacional que impulsó a los capitales locales a deprimir salarios e intensificar el trabajo. Esta situación hizo descansar cada vez más la reproducción de la relación de capital en la eficacia de los mecanismos coercitivos como medios de producción de consenso. Sin embargo, al mismo tiempo, el aumento del conflicto de los desocupados señalaba los límites de la hegemonía. Una aproximación a la dimensión política de los conflictos provinciales muestra que el desplazamiento de los ocupados estatales por desocupados industriales como principales protagonistas de las más importantes protestas obreras en el interior del país marcó también un cambio en la capacidad hegemónica del Estado, que tendió a mostrar desde 1997 crecientes dificultades en el ejercicio de sus funciones hegemónicas. Dos aspectos básicos de este cambio de situación fueron la activación de los “sectores medios” y la mayor capacidad de acción del sindicalismo combativo. Este último elemento se halla ligado, en términos más generales, a síntomas de crisis en la estrategia neoparticipacionista de revinculación Estado - sindicatos. Antes de pasar al análisis de la conflictividad de los “sectores medios” —que hasta ahora sólo hemos mencionado— expondremos, entonces, algunas hipótesis sobre la relación entre la acción de las cúpulas sindicales y el conflicto obrero. 29


C. Huelgas generales y conflicto obrero en los ’80 y en los ’90 No es posible, para ningún período histórico, establecer una correlación simple entre huelgas generales —su convocatoria, acatamiento y grado de aislamiento— y conflictividad obrera. Sin embargo, la actividad huelguística de la CGT en los años ’90, por su relación con la evolución de la conflictividad de los asalariados, parece mostrar pocas probabilidades de ser un buen indicador de los ciclos de lucha de la clase obrera. Una contrastación de esta relación para los ’80 y los ’90 puede ser útil para iniciar una discusión sobre los cambios en el comportamiento sindical y su vínculo con las transformaciones en el modo de acumulación, los cambios en la estructura de clases —en particular, la composición de la clase obrera— y en el vínculo Estado-sindicatos. Compararemos nuestros resultados con los del trabajo de Iñigo Carrera (2002) —en el que el autor intenta una periodización de las luchas obreras en los ’80 y ’90 tomando como indicador las huelgas generales—, porque nos permitirá discutir la relación entre huelgas generales y conflicto obrero, y a través de ella, la relación entre la acción de las cúpulas sindicales y la conflictividad de los asalariados. El Gráfico 1 de página siguiente describe la evolución semestral del conflicto obrero entre 1984 y el primer semestre de 1989. A lo largo de la línea se han marcado las huelgas generales convocadas por la CGT en cada semestre.

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Gráfico 1: Evolución semestral de conflictos laborales (1984 - 1989) con detalle de huelgas generales 600

500

400

Cantidad de conflictos

300

200

100

0 1984 1º semestre

1984 2º semestre

1985 1º semestre

1985 2º semestre

1986 1º semestre

1986 2º semestre

1987 1º semestre

1987 2º semestre

1988 1º semestre

1988 2º semestre

1989 1º semestre

Fuente: elaboración propia en base a datos de Villanueva (1994) e Iñigo Carrera (2002).

Una primera observación nos muestra que la conflictividad obrera presenta altos niveles relativos entre el primer semestre de 1984 y el primero de 1985. Luego adquiere cierta estabilidad y, por último, inicia un sendero decreciente en el primer semestre de 1988, que sabemos que se prolongará más allá de 1989. Los relativamente altos niveles de los tres primeros semestres pueden atribuirse al importante proceso de movilización del retorno a la democracia y a la aceleración inflacionaria de los primeros dos años de gobierno alfonsinista. La caída de la conflictividad del segundo semestre de 1985 coincide con el lanzamiento del Plan Austral y el descenso de la inflación (Villanueva 1994). Sin embargo, los dos semestres de 1986 mostrarán nuevos incrementos del conflicto, aunque lejos de los niveles de la vuelta a la democracia. El incremento del desempleo y el subempleo a partir de 1988 y el fracaso de la estrategia sindical frente a la escalada inflacionaria, transformada en crisis hiperinflacionaria en 1989, dan cuenta de la caída de la conflictividad de fines de los ’80. Respecto de las huelgas generales, en primer lugar, la observación de su secuencia en el Gráfico 1 muestra que la actividad huelguística de la CGT es permanente, registrándose huelgas en todos los semestres, excepto en el primero de 1989. En segundo lugar, la periodización realizada por Iñigo Carrera —tomando como indicador la convocatoria a huelgas generales y el acata31


miento, unidad de los cuadros sindicales y grado de aislamiento manifestados en ellas— si bien presenta algunas diferencias con la evolución de la cantidad de conflictos protagonizados por asalariados, también mantiene importantes similitudes. Dice Iñigo Carrera: “de manera que lo que puede observarse entre 1984 y 1988 es un momento ascendente (mayor unidad y menor aislamiento) que se prolonga desde los finales del gobierno militar; 1986 se constituye en un punto de inflexión: en marzo comienzan a expresar su alineamiento en contra de la lucha de los obreros algunas fracciones sociales y en la última huelga del año puede observarse el comienzo de una fractura en los cuadros sindicales, que se expresa también en una caída en el acatamiento a la huelga general y, sobre todo, en el número de movilizados. El grado de fractura entre los cuadros sindicales se incrementó en 1987, y aunque la huelga de noviembre pareció revertirla, la última huelga del año mostró un mayor aislamiento de los obreros. Finalmente, fractura y aislamiento social señalan la última huelga general, en septiembre de 1988. El comienzo de 1989 encuentra a los obreros en el momento de menor grado de unidad de sus cuadros económico profesionales y de mayor aislamiento respecto de otras fracciones sociales. Debe tenerse presente, sin embargo, que el acatamiento a la huelga general entre 1984 y 1989 nunca fue menor al 50% de los trabajadores” (Iñigo Carrera 2002: 119-120). Si bien no hay una relación vis-à-vis, existe un vínculo importante, entonces, entre la acción huelguística de la CGT y la evolución del conflicto obrero entre 1984 y 1989. Al mismo tiempo, la acción de la clase obrera presenta un predominio, decreciente y perdido hacia el fin del período, de los trabajadores del sector privado —sobre todo del industrial— y una representación unificada en la CGT. La situación es muy diferente cuando observamos esta misma relación para el período 1989-2001. De acuerdo con el análisis de Iñigo Carrera (2002), desde 1989, el pico del ciclo de auge de las luchas de la clase obrera iniciado en diciembre de 1993 con el “Santiagazo” se hallaría en 1996, año, junto con 1995, de mayor actividad huelguística de la CGT, cuyas huelgas fueron apoyadas por la CTA y el MTA, lo que indicaría también un alto grado de unidad de los cuadros sindicales. El acompañamiento de un amplio espectro y un importante número de organizaciones políticas y sociales (UCR, FREPASO, FUA, Organizaciones de DDHH, etc.) mostraría también este año como el de menor aisla32


miento del movimiento obrero hasta ese momento. El segundo ciclo de auge, iniciado en diciembre de 1999 con los enfrentamientos en el puente de Corrientes, tendría su punto más alto en el año 2001 y coincidiría con un nuevo pico de actividad huelguística de las centrales sindicales, un mayor grado de unidad de sus cuadros dirigentes y menor aislamiento. En primer lugar, el análisis de las huelgas generales desde 1989 se complejiza debido a la fractura del movimiento sindical. Como dijimos antes, la primera respuesta de la CGT frente al inicio del proceso de reformas del gobierno menemista fue la fractura. La CGT San Martín (oficialista) tendió a desarrollar una estrategia negociadora. La CGT Azopardo intentó una estrategia de confrontación.3 Poco más de un año después, a fines de 1990, la CGT Azopardo se disolvía y la mayoría de los sindicatos que la conformaban se integraba a la ahora única CGT oficialista. Sin embargo, ATE y CTERA, más un conjunto de seccionales y activistas de diversos sindicatos, iniciarían la construcción de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).4 Lo que distingue esta fractura de la CGT de otras anteriores es que la CTA manifestó desde el inicio la voluntad de constituir una central alternativa. Por otra parte, entre fines de 1993 y comienzos de 1994 se produjo una escisión en la CGT, que dio origen al Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Si bien este agrupamiento nunca manifestó su intención de romper definitivamente con la CGT, desde ese momento y durante la mayor parte del período actuó con autonomía de la dirección cegetista. Por último, habría que agregar a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), con presencia en el movimiento sindical, fundamentalmente en el noroeste, y sobre todo en el movimiento de desocupados a partir de la segunda mitad de los ’90. Si tomamos el período comprendido por los años 1989-1996 y observamos la relación entre la acción huelguística de la CGT —que nucleaba al grueso de los sindicatos y representaba formalmente a la mayoría de los trabajadores sindicalizados— y la evolución de la conflictividad obrera (Gráfico 2), observamos que se obtienen dos periodizaciones opuestas.

3 4

Una hipótesis sobre el contenido de estas estrategias será tratada en la próxima sección. Inicialmente, Congreso de los Trabajadores Argentinos. 33


Gráfico 2: Evolución anual de conflictos laborales (1989-2001) con detalle de huelgas generales 120

100

80

Promedio mensual de conflictos

60

40

20

0 1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de conflictos laborales (CEI - UNQ) e Iñigo Carrera (2002).

Mientras para Iñigo Carrera el pico del ciclo de auge de luchas de la clase obrera se localiza en 1996, la evolución de la conflictividad obrera lo indica como el de menor cantidad de conflictos del período. Además, como señaláramos antes, es el año a partir del cual nunca se recuperarán los niveles de conflictividad registrados en 1992-94. La mayor actividad huelguística de la CGT se localiza en los años 1995 y 1996, años de descenso de la cantidad de conflictos, mientras que la otra huelga del período es convocada en noviembre de 1992, cuando recién se inicia su aumento. Durante 1993 y 1994, años de mayor conflictividad de la década, la CGT no convoca ninguna huelga general. Diferente es la situación cuando analizamos las huelgas generales convocadas por la CTA y el MTA. Por un lado, desde la convocatoria a la primera huelga en 1994, su actividad tiende a ser permanente, aún más allá de 1996, es decir, tienen un patrón de comportamiento similar al de la CGT ubaldinista en los años ’80. Por otro lado, la realización de la “Marcha Federal” del 3 al 12 de julio de 1994 y el llamado a la huelga general del 2 de agosto de ese año coinciden con el año de mayor conflictividad del período y constituyen un intento por articular —hacia dentro y con otras fracciones sociales— y centralizar un conflicto cuyo carácter esencial, como vimos, es su fragmentación. Entendemos que éste es el pico del ciclo de luchas iniciado hacia el año 1992. Privilegiar la unidad de 34


los cuadros sindicales como criterio de periodización conduce a error cuando existe un desacople entre el comportamiento del grueso de la dirigencia sindical, nucleada en la CGT, y las tendencias del conflicto obrero. El siguiente ciclo de auge que nos propone Iñigo Carrera se extiende entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001. Aquí surgen algunos problemas adicionales. En primer lugar, como planteáramos antes, para estos años resulta difícil establecer una periodización de las luchas que abarque al conjunto de la clase obrera, sin caer en el peligro de atribuir al conjunto de la clase dinámicas que corresponden sólo a algunas de sus fracciones. En los años 1999 y 2000 hubo un ascenso de los conflictos protagonizados por trabajadores desocupados, pero fueron años de muy baja conflictividad de los trabajadores ocupados, incluso de caída respecto de los años 1997 y 1998. Sí se produjo un ascenso de los conflictos protagonizados por ambas fracciones en 2001, aunque con características que serán analizadas más adelante. La actividad de las centrales sindicales durante estos años presentó a su vez algunas diferencias con años anteriores, en parte explicables por el alejamiento del PJ del gobierno nacional. Por un lado, la CGT experimentó una nueva fractura, constituyéndose una CGT disidente conducida por Hugo Moyano (MTA), pero que además del MTA incluía a varios sindicatos que en los ’90 fueron parte de la CGT oficial (por ejemplo, SMATA). Esta central continuó la política de confrontación desarrollada por el MTA y convocó a 8 de las 9 huelgas generales del período, además de varias movilizaciones. Por otro lado, la CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer, mostró una mayor predisposición a convocar a huelgas generales que en los años ’90. A pesar de ello, sólo convocó a cinco de las huelgas generales del período, ninguna con movilización, y no adhirió a ninguna de las movilizaciones convocadas por la CGT disidente. Tres de esas huelgas generales, además, las convocó en 2001, las dos últimas el 13 y el 20 de diciembre.5 Al mismo tiempo, la ausencia de la CGT oficial en muchas de las huelgas y en todas las movilizaciones es un dato significativo. Todavía en junio de 2001, la CGT - Daer decidió no 5

La huelga del 20 de diciembre fue en gran medida formal, ya que fue convocada por ambas CGT después de las 18 horas, cuando ya había renunciado De la Rúa. Sí tiene importancia la huelga del 13 de diciembre contra el bloqueo de las cuentas sueldo. 35


convocar a la huelga del 8 de ese mes impulsada por la CGT disidente, la CTA y la CCC, mientras intentaba negociar un pacto social con el Gobierno. Si bien en 2001 existe una mayor relación entre la acción huelguística de las centrales y el ascenso de la conflictividad, ésta vuelve a ser más clara en los casos del MTA y la CTA, que presentan una continuidad en sus estrategias desde el origen, y más difusa en la CGT oficial donde se nucleaban, todavía, la mayoría de las organizaciones sindicales y los grandes sindicatos de servicios. La comprensión de este desacople requiere de un análisis de las transformaciones en la relación Estado - sindicatos - clase obrera.

D. Cambios en el comportamiento sindical La crisis del modelo de sustitución de importaciones fue, al mismo tiempo, la crisis de un sistema de relaciones laborales que hacía de la lucha salarial el centro del enfrentamiento entre capital y trabajo, y de su resultado, un dato fundamental de la política económica. Esta forma de la lucha de clases se estructuró a través de un complejo de mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero, en tanto que expresión coyuntural de la contradicción capital/trabajo. Se trató, entonces, de la internalización del antagonismo obrero en una lógica reformista de concesiones centrada en la lucha salarial. La integración funcional de los sindicatos a estos mecanismos institucionales fue el eje de la articulación entre sindicatos y Estado que permitió el desarrollo de complejas estructuras burocráticas sindicales dependientes para su reproducción del desvío de una porción del plusvalor, fundamentalmente a través del sistema de obras sociales. Los mecanismos de la lucha salarial eran, por lo tanto, un modo de canalización de la contradicción entre capital y trabajo y, al mismo tiempo, de la contradicción entre el desarrollo de esas complejas estructuras sindicales y el desarrollo contradictorio de la clase obrera al interior del capital. No es de extrañar, entonces, que la crisis de esa estrategia sindical haya dado lugar a una lucha al interior del sindicalismo alrededor de los modos de reintegración funcional de los sindicatos al Estado. En 1988-89 el mecanismo salarial dejó de ser efectivo para canalizar la conflictividad obrera. El aumento nominal del salario afectaba aún más la ya deprimida tasa de ganancia y el intento del Estado de transformar la presión obrera en demanda efectiva mediante políticas monetarias expansivas (emisión de derechos sobre 36


plusvalor futuro), ante el aumento de la desinversión se transformaba en escalada inflacionaria y, por lo tanto, en caída del salario real. Este bloqueo a la vía salarial de resolución/despliegue de la lucha capital/trabajo se prolongó después de 1991, debido al papel de los mecanismos de producción de plusvalor absoluto como estrategia competitiva del capital local y a su predominio desde 1995. En 1989, la respuesta a esta crisis tendió a fracturar al sindicalismo —más allá de sus matices— en dos grandes posiciones. La CGT San Martín nucleaba a los sindicatos oficialistas, que apoyaban la política de reformas neoliberales del gobierno justicialista. Este conjunto de sindicatos dirigido por el entonces denominado “grupo de los 15” —devenido rápidamente mayoritario en los convulsionados meses de febrero a julio de 1989— impulsaba una reintegración funcional de los sindicatos al Estado a partir de su capacidad de disciplinamiento de las bases obreras. Esta capacidad sería el fundamento de un apoyo negociado al proceso de reformas que les permitiría conservar espacios de decisión institucional y la defensa del sistema de obras sociales. Posteriormente, el aumento del desempleo y el empleo en negro y las rebajas de aportes patronales condujeron a la crisis del sistema e impulsaron una fuga hacia adelante de esa lógica, llevando a la negociación de subsidios, al acceso a nuevas formas de canalización del plusvalor a través de AFJPs y ARTs y en algunos casos a la participación en privatizaciones y la explotación directa de fuerza de trabajo. Frente a esta estrategia se agrupaban los sindicatos de la CGT Azopardo, dirigida por Saúl Ubaldini, que básicamente defendían el viejo patrón de relaciones laborales y de integración funcional de los sindicatos al Estado. La disolución de la CGT Azopardo a fines de 1990 significó el predominio de la estrategia sindical neoparticipacionista que llevó adelante la CGT hasta 1999 y la CGT - Daer hasta 2001. Es esta estrategia la que permite comprender el sentido de la acción de la CGT en relación al Estado y el desacople con los ciclos de conflictividad obrera. Por ejemplo, es imposible separar la seguidilla de huelgas generales de la CGT en 1995 y 1996 de los intentos del Gobierno de avanzar sobre el sistema de obras sociales. Al mismo tiempo que el descenso de los niveles de conflictividad y, por lo tanto, su correlativa centralización creaban mejores condiciones para una demostración de las capacidades de control y movilización de la base obrera. Sin embargo, la CGT no logró hallar una solución definitiva a la crisis sindical estabilizando una nueva articulación funcional 37


con las instituciones estatales. Por un lado, el bloqueo de la vía salarial ha tendido a hacer descansar la capacidad de control del conflicto laboral en mecanismos de carácter coercitivo (amenaza hiperinflacionaria, desempleo y fragmentación de la clase obrera), que, al mismo tiempo, debilitan el poder de negociación de las direcciones sindicales minando su capacidad de movilización. Por otro lado, en ausencia de mecanismos institucionales de canalización del conflicto obrero, la tendencia a su crecimiento fragmentado y descentralizado, que atribuimos a las transformaciones en la composición de la clase obrera, amenaza la capacidad de disciplinamiento de las bases y con ello la integración funcional de los sindicatos al Estado. Ésta sólo se ha sostenido gracias a los relativamente bajos niveles de conflictividad laboral que caracterizaron al período. Finalmente hay que agregar la emergencia de los movimientos de desocupados. La creciente importancia de los conflictos protagonizados por estos sujetos desde mediados de los ’90 ha autonomizado parcialmente la dinámica de los conflictos vinculados al mundo del trabajo del control de las cúpulas sindicales. La trayectoria del MTA, por contraste, muestra la situación en la que han colocado al vandorismo la reestructuración del capital y la crisis del sistema de relaciones laborales de posguerra. Entre 1989 y 2001, el vandorismo ha sido obligado a optar entre la confrontación (MTA) y la negociación (neoparticipacionismo), ya no como decisiones tácticas en el marco de una estrategia sino como una alternativa de hierro. Sin embargo, las estrategias confrontacionistas del MTA, la CTA y la CCC, aunque claramente diversas en sus perspectivas políticas y modelos sindicales, adquirieron una mayor capacidad política a partir de los años 1996 y 1997 y, en especial, a partir de la llegada al gobierno de la Alianza. Este fenómeno se relaciona con las crecientes dificultades en el ejercicio de las funciones hegemónicas del Estado desde 1996-97. En el contexto del desarrollo de importantes cortes de ruta y puebladas en el interior del país y de activación de los “sectores medios” —sobre todo, en la capital—, la acción del sindicalismo combativo —aunque en la mayoría de los casos involucrara a una fracción minoritaria de los ocupados— tenía un mayor impacto político y capacidad de articulación con otros sectores sociales y políticos. Esto se expresó inicialmente en la mesa de enlace sindical y en su acción conjunta con asociaciones de pequeños y medianos empresarios de la industria, el campo y el co38


mercio y en la posterior inclusión de la oposición política (UCR y FREPASO) en el espacio multisectorial, lo que permitió la convocatoria del llamado “apagón y bocinazo” de setiembre de 1996 con fuerte presencia de los “sectores medios”. A partir del año 2000, después de la asunción del gobierno de la Alianza, esta capacidad política del sindicalismo opositor cobró mayor importancia con la incorporación de gremios industriales a la CGT disidente dirigida por el MTA y fundamentalmente con la tendencia a la apertura de la contradicción entre las necesidades de valorización del capital y sus necesidades de legitimación en el marco de la agudización de la crisis. Volveremos sobre esto más adelante. La inscripción de la acción sindical en el nexo entre acumulación y hegemonía permite entender (a) el desacople entre la acción de la dirección cegetista y las tendencias de evolución del conflicto obrero y (b) la paradoja de una mayor capacidad de intervención del sindicalismo opositor en el período de descenso de la conflictividad de los obreros ocupados. Sin embargo, no debe deducirse de lo expuesto que el sindicalismo opositor ganara en capacidad de disciplinamiento del conflicto y, particularmente, que tuviera control de la creciente disposición a la lucha de los trabajadores desocupados. Si el crecimiento de las protestas de los desocupados en un marco de crecientes dificultades del Estado para el ejercicio de sus funciones hegemónicas le dio mayor potencialidad política a su acción, al mismo tiempo, lo mostraba incapaz de impedir las protestas o de decidir los momentos de su emergencia y de regular su intensidad.

La conflictividad de los sectores medios Hasta aquí nos hemos ocupado del conflicto obrero. Sin embargo, a lo largo de toda la década y fundamentalmente desde 1996 se asistió a una multiplicidad de protestas protagonizadas por organizaciones de DDHH, “vecinos”, estudiantes, etc., es decir, por colectivos cuya identidad no se encuentra vinculada al ámbito de la producción. Además, se observa, también en mayor medida desde la segunda mitad de la década del ’90, un aumento de la protesta de pequeños empresarios de la industria, del comercio y de las actividades agropecuarias. Diversos trabajos de investigación han registrado este fenómeno. En el documento de trabajo “Transformaciones de la protesta social en la Argentina (1989-2003)” (Shuster et al. 2006), el equi39


po de investigación dirigido por Federico Schuster expone un análisis descriptivo de la protesta durante el período a partir de datos del diario Clarín. La unidad de análisis elegida es la de “protesta”, definida como “acontecimiento visible de acción pública contenciosa de un colectivo, orientado al sostenimiento de una demanda que, en general, está referida de forma directa o indirecta al Estado” (Schuster et al. 2006: 12-13). La unidad de análisis difiere de la utilizada aquí para el análisis cuantitativo del conflicto obrero. El “conflicto” puede contener más de una acción y estas acciones pueden o no incluir medidas de acción directa. Esto supone la exclusión, desde el punto de vista de la “protesta”, de medidas de tipo declarativo que pueden conducir a un escenario de negociación, y la potencial inclusión en un único “conflicto” de varias acciones de “protesta”. Por otra parte, los datos utilizados para el análisis cuantitativo del conflicto obrero pertenecen a una base de datos de conflictos laborales, es decir, que excluye acciones protagonizadas por colectivos que sostienen otra clase de demandas no vinculadas al mundo del trabajo. El análisis cuantitativo de la protesta realizado por Schuster y su equipo incluye todas las acciones de protesta, independientemente del tipo de demanda y de la organización que la sostenga. Pero más allá de estas diferencias —que se traducen en divergencias cuantitativas— existen importantes coincidencias con el análisis hecho hasta el momento. En primer lugar, Schuster y su equipo sostienen que, aunque las organizaciones sindicales fueron las que más protestas desarrollaron y aunque las demandas salariales (sumadas las demandas de aumento, falta de pago y otras) y laborales fueron también cuantitativamente las más importantes, se constata a lo largo del período una caída absoluta y relativa de las acciones protagonizadas por organizaciones sindicales y una disminución de los reclamos salariales. En segundo lugar, plantean que se registra una disminución de los paros y huelgas frente a un aumento de los cortes de ruta y movilizaciones y un aumento de las protestas de desocupados con una creciente organización hacia 2000 y 2001. Por último, afirman también que no existe una asociación entre la cantidad de protestas y su impacto político. En este sentido, el creciente impacto político de las protestas desde 1997 en adelante lo adjudican a un escenario de crisis de legitimidad. Este análisis coincide con nuestra constatación de un mayor impacto político de las acciones del sindicalismo opositor en un escenario de caída del conflicto de los trabajadores ocupados. 40


En lo que refiere a lo que nos proponemos analizar en este apartado, el trabajo de Schuster y su equipo sostiene que hay un ciclo de protestas de “organizaciones civiles” entre 1996 y 1998. Si bien se registra otra fase de crecimiento entre 1992 y 1995, todavía durante ese período las protestas de esas organizaciones fueron inferiores a las de las organizaciones sindicales. Entre 1996 y 1998 las superan en número y alcanzan las magnitudes más altas del período, para después descender nuevamente (Schuster et al. 2006: 36). A su vez, la evolución cuantitativa de la protesta por tipo de organización civil muestra un aumento de las protestas de organizaciones de DDHH entre 1996 y 1998 —su anterior pico se da entre 1989 y 1990, años de protesta contra el indulto—, que descienden a partir de 1999, pero ese mismo año se inicia un ciclo de protesta de “vecinos/pobladores/habitantes” que se extenderá más allá de 2001. Las protestas de “vecinos” son importantes en todo el período, pero muestran picos en 1990, en 1994 y en el año 2001, después de tres años consecutivos de ascenso —siempre para el período considerado por nosotros (Schuster et al. 2006: 43). Las preguntas que se nos plantean son: ¿a quiénes movilizan las “organizaciones civiles”? y ¿quiénes son los “vecinos”? El trabajo de Schuster y sus colaboradores no registra datos al respecto y, además, es bastante difícil obtenerlos de fuentes periodísticas. Una posible respuesta sería: “no importa, son ‘vecinos’, así se autoidentifican y/o así son identificados”. Es claro que nuestro abordaje teórico del problema requiere una aproximación a la posición en las relaciones de producción de los participantes, incluso para leer significativamente su identificación en términos no clasistas. Sin embargo, aun desde otras perspectivas resulta difícil que sea indiferente alguna caracterización socioeconómica de los participantes. No es indiferente si los “vecinos” que protestan, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, son predominantemente de Recoleta, Barrio Norte y Belgrano o si viven predominantemente en Mataderos, Villa Soldati y Villa Lugano. En ambos casos sería presumiblemente distinta la inscripción política de sus acciones y el significado aun de las mismas demandas. Una aproximación débil puede conseguirse mediante el cruce de organizaciones y demandas que realizan Schuster y su equipo. Las principales demandas sostenidas por las “organizaciones civiles” son las clasificadas por el trabajo como “DDHH y Justicia” (29%) y “Servicios Sociales” (19%), y sumadas representan el 48% de las demandas, las demás no superan nunca el 9% y la mayoría 41


no supera el 5%. A su vez, la acción de las organizaciones civiles explica el 70% de la enunciación de demandas referidas a “DDHH y Justicia” y el 41% de las referidas a “Servicios Sociales” (Schuster et al. 2006: 48). ¿Qué demandas específicas contienen ambas categorías? “DDHH y Justicia” incluye todas las demandas referidas a DDHH (indulto, obediencia debida y punto final, delitos de lesa humanidad, condiciones de vida de los presos y rechazo de la pena de muerte), más las referidas a “Administración de Justicia” (esclarecimiento de crímenes, delitos entre particulares, impunidad de crímenes, aceleramiento de procesos —presos, causas judiciales, AMIA—, casos de violencia policial; no sólo incumbe a la justicia penal, sino también a la comercial, civil, etc., e incluye los casos relacionados con órdenes de remate). “Servicios Sociales” incluye demandas referidas a política educativa, funcionamiento del sistema educativo, política de salud, funcionamiento del sistema de salud y seguridad social (Schuster et al. 2006: 22). Con excepción de las demandas sobre condiciones de vida de los presos, los casos de violencia policial y las demandas de seguridad social, que en general son prioritariamente sostenidas por sectores populares, y de las referidas a políticas de salud y el esclarecimiento e impunidad de crímenes, que son sostenidas por ambos, se trata en general de demandas por problemáticas que son particularmente movilizadoras para los “sectores medios urbanos”. A ellos habría que agregar a los “estudiantes”, cuyas protestas, según Schuster y sus colaboradores, tuvieron una lógica más esporádica, con momentos de fuerte actividad y otros de actividad más moderada. Los picos de movilización estudiantil fueron en 1992, 1995, 1997 y 2001 (Schuster et al. 2006: 43). La de “Sectores medios” no es una categoría de clase, sino una categoría sociocultural. Ésta suele abarcar lo que tradicionalmente el marxismo ha concebido como pequeña burguesía —pequeños propietarios no liberados del trabajo de ejecución— más dos conjuntos de asalariados: aquellos que Erik Olin Wright (Olin Wright 1983) definía como “situaciones contradictorias de clase” —asalariados que aparecen a nivel de las relaciones de producción como personificaciones del capital frente al trabajo y, al mismo tiempo, como personificaciones del trabajo frente al capital— y capas de asalariados puros asimilados a la pequeña burguesía por sus hábitos y representaciones mentales. Por su propia naturaleza, los “sectores medios urbanos” constituyen un conjunto heterogéneo en términos económicos, políticos e ideológicos y, sin embargo, a lo 42


largo de la década del ’90 —y en otros momentos históricos— porciones significativas de este “magma social” jugaron un papel decisivo en la resolución de la lucha de clases, lucha que, como no podía ser de otro modo dada su compleja composición, se desenvolvía al interior de los propios “sectores medios”. Desde 1996 se asiste, entonces, a un aumento de protestas protagonizadas por porciones significativas de los sectores medios. Éstos intervinieron en marchas de apoyo a la educación pública, acompañando los reclamos laborales de los docentes, en marchas y concentraciones por el esclarecimiento del atentado a la AMIA, en repudio a represiones sufridas por desocupados en Neuquén o en Jujuy, en escraches a represores y marchas contra la impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado, en abrazos a hospitales, etc. Lo hicieron encolumnados detrás de organizaciones de DDHH, como “vecinos”, “estudiantes”, “consumidores”, etc. Lo hicieron marchando, tocando bocinas, cortando calles, golpeando cacerolas. Pero, sobre todo, lo hicieron casi siempre como una masa indiferenciada de individuos que se presentaba cada vez más como “la gente”. Trataremos de desarrollar este último aspecto, difícil de captar en un análisis cuantitativo, en nuestro análisis de diciembre de 2001. Desde el punto de vista de su impacto político algunos hechos resultaron particularmente significativos. El apagón y bocinazo de setiembre de 1996, que incluyó cacerolazos, es uno de ellos. Fue convocado por una multisectorial constituida por el MTA, la CTA, agrupaciones políticas (Nueva dirigencia, UCR, FREPASO), asociaciones profesionales (como la Asociación de Abogados Laboralistas), de pequeños propietarios y pequeños capitalistas del comercio, la industria y el campo (FEDECAMARAS, APyME, FAA, CONINAGRO), etc. (Cotarelo 2000). La medida fue masiva, sobre todo en la ciudad capital, y sus principales protagonistas fueron los “sectores medios urbanos”. Otro hecho significativo fue el de los cortes de calle de febrero de 1999 en respuesta al apagón que llegó a afectar a casi 600.000 personas, clientes de EDESUR, en la Ciudad de Buenos Aires (Clarín 16-28/2/99). Los cortes de calle se repitieron durante varios días, con una importante movilización de “vecinos” y una participación masiva de los comerciantes. Pero los hechos de mayor envergadura se producirían durante el año 2001. Los pequeños propietarios y pequeños capitalistas de la ciudad y del campo también incrementaron sus protestas desde 43


1997. María Celia Cotarelo señala que desde 1997 y hasta 1999 disminuye la participación relativa de fracciones de la clase obrera en el total de protestas, pero que esto obedeció también a la mayor participación de “vecinos” “estudiantes”, etc. y de la pequeña burguesía del campo y la ciudad. Esto se expresó de manera particular en el mayor uso del corte de ruta por parte de fracciones de la pequeña burguesía del campo y de la ciudad (Cotarelo 2000). Iñigo Carrera, en un trabajo posterior, señala que entre setiembre de 1997 y octubre de 1999 los cortes de ruta producidos por la pequeña burguesía representaron un 56,7% del total, frente al 16,7 entre diciembre de 1993 y agosto de 1997. En una medición posterior, de enero a abril de 2001, su proporción descendió al 33,3%, todavía muy por encima del primer período considerado. Esto coincide, en tendencia, con los datos de Schuster y su equipo, que muestran un aumento de las protestas de organizaciones empresarias entre 1997 y 1999 y señalan, específicamente, el incremento en el uso del corte de ruta por los pequeños y medianos empresarios del campo, que realizan el 60% de los cortes de ruta protagonizados por empresarios (Schuster et al. 2006: 51). También Lattuada señala el aumento de la acción colectiva de pequeños propietarios del campo desde 1997 (Lattuada 2006). Hemos diferenciado las protestas protagonizadas por la pequeña burguesía respecto de las diversas formas en que se han expresado los “sectores medios” porque de hecho la pequeña burguesía suele aparecer como tal sólo en reclamos de tipo económicocorporativo. Sin embargo, uno de los rasgos de la acción colectiva de los “sectores medios” —fundamentalmente de los urbanos— durante el período es la fluidez y el carácter poco cristalizado de las identidades que la vehiculizan. Puede verse, sobre todo en diciembre de 2001, cuán común es que protestas que se inician con un sesgo económico-corporativo por parte de comerciantes, por ejemplo, devengan rápidamente en reclamos de “vecinos” o más simplemente de “la gente”. Hasta aquí, sin embargo, cabe destacar tres aspectos de la movilización de los “sectores medios urbanos” durante el período, que resultarán relevantes para el análisis subsiguiente. En primer lugar, las identidades tendieron a ser fluidas y poco cristalizadas y muchas de las demandas tendieron a ser efímeras. Sin embargo, al mismo tiempo, tuvieron una gran capacidad de universalización e impacto político. Esa fluidez de las identidades y la baja durabilidad de muchas demandas diferenciaron a los “sec44


tores medios urbanos” del otro “nuevo actor social”, los piqueteros, con una identidad y demandas más estables, afirmadas en su condición de trabajadores desocupados. En segundo lugar, un conjunto de demandas comunes: educación, justicia, transparencia institucional, etc., que expresan ciertos hábitos y representaciones mentales compartidos, tendió a “ligar” ese conjunto heterogéneo y la percepción generalizada de su afectación pudo incidir en procesos de movilización colectiva. Sin embargo, tales demandas carecieron de un significado claramente fijado, funcionaron como “significantes flotantes” y su articulación con otras demandas podía darles un carácter restaurador del orden o tendiente a cambiarlo. Esa disputa se desarrolló al interior de los “sectores medios” y tuvo como un escenario particularmente importante de ese desarrollo, especialmente en diciembre de 2001, a las propias acciones de protesta. En tercer lugar, la acción colectiva de los “sectores medios urbanos” requirió, en general, de su movilización desde afuera por organizaciones económico-corporativas de la pequeña burguesía, organizaciones políticas e incluso organizaciones sindicales. Una vez iniciado el proceso de movilización, algunas veces, tendió a autonomizarse. La pregunta a responder ahora es: ¿por qué aumentó la movilización de la pequeña burguesía y de los “sectores medios” desde 1996 y 1997? Veamos, en primer lugar, cómo el proceso de reestructuración capitalista afectó los ingresos de los “sectores medios” y la propiedad de la pequeña burguesía. La aproximación a este impacto sobre el ingreso de los “sectores medios” a través de la distribución de los hogares por deciles de ingresos es necesariamente débil.6 Dado que “sectores medios” es una categoría sociocultural que incluye a importantes fracciones de asalariados puros, sin duda estaremos incluyendo hogares que, por sus características socioculturales, no pertenecen a los “sectores medios” aunque compartan los mismos estratos de ingresos. A fin de tener una aproximación lo más confiable posible, 6

La distribución de los hogares por deciles de ingreso es determinada a partir del ordenamiento en forma ascendente del total de hogares con ingresos mayores a cero. Estos hogares son distribuidos en diez grupos de igual tamaño. De esta forma, el primer decil representa al 10% de los hogares de menor ingreso, mientras que el último decil constituye el 10% de los hogares con mayor ingreso. 45


entonces, exponemos la evolución porcentual del ingreso real promedio de los hogares del estrato medio —deciles 5 al 8—, diferenciamos la evolución de los deciles 7 y 8 e incorporamos también por separado al decil 9, todos para los períodos que resultan significativos desde el punto de vista del análisis precedente. Como se observa en el Cuadro 1 (véase Anexo), durante el período que se extiende entre octubre de 1991 y octubre de 1994 —primera fase expansiva dentro del régimen de convertibilidad—, el ingreso real promedio de los hogares del estrato medio de ingresos subió un 23,6%, igual que el de los deciles 7 y 8, y un 25% el de los hogares del decil 9. Entre octubre de 1994 y octubre de 1996 —período de la crisis del tequila— cayó un 11, 6% el ingreso real promedio de los hogares del estrato medio y, dentro de ellos, 10,5% el de los deciles 7 y 8, mientras que el de los hogares del decil 9 se redujo un 7,6%. Pero más importante es lo que sucedió entre 1996 y 1998 —segunda fase expansiva del período—. Durante ese período, el ingreso real promedio de los hogares del estrato medio se mantuvo estancado en los niveles de la crisis, mientras que el de los deciles 7 y 8 sólo recuperó lo perdido. Únicamente el decil 9 aumentó levemente su ingreso real respecto del nivel previo a la crisis. Se observa también que para los hogares de los deciles 7 y 8 y para los del decil 9 el ritmo anual promedio de crecimiento de sus ingresos reales se reduce de un 8% entre 1991 y 1994 a un 5% desde 1996 hasta 1998. Entre 1998 y 2001 —fase de crisis— todos experimentaron pérdidas reales del ingreso medio superiores al 13%. Esto se reflejó en la participación en el ingreso total de los hogares pertenecientes a estos deciles. Los hogares del estrato medio —y dentro de ellos los de los deciles 7 y 8— vieron crecer su participación levemente entre 1991 y 1994, la mantuvieron a niveles similares a los de 1991 después de la caída de 1996 y terminaron por debajo de 1991 en la crisis de 2001. Sólo sostuvieron el leve aumento de la primera fase expansiva los hogares del decil 9. Por lo tanto, desde el punto de vista de la evolución de los ingresos de los hogares de los deciles donde es esperable hallar los pertenecientes a los “sectores medios”, podemos observar también que desde la crisis del tequila hay una tendencia a su estancamiento —aun durante la fase expansiva para el conjunto de los deciles 5 a 8— y que el ritmo de aumento decrece para los deciles 7 y 8 entre 1996 y 1998. Este aumento posibilita a estos hogares estar en la misma situación de ingresos en 1998 que en 1994, 46


mientras que el conjunto de los hogares del estrato medio simplemente mantienen la situación post crisis del tequila. También desde el punto de vista de la participación en el ingreso total se observa una tendencia a la caída desde la crisis del tequila, que revierte la tendencia al aumento durante la primera fase expansiva. La excepción son los hogares pertenecientes al decil 9, que recién son duramente golpeados desde el inicio de la recesión en 1998 (véase Cuadro 2 en Anexo). Respecto del impacto de la reestructuración capitalista sobre la propiedad de la pequeña burguesía y de los pequeños capitalistas, diversos indicadores muestran que la tendencia a la expropiación por medio de la competencia fue permanente. La categoría de “trabajadores por cuenta propia” de la EPH del INDEC incluye tanto pequeños propietarios como el denominado “autoempleo refugio” (Salvia 2001) que es parte del ejército industrial de reserva. Por esta razón, se trata de un indicador que dificulta la determinación de las tendencias de evolución cuantitativa de unos y de otros. Ricardo Donaire (Donaire 2007) —también a partir de datos de la EPH y diferenciando propietarios de no propietarios a través de grupos ocupacionales específicos— llega a la conclusión de que, entre 1991 y 2001, decrecieron los propietarios y crecieron los no propietarios dentro del universo de los trabajadores por cuenta propia. Una aproximación débil al fenómeno de la expropiación de pequeños capitalistas a través de la competencia es el Índice de Concentración Industrial Global que utiliza Martín Schorr (Kulfas y Schorr 2000). Este índice muestra la evolución de la razón entre ventas de la cúpula empresaria —las 100 empresas de mayor facturación— y el valor bruto de producción del sector. Los datos que presenta Schorr llegan hasta el año 1998 y muestran una tendencia al crecimiento —151,9 en 1998 para 1991 base 100—, con un fuerte aumento desde 1991 hasta 1994, cuando alcanza un valor de 130,3. Este último dato refleja el alcance de la reestructuración del capital privado en la primera fase de vigencia de la convertibilidad. Sin embargo, el aumento de la participación de la cúpula empresaria en la producción y realización de valor se debe a aumentos en la concentración y centralización del capital en proporciones que no podemos discriminar a través de ese índice. Un mayor peso explicativo de la concentración implica una menor mortandad de empresas. Ambos indicadores señalan la tendencia permanente a la expropiación de pequeños propietarios y pequeños capitalistas des47


de 1991, pero ninguno de los dos permite establecer su intensidad variable a lo largo del período. Las estadísticas de “quiebras y concursos” pueden indicarnos cómo ha variado esta tendencia, si suponemos que en la medida en que aumentan las quiebras de empresas serán más vulnerables al quebranto las PyMES. Alberto Bonnet (Bonnet 2002), en base a datos del Ministerio de Economía, afirma que “el número anual de concursos preventivos y quiebras casi se duplicó durante los primeros años de la convertibilidad, pasando de 772 en 1991 (con 694 en 1990 y 762 en 1989) a 1.400 en 1994. La recesión de 1995 volvió a elevarlo abruptamente a 2.279 y desde entonces hasta el 2001 el promedio anual de bancarrotas se estabilizó en torno a las 2464 anuales” (Bonnet 2002: 4). Es decir, que se verifica, por un lado, una alta mortandad de empresas en el contexto de reestructuración del capital privado de la primera mitad de la década de los ’90, pero, luego de un nuevo fuerte incremento con la crisis del tequila, se estabiliza en los niveles más altos del período desde 1996 en adelante. Por lo tanto, se observa nuevamente el impacto del cambio de etapa de la acumulación de capital, en este caso sobre los capitales menos competitivos y podemos suponer que en particular sobre los pequeños propietarios y pequeños capitalistas. El hecho de que el número de bancarrotas crezca entre 1991 y 1994 pero sea superior en todo el período posterior indica, por un lado, la presión sobre los capitales menos competitivos que significó la apertura de la economía en condiciones de política monetaria restrictiva, pero también, por otro lado, que la tendencia a la centralización del capital fue más fuerte en la segunda etapa —después del tequila— y aun durante la fase expansiva de 1996 a 1998. En definitiva, desde 1996 en adelante la pequeña burguesía y, en términos más generales, los “sectores medios” enfrentan, desde el punto de vista de sus ingresos y desde el punto de vista de su propiedad, un proceso de pauperización y expropiación, agravado notablemente a partir de la crisis iniciada en 1998. Por lo tanto, el desarrollo de la acumulación de capital después de la crisis del tequila de 1995 y de la depresión económica iniciada en 1998, caracterizadas ambas por fuertes tendencias a la centralización del capital y a la distribución regresiva del ingreso, constituyó una condición de posibilidad del proceso de movilización de la pequeña burguesía y más en general de los “sectores medios”. Sin embargo, no es suficiente para explicarlo; es necesario también dar cuenta de las condiciones que permitieron la actuali48


zación de dicha potencialidad. Por un lado, frente a procesos similares de expropiación y pauperización —como durante la hiperinflación de mayo a julio de 1989—, los “sectores medios” no reaccionaron del mismo modo ni se posicionaron políticamente de la misma manera que como lo hicieron en los últimos años del menemismo y durante el gobierno de la Alianza. Por otro lado, frente a la crisis de 1995, porciones significativas de esos sectores sociales cerraron filas alrededor del plan de reformas y dieron su voto a Menem. Efectivamente, entre 1991 y 1994 el programa de reformas obtuvo una fuerte adhesión entre los “sectores medios”, basada en gran medida en el aumento del consumo posibilitado por la revaluación del peso y la estabilización de los índices de inflación en un marco de crecimiento del producto, que les permitió —como vimos— no sólo incrementar sus ingresos reales sino aumentar su participación en la distribución del ingreso. Sin embargo, al mismo tiempo, desde 1993 con el Frente Grande y en 1995 a través del FREPASO, fracciones de esos sectores expresaron su oposición al menemismo. A pesar de ello, el apoyo al núcleo del programa de reformas y a la convertibilidad se expresó por dos vías. En primer lugar, el Frente Grande primero y sobre todo el FREPASO después debieron moderar sus críticas al programa económico y, en particular, adherir a la convertibilidad y a la “estabilidad económica”.7 Decimos que “debieron”, a pesar de que evidentemente hubo voluntad política de hacerlo, porque, en la medida en que sus referentes políticos se pronunciaban en contra de aspectos nodales del programa de reformas —como las privatizaciones— o de la convertibilidad, se cernía el peligro de perder masivamente votos de los “sectores medios” ante la amenaza del retorno de la hiperinflación, como contracara del aumento de los ingresos y el consumo. Esta amenaza y aquel peligro eran agitados por políticos del oficialismo y editoriales periodísticas, pero además eran cruelmente —para los dirigentes de ese espacio— 7

Para constatar esto basta con seguir las declaraciones en los diarios de los principales referentes del espacio durante 1993 —cuando se conforma el Frente Grande— en 1994, después del pacto Menem-Alfonsín para reformar la Constitución y en la campaña para las elecciones de constituyentes —cuando el eje del discurso se desplazó cada vez más hacia la corrupción, la centralización de atribuciones en el Ejecutivo y la violación de principios constitucionales— y en 1995, durante la campaña presidencial, en la que los candidatos plantearon su apoyo al programa de reformas y a la convertibilidad. 49


confirmados por el vaivén semanal de las encuestas electorales y de opinión. En segundo lugar, como dijéramos, frente a la crisis del tequila partes significativas de los “sectores medios” votaron al menemismo. Este voto fue claramente, por una parte, un “voto temeroso”, que en aquellos años fue llamado por los medios periodísticos “voto cuota”. La devaluación mexicana, la corrida bancaria en Argentina y la posterior recesión económica actualizaron la amenaza de la devaluación y de la vuelta de la inflación a una masa de consumidores endeudados, una parte considerable de ellos en dólares. De esta manera, un medio de adhesión positiva al programa económico entre los sectores medios —la expansión del consumo y el crédito— devenía inmediatamente un mecanismo de coerción productor de un consenso negativo. Sin embargo, es conveniente en este caso no exagerar el componente coercitivo. Para la masa de los trabajadores el apoyo al menemismo era el apoyo a un proceso de reestructuración capitalista que suponía la pérdida de conquistas históricas, el empeoramiento de las condiciones laborales, el aumento del desempleo y el debilitamiento de sus sindicatos. Allí la amenaza hiperinflacionaria, el alto desempleo y la fragmentación en términos de clase actuaron como condicionantes de un consenso que se estructuró en torno a la amenaza a la reproducción social de los asalariados. Pero en el caso de los “sectores medios” la quiebra de la convertibilidad representaba, al mismo tiempo, una potencial amenaza a su reproducción social —por el elevado endeudamiento de los hogares— y el fin de tres años de aumento del ingreso y el consumo. Desde este punto de vista el “voto cuota” expresó, bajo la forma del temor, también un apoyo al sostenimiento del “modelo” en términos positivos. Desde esta perspectiva el escenario posterior al tequila, caracterizado por la tendencia al estancamiento o la caída de los ingresos reales y a la centralización del capital y la expropiación de la pequeña burguesía por medio de la competencia, constituyó una condición de posibilidad para la activación de los “sectores medios”, en la medida en que quebraba el núcleo de la adhesión al modelo de esos sectores, pero sólo lo fue en combinación con factores político-ideológicos, que dieron lugar a esa movilización y enmarcaron el modo de su respuesta. Como señalábamos antes, ya desde 1993 algunas fracciones de los “sectores medios” se manifestaron electoralmente a través de la oposición política de centro-izquierda. Las principales de50


mandas que se expresaban en ese voto eran el rechazo a la corrupción, a la centralización de atribuciones en el ejecutivo y, como parte de ello, a la falta de independencia del poder judicial, al poco apego a las normas constitucionales. Todo ello tendía a condensarse en un rechazo al “estilo político” del Gobierno. También se contaban entre las causas del distanciamiento político respecto del oficialismo el rechazo a la política de DDHH y a las que, sobre todo después del “Santiagazo”, se dieron en llamar las “consecuencias sociales” del modelo. Y tampoco estuvo ausente cierta movilización, principalmente de estudiantes frente a la reforma educativa y de “vecinos”.8 Todos estos tópicos siguieron presentes en la creciente movilización de estos sectores desde 1996, pero adquirió mayor centralidad la temática educativa, aspecto sobre el que volveremos después. Puede plantearse, como hipótesis, que la tendencia a la pauperización y expropiación a la que estuvieron sometidos estos sectores actuó como condición de posibilidad para su movilización. Dicha movilización fue estructurada por la percepción generalizada de una progresiva afectación a valores y demandas históricos que, en tanto representaciones compartidas, a pesar de su heterogeneidad interna, los constituía como “sectores medios”. Este hecho es fundamental en la medida en que enmarcó la respuesta a los efectos de la reestructuración del capital en términos de ingresos y propiedad. Éstos tendieron a ser representados como “consecuencias no deseadas del modelo” y atribuidos a la “corrupción” y a la “ausencia de transparencia institucional”. Esta caracterización tendió a fundamentar una actitud dual hacia el programa de reformas: apoyo a su núcleo duro —principalmente privatizaciones y convertibilidad— y rechazo de sus consecuencias indeseadas. Cabe destacar dos aspectos de este posicionamiento. En primer término, esta posición subsistió hasta que, desde el año 2000 y especialmente durante el año 2001, las tendencias a la pauperización y expropiación de estos sectores se volvieron masivas y amenazaron su reproducción como colectivo, como fracción social. 8

Tampoco estuvo ausente la movilización de asociaciones de pequeños propietarios y pequeños capitalistas en la primera mitad de la década —como APyME y Federación Agraria, que participaron de la “Marcha Federal” organizada por el MTA, la CTA y la CCC—, pero la movilización de las bases se produciría recién después de 1997. 51


En segundo término, en la medida en que las consecuencias representadas como “indeseadas” eran inherentes al modo de acumulación bajo las condiciones de la convertibilidad monetaria, la movilización de estos sectores con ese modo de respuesta no era otra cosa que la apertura de la contradicción entre necesidades del proceso de valorización —deflación, baja de salarios, centralización de capitales, etc. — y sus necesidades de legitimación. Una última cuestión. En todo este apartado nos referimos a las representaciones de los sectores medios en términos de su representación política por parte de los agrupamientos políticos que la vehiculizaron y por su representación en los medios por parte de políticos y editorialistas. Esta reivindicación de cierta objetividad de la “representación” recupera aquella relación que planteara Marx entre las clases y sus “representantes literarios”. Para Marx, éstos no se constituían en tales en virtud de su origen social, sino porque los problemas que podían plantearse estaban circunscriptos por los límites del “punto de vista” que representaban de manera sistemática (Marx 1985). Dicho de otro modo, las representaciones que existen de manera práctica en los comportamientos, dichos y disposiciones de quienes conforman un grupo social —en virtud de las relaciones sociales de producción en que se constituyen— son representadas, sistemáticamente, por sus representantes políticos e intelectuales —o por sus intelectuales en el sentido gramsciano—. La recuperación de esta dimensión “objetiva” de la representación adquiere particular importancia en la medida en que nuestro problema es inscribir la lucha de clases en el vínculo entre acumulación de capital y hegemonía, pero además cobrará mayor significación por las implicancias que tiene para lo que la “Alianza” específicamente representó.

Conclusiones: la dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001 y la crisis de 2001 Pueden distinguirse dos etapas bien diferenciadas, desde el punto de vista de la dinámica de acumulación de capital —además de la existencia de fases de crisis y expansión—, entre 1989 y 2001. Una primera etapa, hasta la crisis del tequila, en la que la expansión entre 1991 y 1994 se desarrolló sobre la base de la quiebra de los capitales menos competitivos, el reemplazo de trabajo vivo por trabajo muerto, el aumento consiguiente del des52


empleo y la extensión e intensificación de la jornada laboral —mecanismos de producción de plusvalor absoluto—, pero en la que el aumento de la productividad permitió compatibilizar un leve aumento del salario real con el aumento de la tasa de plusvalor, un aumento simultáneo de la desigualdad y de los ingresos reales de los hogares más pobres y una expansión de los ingresos reales y el crédito para los “sectores medios”. En estas condiciones, la hegemonía del “bloque en el poder” sobre la clase obrera y los sectores subalternos se apoyó sobre la eficacia de los mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo —amenaza hiperinflacionaria, alto desempleo y fragmentación de la clase obrera—, pero articulados con una cierta capacidad de ligar la expansión del capital al mejoramiento de las condiciones de vida de amplias capas sociales. Es decir, mientras aumentaba el desempleo y se precarizaba el empleo, una fracción considerable de los ocupados —no sólo formales— experimentaba un aumento de sus ingresos reales y los “sectores medios” veían crecer su capacidad de consumo. Pero, después de la crisis del tequila, se inició una nueva etapa en la que predominaron los mecanismos de producción de plusvalor absoluto —extensión e intensificación de la jornada laboral—, que se caracterizó, aun durante la fase expansiva de 1996-98, por el predominio de las tendencias a la centralización del capital y la expropiación de pequeños propietarios y pequeños capitalistas, la caída del salario real, la estabilización de altas tasas de desempleo, el empobrecimiento absoluto de los hogares más pobres y el estancamiento y, desde 1998, por la caída de los ingresos reales de los “sectores medios”. En un contexto de alto desempleo y fragmentación de los asalariados, la caída de la conflictividad de los ocupados a partir de 1996 fue condición de posibilidad para la continuidad de la acumulación capitalista, en un marco de ampliación de la brecha de productividad entre industria local e internacional que impulsó a los capitales locales a deprimir salarios e intensificar el trabajo. Esta situación hizo descansar cada vez más la reproducción de la relación de capital en la eficacia de los mecanismos coercitivos como medios de producción de consenso. Sin embargo, al mismo tiempo, el aumento del conflicto de los desocupados señalaba los límites de la hegemonía. Una aproximación a la dimensión política de los conflictos provinciales evidencia que el desplazamiento de los ocupados estatales por desocupados industriales, como 53


principales protagonistas de las más importantes protestas obreras en el interior del país, marcó también un cambio en la capacidad hegemónica del Estado, que tendió a mostrar desde 1997 crecientes dificultades en el ejercicio de sus funciones hegemónicas. En conjunto con el crecimiento de las luchas de los desocupados se produjo una creciente activación de la pequeña burguesía y de los “sectores medios”. Enfrentados al estancamiento y caída de sus ingresos reales y a la tendencia a la expropiación, respondieron movilizándose a partir de una percepción generalizada de afectación a valores y demandas históricas que los constituían como categoría sociocultural. En este marco de dificultades en el ejercicio de las funciones hegemónicas del Estado y de aumento de las protestas de desocupados y sectores medios, el sindicalismo disidente (MTA, CTA, CCC) adquirió mayor capacidad de acción política, aun en un escenario de caída de los conflictos de los asalariados ocupados. Esta dinámica del conflicto social desde 1996-97 adquiriría especial importancia desde la asunción del gobierno de la Alianza en 1999 y, sobre todo, durante el año 2001. Es necesario realizar algunas precisiones en relación con esto. En principio, fundamentalmente desde 1997, la temática educativa fue especialmente movilizadora de los “sectores medios”. “Estudiantes”, “vecinos” y diversas “organizaciones civiles” participaron de marchas referidas a reclamos del sector y acompañaron la “carpa blanca docente”. Esta situación otorgó un papel particular a los trabajadores docentes y a su sindicato nacional CTERA. Los docentes han pertenecido históricamente —y en gran medida aún pertenecen— a los “sectores medios”. No podríamos discutir aquí las razones de este hecho, pero basta enumerar un conjunto de causas mencionadas ampliamente en la literatura sobre clases y estratificación social, sin pretensión de jerarquía explicativa: condiciones particulares de trabajo (especialmente su mayor autonomía), sus funciones en el campo ideológico, el prestigio ocupacional y el estatus ligado a él, el desarrollo de una fuerte identidad vocacional-profesional y, aun hasta años recientes, la pertenencia de no pocos docentes a familias pequeñoburguesas e incluso burguesas, entre otras razones. Lo cierto es que desde los años ’70, pero sobre todo desde el retorno de la democracia y como parte de una tendencia mundial, los docentes han aumentado su nivel de sindicalización, ha crecido su autorreconocimiento como “trabajadores de la educación” y han tendido a 54


desarrollar prácticas en el terreno económico-corporativo similares a las del resto de la clase obrera. Esta situación ha llevado a establecer relaciones complejas, en el terreno de las intervenciones político-ideológicas de los docentes, entre la creciente proletarización subjetiva y la permanencia de prácticas y discursos todavía asimilables a los de los “sectores medios”. En este sentido, las acciones del sindicato docente, por un lado, pudieron constituirse en núcleo de apoyo y movilización de porciones de los “sectores medios” y, por otro lado, se inscribieron en la estrategia de una central sindical, la CTA. Ese hecho les permitió jugar un rol articulador en la segunda mitad de los ’90 entre las luchas de los “sectores medios” y las de la clase obrera. Más particularmente, la lucha docente se desarrolló en la segunda mitad de los ’90 de manera simultánea a la aparición y crecimiento de los conflictos de desocupados, sobre todo en 1997. Ese año se instaló la “carpa blanca”, en el contexto del conflicto docente en Neuquén —que derivara en la segunda pueblada de Cutral-Co— y de la generalización de cortes de ruta en el noroeste. Pero en general los docentes formaron parte de la mayoría de los conflictos provinciales, integrando los frentes de gremios estatales y en el marco de la estrategia nacional de la CTA. La lucha docente se transformó, de hecho, en el espacio de articulación de procesos de movilización independientes y territorialmente alejados pero contemporáneos, y las demandas de “Educación y Trabajo” se convirtieron, cada vez más, en articuladoras de conflictos protagonizados por actores disímiles y de orígenes sociales distantes —“sectores medios” y desocupados—, que se desarrollaban de manera fragmentaria y descoordinada. El “apagón y bocinazo” de 1996 y la sucesión de cortes de rutas y puebladas entre mayo y junio de 1997 —debido a la acción unitaria, en los hechos, de la pequeña burguesía, los “sectores medios”, los desocupados y el sindicalismo disidente— se constituyeron objetivamente en condición de posibilidad para la expresión política de ese conglomerado heterogéneo de oposición social. El proceso que dio lugar a la conformación de la “alianza” entre la UCR y el FREPASO se halla estrechamente ligado a estas características de la lucha de clases del período. Pero también da cuenta del lugar político-ideológico central que tuvieron los “sectores medios”. La Alianza construyó un discurso en el que los efectos de la reestructuración del capital en términos de ingresos y propiedad de 55


los “sectores medios”, como ya señalamos, tendieron a ser representados como “consecuencias no deseadas del modelo” y atribuidos a la “corrupción” y a “la ausencia de transparencia institucional”. De este modo, dio expresión sistemática a la actitud dual hacia el programa de reformas —apoyo a su núcleo duro y rechazo de sus “consecuencias indeseadas”— que manifestaban los “sectores medios” en sus acciones colectivas, caracterizadas por la fluidez identitaria, la escasa durabilidad de las demandas concretas y la fuerte capacidad de universalización. Es en este marco limitado en el que se inscribieron las demandas de los desocupados y del sindicalismo disidente y adquirieron sentido las demandas articuladoras de “educación y trabajo”. Pero si la Alianza representó la actitud dual de los “sectores medios” frente al programa de reestructuración capitalista, en la medida en que las consecuencias representadas como “indeseadas” eran inherentes al modo de acumulación bajo condiciones de convertibilidad monetaria, esta representación no podía significar otra cosa que la presentación como objetivos compatibles de lo que era, en realidad, una contradicción entre las necesidades del proceso de valorización —deflación, baja de salarios, centralización de capitales, etc.— y sus necesidades de legitimación. Una vez llegada al gobierno, la Alianza no podía sino mostrar abiertamente, a través de su gestión, la antítesis entre las funciones que debía cumplir. Aunque no podemos desarrollarlo aquí en extenso, esto se puso de manifiesto en las marchas y contramarchas de los sucesivos paquetes de ajuste que implementó el Gobierno desde su asunción en diciembre de 1999. Tanto con el impuestazo entre diciembre de 1999 y enero del 2000, como con los planes para bajar el gasto público entre mediados y finales del año 2000 y con el intento de fuerte ajuste fiscal del efímero ministro López Murphy en marzo de 2001, se dieron duros procesos de negociación con la oposición peronista y la propia bancada oficialista de ambas cámaras y se desarrollaron protestas de diversos sectores. En todos los casos, el Gobierno debió hacer concesiones en la magnitud de los recortes, por los cuales pagó todo el costo político al mismo tiempo que resultaron insuficientes. Como planteáramos en otro lugar, en términos teóricos era posible una salida de la crisis en la que se encontraba la economía argentina desde finales de 1998 con continuidad del régimen de convertibilidad. Se requería una deflación suficiente y una dis56


minución de los salarios superior a la del resto de los precios que permitiera compatibilizar una recuperación de la tasa de ganancia con los deprimidos precios internacionales de los commodities. En esa dirección apuntaban los paquetes de reducción del gasto y de mayor presión impositiva sobre los “sectores medios” que impulsó el gobierno de la Alianza. Desde esta perspectiva, la crisis de 2001 no fue una crisis meramente económica —en el sentido de un agotamiento del modelo—, sino sobre todo una crisis política: no fue posible compatibilizar las necesidades del relanzamiento del proceso de valorización con sus necesidades de legitimación frente al fracaso de los mecanismos coercitivos sobre amplias capas de los trabajadores y de los “sectores medios” y a la incapacidad de incorporar las demandas de las clases subalternas. Bajo estas condiciones el interés particular de la burguesía no podía ser presentado como expresión del interés general. De este modo, el bloqueo de la vía deflacionaria abrió el camino para la vía inflacionaria de resolución de la crisis con salida de la convertibilidad y devaluación. El análisis de la evolución del conflicto social desde el año 2000 y sobre todo en 2001 pone de manifiesto que los sucesos del año 2001 fueron el producto de un proceso de profundización de las tendencias observadas desde 1996. Durante todo el año 2000 se produjeron importantes cortes de ruta en el interior del país y el primer gran corte de ruta en el Gran Buenos Aires, en noviembre de 2000, protagonizado por desocupados de La Matanza organizados en la Federación de Tierra y Vivienda (FTV - CTA) y en la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Además, durante ese año la CGT disidente, la CTA y la CCC llevaron a cabo varias movilizaciones y tres huelgas generales, dos de ellas con movilización. Como señalamos antes, éste es también un año de aumento de las protestas protagonizadas por “vecinos” y también de aumento de las protestas de pequeños propietarios de la ciudad y del campo. El análisis cuantitativo del conflicto obrero durante el año 2001 también muestra la profundización de las tendencias antes enunciadas. Si bien el año 2001 muestra un ascenso de la conflictividad, que representa un pico para los años 1996-2001, el número de conflictos permanece por debajo del de los años 19921995 (véase Cuadro 3 en Anexo). Sin embargo, si en lugar de mirar la evolución de la conflictividad del total de los asalariados, la analizamos para ocupados y desocupados, vemos que el ascen57


so del año 2001 tiene significaciones diferentes para estas dos fracciones de clase. El año 2001 aparece como un año de crecimiento del número de conflictos de todas las fracciones de la clase obrera. Pero, mientras que para los desocupados representa el pico del período —debiéndose agregar además, desde otro punto de vista, el grado de articulación y centralización organizativa alcanzado por las organizaciones piqueteras desde 2000—, el aumento del conflicto de los ocupados no alcanza a romper el período de baja conflictividad relativa iniciado en 1996 (véase Cuadro 6 en Anexo). Dada la definición de conflicto de la base de datos utilizada, en los datos expuestos arriba se incluyen tanto aquellos conflictos en los que los trabajadores apelaron a la realización de medidas de fuerza (trabajo a reglamento, quite de colaboración, paros parciales, paros totales, paros prolongados, ocupación, protestas y movilizaciones) como aquellos en los que se utilizaron sólo medidas declarativas. Si excluimos las medidas declarativas, vemos que, para el conjunto de los trabajadores, el año 2001 presenta el máximo de todo el período en número de medidas de fuerza (véase Cuadro 8 en Anexo). Sin embargo, si analizamos por separado la evolución anual de la cantidad de medidas de fuerza para ocupados y desocupados, descubrimos que para los ocupados el máximo no se encuentra en el año 2001 sino en el año 1995, mientras para los desocupados en el año 2001 (véanse Cuadros 9 y 10 en Anexo). Comparado con 1994, el año 2001 muestra una sensible disminución de la cantidad de conflictos protagonizados por los ocupados, pero un aumento de las medidas de fuerza (véanse Cuadros 6 y 9 en Anexo). En relación a 1995, siempre para los ocupados, es menor la cantidad de conflictos y también inferior el número de medidas de fuerza. Como muestra el Cuadro 4 (Anexo), existe una asociación para el período estudiado entre conflictos que por sus causas pueden ser considerados defensivos y la realización de medidas de fuerza. Es decir, frente a despidos y suspensiones, aumenta la propensión a realizar medidas de fuerza. El año 1995 presenta la mayor cantidad de conflictos defensivos protagonizados por obreros ocupados, y el 2001, la segunda. Si bien no poseemos estadísticas fiables de despidos anuales y las estadísticas de que disponemos sobre destrucción neta de empleos parten de años posteriores a 1995, puede utilizarse como in58


dicador, muy imperfecto, la evolución anual de la población asalariada. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación9 la población asalariada urbana total cayó un 0,9 % en 1995 respecto de 1994 y un 3,9% en 2001 respecto de 2000. De modo que los trabajadores ocupados no sólo muestran en 2001 una menor conflictividad que en la primera mitad de la década del ’90, momento de retroceso respecto de la década del ’80, sino que también manifiestan un menor grado de respuesta a la ofensiva del capital. En conclusión, puede decirse que, si bien aumenta la conflictividad obrera respecto del período 1996-2000, el grueso de los trabajadores ocupados mantiene una posición de repliegue. Al mismo tiempo, se observa una mayor radicalidad entre quienes luchan, expresada en el aumento de la proporción de medidas de fuerza respecto del conflicto total (véanse Cuadros 8, 9 y 10 en Anexo). Este aumento de la radicalidad de las medidas, que es común a todas las fracciones, puede atribuirse en parte, como planteábamos antes, al crecimiento de los conflictos defensivos. Sin embargo, también observamos que los conflictos con motivos salariales presentan en 2001 la mayor proporción de medidas de acción directa de todo el período (86,7% frente a un promedio de 49% entre 1992 y 1997 y 60,2%, 74,6% y 79,3% en 1998, 1999 y 2000, respectivamente).10 Este aumento de la combatividad, entonces, puede hallarse vinculado, además, a la escasa capacidad del Estado y las empresas para otorgar concesiones en el marco de la crisis. En este sentido, 2001 presenta para todas las fracciones de la clase obrera el mayor porcentaje de conflictos perdidos (véase Cuadro 11 en Anexo). El análisis de la dinámica del conflicto obrero durante 2001 también permite entender las características del estallido de diciembre de 2001. En primer lugar, durante parte del año se produjo un cierto desacople entre la evolución del conflicto de estatales y privados. Si hasta abril o mayo crecieron los conflictos de ambos sectores, a partir de junio se produjo un fuerte aumento de los conflictos protagonizados por estatales, impulsados por la política de “déficit cero” y el descuento del 13% del salario de los es9 10

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo, en base a datos del INDEC y a las bases usuarias de la EPH, INDEC. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de conflictos laborales del CEI - UNQ. 59


tatales, y un descenso de los conflictos llevados adelante por los trabajadores del sector privado, aun en un escenario de aumento de los despidos y las suspensiones. El conflicto se segmentó. Pero las luchas de los estatales confluyeron con el plan de lucha piquetero de ese año. La Asamblea Nacional Piquetera convocó por primera vez un plan de lucha nacional coordinado durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, más allá de agosto, cayeron también los conflictos de los estatales y se redujeron los de desocupados. Recién en noviembre y diciembre hubo un ascenso conjunto de los conflictos de los ocupados de carácter defensivo y descentralizado, que manifestaba la profundización de la crisis. Las organizaciones de desocupados no recuperaron los niveles de agosto, y en diciembre se iniciaron los saqueos. El aumento de la conflictividad obrera de fines de 2001 se presentó, entonces, con bajos niveles de articulación y organización.11 En conclusión, el aumento del conflicto de los ocupados durante 2001 no constituyó una ruptura respecto del período de baja conflictividad relativa iniciado en 1996 y presentó un alto grado de fragmentación, mientras que para los desocupados no sólo se trató del año de mayor conflictividad sino también del de mayor centralización organizativa y articulación de sus demandas con las de otras fracciones sociales, sobre todo en los meses de julio y agosto. Como vimos en el apartado anterior, 2001 presentó también un aumento de las protestas de “vecinos” y “estudiantes” y una continuidad en las medidas de fuerza protagonizadas por pequeños propietarios. Dentro de esas protestas, algunas se destacaron especialmente. En primer término, las desarrolladas por “estudiantes” a fines de marzo de 2001, quienes realizaron movilizaciones y cortes de calle contra el recorte presupuestario a las universidades, que provocaron la renuncia del ministro de Economía López Murphy. En segundo término, las protestas realizadas contra los efectos de la inmovilización de depósitos bancarios —el denominado “corralito”— y las restricciones a la extracción de dinero de las cuentas a la vista. Estas protestas pueden diferenciarse entre aquellas llevadas a cabo por los “ahorristas” y las desarrolladas contra la abrupta desmonetización de la economía y la caída del consumo por parte de los pequeños comerciantes. Si bien ambas fueron protagonistas de los sucesos de diciembre, las últi11 60

Fuente: base de datos de conflictos laborales del CEI - UNQ.


mas son particularmente relevantes para entender lo sucedido en la noche del 19 de diciembre y en los días posteriores. Desde los primeros días de diciembre la CAME y FEDECAMARAS, dos asociaciones que reúnen a los pequeños comerciantes, impulsaron protestas que tuvieron un alto impacto político y mediático. Las cámaras de comerciantes llamaron a la realización de “apagones y cacerolazos”, que fueron transmitidos en directo por los principales medios de comunicación y acompañados por “vecinos” de diversos barrios de Capital Federal. Estas protestas tuvieron especial adhesión en determinados centros comerciales como los de la Avenida Cabildo, la Avenida Warnes y el centro de Liniers. Alrededor de las protestas de los comerciantes se constituyeron asambleas de “vecinos”, que fueron las primeras en surgir. Por otra parte, si seguimos la cobertura periodística de estas protestas, podemos observar que, en sus comienzos, los manifestantes se identificaban en las declaraciones y eran identificados por los cronistas como comerciantes, pero, con el correr de los días, empezaron a autodenominarse y a ser denominados por los periódicos como “vecinos” o simplemente como “la gente” (véase Clarín 3-30/12/01). El “cacerolazo” como instrumento de protesta, las asambleas populares como forma de organización y la identificación como “vecinos” o “la gente” fueron centrales en la participación de los “sectores medios” en los sucesos de diciembre. Desde la primera semana de diciembre empezaron a producirse los primeros saqueos a comercios y supermercados. Éstos crecieron en número desde el 12 de diciembre, y el 19 se produjeron saqueos masivos en el Gran Buenos Aires, algunos barrios de la Capital Federal, Rosario y otras ciudades y localidades del interior del país. Si la respuesta de los “sectores medios” en 1989 había sido el pedido de restauración del orden y el apoyo a la declaración del estado de sitio, en 2001 produjeron uno de los fenómenos de protesta más masivos desde la vuelta de la democracia, con el “cacerolazo” iniciado la noche del 19 de diciembre y que derivaría en los enfrentamientos de Plaza de Mayo durante el 20, obligando a la renuncia del presidente De la Rúa. En esa protesta participaron miles de asalariados, pero lo hicieron como parte una masa indiferenciada de individuos y no en tanto clase. A partir de allí, se organizaron decenas de asambleas populares en diferentes barrios de la Capital Federal, impulsadas por comerciantes, partidos de 61


izquierda, asociaciones de “vecinos” y una gran diversidad de grupos militantes. El sindicalismo tampoco estuvo ausente de los conflictos de diciembre de 2001. La CGT disidente y la CTA habían mantenido una importante participación durante todo el año convocando en forma conjunta a tres huelgas —y la CTA, a una cuarta, en el contexto de los conflictos de estatales y docentes contra el recorte del 13% de los salarios— además de varias movilizaciones. El 13 de diciembre ambas centrales y también la CGT oficial llamaron a una huelga contra los límites de extracción a las cuentas “sueldo”, que contó además con la adhesión de la CCC y tuvo un alto acatamiento. El 20 de diciembre la CTA llamó al paro desde la mañana y las otras dos centrales sindicales declararon una huelga, en gran medida formal puesto que se realizó a partir de las 18 horas, cuando ya había renunciado De la Rúa. A su vez, la CTA había impulsado la formación del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), que realizó una consulta a principios de diciembre a favor de un “seguro de empleo y formación” para los desocupados. El FRENAPO tuvo también participación en la organización de asambleas populares. Los principales protagonistas de las jornadas de diciembre fueron las capas medias, los desocupados organizados y los sectores más pauperizados. La larga depresión, el proceso de ajuste, la deflación y la desmonetización de la economía, agravada por la crisis bancaria y el “corralito”, tendieron a producir procesos de disolución social entre los sectores más empobrecidos y de profundización de la proletarización y empobrecimiento de las capas medias. Frente a tales procesos que pusieron en juego la reproducción de esas fracciones sociales, la disolución hiperinflacionaria perdió su carácter coercitivo. En ese contexto, el sindicalismo combativo adquirió una mayor capacidad de acción y entró en crisis la estrategia neoparticipacionista de la CGT oficial. Mientras tanto, los trabajadores ocupados mantuvieron mayoritariamente su repliegue, atrapados entre la fragmentación de sus luchas y la amenaza del desempleo.

Bibliografía Astarita, R. et al. (1998): “Etapa de acumulación y régimen político en Argentina en la década del ’90”, en Debate Marxista 10, Bs. As. Astarita, R. (2004): Valor, mercado mundial y globalización, Bs. As., Ediciones Cooperativas. 62


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64


Anexo: Cuadros Cuadro 1: Evolución porcentual de los promedios de ingresos del estrato medio y el decil 9 por período Oct 91 - oct 94

Oct 94 - oct 96

Oct 96 – oct 98

Oct 98 - oct 01

Estrato medio

23,6%

- 11,6%

- 0,1%

- 13,4%

Deciles 7 y 8

23,6%

- 10,5%

10%

- 13,4%

Decil 9

25,1%

- 7,6%

10,7%

- 13,3%

Cuadro 2: Participación en la distribución del ingreso del estrato medio y el decil 9 1991 Estrato medio

1994

8,95 %

9,25 %

1996

1998

2001

8,85 %

8,8 %

8,6 %

Deciles 7 y 8

10,8 %

11,1%

10,75 %

10,91 %

10,65 %

Decil 9

16,3 %

16,9 %

16,9 %

17,2 %

16,9 %

Cuadro 3: Evolución anual de conflictos laborales Año

Nº de conflictos

1989

645

1990

1.058

1991

943

1992

1.018

1993

1.124

1994

1.177

1995

1.008

1996

662

1997

764

1998

655

1999

684

2000

710

2001

980

2002

701

2003

410

Total

12.539

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de conflictos laborales del CEI - UNQ.

65


Cuadro 4: Causa principal por medidas de acción

Causa principal

Defensivos

Frecuencias Frecuencias esperadas % de Causa principal % de Medidas de acción Frecuencias Frecuencias esperadas % de Causa principal % de Medidas de acción

Salariales

Cond. de trab./Prob. leg. o contract.

Sit. políticas

Otras

Total

Nominal by Nominal N of Valid Cases

Phi Cramer’s V

Frecuencias Frecuencias esperadas % de Causa principal % de Medidas de acción Frecuencias Frecuencias esperadas % de Causa principal % de Medidas de acción Frecuencias Frecuencias esperadas % de Causa principal % de Medidas de acción Frecuencias Frecuencias esperadas % de Causa principal % de Medidas de acción

Value ,185 ,185 12.450

Medidas de Acción Medidas declarativas 2.142

Medidas de fuerza 3.470

Total

5.612

2.542,8

3.069,2

5.612

38,2%

61,8%

100,0%

38,0%

51,0%

45,1%

1.303

1.397

2.700

1.223,3

1.476,7

2.700

48,3%

51,7%

100,0%

23,1%

20,5%

21,7%

972

706

1.678

760,3

917,7

1.678

57,9%

42,1%

100,0%

17,2%

10,4%

13,5%

1060

1.828

768 828,3

999,7

1.828

42,0%

58,0%

100,0%

13,6%

15,6%

14,7%

456

176

632

286,4

345,6

632

72,2%

27,8%

100,0%

8,1%

2,6%

5,1%

5.641

6.809

12.450

5.641,0

6.809,0

12.450

45,3%

54,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Approx. Sig. ,000 ,000

Fuente: Elaboración propia a partir base de datos de conflictos laborales del CEI – UNQ.

66


Cuadro 5: Causa principal del conflicto según año AÑO 1989 1990 1991 1992 1993 Causa principal

Sin datos

Defensivos

Salariales

Cond. de trab./ Probl. legales

Sit. Políticas

Otras

Total

Nº

2

13

17

2

% de Causa 3,2% 20,6% 27,0% 3,2% principal % de AÑO 0,3% 1,2% 1,8% 0,2% Nº 189 331 335 285 % de Causa 3,4% 5,9% 6,0% 5,1% principal % de AÑO 29,3% 31,3% 35,5% 28,0% Nº 354 527 422 373 % de Causa 13,1% 19,5% 15,6% 13,8% principal % de AÑO 54,9% 49,8% 44,8% 36,6% Nº

38

58

44

118

4

Total 1994 1995 1996 1997 7

2

5

1998 1999 2000

4

6,3% 11,1% 3,2% 7,9% 6,3% 0,4% 0,6% 0,2% 0,8% 0,5% 385 485 664 373 339

1

312

1,6% 0,1% 384

2001 2002 2003 1

384

1

4

63

1,6% 1,6% 6,3% 100,0% 0,1% 0,1% 1,0% ,5% 570 425 157 5618

6,9% 8,6% 11,8% 6,6% 6,0% 5,6% 6,8% 6,8% 10,1% 7,6% 2,8% 100,0% 34,3% 41,2% 65,9% 56,3% 44,4% 47,6% 56,1% 54,1% 58,2% 60,6% 38,3% 44,8% 279 261 58 2 59 98 71 29 15 40 118 2706 10,3% 9,6% 2,1%

,1%

2,2% 3,6% 2,6% 1,1%

24,8% 22,2% 5,8%

,3%

7,7% 15,0% 10,4% 4,1% 1,5% 5,7% 28,8% 21,6%

132

152

208

% de Causa 2,3% 3,5% 2,6% 7,0% 12,4% principal % de AÑO 5,9% 5,5% 4,7% 11,6% 18,5% Nº 42 84 59 159 158 % de Causa 2,3% 4,6% 3,2% 8,7% 8,6% principal % de AÑO 6,5% 7,9% 6,3% 15,6% 14,1% Nº 20 45 66 81 90 % de Causa 3,1% 7,0% 10,3% 12,7% 14,1% principal % de AÑO 3,1% 4,3% 7,0% 8,0% 8,0% Nº 645 1058 943 1018 1124 % de Causa 5,1% 8,4% 7,5% 8,1% 9,0% principal % de AÑO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

181

135

119

98

131

,6%

144

1,5% 4,4% 100,0%

75

46

1679

10,8% 8,0% 7,9% 9,1% 7,1% 5,8% 7,8% 8,6% 4,5% 2,7% 100,0% 15,4% 13,4% 19,9% 19,9% 18,2% 14,3% 18,5% 14,7% 10,7% 11,2% 13,4% 155 98 117 186 103 100 145 222 135 70 1833 8,5% 5,3% 6,4% 10,1% 5,6% 5,5% 7,9% 12,1% 7,4% 3,8% 100,0% 13,2% 9,7% 17,7% 24,3% 15,7% 14,6% 20,4% 22,7% 19,3% 17,1% 14,6% 88 51 33 24 23 30 21 28 25 15 640 13,8% 8,0% 5,2% 3,8% 3,6% 4,7% 3,3% 4,4% 3,9% 2,3% 100,0% 7,5% 5,1% 5,0% 3,1% 3,5% 4,4% 3,0% 2,9% 3,6% 3,7% 5,1% 1177 1008 662 764 655 684 710 980 701 410 12.539 9,4% 8,0% 5,3% 6,1% 5,2% 5,5% 5,7% 7,8% 5,6% 3,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Cuadro 6: Conflictos según sector y condición de actividad AÑO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Sector de actividad Sin datos 2 1 1 4 Ocupados sector privado 253 414 398 441 495 527 Ocupados sector público 374 631 535 554 602 626 Más de un sector 17 11 10 21 24 15 Desocupados 1 1 2 5 Total 645 1.058 943 1.018 1.124 1.177

Total 1995 1996 1997 1 391 286 356 588 352 339 23 14 4 5 10 65 1.008 662 764

1998 1999 2000

2001 2002 2003

345 279 6 25 655

425 390 15 150 980

361 277 3 43 684

304 312 3 91 710

247 279 14 161 701

9 147 5390 153 6.291 4 184 106 665 410 12.539

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de conflictos laborales del CEI – UNQ.

67


Cuadro 7: Causa principal según año (sólo ocupados)

Causa principal

Sin datos Defensivos Salariales Cond. de trab/ Probl. legales o contract. Sit. política Otras

Total

AÑO 1989 Nº 2 % de Año 0,3% Nº 188 % de Año 29,2% Nº 354 % de Año 55,0% Nº % de año Nº % de año Nº % de año Nº % de año

38

Total 1990 13 1,2% 331 31,3% 527 49,8%

1991 17 1,8% 335 35,5% 422 44,8%

1992 2 0,2% 285 28,0% 373 36,7%

1993 4 0,4% 385 34,3% 279 24,9%

1994 7 0,6% 481 41,0% 261 22,3%

1995 2 0,2% 660 65,8% 58 5,8%

1996 4 0,6% 372 57,1% 2 ,3%

1997 4 0,6% 335 47,9% 59 8,4%

58

44

118

208

181

134

132

152

5,9% 5,5% 4,7% 11,6% 18,5% 42 84 59 158 156 6,5% 7,9% 6,3% 15,5% 13,9% 20 45 66 81 90 3,1% 4,3% 7,0% 8,0% 8,0% 644 1.058 943 1.017 1.122 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,4% 13,4% 154 98 13,1% 9,8% 88 51 7,5% 5,1% 1.172 1.003 100,0% 100,0%

20,2% 21,7% 110 126 16,9% 18,0% 32 23 4,9% 3,3% 652 699 100,0% 100,0%

1998 1999 1 0,2% 308 366 48,9% 57,1% 97 71 15,4% 11,1% 119

2000

2001 1 0,1% 344 496 55,6% 59,8% 27 14 4,4% 1,7%

98

131

18,9% 15,3% 21,2% 83 75 96 13,2% 11,7% 15,5% 23 30 21 3,7% 4,7% 3,4% 630 641 619 100,0% 100,0% 100,0%

144

2002 1 0,2% 338 62,6% 40 7,4%

2003 4 1,3% 110 36,2% 108 35,5%

62 0,5% 5.334 44,9% 2.692 22,7%

75

45

1.677

17,3% 13,9% 14,8% 14,1% 151 70 24 1.486 18,2% 13,0% 7,9% 12,5% 24 16 13 623 2,9% 3,0% 4,3% 5,2% 830 540 304 1.1874 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Cuadro 8: Medidas de acción según año AÑO 1989 1990 1991 1992 1993 Medidas de acción

Sin datos

Nº

1

7

1

3

7

Total 1994 1995 1996 1997 2

2

% de Medidas 3,6% 25,0% 3,6% 10,7% 25,0% 7,1% 7,1% de acción % de año 0,2% 0,7% 0,1% 0,3% 0,6% 0,2% 0,2% Medidas declarativas

Nº

329

515

519

582

753

650

398

299

286

1998 1999 2000

2001 2002 2003

1

2

2

28

3,6%

7,1%

7,1%

100,0%

0,2%

0,3%

0,3%

0,2%

190

132 5.667

310

256

211

237

% de Medidas 5,8% 9,1% 9,2% 10,3% 13,3% 11,5% 7,0% 5,3% 5,0% 5,5% 4,5% 3,7% 4,2% 3,4% 2,3% 100,0% de acción % de año 51,0% 48,7% 55,0% 57,2% 67,0% 55,2% 39,5% 45,2% 37,4% 47,3% 37,4% 29,7% 24,2% 27,1% 32,2% 45,2% Medidas de fuerza

Total

Nº % de Medidas de acción % de año Nº % de Medidas de acción % de año

315

536

423

433

364

525

608

363

478

344

428

497

743

509

4,6% 7,8% 6,2% 6,3% 5,3% 7,7% 8,9% 5,3% 7,0% 5,0% 6,3% 7,3% 10,9% 7,4% 4,1% 100,0% 48,8% 50,7% 44,9% 42,5% 32,4% 44,6% 60,3% 54,8% 62,6% 52,5% 62,6% 70,0% 75,8% 72,6% 67,8% 54,6% 645 1.058 943 1.018 1.124 1.177 1.008 662 764 655 684 710 980 701 410 12.539 5,1% 8,4% 7,5% 8,1% 9,0% 9,4% 8,0% 5,3% 6,1% 5,2% 5,5% 5,7% 7,8% 5,6% 3,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


68

278 6.844


Cuadro 9: Medidas de acción según año (sólo ocupados) AÑO 1989 1990 1991 1992 1993 Medidas de acción

Sin datos

Nº

1

7

1

3

7

Total 1994 1995 1996 1997 2

2

% de año 0,2% 0,7% 0,1% 0,3% 0,6% 0,2% 0,2% Medidas declarativas

Nº

328

515

519

581

751

649

397

298

282

1998 1999 2000

2001 2002 2003

1

2

2

28

0,2%

0,3%

0,4%

0,2%

185

129 5.637

306

252

210

235

% de año 50,9% 48,7% 55,0% 57,1% 66,9% 55,4% 39,6% 45,7% 40,3% 48,6% 39,3% 33,9% 28,3% 34,3% 42,4% 47,5% Medidas de fuerza Total

Nº % de año Nº % de año

315 536 423 433 364 48,9% 50,7% 44,9% 42,6% 32,4% 644 1.058 943 1.017 1.122 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

521 604 44,5% 60,2% 1.172 1.003 100,0% 100,0%

354 417 54,3% 59,7% 652 699 100,0% 100,0%

323 389 407 51,3% 60,7% 65,8% 630 641 619 100,0% 100,0% 100,0%

595 353 175 6209 71,7% 65,4% 57,6% 52,3% 830 540 304 11.874 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Cuadro 10: Medidas de acción por año (sólo desocupados)

Medidas de acción

Medidas declarativas Medidas de fuerza

Total

AÑO 1989 1992 1993 1994 1995 Nº 1 1 2 1 1 % de año 100,0% 100,0% 100,0% 20,0% 20,0% Nº 4 4 % de año 80,0% 80,0% Nº 1 1 2 5 5 % de año 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1996 1997 1 4 10,0% 6,2% 9 61 90,0% 93,8% 10 65 100,0% 100,0%

1998 1999 2000 4 4 1 16,0% 9,3% 1,1% 21 39 90 84,0% 90,7% 98,9% 25 43 91 100,0% 100,0% 100,0%

Total 2001 2002 2003 2 5 3 30 1,3% 3,1% 2,8% 4,5% 148 156 103 635 98,7% 96,9% 97,2% 95,5% 150 161 106 665 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de conflictos laborales del CEI – UNQ.

69


Cuadro 11: Resultado del conflicto por año AÑO 1989 1990 1991 1992 1993 Resultado del conflicto

Total

Sin datos

Nº

4

3

181

Total 1994 1995 1996 1997

12

% de Resultado 1,7% 1,2% 75,1% 5,0% del conflicto % de año 0,4% 0,3% 17,8% 1,1% Nº 61 116 73 72 76 Ganado % de Resultado 7,1% 13,5% 8,5% 8,4% 8,8% del conflicto % de año 9,5% 11,0% 7,7% 7,1% 6,8% Perdido Nº 520 847 792 672 943 % de Resultado 4,9% 8,0% 7,5% 6,4% 9,0% del conflicto % de año 80,6% 80,1% 84,0% 66,0% 83,9% En suspenso Nº 64 91 75 93 93 % de Resultado 7,5% 10,7% 8,8% 10,9% 10,9% del conflicto % de año 9,9% 8,6% 8,0% 9,1% 8,3% Nº 645 1.058 943 1.018 1.124 % de Resultado 5,2% 8,5% 7,6% 8,2% 9,0% del conflicto % de año 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28

1

11,6% ,4% 77

1998 1999 2000

2

2

2

1

3

,8%

,8%

,8%

,4%

1,2%

2,8% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 56 49 43 38 54 49 37

2

241

,8% 100,0% 37

0,5% 1,9% 24 862

8,9% 6,5% 5,7% 5,0% 4,4% 6,3% 5,7% 4,3% 4,3% 2,8% 100,0% 6,5% 5,6% 7,6% 5,6% 6,1% 7,9% 6,9% 3,8% 5,3% 5,9% 6,9% 978 858 567 659 554 599 639 893 649 357 10.527 9,3% 8,2% 5,4% 6,3% 5,3% 5,7% 6,1% 8,5% 6,2% 3,4% 100,0% 83,1% 85,1% 88,3% 86,4% 89,1% 87,6% 90,0% 91,2% 92,7% 87,1% 84,3% 122 66 25 59 28 29 21 46 14 27 853 14,3% 7,7% 2,9% 6,9% 3,3% 3,4% 2,5% 5,4% 1,6% 3,2% 100,0% 10,4% 6,5% 3,9% 7,7% 4,5% 4,2% 3,0% 4,7% 2,0% 6,6% 6,8% 1.177 1.008 642 763 622 684 710 979 700 410 12.483 9,4% 8,1% 5,1% 6,1% 5,0% 5,5% 5,7% 7,8% 5,6% 3,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de base de conflictos laborales del CEI - UNQ.

70

2001 2002 2003


LAS RELACIONES CON EL ESTADO EN LAS LUCHAS SOCIALES RECIENTES Un planteo del problema a partir de la experiencia argentina Alberto Bonnet

1. Introducción Durante la pasada década de los noventa se registraron profundos cambios en las características que las luchas sociales asumen en nuestro país, cambios que se volvieron evidentes durante la segunda mitad de ésta y, particularmente, en el ascenso de las luchas que culminó en la insurrección que clausuró dicha década. En trabajos anteriores ya propusimos un acercamiento a esos cambios mediante su conceptualización como una metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases.1 Digamos aquí solamente que empleamos este concepto de modo de desenvolvimiento de la lucha de clases como un concepto correspondiente a un nivel intermedio de abstracción que remite al modo 1

Ya realicé un análisis más o menos pormenorizado de esos cambios (véase Bonnet 2008: VI) y pude discutirlos en ocasiones como, por ejemplo, mi presentación de “Una aproximación a la metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases en la Argentina de los 90” en las XI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, UNT, San Miguel de Tucumán, 19-21/9/07. El artículo de A. Piva incluido en este libro, además, rinde cuenta acabadamente de dichos cambios. 71


específico en que se desarrolla la lucha de clases en una sociedad y durante un período histórico determinados. Remite así a las características que asume la lucha de clases en esa sociedad y período en cuestión, que se relacionan con las cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas con las luchas sociales, a saber, sus sujetos, sus demandas y sus modos de organización y de acción. La metamorfosis específica en este modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que se registró en Argentina durante la década de los noventa puede sintetizarse, en una primera aproximación, como un desplazamiento desde la centralidad de los segmentos de la clase trabajadora empleados en el sector privado, particularmente en la industria, con sus organizaciones sindicales, demandas predominantemente salariales y huelgas en sus lugares de trabajo, hacia la centralidad de otros segmentos de esa clase trabajadora expulsados o amenazados de ser expulsados de sus puestos de trabajo, con sus demandas predominantemente vinculadas con sus empleos y sus nuevos modos más comunitarios de organización y de lucha. Pero es conveniente añadir dos breves aclaraciones a esta definición. La primera se relaciona con el hecho de que algunos sociólogos que investigan los movimientos sociales, la protesta o la acción colectiva conceptualizaron este desplazamiento en términos de un pasaje desde una “matriz sindical” o “laboral”, aún dominante durante la primera mitad de la década de los noventa, hacia una “matriz ciudadana” o “cívica”, dominante durante la segunda.2 Pero este tipo de abordajes puede conducirnos a errores porque, en su mayoría, las nuevas luchas sociales que ya desde comienzos de la década de los noventa comenzaron a registrarse en las márgenes de la lucha sindical (lucha sindical que todavía seguía explicando por entonces las dos terceras partes de los conflictos) no anunciaban ningún desplazamiento hacia un predominio de las luchas cívicas o ciudadanas propiamente dichas, sino, más bien, hacia un predominio de nuevas modalidades no-sindicales de lucha de los trabajadores (a las que, ciertamente, se sumarían más tarde otras luchas protagonizadas por otros sectores populares). Estamos, pues, en presencia de un desplazamiento en-

2

72

Me refiero fundamentalmente a F. Schuster y otros investigadores del Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC). Véanse Schuster y Pereyra (2001), Schuster (2005) y Schuster, Pérez, Pereyra, Armesto, García, Natalucci, Vázquez y Zipcioglu (2006).


tre dos modos distintos de desenvolvimiento de una misma lucha de clases. En efecto, esas nuevas modalidades no-sindicales de lucha de los trabajadores se fueron articulando, durante la década de los noventa, con las modalidades sindicales más tradicionales de las que habían emergido.3 Esta articulación resultó especialmente evidente en los conflictos provinciales generalizados que comenzaron con el Santiagazo y el Riojazo de fines de 1993, prosiguieron en otras provincias a mediados de 1994 y se generalizaron en 1995, conflictos en los que las luchas sindicales de los trabajadores del sector público en sus distintos niveles desempeñaron un papel decisivo. Pero dicha articulación implicó que estas nuevas modalidades no-sindicales adoptaran una serie de características provenientes de aquellas modalidades sindicales de las que emergían y, a la vez, que estas modalidades sindicales más tradicionales se modificaran en ese mismo proceso. Así pues, los cortes de ruta de los trabajadores desocupados provenían de los piquetes de los trabajadores ocupados, pero se diferenciarían de estos piquetes, y los trabajadores ocupados adoptarían a su vez esos cortes de ruta como medida de lucha.4 La articulación entre modalidades sindicales y no-sindicales de lucha, en síntesis, no era un mero agregado sino que se combinaría en un nuevo modo de desenvolvimiento de la lucha de clases. Por cierto, esta articulación no incluía a la clase trabajadora en su conjunto sino, fundamentalmente, a los trabajadores del sector público que habían perdido o corrían riesgo de perder sus puestos de trabajo en ciertas ciudades del interior. La mayoría de la clase trabajadora, los trabajadores del sector privado en su conjunto e incluso los del sector público de las ciudades más grandes y con mayor incidencia en la política nacional, siguieron encarando luchas sindicales más tradicionales. Y, además, el nuevo modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que comenzó a gestarse en

3

4

Esta articulación aparece ciertamente en análisis como los de M. Farinetti: “¿Qué queda del ‘movimiento obrero,? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina”, en Trabajo y Sociedad 1, Bs. As., ASET, 1999, y A. Scribano: “Argentina ‘cortada’: cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste”, en M. López Maya (ed.): Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste, Caracas, Nueva Sociedad, 1999. Esta articulación aparece descripta en análisis como los de Farinetti (1999) y Scribano (1999). 73


el interior del país en esa articulación entre modalidades sindicales y no-sindicales de lucha de los trabajadores convivió, en una posición subordinada durante la primera mitad de la década, con ese modo más tradicional de desenvolvimiento sindical de la lucha de clases. Pero es importante reconocer que, en cambio, se impuso paulatinamente como el modo dominante durante la segunda mitad de ella. La segunda aclaración que queremos añadir se relaciona, precisamente, con el hecho de que otros investigadores de la lucha de clases insisten en conceptualizar las luchas sociales de esta segunda mitad de la década de los noventa a partir de la centralidad de las luchas sindicales.5 Pero este abordaje puede conducirnos a subestimar la profundidad de la metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que se registra durante el período. En efecto, a mediados de la década comienza a imponerse una creciente disociación entre las dinámicas de los conflictos sindicales y no-sindicales. Tenemos así, por una parte, una dinámica de luchas sindicales que culmina en las huelgas generales de la segunda mitad de 1996 y, por otra, una dinámica de luchas no-sindicales que en esa coyuntura recién estaba comenzando a profundizarse con los primeros grandes cortes de ruta y puebladas de los ypefeanos neuquinos. Y esta disociación no es mero asunto de periodización, sino que revela la centralidad que esas luchas nosindicales estaban adquiriendo en el nuevo modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que estaba imponiéndose. Ahora bien, en este trabajo intentaremos, específicamente, avanzar en el análisis de la dimensión política de las luchas sociales emergentes de esta metamorfosis. Y nos centraremos para hacerlo, más específicamente, en las relaciones que mantienen esas luchas sociales con el Estado.6 Pero esto requiere justifica-

5

6

74

Me refiero fundamentalmente ahora a N. Iñigo Carrera y otros investigadores del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Véanse Iñigo Carrera (2001) e Iñigo Carrera y Cotarelo (2000). Esta subestimación de la metamorfosis sufrida en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases durante los noventa vuelve incomprensible, a su vez, la insurrección que clausura la década. Véase en este sentido Iñigo Carrera y Cotarelo (2006). Presenté una primera versión de este trabajo, como “Las relaciones con el Estado en las luchas sociales recientes: un planteo del problema”, en las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos “Los movimientos sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectiva”, UNMdP, Mar del Plata, 25-27/9/08. Y ya había podido discutir algunos aspectos en sendas


ción. Estamos asumiendo, en efecto, que las relaciones que las luchas sociales mantienen con el Estado capitalista es el punto privilegiado para el análisis de la dimensión política de esas luchas sociales. Estamos suponiendo así un vínculo muy estrecho, acaso una identidad, entre política y Estado. Este vínculo merece ser justificado. Se sabe que es constitutivo de las relaciones sociales capitalistas la separación entre lo político y lo económico. En consecuencia, en la sociedad capitalista, las relaciones políticas se particularizan, asumiendo la forma del Estado capitalista.7 Estas dos afirmaciones, a pesar de su generalidad, alcanzarían para justificarnos: en esa sociedad capitalista, inevitablemente, las luchas sociales adquieren dimensión política en la misma medida en que se relacionan con el Estado capitalista. Dimensión política deviene sinónimo sin más de dimensión estatal. Pero conviene que precisemos esta última afirmación para evitar malentendidos. La mencionada separación entre lo político y lo económico no debe asumirse como un hecho consumado, sino que debe pensarse como un permanente y conflictivo proceso de separación, es decir, como un proceso sometido a los vaivenes de la propia lucha de clases. Esta acotación tiene implicancias decisivas, tanto para la teoría como para la práctica política. Implica ciertamente, por una parte, que las luchas sociales no pueden aspirar a adquirir dimensión política a espaldas del Estado, como si esa separación entre lo político y lo económico no existiera o no operara efectivamente en la realidad de la sociedad capitalista. Resulta ingenuo, en particular, imaginar la autonomía política de las organizaciones y las luchas sociales como ausencia de relaciones con el Estado. Cuando analicemos los desafíos políticos que plantean estas relaciones de las luchas sociales con el Estado volveremos sobre este punto. Pero, por otra parte, también implica que no hay razones para que las luchas sociales asuman como una realidad incuestionable esa separación entre lo político y lo económico y, por

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mesas redondas realizadas en el Centro Cultural de la Cooperación el 26/9/07 y el 28/11/07. Y estoy en deuda con los participantes de estas actividades, que me ayudaron a pulir mis argumentos. Naturalmente, ya el joven Marx, en sus primeros escritos, advertía la importancia constitutiva de esta separación entre lo político y lo económico. Pero creo que recién en el marco del debate alemán sobre la llamada derivación del Estado (la Staatsableitung) esta advertencia se apreció en su justa medida. Véanse la clásica compilación de J. Holloway y S. Picciotto (1978) y, complementariamente, Clarke (1991) y Bonnet (2007b). 75


consiguiente, ese Estado capitalista. La autonomía política de las organizaciones y las luchas sociales apunta justamente, en su sentido más estratégico, hacia la superación de la separación entre lo político y lo económico y, por ende, del Estado capitalista. También sobre este punto volveremos más adelante. Este concepto de autonomía política que acabamos de introducir es polisémico y sus diversos significados motivaron controversias en las cuales no podemos detenernos en este contexto.8 Por ahora aclaremos solamente dos cosas. La primera es que aquí predicaremos la autonomía exclusivamente de las relaciones de las organizaciones y las luchas sociales con el Estado —y no de sus relaciones con los partidos, los sindicatos u otras organizaciones, salvo en la medida en que estas organizaciones operen como mediaciones efectivas del Estado—. Más adelante, en nuestra argumentación, iremos precisando un poco más el sentido de esta autonomía. Y la segunda es que este concepto de autonomía nos servirá de guía en nuestro análisis de la dimensión política de las luchas sociales. Pero esto requiere mayor justificación. El concepto de autonomía, podría objetársenos, puede servir en todo caso para conceptualizar la manera específica en que ciertas organizaciones y luchas sociales se relacionan con el Estado, pero no para conceptualizar las relaciones que mantienen con el Estado las organizaciones y luchas sociales en su conjunto. Y esta objeción, en cierto sentido, sería correcta. Más adelante propondremos, justamente, una tipología provisoria que contempla tres modos distintos de relacionarse con el Estado, correspondientes a tres tipos de luchas sociales no menos distintos. Y veremos que el modo de relacionarse con el Estado que puede caracterizarse por la autonomía constituye, en sentido estricto, sólo uno de esos distintos modos. Sin embargo, nosotros emplearemos aquí simultáneamente el concepto de autonomía de una manera más amplia, es decir, para guiar nuestro análisis en su conjunto y, por ende, para interrogar a las relaciones que las organizaciones y las luchas sociales de conjunto mantienen con ese Estado. Haremos esto porque conjeturamos que una cierta tendencia hacia la autonomía política no caracteriza exclusivamente a un tipo de organizaciones y luchas sociales, sino a las organizaciones y las luchas sociales

8

76

Véanse, por ejemplo, las reflexiones acerca de esos significados de Thwaites Rey (2004) y el debate entre Thwaites Rey y Mattini (2003).


recientes en su conjunto.9 El de autonomía sería, en este sentido, una suerte de concepto particular y universal a la vez, que sirve para conceptualizar algunas luchas sociales específicas y, al mismo tiempo, para conceptualizar el ciclo entero de la lucha de clases en el que estas luchas se inscriben. No podemos argumentar acabadamente en apoyo de esta conjetura dentro de los límites de estas páginas. Tampoco sabemos precisar en qué medida es una hipótesis teórica y en qué medida una apuesta política. Pero igualmente conviene explicitarla porque estará guiando en los hechos nuestro análisis. Finalmente, estas páginas no pretenden más que proponer algunos puntos de partida para avanzar hacia análisis posteriores más detallados de esta dimensión política de las luchas sociales recientes. Nos veremos obligados, en consecuencia, a detenernos a reflexionar sobre una serie de desafíos teóricos que plantea ese análisis. Dedicaremos la segunda parte del artículo a esta reflexión. Y, en nuestro análisis más empírico de esas luchas sociales, nos limitaremos a la vez a identificar determinadas características políticas de los sujetos, las demandas y los modos de organización y de acción en juego en esas luchas sociales que consideramos importantes, y a ilustrarlas mediante ejemplos relevantes. Extraeremos estos ejemplos de un período de la lucha de clases cuyo inicio creemos conveniente situar a mediados de los noventa, es decir, cuando comienza a consolidarse la mencionada metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases, y que creemos conveniente extender hasta la actualidad, para incorporar las diferencias que el pasaje de las administraciones menemistas a las kirchneristas implicó para las relaciones entre las organizaciones y las luchas sociales y el Estado capitalista. La insurrección de diciembre de 2001 es, desde luego, el eje que articula este período. Dedicaremos la tercera parte de este artículo a este análisis de la dimensión política de las luchas sociales, organizado a la manera de una tipología de las relaciones entre esas luchas sociales y el Estado y de los problemas que las atraviesan en cada caso.

9

A propósito de esta característica de las organizaciones y las luchas sociales recientes, para el caso argentino, véase el artículo de H. Ouviña incluido en este libro. 77


2. Algunas consideraciones preliminares Todas las luchas sociales que aquí nos ocuparán envuelven en los hechos alguna relación con el Estado capitalista y, por consiguiente, revisten una dimensión política en el sentido antes indicado. Esto puede resultar obvio en la medida en que ese Estado suele ser muchas veces su antagonista privilegiado. Piénsese, por ejemplo, en las luchas del movimiento piquetero en demanda de subsidios de desempleo: mediante su emergencia, las luchas sindicales de los trabajadores ocupados, con sus respectivas patronales como antagonistas centrales, devinieron luchas piqueteras de los trabajadores desocupados, ahora con el Estado como antagonista central. Pero esto no significa que estas luchas sociales que nos ocuparán solamente se relacionen con el Estado. En efecto, muchos análisis de las luchas sociales recientes presuponen, aunque implícitamente, que los “actores” en juego en esas luchas son exclusivamente “los movimientos sociales” de un lado y “el Estado” del otro (y, a lo sumo, “los medios de comunicación”, “la opinión pública” o algún otro actor entre ambos). Estos análisis olvidan así que, en muchos casos, “los empresarios”, “las patronales” o como sea que designemos a los propietarios de los medios de producción, siguen desempeñando un papel no menos importante. Este olvido responde en primer lugar, naturalmente, a que incorporar al elenco de actores sociales a esos propietarios de los medios de producción sugiere un análisis de clase de esas luchas sociales, algo vedado por las modas académicas vigentes. Más adelante volveremos sobre este asunto. Responde, en segundo lugar, a que el interés despertado por el estudio de las nuevas organizaciones y luchas sociales condujo, en los medios académicos, a un desinterés por el estudio de organizaciones y luchas más tradicionales, como los sindicatos y las huelgas, que parecían confrontar de una manera más inmediata con aquellos propietarios de medios de producción. Basta con comparar la producción académica reciente dedicada a unos y otros para poner en evidencia ese desplazamiento. Agreguemos solamente que este desplazamiento está justificado en la medida en que algunas de aquellas nuevas organizaciones y luchas sociales ganaron en los hechos un protagonismo creciente, a raíz de la mencionada metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases registrada durante los noventa, en desmedro de algunas organizaciones y luchas más tradicionales. Pero es injustificado en la medida en que 78


conduzca a ignorar sin más a estas últimas —ignorancia especialmente peligrosa para el análisis de las luchas sociales posteriores al cierre del ascenso que culmina en la insurrección de diciembre de 2001, período en que las organizaciones sindicales y las luchas salariales parecen tender a recuperar protagonismo—. Pero aquel olvido responde, en tercer lugar, a errores en el análisis de estas mismas nuevas luchas y organizaciones sociales. Y en este punto sí debemos detenernos. Para retomar nuestro ejemplo, algunas de las organizaciones piqueteras actuales están integradas por trabajadores desempleados otrora empleados por el propio Estado, o sea que estos trabajadores ya tenían como antagonista al Estado en sus luchas sindicales previas. Y, viceversa, estos trabajadores desempleados reclaman puestos de trabajo a empresas privadas, o sea que las enfrentan como un nuevo antagonista. Considérese, por ejemplo, el caso de los ypefeanos de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi, Salta. La organización confronta con el Estado por una amplia gama de demandas que van desde los subsidios de desempleo, pasando por la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, hasta la participación en las regalías petroleras y gasíferas. Pero también confronta con empresas privadas, especialmente con las grandes multinacionales de hidrocarburos, en demanda de puestos de trabajo para sus miembros y de materias primas y herramientas para sus emprendimientos productivos (acerca de esta “doble interpelación”, véase Korol 2006). Así, incluso en el caso de algunas luchas piqueteras, i.e., de luchas cuyo antagonista central es ciertamente el Estado, este Estado no es el único antagonista. Y las patronales, por lo demás, son antagonistas centrales en muchas otras luchas sociales, como sucede en las recuperaciones de empresas por parte de sus trabajadores. Antes de cerrar este punto, advirtamos que tampoco puede afirmarse que las luchas sociales que tienen como antagonista central al Estado sean necesariamente más radicales que aquellas que tienen como antagonista central a las patronales. Las luchas sociales alcanzan una dimensión política en la medida en que entran en relación con el Estado, decíamos, pero politicidad y radicalidad son dos cosas diferentes. Volvamos a los ejemplos que acabamos de mencionar. Las luchas piqueteras y las recuperaciones de empresas son ambas, fundamentalmente, respuestas defensivas de los trabajadores ante el desempleo: en el primer caso, 79


los trabajadores luchan por nuevos puestos de trabajo o, en su defecto, por subsidios de desempleo y otras demandas relacionadas; en el segundo caso, por la conservación de sus puestos de trabajo. ¿Cuál de ellas es una respuesta más radical, desde una perspectiva anticapitalista? Acaso la primera, en la medida en que sea una respuesta colectiva y organizada a una condición de desempleo que, en caso contrario, amenaza con descargarse sobre las espaldas de cada trabajador individual como responsabilidad suya y desorganizar a los trabajadores como clase. La segunda puede resultar menos radical, en este sentido, en la medida en que solamente conduzca a un acuerdo privado con la patronal saliente para mantener la empresa en el mercado, sin mayores modificaciones. Pero acaso la segunda resulte más radical, en la medida en que les permita tomar conciencia acerca de la viabilidad de una producción autogestionada por los propios productores, mientras que la primera puede resultar menos radical en la medida en que solamente conduzca a la consolidación de relaciones clientelares entre esos desocupados y punteros barriales. Podríamos mencionar numerosos ejemplos que ilustraran cada una de estas posibilidades y muchas otras. Pero revisemos solamente las palabras de un obrero ceramista de Zanón: “Antes yo renegaba con los cortes de ruta, no me gustaban, porque tenía que llegar a mi trabajo. Después asumí y comprendí por qué lo estaban haciendo. Cuando me quedé sin trabajo lo valoré. Por eso apoyamos a los desocupados. Quizás no estoy de acuerdo con el pedido de más planes trabajar. Se tendría que pedir trabajo genuino” (de Korol 2005: 58).10 ¿Cuál de ambas demandas, la de planes trabajar o la de trabajo genuino, es una respuesta más radical ante el desempleo? El carácter político de esta reivindicación de la cultura del trabajo es muy ambiguo: por una parte, puede reforzar la subordinación del obrero a la explotación capitalista; por otra, puede debilitar la subordinación de ese obrero a la asistencia so10

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Éste es un ejemplo privilegiado para ilustrar nuestro argumento, pues en este colectivo obrero neuquino se cruzan la experiencia de su propia intervención en el proceso de recuperación de empresas más importante registrado hasta la fecha (la de Cerámica Zanón) con la experiencia acerca de una de las intervenciones piqueteras más pioneras y radicales (los cortes y puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul). Pero no es un ejemplo aislado: véanse, por ejemplo, las posiciones adoptadas por los trabajadores de empresas recuperadas entrevistados por Rebón y Saavadra (2006: III) ante los desocupados, los cartoneros y los piqueteros.


cial, es decir, a uno de los mecanismos claves de dominación del Estado capitalista. En síntesis: no parece posible responder de antemano y en general a aquella pregunta acerca de la radicalidad de las distintas luchas sociales. Esto es así porque esa mayor o menor radicalidad no depende de que las luchas tengan al Estado o a las patronales como antagonistas —o, más precisamente, de que tengan como antagonista a la clase capitalista en el Estado o en el mercado— sino de otras características suyas. Las relaciones entre las luchas sociales y el Estado dependen, naturalmente, de una diversidad de características de esas mismas luchas sociales. Esto va de suyo. Pero, antes de examinar este aspecto de dichas relaciones, conviene advertir algo importante que suele pasar más desapercibido, a saber, que dichas relaciones dependen también de una diversidad que atraviesa al propio Estado capitalista. En efecto, el Estado capitalista es una relación social compleja, caracterizada por una determinada forma de Estado que cristaliza en un igualmente determinado aparato de Estado que desempeña igualmente determinadas funciones de Estado. Y nada garantiza de antemano una completa unidad y funcionalidad entre estos distintos aparatos y funciones. Las relaciones que las luchas sociales guardan con el Estado también dependen entonces (a) de la forma de Estado que enfrentan y (b) de qué elemento específico de esa forma de Estado enfrentan. Vamos a algunos ejemplos. La forma de Estado puede definirse, en pocas palabras, como la manera en que se halla diseñado el poder de Estado en una sociedad y en un período histórico determinados. Este diseño descansa, básicamente, en la división y las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y otras instancias de poder relativamente independientes dentro del Estado, así como en la distinción y las relaciones entre los poderes nacionales, provinciales y municipales y otros niveles de poder dentro de ese Estado. Así, las relaciones de las luchas sociales con el Estado suelen ser diferentes, por ejemplo, a un nivel nacional, provincial o municipal. Ténganse en cuenta las decisivas diferencias entre la oleada de cortes de ruta y puebladas del interior del país, iniciada en Cutral-Co y Plaza Huincul, Neuquén, en 1996, y la oleada de cortes de accesos a la capital y marchas del conurbano bonaerense, inaugurada en La Matanza, Buenos Aires, en 2000. Entre ambas oleadas hay muchas diferencias (véase Svampa y Pereyra 2003), pero la que interesa remarcar aquí, políticamente decisi81


va, es la que existe en relación con la mediación que ejercieron los municipios y las provincias, mucho más importante en la primera que en la segunda. Desde luego que esas mediaciones ejercidas por los municipios y provincias muchas veces fueron desbordadas en las luchas sociales del interior (recuérdense desde las sedes de los tres poderes incendiadas en Santiago del Estero en diciembre de 1993, hasta las sedes de la municipalidad y la policía quemadas en Tartagal y Mosconi en noviembre de 2000) y el gobierno nacional se vio obligado a intervenir asistencial y represivamente. Y desde luego que los municipios y la provincia mediaron también en las luchas sociales del conurbano (recuérdese la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de C. Ruckauf o de la intendencia de La Matanza a cargo de A. Balestrini, por ejemplo, ante los cortes del 2000). Pero no deja de ser cierto que esta mediación ejercida en los niveles provinciales y municipales resultó mucho más efectiva ante la primera oleada que ante la segunda. En efecto, esta segunda oleada fue menos radicalizada que la primera en muchos aspectos (por ejemplo, la propia Gendarmería Nacional fue forzada a retroceder en su enfrentamiento con la pueblada de Cutral-Co de junio de 1996 y posteriormente en otras puebladas del interior) y, sin embargo, alcanzó una mayor incidencia política a nivel nacional porque esta segunda oleada resultó en una mayor coordinación de las distintas organizaciones y luchas y en una mayor capacidad de enfrentar el poder de Estado a una escala nacional. Los congresos piqueteros (realizados en La Matanza el 24/7 y 4/9/01) y sus planes nacionales de lucha con cortes escalonados durante 2001 (véase Rauber 2002) jugarían así un papel decisivo en la coyuntura de mayor desafío al poder de Estado de las últimas décadas: la insurrección de diciembre de 2001 (véase mi análisis en Bonnet 2002). Esta diferencia, podría objetarse, responde a razones meramente geográficas: la mayor coordinación y capacidad de enfrentar al Estado a una escala nacional de esta última oleada bonaerense responde a que se desarrolló en el conurbano de la ciudad más grande del país y de la ciudad sede del gobierno central, mientras que el aislamiento que amenazaba continuamente a aquella oleada del interior responde a que tuvo como escenario ciudades medianas o pequeñas y muy distantes de esa ciudad capital. Pero estas razones, en apariencia “meramente” geográficas, son profundamente políticas. El espacio político no es más “homogéneo y 82


vacío” que el tiempo político.11 Y, en el marco de la geografía de este espacio político, las citadas mediaciones ejercidas por los municipios y provincias (a través de la asistencia social, por ejemplo) son parte integrante de las estrategias de dominación del Estado, de la misma manera que la superación de esas mediaciones (a través de un plan de cortes escalonados de los accesos a la ciudad sede del gobierno nacional) son parte integrante de las estrategias de emancipación de los trabajadores. Las estrategias no son otra cosa, en definitiva, que dosificaciones de enfrentamientos en el espacio y el tiempo. Agreguemos, antes de seguir avanzando, que las formas que adopta el Estado no son inmutables. Y la pasada década de los noventa fue justamente, en el caso argentino, un período en que la forma de Estado sufrió una profunda metamorfosis. El Estado argentino adoptó, como resultado de dicha metamorfosis, una forma neoconservadora. Y esto no fue indiferente para las relaciones entre ese Estado y las luchas sociales. La imposición de esta forma neoconservadora de Estado implicó, entre otras cosas, una modificación de la relación entre centralización y descentralización del poder de Estado, una modificación que usualmente aparece referida como descentralización a secas. Sus funciones de asistencia social tendieron a ser descentralizadas hacia niveles provinciales e incluso municipales del aparato de Estado, mientras las represivas parecieron tender a centralizarse crecientemente (véase mi análisis de esta forma de Estado en Bonnet 2008: V). Las organizaciones sociales se enfrentaban muchas veces primero con los punteros y caudillos locales, que respondían con asistencia social en la medida en que contaban con recursos suficientes, por ejemplo, y luego con Gendarmería Nacional y su represión militarizada, cuando esos recursos ya no alcanzaban. Incluso, puede añadirse algo más, aunque no vamos a detenernos en este asunto porque incumbe más al análisis del Estado que al de las luchas sociales: esta modificación de la relación entre centralización y descentralización del poder de Estado, como sucede con otras metamorfosis de la forma de Estado, es en sí misma una respuesta a

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Aquí estoy haciendo extensiva al concepto de espacio la crítica, rigurosamente política, que Benjamin realizara al concepto del tiempo homogéneo y vacío. Y, en este punto, estoy en deuda con los excelentes análisis de S. Tischler (2005) del manejo zapatista del espacio y el tiempo. 83


aquellas luchas sociales. El Estado capitalista no altera su forma, pues, sino como expresión de la lucha de clases que lo atraviesa.12 Ahora bien, las relaciones de las luchas sociales con el Estado no sólo difieren a nivel nacional, provincial o municipal, sino también si son relaciones con el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial o cualquier otra instancia de poder —y la mencionada imposición de una forma neoconservadora de Estado también implicó una modificación de la relación entre estas instancias. Veamos otro ejemplo. Las luchas sociales suelen relacionarse simultáneamente con diversos poderes del Estado. Consideremos el caso de las recuperaciones de empresas por parte de sus trabajadores que, aunque contaban con algunos antecedentes previos, se registraron muy intensamente durante el ciclo 2000-03 (véase Fajn 2003: II). Los colectivos de trabajadores de estas empresas mantienen en sus luchas relaciones con el Estado en dos niveles: a nivel del poder judicial (la justicia), por una parte, y a nivel de los poderes ejecutivo y legislativo (la política), por la otra. Los enfrentamientos en estos dos niveles integran una misma lucha, ciertamente, pero revisten características muy diferentes. Las relaciones con el poder judicial suelen entablarse desde el inicio de las recuperaciones porque en todos los casos (a) se originan en incumplimientos de la relación contractual laboral por parte de las patronales (atrasos en el pago de salarios o pago con vales, despidos, suspensiones y reducciones horarias, que se inscriben en una perspectiva de cierre de las empresas en cuestión por quiebra, vaciamiento o lock-out patronales), a la vez que (b) acarrean respuestas de los colectivos de trabajadores de esas empresas que también violan la legalidad vigente (diversas modalidades más o menos conflictivas de ocupación de las empresas). Y a continuación tanto los trabajadores como las patronales, incluso a veces simultáneamente, suelen judicializar su enfrentamiento. Ante una quiebra, por caso, los trabajadores reclaman al juzgado correspondiente la custodia de los medios de producción implica-

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Aquí estoy asumiendo que son la explotación y la dominación capitalistas, y no las luchas sociales, las que carecen de creatividad y se ven forzadas a adaptarse al desenvolvimiento de la lucha de clases. Remito en este punto a la relación entre lucha de clases e innovación capitalista planteada por los autonomistas (véase, por ejemplo, Negri 1992), aunque no sin la mediación de las críticas que J. Holloway realizara a la tradición autonomista (véase Holloway 2002).


dos y, a su vez, los patrones, el procesamiento de esos trabajadores por usurpación.13 Pero este enfrentamiento tampoco puede dirimirse exclusivamente en la justicia. Se entablan además relaciones con los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, esos colectivos de trabajadores y esas patronales politizan su enfrentamiento para dirimir su aspecto más estratégico: la expropiación o no expropiación de las empresas en cuestión —y eventualmente el cambio de la propia legislación acerca de las expropiaciones—. Una descripción del proceso de recuperación de empresa puede ayudarnos a entender la articulación entre esos dos niveles. “La estrategia general se podría resumir en: hacerse cargo de la empresa, ocupándola si es necesario para ello, formar la cooperativa de trabajo intentando negociar un arreglo provisorio con el dueño o juez para luego buscar su expropiación temporal. Las distintas formas de arreglo judicial, continuidad laboral y guarda judicial, y el arreglo con el patrón, son formas más precarias que las expropiaciones de la empresa. En ocasiones, el arreglo judicial se alcanza argumentándose que se requiere tiempo para conseguir la expropiación. Cuando la quiebra no es el punto de partida se la busca para poder solicitar la continuidad judicial o un arreglo judicial informal y luego la expropiación” (de Rebón y Saavedra 2006: 52). Los trabajadores enfrentan así al poder judicial, por una parte, y a los poderes ejecutivo y legislativo, por otra, siguiendo estrategias muy diferentes. La imposición de una forma neoconservadora de Estado en los noventa implicó una modificación de la relación entre poderes, que 13

La expresión judicialización suele usarse para designar la respuesta del Estado ante las luchas sociales consistente en su procesamiento por el poder judicial (aunque a veces se hace un uso más extendido de esta expresión, aplicándose a otros sujetos). En este sentido, su significado no difiere demasiado de criminalización, porque esta judicialización de las luchas sociales implica la conversión de los luchadores en delincuentes y, en un extremo, en criminales. Las víctimas más notorias de esta criminalización fueron las organizaciones piqueteras (véase el caso de la citada UTD de Mosconi en Díaz Muñoz 2005), pero la recuperación de empresas tampoco estuvo exenta de ella. El mencionado ciclo de recuperaciones se cerró con varios actos represivos en 2004: los trabajadores de Gatic en Pigüé, Buenos Aires, fueron desalojados por la Gendarmería, los de la Farmacia Franco Inglesa, en el centro de la Capital, reprimidos por la policía, los trabajadores del frigorífico Yaguané expulsados de Plaza de Mayo, los empleados del Hotel Nogaró de San Juan expulsados, etc. (véase el segundo informe de Trinchero y colaboradores 2004). 85


condujo a una profundización del predominio del poder ejecutivo —un predominio que en verdad preexistía así en la norma como en los hechos: el recurrente empleo de decretos de necesidad y urgencia y vetos presidenciales, la modificación de la Corte Suprema y el reemplazo de procuradores y tribunales y otros fenómenos semejantes ponen en evidencia esa profundización (véase nuevamente Bonnet 2008: V)—.14 Esta intensificación del predominio del poder ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial a nivel nacional se reprodujo en muchos casos a nivel provincial, pero no suprimió completamente la existencia de grietas entre esos distintos poderes y, por consiguiente, de relaciones diversas entre las luchas sociales y esos distintos poderes. La lucha de los trabajadores de Zanón, la más importante de las empresas recuperadas, ofrece un excelente ejemplo. Los poderes ejecutivo y legislativo provinciales, encabezados por el gobernador Sobisch, impulsaron desde un comienzo la devolución de la fábrica a su antiguo propietario, Luis Zanón, prolongando así las estrechas relaciones (financiamiento, subsidios, etc.) que la dirigencia del Movimiento Popular Neuquino (MPN) mantenía con el empresario. Cuando los ceramistas ocuparon la fábrica, en octubre de 2001, este empresario los denunció por usurpación y un juez provincial obedeció al gobernador ordenando la primera de las numerosas órdenes de desalojo que se sucederían. “Empezó a intervenir la justicia penal de Neuquén —comenta en este sentido M. Pedrero, abogado de los ceramistas— que responde directamente a las órdenes del gobernador de la provincia, el gobernador Sobisch, que acaba de lograr una mayoría automática en la Corte Suprema, y que sigue nombrando jueces y fiscales adictos” (en Korol 2005: 95). Pero los obreros ceramistas respondieron demandando a su patronal por vaciamiento: “se nos ocurrió la idea de denunciar a los empresarios de Zanón por la condición de una figura que existe en el Derecho que es el ‘lock-out ofensivo’, o sea, el cierre delictual de una planta” (ibidem). Tras una serie de audiencias de conciliación fracasadas, a fines de ese mismo mes una jueza provincial aceptó esta denuncia de lock-out, responsabilizando a la patronal por el fracaso de la conciliación, y

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Véase asimismo mi “Metamorfosis del Estado como mediador de la hegemonía neoconservadora en la Argentina de los ’90”, en Actas del VII Simposio Internacional “América Latina y el Caribe: el impacto de la crisis del ciclo neoliberal, el rol de los estados, sus transformaciones y las modalidades de inserción internacional en la región”, Bs. As., FCE - UBA, 18-20/10/06.


secuestró y embargó parte del stock de cerámicos para el pago de sueldos adeudados. La sentencia, apelada, sería ratificada en segunda instancia por otros jueces y, más tarde, por el Tribunal de Justicia de Neuquén y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usurpación versus vaciamiento: la lucha de los ceramistas atravesó al poder judicial de la provincia. El ejecutivo provincial, mientras tanto, insistía en sus intentos de aplastar a los trabajadores: reprimió ferozmente (sin orden judicial) la movilización que realizaron a la Casa de Gobierno en reclamo de que la provincia se hiciera cargo de la empresa y dejara sin efecto su despido en masa (ilegal) en noviembre de 2001, y desde entonces volvió a reprimirlos, perseguirlos e intimidarlos una y otra vez mediante su policía y patotas civiles. El colectivo de trabajadores de Zanón, mientras tanto, se valió de esos fallos favorables como cobertura legal para avanzar en la recuperación de la empresa. Podríamos ahora cruzar estas diferencias que la división de poderes introduce en las relaciones entre luchas sociales y Estado con aquellas que introducía la distinción entre niveles nacionales, provinciales y municipales para advertir la complejidad de esas relaciones. Tendríamos así relaciones diferentes entre un colectivo de trabajadores que emprende la recuperación de una empresa y el Estado, si esas relaciones consisten en la exigencia de que la justicia reconozca su cooperativa de trabajo, de que el parlamento expropie su empresa o de que el gobierno les otorgue crédito, así como serían diferentes si consistieran en la demanda de modificación de la ley nacional de quiebras, de sanción de una ley provincial para la expropiación de determinada empresa o de provisión de subsidios por un municipio. Y, por supuesto, serán diferentes si ese Estado nacional está administrado por Duhalde o Kirchner, si ese Estado provincial es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o La Rioja, y así sucesivamente.15

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Podemos ilustrar cada una de estas posibilidades. La figura legal de “cooperativa de trabajo”, como veremos más adelante, se impuso entre las empresas recuperadas como la más adecuada entre las existentes para dotarlas de cobertura legal. Todas las empresas que fueron expropiadas, temporal o definitivamente, lo fueron por leyes de los parlamentos provinciales (o del porteño). El gobierno de Duhalde brindó apoyo técnico y asesoramiento legal a las empresas recuperadas a través del INAES (promoviendo así una agrupación de empresas afines, la FENCOOTER). El de Kirchner anunció asimismo una línea de créditos (que nunca otorgó) y creó un Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo (asesoramiento laboral, legal 87


Pasemos ahora a las características de las propias luchas sociales que inciden en sus relaciones con el Estado —centrándonos, por razones de espacio, en las estrictamente políticas—. La manera más común de aproximarse a estas características es a través de la ideología política explícitamente adoptada por las organizaciones que protagonizan esas luchas sociales —o, en su versión a la moda, de su “identidad”—. Pero nosotros preferimos analizar directamente las características políticas que revisten esas prácticas de lucha social en los hechos. Nuestra pregunta apunta, entonces, a las características políticas de determinadas prácticas de lucha social.16 Esta distinción es importante pues, en muchos casos, analizar estas características políticas de las luchas sociales a partir de aquella ideología política expresamente adoptada por las organizaciones que las llevan adelante puede conducir a graves errores. Veamos un ejemplo. El mencionado movimiento de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores estuvo atravesado por un intenso debate acerca del estatus jurídico que debían asumir esas empresas una vez recuperadas. La enorme mayoría de los colectivos de trabajadores involucrados optó por organizarse en cooperativas de trabajo, pero algunos de ellos exigieron que las empresas que habían recuperado fueran estatizadas y sometidas a control obrero. Este debate estuvo signado, naturalmente, por connotaciones ideológicas muy amplias. La cooperativización era impulsada por los sectores menos radicales desde un punto de vista ideológico —esto es, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y, especialmente, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), de orientación

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y organizativo, facilitación de créditos con otros organismos y apoyo técnico y económico no reembolsable). El Parlamento nacional sancionó una nueva ley de quiebras que contempla que los colectivos de trabajadores en cooperativa de trabajo pueden comprar sus empresas igualando la mejor oferta y mediante acreencias laborales. La Ciudad de Buenos Aires sancionó 13 expropiaciones, ya definitivas, hasta mediados de 2004; La Rioja, en cambio, se opuso férreamente a la expropiación de Clínica Ados y desalojó a sus trabajadores (Rebón y Saavedra 2006: I; Fajn 2003: V). Naturalmente, después de Althusser, estamos advertidos contra cualquier oposición ingenua entre esa ideología y esta práctica —pues la ideológica también es una práctica—. Remarcamos simplemente la necesidad de analizar políticamente ciertas prácticas de lucha social incluso más allá de la ideología explícitamente adoptada por las organizaciones que las desarrollan.


peronista—. La estatización, en cambio, era impulsada por sectores más radicales desde un punto de vista ideológico —algunos partidos de izquierda involucrados en las recuperaciones, como el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), de orientación trotskysta, y los Encuentros Nacionales de Fábricas Ocupadas—.17 Y estas divergencias ideológicas no dejaron de manifestarse en el curso de los procesos de recuperación. Todas las empresas que luchaban por su estatización provenían de un proceso de recuperación muy conflictivo, mientras que sólo de algunas de las que luchaban por su cooperativización podía decirse lo mismo. Todas las que luchaban por su estatización habían ampliado su campo de intervención, encarando actividades que excedían la ocupación y la puesta en producción, tanto puertas adentro (con actividades recreativas, culturales, educativas, sanitarias, etc.) como puertas afuera de sus sedes (con donaciones, apoyo a escuelas y hospitales, acciones conjuntas con otras organizaciones, etc.), mientras que sólo algunas pocas de las empresas que luchaban por su cooperativización lo habían hecho. Y así sucesivamente. A la luz de estas divergencias ideológicas, parecía esperable que las organizaciones más radicales adoptaran frente al Estado capitalista posiciones más críticas. Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera. Básicamente, los colectivos de trabajadores que optaron por convertirse en cooperativas de trabajo, no lo hicieron por razones ideológicas sino pragmáticas. No actuaron por convicciones cooperativistas, sino porque necesitaban de una cobertura legal, tanto para consolidar la recuperación de sus empresas (para actuar en la justicia, etc.) como para retomar la producción (para comprar sus insumos, vender sus productos, etc.). La figura legal preexistente de

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De las 87 relevadas por Fajn y su equipo (Fajn 2003: 161), el 93% optó por la cooperativa de trabajo, el 4,7% por convertirse en sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada y el 2,3% por convertirse en estatal bajo control obrero (pero recuérdese que Cerámicas Zanón, la más importante entre las empresas, se encuentra entre estas últimas). Por su parte, 58% de las 59 empresas recuperadas relevadas por Trinchero y su equipo (2003) había recibido apoyo del MNER (el MNFRT se escinde del MNER a comienzos de 2003, antes de que se realizara este relevamiento), mientras que sólo el 8% había recibido apoyo de los partidos de izquierda. Dos Encuentros Nacionales de Fábricas Ocupadas se realizaron en abril y septiembre de 2002, como un intento de organización de las empresas recuperadas bajo influencia de la izquierda. 89


la cooperativa de trabajo apareció, intervención mediante de los abogados del MNER o el MNFRT, como la más adecuada para esos fines. Los colectivos de trabajadores que exigieron que las empresas fueran estatizadas y sometidas a control obrero, intervención mediante de los cuadros partidarios de izquierda, en cambio, lo hicieron por razones más ideológicas.18 Y fue justamente la incapacidad de dar respuesta a ese requerimiento de legalidad la que los obligó a dejar atrás esta salida —y, en algún caso, también a la dirigencia que la habían promovido—. Los procesos de recuperación de sus empresas peligraron y los colectivos de trabajadores retrocedieron, aceptando a regañadientes la cooperativización (como en el caso de Zanón) o integrándose más decididamente en un movimiento cooperativizador (como en el de Brukman, respecto del MNFRT).19 Así pues, la exigencia de estatización bajo control obrero fracasó rotundamente, poniendo en peligro los procesos de recuperación en cuestión y sumiendo en el descrédito a las dirigencias que la habían impulsado. Pero aquí nos interesa más analizar las características políticas de esa exigencia que su fracaso. Los argumentos que la acompañaron no son demasiado reveladores, porque desnudaron que se trataba de una mera extrapolación de una clásica “consigna de transición” (véase, por ejemplo, Martínez 2002). Mucho más importante es el hecho de que esta exigencia avanzaba a contramano de la dirección en la que se encaminaban en aquella coyuntura las luchas sociales, es decir, de la dirección hacia el “que se vayan todos” —todos los políticos y, eventualmente, los propios empresarios—. Y, aunque no hay razón alguna para nadar siempre a favor

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Estas razones ideológicas estaban tan reñidas con la realidad que, a menudo, razones de orden práctico se colaban en ellas incluso entre sus propios portavoces. C. Martínez, una de las obreras textiles de Brukman, decía en un reportaje: “Nosotros decidimos que no queremos ser dueños”, sostiene Celia para explicar que se incluye en la última opción [la estatización bajo control obrero]. “Creemos que no podemos tomar esa responsabilidad en medio de tanta crisis, y la verdad es que lo único que pedimos es mantener la fuente de trabajo para las 120 personas que estábamos acá.” (“Fábricas que fueron salvadas y administradas por sus obreros”, reportaje de L. Vales en Página 12, 29/3/02). Significativamente, el único caso exitoso de lucha por la estatización de una empresa, la de la Clínica Medrano conducida por el MST y sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2003, concluyó en una estatización a secas, sin control obrero alguno.


de la corriente, tampoco había muchas razones en aquella coyuntura para enfrentar la corriente invocando la conveniencia de entregar las empresas recuperadas a ese Estado que estaba siendo impugnado en las calles. La exigencia de estatización esgrimida por el sector más radical (desde una perspectiva ideológica) del movimiento de empresas recuperadas se convirtió así, en los hechos, en una exigencia conservadora (desde la perspectiva de la dimensión política efectiva de las prácticas de lucha social involucradas).20 Las relaciones entre las luchas sociales y el Estado no pueden analizarse, entonces, exclusivamente, a partir de la ideología asumida explícitamente por las organizaciones que las protagonizan, sino que conviene atender asimismo a las prácticas de lucha social en juego en cada caso.

3. Una tipología Pasemos ahora al análisis propiamente dicho de la dimensión política de las luchas sociales. Vamos a valernos para este análisis, como ya adelantamos en el primer apartado, de una tipología de las relaciones entre esas luchas sociales y el Estado y de los problemas que las atraviesan en cada caso. La tipología es muy sencilla y contempla tres tipos básicos, que presentaremos ilustrándolos a partir de las experiencias de lucha social más representativas de cada uno de esos tipos a escala latinoamericana, para detenernos a continuación en sus correlatos locales. 3.1. Tenemos, en primer lugar, las luchas sociales caracterizadas por una fuerte autonomía respecto del Estado —a menudo, las organizaciones que impulsan estas luchas asumen explícitamente, además, esta autonomía como una dimensión política importante de su práctica de lucha social—. El caso paradigmático, a escala latinoamericana, es el del zapatismo. Considérese especialmente

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Algunos sectores de la izquierda partidaria percibieron este contrasentido (“La ‘estatización’ está a contramano de la situación política revolucionaria creada a partir de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre”; Heller 2003), pero resultaron incapaces de superar las concepciones estatistas tradicionales y continuaron exigiendo modalidades encubiertas de estatización de las empresas recuperadas (subsidios no reintegrables del Estado, salarios respaldados por un fondo compensador del Estado, proveedores privilegiados del Estado). 91


su conducta política durante el período que va desde la Marcha del Color de la Tierra y el incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés (es decir, desde febrero - agosto de 2001), hasta sus primeros comunicados sobre la última coyuntura electoral mexicana, la VI Declaración de la Selva Lacandona y el anuncio de La Otra Campaña (es decir, hasta febrero - junio de 2005). Durante los cuatro años en cuestión, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se replegó sobre sus comunidades rebeldes para organizar, hacia mediados de 2003, sus Caracoles y Juntas de Buen Gobierno, es decir, para establecer municipios autónomos paralelos a los gubernamentales. Este repliegue sobre sus comunidades concluyó, sin embargo, como sucedió en otras coyunturas de la trayectoria del EZLN, en el despliegue de una iniciativa dirigida a la sociedad mexicana en su conjunto: el mencionado lanzamiento de La Otra Campaña en enero de 2006, durante la coyuntura electoral. El debate suscitado alrededor de esta conducta zapatista fue revelador de los peligros que suelen enfrentar los movimientos sociales que intentan preservar a rajatabla su autonomía respecto del Estado: particularmente, el peligro de quedar aislados (véase, por ejemplo, el rico debate reunido en AAVV 2006). Pero discutamos estos peligros valiéndonos de casos de luchas sociales locales, porque también entre nosotros esta variante autonomista de las relaciones con el Estado encuentra algunas expresiones, aunque sean mucho menos significativas. Nos referimos a una porción del movimiento piquetero que, en su momento, incluía a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, al Movimiento Teresa Rodríguez y, acaso, a la citada UTD de Mosconi y alguna otra del interior. Y nos referimos también a varias de las asambleas populares organizadas al calor de la insurrección de diciembre. Es más difícil determinar qué porción de este movimiento asambleario puede asociarse con esta variante autonomista, porque tanto en el movimiento en su conjunto —por ejemplo, en las Asambleas Interbarriales— como en el interior de muchas de sus asambleas barriales individuales convivieron distintas prácticas.21 Sin 21

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La Asamblea Interbarrial de Parque Centenario se organizó espontáneamente, con unos 300 miembros, a comienzos de enero de 2002 (cuando ya existían unas 23 asambleas en la ciudad) y alcanzó a mediados de febrero un pico de 3.000 participantes (con más de 100 asambleas representadas). La posterior decadencia de esta Interbarrial respondió, en buena medida, a las disputas libradas en su seno entre algunos partidos de izquierda (se par-


embargo, a partir del retroceso del movimiento y de su repliegue hacia los barrios y las actividades barriales, a mediados de 2002, podemos aproximarnos a una respuesta y afirmar que al menos un tercio del movimiento asambleario adoptaría explícitamente esa orientación autónoma.22 Aquellas organizaciones piqueteras confluirían además con estas asambleas barriales en una serie de iniciativas políticas como, por ejemplo, la campaña y el acto conjunto en Plaza de Mayo del 11/3/03 para repudiar las elecciones presidenciales de abril de 2003 (véase Página 12 12/3/03) o los Eneros Autónomos reunidos en el conurbano bonaerense entre 2004 y 2006 (véanse los informes en www.pensamientoautonomo.org.ar). Ahora bien, la autonomía efectiva que estas luchas sociales guardan respecto del Estado y, en mayor medida, la noción de autonomía que asumen como propia, no están exentas de serios problemas. Ya en otras ocasiones alertamos acerca de estos peligros y, especialmente, polemizamos con la manera en que los enfrentan ciertos intelectuales asociados con estas luchas.23 Aquí sólo voy a repetir resumidos mis argumentos de entonces, para avanzar a

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tió en abril de 2002, en medio de una disputa por los oradores para el acto a realizarse el 1º de Mayo: el PO acabaría encabezando un acto en Plaza de Mayo y el MST otro en el Obelisco), pero estos partidos también entraron en conflicto con grupos militantes independientes, algunos de ellos cercanos a las posiciones autonomistas que estamos examinando (en base a serie de artículos de Página 12 y a Guerrero 2002). Paradigmática de ese viraje hacia los barrios fue la jornada político-cultural organizada por la asamblea de Palermo Viejo, justamente en mayo de 2002, y su posterior ocupación del mercado local junto al MTD de La Matanza. Este viraje incluyó tomas de locales, actividades culturales y bibliotecas, proyectos comunitarios como comederos, merenderos, ayuda escolar, huertas y cooperativas, colaboración con empresas recuperadas y organizaciones piqueteras, etc. (véase Ouviña 2002). Tras este repliegue, a un año de su aparición, quedaban unas 220 asambleas en el país, de las cuales unas 50 se autodenominaban “autónomas” (véanse, entre otros, los artículos de J. Hauser “Están construyendo un mundo nuevo”, “Haciendo economía solidaria” y “Qué hacen las asambleas ahora que las cacerolas están en el armario”, en Página 12 20/1/03, 20/9/03 y 22/12/03). Analicé detalladamente estos problemas en Bonnet 2004 y tuve la ocasión de discutirlos en mi presentación de “¿Multitudo ex nihilo? A propósito de ciertas interpretaciones de la insurrección argentina de diciembre de 2001” en las II Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Buenos Aires, 20-21/8/04. Los intelectuales más influyentes a los que me refiero son los vinculados con el Colectivo Situaciones (véanse especialmente 2001a y b y 2002 a y b) y Zibechi (1999 y véase especialmente 2003), entre otros. 93


continuación hacia un tratamiento de estos problemas a un mayor nivel de abstracción. Sostenía entonces que ciertos intelectuales asociados con las luchas sociales caracterizadas por una fuerte autonomía respecto del Estado adoptan una orientación política que puede denominarse como micropolítica posmoderna. Esta orientación política, una simple variante del liberalismo, se caracteriza por un rechazo fóbico de cualquier noción que, como la de Estado, nos recuerde la dimensión global de las relaciones sociales capitalistas. Esta suerte de holofobia conduce inexorablemente así a una renuncia política —a veces impuesta como una necesidad por las circunstancias, pero siempre convertida en virtud— a reconocer al Estado capitalista como un antagonista clave de las luchas sociales. Su contraparte es una apología igualmente ingenua a las iniciativas minoritarias y marginales. La microfilia resultante convierte así a iniciativas vinculadas con la conservación de la identidad y los vínculos solidarios que un grupo perdió junto con sus empleos (o simplemente con una autoconservación a secas, que ese grupo también puede estar a punto de perder), como la organización de una huerta o un comedor comunitario, un nodo de trueque o una panadería, en iniciativas instituyentes de espacios ajenos al Estado y las relaciones sociales capitalistas en su conjunto. Los partidarios de esta orientación quisieran, entonces, que las organizaciones piqueteras no exigieran subsidios al Estado, que las empresas recuperadas no vendieran mercancías en el mercado, y así sucesivamente. Puede aducirse que esta orientación no corresponde a la de ninguna lucha social realmente existente. Y es cierto que, considerada en esta versión extrema, no podría guiar efectivamente ninguna práctica de lucha social y quedaría recluida en las cabezas de algunos intelectuales; pero, en formulaciones más moderadas, podemos encontrarla guiando de hecho algunas de esas prácticas de lucha social. Conviene revisar en este sentido, a pesar de las objeciones que podrían oponérsenos, la experiencia de los clubes de trueque.24 24

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La organización de grupos más o menos estables para el trueque regular de bienes y servicios entre sus integrantes (los clubes de trueque) se inició a medidos de los noventa (fundación del Club de Trueque Bernal en mayo de 1995) y se multiplicó rápidamente, en particular durante la agudización de la crisis en 2001-02, alcanzando unos 5.000 clubes. Algunos de estos clubes eran independientes, aunque la mayoría se agrupó en calidad de nodos de


La consideración de este ejemplo en este contexto puede parecer objetable por dos motivos. En primer lugar, podría aducirse que el trueque debe ser entendido como una práctica económica, es decir, una práctica de producción - intercambio - consumo que apunta a garantizar la reproducción de los individuos involucrados en condiciones adversas, antes que como una práctica de lucha social propiamente dicha. Y así es. La enorme mayoría de aquellos que se acercaron a los clubes de trueque, provenientes de la clase trabajadora y especialmente de los sectores medios desocupados y empobrecidos, buscaban en ellos un modo alternativo y provisorio de subsistencia. Y esta práctica económica, a diferencia de las prácticas de lucha social, no involucraba necesariamente enfrentamiento alguno. Sin embargo, un análisis más o menos atento del ascenso de las luchas sociales que clausura la década de los noventa pone de manifiesto que no puede trazarse una línea divisoria demasiado tajante entre ambos tipos de prácticas. En efecto, no sólo estos clubes de trueque, sino la mayoría de las organizaciones que mencionamos —los grupos piqueteros, los colectivos de trabajadores de las empresas recuperadas, las asambleas barriales— emprendieron prácticas económicas de características semejantes —microemprendimientos, cooperativas de producción y consumo, servicios solidarios, mutuales—. Y estas prácticas económicas, aunque en sentido estricto no son prácticas de lucha, tejen el imprescindible tejido social sobre el que descansan dichas prácticas de lucha y, en consecuencia, pueden ser consideradas en un sentido más amplio como parte integrante de este ascenso de las luchas sociales (véase, por ejemplo, Almeyra 2004). Pero es muy importante en este punto añadir que, en el caso de los clubes de trueque, sus fundadores y promotores más comprometidos consideraban además que su práctica económica estaba dotada de una dimensión utópica que trascendía la mera reproducción de los prosumidores involucrados, en la medida en que instituía relaciones económicas distintas de las mercantiles.25

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redes como la Red Global del Trueque y la Red del Trueque Solidario, y alcanzaron los 2.5 millones de prosumidores en 2002 (según datos del Centro de Estudios Nueva Mayoría). Pero en ese momento el movimiento entró en una profunda crisis y se estima que, hacia comienzos de 2003, ya había perdido el 90% de sus integrantes (véase Hintze 2003). Véase en este sentido el código de comportamiento “Una declaración de principios de la Red Global del Trueque” (reproducido en Hintze 2003, anexo II, y en otras publicaciones), suerte de carta constitutiva de esta red, la 95


No podemos detenernos aquí en las características de esta utopía o, si se prefiere, de los vínculos que estas relaciones económicas diferenciadas guardarían con las relaciones mercantiles en esta utopía: la actividad del trueque aparece a veces como generadora de iniciativas capitalistas en condiciones económicas adversas (el trueque como “incubadora de empresas”), como integrante de un sector diferenciado aunque en convivencia con los sectores privado y público capitalistas (el trueque como “sector de la economía social”) o incluso, a veces, como alternativa a las relaciones económicas capitalistas (en una suerte de proyecto neo-proudhoniano de supresión de estas relaciones económicas capitalistas mediante la supresión del dinero). Alcanza, en cambio, con constatar la existencia de esta dimensión utópica. Puede objetarse, en segundo lugar, que si esta práctica del trueque desafiaba en algún sentido las relaciones sociales capitalistas, lo hacía en su calidad de relaciones mercantiles antes que en su calidad de estatales, de manera que no debería considerarse como una práctica dotada de una dimensión política, en el sentido en que la definimos nosotros mismos antes. Así es también en este caso. Adviértase que la constatación de una dimensión utópica, en una práctica, no equivale a la constatación de una dimensión política (ya en el viejo proudhonianismo, que en este sentido era cercano al fourierismo y otras corrientes anteriores, ambas cosas eran distintas). El movimiento de los clubes de trueque mantuvo relaciones incomparablemente menos conflictivas con el Estado y el mercado capitalistas que cualquiera de los otros movimientos que hemos considerado, pero, si cuestionó a alguno de ambos, fue al mercado. La respuesta del Estado al trueque fue bastante tolerante. Algunos niveles lo reconocieron y apoyaron activamente, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que realizó jornadas de trueque conjuntas, o varias municipalidades del interior, que acep-

mayor de las redes de trueque, de 1996. El texto incluye principios claramente utópicos como que la realización de sus miembros como seres humanos no necesita estar condicionada por el dinero y que aspiran a ayudarse mutuamente a alcanzar un sentido de vida superior mediante el trabajo, la comprensión y el intercambio justo, a reemplazar la competencia estéril, el lucro y la especulación por la reciprocidad y los dictados del mercado, el consumo y la búsqueda de beneficio a corto plazo por normas éticas y ecológicas, etc. Véase asimismo el documento Reinventando el mercado. La experiencia de la Red Global de Trueque en Argentina, de H. Primavera, H. Covas y C. De Sanzo, de 1998. 96


taron el pago de impuestos en créditos. Los poderes legislativos nacional y bonaerense, además, intentaron enmarcar legalmente el trueque mediante proyectos de ley que en líneas generales resultaban favorables. Los empresarios y especialmente los comerciantes, en cambio, resistieron en alguna medida la “competencia desleal” que implicaba la generalización del trueque (véase Hintze 2003). Pero debemos recordar que nosotros estamos valiéndonos aquí de este ejemplo del trueque para discutir una orientación política que se caracteriza por un rechazo ingenuo de cualquier noción que recuerde la dimensión global de las relaciones sociales capitalistas. Y esta noción puede ser, indistintamente, la de Estado o la de mercado. Las mencionadas pretensiones de que las organizaciones de desocupados se sostuvieran sin recibir subsidios del Estado o las empresas recuperadas sin vender mercancías en el mercado, entonces, equivalen plenamente a esta pretensión de que los clubes de trueque instituyeran un espacio de relaciones económicas ajenas al mercado. El destino de los clubes de trueque, en consecuencia, no es ajeno al destino que aguardó o aguardaría a cualquier otra iniciativa guiada por semejante orientación. La única especificidad de los clubes de trueque es que ejemplificaron ese destino de una manera mucho más dramática que otros movimientos: ningún movimiento alcanzó semejante masividad (al menos unos dos millones y medio de miembros a mediados de 2002) y, simultáneamente, ninguno desapareció con semejante rapidez (se esfumó casi completamente en 2003). Esto explica el muy sintomático silencio que rodea a esta experiencia desde entonces. M. Benasayag, uno de los intelectuales asociados con la orientación política que estamos analizando, sostenía poco antes de que los clubes de trueque entraran en crisis: “si bien la completitud, el conjunto complejo, no es ordenable, podemos por el contrario pensar prácticas e hipótesis económicas que sean ‘ordenadas’ o, dicho de otro modo, ‘consistentes’, pero que lo sean bajo el necesario abandono, que es más bien la puesta entre paréntesis, de la completitud (...) De esta manera, en todas partes dentro de nuestro fatigado mundo, vemos hoy emerger prácticas de solidaridad, que no parten de un modelo o de un programa económico, como sucedía en el caso de los años de la contestación revolucionaria clásica, sino que surgen de una exigencia consistente: ‘la población de este barrio ocupa tierras y hace todo para que cada habitante pueda vivir dignamente, satisfaciendo, por medio de la solidaridad, las necesidades bá97


sicas de cada uno’. (...) A la vez, es forzoso constatar que estos proyectos no pueden subordinarse a lo económico, sino que deben construirse y existir en un ‘más allá de lo económico’ que, como veremos más adelante, a mi parecer no se opone a él, por eso no están ni por ni contra lo económico. (...) Estos proyectos desarrollan en sí verdaderas zonas y tendencias no capitalistas dentro de un mundo ordenado y dominado por el capitalismo. Las zonas son lugares donde la vida no está regida por el capitalismo” (en Colectivo Situaciones 2001b). Pero el destino de los clubes de trueque enseñaría algo al respecto. Los créditos emitidos por los clubes tenían como patrón de valor en los hechos a la moneda capitalista, las relaciones cuantitativas entre los bienes trocados en los clubes remitían en los hechos al sistema de precios vigente en el mercado capitalista, los clubes quedaron así sometidos en los hechos a procesos inflacionarios... El mercado capitalista es un deplorable mecanismo de asignación del trabajo social, ciertamente, pero la institución de supuestas “zonas donde la vida no está regida por el capitalismo” no es alternativa alguna. Veamos ahora los problemas que rodean a la autonomía efectiva que ciertas luchas sociales guardan respecto del Estado y, en mayor medida, a la noción de autonomía que asumen como propia, en un mayor nivel de abstracción. El problema básico reside en que la autonomía política de las organizaciones y las luchas sociales no puede concebirse como ausencia de relaciones con el Estado (o el mercado), sino como una relación de antagonismo respecto del Estado (y el mercado). La diferencia entre las dos concepciones de la autonomía implícitas aquí merecería reflexiones que exceden enormemente los límites de este artículo. Solamente vamos a decir, valiéndonos de una terminología que acaso parezca un poco abstracta pero que rinde cuenta de la esencia de aquella diferencia, que esta diferencia es la existente entre un concepto positivo y uno negativo de la autonomía.26 El primero es el concepto correspondiente a la ilusión de que las organizaciones y las luchas sociales pueden crear espacios autónomos, en el sentido de espacios ajenos a esas relaciones sociales capitalistas que asumen la forma de Estado y mercado, y en su caso ampliar continuamente esos espacios hasta convertirlos en una alternativa a

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También en este punto estoy en deuda con algunas reflexiones recientes de S. Tischler acerca de las luchas sociales. Véase, en este caso, su intervención en Holloway, Matamoros Ponce y Tischler (2008).


las relaciones sociales capitalistas en su conjunto. Esta ilusión conduce, a corto plazo, al aislamiento de las organizaciones y las luchas sociales en cuestión y, a mediano plazo, a su desarticulación o a su integración por parte del Estado y/o el mercado capitalistas. El segundo es un concepto mucho más realista, aunque correspondiente a una perspectiva mucho menos reconfortante, a saber, una perspectiva de antagonismo respecto del Estado y el mercado capitalistas. La autonomía no es un atributo positivo de ciertas relaciones sociales supuestamente no-capitalistas, sino un emergente de la negación de las relaciones sociales capitalistas realmente existentes en la lucha de clases. Es este hecho de que la autonomía ante el Estado no es un atributo positivo de una organización que pretende darle la espalda al Estado, sino un emergente de la negación del Estado en la lucha de clases el que explica, por ejemplo, el hecho, suficientemente reconocido ya por el movimiento europeo de los consejos obreros de la década del veinte, de que cualquier situación de doble poder es inestable. Es muy peligroso para las organizaciones que asumen la autonomía respecto del Estado como una dimensión política importante de sus prácticas de lucha social, por consiguiente, concebir su relación con ese Estado en términos de éxodo o fuga, en lugar de concebirla en términos de enfrentamiento. Los últimos escritos de A. Negri y M. Hardt ofrecen las mejores versiones de este peligroso desplazamiento. “Mientras en la era disciplinaria, la noción fundamental de la resistencia era el sabotaje, en la era del control imperial esa noción básica pasa a ser la deserción. Mientras en la modernidad estar en contra frecuentemente significaba una oposición de fuerzas directa y/o dialéctica, en la posmodernidad la actitud de estar en contra bien podría adquirir su mayor efectividad adoptando una forma oblicua o diagonal. Las batallas contra el imperio podrían ganarse a través de la renuncia y la defección” (Negri y Hardt 2002: 190-1). Negri y Hardt proveen las versiones más precisas de este desplazamiento porque, en rigurosa correspondencia con su abandono del pensamiento dialéctico (y de la centralidad que reviste la negación en su seno) y su reemplazo por el pensamiento posestructuralista (y su afirmación de las diferencias), abrazan consecuentemente ese concepto positivo de autonomía que aquí criticamos. También algunos escritos recientes de J. Holloway parecen sugerir este peligroso desplazamiento, aunque en este caso entrando en tensión con un concepto negativo de autonomía de origen dialéctico (véase 2002, especialmente XI). La perspectiva de 99


Holloway resulta entonces mucho más matizada. “La mayoría de nosotros no puede evitar tener contactos con el estado (…). Esto puede deberse al hecho de nuestro empleo, o porque dependemos de algún subsidio estatal para desempleados o, simplemente, porque utilizamos los transportes públicos. La cuestión es cómo manejamos ese contacto y las contradicciones que le son inherentes. (…) Al trabajar en el estado (o cualquier otro empleo) estoy comprometido activamente en la reproducción del capital, pero, a pesar de ello, trato de luchar contra la forma estado para reforzar el impulso a la autodeterminación. Vivir en el capital significa que vivimos en medio de la contradicción: es importante reconocer estas contradicciones antes que barrerlas debajo de la alfombra con un pero también. Es importante comprender nuestro contacto con el estado en estas situaciones como un movimiento dentro-y-en-contra del estado, como un movimiento dentro-y-en-contra-y-más-allá de las formas de las relaciones sociales que conlleva la existencia del estado” (2006: 24).27 3.2. Retomando nuestra tipología de las relaciones entre las luchas sociales y el Estado tenemos, en segundo lugar, luchas sociales que, aun cuando a veces también asuman el mantenimiento de cierta autonomía respecto del Estado como una dimensión política importante, se orientan explícitamente hacia la conquista del poder de Estado —y, eventualmente, llegan a conquistar porciones de ese poder de Estado—. Adviértase que esto no incluye cualesquiera prácticas orientadas hacia la conquista del poder de Estado. No incluye, por ejemplo, la práctica política de partidos o coaliciones de partidos de centroizquierda que aspiran a acceder o acceden de hecho al gobierno por la vía electoral, como son los casos de los triunfos del Partido dos Trabalhadores en Brasil en 2002 o del Encuentro Progresista - Frente Amplio en Uruguay en 2004, pues en estos casos esa conquista del poder de Estado no resulta tanto de un ascenso de las luchas sociales como de un mero triunfo en las elec27

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Es importante aclarar que la expresión pero también empleada aquí por Holloway remite a una crítica que le formulara Hirsch (2003), en el sentido de reconocer la necesidad de la lucha por la autodeterminación respecto del Estado, pero también de la lucha a través de ese Estado (en Hirsch, vinculado con la estrategia de combinar luchas institucionales y extra-institucionales del último Poulantzas). Véase, en términos más amplios, la manera en que aparece este problema de la relación entre las luchas sociales y el Estado en los escritos recientes de J. Holloway y A. Negri en Bonnet (2007b).


ciones. Puede aducirse, con razón, que la frontera entre estas victorias de fuerzas de centroizquierda y las del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia en 2003 o del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) en Ecuador en 2004 no son tajantes: también detrás de aquéllas existían luchas sociales (en las tradiciones de la CUT brasileña o el PIT-CNT uruguayo, por ejemplo) y tampoco estas últimas dejaron de ser electorales. Pero sigue siendo claro que estas victorias, a diferencia de aquéllas, fueron expresiones mucho más directas de un ascenso inmediatamente anterior de las luchas sociales. Y demás está decir que tampoco puede incluirse en este tipo la práctica política de partidos o coaliciones de partidos que, si bien aspiran a acceder o acceden de hecho al gobierno por la vía electoral en medio de un ascenso de las luchas sociales, no guardan relación alguna con dicho ascenso. Tal es el caso de la victoria del Partido Justicialista (PJ), en su fórmula encabezada por Kirchner, en las elecciones de 2003 en Argentina. En efecto, el ascenso de Kirchner y el rumbo político posterior de su administración son inexplicables sin la referencia a la crisis política desatada por la insurrección de diciembre de 2001 como telón de fondo. Pero esto no implica que dichos ascenso y rumbo político deban ser considerados como expresiones directas del ascenso de las luchas sociales que culminó en dicha insurrección, sino que implica en este caso que constituyen una suerte de reacción reformista contra ese ascenso (véase Bonnet 2007c). La administración provisional de Duhalde y más tarde la administración electa de Kirchner dirigieron la recomposición de la dominación política impugnada en esa insurrección de diciembre. Téngase en cuenta en este sentido que, a diferencia del MAS boliviano o del MUPP ecuatoriano, el PJ argentino no sólo no había liderado el ascenso de las luchas sociales que culminó en esa insurrección de diciembre, sino que la exigencia de ¡que se vayan todos! esgrimida durante ella se dirigió en primera línea a ese mismo PJ. 28 28

Un segundo ejemplo que merece citarse, aunque sea al margen, es el que hubiera provisto un reconocimiento oficial del triunfo del Partido de la Revolución Democrática en las elecciones mexicanas de 2006: semejante victoria hubiera estado precedida de importantes luchas sociales, pero muy escasamente hubiera podido ser considerada como expresión directa de esas luchas, puesto que era La Otra Campaña zapatista antes que la campaña perredista la que encolumnaba a los sectores más combativos de la sociedad mexicana. Las cosas cambiaron, sin embargo, una vez perpetrado el fraude contra A. M. López Obrador y desatadas las movilizaciones contra dicho fraude. 101


En este sentido, justamente, parece más dificultoso encontrar expresiones de este segundo tipo de luchas sociales entre nosotros, pues el ascenso de las luchas sociales de la segunda mitad de los noventa no condujo a la conquista del poder de Estado por parte de ninguna de las organizaciones que lo protagonizaron. Pero este hecho no impide que podamos identificar entre nosotros ejemplos de luchas sociales que se orientaron hacia esa conquista del poder de Estado. Tales ejemplos serían innumerables si tuviéramos en cuenta todas las luchas encaradas por las organizaciones que incluyen en sus programas, de alguna manera, la meta de acceder al gobierno, pero vamos a restringirnos a aquellas que implementaron efectivamente alguna estrategia para alcanzar esa meta. En efecto, tenemos, por una parte, varios partidos de izquierda que enarbolaron, en la cúspide del ascenso de las luchas sociales hacia fines de 2001 y comienzos de 2002, un discurso de conquista del poder de Estado por vía revolucionaria. La exigencia de que las organizaciones protagonistas de ese ascenso convocaran a una Asamblea Constituyente dominó ese discurso. “Luchando por la Constituyente —lo que equivale, insistimos, a la única forma de luchar por el poder en las actuales condiciones—, las propias asambleas populares o piqueteras se convierten en una herramienta de poder de los explotados” sostenía, por ejemplo, un periódico de izquierda en aquella coyuntura.29 Pero la enunciación de tales discursos, que simplemente intentaban replicar el discurso 29

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G. Solano: “Qué debaten las asambleas populares”, en Prensa Obrera 743, 28/2/02. La misma salida propusieron el MST, el PTS y otros partidos trotskystas, aunque sin dejar de delimitarse mutuamente: una asamblea “con poder”, reclamaba el PO; “libre y soberana”, el MST; “revolucionaria”, el PTS; y así sucesivamente. El MST, el único con representación en el Parlamento, propuso además un gobierno provisorio encabezado por su diputada P. Walsh y L. Zamora. Ante el anuncio de elecciones presidenciales por parte de Duhalde, en septiembre de 2002, reiterarían estas posiciones. El Partido Comunista Revolucionario (PCR), la organización maoísta con mayor protagonismo en las luchas sociales a través de su Corriente Clasista y Combativa (CCC), convocó por su parte a la integración de un gobierno de unidad popular. El acercamiento posterior de este partido a la administración de Duhalde y, durante sus primeros meses, a la de Kirchner, sugiere que intentó concretar esta consigna mediante una estrategia de alianza con el justicialismo. Pero, en cualquier caso, su distanciamiento posterior respecto de la administración de Kirchner revela que habría dejado atrás esa estrategia. El Partido Comunista (PC), de escasa inserción, no parece haberse propuesto estrategia alguna.


de los bolcheviques rusos en 1917: ¿implica que estos partidos encararon efectivamente una estrategia revolucionaria acorde o, simplemente, que intensificaron su agitación aprovechando la coyuntura? La no-concordancia entre la enunciación de tales discursos y las restantes prácticas políticas de esos mismos partidos avalaría más bien esta última alternativa (véase Compagno y Belbo 2003). Y, si es así, la enunciación de semejantes discursos dice muy poco acerca de las relaciones entre las luchas sociales dirigidas por estos partidos de izquierda y el Estado. Pero también tenemos, por otra parte, varias organizaciones que emprendieron un camino más reformista hacia ese poder de Estado, a saber, las organizaciones que se acercaron a la administración provisional de Duhalde y/o que se integraron a la electa de Kirchner. Los ejemplos más importantes son, en primer lugar, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV, integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA), la organización piquetera más masiva, y, en segundo lugar, el Movimiento Barrios de Pie (MBP, surgido originariamente de la Corriente Patria Libre, CPL), dos organizaciones básicamente piqueteras. Sin embargo, este modo de relacionarse con el Estado, durante la administración kirchnerista, también signó a otras organizaciones más pequeñas. La estrategia de estas organizaciones parte de la caracterización de esa administración kirchnerista como un “gobierno en disputa” y consiste en ocupar posiciones dentro de ella para inclinar esa disputa en favor de los sectores más progresistas (el “proyecto nacional y popular”) y contra los más reaccionarios (la “derecha pronorteamericana”).30 Esta estrategia descansa, naturalmente, en una concepción ingenua del Estado capitalista como una arena de disputa política neutra que proviene, en nuestro caso en particular, del populismo. Y conduce a una fuerte integración que pone en peligro la autonomía de estas organizaciones y de las luchas sociales que protagonizan ante al Estado. Tengamos en cuenta, sin más, que los principales dirigentes de masas de ambas organizaciones ocu-

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Estas expresiones provienen de declaraciones que realizó D’Elía durante su enfrentamiento con el entonces jefe de Gabinete A. Fernández en diciembre de 2006 (véase el reportaje “Para D’Elía, Alberto Fernández es parte de la ‘derecha reaccionaria’”, en Página 12 4/12/06). Pero la prácticamente misma posición sostiene Ceballos (véase el “Diálogo con Jorge Ceballos” en www.barriosdepie.org.ar, 13/6/06). 103


paron simultáneamente cargos en el gobierno de Kirchner —y cargos estrechamente vinculados, además, con su calidad de dirigentes piqueteros: L. D’Elía, jefe de la FTV, como secretario de Tierras para el Hábitat Social (dependiente del Ministerio de Planificación Federal a cargo de J. De Vido), Ceballos, jefe del MBP, como director nacional de Asistencia Comunitaria (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de A. Kirchner)—.31 Y esa fuerte integración en el Estado dejó su impronta en las prácticas de lucha social de ambas organizaciones. Recordemos que las organizaciones en cuestión provienen de largos años de enfrentamiento con un Estado que, en manos de administraciones neoconservadoras, empujaba a la oposición a todas las organizaciones sociales sin distinciones. Pero las oportunidades de integración a ese Estado inauguradas por las nuevas administraciones, más populistas, modificaron sensiblemente su patrón previo de movilización, desmovilizándolas en relación con su trayectoria anterior de enfrentamiento con los gobiernos neoconservadores y movilizándolas en apoyo a estos nuevos gobiernos. Las luchas sociales protagonizadas por estas organizaciones fueron quedando así cada vez más subordinadas al Estado capitalista. Vale la pena recordar, en este sentido, el papel de la FTV en los bloqueos de estaciones de servicio durante el primer conflicto del Gobierno con Shell (marzo de 2005) o el de la FTV y el MBP en la Anti-Cumbre de Chávez organizada por el Gobierno en Mar del Plata (octubre de 2005). Se inició, entonces, un proceso tendiente a convertir a estas organizaciones sociales en auténticas fuerzas de choque del Gobierno. Este proceso culminó durante el conflicto entre el Gobierno y la burguesía agraria registrado entre marzo y julio de 2008. En sus acciones represivas ante este conflicto, el Gobierno combinó el empleo de fuerzas de seguridad regulares (como en el despeje de ruta por la Prefectura en San Pedro el 29 de marzo o las detenciones por la Gendarmería en Gualeguaychú el 14 de junio) con el empleo de organizaciones sociales como fuerzas de choque

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Esto no significa que la autonomía respecto del Estado no sea (o, por lo menos, no haya sido) asumida como una dimensión política importante por algunas de estas organizaciones. Así pues, la cuestión de la autonomía sigue explicando hasta nuestros días una parte de los conflictos que se registran entre la FTV y otros sectores de la CTA, central sindical que enarboló esta autonomía respecto del Estado como uno de sus principios constitutivos desde su fundación (acerca de estos conflictos, véase Armelino 2004).


irregulares (como sucedió en el ataque del Movimiento Evita y la FTV a los manifestantes de Plaza de Mayo el 25 de marzo). Esta conversión de organizaciones sociales en fuerzas de choque a las órdenes del Gobierno equivale a su más profunda degradación. Si, en un extremo, las sesiones de una asamblea barrial sugieren que no se requiere la burocracia del Estado capitalista para manejar los asuntos comunes del barrio o el trabajo en una empresa recuperada sugiere que no se necesita del gerente capitalista para producir colectivamente, la manipulación de organizaciones sociales como fuerzas de choque del Gobierno, en el otro extremo, ratifica desde abajo la convicción burguesa de que los trabajadores, lejos de ser sujetos capaces de emanciparse a sí mismos, son una masa de maniobra a su servicio. Si aquellas experiencias representan una promesa de autonomía respecto del Estado, éstas representan una condena a la heteronomía. Ahora bien, la explicación crítica más extendida acerca de la práctica de estas organizaciones sociales descansa en la noción de cooptación: los dirigentes piqueteros en cuestión e indirectamente sus organizaciones habrían sido cooptados por el Gobierno mediante cargos y partidas presupuestarias para asistencia social. Y esta cooptación desempeña, seguramente, un papel en la explicación de esta práctica. Pero creemos que no alcanza para explicarla por completo y, en consecuencia, puede dejar en las sombras ciertos aspectos muy importantes de esa práctica. Cortés (2007) señala, con razón, que la noción de cooptación es insuficiente porque supone una mera actitud pasiva por parte de los dirigentes y organizaciones que serían objeto de esa cooptación. Y añade que, por el contrario, la ideología política previa de estos “movimientos piqueteros oficialistas” coincidía en los hechos con la ideología que más tarde esgrimiría la administración kirchnerista para legitimarse. No sólo hubo cooptación, en pocas palabras, sino también coincidencia ideológica. En efecto, la propia noción de un gobierno burgués en disputa y su noción correlativa, aunque implícita, de un Estado capitalista como arena neutra en la que se dirime esa disputa, son parte integrante de una misma ideología “nacional y popular” que tanto el Gobierno como los piqueteros oficialistas comparten. Estos grupos piqueteros integran, justamente, esa porción del movimiento piquetero que había sido clasificada como su vertiente sindical (Schuster 2005) y caracterizada por su ideología populista de matriz peronista o nacionalista de izquierda (Svampa y Pereyra 2003). 105


Pero esta tendencia de las luchas sociales hacia su integración en el Estado no se reduce ni a los piqueteros oficialistas, por una parte, ni a la administración kirchnerista, por la otra. Siempre en el ámbito del movimiento piquetero, el ascenso del kirchnerismo no impactó solamente en esas organizaciones pertenecientes a su vertiente sindical y caracterizadas por su ideología populista. Impactó asimismo muy profundamente en las otras vertientes: determinó la desarticulación de la mencionada CTD Aníbal Verón, la coordinadora que representaba a la vertiente autónoma y con una ideología de nueva izquierda, e impuso un retroceso significativo al Polo Obrero y otras organizaciones menores de la vertiente partidaria y con una ideología de izquierda más tradicional. Para citar apenas un ejemplo: J. C. Hippie Fernández, uno de los principales dirigentes de la mencionada UTD de Gral. Mosconi, una organización considerada como uno de los máximos referentes de la posición autónoma, se presentó en las elecciones de 2007 como candidato a intendente de la ciudad por una agrupación que respaldaba a un candidato a gobernador kirchnerista (el Movimiento Regional del Pueblo, que respaldaba la fórmula W. Wayar - J. David, del FREJUVI). Y, además, algunas organizaciones recorrieron caminos de integración al Estado no trazados por el kirchnerismo; tal el caso de H. Toty Flores, el dirigente más importante de la también citada UTD de La Matanza, organización pionera considerada por muchos como el máximo exponente de la posición autónoma a raíz de su decisión de no recibir subsidios de desempleo del Estado, quien se presentó en esas elecciones de 2007 como candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires en la lista de la Coalición Cívica de E. Carrió. Aunque esto último es mucho menos significativo. Muy significativa resultó, en cambio, la capacidad de la administración kirchnerista para integrar a las organizaciones y las luchas sociales. Y, si hiciéramos extensiva nuestra anterior explicación de esta integración a las organizaciones y luchas sociales que, sin ser propiamente integradas, fueron desarticuladas y/o neutralizadas por esa administración kirchnerista, deberíamos preguntarnos en qué medida esa ideología “nacional y popular” no era secretamente compartida por porciones más amplias de los movimientos sociales. Pero responder a esta pregunta escapa a los límites de este trabajo. Es importante aclarar, antes de seguir avanzando, que del análisis de ejemplos de organizaciones y luchas sociales como éstos no pueden extraerse conclusiones generales y definitivas acer106


ca de los desafíos que enfrentan las organizaciones y luchas que se orientan explícitamente hacia la conquista del poder de Estado en su conjunto. Esto es así porque, recordemos, a diferencia de las administraciones del MAS en Bolivia o del Pachakutik en Ecuador, la actual administración del PJ en Argentina no es expresión directa de las luchas sociales —y además, las organizaciones sociales que se integraron en esta administración tienen un peso político en ésta completamente insuficiente como para incidir en su rumbo—. Aquí no hay, pues, organizaciones sociales que hayan alcanzado, ni siquiera muy parcialmente, esa meta de conquistar el poder de Estado. En pocas palabras, el peligro de integración en el Estado acecha potencialmente a cualquier organización que se oriente explícitamente hacia la conquista del poder de Estado —y este peligro se actualiza cuando eventualmente llega a conquistar porciones de ese poder de Estado—. Pero este peligro es inversamente proporcional a la madurez política previa —entendida en sentido amplio: su inserción social, su solidez organizativa, su radicalidad ideológica— de la organización en cuestión.32 3.3. En tercer lugar, finalmente, tenemos las luchas sociales protagonizadas por organizaciones montadas directamente por el Estado. No vamos a detenernos demasiado en la relación entre estas luchas y organizaciones sociales y el Estado porque es mucho más simple de analizar. Estas luchas y organizaciones sencillamente dependen del propio Estado capitalista. Los Círculos Bolivarianos y otras organizaciones de base montadas por el gobierno de H. Chávez en Venezuela, desde su ascenso en 1999, son un ejemplo paradigmático. Pero este tipo plenamente estatalizado de las organizaciones y las luchas sociales también encuentra su expresión en nuestro medio. Esto se debe a las peculiaridades del ascenso de la administración kirchnerista, más exactamente, al hecho de que Kirchner, si bien contó con suficiente apoyo potencial como para ascender a la presidencia, enfrentó la necesidad de actualizar ese apoyo en un consenso más o menos duradero que le permitiera ejercer esa presidencia (véase nuevamente Bonnet 2007c). Este hecho condujo al presidente y a su círculo más íntimo a armar un

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El Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) de Brasil, en su relación histórica con el Partido dos Trabalhadores y, actualmente, con la administración encabezada por Lula Da Silva, acaso sea el ejemplo más significativo de una organización que conserva su autonomía. 107


complejo rompecabezas con organizaciones sociales y políticas muy diversas que respaldaran su administración. Algunas de éstas tienen un formato semejante al de otras organizaciones sociales, pero, a diferencia de las provenientes del ascenso de las luchas que culminó en la insurrección de diciembre de 2001, fueron organizadas desde el propio Estado o, por lo menos, alcanzaron un mínimo de inserción gracias al apoyo de ese Estado. El propio MBP antes mencionado podría ser considerado, en parte, como ejemplo de este tipo, pero un ejemplos más claro es el del Movimiento Evita.33 Este movimiento, dirigido por E. Pérsico y E. Depetri, ambos diputados nacionales, en efecto, fue creado directamente para apoyar al kirchnerismo después de las elecciones legislativas de 2005. Agreguemos solamente que, para estas organizaciones y luchas sociales, valen con creces nuestras anteriores consideraciones acerca de las organizaciones y luchas orientadas hacia la conquista del poder de Estado. La integración en el Estado es prácticamente inevitable en estas organizaciones montadas directamente por el Estado. Este hecho justifica que sean consideradas por separado —pero, a su vez, les resta interés.

4. A manera de conclusión En estas páginas intentamos avanzar en el análisis de la dimensión política de las luchas sociales emergentes de la metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que se registró durante la segunda mitad de la década de los noventa y, particularmente, en el ascenso de las luchas que culminó en la insurrección que clausuró dicha década. Y nos centramos para hacerlo, más específicamente, en las relaciones que mantienen esas luchas sociales con el Estado. Reflexionamos, por una parte, sobre una serie de desafíos teóricos que plantea el análisis de dichas relaciones; propusimos, por otra parte, una tipología de esas relaciones y de los problemas que las atraviesan en cada caso. 33

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El MBP, como ya dijimos, se originó en la preexistente CPL. Y también sus nuevos aliados en el Movimiento Libres del Sur (es decir, el Frente Barrial 19 de diciembre, la Agrupación Envar El Kadri, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, la propia Corriente Patria Libre y algunos otros) son, en líneas generales, organizaciones preexistentes. El Movimiento Evita está compuesto, por su parte, por los MTDs Evita y Resistir y Vencer, el MP 20, el Frente Transversal Nacional y Popular y algunas otras organizaciones menores.


Pero, en esta conclusión, no vamos a volver sobre nuestros pasos. Preferimos, en cambio, retomar el concepto de autonomía que introdujimos, sin mayores aclaraciones, en la Introducción. Dijimos en ella que este concepto de autonomía no sólo nos serviría para examinar la manera específica en que ciertas organizaciones y luchas sociales se relacionan con el Estado, sino también como guía para el conjunto de nuestro análisis de la dimensión política de las luchas sociales. Y justificamos sumariamente esta decisión mediante la conjetura de que cierta tendencia hacia la autonomía política caracteriza a las organizaciones y las luchas sociales recientes en su conjunto. Ahora podemos añadir que, a la luz de los ejemplos de luchas sociales que hemos venido analizando, parece advertirse un punto de inflexión en la relación de esas luchas sociales con el Estado alrededor de la insurrección de diciembre de 2001. Parece registrarse una tendencia general hacia una creciente autonomía de esas luchas sociales respecto del Estado desde mediados de la década del noventa hasta el 2001, pero también una reversión de dicha tendencia desde el 2001 hasta el presente. Esta inflexión puede conceptualizarse de la siguiente manera: en el primer momento se registra una creciente crisis de dominación (que culmina precisamente en la insurrección de diciembre de 2001), y en el segundo, una parcial recomposición de esa dominación. El grado de autonomía de las luchas sociales respecto del Estado es inversamente proporcional a la solidez de la dominación que ese Estado articula. Pero creemos que, más allá de esta distinción entre momentos y de aquellas diferencias entre distintas luchas sociales que ya analizamos, es razonable conjeturar que, en este nuevo modo de desenvolvimiento de la lucha de clases, un mayor grado de autonomía respecto del Estado capitalista caracteriza a las luchas sociales. Esta conjetura parece consistente, además, con el análisis de muchas luchas sociales importantes desarrolladas a escala latinoamericana e incluso mundial. A esto nos referíamos cuando conjeturábamos una tendencia hacia la autonomía política.

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LA AUTONOMÍA URBANA EN TERRITORIO ARGENTINO Apuntes en torno a la experiencia de las asambleas barriales, los movimientos piqueteros y las empresas recuperadas1 Hernán Ouviña A los “exploradores urbanos”, cuya insistente búsqueda subterránea de una nueva vida cotidiana les costó la vida

Referirnos a las experiencias de construcción autónoma en territorio argentino implica quizás retrotraernos a siglos atrás. Los movimientos y tradiciones que aspiran a la autodeterminación tienen en nuestro suelo una larga historia. Podríamos remontarnos incluso a los orígenes mismos del Estado y la consiguiente creación de un mercado nacional, aludiendo a las luchas libradas por los diversos pueblos originarios que habitaron tanto la región andina como la Patagonia. Así, las comunidades mapuches, kollas o guaraníes, por nombrar sólo algunas, desplegaron formas precursoras de resistencia y autoafirmación emparentadas con la autonomía.

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Una versión preliminar de este artículo ha sido publicada en Modonesi, Albertani y Rovira (2009). 115


También los primeros contingentes migratorios que, sobre todo desde España e Italia, arribaron a la Argentina a principios del siglo pasado trajeron consigo una frondosa experiencia de autoorganización y lucha anticapitalista. Anarquistas, socialistas libertarios y sindicalistas revolucionarios tendieron a conformar espacios y movimientos animados por el ejercicio de la democracia de base, la crítica práctica al parlamentarismo y la tendencia a la acción directa. Ya más cercanos a nuestra época, habría que mencionar las múltiples experiencias desarrolladas durante los tumultuosos años ’60 y ’70, en donde coordinadoras fabriles antiburocráticas, comisiones vecinales y de villas miserias, comunidades eclesiásticas de base, agrupamientos campesinos y de pequeños productores, estudiantes combativos e incluso organizaciones político-militares, ejercitaron prácticas y crearon instancias que, en muchos casos, anticiparon las formas de resistencia venideras. No casualmente el terrorismo de Estado intentó desmembrar de raíz estas experiencias, a través de la desaparición forzada de personas y la imposición del disciplinamiento social generalizado. Con el retorno de la democracia, serán los organismos de derechos humanos quienes reinventen durante los años ’80 la práctica política en nuestro país. Pero, sin duda, pensar hoy en la autonomía posible nos reenvía al 19 y 20 de diciembre de 2001. Ha transcurrido más de media década desde aquellas multitudinarias jornadas en donde cientos de miles de personas recuperaron el espacio público, decididas a marchar al ritmo de cacerolas exigiendo “¡Que se vayan todos!”. En ese entonces, las sucesivas movilizaciones, tan espontáneas como destituyentes, derribaron a cinco presidentes en menos de tres semanas, en un contexto signado por el surgimiento y la multiplicación de instancias de autoorganización social (de las que las asambleas vecinales, los movimientos piqueteros y las empresas recuperadas fueron y son, quizás, la expresión más radical) en los principales barrios capitalinos, del conurbano bonaerense y, en menor medida, del resto del país. Casi todas las instituciones en que se apoyaba el orden social y político fueron cuestionadas de raíz, resultando “la política” —en tanto esfera separada del hacer social creativo— tajantemente rechazada, con la particularidad de que este movimiento insurreccional prescindió de todo tipo de organizaciones centralizadas para llevar a cabo esta “apuesta sin garantías”. 116


Autogestión, horizontalidad, articulación en red, democracia directa y autonomía (por nombrar sólo unas pocas palabras de las tantas escuchadas) eran mucho más que consignas resonando en las calles. Ámbitos de organización y de toma de decisiones no convencionales crecieron como hongos luego del vendaval neoliberal que azotó el territorio argentino en los años ’90. Nuevas formas de pensar-hacer política se hicieron visibles. No obstante, el derrotero de estas instancias de autodeterminación no tuvo una orientación predefinida. Antes bien, la densidad asociativa que involucró supuso senderos y bifurcaciones múltiples, así como variados tiempos e intensidades, aunque en todos los casos se evidenció una profunda crisis de la heteronomía capitalista (y, en especial, de sus momentos estatal-mercantiles), alcanzando incluso a las formas sindicales y partidarias de organización. No es nuestra intención reseñar aquellos días y noches de finales de 2001 y comienzos de 2002, en las cuales lo extraordinario pareció devenir algo cotidiano. Intentaremos, ante todo, esbozar una breve genealogía y caracterización de algunos de los movimientos sociales y políticos que emergieron, o bien cobraron visibilidad, luego de aquellas calurosas jornadas de insubordinación de masas: movimientos de trabajadores desocupados, asambleas barriales, colectivos artísticos y contraculturales, asociaciones campesinas, medios alternativos de comunicación, estudiantes autoorganizados, feministas autónomas, comunidades indígenas, obreros autogestionando empresas recuperadas y un sin fin más de organizaciones y prácticas con proyección anticapitalista dieron y dan hoy cuenta de la diversidad de las potencias desplegadas, las cuales involucran una enorme recuperación del protagonismo, recobrando la capacidad colectiva y autónoma de deliberación y acción. Estas originales formas de protesta y autoafirmación respondieron en parte a una nueva estructura socio-económica marcada por una paulatina desindustrialización y una estrepitosa pérdida de derechos colectivos, aunque también a la lenta pero sostenida recomposición del tejido social desmembrado a sangre y fuego por la última dictadura militar. Así, si en las décadas pasadas la mayoría de las luchas remitieron al espacio laboral —predominantemente el fabril— como ámbito cohesionador e identitario, en los últimos diez años las modalidades de resistencia social tendieron a exceder la problemática del trabajo, anclándose más en prácticas de tipo territorial, antagónicas 117


con respecto al proceso de globalización capitalista en curso. Al margen de sus particularidades, todas ellas expresan un cierto desencanto en relación a los partidos políticos y, en especial, al Estado, como espacios únicos de canalización y resolución de sus demandas. Asimismo, difieren de las organizaciones tradicionales por lo que Slavoj Zizek (2000) llama “una cierta autolimitación, cuyo reverso es un cierto excedente”. Es decir que, si por un lado son renuentes a entrar en la disputa habitual por el poder, subrayando su resistencia a convertirse en una estructura partidaria rígida que aspire a devenir en futura mayoría gubernamental, por el otro dejan en claro que su meta es mucho más radical, en tanto luchan por una transformación integral del modo de actuar y de pensar. En la mayoría de estos casos mencionados se fueron generando lo que James Scout denominó “espacios sociales apartados de la semántica del poder”, en donde cobraron vida y se expandieron, no sin contradicciones y ambivalencias, relaciones sociales opuestas tanto a la dinámica mercantil como a la jerarquización “estadocéntrica”. Amén de su carácter múltiple, nosotros vamos a aludir sobre todo a movimientos y espacios urbanos (y dentro de ellos a tres en particular) ya que consideramos que los ámbitos de tipo rural suponen una dinámica diferente tanto en un plano espaciotemporal como por la preexistencia (o no) de lazos comunitarios en el territorio simbólico-material habitado. Vale la pena resaltar que las hipótesis y caracterizaciones que plantearemos no son producto de una reflexión personal, sino ante todo la síntesis de una búsqueda colectiva. Nuestras conjeturas alrededor de las prácticas autónomas en el territorio argentino forman parte de un intercambio y socialización de saberes y experiencias en común, compartido con activistas e integrantes de algunos de estos ámbitos. A contrapelo de muchas teorizaciones idelizantes del proceso abierto en Argentina, cuya falta de anclaje concreto en relación a las contradictorias dinámicas de construcción política emergentes tras diciembre de 2001 denotan lo que el compañero Miguel Mazzeo (2005) ha denominado “la producción de reflexión sólo a partir del pensamiento”, nuestra intervención es una invitación al debate colectivo en pos de rescatar a la política como praxis emancipatoria. No es sobre sino desde ellos, con vocación militante, que intentaremos hablar. No obstante, vale la pena reconocer una falencia: en nuestro país la teoría parece “corretear a la práctica”. Haciendo una analo118


gía, podemos expresar que, si durante los años ’80 se vivió en Italia, en palabras de Michael Hardt, una teorización sin movimientos, en Argentina durante los ’90 ocurrió lo contrario: una movilización permanente casi sin autorreflexión. Por eso resulta sumamente acuciante poder avanzar en una discusión sobre una problemática que atraviesa a buena parte de quienes aspiramos a la reinvención de la política. Nos centraremos, entonces, en tres experiencias que, si bien en algunos casos preceden al 19 y 20 de diciembre de 2001, es con esta insurrección popular que irrumpen definitivamente en el escenario público del poder. Este enfoque restringido no responde sólo a la extrema diversidad de las resistencias sino, además, a un interés político inmediato: hacer visible y priorizar aquellas prácticas que más se acercan a (aunque no se mimetizan aún, sino que a lo sumo prefiguran) lo que sería una política autónoma en ámbitos urbanos. Las asambleas barriales, los movimientos piqueteros y las empresas “recuperadas” (o más bien, los obreros autogestionarios) son la evidencia en acto de que Argentina constituye un laboratorio de constante experimentación alrededor de formas potencialmente autonómicas que apuntan a garantizar —no sin ambigüedades— la producción y reproducción de la vida bajo reglas que emanen del propio colectivo que la integra. No haremos foco tanto en las demandas explícitas de estos movimientos, como en sus propias prácticas y en su capacidad de elaborar nuevos sentidos, territorialidades, valores, vínculos y saberes. Pero previamente vale la pena aventurar ciertas hipótesis con respecto a ellos.

Algunas hipótesis en torno a la autonomía emergente La primera es no concebirlos como una ruptura total con el pasado y las “viejas” tradiciones políticas. Si bien es cierto que, como expresa Gilles Deleuze, “resistir es crear”, esta creación no surge como una construcción ex novo, sino como una amalgama entre constelaciones de lucha resignificadas e innovaciones que rompen con todo lo anquilosado de las experiencias pasadas. En efecto, si bien constituyen un quiebre con todas aquellas prácticas y formas de pensar instrumentales, jerárquicas y sustitucionistas propias de la izquierda ortodoxa y del movimiento obrero burocratizado, recuperan sin embargo algunos elementos y cuestiones que aún hoy se nos presentan como válidos y vigentes. Por eso se119


ría más correcto leerlas como una mixtura desbordada por prácticas creativas, que combina al mismo tiempo continuidad y ruptura, pasado y presente, con respecto a las formas tradicionales de pensar y hacer política. Basta remitirnos al nombre mismo que le ha otorgado identidad a los trabajadores desocupados que cortan rutas nacionales en Argentina: piqueteros. El término se remonta, cuanto menos, a la segunda mitad de siglo XIX y alude, por si hiciera falta mencionarlo, a la clásica práctica desarrollada por los obreros en huelga frente a las puertas de la fábrica. También merece recuperarse la experiencia que portan ex militantes, muchos de los cuales integraron organizaciones revolucionarias en décadas pasadas. Ese acervo debe valorarse profundamente. Lo contrario (hacer tábula rasa) sería reivindicar un recomenzar de cero a lo Sísifo. Una segunda cuestión es desprendernos de la arraigada concepción “espectacular” de la praxis emancipatoria, reificada incluso por varias corrientes supuestamente autónomas. Nuestra cultura política parece encontrarse aún permeada en grado sumo por una lógica que tiende a privilegiar la dimensión espasmódica y de confrontación abierta de la lucha de clases, olvidando que esta situación resulta por lo general excepcional. Reconocemos que sin duda resulta difícil sustraerse a la fascinación que provocan combates frontales como los vividos el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina —más aún para quienes participamos activamente en esas jornadas—. Sin embargo, consideramos que deberíamos hacer foco en la infrapolítica cotidiana que aspira a la autonomía, más que en estos episodios mediatizados. Aquella que, de forma subterránea e intersticial, permitió que fueran posibles no sólo resonantes rebeliones populares, sino también —y sobre todo— profundas metamorfosis de la subjetividad de masas en los últimos años en nuestro país. Esta dimensión subterránea de la política ha sido por lo general descuidada por buena parte de los investigadores académicos, pero también por algunos referentes de los movimientos sociales, que tendieron a restringir las nuevas radicalidades políticas emergentes en nuestro continente a las manifestaciones callejeras o a las rebeliones abiertas —tales como las del 19 y 20—, desmereciendo los actos y experimentaciones cotidianos realizados de manera colectiva “fuera de escena”. Partimos del supuesto de que este tipo de insurrecciones o formas de resistencia explícitas no pueden entenderse sin tener en cuenta, en paralelo, los ámbitos de socialización en los cuales dicha disidencia se alimenta y adquiere sentido. 120


En tercer término, y ligado a lo anterior, creemos que la edificación de organismos e instancias que apuestan a la autonomía tiene como precondición la creación y experimentación de nuevas relaciones sociales no escindidas de lo cotidiano.2 Los proyectos productivos de trabajo realizados por los piqueteros, las empresas “recuperadas” de carácter autogestionario y los emprendimientos asamblearios constituyen instancias donde lo político y lo económico, lejos de verse como compartimentos separados, se amalgaman concretamente. Los tres movimientos plasman así de manera embrionaria, en sus prácticas territoriales mismas, los gérmenes de la sociedad futura por la cual luchan, en la medida en que ensayan “aquí y ahora” una transformación integral de la vida.3 No sin obstáculos y ambivalencias, intentan generar desde su cotidianeidad una nueva sociabilidad insumisa y no capitalista, desligada de la lógica espectacular. Se amplía, pues, la esfera de lo político, arraigando ésta cada vez más en el seno mismo de la sociedad civil y menos en el aparato estatal. En cuarto lugar, es importante también no olvidar que el Estado es al mismo tiempo maquinaria antagonista con respecto al poder popular, lugar-momento de disputa y cristalización de la lucha de clases, e instancia mediadora de las potencias expansivas de nuestra construcción autónoma. La sobredeterminación de cada una de estas dimensiones dependerá de diferentes factores, entre los que se destaca el grado o nivel de la correlación de fuerzas en que se encuentren los sectores subalternos. Esta tensión, inherente a la lucha misma dentro, contra y más allá de la sociedad capitalista (de la cual la forma-estado, a no olvidarlo, es parte constitutiva), es sintetizada por Claudio Albertani (2003) en

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Éste es uno de los ejes más contrastantes entre los movimientos latinoamericanos y los variados grupos y colectivos que conforman el movimiento “anter-globalizador”, quienes (salvo excepciones, muy notables por cierto) tienden a subsumir sus prácticas a los espasmódicos momentos en cuales los principales funcionarios de los organismos financieros internacionales se reúnen en ciudades europeas, dando prioridad al carácter mediático y virtual de la protesta por sobre la territorialización y expansión de nuevos vínculos sociales. Durante este contradictorio tránsito, las instituciones, espacios y prácticas en la que se encarne el proyecto autónomo deben contener mecanismos que, desde el inicio mismo y en forma progresiva, obturen la burocratización y la división del trabajo. Si bien no con la misma intensidad y generalización, en los tres casos mencionados hay sobrados ejemplos de este tipo de iniciativas. 121


los siguientes términos: “los estados-nación siguen ahí; son nuestros enemigos y también son nuestros interlocutores. No podemos bajar la guardia: tenemos que presionarlos, hostigarlos, acosarlos. En ocasiones habremos de negociar y lo haremos con autonomía”. La autonomía, por lo tanto, requiere la no subordinación de los sujetos en lucha a los tiempos e iniciativas del Estado; pero esto no debe equivaler a la absoluta ausencia de vinculación con respecto a él. En quinto lugar, consideramos que no puede hablarse de “LA AUTONOMÍA” (con mayúscula y a secas) como punto de partida, sino más bien de variadas y contradictorias experiencias de construcción política, basadas en la experimentación constante y renovada, cuyo horizonte —o faro utópico, para utilizar la feliz expresión de Ernst Bloch— es la autonomía integral. Esto implica hablar de ella como una “tendencia” que asume además múltiples formas. No es posible, pues, pensar la autonomía como un nuevo dogma, aplicable en tiempo y lugar haciendo abstracción de la situación concreta vivida. Afirmar que la búsqueda de la autonomía se centra en el ejercicio de la libertad no es decir mucho. La pregunta acerca de cómo se encarna esta escueta definición en instancias y prácticas determinadas, no puede responderse a priori y de manera unívoca. Diremos más bien que debe entenderse como un proceso social abierto, complejo y multifacético, más que en términos de un evento político predefinido. Desde esta perspectiva, la autonomía es en buena medida antidefinicional. En tanto diversidad, avanza a tientas, en la neblina del ensayo y error, sobre el filo de una navaja y sin receta alguna. Como sexta hipótesis, podemos afirmar que en los tres casos mencionados estamos en presencia de un heterogéneo movimiento de movimientos que, al margen de sus notables particularidades, avanzó en estos años en la conformación de “espacios públicos no estatales”, entendiendo bajo esta denominación a un tipo de instancias que involucran formas de intervención colectiva y de participación voluntaria de obreros, vecinos y trabajadores desocupados, bajo lógicas que se distinguen de las que tradicionalmente guiaron a los órganos de gestión pública, por no estar acotadas al ámbito estatal ni al mercantil. En este sentido, estas modalidades de participación inauguran novedosos escenarios de vivencia democrática y autogestionaria, permitiendo retirar del Estado y de los agentes privilegiados del sistema capitalista el monopolio exclusivo de la definición de la agenda social. Los “espacios públicos 122


no estatales” se construirían, por lo tanto, en esa especie de zona gris entre el mercado y el Estado, pero no como ámbitos complementarios con respecto a estas dos esferas, sino en tanto potencial impugnación de la existencia de estas mediaciones que apuntan a organizar la vida misma en función del proceso de acumulación capitalista. La noción nos obliga entonces a repensar y revisar el concepto de política. En este punto, consideramos que es preciso trascender las categorías tradicionales que identificaban política con Estado. De ahí que, como complemento, resulte pertinente resaltar el indudable carácter plural de los sujetos que apuestan a la creación de estos espacios. Ello requiere revisar el erróneo axioma suprahistórico del proletariado (fabril, en sus definiciones exacerbadas) como actor privilegiado y jerárquico en la proyección de una alteridad no capitalista. Las encarnaduras y premisas de una construcción autónoma en nuestro país están siendo moldeadas por un variopinto abanico de movimientos y actores de la sociedad civil que operan de hecho como “catalizadores” de su masificación y arraigo territorial, no tanto “concientizando” como generando complicidades en función de prácticas de afinidad. El desafío es cómo pensar la irradiación y el convite de estas “vanguardias” (en plural y con minúscula, por si cabe aclararlo) bajo una lógica no vanguardista, de manera tal de ayudar a parir renovados espacios de coordinación transversal de las luchas, que dejen atrás los hegemonismos y la tendencia a la homogeneización propios de la cultura política de la izquierda clásica. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, en los siguientes apartados caracterizaremos brevemente a estas formas de construcción tendientes a la autonomización, resaltando en los tres casos una experiencia emblemática, para luego mencionar ciertos rasgos que atraviesan transversalmente a estos movimientos y que —creemos— permiten delimitar algunas de las principales potencias desplegadas al calor de estos procesos de autoafirmación, así como ciertos obstáculos y contradicciones que han limitado su expansión. En el análisis, intentaremos ir más allá de los piquetes, la toma de fábricas y las reuniones deliberativas y asamblearias en plazas y esquinas, adentrándonos en la cotidianeidad que los constituye como tales.

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Tres experiencias urbanas desde el abismo Las empresas recuperadas Si bien hay algunas experiencias embrionarias de “recuperación”4 de empresas durante la década del ’90, la mayor parte de ellas fueron “tomadas” entre 2001 y 2002, y al poco tiempo puestas a producir de modo autogestionario, como una respuesta frente a situaciones de quiebra o vaciamiento por parte de sus dueños legales. Ante la huida del capital y su financiarización, los trabajadores reterritorializaron las relaciones productivas (entendidas en un sentido amplio) sobre nuevas bases. “Ocupar, resistir y producir” fue la consigna levantada por ellos, no en términos de un derrotero lineal y teleológico, sino entendido como el devenir contradictorio que ha debido transitar buena parte de las empresas en pie de lucha. Hoy en día existen casi 200 en esta situación, que aglutinan a más de 10 mil trabajadores “sin patrón”. Salvo unas pocas excepciones, en su totalidad son pequeñas y medianas y más de la mitad de ellas está en la provincia de Buenos Ares. El 95% de las empresas se convirtieron en cooperativas por decisión de una asamblea de los propios trabajadores y más del 70% reparte los ingresos de manera totalmente igualitaria. Un dato que vale la pena destacar es que, en las empresas en donde hubo mayor conflictividad, la capacidad de producción utilizada asciende al 70%, mientras que en las que la dinámica de lucha y resistencia fue menor, promedia el 35%. Es decir, en aquellas donde el antagonismo fue más agudo, se tendieron a generar vínculos más fuertes y, a la vez, menos jerárquicos entre productores (Fajn 2003; Zibechi 2006). De esta forma, mientras los patrones abandonaron sus espacios tradicionales subsumidos en la hegemonía del capital financiero, las obreras y los obreros tejieron y fortalecieron redes de reproducción social alternativas al mando del capital. Como han señalado numerosos analistas, a la deserción empresarial los trabajadores han respondido con la ocupación en un doble senti4

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Consideramos que el término remite no solamente al espacio “físico” de la empresa, sino también a la “recuperación de la dignidad” que conlleva el proceso de autogestión del cual aquélla es solo una parte, si bien sustancial. Ante la pregunta de una periodista acerca del producto que generaban en una de las tantas fábricas bajo control obrero, uno de sus integrantes respondió que “producían vida”.


do: toma del espacio físico de la empresa y recuperación de la capacidad autogestiva en el proceso de trabajo. Varias de esas ocupaciones han construido, además, instancias educativas y culturales en sus respectivos predios. Así, donde antes sólo primaban relaciones alienantes y de explotación, hoy se fortalecen bachilleratos para jóvenes y adultos, bibliotecas populares y centros culturales. Dentro de esta variedad de experiencias, podemos destacar el caso de la fábrica Zanón, ubicada en la sureña provincia de Neuquén. Ocupada en octubre de 2001, ya en marzo de 2002 sus trabajadores pusieron a funcionar las máquinas, comenzando un proceso de creciente aprendizaje y autogestión, pese a las enormes dificultades que se les presentaban. Zanón logró concitar como ninguna otra empresa la solidaridad de buena parte de la población. Hoy tiene más de 400 integrantes (empezaron siendo 250) y ha incorporado incluso a trabajadores desocupados de varias organizaciones piqueteras de Neuquén. Todas las decisiones relevantes son refrendadas a través de asambleas. Han creado una línea de cerámicos con diseños mapuches y aumentaron la producción de 30 mil a 350 mil metros cuadrados de cerámicos por mes, llegando al 60 por ciento de la capacidad instalada (ANRED 2006). Es la empresa de cerámicos más importante de Argentina y la única en toda Latinoamérica que —con tres pulidoras— logra elaborar desde la materia prima hasta el producto terminado. En los últimos años, además, sus trabajadores pasaron de un sueldo de 800 pesos a un salario promedio de 1.800. Desde el comienzo del conflicto han tenido una política constante de solidaridad hacia los sectores más golpeados por las políticas neoliberales, donando en reiteradas ocasiones cerámicos y dinero para fondos de huelga, construyendo en paralelo viviendas y centros de salud. Como nota de color, vale la pena mencionar que el año pasado la historia volvió a darles la razón a los obreros de Zanón: el juez Rafael Barreiro extendió la prórroga que venían exigiendo los ceramistas para continuar la autogestión de la planta de cerámicos del parque industrial neuquino a nombre de la Cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrón) hasta 2009.

Los movimientos piqueteros Surgida entre 1996 y 1997, la modalidad del piquete creció en volumen y fuerza para generalizarse a finales de la década del ’90 a buena parte del territorio argentino, siguiendo una dinámica de ac125


ción que transita de la periferia al centro del país.5 Resignificando las caracterizaciones primigenias del obrerismo italiano, podemos decir que el piquete es acción antagonista desplegada contra la expoliación por parte de la “fábrica social”. En la medida en que la sociedad misma deviene una instancia de confrontación donde la producción y la reproducción tienden a confundirse, la potencialidad de la praxis piquetera está dada por bloquear la circulación.6 El piquete no es entonces una práctica efectuada por el “ejército industrial de reserva” sino, ante todo, una modalidad contemporánea de la lucha en un capitalismo posmoderno que cada vez indistingue más entre producción y circulación y en donde el capital se desterritorializa y asume una creciente movilidad (Colectivo Situaciones y MTD de Solano 2002). Cabe destacar que, en los piquetes, las asambleas son no sólo órganos de decisión política, sino auténticos dispositivos de regulación de la vida tomando como parámetro la solidaridad y el compañerismo. De esta manera, tal como expresa Pablo Perazzi (2002), poco a poco el piquete “deja de representar únicamente una medida de acción directa —y por lo tanto de duración limitada—, expresando cada vez más un modo de organización relativamente estable que suele exceder la inmediatez del reclamo puntual”, buscando tornar visibles idearios político-sociales a través del traslado de la oscura realidad barrial a una geografía pública. Por ello, si los primeros piquetes se produjeron a cientos de kilómetros de los principales centros urbanos, a medida que crecía la capacidad de movilización y la envergadura de las diferentes organizaciones de trabajadores desocupados, los cortes asumían una dinámica de acción centrípeta. Es así como, en noviembre de 2000, se realizó en distintos puntos del conurbano bonaerense un

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Debido a la multiplicidad de experiencias, a lo largo del artículo optamos por centrarnos en aquellos movimientos de trabajadores desocupados que, desde una construcción territorial cotidiana de nuevas relaciones sociales, no dependen de ningún partido político ni central sindical. Nos referimos a los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD’s), al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y a la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD). Si bien no podemos ampliarla en el presente texto, coincidimos con la hipótesis formulada por Friedrich Jameson (1998) de que en la fase de subsunción real del capital se vive “un tránsito de la producción a la circulación”. En este contexto, el piquete (no reductible a un mero “corte de ruta”) adquiere una creciente centralidad en la dinámica antagonista de la lucha de clases.


piquete coordinado en escala. De ahí en más, la cantidad de prácticas de este tipo fueron en aumento, a tal punto que durante los primeros seis meses de 2002 llegaron a realizarse más de 1.600 piquetes a nivel nacional. Sin embargo, sería incorrecto reducir estos movimientos a la interrupción o bloqueo del tránsito. De hecho, buena parte de las acciones que los constituyen como tales se encuentran por fuera del piquete: en los barrios y espacios autogestionados por ellos mismos. En efecto, al igual que otras nuevas radicalidades políticas de la región (tales como los zapatistas y los sin tierra), en dichos ámbitos intentan componer instancias de subsistencia autónomas con respecto al mercado y al Estado. A ello apuntan los múltiples “emprendimientos productivos”: fábricas de grasa, herrerías, panaderías, bloqueras (producción de ladrillos), cuadrillas de construcción, elaboración de artículos de limpieza, salas de salud, roperos y farmacias comunitarios, bachilleratos para jóvenes y adultos, merenderos, huertas orgánicas, comedores populares y demás prácticas cooperantes. Hay que tener en cuenta que las organizaciones piqueteras tienen varias dimensiones. La más visible es la que remite a su denominación. A nosotros nos interesa remarcar el trabajo comunitario que efectúan “tras bambalinas”, porque consideramos que es lo que nos permite hablar de una tendencia a la autonomización. Esta práctica cotidiana ha tenido, no casualmente, muy poco eco en la prensa. En todos los casos, han alentado una variada microeconomía artesanal que apunta a la subsistencia colectiva y al autoconsumo. Algunos movimientos han llegado, incluso, a realizar emprendimientos de mayor envergadura (como fábricas textiles y talleres metalúrgicos) y también cooperativas de autoconstrucción de viviendas. En este sentido, al igual que los trabajadores de las empresas “recuperadas”, los piqueteros realizan una importante tarea de recomposición de los lazos sociales, erosionando las bases simbólico-materiales del mundo clientelar peronista. Efectivamente, hay una segunda dimensión, que es la de la acción colectiva, visibilizada en las rutas y calles. Pero lo que la gente por lo general ignora es que este tipo de acciones directas suele ser el último recurso que utilizan las organizaciones una vez agotadas las instancias de exigencia hacia el Estado La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (Salta), no sin contradicciones, es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia a la autonomía. Surgida en 1997 en los prime127


ros piquetes en la ruta nacional 34, ha llegado a imponer un “convenio piquetero”, respetado por las empresas multinacionales de la región, que mejora las condiciones laborales de los trabajadores del Departamento Gral. San Martín, por encima, no sólo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), sino inclusive del otrora poderoso sindicato de los petroleros. Una particularidad de este movimiento es que no cuenta con comedores populares ni aceptan los clásicos bolsones de comida otorgados por el Estado. Entre sus demandas prioritarias se encuentran la recuperación de los “recursos naturales”, el resguardo del medio ambiente y la creación de “trabajo genuino”. En los últimos años, incluso, han resignificado la práctica del piquete bajo la modalidad del bloqueo de acceso a las empresas multinacionales que explotan los recursos de la región. Día a día realizan un fuerte trabajo comunitario volcado hacia los habitantes más desfavorecidos de Gral. Mosconi, haciéndose cargo en muchos aspectos de las funciones que el municipio desempeñaba y hoy tiene abandonadas. Así es como han logrado construir salas de primeros auxilios y salones de usos múltiples en los barrios más marginados, refaccionado y ampliado el hospital de la ciudad, agregado juegos infantiles a las plazas, y continúan desmalezando calles y caminos. Por ello no es de extrañar que buena parte de los desocupados defina a la UTD como un “municipio paralelo”.7 Una fábrica de ropa, un centro de reciclado ecológico de plástico, viveros, decenas de huertas y ladrilleras, 20 cooperativas de vivienda que ya han construido 160 casas en forma autogestionaria, un proyecto de recuperación de la madera muerta, dos escuelas rurales en parajes indígenas y una flamante Universidad Popular son los proyectos más destacados, aunque no los únicos. Como contrapartida de esta inédita experiencia, la población ha sufrido sucesivas represiones, que han dejado como saldo cinco muertos, doscientos heridos de bala de plomo y cientos de activistas procesados.

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Tanto es así que, en junio de 2001, durante un prolongado conflicto que incluyó semanas enteras de corte total de la ruta nacional 34 y una constante movilización popular, el entonces ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero llegó a expresar públicamente que “en Gral. Mosconi no hay Estado”.


Las asambleas barriales Surgidas tras las jornadas insurreccionales del 19 y 20 de diciembre de 2001 en respuesta a la necesidad de sostener en el tiempo una forma de lucha que encontraba en los “cacerolazos” su principal referente, las asambleas barriales expresan como ningún otro movimiento el ejercicio de una democracia in-mediata que no reconoce liderazgos ni escisión entre dirigentes y dirigidos. Según relatan los vecinos participantes del “argentinazo”, ya en esos días se comenzaron a reunir en plazas y esquinas cientos de hombres y mujeres que, en función de la cercanía territorial, confluyeron en puntos neurálgicos de cada uno de los barrios capitalinos.8 La apelación al carácter de “autoconvocados” era permanente entre los asambleístas, pudiéndose generar —a través de una política de experimentación continua— una radical horizontalidad casi sin precedentes en las últimas décadas.9 Durante este aprendizaje transversal y desjerarquizador, se ha debatido de todo: desde lo más insignificante y capilar, hasta las formas disímiles que deberían asumir las nuevas comunidades mundiales por fundar. Una frase repetida de manera insistente por una integrante de la asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, sintetiza esta hipótesis: “Entre todos hacemos todo. Acá no hay encargado”.

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No hay coincidencia total sobre el momento en el cual se gestó la primera asamblea vecinal: mientras algunos la ubican en el barrio porteño de Floresta a finales del mes de diciembre de 2001, otros postulan como instante fundacional el propio miércoles 19 a la noche en la intersección de las Avenidas San Martín y J. B. Justo, en el barrio de Paternal. Sin embargo, de acuerdo con varios compañeros asambleístas, muchas datan —si bien todavía sin nombre ni consistencia plena— desde días antes del estallido popular, como las reuniones llevadas a cabo por los vecinos del barrio de Liniers o los autoconvocados de San Cristóbal. Pero más allá de la discusión que este contrapunto generó, lo cierto es que podemos afirmar que la inmensa mayoría de las asambleas surgieron con posterioridad al 19 y 20, más específicamente entre finales de diciembre y todo el mes de enero de 2002, al menos en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya a partir de febrero y marzo comienzan a funcionar de manera plena las diferentes comisiones que dinamizaron el debate surgido en las propias asambleas. Para un desarrollo de este punto, véase Ouviña (2008). Esta dinámica ha sido admitida incluso por el conservador diario La Nación, el cual, desde su Editorial del 14 de febrero de 2002, llegó a alertar sobre el peligro de que las asambleas pudieran “acercarse al sombrío modelo de decisión de los soviet”. 129


Si bien en un comienzo funcionaban a través de plenarios de deliberación en donde el voto operaba como mecanismo resolutorio, casi la totalidad de ellas ya no asume esa modalidad para la toma de decisiones, sino que llega a un acuerdo basándose en el consenso. Esto no anula la diversidad ontológica que cada espacio asambleario cobija, sino que evidencia una notable madurez social ligada a una nueva forma de construcción política basada en la confianza, el respeto y la escucha de esa pluralidad habitada por el hacer-pensar. Se ha pasado, en palabras de un vecino de la asamblea Gastón Riva de Flores, “de la declamación a la pregunta”. De manera similar a los piqueteros y las empresas “recuperadas”, la lucha de las asambleas por la defensa y expansión de “espacios públicos no estatales” se fue convirtiendo en motor activador de la dinámica vecinal. Esto ha estado vinculado a la gestación de una nueva subjetividad, constituyente de relaciones que reestablecen un sentido comunitario y desprivatizador en la propia vida cotidiana en ese territorio en disputa que es el barrio. En este sentido, se han logrado generar proyectos materiales que intentan afianzar la autonomía del colectivo barrial con respecto a la lógica capitalista, potenciando la capacidad humana del hacer. El mejor ejemplo de ello han sido las comisiones de trabajo y economía solidaria que, en conjunto, apuestan a desoír —no sin dificultades y tentaciones— las “loas” mercantiles y estatalistas que pugnan por desarticular o domesticar los embriones de autogestión asamblearia, plasmados en emprendimientos de producción, comunicación, distribución y consumo de diferente envergadura. Una cuestión que merece la pena resaltarse es que numerosos vecinos que quizás no participan más, físicamente, de la asamblea de su barrio, mantienen todavía una vinculación permanente con ella a través de variadas redes de intercambio y apoyo que exceden en demasía a la propia reunión semanal. A tal punto esto es así que en varias ocasiones, ocurre que el arraigo territorial de la asamblea es inversamente proporcional a la cantidad de miembros que la componen. De ser cientos de vecinos vociferando de manera caótica, hoy han quedado —luego de sucesivos tamices— comprometidos activistas y espacios autogestivos que pueden ser vistos como sedimentos del 19 y 20 de diciembre de 2001, materializados en prácticas cooperantes, periódicos alternativos, bibliotecas y ollas populares, comisiones de trabajadores desocupados, talleres de serigrafía, de salud reproductiva y de autoempleo, merenderos, bachi130


lleratos para jóvenes y adultos, grupos de arte callejero y un conjunto más de actividades colectivas, allí donde antes existían bancos quebrados, predios abandonados, terrenos baldíos, ámbitos privatizados o lazos de solidaridad rotos. Una de las experiencias más emblemáticas es sin duda la de la asamblea “20 de diciembre” de Parque Avellaneda (también conocida como “La Alameda”), que funciona en un predio “recuperado” desde hace cinco años por vecinos del barrio del Floresta, ubicado en Lacarra y Directorio. Allí, además de un Centro Cultural, un merendero y un comedor comunitario donde se alimentan 200 personas del barrio, funciona una cooperativa de trabajadores textiles desde donde se denunció, durante 2005 y 2006, la actividad de talleres clandestinos y el trabajo en condiciones de esclavitud de inmigrantes ilegales (Videla 2006).10 La cooperativa “20 de diciembre” agrupa a seis emprendimientos productivos: taller de corte, diseño y costura, parrilla, panadería, centro de copiado y servicios para la construcción. Meses atrás, luego de sucesivas movilizaciones de vecinos y organizaciones sociales, la propia Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el predio ubicado en la emblemática esquina, autorizando su ocupación temporaria durante los próximos dos años, lo cual es un indicador del trabajo territorial construido en el barrio, solventado en la defensa de los trabajadores migrantes.

El despliegue de potencias transversales Ahora bien: ¿qué virtudes y potencias desplegadas son comunes a los procesos descriptos? Mencionaremos algunas de las que consideramos pueden aportar a una construcción autónoma transversal. Apelación a la acción directa. La acción directa —expresada en escraches, cortes de rutas, puentes y calles, bloqueos de accesos a empresas e instituciones estatales, ocupaciones de predios, quema de comisarías y procesos de deliberación pública— se ha instalado como una de las formas más efectivas y contundentes que in-

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Vale la pena señalar que luego uno de esos talleres se incendió, en el barrio de Caballito, con un saldo de seis muertos, algunos de ellos niños. 131


vocan estos movimientos y organizaciones para visibilizar sus conflictos e interpelar a los centros de poder. En casi todos los casos, esta práctica implica una ausencia de las mediaciones tradicionales, en particular aquellas vinculadas con el Estado y los partidos políticos.11 No obstante, es importante entender que estos procesos no deben asimilarse con un espontaneísmo puro o total. Si bien los piquetes, las empresas recuperadas y las asambleas surgieron de esta forma, fueron generando instancias de planeación, programación y coordinación de sus prácticas en común, aunque aún son sumamente escasos los ámbitos de enlace de tipo transversal que excedan la lógica identitaria original de cada uno de estos movimientos. Crítica del vanguardismo. Si los partidos políticos y demás organizaciones “revolucionarias” del pasado siglo se caracterizaron por una constante autoproclamación de vanguardia, pretendiendo dirigir o hegemonizar las diferentes luchas, la mayoría de estas experiencias se alejan de esta concepción. De ahí que, siguiendo a Ezequiel Adamovsky (2003) podamos decir que, al igual que las células, cada uno de estos espacios y proyectos en curso crecen por multiplicación, “no tanto aumentando el número de personas y la cantidad de recursos de un grupo, sino impulsando la creación de nuevos nodos”. Esto se evidencia en la actitud de vecinos, piqueteros u obreros autogestivos: en cada caso, lejos de buscar acumular poder a través de la suma de adherentes y militantes (precepto básico de cualquier partido político), apuestan a que germinen experiencias similares, llegando a aportar recursos y compañeros para que puedan fructificar.12 En muchos casos, este antivanguardismo expresa asimismo una concepción anticorporativa de la lucha que se libra. La resonancia de la consigna zapatista “para todos todo, para nosotros nada” es clara en organizaciones co-

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Al respecto, es sintomático el eslogan utilizado durante 2002 y 2003, bajo el contexto de mayor efervescencia de estas dinámicas destituyentes, por parte de los Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “¡Que se vengan todos… los vecinos!”. Así, numerosas empresas “recuperadas” comenzaron a funcionar a partir del aporte solidario realizado por algunas fábricas bajo control obrero. Lo mismo puede decirse de los MTD’s y las asambleas barriales que se expandieron durante 2002 y 2003 en el conurbano bonaerense. Una consigna enunciada por aquellos años ante las amenazas de posibles desalojos condensa este espíritu fraterno: “¡Si tocan a una, nos tocan a todos!”.


mo la UTD de Gral. Mosconi, cuyo principal referente suele expresar: “primero el pueblo y después nosotros”. Dinámica asamblearia y prefigurativa. Los medios de construcción de estos movimientos no son “instrumentalizados” en función de un fin futuro, por benéfico que éste sea. Antes bien, sus objetivos tienden a estar contenidos en los propios medios que despliegan en su devenir cotidiano, de manera tal que la distancia entre ambos vaya acortándose. Es por ello que podemos expresar que la horizontalidad no es un horizonte lejano al cual se accedería sólo tras el “triunfo revolucionario”, sino una práctica concreta y actual que estructura la acción de los integrantes de cada colectivo en resistencia.13 Es en este sentido que la dinámica asamblearia presente en las experiencias reseñadas prefigura en pequeña escala la sociedad futura, materializando embriones de relaciones sociales superadoras de la barbarie capitalista. En efecto, si bien no en todos los casos ni con la misma intensidad, se evidencia una tendencia a generar espacios de discusión y toma de decisiones más democráticos, potenciando así la autodeterminación individual y colectiva. Estas instancias asamblearias operan como mecanismos fundamentales para circular y transparentar la información, y como ámbitos privilegiados para el proceso de deliberación colectiva. Asimismo, la proliferación de espacios que se definen como “autoconvocados”, ajenos a los partidos políticos, da cuenta del carácter expansivo de esta dinámica. Como supo sintetizar un desocupado del MTD de Lanús: “una de las cosas que más nos cautivó fue la forma organizativa, que la cosa se manejara en asambleas, que nadie tuviera el cargo comprado, que todos fueran removibles” (MTD-CTD Aníbal Verón 2000). No obstante, vale la pena advertir que la horizontalidad no debe concebirse como una “técnica o metodología a aplicar”, sino que opera como un principio político 13

Consideramos que la mayor parte de los actores de estas experiencias, en el transcurso mismo de la lucha, fueron percatándose de que la horizontalidad, si bien imprescindible para la construcción permanente de nuevos vínculos, no puede, bajo ningún concepto, devenir en “fetiche”, remedio de todos los males. De ahí que la modalidad implementada en casi todos los casos haya sido combinar métodos de participación directa y discusión colectiva con la designación rotativa de delegados que permitan llevar a cabo las actividades consensuadas. Esta forma de construcción —en tanto contradicción en movimiento— no ha estado exenta de la posible generación de liderazgos ni de la escisión entre dirigentes y dirigidos. 133


que es tanto punto de partida como búsqueda constante. A eso se refiere el MTD de Guernica cuando suele afirmar que “es un desafío en el día a día, más que una realidad ya hecha”. Creación de una nueva institucionalidad social. A contrapelo de algunas lecturas antojadizas que pretenden negar lisa y llanamente cualquier organicidad, por mínima que sea, denunciándola como una burocratización enajenante de las potencias desplegadas, tanto los movimientos piqueteros como las asambleas barriales y las empresas recuperadas han generado instancias sólidas que permiten sostener en el tiempo y fortalecer los diversos proyectos y espacios de lucha, a la vez que anticipan en el presente los gérmenes de la sociedad futura. Al margen de sus particularidades y asimetrías, constituyen en todos los casos una nueva manera de organizarse más allá del Estado y el mercado, si bien en tensión permanente con ambos. A distancia, fundan y sostienen una nueva institucionalidad social, aunque tendiente a la generación de un “espacio público” que no es equiparable al estatal. Si entendemos a las autonomías (con minúscula y en plural) como los procesos a través del cuales nos oponemos a las normas y las instituciones de los otros, sean éstos el Estado, los patrones o el sentido común burgués, estos movimientos sociales pueden pensarse bajo la fisonomía de un solidificado archipiélago de prácticas y valores alternativos a la red de opresión que solventa al capitalismo. Anclaje territorial y (re)construcción de lazos comunitarios. Podemos definir a la territorialización como aquel proceso que tiende a la autoafirmación de diferentes actores sociales y políticos en un espacio no sólo físico sino además simbólico y cultural.14 Coincidimos con Raúl Zibechi (2005) en que, frente al proceso de licuefacción del capital caracterizado por el pasaje de un régimen de acumulación fabril fordista hacia uno centrado en la especulación financiera, los nuevos movimientos sociales se constituyen en territorios propios que, aunque con un desarrollo desigual, involucran una “nueva espacialidad” diferente de la hegemónica, con po-

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De acuerdo con Bernardo Fernandes Mancano (2003), la apropiación del espacio geográfico como territorio multidimensional sigue un proceso histórico cíclico de territorialización-desterritorialización-reterritorialización, signado por cambios permanentes tanto de la producción material como de la ideológica o simbólica.


sibilidades de duración en el tiempo. El proceso de quiebre y reestructuración propio del entramado capitalista no sólo tuvo una imbricación económica, sino también profundamente social y política. En el primer caso, supuso el desmembramiento de una matriz de lazos comunitarios desarrollada en torno a la dimensión “bienestarista” del Estado populista. Maristella Svampa y Sebastián Pereyra (2003) sintetizan este fenómeno afirmando que “el movimiento piquetero nace allí donde la desarticulación de los marcos sociales y laborales se realiza de manera brusca y vertiginosa, allí donde la experiencia de la descolectivización adquiere un carácter masivo, allí donde el desarraigo tanto como la desocupación reúnen en un solo haz un conglomerado heterogéneo de categorías sociales”. En el segundo implicó, por un lado, una profunda modificación de los límites entre lo público y lo privado, motorizada por el proceso de privatizaciones de los servicios públicos (por ejemplo, en el caso específico de Gral. Mosconi y Cutral-Co, de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y de descentralización de determinadas funciones estatales y, por otro, una profunda “crisis de representación” que involucró tanto a los partidos políticos tradicionales como a las organizaciones sindicales. La reconstrucción de lazos comunitarios antes mencionada puede entenderse como la base principal a partir de la cual se configuran territorialmente —sobre nuevos parámetros— relaciones productivas, imaginarios sociales y vínculos colectivos que pueden leerse como formas autonómicas anticipatorias de una nueva sociedad poscapitalista. Recuperación del espacio público. Cada uno de estos movimientos y organizaciones tiende a producir o bien consolidar espacios que ya no son estrictamente ni estatales ni privados, sino más bien social-comunitarios. En tanto instancias de “desprivatización” de lo social, permiten recuperar la idea de lo público como algo que excede a (y hasta se contrapone con) lo estatal.15 El hecho de que la mayoría de estas experiencias funcione en ámbitos abiertos, en muchos casos reapropiándose de terrenos anteriormente sumidos en una lógica privada, no hace más que reafirmar esta hipótesis.

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Este eje resulta de particular importancia en la discusión actual sobre qué hacer con las empresas privatizadas. Si bien la mayoría de las organizaciones populares propone su re-estatización, cabe pensar en formas alternativas de control social directo sobre la base de la expansión de instancias democráticas de gestión colectiva. 135


La recuperación activa de lo “público”, tan imprescindible para la superación de la dinámica mercantil propia de la sociedad capitalista, es practicada a diario en estos ámbitos de experimentación.16 Así, en el caso de asambleas barriales, reformulando el planteo del movimiento feminista, podría decirse que “lo vecinal es político”, por lo que aquello que tanto desde el Estado como desde el mercado es considerado un problema individual, emerge como una cuestión colectiva, a resolver públicamente en el ámbito de la comunidad.17 Transformación de la subjetividad. Partimos de caracterizar a la subjetividad, siguiendo a Ana María Fernández (2006), no como un fenómeno meramente discursivo o mental, sino en tanto proceso de producción que engloba “las acciones y las prácticas, los cuerpos y sus intensidades”. En este sentido, la densidad de las experiencias vivenciales de asambleístas, piqueteros y obreros autogestionarios han ido conformando una sociabilidad en buena medida irreductible a las retóricas del poder dominante, constituyendo un verdadero punto de no retorno. El caso de las empresas recuperadas es emblemático al respecto: tras la ocupación aparece la percepción (en muchos casos impensable hasta ese momento) de que es posible producir sin patrones, vale decir, de manera autónoma.18 Algo similar acontece en el devenir “desnaturalizan-

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No casualmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha respondido a la presencia masiva y cotidiana de los movimientos sociales en las calles con la creación de un Ministerio del Espacio Público que regula y controla este tipo de espacios, encorsetándolos bajo los previsibles parámetros estatales. En la actualidad, una de las principales funciones de este ministerio consiste en el enrejado de plazas y parques, acompañado de la instalación de garitas policiales. Al respecto, es interesante reproducir lo que un vecino de la zona norte de Ciudad de Buenos Aires escribió en un mail de comunicación interasamblearia: “a este nuevo espacio acuden los parecidos y los diferentes, los de siempre y los de ahora, los sensibles y los duros, los dogmáticos y los poetas, los simpáticos y los serios, los impacientes y los tranquilos y también los desesperados. A diferencia del shopping, en estos espacios tenemos relaciones con el semejante (en todos los sentidos de la palabra), y esto es quizás lo fundamental de la asamblea, porque es a partir del vínculo con el semejante que podremos construir una comunidad que resista al individualismo imperante” (citado en Quintar 2003). Esto se constata en los comentarios de Celia, una trabajadora textil de la fábrica Brukman: “estamos aprendiendo a producir por nosotras mismas, sin


te” de vecinos y de trabajadores desocupados, en donde el proceso mismo de lucha funda nuevos universos de significación.19

Las aristas problemáticas de la construcción autónoma Reseñadas estas características transversales, vale la pena resaltar algunas cuestiones poco problematizadas por quienes reflexionamos y actuamos junto a estos movimientos y espacios, referidas a tres tradiciones y formas de pensar-hacer política que, a nuestro entender, obturan las construcciones autónomas. Ellas son las del autonomismo ingenuo, la izquierda ortodoxa y el populismo instrumentalista. Resulta claro que no son equiparables ni simétricas entre sí, ni tampoco pueden evaluarse de la misma manera los errores, flagelos y retrocesos que cada una de estas corrientes traen aparejados. Cabe aclarar que, si nuestro método es la crítica, entonces el sujeto que critica no puede estar exento de ella. No será la nuestra una crítica externa, sino ante todo inmanente. Una autocrítica, pues, que intenta contribuir en algo al menos, para superar los escollos y piedras que se nos presentan en el sinuoso camino en el que, preguntando, construimos nuestro andar autónomo. En el caso del autonomismo ingenuo, confundiendo deseos con realidad, se tendió a trocar la necesidad en virtud. De esta manera, muchos movimientos y espacios radicales surgidos en el contexto del ¡que se vayan todos! posterior a diciembre de 2001 consideraron como propuesta estratégica la arenga hollowayana de “olvidar al Estado y construir nuestra propia sociedad”. Sin embargo, creemos que, si bien es cierto que la política emancipatoria ya no debe ser pensada estratégicamente desde el Estado, también

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patrones ni capataces, sin dirigentes y dirigidos. Ya probamos este fruto prohibido, ¡y no vamos a dejarlo!” (...) “Me di cuenta que las mujeres no estamos sólo para cocinar y lavar la ropa, que damos para mucho más. Y ahora que me di cuenta... no pienso parar” (entrevista publicada en la revista Travesías, Buenos Aires, marzo 2003). Así, por ejemplo, uno de los boletines de la citada asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba manifestaba durante el año 2002: “nos dimos cuenta que no podemos salir de esta situación cada uno por la suya, que tenemos que hace algo entre todos. Hemos dado el primer paso: romper el aislamiento”. Y concluía: “queremos meter la nariz y las manos en lo que siempre nos dijeron que era prerrogativa de otros; de los especialistas, nuestros ‘representantes’, los políticos profesionales”. 137


lo es que resulta imposible concebirla sin tenerlo en cuenta, aunque más no sea como mediación inevitable de nuestra presente cotidianeidad o en tanto dimensión antagónica que deberá ser desarticulada en un contexto de ofensiva revolucionaria. Es por ello que, con el correr del tiempo, muchas de estas experiencias autorreferenciales mostraron las múltiples dificultades que se presentan al intentar constituir comunidades cuasi insulares cuyo horizonte inmediato termina siendo, en no pocas situaciones, lo que Miguel Mazzeo denominó irónicamente el “socialismo en un solo barrio”. De ahí que valga la pena recordar que la lucha es en y (sobre todo) contra el Estado, lo que implica pugnar por clausurar sus instancias represivas y de cooptación institucional, ampliando en paralelo aquellas cristalizaciones que, al decir de Thwaites Rey (2004), tienden potencialmente a una sociabilidad colectiva. A contrapelo, desestimándolo como lugar y momento importante de la lucha de clases, esta corriente de pensamiento y acción terminó cayendo —al igual que la izquierda ortodoxa— en la tentadora eseidad que concibe al Estado como un bloque monolítico y sin fisuras, al que hay que ignorar o bien asaltar cual fortaleza enemiga. Así fue como esta retórica cobró protagonismo en los debates al interior de asambleas barriales, movimientos de trabajadores desocupados e incluso empresas recuperadas. Su prédica hizo foco en la denostación del Estado per se como institución parasitaria y totalmente externa a las relaciones sociales en las cuales estaban inmersos los variados proyectos de cooperativismo y autogestión. Una paradoja resultó ser la regla en muchos emprendimientos productivos, culturales, educativos y políticos impulsados desde abajo: el “imperativo categórico antiestatal” terminó minando las bases de sustentación mismas de estos embriones de contrapoder. Contra ese autonomismo infantil, creemos, es preciso confrontar. Aquel que pretende construir el cambio social ignorando que, si bien el Estado expresa el poder político dominante y como tal es un garante —no neutral— del conjunto de relaciones constituyentes de la totalidad social, las formas en que se materializa no deben sernos ajenas. De lo contrario, el paso adelante que podrían haber significado las numerosas construcciones de base en plazas, barrios, escuelas, asentamientos y fábricas, como formas de autoorganización alternativas a las de los partidos políticos y sindicatos tradicionales, quizás no hubiesen devenido un páramo en la actual coyuntura de repliegue. 138


En cuanto a la izquierda ortodoxa, fiel a su tendencia a “operar sobre el movimiento” de modo tal que confluya con sus intereses partidarios, compelió en numerosas ocasiones a estos espacios emergentes a un desgaste extremo, acercándolos al borde de la fractura o la desintegración. Esto que muchos llamaron “tentación hegemonizante” de los agrupamientos de izquierda estuvo por demás presente en los ámbitos asamblearios, autogestivos y piqueteros.20 También ha sido una constante por parte de ellos la propensión a interpretar estas experiencias —así como a las jornadas del 19 y 20— de una manera condicional: si los sucesos de diciembre de 2001 hubieran tenido una vanguardia que los guiase hacia la luz comunista, el triunfo ya sería un hecho; si las asambleas, los movimientos piqueteros y las empresas recuperadas sostuvieran un programa generado por la clase obrera (o mejor aún: por el partido que la “representa”), se estaría más cerca de la revolución; y así sucesivamente. A este error, Henri Lefrevbre lo llamaba el “enfoque retrospectivo de lo real por lo virtual”. Abandonar esta posición —a la cual Lacan definiría, en tono burlón, como de “supuesto saber”— se torna acuciante debido a la gravedad de la presente crisis. La izquierda en su conjunto debe realizar una profunda autocrítica respecto de estas modalidades tradicionales de construcción e intervención militante. Por el momento, lejos de ello, muchos partidos han agudizado su patología, llegando a leer a varios de estos acontecimientos políticos como una “constatación empírica” de sus esquemáticos planteos.

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Más allá de ciertas experiencias emblemáticas en las empresas recuperadas (Brukman y Grissinópoli), cabe mencionar que los dos principales espacios de coordinación de piqueteros y asambleístas sufrieron rupturas que los llevaron al borde de la disolución, estando involucrados en ellas los partidos de izquierda. En el caso de los piqueteros se forzó el quiebre de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, realizada en su etapa inicial en el municipio bonaerense de La Matanza. En cuanto a las asambleas barriales, la Interbarrial de Parque Centenario (cuya función primordial era potenciar los reclamos de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y, a la vez, crear un espacio en donde pudieran discutirse objetivos comunes) poco a poco se fue desvirtuando, deviniendo arena de resolución de los conflictos y mezquindades de las organizaciones de izquierda más sectarias. A modo de ejemplo, basta recordar que la reunión en donde se debió modificar la dinámica de representación de los asambleístas concluyó con el canto generalizado de una consigna dirigida a los militantes de partidos: “¡Respeten los mandatos, basta de aparatos!”. 139


Adicionalmente, el axioma “más de lo mismo” (tan caro al marxismo-leninismo) obturó una necesaria mirada crítica que permitiera desmenuzar la profunda metamorfosis operada desde el Estado por parte del kirchnerismo. Es preciso reconocer que las iniciativas gubernamentales impulsadas tras el endeble triunfo electoral de marzo de 2003 (tales como la remoción de los jueces de la Corte Suprema o el juzgamiento de ex represores de la última dictadura militar) cristalizaron, en términos de políticas públicas, demandas históricas de los sectores populares que, como tizón encendido, se mantuvieron alertas y en estado de movilización constante en aquella coyuntura, aunque también implicaron una importante modificación de la contradicción concesión-conquista inscripta en el armazón institucional del propio Estado. Ahora bien, asumir esta parcial y transitoria bifurcación no debe hacernos caer en una concepción “instrumentalista” de la forma-estado, como la defendida por la tendencia populista.21 Esta tercera corriente ha cobrado un protagonismo inusitado en los últimos años en nuestro país. En efecto, la dinámica de construcción política parece haber sufrido en Argentina una dinámica pendular sumamente abrupta: del extremo “autonomismo” abrazado en los albores de diciembre de 2001 se ha pasado, por momentos de manera dramática, a una acérrima estadolatría que amenaza con desmembrar las otrora experiencias de lucha más ricas en términos de radicalidad y autogestión, subsumiéndolas ahora bajo los marcos previsibles del andamiaje estatal Así, el populismo instrumentalista, corto de miras cuando a apuntar hacia abajo se trata, entiende que la única forma posible de avanzar hacia una sociedad más justa es utilizando al Estado como medio estratégico, desconociendo que éste cristaliza una relación social de dominio —material y simbólica— constitutivamente asimétrica y, por lo tanto, imposible de convertirse en su reverso. Ciertos movi-

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El enfoque instrumentalista entiende al Estado como un mero aparato técnico, de carácter neutro, pasible de ser manipulado para diversos —y hasta contrapuestos— propósitos por cualquier sector o clase social que logre apropiarse de él o bien colonizarlo. Para entender a qué nos estamos refiriendo, vale la pena citar la concepción del Estado enunciada por el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE) diez años atrás: “el Estado es una herramienta que no es ni buena ni mala en sí misma: un martillo puede ser usado para construir o para destruir, depende quién lo utilice” (de ¿Un país sin Estado?, Congreso de Trabajadores Argentinos, Buenos Aires, 1996).


mientos piqueteros combativos, devenidos hoy oficialistas, son la mejor expresión de esta tendencia, que tiende a transfigurar los espacios públicos y comunitarios en monopolio estatal, aunque también habría que observar el ambiguo comportamiento de muchas otras organizaciones argentinas en igual sentido.

Algunas palabras para un final abierto Tal como ha hecho notar Raúl Zibechi, la ambivalencia fundamental de la llamada “nueva gobernabilidad” en curso en Argentina radica en el hecho de que un gobierno como el de Néstor Kirchner es el primero que reconoce abiertamente el rol fundamental de los movimientos sociales, al mismo tiempo que los ha colocado, desde el principio, en una posición tradicional, asignándoles el rol clásico de elaborar demandas a las que luego sólo el sistema político desde arriba puede dar una respuesta. La tragedia bifronte del populismo hoy parece repetirse como farsa: necesidad de reconocimiento y, a la vez, negación explícita de las potencias transversales antes descritas. Teniendo en cuenta esta particular coyuntura y los peligros que de ella asoman, varios son los interrogantes que atraviesan a las experiencias autónomas: de qué manera articular lo territorial, en términos locales, con las luchas nacionales, regionales y hasta mundiales que se desenvuelvan a diario de forma dramática; o cuáles deben ser los criterios que fomenten la construcción de nuevas relaciones sociales duraderas, evitando tanto el encapsulamiento de las resistencias como la pérdida de la creatividad exploratoria que constituye la columna vertebral de cada movimiento. Dicho en otras palabras: ¿cómo renovar la praxis emancipatoria tras la crisis de los “socialismos reales” y de los movimientos de liberación nacional?, o bien, ¿de qué manera trascender las matrices propias de la izquierda ortodoxa y el nacionalismo populista, sin caer en el tentador canto de sirenas tanto del derrotismo posmoderno como de la micropolítica insular? Las respuestas, por supuesto, no deben ser meramente teóricas, sino producto de la praxis colectiva que se va delineando en el propio andar. De ahí que la metáfora de la “caja de Pandora” quizás sea la más correcta para caracterizar el destino de estos movimientos sociales, en la medida en que su forma de edificación supone una apuesta sin garantías. Esta construcción desde el abismo, creemos, es similar a la definida por Antonio Negri cuando hace alu141


sión al poder constituyente: “se define emergiendo del vértice del vacío, del abismo de la ausencia de determinaciones, como una necesidad totalmente abierta. Es por esto por lo que la potencia constitutiva no se concluye jamás en el poder”. A pesar de la distancia, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, emitida desde el México profundo por el EZLN, nos parece que acerca una propuesta de convite frente a la aparente situación de impasse vivida en la Argentina. A un fortalecimiento interno de cada uno de los movimientos y espacios de resistencia enunciados, deberá acompañarlo una tendencia cada vez mayor a una articulación descorporativizante de este crisol de luchas que circundan las cuatro latitudes de nuestro territorio, más allá de los tiempos electorales y sin ánimo hegemonizante ni homogeneizador. Pero ¿cómo lograrlo? Hic Rhodus, hic salta: las rebeliones del siglo XXI deberán afrontar creativamente estos escollos en los senderos que caminen, despojándose de todo dogmatismo, incluso del que se pretende hereje bajo el ropaje de la innovación.

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Parte II CONFLICTOS INTERBURGUESES Y CAÍDA DE LA CONVERTIBILIDAD



EL ESPECTRO DE LA DOLARIZACIÓN Discutiendo las interpretaciones sobre la disputa interburguesa en el origen de la crisis de la convertibilidad Matías Eskenazi

Introducción Volver sobre la crisis después de ocho años es una tarea problemática. Se trata de evaluar qué podemos decir hoy sobre el 2001, que sea además relevante en algún sentido. Resulta a esta altura evidente que hablar hoy sobre las limitaciones de las asambleas populares, el movimiento piquetero y las fábricas recuperadas no parece contribuir demasiado. Lo mismo pasa con otros ejes posibles, de modo que reflotar el tema de la dolarización, años después de que aquel proyecto nunca realizado dejara de ser un tema de discusión y objeto de preocupación política, puede parecer una extravagancia. Si entre el 2000 y el 2002, en plena crisis, el eje de muchos artículos pasaba por alertar sobre las implicancias de aquel proyecto y sus efectos, por discutir las tesis de quienes lo promovían, refutarlas y revelar su carácter ideológico, tales discusiones en la actualidad no tienen sentido, así como tampoco lo tendría volver a analizar el problema de la dolarización en sí mismo. Aquellos argumentos fueron oportunamente enfrentados, y basta con remi147


tirse a lo ya escrito1, mientras que la propia historia se encargó del resto.2 Si puede haber algún interés en volver sobre el tema dolarización / devaluación es por la gran influencia y difusión de las lecturas que localizan en esta disputa una clave para comprender la crisis. Por un lado, para reconsiderar sus implicancias como manifestación de la lucha de clases en Argentina durante la crisis de la convertibilidad, lucha que comprende las disputas interburguesas, aunque no comienza ni se agota en ellas. Igualmente interesante resultaría indagar, por otro lado, en qué medida el consenso en torno a esta lectura de la crisis contribuyó a cimentar el consenso —aun con críticas— tanto respecto de la visualización de la salida devaluatoria como un “mal menor” como de la consideración de la etapa de crecimiento subsiguiente como fundamentalmente diferente del ciclo de los ’90.3 Este último punto ha motivado en buena medida nuestro interés por retornar al período de crisis y discutir esta interpretación, aunque nos resulta por el momento inabordable empíricamente. De aquí que nos concentraremos en el primer problema y, a lo sumo, nos referiremos lateralmente al segundo, sin más pretensión que la de formular preguntas e intuiciones para comenzar a pensarlo. Lejos de pretender realizar un análisis global del período, nos centraremos en una revisión crítica de las lecturas de la crisis que la aprehenden fundamentalmente como expresión (e incluso como producto) de una disputa interburguesa que resultaría en la conformación de dos fracciones enfrentadas en la consecución

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Nos referimos a problemas como el costo de la pérdida del señoreaje, el costo fiscal de la compra del circulante necesario, o el supuesto reaseguro contra la inflación que implicaría dolarizar. Véase al respecto Carchedi (2000). El caso concreto de la dolarización en Ecuador es suficientemente significativo para refutar, en base a la experiencia, buena parte de los supuestos que sustentaron estas propuestas. Contrariamente a lo esperado, tras el inmenso aumento de la pobreza que supuso el shock en dos pasos, devaluatorio y dolarizador, en el 2000, la evolución de los precios internos no se estabilizó. En sólo 3 años la inflación acumulada llegó al 120%, licuando la devaluación inicial (Correa 2003). Así, tenemos el caso de un país dolarizado con inflación y con una estructura de precios relativos profundamente deformada que profundizó los niveles de pobreza. En un trabajo previo (Eskenazi, M.: 2008), hemos desarrollado una lectura crítica del ciclo ascendente 2002-2007, encontrando contrariamente fuertes rasgos de continuidad respecto a la década del ’90.


de dos programas capitalistas diferentes y opuestos para superar la crisis: dolarización o devaluación. Nos referimos a una de las principales líneas de interpretación de la historia económica reciente, cuyo mayor exponente —por su influencia— es, sin duda, Eduardo Basualdo, pero que a grandes rasgos podemos identificar con el equipo de investigadores de FLACSO y otros analistas que, con sus matices, trabajan en líneas afines y han dejado una abundante producción, de la cual hemos seleccionado sólo algunos trabajos.4 Para esto, realizaremos primero una aproximación crítica a esta interpretación, centrada en el análisis de sus supuestos conceptuales. Luego repasaremos brevemente las características de la acumulación de capital bajo la convertibilidad y el carácter de las propuestas dolarizadoras. En tercer lugar, consideraremos la crisis argentina como parte de un proceso global y desarrollaremos algunos aspectos concretos de la fase final de la crisis, en un intento por analizar críticamente la viabilidad de las propuestas dolarizadoras. Por último, reconsideraremos lo expuesto proponiendo una serie de hipótesis para una vía alternativa de interpretación.

1. Una tesis problemática: desplazamiento de la lucha de clases por la sociología fraccionalista Comencemos presentando la tesis en cuestión, en una de sus tantas formulaciones. Permítasenos la licencia de una cita exten-

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Haciendo una breve selección, destaquemos en primer lugar los trabajos de Basualdo (2001, 2003), donde se elaboran los fundamentos analíticos que sustentan esta línea de interpretación de la historia económica argentina y se avanza en el análisis de la crisis de la convertibilidad y las disputas en curso desde esta perspectiva. También, Basualdo y Lozano (2000), en tanto es un documento oficial del instituto de formación de ATE-CTA (que ambos autores integraban por aquella época) y fue base para la elaboración del programa del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO). En segundo término, tenemos trabajos que se proponen desarrollar esta tesis en diferentes aspectos: Castellani y Schorr (2004), reseñan y discuten parcialmente otras interpretaciones de la crisis; Gaggero y Wainer (2004), desarrollan una caracterización de esta puja siguiendo los posicionamientos de la UIA; por último, en Castellani y Szcolnik (2005), proponen un intento de periodización y análisis de la forma en que se irían constituyendo ambos proyectos, lo que conduce a problematizar las tesis originales y a complejizar y relativizar parcialmente los términos de su formulación. 149


sa. “A lo largo de la crisis comienzan a perfilarse dentro del establishment dos proyectos alternativos a la Convertibilidad, el primero de los cuales es impulsado por la fracción dominante que está asentada en colocaciones financieras en el exterior, es decir los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros, mientras que el otro surge de la fracción posicionada en activos fijos o con obligaciones dolarizadas, el sector financiero y los diferentes inversores extranjeros que adquirieron empresas y paquetes accionarios durante los años previos. (…) El proyecto vinculado a los capitales extranjeros, tiene como objetivo fundamental la dolarización, que está concebida como la ‘fase superior’ de la convertibilidad. La misma garantiza a los capitales extranjeros radicados en el país el mantenimiento del valor en dólares de sus activos (…) y al sector financiero que sus deudas no se acrecentarán. El otro proyecto, vinculado a los grupos locales y algunos conglomerados extranjeros, tiene como objetivo fundamental la devaluación y (…) subsidios estatales para su producción local que son, principalmente, bienes exportables” (Basualdo 2001: 85-86). Adicionalmente, en más de un caso, estas tesis se complementaron presentando una correlación entre esta alternativa y la del ALCA o el MERCOSUR: “la propuesta de la dolarización de la economía interna, prevé la inserción internacional del país a través del ALCA, subordinando, de esta manera, al MERCOSUR como espacio de integración. (…) [la propuesta] devaluacionista, se sustenta en los grupos económicos locales y conglomerados extranjeros de origen europeo que están fuertemente asentados en las exportaciones y mantienen ingentes recursos extranjeros en el exterior (…) estos capitales se presentan a sí mismos como la burguesía nacional que soporta la agresión de los capitales foráneos y de los organismos internacionales que pretenden controlar la producción nacional” (Basualdo 2001: 89-90). Si aquí nos interesa discutir esta tesis es porque nos parece sumamente problemática, no sólo en las relaciones que postula sino incluso en todos y cada uno de sus componentes, ya que la forma en que se emplean las nociones de crisis, devaluación y dolarización, están atravesadas por profundas ambigüedades. El primer problema consiste en que es una lectura que pone en el primer plano a la disputa interburguesa y desestima o subestima el rol de los trabajadores y otros sectores populares en el desenvolvimiento de la crisis. Si bien se destaca que “ambas propuestas son antipopulares” y se considera a los trabajadores como 150


los principales perjudicados por la convertibilidad y su crisis, éstos no juegan más que un rol pasivo, secundario o subordinado, como recipiente de propuestas y disputas en cuyo desarrollo y definición realmente no intervienen. Un segundo problema se vincula con los supuestos subyacentes a la forma en que se analizan las disputas al interior de la burguesía, a la que denominaremos como fraccionalismo.5 Partiendo de la constatación de un proceso de diferenciación en su “inserción estructural” (en este caso, luego de 1995, con la venta de los activos del capital local en las empresas privatizadas), se atribuye a las fracciones continuidad y homogeneidad en el tiempo, casi plena conciencia de sus intereses de conjunto y racionalidad política para fijarse programas y actuar en pos de ellos. Esto conduce a la sustantivación de fracciones en detrimento de su unidad primaria como parte de una misma clase social, ya que en base a dichos supuestos no habría mayor diferencia entre clase y fracción, lo que, por supuesto, habilita a hacer lo mismo con cualquier otro grupo social. Esta posición conduce, en definitiva, a una visión politicista y, en este sentido, subjetivista de la crisis. En tanto se atribuye a estos sectores capacidad e intencionalidad para desencadenar fenómenos específicos en pos de pujar por sus intereses sectoriales, se termina por abonar explicaciones de las crisis y de sus vías de resolución de carácter fuertemente idealista, donde los “actores” determinan la dinámica social.6 Pasando ya a un plano más concreto, no queda claro en qué sentido la crisis encontraría su explicación a partir de la disputa entre dolarizadores y devaluadores. No podría tratarse del inicio del ciclo recesivo en sí mismo, ya que éste comenzó antes de que

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En el marco de una crítica a las visiones populistas de la historiografía económica, Bonnet (2007) realiza una aproximación crítica a “esta sociología fraccionalista, [que] mediante su subordinación del antagonismo entre capital y trabajo a las pugnas entre fracciones de la burguesía, cuando no a pujas entre grupos conspirados, es uno de los expedientes típicos de los análisis populistas. La razón va de suyo: les permite legitimar políticas de alianza de clases con fracciones de la burguesía”. Desde allí no restan más que uno o dos pasos para arribar a nociones prácticamente conspirativas (aunque no equiparables, por supuesto, a las versiones más simples como aquella que considera los hechos del 19 y 20 de diciembre como producto directo de un plan desestabilizador impulsado por el duhaldismo, sostenida, entre otros, por el gobierno saliente.) 151


existieran siquiera signos de esa disputa interburguesa.7 Tampoco queda claro que se trate de la crisis política, que lleva finalmente al propio proceso de revuelta popular y caída del gobierno de De la Rúa en diciembre de 2001. A su vez, no parece tampoco que esta disputa actúe como desencadenante inmediato de la crisis financiera, de una manera semejante al modo en que los acreedores extranjeros fomentaron corridas cambiarias contra el peso en 1989, punto en el que coinciden diversos autores, incluyendo a Basualdo. Reconociendo la importancia de la fuga de capitales, la idea de un “golpe de mercado” como desencadenante inmediato de la caída de la convertibilidad resulta poco verosímil. Por último, la tesis de la disputa entre devaluadores y dolarizadores entra también en contradicción con otra tesis de la misma escuela, que sostiene que la convertibilidad como modelo se habría agotado (a diferencia de lo sucedido con la segunda etapa de la sustitución de importaciones durante el tercer peronismo, que habría sido interrumpida de forma externa por el golpe militar).8 Sin embargo, no se entiende cómo sería posible una salida dolarizadora si el modelo estaba en una fase de agotamiento y descomposición, a menos que —como veremos a continuación— se asuma la lógica con la que razonan los propios dolarizadores respecto del “shock de confianza” y se considere, en definitiva, que la opción del ajuste deflacionario resultaba viable para la clase dominante, cosa que sólo puede sostenerse subestimando la resistencia de los trabajadores. 7 8

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Véase, en este sentido, el artículo de Julián Kan incluido en este libro. Señalemos, de paso, que tampoco coincidimos con esta interpretación del paso del tercer peronismo a la dictadura en materia de historia económica. Esta tesis tiene por objetivo el de marcar un contraste absoluto entre la viabilidad de aquel proyecto y la inviabilidad del que caracterizan como de “valorización financiera”, y cumple también el rol de contraponer a los ’90 con la posterior etapa de “crecimiento con dólar alto”. En el primer caso, se pasa por alto la crisis internacional de los ’70, que marca el inicio de una reconversión del capital a escala global, y se considera la orientación del golpe de Estado como un hecho político externo a las trabas propias de la acumulación de capital en Argentina (su escala y composición sectorial) e inspirado por una lógica puramente “revanchista”. El problema es suponer que la acumulación “industrialista” podía continuar independientemente de la inserción internacional y de las condiciones políticas de su realización, cuando la burguesía nacional y el tercer peronismo agotaron claramente su capacidad para dirigir este proceso. Con esto no sólo se idealiza a aquella burguesía, sino que se elude, de paso, toda discusión sobre el socialismo como alternativa real a la reconversión del capital.


Pero, además, la forma en que se presenta esta noción de agotamiento está ligada a una interpretación subconsumista de la crisis, centrada en una insuficiencia en la demanda agregada que se vincula con el carácter regresivo de la distribución del ingreso. Si bien es cierto, como señala Basualdo, que las exportaciones representan una porción menor del producto (8,1% en 1995 y 9,9% en 2001), es necesario señalar que durante la crisis no cae significativamente el consumo en relación al PBI (68,3% en 1996, 69,6% en 2000 y 68,8% en 2001) sino la inversión (18% en 1995, 17,2% en 1998 y 15,4% en 2001). A nuestro entender, el problema se sitúa en la brecha de productividad y la pequeña escala del mercado interno como característica central del carácter dependiente de la economía argentina. Y la tesis subconsumista no hace sino promover la idealización de las potencialidades del desarrollo nacional, muy especialmente del mercado interno, y las potencialidades del desarrollo industrial sobre esta base. Esto no es sino una idealización del potencial económico y social del pequeño capital mercado internista y del Estado como artífice de ese mismo desarrollo. En los puntos que siguen nos concentraremos en problematizar la crisis, el carácter de la propuesta dolarizadora y su viabilidad en las condiciones concretas en que se desarrolla la crisis de la convertibilidad. Pero antes corresponde presentar nuestra visión del proceso. Al respecto, y a diferencia de lo que sostienen las citadas interpretaciones fraccionalistas, sostenemos que la crisis de la convertibilidad no puede entenderse centralmente como la puja entre “dolarizadores” y “devaluadores”. El conjunto de hipótesis que guían nuestro trabajo puede presentarse resumidamente de la siguiente manera: Conforme la crisis de acumulación se extendió en el tiempo, la convertibilidad ingresó en una fase de descomposición9 bajo el pe-

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Utilizamos “descomposición” y no “agotamiento” porque este último término sugiere cierto automatismo económico, mientras que consideramos que, aun cuando toda dinámica económica expresa la cosificación de correlaciones de fuerzas políticas preexistentes, y debe ser criticada partiendo de esta base, es en las crisis capitalistas precisamente cuando la separación entre economía y política, que adquiere una aparente inmutabilidad en los períodos de crecimiento “normal”, tiende a debilitarse y a ser puesta en cuestión, de modo que toda crisis —y tanto más cuanto más profunda sea— se dirime políticamente. 153


so combinado de la transmisión de los procesos de crisis en el mercado mundial y la resistencia de las clases subalternas a los procesos de ajuste. En tanto la crisis de acumulación supone una crisis de reproducción del conjunto de las clases sociales en cuanto tales10, con su extensión y profundización tiende a producirse un proceso de polarización que atraviesa al conjunto de las clases de la sociedad. Por un lado opera una tendencia conservadora en el seno de la sociedad, consistente en aferrarse a las condiciones de valorización y al consenso vigentes que han entrado en crisis, con la esperanza de sostenerlas y profundizarlas hasta que el proceso de ajuste y el cambio en las condiciones externas permitan superar la crisis sobre esta misma base. De este modo, operan impulsando políticas tendientes a gestionar la crisis. Es por ello que en este contexto, entendemos que la difusión de una propuesta dolarizadora, concebida como “etapa superior de la convertibilidad”, lejos de representar una alternativa diferente para la acumulación de capital en la Argentina, representaba otra variante de esta misma posición. Por otro lado, conforme se revela el fracaso de esas políticas de gestión de la crisis, enfrentadas por una creciente resistencia de las clases subalternas al proceso de ajuste, se va acumulando una creciente presión para resolver la crisis en el corto plazo saliendo de la convertibilidad mediante una devaluación de la moneda. De este modo, lejos de explicarse la crisis por las disputas entre sectores de la burguesía, éstas se explican por aquélla, al mismo tiempo que las formas en que esta polarización aparece, no expresan tanto la disputa entre dos proyectos alternativos (tanto entre sí como respecto a la convertibilidad), sino más bien una

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Vale la pena insistir sobre este punto. A modo de ejemplo: si, para un sector de la clase trabajadora empujado hacia una situación de desocupación crónica (como sector consolidado del ejército de reserva), esto supone una dificultad para reproducirse incluso en términos físicos, no sucede del mismo modo para todas las clases, para las que se trata de reproducirse como lo que eran hasta entonces. Un trabajador ocupado cuyo salario no cubre sus necesidades, no puede reproducir completamente su capacidad de trabajar y ésta tiende a “atrofiarse” en pocos años (Marx 1998). En cambio, para sectores de la pequeña burguesía en procesos de pauperización, se trata precisamente de no perder su pequeño capital cayendo a la situación de simples vendedores de fuerza de trabajo, mientras que para un capital industrial relativamente pequeño se trata de no verse expulsado de la rama por rivales más competitivos locales o extranjeros, y así sucesivamente.


compleja disputa entre un bloque que expresa aquella tendencia políticamente conservadora y que se va disgregando junto con el modelo que defiende, y otro bloque burgués que se va constituyendo simultáneamente y que lucha activamente por resolver la crisis en términos capitalistas mediante una devaluación que licue el salario, buscando acaudillar y contener a las clases subalternas. En otras palabras, no vemos dos alternativas hegemónicas, sino una hegemonía que se descompone sin visos de reconstituirse bajo su forma vigente, y otra que intenta gestarse. La incapacidad de ambos sectores para desarrollar una salida ordenada, junto a la incapacidad del último para imponer a tiempo una devaluación controlada, termina por expresarse en la extensión del proceso de descomposición de la convertibilidad como proceso de crisis de las funciones reproductivas del Estado capitalista, hasta que la crisis estalla como quiebra financiera, bancaria y monetaria, imponiéndose una devaluación de hecho. En este punto, la disputa interburguesa se reconfigura y desplaza, centrándose en las condiciones de la devaluación y pesificación de la economía.

2. Convertibilidad y políticas de gestión de la crisis A. Condiciones generales y trabas a la acumulación de capital bajo la convertibilidad No nos detendremos en el análisis de las determinaciones de la acumulación de capital en Argentina bajo la convertibilidad; limitémonos, entonces, a destacar sólo algunas de sus implicancias intrínsecas para comprender la dinámica con la que se despliega la crisis11 y a repensar sobre esta base el contenido de la propuesta dolarizadora. 11

Partimos de un acuerdo general con las líneas de interpretación acerca de la naturaleza de la convertibilidad y de la hegemonía burguesa expresadas en una serie de trabajos previos. Realizando una lectura retrospectiva, en algunos de estos trabajos (Bonnet 2002; Gigliani 2002) posiblemente haya una sobrevaloración de los movimientos sociales del período —sin duda influida por el momento político que se respiraba cuando fueron escritos— de la que tampoco estuvimos completamente exentos. En otros trabajos este punto puede subestimarse en cierta medida (Astarita 2003). Sin embargo, entendemos que esto no anula las líneas analíticas centrales que son esencialmente compartidas. Otros trabajos posteriores (Compagno y Belbo 2003; Piva 2007; Bonnet 2008) y Piva (2009) incluido en este mismo libro, contribuyen a un balance más equilibrado. 155


El efecto combinado de un dólar barato con una apertura tanto comercial como financiera prácticamente irrestricta creó una situación donde toda la presión de la competencia intercapitalista en el mercado mundial se ejercía directamente y sin mediaciones sobre la economía en su conjunto. La entrada masiva de bienes de consumo expone la producción local para el mercado interno a toda la presión de la competencia internacional, de modo que la brecha de productividad se manifiesta directamente en los precios internos, lo que se impone sobre el capital local —especialmente sobre los sectores productores de bienes transables— como una compulsión a incrementar la productividad del trabajo y, por lo tanto, a aumentar la tasa de plusvalía, desplazando a los capitales que no lo consigan en una escala suficiente. En la medida en que el capital que se valoriza en el país encuentra limites de escala y de rentabilidad para aumentar la productividad del trabajo afrontando procesos de reconversión productiva por inversión de capital, tenderá a intensificar la presión sobre la clase trabajadora para compensar esta insuficiencia buscando aumentar la tasa de plusvalía en términos absolutos. De este modo, la convertibilidad se configura como un mecanismo de ofensiva unificada del capital sobre el trabajo. Esta ofensiva se apoya en mecanismos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que se superponen y se desplazan. Primero, la extorsión hiperinflacionaria, y luego, el aumento masivo de la desocupación y la subocupación, que constituyen un enorme ejército de reserva de fuerza de trabajo (Bonnet 2002 y 2008; Eskenazi 2008).12 La flexibilización y precarización de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, así como la reducción de los componentes del salario indirecto (aportes patronales, salario familiar) fueron una constante durante todo el período y sus resultados se prolongan hasta nuestros días. Pero, mientras la presión hacia la extensión e intensificación de la jornada laboral son tendencias permanentes que independientemente de los límites morales dados por la resistencia de los trabajadores, encuentran límites físicos y técnicos (Marx 1998), la necesidad de aumentar la extracción de plusvalía en procesos de crisis para

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Tomadas de conjunto, la desocupación y la subocupación horaria sumaban un 18,7% de la PEA en 1993, 29,7% en 1996, 31,3% en 2001 y 42,2% en 2002.


recomponer la tasa de ganancia, requiere afectar directamente el salario. Al no poder compensar la brecha de productividad abaratando la fuerza de trabajo local en términos internacionales mediante una modificación del tipo de cambio, quedaba la posibilidad de la caída del salario en términos nominales en un proceso deflacionario.13 Pero detengámonos un instante para analizar cómo se manifestaba esta compulsión en las funciones del Estado como garante de las condiciones generales de la valorización del capital en su conjunto, fundamentalmente en sus manifestaciones monetarias, fiscales y financieras. El establecimiento y sostenimiento de la convertibilidad estaban condicionados por la garantía estatal de respaldar con reservas en divisas todo el circulante monetario. Esta condición imponía una disciplina extrema respecto al balance de pagos, que requería compensar rápidamente cualquier pérdida de divisas para evitar que cayeran las reservas. Sin embargo, mientras las importaciones aumentaban exponencialmente, producto de la apertura comercial, las exportaciones aumentaban lentamente manifestando la debilidad de la producción local en términos internacionales. Esta dinámica determinará que, durante toda la década, se enfrente un déficit crónico en el comercio exterior (Cuadro 1, Cuenta corriente). Simultáneamente, los flujos de IED, que desempeñaban un importante rol hasta 1996 —relacionados fundamentalmente con los procesos de privatización de las empresas públicas (Basualdo 2003) —, tendieron a reducirse significativamente. Y precisamente, en la medida en que el flujo de capitales no compensaba el déficit comercial, se imponía la necesidad del endeudamiento público para reponer la pérdida de divisas. La capacidad de endeudamiento del Estado estaba ligada a su capacidad para pagar los vencimientos de deuda en el mediano plazo, es decir, a su situación fiscal. Pero, adicionalmente, el balance fiscal arrojó un déficit permanente desde 1994, a pesar de que el resultado primario fue positivo casi todos los años, salvo para 1995-96 y 1999. Entonces, el déficit se explicaba fundamental13

Llegados a este punto, remitimos directamente al trabajo de Adrián Piva (2009), incluido en este libro, para dar cuenta de las limitaciones que enfrenta este proceso. 157


mente por el pago de intereses de la deuda14 (Cuadro 2). Tenemos así que el Estado necesitaba endeudarse para cubrir el déficit comercial y también para pagar intereses de las deudas ya contraídas, pero la toma permanente de deuda no hacía más que aumentar los intereses y los requerimientos de refinanciación en el próximo ciclo. Así, del mismo modo que las finanzas potencian el proceso productivo facilitando la inversión durante las fases de crecimiento15, una vez iniciada una fase recesiva potencian la crisis, actuando como una carga para la valorización del capital. Esto reforzaba la importancia de los flujos de capital-dinero y su rol como agentes del disciplinamiento social que ejercen su sanción prácticamente en tiempo real (Bonnet 2002). Sin embargo, ésta era una carrera contra el tiempo para lograr un aumento de la tasa de explotación que permitiera compensar la brecha de productividad antes de que el refinanciamiento de deudas y, por lo tanto, el sostenimiento de la paridad monetaria resultara inviable. De aquí se sigue que, junto con la refinanciación de deudas, se apostaba a regenerar la confianza de los inversores para atraer capitales, para lo cual se requería simultáneamente mayor desregulación, seguridad jurídica, flexibilidad contractual y equilibrio (es decir, ajuste) fiscal. Partiendo del supuesto de que dichas políticas harían posible la llegada de capitales, el razonamiento subsiguiente es extremadamente simplista. La afluencia de capital bajaría las tasas de interés, lo cual permitiría un endeudamiento a menores tasas y reduciría la presión de la deuda externa sobre la balanza de pagos, al tiempo que reactivaría la producción, lo que finalmente permitiría retomar un ciclo de crecimiento. La política de ajuste fiscal, como piedra angular de este programa, cumplía una doble función. Por un lado, limitaba la nece14

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A partir de 1993, las cuentas públicas se vieron fuertemente afectadas por la privatización del sistema de jubilaciones. Los ingresos en concepto de contribuciones a la seguridad social pasaron de 14.015 millones de pesos en 1994 a 10.566 millones en 1998 y a 9.667 millones en 2001. Lejos de ser el motor de la acumulación en detrimento del sector productivo, en una lógica autónoma de “valorización financiera”, las finanzas funcionan como potenciador de las tendencias intrínsecas del proceso productivo (Astarita 2004). Para una comprobación empírica de la función del endeudamiento externo en la ampliación de la capacidad productiva en Argentina durante el régimen de convertibilidad, véase Piva (2007).


sidad de endeudamiento y brindaba garantías de capacidad de pago. Simultáneamente, desempeñaba un rol aún más importante, encabezando desde el Estado la ofensiva del capital para reducir salarios y precarizar condiciones de trabajo. Recapitulando, tenemos que la crisis se originó en la producción, a partir de la presión que suponía la competencia internacional en condiciones de apertura, y se desplazó como presión sobre la balanza de pagos, de modo que la brecha de productividad se manifestó como restricción externa. Ésta, a su vez, se generalizó por vía monetaria como presión financiera hacia la esfera estatal, expresada en la capacidad de endeudamiento, de pago y de refinanciamiento para cubrir el déficit, como condición necesaria para sostener el valor de la moneda. La incapacidad del Estado para sostener en el tiempo el refinanciamiento del déficit mediante el ciclo de endeudamiento puso en cuestión su capacidad para respaldar la paridad monetaria. Pero, adicionalmente, una corrida hacia las colocaciones en divisas sólo se podía realizar plenamente saliendo del sistema bancario local y, dada la enorme proporción de depósitos en dólares en el sistema bancario, este movimiento lo empujaba a la quiebra. Así, de no abandonarse a tiempo y de forma ordenada el régimen de convertibilidad, por definición la recesión terminaría estallando como una crisis fiscal, monetaria y bancaria, en este orden. Lo que implica que la crisis económica se expresaría simultáneamente como crisis del Estado en su condición de garante de las condiciones generales de la valorización del capital.

B. El carácter de las propuestas dolarizadoras Habiendo repasado brevemente las condiciones sobre las que se desenvolvía la crisis de acumulación bajo las condiciones de la convertibilidad, podemos pasar a analizar las coordenadas básicas de la propuesta de dolarización. En su versión original, tal como la presentaron Menem y Roque Fernández en 1999, la propuesta dolarizadora se restringía al paso desde la caja de conversión, a una dolarización oficial, que era presentado como el paso “natural” a seguir en función del aumento de la presencia del dólar en la economía doméstica durante las últimas décadas. Se trataba de una profundización de la misma lógica fundacional del modelo. Instaurada en 1991 con el objetivo expreso de “frenar la inflación en seco”, la convertibilidad había venido a convalidar un hecho preexistente: la economía argentina se encontraba ya ampliamente dolarizada. 159


Remarquemos, ante todo, lo que el pensamiento económico ortodoxo desconoce o procura ocultar: que, lejos de ser una “curiosidad” argentina, esta tendencia al desplazamiento de la moneda nacional en sus funciones dinerarias por divisas —dinero mundial— es un rasgo típico de los países dependientes (Gigliani 2004). No obstante, la particularidad reside en el alto grado que alcanzó en Argentina, donde, desde mediados de los ’80, la indexación general de la economía, primero, y la disolución del dinero propia de la hiperinflación, después, aceleraron este proceso de “dolarización de facto”. Esto se expresó, entre otras cosas, en las tenencias de argentinos en el exterior, en la vigencia de un sistema bancario bimonetario, dentro del cual en 1990 los depósitos en dólares ya representaban el 35,9% del total, junto con la tradicional cotización de inmuebles y autos en dólares y la indexación creciente de los precios en función de la evolución del dólar. Durante los ’90, la adopción de la convertibilidad profundizaría el proceso, llevando la proporción de depósitos en dólares al 52,8% en 1991, al 57,9% en 1998 y al 63,6% en el 2000, a lo que se suma la dolarización de las tarifas de servicios públicos privatizados.16 Sobre esta base, el argumento liberal insistía en que la convertibilidad era ya una dolarización, de modo que se trataba de terminar el proceso que habría quedado “a mitad de camino”, asegurando definitivamente la estabilidad macroeconómica y el respaldo de la moneda ante los mercados. De aquí, que la idea misma de la dolarización fuera concebida como una “fase superior” de la convertibilidad. En consonancia con esta visión, el proyecto dolarizador que se propuso originalmente consistió en una dolarización sin devaluación, sobre la base de la paridad vigente (una clara diferencia respecto a la forma en que se implementó el reemplazo de moneda en Ecuador). Sólo durante el 2001, en la fase final de la crisis, e inclu-

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“La continua pérdida del valor de la moneda nacional provocada por las inflaciones impulsaba, a su vez, periódicas fugas de capitales. De esta manera, se fueron gestando procesos de dolarización, que se tradujeron no sólo en la territorialización de capitales monetarios en el exterior, sino además, en que el ahorro y gran parte de las transacciones se efectúan internamente en divisa norteamericana” (Gigliani 2004). Agreguemos también que, más allá de los movimientos especulativos, la fuga de capitales no es más que un simple movimiento de protección de intereses particulares que buscan asegurarse la realización de sus ganancias en moneda mundial (Astarita 2007).


so después de consumada la devaluación, algunos sectores —cada vez más marginales— insistirían en la dolarización presentándola bajo las nuevas condiciones, aunque sin lograr mayor eco. En este último caso, se argumentaba que “todavía era necesario dolarizar” y que “aún no era tarde para hacerlo”, sobre la base de especular con posibles picos inflacionarios derivados de la devaluación que llevarían nuevamente al país al “caos”, agitando nuevamente el fantasma hiperinflacionario.17 Adicionalmente, en la medida en que la Reserva Federal no estaba dispuesta a actuar como prestamista de última instancia (Carchedi, 2000)18 la dolarización oficial implicaría la adopción de una moneda extranjera de forma unilateral, persistiendo por lo tanto la fragilidad y la exposición ante eventuales procesos de fugas de capitales. De este modo, las condiciones fundamentales sobre las que se asentaba la acumulación de capital bajo la convertibilidad —esto es: la paridad fija 1 a 1 y la apertura comercial y financiera prácticamente irrestrictas— permanecían inalteradas. La diferencia fundamental entre la convertibilidad y la dolarización consistía en que, en el primer caso, se mantenía la posibilidad de devaluar a futuro, mientras que, en el segundo caso, el proceso resultaría mucho más costoso y complicado. Éste era el punto decisivo: mientras que para algunos sectores de la burguesía, la renuncia indefinida a la posibilidad de una devaluación a futuro constituía una rigidez riesgosa e indeseada, de acuerdo con el razonamiento de sus propulsores, la eliminación de esta posibilidad actuaría como un reaseguro para los inversores, lo que produciría un “shock de confianza” y la afluencia de capitales al país, que garantizaría la baja de la tasa de interés hasta converger con la tasa de referencia internacional, permitiendo, por esta vía, el alivio de la balanza de pagos.

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La devaluación del peso se realizó primero a una paridad fija, en febrero de 2002, y luego se liberó el tipo de cambio. Durante buena parte de 2002 el dólar ascendió y osciló considerablemente, perforando incluso la barrera de los $4, momentos en los que llegó a especularse sobre la posibilidad de una disparada mayor. Recién entre diciembre de 2002 y febrero se estabilizó en una banda cercana a los $3 (BCRA). En palabras de Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal (FED) norteamericana, “el acceso a los recursos de la FED no es algo que nosotros o nuestros colegas del Tesoro consideremos una buena idea; en verdad, nosotros nos opondríamos a eso” (Folha de Sao Paulo 25/2/99). 161


Sin embargo, más allá de estas expectativas, no había garantía de que la dolarización acelerara o garantizara por sí misma un proceso de ajuste general de precios y, particularmente, una reducción del salario, con mayor efectividad que la convertibilidad. Es por eso que en estas condiciones nos parece más adecuado considerar la propuesta dolarizadora como una extensión —radicalizada, si se quiere— de la política de gestión de la crisis que llevaron adelante los gobiernos de Menem y De la Rúa desde el inicio de la recesión, antes que como una alternativa diferente de aquélla. Para evaluar la fortaleza relativa que podía tener la profundización de esta propuesta de gestión, es necesario considerar el marco general en el que se desarrolló. Aquí consideraremos dos ejes: en primer lugar, la dinámica de acumulación en el mercado mundial en la que se desenvuelve. Sobre esta base, consideraremos cómo se interrelaciona con la dinámica recesiva interna durante la última fase de la crisis, donde las políticas de gestión de la crisis comenzaron a revelarse como insostenibles.

3. Argentina como parte de los procesos internacionales de crisis Lejos de tratarse de un proceso aislado, la crisis argentina se enmarcó en, y fue empujada por, una serie de crisis que afectaron fundamentalmente a la periferias y, particularmente, a países considerados como “emergentes” desde la segunda mitad de los ’90. Ciertamente, no se trató de un proceso de crisis general a escala internacional. Cada una de estas crisis logró ser contenida en plazos relativamente acotados y en zonas determinadas. No obstante, por más que en su momento la mayor parte de los economistas (ortodoxos y heterodoxos, a excepción de los marxistas) las leyeran como acontecimientos particulares, sus efectos se difundieron y fueron alterando las condiciones de desenvolvimiento del mercado mundial. Nos parece importante otorgar a este aspecto toda su importancia. No se trata tan sólo de una serie de shocks externos que acaecen con la fatalidad de las catástrofes naturales, tal como los conceptualiza el pensamiento liberal, sino de comprender la crisis argentina como parte integrante de un proceso más vasto que marcó profundamente su propia dinámica interna, en tanto, como mencionamos, la brecha de productividad se manifestó como brecha ex162


terna poniendo en cuestión el tipo de cambio como mediación general entre los precios internacionales e internos. Podríamos decir que estas crisis de la periferia se encadenaron sucesivamente sin generalizarse, al menos hasta el final de la década, cuando la crisis afectó directamente al principal motor de la economía mundial (Katz 2001). El tequila mexicano no sólo fue el primer cimbronazo, sino también el de mayor repercusión directa en la Argentina hasta la devaluación brasilera, y mostró por primera vez los problemas de alta volatilidad que implicaba el esquema de apertura con caja de conversión, así como los límites que enfrentaba el proceso de acumulación interno (Piva 2007). Sin embargo, tras un proceso de ajuste, el capital logró relanzar la acumulación en condiciones de convertibilidad, iniciando un segundo ciclo de crecimiento entre 1996 y 1998, que, si bien resultaría más débil y más corto que el inaugural, reforzó en lo inmediato el consenso sobre la fijación cambiaria como garantía de estabilidad. El segundo episodio está dado por las crisis asiáticas de 1997 (Tailandia, Indonesia, Malasia, Corea, Filipinas y Singapur) y la crisis rusa de 1998, que afectaron al conjunto de los llamados “países emergentes” por vía financiera, siendo sus principales mecanismos de propagación el encarecimiento del crédito y la retracción de los flujos de capital hacia los países dependientes. Si bien en Argentina no se registraron fuertes corridas especulativas y el efecto inmediato de la volatilidad financiera fue leve, la economía se vio afectada desde fines de 1997 por la suba de las tasas de interés para el conjunto de los mercados emergentes por efecto del “incremento del riesgo”. Esto se observa en el alza del índice EMBI+19 (riesgo país para el conjunto de estos países 19

El índice EMBI (más conocido como riesgo país) es un “medidor de riesgo” elaborado por la Banca J. P. Morgan, y es definido como el riesgo de incumplimiento de un compromiso financiero. Veamos cómo lo definen documentos del CEMA: “En el riesgo país entran en consideración otros riesgos como el jurídico, expropiaciones, disturbios, etc. Juntos, el riesgo país y el riesgo de crédito forman el riesgo soberano. Éste se define como la sobretasa —spread— que debe pagar un Estado por su deuda pública por encima de la tasa de referencia de la FED, donde 100 puntos representan el 1%. Cuando supera los 500/600 puntos básicos, comienza a frenarse la entrada de capitales. Cuando supera los 1.000 puntos básicos por un período prolongado, el país deja de tener acceso a los mercados voluntarios de deuda”. Así, si nos atenemos a los parámetros definidos por sus autores, es justo decir que funciona como un índice de la lucha de clases desde el punto de vis163


incluyendo a Argentina), aumentando los spreads (diferencias) respecto a las tasas de referencia de la Reserva Federal. Las consecuencias inmediatas fueron la suba de los intereses devengados, aumentando la presión sobre las cuentas fiscales, lo que se evidenció en un aumento del peso de los intereses en relación a la recaudación (Gráfico 1), y el encarecimiento del acceso a nuevos créditos para refinanciar el déficit fiscal. Esta situación, que se generalizó para el conjunto de los países emergentes, persistió en el tiempo y no se revirtió en todo el período, mostrando la continuidad real que operaba entre los episodios de crisis por detrás de su apariencia de fenómenos localizados. Este proceso general actuó fijando un piso elevado para el crédito externo que resultaría infranqueable durante la recesión argentina, independientemente de las políticas que pudieran instrumentarse internamente para “generar confianza” esperando atraer capitales. Adicionalmente, aun cuando estas crisis no supondrían efectos directos de peso en términos comerciales, las tendencias de la economía mundial afectan a la economía argentina por lo menos de otras dos maneras. Por un lado, los precios de las commodities (Gráfico 2), que venían de un piso histórico a fines de la década del ’80, se fueron recuperando durante los ’90 hasta llegar a su punto máximo entre 1996 y 1997. A partir de allí se verifica una caída importante hasta 1999 y una recuperación en el 2000 para caer levemente en 2001. Sin embargo, esta última recuperación estuvo por debajo del nivel de 1997, el cual recién comenzaría a superarse en 2003. Esta evolución general de los precios de las commodities es particularmente acentuada en lo que hace a los precios de los bienes agropecuarios De este modo, en medio de la crisis, las perspectivas para las exportaciones argentinas y para la reducción por esta vía del déficit comercial crónico no eran alentadoras. Simultáneamente, desde mediados de los ’90 (1994-95), se produce una importante reevaluación del dólar respecto a otras monedas en el mercado mundial, revirtiendo su tendencia a la caída registrada desde 1985, presionando sobre la deuda de los países

ta del capital, de modo que se trata de “la sanción acerca de las condiciones de explotación y dominación del trabajo en un país dado por parte del comando global del capital-dinero” (Bonnet 2002). El EMBI+ es el promedio del EMBI de los principales mercados emergentes (incluyendo a los mencionados en este apartado). 164


dependientes en general y reforzando el retraso cambiario de Argentina20 en términos reales, a pesar de mantenerse la paridad nominal (Gráfico 2). Pero el golpe más duro llegó en febrero de 1999 con la crisis brasilera, ya que el intercambio comercial con el país vecino representaba entonces un 30% del comercio exterior argentino, de modo que la devaluación del socio principal del MERCOSUR resultó en una fuerte caída de la demanda externa y una fuerte presión de las exportaciones brasileras sobre el mercado interno, que fue extensiva a la región en la medida en que las exportaciones brasileras tendieron a desplazar con mayor fuerza a las exportaciones argentinas, abriendo un proceso de cuestionamientos al tipo de cambio.21 Si ante la devaluación en México la respuesta oficial fue profundizar el “modelo” (convertibilidad), con la devaluación en Brasil, el salto adelante fue el planteo de la dolarización total (Gambina 2000). Un dato adicional que resulta ilustrativo es que en todos estos casos (Indonesia, Corea del Sur, Rusia, Brasil) la crisis terminó por desencadenar devaluaciones “competitivas” e instaurar regímenes de flotación cambiaria. En algunos casos, como el ruso, combinados con un default y una reestructuración de la deuda. Éste fue también el resultado de la crisis turca, iniciada a fines del 2000, cuyo desenlace en febrero de 2001 resultó prácticamente un anticipo del que se viviría meses más tarde en Argentina, abriendo un proceso de viraje en la política del FMI en el que el ala encabezada por Kruger pondría el límite a la política de préstamos a países insolventes. En este marco internacional, la perpetuación del régimen de convertibilidad en Argentina implicaba la transformación de la presión devaluatoria de cada crisis externa en un proceso deflacionario (Katz 2001) y en un aumento de la presión sobre la balanza de pagos, que se traducía en crecientes necesidades de endeudamiento, así como en un corrimiento hacia el dólar, que sólo podía efectivizarse plenamente como fuga de capitales del sistema bancario local que se volcaban como ahorro externo a colocaciones en activos líquidos de bajo riesgo en los países del centro capitalista.

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La divisa norteamericana sólo comenzó a caer con respecto al euro en 2001, aunque de forma muy lenta, de manera que el efecto recién sería notorio desde mediados de 2002 (BCRA). Para un análisis pormenorizado de los efectos de la devaluación del real en la crisis argentina, véase el artículo de Julián Kan incluido en este libro. 165


Hasta aquí tenemos un cuadro francamente desfavorable para la prolongación gestionada del régimen convertible. Sin embargo, no es todo, ya que desde septiembre del 2000 la economía norteamericana experimentó fuertes turbulencias, con el derrumbe del Nasdaq y de la “nueva economía” (la famosa Burbuja.com) que había empujado con fuerza la acumulación capitalista en EE.UU. desde 1995. Pero la crisis en el centro del sistema no revirtió el retraimiento del crédito para la periferia, sino que lo profundizó. Aun cuando a primera vista pueda pensarse que la rebaja sistemática de las tasas de interés de referencia de la FED desde fines del 2000, con el objetivo de abaratar el dólar22, marcaría una tendencia de los capitales líquidos a buscar colocaciones más rentables en la periferia, e incluso cuando pueda especularse que aumentaría la disponibilidad de capitales líquidos en búsqueda de “oportunidades” para valorizarse, en la medida en que el bajo crecimiento desalentaría la inversión productiva. Si éste fuera el caso, el problema de Argentina respecto al crédito se explicaría fundamentalmente por factores internos y no podría establecerse mayor vinculación entre las condiciones internas y las externas, que operarían como mero contexto no determinante. Éste es el supuesto que flota sobre las lecturas neoliberales, que apostaban al shock de confianza para atraer capitales. Sin embargo, si durante las crisis en la periferia las altas ganancias que ofrecían las acciones tecnológicas norteamericanas fueron un destino alternativo para los flujos de capitales, en el 2000 los flujos de capital líquido de aquel mercado no buscaron las colocaciones más rentables en los países dependientes, a pesar de las altas tasas que pagaban sus bonos, sino las más seguras, en los países del centro capitalista.23 Contradiciendo los supuestos de la teoría económica neoclásica, en un contexto de alta volatilidad todas las seguridades otor-

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A mediados del 2000, la FED comienza a bajar su tasa de referencia, que se encontraba en un 6,5%, hasta llegar al 1% al promediar el año 2003, siendo el mínimo desde 1958 (BEA). Una porción de estos capitales se desvalorizó, evidenciando su carácter de capital ficticio. Otra parte se refugió en colocaciones tradicionales (bonos del tesoro, monedas fuertes, oro, etc.), evidenciando un corrimiento hacia el atesoramiento propio de las crisis capitalistas. Por último, una parte muy importante se dirigió al mercado hipotecario (Brenner 2004).


gadas al capital resultan insuficientes y “hacer los deberes” no produce “shocks de confianza”, sino que tan sólo profundiza la recesión en la producción, al tiempo que actúa acrecentando las bases para el próximo estrangulamiento crediticio por el crecimiento de los intereses. A estas tendencias globales se agregan las particularidades propias de la dinámica de la acumulación y la lucha de clases en Argentina, que tanto por la creciente insolvencia estatal como por el aumento de la resistencia social de las clases subalternas al proceso de ajuste permanente (Piva 2009), aumentaron aún más la “percepción de riesgos” para el capital y la retracción del crédito. De cualquier modo, tanto en el caso de la crisis norteamericana como en el de la brasilera, el “contagio” no se desarrolló fundamentalmente por vía financiera sino en términos comerciales24, mostrando con mayor fuerza su vínculo con la producción. A pesar de que en aquel momento el comercio bilateral con EE.UU. representaba un 19% del total, el impacto directo de la recesión norteamericana en la Argentina era limitado, en la medida en que no se verificaba una retracción importante de las exportaciones sino apenas un crecimiento más lento (véanse exportaciones en Cuadro 1), el efecto indirecto de la retracción comercial resultó importante. A diferencia de lo ocurrido durante los ’90, el eje de la crisis se ubicó en la economía norteamericana, que había sido el motor principal de la economía mundial durante toda la década, en contraste con el largo período de estancamiento japonés y un crecimiento moderado de la zona del euro (2,4% anual entre 2000 y 2003).25 De manera que, para comienzos de 2001, la situación recesiva se generalizó al aparecer de manera sincronizada en los tres centros capitalistas, arrastrando a Europa y profundizando el estancamiento de Japón. El punto más importante para destacar es que la crisis argentina se profundiza precisamente en un momento en que se operaba un giro de importancia en el mercado mundial, donde se sintieron de forma conjunta los efectos de los procesos de crisis que se sucedían desde 1995 y que finalmente repercutieron en el centro capitalista. Aun cuando en aquel lustro, la crisis en EE.UU.

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“El volumen del comercio mundial que aumentaba a un ritmo de un 7% anual desde principios de los ’90, se mantuvo estancado durante 2001” (Brenner 2004). De Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 167


terminara siendo relativamente suave y breve26, su coincidencia con un profundo y avanzado proceso de recesión en Argentina no debería subestimarse, ya que en estas condiciones ninguna tendencia favorecía la continuidad de la convertibilidad ni el paso hacia una dolarización de jure. Así, resulta comprensible tanto el distanciamiento creciente desde EE.UU. respecto de las tentativas de dolarización unilateral (que nunca tuvieron un impulso decidido) como las reticencias por parte del gobierno norteamericano y los organismos de crédito a seguir otorgando préstamos a países como Argentina, que no se consideran estratégicos. La reconfiguración del escenario global que se abrió en este período resulta fundamental para comprender la profundidad de la crisis argentina y la necesidad de realizar un fuerte ajuste para acomodarse a la nueva realidad. Del mismo modo que la realización del quebranto será el punto de partida para la rápida recuperación desde fines de 2002, cuando empiecen a revertirse las condiciones internacionales.27

4. De la administración de la crisis a la desintegración de la paridad monetaria En el apartado anterior veíamos cómo las tendencias de la economía global empujaban crecientemente hacia la profundización de la espiral recesiva y aumentaban la presión devaluatoria sobre el peso, socavando de este modo el sustento material que pudiera tener un proyecto dolarizador para una economía como la argentina, con una estructura productiva compleja aunque fuertemente desequilibrada en términos de productividad y cuyo sec-

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De hecho, si consideramos el período comprendido entre el tercer trimestre de 2000 y el tercero de 2001, el PBI creció de forma irrisoria un 0,9% (del Bureau of Economic Analysis, www.bea.gov). En Eskenazi (2008), destacábamos que la recuperación de la economía argentina post crisis se vio favorecida por el hecho de que, producto de la profundidad de la crisis y la regresividad del ajuste que se configura durante su salida, Argentina se reestructuró con anterioridad al cambio de tendencia en el mercado mundial, lo que le permitió tomar este nuevo impulso favorable “desde el fondo”, es decir, con los salarios reales y las finanzas públicas licuadas. Una reestructuración que limpió buena parte de los capitales con menor productividad, acelerando el proceso de centralización, y con los costos laborales y fijos por el piso y fuertes superávit gemelos.


tor externo no representaba más del 20% del PBI.28 A continuación, veremos brevemente cómo se manifestaron estos procesos internamente en la descomposición del sistema crediticio y monetario durante la última fase la convertibilidad. No pretendemos realizar un seguimiento cronológico estricto de los acontecimientos ni un análisis detallado de la coyuntura política durante el año 2001, sino apenas repasar una serie de procesos que revelan cómo la tendencia hacia la ruptura, de hecho, de la caja de conversión estaba presente desde mucho antes de diciembre de 2001, prácticamente desde el fracaso del blindaje financiero pocos meces después de ser acordado y, con mayor claridad, a partir del retorno de Cavallo al Ministerio de Economía.29

El blindaje: crónica de una refinanciación fallida Consistente en un paquete de 40.000 millones de dólares a desembolsar en cuotas sujetas al cumplimiento de metas económicas y políticas acordadas con los organismos financieros internacionales y monitoreadas mediante evaluaciones periódicas, el blindaje financiero fue, quizás, el último intento serio de gestionar la crisis, buscando asegurar un respiro en el refinanciamiento de los vencimientos de deuda, con el acceso a créditos a intereses más bajos (que aun así, no rompen el piso para los países emergentes definido por el EMBI+). Su fracaso marcó un punto de inflexión en el proceso abierto desde 1998, iniciando el proceso de desintegración de la caja de conversión. Sin embargo, desde fines del 2000, se verificó un proceso de caída en las reservas del Banco Central. Si hasta 1999 éstas lograban recomponerse tomando deuda, en el tercer trimestre del 2000 se inició un proceso de merma que resulta revelador: saldrán 2.196 millones de dólares y, si bien la salida se detiene momentáneamente, creciendo las reservas producto del cierre del acuerdo por el blindaje financiero, el año concluye con una caída de reservas de 439 millones. El proceso continúa de forma ininterrumpida

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En Ecuador, insistiendo en el caso más importante y cercano de dolarización, éste representaba un 50% del PBI (Correa 2003). Para un análisis detallado de las políticas económicas desplegadas durante este sub-período, así como de los efectos buscados y los alineamientos de las distintas fracciones capitalistas en cada coyuntura, véase el artículo de Sebastián Salvia incluido en este libro. 169


durante todo 2001, con mayor intensidad en el primer y tercer trimestre, totalizando una caída de 12.083 millones a fin de año.30 Precisamente, la temprana constatación de la imposibilidad de cumplir con las metas del blindaje en materia fiscal —lo que, de acuerdo con las condiciones pactadas, significaba que no llegaran las partidas comprometidas— determinó en marzo la salida de Machinea del Ministerio de Economía. El breve interregno de López Murphy marcó el fracaso de la tentativa de ajuste brutal, en términos de su inviabilidad social. Su paquete de medidas estableció un recorte en el gasto público de 1.962 millones de pesos que afectaba fundamentalmente a la educación y las provincias.31 La lógica era simple: ajustar gastos a ingresos para mostrar seguridad fiscal a los acreedores, cumpliendo en un solo golpe con las metas atrasadas, para acceder nuevamente a los desembolsos pendientes acordados como parte del blindaje. El fracaso de este ajuste, producto de la movilización popular, dejaba muy pocas opciones al gobierno de la Alianza para continuar administrando la crisis, precipitando una política errática durante el último período de la mano del “operativo retorno” que conllevaba una redefinición de la propia alianza gobernante.

El retorno de Cavallo y el intento de una salida ordenada A poco de asumir, Cavallo intentó un giro “heterodoxo”, al menos respecto de sus antecesores. Sin embargo, creemos que no se ha resaltado lo suficiente su significado, como reconocimiento de la inviabilidad de continuar sosteniendo la convertibilidad y comienzo de su fin.

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El detalle completo es el siguiente: III/2000: -2.196; IV/2000: 1.109; I/2001: 3.886; II/2001: -1.439; III/2001: -262 y IV/2001: -6.497. Fuente: Estimación trimestral del balance de pagos, Ministerio de Economía. Incluía 600 millones de recorte a las provincias en concepto de incentivo docente; 300 a las universidades y la eliminación de programas de capacitación por 200 millones. A esto se sumaban impuestos recesivos, eliminando exenciones al IVA para la TV por cable y los espectáculos y subsidios a las naftas patagónicas y al tabaco. El paquete se complementaba con una reforma del Estado que preveía eliminar el 30% del empleo público nacional y una profundización de la reforma laboral. Incluso, se adelantaban nuevas privatizaciones (la AFJP Nación, la Casa de la Moneda y la Lotería Nacional). Asimismo, el plan adelantaba que, para el 2002, el recorte llegaría a 2.485 millones (Clarín 17/3/01).


Fue el co-progenitor de la convertibilidad, quien retornaría, con su mística a cuestas, para poner en cuestión y comenzar a retocar los pilares centrales del modelo que él mismo había instaurado una década atrás. Velozmente ungido como superministro, confiaba en su figura de autoridad ante “los mercados” para introducir, sin estimular mayores desconfianzas, cambios sutiles a un esquema declarado intocable. Así lo revelaban sus dos iniciativas principales. Por un lado, los planes de competitividad pasaron centralmente como un intento de instaurar ciertas protecciones a la producción manufacturera local implementando aranceles a la importación de bienes de consumo, mientras se proponía abaratar la importación de bienes de capital, alterando de hecho las condiciones de apertura irrestricta. Complementariamente, se lanzó la propuesta de una nueva convertibilidad o una convertibilidad flexible mediante el cambio de la referencia directa al dólar por la referencia a una canasta de monedas. En aquel momento se hablaba abiertamente sólo del euro en lo inmediato, cuyo debut un año antes por debajo del dólar era el sustento de esta primera versión de la convertibilidad ampliada, pero pensando ya en la posibilidad de ir incorporando o sacando monedas a futuro como forma de recuperar mayor flexibilidad para ir adecuando el tipo de cambio a las necesidades. Esto, claro, manteniendo una apariencia de respaldo fijo en divisas confiables, que resultaba importante para una transición. Se preveía incluir fundamentalmente, en un mediano plazo, al real en cierta proporción, y aumentar su incidencia hasta alcanzar una proporción similar a la representada por el comercio bilateral. De este modo se abría una puerta para devaluar lentamente y de forma moderada, reduciendo los desequilibrios creados por la devaluación de 1999. Frecuentemente se señala que esta iniciativa no pasó de un proyecto y jamás llegó a implementarse, lo cual no es del todo cierto. El 16 de junio, Cavallo anunció un paquete de medidas para “estimular las exportaciones, el consumo y la compra de viviendas”. Entre ellas, la más destacada era el desdoblamiento del tipo de cambio en un “dólar comercial” y un “dólar financiero”, que implicaba de hecho una pequeña devaluación del 7,4% y el abandono del tipo de cambio fijo para el comercio exterior, favoreciendo levemente en lo inmediato las demandas de los exportadores.32 32

Se establecía un “factor de empalme” entre la convertibilidad “clásica” y la “ampliada”, según el cual hasta que la cotización del euro se igualara a la del 171


La importancia de la medida no resulta de su efecto inmediato sino de sus implicancias políticas, ya que abría la vía para una salida lenta y controlada de la convertibilidad, que recibió un cauteloso pero amplísimo apoyo empresario.33 El problema radicaba en la tibieza de una medida que llegaba demasiado tarde y no lograba paliar la situación de deterioro creciente de la competitividad ni frenar un proceso de fuga de capitales y bancarrota financiera en ciernes, tanto del sistema bancario como de la capacidad del Estado para pagar la deuda y respaldar la moneda convertible, así como para imponer procesos de ajuste deflacionario contra una creciente resistencia social. A partir de mayo, se disparó el riesgo país, cerrando el acceso a los mercados de crédito voluntario.34 Esta suba vertiginosa no

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dólar, exportadores e importadores debían liquidar o pagar sus divisas con un régimen cambiario especial. La paridad surgiría de sumar la mitad de la diferencia entre el dólar y el euro al actual cambio de 1 por 1. En el momento del anuncio, un dólar equivalía a 1,16 euro y el dólar comercial se situaba en 1,08 peso, con lo cual la devaluación para el comercio exterior era del 7,4%. El dólar comercial excluía las exportaciones de combustibles, por su elevado precio internacional. En compensación por el encarecimiento de las importaciones, se reducían adicionalmente los aranceles para algunos bienes de consumo del 35% al 27%. En definitiva, por el momento el empalme sólo favorecía a los exportadores, en tanto la divisa europea no comenzara a apreciarse, mientras el real continuaba su proceso incesante de devaluación. Como lo expresaba Alfredo Zaiat, “Cavallo inventó a las apuradas un mecanismo para devaluar frente a Brasil, al tiempo de quedarse con una diferencia fiscal estimada por él mismo en 600 millones de dólares” (Página 12 16/6/01). Tan sólo a modo de ejemplo, mencionemos que incluso desde la fundación FIEL, dirigida por López Murphy y considerada entre los “dolarizadores” más acérrimos, se aprobaba la iniciativa como un punto medio entre la dolarización y la flotación, como lo manifestaba en el documento presentado a la reunión anual de la Asociación de Bancos Argentina (ABA): “la dolarización ofrece ventajas y desventajas, pero no representa una solución a problemas de insolvencia fiscal que van más allá de la esfera monetaria. En este contexto, la alternativa de la canasta de monedas tiene la virtud de ofrecer un test de bajo riesgo que permite medir hasta qué punto estos diez años de convertibilidad han contribuido al fortalecimiento del peso, más allá de su identificación con el dólar. Si a niveles moderados de variabilidad el peso exhibe cierta independencia, sería concebible el uso del tipo de cambio como precio relativo, condición necesaria para explotar los beneficios de un tipo de cambio flexible. Caso contrario, la alternativa de una dolarización de jure aparecería como la opción más natural” (FIEL 2001). La evolución del EMBI (véase nota 19) desde 1997 aporta algunos datos significativos. Hasta julio de 1998 se mantuvo oscilando en torno a los 400 o 500 puntos. Entre septiembre y enero de 1999 pasó los 1.000 puntos, refle-


fue más que la sanción por parte del capital internacional de una situación de default en ciernes, configurando un cierre de los mercados de crédito que, junto con la creciente salida de capitales, terminó de dar por tierra con el intento de una salida ordenada. Un nuevo viraje impulsó al ministro a volver sobre sus pasos planteando, de nueva cuenta, una política de mega ajuste corporizada en la ley de déficit cero, cuyo núcleo era el recorte del 13% a los salarios públicos y las jubilaciones.35 A diferencia del paquete lópezmurphista, este ajuste fue llevado al Congreso, buscando legitimarlo, donde consiguió ser aprobado al ser presentado como el último recurso para frenar la catástrofe que se avecinaba. Sin embargo, la maniobra sólo conseguiría profundizar el desprestigio de todos los poderes del Estado. El resultado previsible fue una nueva profundización de la espiral recesiva, sin que se verificara resultado alguno en la mítica recuperación del crédito.

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jando el efecto de la crisis en Brasil, volviendo a caer tras la devaluación del real pero quedando su nuevo piso por encima de los 700 puntos. A partir de allí hubo dos picos en los que pasó los 1.000 puntos. El primero, en junioagosto de 1999, cuando hubo un estrangulamiento de la deuda y se negoció un acuerdo con el FMI en medio de la transición presidencial. El segundo, en noviembre del 2000, con idéntico origen, hasta que se cerró el blindaje. En abril de 2001 orilló nuevamente este límite, con 981 puntos, y de allí en adelante subió vertiginosamente de modo que los mercados de crédito voluntario quedaron definitivamente cortados: en mayo, 999; en junio, 956; en julio, 1.410; en agosto, 1.501; en septiembre, 1.566; en octubre, 1.827; en noviembre, 2.742 y en diciembre, 4.383,9. El índice bajaría la barrera de los 3.000 puntos recién en julio de 2005, concluida la reestructuración de la deuda (Fuente: CEI). La reducción afectó los salarios de empleados públicos, jubilados, pensionados, docentes y no docentes universitarios, personal civil y militar de las Fuerzas Armadas y trabajadores del Poder Legislativo y del Judicial que cobraban 500 pesos o más. También se extendió a las asignaciones familiares de los empleados públicos, mientras que las asignaciones familiares que pagaba el Estado a los empleados de empresas privadas se recortaron por completo. Sin embargo, la ley establecía la meta fiscal, y no el monto a reducir, de modo que en el futuro podía ser mayor al 13% inicial. Simultáneamente, se suspendía la reducción del impuesto a las ganancias anunciada, al igual que la reducción del impuesto sobre la nafta. Se extendía el IVA a la TV por cable y se aumentaban los aportes patronales para los establecimientos que emplearan a más de 40 personas, de un 16% a un 20%. 173


Del auge de las cuasi monedas al corralito Adicionalmente, a medida que avanzaba la crisis y el proceso de fuga de capitales, se produjo un proceso de desmonetización de la economía que se verificó como una caída del circulante y los depósitos en cuenta corriente y en cajas de ahorro desde 1998, que se aceleró fuertemente durante 2001 (Cuadro 3). Esto profundizó y aceleró la espiral descendente. Del mismo modo que el dinero se expande y contrae con el nivel de actividad, la contracción de los medios de pago limita el intercambio y tiene un efecto profundamente recesivo. En este contexto, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional recurrieron crecientemente a las cuasi monedas para financiar el desequilibrio fiscal en el marco de las restricciones impuestas por la convertibilidad (Schvarzer y Finkelstein 2003). Su origen se remonta a la primera mitad de la década del ’90, como respuesta de algunos de los gobiernos provinciales con menores recursos (La Rioja, Catamarca, Formosa, Tucumán, Jujuy) para financiar gastos por fuera de los recursos presupuestarios, problema que se va agravando a medida que la política de ajuste en el Estado nacional trasladaba gastos a las provincias sin aumentar los recursos coparticipables, siendo el caso típico la descentralización de la educación. Se trataba de bonos de baja denominación que el Estado provincial ponía en circulación de manera compulsiva, usualmente como medio de pago de sueldos y servicios. El problema es que, en principio, no tenían validez fuera de la provincia y su aceptación no era universal, de modo que se devaluaban en el mercado, lo que implicaba una rebaja salarial para los empleados que cobraban parte de su salario en ellos.36 Sobre aquel precedente restringido, a partir de agosto de 2001 el fenómeno dio un salto cualitativo con la emisión de los patacones, los Lecor y finalmente los Lecop por parte de los gobiernos de Buenos Aires y Córdoba y el gobierno nacional, respectivamente.37 En total, 12 provincias emitieron este tipo de bonos, pero es36

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De todos modos, luego, durante el 2002, serían rescatadas a valores prácticamente nominales (con una pequeña diferencia que implicaba una mínima contracción de la base monetaria) junto con las demás. El proceso de rescate del conjunto de las cuasi monedas finalizará prácticamente en diciembre de 2003 (BCRA). Estos bonos tendrán problemas de aceptación pero no se devaluarán demasiado en el mercado, a menos que se quisiera cambiarlos por pesos. Las Le-


tos tres llegaron a representar el 88,5% de todas las cuasi monedas emitidas en el país. Las cuasi monedas llegaron a representar durante 2001 un 30% del circulante y un 10% del total de los medios de pago disponibles, si contabilizamos el dinero bancario.38 Se trataba claramente de un fenómeno de emisión monetaria, planteando nuevamente en los hechos una ruptura de la convertibilidad y de la ley déficit cero. Aunque, al no formalizarse el quiebre, su emisión fue avalada incluso por el FMI (Schvarzer y Finkelstein 2003). El auge de las cuasi monedas tuvo también otra implicancia fundamental, al expresar una tendencia a la ruptura de la unidad monetaria nacional. Si bien esta ruptura se encuentra lejos de la “disolución del dinero”, con su implicancia como disolución del vínculo social general propia de la violencia hiperinflacionaria (Bonnet 1995), podemos decir que equivale a un proceso de fragmentación relativa del dinero al retrocederse desde la moneda de circulación forzosa a escala nacional como prerrogativa exclusiva del Estado a la circulación de billetes de banco —en este caso, de los bancos provinciales y el Banco Nación—, de los cuales a lo sumo podemos decir que eran de circulación forzosa restringida, forma que históricamente antecede a aquélla (Marx 1998). Esta incipiente fragmentación de la soberanía monetaria refleja, a su modo, la profundidad de la crisis política en desarrollo, al representar una pérdida de poder no sólo del gobierno de turno, sino también de las funciones del Estado central. En medio de este proceso, la instrumentación del megacanje constituyó, junto a la mencionada ley de déficit cero, una última tentativa por evitar el default, reestructurando una importante porción de la deuda, cambiando bonos de vencimiento a corto plazo por otros de largo plazo por un monto cercano a 30.000 millo-

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cop son finalmente implementadas por el Estado nacional como forma de transferir recursos a las provincias procurando limitar las emisiones por cuenta de cada jurisdicción. A diferencia del Patacón, las Lecop no devengan intereses, dejando en claro que se trata de medios de pago y no de títulos. De aquí que en algunos medios académicos y empresarios, llegara a hablarse de una tercera moneda no convertible. Idea que luego retomaría Rodríguez Saá en su breve interregno. Aquí tomamos el agregado monetario M2 = Circulante + Cuentas corrientes + Cajas de ahorro, ya que constituye la suma de los medios de pago de plena disposición, en lugar de M3 que incorpora también los depósitos a plazo fijo, cuya disponibilidad está, de hecho, restringida temporalmente. 175


nes, a altísimas tasas por encima del 15%. Nuevamente se pretendía desplazar el problema hacia adelante y continuar gestionando la crisis, ganando tiempo para intentar otro proceso de ajuste deflacionario. El problema del megacanje —más allá de su sospechadísima operatoria, que incluyó más de un negociado con altas comisiones y pagos adelantados— fue que el intento llegó, una vez más, demasiado tarde y no logró siquiera una tregua en el proceso de huida de capitales desde el sistema financiero local —potenciada por la elevada proporción de cuentas en dólares— y de desmonetización de la economía. Este proceso plantea ya un estado de default en ciernes. Sólo faltaba un empujón que efectivizara una realidad impuesta ya por las circunstancias. Finalmente, este empujón llegó durante la primera semana de diciembre, con la negativa por parte del FMI a destrabar un desembolso por 1.260 millones de dólares si no se concretaba previamente un nuevo ajuste para garantizar el déficit cero. En estas condiciones, se impuso el llamado corralito financiero, que consistió en restricciones generales a los retiros de depósitos que alcanzaban incluso a las cuentas salario, con el objetivo de evitar la quiebra masiva de entidades bancarias. La restricción implicaba la ruptura de cadenas de pagos por falta de circulante, ya que los depósitos de fácil disponibilidad que habitualmente actúan como medios de pago (siendo habitualmente cerca de 2/3 partes del total) se veían fuertemente limitados para cumplir esta funciones. Sólo la multiplicación de las cuasi monedas durante 2002, que llegaron a contabilizar 7.814 millones de pesos (lo que representa un 16% del agregado M2) contrarrestó parcialmente este proceso, amortiguando parcialmente la reducción del circulante. Y fue la existencia del corralito la que explica que se continuaran emitiendo cuasi monedas después de consumada la devaluación. El corralito era, en sí mismo, una admisión del fin del régimen de caja de conversión, ya que implicaba asumir que el Estado no estaba en condiciones de cumplir con el respaldo en dólares de cada peso, como lo marcaba la propia ley. Sin embargo, por sí solo, no implicaba una resolución respecto a la forma que asumiría esta salida. Ésta era por el momento una incógnita, aunque conociendo ya el desenlace podemos decir que fue una de sus condiciones de posibilidad. Al limitar la disponibilidad de fondos, preparó las condiciones para una posterior expropiación masiva de los ahorristas —mayoritariamente medianos y pequeños, es decir, de 176


sectores de la pequeñaburguesía e incluso de la clase trabajadora— que se consumaría con la pesificación asimétrica, constituyendo un mecanismo de “acumulación originaria reiterada” en el sentido más pleno del término. Es así como, a partir de ese momento, la disputa interburguesa se desplazó desde la puja por conservar o alterar el régimen monetario, hacia la modalidad que adquiriría el proceso de devaluación y pesificación de activos, que comenzaría a resolverse en los próximos meses hasta configurarse la modalidad de la devaluación en dos tiempos (fija primero a $1,40 y libre después) y la pesificación asimétrica dispuesta por el gobierno duhaldista.39 Esta disputa no debería subestimarse. Téngase en cuenta, por ejemplo, el breve interregno de Rodríguez Saá, quien recibió y perdió el apoyo político de buena parte del empresariado y del aparato del PJ en cuestión de días al proponer la creación de una segunda moneda (el Argentino) en lugar de devaluar y al sugerir la posibilidad de completar el mandato de De la Rúa. Esta disputa en torno a los costos del quebranto y a la forma que tomaría un nuevo equilibrio se extenderá, con diferentes modalidades, durante el siguiente lustro —de forma más abierta, por lo menos hasta fines de 2002—, pero su análisis es materia para otro trabajo.

5. Bases preliminares para otra lectura del conflicto interburgués En los dos últimos apartados, intentamos desplegar elementos para comprender la dinámica interna y global en la que se desarrolla la crisis del 2001 en Argentina. Previamente habíamos marcado los ejes de nuestro desacuerdo con la visión fraccionalista de las disputa interburguesa. Creemos, entonces, que es conveniente formularse la pregunta en otros términos, tratando de comprender el fenómeno de la división de la clase dominante, ex39

Si bien se trata de un proceso complejo para analizar en detalle, en términos generales la pesificación asimétrica consistió en el reconocimiento de los depósitos (pasivos de los bancos) a $1,40 por dólar, cuando la divisa se había liberado y superaba ampliamente ese valor. De este modo los ahorristas perdían la diferencia entre los dos valores. Mientras tanto, los prestamos, fueron pesificados 1 a 1, subsidiando a las empresas y a los particulares que tenían, por ejemplo, algún tipo de crédito hipotecario. Esto implicaba un agujero para los bancos (nacionales y extranjeros), que fueron rescatados por el Gobierno asumiendo las deudas. Véase Gigliani (2004). 177


presada tanto por la fractura entre sus organizaciones corporativas como por la de sus partidos políticos tradicionales, que se despliega con la crisis, en lugar de asumirlo como un dato. Esto implica no limitarse a designarlo como la división entre dos fracciones supuestamente homogéneas y autoconscientes en buena medida, sino explicar los enfrentamientos y realineamientos en la lucha interburguesa en su carácter, potencialidades y desenvolvimiento en el tiempo, conforme avanza la propia crisis. Recapitulando, nuestro punto de partida fue la consideración de que la profunda crisis de acumulación iniciada en 1998 expresó la insuficiencia del capital local para reproducirse de forma competitiva en el mercado mundial, así como los límites de la reestructuración operada tras la hiperinflación para potenciar esta capacidad. Iniciada la recesión, las pretensiones de superar la crisis sobre la base de la continuidad y la extensión de las condiciones de valorización y el consenso vigentes, o de su profundización por vía dolarizadora, chocaron con los efectos combinados de los procesos de crisis de valorización en términos internacionales en sus dos fases —desde las periferias hacia el centro—, y con los límites que impusieron las luchas de los trabajadores al aumento de la tasa de explotación mediante mecanismos de plusvalía absoluta en un contexto deflacionario. Bajo el peso de estas condiciones, se fue produciendo un proceso de ruptura y polarización política que involucró a todas las clases de la sociedad y, como parte de éste, una confrontación al interior del bloque burgués, en la cual ya no se enfrentaban tan sólo demandas corporativas propias de la inserción sectorial, sino que se fueron creando las condiciones para la conformación de fracciones en términos propiamente políticos, mediante una puja en torno a la reestructuración necesaria para la resolución de la crisis de acumulación. De este modo, las fracciones políticas no preexisten a la crisis, sino que se fueron conformando bajo los jalones y características de ésta, subsumiendo parcialmente las pujas propiamente corporativas sin anularlas. Ya hemos dicho varias veces que no consideramos la propuesta dolarizadora como una alternativa a la convertibilidad, sino como una profundización de la misma estrategia conservadora. Sin embargo, no nos referimos fundamentalmente con esto al contenido regresivo del proyecto dolarizador. La reestructuración neoliberal de comienzos de los ’90 demostró cómo el capital puede desplegar una ofensiva conjugando un programa renovador con una 178


política sumamente activa y que impulsa cambios profundos, con un contenido profundamente reaccionario, y sobre esta base crear condiciones para una nueva hegemonía. Nos referimos, por el contrario, a que en el período de crisis de la convertibilidad la dolarización no expresaba una salida activa de este tipo. No requería ni suponía un nuevo consenso, sino que se apoyaba sobre la prolongación de la hegemonía vigente.40 No presentaba a la sociedad una propuesta diferente, sino que su fundamento último era el de aferrarse a la profundización del programa aplicado. Sin embargo, en un primer momento, fueron precisamente las tendencias conservadoras a la continuidad del régimen imperante las que se impusieron, aunque enfrentando crecientes dificultades conforme se perpetuaban las condiciones desfavorables en el mercado mundial y se profundizaba la crisis en el ámbito local junto con sus consecuencias sociales. De este modo, la estrategia conservadora tuvo un relativo éxito ya que la convertibilidad se mantuvo efectivamente durante casi tres años después de la devaluación del real, cuando ya llevaba un año de recesión a cuestas, lo cual constituye un período más que prolongado si lo comparamos con lo que sucedió en el resto de las crisis en la periferia durante la década. Durante ese período, las voces devaluacionistas no comenzaron a expresarse abiertamente sino desde mediados del 2000 (Castellani y Skolnik 2005) y no cabe duda de que la propuesta dolarizadora desempeñó un rol de importancia en este proceso. Podría decirse, entonces, que una fracción relativamente más débil del gran capital consiguió imponerse durante este primer período, bloqueando la salida de la crisis mediante la salida la devaluación de la moneda, y que luego es la otra fracción la que, conforme avanza la crisis, comenzó a expresar su fuerza sosteniendo una orientación diferenciada que finalmente logró imponer. Análogamente, como plantea Piva (2007), aun en una fase recesiva la convertibilidad siguió funcionando como marco general 40

Las referencias que hacen Basualdo y Lozano a la identificación de los dolarizadores con el discurso del combate contra la pobreza del Banco Mundial (ligado a la promoción de políticas focalizadas de corte asistencialista por intermedio de ONGs y organismos públicos), siendo reales, resultan francamente muy endebles como para ser consideradas seriamente en tanto iniciativas tendientes a fundar una nueva hegemonía. Se trata más bien de un limitado discurso demagógico acompañado de políticas de contención social, sin mayores potencialidades hegemónicas. Véanse Basualdo y Lozano (2000) y Basualdo (2001, 2003). 179


de la ofensiva del capital sobre el trabajo. De este modo, durante 1999-2001, el capital en general y, con mayor fuerza, las fracciones más afectadas en su tasa de ganancia por la pérdida de competitividad internacional y la recesión, tendieron a reforzar estrategias para contrarrestar esta caída y apostar a una recuperación que apuntaba centralmente a incrementar la presión para la reducción de costos laborales mediante mecanismos de incremento de la plusvalía en términos absolutos, profundizando la flexibilización contractual y funcional, reduciendo el número de trabajadores, aumentando la presión sobre éstos para extender e intensificar la jornada, y tratando de imponer rebajas salariales, sea directamente o mediante el mecanismo de despedir para recontratar bajo peores condiciones. Así, ante la prolongación de la convertibilidad, se trató de avanzar tanto como fuera posible en reformas laborales, impulsadas y aplaudidas por el conjunto de los sectores patronales, destacándose la ley de reforma laboral41 y la reducción de aportes patronales entre otras medidas. Sin embargo, en el desenvolvimiento de esta contradicción, el factor tiempo desempeñó un rol de gran importancia, ya que, ante la prolongación de la crisis, la necesidad de una resolución se tornó cada vez más acuciante. Ante la insuficiencia de estas medidas frente a la necesidad de bajar los costos salariales para recomponer la tasa de ganancia y las resistencias que suscitaba la vía deflacionaria, poco a poco un sector de la burguesía comenzó a visualizar que la continuidad conducía a una vía muerta, ya que no se podía resolver en cuestión de meses lo que no había podido resolverse hasta ese momento en tres años. Es esta misma dinámica, perpetuada en el tiempo por la falta de resolución de la crisis de acumulación, la que empujó a que ésta se reprodujera como crisis política. Bajo el efecto acumulado de la presión competitiva acrecentada por el retraso cambiario y multiplicada por la prolongación de la crisis y por la imposibilidad de resolverla de forma ordenada, se abrió una fisura en el bloque burgués, marcada por una creciente disputa entre un bloque conservador continuista que se iba des41

180

La ley 25.250 —aprobada por el Congreso en medio de una dura represión a la movilización convocada por el MTA—, también conocida como Ley Banelco una vez que se hizo público el pago de coimas del gobierno de la Alianza a senadores del PJ para garantizar su aprobación.


gajando al calor de la crisis y otro que, motorizado por su necesidad de ganar en “competitividad”, pasaba a la oposición e iba incrementando sus presiones sobre el Gobierno para obtener paliativos así como su actitud confrontativa contra “el modelo” de cara a la sociedad. El “modelo” y su gestión gubernamental fueron enfrentados entonces por: a) sectores de la gran burguesía; b) crecientes sectores de la pequeña burguesía en proceso de pauperización relativa y luego sectores expropiados; c) sectores de la clase trabajadora ocupada, crecientemente movilizados en procesos de lucha defensiva; d) sectores de trabajadores desocupados que fueron ganando en organización y presencia social en las calles y rutas. Se fue conformando así, un heterogéneo y poderoso bloque de oposición42 que, sin confluir orgánicamente en un mismo movimiento político sino llevado por sus reivindicaciones particulares (que, al tratarse de clases diferentes y antagónicas, chocaban necesariamente entre sí), confluyó en su confrontación contra “el modelo” y sus gestores, es decir, contra el Gobierno en particular y contra las instancias de representación política en general. Esta amplia y creciente conjunción de sectores que chocaron contra el Gobierno fue hegemonizada en los hechos por un sector de la gran burguesía. Un sector que consiguió montarse en los procesos de lucha de las clases subalternas en curso para presionar en la disputa interburguesa, y que fue articulando una propuesta para la resolución de la crisis de acumulación sobre una base inflacionaria y confiscatoria, condición necesaria para controlar a posteriori la creciente conflictividad social. La incapacidad para plantear una alternativa anticapitalista por parte de los trabajadores dejó la resolución de la crisis en ma42

Esto no es más que la consumación de una fase intermedia en un proceso de crisis hegemónica. Vale al respecto la respuesta de Engels a la tesis de la “masa reaccionaria”, que suponía un enfrentamiento abierto entre las clases desde el inicio de los procesos políticos. “En la vida real, las cosas no suceden tan sencillamente […] la revolución empieza precisamente de modo opuesto, juntándose contra el gobierno la gran mayoría del pueblo y también los partidos oficiales, y con ello lo aísla y lo derroca; y únicamente después de que aquellos partidos que pueden sobrevivir se han destruido mutua y sucesivamente, es que se produce la gran división de Volmar, y con ello la perspectiva de nuestra dirección. Si […] quisiéramos empezar directamente por el final […] tomaríamos un camino despreciablemente malo” (carta de Engels a Bebel del 28 de octubre de 1882). 181


nos del capital, dando paso a una recomposición burguesa de la acumulación y de la dominación política. Toda reestructuración capitalista supone un reacomodamiento de los sectores del capital y un aumento de la tasa media de ganancia sobre la base de un avance sobre el trabajo. Finalmente, la devaluación se impuso porque el conjunto de las circunstancias empujaron en ese sentido y, sin embargo, la sola depreciación del signo monetario no supone por sí misma una salida ni un programa para la reestructuración de la acumulación de capital, sino que marca el desplazamiento de la disputa interburguesa a un nuevo escenario. Agreguemos un último comentario. El hecho de que el resultado de esta resistencia haya sido perjudicial para las condiciones de vida de los trabajadores en su conjunto no invalida una lectura que ponga en el primer plano la resistencia de la clase trabajadora. Este punto reviste su importancia, ya que las lecturas de la crisis que centran su mirada en la disputa interburguesa se apoyan en buena medida en esta consideración para desplazar a un segundo plano el rol de la clase trabajadora. Sin embargo, resulta esperable que, en condiciones de crisis, la ausencia de una alternativa de resolución favorable a los trabajadores termine resultando en un empeoramiento de sus condiciones de vida (Astarita 2003) e incluso en un retroceso temporal en su proceso de organización social y política, producto de la dispersión de fuerzas que supone la derrota (Piva 2007). Pero pensar por ello que los trabajadores no han luchado o que sus luchas no tuvieron mayor sentido ya que, después de todo, fueron quienes cargaron con los mayores costos de la crisis, resulta en una lectura lamentable. De forma imperceptible a veces, las experiencias colectivas de organización y de lucha de los trabajadores y las clases subalternas se acumulan y se proyectan. Aun cuando permanecen en estado latente durante largos períodos, están ahí, para brotar desde el suelo cuando nuevos vientos y lluvias las alcancen, con su potencialidad intacta para florecer y trasformar el crudo invierno en primavera.

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Anexo: Cuadros y gráficos Cuadro 1 Estimación del balance de pagos (1992-2002) (en millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Economía.

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Cuadro 2 Ingresos y Gastos de la Administración Nacional Central (1992-2003) (en millones de pesos)

Fuente: CEPAL.

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Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a Becerra (2004) y Ministerio de Economía.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA.

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Cuadro 3 Agregados monetarios y cuasimonedas 1991-2005 Año

Billetes

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

4.720 6.763 9.106 10.390 10.277 11.120 12.831 13.044 12.865 11.562 7.960 15.438 26.031 31.701 34.613

Cuasi monedas

302 3.430 7.814 287 111 111

Circulante 4.720 6.763 9.106 10.390 10.277 11.120 12.831 13.044 12.865 11.864 11.390 23.252 26.318 31.812 34.724

Cuentas Corrientes 3.341 5.067 6.524 7.349 8.176 9.368 10.830 11.435 11.101 9.736 7.161 13.808 21.907 29.915 31.356

M1 8.061 11.830 15.630 17.739 18.453 20.488 23.661 24.479 23.966 21.600 18.551 37.060 48.225 61.727 66.080

Caja de ahorro 3.150 4.829 8.351 9.277 8.151 10.549 12.935 13.449 14.350 13.418 14.034 9.081 15.675 26.897 27.347

Fuente: Elaboración propia en base a Gigliani (2004) y BCRA.

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M2 11.211 16.659 23.981 27.016 26.604 31.037 36.596 37.928 38.316 35.018 32.585 46.141 63.900 88.624 93.427

Cuasim. / Circulante

Cuasim. / M1

Cuasim. / M2

2,55% 30,11% 33,61% 1,09% 0,35% 0,32%

1,40% 18,49% 21,08% 0,60% 0,18% 0,17%

0,86% 10,53% 16,94% 0,45% 0,13% 0,12%


ESTADO Y CONFLICTO INTERBURGUÉS EN ARGENTINA La crisis de la convertibilidad (1999-2001) Sebastián Salvia

Introducción Este libro trata de diversas dimensiones de la crisis de 2001 en Argentina. En este capítulo, pretendemos analizar los conflictos entre fracciones burguesas a los que da lugar la crisis de acumulación argentina, centrándonos en el impacto diferencial de la crisis en la reproducción material de dichas fracciones y en la política económica del Estado frente a ella. Partimos de la hipótesis de que la crisis de acumulación es resultado del deterioro de la capacidad de competir de la producción capitalista local en el mercado mundial (Bonnet 2008, Astarita 2001).1 Asumimos que la política del Estado nacional estaba determinada por su implicación en la estrategia de acumulación que había entrado en crisis. Esta política apuntaba a superar la crisis dentro de las condiciones en las que se desenvolvía la acumulación de capital, lo que afectaba su eficacia. De esta manera, vemos el conflicto interburgués como resultado del impacto diferencial 1

Podemos conceptualizarla como una crisis de la relación de capital (Holloway 1994), en la que se degradaban las condiciones de vida de los trabajadores y se reducía el valor expropiado por los capitalistas, al mismo tiempo que se contraía la extensión de la propia relación capitalista y se diluía la eficacia de la hegemonía burguesa, por las crecientes dificultades para presentar la reproducción ampliada de dicha relación como reproducción ampliada de toda la sociedad. 189


de la crisis sobre las diferentes fracciones de la burguesía y de la eficacia decreciente del Estado para revertir el movimiento descendente de la producción capitalista local, en las condiciones que sancionaba la convertibilidad. Explicitado nuestro punto de vista, es necesario criticar los aspectos más relevantes de la interpretación que se ha constituido como dominante en las ciencias sociales sobre la crisis de 2001 y la lucha interburguesa. Dicha interpretación conceptualiza la crisis como resultado de la caída de la demanda interna por la regresividad de la distribución del ingreso, a partir de un proceso de “desindustrialización” y auge de la “valorización financiera”.2 La lucha interburguesa aparece como la lucha al interior de la “cúpula” de empresas capitalistas de mayor concentración y se explica por la ruptura de la “comunidad de negocios” que cimentaba, en el negocio de las privatizaciones, a los acreedores externos, las empresas multinacionales y el capital local (Basualdo 2001 y 2006).3 La lucha al interior de la cúpula empresaria se organiza en torno a dos proyectos alternativos a la convertibilidad: la devaluación y la dolarización. Ambos proyectos representan la expresión contable de los intereses de fracciones de la cúpula empresaria, es decir, la apreciación o consolidación de sus activos e ingresos. Esta visión sobrevalora la importancia de las expresiones en favor de la dolarización y de la devaluación y las aísla de las determinaciones de la crisis, asumiendo que las diferentes fracciones del capital —en el subuniverso de la cúpula empresaria— no se veían afectadas por el movimiento deficiente de la producción (Basualdo 2001). Estos problemas son resultado de una mirada que traslada la determinación de las relaciones de clase desde la explotación en la producción material hacia la distribución del producto social, de la misma manera que reduce el conflicto al interior de la burguesía a las disputas por la distribución del producto social entre cierta cantidad de empresas de gran concen2

3

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Para Basualdo, “la crisis se origina en problemas de demanda y no de oferta (...) su modificación exige revertir la regresividad distributiva vigente en la economía argentina, reconstruyendo la demanda interna y las finanzas públicas (…) Finalmente, resulta ilusorio afirmar que la superación de la crisis puede lograrse sobre la base de una expansión de las exportaciones, excluyendo el consumo interno, cuando las mismas representan solamente alrededor del 8% del PBI” (Basualdo 2001). La ruptura consiste en la venta de las acciones del capital local a sus socios extranjeros (Basualdo 2001).


tración. En las páginas que siguen, nos aproximaremos a la relación entre Estado y acumulación durante la década del noventa, centrándonos en el análisis de la relación de la política económica del Estado, el conflicto entre fracciones del capital y la caída de la convertibilidad.

Estado y capital en la convertibilidad En este apartado, nos ocuparemos de los aspectos más relevantes de la relación entre la política estatal y la producción capitalista durante la convertibilidad y su crisis. La característica principal del período es que las condiciones generales del proceso de acumulación se basaban en el disciplinamiento social que resultaba de la intensificación de la competencia de la producción capitalista local con la producción capitalista global, a partir de la apertura comercial y la fijación del tipo de cambio por ley del Estado, conocida precisamente como convertibilidad (Astarita 2001, Bonnet 2008). La convertibilidad eliminaba la posibilidad de compensar el déficit de competitividad en términos internacionales mediante la modificación del equivalente general de la economía argentina respecto al equivalente del mercado mundial (el dólar). Ahora bien, como la capacidad de la producción capitalista de un país de competir en el mercado mundial depende del grado de explotación de la fuerza de trabajo —es decir, de la relación de la productividad, intensidad y extensión del trabajo con el valor que reproduce a la fuerza de trabajo bajo la forma de salario—, la convertibilidad intensificaba la necesidad del capital de aumentar este grado de explotación. Esta necesidad se materializaba en la incorporación de tecnología e insumos importados, abaratados por la apreciación del peso tras la fijación del tipo de cambio, y en la reestructuración de los procesos productivos.4 De la misma manera, se expresaba en el aumento de la intensidad del uso y la precariedad de la contratación de la fuerza de trabajo, facilitadas por las leyes de “flexibilización laboral” del Estado y por el crecimiento del ejército de reserva, propio de la intensificación de la competencia con la 4

Entre 1990 y 1999, la inversión privada neta de adquisiciones de empresas ascendió a 106.000 millones de dólares, importándose bienes de capital y piezas para éstos por 82.000 millones de dólares (datos del Ministerio de Economía y de Astarita 2001, en base a Secretaría de Industria). 191


producción capitalista global.5 Estas transformaciones en el proceso de producción fueron mecanismos privilegiados de la acumulación capitalista, en la carrera de la competitividad en términos internacionales (Salvia y Frydman 2004). Sobre estas bases, la convertibilidad resultó efectiva para el aumento de la explotación mediante el aumento de la productividad e intensidad del trabajo.6 Entre 1990 y 1998, el producto por trabajador (sobre el que influyen tanto los cambios en la productividad como en la intensidad) aumentó un 71,5%7. La magnitud de este aumento fue tal que se redujo la brecha internacional de productividad, tomando como indicador la reducción de la brecha de productividad industrial respecto a los Estados Unidos, que concentraba la cuarta parte de la producción mundial. Al mismo tiempo, al contrario de la prédica de la burguesía industrial en relación a los aumentos salariales por productividad, el salario se mantuvo relativamente estancado desde 1993.8 Este éxito en el crecimiento de la explotación del trabajo creaba las bases materiales para la distribución del trabajo excedente entre las distintas fracciones burguesas, cimentando la conformación de un sólido bloque en el poder que incluía a todas las fracciones de la burguesía, y que resultó de suma importancia para la eficacia de las políticas neoliberales del Estado (Piva 2007). Sin embargo, el sostenimiento de la convertibilidad dependía de la inserción del proceso de acumulación argentino en el proceso de acumulación global, es decir, de la relación con el mercado mundial. Las condiciones que la convertibilidad sancionaba para la competencia internacional determinaban un continuo déficit

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Entre 1993 y 1997, el trabajo en negro en empresas privadas creció 10,7%, mientras que el trabajo registrado creció 3,9%. Estas tendencias operaban con más fuerza en la industria: el trabajo en negro creció 4%, mientras que el trabajo registrado cayó un 8,3% (datos de INDEC). La necesidad de aumento constante de la productividad del trabajo es una de las dimensiones de la lucha en torno a la explotación de la clase trabajadora, que constituye la primera determinación de la burguesía como clase. Astarita (2001), en base a datos de la Secretaría de Industria. De esta manera, entre 1993 y 1997 se produjo un aumento del trabajo expropiado del orden del 58,2%, medido por cada trabajador asalariado privado. Si tomamos el excedente de la producción y el salario real, podemos lograr un indicador preliminar de la tasa de explotación, que creció del 103% en 1993 al 176% en 1997 (elaboración propia en base a datos INDEC).


comercial9, dada la ascendente pero menor productividad relativa de la economía argentina y la apreciación del tipo de cambio real.10 El Estado nacional estaba implicado en la reproducción de las condiciones de la acumulación con un superávit continuo en la cuenta financiera, es decir, en el balance de la entrada y salida de divisas a la economía local.11 El flujo positivo de divisas contribuía a sostener la estrategia de acumulación12, por dos vías: la inversión extranjera directa, que parecía evitar el riesgo de desvalorización por la fijación del tipo de cambio, y el endeudamiento externo por encima del pago de intereses, que permitía al Estado cubrir el déficit comercial y acumular reservas de divisas.13 9

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Entre 1992 y 2000, la balanza comercial es deficitaria todos los años, con un déficit promedio de bienes y servicios por 4.500 millones de dólares al año. (Datos del Balance de Pagos del Ministerio de Economía.) La fijación del tipo de cambio determinaba una apreciación de éste, que llegaba al 28% para diciembre de 1993 en relación a enero de 1991, según el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA. Aronskid 2001, Gerchunoff y Torre 1996, J. Iñigo Carrera 2002 conceptualizan esta evolución del tipo de cambio real en la década del noventa como sobrevaluación del peso, lo que nos parece correcto si se tiene en cuenta que la sobrevaluación o subvaluación de la moneda se da en relación con el grado de explotación de la fuerza de trabajo, y no solamente en relación a una paridad de precios internacionales. De esta manera, la cuenta financiera era fuertemente positiva cada año, con un promedio de 12.800 millones de dólares al año, de los cuales casi 6.800 millones son recibidos por el Estado nacional. (Datos del Balance de Pagos del Ministerio de Economía.) Conceptualizamos una “estrategia de acumulación”, siguiendo a Bonnet (2008: 277): “La noción de estrategias de acumulación —relacionada con la de proyectos hegemónicos— introducida por Jessop es en este sentido un punto de partida adecuado (…) Detrás de la dirección de una fracción hegemónica, una estrategia de acumulación operaría como una suerte de marco para una acumulación capitalista que integra al conjunto de las fracciones en pugna: ‘un marco estable —en palabras de Jessop— en el cual la competencia y los intereses en conflicto pueden ser conducidos sin romper la unidad de conjunto del circuito del capital’ (…) Las políticas de reestructuración capitalista enmarcadas por la convertibilidad pueden entenderse como políticas que apuntaban a la consolidación de una determinada estrategia de acumulación (…) Dirigida por las fracciones de la gran burguesía más aperturistas, dicha estrategia de acumulación orientada hacia el mercado mundial operó durante la década del noventa, efectivamente, como un marco para la acumulación capitalista conjunta de las distintas fracciones de la burguesía”. De esta manera, en pleno auge neoliberal, el Estado ejercía cierta regulación del movimiento de la producción, como puede verse en la fijación de las con193


Más aún, la capacidad de competir de la producción capitalista local en el mercado mundial se deterioraba en la segunda mitad de la década, dado el aumento de la brecha de productividad de la economía argentina en términos internacionales (Piva: 2007). Como indicador de esto podemos ver que la brecha de productividad industrial respecto a los Estados Unidos creció un 13,2% entre 1997 y 2001.14 Este deterioro se veía agravado por la apreciación del peso como consecuencia de las devaluaciones de países importantes en términos comerciales, como Brasil15, y por la caída de los precios internacionales de los productos agrarios destinados al mercado mundial, que se inicia en 1997 y llega a su punto más bajo en 2001.16 El resultado de estas tendencias fue un movimiento de reproducción deficiente del proceso social de producción desde fines del año 1998, cuya magnitud puede verse en la caída del producto bruto, de en un 8,4% entre 1998 y 2001, y en la caída de la intensidad de la explotación; entre 1997 y 2001 se revirtió la tendencia al incremento del valor expropiado a los trabajadores, llegando a una reducción de 17,8%.17 Como resultado, se produjo la caída de

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diciones del intercambio en relación al mercado mundial, en la modificación de las condiciones de compra y uso de la fuerza de trabajo, en el aprovisionamiento de recursos para ampliar la escala del proceso de producción y en la distribución de renta diferencial de la tierra hacia el capital industrial en general mediante apreciación del peso, en la convalidación de la dirección de la acumulación ante los conflictos laborales, y en la organización de la hegemonía que permitía el desarrollo de este proceso en un marco de consenso social. La separación de lo económico y lo político propia del capitalismo, que es real en tanto que el Estado no actúa directamente como propietario de los medios de producción (más real que nunca dado el repliegue del Estado de los espacios de producción de los que era propietario mediante el proceso de privatizaciones), muestra al mismo tiempo su carácter ilusorio en esta regulación estatal de la acumulación de capital. Datos de Iñigo Carrera (2007), en base a INDEC y Bureau of Labour Statistics. Sobre los efectos de la devaluación brasileña en el proceso de acumulación de capital en Argentina, véase el artículo de Julián Kan incluido en este libro. En el período 1997-2001, el peso se apreció en un 16%, y los precios de los tres principales cultivos, la soja, el maíz y el trigo, cayeron respectivamente un 46,3, 46,8 y 33,9% (datos de Lattuada 2006). Utilizamos la tasa del excedente en relación a la cantidad de trabajadores que lo producen (elaboración propia en base a datos del INDEC).


la inversión capitalista, lo que alejaba la posibilidad de la recuperación del proceso de producción.18 Sobre la base de este movimiento deficiente de la producción capitalista se produjeron dos procesos de gran importancia: comenzó a resquebrajarse la solidez del bloque en el poder, poniéndose de relieve una tensión entre la expresión de sus intereses generales de clase en la reducción del precio y la intensificación del uso de la fuerza de trabajo, y la expresión de los intereses corporativos de las distintas fracciones burguesas en la competencia por la apropiación de un excedente disminuido; y se incrementó la presión a la depreciación de la fuerza de trabajo como medio de recuperación de la tasa de ganancia, al mismo tiempo que se redujo la fuerza de trabajo puesta en movimiento, en particular en aquellas actividades más afectadas por la competencia externa.19 La competencia por una mayor apropiación del excedente disminuido era la forma que tomaba el conflicto de fracciones burguesas, que intentaban moderar para sí los efectos del movimiento descendente de la competitividad de la producción capitalista local en el mercado mundial, iniciado en la segunda mitad de los noventa. La depreciación y reducción de la fuerza de trabajo puesta en movimiento, cuyos efectos pueden verse en diversos indicadores estadísticos,20 era la for-

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La inversión cayó un 13,2% para el período 1999-2001 respecto al período 1996-1998, según datos del Ministerio de Economía. Esto fue la consecuencia lógica de la reducción de la ganancia, dado el carácter específico de la producción capitalista en la producción de plusvalor y su realización en la venta de la mercancía. En términos generales, la depreciación salarial avanzó allí donde era más posible: el salario de los trabajadores no registrados cayó un 6,5% entre 1997 y 2001 (datos del INDEC). En términos sectoriales, en la producción industrial, en 2001 el salario real de los trabajadores registrados era un 9,7% menor que en el año 1994 (datos de Basualdo 2003). Por otra parte, entre 1999 y 2001 fueron eliminados aproximadamente 245.000 puestos de trabajo, un 2,3% del total de la población asalariada ocupada. La reducción de los puestos de trabajo en el período 1998-2001 es mayor en los trabajadores registrados (con mayores salarios y donde la reducción nominal del salario es más compleja de instrumentar) que en los trabajadores no registrados (pese a la menor estabilidad y a los menores costos de despido de éstos). Entre octubre de 1998 y octubre de 2001, la indigencia pasó del 6,9% al 12,2%, la pobreza del 25,9% al 35,4% de la población total, y la población desocupada creció en un 47,6% (datos del INDEC), como resultado de la expulsión de fuerza de trabajo del proceso de producción y de la reducción del valor que reproduce a la clase trabajadora. 195


ma en que la burguesía como clase entraba en conflicto con la clase trabajadora. A continuación, trataremos las dimensiones del conflicto al interior de la burguesía y de ésta con la clase trabajadora, en relación a la marcha de la crisis y a la política del Estado frente a esta última.

Fracciones burguesas y política estatal en la crisis de acumulación Precisemos lo dicho sobre la crisis de acumulación y la reproducción de la clase burguesa: el movimiento descendente de la acumulación afectaba la reproducción de la burguesía como clase, contrayendo la escala de la producción y la extensión de la relación capitalista, disminuyendo el trabajo excedente y la inversión; pero esto sucedía de manera diferencial para las distintas fracciones burguesas. Un indicador muy general de este carácter diferencial puede encontrarse en el nivel de actividad sectorial: entre el tercer trimestre de 1998 e igual período de 1999, la producción industrial y la actividad de la construcción cayeron un 8,7% y un 10,4% respectivamente, aunque el producto del sector de servicios cayó en menor medida, un 2,2%, y la intermediación financiera creció levemente (datos de INDEC y Clarín 17/12/99). De esta manera, podemos ver que la crisis de acumulación impactaba en mayor medida en la burguesía industrial, que en el capital asentado en los servicios y la circulación. Por ello, las tendencias deflacionarias mencionadas operaban con mayor intensidad en la producción industrial y en la construcción, llegando a reducciones del salario de los trabajadores en negro del 7,7 y el 16,4%, respectivamente, entre 1997 y 2001.21 Las fracciones capitalistas asentadas en la esfera de la producción en sentido estricto intentaban recuperar las condiciones de acumulación por vía de la deflación salarial, es decir, en contradicción con los trabajadores. Pero esto no alcanzaba para recuperar la capacidad de competir internacionalmente y la tasa de ganancia. Por ello, intentaban influir políticamente en la competencia intercapitalista por la distribución del trabajo excedente, es decir, intentaban reconstituir sus condiciones de acumulación, en

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Elaboración propia en base a datos del INDEC.


conflicto con los capitales de la esfera de la circulación, y los servicios a la producción. En la base de este intento se encontraba la disminución del excedente que mencionamos anteriormente.22 Los primeros signos de conflicto entre fracciones capitalistas se hicieron visibles en la segunda mitad de 1999. Posteriormente a la elección presidencial, tiene su primera aparición pública una alianza de fracciones burguesas asentadas en la producción, que resultaban especialmente afectadas por la crisis iniciada en 1998. Asumió la denominación de “Grupo Productivo” y estaba conformado por organizaciones representativas del capital industrial y agrario, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).23 El Grupo Productivo afirmaba la necesidad de cambiar la orientación general de la política económica (Clarín 31/10/99), que sostenía las condiciones de reproducción del capital asentado en los servicios públicos y financieros. Pretendía compensar las deficiencias de competitividad mediante la canalización de un flujo de recursos hacia la esfera de la producción, bajo la forma de subsidios estatales. Como vimos anteriormente, estas deficiencias eran resultado de la ampliación de la brecha de productividad internacional experimentada en la segunda mitad de la década del noventa y se agravaban por la apreciación del tipo de cambio real. Cabe destacar que estas corporaciones empresarias no presionaban por la devaluación nominal de la moneda, sino por medidas que, por vía de la reducción de costos pa-

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En este período, predominan los intereses particulares de fracciones del capital en sus intentos por influir en la dirección del proceso de acumulación de capital, como expresión de la competencia por la distribución de un trabajo excedente disminuido. En términos generales, esta disputa aparece como la lucha entre el capital asentado en los servicios públicos y financieros y el capital asentado en la esfera de la producción. Con la profundización de la crisis en el año 2001, el Grupo Productivo se propondría alinear tras de sí a organizaciones de la clase trabajadora, incorporando algunas demandas de organizaciones como la CGT. Como ejemplo, en una reunión entre la UIA y la CGT, en agosto, ambas organizaciones reclamaban planes de apoyo a la producción y un subsidio para jefes de hogar desocupados (Clarín 28/08/01). De esta manera, la alianza de fracciones burguesas que constituía el Grupo Productivo intentaba ampliar su base de apoyo y presentar sus intereses particulares (expresados en sus demandas al Gobierno de subsidio a la producción) como expresión de los intereses de un amplio conjunto social, expresando la necesidad de construcción de hegemonía para actuar en la disputa interburguesa (Salvia 2007). 197


ra la producción, significaran una mejora de la competitividad internacional para la producción capitalista local, es decir, una devaluación real para el capital asentado en la producción en sentido estricto.24 Contrariamente, los capitales asentados en la circulación y los servicios públicos presionaban por el recorte de los gastos del Estado y la reducción de la planta de trabajadores estatales (Clarín 05/11/99), para cerrar el déficit fiscal y orientar los recursos del Estado para garantizar el crédito internacional a éste y a las empresas privadas. Se trataba de lograr la continuidad del flujo positivo de divisas hacia la economía argentina, condición para el sostenimiento de la convertibilidad, que sancionaba las condiciones de su propia reproducción ampliada. La estrategia del nuevo gobierno nacional de la Alianza era canalizar la crisis capitalista dentro de los márgenes de las condiciones de acumulación establecidas en la década del noventa. La táctica era la reducción del déficit fiscal hasta llegar al nivel comprometido con el FMI (Peralta Ramos 2007), lo que debía generar la baja de la tasa de interés y junto con ello una mayor demanda por el crecimiento de la inversión extranjera directa. De esta manera, se lograría la reconstitución de la acumulación, lo que permitiría una política favorable a los capitales asentados en la pro-

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El diagnóstico del Grupo Productivo se expresa con claridad en la VII Conferencia Industrial de 2001, en la que señalaba como determinantes de la crisis de acumulación el aumento de los precios de los servicios públicos por encima de los precios de los productos industriales y los precios minoristas (lo que implicaba un mayor peso de los servicios públicos en los costos de producción), la apreciación del peso respecto a las monedas de los principales socios comerciales argentinos y el nivel de la tasa de interés. Según la UIA, los precios de los servicios públicos aumentaron un 103% entre 1991 y 2000, mientras que los precios industriales aumentaron un 14%, lo que significaba un aumento en el componente insumos en el precio de las mercancías industriales, afectando las ganancias en la producción industrial y las posibilidades de ampliación de la inversión. Asimismo, el peso se había revaluado un 10% frente al dólar y un 27% frente a una canasta de monedas en proporción a los destinos de las exportaciones. Por otra parte, las PyMEs tenían costos de financiamiento superiores en un 300% respecto a las empresas de mayor concentración (según “La visión de la Unión Industrial Argentina sobre la depresión económica. Propuestas para superarla”, en Memorias de la VIIª Conferencia Industrial Argentina. Encuentro de los Argentinos: un Proyecto Nacional para el desarrollo. El verdadero riesgo es no tener país, organizada por la UIA del 20 al 22 de noviembre de 2001).


ducción.25 Así, las primeras medidas de gobierno tuvieron como objetivo realizar un ajuste del gasto del Estado de $1.400 millones y un aumento de los recursos mediante un aumento y extensión de impuestos a las ganancias y al consumo de determinados productos con los que el Gobierno esperaba recaudar $2.900 millones.26 Se trataba, entonces, de una política de reactivación por etapas, cuyo primer momento consistía en la aplicación de medidas recesivas, que debía lograr la reactivación por medio de la reducción del déficit fiscal y la baja de la tasa de interés. Como resultado, el proceso recesivo iniciado en 1998 no podía revertirse, y el Estado perdía capacidad para lograr la reducción del déficit fiscal, la baja de la tasa de interés y el aumento de la inversión. En consecuencia, la crisis de acumulación continuaba impactando fuertemente en las fracciones burguesas asentadas en la producción en sentido estricto y se reproducían las condiciones del conflicto interburgués. En la primera mitad de 2000, la actividad de la construcción se reduce en un 10,2% respecto al mismo período del año 1999, afectando fuertemente a la producción de insumos para la construcción. Entre el tercer trimestre de 1999 y de 2000, la producción industrial caía un 3,4%, la caída de la construcción alcanzaba el 8,9% y la agricultura se reducía en un 2,4%; en el mismo período, los servicios y la intermediación financiera se mantenían prácticamente estancados. Las diferencias en el nivel de actividad en los diferentes momentos del proceso global de producción se reflejan en la extensión de la relación capitalista: entre 1999 y 2000, el proceso de producción capitalista expulsó a casi 170.000 trabajadores en la construcción, la industria y la producción agraria, mientras se incrementaba levemente el número de trabajadores en la intermediación financiera (datos de INDEC). La pérdida de eficacia de la política económica del gobierno nacional acentuaba las tensiones al interior de la clase burguesa. El

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Reconstruida la acumulación, se moderarían los conflictos al interior de la burguesía, canalizándose de modo que no alterasen la unidad del proceso de reproducción del capital. Se pretendía así recomponer la unidad de la burguesía como resultado de la baja de la tasa de interés y la mayor demanda que generaría el aumento de la inversión extranjera directa. El ajuste del gasto recayó fundamentalmente sobre el funcionamiento del PAMI, las jubilaciones mayores a $3.100, los subsidios para desocupados y los regímenes de promoción industrial, y el aumento de impuestos afectaba especialmente a los asalariados y trabajadores autónomos. 199


Grupo Productivo, que expresaba los intereses de capitales asentados en la producción industrial y agraria, continuaba demandando al Estado que orientara recursos hacia la producción, de manera de compensar el déficit de competitividad en términos internacionales.27 Pero además pretendía absorber recursos de los servicios y la circulación, bajo la forma de aumentos de impuestos o creación de nuevos tributos sobre estas actividades económicas. En este sentido, demandaban al Gobierno la restitución de los aportes patronales (que habían sido rebajados en 1994) para los servicios públicos, los bancos y los supermercados, y la creación de impuestos específicos sobre las ganancias de las empresas privatizadas, como expresaban en su “Declaración de Tigre”. Por otro lado, la Asociación de Bancos de la Argentina, que expresaba los intereses de capitales asentados en la intermediación financiera, rechazaba las propuestas del Grupo Productivo e insistía en el mantenimiento de las políticas de reducción del gasto estatal llevada adelante por el gobierno nacional (Clarín 24/6 y 2/7/00). Ambos sectores del capital intentaban presentar sus intereses como intereses de la clase en su conjunto: los capitales asentados en la producción afirmaban que sobre la base de sus propuestas crecería la actividad económica, lo que generaría un mayor consumo de servicios públicos, menor morosidad con los bancos, mayor consumo en cadenas comerciales y, finalmente, mayor recaudación de impuestos; al mismo tiempo, los capitales asentados en la circulación afirmaban que la reducción del gasto estatal permitiría reducir la tasa de interés y alentar la inversión, logrando el aumento de la productividad del trabajo y la reactivación económica, y finalmente la mejora de la competitividad en términos internacionales y la ampliación de la producción para el mercado externo.

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Estos capitales defendían igualmente la necesidad de asegurar el flujo de divisas para el sostenimiento de la convertibilidad, como puede verse en el apoyo brindado a la operación del Blindaje financiero. La primera manifestación de un importante capitalista industrial sobre la necesidad de liberar el tipo de cambio, realizada en agosto de 1999 por Roberto Rocca, del grupo Techint (Peralta Ramos 2007, Bonnet 2008), es al mismo tiempo la única hasta entrado el año 2001. Por otra parte, el mismo Rocca apoyó al Gobierno en los momentos en que el endeudamiento externo, condición para sostener el tipo de cambio, amenazaba con cortarse. Véase, por ejemplo, Clarín 09/11/2000.


Tipo de cambio y flujo de divisas como condiciones y límites del conflicto interburgués El escenario del conflicto entre fracciones de la burguesía estaba configurado por la inserción de la economía argentina en el mercado mundial: como hemos señalado, el incremento de la brecha internacional de productividad junto a la apreciación del peso respecto a las restantes monedas del mundo, por la apreciación del dólar al que estaba atado28, deterioraban la competitividad internacional de la economía argentina. Este cuadro se veía agravado por la reversión de los flujos de capital hacia los países desarrollados (Bonnet 2008), con las dificultades para el acceso al crédito externo y la caída de la inversión extranjera directa. Éstas eran las condiciones en las que se daba el conflicto, y eran a la vez un límite a su desarrollo: la necesidad de continuidad del flujo positivo de divisas y de sostenimiento de la paridad cambiaria. La delicada situación del frente externo y la recesión interna constituían una amenaza para el poder de compra del peso como equivalente general de la producción local en relación al mercado mundial. La política económica del Gobierno tomaba como objetivo preservar este poder de compra y el flujo positivo de divisas que lo sostenía. Ahora bien, sucedía que este objetivo encontraba una dificultad decisiva dada la situación del frente externo: la economía argentina requería una permanente ampliación del crédito externo para cubrir los déficit fiscal y comercial, que en una alta proporción era tomado por el Estado. Pero además, el deterioro de la competitividad internacional y el estancamiento de la economía dificultaban la reducción de ambos déficit. Esto comprometía la continuidad del ingreso de divisas, llevando a un aumento de las tasas de interés, que al mismo tiempo alejaba la posibilidad de recuperar el nivel de inversión y contribuía a deprimir la economía, agravando el problema del déficit. De esta manera, crecían las dificultades del Estado nacional, como principal tomador de crédito externo, para obtener los recursos que los déficit requerían. La creciente dependencia del endeudamiento externo del Estado, en las condiciones de crisis de acumulación descriptas, abría la posibilidad de default. En consecuencia, la tasa de interés que el Estado debía pagar para obtener crédito crecía, empujada por el riesgo de default, conocido como “riesgo país”.

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En particular, respecto a la moneda del Brasil, devaluada en 1999. 201


Esta situación llegaba a su punto máximo el 8 de noviembre de 2000, cuando el Estado tuvo que aceptar tasas de interés de 16% anual para bonos de un año de plazo, duplicando la tasa aceptada un mes antes.29 Las tasas de interés convalidadas por el Estado nacional no podían sostenerse en el tiempo, lo que evidenciaba la posibilidad de la cesación de pagos. Esta situación hizo necesario un aporte extraordinario de créditos de los organismos financieros internacionales para alejar el riesgo de default, que cobró forma en el llamado “Blindaje financiero”, que comenzó a negociarse tras esa colocación de títulos del 8 de noviembre y fue aprobado por el FMI a mediados de diciembre de 2000. El objetivo del Blindaje era garantizar el pago de la deuda externa del Estado hasta el fin de 2001 y permitir la continuidad de la colocación de títulos estatales en el mercado financiero.30 Entre la colocación de títulos y el Blindaje, el Gobierno recibió apoyo del Consejo Empresario Argentino (que agrupaba a las 30 empresas más importantes del país), del Grupo Productivo y de la Asociación de Bancos de la Argentina (cuyos miembros además refinanciaban los vencimientos de deuda del Estado). Estos últimos presionaban por un ajuste en las provincias (Clarín 9/11, 10/11 y 18/11/00). De todas maneras, antes de la aprobación del Blindaje, la UIA afirmaba que sólo con medidas de reactivación y aliento a la inversión podía superarse la crisis (Clarín 15/12, 21/12 y 29/12/00).

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La manifestación de la incapacidad política del gobierno nacional para conducir un proceso de deflación salarial y aumento de la intensidad laboral fue una de las determinaciones de esta escalada de la tasa de interés. El gobierno nacional había asumido la política de reducción salarial del personal del Estado, con el ajuste de mayo de 2000, y presionaba a los gobernadores para que siguieran el mismo camino en sus provincias, lo que creaba importantes conflictos entre el gobierno nacional y los gobernadores. Al asumir como política del Estado el fortalecimiento de los mecanismos de producción de plusvalor absoluto desplegados en la producción, con una nueva ley de flexibilización laboral, se generó una crisis política al interior de la Alianza, con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, lo que evidenciaba la debilidad política del Gobierno para hacer realidad las necesidades capitalistas frente a los problemas de una economía estancada. El lugar de la corrupción denunciada por el vicepresidente —en la aprobación de dicha ley— en la pérdida de consenso social excede el marco de este análisis. Consistía en una serie de créditos otorgados por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de España con una tasa promedio de 8%, junto a renovaciones de deudas de bancos y AFJP locales (Clarín 8/11, 11/11, 17/12 y 19/12/00).


El Blindaje lograba una mayor unidad interna de la burguesía, ya que mantenía el flujo positivo de divisas que permitía alejar momentáneamente la posibilidad de la cesación de pagos y sostener la convertibilidad y, al mismo tiempo, hacía previsible la baja de la tasa de interés y con ello la reducción de uno de los costos de la producción. Esto último era precisamente lo que la UIA reclamaba a los bancos locales: la reducción de la tasa de interés interna (Clarín 21/11/00). Esta mayor unidad de la burguesía tenía como base la necesidad de todas sus fracciones de evitar la cesación de pagos. La forma de lograrlo, el salvataje de los organismos multilaterales de crédito, era la confesión de que la Argentina no podía generar los recursos para reducir la necesidad de financiamiento destinado al pago de deuda. Durante toda la década, el Estado nacional tomó créditos externos por un valor mayor a los pagos por deuda que tenía comprometidos al exterior. Es decir, el Estado cubría los pagos de la deuda con nuevos créditos, capitalizando los intereses de la deuda. De esta manera, los pagos comprometidos eran crecientes, al igual que la necesidad de financiamiento para cubrirlos31. Pero además, los déficit comercial y fiscal implicaban al mismo tiempo la necesidad de ampliación del crédito y la imposibilidad de obtener las divisas para afrontar esos pagos de otra fuente que no fuera el mismo endeudamiento externo. La ineficacia de la política estatal para reducir ambos déficit y recuperar el crecimiento de la economía evidenciaba que Argentina no podía revertir este proceso de dependencia de la ampliación del crédito externo para afrontar las obligaciones del propio crédito externo, y la crisis interna de la Alianza amplificaba esta evidencia. El Blindaje era, al mismo tiempo que la confesión del fracaso de la inserción argentina en el mercado mundial, la última oportunidad de revertir este fracaso bajo las condiciones de la convertibilidad, cubriendo la ampliación de crédito necesaria y bajando la tasa de interés. La baja de la tasa de interés debía favorecer la inversión, lo que tenía que empujar hacia arriba la actividad económica. Pero esto dependía de la capacidad de lograr un aumento de la competitividad de la economía argentina, sobre la base de dos dimensiones: la reducción de la brecha internacional de productivi31

La contracción del proceso de acumulación incrementaba el peso de esta necesidad de financiamiento en relación a la capacidad de producción de la economía local. 203


dad y la baja del costo laboral.32 Éste era el objetivo del Blindaje para sus financistas: el titular de FMI afirmaba que el Gobierno debía “promover un crecimiento acelerado de la productividad y otras mejoras en la competitividad” y en el mismo sentido se pronunciaron el BM y el BID (Clarín 19/12/00). Pero este horizonte requería tiempo, que no era precisamente algo que tuviera el Estado nacional: el Blindaje permitía un respiro para el Gobierno, pero los acreedores esperaban los resultados fiscales y los indicadores de crecimiento económico que se registraran en el primer trimestre de 2001, por lo que el éxito del Blindaje radicaba en la capacidad de evidenciar una recuperación del crecimiento económico y de la recaudación fiscal en dicho período (Clarín 19/12/00). Pero, aun cuando pueda producirse más, las mercancías tienen que realizarse en el intercambio para que sea posible la ampliación de la producción. En condiciones recesivas, el aumento de la demanda tenía que venir de la exportación. Ahora bien, la fijación del tipo de cambio implicaba que la economía argentina absorbía los efectos de la apreciación del dólar, y la devaluación brasileña apreciaba particularmente el peso respecto al principal socio comercial argentino. Y, además, las perspectivas para la inversión desmejoraban con el inicio de la recesión en EE.UU. y los recortes de ganancias, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del valor de las acciones (Clarín 15/11, 30/11, 16/12 y 19/12/00). Sin ampliación de la demanda vía exportaciones y con un mercado interno deprimido, con reflujo de capitales hacia los países centrales para cubrir las pérdidas provocadas por la crisis financiera de EE.UU., no es posible la recuperación de la inversión, menos aún en el corto plazo.33 Sin mayores posibilidades de realización de la mercancía, no hay mayor inversión, aun con una baja de la tasa de interés. La evolución de la economía argentina y las cuentas fiscales después del Blindaje está marcada por la continuidad del deterioro de la inserción argentina en el mercado mundial y el estanca32

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En condiciones de reactivación, puede lograrse el aumento de la productividad por un mayor uso de la capacidad instalada, la reorganización del proceso de trabajo y la inversión en nueva tecnología. En condiciones recesivas, este camino es mucho más dificultoso y resulta más posible para los capitalistas el camino de la reducción nominal del salario (Bonnet 2008). El reflujo de capitales hacia los países centrales tras la crisis de Turquía y la crisis bursátil en EE.UU., generó condiciones de oportunidad negativas para el otorgamiento de crédito a la Argentina.


miento de la producción. La actividad industrial caía un 3,5% en enero-febrero de 2001, en relación a enero-febrero de 2000 (datos del INDEC). En febrero caía la recaudación impositiva dependiente del nivel de actividad: el IVA y el impuesto a los combustibles caían 2,2 y 9,3%, respectivamente (Clarín 02/03/00). La caída de la recaudación se debía tanto a la recesión como a la deflación que generaba (que llegaba al 1,7% anual), reforzada por la política de ajuste estatal (Clarín 06/03/01). El déficit fiscal de enero y febrero sumaba $1.500 millones, una cifra equivalente al total comprometido con el FMI para todo el trimestre, poniendo en peligro incluso los futuros desembolsos del Blindaje.34 Con la manifestación de la caída de la producción y de la recaudación fiscal, se hacía evidente que el Gobierno no podía mantener el déficit en los niveles acordados con el FMI, lo que auguraba la necesidad de una futura ampliación del crédito. En consecuencia, subía el riesgo país, bajaban los bonos del Estado y caían las acciones en la Bolsa. A ello se sumaban las crecientes dificultades internas de la Alianza, ante la continuidad del estancamiento económico. En esta situación, se produjo la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea. Si el Blindaje ponía de manifiesto el fracaso de la inserción argentina en el mercado mundial, la renuncia de Machinea ponía de manifiesto la incapacidad de revertir el proceso de crisis en las condiciones que establecía la convertibilidad. Es decir, la incapacidad de sostener la estrategia de acumulación y las relaciones de fuerza correspondientes, que habían entrado en crisis, por vía de la reducción de los gastos del Estado y la capitalización de intereses de la deuda. No existían condiciones para transformar la baja de la tasa de interés en inversión, de manera de superar el proceso recesivo. La continuidad de éste fue el síntoma del fracaso del Gobierno (Clarín 3/3 y 4/4/01). La renuncia de Machinea fue, asimismo, la señal de las dificultades para sostener la paridad cambiaria, de manera que a partir de ese momento se iniciaría el movimiento descendente de las reservas de divisas del Banco Central.35

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En enero de 2001, el déficit fiscal fue un 67% mayor al de enero de 2000, lo que significaba la mitad del déficit comprometido ante el FMI para el trimestre (Clarín 2 y 3/3/00). Al día de su renuncia, las reservas se encontraban en un nivel similar al inicial del año 2001 (según datos del BCRA). 205


Política deflacionaria, resistencia de los trabajadores y conflicto interburgués Tras el fracaso de la transformación de la baja de la tasa de interés por vía del crédito externo en inversión, la alternativa del Gobierno era asumir una política de aliento a la inversión vía subsidios o atacar los problemas fiscales que presionaban al alza de la tasa de interés, de manera de cumplir con el déficit acordado con el FMI y evitar la necesidad de ampliación permanente del crédito (Clarín 3/3/01). Finalmente, asumió la profundización, en una escala mucho mayor, de la política deflacionaria que había fracasado hasta ese momento. Con Ricardo López Murphy como ministro de Economía, el gobierno nacional decretó un nuevo recorte de gastos estatales del orden de $1.962 millones para el 2001 (previendo llegar en 2002 a una reducción de $2.485 millones), fundamentalmente a partir del presupuesto de educación, y el incremento del IVA en servicios de esparcimiento.36 Tras la mayor unidad de la burguesía alcanzada con la firma del Blindaje, la imposibilidad de reactivar la economía y la profundización de la política recesiva provocaron una escalada del conflicto al interior de la burguesía. La Asociación de Bancos de la Argentina y el Consejo Empresario Argentino apoyaron el ajuste implementado por López Murphy, en una reunión de 500 empresarios que ovacionaron al ministro. Pero la Unión Industrial Argentina no concurrió (Clarín 17 y 18/3/01) y el Grupo Productivo criticó el programa del ministro por carecer de políticas de reactivación e incentivos a la producción, y señaló su continuidad con los ajustes de Machinea, que habían fracasado en lograr la recuperación económica (Clarín 7/3 y 17/3/01). La oposición burguesa al programa de ajuste tenía su razón de ser en el hecho de que, aun en el caso de que tuviera éxito en su implementación, el programa de López Murphy atacaba una manifestación de la crisis (el déficit fiscal) y no sus determinaciones (la pérdida de competi-

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La mayor parte de los recortes se aplicaban sobre los salarios de los docentes de la educación primaria, los fondos de la educación universitaria y terciaria, subsidios provinciales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Las medidas se completaban con el envío al Congreso de leyes para vender las empresas del Banco Nación, concesionar la Lotería Nacional y la casa de la Moneda, dar de baja a 40.000 trabajadores estatales y aumentar la flexibilización laboral (Clarín 17/3/2001).


tividad por el deterioro de la productividad relativa y por la apreciación de la moneda frente a las monedas del mundo, excluyendo el dólar). Por lo tanto, no podía superar las limitaciones del aumento de la inversión que se encontraban presentes cuando la firma del Blindaje. De todas maneras, la suerte del ajuste estaba echada por la incapacidad política de llevarlo adelante. La inviabilidad del ajuste forzó la renuncia del ministro López Murphy a los pocos días de haber asumido el cargo. Las formas en que se manifestó esta inviabilidad expresan las dificultades que enfrentó el Gobierno para presentar el ajuste como interés general de la nación. A la oposición del Grupo Productivo se sumaba la resistencia activa de los trabajadores expropiados de su salario y los apoyos que éstos lograban, así como también el rechazo de buena parte del oficialismo y de la oposición. El ajuste era rechazado por los gobernadores del Partido Justicialista, pero también por la propia alianza de partidos de gobierno, que se iba desintegrando con el avance de la crisis37. En oposición al ajuste, los trabajadores de los gremios de educación lanzaron un paro de 48 horas, la CGT de Moyano y la CTA convocaron a un paro para el día 21 de marzo, con adhesión de la CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias), y los estudiantes universitarios tomaron las facultades y cortaban las calles (Iñigo Carrera y Cotarelo 2004, Piva 2008). Se produjeron más de cien tomas de facultades y gran cantidad de protestas de trabajadores desocupados (Clarín 20/3/01). La breve gestión de López Murphy finalizó el 19 de marzo, como salida de una situación política que catalizó el conflicto social, especialmente las luchas de los estudiantes, los trabajadores estatales y los desocupados, y terminó unificando al radicalismo, el Frepaso y los gobernadores del PJ contra su permanencia como ministro de Economía. Esta situación evidenciaba un nuevo fracaso de la política de relanzamiento de la acumulación por la vía deflacionaria de la reducción del salario y del presupuesto estatal,

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La crisis interna de la Alianza generaba un abandono de los cargos en el gobierno nacional y en la oposición de los líderes de sus dos partidos componentes: se produjeron las renuncias de dos ministros de la UCR, la retirada del ministro y la mayoría de los secretarios de Estado del Frepaso y el rechazo del plan por el ex vicepresidente “Chacho” Álvarez y por el presidente de la UCR Raúl Alfonsín (Clarín 17 y 18/3/01). 207


mostrando la ineficacia del Gobierno para llevarla adelante y para construir consenso social en torno de ella.38 La confluencia de diversos intereses sociales en el rechazo al ajuste —desde la burguesía industrial y agraria agrupada en el Grupo Productivo o las medianas empresas representadas por CAME, hasta las organizaciones de trabajadores estatales y privados de la CGT de Moyano o la CTA— había puesto en evidencia que la continuación de la vía del ajuste como única política de superación de la crisis tenía escasas posibilidades de realización. Pero además, la inviabilidad del ajuste —que se percibía desde el inicio de la gestión de López Murphy—39 impactaba en la tendencia a la caída de las reservas internacionales: ante la incapacidad de superar los problemas que llevaban a la necesidad de ampliación permanente del crédito, se impone la salida “individual” de los capitalistas, es decir, la protección de sus intereses económicos más inmediatos, en contradicción con las posiciones políticas que asumían, que sería determinante en los meses posteriores. De esta manera, el apoyo expresado públicamente a López Murphy por la burguesía financiera local y las empresas más importantes del país contrastaba con la caída de las reservas del Banco Central, que durante la gestión del ministro llegó a US$ 3.055 millones, un 8,6% del total existente cuando su designación (datos del BCRA).

Modificaciones en la política económica y tensiones en el bloque en el poder En este contexto de resistencia social al ajuste y de salvación individual de los capitalistas, se produce un cambio en la política 38

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La crisis financiera que el ajuste pretendía alejar se acercó considerablemente, con los títulos de deuda y el valor de las acciones llegando a los niveles del 7 de noviembre, cuando la posibilidad del default había vuelto necesario el Blindaje financiero, a partir de una advertencia sobre el riesgo de las inversiones financieras en Argentina realizada por la calificadora Standard & Poor’s (Clarín 20/3/01 y datos de Mercado de Valores de Buenos Aires). Las escasas expectativas de éxito del ajuste pueden verse en la caracterización del Financial Times que, ante la designación de López Murphy, concluía que “los obstáculos políticos son considerables. Lo más probable es que el camino hacia la recuperación sea accidentado. Los inversores necesitarán ser pacientes” (publicado en Clarín 7/3/01).


del Gobierno: se propuso atacar el problema de las dificultades de realización de las mercancías y el excedente contenido en ellas. Con Domingo Cavallo como nuevo ministro de Economía, tomó como objetivo mejorar la competitividad internacional de la producción local sobre la base de reducir los costos de inversión y producción mediante la reducción de aranceles de importación de bienes de capital, la implementación de subsidios y rebajas de impuestos a la producción industrial y agraria, y de limitar la competencia en el mercado interno mediante la suba de los aranceles a la importación de productos finales. Los “Planes de Competitividad” fueron la herramienta con la que se proyectó lograr la reactivación económica, focalizando las mejoras de competitividad en los sectores más afectados por la recesión. El objetivo declarado por el nuevo ministro era reducir los costos de producción en un 20% en esos sectores, para lograr una rápida reactivación (Clarín 22/3/01). Cavallo ponía, entonces, en el centro de la escena, el problema de la capacidad de competir internacionalmente de la producción argentina y los efectos de la apertura comercial sobre la industria local.40 Más adelante nos ocuparemos de la relación entre la política económica proyectada y la política económica efectivamente realizada. Por el momento, nos limitamos a constatar que el cambio en la política económica que proyectaba Cavallo implicaba el reconocimiento de una limitación que había tenido la política seguida hasta ese momento. Sucedía que la estrategia de superación de la crisis dentro de las condiciones de predominio del capital asentado en los servicios y la intermediación financiera necesitaba conducir las disputas en el bloque en el poder incorporando demandas sectoriales de fracciones del capital subordinadas. En este sentido, el plan inicial de Cavallo como ministro buscaba la reactivación a partir de volcar recursos hacia la esfera de la producción, lo que habilitaba el apoyo de las fracciones del capital agrupadas en el Grupo Productivo. De esta manera, a diferencia de la gestión anterior, Cavallo recibió el apoyo del presidente de la Unión Industrial Argentina, que 40

Según el diario Clarín (23/03/01), “el principal cambio que hizo el nuevo ministro es en el discurso económico de la Argentina. Después de muchos años (…) se volvió a hablar de crecimiento y producción como metas centrales (…) Su desafío es corregir todo el daño que la convertibilidad le causó —en la década del 90— a la producción argentina con la apertura indiscriminada y su decisión de no atacar el costo más caro que tienen los argentinos: la tasa de interés que cobran los bancos y las tarifas de los servicios públicos”. 209


señaló la sintonía de las medidas anunciadas con las demandas de la entidad, y del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que auguraba la puesta en marcha de los demorados planes de infraestructura. Pero, además, Cavallo recibió el apoyo del presidente del Consejo Empresario Argentino y de la Asociación de Bancos de la Argentina, que presionaban por la sanción legislativa de los poderes especiales que pedía el ministro (Clarín 21-23/3/01). Al igual que con el Blindaje a fines de 2000, el inicio de la gestión de Cavallo mostraba un momento de unidad de las diferentes fracciones de la burguesía, pero ahora sustentando una propuesta de incentivos a la producción industrial. Si la expectativa de los organismos financieros internacionales al otorgar el Blindaje estaba puesta en la posibilidad de acelerar la productividad y reducir costos de producción para superar los problemas de competitividad internacional de la economía argentina sin modificar el tipo de cambio, el inicio de la gestión de Cavallo parecía ser el momento en que esa posibilidad comenzaría a efectivizarse. Pero la efectivización de este cambio de política económica dependía de la obtención de algo fundamental: recursos. Junto con la ley que le delegaba al Ejecutivo atribuciones parlamentarias para implementar los planes de competitividad, Cavallo lograba la aprobación de un nuevo impuesto a los movimientos de cuentas corrientes. En virtud de su reglamentación, Cavallo esperaba que el nuevo impuesto aportara unos 2.200 millones de pesos hasta fin del año 2001 (Clarín 23 y 24/3/01), con los de que debía, además, mantener la apariencia de solvencia frente a los pagos de deuda en el corto plazo. De esta manera, se registraba la paradoja de que el Gobierno intentaba reactivar la producción capitalista local utilizando recursos obtenidos por una vía inmediatamente recesiva. Como contrapartida de esta vía de financiamiento, Cavallo esperaba que Estados Unidos otorgara un crédito bilateral por US$ 3.000 millones, que el ministro creía poder negociar directamente con el Tesoro de ese país, sin la mediación del FMI. La necesidad creciente de financiamiento de Argentina contrastaba con la situación global del capital financiero, caracterizada por el reflujo de capitales desde los llamados “países emergentes” y el aumento de las primas de riesgo y, por lo tanto, de las tasas de interés para estos países, tras las crisis de Turquía, Rusia y Brasil (Ministerio de Economía 2001).41 En este contexto, y a 41

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Sobre la importancia de estas crisis y su impacto en los llamados países emergentes, véase el artículo de Matías Eskenazi incluido en este libro.


partir de una política de no propiciar salvatajes financieros a países en crisis que no tengan una importancia estratégica para EE.UU., el Tesoro de este país no ofreció crédito alguno a la Argentina, clausurando una de las vías de aprovisionamiento de recursos del Estado42 y comprometiendo así el programa de reactivación que el ministro tomaba como centro de su política.43 Sin créditos adicionales, el Gobierno enfrentaba los efectos del cuadro de recesión, deflación, caída de la recaudación impositiva y aumento del déficit fiscal por encima de lo acordado con el FMI para el primer trimestre de 2001. Esta situación implicaba la suspensión del desembolso de los créditos ya acordados, empujando los indicadores de riesgo hacia arriba de los niveles correspondientes a los “países emergentes”, mientras la Argentina necesitaba una financiación adicional a la acordada en el Blindaje para cubrir el rojo de las cuentas fiscales (Clarín 12/4/01). La posibilidad de que la delicada situación fiscal y productiva de la Argentina no se agravara dependía de que el Gobierno pudiera revivir el Blindaje financiero para asegurarse los créditos ya acordados, al mismo tiempo que tenía que hacer frente al déficit excedente respecto del acordado con el FMI. La necesidad de ampliación permanente del crédito junto al deterioro de la recaudación impositiva y del nivel de actividad económica, llevaban a que el riesgo país y las tasas de interés que debía pagar el Estado para endeudarse se ubicaran entre los mayores del mundo. En este contexto, las reservas de divisas caían en unos US$ 5.000 millones, un 15% del total existente al momento de la asunción de Cavallo como ministro, y el Gobierno tenía que suspender las colocaciones de bonos para no convalidar tasas de default como las que habían hecho necesario el Blindaje a fines del 2000 (datos de BCRA). La necesidad de recuperar el crédito externo llevó al ministro Cavallo a profundizar la política recesiva con una extensión y au42

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De hecho, las autoridades del Tesoro estadounidense eran aún más reticentes que el FMI a otorgar créditos a la Argentina. La falta de realismo del pedido argentino puede advertirse en las características del salvataje financiero de US$ 10.000 millones efectivamente concedido por el FMI, con acuerdo del Tesoro estadounidense, en esos meses: tenía como destinatario a Turquía, país de importancia estratégica para los EE.UU., que anunciaba la puesta en marcha de un programa de privatizaciones de empresas estatales, dos requisitos que Argentina estaba lejos de cumplir (Clarín 15/4, 28/4, 29/4 y 28/7/01). Estos recursos eran necesarios para solventar la implementación de subsidios y la reducción o exención de impuestos a la producción. 211


mento de impuestos al consumo, un aumento del impuesto a los movimientos de cuentas corrientes y un recorte de gastos estatales. Con este ajuste, esperaba mejorar las cuentas fiscales en $1.800 millones, y proyectaba una mejora fiscal de $ 4.000 millones, junto con la alícuota original del impuesto a los movimientos de cuenta corriente. Sobre la base de esta profundización de la política recesiva efectivamente implementada —contraria a la declarada como objetivo— hasta el momento y después de 40 días de virtual cesación de pagos, Cavallo logró un acuerdo con el FMI que permitió desbloquear fondos previstos en el Blindaje por un total de US$ 2.700 millones. En definitiva, la política económica del Estado mostraba una contradicción entre los proyectos de reactivación económica y las necesidades del mantenimiento del flujo de divisas hacia la economía argentina, que presionaban a la implementación de medidas recesivas. Estas medidas tenían por objeto mejorar la situación fiscal, pero agravaban la caída de la actividad económica y, con ello, la capacidad estatal de absorber mayores recursos para reducir el déficit fiscal. El efecto de las medidas recesivas se veía agravado por la no efectivización de los planes de competitividad y de infraestructura firmados por el Gobierno con la burguesía industrial y agraria.44

Ineficacia estatal, recesión e ingeniería financiera La ineficacia de la política económica estatal y los problemas de financiamiento tenían un efecto negativo sobre economía. Durante los primeros meses de la gestión de Cavallo, la producción industrial siguió su marcha descendente: en marzo se redujo un 4,5%, en abril un 1,7% y en mayo un 2,8%, en relación a los mismos meses del año anterior. Como resultado de la caída de la actividad, la recaudación impositiva cayó un 12,9% en marzo y un 9,1% en abril, aunque se recuperó un 8% en mayo por el aumento de la recaudación del impuesto a las cuentas corrientes. En estos tres meses se generó, entonces, un déficit fiscal superior a los $3.000 millones por la caída de la recaudación y el aumento de los intereses de la deuda (Clarín 4 y 18/4, 5 y 17/5, 12 y 16/6/2001). 44

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La apertura de estos planes no se produciría hasta julio y su implementación se haría efectiva recién a partir del mes de agosto (Boletín Oficial 20/6, 5/7, 6/7, 24/7, 27/7, 31/7 y 1/8/01, y Clarín 4/9/01).


Con el estancamiento del mes de junio (0,2%), la producción industrial cayó un 5,8% en el segundo trimestre del año, en relación al segundo trimestre de 2000 (datos del INDEC). Así, la reactivación se disolvía en el aire, y se agrandaba el fantasma del default como final de la convertibilidad. La continuidad de la recesión erosionaba el apoyo de la burguesía industrial y agraria, originado en las medidas de reactivación proyectadas.45 De esta manera, la burguesía industrial reclamaba complementar las medidas aduaneras con medidas para-arancelarias como la fijación de precios de referencia sobre los que se aplicaran los impuestos a las importaciones y la implementación de los planes de competitividad, al mismo tiempo que apoyaba la incorporación del euro a la convertibilidad y presionaba para replantear la relación comercial con Brasil ante la “disparidad cambiaria” (Clarín 1 y 16/4/01, 22/5/01); y la burguesía rural y agroindustrial demandaba la reducción de impuestos a esas actividades (Clarín 11 y 21/4/01). Al mismo tiempo, el deterioro de la situación financiera de la Argentina revitalizaba el apoyo de la burguesía industrial al Gobierno, ante la necesidad de evitar la cesación de pagos, lo que la unificaba con los sectores de capital asentados en la intermediación financiera. Así, la UIA apoyaba a Cavallo ante la presión de los bancos extranjeros, al igual que ABA criticaba la decisión de Standard & Poors’s de reducir la calificación crediticia de la Argentina (Clarín 11/5/01). El aumento del déficit fiscal más allá de los límites financiados por el FMI con el Blindaje y las necesidades de ampliación del financiamiento que implicaba mantenían el riesgo país en niveles sensiblemente superiores a los correspondientes a los “países emergentes”. En estas condiciones, el FMI presionaba por un canje de bonos de deuda, de manera de postergar pagos de deuda sin un nuevo financiamiento adicional del organismo (Clarín 28/5/01). El llamado “Megacanje” se efectuó en los primeros días de junio y significó un alivio inmediato para las arcas del Estado, a un costo financiero similar al que había hecho necesario el Blindaje a fines del 2000.46

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Vale recordar que de estas medidas sólo se hallaba vigente la modificación de los aranceles aduaneros. El canje alcanzó la cifra de US$ 29.477 millones, a una tasa promedio de 15,25%. Aproximadamente, US$ 22.000 millones correspondían a acreedores locales (Clarín 04/06/2001). 213


El gobierno nacional confiaba en que el canje de deuda generaría mejores condiciones para la aplicación de las demoradas políticas de reactivación. El éxito del Megacanje consistía en la posibilidad de contribuir a la recuperación de la economía, lo que debía evidenciarse en una recuperación de los indicadores de producción, de las tasas de interés, de la inversión y, sobre esta base, debía mejorar las cuentas fiscales. Una vez finalizado, el canje permitió una baja de los indicadores de riesgo y de las tasas de interés que pagaba el Estado para endeudarse, que se acercaban a los niveles posteriores al Blindaje, lo que parecía confirmar las expectativas gubernamentales (Clarín 30, 31/05/01, 9 y 13/6/01). Con la descompresión de los indicadores de riesgo y las tasas de interés, el Gobierno implementó otra demorada medida: la utilización de un tipo de cambio para el comercio exterior en función del promedio del dólar y el euro, llamado “factor de empalme”, que significaba una devaluación real del 7% (Clarín 16 y 17/6/01).47 Esta medida estaba destinada a paliar los efectos de la apreciación del peso a partir de la devaluación de la moneda brasilera, que llegaba al 23% en los primeros cinco meses de 2001 (Clarín 2/6/01), pero su efecto más notorio fue detener la baja del riesgo país. Una nueva caída de la recaudación impositiva en junio ponía en duda la capacidad de cumplir con las metas de déficit fiscal acordadas en el Blindaje para el segundo semestre de 2001 (Clarín 3/7/01). A esta situación se sumaba la devaluación de las monedas latinoamericanas respecto al dólar (y, por lo tanto, la apreciación del peso), las pérdidas en las bolsas mundiales y el incremento del riesgo de los llamados “países emergentes” (Clarín 12/7/01). En este contexto, los rumores de que Argentina no podría cumplir con los pagos de la deuda lanzados por un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo generaron una escalada del riesgo país, que llegó a superar los 1.600 puntos, y una caída de los bonos de deuda argentinos, que alcanzó el 35%. En estas condiciones, el Gobierno se vio obligado, para evitar la cesación de pagos, a convalidar una tasa de interés similar a la que obligó al otorgamiento del Blindaje (Clarín 12 y 14/7/01).

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Al mismo tiempo, evaluaba otras medidas como la reducción de la alícuota de ganancias para los asalariados y rebajas de impuestos para abaratar el precio de los autos (Clarín 2/7/01).


La Argentina se encontraba en una situación similar a la que desembocó en el Blindaje financiero a fines de 2000, con el crédito privado cortado (Clarín 9/7/01), pero ahora sin la posibilidad de un nuevo rescate financiero del FMI ni del Tesoro estadounidense. Desde la primera semana de julio, las reservas de divisas del Banco Central comenzaron una baja que ascendería a US$ 3.700 millones en dos semanas, un 13,6% de las reservas existentes al último día de junio (datos del BCRA). A siete meses de firmado el Blindaje, la economía argentina no había podido superar la recesión y las cuentas fiscales seguían necesitando del auxilio permanente del FMI, que ya no estaba disponible. En este escenario, Cavallo lanzó un paquete de medidas de las cuales la más importante era la “Ley de Déficit Cero”, que reducía los gastos del Estado al nivel que fuera necesario para cubrir los pagos de la deuda con los recursos de la recaudación impositiva. En su primer mes, significó una reducción del 13% de salarios estatales y jubilaciones superiores a $500 (Clarín 30/7/01). La ley de déficit cero volvió a mostrar a los diferentes sectores del empresariado apoyando al Gobierno, en una medida que veían como necesaria frente a la inminencia de la cesación de pagos, cuyas consecuencias eran mucho más perjudiciales para sus intereses (Clarín 31/7/01). Expresaron su apoyo al programa de ajuste el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, el Movimiento Industrial Argentino, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, y ejecutivos de empresas o grupos como Telecom, Socma, Ford, Soldati y Pérez Companc, entre otros.48 La Ley de déficit cero era la última confesión de que la Argentina no podía superar sus problemas fiscales mediante una reactivación de la producción y tenía que hacerlo por vía del ajuste fiscal, sin importar ya los costos ni la conflictividad social que generase.49 Pero aun cuando apoyaran el programa de déficit cero, los empresarios no creían que pudiera tener como resultado un impulso a

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La expresión institucional de la burguesía industrial (la UIA) no apoyó el déficit cero, aunque sí lo hicieron las otras corporaciones que conformaban el Grupo Productivo (la CAC y las CRA) e importantes empresarios integrantes de la UIA (La Nación 11-14/7/01). Sobre la conflictividad social en el período y la resistencia al déficit cero, véanse los artículos de A. Bonnet y A. Piva incluidos en este libro. 215


la reactivación económica (Clarín 31/7/01). En efecto, el programa de ajuste reducía la demanda estatal y el consumo privado, generando mayores dificultades para la realización de las mercancías producidas en el país, lo que hacía previsible una caída del producto bruto.50 Con el Blindaje financiero el Gobierno había logrado un momento de unidad de las fracciones del capital, en torno a la tarea de garantizar el flujo positivo de divisas con la consecuencia previsible de la baja de la tasa de interés para la producción, y había abierto la posibilidad de satisfacer los intereses económico-corporativos de las fracciones subordinadas del capital (expresadas en las demandas de subsidios a la producción). Con el agotamiento del Blindaje (que genera la renuncia de Machinea y el ajuste fallido de López Murphy), el Gobierno se vio obligado a modificar su estrategia hacia la reactivación económica. Esta nueva estrategia le permitió integrar a su política económica las demandas económico-corporativas de la burguesía industrial y agraria. Pero la ineficacia gubernamental para implementar las medidas que tendían a la reactivación, la desproporción de éstas respecto a las determinaciones de la crisis de acumulación y la imposibilidad de acceder a la ampliación del crédito necesaria a tasas que permitieran un programa de reactivación, llevaron a una importante alza de las tasas de interés. Esta situación impulsó al Gobierno a encarar un programa recesivo de una magnitud tal que aseguraba la imposibilidad de toda reactivación. La reactivación era condición para asegurar el flujo de divisas hacia la Argentina, que a su vez era condición para el sostenimiento de la convertibilidad. La imposibilidad de la reactivación significaba también la imposibilidad de sostenimiento de la convertibilidad.

Fuga de divisas, rebelión popular y caída de la convertibilidad La imposibilidad de sostenimiento de la convertibilidad va a tomar la forma de virtual cesación de pagos, derrumbe de la producción y pulverización de las reservas de divisas que la respal-

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El Instituto de Estudios Fiscales y Económicos estimaba que el programa de déficit cero implicaría una caída del 1,5% del PBI (Clarín 30/7/01).


daban. La producción industrial cayó todos los meses en los que estuvo en vigencia el déficit cero, con tasas de entre 4,5% en julio y 12% en septiembre, respecto a los mismos meses del año 2000; en el tercer trimestre, el producto bruto interno cayó un 4,9%, empujado tanto por la caída en la producción de bienes como de los servicios (datos de INDEC). La caída persistente de las reservas se inició en los primeros días de julio y continuó hasta la implementación del “corralito financiero” en diciembre. Durante el mes de julio, hasta la sanción del déficit cero, las reservas cayeron en US$ 7.009 millones, un 25,3% respecto al último día hábil de junio. La sanción de la ley de déficit cero no provocó el fin de la sangría de las reservas de divisas. En agosto, las reservas cayeron en US$ 2.790 millones, un 13,8% respecto al último día de julio (datos de BCRA). En septiembre las reservas volvieron a crecer, a partir de un crédito del FMI por U$S 7.000 millones destinado a “desalentar las maniobras especulativas contra el peso” (Clarín 31/7/01). Pero en octubre las reservas volvieron a caer US$ 3.609 millones (14,6%) y en noviembre US$ 5.995 millones (28,3%). De esta manera, hasta fin de noviembre la caída de reservas consumió un total de US$ 19.071 millones, incluyendo los US$ 7.000 millones aportados por el FMI, por lo que quedaron en un 55,7% del nivel del último día de junio (datos de BCRA). En este contexto de debacle económica, la Alianza pierde las elecciones legislativas de 2001, en las que cobra especial relevancia el llamado “voto bronca”, evidenciando la pérdida de legitimidad que resultaba de sus políticas (Bonnet 2001). El período que se inicia con el déficit cero es sin duda el de mayor conflictividad al interior de la burguesía, en el que la alternativa de devaluación o dolarización de la economía alcanza expresión pública e importancia política. La confrontación entre salidas alternativas de la convertibilidad requirió de la debacle objetiva y política de la propia convertibilidad, esto es, del período comprendido entre el blindaje financiero de 2000 y el déficit cero de 2001. Aun en esta confrontación, las diferentes fracciones burguesas en conflicto coincidían en una “política”: la protección del valor de su capital, a costa de la capacidad de representar valor de la moneda local. La suerte de la convertibilidad estaba echada. La burguesía y la clase trabajadora se encargaron de sepultarla. La burguesía, en la protección de sus intereses económicos más inmediatos, retiran217


do los depósitos del sistema bancario y generando una sangría de las divisas. Su acción iba en contra del programa de déficit cero que apoyaba, y generó como respuesta defensiva del Gobierno el corralito bancario, que catalizó la resistencia contra la vía deflacionaria de supervivencia de la convertibilidad (Bonnet 2008, Piva 2007). La clase trabajadora, en la insurrección de diciembre, protagonizada fundamentalmente por fracciones suyas, que incluyó saqueos, cortes de rutas, huelgas, cacerolazos, apagones, combates callejeros con la policía, y culminó rebasando el estado de sitio firmado por el Gobierno.51 La combinación de estas formas de acción significó la sentencia de muerte de la convertibilidad y, con ella, la del gobierno de la Alianza, cuya razón de ser había sido, precisamente, su sostenimiento.

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Una descripción y conceptualización detallada de los sucesos de diciembre de 2001 pueden encontrarse en Auyero 2002, Bonnet 2008, Iñigo Carrera y Cotarelo 2004, Piva 2007. Tomando estas fuentes, y como sucinto resumen, puntualizamos que las protestas se dieron en principio como respuesta al “corralito” bancario (que atrapó ahorros y salarios), y finalmente frente al estado de sitio instaurado para contenerlas, hasta derribar al Gobierno. Entre quienes fueron parte de aquéllas, la CAME convoca a un apagón y cacerolazo, las tres centrales sindicales, las dos CGT y la CTA, llamaron a una huelga general el 13 de diciembre, para reclamar la liberación de los salarios acorralados y la renuncia de Cavallo. Entre el 14 y el 18 se produjeron cortes de ruta y saqueos a supermercados en diversos puntos del país, protagonizados por las fracciones más pobres de la clase trabajadora, con enfrentamientos con las fuerzas policiales. El día 19 se multiplican los cortes de ruta, los enfrenamientos con la policía y los saqueos a supermercados; a la noche, el presidente De la Rúa instala el estado de sitio y lo difunde por cadena nacional de radio y televisión. La respuesta al estado de sitio es el comienzo de los cacerolazos en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y la masiva concentración nocturna en la Plaza de Mayo, que precipita la renuncia del ministro Cavallo. El 20 de diciembre, se produce el combate en el centro de Buenos Aires y la represión policial, hasta la renuncia del presidente De la Rúa.


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Fuentes: INDEC BCRA Ministerio de Economía Boletín Oficial Diario Clarín Diario La Nación

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VUELTA PREVIA AL 2001 La devaluación del real de 1999 y algunas implicancias en la burguesía argentina Julián Kan

Introducción El objetivo de este trabajo consiste en analizar algunas consecuencias de la devaluación del real de 1999 en la burguesía argentina. La hipótesis que lo guía es que la modificación cambiaria de Brasil de 1999 abrió el camino en Argentina para el despliegue de tendencias tales como la imposición de políticas devaluacionistas (o salida de la convertibilidad), un alto enfrentamiento interburgués y un cambio de rumbo en las estrategias de integración regional por parte de varias fracciones de la burguesía, tendencias que, posteriormente, en diciembre de 2001, dominarán gran parte del escenario de la crisis. Dividimos el trabajo en tres partes. Primero, realizamos algunas consideraciones generales sobre cada una de las tendencias; luego, presentamos algunas características de la crisis del Plan Real y sus efectos en Argentina, y, por último, analizamos las tres tendencias mencionadas, en dos momentos particulares: ante la coyuntura de la devaluación del real de 1999 —de enero a marzo— y en el transcurso restante del año 1999 —sobre todo, entre marzo y agosto.

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1. Algunas consideraciones El enfrentamiento interburgués1 se va desarrollando, entre otros ejes de disputa, en torno a posturas de rechazo o aceptación de las políticas económicas de la década del noventa, entre ellas la de tipo de cambio. La devaluación del real ofrece un contexto particular donde, en el transcurso del año 1999, se definirán alineamientos claros en torno a esa disputa que perdurarán hasta el estallido de 2001. Algunos ejemplos de dichos alineamientos son: el quiebre del Grupo de los 82 (expresión de “unidad” entre las distintas fracciones de la burguesía); la formación de nuevos alineamientos como el Grupo Productivo3 (de gran resonancia en la agenda de la crisis de 2001, pero con una alta inestabilidad en la relación entre sus integrantes, con respecto a cómo implementar políticas devaluacionistas luego de dicha crisis); la mayor evidencia de los intereses en disputa al interior de la UIA, que producen situaciones contradictorias en sus acciones corporativas y políticas (quizás la entidad más radicalizada frente a la devaluación del real pero también la más atravesada por los conflictos internos); el llamamiento por primera vez durante los 10 años del gobierno de Menem a un lock out patronal por la SRA (el sector más concentrado del agro). Por el lado de las políticas devaluacionistas que se imponen en la crisis de 2001, su demanda en los momentos previos a ésta no

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Con respecto al desarrollo de la lucha interburguesa en torno a la crisis de diciembre de 2001, véanse en este mismo libro los artículos de Salvia y Eskenazi. También señalan la importancia de la lucha interburguesa en ese momento de crisis Iñigo Carrera y Cotarelo (2003), Gaggero y Wainer (2004) y Ortiz, Tavormina y Viegas (2005). Desde otra óptica de análisis, que hace mención a la disputa o enfrentamiento entre sectores del “bloque de poder dominante”, también se asume la existencia de enfrentamientos entre sectores de la burguesía argentina (Basualdo 2001, Castellani 2005, Shorr 2001). El G8 nucleaba a las corporaciones del capital más concentrado: Sociedad Rural Argentina (SRA), Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Asociación de Bancos de Argentina (ADEBA) —los bancos privados de capital local—, Asociación de Bancos de Argentina (ABA) —los bancos privados de capital extranjero—, Bolsa de Comercio y Unión Argentina de la Construcción (UAC). El Grupo Productivo estaba compuesto por: UIA, CAC (construcción), UAC y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Más adelante se aborda la conformación de este agrupamiento.


constituye una novedad.4 Su implementación no fue parte del azar ni de un devenir espontáneo en las políticas macroeconómicas implementadas luego de diciembre de 2001, sino que respondió al interés de un conjunto de fracciones de la burguesía (Gaggero y Wainer 2004). Es de destacar que, si bien tanto en el marco de la crisis de 1999 como durante todo ese año y hasta bien entrado el año 2001 no existe tal declaración pública a favor de la devaluación por parte del Grupo Productivo y especialmente de la UIA5, ambos agrupamientos comienzan a trabajar solapadamente en pos de la salida de la convertibilidad y a construir alineamientos en función de ella. Podemos afirmar que dicho solapamiento fue consecuencia, por un lado, de la heterogeneidad al interior de corporaciones como la UIA6, donde no todos sus miem4

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Algunos debates y manifestaciones en torno a este problema venían de escenarios anteriores a la crisis de 2001, incluso previamente al año 1999. Durante la segunda parte del año 1998, en el marco de la recesión, la discusión había aflorado. Claudio Sebastiani, miembro del Movimiento de Industria Nacional (MIN) y titular de la UIA en el transcurso de 1998 hasta que fuera sucedido por Álvarez Gaiani, del Movimiento de Industria Argentina (MIA), declaró al respecto: “Hace siete años que no se toca el tipo de cambio y mientras tanto en el mundo pasaron cosas. Hay que tomar medidas urgentes; por ejemplo, la suspensión de los aportes patronales: sería una devaluación compensada” (Clarín 24/03/98). José Ignacio de Mendiguren, dirigente del MIN, señaló: “Si la competitividad de las empresas se ataca desde afuera con estas devaluaciones (...), llegará un momento en que habrá que discutir la convertibilidad” (Clarín 19/08/98). Menem contestó al respecto: “El programa del Gobierno es innegociable. No me vengan a hablar de devaluación ni con el cuento de la sobrevaluación de nuestro signo monetario” (Clarín 03/09/98). Y Álvarez Gaiani, luego del reemplazo de Sebastiani en la UIA, afirmó: “No estamos pidiendo una devaluación y dejamos bien en claro que la Argentina está mejor parada ante esta crisis que en el tequila gracias a la buena conducción de su equipo económico” (Clarín 29/09/98). De la UIA van a provenir los mayores reclamos, sobre todo luego del cambio de conducción en abril de ese año. La conducción de dicha entidad, posteriormente, será parte de la implementación de algunas de esas políticas. Nos referimos a José Ignacio de Mendiguren como ministro de la Producción en la gestión de Remes Lenicov como ministro de Economía del Gabinete de Duhalde. Sin embargo, durante el período abordado en este trabajo no será público el posicionamiento. Nos referimos a la histórica división dentro de la UIA entre dos corrientes políticas internas, el MIA, que nuclea a las industrias de capital más concentrado y sobre todo, en las últimas dos décadas, a la agroindustria, y el MIN, como representante de los capitales menos concentrados, en general ligados al mercado interno. Esta división, si bien operó en las últimas tres 225


bros compartían la necesidad de salir de la convertibilidad ni la forma de hacerlo. Y, por otro lado, de la imposibilidad —todavía por ese entonces— de hablar del fin de la convertibilidad, herramienta que actuó como garante del consenso entre diversas fracciones de la burguesía durante la primera etapa del menemismo, como así también entre fracciones de distintas clases: burguesía, pequeña burguesía y clase obrera, durante gran parte de la década del noventa. Salir de la convertibilidad implicaba —producto del imaginario colectivo construido a principios de los años noventa— una vuelta a un pasado asociado a la hiperinflación, los saqueos y la inestabilidad política. Ante ese imaginario todavía firme, amplias fracciones de la burguesía afrontan la imposibilidad de plantear un escenario diferente por miedo a que éste manifieste un interés particular corporativo y no pueda ser convertido en interés general; pero, al mismo tiempo, la crisis del real les impide continuar con el esquema de la convertibilidad. Ahora bien, dicha imposibilidad es aprovechada por todas las fracciones de la burguesía para descargar los efectos de la crisis sobre los trabajadores, solicitando algunas medidas tales como la rebaja de aportes patronales, el congelamiento de la discusión por el aumento del salario mínimo y, en algunas ramas muy afectadas por décadas, muchas veces no resulta útil para explicar los movimientos de la entidad. Por ejemplo, Osvaldo Rial, presidente de la UIA entre abril de 1999 y mayo de 2001 (miembro del MIA y cercano a Duhalde) es quien impulsará el “compre nacional” y promocionará el armado del Grupo Productivo. Junto con De Mendiguren, miembro del MIN, serán los principales artífices de la pelea contra la continuidad de la convertibilidad. El titular anterior a Rial, Álvarez Gaiani, que renunció a su cargo por su fallido manejo de los reclamos ante el gobierno de Menem en el momento de la devaluación del real, se reconocía como menemista y era presidente de la poderosa Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), el segmento de la agroindustria dentro de las representaciones sectoriales que tuvo destacada influencia en el MIA desde la década del noventa hasta la actualidad. Otras cuestiones llamativas son que el poderoso Grupo Techint se alineó siempre en el MIN y apoyó la candidatura de De Mendiguren a la presidencia de la UIA para suceder a Rial en mayo de 2001. A su vez, Techint tuvo un hombre propio en el Gabinete de la Alianza, en la gestión de José Luis Machinea en Economía, el secretario de Industria Javier Tizado. De esta manera, si bien las dos líneas, MIA y MIN, señalan alineamientos históricos, es en torno a las acciones (posicionamientos, alineamientos, participación como funcionarios, iniciativas cuando están al frente de la entidad industrial) de estos grupos y de sus miembros donde debemos ver sus alineamientos con determinadas políticas económicas. 226


la devaluación, el acuerdo con los sindicatos en torno a las suspensiones y los retiros voluntarios, con la excusa de evitar males peores en caso de profundizarse la crisis. Con respecto a la integración regional, la devaluación del real de 1999 arrastra al MERCOSUR a una etapa de crisis aguda (Bouzas 2002, Katz 2006) que da lugar en Argentina al cuestionamiento de la integración regional llevada a cabo durante la década del noventa. En este sentido, la decisión de Brasil de alterar el tipo de cambio mostró la debilidad por la que atravesaba el MERCOSUR, en donde no primaban las decisiones consensuadas, ni siquiera en los acuerdos básicos que habían originado años antes esta tenue unión aduanera (Schvarzer 2001). Por otro lado, la devaluación del real profundizó —una tendencia creciente de las últimas dos décadas— el desequilibrio recurrente entre las industrias de ambos países, sobre todo en las áreas manufactureras, lo que puso en un escenario de crisis más aguda al tratado regional. Si bien había tendencias previas que sugieren la idea de que el bloque se encontraba en una “meseta” (Bouzas 1999), no cabe duda de que la crisis del real la profundizó (Bouzas 2001). Estas tendencias se profundizan también con la crisis de diciembre de 2001 (Bouzas 2002). Entre los dos momentos de crisis se suceden desequilibrios entre ambas economías, sobre todo en el intercambio comercial, y, si bien los gobiernos de Brasil y Argentina buscaron soluciones de consenso, la falta de coordinación en la toma de medidas llevó al bloque a las cercanías de su disolución. En consecuencia, varias fracciones de la burguesía argentina se replantearían la inserción regional, tanto los términos al interior del MERCOSUR como así también en relación a las implicancias de otras instancias de integración, como el ALCA y la Unión Europea, que exigían una apertura aún mayor. En este contexto, si bien el MERCOSUR debía retocarse ante la agudeza de su crisis, serviría también de herramienta para la negociación de otras instancias regionales. En este sentido, algunos autores (Ferrer y Jaguaribe 2001, Rapoport 2002, Rapoport y Madrid 2002) consideran que, ente 1999 y 2001, se constituye para la economía argentina la disyuntiva MERCOSUR o ALCA.

2. El estallido en Brasil y sus efectos en Argentina El escenario económico global de la década del noventa había ofrecido a la economía argentina experiencias de impacto directo de crisis anteriores a la del real. La crisis del tequila de 1994, la del 227


sudeste asiático de 1997 y la de Rusia de 1998 se hicieron sentir. La de Brasil no iba a ser la excepción, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte conexión entre sus economías a partir de la sanción del Plan Real en 1994 y del crecimiento del intercambio comercial entre ambos países por la entrada en vigencia en el MERCOSUR del Arancel Externo Común (AEC) en 1995. Este fuerte incremento del intercambio comercial indicaba que, a fines del año 1998, Argentina le exportaba casi 8.000 millones de dólares anuales a Brasil, es decir, un 30% del total de las exportaciones argentinas de ese entonces, mientras que 7.000 millones de dólares, un 23% del total de las importaciones argentinas, provenían de su socio regional.7 El 13 de enero de 1999 Brasil decidió implantar la libre flotación de la divisa, lo que significó una devaluación del real del orden del 9%. En los días posteriores, debido a los efectos desatados por la libre flotación, se produjo un aumento de las tasas de interés que no pudo frenar la fuga de capitales y la fuerte caída de los títulos de la Bolsa, provocando una nueva escalada de la divisa. Pasada una semana, la devaluación ascendía al 29% (Clarín 22/1/99). Sin embargo, los efectos recesivos en Argentina no se explican exclusivamente por la crisis brasileña, ya que tanto la crisis asiática como la rusa —como así también el contexto de caída de los precios internacionales de los commodities desde el año 1997— venían golpeando a la economía argentina, tendencia, incluso, que se había manifestado en algunos momentos desde la crisis del tequila de 1994. Pero fue recién a partir de agosto de 1998 cuando aparecen signos claros de recesión y de caída de los índices de la llamada economía real (Brenta 2002), todavía sin ser golpeada por la crisis brasileña.8 7 8

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Datos del Ministerio de Economía. Véase: http://www.mecon.gov.ar/cuentas/ internacionales/comercio_brasil/evolucion_comercio.htm A modo de ilustración señalamos cómo el sector automotriz argentino —que será fuertemente afectado por la crisis brasileña— ya venía mostrando efectos negativos producto de la recesión. “Ya cayeron un 30% las ventas de automotores. Fue en los primeros 10 días de enero respecto al mismo período del 98 (…) La medición se realizó antes de la devaluación brasileña, pero la gente sabía que el 99 sería recesivo. La cifra fue suministrada por la Cámara del Comercio Automotor que hace su estadística en base al nivel de patentamientos. Tres días más tarde, el 13 de enero, Brasil anunció su primera devaluación de 9%. Pero la clavada de frenos que pegó la venta de automóviles revela que, aun antes de que se desatara la crisis que sacude al principal socio del Mercosur, los argentinos ya estaban cuidando el bolsillo” (Clarín 26/01/99).


Con este escenario previo era esperable que la crisis brasileña provocara en Argentina, además de la típica sacudida financiera (fuerte caída de la Bolsa y de los bonos, suba de las tasas y pérdida de depósitos), una sacudida sobre la economía real, acelerando las tendencias mencionadas del año 1998: descenso de las exportaciones (y como contrapartida en este caso, una suba de las importaciones de origen brasileño para el consumo interno), aumento del desempleo, freno en la inversión, caída del Producto Bruto Interno. Así, una vez desatada la devaluación del real, los principales sectores económicos vinculados al intercambio comercial con Brasil empezaron a sentir los efectos. Rápidamente se alertó sobre una caída en las exportaciones a Brasil y, al mismo tiempo, una avalancha de productos de ese país (sobre todo, en algunas ramas industriales manufactureras de consumo interno masivo); una caída de la inversión, y un aumento de los problemas de empleo (suspensión, baja de salarios y aumento del desempleo y subempleo). A continuación señalaremos algunos ejemplos de sectores perjudicados instantáneamente por la devaluación del real. Por el lado de las exportaciones argentinas a Brasil, gigantes como Arcor, de la rama de alimentos, manifestaron una caída real de sus volúmenes: “Arcor optó por reducir sus exportaciones para no acumular stocks (…) para prevenir consecuencias mayores, ya comenzaron a reducir los niveles de stock de mercadería en los depósitos que tienen en Brasil. Por lo tanto, bajamos los volúmenes de exportación desde Arcor Argentina” (Clarín 26/1/99). Por el lado gráfico, en palabras del empresario Juan Sacco, dueño de empresas líderes en la rama y con inversiones en la región —titular, además, de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA)— declaró: “No se toman más órdenes de compras desde Brasil hasta que se estabilice la paridad de la moneda. La industria gráfica (impresión de papeles y, principalmente, de envoltorios para alimentos) exporta 300 millones de dólares anuales al Brasil y en estos momentos tienen parados todos los pedidos” (Clarín 26/01/99). Asimismo, en la industria automotriz el efecto de la caída en las exportaciones se evidenció con claridad, dado que Brasil era el país que absorbía en ese entonces el 66% de las exportaciones argentinas de autos. Así, “el titular de Fiat, Vincenzo Barello, reclamó al Gobierno (…) que ‘la respuesta de la Argentina debe ser la agilización de su política de exportaciones’. La firma retomó este 229


lunes su producción, a un turno y con 250 vehículos diarios. En julio, cuando producía 350 autos por día, exportaba la mitad al Brasil. Hoy, menos del 40%” (Clarín 19/01/99). Las consecuencias se trasladarían de forma veloz a la suspensión de personal (véase más abajo) y a la exigencia al Gobierno de alguna medida de urgencia que paliara los efectos en el sector. Exigencia que encontró rápidamente (pero excepcionalmente, comparando con otras ramas) eco en la implementación de la segunda versión del Plan Canje.9 En palabras del secretario de Industria, Alieto Guadagni, “en enero la producción automotriz cayó 45%, así como 21% la de acero” (Clarín 19/02/99). A modo de ilustración del cuadro general, el día posterior a la crisis, el presidente de la UIA, Alberto Álvarez Gaiani sintetizó: “Al problema doméstico se agregará el efecto de una caída de las exportaciones al Brasil y un aumento de las importaciones subvaluadas provenientes de ese país. Las ventas a Brasil están cayendo desde mediados del año pasado y eso deprime la actividad fabril” (Clarín 14/01/99). Como consecuencia de la caída de la actividad económica se produjo también una fuerte contracción de las importaciones en general. Para el mes de marzo, algunos datos eran elocuentes, la baja era del 25% en promedio, de todos los rubros, admitida oficialmente por la merma en la actividad económica y en el consumo (Clarín 9/03/99). Si bien las importaciones en general decrecieron —incluso algunas de origen brasileño como los motores diesel, la maquinaria agrícola y los laminados de acero—, rápidamente se alertó acerca de un crecimiento en las importaciones de origen brasileño en las ramas para consumo masivo. En el primer mes luego del estallido crecieron alrededor de un 54% las compras argentinas a Brasil (Clarín 8/02/99) de esos productos. “Los fabricantes de juguetes habían completado a comienzos de enero todas sus exportaciones pendientes a Brasil. Pese a su relativa suerte, temen una invasión en sentido contrario para mediados de año. ‘Las importaciones brasileñas no constituyen una amenaza en estos momentos. Pero nos preocupa lo que ocurrirá hacia mediados de año’, dijo José Castro, directivo de la Cámara. El sector factura 9

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A fines del mismo mes de enero se diseñaría el nuevo plan: “Carlos Menem firmaría hoy el decreto para apoyar al sector automotor” (Clarín 22/01/99), plan que, luego de negociaciones con las automotrices e instrumentaciones técnicas, se pondría en práctica en el mes de marzo (Clarín del 12/02 y 22/03/99.


70 millones de dólares anuales y exporta 27 millones. La mitad tuvo como destino el mercado brasileño” (Clarín 26/01/99). En el mismo sentido, “la fabricante de zapatillas Gatic, (…), está sintiendo los efectos de la recesión desde hace ya tres meses, mucho antes de la devaluación. Pero le están llegando noticias inquietantes desde Córdoba, como que hay importadores brasileños que venden zapatillas a menos de dos pesos el par. Fabián Bakchellián, titular de Gatic, afirmó que ‘las ventas vienen cayendo un 30% desde noviembre. [Mis] colegas de la Cámara del Calzado están en alerta total por el tema Brasil. A Córdoba están llegando pares de zapatos importados a 4,30 pesos. Y la semana pasada se detectaron partidas de zapatillas brasileñas, marca Aditec, a 1,5 peso el par. Así se destroza cualquier mercado’, afirmó”. Ya entrado el mes de febrero la avalancha brasileña era una realidad cotidiana. Los principales comercios donde se encontraban productos como juguetes, electrodomésticos, ropa y calzado ofrecen “góndolas con sabor a Brasil [ya que] los productos brasileños están ocupando cada vez más espacio en las góndolas de los supermercados. Poco a poco, multiprocesadoras, parrillas, suecos, algunas frutas, y hasta tampones producidos en Brasil se suman a la guerra de precios que libran a diario las grandes cadenas. El nivel que alcanzaron las importaciones de productos importados desde Brasil preocupa al Gobierno” (Clarín 9/2/99). La caída de la inversión también se hizo sentir. Para mediados de febrero el Gobierno, en la voz de Alieto Guadagni, reconocía que la actividad industrial en enero había caído un 6% (Clarín 19/02/99). Para el mes de febrero los datos eran menos alentadores aún. “La actividad industrial cayó un 8% en febrero frente a igual mes del año pasado (…) La nueva caída de la actividad en febrero confirma que la industria acumula una retracción del 23,8% desde julio a esta parte” (Clarín 24/03/99). Si bien los datos señalan que la tendencia recesiva mencionada anteriormente era previa, la profundización de ésta como consecuencia de la devaluación del real es evidente. Los sectores industriales más afectados fueron los de mayor valor agregado, metalmecánica, plásticos, siderurgia, tejidos, papel, cartón y neumáticos, mientras crecieron los más vinculados a los alimentos y bebidas, como aceites, lácteos, cerveza y carnes (Clarín 1/3/99). Por ejemplo, en las automotrices también se hizo sentir una desaceleración de la inversión. “La crisis brasileña sigue castigando al sector automotor. La empresa Volkswagen suspendió los planes de inversión que tenía 231


previstos para este año en la Argentina. Con esto se derrumba la posibilidad de que concrete la ampliación de la planta que posee en la localidad cordobesa de San Carlos” (Clarín 30/01/99). También en la construcción se hizo sentir la desaceleración. Siendo uno de los sectores de mayor generación de empleo, en febrero el nivel de actividad había caído un 6,6% contra igual mes del año 1998, acumulando en el primer bimestre de ese año un derrumbe del 10%. Esa baja se combinaba con una caída del 15% en la venta de departamentos. Otro dato que ilustraba la situación es que los pedidos de construcción que solicitaban las edificadoras cayeron un 28,6% respecto de los de febrero del año anterior (Clarín 24/3/99). La situación para generar nuevas inversiones también complicó a aquellos sectores que tenían problemas de endeudamiento. En el sector textil, “Alpargatas sigue en rojo. Alpargatas pagó muy caro el costo de su deuda financiera: a lo largo de 1998 perdió 158,5 millones de dólares y acumula, en dos años, un quebranto de 332,5 millones de dólares, acuciada por una deuda financiera que no da tregua. El pasivo de Alpargatas supera los 600 millones de dólares, de los cuales más de 450 millones son deuda de corto plazo y sujeta a un proceso de reestructuración con sus acreedores” (Clarín 13/3/99). En la voz de Juan Carlos Lascurain, titular de Asociación de Industria Metalúrgica de la República Argentina (ADIMRA), encontramos una síntesis de la coyuntura económica inmediata a la crisis: “Para la economía real la situación actual es más grave que bajo el tequila porque se combina un parate en las ventas a Brasil —el principal cliente de la Argentina— con una depresión de precios internacionales y una baja en el consumo interno, lo que deprime la actividad y estrangula la rentabilidad de las empresas. Bajo el tequila, en cambio, la industria pudo compensar en parte la caída en la demanda interna con mayores exportaciones con precios externos que, además, estaban en ascenso. La devaluación brasileña, que comenzó el 13 de enero pasado, encontró a la industria ya con cuatro meses y medio de caídas consecutivas en la producción” (Clarín 1/03/99). Este panorama negativo se trasladaría al empleo. Las mediciones oficiales señalan que durante los dos primeros cuatrimestres del año 1999 la tasa de desocupación fue del 14,5%, mostrando un crecimiento con respecto al 12, 4% del último cuatrimestre del año 1998. La tasa de subocupación muestra también una suba: del 13.6 % del último cuatrimestre del año 1998 232


pasó al 14, 9% en el segundo cuatrimestre del año 1999.10 Señalamos nuevamente que, si bien la recesión ya había comenzado el año anterior, los efectos de la crisis brasileña potenciaron la situación crítica. El “efecto Brasil” se hizo notar en las ramas vinculadas directamente a la exportación a ese país o en aquellas donde los productos de ese origen ofrecían competencia. En el primero de los casos, la industria automotriz fue nuevamente afectada y sus operarios sufrieron numerosos suspensiones y despidos. A la semana del derrumbe del Plan Real, la filial argentina de Ford anunció la suspensión por 10 meses de 1.430 empleados, como consecuencia de una revisión hacia abajo de sus cifras de exportación de vehículos hacia el mercado brasileño (Clarín 19/01/99). Las otras filiales de automotrices extranjeras también harían lo mismo días más tarde. Renault anunció que la suspensión de 2.600 empleados prevista hasta el 31 de ese mes se prorrogaba hasta el 8 de febrero (Clarín 19/01/99). Fiat y SMATA firmaron un acuerdo que le permitiría a la empresa implementar un programa de suspensiones de personal entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de ese año, según fueran las necesidades de la producción, en el cual abonaría un 75% del salario básico por cada día de suspensión y abarcaría a un total de 2.600 personas. Volkswagen redujo el ritmo de producción a 4 días por semana, y Chrysler, con 400 operarios, mantuvo las suspensiones hasta el 28 de febrero. La planta cordobesa de Iveco dispuso esa semana extender la inactividad, prevista en principio hasta el lunes 1 de febrero. General Motors, en su planta de Córdoba, suspendió a sus 220 trabajadores hasta mediados de marzo. Por el lado de Peugeot, a los 1.600 operarios que estaban de vacaciones en enero les prolongaría éstas, pero bajo la modalidad de suspensión en la primera semana de febrero (Clarín 28/1/99). Así, comenzado el mes de febrero, “las terminales automotrices instaladas en Córdoba permanecen en boxes y los suspendidos ya son alrededor de 6.500 trabajadores. Este panorama podría agravarse si Renault decide una reducción de personal como consecuencia de la crisis brasileña y la acumulación de stock que tiene en su fábrica de Santa Isabel” (Clarín 2/2/99). Días después, SMATA acordaba con Renault un plan de suspensiones, retiros voluntarios y jubilacio-

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Datos del INDEC y el Ministerio de Economía. Véase: http://www.indec. mecon.ar/nuevaweb/cuadros/4/shempleo1.xls 233


nes anticipadas. Volverían al trabajo 1.200 de los 3.000 operarios de Santa Isabel (Clarín 13/2/99).11 En áreas ligadas a la industria automotriz la crisis también fue fuerte. “La dramática situación se traslada al complejo autopartista que produce para las fábricas cordobesas y, en algunos casos, para el mercado brasileño. Según la UOM las suspensiones llegan en este sector a alrededor del medio millar” (Clarín 2/2/99). La industria del neumático también sintió los efectos de la crisis que, como en casi todos los casos, no hizo más que profundizar la tendencia del año 1998. “Pero desde enero, con el estallido de la crisis brasileña, están prácticamente en llanta. La industria, que son tres multis con plantas aquí y una fábrica de capitales nacionales, hoy está pobre y austera. El rubro ocupa a 4.200 personas y mueve unos 550 millones de dólares al año. Pero en las plantas se trabaja un día menos por semana y a casi la mitad del personal le dieron vacaciones anticipadas” (Clarín 10/3/99). Por el lado de otros sectores vinculados también al intercambio comercial con Brasil, también hubo efectos. La agroalimenticia Arisco suspendió por 45 días a 118 trabajadores de su planta local, abarrotada de cajas con aceitunas y pasta de ajo (Clarín 2/2/99).

3. Dos momentos frente a la devaluación del real de 1999 3.a. De enero a marzo (un verano complicado) Como ya hicimos referencia, la devaluación del real instala de manera definitiva en Argentina, en 1999, el problema de la salida 11

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Podemos considerar que, debido a la relación de fuerzas de ese entonces, al movimiento obrero no le quedaba otra opción que cuidar lo poco que tenía, o mejor dicho, intentar atenuar las futuras pérdidas. El ejemplo del acuerdo mencionado entre SMATA y Renault permite observar esta tendencia: “Su duración [del acuerdo] llegaba hasta fin de año y los afectados sólo cobrarían el 50% de su salario. El acuerdo de ayer limitó a cuatro meses el período de suspensiones y mejoró la compensación salarial, que será del 75% en febrero y marzo, del 60 en abril y del 50 en mayo. Quienes opten por el retiro percibirán la indemnización de ley y un plus variable, de 3.000 a 10.000 pesos. Los empleados mayores de 55 años podrán acceder a un retiro remunerado hasta los 65 años, cuando podrán jubilarse. A los mayores de 59 años se les asegura el 70% del salario y al segmento de 55 a 58 años, el 60%. También se les mantendrá la cobertura de obra social y seguro de vida” (Clarín 13/2/99).


de la convertibilidad. Al respecto, la coyuntura de la crisis de 1999 ofrecerá conductas variadas. En este primer momento, observaremos la unidad entre fracciones de la burguesía en aspectos concretos de esa coyuntura con la finalidad de no desestabilizar fuertemente al gobierno de Menem (máxime, teniendo en cuenta que le quedaban apenas diez meses de vida política) para obtener rápidamente sus reclamos sectoriales. Estos reclamos manifestaban en los hechos un común acuerdo de la burguesía en la profundización de la descarga de algunos efectos de la crisis sobre los trabajadores, lo cual se venía intentando desde iniciada la recesión en el año 1998 y se había intensificado con la crisis del real. Las acciones radicaron en aprovechar la coyuntura para exigirle al Gobierno la rebaja de los aportes patronales, el congelamiento de la discusión salarial, y, para los sectores más afectados, la exigencia de acuerdos a los sindicatos que, ante un panorama recesivo cuya magnitud todavía no se conocía, consideraron mejor la suspensión o la rebaja salarial que la pérdida absoluta del empleo. Con el aval de los sindicatos, se evitaba un escenario de conflicto. Otro acuerdo tácito consistió en no anteponer a los intereses sectoriales la discusión del modelo o del tipo de cambio. Es decir, bajo el mismo esquema en curso, cada sector —poniendo al Gobierno como centro de los reclamos— intentaría obtener lo necesario para paliar la crisis, pero evitaría una discusión que llevara a enfrentamientos fuertes entre las distintas fracciones de la burguesía. Al menos, en este primer momento, si bien hubo cruces muy fuertes con el Gobierno, nadie sacaría los pies del plato poniendo en cuestión la totalidad de las políticas implementadas en esa década. De esta manera, cuando se disparó la crisis del real —la que más afectó a la economía argentina en esa década—, primero había que sortear sus consecuencias, y, luego, en un segundo momento, a partir del mes de abril, aflorarían con mayor intensidad los conflictos en la burguesía. Todo comienza al otro día de la caída del Plan Real, cuando la UIA inicia una serie de reclamos al Gobierno para afrontar las consecuencias. La industria era el sector más afectado por la avalancha de productos brasileños y la caída de las exportaciones a Brasil —motivos explicados anteriormente—. Los principales reclamos llevados al Gobierno consistían en la demanda de una serie de aranceles para los productos importados del principal socio comercial, a la vez que reintegros a las exportaciones a Brasil para atenuar el efecto de la devaluación. Pero esto “va acompañado de 235


que bajen ya los aportes previsionales para compensar la devaluación en el Brasil” (Clarín 14/01/99). El presidente de la UIA, Alberto Álvarez Gaiani, estimó que “la situación tiene un efecto negativo sobre la economía real argentina. Provocará una caída en las exportaciones, que originará menor actividad industrial. También una invasión de importaciones de origen brasileño. Ahora es imprescindible que el Gobierno cumpla con la rebaja impositiva que prometió para la industria, agregó (…) Si no hay correcciones, si no bajan los aportes, en el futuro pueden aumentar los problemas laborales” (Clarín 14/01/99). En ese sentido, Álvarez Gaiani delineó la postura señalada acerca de la convertibilidad (no compartida por todos al interior de la UIA pero sí con el acuerdo de no de romper la voz única a nivel oficial del sector industrial): “[la crisis] no perturbará la convertibilidad ni afectará el comportamiento del sistema financiero. Eso está muy sólido” (Clarín 14/01/99). Por el lado de los bancos “igual posición existía ayer en la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), en donde se convocó a un encuentro urgente de banqueros para tratar los efectos de la corrida brasileña sobre las tasas de interés”. Norberto Peruzzotti, director ejecutivo de la ABA, sostuvo: “Aumenta el riesgo de la región y eso encarecerá el dinero para la Argentina. El sistema financiero está muy firme y las reservas del Banco Central aseguran que la política del uno a uno sea inamovible” (Clarín 14/01/99). Días más tarde, la UIA reiteró sus reclamos ante el ministro Roque Fernández, en una mesa de negociación que tendría idas y vueltas y donde los industriales recibirían poco de lo que pedían. Esta situación repercutiría posteriormente en la profundización de las diferencias al interior de la entidad industrial y entre sectores de ésta y otras corporaciones empresarias en torno al eje planteado, convertibilidad sí o no, aunque todavía sin una crítica explícita. El principal reclamo al Gobierno de parte de la central fabril consistía en la imposición de aranceles a los productos brasileños, la rebaja de los existentes para importar bienes de capital y la reducción de los aportes patronales (Clarín 17/01/99). En relación a lo recibido: “No nos dio ninguna respuesta, fue la contestación del titular de la UIA cuando se le preguntó si el ministro había aceptado esos reclamos” (Clarín 17/01/99). Las medidas se reiteraron en un segundo encuentro días después. El documento llevado a este encuentro hacía hincapié en la rebaja de aportes patronales, en el restablecimiento de las modalidades promovidas para las empresas de bienes transables y en que, a partir del 1 de febrero, se declarasen operativas las mo236


dificaciones de la reforma laboral para las PyMEs que no hubieran celebrado convenios colectivos (para facilitar la organización y el tiempo de trabajo, el régimen de licencias y el pagos de aguinaldos). A su vez, se reclamó una mayor eficacia del Comité Consultivo creado por la Ley de Riesgos del Trabajo. Con respecto a los aranceles para frenar el impacto de la crisis brasileña, la UIA solicitó nuevamente que hubiera aranceles dentro del MERCOSUR y que con ese dinero se pagaran reintegros a las exportaciones argentinas que iban a Brasil. Además, la UIA pidió un mecanismo de licencias automáticas para controlar las importaciones y la fijación de precios indicativos y de rangos de valor para productos sensibles. Días después el Gobierno accedió a modificar aranceles, pero sólo para la compra de bienes de capital (Clarín 22/1/99). El enfrentamiento con el ministro de Economía creció debido a la lentitud en la sanción de las medidas solicitadas. El ministro tildó a los reclamos de “sectoriales” y la central fabril obligó a su presidente (bastante afín a las políticas del Gobierno) a firmar una declaración combativa: “Que nuestro ministro de Economía sugiera que la crisis puede ser beneficiosa, al eliminar del mercado a los operadores ineficientes, resulta cuanto menos imprudente, al tiempo que refleja una alarmante ceguera en temas en los cuales debería tener un exacto conocimiento”, señaló la UIA en un comunicado firmado por su titular Alberto Álvarez Gaiani (Clarín 11/2/99). Voceros de la central ya habían calificado la actitud de Roque Fernández como “de ciega e imprudente” (Clarín 11/2/99). La respuesta del ministro continuó en la misma dirección. En el marco de la cumbre presidencial entre Menem y Cardoso12, Roque Fernández salió al cruce de la UIA acusándola de “ineficiente, antigua y corporativista”. Las diferencias mayores afloraron por el manejo en las negociaciones con Brasil. También afirmó que “aquellos empresarios que no fueron capaces de llevar adelante una empresa competitiva, tratan de lograr a través de un mecanismo corporativo protección o algún tipo de subsidio. Son los que hacen las declara-

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Días antes ya había fracasado una misión del secretario de Industria Alieto Guadagni en la que se pedía a Brasil, entre otras cosas, que eliminara subsidios a sus exportaciones hacia países del MERCOSUR. La primera respuesta conseguida fue la promesa de una próxima reunión al mes siguiente (Clarín 26/01/99), aunque días después lograron arrancar al embajador brasileño en Argentina el compromiso de abordar el problema de los subsidios (Clarín 6/2/99) 237


ciones altisonantes, los que piden protección y los que piden la prebenda” (Clarín 13/2/99). Como resultado de las negociaciones con Brasil, “Argentina logró pocas compensaciones por la devaluación brasileña. El gobierno brasileño sólo se comprometió a eliminar algunos subsidios a sus exportaciones y aceptó la creación de una comisión técnica para el seguimiento del comercio bilateral” (Clarín 13/2/99). En este contexto, a mediados de febrero, Rodolfo Daer, secretario general de la CGT, anunció que la central llevaría una propuesta de aumento del salario mínimo de 200 a 300 pesos, dejando entrever que incluso lo justo sería pedir 450 pesos. La táctica consistía en sostener que el aumento del salario ayudaría a luchar contra la evasión. “Roque [Fernández] es cómplice de que miles de trabajadores se encuentren en negro y de que no aumente la recaudación previsional (…) el aumento del salario mínimo ayuda a que se blanquee una parte mayor del sueldo, lo que redundaría en una mayor recaudación” (Clarín 19/2/99). Ante este reclamo de aumento salarial —y en consonancia con el argumento de que primero había que solucionar la crisis y no era momento para ceder al movimiento obrero, sino todo lo contrario— las diferentes fracciones de la burguesía coincidieron en un no rotundo.13 Aunque sin entrar en una confrontación directa, para evitar malestar en la situación social debido al contexto de crisis y, además, para no romper las negociaciones con el movimiento obrero en algunas ramas, como por ejemplo las suspensiones acordadas con SMATA en la industria automotriz o con la UOM en la metalúrgica. Así todo, el posicionamiento fue contundente. Jorge di Fiori, presidente de la CAC (comercio), manifestó: “Éstos son tiempos muy complicados para tratar el tema. Nuestra preocupación actual es conservar el empleo que ya existe”. En la SRA tampoco estaban muy de acuerdo con el planteo de la CGT. Carlos Hubert, representante de la SRA en el Consejo del Salario Mínimo, recalcó que “no se puede tomar esa medida en forma aislada: cada vez que se hizo algo así terminó mal. No creo que un aumento del salario mínimo pueda me-

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“Los empresarios, en contra del aumento (…) Dirigentes de las principales entidades empresariales consideraron que los sindicalistas eligieron un mal momento para plantear el tema, y basándose en las repercusiones negativas de la crisis de Brasil, insisten en que el pedido de un aumento de 100 pesos en los sueldos de los que menos ganan debería esperar tiempos mejores” (Clarín 19/2/99).


jorar algo si no se llega a un acuerdo más importante, que contemple profundizar la reforma tributaria y avanzar con la rebaja de aportes patronales”. El ruralista se ocupó de resaltar que “con los coletazos de la crisis de Brasil dando vueltas, el contexto no es el más apropiado para hablar de aumentos. Esta medida, tomada en forma parcial, puede traer inconvenientes para mantener la competitividad. Por eso considero que no podemos seguir poniendo parches, así lo único que se consigue es que se luzca un sector en detrimento de otro” (Clarín 19/2/99). Por el lado de la UIA dejaron saber que la entidad prefería no abrir otro frente de conflicto en momentos en que discutían con el ministro Roque Fernández la política comercial con Brasil. “Optaron por mantener un perfil bajo, para no entrar en colisión con los gremialistas, con quienes coinciden en los reclamos de protección para los sectores afectados por la brasildependencia” (Clarín 19/2/99). Otra de las novedades que instaló la crisis en aquel momento fue el primer enfrentamiento —aunque coyuntural— de la SRA con el gobierno de Menem.14 Enfrentamiento que colocó a la entidad que representa los intereses más concentrados del sector agrario en la misma línea de acción que el resto de las entidades, llamando a un lock out patronal (que finalmente se llevaría a cabo más adelante). El motivo de la protesta era la falta de una respuesta oficial a sus reclamos por la presión fiscal y la falta de financiamiento al sector, muy golpeado tanto por la caída de los precios internacionales que venía sucediendo desde 1997, como luego también por la crisis brasileña. René Bonetto, de la Federación Agraria Argentina (FAA), Marcelo Muniagurria, de la CRA, Valentín Levisman de CONINAGRO y Luciano Miguens de la SRA habían acordado la decisión de convocar al paro, aunque diferían en el alcance de la medida (la cantidad de días, si afectaría a la cosecha de granos, si contendría cortes de ruta y tractorazos). A favor de todas las medidas estaban la FAA, la CONINAGRO y la CRA, mientras que la SRA difería en la extensión de la protesta, en interrumpir la cosecha de granos y en las movilizaciones (Clarín 25/03/99). La medida llama la atención, ya que la SRA nunca había convocado a un lock 14

“La Sociedad Rural se suma al paro del campo (…) Lo acordaron las cuatro entidades agropecuarias. Es la primera vez que la Rural se enfrenta al Gobierno (…) Es la primera vez que la Rural —junto a los banqueros, la entidad que siempre avaló el plan económico— sale a criticar con un paro la política del Gobierno” (Clarín 25/03/99). 239


out u otra acción de lucha contra alguna política del gobierno de Menem. Incluso, había hecho varias negociaciones con el Gobierno por temas agropecuarios sin establecer enlaces con las otras entidades, privilegiando sus intereses. Teniendo en cuenta después la negativa de la SRA a formar parte del Grupo Productivo —grupo opositor a las políticas económicas del Gobierno—, diferenciamos su accionar en la coyuntura de la crisis —participando del lock out— de su accionar de carácter más estratégico —de apoyo a las políticas aperturistas del Gobierno. Un día antes de la realización del lock out, las cuatro entidades agrarias emitieron un comunicado en el que dieron un ultimátum al Gobierno para que otorgara respuestas al sector y se evitara el lock out. En reuniones de los dirigentes con funcionarios, el sector agrario obtuvo promesas de que podría haber novedades con respecto a la reforma fiscal exigida (eliminación del impuesto a los intereses y a la Renta Mínima Presunta) y al proyecto del “Programa de Salvataje Agropecuario” que trataría el Congreso Nacional a comienzos de abril. Así, las entidades decidieron postergar por una semana, hasta el 7 de abril, el llamado al lock out (Clarín 31/03/99). Como es común ante escenarios de turbulencia, cuando no consiguen satisfacer sus demandas sectoriales por separado y ante la falta de respuestas por parte del gobierno de turno, los distintos sectores de la burguesía utilizan la cohesión como forma de protesta. En efecto, el poderoso Grupo de los 815 insistió, en un reclamo de conjunto a Roque Fernández, en alivios fiscales y crediticios y en la postergación de la aplicación de los nuevos impuestos que habían sido aprobados en la última reforma fiscal. Entre estas exigencias se encontraban la prórroga en la aplicación del impuesto a los activos, así como la suspensión del impuesto al endeudamiento bancario. Además, “se confirmó que también pedirán un recorte en el gasto público y apoyarán las iniciativas de Economía para flexibilizar totalmente la actual legislación laboral. Para argumentar el apoyo a la flexibilización laboral, los empresarios tienen cifras parciales sobre cómo las empresas están aumentando las suspensiones y los despidos desde diciembre del año 15

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Los diferentes integrantes del G8, ante momentos de crisis, dejaban de lado sus intereses sectoriales y actuaban de conjunto, incluso ampliando su composición. Un ejemplo lo constituye el ampliado Grupo de los 17 (los 8, más otras corporaciones empresarias) a comienzos del año 1988 (al respecto, véase Kan y Campos 2005).


pasado. Un informe preliminar precisa que los despidos aumentaron un 10% en la industria de la construcción y que la caída del 12% en la actividad fabril aceleró las suspensiones y el desempleo de operarios” (Clarín 21/3/99). Si bien ya existían internas entre los diferentes sectores en torno a las políticas implementadas por el Gobierno antes y durante la crisis16, la reunión servía como presión y, a la vez, como medio para evaluar hasta dónde éste tomaría en cuenta los reclamos. Finalmente, los empresarios obtuvieron sólo algunos de los resultados esperados: “El grupo de los ocho se fue insatisfecho de economía, Roque no quiere soltar un peso más para aliviar a las empresas (…) Roque Fernández no quiso jugarse ayer ante los empresarios del grupo de los ocho acerca de cuánto durará esta crisis. El ministro de Economía repitió frente a los dirigentes de la industria, el comercio, el campo, la bolsa, la construcción y los bancos que del tesoro no saldrá ni un peso para subsidios o estímulos fiscales. Pero también les prometió que no aumentará ni creará nuevos impuestos y que el gasto público no se le escapará de las manos” (Clarín 21/3/99). También hubo quejas por la forma en que luego se implementarían las medidas anunciadas por Roque Fernández. Por ejemplo, las que se anunciaron para compensar el IVA que, según los empresarios, todavía no eran instrumentadas, mientras que otras medidas sí fueron reglamentadas —como el plan canje de autos y tractores y las licencias previas de importación—. Si bien los empresarios se habían comprometido a analizar el documento presentado por Economía, prometiendo reunirse de vuelta en el mes de abril, la misma reunión dividió aguas al comprobar que el Gobierno no respondía de la misma manera a todos los sectores y que cada uno comenzaba a delinear su propio camino. “Como la crisis brasileña golpea de diferente manera en cada

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Por ejemplo, el titular de la CAC, Jorge Di Fiori, siempre se había opuesto a la regulación del comercio con Brasil que venían reclamando los sectores de la industria, y el organismo que presidía mantenía una relación muy cercana con el titular del Palacio de Hacienda, al igual que la Asociación de Bancos o la Bolsa de Comercio. A Enrique Croto, presidente de SRA, que siempre apoyó públicamente las políticas de Menem y actuó más cerca de las otras entidades, la crisis de Brasil lo llevó a jugar del lado de los industriales y la construcción dentro de la interna del G8 (véase Clarín 13/2/99). Así todo, ante la radicalidad de la situación actuaron de conjunto en esta instancia. “Dicen que la crisis llegó a todos los sectores: industria, comercio y agro” (Clarín 21/3/99). Pero la unión no duraría mucho. 241


uno de los sectores que se sientan en esa agrupación, les resulta difícil aunar un solo discurso crítico ante el Gobierno” (Clarín 23/03/99). En consecuencia, la ruptura del G8 era inminente, como veremos más adelante.

3.b. De marzo a agosto (un otoño e invierno agitados) A los casi tres meses del estallido de 1999 empiezan a tomar formas particulares las tendencias señaladas al comienzo del trabajo. Por un lado, ante la evidencia de que el gobierno nacional no iba a modificar las políticas implementadas casi una década atrás —incluso los retoques para compensar a los sectores más afectados por la crisis fueron selectivos y sin trastocar las pautas económicas básicas— comienzan las críticas a las políticas aperturistas de la década, allanando el camino para una futura retórica devaluacionista. Así, comienzan a diferenciarse en sus líneas de acción los diferentes sectores de la burguesía: cambia la conducción de la UIA, se quiebra el G8 y se forma el Grupo Productivo. Tanto la UIA como el Grupo Productivo todavía durante el año que abordamos en este trabajo —y ante el recambio presidencial de fines de dicho año17— no hablan públicamente de devaluación, pero veremos que trabajan firmemente en pos de un programa devaluacionista. Aparecen en este contexto asambleas, movilizaciones y acciones públicas de sectores de la burguesía de cara a instalar la idea de que el modelo de los noventa estaba agotado, y lo hacen por medio de consignas como la “defensa de la industria nacional”. A su vez, la crisis que atraviesa el MERCOSUR entre fines de julio y principios de agosto empieza a evidenciar que, si la apertura irrestricta y la falta de coordinación macroeconómica dentro de la principal asociación regional de la que participaba Argentina estaba siendo muy perjudicial, una apertura comercial total co-

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Las entidades empresarias del G8 esperaban que alguno de los dos candidatos presidenciales con mayores chances, Duhalde por el PJ y De la Rúa por la Alianza, retocasen algunas de las políticas implementadas en los noventa cuando llegasen a la Casa Rosada. Pero justamente ambos candidatos, a medida que se acercaba la contienda electoral, iban moderando sus discursos, en especial, aquellos que se referían a la convertibilidad. Incluso, ante el consenso social importante que todavía tenía ésta, ambos la defendieron.


mo la que propiciaba el ALCA sería aún más destructiva para algunos sectores. Tomamos como inicio del segundo momento de los efectos de la crisis brasileña en nuestro país cuando, a fines de marzo, luego del fracaso de las negociaciones con el Gobierno, los industriales de la UIA se reúnen en una asamblea nacional en la que debaten la continuidad o no de la convertibilidad. Esta vez lo hicieron en el marco de una asamblea oficial de la corporación convocada al calor de la crisis del real, y todos reconocieron públicamente que ése fue el eje del debate, a la vez que acordaron la salida de Álvarez Gaiani de la conducción, como veremos más abajo.18 A partir de allí, la nueva táctica de la conducción de la UIA consistiría de vuelta en no hablar a favor de la devaluación, pero sí proponer públicamente medidas en el sentido de un esquema macroeconómico con protección y aranceles que privilegiara el mercado interno, más cercano a una economía con tipo de cambio devaluado que a una economía con tipo de cambio sobrevaluado y con políticas aperturistas como las que se impusieron desde 1991 en adelante. “Unos 400 empresarios de todos los sectores y de 17 provincias analizaron la situación económica (…) La crisis brasileña sinceró a los industriales. Algunos sectores de la Unión Industrial Argentina (UIA) comenzaron a debatir la salida de la convertibilidad. Por primera vez, durante los casi 10 años del gobierno menemista, en la UIA admitieron lo que muchos empresarios vienen pensando en voz alta desde mediados del 98” (Clarín 24/3/99). Con respecto al tipo de cambio, los principales reclamos vinieron de sectores contrarios a los de Álvarez Gaiani. Las menciones en favor de un retoque cambiario surgieron en las exposiciones de representantes del MIN —que lideraba Ignacio de Mendiguren, también secretario de la UIA por ese entonces. Federico Kindgard

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Con respecto a lo primero, el propio Álvarez Gaiani ante la pregunta: “¿la Unión Industrial pide una devaluación o una salida de la convertibilidad?”, respondió: “desde la UIA no se va a pedir una devaluación. La salida de la convertibilidad es un tema de debate interno, que será muy extenso. Algunos sectores la piden y otros no” (Clarín 24/3/99). Con respecto a lo segundo, Álvarez Gaiani también se había referido días antes de la asamblea, previendo el marco, a su decisión de no continuar comandando la UIA después de abril: “una de las razones es que consideré fracasada mi labor ante el Ministerio de Economía. Tengo que reconocer que el equipo económico no le ha dado importancia a planteos que hizo la UIA desde setiembre del año pasado” (Clarín 22/3/99). 243


(vinculado a la industria de celulosa y papel), miembro del Comité Ejecutivo, declaró que “es necesario repensar el valor de la moneda”; Leopoldo Orsay (de la industria de los colorantes) recalcó que “este modelo no funciona. Sirvió para frenar la inflación” (Clarín 24/3/99).19 Como propuesta de la asamblea de la UIA surgió un documento con conclusiones que refutaban las cifras del Ministerio de Economía y apuntaban contra la gestión del secretario de Industria, Alieto Guadagni. Entre las propuestas hubo una que se ganó aplausos en el auditorio y gritos de bravo: “Se debe designar como secretario de Industria a un industrial, preferentemente del sector PyMEs”. Acerca de propuestas, la devaluación por parte de la UIA, en términos oficiales, por el momento no había nada. Todavía existía un amplio consenso social sobre la convertibilidad, que no le permitía a la UIA manifestarse públicamente en relación al fin de aquélla. El mencionado cambio de conducción de la UIA no fue ajeno a la situación de tensión al interior de la entidad. Si bien hubo acuerdo en que el MIA terminara su mandato, el sucesor de Álvarez Gaiani no sería una persona de la poderosa COPAL, sino un industrial de la provincia de Buenos Aires vinculado al duhaldismo, Osvaldo Rial, presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA).20 La vicepresidencia quedaba a car19

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Otras voces que criticaban el modelo aperturista fueron las de Mauricio Naiberger (de indumentaria): “Éramos 5.500 empresas y quedan menos de 4.000. Las importaciones crecieron 9.700%. Tenemos a China dentro del país”; de Abelardo Lago (máquinas-herramienta): “Estamos en plena extinción. En 1999 ya se perdió el 3% de los puestos de trabajo”; de Carlos Bueno (calzado): “La autopsia está por llegar. Ya cerraron 997 fábricas y en pocos años se perdieron miles de puestos de trabajo”; de Manfredo Arheit (de instrumentos de medición): “El 50% de lo que entra por el canal rojo de la Aduana está en condiciones irregulares”; de Jorge Zorreguieta (del azúcar): “tenemos stocks acumulados y la única manera de sacarlos es teniendo cómo exportar”; de Raúl Ruibal (de juguetes):“Éramos 200 fábricas con 1.500 empleados. Quedan 50 y trabajan al 50% de su capacidad”; de Rafael Gaviola (de celulosa y papel): “Venimos de crisis en crisis. Al principio de la convertibilidad empleábamos a 13.000 personas. Ahora quedan 7.000”; y de Horacio D’Angelo (del tabaco): “Peligran 7 provincias tabacaleras. El 10% del mercado es contrabando y no hay control” (Clarín 24/3/99). Con Rial en la presidencia y De Mendiguren en la vicepresidencia, a pesar de que provenían de alineamientos políticos internos diferentes, estaban representadas las empresas que producían para el mercado local y también el


go del MIN, en la persona de José Ignacio de Mendiguren. La nueva conducción, de orientación industrialista, comenzaba a elaborar un programa devaluacionista que sería aplicado después de diciembre de 2001. Los primeros pasos consistieron en lanzar el “compre nacional” o “compre argentino” y en reivindicar la industria “nacional”. El “compre nacional” se llamó desde principios de junio con el anuncio de una movilización para el día 9 de julio posterior: “La UIA pedirá que la gente compre argentino [y] resolvió concretar una movilización nacional en defensa de la producción local y el trabajo nacional (…) convocarán a la población a comprar argentino para defender el empleo. La resolución (…) llamará a todas las empresas industriales a embanderar las fábricas el 9 de julio, en la celebración del Día de la Independencia. Los propios empresarios harán en esa jornada un encuentro en la UIA para que el conjunto de hombres de negocios se pronuncie a favor de la defensa del trabajo nacional. (…) la conducción de la UIA espera la presencia de tres centenares de industriales de todos los sectores y regiones del país que reclamarán un apoyo a la actividad productiva local. La convocatoria se hará con tres ejes: Defensa del aparato fabril nacional y llamado al compre argentino. Defensa del trabajo nacional y contra la desocupación laboral. La consigna será que el producto nacional genera empleo local. Contra el proceso de trasnacionalización extrema de la economía argentina” (Clarín 10/6/99). La propuesta atacaba la apertura económica de la década del noventa y reinstalaba una consigna que posteriormente, en el marco de la crisis de 2001, tomaría forma nuevamente para empujar hacia una salida de la convertibilidad, haciendo hincapié en la defensa de la industria “nacional” por sobre la extranjera, que la convertibilidad había privilegiado. La defensa de esta propuesta la realizó el propio presidente de la entidad unos días antes del 9 de

lobby de la industria exportadora de la provincia de Buenos Aires afectada por la devaluación del real. El 40% de las exportaciones de la provincia tenían como destino el mercado brasileño. Un informe de la UIPBA “señaló que la recesión continúa afectando a 18 ramas industriales en las comparaciones de mayo de 1999 contra igual mes de 1998. Las automotrices encabezan la lista de afectados. A pesar de la puesta en marcha del Plan Canje —en abril pasado— acumularon una baja del 49%. Le siguieron los fabricantes de línea blanca con una caída del 44,8% y los plásticos con una disminución de 32,2%. En cuarto lugar se ubicaron los siderúrgicos con un descenso del 18% y los papeleros con el 16,4%” (Clarín 13/7/99). 245


julio: “La propuesta es embanderar las empresas como forma de mostrar que los industriales creemos en el futuro argentino, pero que es ineludible cambiar aspectos del plan económico para generar un modelo que priorice la producción y el empleo (…) con la campaña de compre nacional (o compre de trabajo argentino), se está buscando un proyecto de país que contemple intereses nacionales y no se discrimine el capital, induciendo a un proceso de desnacionalización” (Clarín 4/7/99). Luego llegó la justificación pública ante la sociedad, en una columna de opinión en el diario Clarín del mismo 9 de julio, firmada por la UIA: “Debemos fortalecer el empresariado nacional. Es indispensable modificar aspectos de esta política económica que benefician al capital extranjero por sobre el argentino y comprometen el futuro del país”, se titulaba la columna.21 Se destacaba la necesidad de presentar la propuesta del compre nacional como una problemática de políticas de Estado y de alcance nacional: “No podemos prescindir de la discusión del rol del capital nacional, la globalización, las funciones del Estado, la relación del sistema financiero con la producción, la política impositiva, los déficit gemelos y la acumulación de deuda externa. Esta afirmación no implica desconocer preocupaciones individuales, sino recalcar que son problemáticas que requieren ser planteadas en la discusión nacional como temas de Estado”. Se acusaba como principales responsables de la debilidad del capital local a las políticas de la década del noventa: “El debilitamiento del capital nacional es un síntoma de las dificultades del sistema económico argentino y de ninguna manera consecuencia de la globalización o la mayor confianza externa. La desnacionalización se produce inducida por la actual política económica”. Y se anunciaba, como propuesta de cambio, que “se debe recuperar la fortaleza del capital nacional en el proceso económico y del Estado nacional como coordinador de la ampliación de políticas productivas, sectoriales y regionales para el desarrollo económico con equidad. Para lograrlo hay que modificar aspectos sustanciales de la política aplicada” (Clarín 7/9/99). En el mes de agosto, luego de varias idas y vueltas, la UIA logró convocar a otras cámaras empresariales para conformar un nuevo grupo de presión y acción política: el Grupo Productivo. Es-

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En Clarín 9/7/99, firmada por “Federico Poli y Martín Peirano, economistas de la UIA”.


to implicó, en realidad, la ruptura del ya resquebrajado G8, es decir, la ruptura entre los que seguían apoyando las políticas del Gobierno y no cuestionaban el modelo de apertura sostenido por la convertibilidad (la Bolsa de Comercio, la ABA, la CAC —comercio—) y los que sí asumían una postura de enfrentamiento con esas políticas (la UIA, la UAC y la CAC —construcción—). La SRA estuvo cerca de sumarse al Grupo Productivo, pero finalmente delegó en la CRA la representación del agro en este nuevo alineamiento.22 Pero el episodio de ruptura del G8 se consumaría a principios de agosto cuando, como consecuencia de las tensiones en el MERCOSUR por la imposición de protecciones arancelarias por parte de Argentina en el transcurso del mes de julio, el gobierno de Menem anunció que retiraría las protecciones luego de la presión de Fernando Henrique Cardoso. Frente a la posibilidad de ruptura del MERCOSUR, la SRA intentó armar una reunión del G8 para discutir con el Gobierno la integración del MERCOSUR, pero la UIA se negó: “No vamos a participar en ninguna reunión del Grupo de los Ocho para tratar el problema con Brasil. No tenemos nada que discutir con los bancos o con la Bolsa sobre este tema. Te recuerdo que la UIA está reconsiderando la conveniencia de su permanencia dentro de los Ocho,” declaró a Clarín un dirigente de la UIA (Clarín 3/8/99). La quita de las protecciones arancelarias llevó a la UIA a la amenaza de juicio contra el Gobierno (Clarín 4/8/99). Ante el conflicto dentro del MERCOSUR23, sectores empresarios de este nuevo alineamiento, el Grupo Productivo, tendieron puentes para la actuación conjunta con los trabajadores. En este caso, los empresarios del sector del calzado y el cuero se movilizaron pidiendo soluciones, ante los efectos de la devaluación y la ineficiencia del MERCOSUR, para acordar políticas comunes. Con

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Cabe destacar que, si bien ante la crisis del real la SRA se había enfrentado por primera vez con el Gobierno, no sostenía una política de cambio total del rumbo económico. Incluso, había logrado a fines de julio que el Gobierno convocara a las entidades agrarias y bancarias a discutir salidas para el financiamiento de la deuda del sector y rebaja de peajes y subsidios para la cosecha gruesa de ese año, principales demandas de la entidad rural (Clarín 27/7/99). Esta postura intermedia entre un alineamiento directo y un enfrentamiento total ubicaba a la SRA en el medio de las dos tendencias, luego de la fisura del G8. Véase este conflicto en las ediciones de Clarín entre el 22 de julio y el 4 de agosto de ese año. 247


las consignas: “Defendamos juntos el trabajo argentino” y “Basta de competencia desleal”, el 29 de julio de 1999 se movilizaron más de 10.000 “empresarios y obreros del calzado contra la importación brasileña” (Clarín 30/7/99). El representante de los trabajadores, Juan Norambuena, remarcaba la importancia de que concurrieran al acto los talabarteros y marroquineros en conjunto con los empresarios: “si no hay industria no hay trabajadores”. La semana previa se habían concentrado empresarios y trabajadores metalúrgicos frente a la Secretaría de Industria con reclamos similares. Empezaba a manifestarse así la conformación de una alianza entre fracciones de la burguesía y el movimiento obrero. En las cercanías al estallido de 2001, ambos sectores desarrollarán nuevamente acciones conjuntas. El Grupo Productivo tendrá vida entre agosto de 1999 y principios de 2002. La UIA será, principalmente, quien le dará línea política al grupo, sobre todo en las conferencias industriales desarrolladas entre 1999 y 200124, masificando en la población la idea del “compre nacional”, pidiendo protección para la industria local con una modificación del tipo de cambio (todavía sin hablar abiertamente de la devaluación hasta fines del 2001, pero con estrategias cercanas o encubiertas)25 y desarrollando una crítica a los sectores financieros y especulativos. El grupo irá construyendo paulatinamente en el largo plazo un programa devaluacionista e irá acomodándose a la coyuntura de manera contradictoria.26 Asimismo, en todo este lapso, el Grupo tratará de ir presentando de manera paulatina sus intereses particulares como los intereses generales, asumiendo la salida de la convertibilidad una vez que ésta sea interés general de vastas fracciones y capas de la población.

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La V Conferencia de agosto de 1999, la VI Conferencia de octubre de 2000 y la VII Conferencia de noviembre de 2001. Por ejemplo, en el año 2000 solicitarán incorporar el real al “factor empalme” para mejorar la competitividad de las empresas locales, proponiendo un tipo de cambio comercial que aliente las exportaciones y frene las importaciones brasileñas. Por ejemplo, así como rechazó enérgicamente la llegada al Palacio de Hacienda de López Murphy en marzo de 2001, apoyó la llegada de Cavallo al Ministerio durante un tiempo. Como ya señalamos, habían tenido relación tanto con la Alianza como con el duhaldismo.


4. Conclusiones En el primero de los momentos analizados observamos que, ante la magnitud de la crisis originada por la devaluación del real, que profundizó las tendencias recesivas del año 1998, las principales fracciones de la burguesía priorizaron estratégicamente la unidad entre sí en pos de la descarga de la crisis sobre los trabajadores. Esta actitud de unidad cambia una vez pasado el cimbronazo y, si bien no abandonarían demandas como la rebaja de los aportes patronales y evitarían la discusión por la cuestión salarial, en el segundo momento observamos que se produce públicamente un fraccionamiento en la burguesía haciendo cada vez más evidente una situación latente de lucha interburguesa, que tenía como principal eje de disputa la salida o la continuidad de la convertibilidad. En el transcurso del año 1999, precisamente, comenzó la construcción del programa devaluacionista, pero sin una clara definición acerca de la forma y el momento oportunos para su aplicación; fue la crisis de 2001 la que, finalmente, desencadenó su tormentosa implementación. El Grupo Productivo fue su principal artífice, orientado por el sector devaluacionista de la UIA, que asume la conducción de la entidad fabril en abril de 1999. El otro polo de disputa estuvo constituido por los defensores de la convertibilidad, corporizados en la otra parte del G8: el sector de las finanzas (los bancos y la Bolsa) y los intereses de los grandes exportadores e importadores de la CAC. Esto nos permite acercarnos a la idea de que, más allá de los avatares de la manera en que fue implementada posteriormente la devaluación, ésta no fue ni algo azaroso ni el resultado coyuntural de la debacle de diciembre de ese año, sino que fue la respuesta al interés de varias fracciones de la burguesía (Grupo Productivo) en lucha con otras, en el marco de una profunda crisis social y política donde entraron en movimiento todas las clases sociales. Sólo en esa instancia logró el Grupo Productivo el consenso necesario para identificar a la convertibilidad como la causa de los problemas acarreados durante la década del noventa y para imponer la necesidad de salir de ella por medio de una devaluación. En este sentido, no debería llamarnos la atención la ambigua actitud de construir un programa devaluacionista y no hablar públicamente de devaluación hasta el momento indicado. Fue un camino que se construyó solapadamente apelando a otras instancias previas a la modificación del tipo de cambio, como el reclamo de protección industrial, el lanzamiento del “compre argen249


tino”, la defensa de la industria “nacional”, la movilización en conjunto con sectores del movimiento obrero. El análisis del año 1999 nos permitió corroborar la señalada crisis del MERCOSUR donde, ante el cambio mínimo de las reglas por alguno de sus integrantes, el bloque quedaba expuesto a la extinción. Es de vital importancia relacionar esta crisis del tratado iniciada en el año 1999 con las principales estrategias de inserción regional defendidas por estos sectores luego del año 2002. Ante la apertura total —como la que implicaba adherir al ALCA en los términos originales que proponía EE.UU.—, deshacerse del MERCOSUR podría implicar la pérdida de una valiosa herramienta a la hora de negociar con los más grandes. Tal como sugiere Katz (2006), el “ALCA Light” o “ALCA a dos niveles” demandado por los países en los primeros años de la presente década —o incluso el posterior fracaso del ALCA en el año 200527— son iniciativas que tuvieron un vasto apoyo de fracciones de las burguesías de la región, entre otros sectores, donde encontramos a las que construyeron el programa devaluacionista en Argentina.

Bibliografía Basualdo, E. (2001): Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina - Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera, Bernal, UNQ-FLACSO-IDEP. Bouzas, R. (1999): “El MERSOSUR y la devaluación del real”, en Nueva Sociedad 161, Caracas. Bouzas, R. (2001): El “Mercosur diez años después. ¿Proceso de aprendizaje o dejà vu? , en Desarrollo Económico 41 (162), Bs. As., IDES. Bouzas, R. (2002): “MERCOSUR: ¿Crisis económica o crisis de la integración?”, en Foro de política “Los nuevos desafíos para la integración regional”, en: http://www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/ponencias/ foro_intal_2002_05_bouzas.pdf Brenta, N. (2002): “La convertibilidad argentina y el plan real de Brasil: concepción, implementación y resultados en los años ’90”, en Ciclos 23, Bs. As., IIHES-FCE-UBA. Castellani, A. (2005): ‘Devaluacionistas’ y ‘dolarizadores’. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001, en: http://www.argiropolis.com.ar/index.php?option=com_content&task= view&id=550&Itemid=33 27 250

Al respecto, véase Kan (2007).


Ferrer, A. y Jaguaribe, H. (2001): Argentina y Brasil en la globalización. ¿Mercosur o ALCA?, Bs. As., Fondo de Cultura Económica. Gaggero, A. y Wainer, A. (2004): “Burguesía nacional y crisis de la convertibilidad - El rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio”, en Realidad Económica 204, Bs. As., IADE. Iñigo Carrrera, N. y Cotarelo, M. C. (2003): “La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización.”, en Documentos y Comunicaciones PIMSA, Bs. As. PIMSA. Kan, J. y Campos, J. (2005): “Aproximación a la lucha interburguesa: configuración de alineamientos en la antesala de la hiperinflación de 1989”, ponencia presentada en las X Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, Rosario, 20 al 23 de septiembre (edición en CD ROM). Kan, J. (2007) “Las clases dominantes de América Latina ante las estrategias de integración regional, ALCA, MERCOSUR y ALBA. Reordenamientos actuales con respecto a la década del noventa”, ponencia presentada en las V Jornadas de Sociología, Bs. As., FCS-UBA, 5 al 9 de noviembre (edición en CD ROM). Katz, C. (2006): El rediseño de América Latina, ALCA, MERCOSUR y ALBA, Bs. As., Ediciones Luxemburg. Ortiz, S., Tavormina, D. y Viegas, A. (2005): “De Remes Lenicov a Lavagna: un enfrentramiento particular en la lucha interburguesa reciente”, ponencia presentada en las X Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia, Rosario, 20 al 23 de septiembre (edición en CD ROM). Schvarzer, J. (2001): “El MERCOSUR, un bloque económico con objetivos a precisar”, en G. de Sierra (comp.): Los rostros del MERCOSUR. El difícil camino de lo comercial a lo societal, Bs. As., CLACSO. Shorr, M. (2001): ¿Atrapados sin salida? La crisis de convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico, Bs. As, FLACSO. Rapoport, M. (2002): “La Argentina entre el MERCOSUR y el ALCA”, en Realidad Económica 191, Bs. As., IADE. Rapoport, M. y Madrid, E. (2002): “Los países del Cono Sur y las grandes potencias”, en M. Rapoport y A. L. Cervo (comps.): El Cono Sur. Una historia en común, Bs. As, FCE.

Fuentes: Diario Clarín Ministerio de Economía

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Otros títulos de nuestra editorial

LA PROTESTA SOCIAL EN LA ARGENTINA (1990-2004) Guillermo AlmeyrA 208 páginas 15,5 x 23 cm ISBN: 978-950-754-110-0

El objetivo de este libro es colaborar con la discusión teórica y política que se está realizando en la izquierda argentina y mundial sobre el carácter y los alcances de la protesta social en la Argentina, sobre todo a partir de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001. La aspiración fundamental de este trabajo es valorar el proceso de reconstrucción de la subjetividad de las clases dominadas en la Argentina y, por consiguiente, la evolución de los diferentes actores en el marco de la construcción, en el país y en el mundo, del sujeto que hará posible una alternativa al capitalismo. Los cambios económicos, demográficos y sociales, las grandes transformaciones políticas y culturales que se produjeron en la Argentina del neoliberalismo triunfante (1990-2004), así como la evolución desde la resistencia hasta la construcción de elementos de poder alternativo, en las conciencias y en los hechos, dan la base para las discusiones teóricas con otras interpretaciones de este período y, en particular, con las de John Holloway y Tony Negri, que el autor entiende como erróneas y desmovilizadoras. El libro trata también los cambios en la política, que van desde el vaciamiento de los aparatos de mediación (Iglesia, partidos, burocracias sindicales), hasta las transformaciones en el personal gobernante del Estado de competencia, y estudia el papel político del territorio, las tendencias a la autoorganización y los cambios en las relaciones de género, en la familia, en el papel de las mujeres trabajadoras, en la vida cotidiana.



LOS PERROS Memorias de un combatiente revolucionario luis mAttini 256 páginas 15,5 x 23 cm ISBN: 978-950-754-190-2

Este libro, de género mixto, recoge las vivencias personales del autor durante el nacimiento y apogeo de la organización armada Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) creado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en la Argentina, en la década del ’70. Un corte transversal de hechos fundantes, operaciones armadas, protagonistas, militantes, dirigentes, vida clandestina, sueños, realidades, valentías y miedos, odios y amores, que marcaron la vida política de ese período en nuestro país. El autor se aleja del tratamiento de las cuestiones doctrinarias sobre estrategias y tácticas explicadas por la razón, para acercarse a las razones del corazón, a los deseos que estaban detrás de esos hombres y mujeres en sus circunstancias. Así, rescatando la vida, la alegría y la pasión militante, al lado de jocosas anécdotas que alivian la tensión del dramatismo de la acción armada y del terror represivo, desfilan —vistos a través de la retina del autor-protagonista con humor, amor, ternura, crudeza y hasta desparpajo— desde las desconocidas madres pre-Madres de Plaza de Mayo y militantes de base de peculiares características, pasando por dirigentes como Mario Roberto Santucho y Agustín Tosco, hasta el célebre general cubano Arnaldo Ochoa y el legendario Fidel Castro, despojados de pompas y charreteras. El texto mantiene una cronología que permite leerlo como una historia lineal; pero también, al ser un conjunto de relatos acerca de personas y situaciones, cada uno de ellos puede leerse como amena narración independiente.



LOS PERROS 2 Memorias de la rebeldía femenina en los ’70 luis mAttini 256 páginas 15,5 x 23 cm ISBN: 978-950-754-234-3

Este libro es la continuación de Los Perros - Memorias de un combatiente revolucionario, que desde su publicación por nuestra Editorial (junio de 2006), hasta el día de hoy, goza de una cálida recepción de parte de los lectores. Como en aquél, aquí se reflejan esas “razones del corazón que la razón no entiende”. Pero esta vez el protagonismo les corresponde a diversas mujeres militantes. Y a partir de un testimonio vital indiscutible: la percepción emotiva del autor en su relación con ellas. Sin embargo, también aparece su visión personal de algunos varones setentistas (tal el caso del recientemente fallecido Enrique Gorriarán, entre otros). Ni ensayo o investigación, ni memorias en sentido estricto, sino semblanzas y vivencias sobre seres humanos que el autor conoció siendo militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y situaciones en las que él mismo fue protagonista, durante la trayectoria de esta organización, en los años setenta. Así rescata, sobre todo, la vida, la alegría, el erotismo y la pasión de la militancia política de una época, en un conjunto de relatos que pueden leerse linealmente, al modo de una novela, o como amenas anécdotas independientes. No obstante el carácter casi coloquial del texto —que contribuye a la proximidad del lector con los personajes—, el autor no pierde oportunidad de volcar fuertes contenidos ético-conceptuales sobre aquel contexto histórico, que aportan al necesario debate sobre los años setenta en la Argentina.



El encantamiento político De revolucionarios de los ’70 a rebeldes sociales de hoy LUIS MATTINI

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De la culpa a la autogestión Un recorrido del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza TOTY FLORES (COMPILADOR) Mártires y verdugos La insurrección de Valle y los 27 fusilamientos SALVADOR FERLA La formación de la conciencia nacional JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARREGUI Imperialismo y cultura JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARREGUI Contrainformación Medios alternativos para la acción política N. VINELLI Y C. RODRÍGUEZ ESPERÓN (COMPILADORES)

Bonnet, Alberto y Piva, Adrián (comp.), Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad, Peña Lillo – Ediciones Continente, Buenos Aires: 2009.

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