12. El Secuestro y su tificacion.pdf

“El Secuestro, su Tipificación Jurídica y las Acciones de Disuasión y Persecución del Delito, una Valoración Social en México, 2000-2012”


DOCUMENTO METODOLÓGICO


Índice. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ I 1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. ..................................... IX 2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. ................................................................................................. XV 3. Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. ................................................................. XVII 4. PLANTEAMIENTO PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................................ XXIV 5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA. ................................................................ XXV 6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. ............................................................................................... LXXXVIII 7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS. ..................................................... LXXXIX CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. ............................................................... CIII BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. ........................................................................................................................ CXII


INTRODUCCIÓN

El secuestro es un tema que aqueja y atemoriza a la sociedad mexicana en la actualidad debido en gran medida al incremento de este delito; así como que los medios de comunicación dedican mayor tiempo a su difusión y por otro lado, todos aquellos casos de los que nos hemos enterados que han sufrido personas cercanas a nosotros o por lo menos conocidos, en algunas ocasiones nos damos cuenta de la alta incidencia del secuestro porque nos informamos que las personas secuestradas son personalidades del medio artístico, políticos, empresarios o simplemente personas comunes, a veces la intervención de estos medios es sumamente discrecional y otras por el contrario se aprecia redundante; ahora que si de cifras se trata, existen organismos internacionales que en una escala del uno al diez describen a nuestro país en el cual ocupamos el primer lugar en cuanto a cantidad de secuestros, lo cual justifica un sentir generalizado de temor e impotencia hacia esta actividad ilícita, que al parecer crece cada día más. Actualmente, en nuestra sociedad, se está perdiendo el concepto de ley, es precisamente por esta causa que ha aumentado la delincuencia a un nivel global en donde el secuestro, por ejemplo, es uno de los más frecuentes delitos que atentan contra la integridad física y psíquica de la persona; y es uno de los actos punibles que más ha generado controversias en los últimos tiempos. La seguridad pública es entendida por la sociedad como la obligación y responsabilidad del Estado para garantizar la integridad física de las personas y de sus bienes materiales. Sin embargo, las estadísticas delictivas que se han registrado en el país durante los últimos años han llegado a límites que la sociedad hoy no está dispuesta a aceptar y demanda de los tres órdenes de gobierno políticas y acciones concretas y eficaces para combatir los fenómenos delictivos en el corto y largo plazo. Por qué el secuestro es un sufrimiento que estremece a las víctimas, a sus familiares y a amigos, desde la captura hasta la etapa del tratamiento psicológico, ya que este no I


termina con la liberación de la víctima. En México el secuestro, va más allá de ser un delito, muestra la necesidad de justicia en la sociedad y pone al descubierto la incapacidad de las autoridades para brindar a la población la protección que requiere, por lo que al secuestrado se le despoja de su libertad y del sentido de la realidad al experimentar un terrible dilema entre la vida y la muerte también se le hace reflexionar y valorar el verdadero sentido de la vida, al ser aislado de su familia, de sus amigos y de la sociedad; al lado de los secuestradores el plagiado y quienes lo rodean sufren. A la captura y la notificación del secuestro le sigue el proceso de la “negociación”, con lo que el martirio de la víctima puede agraviarse cuando llega el momento de pagar por su liberación, pues el delincuente puede fugarse en el momento de cobrar, puede dejar abandonada a su víctima, o bien, después del pago, puede asesinarla. Si se tiene suerte, puede venir el rencuentro familiar y la superación del trauma donde se presentan grandes cambios emocionales, afectivos y económicos, ya que mientras está secuestrada la victima padece violencia física, psicológica y moral a través de la intimidación, gritos, amenazas, insultos, es maltratada con golpes, cachetadas, patadas, cachazos, coscorrones, puntapiés, jalones de cabello, desfiguraciones, quemaduras con cigarro; en algunos casos es drogada, violada y sometida con piquetes de cuchillo; sufre de mutilaciones no solo en los dedos o las orejas, sino también en la lengua vejaciones que pueden culminar con la propia vida de la víctima, sin hacer a un lado el daño económico que conlleva el secuestro. Por si fuera poco, las aprehensiones de los dirigentes de las bandas de secuestradores son sucesos muy importantes por parte de las autoridades, estos líderes mafiosos llegan a crear fama, como en el caso de Daniel Arizmendi y otros que gracias a sus grandes rescates y la crudeza de sus "modus operandi" muestran que la eliminación de este problema se ve lejana. En este orden de ideas es que la delincuencia organizada que antes se dedicaba principalmente al robo de bancos, ha encontrado en el secuestro una actividad poco riesgosa que genera grandes ganancias, es por ello que este tipo de delincuencia ha sufrido una mutación, así mismo las pequeñas bandas que se ocupaban de realizar otro II


tipo de delitos, como el robo de autopartes o vehículos, han cambiado de actividad para dedicarse al secuestro de personas. Situación que ha dado como srcen que durante los últimos años el Estado Mexicano vea al secuestro como un ilícito imperdonable y tenga la necesidad de crear los mecanismos de acción y coerción que los caracterizan cada vez más sofisticados por lo que hoy en día la reforma en torno a este ilícito se ve necesaria y urgente ya que por su evolución e incidencia se podría equiparar a el narcotráfico. El objetivo que se pretende dar con las nuevas reformas a la ley está configurando en las sentencias determinadas y las medidas de seguridad, el tratamiento adecuado a cada caso individual dentro de un marco legal, ya no una pena para cada delito sino un tratamiento para cada persona hablando entonces del bien y del mal del acto del sujeto con lo que la defensa social se inmiscuye directamente en el problema esencial de las relaciones entre el individuo y el Estado. No porque el estado imponga nuevas penas a las personas que llevan a cabo esta práctica ilícita, van a dejar de llevar a la práctica este delito o erradicarlo, pues hay que recordar que las personas que gustan de llevar a cabo este tipo de actividad son muy hábiles e inteligentes y no son fáciles de atrapar y que esta activad no solo se da a nivel nacional sino también a trascendido a nivel internacional. Ante esto el delito de secuestro se ha convertido en una verdadera amenaza para toda la ciudadanía, tanto de forma individual como colectiva, teniendo consecuencia en la estabilidad socioeconómica de nuestro país. El Estado mexicano, con el propósito de prevenir el delito de secuestro, mediante la Procuraduría General de la República Mexicana y los organismos encargados de aplicar la justicia, por medio de reformas a nuestros ordenamientos jurídicos pretende combatir y prevenir al secuestro, pero hasta el momento dichos intentos han fallado, e inclusive con la integración de nuevos grupos policíacos; siendo que nuestro país en la actualidad ocupa el primer lugar a nivel mundial en la ejecución de secuestros, debido a que los delincuentes no tienen barrera alguna para cometer tal ilícito. III


Es evidente que el incremento de la delincuencia perjudica la imagen del gobierno. En el caso del delito de secuestro, no sólo afecta la confianza del pueblo en las autoridades, sino que también frena las inversiones y la actividad económica al tener como objetivo, el extracto de la sociedad que posee la riqueza. Y este problema se agrava cuando hay sospecha que algunos funcionarios del gobierno o policías corruptos están coludidos con la delincuencia. Sin interesarles a estos la responsabilidad primordial del gobierno que es la de establecer, fomentar y coordinar las medidas de seguridad, para evitar la comisión de más hechos delictuosos, como los ya ocurridos, o de realizar la investigación correspondiente. Las autoridades han procedido en forma pasiva e irresponsable, tratando de resolver los delitos una vez cometidos; situación que ha permitido que la delincuencia se percate de dicha lentitud e incapacidad para resolver los problemas de seguridad pública y aproveche para infundir un temor generalizado y exhibir la ausencia de racionalidad o profesionalización de los mandos policíacos. Para la mejor comprensión de este problema podemos explicar que el crimen organizado es una asociación delictiva bien estructurada que, a diferencia de los grupos comunes de maleantes, reinvierte el capital que obtiene mediante sus acciones. Sus otros rasgos esenciales son la permanencia de sus actividades, intereses diversificados, estructura jerárquica, acumulación de capital, reinversión, uso de influencias políticas y ejercicio de la violencia. Muchas de esas características son muy semejantes a las de cualquier empresa dedicada a actividades lícitas, de ahí que se le haya llegado a considerar una industria. Por qué al abordar el tema del secuestro es imprescindible hablar de uno de los bienes jurídicos más importantes para todo ser humano, que es resultado de luchas, confrontaciones y la entrega de vidas humanas para su consecución, la libertad, valor preciado y derecho fundamental de la humanidad.

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El plagio fue un claro antecedente del secuestro, la privación ilegal de un hombre esclavo, o de uno libre, para venderlo en detrimento de su dueño o familia, a fin de obtener una ganancia económica habla de toda una forma acabada de daño en contra de quienes lo padecían. Actualmente el secuestro es toda una industria del crimen organizado, después del homicidio, consideramos que es uno de los delitos más cruentos y perniciosos para cualquier ser humano. En el secuestro la persona y su libertad se reducen a objetos con valor determinado, y la familia o autoridad tienen que negociar sobre este derecho fundamental. Independientemente que la vida de un ser humano jamás volverá a ser igual luego de tal agresión sufrida contra sus bienes. México, nuestro país, está dentro de aquellas naciones que presentan un alto grado de corrupción, motivo por el cual la “industria del secuestro” ha florecido con rasgos alarmantes, empleo de tecnología avanzada, bandas organizadas y especializadas, además de contar con fuertes recursos económicos para dar como resultado el ejercicio del delito más atractivo para la delincuencia organizada. Las características del secuestro han ido transformándose, anteriormente los objetivos del secuestro eran políticos, sociales y económicos. Sin embargo en la actualidad el mayor porcentaje de secuestros sus fines son económicos, y además se han vuelto más vulnerables a ciertos grupos de nuestra sociedad, como lo son, pequeños comerciantes, profesionistas, amas de casas y niños. Ante esto es indiscutible que un hecho delictivo de estas características afecta no sólo la estabilidad emocional, la tranquilidad, la seguridad y la paz de los mexicanos, que en la mayoría de las ocasiones se incrementa debido a la alarma social, producto de la difusión realizada por los diferentes medios masivos de comunicación sobre este evento delictivo; por eso de ahí surge la necesidad, la inquietud y el interés por parte de V


nosotros por realizar un estudio sistemático del delito de secuestro, a partir de un análisis jurídico y social de éste delito dentro de nuestra sociedad mexicana. Por eso para efecto de entendimiento sobre el tema del secuestro en nuestro país hemos estructurado la presente investigación en cuatro capítulos a desarrollar, los cuales se encuentran de la siguiente manera: En el Capítulo I (Antecedentes, conceptos y modalidades del secuestro), se estudian de manera general todos los antecedentes históricos del delito de secuestro en diferentes fases como es el delito y los tipo de secuestro, así como la definición más exacta sobre la terminación de la palabra secuestro para dar un mejor entendimiento sobre este tema que aqueja al mundo; así como, la analogía y diferencias que tiene el secuestro con otros delitos. En el Capítulo II (El secuestro dentro de la sociedad mexicana), se establecen todos los conceptos relacionados con ésta conducta antijurídica, y la forma (que por lo general) en que actúa la víctima, así como la forma en que actúa la familia al ser objeto de un secuestro, y la función del negociador para remediar este delito. En el Capítulo III (Aspectos jurídicos y normativos para erradicar el secuestro), se establece la importancia jurídica que tiene la intervención del Ministerio Público en éste delito, así como el bien jurídicamente tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para frenar el crecimiento desmesurado del ilícito del secuestro. En el último Capítulo IV (Acciones sociales y métodos del estado mexicano en la disuasión y persecución del delito de secuestro para su erradicación), se hace un análisis crítico del delito de secuestro a nivel general, con la finalidad de conocer la realidad que vive hoy en día nuestra sociedad mexicana, y en base a ello, aportar de manera personal algunas formas de prevenir éste delito en el hogar, en el trabajo o en la escuela a base de ciertas reformas a las leyes encargas de eliminar el delito del secuestro. VI


Dentro de nuestro estudio y análisis referente al fenómeno del secuestro, resultará preciso emplear diversos métodos de investigación, aspirando siempre al mejor aprovechamiento de los materiales y recursos disponibles y a la cobertura necesaria del tema para cumplir con los objetivos propuestos. El diseño de la observacional, es características de secuestro, para lo principal.

investigación es de naturaleza no experimental, descriptiva y decir, se han identificado y descrito los principales elementos y las medidas tomadas por el estado en materia de combate al cual se utilizaron bases de datos como estadísticas sobre el tema

La actividad se centra en el uso de fuentes bibliográficas y hemerográficas, así como referencias documentales como informes y evaluaciones sobre el tema. Las referencias utilizadas se encuentran adecuadamente registradas en el aparato crítico y la bibliografía que acompaña al reporte escrito. Asimismo en cuanto al diseño de la investigación se encuentra el haber sido de carácter retrospectivo y transversal, dado que se preparó con información obtenida con anterioridad al proyecto y con fines ajenos al trabajo de investigación, así como se miden las variables una sola vez y en un momento determinado. Los métodos que utilizaremos serán los siguientes: El método exegético.- El cual se encarga de estudiar de manera directa y analítica los textos legales, permitiéndonos conocer el espíritu de la ley y el ánimo que motivó al legislador. El método sistemático jurídico.- Al aplicarlo en el estudio del derecho estaremos en condiciones de comprender la norma jurídica como sistema del deber ser legislativos, corrientes doctrinales, instituciones jurídicas, de cuya validez y eficacia dependen unas de otras. VII


El método inductivo.- Consistente en el análisis específico de aspectos singulares de la investigación, de gran utilidad para establecer conceptos generales. El método analítico.- A través del cual profundizaremos en las condiciones sociales imperantes al aplicar la normatividad legal correspondiente. El método deductivo.- Por medio del cual podremos derivar de ideas generales a particulares, hasta llegar a conclusiones determinadas. El método sintético.- El cual nos permitirá establecer el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse discutido, investigado, analizado y expuesto el tema. La metodología descrita nos proporcionará la información necesaria que analizaremos, interpretaremos y aplicaremos en el desarrollo de la investigación, conociendo el contexto nacional e internacional de los puntos significativos del derecho penal en cuanto hace al secuestro se refiere.

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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

El secuestro es uno de los delitos más atroces del mundo moderno, de los más fáciles de cometer, más difíciles de investigar y por consiguiente de castigar; es por eso que dentro de este estudio enunciaremos las diferentes formas de cómo se regula este tipo de delito en nuestro país, ya que en todas las legislaciones estatales consideran al delito de secuestro como una forma agravada del delito de privación ilegal de la libertad, incluso se le puede localizar en los libros segundos en el capítulo correspondiente a los delitos contra la libertad de las personas, variando en algunos de ellos, la forma de tipificarlo y la penalidad según la forma de comisión del delito; así mismo mencionaremos en los demás capítulos el punto de vista o enfoque que se tienen de este delito dentro de algunos códigos penales estatales y de algunos otros países, los cuales registran cada vez un aumento en la comisión de este tipo de conductas antisociales, por lo que se han visto en la necesidad de incrementar la punibilidad para castigar a aquellos que gustan de esta conducta ilícita. Ahora bien, se puede considerar la gravedad de este delito a partir de su mención expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el último párrafo del artículo 22 refiere: “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Es así que nuestra Carta Magna, se refiere al sujeto activo del delito o plagiario, y no propiamente al delito de secuestro o plagio, además de que lo considera como un delito de gravedad. Cabe señalar que nuestro máximo ordenamiento jurídico utiliza la expresión de plagio para referirse al secuestro, así también se ha recogido por algunos códigos penales estatales.

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Los distintos códigos penales que han tenido vigencia en la República Mexicana, han regulado el delito de secuestro. Así encontramos que dentro del Código Penal de 1871, bajo la denominación de plagio, específicamente el artículo 626 establecía: el delito de plagio se comete apoderándose de otro por medio de violencia, de amagos, de amenazas, de la seducción o del engaño. La primera de las fracciones señalaba como propósitos o finalidades específicas vender al plagiado, ponerlo contra su voluntad al servicio público o un particular en un país extranjero, enganchado en el ejército de otra nación o disponer de él a su arbitrio de cualquier otro modo. En el caso de la segunda fracción se establecía como propósitos obligar a pagar rescate, a entregar alguna cosa mueble, a extender, entregar o firmar un documento que importe obligación o liberación o que contenga disposición que pueda causarle daño o perjuicio de sus intereses, o los de un tercer o para obligar a otro a que ejecute alguno de los actos mencionados. En cuanto a lo que hace a las agravantes en las cuales no aplicaba la pena de muerte; podrían ser consideradas oficialmente como de primera, segunda, tercera o cuarta clase según las características del plagiario. El artículo 95 del Código Penal Federal de 1857, establecía como agravantes; multa, privación de leer y escribir, disminución de alimentos, aumento de las horas de trabajo, jornadas arduas de labores extras acompañadas de incomunicación. Es en el Código Penal de 1929, en su título decimonoveno concerniente a Delitos cometidos contra la libertad individual, en donde se utiliza ya la denominación de secuestro, salvo algunos ajustes respecto a los medio de comisión pues ya no se utilizan ni el amago, ni las amenazas. Además de eliminarse la pena de muerte y la prisión perpetúa para los secuestradores, sustituyéndose la primera por la relegación de veinte años. De los delitos y de las Penas, en donde un célebre capítulo también preciso respecto al principio mismo de la pena capital y reclamaba su supresión; ya que existen diversos X


puntos de vista, entre los que destacan los de carácter teológico, ético o jurídico que afirman que esta no es necesaria en la sociedad puesto que su necesidad no está probada, pues consideran que existen otros medios de impedir que los delincuentes menoscaben intereses sociales, por lo que es inútil como forma de escarmiento para el delincuente, pues al privarlo de la vida ya no es posible ninguna corrección; así tampoco constituye ejemplo para los que no han delinquido, pues a pesar de su aplicación se seguirán cometiendo delitos. Asimismo al respecto a la pena de muerte debemos decir que una gran cantidad de libros, a menudo muy voluminosos, y centenares de obras más, a veces muy renombrados, se han consagrado a este tema desde hace más de doscientos años. Pero lo cierto, es que debido a la ola de secuestros que se está presentando en la actualidad, existen tendencias de opiniones peligrosas que se mueven para implantar la pena de muerte, para limitar los delitos de esta naturaleza. En el Código Penal de 1931, se incrementó la pena de prisión de veinte a treinta años; así mismo en el año de 1995 se incrementa la pena para el secuestro hasta cuarenta años, conservando la mínima en cinco años. Con la reforma de 1984 se elevó el mínimo de la pena de prisión de cinco a seis años con el propósito de cancelar el beneficio de la libertad bajo caución a los secuestrados, pero ante el reflejo de la aplicación de métodos violentos y más crueles en los casos de secuestros, en el año de 1989 se adiciono el agravamiento de la pena hasta cincuenta años. Sin embargo, la principal y más importante reforma se lleva a cabo en 1996, pues el contenido del artículo 366 fue ordenado en dos fracciones, de las cuales en la primera localizamos tres tipos básicos en los cuales se incrementa la pena mínima de seis a diez años y se mantienen el máximo de cuarenta, en la segunda de estas fracciones se tipifican los supuestos agravados previendo una punibilidad de quince a cuarenta años, además se establecen diferentes penas para el arrepentimiento post factum dependiendo el momento de la liberación de la víctima, pero en este punto habría que XI


analizar minuciosamente el problema ya que tiene diversas aristas. Se debe tomar en cuenta que es un problema que ha ido teniendo día a día repercusión y que ha ido ampliando su ámbito en esta actividad delictiva. Por un lado se tiene que tener en cuenta que las personas que han sido víctimas de secuestro e incluso sus familiares tienen un punto de vista propio, el cual es compartido en cierto sentido; pues aun al hacerse la nueva reforma al código penal en donde quedo establecida una punibilidad hasta de cuarenta años de prisión; al ser ellos los que han vivido en carne propia, el atentado contra su libertad, son todavía ellos (víctimas y familiares), quienes reclaman no solo que se esclarezca lo concerniente a este tipo de ilícitos, sino que además exigen que se modifique esta situación por una condena que consistiría en establecer cadena perpetua para quienes cometan este delito, incluso retomando un poco el tema de la pena de muerte hay quienes han pedido que sea esta la que se tipifique para este delito, pues la consideran como más efectiva ya que traería consigo miedo y los secuestradores lo pensarían dos veces antes de cometer dicho delito. Pero debido a nuestro sistema democrático esto no es posible toda vez que lo que se busca en todo momento es la estabilidad en todos los ámbitos ya que este tipo de pena es contrario y atenta contra el derecho a la vida, en este caso en particular contra la vida de los plagiarios, ya que con este tipo de pena no se llega a cumplir los fines de prevención y menos de resocialización ya que al morir el condenado perdería toda oportunidad de resocializarse. Ahora bien con relación a la cadena perpetua, que es una de las modalidades que la sociedad ha solicitado sea implementada para quien lleve a cabo este ilícito, esta tampoco sería posible ya que no solo rebasa el principio de humanidad de las penas sino también el principio de proporcionalidad que es su derivado; ahora bien con esto no quiere decir que este delito quede en total impunidad y que quede sin ninguna responsabilidad las personas implicadas en este tipo de delito, pero la sociedad mexicana no descarta la posibilidad de que se establezca cadena perpetua para todas las modalidades del delito de secuestro; ya que actualmente se establecen diferentes XII


penalidades para este tipo de ilícito; tal y como lo establecen los diferentes códigos penales de aquellos estados en donde este tipo de ilícito ha tenido mayor índice en su comisión, como lo son Distrito Federal Guerrero, Jalisco, y el Estado de México; no sin antes comentar que la mayoría de las fórmulas legales de tipificación tanto del tipo básico como del complementado, se asemejan en mucho a la descripción del Código Penal Federal. Es así que dentro del Código Penal Federal vigente, encontramos este delito en el libro segundo con el título vigésimo primero, privación ilegal de la libertad y de otras garantías, específicamente en el artículo 366 en el que se establece una punibilidad de cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa cuando se efectué con propósitos de obtener un rescate, detener en calidad de rehén a una persona causándole un perjuicio o para que la autoridad deje o realice un acto cualquiera, mismo para la modalidad del secuestro Express. Así tenemos que en esta primera fracción la privación de la libertad de las personas implicadas va unida a la finalidad de obtener un lucro o causar un daño o perjuicio a dichas personas, ya que la obtención de un rescate y exigir dinero por ellas es la forma más común por la que se lleva a cabo este ilícito, pues con ello se condiciona la libertad de las personas; precisamente la razón de ser del rescate es que se condicione la privación de la libertad a la entrega del objeto que en estos casos estaríamos hablando de la libertad de la persona que se encuentra secuestrada, es por ello que la conducta típica queda consumada en el mismo instante en que se lleva a cabo la detención arbitraria con la finalidad lucrativa indicada y es completamente independiente de que el sujeto o los sujetos activos del delito hayan logrado la obtención de su objetivo o este se hayan visto frustrado. Ahora bien en cuanto a lo que señala la segunda fracción del mismo artículo podemos decir que aquí claramente se establecen diferentes circunstancias de lugar, tiempo y modo. Señalando como las primeras que sea en camino público, lugar desprotegido, y lugar solitario. Estableciendo como circunstancias de modo que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; que se realice con violencia; que la XIII


víctima sea menor de dieciséis años o mayor de sesenta años. Y finalmente señalando las circunstancias de tiempo; que quien lo lleve a cabo sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad. Por lo que podemos establecer claramente que en esta fracción establece un castigo más severo para el caso de que se utilice alguna de estas circunstancias al contemplar la posibilidad de que cause un mayor daño en la persona secuestrada ya que estaríamos hablando además de un daño personal y moral al encontrarnos en la posibilidad de la que la víctima se encuentre en un estado de inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad, por lo que se hace más penoso y reprobable el comportamiento tipificado. Ahora bien respecto a la tercera fracción del mismo ordenamiento jurídico, su rasgo característico es que se maneja la hipótesis de que el secuestro se realice con la finalidad de trasladar a un menor de dieciséis años fuera de territorio nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega de dicho menor por lo que se condiciona el destino de la persona detenida bajo amenazas causándole así un mayor grado de daño moral no solamente a la persona secuestrada sino a quien se pretenda pedir algo a cambio de la vida de ésta, señalándose para tal efecto una sanción que va de veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días de multa. Actualmente las penas varia de Estado a Estado, por lo que no podemos seguir considerando al secuestro bajo la óptica simplista de creer que el secuestrador lo único que pretende con su conducta en un rescate cantidades de dinero concretamente definidas. La forma de comisión del secuestro ha roto los paradigmas tradicionales y tenemos ya la necesidad de prever bajo una hipótesis delictiva y su consecuente sanción aquellas conductas que se traducen en secuestro exprés, o aquellas que ni siquiera representan una privación material de la libertad sino secuestros virtuales de índole psicológica.

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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo general Identificar y describir los principales elementos que dan forma a la acción del estado en materia de prevención y sanción del secuestro a personas en el marco de la defensa de los derechos humanos en México, en particular sobre la forma en que se ha ido implementado el andamiaje institucional y normativo para su prevención desde el gobierno federal. Objetivos específicos 

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Identificar la presencia en leyes, acuerdos internacionales y las propuestas de organizaciones internacionales de medidas que orientadas a evitar la práctica del secuestro de personas. Entender el secuestro como una práctica contraria a los derechos humanos básicos, por lo que su combate debe permanecer en los primeros niveles de prioridad del estado mexicano. Describir y examinar el alcance de los mecanismos jurídico- institucionales que ha establecido el gobierno mexicano para evitar este crimen en México. Identificar el impacto que significa dentro de la sociedad mexicana la presencia de esta práctica delictiva, y la respuesta ciudadana para exigir su erradicación. Describir el contenido de las principales medidas preventivas y punitivas para atender estas demandas y como ha influido en la instrumentación de acciones y programas, así como la reforma jurídico-institucional necesaria.

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Exponer la carencia de acciones eficaces del estado en la implementación de acciones que prevengan este delito y el grado de bienestar de la ciudadanía. Identificar los obstáculos que impiden la plena participación política y la inclusión de la sociedad civil, con el fin de detener esta práctica. Determinar cuáles con los factores de incidencia del secuestro en la república mexicana, y la manera en que impacta en la definición de acciones y políticas gubernamentales en su prevención. Identificar cuáles son las principales demandas emprendidas por organismos nacionales e internacionales sobre el crimen de secuestro. Identificar como se diferencia por la ley los casos de secuestro y a través de los organismos no gubernamentales que llevan a cabo acciones en materia de evitar el secuestro.

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Examinar la legislación en materia de secuestro en México en el pasado reciente.

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3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

El delito de secuestro está relacionado con todo una serie de factores que impiden se esclarezcan, uno de ellos es la impunidad, otro es la falta de denuncia, de conocimiento y de información confiable sobre el tema. Uno de los factores generadores de violencia en México fue en un principio, el nivel de pobreza y desempleo, que se agravo a partir de 1994 lo que indujo a muchas personas a cometer desde robos hasta asaltos a mano armada o secuestros que implicaron lesiones graves e inclusive la muerte, sin duda la brecha económica entre grupos sociales privilegiados y la mayoría de pobres mexicanos es otro de los principales generadores de violencia; sin embargo algunos delitos como el secuestro merecen un estudio más general en cuanto a las causas que lo generan ya que el secuestro se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para los criminales pues de los cientos de casos que se han cometido, muy pocos han sido aclarados, y por ello los índices de violencia en este rubro se han multiplicado, el secuestro es de los hechos delictivos que más cifras negras registra en nuestro país (Revista Proceso). Recordando el 9 de febrero de 1913, ante la confusión de la “Decena Trágica”, cuando los insurrectos generales Félix Díaz y Manuel Mondragón ordenaron abrir fuego a los cañones del fortín de la Ciudadela, varios disparos perforaron un sector de la muralla de la cárcel de Belén y muchos reclusos lograron evadirse. Así surgió la “Banda del Automóvil Gris” cuyos integrantes utilizando la tecnología del entonces mundo moderno el automóvil se dedicaron al “cateo” y el secuestro. El 7 de Abril de 1915 fue su primer golpe (secuestro) en contra de los señores Enríquez Pérez y Salvador Coranzo quienes vivian en la calle de Colon número 5, para ello adquirieron un automóvil de la marca Lancia, al ver el resultado positivo por este plagio los siguientes atracos resultaron muy sencillos por lo que algunos de los integrantes de la banda se confiaron y cometieron una imprudencia que les impidió utilizar órdenes de cateo, entonces los españoles Higinio Granda (jefe de la banda) y Francisco Oviedo, junto con el mexicano Santiago Risco optaron por secuestrar personas y exigir rescate. La primera víctima de secuestro el 10 de julio de 1915 fue la joven de srcen francés, Alicia Thomas, hija de François XVII


Thomas, prominente hombre de negocios, esto provocó un escándalo diplomático. Sin embargo, de un tiempo a la fecha esta actividad se ha diversificado de tal manera que es una de las principales fuentes de ingreso y uno de los delitos más importantes en la mayor parte de la república mexicana. Actualmente estados como Sinaloa, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en especial el Distrito Federal y Morelos, presentan un alto índice de secuestros de acuerdo con diversas versiones de las diferentes esferas de la comunidad, se dice que las bandas de secuestradores son protegidas por autoridades estatales, estas organizaciones están formadas por elementos de los diferentes cuerpos de seguridad además, se afirma que eran abastecidos con armas y equipo técnico de las “Fuerzas especiales de la PGR” por lo que de los raptos establecidos y los reportados por las victimas en dichas entidades se resolvían en un mínimo porcentaje de menor importancia (Ronquillo Víctor, 1995. p. 22). Por la tendencia que registra el secuestro después de Colombia, México es el país donde ocurre el mayor número de secuestro por día, semana, mes y año en el mundo. También se encuentra entre los primeros lugares de muerte y torturas a las víctimas que oponen resistencia y simplemente no cumplen con las cifras, tiempos y condiciones exigidas. Además se ostenta “la gracia” de ocultar la información al respecto para minimizar su gravedad en todo sentido, empezando por la ingobernabilidad que nos caracteriza como país. La impunidad con que se cometen los secuestros ha dado pie a una amplia modalidad y tipos, ya que las bandas han perfeccionado sus actividades en los últimos años, las variantes de tal delito van desde los secuestros millonarios, hasta los secuestros exprés; sin embargo en lo que compete a las medidas establecidas por los riesgos de secuestro se puede expresar que virtualmente nadie está libre de sufrir un daño de este tipo, así lo señalan las cifras que aportan las dependencias policiacas anteriormente analizadas. El profesionalismo, productividad y sobre todo los altos rendimientos que se obtiene de los secuestros y asaltos en los Estados del centro del país, han hecho que en corto XVIII


tiempo, estos actos criminales se conviertan en una industria, la “industria del secuestro” se ha convertido del hecho, en una fuente inagotable de recursos para los criminales al amparo de que de los cientos de casos que se han conocido muy pocos han sido aclarados, por ello los índices de violencia en este rubro se multiplican en perjuicio de gente de todos los estatus económicos, con lo que se puede afirmar que el secuestro es un negocio rentable tanto las banas organizadas dedicadas a este delito como para las empresas que prestan sus servicios de seguridad a personas o establecimientos, en poco o nada han contribuido a las medidas de seguridad para evitar ser secuestrado ya que no atienden la problemática que hay de fondo en este tipo de delito (Pares Hipólito, María de Jesús. 2007). En la actualidad el secuestro ha trasformado su forma de operar, puesto que han bajado los secuestros en vía pública y por el contrario, se han incrementado los casos en los que el delincuente incurre en ellos en la casa y oficina de su víctima y la saca, este modus operandi, representa un riesgo menor para el secuestrador y le da la oportunidad de seleccionar al miembro de la familia que se va a llevar. Para la nueva era del secuestro, la tecnología moderna ocupa un papel muy importante, sobre todo durante el periodo de negociación, los celulares, las “lap top”, los café Internet, el correo electrónico y los medios de comunicación para mandar mensajes, así mismo, los anuncios en el periódico son lugares clave para dejar o recibir correos de secuestradores o familiares de la víctima por parte de las bandas de secuestradores. En los últimos años se han incrementado sus acciones considerablemente contra mujeres y menores de edad lo que antes era menos usual; es un hecho que el secuestro está impactando negativamente a la inversión en el país por parte de empresarios nacionales y del extranjero, con lo que se invidencia el impacto social, político y económico que representa el secuestro; su costo social es evaluable en términos de seguridad nacional. El fenómeno del secuestro ha mutado en acciones donde el crimen organizado del narcotráfico controla la mayoría de los acontecimientos, estos delitos lo cometen pandillas al servicio del crimen protegidas por los brazos armados establecidos en cada plaza. El narco secuestro, está desplazando inclusive a bandas tradicionales del XIX


secuestro en el centro y sur del país, actualmente, sólo en el D.F. y su área conurbana existen bandas de secuestradores tradicionales ajenos al narcotráfico. Ante el incremento a este delito la tendencia del 2008 sobre el temor de los narco secuestradores a ser aprehendidos por el Ejército mexicano estos se han vuelto más intrépidos para consumar su fechoría. Debido a los efectos en el crecimiento del secuestro en el país, y ante la corrupción y falta de respuesta efectiva de las autoridades municipales y estatales, en 2009 y 2010 el mercado emergentes en consultoría, industria del blindaje, exámenes de confianza y nuevos dispositivos de protección ejecutiva a través de escoltas y servicios especiales complementarios por parte de empresas privadas y secciones de la policía en diferentes estados de la República continúa creciendo. Las bandas de secuestradores que de manera rutinaria se dedican a este delito, han evolucionado en forma inusual, mientras que durante los años 90 se mantuvo el modus operandi, a partir del año 2000 a la fecha, ha mutado dicho modus operandi de manera más eficiente y rápida que las políticas criminales establecidas por las autoridades para combatirlos. Hay 2 factores que explican dicha evolución, por una parte se ha detectado la participación de policías, ex policías y militares en uno de cada tres secuestros y que aplican los conocimientos adquiridos para proteger a la sociedad, en su contra. Cada intento del Estado por combatir al crimen organizado, se ve superado por esa peligrosa sociedad de policías y delincuentes. El segundo factor que ayuda al secuestrador a conseguir el logro de sus objetivos, es el uso de la tecnología para delinquir. Hoy existen bandas con un alto grado de conocimientos en sistemas de comunicación que les permite intervenirlos, clonar telecomunicaciones y generar pistas falsas sobre la ubicación y srcen de llamadas para negociar.

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Se emplean sistemas de espionaje como micrófonos GSM que permiten vigilancias desde cualquier lugar, se compran datos personales como cuentas bancarias, registros de actividad telefónica de la víctima y se aplican sistemas de computación para generar voces falsas y llamadas imposibles de rastrearon, las bandas de secuestradores generan alianzas para lograr secuestros de alto impacto. Como ocurrió en el caso Martí, donde 5 bandas operaron en conjunto, compartiendo conocimientos criminales y policiales. En un caso práctico tenemos que por ejemplo: la confusión y dudas que ha generado la reciente captura del supuesto asesino confeso de Fernando Martí y Marco Antonio Equihua, es más el resultado de la falta de coordinación, intercambio de información y trabajo de inteligencia ,así como lucha entre instituciones. Con las declaraciones hechas por autoridades federales y locales, se está confirmando lo que el Consejo afirmó desde el 4 de junio del 2009 y que ha quedado en el registro de diversos medios de comunicación. •

Los casos Martí y Equihua, están conectados.

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La Flor sigue activa.

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Es enorme Está plagada de policías “Los Tiras”, “Los Cobra”, "Los Cuchilla", "La Flor" y otra banda de la que se busca evitar hablar por parte de la SSPF, “Los Bayardo”, son una alianza.

Son organizaciones criminales que ejecutan secuestros cada una como Organización y en alianza, el líder de “Los Bayardo” es el que ha negociado los rescates de Fernando Martí, Antonio Equihua, hermanas de Thalía y otros de alto impacto. La alianza se da cuando tienen a una víctima que requiere un trabajo más especializado de investigación, vigilancia y protección y sobre todo, cobro de rescates, XXI


el eje de dichas alianzas lo integró “La Flor” que por su propia estructura, tuvo acceso a miembros de las distintas bandas ya mencionadas. De acuerdo a información del CLDH, actualmente se disputan el control de las actividades principales de dichas bandas, agentes federales y personas ligadas a dichos agentes. Numerosos secuestros que ni siquiera considera la autoridad por haber ocurrido una década atrás, están ligados a dichas bandas. Se debe destacar que desde el año 2000 se detectó la venta e intercambio de secuestrados y de información clave de secuestrables. Desde septiembre del 2005, el CLDH alertó que un grupo de policías estaba preparando el secuestro de familiares de empresarios y personalidades del medio del espectáculo, hecho que quedó registrado en medios de comunicación. Incluso días después de hacer público esto, el conductor Adal Ramones, confirmó que su esposa era seguida, aspecto que detectó su escolta. “Los Bayardo” deben ser capturados pues, son la pieza que permitirá esclarecer docenas de secuestros de alto impacto. Se debe recordar que este Consejo inició la investigación contra "La Flor" desde 1999 y en el último año, se logró establecer los nexos entre las bandas señaladas. Existe toda una especialización en el cobro de rescates para evitar cualquier acción de la policía, tan compleja es dicha especialización, que operativos con más de 100 policías, han sido burlados con facilidad para tomar el rescate sin dejar pista alguna. De hecho algunas alianzas entre bandas de secuestradores, se dan exclusivamente para lograr la negociación y el cobro, así como existen negociadores privados para intervenir en una crisis de secuestro con la familia del secuestrado, hay secuestradores negociadores que se alquilan para hacer las llamadas y que reciben una parte del rescate por rentar su voz, suelen ser ex policías y secuestradores que operaron por años pero que ya no participan activamente en el secuestro y custodia de la víctima. Dicho modelo de operación lo creó Daniel Arizmendi, "El Mocha Orejas" (Ibarrola Nicolín Eduardo y Otros, México 2002, p. 320) XXII


En el cobro de rescates existe una práctica de la que se busca evitar hablar por parte de las autoridades, "La Mexicaneada" que consiste en el robo del pago del rescate y esa práctica la ejecutan los secuestradores y los propios policías asignados a la investigación del caso. Se debe recordar que el supuesto asesino confeso de Fernando Martí, reconoce que privó de la vida a su víctima ante la falta de pago, a pesar de que se pagaron más de 5 millones de pesos, México ocupa el primer lugar mundial en secuestros, siendo el D.F. y Estado de México los que ocupan el primer lugar nacional.

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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

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¿Cómo se tipifica el delito de secuestro y que modalidades presenta en México? ¿Cuáles son elementos que hacen al crimen del secuestro, unos de los fenómenos de la inseguridad que afectan más gravemente a la sociedad? ¿Cuáles son los instrumentos internacionales en contra de la práctica del secuestro y la desaparición forzada que ha suscrito el Estado mexicano? ¿Qué políticas de seguridad pública ha implementado el estado mexicano encaminadas a promover la prevención y castigo del fenómeno del secuestro? ¿Qué mecanismos jurídico-institucionales existen en México para garantizar la persecución y castigo de los criminales y autoridades que practican el secuestro en México? ¿En qué medida los distintos mecanismos jurídicos que ha implementado el estado mexicano tienen efecto en la prevención, persecución y castigo del secuestro en México? ¿Cuáles son los derechos humanos que se pueden considerar afectados por el fenómeno del secuestro y que por lo tanto es responsabilidad prioritaria su combate por el estado mexicano?

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¿Hacia dónde el resultado de los últimos gobiernos federales en cuanto la erradicación de este fenómeno? ¿En qué ámbitos la aplicación de estos derechos afectan las estructuras sociales la legitimación política del estado?

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5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA.

CAPITULO I. Antecedentes, Conceptos y Modalidades del Secuestro 1.1. Antecedentes históricos del secuestro Para concebir que es el secuestro, se dice que etimológicamente la palabra secuestrar viene del latín “secuestrare”, término que significa retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines (Diccionario de la lengua española). Como se sabe éste delito no es exclusivo de un solo lugar, sino que atañe a todo el mundo, para una mejor comprensión mencionaremos datos de su aparición y evolución a través de su historia. El secuestro en determinado momento se constituyó como una forma normal de sometimiento o comercio de personas (esclavitud), pues la supremacía era dada por las artes bélicas, y quien vencía tenía el derecho de tomar para sí el territorio conquistado y de las personas derrotadas (Jiménez Ornelas, Rene A. México, 2002, p. 17). En cuanto al derecho romano, éste contaba con diversas figuras que se equiparaban en cierto modo a las agrupadas actualmente bajo el título de delitos contra la libertad, influyendo sobre todo la naturaleza de la acción (pública o privada), de la pena y la competencia jurisdiccional. Dentro de esta clase de delitos la figura central era el denominado “crimen vis”, considerado como la fuerza o coacción por medio de la cual una persona obliga físicamente a otra a que deje realizar un acto contra su voluntad, de esta manera coarta la voluntad mediante amenaza de un mal, para determinarla a ejecutar o de no ejecutar una acción (Teodoro. Madrid España, 1998, p. 127).

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El secuestro se caracterizó en un principio por el encerramiento y el propósito particular de administrarse justicia, castigado de esta manera el imperio romano con la ley del talión o la muerte, porque mediante su comisión, el agente usurpaba una facultad que sólo competía al soberano (privar de la libertad a los súbditos). Debido a la diversidad de nombres, llegó a confundirse el secuestro con el plagio, pero en Roma tuvo antecedentes legislativos muy distintos ya que se encontraba regulado en el apartado de la sustracción de la propiedad (Ibídem). Narra el tratadista Teodoro Mommsen; “Éste delito halló en el último período de la vida de la república y su objeto fue reprimir los robos de hombres libres y esclavos. Para la existencia del delito, eran indiferentes tanto el diseño o asenso del esclavo, como los medios empleados por el plagiador. Participaba en el delito quien teniendo conocimiento de éste, negociaba sobre el plagiado, equiparándosele al autor e imponiéndoseles a ambos una multa de 50mil sestercios (aplicada al erario y a la propia víctima); otras veces la pena consistía en relegación y confiscación de bienes, trabajo en las minas y hasta la muerte, según la época y condición social del plagiario” (Teodoro, Madrid España, 1998, p. 134). En cuanto a los menores, como breve reseña, se consideraba legítima la venta de un hijo hecha por el padre, pues se pensaba que éste era de su propiedad, tal acción si bien era injusta, no fue punible; el plagio entre los antiguos romanos, consistía en comprar a un hombre libre y retenerlo en servidumbre o utilizar a un siervo ajeno como si fuera propio. Pero a la caída del imperio romano, perduró aun la rigidez de la estructura social. En cuanto a la legislación española, el fuero juzgo influido por la tendencia romanista al secuestro como un hecho de injuria. No se observa un avance considerable en el sistema de delitos contra la libertad porque perdura la rigidez de la estructura social de los romanos; sin embargo, no puede negarse la influencia considerable del derecho germano en las leyes españolas antiguas. XXVI


En el libro VI, título 4º, ley 3, el fuero juzgo agrupa varias hipótesis de detención, de acuerdo a la calidad de los sujetos, según fueran hombres libres o esclavos, caracterizada por los medios de comisión y describe diversos hechos punibles constitutivos de injurias, lesiones y privación de la libertad, sólo aplicables, cuando ambas personas (sujeto activo y sujeto pasivo) fueran hombres libres (Millán Martínez, Rafael, México, 1985, p. 58). Por otro lado el fuero real, sancionó el encierro violento en el propio domicilio o en ajeno, sin exigir calificación alguna de los sujetos, en otro caso se introdujo un elemento normativo, la sola aprehensión sin derecho ejecutada en cualquier lugar y con cualquier medio, en ambos casos se sancionaba con multa de su comisión (Op. cit.). Se sancionaba el encierro sufrido por una persona en su domicilio, al cual no se le permitía que llevara a cabo algún traslado, pero también se sancionaba esta privación de la libertad en domicilio distinto al de la persona que la sufría; para esto la sanción no era muy alta, ya que sólo se castigaba con una multa una conducta que en la actualidad puede alcanzar una pena de hasta cincuenta años de prisión (Op. cit.). Por cuanto hace al Código Penal Español de 1822, se plasmaron las bases para la sistematización del secuestro como delito que ataca la libertad personal; bases con las que se vieron influenciadas algunas legislaciones modernas, sobre todo de América. Es por ello que dicho numeral señalaba lo siguiente: “artículo 663: ... Sin embargo de lo que pueda prevenirlo, el que dé propia autoridad, y sin ejercer algún puesto público, arreste o aprendiera a alguna persona, no podrá presentarla a un juez competente o para ponerla a disposición de éste en cárcel a otro sitio público, sino para oprimirla, notificarla o detenerla en custodia privada, sufrirá la pena de dos a seis años de prisión, si la privación o detención de la persona no pasaré de ocho días excediendo éste término, y no pasando de treinta días, será la pena de seis a doce años de obras públicas....” (Op. Cit.).

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Se tiene documentado que hacia la segunda mitad del siglo XIX, una ola de secuestros sometió a España. Los primeros secuestros fueron hacia principios de 1869 en la provincia de Málaga, por Alameda y Alora, especialmente; la primera sensación fue de estupor, luego de alarma, cuando empezó la epidemia empezó a expandirse, pasando las provincias colindantes, acá y allá, de improviso desaparecían las personas, misteriosos mensajes planteaban la alternativa de su muerte o su rescate a precios abrumadores que se hacía preciso conseguir en gestiones difíciles a breve plazo (Jiménez Huerta, Mariano. 2000, p. 137,138). En Andalucía, España, los secuestradores llegaron a constituir un peligro tan grave para las vidas y haciendas de sus habitantes, que ni las más prudentes medidas de seguridad adoptadas por los vecinos en sus casas libraban a éstos de ser víctimas de los secuestradores (Enciclopedia Jurídica Omega, Madrid, Tomo IV, 1954, p. 185). Por otro lado, dentro de la edad media, época no propicia para éste tipo de infracciones, debido a que en éste período lo ocupaba en primer lugar los delitos contra la religión (Ibídem, p. 186). Fue un período histórico donde lo más relevante eran los delitos que atentaban contra la religión y, por lo tanto quedaban en segundo lugar otro tipo de delitos que causaban grandes daños a las personas, y que en ésta etapa, la religión jugó un papel muy importante que influenciaba en gran medida a las legislaciones. Cabe mencionar que en el siglo XVII, en Inglaterra, aparecieron los denominados “press-gangs”, que no eran otra cosa que bandas de secuestradores que operaban a favor del ejército y la marina, cuyas funciones eran las de obligar a los hombres a alistarse en las filas de los regimientos británicos (Ibídem, p. 60). Al mismo tiempo en China era muy frecuente el “shanghaien” o secuestro de personas que consistió en que drogaban a la gente para obligarlas a subir a los barcos especializados en el comercio y tráfico de esclavos (Op. cit.). XXVIII


En el caso de los Estados Unidos, el antecedente más sobresaliente es el caso del secuestro del niño Charles Ross, que sucedió en 1874, donde después de una mala negociación en éste caso ante la negativa del pago por su rescate y la presión policial se perdió todo contacto con los secuestradores y nunca más se volvió a saber del pequeño (Enciclopedia Jurídica Omega, Madrid, Tomo IV, 1954, p. 60). Por otro lado en la década de los años 20´, en el siglo pasado con el crecimiento de las mafias con gran influencia italiana, el aumento de los secuestros fue demasiado, sobre todos en las ciudades de Chicago y Nueva York. Para los años 30´, hubo numerosos secuestros, como en el caso de la ciudad de Chicago en donde acaeció alrededor de 200 secuestros, pagándose cifras millonarias con motivo de los rescates; respecto al FBI, éste informó que todos ellos se resolvieron, con excepción de tres. En Latinoamérica, en la década de los años 60´, también del siglo pasado, el secuestro avanzó a pasos agigantados, dado que el propósito principal de éste era; el obtener dinero, ganancias económicas vertiginosas. Pero en el caso de México, después de la Independencia, la creación de las leyes se enfocó a la estructura y administración del estado naciente, es así que se prolongó la vigencia del derecho penal de la colonia integrado por las leyes de india y de las de castilla (Millán Martínez, Rafael. Op. cit., p. 61). Fue hasta 1871 cuando se promulgó el primer Código Penal para el Distrito Federal y territorio de Baja California, conocido como “Código de Martínez de Castro”; en éste se apreciaba una confusión entre los términos de secuestro y plagio, de tal manera que en su artículo 626 se establecía lo siguiente: “… Artículo 626: El delito de plagio se comete, apoderándose de otro por medio de violencia, de amagos, de amenazas, de la seducción y el engaño.

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I. Para venderlo, ponerlo contra su voluntad al servicio público o de un particular en un país extranjero, engañándolo en el ejército de otra nación; o disponer de él a su arbitrio de cualquier otro modo. II. Para obligarlo a pagar rescate, entregar alguna cosa o mueble, a extender, entregar o firmar un documento que impone obligación o liberación o que contenga alguna disposición que pueda causarle daño o perjuicio en sus intereses, o en los de un tercero o para obligar a otra persona a que ejecute alguno de los actos mencionados…” (Ibídem, p. 62). El Código de 1929, se concretó a reproducir casi literalmente las disposiciones señaladas en el Código de 1871. Con la promulgación del Código de 1931, podría decir que la figura en estudio experimentó notable mejoría, pues en el título vigésimo primero, dedicado a la privación ilegal de la libertad y otras garantías, capítulo único de la privación ilegal de la libertad, abarcó sus diversas hipótesis en dos artículos, (artículo 365 y 366 que establece cinco supuestos de secuestro calificado). El auge que se ha tenido en México sobre éste tipo de ilícito, se remonta a finales de la década de los años 60´ y principios de los 70´, cuando las primeras olas de secuestros se presentaron en nuestro país, afectando primordialmente a personalidades, como el entonces director de aeropuertos, Julio Hirshfield A. y al suegro del entonces presidente Echeverría. Una de las causas por las que éste delito tuvo su apogeo fue que, los secuestradores lo consideraban de poco riesgo y los familiares de las víctimas accedían fácilmente a sus peticiones (COPARMEX, 2002). Éste delito se incrementó en forma considerable en el siglo XX, así para el año de 1999, se registraron 548 secuestros en todo el país y en el año de 2002 la cifra se incrementó a 11 secuestros más, según estudios realizados por la COPARMEX (Op. cit.). XXX


1.2. Referencias conceptuales del secuestro Primero haremos hincapié en algunas consideraciones importantes. En la Constitución de 1917 se heredaron los principios básicos de su similar de 1857, como lo son la forma de gobierno, la soberanía popular, la división de los poderes y los derechos individuales; acumuló en sus preceptos los ideales del pueblo revolucionario, de paz, libertad e igualdad, entre otros claro esta; les dio forma y creó instituciones para que los realizaran. Los hombres que lucharon por la libertad deseaban que la vida del pueblo fuera más digna y justa para todos. Pero sobre todo cuando nos referimos a la libertad que está dentro de la carta magna, sería hablar de uno de los máximos derechos que poseemos como individuos, ya que es una de las facultades más importantes que la ley va a proteger y por la que se ha luchado a través de la historia ´´la de elegir libremente´´. Se deseaba lograr la supremacía de los derechos del hombre; la libertad, la igualdad, la propiedad, el respeto a la persona humana y la abstención del estado para intervenir en las relaciones económicas que entre los gobernados se habían establecido. Con esto era evidente la necesidad de proteger los derechos del hombre, ya que no se contaba con el amparo del estado, debido a esto, el ser humano comprendió que la única forma de lograr sus anhelos para obtener una vida llena de igualdad en todos los aspectos, era llevando a cabo cambios en sus instituciones, así como en el establecimiento de diversas leyes y normas que los protegieran. Procedida de los grandes movimientos que en el país se desarrollaban debido a que el pueblo estaba cansado de todas las carencias que tenía y que, sólo la paz, la libertad e igualdad era protegida para los sectores de poder que en ese entonces, eran los que tenían mayores recursos económicos, y que trataban a los más necesitados con las peores condiciones de vida y únicamente los utilizaban como objeto. Los movimientos revolucionarios provocaron que se fueran estipulando poco a poco las facultades y los XXXI


derechos que deberían gozar todos los individuos, con independencia de su sexo, edad, condición económica y social, religión, e incluso su nacionalidad. Es por eso que se estableció por primera vez un capítulo en donde se consagra en sus 29 artículos, las garantías individuales que les otorga la Constitución a las personas como individuos que son, y servirían de protección para cualquier persona que se encuentre en el país; se estableció también la abolición de la esclavitud, que fue el inicio para que pudiera desarrollarse en los demás países del mundo, el derecho que tiene todo hombre, independientemente de sus condiciones tanto económica como social, se le da al individuo una calidad de persona y en el pasado queda el concepto de esclavo, que alguna vez se utilizó como un instrumento que podía ser manipulado al antojo de otro individuo. De esta manera la libertad a lo largo de la historia ha sido y será, uno de los motores del ser humano, un anhelo para poder lograr un cambio en sí mismo, no sólo en una persona sino en la posibilidad de que su país goce de esa libertad a la que cada ser humano tiene derecho, el cual como todos sabemos, es una de las garantías más importantes, que ha llevado al individuo a luchar por ella, con el derecho de decidir, gozar, y expresar, lo que quiere, obteniendo y logrando así, sus metas. Pero la declaración, a estos derechos, no sólo quedaron plasmados en nuestra Constitución de 1857, sino también en la Carta Magna de 1917, pero además se han reconocido con anterioridad en los ordenamientos internacionales, como son, “La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1879. Cabe mencionar que los Derechos Humanos se traducen en que tales derechos nacen de la naturaleza que la conciencia interpreta iluminada por la razón, esto es, no provienen de la ley positiva sino de lo que Cicerón reputaba como “nata lex” y que pertenecen al mundo del derecho natural (Burgoa Orihuela, Ignacio. 2001, p. 55). Ahora bien, como imperativos de carácter moral y filosófico, los derechos humanos asumen posibilidad a virtud de dicho reconocimiento, esto les otorga obligatoriedad XXXII


jurídica al convertirlos en el contenido de los derechos públicos subjetivos que son elementos esenciales e integrantes de las garantías individuales. Por lo tanto, la relación que en general se deduce entre los derechos humanos, los derechos públicos subjetivos y las garantías individuales, es que de su operatividad ética de los primeros, se condiciona la previsión constitucional de los segundos, que a su vez se implican en las garantías del gobernado. Por ende, el objeto de preservación de estas garantías, estriba en los derechos humanos ya convertidos en derechos subjetivos públicos de todo gobernado como elementos inherentes a las propias garantías. Ahora bien para entrar al estudio del secuestro, se debe conocer primero que se entiende por privación de la libertad, considerándola como delito, ya que esto resulta esencial para identificar si realmente se introduce la figura del secuestro en el nuevo Código Penal para el ámbito Federal, o simplemente como una generalidad de la privación de la libertad personal. Primeramente definiremos las palabras que integran el rubro citado anteriormente: •

Privar: es despojar a alguien algo que poseía.

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ilegal: quiere decir, contrario a la ley.

Mientras que la libertad, aun cuando tiene diversas acepciones y es materia de muchos tratados filosóficos, para efectos de este estudio tomaremos en cuenta la definición planteada en el libro de las Instituciones, en donde se lee;” la libertad, de donde viene la denominación de libres, es la facultad que tiene cada uno de hacer lo que le plazca, a no ser que la ley o la fuerza se lo impida” (Libro Instituciones 1, 3, 20). Luego entonces la privación ilegal de la libertad personal, consiste en, como su nombre lo indica, privar de la libertad a una persona, ésta privación debe ser arbitraria y sin ningún derecho. XXXIII


El tipo penal del ilícito no establecía ningún propósito en particular, así que cualquier detención hecha a persona alguna sin su consentimiento o sin que medie orden de aprehensión, para que proceda la detención, puede encuadrar en el supuesto previsto en la ley. Se dice que en sus inicios y hasta 1990, el artículo 364 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, protegía la detención ilegal en una cárcel privada, como se advertía en su redacción, la cual establecía lo siguiente: “…Al que sin orden de autoridad competente, siendo un particular y fuera de los casos previstos por la ley, arreste o detenga a otro en cárcel privada o en otro lugar se le aplicará…” (Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, México, 1989). El supuesto arriba citado fue reformado en el año 1990, debido a que el término de cárcel privada resultaba absurdo, así Carranca y Trujillo, afirmó “La cárcel es un establecimiento público destinado a la custodia y seguridad de los en ella recluidos. En pluralidad no puede haber cárceles privadas, pues si son privadas no son cárceles” (Carranca y Trujillo, Raúl, y Carranca y Rivas, Raúl, 1997, p. 895). Actualmente: el tipo (artículo 160 del Código Penal para el Distrito Federal) sólo establece el siguiente supuesto: “Se impondrá…al particular que prive a otro de su libertad…” (Agenda Penal del Distrito Federal, Código Penal para el Distrito Federal, 2003, p. 39), de tal manera que cualquier conducta consistente en privación de libertad encuadra en el supuesto, ya que éste sólo se constriñe a limitar las posibilidades de desplazamiento, y su temporalidad sólo debe ser condicionada a la penalidad respectiva. Según el criterio de nuestro máximo tribunal de justicia federal, la privación de la libertad personal debe entenderse como: XXXIV


“Privación de la libertad. Configuración del delito de. El delito de privación de la libertad no exige para su configuración alguna circunstancia concreta y necesaria de temporalidad, toda vez que se integra en todos sus elementos constituidos desde el momento mismo en que se lesiona el bien jurídico tutelado, que es la libertad del individuo, al evitar el libre actuar del sujeto pasivo de la infracción, siendo el elemento distintivo del delito instantáneo, que esta conducta puede prolongarse por más tiempo, según lo establecen los diversos preceptos de los códigos penales. Cabe hacer notar que para la integración de ésta figura delictiva basta que una persona sea privada de su libertad ilegalmente por un particular, independientemente del lugar en que se lleve a cabo dicha acción, pues en todo caso, esas circunstancias deben ser apreciadas por el juzgador al momento de llevar a cabo la individualización de las sanciones, situación que no ocurre tratándose del delito de secuestro, dado que en éste lo que se pretende con la privación de la libertad, en términos generales, es el obtener un lucro o causar daños o perjuicios a la víctima (artículo 163 del Código Penal para el Distrito Federal), esto lo explicaremos a continuación y para una mejor comprensión definiremos primeramente lo que es secuestro: Secuestro; etimológicamente viene del latín “sequestrare”, término que significa retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines (Diccionario de la Lengua Española). Pero nuestro máximo Tribunal de Justicia Federal, ha emitido el siguiente criterio sobre el delito de que se trata, aunque también lo denomina como plagio; “Plagio o secuestro. Es irrelevante quien de los responsables exigió el rescate. Para la configuración del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, es indispensable que el o los sujetos activos no sólo quieran directamente la realización del resultado típico que es la privación de la libertad del pasivo, sino que el propósito de dicha privación debe consistir en obtener un rescate o en causar daños y perjuicios, por lo que si varias personas ejecutaron el ilícito, es suficiente que una de ellas haya XXXV


exigido el rescate para que la figura delictiva surja a la vida jurídica y se acredite la responsabilidad penal de los que participaron en su perpetración. De acuerdo a lo anterior cabe preguntarse, ¿Cuál es la diferencia entre secuestro y plagio?, aunque se utilizan como sinónimos, la propia Constitución habla de plagio esto es, en el artículo 22, aunque en realidad a lo que se quiso referir el legislador es a secuestro. Aunque hay opiniones encontradas de quienes relacionan al secuestro con plagio, pero hay otros que más que relacionarlos los diferencian. En México, el Código Penal de 1871, definía al plagio en su artículo 626, como el apoderamiento de una persona por medio de engaños, amagos, amenazas, de la seducción o del engaño. En nuestra Carta Magna, en el artículo 22 último párrafo, se habla del plagiario, es por ello que nos surge la inquietud de pensar que actualmente la palabra plagio nos remite al secuestro, debido a que la primera ya fue omitida en nuestros ordenamientos legales penales. Si este razonamiento es correcto es conveniente modificar esa palabra en el citado artículo constitucional, con la finalidad de contribuir a la actualización de los ordenamientos legales. Ahora bien, según Sebastián Soler, el delito de plagio no era considerado desde el punto de vista de la libertad, sino de la violación a los derechos dominicales, a pesar de que se refería no solamente al esclavo, sino también a la compra-venta de un hombre libre (Soler, Sebastián, 1992). Sin embargo, el secuestro puede definirse como “apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar a una persona ilegalmente”, consecuentemente como se observa son dos términos distintos. Consideramos que debe emplearse la palabra de secuestro, únicamente para referirse a la conducta mediante la cual se solicita rescate o alguna de las otras circunstancias contenidas en los ordenamientos jurídicos sustantivos debido a que, en sus inicios, el plagio se configuraba cuando existía reducción a la esclavitud de un hombre libre o la XXXVI


venta de un esclavo por alguien que no tenía la facultad para efectuarla; sin embargo, constitucionalmente, la esclavitud no está permitida en nuestro país, así que resulta más pertinente utilizar el vocablo de secuestro, además porque, el plagio suponía elementos y circunstancias totalmente diferentes a las que se refiere nuestro ordenamiento penal. 1.2.1. Diversas percepciones de secuestro Primero haremos mención del concepto que se encuentra en el Código Penal para el Distrito Federal, capítulo tercero, del secuestro, en su artículo 163 que a la letra dice: “Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra, se le impondrán de diez a cuarenta años de prisión y de cien a mil días multa” (Agenda Penal del Distrito Federal, México, 2004). En la antigüedad como ya se mencionó se le denominaba “plagio” cuyo término se refiere a una “red de pescar” (Enciclopedia Jurídica Omega, Madrid, 1954). Según Guillermo Cabanillas, el secuestro consiste en la detención o retención forzosa de una persona para exigir por su rescate o liberación una cantidad u otra prestación sin derecho, como prenda ilegal (Consultores Exprofeso, p. 8). El concepto de secuestro ha merecido la atención de connotadas doctrinas como las que a continuación citaremos; Primero: el ilustre Francisco Carrara menciona que; “el plagio es la sustracción de una persona con fines de lucro o venganza, hecho por medio de violencia o fraude” (Carrara, Francisco, Bogotá, 1979). Guissepe Maggiore indica que consiste en “someter a una persona al propio poder, reduciéndola a un estado de sujeción” (Guissepe, Maggiore, Barcelona, 2000).

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Como se observa, para éste autor el plagio consiste en la privación total de la libertad personal del ser humano. Por otra parte, Etcheverry dice que el secuestro consiste en “encerrar o detener a otro sin derecho, privándolo de la libertad” (Guissepe, Maggiore, Barcelona, 2000). Pero para otros autores, la esencia de éste delito, consiste en poner materialmente a una persona en tales condiciones que no puedan usar la libertad de locomoción, sea de manera total, sea también dentro de los límites impuestos arbitrariamente por el sujeto activo. Cabe mencionar que el secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene, la conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacía las víctimas. Por lo que con base en todo lo anterior se puede concluir que, el secuestro es la privación ilegal de la libertad hacia el individuo, quien es sometido por un tercero a través de violencia física y moral, lo anterior con la finalidad de obtener un lucro económico a cambio de la vida de la persona que fue secuestrada. 1.3. Componentes del delito. Dentro de este apartado abordaremos la definición de la palabra delito, puesto que éste al ser considerado una conducta típica, antijurídica culpable y punible, requiere de diversos elementos que lo conforman, mismos que adecuaremos al ilícito que nos ocupa (el secuestro); así mismo estableceremos los objetivos principales que buscan los secuestradores al cometer este tipo de conducta ilícita, entre los cuales el de mayor relevancia es obtener un rescate monetario, destacando entre otras cosas la forma de operar de algunas bandas de secuestradores, así como algunas tácticas que utilizan en la comisión de este tipo de ilícito.

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El Delito se define como: una. Infracción a la ley; de menos gravedad que el crimen. Cuerpo del delito, objeto que sirve para hacerlo constar. Delicto o delictum, supino del verbo delinquo, delinquere que significa desviarse, resbalar, abandonar, abandono de una ley. “Delito. Infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso” (Cabanellas de Torres, Guillermo, 1982). Como podemos observar, dentro de esta definición se señala al delito solo como una conducta mala o buena, del hombre que es sancionada por el Estado; es decir simplemente como todo acto señalado con una sanción penal. Asimismo dentro del Código Penal para el Estado de México se entiende al delito dentro de su artículo 6º como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Por lo tanto el delito es siempre una conducta (acto u omisión) reprobado o rechazado (sancionado). La reprobación opera mediante la amenaza de una pena (por leyes penales). No es necesario que la conducta tenga eficaz secuencia en la pena basta con que esta amenace es decir, se anuncie como la consecuencia misma, legalmente necesaria. Por tal motivo se puntualiza que: exteriormente el delito es el acto humano sancionado por la ley e intrínsecamente el delito presenta las siguientes características. Es una acción, la que es antijurídica culpable y típica. Por ello es punible según ciertas condiciones objetivas, es decir que esta conminada con la amenaza de una pena. •

Acción, porque es acto u omisión humano.

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Antijurídica por que ha de estar en contradicción con la norma. XXXIX


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Ha de ser ilícita y típica porque la ley ha de configurarla con el tipo de delito previsto. Culpable porque debe corresponder subjetivamente a una persona.

La norma prohibitiva solo es eficaz penalmente por medio de una sanción, de donde deriva la consecuencia punible. De lo anterior podemos concluir que: Delito es el acto u omisión típicamente antijurídico, culpable sometido a condiciones de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal; por lo que entre otras cosas, debemos establecer los elementos del delito, entendiendo como; elemento a aquello que concurre para la formación de algo complejo como las letras, que forman una palabra; los átomos que forman una molécula; los cuerpos simples que se combinan para formar sal; el género próximo y la diferencia especifica de toda definición esencial; o el acto humano y sus calificativos antijurídicos y culpabilidad; que integran el delito. Como podemos ver la anterior definición de la palabra delito, nos refiere que no es sino solo un complemento para entablar características más complejas, como en el caso de los delitos, es decir, si partimos de que delito es un acto humano sancionado con una pena, luego entonces sus elementos son las circunstancias para que este acto u omisión se llegue a dar, pues solo la persona humana es posible sujeto de una sanción ya que actúa con voluntad y es imputable. Las personas que pueden clasificarse en activos o pasivos, dependiendo de la conducta que se realice en el mismo; así tenemos que el sujeto activo (ofensor o agente) del delito es quien comete o participa en su ejecución; el que lo comete es activo primario, y el que participa es activo secundario. Por ejemplo dentro del delito de secuestro se dice que una persona es sujeto activo, cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, siendo así autor material del delito, o bien cuando participa en su comisión contribuyendo a su ejecución en forma intelectual al proponer, instigar o compeler o simplemente auxiliando XL


al autor con anterioridad a su realización, concomitantemente con ella o después de su consumación es decir, cómplice o encubridor. Por eso dentro del caso del delito de secuestro el sujeto activo, como lo señala el Código Penal Federal puede ser cualquier particular en el caso del tipo básico y en el caso del tipo complementado previsto en la fracción II inciso b el sujeto activo sea integrante de una institución de seguridad o se ostente como tal sin serlo en este caso estaríamos hablando de un sujeto activo primario. En cuanto a un sujeto activo secundario nos referiremos a lo establecido en el artículo 366 bis del Código Penal Federal el cual señala como sujeto activo al que actúe en calidad de intermediario, cualquier particular que colabore con la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, así mismo al que actúe como asesor con fines lucrativos de quienes represente o gestionen a favor de la víctima. Así pues como él o los sujetos pasivos del delito (ofendido paciente o inmediato), se entiende la persona que sufre directamente la acción, sobre la que recaen los actos materiales mediante los que se realiza el delito; el titular del derecho o interés lesionado o puesto en peligro por el delito mismo. Por lo tanto dentro del Código Penal Federal, se habla dentro del artículo 266 como sujeto pasivo cuando se establecen cualidades específicas como el ser menor de dieciséis años, o ser mayor de sesenta; o bien encontrarse en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad. Por su parte el artículo 366 bis, hace mención que puede ser cualquier particular, o bien aquellas personas (familiares, representantes o gestores) que hayan sido intimidadas por los secuestradores. De acuerdo con la clasificación del delito en cuanto al sujeto pasivo podemos decir que el delito de secuestro es un delito personal, puesto que la lesión o daño recae sobre una persona física. XLI


Una vez que hemos establecido el papel que juegan los sujetos (activos o pasivos) dentro del delito, organicemos los elementos del mismo, partiendo primeramente de la: Conducta. Lo primero para que el delito exista es que se produzca una conducta humana. “La conducta es así el elemento básico del delito, puesto que consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. Si es positivo consistirá en un movimiento corporal, productor de un resultado como efecto, siendo ese resultado un cambio o un peligro de cambio en el mundo exterior físico o psíquico, y si es negativo consistirá en la ausencia voluntaria del movimiento corporal esperado, lo que también causara un resultado” (Castellanos Tena, Fernando, 1965). La conducta es una actividad voluntaria o inactividad voluntaria que produce un resultado con violación de una norma prohibitiva. De acuerdo a la clasificación del delito en cuanto a la conducta, con el delito de secuestro estaríamos ante la presencia de un delito de acción, porque dicha conducta se manifiesta a través de un movimiento corporal o conjunto de movimiento corporales voluntarios, es decir, los delitos de acción son los que se consuman haciendo algo, ya sea elemento requerido por el autor que se realiza a través de un acto positivo; como cuando se secuestra a una persona con la intención de hacerle daño, además de ser un delito ya que para su agotamiento la acción requiere de varios actos. La conducta principal en el caso del secuestro, es privar de la libertad a otro, así mismo dicha conducta puede darse al actuar como intermediario en las negociaciones del rescate, colaborar en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores; actuar como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen a favor de la víctima, evitar informar o colaborar u obstruir la actuación de las XLII


autoridades, efectuar el cambio de moneda nacional para el rescate, intimide a la víctima a sus familiares o a sus representantes o gestores para que no colaboren durante el secuestro. “Ahora bien en cuanto al objeto jurídico o material del delito entendiéndose por el primero el bien jurídico tutelado a través de la ley penal mediante la amenaza de sanción, el bien jurídico protegido en el delito de secuestro es la libertad externa de las personas, particularmente de obrar, moverse, transitar o deambular, es decir la disponibilidad de moverse de un sitio a otro de manera autónoma, y como elemento subjetivo del tipo distinto del dolo se requiere que la privación ilegal de la libertad personal del sujeto pasivo tenga por finalidad la de pedir un rescate o causar daños y perjuicios al plagiado o a otras personas” (Maggiore, Giuseppe, Colombia 1989). “En otras palabras es indispensable para la configuración del delito de referencia que el sujeto activo no solo requiera directamente la producción del resultado típico, que es la privación ilegal de la libertad del pasivo, sino que el objeto de dicha privación debe ser con el propósito de tratar de obtener un rescate o el cumplimiento de cualquier condición, que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole o causar daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona. También se dice que la tutela se adecuada a la actuación de los órganos de justicia, así como la reserva y confidencialidad del trabajo desplegado en esta materia” (Díaz de León, Marco Antonio, México, 1997; p. 609). El bien jurídico protegido en este tipo de delito coincide con la doctrina jurídico penal como “el objeto jurídico protegido del secuestro es la libertad externa de las personas, la libertad de obrar y de moverse de la persona física del sujeto pasivo”. Asimismo encontramos que nuestro ordenamiento jurídico disciplina aquellos actos que ponen en peligro la vida y la seguridad de las personas, por lo que se llega a la conclusión de que son dos los bienes protegidos por la ley en el delito de secuestro: la libertad y la seguridad. XLIII


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus primeros artículos, el tema relacionado con las garantías individuales, toda vez que al privar de la libertad y no proporcionar seguridad al sujeto pasivo se le priva de estas garantías. En cuanto al objeto material este se define como la persona o cosa dañada o que sufre el peligro derivado de la conducta delictiva; en el caso del secuestro, este lo constituye, indudablemente, el sujeto pasivo, es decir la persona que en su integridad física resiente la acción de privarla de su libertad de movimiento. Así también puede considerarse como objeto material, la negociación del mismo secuestro; la información respecto a las pretensiones o mensajes de los secuestradores o incluso la asesoría misma que se proporcione en estos casos. Resultado. El resultado consiste en el obrar u omitir del hombre que producen un conjunto de efectos en el mundo natural, se identifica el resultado con un acontecimiento o suceso, comprendiéndose en el tanto el actuar, positivo o negativo, como los efectos producidos. Así se establece que resultado es el efecto del acto voluntario en el mundo exterior, o más precisamente, la modificación del mundo exterior como efecto de la actividad delictuosa. El resultado es, la consecuencia de la acción, o lo que es lo mismo, la realización del tipo de delito fijado por la ley, es decir, el efecto natural de la acción relevante para el Derecho Penal, puesto que los efectos de un delito son infinitos. Ahora bien en cuanto a su resultado podemos definir al delito del secuestro como un delito permanente, ya que es un delito de consumación indefinida cuyo tipo legal continua realizándose hasta que interviene alguna causa que lo hace cesar. XLIV


“Por tal motivo al considerarse al delito un resultado material y permanente podemos decir que se consuma en el momento mismo en que se detiene a la víctima con el fin de realizar cualquier tipo de acto con ella y dura todo el tiempo que se prolongue o sea, a partir de que se impone a aquella el impedimento físico de su libertad de tránsito, se le detiene o encierra en algún lugar, continuándose su consumación por todo el tiempo de la privación de la libertad” (Maggiore, Giuseppe, pp. 615-616). Nexo causal. El nexo causal es la relación existente entre la conducta y el resultado y mediante la cual se hace posible la atribución material de esta a aquella como a su causa. Asimismo se consagra al nexo de causalidad como elemento del tipo objetivo en los delitos de resultado por lo tanto debe determinarse si la acción del agente ha causado el resultado de la detención ilegal de una persona por alguno de los medios o motivos señalados por el artículo 366 del Código Penal Federal. “La consumación de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro depende del resultado típico en cualquiera de sus mencionadas formas. El nexo causal es el producido entre la detención ilegal de una persona que alguien ha cometido y el resultado típico, debidamente comprobado en el proceso penal” (Ibídem, pp. 617-618). Tipicidad. “Tipo. En sentido amplio se considera al delito mismo, es decir la suma de todos sus elementos”. Rodríguez Manzanera dice “el conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica” (Diccionario Jurídico Mexicano, 1994). XLV


Tipicidad. Es la adecuación de la conducta o del hecho a la hipótesis legislativa. No debe sin embargo confundirse el tipo con la tipicidad, ya que el primero es el antecedente necesario del delito, es decir, su presupuesto; mientras la tipicidad es uno de sus elementos constitutivos. “La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo, o sea, el encuadramiento de un comportamiento real a la hipótesis legal; de esta forma habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la apreciación plasmada en la ley” (Diccionario Espasa Calpe, Jurídico, 1998). En el delito de secuestro, se dará la tipicidad cuando haya un encuadramiento al contenido del artículo 366 del Código Penal Federal es decir, que la privación de la libertad de una persona se haga con la finalidad de obtener un rescate, mantener en calidad de rehén para causarle un daño o incluso para amenazarla, pero si la privación de la libertad de persona alguna no es con la finalidad de los casos antes mencionados la conducta será atípica respecto al delito de privación de la libertad Antijurídicas. Las normas antijurídicas son un concepto negativo, desaprobador del hecho humano frente al derecho; una contradicción o desacuerdo entre el hecho del hombre y las normas del derecho. En términos generales, podemos decir que las normas antijurídicas es lo contrario al derecho, es el hecho de violar el bien jurídico tutelado por la ley, que en el caso del secuestro es la libertad de las personas. “El delito es ante todo, la acción antijurídica. La decisión respecto así una determinada conducta cae en la esfera del derecho punitivo, resulta de la consideración de que como fundamento de las exigencias de la ley, no es suficiente cualquier acción antijurídica especial, tipificada y culpable, es decir, el tipo en sentido técnico especial y conforme a la teoría general de derecho aparece como el conjunto de todos los XLVI


presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica” (Carmignani, Giovanni, Bogotá, 1979). Culpabilidad. A la culpabilidad se le puede considerar como “el conjunto de reconocidos males que fundamentan el reproche personal de la conducta antijurídica”, es decir que una conducta es reprochable en tanto que se produce culpablemente y entonces se señalan como elementos de la culpabilidad: •

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La imputabilidad, Las formas de culpabilidad; dolo y culpa, La ausencia de causas de exclusión de la culpabilidad, pues de existir una de ellas desaparecería la culpabilidad del sujeto.

Así entonces tenemos que “la culpabilidad es la relación directa que existe en tres formas: la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada” (Ibíd. p. 710). Para Vela Treviño, “la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta”. De acuerdo al Código Penal Federal, existen dos grados de culpabilidad; dolo y culpa. Esta legislación en su artículo octavo establece, “las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente”, y en su artículo noveno se define que: “obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley; y obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previo siendo previsible o previo confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. XLVII


En el caso del secuestro, solo puede presentarse el dolo o la intencionalidad; el bien protegido por éste es la libertad de las personas y el dolo o elemento psíquico se conforma con la conciencia y la voluntad del delincuente para privar de su libertad a alguien con el fin de pedir rescate o de causar un daño. Punibilidad. Podemos definir a la punibilidad como: “la amenaza de pena que el Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas jurídicas, impuestas para garantizar la permanencia del orden social” (Diccionario ESPASA. Ob. Cit.): Para que la conducta humana sea punible, conforme al derecho positivo es preciso que la actividad desplegada por el sujeto activo, se sumerja en un tipo legal, esto es, que la acción sea típica, antijurídica y culpable, y que no concurra en la total consumación exterior del acto injusto, una causa de justificación o excluyente de la culpabilidad. “El fundamento de la pena está determinado por el delito y por lo tanto, el declararse la culpabilidad del concreto súbito de derecho, éste tiene como exigencia que esté plenamente acreditado el nexo de causalidad entre la conducta por el agente y el resultado lesivo de bienes jurídicamente protegidos; pero no solo es esto, la culpabilidad como fundamento de la pena toma en cuenta las circunstancias especiales en que tuvo evento el acto criminoso, es decir, si cuando el agente modifica el mundo exterior concurrieron circunstancias constitutivas del tipo que pueden modificarlo, atenuando o agravando la penalidad que debe imponerse a tal comportamiento; dado que ya tornan privilegiado el tipo jurídico penal para los efectos de punibilidad, ya la agravan; pero además, puede ocurrir que no obstante que una conducta humana que causa lesión a bienes jurídicos no sea punible, porque concurre una causa excluyente del injusto, para encontrarse tal acción ausente de antijurídica, es decir, se actúa típica, pero no antijurídicamente” (Marco del Pont, Luis, Argentina, 1974, p. 720).

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La pena aplicable para el delito de secuestro de acuerdo al Código Penal Federal va de quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa cuando: 1. Se trate de obtener un rescate. 2. De tener en calidad de rehén y amenazar con privarle de la vida o causarle un daño. 3. Causar daño o perjuicio a quien este privado de la libertad o a cualquier otra persona. De veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa cuando: 1. Se realice en camino público, lugar desprotegido o solitario. 2. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo. 3. Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. 4. Que se realice con violencia. 5. Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o bien que se encuentre en inferioridad física o mental. De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa cuando la privación sea con finalidad de trasladar a un menor de dieciséis años de edad fuera de territorio nacional con el fin de obtener lucro indebido por la entrega o venta del menor. De treinta a cincuenta años de prisión, si a la víctima se le causa algún tipo de lesiones. Pena de hasta setenta años cuando al secuestrado se le prive de la vida por sus secuestradores. Cuando se actúe como intermediario, colabore con la difusión de las pretensiones del o los secuestradores; actúe como asesor con fines lucrativos aconseje el no presentar denuncia de secuestro, efectúe el cambio de moneda nacional por divisas, intimide a la XLIX


víctima, familiares o a sus representantes durante el secuestro; la pena que se impondrá será de dos a diez años de prisión y de doscientos a mil días multa. Tentativa. “En este delito por ser un delito doloso, en donde se conocen las consecuencias del hechos se admite la tentativa en aquellos casos donde se exterioriza la conducta que debiera producir el resultado típico, si este no se consuma por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, como lo sería la oportuna intervención policial que frustre la consumación del hecho, dándose en consecuencia la tentativa acabada” (Diccionario ESPASA. Ob. cit.). Al respecto se considera el siguiente criterio jurisprudencial: “PLAGIO EN GRADO DE TENTATIVA”. (Legislación del estado de Veracruz). El artículo 12 del Código Penal de Veracruz no determina en qué casos es punible la tentativa y, por ello, cuando el mismo precepto habla genéricamente de un delito, debe entenderse que se refiere a toda infracción de la, ley penal, Con excepción de aquellas en que la misma ley disponga que determinados delitos, solo se castiguen una vez consumados, como los atentados al pudor, etc. Ahora bien el delito de plagio o secuestro a que se refieren los artículos 364 y 366 de dicho código, requiere para su realización la ejecución de los hechos preparatorios directa o inmediatamente encaminados al delito mismo, como son: La localización, vigilancia, persecución de la persona ofendida, la organización del grupo o banda que trate de secuestrar a aquella, etc.; y la ejecución de todos los hechos directa o inmediatamente encaminados a la realización punible de plagio o secuestro, sino se realiza por causas ajenas a la voluntad del agente en los términos que lo establece el citado artículo 12, que dice “ y si de las constancias de autos, aparece que el plagio o secuestro no se realizó por causa ajena, como fue, la intervención de la policía y la detención del grupo de personas que pretendía realizarlo, es evidente que existió tal delito en grado de tentativa, y la orden de detención que se libre en tales condiciones, no es violatoria de garantías”... (Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Quinta Época, Primera Sala). L


Así diremos que la tentativa es procedente en todos los tipos de secuestro, ya que la acción de privar de la libertad a una persona puede ser impedida por una causa ajena a la voluntad del agente, antes de que se produzca la lesión definitiva al bien jurídico protegido que es la libertad personal. Así una vez establecidos todos y cada uno de los elementos del delito, concluiremos que: El delito de secuestro es un delito: De resultado material. El resultado queda patente en la privación de la libertad que lesiona el derecho material de la libre de ambulación de la persona, cualquiera que sea el medio empleado, es decir, que se consuma en el momento en que el sujeto pasivo es privado de la facultad de desplazarse a su voluntad. De acción. Requiere su expresión objetiva de actos positivos que implican movimientos corporales voluntarios. De sujeto común o indiferente. Por no exigir en la ley ninguna calidad en el activo ni en el pasivo. Mono subjetivo. Por no tratarse de delito de concurso necesario de agentes en su comisión aunque eventualmente lo pueden cometer varias personas actuando en grupo. Permanente. La privación de la libertad se prolonga ordinariamente por un tiempo más o menos largo, es decir, su consumación es duradera. De daño o lesión. Porque se afecta efectivamente el bien tutelado, la libertad externa de las personas, la libertad de obrar y moverse. LI


Doloso. Requiere el previo conocimiento del o los autores de la licitud del hecho y voluntad en realizarlo, ya que al privar de su libertad a una persona se ha actuado con el propósito de obtener un rescate, de detener a una persona para que la autoridad o el particular realice o deje de realizar un acto cualquiera o de causar un daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona. Fundamental o básico. Dado que sus elementos constitutivos pueden servir para la formulación de otros tipos agravados respecto a su penalidad y que en él se complementan. Autónomo o independiente. Toda vez que no requiere de ningún otro tipo penal para tener existencia legal. Anormal. En él se protege a una pluralidad de bienes jurídicos, pues no solo atenta contra la libertad de movimiento, sino también contra la integridad personal y el patrimonio, aun cuando no lleguen a vulnerarse materialmente tales entidades jurídicas. Pluri subsistente. Ya que para su agotamiento la acción requiere de varios actos. 1.3.1. Objetivos del secuestro. Las finalidades del secuestro son varias, principalmente sociales, psicológicas, económicas, culturales y aun religiosas. Indudablemente que la causa más común es el dinero, el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen. Las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito, junto con el narcotráfico uno de los de mayor impacto y daño social. Los objetivos que buscan los secuestradores y el modo como operan varían dependiendo de quien haya realizado el secuestro, ya que es diferente si es llevado a cabo por la delincuencia común, la guerrillera, el narcotráfico o cualquiera combinación de estas. LII


“El secuestro puede tener como objetivos generales: 1. Obtener un rescate a cambio de la víctima. 2. Asesinar al secuestrado. 3. Pedir rescate, obtenerlo y asesinar al secuestrado. 4. Obtener un fin de publicidad política. 5. Sembrar el miedo en la población como variante terrorista” (Ortiz Dorantes, Angélica; p. 215. Ob. Cit.). Para cierto tipo de delincuentes, el secuestro de personas que puedan disponer de fuertes cantidades de dinero, es una actividad lucrativa y rentable. Ahora bien dentro de nuestra legislación federal en materia penal, el artículo 366 inciso a) señala que la privación de la libertad de las personas va unido a la finalidad de obtener un lucro o causar un daño o perjuicio a dichas personas. Es la forma más común de la comisión del delito, pues la propia expresión del secuestro tiene la significación jurídico – penal de una acción de aprehensión y de retención de personas exigiendo dinero por su rescate y el rescate hace referencia al dinero solicitado o entregado para obtener la libertad de las personas privadas arbitrariamente de ella. Precisamente la razón de ser del rescate entendiendo este como la obtención de recursos económicos a cambio de la libertad de la persona secuestrada; es que se condicione rigurosamente la privación de la libertad a la entrega del objeto que se pretenda obtener. La conducta típica queda consumada en el mismo instante en que se lleva a cabo la detención arbitraria con la finalidad lucrativa indicada, y es completamente independiente de que el sujeto o los sujetos activos del delito hayan logrado la obtención de su objetivo o este se haya visto frustrado.

Asimismo lo refieren diversas jurisprudencias al establecer: LIII


“PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE SE OBTUVO UN RESCATE.” (Legislación del estado de Puebla). El delito de secuestro previsto en la fracción I del artículo 302 del Código de Defensa Social del Estado, no exige para su configuración que el sujeto activo obtenga el rescate por el plagiado, al tratarse de un tipo de resultado cortado o anticipado, en el que se colman las exigencias del cuerpo del delito, sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta, en razón de que el legislador estableció la consumación de este delito con la sola privación de la libertad de una persona en forma ilícita y la punibilidad que le corresponda a cada conducta dependerá de la o las diversas acciones que realicen los activos después de tener privado de la libertad al pasivo, incluyendo desde luego, la idea criminal; así tenemos que la disposición penal, en lo que interesa señala; “...cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguiente: I. Cuando se trate de obtener rescate...”, por lo que para actualizarse este supuesto es suficiente que el fin ideado por el sujeto activo haya sido el de obtener un rescate y que haya procurado alcanzarlo, siendo irrelevante que lo hubiera obtenido.(Novena Época. Instancia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.) “PLAGIO O SECUESTRO, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE.” (Legislación del estado de Tlaxcala). De conformidad con el artículo 246 del Código Penal del Estado, el bien jurídico protegido en el delito de plagio o secuestro es la libertad de las personas, y la finalidad perseguida en su comisión es la de obtener un rescate o el de causar un daño al plagiado o a otra persona relacionada con éste. Así las cosas, basta que él o los activos lleven a cabo la acción de privación de la libertad con esa finalidad, para que surta el tipo, aun cuando estos no hayan cobrado o recibido el numerario solicitado, pues dicha circunstancia es irrelevante, ya que para la configuración plena del delito basta que este demostrada la intención de obtener un beneficio económico a costa de la detención ilegal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. LIV


En lo referente al daño o perjuicio, tratándose de un secuestro, la expresión daño, alcanza una significación fundamentalmente económica y se refiere a cualquier destrucción, disminución o deterioro del patrimonio del secuestrado. Por otra parte ese menoscabo no se relaciona con los daños personales; ya que se contempla la posibilidad, cierta en el maltrato y en el tormento de daños materiales o morales que afecten al secuestrado, debido a los medios serviciales empleados en el transcurso de su privación ilegal de la libertad. Los daños morales pueden ser mejor ubicados en el caso de las amenazas graves, en cambio los daños materiales quedan puestos de manifiesto en el caso de maltrato o tormento. “SECUESTRO, CONFIGURACIÓN DEL.” (Legislación del estado de Zacatecas). Lo que constituye la figura delictiva que contempla el artículo 295, fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas, no es el hecho en sí del secuestro sino que la persona secuestrada sea objeto de amenazas graves, de mal trato o tormento. La enorme relevancia de la anti sociedad y de la antijurídica de esta conducta de detención ilegal reside fundamentalmente, en la innecesaria lesión de otros bines jurídicos de la víctima distintos al de la libertad, que hace aún más penoso y reprobable el comportamiento tipificado. En términos generales, la utilización de estos medios especialmente reprobables gravemente antijurídicos contra la integridad corporal del plagiado, sueles ser posterior al instante mismo de la detención ilegal. Ahora bien cuando el secuestro es llevado a cabo con la finalidad de obtener un fin de publicidad; no hay necesidad de que en esta modalidad se produzca la privación de la vida del secuestrado o de una efectiva causación de daños al rehén o a terceros, ni tampoco la circunstancia de que la autoridad ceda al propósito extorsivo. En realidad es suficiente con que la amenaza tenga la gravedad necesaria en función de las circunstancias crónicas y tópicas que pudieran hacerla factible; empero si el secuestrado es privado de la vida por su o sus secuestradores, se aplicara pena de hasta setenta años de prisión. LV


En cuanto a los secuestros cuya finalidad consiste en sembrar el miedo en la población estaríamos hablando de una clara referencia espacial es decir, una condición de lugar señalado en el tipo, en que ha de realizarse la conducta o producirse el resultado. Es una situación especialmente provocadora de inquietud e inseguridad sociales, ya que la conducta tipificada tiene una gran fuerza expansiva sobre la tranquilidad pública por afectar la seguridad de tránsito en las vías de comunicación; entendiéndose por camino publico las vías de transito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario, y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones. “En cuanto a la mención que se hace de lugar desprotegido o solitario; se trata de una referencia moral del delito, que participa de la doble circunstancia de lugar y de tiempo, pues un paraje solitario puede ser cualquier sitio que en el momento de ejecutarse la detención ilegal se encuentre despoblado o deshabitado, o bien entendiendo este como el lugar situado en poblado o despoblado pero que por la hora en que los hechos acontecen el sujeto pasivo se encuentra imposibilitado para pedir auxilio y obtenerlo por ausencia de persona; además cabe señalar que nuestra legislación penal federal impone una pena de treinta a cuarenta años de prisión al o los secuestradores, si a la víctima del secuestro se le causa alguna lesión prevista en los artículos 291 a 293 del mismo precepto legal, imponiendo a esta modalidad de secuestro pena privativa de libertad de quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa” (Carranca y Trujillo. Raúl, México 1999). “PLAGIO O SECUESTRO. EL LUGAR DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESE DELITO ES IRRELEVANTE.” Para la integración del delito de plagio o secuestro en términos de la fracción I del artículo 366 del Código Penal Federal, obsta que la privación de la libertad no se efectúe en una cárcel privada o lugar cerrado, sino dentro de un automóvil y por breve lapso, si la finalidad del sujeto activo del delito es la de golpear y amenazar al ofendido (Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en Revisión 192/090). LVI


Sin lugar a dudas los factores comunes que los secuestradores comparten para llevar a cabo este tipo de conducta, independientemente del resultado que se produzca con ello; son la falta de ética y valores morales, combinado con la falta de respeto a la vida y dignidad humana. La magnitud de estas fuerzas o la falta de las mismas son quizá factores determinantes que conducen a dichos individuos a cometer este crimen. También debemos admitir que algunos secuestros son realizados por presiones de la sociedad o su situación específica sea económica y mental, lo cual lleva a ciertos individuos a cometer actos sin pleno control de sus facultades e ignorando sus principios morales y éticos, dejando entre sus víctimas un terrible miedo ya que el secuestro debe su extraordinario difusión a poderosas razones, dejándose ver como grandes monstruos con gran poder sobre cualquier persona o lugar. Del mismo modo el plagiario obtiene diferentes ganancias a través del hecho de secuestrar, suele hacerse mayor énfasis en la pecuniaria y política. Pero también hay otros beneficios que se derivan de los anteriores. El secuestro es un acto de fuerza que denota tener la capacidad de controlar la libertad de algunos miembros de la comunidad; o vistos en espejos devela la limitación del Estado para asegurar los derechos constitucionales de sus asociados. Estas ganancias le dan a los plagiarios un sentido de territorialidad, de autoridad en las zonas de secuestro. Pero además, existe una ganancia psicológica, que es la satisfacción personal interna que se siente al llevar a cabo el acto de secuestrar. Si no existiera tal satisfacción y el secuestro le fuera algo penoso, posiblemente buscaría otro tipo de actividad delictiva que le fuera más gratificante y más fácil de consumarse como los robos o los homicidios. Ahora bien en cuanto a los objetivos que tienen las autoridades, al momento de hacer una investigación para el caso de los secuestros podemos establecer como objetivos generales: •

Rescatar al rehén sano y salvo y,

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Capturar a los secuestradores.

Y como objetivos particulares; LVII


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Establecer los motivos del secuestro.

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Recuperar el botín entregado a cambio de la libertad del secuestrado.

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Delimitar cual fue el vínculo que llevo a los secuestradores a elegir a su víctima y por último. Someter a justicia los culpables del secuestro.

1.3.2. Elementos de Operación de los Secuestradores. Dentro de este apartado estableceremos la forma de cómo operan las bandas delictivas dedicadas al secuestro; así como la participación de cada miembro que integra este tipo de bandas delictivas. “Para que un secuestro se lleve a cabo deben unirse varios factores a fin de que en conjunto, propicien el ambiente ideal para la consumación del acto criminal. Los delincuentes para llevar a cabo un secuestro previamente han analizado detalladamente la situación de la persona importante, lo vigilan, lo siguen, toman nota de todas sus actividades y hábitos y si encuentran un hueco en su seguridad que pueda ser aprovechado, materializan el secuestro, la mayor parte de las veces en forma violenta y dramática” (Afanador y Cols, Colombia 1994, p. 108). Algo que debemos tomar en cuenta y no olvidar es que los secuestradores pueden ser personas que en su vida ordinaria simulen ser ciudadanos dedicados a un trabajo honesto, abnegados padres de familia y cumplidos esposos, pero que como actividad oculta, dedican su tiempo extra a esta ocupación que es considerada como una de las más desagradables incluso dentro del mundo de la delincuencia. Un secuestro generalmente es realizado por la delincuencia organizada; o bien por delincuentes comunes o personas con cierta filiación política. LVIII


La mayor parte de los secuestros en nuestro país son realizados por pequeñas bandas, distribuidas a lo largo y ancho de nuestra geografía. Todas necesariamente armadas y con el equipo mínimo logístico; como vehículo de transporte, medios de comunicación y lugares o sitios (casas de seguridad) donde se llevara a cabo la retención de la víctima. Generalmente dentro de una banda de secuestradores existen diferentes tipos de responsabilidades para cada miembro de la organización; partiendo desde los que realizan el secuestro, otros ejecutan maniobras de distracción o bloqueos de vías de comunicación, otros contribuyen al traslado de la víctima en ocasiones en vehículo distinto con el que se realizó el secuestro, otros tienen la encomienda del cuidado y custodia con distintos turnos, otros se encargaran del suministro de los alimentos y otros del proceso de negociación. Los organismos de seguridad normalmente tienen conocimiento de los casos cuando estos ya se han ejecutado y proceden entonces a investigar a todas aquellas personas que han tenido algún contacto con la víctima, ya que muchos secuestros tienen conexión con personal involucrado en un conflicto laboral, algún trabajador despedido, el servicio doméstico, amistades de los hijos o hijas, conductor personal, guardaespaldas, etcétera. “Un caso de secuestro genera hasta doce empleos mal habidos, destacándose entre los más importantes: •

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Iniciador. Es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. Plantero. Individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo, el que consigue el vehículo, la casa donde se encierra a la víctima, y las armas. Lava perros. (Grupo de aprehensión o levante). Son las personas encargadas de interceptar, aprehender y levantar a la víctima, movilizarla trasladándola y entregándola para su custodia en el lugar de cautiverio. Se conocen como los desechables porque poco les importa su vida o las del secuestrado. LIX


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Grupo de vigilancia o custodios. Son las personas encargadas de la vigilancia, cuidado, alimentación y mantenimiento del secuestrado mientras permanezca en cautiverio, dentro de este subgrupo generalmente interviene una mujer que es la encargada de alimentar a la víctima, es decir las personas con estas responsabilidades son las encargadas de “ayudar” a la víctima a construir su prueba de supervivencia” (Ibídem, p. 116).

Así lo refiere Hilda Marchiori, al exponer que “dentro de las complicadas conductas de secuestro, en la que en la mayoría de los casos terminan en crimen, la mujer tiene uno de los roles más importantes del grupo que realiza el secuestro” (Marchiori, Hilda, 2004, p. 200). “La mujer sobre todo en secuestro de niños es la que motiva el secuestro, da los principales datos de la víctima, organiza el grupo que va a llevar acabo el delito, pero los que la ejecutan son hombres. Ella solo actúa en dos etapas, en la preparación del secuestro y en la elección de la víctima y posteriormente en el cuidado y asesinato de la víctima. También es interesante observar que muchas mujeres que participan en secuestros han tenido como actividad principal el trabajo doméstico y enfermería” (Ibíd. p. 202). •

Negociador. Es la persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima, poniéndose en contacto con la familia del secuestrado, presionando psicológicamente, organizando los procedimientos de entrega de rescate y en ocasiones recogiendo ellos mismos dicho rescate.

Así derivando de lo antes dicho podemos decir que: las organizaciones de delincuentes dedicadas al secuestro tienen un esquema similar a una empresa legalmente establecida, así también dicha organización se puede comparar con la actividad realizada en un gran supermercado o en una pequeña tienda de abarrotes en donde cada uno de sus miembros tienen funciones específicas a realizar.

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“Se estima que un 80% de los secuestros participan entre dos y cuatro secuestradores; en el 15% participan cinco o más y únicamente el 55 de los secuestros son ejecutados por un solo individuo”. La selección de la víctima es quizá una de las actividades más importantes de los delincuentes; ya que deben tomar en cuenta algunos factores como son: •

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Que la persona señalada sea descuidada e imprudente en materia de su propia seguridad. Si la persona señalada tiene una o un amante y lleva una vida secreta con su pareja ocultándose en apartamentos y hoteles de paso. Si la persona señalada es una figura pública.

En la mayoría de los casos de secuestro las víctimas son personas del sexo masculino y mayores de dieciocho años, en pocas ocasiones se deciden por mujeres o niños. Esta víctima como se menciono es identificada por sus bienes o capacidad económica, datos que se obtienen del resultado que arroja la investigación que realizan los propios secuestradores; estas investigaciones son realizadas cuidadosamente acerca de la situación económica, carácter y salud de la víctima. También analizan sus puntos débiles, su relación con autoridades, sus amigos, su actividad, sus movimientos, y sobre todo las medidas de seguridad que adopta. Lo anterior es seguido de un cuidadoso estudio para decidir el momento óptimo y el lugar donde ha de ejecutar el secuestro, cuál será la ruta para el traslado, el lugar seleccionado para retener a la víctima y la estrategia de negociación. Más del noventa por ciento de los secuestros se realizan cuando la víctima se encuentra camino a su casa o a su trabajo, ya que difícilmente se puede cambiar la ruta hacia estos sitios. Cabe resaltar que la mayor cantidad de secuestros suceden entre las cinco y ocho horas y entra las diecisiete y veintitrés horas. Otros factores que también influyen son la facilidad con que puede ejecutarse el secuestro, su forma de vida, la posibilidad de predecir su desplazamiento y su actitud LXI


ante su seguridad. Una vez ubicada la víctima y seleccionada la hora y otros detalles de importancia, un plan de secuestro pueden contener las siguientes acciones; un vigilante avisa con equipo de radio o por teléfono a los encargados de la acción de secuestro, estos obstruyen con o sin violencia el paso de la unidad en la que se traslada la víctima, la víctima es obligada a permanecer todo el tiempo con los ojos vendados, para que nos sea capaz de reconocer las características de sus raptores, así mismo se le golpea y amenaza; durante su captura se trasplanta al prisionero a varios automóviles diferentes a fin de despistar a las autoridades, se amordaza y se le atan las manos y pies para crear un ambiente de confusión y amedrentar a la víctima. Una vez que el secuestrado es llevado al lugar de retención siendo este un lugar deshabitado que tenga las ventanas cubiertas para esquivar el paso de los rayos solares, evitando en esa forma que el secuestrado pueda saber si es de día o de noche; es obligada a quitarse los zapatos para que tenga dificultad al caminar generalmente la víctima es retenida en un radio de sesenta kilómetros a la redonda y es obligada a caminar algunos metros para contribuir a su desorientación; en algunos casos es retenida a escasos kilómetros de donde fue secuestrada, ya que los delincuentes temen que al utilizar las carreteras sean descubiertos. Los secuestros en el hogar resultan mucho más difíciles de realizar porque la persona puede sospechar o percibir que podría ser rescatada y guardara todo tipo de precauciones, sin embargo estos pueden ocurrir cuando sale o regresa o su casa. Ahora bien en cuanto a secuestros del sector rural, las víctimas son retenidas en los montes, cerros o pequeñas áreas boscosas. Cuando se trata de personas del sector urbano estas son retenidas principalmente en casas, bodegas o lotes baldíos de las ciudades. El cuidado del secuestrado es realizado por los miembros de baja categoría o fácilmente prescindibles de la banda pues son los más viables a ser capturados, ya sea en un ataque sorpresa o bien porque una vez liberada la víctima pueda reconocerles. LXII


Estos cuidadores son delincuentes de poca monta o personas que son contratadas por los que tienen mayores conocimientos sobre la organización. Raras veces los organizadores del secuestro o jefes de la banda visitan a la víctima y cuando lo hacen, únicamente es para reforzar el proceso de negociación o interrogarla, considerando como técnica más efectiva la desmoralización mediante humillaciones y degradaciones, por ejemplo, negándole el sueño o la comida; es común el vendaje continuo de ojos y oídos, sobre todo el cerrojeo constante de armas, clic en la cabeza, cuando los secuestradores simulan ajusticiarlos con sus armas descargadas. Durante este proceso es posible que uno de los cabecillas permanezca largos periodos junto a la víctima para construir una relación basada en la dependencia psicológica, por ejemplo, haciendo que dependa absolutamente de él para su alimentación, su tranquilidad o su contacto con el mundo exterior. El secuestro supone convivir por semanas y meses con el plagiado, observar su deterioro físico y psicológico y tratar de no dejarse influir por ellos, supone al mismo tiempo, tener que ejercer presión física y psicológica permanente con crueldad refinada, sin agotar a la víctima y sin permitirle sentir que se pueda escapar o que pueda salir con vida del secuestro sin haber pagado el rescate. Es más, aunque se puede aprender cuando y de qué manera ejercer presión, se requiere de una buena dosis de intuición psicológica para saber hasta dónde llevar el secuestro. El secuestrador no suele identificarse con la víctima, ni con sus padecimientos ni con la situación que vive; aunque algunos ex secuestradores señalan que si hay victimarios que lo hacen. Por lo general, el secuestrador asimila los padecimientos, suplicas y ruegos del secuestrado como si se tratara de hechos aislados, con una aparente insensibilidad, y suele utilizarlo para controlarlos y someterlos y así lograr su objetivo final. “Tanto en los secuestros llevados a cabo por la guerrilla, como en los efectuados por la delincuencia común quienes vigilan a las víctimas durante semanas o meses suelen ser personas de baja posición en la organización delictiva con escasas y ninguna LXIII


capacidad de decisión. Son individuos que solo cumplen órdenes superiores, lo cual les permite no comprometerse ni con el secuestrado ni con lo que ellos mismos le hacen. Se perciben así mismos como una parte mínima e insignificante de un gran engranaje del que difícilmente se pueden sustraer y que los empuja a actuar sin autonomía sobre sus propios deseos y placeres” (Meluk, E., Colombia, 1998). Los secuestradores de oficio saben que es posible que quienes vigilan al secuestrado terminen identificándose con su estado y cediendo a sus requerimientos de compasión y libertad, lo cual atenta contra el objetivo central del plagiado. Por ello las organizaciones guerrilleras y algunas criminales establecen turnos de vigilancia y rotan cada determinado tiempo a quienes vigilan disminuyendo así la posibilidad de fracaso de la operación. No hay que olvidar que quienes cuidan a un secuestrado también están limitados en sus desplazamientos y están sometidos a la tensión permanente de una posible operación de rescate por parte de las autoridades o a un intento de fuga, lo cual los hace más vulnerables psicológicamente. Vulnerables bien sea para bajar la guardia con respecto al secuestrado, permitir su fuga o negociar el rescate separadamente o lo que es más frecuente, para desconcentrarse, tornarse irritables, violentos y perder la capacidad de analizar lo que sucede en torno al secuestro, a la negociación y al secuestrado. Así entonces se advierte que los secuestradores suelen dividirse en dos subgrupos. Unos que podrían denominarse como “los duros”, los malos, los que amenazan y amedrentan a la víctima sin reparos éticos ni morales aparentes; y otros que podrían clasificarse como “los blandos”, los buenos, que quienes a través de una identificación parcial con sus dificultades físicas y psicológicas del secuestrado, tratan de mejorar sus condiciones de cautiverio y lo apoyan en determinadas situaciones críticas. En la mayor parte de los secuestros los familiares no permiten la publicidad al menos hasta haber liberado a la víctima, para evitar la intervención de las autoridades, en este tipo de casos los secuestradores que actúan por móviles económicos también intentaran mediante amenazas evitar que la opinión pública conozca del hecho. LXIV


La notificación a los familiares se da a través de un recado que dejan en el sitio donde se realizó el secuestro o bien es enviado con los acompañantes de la víctima; en otros casos se comunican telefónicamente con los familiares; dicha comunicación lleva consigo invariablemente una amenazadora advertencia en el sentido de no avisar a la policía, o de lo contrario se dará muerte a la víctima seleccionando cuidadosamente a quien se le dará el primer aviso, estableciendo así un dominio psicológico por parte de los secuestradores para controlar todo el proceso a través de insultos y amenazas para sensibilizar a los familiares con el propósito de lograr su objetivo. Es común que las amenazas empleadas sean tan crueles, que se han dado casos en los que los familiares no cumplieron con las exigencias de los captores, que estos para ejercer presión cortaron la oreja izquierda de su víctima y se la enviaron a los afectados para que se dieran cuenta de que estaban dispuestos a todo. Los secuestradores, en la mayoría de los casos, exigirán un arreglo inmediato aprovechando que los familiares de la víctima se encuentran sumamente impactados. Como el objetivo es canjear a la víctima por dinero, es difícil que se mate a la víctima, aunque por supuesto los plagiarios amenazaran con hacerlo ya que los secuestradores prefieren siempre el rescate a tener que matar a la víctima sin posibilidad de cobro. Lo más común será que exijan una cantidad mayor con el fin de tener un mayor margen en la negociación, en muchos casos se consigue pagar menos del veinticinco por ciento de la suma solicitada al principio. En cualquier caso la imposibilidad de pagar la cantidad inicialmente requerida sé verá amenazada por un: “si lo quieren volver a ver vivo, tienen que pagar el rescate, y recuerden si avisan a la policía no lo volverán a ver y se van a arrepentir toda su vida”; esta es la provocación más común que se utiliza para amedrentar a la familia. Ahora bien, si los familiares no se dejan atemorizar, lo secuestradores tienen que resignarse a un largo proceso de negociación en el que procuraran mantener al margen a la policía y continuar la comunicación a través de un teléfono no intervenido en el que LXV


uno de los secuestradores realiza la llamada por lo regular este tipo de llamadas son realizadas desde un teléfono público o desde una caseta rural. En el caso que se requiera un negociador lo más recomendable es seleccionar a una persona ajena a la víctima (si es con experiencia mucho mejor), aunque deberá ser un individuo inteligente, calmado, paciente, frío y capaz de saber cuándo tomar decisiones sin que se aparte de las indicaciones trazadas por los familiares, con un ligero entrenamiento y con el apoyo psicológico para definir el perfil criminal de los delincuentes. “Los negociadores deberán tomar nota con mucho cuidado de cuanto acontece, debiendo anotar fecha y hora de las comunicaciones, el tono de voz, así como todo lo que deseen comunicarle a los secuestradores; de ser posible deberá grabarse cada comunicación que los secuestradores realicen” (Ibíd., p. 335). Normalmente a una familia en trance de rescatar a un ser querido le toca pasar el siguiente proceso: el primer paso es verificar y obligar al negociador de los captores que demuestren si realmente tienen en su poder a la víctima y que esta se encuentra con vida, una forma común de verificar es mediante la ejecución de una pregunta que la familia se encuentra totalmente segura que la única persona conocedora es la víctima y no sus raptores, esto es con la finalidad que los secuestradores no pueda haber hecho una serie de pruebas anteriores para hacer creer que la víctima está viva. El segundo paso es escuchar al negociador de los raptores acerca del monto del rescate que está pidiendo, para proceder así entonces a hacer una oferta inmediata y baja. Esta oferta es como un seguro de vida para la víctima, pues demuestra a los captores que están dispuestos a pagar y se obliga a mantener con vida a la víctima. Tomando en cuenta lo anterior, por cada día que pasa, aumentan las probabilidades de que los secuestradores sean localizados y descubiertos, en el transcurso de esos días la tensión y el nerviosismo contribuyen a su agotamiento.

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Esta sensación se intensifica cuando creen que el rescate esta ya a su alcance, por ello con una buena negociación se puede lograr una situación de control. Ahora bien en cuanto al rescate, lo más seguro es que los secuestradores exijan billetes usados de baja denominación en bolsas o cajas, que por indicaciones deberán ser depositados en un sitio que ellos previamente definirán; cabe destacar que en algunos casos pueden incluso, negociar parte del monto del rescate por alhajas u otros bienes valiosos fácilmente transportables. Se debe tomar en cuenta que la principal preocupación de los delincuentes es que no se vigile el lugar de la entrega del dinero. Por tal motivo proponen a veces un complicado plan en el que es común que en el último momento se cambie ese lugar para evitar que los familiares de la víctima preparen operativos policiacos para capturarlos. Normalmente solicitan que el rescate sea entregado después de las dieciocho horas porque ante cualquier riesgo que corran estarán protegidos por la oscuridad de la noche. “Debemos tener presente que los secuestradores para liberar a la víctima primero cuentan el dinero, y cuando no se cumple lo pactado la vida del secuestrado estará en grave peligro. Generalmente hasta que los secuestradores estén seguros de sus exigencias, es entonces cuando es liberada la víctima” (Ibídem, pp. 345-347). La operación del cobro del rescate es otra de las más complejas y complicadas, puesto que representa la posibilidad de dar pistas a la policía; por ello buscaran asegurarse de que no son seguidos por nadie cuando recojan el dinero, por ello es preferible emplear un discreto trabajo de investigación durante el proceso de negociación para que una vez liberada la víctima se intente conseguir la captura de los delincuentes. “Una operación que se ha utilizado en secuestros, después de terminar las negociaciones, y ya recuperada la víctima es hacer pública a las autoridades ya a la LXVII


prensa, que la cantidad pagada por el rescate fue mucho mayor de lo que realmente ocurrió, esto con el fin de generar confusiones internas en la organización, desconfianza hacia el negociador; ya que seguramente le dan más credibilidad a las autoridades y a la prensa, lo que hará, por el tipo de personas que son, que se maten entre ellos”. Al final del proceso es frecuente que las familias se desintegren, justo cuando el secuestrado regresa a casa. Se generan resentimientos, hay problemas de dinero, se separan las parejas, muchas personas entran a casas de reposo y la situación nunca vuelve a ser la misma. Si por el contrario, el secuestrado no regresa, la situación es a veces peor por los sentimientos de culpa y por la poca eficacia de las autoridades competentes por resolver el caso. 1.4. Modos del Secuestro. 1.4.1 Secuestro simple. Dentro de las diferentes modalidades del secuestro se encuentra: Económico: Esto es responsivo de los resentimientos sociales o producto del secuestro y la extorsión. Esta modalidad es la más usual y presenta las siguientes características: •

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No requiere ni conviene publicidad. Los autores permanecen en el anonimato o se identifican con otras organizaciones, generalmente como Delincuencia Común. El dinero recolectado se emplea para el desarrollo de planes terroristas, planteamiento de otros secuestros, adquisición de material de guerra y para usufructo personal.

Político: Busca principalmente chantajear al gobierno para presionar causas perdidas, especialmente en los grupos subversivos y narcotraficantes (Marco Antonio Besares Escobar, México 2003 pp. 36-37). LXVIII


1.4.2 Secuestro Exprés. Fue en la zona metropolitana de la ciudad de México donde aparentemente se inició el Secuestro Express. Así, este crimen se presentó en diversas ciudades del país, como Guadalajara, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Chapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca donde se viene observando como las personas adineradas están incrementando su seguridad personal y presionando al gobierno para sacar adelante una ley que disminuya los secuestros (Ibídem). La industria del secuestro en México registra cifras que nos colocan en un segundo lugar a nivel mundial, pese a que cientos de los llamados “Express” no son denunciados. El secuestro Express es una de las actividades con mayor crecimiento, consiste en secuestrar a una persona la cual es llevada a un cajero automático para sacar de sus tarjetas de crédito el máximo establecido de dinero en efectivo y dejarlo en libertad. En algunos casos estas personas son retenidas por más tiempo con el fin de que al pasar la media noche el sistema del banco autorice un nuevo retiro esta actividad se realiza en restaurantes, cerca de los bancos o comercios y en otros casos, la víctima es llevada a un comercio para efectuar retiros. 1.4.3 Narco Secuestro El secuestro como un delito, se define como un acto donde se priva de la libertad a un ciudadano y se pide a cambio de su libertad una condición o una recompensa en dinero o en especie. En Narco secuestro es un delito operado por grupos criminales con nexos al crimen organizado del narcotráfico, actualmente operan en todo el país, esta modalidad cada día va con tendencia a la alza. Son levantados en zonas rurales y urbanas donde no basta con tapiar la casa, quienes los levantan como perros de guerra persiguen a su presa hasta debajo de las piedras la LXIX


raptan camino a la escuela, cuando hace deporte o en su casa mientras ve el televisor no importa si está sola o en compañía, llegaron los secuestradores y se lo llevaron, como en los corridos de la revolución cuando a los hombre se los lleva la leva sin previo aviso. Se le mire por donde se le mire es una trampa para propios y extranjeros. De 2008 a la fecha más de 200 hombres han sido levantados sin que haya indicios de su paradero, la cifra corresponde solo a los casos denunciados ante instancias estatales y federales, los casos se consideran, conservadores ante las circunstancias en las que se efectúan las sustracciones o de quienes participan en ellas pues “los familiares no denuncian por temor a represarías “explica la abogada Blanca Elizabeth Martínez directora de los Derechos Humanos Fray Juan De Larios, de Saltillo, quien fue una de las primeras en denunciar públicamente este tipo de agresiones (Revista Proceso). La existencia de "La Familia Michoacana", "Los Zetas", "Los Pelones" entre otros grupos del crimen organizado, ligados al narco, disparó la práctica conocida como "levantón" y que nada tiene que ver con el secuestro económico. El "levantón" se realiza para calentar una plaza, es decir, llamar la atención de la autoridad para que entre, principalmente el ejército y así, entorpecer la actividad de un cártel rival en dicha plaza. Pero el "levantón" también se realiza para limpiar una plaza, es decir, desaparecer soplones, rivales y personas que pueden causar problemas a la operación de un cártel, con una cifra de más de 20 mil desaparecidos y 22,875 DESAPARECIDOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS A MANOS DEL CRIMEN ORGANIZADO, con 7,433 víctimas en 12 meses. 1.4.4. Secuestro Virtual. Es un secuestro que no existe, en donde los delincuentes aprovechan la ausencia de una persona para extorsionar a su familia y obtener montos de entre 3 mil y 8 mil pesos mexicanos o cifras fáciles de reunir en un par de horas.

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En este ilícito según la procuraduría de justicia ha identificado la participación de guardias privados de seguridad de los fraccionamientos residenciales, que conocen quienes de los vecinos no tienen canales de comunicación directa e inmediata. Además se ha encontrado meseros de bares y restaurantes, que aprovechando la petición de la alguna llamada toman la agenda de las víctimas y marcan los números telefónico para extorsionar a la familia del cliente. Mientras "el secuestrado" se está divirtiendo ajeno a la angustia de sus seres queridos (Marco Antonio Besares Escobar, México 2003 p. 39). 1.4.5. El Auto secuestro Ante la moda de este delito algunos menores y jóvenes han encontrado mediante su ocultamiento la fórmula para obtener recursos económicos. Este es el caso mediante el cual un sujeto se oculta y se dice secuestrado para recuperar una cantidad de dinero. Puede realizar esta acción el solo o en compañía de un grupo de criminales. Como consecuencia de esta modalidad de secuestro el policía Roberto Martínez Iglesias elaboro una clasificación de este delito bajo los objetivos del auto secuestro como: 1. Pedir rescate 2. Obtener un fin de publicidad política 3. Sembrar el miedo en la población, como variante terrorista. En la actualidad tiene cierta incidencia que se unen solamente para ejecutar el ilícito penal (Carrión Tizcareño, Manuel, México, 2006). 1.5. El Marco jurídico del secuestro Se puede establecer que el secuestro constituye una violación grave a los derechos humanos, que atentan contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias enteras y víctimas del delito.

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Es al mismo tiempo una violación a los artículos primero, tercera, quinta y novena, encontrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Constitución encontramos una infinidad de libertades de las que todo individuo tiene derecho a gozar en su vida diaria, pero de todas las libertades sólo hablaremos de la libertad a que se refiere el artículo onceavo constitucional que a la letra dice: “Artículo 11: Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros requisitos semejantes...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2010). De acuerdo a lo anterior se reconoce mediante nuestro máximo ordenamiento, que toda persona tiene derecho a la libertad de tránsito, conocida como libertad de movimiento, la cual se traduce en la facultad que tiene todo individuo para entrar y salir del país, para desplazarse libremente por su territorio, así como fijar o mudar su domicilio sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, no obstante somete el ejercicio de este derecho a las facultades que las autoridades judiciales o administrativas puedan ejercitar sus facultades y restablecerse en caso de ser necesario por un arraigo domiciliario, es decir, por el hecho de que la autoridad competente así lo designe. A partir de lucha de independencia, la libertad ambulatoria, fue reconocida en diversos documentos públicos fundamentales, desde el artículo 7º del Decreto Constitucional para la Libertad de las Américas Mexicana, es decir, en la Constitución de Apatzingán hasta su similar de 1917. La libertad ambulatoria, es la posibilidad de desplazarse y establecerse libremente, salvo que exista disposición expresa por parte de la autoridad, pudiendo ser en el caso de una sanción judicial o administrativa; en el primer caso, se insiste, puede ser una orden de un juez que prohíba a una persona abandonar determinado lugar (arraigo); y en segundo (administrativo) que compete al presidente de la república a través de la secretaria de gobernación, al impedir la entrada a LXXII


determinado individuo en el territorio nacional o que establezca en el domicilio, cuando no cumpla con las disposiciones legales necesarias; asimismo podemos referir su relación con el artículo 33 constitucional en el caso de la posibilidad de expulsión de un extranjero del territorio nacional. Por otro lado, es importante señalar que hay legal privación de la libertad, a través de órdenes dictadas por mandamientos expresos de autoridad competente, como lo señala el artículo 14 constitucional, al establecer en lo relativo lo siguiente: El artículo 14, párrafo segundo dice; “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2010). El contenido de esta disposición constitucional, concebida en sus propios términos en el proyecto de constitución elaborado por Don Venustiano Carranza y que fueron aprobados sin discusión en el Congreso de Querétaro, corresponde a la fórmula norteamericana del “debido proceso legal...” (Burgoa Orihuela, Ignacio, México, 2001). Ahora bien, el artículo comentado también establece en su párrafo tercero lo que a continuación se cita: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata” (Ibídem, p. 38). Al respecto el profesor Ignacio Burgoa, nos dice lo siguiente: dicha garantía tiene como campo de vigencia la materia procesal penal e implica el tradicional principio de legalidad que se enuncia. Este postulado establece la bifurcación de la legalidad sobre dos elementos: los delitos y las penas. LXXIII


A virtud de él, por consiguiente, un hecho cualquiera, que no esté reputado por la ley en su sentido material como delito, no será delictuoso, o sea, susceptible de engendrar una penalidad para el que lo comete (Burgoa Orihuela, Ignacio, Op. cit., p. 574). Por ello, para que un hecho (acto positivo u omisión) constituya un delito, es menester que exista una disposición legal que establezca una pena para su autor, por lo que cuando no exista aquélla, el acto o la omisión no tiene carácter delictivo. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, no se pierde su contenido por ser importante, ya que nos dice lo siguiente: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, LXXIV


lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2010). De esta manera la garantía que mayor protección imparte al gobernado dentro de nuestro orden jurídico constitucional, es sin duda alguna, al de legalidad consagrada en el artículo 16. La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de que por su mediación se protege a todo el sistema de derecho objetivo de México, desde la misma Constitución hasta el reglamento administrativo más minucioso. La garantía de legalidad implicada en la primera parte del artículo 16 constitucional, que condiciona todo acto de molestia, se contiene en la expresión, fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. La segunda parte del evocado artículo, concierne a que la orden de aprehensión o detención librada en contra de un individuo emane de la “autoridad judicial; este concepto está contenido en el mencionado precepto en su sentido formal, esto es, que por autoridad judicial debe entenderse aquél órgano estatal que forma parte del poder judicial, bien sea local o federal, según sea el caso” (Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 614).

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Por otro lado, se presenta la cuestión de si la autoridad judicial que deba dictar la orden de aprehensión contra un sujeto, debe también ser competente. Sobre éste particular e interpretando gramaticalmente la parte del artículo 16 constitucional en que dicha idea se involucra, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en ejecutoria que éste precepto: “No menciona, entre los requisitos para que se dicte la orden de aprehensión, que la autoridad que la ordene sea competente, sino que sólo sea judicial, sin perjuicio, naturalmente, de que, durante el curso de la averiguación, se promueva lo que se estime pertinente respecto de la competencia” (Ibídem, p. 615). De esta manera, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe emanar de una autoridad judicial en su sentido formal del concepto; sin embargo; existen excepciones o salvedades constitucionales en ésta garantía y que son; en caso de delito flagrante, (que se entiende como el hecho delictivo cuya ejecución es sorprendida en el momento de estarse realizando la conducta), considerada como delictiva, pero que debe ser puesto sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público. El otro supuesto será cuando se trate de caso urgente, en éste, se refiere cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Por otro lado, una vez precisados los límites constitucionales, entrando al ámbito en materia sustantiva y estableciendo un marco jurídico del delito que nos ocupa, el nuevo Código Penal para el Distrito Federal publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal, número 96-02 del 16 de julio del 2002, el cual establece la descripción del tipo penal en comentado, debiendo entender primero que es el tipo penal y que ha sido definido como la descripción legislativa de una conducta ilícita plasmada en un ordenamiento legal (López Betancourt, México, 1998). LXXVI


En el secuestro, el tipo básico se encuentra en el artículo 163 de dicho ordenamiento que como ya se ha mencionado con anterioridad es “la privación de la libertad para obtener rescate...”, del cual se desprende su punibilidad entendida ésta como “un elemento secundario del delito, que consiste en el merecimiento de una pena, en función o razón de la comisión de un delito”, siendo éste uno de los delitos sancionados con una penalidad que va de los 10 a los 40 años, considerándola dentro de las más penadas que establece este ordenamiento. Para esto el delito de secuestro es un tipo básico, autónomo, cerrado, con elementos descriptivos y normativos. Éste delito se comete por acción dolosa, específicamente privando de la libertad a alguien. Caracteriza al delito el ser de lesión y de resultado, admitiendo la tentativa y supuestos privilegiados y agravados, que se verán en los artículos siguientes, además éste se persigue de oficio y excepcionalmente a petición de parte como lo menciona el artículo 167 del Código Penal para el Distrito Federal. Pero en el caso del artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal, éste va a presentar una serie de agravantes y atenuantes que van acompañar a éste delito, casos en los que puede aumentar la penalidad así como la sanción pecuniaria. El artículo mencionado con antelación explica: “Artículo 164. Se impondrán de quince a cuarenta años de prisión y de doscientos a mil quinientos días multa, si en la privación de la libertad a que hace referencia en el artículo anterior, concurre cualquiera de las circunstancias siguientes: I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo: II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, o se ostente como tal sin serlo; III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo; LXXVII


IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza depositada en él o los autores; o V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad. VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado de hecho; o VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme a lo previsto en el artículo 130 de éste código sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso para la imposición de sanciones. Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo anterior, las penas serán de una quinta parte” (Agenda Penal del Distrito Federal, Op. cit., p. 40). Como ya se mencionó este artículo advierte una atenuante, y será en el caso de que el secuestrado sea liberado, para esto la liberación no es otra cosa que una persona sea puesta en libertad siendo que se encontraba privada de ella. Además este artículo establece un lapso de 24 horas desde su privación de la libertad. Además de lo ya mencionado por el artículo anterior, existe otra circunstancia que ya no está incluida como una agravante más, sino que hace mención aparte de ella y es el caso de que se de muerte al secuestrado, entendiendo que se establecen dos hipótesis, que son las siguientes: La primera de ellas cuando la víctima fallece por cualquier causa, distinta a lo que se considera como un delito contra la vida, es decir homicidio, en éste caso sólo se sancionará la comisión del delito de secuestro, con una pena máxima de 50 años.

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Por otro lado plantea la hipótesis cuando el o los secuestradores priven de la vida al secuestrado, en este caso ya se establece una sanción de acuerdo con las reglas del concurso, ya que no sólo fue la privación ilegal de la libertad, sino además se dio el resultado de homicidio. En el caso del artículo 166 del Código Penal para el Distrito Federal, éste contempla la privación de la libertad llevada a cabo con el objeto de trasladar a un menor de edad, o quien por cualquier causa no tenga capacidad de comprender o resistir la conducta, fuera del Distrito Federal, con el propósito de venderlo o entregarlo a cambio de un determinado lucro. Presupone el legislador la existencia de un cliente, otro que encargó el secuestro, lo que implica que haya a lo menos de un mercado de compra y venta de personas. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo es determinado, toda vez que debe ser una persona menor de dieciocho años o incapaz. Este delito es diverso al tráfico de menores, porque en éste no hay una privación de la libertad, ya que quien ejerce la patria potestad, tiene el consentimiento y conocimiento de entregar al menor para los fines descritos en el artículo 169. En el caso del artículo 167, el legislador incluye entre los delitos de privación de la libertad la simulación de ésta. Considerando que para el caso descrito en la norma, la acción es el engaño por el cual se obtiene el rescate, beneficio o un hacer o no hacer de alguien. El agente activo engaña al o los sujetos pasivos, consiguiendo con ello un lucro, beneficio económico o ventaja. Para el último párrafo de éste artículo, existe una excepción, ya que éste delito se sigue de oficio, pero podrá serlo por querella, esto es a petición de parte ofendida, cuando quien lo lleva a cabo sea un familiar, como lo menciona el artículo. LXXIX


Llevando este orden de ideas, para el caso de las legislaciones estatales, consideran al delito de secuestro como una modalidad del delito de privación ilegal de la libertad, por supuesto la penalidad en cada entidad es variable según la forma de comisión del delito, pero cabe hacer notar que en materia federal también se contempla éste delito, incluso en la ley contra de la delincuencia organizada se establece la facultad de atracción. La penalidad máxima que se establece para este delito en el Distrito Federal es de 50 años; en el caso de los estados de la república como Puebla y Sinaloa también adoptaron esta sanción, que es la máxima a imponer a los delincuentes de este delito; en cambio en Veracruz se penaliza de dos a veinte años y en San Luis Potosí, de cuatro a ocho años de prisión (Leyes y códigos). Consideramos que la discrepancia que existe para sancionar éste delito es muy grande y muy diversa, podríamos proponer la unificación de criterios para que todos los códigos estatales, establecieran la misma penalidad, para sancionar éste delito, ya que se trata de lo mismo, de la vida de un ser humano, de su libertad, y del sufrimiento de la familia del secuestrado. A continuación se analizara las características y la penalidad de cada uno de los supuestos previstos tanto en la legislación federal como en los ordenamientos penales estatales y del Distrito Federal. Sin embargo, para no realizar una innecesaria trascripción de los tipos referentes al secuestro, se clasifica en grupos, los supuestos previstos en cada uno de los ordenamientos penales: Tipo básico de secuestro en el Distrito Federal y entidades federativas; Código Penal: Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Hidalgo, Sonora. Supuestos: Obtener rescate; que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole; causar daño o perjuicio al sujeto pasivo o persona distinta relacionada con él; obligar al LXXX


sujeto pasivo hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole o para que un tercero lo haga u omita (Leyes y códigos). Código Penal: Morelos, Querétaro, Quintana Roo. Supuestos: Obtener rescate; que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole; causar daño o perjuicio al sujeto pasivo o persona distinta relacionada con él (Ibídem). Código Penal: Código Penal Federal, Código para el Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán. Supuestos: Obtener rescate; detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con causarle daño para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad en cualquier otra garantía (Ibídem). Código Penal: Campeche, Tamaulipas. Supuestos: Obtener rescate; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o persona relacionada con ella; hacer uso de amenazas graves, maltrato o tormento; detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de la vida o con causarle daño, sea a ella o a terceros para que la autoridad haga o deje de hacer algo; se haga en camino público o paraje solitario; que los responsables obren en grupo o en banda; sustracción o retención de infante menor de doce años por quien sea extraño a su familia y no ejerza la tutela sobre el menor (Ibídem). Código Penal: Colima, Sinaloa. Supuestos: Obtener rescate o cualquier otra prestación indebida; que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole; causar daños corporales al secuestrado; causar daños o perjuicios al secuestrado o persona relacionada con él (Ibídem). Código Penal: Coahuila, Durango, Jalisco, Tlaxcala. Supuestos: Obtener rescate o cualquier beneficio; causar daños o perjuicios al secuestrado o a personas relacionadas con él (Leyes y códigos).

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Código Penal: Chiapas. Supuestos: Obtener rescate, se imponga cualquier otra condición, sea consecutivo a un delito contra la propiedad o se trate de causar daños a la víctima o a personas relacionadas con ella; hacer uso de amenazas, vejación o tormento en la víctima; detención hecha en camino público regularmente transitado o en paraje público; que los sujetos activos sean tres o más; que la víctima sea mayor de setenta años o un menor de dieciséis años o por cualquier circunstancia esté en situación de inferioridad física; que se detenga en calidad de rehén a una persona con el objeto de presionar a la autoridad para que realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza; que la víctima sea menor de tres años y sea privada de la libertad con el propósito de ser vendida, en cuyo caso también se castigará al comprador (Op. cit.). Código Penal: Chihuahua. Supuestos: Obtener rescate; se trate de obtener información que la víctima o una persona relacionada con ella pueda tener, en razón del empleo o actividad que desempeñe; se amenace con privar de la vida o causar algún daño físico a la víctima; para que ella, un tercero o una autoridad realice o deje de realizar cualquier acto; que la víctima sea menor de catorce años o incapacitada y se tenga la intención de segregarla de su familia, excepto si el autor ejercer la patria potestad sobre el menor o incapacitado o se trata de un ascendiente o descendente por consanguinidad o adopción (op. cit.). Código Penal: Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Nayarit. Supuestos: Obtener rescate o causar daños o perjuicios al secuestrado o personas relacionadas con él; que se haga uso de amenazas graves, maltrato o tormento; detención en camino público, en paraje solitario o en despoblado; cuando obre en grupo; que el secuestrado sea menor de doce años y se le prive de la libertad por un extraño a su familia. Que se cometa por una persona que se ostente como autoridad; que se detenga a una persona en calidad de rehén y se amenace con privarla de la vida o causarle un daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera (Leyes y códigos). LXXXII


Código Penal: Guerrero. Supuestos: Obtener rescate causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad u otras distintas relacionadas con él; que se haga uso de amenazas graves, maltrato, tormento, violencia o se veje a la víctima; cuando se obre en grupo; que en el delito participe un servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución, investigación o sanción de delitos (op. cit.). Código Penal: Oaxaca, Puebla, Zacatecas. Supuestos: Obtener rescate o causar daños o perjuicios a la persona privada de su libertad o a otra persona relacionada con él; que se haga uso de amenazas graves, maltrato o tormento; cuando se obre en grupo; que se detenga a una persona en calidad de rehén y se amenace con privarle de la vida o con causarle un daño, con el fin de presionar a la autoridad para que realice o deje de realizar un acto cualquiera; que el robo de infante se cometa en un menor de doce años de edad, por quien sea extraño a su familia y no ejerza la tutela, ni la patria potestad (Ibídem). Código Penal: Veracruz. Supuestos: Obtener rescate; se pretenda causar daño o perjuicio al secuestrado, se trate de causar molestias a personas distintas del secuestrado, pero relacionadas con él; se pretenda que la autoridad realice o deje de hacer un acto cualquiera; cuando un extraño a la Familia, sustraiga, retenga o por medio de engaño o aprovechamiento de error obtenga a un menor de doce años de edad (Leyes y códigos). A continuación se establecerá la penalidad de los tipos previstos en los diversos ordenamientos legales, tanto en las entidades federativas como en el Distrito Federal. Código Penal: Penalidad Distrito Federal Durango Puebla Sinaloa

Máx. 50. Máx. 50. Máx. 50. Máx. 50. LXXXIII

Min. 20. Min. 10. Min. 18. Min. 30.

Media. 35. Media. 30. Media 34. Media. 40.


Hay que mencionar que aunque la máxima penalidad en cada una de estas entidades es la misma, la mínima es totalmente distinta, por lo tanto la media también lo será. Aguascalientes Campeche

Máx. 40. Máx. 40.

Min. 10. Min. 5.

Media. 25. Media. 27.

Chiapas Estado de México Morelos Nayarit Nuevo León Tabasco Coahuila Chihuahua Oaxaca Sonora Tlaxcala Zacatecas Colima Guerrero

Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 30. Máx. 30. Máx. 30. Máx. 30. Máx. 30. Máx. 30. Máx. 25. Máx. 25.

Min.15. Min. 5. Min. 5. Min. 10. Min. 15. Min. 8. Min. 8. Min. 6. Min. 10. Min. 10. Min. 15. Min. 15. Min. 10. Min. 10.

Media. 27. Media. 22. Media. 22. Media. 25. Media. 27. Media. 24. Media. 19. Media. 18. Media 20. Media. 20. Media. 22 Media. 22 Media. 17. Media. 17.

Estas últimas son las únicas entidades federativas coincidentes en su penalidad, como se puede observar. Baja California Baja California Sur Guanajuato Hidalgo Jalisco Querétaro Quintana Roo Tamaulipas

Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20.

Min. 7. Min. 10. Min. 10. Min. 5. Min. 8. Min. 6. Min. 5. Min. 6.

Media. 13. Media. 15. Media. 15. Media. 12. Media. 14. Media. 13. Media. 12. Media. 13.

Veracruz

Máx. 20.

Min. 2.

Media. 11. LXXXIV


Yucatán Michoacán San Luis Potosí

Máx. 20. Máx. 15. Máx. 8.

Min. 5. Min. 5. Min. 4.

Media 12. Media. 10 Media. 6.

Con base a lo anterior, se puede observar que en general cada estado, así como el Distrito Federal, establecen normativas diversas para que se adecue la conducta al tipo penal que nos ocupa; creemos que los supuestos del tipo básico deberían ser iguales en cada una de las entidades federativas; ya que se trata de un delito que por su naturaleza, su consumación se prolonga en el tiempo, y si en esa prolongación los probables responsables trasladan a su víctima hacia diverso estado y ahí son asegurados, la competencia corresponderá al Juez que haya sido prevenido, es decir, donde haya cesado el delito. La tendencia para homologar los Códigos Penales en el caso de este delito es muy importante, porque es inadmisible que no exista congruencia entre las hipótesis para encuadrar la misma conducta; además admite que se sancione con una disparidad notable, a pesar de ser un ilícito que por su dinámica opera en todo el territorio nacional.

Marco de referencia. INTRODUCCIÓN CAPITULO I. Antecedentes, Conceptos y Modalidades del Secuestro 1.1. Antecedentes históricos del secuestro 1.2. Referencias conceptuales del secuestro 1.2.1. Diversas percepciones de secuestro 1.3. Componentes del delito 1.3.1. Objetivos del secuestro 1.3.2. Elementos de Operación de los Secuestradores 1.4. Modos del Secuestro 1.4.1 Secuestro simple 1.4.2 Secuestro Exprés 1.4.3 Narco Secuestro 1.4.4. Secuestro Virtual LXXXV


1.4.5. El Auto secuestro 1.5. El Marco jurídico del secuestro 1.6. La libertad como un derecho del ser humano CAPITULO II. El Secuestro Dentro de la Sociedad Mexicana 2.1. El delito del secuestro dentro de México 2.2. Impacto social 2.3. Transcurso del secuestro 2.4. Formas de prevención al secuestro 2.5. La forma de conducirse de la víctima 2.6. El modo en que interviene la familia del secuestrado 2.7. La figura del negociador 2.7.1. Perspicacia del negociador 2.7.2. La presencia y mediación del negociador 2.8. Interés social y jurídico que tiene la intervención del Ministerio Público en el secuestro CAPITULO III. Aspectos Jurídicos y Normativos para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Secuestro en la Nación Mexicana 3.1. Estructura del presupuesto público federal para el sistema de seguridad pública en México 3.2. Semblantes jurídicos del delito de secuestro en México 3.3. Estudio experimental del secuestro en México 3.4. Los Costos de la inseguridad y del secuestro en México 3.5. Atenuantes y agravantes del secuestro 3.5.1. Cuando los fines son económicos 3.5.2. Por la calidad y el daño a la víctima 3.5.3. Por la disposición y el número del sujeto activo 3.5.4. Por lesiones a la víctima 3.6. Consecuencias en la víctima 3.7. El ilícito del secuestro y la sociedad mexicana 3.7.1. Padrones indicativos del secuestro LXXXVI


3.7.2. Medidas de seguridad contra el crecimiento de los secuestros CAPÍTULO IV. Acciones Sociales y Métodos del Estado Mexicano en la Disuasión y Persecución del Delito de Secuestro para su Erradicación Total en el País 4.1. El secuestro en México en la primera década del siglo XXI 4.2. Circunstancias sociales 4.3. Un Estudio crítico al secuestro en la sociedad mexicana 4.4 Algunas cuestiones políticas, sociales y económicas que intervienen en la comisión del delito de secuestro 4.5. Índices actuales del constante crecimiento en el delito del secuestro, y las acciones, y métodos que ha implementado el Estado Mexicano para erradicarlo 4.6. Algunas Organizaciones detectadas por el Gobierno Federal dedicadas al secuestro y la pronta disolución de estas agrupaciones por parte del mismo 4.7. Percepción de la delincuencia organizada 4.8. La forma de actuar del Estado frente a la sociedad para prevenir éste ilícito 4.9. Nuevas Formas e interrogantes para tratar de frenar y prevenir el delito de secuestro 4.10. Reformas constitucionales en torno a la Delincuencia Organizada 4.11. La ley federal contra la delincuencia organizada 4.12. Proyecto de ley general contra el secuestro 4.13. Análisis jurídico y social del delito de secuestro en el Centro del país CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.

Hipótesis central En el periodo que abarcan los primeros años del siglo 21 el estado mexicano ha dado mayor relevancia en el discurso político, tanto dentro del país como fuera de él, respecto a su compromiso con el fomento y garantía de la seguridad pública en particular con una de sus manifestaciones más atroces: el secuestro de personas. pese a las cuentas alegres de los discursos y comunicados, subsiste un desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales establecidos (leyes, reglamentos, comisiones) y los resultados concretos reflejados en acciones y políticas públicas explicitas orientadas a prevenir, perseguir, castigar y erradicar esta práctica criminal, con el consecuente impacto negativo en los niveles de legitimidad del estado. Hipótesis secundarias 1) A pesar de los avances en las garantías jurídico- institucionales del estado mexicano con relación a la implementación del andamiaje institucional y jurídico necesario para garantizar la persecución y castigo de este infame delito, se carece aún de una forma de control institucional y personal en los cuerpos de seguridad encargados de su atención, aun pese a que diagnóstico muestra que con demasiada frecuencia, existen complicidad y protección desde la autoridad hacia los grupos criminales que se dedican a este crimen. Sin embargo no existen medidas de control de confianza y castigos que garantice el control de la actuación de estas policías. 2) El escaso éxito y baja presencia de mecanismos institucionales que prevengan, resuelvan y castiguen el delito de secuestro en México, es otra forma de violentar el estado de derecho, convirtiéndose de hecho en una forma de exclusión social que demuestran el retraso de México en materia de justicia.

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7.- PRUEBA EMPÍRICAS O CUALITATIVAS LAS HIPÓTESIS.

Hipótesis central En el periodo que abarcan los primeros años del siglo 21 el estado mexicano ha dado mayor relevancia en el discurso político, tanto dentro del país como fuera de él, respecto a su compromiso con el fomento y garantía de la seguridad pública en particular con una de sus manifestaciones más atroces: el secuestro de personas. pese a las cuentas alegres de los discursos y comunicados, subsiste un desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales establecidos (leyes, reglamentos, comisiones) y los resultados concretos reflejados en acciones y políticas públicas explicitas orientadas a prevenir, perseguir, castigar y erradicar esta práctica criminal, con el consecuente impacto negativo en los niveles de legitimidad del estado.

Para comprobar la hipótesis central que guio esta investigación se desarrolló en primer lugar (capítulo 1) un marco teórico y conceptual basado en los posicionamientos explícitos que se ha reflejado en un marco jurídico e institucional del estado mexicano. Dicho enfoque teórico permite situar tanto en el tiempo como en el espacio la relevancia que para el desarrollo de una vida social plena tiene para los pueblos el desarrollo de un marco de leyes y legalidad, en el capítulo 2 se hizo explicito el antecedente y la situación actual de esta forma del crimen que ofende gravemente a la población provocando una situación de vulnerabilidad ante la amenaza de los grupos criminales y la falta de capacidad, o en el exceso, complicidad del estado; dicha situación es característica de los estados autoritarios quienes ocupan este mecanismo para someter mediante el miedo a la sociedad. Por ello es de primer orden incentivar la vivencia de una serie de principios de control ciudadano al cuerpo ejecutivo que garantiza la aplicación de la ley y la erradicación de este crimen; la existencia de un ambiente de participación reduce la discrecionalidad y la simulación que en ocasiones concurren los cuerpos de seguridad y el aparato de justicia. LXXXIX


En este sentido, los planteamientos de este enfoque son para nosotros los más adecuados para evaluar la actuación y éxito de los cuerpos de seguridad pública y el sistema de impartición de justicia en México. Asimismo, al ser el tema de la seguridad pública, considerado fundamental para la legitimidad de estado, se vuelve columna del sistema democrático por naturaleza, y su relevancia es creciente en los tiempos más recientes. En el capítulo 3 expusimos la relación que existe entre los conceptos del marco jurídico que brinda protección a la ciudadanía respecto a este delito, y su impacto en diversos ámbitos como la democracia, la pobreza y la violencia. Ámbitos en los cuales se desarrollan políticas que tienen como finalidad promover el principio de la vivencia para todos los derechos humanos más fundamentales. La hipótesis central quedó corroborada con la información presentada en los capítulos 3 y 4. En el tercer capítulo, presentamos una selección de mecanismos jurídicoinstitucionales, a nivel nacional que promueven el respeto y garantía por parte del estado mexicano de los derechos fundamentales en consonancia directa con los castigos y sanciones previstas por la ley a las personas que deciden participar en este ilícito. Para el caso de los mecanismos jurídico-institucionales, se presentaron diversos instrumentos, entre leyes, declaraciones, pactos, convenios, convenciones y programas de acción, en materia de combate al crimen del secuestro y los impactos sociales y económicos negativos que ha tenido en la estructura social. De esta manera identificamos que el tema amenaza la misma legitimidad del estado al evidencia el poco éxito en la protección ciudadana propósito primero del estado, por lo que es un serio el problema que enfrenta el Estado, y donde se evidencia los principales factores que complican su combate como son: como la calidad de la policía, el de organización y control del sistema penitenciario, por mencionar algunos. El secuestro es un tema de seguridad nacional por lo complejo que se ha vuelto en los últimos años. Aunado a ello, y tomando en consideración el tópico de que las instituciones carecen de legitimidad histórica, las organizaciones en su mayoría XC


corruptas e ineficaces, y las dependencias gubernamentales altamente burocráticas, resulta, todo ello, un intento ineficiente. Lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido lo suficiente, por lo tanto, se requiere de una nueva reformulación de las instituciones, específicamente en la construcción de una nueva institucionalidad. En el capítulo 4 encontramos la solución requiere se involucren todos los sectores de la sociedad. El incremento de la práctica del secuestro ocurre porque reditúa grandes cantidades de dinero en diversas organizaciones, entre ellas de los cuerpos de seguridad pública, las organizaciones criminales existentes cuentan con abundantes recursos económicos que les permiten contar con tecnología, armamento sofisticado e información privilegiada emanada de las corporaciones policíacas lo que se refleja de manera evidente en su desempeño, por lo que las Instituciones encargadas de la procuración de justicia se encuentran en estado de indefensión. La abundancia de recursos económicos obtenidos por sus acciones ilícitas hace suponer que estos grupos puedan introducirse en diversos y múltiples sectores sociales. En el ámbito nacional, además de la recuperación documental, que abarca desde la Constitución Política hasta leyes y programas específicos. También se consideraron los análisis que en distintas esferas de especialidad han realizado diversas instancias tanto pública, privada y de la sociedad civil nacional e internacional como las Comisiones estatales y federales de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas y grupos independientes. El desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales establecidos y los resultados concretos reflejados en acciones y políticas públicas explicitas orientadas al combate de este ilícito al que hace referencia la hipótesis central quedó corroborada al enfrentar estos datos sobre los mecanismos jurídico-institucionales, con una serie de indicadores que fueron elegidos para evaluar los niveles de consistencia entre los principios XCI


suscritos por el estado mexicano y las acciones realmente puestas en práctica al amparo de dichos principios. De esta manera presentamos información empírica sobre tres grandes rubros: 1) La situación general del secuestro en México, en tanto compromisos suscritos como un primer acercamiento a la situación en el país. Los indicadores utilizados fueron: prevalencia del delito de secuestro en relación a otros delitos, atención a recomendaciones de las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, impacto económico y social de este delito, entre otras.

2) La existencia creciente de organizaciones criminales que desarrollan estas actividades en México. Desde un enfoque de políticas públicas, la vivencia y disfrute de los derechos humanos por la ciudadanía se sustenta en el ideal democrático, según el cual el derecho a la seguridad en todos los integrantes de la sociedad profundiza la democracia. Los indicadores utilizados para evaluar la presencia de los principios y garantías jurídicos-institucionales en México fueron: la presencia de criterios afines a los la protección de las personas y al combate a este ilícito a escala nacional, en el marco jurídico que sustenta los derechos fundamentales, principalmente la contitución, número de denuncias presentas en las comisiones nacionales y regionales, entre otras. Indicadores que asimismo apoyan la comprobación de la primera hipótesis secundaria. 3) La baja presencia de mecanismos institucionales que garanticen la prevención, persecución y castigo con el propósito de erradicar este delito, de manera especial como parámetros de exclusión social, utilizando los siguientes indicadores: XCII


Coincidencia en el marco jurídico federal y local de los principios rectores para prevenir este crimen: En este sentido, no se trata de establecer el grado de presencia en el nivel discursivo de la lucha contra el secuestro, si no de identificar primero la presencia formal de estos principios en el marco institucional, sin importar si estos responden al interés de emitir a la sociedad una imagen positiva de la autoridad judicial con este propósito. Presencia de organismos e instituciones que fortalecen el combate al fenómeno del secuestro (andamiaje institucional). En nuestro país, los casos de secuestros siguen siendo un grave problema social que inhabilita el buen desarrollo socioeconómico de la población y que representa un ejemplo de la baja presencia e incidencia de los cada vez más amplios niveles de criminalidad del país. Asimismo, desde una perspectiva social se trata de una expresión más de la desigualdad entre la ciudadanía. Estos indicadores apoyaron la comprobación de la segunda hipótesis secundaria. Cabe señalar que los indicadores utilizados provienen de fuentes gubernamentales e instituciones públicas como el INEGI, la CEPAL, las Comisión Nacional de Seguridad, las comisiones de derechos humanos, entre otras. Hipótesis secundaria 1 1) A pesar de los avances en las garantías jurídico- institucionales del estado mexicano con relación a la implementación del andamiaje institucional y jurídico necesario para garantizar la persecución y castigo de este infame delito, se carece aún de una forma de control institucional y personal en los cuerpos de seguridad encargados de su atención, aun pese a que diagnóstico muestra que con demasiada frecuencia, existen complicidad y protección desde la autoridad hacia los grupos criminales que se dedican a este crimen. Sin embargo no XCIII


existen medidas de control de confianza y castigos que garantice el control de la actuación de estas policías.

Esta hipótesis se comprobó con la presentación de los instrumentos jurídicos específicos en materia de rectoría y garantía de la prevención, persecución y castigo al secuestro a nivel nacional: la Constitución Política y el Programa Nacional de Desarrollo y Programa General de Desarrollo del Gobierno Federal. Si bien dichos instrumentos fueron diseñados y modificados para garantizar y promover la seguridad en diversos ámbitos de la vida de todos los ciudadanos; las cifras expuestas en materia de denuncias ciudadanas por secuestros y la forma en que estas denuncias son atendidas muestran que dichos documentos aún no han tenido el efecto esperado. Los indicadores utilizados para evaluar la baja incidencia de las acciones de los distintos organismos e instituciones que garantizan el combate a este crimen fueron: número de denuncias presentadas ante las comisiones locales y federal de derechos humanos; atención a las recomendaciones de las propias comisiones, estudios realizados por organismos y organizaciones privadas y de organizaciones sociales. Hipótesis secundaria 2 2)

El escaso éxito y baja presencia de mecanismos institucionales que

prevengan, resuelvan y castiguen el delito de secuestro en México, es otra forma de violentar el estado de derecho, convirtiéndose de hecho en una forma de exclusión social que demuestran el retraso de México en materia de justicia

Esta hipótesis se comprobó con la presentación de los marcos jurídicos e investigaciones sobre el grado de impunidad prevaleciente en el delito que definen los principios rectores de los derechos humanos de tercera generación; en consecuencia se han diseñado y establecido una serie de agencias gubernamentales para garantizar y promover en diversos ámbitos de la vida social de todos los ciudadanos; sin embargo parece una paradoja el que en estos años, la re funcionalización de muchas de estas instituciones las ha alejado del cumplimiento de estos principios. XCIV


Los indicadores utilizados para evaluar el bajo éxito en la labor de los organismos e instituciones que eviten la proliferación de este fenómeno fueron: evaluación de los mecanismos disponibles en distintas agencias gubernamentales, la presencia de los derechos sociales en los diferentes organismos involucrados con su salvaguarda.

Los desequilibrios estructurales y coyunturales del país, el desarrollo histórico y un aparato estatal con escasa capacidad de respuesta ante el crimen, propician y agudizan un marco socio-económico de marginalidad e informalidad en amplios sectores de la población. La ineficaz legislación para afrontar el fenómeno unida a la falta de garantías a los miembros del Poder Judicial para el ejercicio de su función, restan organicidad a esta lucha ya que las acciones que realizan las Dependencias encargadas de la procuración de justicia, no tienen la correlación efectiva con la aplicación de la sanción penal compatible con esta clase de delitos.

La desigualdad e injusticia social ha dado lugar a amplios sectores de población de extrema pobreza, generando profundas contradicciones y luchas entre los grupos sociales. Por último, la violencia de estos grupos de delincuentes constituye el mayor problema nacional que requiere atención prioritaria, porque su accionar ocasiona pérdidas en vidas humanas, configura situaciones de inseguridad y desalienta la inversión, afectando la vida económica del país, agudizando el conflicto social, desestabilizando políticamente al régimen, convirtiéndose así la violencia armada en el principal perturbador y obstáculo para el desarrollo de programas y proyectos destinados a superar la crisis económica e institucional; constituyendo una grave amenaza para la seguridad interna del país.

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Objetivo General Identificar y describir los principales elementos que dan forma a la acción del estado en materia de prevención y sanción del secuestro a personas en el marco de la defensa de los derechos humanos en México, en particular sobre la forma en que se ha ido implementado el andamiaje institucional y normativo para su prevención desde el gobierno federal.

•

•

Objetivos específicos Identificar la presencia en leyes, acuerdos internacionales y las propuestas de organizaciones internacionales de medidas que orientadas a evitar la práctica del secuestro de personas. Entender el secuestro como una práctica contraria a los derechos humanos básicos, por lo que su combate debe permanecer en los primeros niveles de prioridad del estado mexicano.

• Describir y examinar el alcance de los mecanismos jurídicoinstitucionales que ha establecido el gobierno mexicano para evitar este crimen en México. •

•

Identificar el impacto que significa dentro de la sociedad mexicana la presencia de esta práctica delictiva, y la respuesta ciudadana para exigir su erradicación. Describir el contenido de las principales medidas preventivas y punitivas para atender estas demandas y como ha influido en la instrumentación de acciones y programas, así como la reforma jurídico-institucional

Preguntas • ¿Cómo se tipifica el delito de secuestro y que modalidades presenta en México? • ¿Cuáles son elementos que hacen al crimen del secuestro, unos de los fenómenos de la inseguridad que afectan más gravemente a la sociedad? • ¿Cuáles son los instrumentos internacionales en contra de la práctica del secuestro y la desaparición forzada que ha suscrito el Estado mexicano? • ¿Qué políticas de seguridad pública ha implementado el estado mexicano encaminadas a promover la prevención y castigo del fenómeno del secuestro?

Hipótesis Principal En el periodo que abarcan los primeros años del siglo 21 el estado mexicano ha dado mayor relevancia en el discurso político, tanto dentro del país como fuera de él, respecto a su compromiso con el fomento y garantía de la seguridad pública en particular con una de sus manifestaciones más atroces: el secuestro de personas. pese a las cuentas alegres de los discursos y comunicados, subsiste un desfase entre los mecanismos jurídicoinstitucionales establecidos reglamentos, (leyes, comisiones) y los resultados concretos reflejados en acciones y políticas públicas explicitas orientadas a prevenir, perseguir, castigar y erradicar esta práctica criminal, con el consecuente impacto negativo en los niveles de legitimidad del estado.

Desarrollo CAPITULO I. Antecedentes, Conceptos y Modalidades del Secuestro 1.1. Antecedentes históricos del secuestro 1.2. Referencias conceptuales del secuestro 1.2.1. Diversas percepciones de secuestro 1.3. Componentes del delito. 1.3.1. Objetivos del secuestro. 1.3.2. Elementos de Operación de los Secuestradores. 1.4. Modos del Secuestro. 1.4.1 Secuestro simple. 1.4.2 Secuestro Exprés. 1.4.3 Secuestro 1.4.4.Narco Secuestro Virtual. 1.4.5. El Auto secuestro. 1.5. El Marco jurídico del secuestro 1.6. La libertad como un derecho del ser humano

• ¿En qué medida los distintos mecanismos jurídicos que ha implementado el estado mexicano tienen efecto en la prevención, persecución y castigo del secuestro

1) A pesar de los avances en las garantías jurídicoinstitucionales del estado mexicano con relación a la implementación del andamiaje institucional y jurídico necesario para garantizar la persecución y castigo de este infame delito, se carece aún de una forma de control institucional y personal en los cuerpos de seguridad encargados de su atención, aun pese a que diagnóstico muestra que con

CAPITULO II. El Secuestro Dentro de la Sociedad Mexicana 2.1. El delito del secuestro dentro de México. 2.2. Impacto social. 2.3. Transcurso del secuestro. 2.4. Formas de prevención al secuestro. 2.5. La forma de conducirse de la víctima. 2.6. El modo en que interviene la familia del secuestrado. 2.7. La figura del negociador. 2.7.1. Perspicacia del negociador. 2.7.2. La presencia y mediación del negociador. 2.8. Interés social y jurídico que tiene la intervención del Ministerio Público en el

en México?

demasiada

secuestro.

• ¿Qué mecanismos jurídicoinstitucionales existen en México para garantizar la persecución y castigo de los criminales y autoridades que practican el secuestro en México?

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frecuencia,


necesaria. •

•

•

Exponer la carencia de acciones eficaces del estado en la implementación de acciones que prevengan este delito y el grado de bienestar de la ciudadanía. Identificar los obstáculos que impiden la plena participación política y la inclusión de la sociedad civil, con el fin de detener esta práctica.

• ¿Cuáles son los derechos humanos que se pueden considerar afectados por el fenómeno del secuestro y que por lo tanto es responsabilidad prioritaria su combate por el estado mexicano? • ¿Hacia dónde el resultado de los últimos gobiernos federales en cuanto la erradicación de este fenómeno?

Determinar cuáles con los factores de incidencia del secuestro en la república mexicana, y la manera en que impacta en la definición de acciones y políticas gubernamentales en su prevención.

•

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existen complicidad y protección desde la autoridad hacia los grupos criminales que se dedican a este crimen. Sin embargo no existen medidas de control de confianza y castigos que garantice el control de la actuación de estas policías. 2) El escaso éxito y baja presencia de mecanismos institucionales que prevengan, resuelvan y castiguen el delito de secuestro en México, es otra forma de violentar el estado de derecho, convirtiéndose de hecho en una forma de exclusión social que demuestran el retraso de México en materia de justicia.

Identificar cuáles son las principales demandas emprendidas por organismos nacionales e internacionales sobre el crimen de secuestro. Identificar como se diferencia por la ley los casos de secuestro y a través de los organismos no gubernamentales que llevan a cabo acciones en materia de evitar el secuestro.

CAPITULO III. Aspectos Jurídicos y Normativos para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Secuestro en la Nación Mexicana. 3.1. Estructura del presupuesto público federal para el sistema de seguridad pública en México. 3.2. Semblantes jurídicos del delito de secuestro en México. 3.3. Estudio experimental del secuestro en México. 3.4. Los Costos de la inseguridad y del secuestro en México. 3.5. Atenuantes y agravantes del secuestro. 3.5.1. Cuando los fines son económicos. 3.5.2. Por la calidad y el daño a la víctima. Por la del disposición y3.5.3. el número sujeto activo. 3.5.4. Por lesiones a la víctima. 3.6. Consecuencias en la víctima. 3.7. El ilícito del secuestro y la sociedad mexicana. 3.7.1. Padrones indicativos del secuestro. 3.7.2. Medidas de seguridad contra el crecimiento de los secuestros.

Examinar la legislación en materia de secuestro en México en el

CAPÍTULO IV. Acciones Sociales y Métodos del Estado Mexicano en la Disuasión y Persecución del Delito de Secuestro para su Erradicación Total en el País. 4.1. El secuestro en México en la primera década del siglo XXI 4.2. Circunstancias sociales. 4.3. Un Estudio crítico al secuestro en la sociedad mexicana. 4.4 Algunas cuestiones políticas, sociales y

pasado reciente.

económicas que

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intervienen en la comisión del delito de secuestro 4.5. Índices actuales del constante crecimiento en el delito del secuestro, y las acciones, y métodos que ha implementado el Estado Mexicano para erradicarlo. 4.6. Algunas Organizaciones detectadas por el Gobierno Federal dedicadas al secuestro y la pronta disolución de estas agrupaciones por parte del mismo. 4.7. Percepción de la delincuencia organizada. 4.8. La forma de actuar del Estado frente a la sociedad para prevenir éste ilícito. 4.9. Nuevas Formas e interrogantes para tratar de frenar y prevenir el delito Reformas de secuestro 4.10. constitucionales en torno a la Delincuencia Organizada 4.11. La ley federal contra la delincuencia organizada. 4.12. Proyecto de ley general contra el secuestro. 4.13. Análisis jurídico y social del delito de secuestro en el Centro del país Primera hipótesis secundaria Objetivo General Identificar y describir los principales elementos que dan forma a la acción del estado en materia de prevención y sanción del secuestro a personas en el marco de la defensa de los derechos humanos en México, en particular sobre la forma en que se ha ido implementado el andamiaje institucional y normativo para su prevención desde el gobierno federal.

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Objetivos específicos Identificar la presencia en leyes, acuerdos internacionales y las propuestas de organizaciones internacionales de medidas que orientadas a evitar la práctica del secuestro de personas. Entender el secuestro como una práctica contraria a los

Preguntas • ¿Cómo se tipifica el delito de secuestro y que modalidades presenta en México? • ¿Cuáles son elementos que hacen al crimen del secuestro, unos de los fenómenos de la inseguridad que afectan más gravemente a la sociedad? • ¿Cuáles son los

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Hipótesis 1) A pesar de los avances en las garantías jurídicoinstitucionales del estado mexicano con relación a la implementación del andamiaje institucional y jurídico necesario para garantizar la persecución y castigo de este infame delito, se carece aún de una forma de control institucional y personal en los cuerpos de

Desarrollo CAPITULO I. Antecedentes, Conceptos y Modalidades del Secuestro 1.1. Antecedentes históricos del secuestro 1.2. Referencias conceptuales del secuestro 1.2.1. Diversas percepciones de secuestro 1.3. Componentes del delito. 1.3.1. Objetivos del

seguridad

secuestro.

encargados


derechos humanos básicos, por lo que su combate debe permanecer en los primeros niveles de prioridad del estado mexicano.

instrumentos internacionales en contra de la práctica del secuestro y la desaparición forzada que ha suscrito el Estado mexicano?

• Describir y examinar el alcance de los mecanismos jurídicoinstitucionales que ha establecido el gobierno mexicano para evitar este crimen en México.

• ¿Qué políticas de seguridad pública ha implementado el estado mexicano encaminadas a promover la prevención y castigo del fenómeno del secuestro?

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Identificar el impacto que significa dentro de la sociedad mexicana la presencia de esta práctica delictiva, y la respuesta ciudadana para

• ¿Qué mecanismos jurídicoinstitucionales existen en México para garantizar la persecución y castigo de los criminales y

exigir su erradicación.

autoridades practican el que secuestro en México?

Describir el contenido de las principales medidas preventivas y punitivas para atender estas demandas y como ha influido en la instrumentación de acciones y programas, así como la reforma jurídico-institucional necesaria.

de su atención, aun pese a que diagnóstico muestra que con demasiada frecuencia, existen complicidad y protección desde la autoridad hacia los grupos criminales que se dedican a este crimen. Sin embargo no existen medidas de control de confianza y castigos que garantice el control de la actuación de estas policías.

1.3.2. Elementos de Operación de los Secuestradores. 1.4. Modos del Secuestro. 1.4.1 Secuestro simple. 1.4.2 Secuestro Exprés. 1.4.3 Narco Secuestro 1.4.4. Secuestro Virtual. 1.4.5. El Auto secuestro. 1.5. El Marco jurídico del secuestro 1.6. La libertad como un derecho del ser humano CAPITULO II. El Secuestro Dentro de la Sociedad Mexicana 2.1. El delito del secuestro dentro de México. 2.2. Impacto social. 2.3. Transcurso del secuestro. 2.4. Formas de prevención al secuestro. 2.5. La forma de conducirse víctima. 2.6. El mododeenlaque interviene la familia del secuestrado. 2.7. La figura del negociador. 2.7.1. Perspicacia del negociador. 2.7.2. La presencia y mediación del negociador. 2.8. Interés social y jurídico que tiene la intervención del Ministerio Público en el secuestro. CAPITULO III. Aspectos Jurídicos y Normativos para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Secuestro en la Nación Mexicana. 3.1. Estructura del presupuesto público federal para el sistema de seguridad pública en México. 3.2. Semblantes jurídicos del delito de secuestro en México. 3.3. Estudio experimental del secuestro en México. 3.4. Los Costos de la inseguridad y del

Exponer la carencia de acciones eficaces del estado en la implementación de acciones que prevengan este delito y el grado de bienestar de la ciudadanía.

secuestro en México.

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3.5. Atenuantes y agravantes del secuestro. 3.5.1. Cuando los fines son económicos. 3.5.2. Por la calidad y el daño a la víctima. 3.5.3. Por la disposición y el número del sujeto activo. 3.5.4. Por lesiones a la víctima. 3.6. Consecuencias en la víctima. 3.7. El ilícito del secuestro y la sociedad mexicana. 3.7.1. Padrones indicativos del secuestro. 3.7.2. Medidas de seguridad contra el crecimiento de los secuestros.

Segunda hipótesis secundariaObjetivos Objetivo General específicos Identificar y describir los Describir el principales elementos que contenido de las dan forma a la acción del principales medidas estado en materia de preventivas y prevención y sanción del punitivas para secuestro a personas en el atender estas marco de la defensa de los demandas y como derechos humanos en ha influido en la México, en particular sobre instrumentación de la forma en que se ha ido acciones y implementado el andamiaje programas, así institucional y normativo como la reforma para su prevención desde el jurídico-institucional gobierno federal. necesaria. •

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Preguntas • ¿Qué mecanismos jurídicoinstitucionales existen en México para garantizar la persecución y castigo de los criminales y autoridades que practican el secuestro en México?

Hipótesis

Desarrollo

2) El escaso éxito y baja presencia de mecanismos institucionales que prevengan, resuelvan y castiguen el delito de secuestro en México, es otra forma de violentar el estado de derecho, convirtiéndose de hecho en una forma de exclusión social que demuestran el retraso de México en materia de justicia.

Exponer la carencia de acciones eficaces del estado en la implementación de acciones que prevengan este delito y el grado de bienestar de la ciudadanía.

• ¿En qué medida los distintos mecanismos jurídicos que ha implementado el estado mexicano tienen efecto en la prevención, persecución y castigo del secuestro en México?

Identificar los obstáculos que impiden la plena participación política y la inclusión de la

• ¿Cuáles son los derechos humanos que se pueden considerar afectados por el fenómeno del secuestro y que por

CAPITULO III. Aspectos Jurídicos y Normativos para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Secuestro en la Nación Mexicana. 3.1. Estructura del presupuesto público federal para el sistema de seguridad pública en México. 3.2. Semblantes jurídicos del delito de secuestro en México. 3.3. Estudio experimental del secuestro en México. 3.4. Los Costos de la inseguridad y del secuestro en México. 3.5. Atenuantes y agravantes del secuestro. 3.5.1. Cuando los fines son económicos. 3.5.2. Por la calidad y el daño a la víctima. 3.5.3. Por la disposición y el número del sujeto activo. 3.5.4. Por lesiones a la víctima.

sociedad civil, con

lo tanto es

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el fin de detener esta práctica. •

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Determinar cuáles con los factores de incidencia del secuestro en la república mexicana, y la manera en que impacta en la definición de acciones y políticas gubernamentales en su prevención.

responsabilidad prioritaria su combate por el estado mexicano? • ¿Hacia dónde el resultado de los últimos gobiernos federales en cuanto la erradicación de este fenómeno?

CAPÍTULO IV. Acciones Sociales y Métodos del Estado Mexicano en la Disuasión y Persecución del Delito de Secuestro para su Erradicación Total en el País. 4.1. El secuestro en México en la primera década del siglo XXI 4.2. Circunstancias sociales. 4.3. Un Estudio crítico al secuestro en la sociedad mexicana.

Identificar cuáles son las principales demandas emprendidas por organismos nacionales e internacionales sobre el crimen de secuestro. Identificar como se diferencia por la ley los casos de secuestro ya través de los organismos no gubernamentales que llevan a cabo acciones en materia de evitar el secuestro.

•

la víctima. 3.7. El ilícito del secuestro y la sociedad mexicana. 3.7.1. Padrones indicativos del secuestro. 3.7.2. Medidas de seguridad contra el crecimiento de los secuestros.

4.4 Algunas cuestiones políticas, sociales y económicas que intervienen en la comisión del delito de secuestro 4.5. Índices actuales del constante crecimiento en el delito del secuestro, y las acciones, y métodos que ha implementado el Estado Mexicano para erradicarlo. 4.6. Algunas Organizaciones detectadas por el Gobierno Federal dedicadas al secuestro y la pronta disolución de estas agrupaciones por parte del mismo. 4.7. Percepción de la delincuencia organizada. 4.8. La forma de actuar del Estado frente a la sociedad para prevenir éste ilícito. 4.9. Nuevas Formas e interrogantes para tratar de frenar y prevenir el delito de secuestro 4.10. Reformas constitucionales en torno a la Delincuencia Organizada

Examinar la legislación en materia de secuestro en México en el pasado reciente.

4.11. La ley federal

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contra la delincuencia organizada. 4.12. Proyecto de ley general contra el secuestro. 4.13. Análisis jurídico y social del delito de secuestro en el Centro del país

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CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN.

Lamentablemente nuestro país ocupa en la actualidad el índice delictivo más alto en la ejecución de secuestros cometidos a nivel mundial. México se encuentra tristemente en el primer lugar en lo que a secuestro se refiere, seguido de Colombia, por tal motivo, es de suma importancia que el gobierno mexicano encuentre la solución a éste problema que lesiona a toda la sociedad dadas las circunstancias en las que ocurre, y que afecta gravemente la vigencia de los derechos humanos, trastocando la autoridad del estado, mermando su legitimidad. De esta manera distinguimos que el secuestro es un delito que atenta contra la libertad individual de una persona e inclusive con la vida misma; dejando secuelas graves de indignación, repudio y terror en la víctima y en su familia. El secuestro es un delito que se persigue de oficio, y su requisito de proceso para la ejecución de la acción penal es la denuncia, la cual deberá de presentarse ante los órganos jurisdiccionales competentes que se encuentren facultados para tal efecto. Puesto, para que se tipifique este delito de secuestro dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, es necesario que se exija un rescate, con la finalidad de devolverle la libertad a la persona que ha sido privada de ella. El rescate, por lo general, es exigible y variable en una determinada cantidad de dinero, pero también puede ser exigible en especie o bienes. Se requiere ante esto de un combate efectivo y contundente con acciones anticrimínales, y políticas sociales y económicas adecuadas, ya que se requiere que esta clase de individuos sumergidos en la subcultura del delito se adecuen a las normas sociales y jurídicas propias de un estado de Derecho. En este sentido la impunidad imperante significa un incentivo, ya que al no esclarecer aquellos casos de secuestro que ya se han cometido, el secuestro continuara siendo la actividad más redituable después del narcotráfico, máximo si se confabula con la delincuencia organizada que CIII


se sirve de los avances tecnológicos en armas y dispositivos de vigilancia y medios de comunicación para planear, preparar y ejecutar los secuestros con mucha mayor eficacia que la burocracia policiaca encargada de combatirlo, sin embargo estos avances tecnológicos y de inteligencia pueden estar del lado de la sociedad y las autoridades, quienes cuentan además con el apoyo de la ley para la Procuración de Justicia misma a la que le hace falta la voluntad política para localizar, detener y condenar a los delincuentes. Ente este pasó avasallador del secuestro, México vive un momento de aumento en el número de casos por este delito, una transición masiva en todos los niveles sociales afectando a ricos y gente de escasos recursos. Observándose una diversificación en el modo de operar del secuestro y la extorsión en relación a años anteriores; siendo por ello, que la sociedad civil está obligada a denunciar y exigir a sus autoridades de todos los niveles a combatir la corrupción y la impunidad de sus malos elementos, ya que la falta de credibilidad en sus autoridades por sumar esfuerzos comunes con sus organizaciones empresariales, autoridades religiosas, políticas, educativas y sociales ha disparado el índice de secuestros cometidos en sus diversas modalidades, y no buscar culpables en intereses partidistas o personales, donde en los escenarios de alto impacto criminal, una sociedad sin conciencia de su responsabilidad en exigir a las autoridades y trabajar con ellas de manera coordinada, está destinada a sufrir y condenada a un fracaso económico-social. En México las estadísticas muestran que el gran número de secuestros y el número de secuestradores atrapados es realmente bajo. Por otra parte el miedo de una persona secuestrada es tan grande que prefieren no delatar a los secuestradores por lo que existen pocas denuncias de este tipo, ya que la sociedad se ve afectada de manera gradual pues se genera un sentido de inseguridad entre los habitantes del país, sobre todo porque con ello se pone en descubierto que existen una gran falta de vigilancia policiaca, o bien esta no es suficiente y en el peor de los escenarios se encuentra coludida con los secuestradores, el incremento de esta figuras delictiva en México obedece a que se carece de mecanismos preventivos, a que queda impune, a la falta CIV


de confianza por parte de la sociedad con las autoridades para denunciar, por no haber una adecuada coordinación policial comparado con la delincuencia organizada. A pesar de que las cifras no son del todo precisas, nos permiten tener una tendencia del fenómeno y haciendo un comparativo entre las tasas de crecimiento, del presupuesto destinado al combate del crimen, la incidencia de secuestro nacional, los delitos del fuero común y los del fuero federal tenemos, que si bien, hay una reducción en el crecimiento de la incidencia de secuestro y delitos del fuero común, en el caso de los delitos del fuero federal esto no sucede, e incluso se observa una relación directa entre ellos. Por lo anterior, un alto crecimiento presupuestal en este rubro no es contundente para abatir el crimen, si es comparado con el exiguo decrecimiento de la criminalidad. En cuento al reporte por entidad federativa se observó que el número de casos en términos absolutos es cuantioso para los siguientes estados: Distrito Federal (933), México (469), Michoacán (364), Jalisco (323), Guerrero (291), Oaxaca (287), Baja California (245), Chiapas (181), Sinaloa (172) y Puebla (116). Y que estos diez estados representan el 80.2% del total nacional del periodo de 1997-2004 en relación a los secuestros realizados. Por eso los tres valores que protege el Estado Mexicano en su función de seguridad pública son: la vida y la integridad de la persona; los derechos y las libertades de las personas; y el orden y la paz pública. El análisis delictivo realizado para nuestro país, muestran que el Estado Mexicano no está garantizando estos tres valores, porque la población se ve amenazada por la existencia de delitos que atentan contra su vida e integridad física, como son el homicidio, las lesiones y las violaciones. Asimismo, los delitos que inciden sobre el patrimonio de las personas, particularmente el robo, afectan los derechos de propiedad de los individuos. O el secuestro que afecta a ambas.

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De esta manera, en el marco de haber identificado que el secuestro afecta de forma sustantiva la percepción sobre la capacidad del estado por garantizar y preservar los derechos fundamentales de libertad a la ciudadanía, afectan también su nivel de legitimidad, en este sentido surge la primera estrategia específica de política pública: El Estado debe contemplar como una línea emergente de atención la revisión del andamiaje institucional y normativo para el combate a delitos que afectan de forma particularmente grave a la sociedad, esto debe incluir una línea de acción dentro de la política pública de seguridad contra el secuestro, que incluya la depuración de las estructuras policiales, su profesionalización y especialización para la atención de estos delitos; así como de un cuerpo de administración de justicia, ministerios públicos y jueces, también especializados y que contengan características tecnológicas y logísticas que los aleje de la amenaza del crimen organizado y la complicidad con estos. La participación ciudadana para su seguimiento resulta primordial para garantizar su apego a la legalidad en un Comité ciudadano alejado independiente y autónomo. Además, la sociedad mexicana, para minimizar el riesgo de sufrir algún delito, está restringiendo algunas libertades constitucionales, como la de tránsito, puesto que prefieren quedarse en casa, a salir a centros recreativos o a visitar a sus familiares. La actividad delictiva también atenta contra el derecho a la vida y a la salud, ambos consagrados en la constitución. La delincuencia, conjugado con otros problemas estructurales de la economía (desempleo y alta concentración del ingreso) ponen en riego la preservación del orden y la paz públicos. A nivel privado, existe una transferencia de una parte de los ingresos y propiedades de la población que se dedica a actividades lícitas hacia la población que realiza actividades ilícitas a través del delito del robo; asimismo, las personas están gastando recursos para su seguridad personal en lugar de canalizarlos a proyectos productivos, CVI


de inversión financiera (ahorro familiar), consumo en bienes o servicios diferentes a la seguridad privada, etc. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el gobierno federal ha asignado recursos crecientes para la seguridad pública en vez de canalizarlos a proyectos de inversión para el desarrollo social o de infraestructura pública. Los recursos públicos que se asignaron para la seguridad pública durante el periodo de 1999-2006 fueron superiores al presupuesto público federal aprobado por la Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal 2006 para la función salud. Para el ejercicio fiscal 2006, por cada peso que la Cámara de Diputados aprobó para la función de urbanización, vivienda y desarrollo regional, asignó 75 centavos para la seguridad pública. Ante la evidencia de que la inseguridad pública está generando una distorsión en la asignación de los recursos privados y públicos de por si escasos, es urgente, y aquí se encuentra la segunda propuesta de estrategia de política pública: Garantizar la participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales en el diseño, seguimiento y financiamiento de las acciones emergentes en esta materia; a través de la integración de una red de participación ciudadana, organizados en Comités Ciudadanos con recuperación a lo largo del país, la cual tendrá como propósito aglutinar recursos y esfuerzos aislados de la sociedad para su coordinación y orientación, así como del seguimiento de los crecientes recursos que se aplican por el sector público y que reportan escasos resultados. En México, la escasa generación de empleos, producto del bajo crecimiento económico, y la mala distribución del ingreso definen el perfil delictivo del país, debido a que los presuntos delitos y los delitos sentenciados del fuero común y federal contra el patrimonio son superiores a los delitos que incidieron sobre las personas. Este perfil delictivo revela que un subgrupo de personas que delinquen, opta por estas actividades en vez de trabajar, porque no encuentran oportunidad en el mercado de CVII


trabajo, o no obtienen la remuneración que esperan, resultando más redituable practicar actividades ilícitas, particularmente el robo. Aunque éste es solo un factor, pero no el único y no podemos determinar si es el más importante. De acuerdo con información del INEGI, del total de los delitos sentenciados que incidieron sobre el patrimonio, casi la mitad fueron por robo. El ICESI estimó que en el año 2004, por el delito de robo, sus autores obtuvieron ingresos por 62 mil 500 millones de pesos, representando una verdadera fuente de ingresos de personas que deciden dedicarse a delinquir en vez de trabajar en actividades lícitas. Estudios del BID y del Banco Mundial establecen que en México el costo económico de los crímenes y la violencia puede situarse en un rango que va de 10 a 14 por ciento del PIB. Esta variación implica un monto que, a precios actuales, va de 72 mil a 100 mil millones de dólares. El producto interno bruto del país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 721 mil millones de dólares en 2005. De esta manera, la política pública integral para reducir los índices delictivos en el país debe incluir, en materia económica, entre otros elementos, un crecimiento de la economía nacional para abatir el rezago en la generación de empleos; sin embargo, este crecimiento se tiene que acompañar de una mejor distribución de la riqueza nacional, para abatir la marginación en los hogares del país, y así desalentar las prácticas delictivas. Aunque, sumado a lo anterior, parece que la educación juega un papel determinante en el combate al crimen, traducido en opciones de desarrollo en regiones propensas a las actividades criminales, así como un mayor financiamiento de las políticas preventivas que al día de hoy son completamente desconocidas para el público en general. Para ello es necesario administrar por parte del gobierno de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y no de la burocracia, y es en este contexto en donde debe subrayarse la importancia de este tipo de estudios por delito a fin de determinar CVIII


cuáles son los mecanismos adecuados, en términos preventivos y de combate en el sentido de forjar un Gobierno previsor más que reparador. Ya que los tres mayores problemas a los que se enfrenta el estado de derecho son: la desconfianza ciudadana, la debilidad específica en los resultados y operaciones y la reputación del sistema judicial. Estos datos corroborados con los datos presentados de que de cada 100 crímenes cometidos en México, solo uno recibe castigo, convierte a México en uno de los países con peores probabilidades de condena en el mundo, aún por debajo de aquellos con altos índices de denuncia. Por lo tanto, una conclusión evidente es que una buena parte de la ineficiencia recae en la policía judicial (federal y estatal) y los agentes del ministerio público (encargados de integrar las averiguaciones previas), reflejada en su baja capacidad para investigar y perseguir una proporción significativa de los delitos. Por lo tanto no es necesario el destino de una mayor cantidad de recursos para el combate al crimen, sino con lo que se tiene hacer una evaluación de las instituciones encargadas de proveer de seguridad pública, y yendo más allá, forjar la cultura de evaluación en los servidores públicos a fin de reducir significativamente los niveles de corrupción y burocratismo; mejorando los sistemas de información que se encuentran concentrados y distribuidos de manera sesgada a fin de favorecer a ciertos grupos en detrimento de otros y, por último, reduciendo la rigidez y centralización de los mecanismos de decisión que inhiben la participación a ciertos grupos encargados de realizar estudios importantes con respecto al crimen o la procuración de justicia. En cuanto a la participación de la ciudadanía se requiere de un proceso aún mayor, ya que la confianza en las autoridades no se recupera de inmediato, y es por medio de la transparencia en el ejercicio de la justicia como se incrementará una cultura de denuncia delictiva, aunque también se requiere la difusión de las políticas preventivas y los resultados claros de los ejercicios presupuestales. El Estado como una organización preponderantemente política que cuenta con una organización como institución la producción, distribución y consumo de la riqueza, influye necesariamente en la constitución de seres humanos propensos a la comisión CIX


del delito. Por otro lado la estructura política ligada estrechamente al poder, la estructura organizacional del estado, se encuentran conectados a la propensión al crimen en la medida en que la sociedad políticamente organizada genera desigualdades y además es a la cúspide política de una comunidad a quien le corresponde fijar los planes conducentes a prevenir y reprimir el delito. De este modo, se delimita la tercera estrategia en materia de política pública, para atender el problema de los secuestros: Establecer en los mismos comités de seguridad ciudadana, la posibilidad de dar seguimiento y opinar respecto a la pertinencia de resarcimiento del daño patrimonial que establece la Ley Federal de Victimas, particularmente para aquellas victimas afectadas en su patrimonio. Asimismo poner a consideración de este comité las acciones preventivas del delito a nivel local, así como convalidar el programa de inversiones de acuerdo a programas de mejoras del proceso de administración de justicia y calidad del sistema punitivo. Ante esto el bien jurídico tutelado por las leyes mexicanas, en la comisión del delito de secuestro, es la libertad personal e individual de cada persona. La libertad personal e individual de cada persona es una garantía individual que se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, que se refiere a la libertad física (esclavitud), de movimiento. El derecho a la libertad (después de la vida) es la segunda garantía de mayor importancia que nos otorga nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo deben de existir medidas de seguridad que prevengan la trasgresión de este derecho fundamental de cada individuo. Las condiciones actuales de nuestro sistema de justicia no es incrementar penas, sino disminuir el alto índice de impunidad. El principal desafío de la procuración de justicia CX


es la capacidad y honradez de todos sus elementos, la calidad y eficacia de sus servicios. El delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro genera en toda la sociedad: Inseguridad y falta de credibilidad en las autoridades; además de que la actividad económica, política y social se ve afectada cada vez más. El delito de secuestro causa serias consecuencias en la víctima, ya que al verse privado de su don natural como lo es la libertad, su vida y su futuro se vuelven inciertos. La víctima de un secuestro sufre serios trastornos psicológicos y quizás físicos, como la posible mutilación de un miembro; pero también se srcina un daño irremediable para su familia y para la misma sociedad, toda vez que el pago de un rescate implica el erogar cantidades irreales y millonarias que afectan el patrimonio familiar. Para lograr disminuir el índice delictivo de secuestro, es necesario y de vital importancia que nuestras autoridades mexicanas desempeñen correctamente sus funciones administrativas, conduciéndose de una manera eficaz, responsable, honrada y dedicada. Asimismo, es importante que el Estado mexicano utilice la mayor parte de sus recursos económicos para fomentar más empleos y que sean renumerados dignamente, toda vez que los bajos salarios y la falta de empleos son un factor común que ha contribuido lamentablemente a incrementar la delincuencia. Necesitamos sin lugar a dudas, que el Estado en la lucha contra el secuestro se concientice a través de las diferentes esferas del poder en la necesidad de especializar, tanto en materias técnicas como humanas, al personal que integren sus organismos, así como para que procure la dotación de instrumentos de trabajo, suficientes para tener control y erradicación de este delito, pues solo así la sociedad confiara, con respeto a la efectividad y combate en la lucha contra los secuestros, dándosele el valor necesario a la libertad y seguridad de las personas.

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“El Secuestro, su Tipificación Jurídica y las Acciones de Disuasión y Persecución del Delito, una Valoración Social en México, 2000-2012” REPORTE DE INVESTIGACIÓN


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 1 CAPITULO I. Antecedentes, Conceptos y Modalidades del Secuestro ...............................................10

1.1. Antecedentes históricos del secuestro................................................................................ 10 1.2. Referencias conceptuales del secuestro............................................................................. 16 1.2.1. Diversas percepciones de secuestro............................................................................. 23 1.3. Componentes del delito............................................................................................................

24

1.3.1. Objetivos del secuestro..................................................................................................... 39 1.3.2. Elementos de Operación de los Secuestradores....................................................... 45 1.4. Modos del Secuestro. ................................................................................................................

57

1.4.1 Secuestro simple. ................................................................................................................. 1.4.2 Secuestro Exprés. ................................................................................................................

57 57

1.4.3 Narco Secuestro ...................................................................................................................

58

1.4.4. Secuestro Virtual. ................................................................................................................

59

1.4.5. El Auto secuestro ................................................................................................................

60

1.5. El Marco jurídico del secuestro..............................................................................................

60

1.6. La libertad como un derecho del ser humano.................................................................... 75 CAPITULO II. El Secuestro Dentro de la Sociedad Mexicana ...............................................................78

2.1. El delito del secuestro dentro de México............................................................................. 78 2.2. Impacto social. ............................................................................................................................ 89 2.3. Transcurso del secuestro. ....................................................................................................... 2.4. Formas de prevención al secuestro....................................................................................

96

106

2.5. La forma de conducirse de la víctima................................................................................. 112 2.6. El modo en que interviene la familia del secuestrado.................................................... 113 2.7. La figura del negociador.........................................................................................................

114

2.7.1. Perspicacia del negociador............................................................................................

115

2.7.2. La presencia y mediación del negociador.................................................................. 115


2.8. Interés social y jurídico que tiene la intervención del Ministerio Público en el secuestro ...................................................................................................................................

117

CAPITULO III. Aspectos Jurídicos y Normativos para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Secuestro en la Nación Mexicana ............................................................................................................................ 128

3.1. Estructura del presupuesto público federal para el sistema de seguridad pública en México. ....................................................................................................................................... 128 3.2. Semblantes jurídicos del delito de secuestro en México.............................................. 130 3.3. Estudio experimental del secuestro en México ................. .................. ................. ............ 131 3.4. Los Costos de la inseguridad y del secuestro en México............................................. 135 3.5. Atenuantes y agravantes del secuestro............................................................................. 144 3.5.1. Cuando los fines son económicos............................................................................... 145 3.5.2. Por la calidad y el daño a la víctima............................................................................. 147 3.5.3. Por la disposición y el número del sujeto activo. .................. ................. .................. 1 52 3.5.4. Por lesiones a la víctima.................................................................................................

158

................................................................................................ 160

3.6. Consecuencias en la víctima. 3.7. El ilícito del secuestro y la sociedad mexicana ................. .................. ................. ............ 173 3.7.1. Padrones indicativos del secuestro............................................................................. 175 3.7.2. Medidas de seguridad contra el crecimiento de los secuestros. ................ ......... 186 CAPÍTULO IV. Acciones Sociales y Métodos del Estado Mexicano en la Disuasión y Persecución del Delito de Secuestro para su Erradicación Total en el País. ......................................................... 192

4.1. El secuestro en México en la primera década del siglo XXI......................................... 192 4.2. Circunstancias sociales.................. ................. .................. .................. ................. .................. 198 4.3. Un Estudio crítico al secuestro en la sociedad mexicana............................................. 202 4.4 Algunas cuestiones políticas, sociales y económicas que intervienen en la comisión del delito de secuestro ........................................................................................................... 206 4.5. Índices actuales del constante crecimiento en el delito del secuestro, y las acciones, y métodos que ha implementado el Estado Mexicano para erradicarlo. ...................................................................................................................................................... 211

4.6. Algunas Organizaciones detectadas por el Gobierno Federal dedicadas al secuestro y la pronta disolución de estas agrupaciones por parte del mismo. .... 218 4.7. Percepción de la delincuencia organizada........................................................................ 219 4.8. La forma de actuar del Estado frente a la sociedad para prevenir éste ilícito. ........ 221


4.9. Nuevas Formas e interrogantes para tratar de frenar y prevenir el delito de secuestro ...................................................................................................................................

224

4.10. Reformas constitucionales en torno a la Delincuencia Organizada ................ ......... 232 4.11. La ley federal contra la delincuencia organizada.......................................................... 235 4.12. Proyecto de ley general contra el secuestro.................................................................. 243 4.13. Análisis jurídico y social del delito de secuestro en el Centro del país .................. 270 CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 274 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 284


INTRODUCCIÓN

El secuestro es un tema que aqueja y atemoriza a la sociedad mexicana en la actualidad debido en gran medida al incremento de este delito; así como que los medios de comunicación dedican mayor tiempo a su difusión y por otro lado, todos aquellos casos de los que nos hemos enterados que han sufrido personas cercanas a nosotros o por lo menos conocidos, en algunas ocasiones nos damos cuenta de la alta incidencia del secuestro porque nos informamos que las personas secuestradas son personalidades del medio artístico, políticos, empresarios o simplemente personas comunes, a veces la intervención de estos medios es sumamente discrecional y otras por el contrario se aprecia redundante; ahora que si de cifras se trata, existen organismos internacionales que en una escala del uno al diez describen a nuestro país en el cual ocupamos el primer lugar en cuanto a cantidad de secuestros, lo cual justifica un sentir generalizado de temor e impotencia hacia esta actividad ilícita, que al parecer crece cada día más. Actualmente, en nuestra sociedad, se está perdiendo el concepto de ley, es precisamente por esta causa que ha aumentado la delincuencia a un nivel global en donde el secuestro, por ejemplo, es uno de los más frecuentes delitos que atentan contra la integridad física y psíquica de la persona; y es uno de los actos punibles que más ha generado controversias en los últimos tiempos. La seguridad pública es entendida por la sociedad como la obligación y responsabilidad del Estado para garantizar la integridad física de las personas y de sus bienes materiales. Sin embargo, las estadísticas delictivas que se han registrado en el país durante los últimos años han llegado a límites que la sociedad hoy no está dispuesta a aceptar y demanda de los tres órdenes de gobierno políticas y acciones concretas y eficaces para combatir los fenómenos delictivos en el corto y largo plazo.

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Por qué el secuestro es un sufrimiento que estremece a las víctimas, a sus familiares y a amigos, desde la captura hasta la etapa del tratamiento psicológico, ya que este no termina con la liberación de la víctima. En México el secuestro, va más allá de ser un delito, muestra la necesidad de justicia en la sociedad y pone al descubierto la incapacidad de las autoridades para brindar a la población la protección que requiere, por lo que al secuestrado se le despoja de su libertad y del sentido de la realidad al experimentar un terrible dilema entre la vida y la muerte también se le hace reflexionar y valorar el verdadero sentido de la vida, al ser aislado de su familia, de sus amigos y de la sociedad; al lado de los secuestradores el plagiado y quienes lo rodean sufren. A la captura y la notificación del secuestro le sigue el proceso de la “negociación”, con lo que el martirio de la víctima puede agraviarse cuando llega el momento de pagar por su liberación, pues el delincuente puede fugarse en el momento de cobrar, puede dejar abandonada a su víctima, o bien, después del pago, puede asesinarla. Si se tiene suerte, puede venir el rencuentro familiar y la superación del trauma donde se presentan grandes cambios emocionales, afectivos y económicos, ya que mientras está secuestrada la victima padece violencia física, psicológica y moral a través de la intimidación, gritos, amenazas, insultos, es maltratada con golpes, cachetadas, patadas, cachazos, coscorrones, puntapiés, jalones de cabello, desfiguraciones, quemaduras con cigarro; en algunos casos es drogada, violada y sometida con piquetes de cuchillo; sufre de mutilaciones no solo en los dedos o las orejas, sino también en la lengua vejaciones que pueden culminar con la propia vida de la víctima, sin hacer a un lado el daño económico que conlleva el secuestro. Por si fuera poco, las aprehensiones de los dirigentes de las bandas de secuestradores son sucesos muy importantes por parte de las autoridades, estos líderes mafiosos llegan a crear fama, como en el caso de Daniel Arizmendi y otros que gracias a sus grandes rescates y la crudeza de sus "modus operandi" muestran que la eliminación de este problema se ve lejana.

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En este orden de ideas es que la delincuencia organizada que antes se dedicaba principalmente al robo de bancos, ha encontrado en el secuestro una actividad poco riesgosa que genera grandes ganancias, es por ello que este tipo de delincuencia ha sufrido una mutación, así mismo las pequeñas bandas que se ocupaban de realizar otro tipo de delitos, como el robo de autopartes o vehículos, han cambiado de actividad para dedicarse al secuestro de personas. Situación que ha dado como srcen que durante los últimos años el Estado Mexicano vea al secuestro como un ilícito imperdonable y tenga la necesidad de crear los mecanismos de acción y coerción que los caracterizan cada vez más sofisticados por lo que hoy en día la reforma en torno a este ilícito se ve necesaria y urgente ya que por su evolución e incidencia se podría equiparar a el narcotráfico. El objetivo que se pretende dar con las nuevas reformas a la ley está configurando en las sentencias determinadas y las medidas de seguridad, el tratamiento adecuado a cada caso individual dentro de un marco legal, ya no una pena para cada delito sino un tratamiento para cada persona hablando entonces del bien y del mal del acto del sujeto con lo que la defensa social se inmiscuye directamente en el problema esencial de las relaciones entre el individuo y el Estado. No porque el estado imponga nuevas penas a las personas que llevan a cabo esta práctica ilícita, van a dejar de llevar a la práctica este delito o erradicarlo, pues hay que recordar que las personas que gustan de llevar a cabo este tipo de actividad son muy hábiles e inteligentes y no son fáciles de atrapar y que esta activad no solo se da a nivel nacional sino también a trascendido a nivel internacional. Ante esto el delito de secuestro se ha convertido en una verdadera amenaza para toda la ciudadanía, tanto de forma individual como colectiva, teniendo consecuencia en la estabilidad socioeconómica de nuestro país.

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El Estado mexicano, con el propósito de prevenir el delito de secuestro, mediante la Procuraduría General de la República Mexicana y los organismos encargados de aplicar la justicia, por medio de reformas a nuestros ordenamientos jurídicos pretende combatir y prevenir al secuestro, pero hasta el momento dichos intentos han fallado, e inclusive con la integración de nuevos grupos policíacos; siendo que nuestro país en la actualidad ocupa el primer lugar a nivel mundial en la ejecución de secuestros, debido a que los delincuentes no tienen barrera alguna para cometer tal ilícito. Es evidente que el incremento de la delincuencia perjudica la imagen del gobierno. En el caso del delito de secuestro, no sólo afecta la confianza del pueblo en las autoridades, sino que también frena las inversiones y la actividad económica al tener como objetivo, el extracto de la sociedad que posee la riqueza. Y este problema se agrava cuando hay sospecha que algunos funcionarios del gobierno o policías corruptos están coludidos con la delincuencia. Sin interesarles a estos la responsabilidad primordial del gobierno que es la de establecer, fomentar y coordinar las medidas de seguridad, para evitar la comisión de más hechos delictuosos, como los ya ocurridos, o de realizar la investigación correspondiente. Las autoridades han procedido en forma pasiva e irresponsable, tratando de resolver los delitos una vez cometidos; situación que ha permitido que la delincuencia se percate de dicha lentitud e incapacidad para resolver los problemas de seguridad pública y aproveche para infundir un temor generalizado y exhibir la ausencia de racionalidad o profesionalización de los mandos policíacos. Para la mejor comprensión de este problema podemos explicar que el crimen organizado es una asociación delictiva bien estructurada que, a diferencia de los grupos comunes de maleantes, reinvierte el capital que obtiene mediante sus acciones. Sus otros rasgos esenciales son la permanencia de sus actividades, intereses diversificados, estructura jerárquica, acumulación de capital, reinversión, uso de influencias políticas y ejercicio de la violencia. Muchas de esas

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características son muy semejantes a las de cualquier empresa dedicada a actividades lícitas, de ahí que se le haya llegado a considerar una industria. Por qué al abordar el tema del secuestro es imprescindible hablar de uno de los bienes jurídicos más importantes para todo ser humano, que es resultado de luchas, confrontaciones y la entrega de vidas humanas para su consecución, la libertad, valor preciado y derecho fundamental de la humanidad. El plagio fue un claro antecedente del secuestro, la privación ilegal de un hombre esclavo, o de uno libre, para venderlo en detrimento de su dueño o familia, a fin de obtener una ganancia económica habla de toda una forma acabada de daño en contra de quienes lo padecían. Actualmente el secuestro es toda una industria del crimen organizado, después del homicidio, consideramos que es uno de los delitos más cruentos y perniciosos para cualquier ser humano. En el secuestro la persona y su libertad se reducen a objetos con valor determinado, y la familia o autoridad tienen que negociar sobre este derecho fundamental. Independientemente que la vida de un ser humano jamás volverá a ser igual luego de tal agresión sufrida contra sus bienes. México, nuestro país, está dentro de aquellas naciones que presentan un alto grado de corrupción, motivo por el cual la “industria del secuestro” ha florecido con rasgos alarmantes, empleo de tecnología avanzada, bandas organizadas y especializadas, además de contar con fuertes recursos económicos para dar como resultado el ejercicio del delito más atractivo para la delincuencia organizada. Las características del secuestro han ido transformándose, anteriormente los objetivos del secuestro eran políticos, sociales y económicos. Sin embargo en la actualidad el mayor porcentaje de secuestros sus fines son económicos, y además

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se han vuelto más vulnerables a ciertos grupos de nuestra sociedad, como lo son, pequeños comerciantes, profesionistas, amas de casas y niños. Ante esto es indiscutible que un hecho delictivo de estas características afecta no sólo la estabilidad emocional, la tranquilidad, la seguridad y la paz de los mexicanos, que en la mayoría de las ocasiones se incrementa debido a la alarma social, producto de la difusión realizada por los diferentes medios masivos de comunicación sobre este evento delictivo; por eso de ahí surge la necesidad, la inquietud y el interés por parte de nosotros por realizar un estudio sistemático del delito de secuestro, a partir de un análisis jurídico y social de éste delito dentro de nuestra sociedad mexicana. Por eso para efecto de entendimiento sobre el tema del secuestro en nuestro país hemos estructurado la presente investigación en cuatro capítulos a desarrollar, los cuales se encuentran de la siguiente manera: En el Capítulo I (Antecedentes, conceptos y modalidades del secuestro), se estudian de manera general todos los antecedentes históricos del delito de secuestro en diferentes fases como es el delito y los tipo de secuestro, así como la definición más exacta sobre la terminación de la palabra secuestro para dar un mejor entendimiento sobre este tema que aqueja al mundo; así como, la analogía y diferencias que tiene el secuestro con otros delitos. En el Capítulo II (El secuestro dentro de la sociedad mexicana), se establecen todos los conceptos relacionados con ésta conducta antijurídica, y la forma (que por lo general) en que actúa la víctima, así como la forma en que actúa la familia al ser objeto de un secuestro, y la función del negociador para remediar este delito. En el Capítulo III (Aspectos jurídicos y normativos para erradicar el secuestro), se establece la importancia jurídica que tiene la intervención del Ministerio Público en

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éste delito, así como el bien jurídicamente tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para frenar el crecimiento desmesurado del ilícito del secuestro. En el último Capítulo IV (Acciones sociales y métodos del estado mexicano en la disuasión y persecución del delito de secuestro para su erradicación), se hace un análisis crítico del delito de secuestro a nivel general, con la finalidad de conocer la realidad que vive hoy en día nuestra sociedad mexicana, y en base a ello, aportar de manera personal algunas formas de prevenir éste delito en el hogar, en el trabajo o en la escuela a base de ciertas reformas a las leyes encargas de eliminar el delito del secuestro. Dentro de nuestro estudio y análisis referente al fenómeno del secuestro, resultará preciso emplear diversos métodos de investigación, aspirando siempre al mejor aprovechamiento de los materiales y recursos disponibles y a la cobertura necesaria del tema para cumplir con los objetivos propuestos. El diseño de la investigación es de naturaleza no experimental, descriptiva y observacional, es decir, se han identificado y descrito los principales elementos y características de las medidas tomadas por el estado en materia de combate al secuestro, para lo cual se utilizaron bases de datos como estadísticas sobre el tema principal. La actividad se centra en el uso de fuentes bibliográficas y hemerográficas, así como referencias documentales como informes y evaluaciones sobre el tema. Las referencias utilizadas se encuentran adecuadamente registradas en el aparato crítico y la bibliografía que acompaña al reporte escrito. Asimismo en cuanto al diseño de la investigación se encuentra el haber sido de carácter retrospectivo y transversal, dado que se preparó con información obtenida

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con anterioridad al proyecto y con fines ajenos al trabajo de investigación, así como se miden las variables una sola vez y en un momento determinado. Los métodos que utilizaremos serán los siguientes:

El método exegético.- El cual se encarga de estudiar de manera directa y analítica los textos legales, permitiéndonos conocer el espíritu de la ley y el ánimo que motivó al legislador. El método sistemático jurídico.- Al aplicarlo en el estudio del derecho estaremos en condiciones de comprender la norma jurídica como sistema del deber ser legislativos, corrientes doctrinales, instituciones jurídicas, de cuya validez y eficacia dependen unas de otras. El método inductivo.- Consistente en el análisis específico de aspectos singulares de la investigación, de gran utilidad para establecer conceptos generales. El método analítico.- A través del cual profundizaremos en las condiciones sociales imperantes al aplicar la normatividad legal correspondiente. El método deductivo.- Por medio del cual podremos derivar de ideas generales a particulares, hasta llegar a conclusiones determinadas. El método sintético.- El cual nos permitirá establecer el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse discutido, investigado, analizado y expuesto el tema. La metodología descrita nos proporcionará la información necesaria que analizaremos, interpretaremos y aplicaremos en el desarrollo de la investigación, conociendo el contexto nacional e internacional de los puntos significativos del derecho penal en cuanto hace al secuestro se refiere.

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CAPITULO I. Antecedentes, Conceptos y Modalidades del Secuestro 1.1. Antecedentes históricos del secuestro

Para concebir que es el secuestro, se dice que etimológicamente la palabra secuestrar viene del latín “secuestrare”, término que significa retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines (Diccionario de la lengua española). Como se sabe éste delito no es exclusivo de un solo lugar, sino que atañe a todo el mundo, para una mejor comprensión mencionaremos datos de su aparición y evolución a través de su historia. El secuestro en determinado momento se constituyó como una forma normal de sometimiento o comercio de personas (esclavitud), pues la supremacía era dada por las artes bélicas, y quien vencía tenía el derecho de tomar para sí el territorio conquistado y de las personas derrotadas (Jiménez Ornelas, Rene A. México, 2002, p. 17). En cuanto al derecho romano, éste contaba con diversas figuras que se equiparaban en cierto modo a las agrupadas actualmente bajo el título de delitos contra la libertad, influyendo sobre todo la naturaleza de la acción (pública o privada), de la pena y la competencia jurisdiccional. Dentro de esta clase de delitos la figura central era el denominado “crimen vis”, considerado como la fuerza o coacción por medio de la cual una persona obliga físicamente a otra a que deje realizar un acto contra su voluntad, de esta manera coarta la voluntad mediante amenaza de un mal, para determinarla a ejecutar o de no ejecutar una acción (Teodoro. Madrid España, 1998, p. 127).

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El secuestro se caracterizó en un principio por el encerramiento y el propósito particular de administrarse justicia, castigado de esta manera el imperio romano con la ley del talión o la muerte, porque mediante su comisión, el agente usurpaba una facultad que sólo competía al soberano (privar de la libertad a los súbditos).

Debido a la diversidad de nombres, llegó a confundirse el secuestro con el plagio, pero en Roma tuvo antecedentes legislativos muy distintos ya que se encontraba regulado en el apartado de la sustracción de la propiedad (Ibídem). Narra el tratadista Teodoro Mommsen; “Éste delito halló en el último período de la vida de la república y su objeto fue reprimir los robos de hombres libres y esclavos. Para la existencia del delito, eran indiferentes tanto el diseño o asenso del esclavo, como los medios empleados por el plagiador. Participaba en el delito quien teniendo conocimiento de éste, negociaba sobre el plagiado, equiparándosele al autor e imponiéndoseles a ambos una multa de 50mil sestercios (aplicada al erario y a la propia víctima); otras veces la pena consistía en relegación y confiscación de bienes, trabajo en las minas y hasta la muerte, según la época y condición social del plagiario” (Teodoro, Madrid España, 1998, p. 134). En cuanto a los menores, como breve reseña, se consideraba legítima la venta de un hijo hecha por el padre, pues se pensaba que éste era de su propiedad, tal acción si bien era injusta, no fue punible; el plagio entre los antiguos romanos, consistía en comprar a un hombre libre y retenerlo en servidumbre o utilizar a un siervo ajeno como si fuera propio. Pero a la caída del imperio romano, perduró aun la rigidez de la estructura social. En cuanto a la legislación española, el fuero juzgo influido por la tendencia romanista al secuestro como un hecho de injuria. No se observa un avance considerable en el sistema de delitos contra la libertad porque perdura la rigidez

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de la estructura social de los romanos; sin embargo, no puede negarse la influencia considerable del derecho germano en las leyes españolas antiguas. En el libro VI, título 4º, ley 3, el fuero juzgo agrupa varias hipótesis de detención, de acuerdo a la calidad de los sujetos, según fueran hombres libres o esclavos, caracterizada por los medios de comisión y describe diversos hechos punibles constitutivos de injurias, lesiones y privación de la libertad, sólo aplicables, cuando ambas personas (sujeto activo y sujeto pasivo) fueran hombres libres (Millán Martínez, Rafael, México, 1985, p. 58). Por otro lado el fuero real, sancionó el encierro violento en el propio domicilio o en ajeno, sin exigir calificación alguna de los sujetos, en otro caso se introdujo un elemento normativo, la sola aprehensión sin derecho ejecutada en cualquier lugar y con cualquier medio, en ambos casos se sancionaba con multa de su comisión (Op. cit.). Se sancionaba el encierro sufrido por una persona en su domicilio, al cual no se le permitía que llevara a cabo algún traslado, pero también se sancionaba esta privación de la libertad en domicilio distinto al de la persona que la sufría; para esto la sanción no era muy alta, ya que sólo se castigaba con una multa una conducta que en la actualidad puede alcanzar una pena de hasta cincuenta años de prisión (Op. cit.). Por cuanto hace al Código Penal Español de 1822, se plasmaron las bases para la sistematización del secuestro como delito que ataca la libertad personal; bases con las que se vieron influenciadas algunas legislaciones modernas, sobre todo de América. Es por ello que dicho numeral señalaba lo siguiente: “artículo 663: ... Sin embargo de lo que pueda prevenirlo, el que dé propia autoridad, y sin ejercer algún puesto público, arreste o aprendiera a alguna persona, no podrá presentarla a un juez competente o para ponerla a disposición

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de éste en cárcel a otro sitio público, sino para oprimirla, notificarla o detenerla en custodia privada, sufrirá la pena de dos a seis años de prisión, si la privación o detención de la persona no pasaré de ocho días excediendo éste término, y no pasando de treinta días, será la pena de seis a doce años de obras públicas....” (Op. Cit.). Se tiene documentado que hacia la segunda mitad del siglo XIX, una ola de secuestros sometió a España. Los primeros secuestros fueron hacia principios de 1869 en la provincia de Málaga, por Alameda y Alora, especialmente; la primera sensación fue de estupor, luego de alarma, cuando empezó la epidemia empezó a expandirse, pasando las provincias colindantes, acá y allá, de improviso desaparecían las personas, misteriosos mensajes planteaban la alternativa de su muerte o su rescate a precios abrumadores que se hacía preciso conseguir en gestiones difíciles a breve plazo (Jiménez Huerta, Mariano. 2000, p. 137,138). En Andalucía, España, los secuestradores llegaron a constituir un peligro tan grave para las vidas y haciendas de sus habitantes, que ni las más prudentes medidas de seguridad adoptadas por los vecinos en sus casas libraban a éstos de ser víctimas de los secuestradores (Enciclopedia Jurídica Omega, Madrid, Tomo IV, 1954, p. 185). Por otro lado, dentro de la edad media, época no propicia para éste tipo de infracciones, debido a que en éste período lo ocupaba en primer lugar los delitos contra la religión (Ibídem, p. 186). Fue un período histórico donde lo más relevante eran los delitos que atentaban contra la religión y, por lo tanto quedaban en segundo lugar otro tipo de delitos que causaban grandes daños a las personas, y que en ésta etapa, la religión jugó un papel muy importante que influenciaba en gran medida a las legislaciones.

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Cabe mencionar que en el siglo XVII, en Inglaterra, aparecieron los denominados “press-gangs”, que no eran otra cosa que bandas de secuestradores que operaban a favor del ejército y la marina, cuyas funciones eran las de obligar a los hombres a alistarse en las filas de los regimientos británicos (Ibídem, p. 60).

Al mismo tiempo en China era muy frecuente el “shanghaien” o secuestro de personas que consistió en que drogaban a la gente para obligarlas a subir a los barcos especializados en el comercio y tráfico de esclavos (Op. cit.). En el caso de los Estados Unidos, el antecedente más sobresaliente es el caso del secuestro del niño Charles Ross, que sucedió en 1874, donde después de una mala negociación en éste caso ante la negativa del pago por su rescate y la presión policial se perdió todo contacto con los secuestradores y nunca más se volvió a saber del pequeño (Enciclopedia Jurídica Omega, Madrid, Tomo IV, 1954, p. 60). Por otro lado en la década de los años 20´, en el siglo pasado con el crecimiento de las mafias con gran influencia italiana, el aumento de los secuestros fue demasiado, sobre todos en las ciudades de Chicago y Nueva York. Para los años 30´, hubo numerosos secuestros, como en el caso de la ciudad de Chicago en donde acaeció alrededor de 200 secuestros, pagándose cifras millonarias con motivo de los rescates; respecto al FBI, éste informó que todos ellos se resolvieron, con excepción de tres. En Latinoamérica, en la década de los años 60´, también del siglo pasado, el secuestro avanzó a pasos agigantados, dado que el propósito principal de éste era; el obtener dinero, ganancias económicas vertiginosas. Pero en el caso de México, después de la Independencia, la creación de las leyes se enfocó a la estructura y administración del estado naciente, es así que se

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prolongó la vigencia del derecho penal de la colonia integrado por las leyes de india y de las de castilla (Millán Martínez, Rafael. Op. cit., p. 61). Fue hasta 1871 cuando se promulgó el primer Código Penal para el Distrito Federal y territorio de Baja California, conocido como “Código de Martínez de Castro”; en éste se apreciaba una confusión entre los términos de secuestro y plagio, de tal manera que en su artículo 626 se establecía lo siguiente: “… Artículo 626: El delito de plagio se comete, apoderándose de otro por medio de violencia, de amagos, de amenazas, de la seducción y el engaño. I. Para venderlo, ponerlo contra su voluntad al servicio público o de un particular en un país extranjero, engañándolo en el ejército de otra nación; o disponer de él a su arbitrio de cualquier otro modo. II. Para obligarlo a pagar rescate, entregar alguna cosa o mueble, a extender, entregar o firmar un documento que impone obligación o liberación o que contenga alguna disposición que pueda causarle daño o perjuicio en sus intereses, o en los de un tercero o para obligar a otra persona a que ejecute alguno de los actos mencionados…” (Ibídem, p. 62). El Código de 1929, se concretó a reproducir casi literalmente las disposiciones señaladas en el Código de 1871. Con la promulgación del Código de 1931, podría decir que la figura en estudio experimentó notable mejoría, pues en el título vigésimo primero, dedicado a la privación ilegal de la libertad y otras garantías, capítulo único de la privación ilegal de la libertad, abarcó sus diversas hipótesis en dos artículos, (artículo 365 y 366 que establece cinco supuestos de secuestro calificado).

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El auge que se ha tenido en México sobre éste tipo de ilícito, se remonta a finales de la década de los años 60´ y principios de los 70´, cuando las primeras olas de secuestros se presentaron en nuestro país, afectando primordialmente a personalidades, como el entonces director de aeropuertos, Julio Hirshfield A. y al suegro del entonces presidente Echeverría. Una de las causas por las que éste delito tuvo su apogeo fue que, los secuestradores lo consideraban de poco riesgo y los familiares de las víctimas accedían fácilmente a sus peticiones (COPARMEX, 2002). Éste delito se incrementó en forma considerable en el siglo XX, así para el año de 1999, se registraron 548 secuestros en todo el país y en el año de 2002 la cifra se incrementó a 11 secuestros más, según estudios realizados por la COPARMEX (Op. cit.). 1.2. Referencias conceptuales del secuestro Primero haremos hincapié en algunas consideraciones importantes. En la Constitución de 1917 se heredaron los principios básicos de su similar de 1857, como lo son la forma de gobierno, la soberanía popular, la división de los poderes y los derechos individuales; acumuló en sus preceptos los ideales del pueblo revolucionario, de paz, libertad e igualdad, entre otros claro esta; les dio forma y creó instituciones para que los realizaran. Los hombres que lucharon por la libertad deseaban que la vida del pueblo fuera más digna y justa para todos. Pero sobre todo cuando nos referimos a la libertad que está dentro de la carta magna, sería hablar de uno de los máximos derechos que poseemos como individuos, ya que es una de las facultades más importantes que la ley va a proteger y por la que se ha luchado a través de la historia ´´la de elegir libremente´´.

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Se deseaba lograr la supremacía de los derechos del hombre; la libertad, la igualdad, la propiedad, el respeto a la persona humana y la abstención del estado para intervenir en las relaciones económicas que entre los gobernados se habían establecido.

Con esto era evidente la necesidad de proteger los derechos del hombre, ya que no se contaba con el amparo del estado, debido a esto, el ser humano comprendió que la única forma de lograr sus anhelos para obtener una vida llena de igualdad en todos los aspectos, era llevando a cabo cambios en sus instituciones, así como en el establecimiento de diversas leyes y normas que los protegieran. Procedida de los grandes movimientos que en el país se desarrollaban debido a que el pueblo estaba cansado de todas las carencias que tenía y que, sólo la paz, la libertad e igualdad era protegida para los sectores de poder que en ese entonces, eran los que tenían mayores recursos económicos, y que trataban a los más necesitados con las peores condiciones de vida y únicamente los utilizaban como objeto. Los movimientos revolucionarios provocaron que se fueran estipulando poco a poco las facultades y los derechos que deberían gozar todos los individuos, con independencia de su sexo, edad, condición económica y social, religión, e incluso su nacionalidad. Es por eso que se estableció por primera vez un capítulo en donde se consagra en sus 29 artículos, las garantías individuales que les otorga la Constitución a las personas como individuos que son, y servirían de protección para cualquier persona que se encuentre en el país; se estableció también la abolición de la esclavitud, que fue el inicio para que pudiera desarrollarse en los demás países del mundo, el derecho que tiene todo hombre, independientemente de sus condiciones tanto económica como social, se le da al individuo una calidad de persona y en el pasado queda el concepto de esclavo, que alguna vez se utilizó como un instrumento que podía ser manipulado al antojo de otro individuo.

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De esta manera la libertad a lo largo de la historia ha sido y será, uno de los motores del ser humano, un anhelo para poder lograr un cambio en sí mismo, no sólo en una persona sino en la posibilidad de que su país goce de esa libertad a la que cada ser humano tiene derecho, el cual como todos sabemos, es una de las garantías más importantes, que ha llevado al individuo a luchar por ella, con el derecho de decidir, gozar, y expresar, lo que quiere, obteniendo y logrando así, sus metas. Pero la declaración, a estos derechos, no sólo quedaron plasmados en nuestra Constitución de 1857, sino también en la Carta Magna de 1917, pero además se han reconocido con anterioridad en los ordenamientos internacionales, como son, “La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1879. Cabe mencionar que los Derechos Humanos se traducen en que tales derechos nacen de la naturaleza que la conciencia interpreta iluminada por la razón, esto es, no provienen de la ley positiva sino de lo que Cicerón reputaba como “nata lex” y que pertenecen al mundo del derecho natural (Burgoa Orihuela, Ignacio. 2001, p. 55). Ahora bien, como imperativos de carácter moral y filosófico, los derechos humanos asumen posibilidad a virtud de dicho reconocimiento, esto les otorga obligatoriedad jurídica al convertirlos en el contenido de los derechos públicos subjetivos que son elementos esenciales e integrantes de las garantías individuales. Por lo tanto, la relación que en general se deduce entre los derechos humanos, los derechos públicos subjetivos y las garantías individuales, es que de su operatividad ética de los primeros, se condiciona la previsión constitucional de los segundos, que a su vez se implican en las garantías del gobernado.

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Por ende, el objeto de preservación de estas garantías, estriba en los derechos humanos ya convertidos en derechos subjetivos públicos de todo gobernado como elementos inherentes a las propias garantías. Ahora bien para entrar al estudio del secuestro, se debe conocer primero que se entiende por privación de la libertad, considerándola como delito, ya que esto resulta esencial para identificar si realmente se introduce la figura del secuestro en el nuevo Código Penal para el ámbito Federal, o simplemente como una generalidad de la privación de la libertad personal. Primeramente definiremos las palabras que integran el rubro citado anteriormente: •

Privar: es despojar a alguien algo que poseía.

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ilegal: quiere decir, contrario a la ley.

Mientras que la libertad, aun cuando tiene diversas acepciones y es materia de muchos tratados filosóficos, para efectos de este estudio tomaremos en cuenta la definición planteada en el libro de las Instituciones, en donde se lee;” la libertad, de donde viene la denominación de libres, es la facultad que tiene cada uno de hacer lo que le plazca, a no ser que la ley o la fuerza se lo impida” (Libro Instituciones 1, 3, 20). Luego entonces la privación ilegal de la libertad personal, consiste en, como su nombre lo indica, privar de la libertad a una persona, ésta privación debe ser arbitraria y sin ningún derecho. El tipo penal del ilícito no establecía ningún propósito en particular, así que cualquier detención hecha a persona alguna sin su consentimiento o sin que medie orden de aprehensión, para que proceda la detención, puede encuadrar en el supuesto previsto en la ley.

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Se dice que en sus inicios y hasta 1990, el artículo 364 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, protegía la detención ilegal en una cárcel privada, como se advertía en su redacción, la cual establecía lo siguiente:

“…Al que sin orden de autoridad competente, siendo un particular y fuera de los casos previstos por la ley, arreste o detenga a otro en cárcel privada o en otro lugar se le aplicará…” (Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, México, 1989). El supuesto arriba citado fue reformado en el año 1990, debido a que el término de cárcel privada resultaba absurdo, así Carranca y Trujillo, afirmó “La cárcel es un establecimiento público destinado a la custodia y seguridad de los en ella recluidos. En pluralidad no puede haber cárceles privadas, pues si son privadas no son cárceles” (Carranca y Trujillo, Raúl, y Carranca y Rivas, Raúl, 1997, p. 895). Actualmente: el tipo (artículo 160 del Código Penal para el Distrito Federal) sólo establece el siguiente supuesto: “Se impondrá…al particular que prive a otro de su libertad…” (Agenda Penal del Distrito Federal, Código Penal para el Distrito Federal, 2003, p. 39), de tal manera que cualquier conducta consistente en privación de libertad encuadra en el supuesto, ya que éste sólo se constriñe a limitar las posibilidades de desplazamiento, y su temporalidad sólo debe ser condicionada a la penalidad respectiva. Según el criterio de nuestro máximo tribunal de justicia federal, la privación de la libertad personal debe entenderse como: “Privación de la libertad. Configuración del delito de. El delito de privación de la libertad no exige para su configuración alguna circunstancia concreta y necesaria de temporalidad, toda vez que se integra en todos sus elementos constituidos desde el momento mismo en que se lesiona el bien jurídico tutelado, que es la

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libertad del individuo, al evitar el libre actuar del sujeto pasivo de la infracción, siendo el elemento distintivo del delito instantáneo, que esta conducta puede prolongarse por más tiempo, según lo establecen los diversos preceptos de los códigos penales.

Cabe hacer notar que para la integración de ésta figura delictiva basta que una persona sea privada de su libertad ilegalmente por un particular, independientemente del lugar en que se lleve a cabo dicha acción, pues en todo caso, esas circunstancias deben ser apreciadas por el juzgador al momento de llevar a cabo la individualización de las sanciones, situación que no ocurre tratándose del delito de secuestro, dado que en éste lo que se pretende con la privación de la libertad, en términos generales, es el obtener un lucro o causar daños o perjuicios a la víctima (artículo 163 del Código Penal para el Distrito Federal), esto lo explicaremos a continuación y para una mejor comprensión definiremos primeramente lo que es secuestro: Secuestro; etimológicamente viene del latín “sequestrare”, término que significa retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines (Diccionario de la Lengua Española). Pero nuestro máximo Tribunal de Justicia Federal, ha emitido el siguiente criterio sobre el delito de que se trata, aunque también lo denomina como plagio; “Plagio o secuestro. Es irrelevante quien de los responsables exigió el rescate. Para la configuración del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, es indispensable que el o los sujetos activos no sólo quieran directamente la realización del resultado típico que es la privación de la libertad del pasivo, sino que el propósito de dicha privación debe consistir en obtener un rescate o en causar daños y perjuicios, por lo que si varias personas ejecutaron el ilícito, es suficiente que una de ellas haya exigido el rescate para que la figura delictiva surja a la vida jurídica y se acredite la responsabilidad penal de los que participaron en su perpetración.

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De acuerdo a lo anterior cabe preguntarse, ¿Cuál es la diferencia entre secuestro y plagio?, aunque se utilizan como sinónimos, la propia Constitución habla de plagio esto es, en el artículo 22, aunque en realidad a lo que se quiso referir el legislador es a secuestro. Aunque hay opiniones encontradas de quienes relacionan al secuestro con plagio, pero hay otros que más que relacionarlos los diferencian. En México, el Código Penal de 1871, definía al plagio en su artículo 626, como el apoderamiento de una persona por medio de engaños, amagos, amenazas, de la seducción o del engaño. En nuestra Carta Magna, en el artículo 22 último párrafo, se habla del plagiario, es por ello que nos surge la inquietud de pensar que actualmente la palabra plagio nos remite al secuestro, debido a que la primera ya fue omitida en nuestros ordenamientos legales penales. Si este razonamiento es correcto es conveniente modificar esa palabra en el citado artículo constitucional, con la finalidad de contribuir a la actualización de los ordenamientos legales. Ahora bien, según Sebastián Soler, el delito de plagio no era considerado desde el punto de vista de la libertad, sino de la violación a los derechos dominicales, a pesar de que se refería no solamente al esclavo, sino también a la compra-venta de un hombre libre (Soler, Sebastián, 1992). Sin embargo, el secuestro puede definirse como “apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar a una persona ilegalmente”, consecuentemente como se observa son dos términos distintos. Consideramos que debe emplearse la palabra de secuestro, únicamente para referirse a la conducta mediante la cual se solicita rescate o alguna de las otras circunstancias contenidas en los ordenamientos jurídicos sustantivos debido a que, en sus inicios, el plagio se configuraba cuando existía reducción a la

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esclavitud de un hombre libre o la venta de un esclavo por alguien que no tenía la facultad para efectuarla; sin embargo, constitucionalmente, la esclavitud no está permitida en nuestro país, así que resulta más pertinente utilizar el vocablo de secuestro, además porque, el plagio suponía elementos y circunstancias totalmente diferentes a las que se refiere nuestro ordenamiento penal. 1.2.1. Diversas percepciones de secuestro Primero haremos mención del concepto que se encuentra en el Código Penal para el Distrito Federal, capítulo tercero, del secuestro, en su artículo 163 que a la letra dice: “Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra, se le impondrán de diez a cuarenta años de prisión y de cien a mil días multa” (Agenda Penal del Distrito Federal, México, 2004). En la antigüedad como ya se mencionó se le denominaba “plagio” cuyo término se refiere a una “red de pescar” (Enciclopedia Jurídica Omega, Madrid, 1954). Según Guillermo Cabanillas, el secuestro consiste en la detención o retención forzosa de una persona para exigir por su rescate o liberación una cantidad u otra prestación sin derecho, como prenda ilegal (Consultores Exprofeso, p. 8). El concepto de secuestro ha merecido la atención de connotadas doctrinas como las que a continuación citaremos; Primero: el ilustre Francisco Carrara menciona que; “el plagio es la sustracción de una persona con fines de lucro o venganza, hecho por medio de violencia o fraude” (Carrara, Francisco, Bogotá, 1979).

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Guissepe Maggiore indica que consiste en “someter a una persona al propio poder, reduciéndola a un estado de sujeción” (Guissepe, Maggiore, Barcelona, 2000). Como se observa, para éste autor el plagio consiste en la privación total de la libertad personal del ser humano. Por otra parte, Etcheverry dice que el secuestro consiste en “encerrar o detener a otro sin derecho, privándolo de la libertad” (Guissepe, Maggiore, Barcelona, 2000). Pero para otros autores, la esencia de éste delito, consiste en poner materialmente a una persona en tales condiciones que no puedan usar la libertad de locomoción, sea de manera total, sea también dentro de los límites impuestos arbitrariamente por el sujeto activo. Cabe mencionar que el secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene, la conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacía las víctimas. Por lo que con base en todo lo anterior se puede concluir que, el secuestro es la privación ilegal de la libertad hacia el individuo, quien es sometido por un tercero a través de violencia física y moral, lo anterior con la finalidad de obtener un lucro económico a cambio de la vida de la persona que fue secuestrada. 1.3. Componentes del delito. Dentro de este apartado abordaremos la definición de la palabra delito, puesto que éste al ser considerado una conducta típica, antijurídica culpable y punible, requiere de diversos elementos que lo conforman, mismos que adecuaremos al ilícito que nos ocupa (el secuestro); así mismo estableceremos los objetivos principales que buscan los secuestradores al cometer este tipo de conducta ilícita,

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entre los cuales el de mayor relevancia es obtener un rescate monetario, destacando entre otras cosas la forma de operar de algunas bandas de secuestradores, así como algunas tácticas que utilizan en la comisión de este tipo de ilícito.

El Delito se define como: una. Infracción a la ley; de menos gravedad que el crimen. Cuerpo del delito, objeto que sirve para hacerlo constar. Delicto o delictum, supino del verbo delinquo, delinquere que significa desviarse, resbalar, abandonar, abandono de una ley. “Delito. Infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso” (Cabanellas de Torres, Guillermo, 1982). Como podemos observar, dentro de esta definición se señala al delito solo como una conducta mala o buena, del hombre que es sancionada por el Estado; es decir simplemente como todo acto señalado con una sanción penal. Asimismo dentro del Código Penal para el Estado de México se entiende al delito dentro de su artículo 6º como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Por lo tanto el delito es siempre una conducta (acto u omisión) reprobado o rechazado (sancionado). La reprobación opera mediante la amenaza de una pena (por leyes penales). No es necesario que la conducta tenga eficaz secuencia en la pena basta con que esta amenace es decir, se anuncie como la consecuencia misma, legalmente necesaria.

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Por tal motivo se puntualiza que: exteriormente el delito es el acto humano sancionado por la ley e intrínsecamente el delito presenta las siguientes características. Es una acción, la que es antijurídica culpable y típica. Por ello es punible según ciertas condiciones objetivas, es decir que esta conminada con la amenaza de una pena. •

Acción, porque es acto u omisión humano.

•

Antijurídica por que ha de estar en contradicción con la norma.

•

•

Ha de ser ilícita y típica porque la ley ha de configurarla con el tipo de delito previsto. Culpable porque debe corresponder subjetivamente a una persona.

La norma prohibitiva solo es eficaz penalmente por medio de una sanción, de donde deriva la consecuencia punible. De lo anterior podemos concluir que: Delito es el acto u omisión típicamente antijurídico, culpable sometido a condiciones de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal; por lo que entre otras cosas, debemos establecer los elementos del delito, entendiendo como; elemento a aquello que concurre para la formación de algo complejo como las letras, que forman una palabra; los átomos que forman una molécula; los cuerpos simples que se combinan para formar sal; el género próximo y la diferencia especifica de toda definición esencial; o el acto humano y sus calificativos antijurídicos y culpabilidad; que integran el delito. Como podemos ver la anterior definición de la palabra delito, nos refiere que no es sino solo un complemento para entablar características más complejas, como en el caso de los delitos, es decir, si partimos de que delito es un acto humano sancionado con una pena, luego entonces sus elementos son las circunstancias

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para que este acto u omisión se llegue a dar, pues solo la persona humana es posible sujeto de una sanción ya que actúa con voluntad y es imputable. Las personas que pueden clasificarse en activos o pasivos, dependiendo de la conducta que se realice en el mismo; así tenemos que el sujeto activo (ofensor o agente) del delito es quien comete o participa en su ejecución; el que lo comete es activo primario, y el que participa es activo secundario. Por ejemplo dentro del delito de secuestro se dice que una persona es sujeto activo, cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y punible, siendo así autor material del delito, o bien cuando participa en su comisión contribuyendo a su ejecución en forma intelectual al proponer, instigar o compeler o simplemente auxiliando al autor con anterioridad a su realización, concomitantemente con ella o después de su consumación es decir, cómplice o encubridor. Por eso dentro del caso del delito de secuestro el sujeto activo, como lo señala el Código Penal Federal puede ser cualquier particular en el caso del tipo básico y en el caso del tipo complementado previsto en la fracción II inciso b el sujeto activo sea integrante de una institución de seguridad o se ostente como tal sin serlo en este caso estaríamos hablando de un sujeto activo primario. En cuanto a un sujeto activo secundario nos referiremos a lo establecido en el artículo 366 bis del Código Penal Federal el cual señala como sujeto activo al que actúe en calidad de intermediario, cualquier particular que colabore con la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, así mismo al que actúe como asesor con fines lucrativos de quienes represente o gestionen a favor de la víctima. Así pues como él o los sujetos pasivos del delito (ofendido paciente o inmediato), se entiende la persona que sufre directamente la acción, sobre la que recaen los

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actos materiales mediante los que se realiza el delito; el titular del derecho o interés lesionado o puesto en peligro por el delito mismo. Por lo tanto dentro del Código Penal Federal, se habla dentro del artículo 266 como sujeto pasivo cuando se establecen cualidades específicas como el ser menor de dieciséis años, o ser mayor de sesenta; o bien encontrarse en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad. Por su parte el artículo 366 bis, hace mención que puede ser cualquier particular, o bien aquellas personas (familiares, representantes o gestores) que hayan sido intimidadas por los secuestradores. De acuerdo con la clasificación del delito en cuanto al sujeto pasivo podemos decir que el delito de secuestro es un delito personal, puesto que la lesión o daño recae sobre una persona física. Una vez que hemos establecido el papel que juegan los sujetos (activos o pasivos) dentro del delito, organicemos los elementos del mismo, partiendo primeramente de la: Conducta. Lo primero para que el delito exista es que se produzca una conducta humana. “La conducta es así el elemento básico del delito, puesto que consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. Si es positivo consistirá en un movimiento corporal, productor de un resultado como efecto, siendo ese resultado un cambio o un peligro de cambio en el mundo exterior físico o psíquico, y si es negativo consistirá en la ausencia voluntaria del movimiento corporal esperado, lo que también causara un resultado” (Castellanos Tena, Fernando, 1965).

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La conducta es una actividad voluntaria o inactividad voluntaria que produce un resultado con violación de una norma prohibitiva. De acuerdo a la clasificación del delito en cuanto a la conducta, con el delito de secuestro estaríamos ante la presencia de un delito de acción, porque dicha conducta se manifiesta a través de un movimiento corporal o conjunto de movimiento corporales voluntarios, es decir, los delitos de acción son los que se consuman haciendo algo, ya sea elemento requerido por el autor que se realiza a través de un acto positivo; como cuando se secuestra a una persona con la intención de hacerle daño, además de ser un delito ya que para su agotamiento la acción requiere de varios actos. La conducta principal en el caso del secuestro, es privar de la libertad a otro, así mismo dicha conducta puede darse al actuar como intermediario en las negociaciones del rescate, colaborar en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores; actuar como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen a favor de la víctima, evitar informar o colaborar u obstruir la actuación de las autoridades, efectuar el cambio de moneda nacional para el rescate, intimide a la víctima a sus familiares o a sus representantes o gestores para que no colaboren durante el secuestro. “Ahora bien en cuanto al objeto jurídico o material del delito entendiéndose por el primero el bien jurídico tutelado a través de la ley penal mediante la amenaza de sanción, el bien jurídico protegido en el delito de secuestro es la libertad externa de las personas, particularmente de obrar, moverse, transitar o deambular, es decir la disponibilidad de moverse de un sitio a otro de manera autónoma, y como elemento subjetivo del tipo distinto del dolo se requiere que la privación ilegal de la libertad personal del sujeto pasivo tenga por finalidad la de pedir un rescate o causar daños y perjuicios al plagiado o a otras personas” (Maggiore, Giuseppe, Colombia 1989).

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“En otras palabras es indispensable para la configuración del delito de referencia que el sujeto activo no solo requiera directamente la producción del resultado típico, que es la privación ilegal de la libertad del pasivo, sino que el objeto de dicha privación debe ser con el propósito de tratar de obtener un rescate o el cumplimiento de cualquier condición, que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole o causar daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona. También se dice que la tutela se adecuada a la actuación de los órganos de justicia, así como la reserva y confidencialidad del trabajo desplegado en esta materia” (Díaz de León, Marco Antonio, México, 1997; p. 609). El bien jurídico protegido en este tipo de delito coincide con la doctrina jurídico penal como “el objeto jurídico protegido del secuestro es la libertad externa de las personas, la libertad de obrar y de moverse de la persona física del sujeto pasivo”. Asimismo encontramos que nuestro ordenamiento jurídico disciplina aquellos actos que ponen en peligro la vida y la seguridad de las personas, por lo que se llega a la conclusión de que son dos los bienes protegidos por la ley en el delito de secuestro: la libertad y la seguridad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en sus primeros artículos, el tema relacionado con las garantías individuales, toda vez que al privar de la libertad y no proporcionar seguridad al sujeto pasivo se le priva de estas garantías. En cuanto al objeto material este se define como la persona o cosa dañada o que sufre el peligro derivado de la conducta delictiva; en el caso del secuestro, este lo constituye, indudablemente, el sujeto pasivo, es decir la persona que en su integridad física resiente la acción de privarla de su libertad de movimiento.

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Así también puede considerarse como objeto material, la negociación del mismo secuestro; la información respecto a las pretensiones o mensajes de los secuestradores o incluso la asesoría misma que se proporcione en estos casos. Resultado. El resultado consiste en el obrar u omitir del hombre que producen un conjunto de efectos en el mundo natural, se identifica el resultado con un acontecimiento o suceso, comprendiéndose en el tanto el actuar, positivo o negativo, como los efectos producidos. Así se establece que resultado es el efecto del acto voluntario en el mundo exterior, o más precisamente, la modificación del mundo exterior como efecto de la actividad delictuosa. El resultado es, la consecuencia de la acción, o lo que es lo mismo, la realización del tipo de delito fijado por la ley, es decir, el efecto natural de la acción relevante para el Derecho Penal, puesto que los efectos de un delito son infinitos. Ahora bien en cuanto a su resultado podemos definir al delito del secuestro como un delito permanente, ya que es un delito de consumación indefinida cuyo tipo legal continua realizándose hasta que interviene alguna causa que lo hace cesar. “Por tal motivo al considerarse al delito un resultado material y permanente podemos decir que se consuma en el momento mismo en que se detiene a la víctima con el fin de realizar cualquier tipo de acto con ella y dura todo el tiempo que se prolongue o sea, a partir de que se impone a aquella el impedimento físico de su libertad de tránsito, se le detiene o encierra en algún lugar, continuándose su consumación por todo el tiempo de la privación de la libertad” (Maggiore, Giuseppe, pp. 615-616).

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Nexo causal. El nexo causal es la relación existente entre la conducta y el resultado y mediante la cual se hace posible la atribución material de esta a aquella como a su causa.

Asimismo se consagra al nexo de causalidad como elemento del tipo objetivo en los delitos de resultado por lo tanto debe determinarse si la acción del agente ha causado el resultado de la detención ilegal de una persona por alguno de los medios o motivos señalados por el artículo 366 del Código Penal Federal. “La consumación de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro depende del resultado típico en cualquiera de sus mencionadas formas. El nexo causal es el producido entre la detención ilegal de una persona que alguien ha cometido y el resultado típico, debidamente comprobado en el proceso penal” (Ibídem, pp. 617-618). Tipicidad. “Tipo. En sentido amplio se considera al delito mismo, es decir la suma de todos sus elementos”. Rodríguez Manzanera dice “el conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica” (Diccionario Jurídico Mexicano, 1994). Tipicidad. Es la adecuación de la conducta o del hecho a la hipótesis legislativa. No debe sin embargo confundirse el tipo con la tipicidad, ya que el primero es el antecedente necesario del delito, es decir, su presupuesto; mientras la tipicidad es uno de sus elementos constitutivos.

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“La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo, o sea, el encuadramiento de un comportamiento real a la hipótesis legal; de esta forma habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la apreciación plasmada en la ley” (Diccionario Espasa Calpe, Jurídico, 1998). En el delito de secuestro, se dará la tipicidad cuando haya un encuadramiento al contenido del artículo 366 del Código Penal Federal es decir, que la privación de la libertad de una persona se haga con la finalidad de obtener un rescate, mantener en calidad de rehén para causarle un daño o incluso para amenazarla, pero si la privación de la libertad de persona alguna no es con la finalidad de los casos antes mencionados la conducta será atípica respecto al delito de privación de la libertad Antijurídicas. Las normas antijurídicas son un concepto negativo, desaprobador del hecho humano frente al derecho; una contradicción o desacuerdo entre el hecho del hombre y las normas del derecho. En términos generales, podemos decir que las normas antijurídicas es lo contrario al derecho, es el hecho de violar el bien jurídico tutelado por la ley, que en el caso del secuestro es la libertad de las personas. “El delito es ante todo, la acción antijurídica. La decisión respecto así una determinada conducta cae en la esfera del derecho punitivo, resulta de la consideración de que como fundamento de las exigencias de la ley, no es suficiente cualquier acción antijurídica especial, tipificada y culpable, es decir, el tipo en sentido técnico especial y conforme a la teoría general de derecho aparece como el conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica” (Carmignani, Giovanni, Bogotá, 1979). Culpabilidad.

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A la culpabilidad se le puede considerar como “el conjunto de reconocidos males que fundamentan el reproche personal de la conducta antijurídica”, es decir que una conducta es reprochable en tanto que se produce culpablemente y entonces se señalan como elementos de la culpabilidad: •

•

•

La imputabilidad, Las formas de culpabilidad; dolo y culpa, La ausencia de causas de exclusión de la culpabilidad, pues de existir una de ellas desaparecería la culpabilidad del sujeto.

Así entonces tenemos que “la culpabilidad es la relación directa que existe en tres formas: la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada” (Ibíd. p. 710). Para Vela Treviño, “la culpabilidad es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta”. De acuerdo al Código Penal Federal, existen dos grados de culpabilidad; dolo y culpa. Esta legislación en su artículo octavo establece, “las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente”, y en su artículo noveno se define que: “obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley; y obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previo siendo previsible o previo confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. En el caso del secuestro, solo puede presentarse el dolo o la intencionalidad; el bien protegido por éste es la libertad de las personas y el dolo o elemento psíquico

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se conforma con la conciencia y la voluntad del delincuente para privar de su libertad a alguien con el fin de pedir rescate o de causar un daño. Punibilidad.

Podemos definir a la punibilidad como: “la amenaza de pena que el Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas jurídicas, impuestas para garantizar la permanencia del orden social” (Diccionario ESPASA. Ob. Cit.): Para que la conducta humana sea punible, conforme al derecho positivo es preciso que la actividad desplegada por el sujeto activo, se sumerja en un tipo legal, esto es, que la acción sea típica, antijurídica y culpable, y que no concurra en la total consumación exterior del acto injusto, una causa de justificación o excluyente de la culpabilidad. “El fundamento de la pena está determinado por el delito y por lo tanto, el declararse la culpabilidad del concreto súbito de derecho, éste tiene como exigencia que esté plenamente acreditado el nexo de causalidad entre la conducta por el agente y el resultado lesivo de bienes jurídicamente protegidos; pero no solo es esto, la culpabilidad como fundamento de la pena toma en cuenta las circunstancias especiales en que tuvo evento el acto criminoso, es decir, si cuando el agente modifica el mundo exterior concurrieron circunstancias constitutivas del tipo que pueden modificarlo, atenuando o agravando la penalidad que debe imponerse a tal comportamiento; dado que ya tornan privilegiado el tipo jurídico penal para los efectos de punibilidad, ya la agravan; pero además, puede ocurrir que no obstante que una conducta humana que causa lesión a bienes jurídicos no sea punible, porque concurre una causa excluyente del injusto, para encontrarse tal acción ausente de antijurídica, es decir, se actúa típica, pero no antijurídicamente” (Marco del Pont, Luis, Argentina, 1974, p. 720).

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La pena aplicable para el delito de secuestro de acuerdo al Código Penal Federal va de quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa cuando: 1. Se trate de obtener un rescate. 2. De tener en calidad de rehén y amenazar con privarle de la vida o causarle un daño. 3. Causar daño o perjuicio a quien este privado de la libertad o a cualquier otra persona. De veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa cuando: 1. Se realice en camino público, lugar desprotegido o solitario. 2. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo. 3. Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. 4. Que se realice con violencia. 5. Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o bien que se encuentre en inferioridad física o mental. De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa cuando la privación sea con finalidad de trasladar a un menor de dieciséis años de edad fuera de territorio nacional con el fin de obtener lucro indebido por la entrega o venta del menor. De treinta a cincuenta años de prisión, si a la víctima se le causa algún tipo de lesiones. Pena de hasta setenta años cuando al secuestrado se le prive de la vida por sus secuestradores.

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Cuando se actúe como intermediario, colabore con la difusión de las pretensiones del o los secuestradores; actúe como asesor con fines lucrativos aconseje el no presentar denuncia de secuestro, efectúe el cambio de moneda nacional por divisas, intimide a la víctima, familiares o a sus representantes durante el secuestro; la pena que se impondrá será de dos a diez años de prisión y de doscientos a mil días multa. Tentativa. “En este delito por ser un delito doloso, en donde se conocen las consecuencias del hechos se admite la tentativa en aquellos casos donde se exterioriza la conducta que debiera producir el resultado típico, si este no se consuma por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, como lo sería la oportuna intervención policial que frustre la consumación del hecho, dándose en consecuencia la tentativa acabada” (Diccionario ESPASA. Ob. Cit). Al respecto se considera el siguiente criterio jurisprudencial: “PLAGIO EN GRADO DE TENTATIVA”. (Legislación del estado de Veracruz). El artículo 12 del Código Penal de Veracruz no determina en qué casos es punible la tentativa y, por ello, cuando el mismo precepto habla genéricamente de un delito, debe entenderse que se refiere a toda infracción de la, ley penal, Con excepción de aquellas en que la misma ley disponga que determinados delitos, solo se castiguen una vez consumados, como los atentados al pudor, etc. Ahora bien el delito de plagio o secuestro a que se refieren los artículos 364 y 366 de dicho código, requiere para su realización la ejecución de los hechos preparatorios directa o inmediatamente encaminados al delito mismo, como son: La localización, vigilancia, persecución de la persona ofendida, la organización del grupo o banda que trate de secuestrar a aquella, etc.; y la ejecución de todos los hechos directa o inmediatamente encaminados a la realización punible de plagio o secuestro, sino se realiza por causas ajenas a la voluntad del agente en los términos que lo

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establece el citado artículo 12, que dice “ y si de las constancias de autos, aparece que el plagio o secuestro no se realizó por causa ajena, como fue, la intervención de la policía y la detención del grupo de personas que pretendía realizarlo, es evidente que existió tal delito en grado de tentativa, y la orden de detención que se libre en tales condiciones, no es violatoria de garantías”... (Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Quinta Época, Primera Sala). Así diremos que la tentativa es procedente en todos los tipos de secuestro, ya que la acción de privar de la libertad a una persona puede ser impedida por una causa ajena a la voluntad del agente, antes de que se produzca la lesión definitiva al bien jurídico protegido que es la libertad personal. Así una vez establecidos todos y cada uno de los elementos del delito, concluiremos que: El delito de secuestro es un delito: De resultado material. El resultado queda patente en la privación de la libertad que lesiona el derecho material de la libre de ambulación de la persona, cualquiera que sea el medio empleado, es decir, que se consuma en el momento en que el sujeto pasivo es privado de la facultad de desplazarse a su voluntad. De acción. Requiere su expresión objetiva de actos positivos que implican movimientos corporales voluntarios. De sujeto común o indiferente. Por no exigir en la ley ninguna calidad en el activo ni en el pasivo. Mono subjetivo. Por no tratarse de delito de concurso necesario de agentes en su comisión aunque eventualmente lo pueden cometer varias personas actuando en grupo.

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Permanente. La privación de la libertad se prolonga ordinariamente por un tiempo más o menos largo, es decir, su consumación es duradera. De daño o lesión. Porque se afecta efectivamente el bien tutelado, la libertad externa de las personas, la libertad de obrar y moverse. Doloso. Requiere el previo conocimiento del o los autores de la licitud del hecho y voluntad en realizarlo, ya que al privar de su libertad a una persona se ha actuado con el propósito de obtener un rescate, de detener a una persona para que la autoridad o el particular realice o deje de realizar un acto cualquiera o de causar un daño o perjuicio al secuestrado o a otra persona. Fundamental o básico. Dado que sus elementos constitutivos pueden servir para la formulación de otros tipos agravados respecto a su penalidad y que en él se complementan. Autónomo o independiente. Toda vez que no requiere de ningún otro tipo penal para tener existencia legal. Anormal. En él se protege a una pluralidad de bienes jurídicos, pues no solo atenta contra la libertad de movimiento, sino también contra la integridad personal y el patrimonio, aun cuando no lleguen a vulnerarse materialmente tales entidades jurídicas. Pluri subsistente. Ya que para su agotamiento la acción requiere de varios actos. 1.3.1. Objetivos del secuestro. Las finalidades del secuestro son varias, principalmente sociales, psicológicas, económicas, culturales y aun religiosas. Indudablemente que la causa más común

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es el dinero, el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen. Las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito, junto con el narcotráfico uno de los de mayor impacto y daño social. Los objetivos que buscan los secuestradores y el modo como operan varían dependiendo de quien haya realizado el secuestro, ya que es diferente si es llevado a cabo por la delincuencia común, la guerrillera, el narcotráfico o cualquiera combinación de estas. “El secuestro puede tener como objetivos generales: 1. Obtener un rescate a cambio de la víctima. 2. Asesinar al secuestrado. 3. Pedir rescate, obtenerlo y asesinar al secuestrado. 4. Obtener un fin de publicidad política. 5. Sembrar el miedo en la población como variante terrorista” (Ortiz Dorantes, Angélica; p. 215. Ob. Cit.). Para cierto tipo de delincuentes, el secuestro de personas que puedan disponer de fuertes cantidades de dinero, es una actividad lucrativa y rentable. Ahora bien dentro de nuestra legislación federal en materia penal, el artículo 366 inciso a) señala que la privación de la libertad de las personas va unido a la finalidad de obtener un lucro o causar un daño o perjuicio a dichas personas. Es la forma más común de la comisión del delito, pues la propia expresión del secuestro tiene la significación jurídico – penal de una acción de aprehensión y de retención de personas exigiendo dinero por su rescate y el rescate hace referencia al dinero solicitado o entregado para obtener la libertad de las personas privadas arbitrariamente de ella.

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Precisamente la razón de ser del rescate entendiendo este como la obtención de recursos económicos a cambio de la libertad de la persona secuestrada; es que se condicione rigurosamente la privación de la libertad a la entrega del objeto que se pretenda obtener.

La conducta típica queda consumada en el mismo instante en que se lleva a cabo la detención arbitraria con la finalidad lucrativa indicada, y es completamente independiente de que el sujeto o los sujetos activos del delito hayan logrado la obtención de su objetivo o este se haya visto frustrado. Asimismo lo refieren diversas jurisprudencias al establecer: “PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE SE OBTUVO UN RESCATE.” (Legislación del estado de Puebla). El delito de secuestro previsto en la fracción I del artículo 302 del Código de Defensa Social del Estado, no exige para su configuración que el sujeto activo obtenga el rescate por el plagiado, al tratarse de un tipo de resultado cortado o anticipado, en el que se colman las exigencias del cuerpo del delito, sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta, en razón de que el legislador estableció la consumación de este delito con la sola privación de la libertad de una persona en forma ilícita y la punibilidad que le corresponda a cada conducta dependerá de la o las diversas acciones que realicen los activos después de tener privado de la libertad al pasivo, incluyendo desde luego, la idea criminal; así tenemos que la disposición penal, en lo que interesa señala; “...cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguiente: I. Cuando se trate de obtener rescate...”, por lo que para actualizarse este supuesto es suficiente que el fin ideado por el sujeto activo haya sido el de obtener un rescate y que haya procurado alcanzarlo, siendo irrelevante que lo hubiera obtenido.(Novena Época. Instancia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.)

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“PLAGIO O SECUESTRO, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE.” (Legislación del estado de Tlaxcala). De conformidad con el artículo 246 del Código Penal del Estado, el bien jurídico protegido en el delito de plagio o secuestro es la libertad de las personas, y la finalidad perseguida en su comisión es la de obtener un rescate o el de causar un daño al plagiado o a otra persona relacionada con éste. Así las cosas, basta que él o los activos lleven a cabo la acción de privación de la libertad con esa finalidad, para que surta el tipo, aun cuando estos no hayan cobrado o recibido el numerario solicitado, pues dicha circunstancia es irrelevante, ya que para la configuración plena del delito basta que este demostrada la intención de obtener un beneficio económico a costa de la detención ilegal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En lo referente al daño o perjuicio, tratándose de un secuestro, la expresión daño, alcanza una significación fundamentalmente económica y se refiere a cualquier destrucción, disminución o deterioro del patrimonio del secuestrado. Por otra parte ese menoscabo no se relaciona con los daños personales; ya que se contempla la posibilidad, cierta en el maltrato y en el tormento de daños materiales o morales que afecten al secuestrado, debido a los medios serviciales empleados en el transcurso de su privación ilegal de la libertad. Los daños morales pueden ser mejor ubicados en el caso de las amenazas graves, en cambio los daños materiales quedan puestos de manifiesto en el caso de maltrato o tormento. “SECUESTRO, CONFIGURACIÓN DEL.” (Legislación del estado de Zacatecas). Lo que constituye la figura delictiva que contempla el artículo 295, fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas, no es el hecho en sí del secuestro sino que la persona secuestrada sea objeto de amenazas graves, de mal trato o tormento.

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La enorme relevancia de la anti sociedad y de la antijurídica de esta conducta de detención ilegal reside fundamentalmente, en la innecesaria lesión de otros bines jurídicos de la víctima distintos al de la libertad, que hace aún más penoso y reprobable el comportamiento tipificado. En términos generales, la utilización de estos medios especialmente reprobables gravemente antijurídicos contra la integridad corporal del plagiado, sueles ser posterior al instante mismo de la detención ilegal. Ahora bien cuando el secuestro es llevado a cabo con la finalidad de obtener un fin de publicidad; no hay necesidad de que en esta modalidad se produzca la privación de la vida del secuestrado o de una efectiva causación de daños al rehén o a terceros, ni tampoco la circunstancia de que la autoridad ceda al propósito extorsivo. En realidad es suficiente con que la amenaza tenga la gravedad necesaria en función de las circunstancias crónicas y tópicas que pudieran hacerla factible; empero si el secuestrado es privado de la vida por su o sus secuestradores, se aplicara pena de hasta setenta años de prisión. En cuanto a los secuestros cuya finalidad consiste en sembrar el miedo en la población estaríamos hablando de una clara referencia espacial es decir, una condición de lugar señalado en el tipo, en que ha de realizarse la conducta o producirse el resultado. Es una situación especialmente provocadora de inquietud e inseguridad sociales, ya que la conducta tipificada tiene una gran fuerza expansiva sobre la tranquilidad pública por afectar la seguridad de tránsito en las vías de comunicación; entendiéndose por camino publico las vías de transito habitualmente destinadas al uso público, sea quien fuere el propietario, y cualquiera que sea el medio de locomoción que se permita y las dimensiones que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen dentro de los límites de las poblaciones. “En cuanto a la mención que se hace de lugar desprotegido o solitario; se trata de una referencia moral del delito, que participa de la doble circunstancia de lugar y de tiempo, pues un paraje solitario puede ser cualquier sitio que en el momento de

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ejecutarse la detención ilegal se encuentre despoblado o deshabitado, o bien entendiendo este como el lugar situado en poblado o despoblado pero que por la hora en que los hechos acontecen el sujeto pasivo se encuentra imposibilitado para pedir auxilio y obtenerlo por ausencia de persona; además cabe señalar que nuestra legislación penal federal impone una pena de treinta a cuarenta años de prisión al o los secuestradores, si a la víctima del secuestro se le causa alguna lesión prevista en los artículos 291 a 293 del mismo precepto legal, imponiendo a esta modalidad de secuestro pena privativa de libertad de quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa” (Carranca y Trujillo. Raúl, México 1999). “PLAGIO O SECUESTRO. EL LUGAR DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESE DELITO ES IRRELEVANTE.” Para la integración del delito de plagio o secuestro en términos de la fracción I del artículo 366 del Código Penal Federal, obsta que la privación de la libertad no se efectúe en una cárcel privada o lugar cerrado, sino dentro de un automóvil y por breve lapso, si la finalidad del sujeto activo del delito es la de golpear y amenazar al ofendido (Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en Revisión 192/090). Sin lugar a dudas los factores comunes que los secuestradores comparten para llevar a cabo este tipo de conducta, independientemente del resultado que se produzca con ello; son la falta de ética y valores morales, combinado con la falta de respeto a la vida y dignidad humana. La magnitud de estas fuerzas o la falta de las mismas son quizá factores determinantes que conducen a dichos individuos a cometer este crimen. También debemos admitir que algunos secuestros son realizados por presiones de la sociedad o su situación específica sea económica y mental, lo cual lleva a ciertos individuos a cometer actos sin pleno control de sus facultades e ignorando sus principios morales y éticos, dejando entre sus víctimas un terrible miedo ya que el secuestro debe su extraordinario difusión a poderosas razones, dejándose ver como grandes monstruos con gran poder sobre cualquier persona o lugar.

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Del mismo modo el plagiario obtiene diferentes ganancias a través del hecho de secuestrar, suele hacerse mayor énfasis en la pecuniaria y política. Pero también hay otros beneficios que se derivan de los anteriores. El secuestro es un acto de fuerza que denota tener la capacidad de controlar la libertad de algunos miembros de la comunidad; o vistos en espejos devela la limitación del Estado para asegurar los derechos constitucionales de sus asociados. Estas ganancias le dan a los plagiarios un sentido de territorialidad, de autoridad en las zonas de secuestro. Pero además, existe una ganancia psicológica, que es la satisfacción personal interna que se siente al llevar a cabo el acto de secuestrar. Si no existiera tal satisfacción y el secuestro le fuera algo penoso, posiblemente buscaría otro tipo de actividad delictiva que le fuera más gratificante y más fácil de consumarse como los robos o los homicidios. Ahora bien en cuanto a los objetivos que tienen las autoridades, al momento de hacer una investigación para el caso de los secuestros podemos establecer como objetivos generales: •

Rescatar al rehén sano y salvo y,

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Capturar a los secuestradores.

Y como objetivos particulares; •

Establecer los motivos del secuestro.

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Recuperar el botín entregado a cambio de la libertad del secuestrado.

•

•

Delimitar cual fue el vínculo que llevo a los secuestradores a elegir a su víctima y por último. Someter a justicia los culpables del secuestro.

1.3.2. Elementos de Operación de los Secuestradores. 45


Dentro de este apartado estableceremos la forma de cómo operan las bandas delictivas dedicadas al secuestro; así como la participación de cada miembro que integra este tipo de bandas delictivas.

“Para que un secuestro se lleve a cabo deben unirse varios factores a fin de que en conjunto, propicien el ambiente ideal para la consumación del acto criminal. Los delincuentes para llevar a cabo un secuestro previamente han analizado detalladamente la situación de la persona importante, lo vigilan, lo siguen, toman nota de todas sus actividades y hábitos y si encuentran un hueco en su seguridad que pueda ser aprovechado, materializan el secuestro, la mayor parte de las veces en forma violenta y dramática” (Afanador y Cols, Colombia 1994, p. 108). Algo que debemos tomar en cuenta y no olvidar es que los secuestradores pueden ser personas que en su vida ordinaria simulen ser ciudadanos dedicados a un trabajo honesto, abnegados padres de familia y cumplidos esposos, pero que como actividad oculta, dedican su tiempo extra a esta ocupación que es considerada como una de las más desagradables incluso dentro del mundo de la delincuencia. Un secuestro generalmente es realizado por la delincuencia organizada; o bien por delincuentes comunes o personas con cierta filiación política. La mayor parte de los secuestros en nuestro país son realizados por pequeñas bandas, distribuidas a lo largo y ancho de nuestra geografía. Todas necesariamente armadas y con el equipo mínimo logístico; como vehículo de transporte, medios de comunicación y lugares o sitios (casas de seguridad) donde se llevara a cabo la retención de la víctima.

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Generalmente dentro de una banda de secuestradores existen diferentes tipos de responsabilidades para cada miembro de la organización; partiendo desde los que realizan el secuestro, otros ejecutan maniobras de distracción o bloqueos de vías de comunicación, otros contribuyen al traslado de la víctima en ocasiones en vehículo distinto con el que se realizó el secuestro, otros tienen la encomienda del cuidado y custodia con distintos turnos, otros se encargaran del suministro de los alimentos y otros del proceso de negociación. Los organismos de seguridad normalmente tienen conocimiento de los casos cuando estos ya se han ejecutado y proceden entonces a investigar a todas aquellas personas que han tenido algún contacto con la víctima, ya que muchos secuestros tienen conexión con personal involucrado en un conflicto laboral, algún trabajador despedido, el servicio doméstico, amistades de los hijos o hijas, conductor personal, guardaespaldas, etcétera. “Un caso de secuestro genera hasta doce empleos mal habidos, destacándose entre los más importantes: •

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Iniciador. Es la persona que suministra la información de la víctima a la banda. Plantero. Individuo que facilita y financia los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo, el que consigue el vehículo, la casa donde se encierra a la víctima, y las armas. Lava perros. (Grupo de aprehensión o levante). Son las personas encargadas de interceptar, aprehender y levantar a la víctima, movilizarla trasladándola y entregándola para su custodia en el lugar de cautiverio. Se conocen como los desechables porque poco les importa su vida o las del secuestrado. Grupo de vigilancia o custodios. Son las personas encargadas de la vigilancia, cuidado, alimentación y mantenimiento del secuestrado mientras permanezca en cautiverio, dentro de este subgrupo generalmente

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interviene una mujer que es la encargada de alimentar a la víctima, es decir las personas con estas responsabilidades son las encargadas de “ayudar” a la víctima a construir su prueba de supervivencia” (Ibídem, p. 116). Así lo refiere Hilda Marchiori, al exponer que “dentro de las complicadas conductas de secuestro, en la que en la mayoría de los casos terminan en crimen, la mujer tiene uno de los roles más importantes del grupo que realiza el secuestro” (Marchiori, Hilda, 2004, p. 200). “La mujer sobre todo en secuestro de niños es la que motiva el secuestro, da los principales datos de la víctima, organiza el grupo que va a llevar acabo el delito, pero los que la ejecutan son hombres. Ella solo actúa en dos etapas, en la preparación del secuestro y en la elección de la víctima y posteriormente en el cuidado y asesinato de la víctima. También es interesante observar que muchas mujeres que participan en secuestros han tenido como actividad principal el trabajo doméstico y enfermería” (Ibíd. p. 202). •

Negociador. Es la persona o personas encargadas de negociar la liberación de la víctima, poniéndose en contacto con la familia del secuestrado, presionando psicológicamente, organizando los procedimientos de entrega de rescate y en ocasiones recogiendo ellos mismos dicho rescate.

Así derivando de lo antes dicho podemos decir que: las organizaciones de delincuentes dedicadas al secuestro tienen un esquema similar a una empresa legalmente establecida, así también dicha organización se puede comparar con la actividad realizada en un gran supermercado o en una pequeña tienda de abarrotes en donde cada uno de sus miembros tienen funciones específicas a realizar.

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“Se estima que un 80% de los secuestros participan entre dos y cuatro secuestradores; en el 15% participan cinco o más y únicamente el 55 de los secuestros son ejecutados por un solo individuo”. La selección de la víctima es quizá una de las actividades más importantes de los delincuentes; ya que deben tomar en cuenta algunos factores como son: •

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Que la persona señalada sea descuidada e imprudente en materia de su propia seguridad. Si la persona señalada tiene una o un amante y lleva una vida secreta con su pareja ocultándose en apartamentos y hoteles de paso. Si la persona señalada es una figura pública.

En la mayoría de los casos de secuestro las víctimas son personas del sexo masculino y mayores de dieciocho años, en pocas ocasiones se deciden por mujeres o niños. Esta víctima como se menciono es identificada por sus bienes o capacidad económica, datos que se obtienen del resultado que arroja la investigación que realizan los propios secuestradores; estas investigaciones son realizadas cuidadosamente acerca de la situación económica, carácter y salud de la víctima. También analizan sus puntos débiles, su relación con autoridades, sus amigos, su actividad, sus movimientos, y sobre todo las medidas de seguridad que adopta. Lo anterior es seguido de un cuidadoso estudio para decidir el momento óptimo y el lugar donde ha de ejecutar el secuestro, cuál será la ruta para el traslado, el lugar seleccionado para retener a la víctima y la estrategia de negociación. Más del noventa por ciento de los secuestros se realizan cuando la víctima se encuentra camino a su casa o a su trabajo, ya que difícilmente se puede cambiar la ruta hacia estos sitios. Cabe resaltar que la mayor cantidad de secuestros suceden entre las cinco y ocho horas y entra las diecisiete y veintitrés horas.

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Otros factores que también influyen son la facilidad con que puede ejecutarse el secuestro, su forma de vida, la posibilidad de predecir su desplazamiento y su actitud ante su seguridad. Una vez ubicada la víctima y seleccionada la hora y otros detalles de importancia, un plan de secuestro pueden contener las siguientes acciones; un vigilante avisa con equipo de radio o por teléfono a los encargados de la acción de secuestro, estos obstruyen con o sin violencia el paso de la unidad en la que se traslada la víctima, la víctima es obligada a permanecer todo el tiempo con los ojos vendados, para que nos sea capaz de reconocer las características de sus raptores, así mismo se le golpea y amenaza; durante su captura se trasplanta al prisionero a varios automóviles diferentes a fin de despistar a las autoridades, se amordaza y se le atan las manos y pies para crear un ambiente de confusión y amedrentar a la víctima. Una vez que el secuestrado es llevado al lugar de retención siendo este un lugar deshabitado que tenga las ventanas cubiertas para esquivar el paso de los rayos solares, evitando en esa forma que el secuestrado pueda saber si es de día o de noche; es obligada a quitarse los zapatos para que tenga dificultad al caminar generalmente la víctima es retenida en un radio de sesenta kilómetros a la redonda y es obligada a caminar algunos metros para contribuir a su desorientación; en algunos casos es retenida a escasos kilómetros de donde fue secuestrada, ya que los delincuentes temen que al utilizar las carreteras sean descubiertos. Los secuestros en el hogar resultan mucho más difíciles de realizar porque la persona puede sospechar o percibir que podría ser rescatada y guardara todo tipo de precauciones, sin embargo estos pueden ocurrir cuando sale o regresa o su casa. Ahora bien en cuanto a secuestros del sector rural, las víctimas son retenidas en los montes, cerros o pequeñas áreas boscosas. Cuando se trata de personas del

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sector urbano estas son retenidas principalmente en casas, bodegas o lotes baldíos de las ciudades. El cuidado del secuestrado es realizado por los miembros de baja categoría o fácilmente prescindibles de la banda pues son los más viables a ser capturados, ya sea en un ataque sorpresa o bien porque una vez liberada la víctima pueda reconocerles. Estos cuidadores son delincuentes de poca monta o personas que son contratadas por los que tienen mayores conocimientos sobre la organización. Raras veces los organizadores del secuestro o jefes de la banda visitan a la víctima y cuando lo hacen, únicamente es para reforzar el proceso de negociación o interrogarla, considerando como técnica más efectiva la desmoralización mediante humillaciones y degradaciones, por ejemplo, negándole el sueño o la comida; es común el vendaje continuo de ojos y oídos, sobre todo el cerrojeo constante de armas, clic en la cabeza, cuando los secuestradores simulan ajusticiarlos con sus armas descargadas. Durante este proceso es posible que uno de los cabecillas permanezca largos periodos junto a la víctima para construir una relación basada en la dependencia psicológica, por ejemplo, haciendo que dependa absolutamente de él para su alimentación, su tranquilidad o su contacto con el mundo exterior. El secuestro supone convivir por semanas y meses con el plagiado, observar su deterioro físico y psicológico y tratar de no dejarse influir por ellos, supone al mismo tiempo, tener que ejercer presión física y psicológica permanente con crueldad refinada, sin agotar a la víctima y sin permitirle sentir que se pueda escapar o que pueda salir con vida del secuestro sin haber pagado el rescate. Es más, aunque se puede aprender cuando y de qué manera ejercer presión, se requiere de una buena dosis de intuición psicológica para saber hasta dónde llevar el secuestro.

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El secuestrador no suele identificarse con la víctima, ni con sus padecimientos ni con la situación que vive; aunque algunos ex secuestradores señalan que si hay victimarios que lo hacen. Por lo general, el secuestrador asimila los padecimientos, suplicas y ruegos del secuestrado como si se tratara de hechos aislados, con una aparente insensibilidad, y suele utilizarlo para controlarlos y someterlos y así lograr su objetivo final. “Tanto en los secuestros llevados a cabo por la guerrilla, como en los efectuados por la delincuencia común quienes vigilan a las víctimas durante semanas o meses suelen ser personas de baja posición en la organización delictiva con escasas y ninguna capacidad de decisión. Son individuos que solo cumplen órdenes superiores, lo cual les permite no comprometerse ni con el secuestrado ni con lo que ellos mismos le hacen. Se perciben así mismos como una parte mínima e insignificante de un gran engranaje del que difícilmente se pueden sustraer y que los empuja a actuar sin autonomía sobre sus propios deseos y placeres” (Meluk, E., Colombia, 1998). Los secuestradores de oficio saben que es posible que quienes vigilan al secuestrado terminen identificándose con su estado y cediendo a sus requerimientos de compasión y libertad, lo cual atenta contra el objetivo central del plagiado. Por ello las organizaciones guerrilleras y algunas criminales establecen turnos de vigilancia y rotan cada determinado tiempo a quienes vigilan disminuyendo así la posibilidad de fracaso de la operación. No hay que olvidar que quienes cuidan a un secuestrado también están limitados en sus desplazamientos y están sometidos a la tensión permanente de una posible operación de rescate por parte de las autoridades o a un intento de fuga, lo cual los hace más vulnerables psicológicamente. Vulnerables bien sea para bajar la guardia con respecto al secuestrado, permitir su fuga o negociar el rescate separadamente o lo que es más frecuente, para desconcentrarse, tornarse irritables, violentos y perder la capacidad de analizar lo que sucede en torno al secuestro, a la negociación y al secuestrado.

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Así entonces se advierte que los secuestradores suelen dividirse en dos subgrupos. Unos que podrían denominarse como “los duros”, los malos, los que amenazan y amedrentan a la víctima sin reparos éticos ni morales aparentes; y otros que podrían clasificarse como “los blandos”, los buenos, que quienes a través de una identificación parcial con sus dificultades físicas y psicológicas del secuestrado, tratan de mejorar sus condiciones de cautiverio y lo apoyan en determinadas situaciones críticas. En la mayor parte de los secuestros los familiares no permiten la publicidad al menos hasta haber liberado a la víctima, para evitar la intervención de las autoridades, en este tipo de casos los secuestradores que actúan por móviles económicos también intentaran mediante amenazas evitar que la opinión pública conozca del hecho. La notificación a los familiares se da a través de un recado que dejan en el sitio donde se realizó el secuestro o bien es enviado con los acompañantes de la víctima; en otros casos se comunican telefónicamente con los familiares; dicha comunicación lleva consigo invariablemente una amenazadora advertencia en el sentido de no avisar a la policía, o de lo contrario se dará muerte a la víctima seleccionando cuidadosamente a quien se le dará el primer aviso, estableciendo así un dominio psicológico por parte de los secuestradores para controlar todo el proceso a través de insultos y amenazas para sensibilizar a los familiares con el propósito de lograr su objetivo. Es común que las amenazas empleadas sean tan crueles, que se han dado casos en los que los familiares no cumplieron con las exigencias de los captores, que estos para ejercer presión cortaron la oreja izquierda de su víctima y se la enviaron a los afectados para que se dieran cuenta de que estaban dispuestos a todo.

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Los secuestradores, en la mayoría de los casos, exigirán un arreglo inmediato aprovechando que los familiares de la víctima se encuentran sumamente impactados. Como el objetivo es canjear a la víctima por dinero, es difícil que se mate a la víctima, aunque por supuesto los plagiarios amenazaran con hacerlo ya que los secuestradores prefieren siempre el rescate a tener que matar a la víctima sin posibilidad de cobro. Lo más común será que exijan una cantidad mayor con el fin de tener un mayor margen en la negociación, en muchos casos se consigue pagar menos del veinticinco por ciento de la suma solicitada al principio. En cualquier caso la imposibilidad de pagar la cantidad inicialmente requerida sé verá amenazada por un: “si lo quieren volver a ver vivo, tienen que pagar el rescate, y recuerden si avisan a la policía no lo volverán a ver y se van a arrepentir toda su vida”; esta es la provocación más común que se utiliza para amedrentar a la familia. Ahora bien, si los familiares no se dejan atemorizar, lo secuestradores tienen que resignarse a un largo proceso de negociación en el que procuraran mantener al margen a la policía y continuar la comunicación a través de un teléfono no intervenido en el que uno de los secuestradores realiza la llamada por lo regular este tipo de llamadas son realizadas desde un teléfono público o desde una caseta rural. En el caso que se requiera un negociador lo más recomendable es seleccionar a una persona ajena a la víctima (si es con experiencia mucho mejor), aunque deberá ser un individuo inteligente, calmado, paciente, frío y capaz de saber cuándo tomar decisiones sin que se aparte de las indicaciones trazadas por los familiares, con un ligero entrenamiento y con el apoyo psicológico para definir el perfil criminal de los delincuentes. “Los negociadores deberán tomar nota con mucho cuidado de cuanto acontece, debiendo anotar fecha y hora de las comunicaciones, el tono de voz, así como

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todo lo que deseen comunicarle a los secuestradores; de ser posible deberá grabarse cada comunicación que los secuestradores realicen” (Ibíd., p. 335). Normalmente a una familia en trance de rescatar a un ser querido le toca pasar el siguiente proceso: el primer paso es verificar y obligar al negociador de los captores que demuestren si realmente tienen en su poder a la víctima y que esta se encuentra con vida, una forma común de verificar es mediante la ejecución de una pregunta que la familia se encuentra totalmente segura que la única persona conocedora es la víctima y no sus raptores, esto es con la finalidad que los secuestradores no pueda haber hecho una serie de pruebas anteriores para hacer creer que la víctima está viva. El segundo paso es escuchar al negociador de los raptores acerca del monto del rescate que está pidiendo, para proceder así entonces a hacer una oferta inmediata y baja. Esta oferta es como un seguro de vida para la víctima, pues demuestra a los captores que están dispuestos a pagar y se obliga a mantener con vida a la víctima. Tomando en cuenta lo anterior, por cada día que pasa, aumentan las probabilidades de que los secuestradores sean localizados y descubiertos, en el transcurso de esos días la tensión y el nerviosismo contribuyen a su agotamiento. Esta sensación se intensifica cuando creen que el rescate esta ya a su alcance, por ello con una buena negociación se puede lograr una situación de control. Ahora bien en cuanto al rescate, lo más seguro es que los secuestradores exijan billetes usados de baja denominación en bolsas o cajas, que por indicaciones deberán ser depositados en un sitio que ellos previamente definirán; cabe destacar que en algunos casos pueden incluso, negociar parte del monto del rescate por alhajas u otros bienes valiosos fácilmente transportables. Se debe tomar en cuenta que la principal preocupación de los delincuentes es que no se vigile el lugar de la entrega del dinero. Por tal motivo proponen a veces un

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complicado plan en el que es común que en el último momento se cambie ese lugar para evitar que los familiares de la víctima preparen operativos policiacos para capturarlos. Normalmente solicitan que el rescate sea entregado después de las dieciocho horas porque ante cualquier riesgo que corran estarán protegidos por la oscuridad de la noche. “Debemos tener presente que los secuestradores para liberar a la víctima primero cuentan el dinero, y cuando no se cumple lo pactado la vida del secuestrado estará en grave peligro. Generalmente hasta que los secuestradores estén seguros de sus exigencias, es entonces cuando es liberada la víctima” (Ibídem, pp. 345-347). La operación del cobro del rescate es otra de las más complejas y complicadas, puesto que representa la posibilidad de dar pistas a la policía; por ello buscaran asegurarse de que no son seguidos por nadie cuando recojan el dinero, por ello es preferible emplear un discreto trabajo de investigación durante el proceso de negociación para que una vez liberada la víctima se intente conseguir la captura de los delincuentes. “Una operación que se ha utilizado en secuestros, después de terminar las negociaciones, y ya recuperada la víctima es hacer pública a las autoridades ya a la prensa, que la cantidad pagada por el rescate fue mucho mayor de lo que realmente ocurrió, esto con el fin de generar confusiones internas en la organización, desconfianza hacia el negociador; ya que seguramente le dan más credibilidad a las autoridades y a la prensa, lo que hará, por el tipo de personas que son, que se maten entre ellos”. Al final del proceso es frecuente que las familias se desintegren, justo cuando el secuestrado regresa a casa. Se generan resentimientos, hay problemas de dinero,

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se separan las parejas, muchas personas entran a casas de reposo y la situación nunca vuelve a ser la misma. Si por el contrario, el secuestrado no regresa, la situación es a veces peor por los sentimientos de culpa y por la poca eficacia de las autoridades competentes por resolver el caso.

1.4. Modos del Secuestro. 1.4.1 Secuestro simple. Dentro de las diferentes modalidades del secuestro se encuentra: Económico: Esto es responsivo de los resentimientos sociales o producto del secuestro y la extorsión. Esta modalidad es la más usual y presenta las siguientes características: •

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No requiere ni conviene publicidad. Los autores permanecen en el anonimato o se identifican con otras organizaciones, generalmente como Delincuencia Común. El dinero recolectado se emplea para el desarrollo de planes terroristas, planteamiento de otros secuestros, adquisición de material de guerra y para usufructo personal.

Político: Busca principalmente chantajear al gobierno para presionar causas perdidas, especialmente en los grupos subversivos y narcotraficantes (Marco Antonio Besares Escobar, México 2003 pp. 36-37). 1.4.2 Secuestro Exprés. Fue en la zona metropolitana de la ciudad de México donde aparentemente se inició el Secuestro Express. Así, este crimen se presentó en diversas ciudades del país, como Guadalajara, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Chapas, Guerrero, Michoacán,

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Oaxaca donde se viene observando como las personas adineradas están incrementando su seguridad personal y presionando al gobierno para sacar adelante una ley que disminuya los secuestros (Ibídem). La industria del secuestro en México registra cifras que nos colocan en un segundo lugar a nivel mundial, pese a que cientos de los llamados “Express” no son denunciados. El secuestro Express es una de las actividades con mayor crecimiento, consiste en secuestrar a una persona la cual es llevada a un cajero automático para sacar de sus tarjetas de crédito el máximo establecido de dinero en efectivo y dejarlo en libertad. En algunos casos estas personas son retenidas por más tiempo con el fin de que al pasar la media noche el sistema del banco autorice un nuevo retiro esta actividad se realiza en restaurantes, cerca de los bancos o comercios y en otros casos, la víctima es llevada a un comercio para efectuar retiros. 1.4.3 Narco Secuestro El secuestro como un delito, se define como un acto donde se priva de la libertad a un ciudadano y se pide a cambio de su libertad una condición o una recompensa en dinero o en especie. En Narco secuestro es un delito operado por grupos criminales con nexos al crimen organizado del narcotráfico, actualmente operan en todo el país, esta modalidad cada día va con tendencia a la alza. Son levantados en zonas rurales y urbanas donde no basta con tapiar la casa, quienes los levantan como perros de guerra persiguen a su presa hasta debajo de las piedras la raptan camino a la escuela, cuando hace deporte o en su casa mientras ve el televisor no importa si está sola o en compañía, llegaron los secuestradores y se lo llevaron, como en los corridos de la revolución cuando a los hombre se los lleva la leva sin previo aviso.

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Se le mire por donde se le mire es una trampa para propios y extranjeros. De 2008 a la fecha más de 200 hombres han sido levantados sin que haya indicios de su paradero, la cifra corresponde solo a los casos denunciados ante instancias estatales y federales, los casos se consideran, conservadores ante las circunstancias en las que se efectúan las sustracciones o de quienes participan en ellas pues “los familiares no denuncian por temor a represarías “explica la abogada Blanca Elizabeth Martínez directora de los Derechos Humanos Fray Juan De Larios, de Saltillo, quien fue una de las primeras en denunciar públicamente este tipo de agresiones (Revista Proceso). La existencia de "La Familia Michoacana", "Los Zetas", "Los Pelones" entre otros grupos del crimen organizado, ligados al narco, disparó la práctica conocida como "levantón" y que nada tiene que ver con el secuestro económico. El "levantón" se realiza para calentar una plaza, es decir, llamar la atención de la autoridad para que entre, principalmente el ejército y así, entorpecer la actividad de un cártel rival en dicha plaza. Pero el "levantón" también se realiza para limpiar una plaza, es decir, desaparecer soplones, rivales y personas que pueden causar problemas a la operación de un cártel, con una cifra de más de 20 mil desaparecidos y 22,875 DESAPARECIDOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS A MANOS DEL CRIMEN ORGANIZADO, con 7,433 víctimas en 12 meses. 1.4.4. Secuestro Virtual. Es un secuestro que no existe, en donde los delincuentes aprovechan la ausencia de una persona para extorsionar a su familia y obtener montos de entre 3 mil y 8 mil pesos mexicanos o cifras fáciles de reunir en un par de horas. En este ilícito según la procuraduría de justicia ha identificado la participación de guardias privados de seguridad de los fraccionamientos residenciales, que conocen quienes de los vecinos no tienen canales de comunicación directa e inmediata.

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Además se ha encontrado meseros de bares y restaurantes, que aprovechando la petición de la alguna llamada toman la agenda de las víctimas y marcan los números telefónico para extorsionar a la familia del cliente. Mientras "el secuestrado" se está divirtiendo ajeno a la angustia de sus seres queridos (Marco Antonio Besares Escobar, México 2003 p. 39). 1.4.5. El Auto secuestro Ante la moda de este delito algunos menores y jóvenes han encontrado mediante su ocultamiento la fórmula para obtener recursos económicos. Este es el caso mediante el cual un sujeto se oculta y se dice secuestrado para recuperar una cantidad de dinero. Puede realizar esta acción el solo o en compañía de un grupo de criminales. Como consecuencia de esta modalidad de secuestro el policía Roberto Martínez Iglesias elaboro una clasificación de este delito bajo los objetivos del auto secuestro como: 1. Pedir rescate 2. Obtener un fin de publicidad política 3. Sembrar el miedo en la población, como variante terrorista. En la actualidad tiene cierta incidencia que se unen solamente para ejecutar el ilícito penal (Carrión Tizcareño, Manuel, México, 2006). 1.5. El Marco jurídico del secuestro Se puede establecer que el secuestro constituye una violación grave a los derechos humanos, que atentan contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias enteras y víctimas del delito.

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Es al mismo tiempo una violación a los artículos primero, tercera, quinta y novena, encontrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Constitución encontramos una infinidad de libertades de las que todo individuo tiene derecho a gozar en su vida diaria, pero de todas las libertades sólo hablaremos de la libertad a que se refiere el artículo onceavo constitucional que a la letra dice: “Artículo 11: Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros requisitos semejantes...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2010). De acuerdo a lo anterior se reconoce mediante nuestro máximo ordenamiento, que toda persona tiene derecho a la libertad de tránsito, conocida como libertad de movimiento, la cual se traduce en la facultad que tiene todo individuo para entrar y salir del país, para desplazarse libremente por su territorio, así como fijar o mudar su domicilio sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, no obstante somete el ejercicio de este derecho a las facultades que las autoridades judiciales o administrativas puedan ejercitar sus facultades y restablecerse en caso de ser necesario por un arraigo domiciliario, es decir, por el hecho de que la autoridad competente así lo designe. A partir de lucha de independencia, la libertad ambulatoria, fue reconocida en diversos documentos públicos fundamentales, desde el artículo 7º del Decreto Constitucional para la Libertad de las Américas Mexicana, es decir, en la Constitución de Apatzingán hasta su similar de 1917. La libertad ambulatoria, es la posibilidad de desplazarse y establecerse libremente, salvo que exista disposición expresa por parte de la autoridad, pudiendo ser en el caso de una sanción judicial o administrativa; en el primer caso, se insiste, puede ser una orden de un juez que

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prohíba a una persona abandonar determinado lugar (arraigo); y en segundo (administrativo) que compete al presidente de la república a través de la secretaria de gobernación, al impedir la entrada a determinado individuo en el territorio nacional o que establezca en el domicilio, cuando no cumpla con las disposiciones legales necesarias; asimismo podemos referir su relación con el artículo 33 constitucional en el caso de la posibilidad de expulsión de un extranjero del territorio nacional. Por otro lado, es importante señalar que hay legal privación de la libertad, a través de órdenes dictadas por mandamientos expresos de autoridad competente, como lo señala el artículo 14 constitucional, al establecer en lo relativo lo siguiente: El artículo 14, párrafo segundo dice; “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2010). El contenido de esta disposición constitucional, concebida en sus propios términos en el proyecto de constitución elaborado por Don Venustiano Carranza y que fueron aprobados sin discusión en el Congreso de Querétaro, corresponde a la fórmula norteamericana del “debido proceso legal...” (Burgoa Orihuela, Ignacio, México, 2001). Ahora bien, el artículo comentado también establece en su párrafo tercero lo que a continuación se cita: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata” (Ibídem, p. 38).

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Al respecto el profesor Ignacio Burgoa, nos dice lo siguiente: dicha garantía tiene como campo de vigencia la materia procesal penal e implica el tradicional principio de legalidad que se enuncia. Este postulado establece la bifurcación de la legalidad sobre dos elementos: los delitos y las penas. A virtud de él, por consiguiente, un hecho cualquiera, que no esté reputado por la ley en su sentido material como delito, no será delictuoso, o sea, susceptible de engendrar una penalidad para el que lo comete (Burgoa Orihuela, Ignacio, Op. cit., p. 574). Por ello, para que un hecho (acto positivo u omisión) constituya un delito, es menester que exista una disposición legal que establezca una pena para su autor, por lo que cuando no exista aquélla, el acto o la omisión no tiene carácter delictivo. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, no se pierde su contenido por ser importante, ya que nos dice lo siguiente: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

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La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2010). De esta manera la garantía que mayor protección imparte al gobernado dentro de nuestro orden jurídico constitucional, es sin duda alguna, al de legalidad consagrada en el artículo 16. La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de que por su mediación se protege a todo el sistema de derecho

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objetivo de México, desde la misma Constitución hasta el reglamento administrativo más minucioso. La garantía de legalidad implicada en la primera parte del artículo 16 constitucional, que condiciona todo acto de molestia, se contiene en la expresión, fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. La segunda parte del evocado artículo, concierne a que la orden de aprehensión o detención librada en contra de un individuo emane de la “autoridad judicial; este concepto está contenido en el mencionado precepto en su sentido formal, esto es, que por autoridad judicial debe entenderse aquél órgano estatal que forma parte del poder judicial, bien sea local o federal, según sea el caso” (Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit., p. 614). Por otro lado, se presenta la cuestión de si la autoridad judicial que deba dictar la orden de aprehensión contra un sujeto, debe también ser competente. Sobre éste particular e interpretando gramaticalmente la parte del artículo 16 constitucional en que dicha idea se involucra, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en ejecutoria que éste precepto: “No menciona, entre los requisitos para que se dicte la orden de aprehensión, que la autoridad que la ordene sea competente, sino que sólo sea judicial, sin perjuicio, naturalmente, de que, durante el curso de la averiguación, se promueva lo que se estime pertinente respecto de la competencia” (Ibídem, p. 615). De esta manera, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe emanar de una autoridad judicial en su sentido formal del concepto; sin embargo; existen excepciones o salvedades constitucionales en ésta garantía y que son; en caso de delito flagrante, (que se entiende como el hecho delictivo cuya ejecución es sorprendida en el momento de estarse realizando la

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conducta), considerada como delictiva, pero que debe ser puesto sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público. El otro supuesto será cuando se trate de caso urgente, en éste, se refiere cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Por otro lado, una vez precisados los límites constitucionales, entrando al ámbito en materia sustantiva y estableciendo un marco jurídico del delito que nos ocupa, el nuevo Código Penal para el Distrito Federal publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal, número 96-02 del 16 de julio del 2002, el cual establece la descripción del tipo penal en comentado, debiendo entender primero que es el tipo penal y que ha sido definido como la descripción legislativa de una conducta ilícita plasmada en un ordenamiento legal (López Betancourt, México, 1998). En el secuestro, el tipo básico se encuentra en el artículo 163 de dicho ordenamiento que como ya se ha mencionado con anterioridad es “la privación de la libertad para obtener rescate...”, del cual se desprende su punibilidad entendida ésta como “un elemento secundario del delito, que consiste en el merecimiento de una pena, en función o razón de la comisión de un delito”, siendo éste uno de los delitos sancionados con una penalidad que va de los 10 a los 40 años, considerándola dentro de las más penadas que establece este ordenamiento. Para esto el delito de secuestro es un tipo básico, autónomo, cerrado, con elementos descriptivos y normativos. Éste delito se comete por acción dolosa, específicamente privando de la libertad a alguien. Caracteriza al delito el ser de lesión y de resultado, admitiendo la tentativa y supuestos privilegiados y agravados, que se verán en los artículos siguientes,

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además éste se persigue de oficio y excepcionalmente a petición de parte como lo menciona el artículo 167 del Código Penal para el Distrito Federal. Pero en el caso del artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal, éste va a presentar una serie de agravantes y atenuantes que van acompañar a éste delito, casos en los que puede aumentar la penalidad así como la sanción pecuniaria. El artículo mencionado con antelación explica: “Artículo 164. Se impondrán de quince a cuarenta años de prisión y de doscientos a mil quinientos días multa, si en la privación de la libertad a que hace referencia en el artículo anterior, concurre cualquiera de las circunstancias siguientes: I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo: II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, o se ostente como tal sin serlo; III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo; IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza depositada en él o los autores; o V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad. VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado de hecho; o VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme a lo previsto en el artículo 130 de éste código sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso para la imposición de sanciones.

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Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo anterior, las penas serán de una quinta parte” (Agenda Penal del Distrito Federal, Op. cit., p. 40).

Como ya se mencionó este artículo advierte una atenuante, y será en el caso de que el secuestrado sea liberado, para esto la liberación no es otra cosa que una persona sea puesta en libertad siendo que se encontraba privada de ella. Además este artículo establece un lapso de 24 horas desde su privación de la libertad. Además de lo ya mencionado por el artículo anterior, existe otra circunstancia que ya no está incluida como una agravante más, sino que hace mención aparte de ella y es el caso de que se de muerte al secuestrado, entendiendo que se establecen dos hipótesis, que son las siguientes: La primera de ellas cuando la víctima fallece por cualquier causa, distinta a lo que se considera como un delito contra la vida, es decir homicidio, en éste caso sólo se sancionará la comisión del delito de secuestro, con una pena máxima de 50 años. Por otro lado plantea la hipótesis cuando el o los secuestradores priven de la vida al secuestrado, en este caso ya se establece una sanción de acuerdo con las reglas del concurso, ya que no sólo fue la privación ilegal de la libertad, sino además se dio el resultado de homicidio. En el caso del artículo 166 del Código Penal para el Distrito Federal, éste contempla la privación de la libertad llevada a cabo con el objeto de trasladar a un menor de edad, o quien por cualquier causa no tenga capacidad de comprender o

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resistir la conducta, fuera del Distrito Federal, con el propósito de venderlo o entregarlo a cambio de un determinado lucro. Presupone el legislador la existencia de un cliente, otro que encargó el secuestro, lo que implica que haya a lo menos de un mercado de compra y venta de personas. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo es determinado, toda vez que debe ser una persona menor de dieciocho años o incapaz. Este delito es diverso al tráfico de menores, porque en éste no hay una privación de la libertad, ya que quien ejerce la patria potestad, tiene el consentimiento y conocimiento de entregar al menor para los fines descritos en el artículo 169. En el caso del artículo 167, el legislador incluye entre los delitos de privación de la libertad la simulación de ésta. Considerando que para el caso descrito en la norma, la acción es el engaño por el cual se obtiene el rescate, beneficio o un hacer o no hacer de alguien. El agente activo engaña al o los sujetos pasivos, consiguiendo con ello un lucro, beneficio económico o ventaja. Para el último párrafo de éste artículo, existe una excepción, ya que éste delito se sigue de oficio, pero podrá serlo por querella, esto es a petición de parte ofendida, cuando quien lo lleva a cabo sea un familiar, como lo menciona el artículo. Llevando este orden de ideas, para el caso de las legislaciones estatales, consideran al delito de secuestro como una modalidad del delito de privación ilegal de la libertad, por supuesto la penalidad en cada entidad es variable según la forma de comisión del delito, pero cabe hacer notar que en materia federal también se contempla éste delito, incluso en la ley contra de la delincuencia organizada se establece la facultad de atracción.

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La penalidad máxima que se establece para este delito en el Distrito Federal es de 50 años; en el caso de los estados de la república como Puebla y Sinaloa también adoptaron esta sanción, que es la máxima a imponer a los delincuentes de este delito; en cambio en Veracruz se penaliza de dos a veinte años y en San Luis Potosí, de cuatro a ocho años de prisión (Leyes y códigos). Consideramos que la discrepancia que existe para sancionar éste delito es muy grande y muy diversa, podríamos proponer la unificación de criterios para que todos los códigos estatales, establecieran la misma penalidad, para sancionar éste delito, ya que se trata de lo mismo, de la vida de un ser humano, de su libertad, y del sufrimiento de la familia del secuestrado. A continuación se analizara las características y la penalidad de cada uno de los supuestos previstos tanto en la legislación federal como en los ordenamientos penales estatales y del Distrito Federal. Sin embargo, para no realizar una innecesaria trascripción de los tipos referentes al secuestro, se clasifica en grupos, los supuestos previstos en cada uno de los ordenamientos penales: Tipo básico de secuestro en el Distrito Federal y entidades federativas; Código Penal: Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Hidalgo, Sonora. Supuestos: Obtener rescate; que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole; causar daño o perjuicio al sujeto pasivo o persona distinta relacionada con él; obligar al sujeto pasivo hacer o dejar de hacer un acto de cualquier índole o para que un tercero lo haga u omita (Leyes y códigos). Código Penal: Morelos, Querétaro, Quintana Roo. Supuestos: Obtener rescate; que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole; causar daño o perjuicio al sujeto pasivo o persona distinta relacionada con él (Ibídem).

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Código Penal: Código Penal Federal, Código para el Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán. Supuestos: Obtener rescate; detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con causarle daño para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad en cualquier otra garantía (Ibídem). Código Penal: Campeche, Tamaulipas. Supuestos: Obtener rescate; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o persona relacionada con ella; hacer uso de amenazas graves, maltrato o tormento; detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de la vida o con causarle daño, sea a ella o a terceros para que la autoridad haga o deje de hacer algo; se haga en camino público o paraje solitario; que los responsables obren en grupo o en banda; sustracción o retención de infante menor de doce años por quien sea extraño a su familia y no ejerza la tutela sobre el menor (Ibídem). Código Penal: Colima, Sinaloa. Supuestos: Obtener rescate o cualquier otra prestación indebida; que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole; causar daños corporales al secuestrado; causar daños o perjuicios al secuestrado o persona relacionada con él (Ibídem). Código Penal: Coahuila, Durango, Jalisco, Tlaxcala. Supuestos: Obtener rescate o cualquier beneficio; causar daños o perjuicios al secuestrado o a personas relacionadas con él (Leyes y códigos). Código Penal: Chiapas. Supuestos: Obtener rescate, se imponga cualquier otra condición, sea consecutivo a un delito contra la propiedad o se trate de causar daños a la víctima o a personas relacionadas con ella; hacer uso de amenazas, vejación o tormento en la víctima; detención hecha en camino público regularmente transitado o en paraje público; que los sujetos activos sean tres o más; que la víctima sea mayor de setenta años o un menor de dieciséis años o por

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cualquier circunstancia esté en situación de inferioridad física; que se detenga en calidad de rehén a una persona con el objeto de presionar a la autoridad para que realice o deje de realizar un acto de cualquier naturaleza; que la víctima sea menor de tres años y sea privada de la libertad con el propósito de ser vendida, en cuyo caso también se castigará al comprador (Op. cit.). Código Penal: Chihuahua. Supuestos: Obtener rescate; se trate de obtener información que la víctima o una persona relacionada con ella pueda tener, en razón del empleo o actividad que desempeñe; se amenace con privar de la vida o causar algún daño físico a la víctima; para que ella, un tercero o una autoridad realice o deje de realizar cualquier acto; que la víctima sea menor de catorce años o incapacitada y se tenga la intención de segregarla de su familia, excepto si el autor ejercer la patria potestad sobre el menor o incapacitado o se trata de un ascendiente o descendente por consanguinidad o adopción (op. cit.). Código Penal: Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Nayarit. Supuestos: Obtener rescate o causar daños o perjuicios al secuestrado o personas relacionadas con él; que se haga uso de amenazas graves, maltrato o tormento; detención en camino público, en paraje solitario o en despoblado; cuando obre en grupo; que el secuestrado sea menor de doce años y se le prive de la libertad por un extraño a su familia. Que se cometa por una persona que se ostente como autoridad; que se detenga a una persona en calidad de rehén y se amenace con privarla de la vida o causarle un daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera (Leyes y códigos). Código Penal: Guerrero. Supuestos: Obtener rescate causar daño o perjuicio a la persona privada de su libertad u otras distintas relacionadas con él; que se haga uso de amenazas graves, maltrato, tormento, violencia o se veje a la víctima; cuando se obre en grupo; que en el delito participe un servidor público que tenga a

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su cargo funciones de prevención, persecución, investigación o sanción de delitos (op. cit.). Código Penal: Oaxaca, Puebla, Zacatecas. Supuestos: Obtener rescate o causar daños o perjuicios a la persona privada de su libertad o a otra persona relacionada con él; que se haga uso de amenazas graves, maltrato o tormento; cuando se obre en grupo; que se detenga a una persona en calidad de rehén y se amenace con privarle de la vida o con causarle un daño, con el fin de presionar a la autoridad para que realice o deje de realizar un acto cualquiera; que el robo de infante se cometa en un menor de doce años de edad, por quien sea extraño a su familia y no ejerza la tutela, ni la patria potestad (Ibídem). Código Penal: Veracruz. Supuestos: Obtener rescate; se pretenda causar daño o perjuicio al secuestrado, se trate de causar molestias a personas distintas del secuestrado, pero relacionadas con él; se pretenda que la autoridad realice o deje de hacer un acto cualquiera; cuando un extraño a la Familia, sustraiga, retenga o por medio de engaño o aprovechamiento de error obtenga a un menor de doce años de edad (Leyes y códigos). A continuación se establecerá la penalidad de los tipos previstos en los diversos ordenamientos legales, tanto en las entidades federativas como en el Distrito Federal. Código Penal: Penalidad Distrito Federal Durango Puebla Sinaloa

Máx. 50. Máx. 50. Máx. 50. Máx. 50.

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Min. 20. Min. 10. Min. 18. Min. 30.

Media. 35. Media. 30. Media 34. Media. 40.


Hay que mencionar que aunque la máxima penalidad en cada una de estas entidades es la misma, la mínima es totalmente distinta, por lo tanto la media también lo será. Aguascalientes

Máx. 40.

Min. 10.

Media. 25.

Campeche Chiapas Estado de México Morelos Nayarit Nuevo León Tabasco Coahuila Chihuahua

Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 40. Máx. 30. Máx. 30.

Min. 5. Min.15. Min. 5. Min. 5. Min. 10. Min. 15. Min. 8. Min. 8. Min. 6.

Media. 27. Media. 27. Media. 22. Media. 22. Media. 25. Media. 27. Media. 24. Media. 19. Media. 18.

Oaxaca Sonora Tlaxcala Zacatecas Colima Guerrero

Máx. 30. Máx. 30. Máx. 30. Máx. 30. Máx. 25. Máx. 25.

Min. 10. Min. 10. Min. 15. Min. 15. Min. 10. Min. 10.

Media 20. Media. 20. Media. 22 Media. 22 Media. 17. Media. 17.

Estas últimas son las únicas entidades federativas coincidentes en su penalidad, como se puede observar. Baja California Baja California Sur Guanajuato Hidalgo Jalisco Querétaro Quintana Roo

Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20.

Min. 7. Min. 10. Min. 10. Min. 5. Min. 8. Min. 6. Min. 5.

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Media. 13. Media. 15. Media. 15. Media. 12. Media. 14. Media. 13. Media. 12.


Tamaulipas Veracruz Yucatán Michoacán San Luis Potosí

Máx. 20. Máx. 20. Máx. 20. Máx. 15. Máx. 8.

Min. 6. Min. 2. Min. 5. Min. 5. Min. 4.

Media. 13. Media. 11. Media 12. Media. 10 Media. 6.

Con base a lo anterior, se puede observar que en general cada estado, así como el Distrito Federal, establecen normativas diversas para que se adecue la conducta al tipo penal que nos ocupa; creemos que los supuestos del tipo básico deberían ser iguales en cada una de las entidades federativas; ya que se trata de un delito que por su naturaleza, su consumación se prolonga en el tiempo, y si en esa prolongación los probables responsables trasladan a su víctima hacia diverso estado y ahí son asegurados, la competencia corresponderá al Juez que haya sido prevenido, es decir, donde haya cesado el delito. La tendencia para homologar los Códigos Penales en el caso de este delito es muy importante, porque es inadmisible que no exista congruencia entre las hipótesis para encuadrar la misma conducta; además admite que se sancione con una disparidad notable, a pesar de ser un ilícito que por su dinámica opera en todo el territorio nacional. 1.6. La libertad como un derecho del ser humano La palabra libertad viene del latín “libertas-atis que significa condición del hombre que no es sujeto a la esclavitud” (Diccionario Jurídico Mexicano, México, 1997, p. 1897). Por otro lado el diccionario Porrúa de la lengua española, dice que “es una facultad natural del hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar” (Diccionario de la lengua española, México, 2000, p. 370). Como se observa parece sencillo conceptualizar la palabra libertad, pero existen varios autores con infinidad de criterios acerca de tal definición, por lo anterior a continuación se citarán algunos: El autor Víctor Manuel Rojas Amandi, nos dice que la libertad se manifiesta de tres formas; emanación lógica y propia de nuestra

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naturaleza, es decir, ésta libertad no se diferencia de las reacciones de los estímulos meramente biológicos, como desplazarse, alimentarse, esconderse, reproducirse, etcétera, coexistencia entre los miembros de un grupo, exigiendo que cada individuo armonice su conducta con la de sus prójimos, de acuerdo con normas que se forjan en la costumbre asimilándose a un nivel inconsciente y suponiéndose como algo preestablecido al tomar conocimiento de ellas. Así las cosas consideramos que la libertad es un concepto flexible y tiene diversos matices que se aplican al individuo y a su comportamiento, así como a los animales y objetos, unas veces en sentido físico y otras, para expresar ideas morales o jurídicas. Si bien el concepto de libertad es totalmente humano, es decir, que supone al hombre ya que podemos reconocer una serie de situaciones que muestran el concepto por medio del aprendizaje. Se puede decir entonces que el concepto de movimiento participa de la noción de libertad, comparado con las cosas del mundo donde se observa que en general están quietas y estables. El ser humano se diferencia de una silla, de un juguete en el suelo, de un plato, etcétera, ya que él no está sujeto al suelo, es un ser pensante, independiente y es capaz, a través de su percepción y memoria subjetiva y objetiva, de prever situaciones distantes en tiempo y espacio, es un ser de amplio entorno, pero sobre todo, se ha ido formando el concepto de libertad a través de la experiencia y a través de tiempo. Los seres humanos deben actuar como individuos, deben ser capaces de expresar lo que piensan, sienten, quieren y de alguna manera ser capaces de manifestarlo en su vida diaria.

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Por lo tanto ser libre es estar abierto a nuevas posibilidades de encuentro o nuevos fines, ser libre es actividad, moverse y poder cambiar. La libertad es poseer y no ser poseído por nadie, que en éste caso hablamos de la esclavitud. Se pueden poseer cosas pero nunca a seres humanos. Aunque en realidad al hablar de libertad es hablar de auto posesión porque se posee así mismo, por raro que parezca. La libertad no se puede, ni debe quitarse de ninguna manera, ya que el hombre tiene un sentido inviolable, que le permite mantener el amor o alguna creencia. Así nunca, podrán obligarle a nada, ya que no es posible la coacción. Por eso todas las formas de persecución sobre la libertad de pensamiento o conciencia, están condenadas a ser un rotundo fracaso. Esta libertad interior es lo fundamental para tener dignidad y una base de derechos humanos, pues en ésta libertad hay una libertad de expresión, el derecho al libre albedrío, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a vivir según nuestras convicciones, el derecho a seguir nuestra vocación, etcétera. El modo de entender la libertad va acompañado de la idea de que todos los valores son igualmente buenos para aquél que libremente los elige, pues lo que los hace buenos no es que en sí mismo lo sean, sino el hecho de que son libremente elegidos.

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CAPITULO II. El Secuestro Dentro de la Sociedad Mexicana 2.1. El delito del secuestro dentro de México

El secuestro es uno de los delitos más atroces del mundo moderno, de los más fáciles de cometer, más difíciles de investigar y por consiguiente de castigar; es por eso que dentro de este capítulo enunciaremos las diferentes formas de cómo se regula este tipo de delito en nuestro país, ya que en todas las legislaciones estatales consideran al delito de secuestro como una forma agravada del delito de privación ilegal de la libertad, incluso se le puede localizar en los libros segundos en el capítulo correspondiente a los delitos contra la libertad de las personas, variando en algunos de ellos, la forma de tipificarlo y la penalidad según la forma de comisión del delito; así mismo mencionaremos en los demás capítulos el punto de vista o enfoque que se tienen de este delito dentro de algunos códigos penales estatales y de algunos otros países, los cuales registran cada vez un aumento en la comisión de este tipo de conductas antisociales, por lo que se han visto en la necesidad de incrementar la punibilidad para castigar a aquellos que gustan de esta conducta ilícita. Ahora bien, se puede considerar la gravedad de este delito a partir de su mención expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el último párrafo del artículo 22 refiere: “Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”.

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Es así que nuestra Carta Magna, se refiere al sujeto activo del delito o plagiario, y no propiamente al delito de secuestro o plagio, además de que lo considera como un delito de gravedad. Cabe señalar que nuestro máximo ordenamiento jurídico utiliza la expresión de plagio para referirse al secuestro, así también se ha recogido por algunos códigos penales estatales. Los distintos códigos penales que han tenido vigencia en la República Mexicana, han regulado el delito de secuestro. Así encontramos que dentro del Código Penal de 1871, bajo la denominación de plagio, específicamente el artículo 626 establecía: el delito de plagio se comete apoderándose de otro por medio de violencia, de amagos, de amenazas, de la seducción o del engaño. La primera de las fracciones señalaba como propósitos o finalidades específicas vender al plagiado, ponerlo contra su voluntad al servicio público o un particular en un país extranjero, enganchado en el ejército de otra nación o disponer de él a su arbitrio de cualquier otro modo. En el caso de la segunda fracción se establecía como propósitos obligar a pagar rescate, a entregar alguna cosa mueble, a extender, entregar o firmar un documento que importe obligación o liberación o que contenga disposición que pueda causarle daño o perjuicio de sus intereses, o los de un tercer o para obligar a otro a que ejecute alguno de los actos mencionados. Cuando el plagio era consumado en camino público se aplicaba la pena de muerte, salvo que se diera el arrepentimiento post factum. En cuanto a lo que hace a las agravantes en las cuales no aplicaba la pena de muerte; podrían ser consideradas oficialmente como de primera, segunda, tercera o cuarta clase según las características del plagiario.

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El artículo 95 del Código Penal Federal de 1857, establecía como agravantes; multa, privación de leer y escribir, disminución de alimentos, aumento de las horas de trabajo, jornadas arduas de labores extras acompañadas de incomunicación. Es en el Código Penal de 1929, en su título decimonoveno concerniente a Delitos cometidos contra la libertad individual, en donde se utiliza ya la denominación de secuestro, salvo algunos ajustes respecto a los medio de comisión pues ya no se utilizan ni el amago, ni las amenazas. Además de eliminarse la pena de muerte y la prisión perpetua para los secuestradores, sustituyéndose la primera por la relegación de veinte años. En efecto fue en 1764 cuando el marqués de Becaria publicó una obra intitulada: De los delitos y de las Penas, en donde un célebre capítulo también preciso respecto al principio mismo de la pena capital y reclamaba su supresión; ya que existen diversos puntos de vista, entre los que destacan los de carácter teológico, ético o jurídico que afirman que esta no es necesaria en la sociedad puesto que su necesidad no está probada, pues consideran que existen otros medios de impedir que los delincuentes menoscaben intereses sociales, por lo que es inútil como forma de escarmiento para el delincuente, pues al privarlo de la vida ya no es posible ninguna corrección; así tampoco constituye ejemplo para los que no han delinquido, pues a pesar de su aplicación se seguirán cometiendo delitos. Asimismo al respecto a la pena de muerte debemos decir que una gran cantidad de libros, a menudo muy voluminosos, y centenares de obras más, a veces muy renombrados, se han consagrado a este tema desde hace más de doscientos años. Pero lo cierto, es que debido a la ola de secuestros que se está presentando en la actualidad, existen tendencias de opiniones peligrosas que se mueven para implantar la pena de muerte, para limitar los delitos de esta naturaleza.

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En el Código Penal de 1931, se incrementó la pena de prisión de veinte a treinta años; así mismo en el año de 1995 se incrementa la pena para el secuestro hasta cuarenta años, conservando la mínima en cinco años. Con la reforma de 1984 se elevó el mínimo de la pena de prisión de cinco a seis años con el propósito de cancelar el beneficio de la libertad bajo caución a los secuestrados, pero ante el reflejo de la aplicación de métodos violentos y más crueles en los casos de secuestros, en el año de 1989 se adiciono el agravamiento de la pena hasta cincuenta años. Sin embargo, la principal y más importante reforma se lleva a cabo en 1996, pues el contenido del artículo 366 fue ordenado en dos fracciones, de las cuales en la primera localizamos tres tipos básicos en los cuales se incrementa la pena mínima de seis a diez años y se mantienen el máximo de cuarenta, en la segunda de estas fracciones se tipifican los supuestos agravados previendo una punibilidad de quince a cuarenta años, además se establecen diferentes penas para el arrepentimiento post factum dependiendo el momento de la liberación de la víctima, pero en este punto habría que analizar minuciosamente el problema ya que tiene diversas aristas. Se debe tomar en cuenta que es un problema que ha ido teniendo día a día repercusión y que ha ido ampliando su ámbito en esta actividad delictiva. Por un lado se tiene que tener en cuenta que las personas que han sido víctimas de secuestro e incluso sus familiares tienen un punto de vista propio, el cual es compartido en cierto sentido; pues aun al hacerse la nueva reforma al código penal en donde quedo establecida una punibilidad hasta de cuarenta años de prisión; al ser ellos los que han vivido en carne propia, el atentado contra su libertad, son todavía ellos (víctimas y familiares), quienes reclaman no solo que se esclarezca lo concerniente a este tipo de ilícitos, sino que además exigen que se modifique esta situación por una condena que consistiría en establecer cadena perpetua para quienes cometan este delito, incluso retomando un poco el tema de

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la pena de muerte hay quienes han pedido que sea esta la que se tipifique para este delito, pues la consideran como más efectiva ya que traería consigo miedo y los secuestradores lo pensarían dos veces antes de cometer dicho delito. Pero debido a nuestro sistema democrático esto no es posible toda vez que lo que se busca en todo momento es la estabilidad en todos los ámbitos ya que este tipo de pena es contrario y atenta contra el derecho a la vida, en este caso en particular contra la vida de los plagiarios, ya que con este tipo de pena no se llega a cumplir los fines de prevención y menos de resocialización ya que al morir el condenado perdería toda oportunidad de resocializarse. Ahora bien con relación a la cadena perpetua, que es una de las modalidades que la sociedad ha solicitado sea implementada para quien lleve a cabo este ilícito, esta tampoco sería posible ya que no solo rebasa el principio de humanidad de las penas sino también el principio de proporcionalidad que es su derivado; ahora bien con esto no quiere decir que este delito quede en total impunidad y que quede sin ninguna responsabilidad las personas implicadas en este tipo de delito, pero la sociedad mexicana no descarta la posibilidad de que se establezca cadena perpetua para todas las modalidades del delito de secuestro; ya que actualmente se establecen diferentes penalidades para este tipo de ilícito; tal y como lo establecen los diferentes códigos penales de aquellos estados en donde este tipo de ilícito ha tenido mayor índice en su comisión, como lo son Distrito Federal Guerrero, Jalisco, y el Estado de México; no sin antes comentar que la mayoría de las fórmulas legales de tipificación tanto del tipo básico como del complementado, se asemejan en mucho a la descripción del Código Penal Federal. Es así que dentro del Código Penal Federal vigente, encontramos este delito en el libro segundo con el título vigésimo primero, privación ilegal de la libertad y de otras garantías, específicamente en el artículo 366 en el que se establece una punibilidad de cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa cuando se efectué con propósitos de obtener un rescate, detener en calidad de

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rehén a una persona causándole un perjuicio o para que la autoridad deje o realice un acto cualquiera, mismo para la modalidad del secuestro Express. Así tenemos que en esta primera fracción la privación de la libertad de las personas implicadas va unida a la finalidad de obtener un lucro o causar un daño o perjuicio a dichas personas, ya que la obtención de un rescate y exigir dinero por ellas es la forma más común por la que se lleva a cabo este ilícito, pues con ello se condiciona la libertad de las personas; precisamente la razón de ser del rescate es que se condicione la privación de la libertad a la entrega del objeto que en estos casos estaríamos hablando de la libertad de la persona que se encuentra secuestrada, es por ello que la conducta típica queda consumada en el mismo instante en que se lleva a cabo la detención arbitraria con la finalidad lucrativa indicada y es completamente independiente de que el sujeto o los sujetos activos del delito hayan logrado la obtención de su objetivo o este se hayan visto frustrado. Ahora bien en cuanto a lo que señala la segunda fracción del mismo artículo podemos decir que aquí claramente se establecen diferentes circunstancias de lugar, tiempo y modo. Señalando como las primeras que sea en camino público, lugar desprotegido, y lugar solitario. Estableciendo como circunstancias de modo que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; que se realice con violencia; que la víctima sea menor de dieciséis años o mayor de sesenta años. Y finalmente señalando las circunstancias de tiempo; que quien lo lleve a cabo sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad. Por lo que podemos establecer claramente que en esta fracción establece un castigo más severo para el caso de que se utilice alguna de estas circunstancias al contemplar la posibilidad de que cause un mayor daño en la persona secuestrada ya que estaríamos hablando además de un daño personal y moral al encontrarnos en la posibilidad de la que la víctima se encuentre en un estado de inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad, por lo que se hace más penoso y reprobable el comportamiento tipificado.

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Ahora bien respecto a la tercera fracción del mismo ordenamiento jurídico, su rasgo característico es que se maneja la hipótesis de que el secuestro se realice con la finalidad de trasladar a un menor de dieciséis años fuera de territorio nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega de dicho menor por lo que se condiciona el destino de la persona detenida bajo amenazas causándole así un mayor grado de daño moral no solamente a la persona secuestrada sino a quien se pretenda pedir algo a cambio de la vida de ésta, señalándose para tal efecto una sanción que va de veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días de multa. Las demás agravantes que se manejan dentro de este articulo están las de cometer alguna lesión, humillación e incluso terminar con la vida de la persona secuestrada por lo que se tiene para estos casos un mayor incremento de la pena establecida para este tipo de conducta señalándose setenta años como la más alta. Cuadro 2.1 Legislación Nacional

Código Federal

Articulo

Tipo Fundamental

Tipo Complementado

Punibilidad

Penal Art. 366.

40 años de prisión y 500 a 2000 días multa

Código Penal Art. 163 Distrito Federal

10 a 40 años de prisión y 100 a 1000 días multa

Código Penal Art. 259 Edo. México Código Penal Art. 259 Edo. México

Al que prive de la libertad a otro

Código Penal Art. 129 Edo. Guerrero Código Penal Art. 194 Edo. Jalisco

Obtener rescate causar daño, Detener en calidad de rehén Amenazar con privar de la vida.

10 a 40 años de prisión y 100 a 1000 días multa 30 a 60 años prisión y 700 a 5000 días multa 40 a 60 años prisión y 1600 a 2160 días multa 18 a 35 años prisión y 1000 a 2000 días multa

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Como ya hemos visto en el cuadro anterior con antelación actualmente las penas varia de Estado a Estado, por lo que no podemos seguir considerando al secuestro bajo la óptica simplista de creer que el secuestrador lo único que pretende con su conducta en un rescate cantidades de dinero concretamente definidas. La forma de comisión del secuestro ha roto los paradigmas tradicionales y tenemos ya la necesidad de prever bajo una hipótesis delictiva y su consecuente sanción aquellas conductas que se traducen en secuestro exprés, o aquellas que ni siquiera representan una privación material de la libertad sino secuestros virtuales de índole psicológico. Ahora bien para el caso de que durante la comisión de este ilícito se realice también con la comisión de alguna de las agravantes del mismo; estaríamos ante la situación de observar las diferentes penalidades para cada una de estas, estableciendo así que: Cuadro 2.2 Legislación Nacional

Código Federal

Articulo

Penal Art. 366

Código Penal Art. 163 Distrito Federal Código Penal Art. 129 Edo. Guerrero Código Penal Art. 194 Edo. Jalisco

Tipo Fundamental

Punibilidad

Cuando se realice en camino publico Que el autor haya sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública. Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. Que se realice con violencia Que la víctima sea menor de dieciséis años o mayor de sesenta años de edad.

20 a 40 años de prisión y 2000 a 4000 días de multa

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15 a 40 años de prisión y 200 a 1500 días de multa 60 a 75 años de prisión y 2160 a 1700 días de multa 25 a 40 años de prisión y 1000 a 3000 días de multa.


Ahora bien dentro de este cuadro podemos observar que solo se van incrementando las penalidades establecidas para ciertos casos en la comisión de este delito; así mismo en el código Penal del Estado de México se hace referencia a las penas que se pueden establecer cuando se libere a la víctima y se le hubiere causado alguna de las lesiones establecidas en el mismo ordenamiento legal establecido en el artículo 236 y tipificado por el articulo 237 en sus diferentes fracciones. Ahora bien para el caso de que durante la comisión del delito de secuestro se la causare la muerte a la víctima, se establece una pena hasta de setenta años de prisión; estableciendo además diferentes tipos de sanciones para aquellos que sean coparticipes con los secuestradores al actuar como intermediarios en las negociaciones para llevar a cabo este tipo de ilícito. Ahora bien como muchos delitos, el secuestro es regulado de manera distinta en otros países. Esta diferencia obedece a la conceptualización y la ubicación dentro de los códigos punitivos, así tenemos que en el Código Penal italiano este tipo de delito se trata en el capítulo III, de “Los delitos contra la libertad individual”, y en el artículo 630 tipifica el delito de plagio y dice: el que secuestra a una persona con el fin de conseguir para sí o para otros algún provecho injusto, como previo de la liberación de aquella, será castigado con reclusión de ocho a quince años y con multa de diez mil a veinte mil liras. La pena será reclusión de doce a dieciocho años, si el culpable consigue su intento. Como podemos ver dentro de esta definición de secuestro se ve reflejada una conducta antisocial, que se castiga por el hecho de haber conseguido un beneficio personal y bajo la premisa de que se libere a la persona secuestrada, no mencionándose si la persona es menor de edad o no, o si se realiza con violencia o en algún lugar determinado bajo ciertas circunstancias especiales.

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Cuadro 2.3 Legislación Internacional

Articulo

Código Penal Art. 163 de España

Tipo Fundamental

Tipo Complementado

Punibilidad

El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su

4 a 6 años de prisión

de Italia

libertad, conseguir para sí o para otros algún provecho injusto, como previo de la liberación de aquella

prisión y 10 mil a 20 mil liras de multa

Código Penal Art. 169 de Colombia

El que arrebate, Con el propósito de sustraiga, retenga u exigir por su libertad oculte a una persona un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político

18 a 28 años de prisión y 2000 a 4000 salarios mínimos legales mensuales vigentes

Código

Penal Art. 630

8 a 15 años de

Dentro de este cuadro que nos muestra la punibilidad establecida para el ilícito que nos ocupa podemos observar una punibilidad de no más de treinta años, por lo consiguiente podemos decir que las penalidades más severas son las establecidas en la legislación nacional, ya que esta puede llegar incluso a sesenta años y hasta cinco mil días de multa, no así en la legislación internacional; por lo que podemos concluir que no por el hecho de que se aumenten los años de prisión disminuye la frecuencia en la comisión de este tipo de delito, sino que como se ha visto en los últimos años dentro de nuestro país este tipo de delito se ha incrementado en una forma por demás preocupante; ya que actualmente somos uno de los países que mayor índice de secuestros presenta año con año, por lo que nos encontramos ante la necesidad de establecer y formular una reforma eficaz para combatir este tipo de crimen que afecta a toda la sociedad mexicana, una reforma integral y concisa que establezca una solución a la ola de secuestros que se cometen día a día en nuestro país, y que de seguridad a toda la

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población, teniendo como objetivo reducir año con año este tipo de ilícitos, creando una conciencia en la denuncia para que sean más los plagios denunciados que los no denunciados, ya que actualmente esta cifra “negra”, es rebasada de sobremanera por los secuestros que se denuncian ante las autoridades correspondientes. Para este fin específico deben destinarse todos los recursos públicos necesarios, utilizados únicamente para la erradicación de este propósito; firmando convenios de colaboración interestatal, federal o por regiones de influencia en donde se tenga mayor índice criminal en la comisión de secuestros; equiparando adecuadamente las unidades antisecuestros. Una de las prioridades de la investigación de este delito debe ser la completa identificación de la totalidad de los integrantes de las bandas a las cuales se está por desarticular o ya se desarticulo parcialmente, así como sus contactos, ya que como hemos visto los centros penitenciarios son las mejores “oficinas”, o “escuelas” en donde se concentran los cabecillas de estas bandas y desde donde operan para llevar a cabo sus crímenes. El principio que debe prevalecer es que no puede darse por cerrado el caso con la detención de los cabecillas de una banda, sino hasta la identificación y detención de todos los integrantes, haciendo una difusión más amplia de las fotografías y datos de identificación de los mismos. Además se debe establecer como norma el confinamiento de todos los secuestradores en prisiones de alta seguridad, tanto para los que ya estén sentenciados como para los sujetos a proceso, aplicándose tanto para los que en el futuro sean detenidos como para los que ya estas presos mediante un programa de traslados, comenzando por aquellos de mayor peligrosidad y que se encuentran en las prisiones que ofrecen condiciones de seguridad más precarias, lo anterior no excluye las labores de inteligencia para determinar cuál ha sido hasta ahora su actividad en prisión y con qué personas externas o internos han

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entrado en contacto, tampoco excluye medidas de vigilancia imperceptible cuando ya se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad. Como ya se ha indicado, los mejores resultados en la lucha contra el secuestro precisan de un esquema de acción centralizada estableciendo un marco legal homogéneo, claro y que no deje resquicios para que los delincuentes se sustraigan a la acción de la justicia, estableciendo una reforma legal, en donde toda forma de privación ilegal de la libertad debe considerarse delito grave y tener una penalidad cuya medida aritmética impida la libertad provisional o tener cualquier tipo de beneficio, un avance de ello sería la homologación de los códigos penales de las entidades federativas, al menos por lo que hace a este ilícito. 2.2. Impacto social. La propagación del secuestro ha ocasionado un impacto muy importante dentro de la comunidad nacional, las comparaciones con otros países se presentan y de ninguna manera es sano para cualquier sociedad la inseguridad e incertidumbre de sus habitantes, es por eso que dentro de este apartado, estableceremos las diferentes secuelas de horror que vive la sociedad por este tipo de delito, ya que el secuestro trae consigo consecuencias en todos los campos de la sociedad. A pesar de que el secuestro es un delito penado por las leyes del orden común y considerado como grave, en México es un delito perseguido de oficio y compete a las procuradurías estatales su investigación aunque en algunos casos la autoridad a petición de los familiares del agraviado se ve limitada para actuar para no poner en riesgo la integridad física de la víctima. El secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene. La conducta repercute en un fuerte impacto psíquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan en crueldad hacia las víctimas, entre amenazas, golpes, sometimiento

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y violencia extrema; las características y consecuencias del secuestro representan una amenaza a la estabilidad de la población. El secuestrar personas conlleva a la obtención de grandes recursos económicos por lo que la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilícita ha ido en aumento, convirtiéndose en una verdadera industria delictiva. Es por ello que debe enfrentarse en todas las formas posibles medios y recursos a este tipo de delincuentes que en actuación no tienen ninguna compasión para con sus víctimas. “El secuestro tiene por objeto la obtención de recursos económicos a cambio de la libertad de la persona secuestrada, muchas veces esta libertad es vendida, a cambio de otras situaciones, dando así pauta a la comisión de otros delitos, como sería el tráfico de menores” (Diario de México). Partiendo entonces así que el factor psicosocial sería el más golpeado por las consecuencias del secuestro y considerándose en primer lugar que el secuestro obstaculiza la seguridad de los servicios públicos haciéndolos más costosos, generando aumentos injustificados del gasto público, afectando proyectos que están encaminados a cubrir las deficiencias sociales; en cuestiones de salud, las víctimas quedan sufriendo el trauma emocional para toda la vida no solo a quien se lesionó su integridad física sino a los familiares de ésta; así lo expresan personas que han sido víctimas de este delito al manifestar que: “Durante el tiempo que duro el secuestro, se me hizo interminable el tormento, pero no solo yo padecí la experiencia. En otro lugar mis seres queridos sufrieron lo suyo; y así como imagine consecuencias terribles y acudí a recursos espirituales y emocionales para no desesperarme ellos vivieron un proceso propio. Cada uno de acuerdo con su historia individual y su personalidad, cada uno un procesó el trauma a su manera; convencidos todos de que fue una experiencia colectiva; algunos en total hermetismo, otros con reclamos hacia mí, puesto que no

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entendían por qué ya no podía seguir manteniendo el control de mi propia vida algunos más con muestras de cariño y felicidad por el hecho de encontrarme viva e incluso hubo con quienes se presentó cierto distanciamiento” (Fabián Del Conde, Virginia. op. cit., p. 131-133).

Ahora bien, en cuanto a los gastos multimillonarios para combatir este crimen incrementan los montos del endeudamiento externo e interno, cuando el dinero que debió destinarse a otros servicios públicos son gastados en equipo tecnológico, militar y entrenamiento antisecuestros, srcinándose la espiral creciente de las deudas y el incremento de la insatisfacción de las necesidades básicas de la población, cuyas consecuencias a la postre desembocan en inestabilidad social y económica y en la mala imagen de cada país. Al afectar los valores culturales y morales; el secuestro es uno de los crímenes más abominables y su adopción por parte de miembros de la sociedad muestra un deterioro y degeneración de las costumbres, de la pérdida de los valores políticos morales y culturales de los ciudadanos de una nación. La ‘perdida de los valores se refleja en la violencia institucional, delincuencial y guerrillera, en violación de los derechos humanos, en el deterioro ambiental, en la indisciplina social y en la crisis de autoridad. Así se tiene que en varias fuentes de información se reportan datos que en el primer semestre del año dos mil cinco se reportaron ciento setenta y dos secuestros en Colombia y ciento sesenta y nueve en Brasil, mientras que en el mismo periodo en México hubo ciento noventa y cuatro ubicando así a México como el país con mayor número de casos de secuestro por encima de Colombia y Brasil. “Es indudable que el secuestro por rescate ha alcanzado una cifra escandalosa en Latinoamérica, así extranjeros, técnicos especializados, ejecutivos adinerados, jefes de policía y sus respectivas familias están especialmente en riesgo,

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oficialmente humo más de siete mil quinientos secuestros en el año de mil novecientos noventa y cinco; sin embargo los números actuales pudiesen ser tres o cuatro veces más a esa cifra” (Coparmex). “El centro de estudios fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos (CEFPRODHAC), informo que en los últimos cuatro años; 686 personas han sido secuestradas en las ciudades de la frontera de Tamaulipas, de las cuales 266 fueron liberadas, 65 ejecutadas; 43 fueron detenidas y 312 aún están desaparecidas. Sobre el tema de secuestros en la frontera de Tamaulipas, el presidente del Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de Derechos Humanos, señalo que en este año hubo 230 reportes, lo que representa más del doble en comparación con el año pasado cuando se registraron 121 casos. Menciono además que de los ocurridos durante el año dos mil cinco, el primer lugar lo ocupa Nuevo Laredo con 81 secuestros, en Matamoros hubo 67 y en Reynosa 64; mientras que los meses con mayor índice fueron enero con 78 junio con 55 y julio con 18. La estadística del organismo no gubernamental indica que el total de 230 personas secuestradas este año; 121 fueron liberadas, a 39 las detuvo alguna corporación policial, 23 aparecieron ejecutadas y 47 aun permaneces desaparecidas. Además de que se calcula que en un veinticinco por ciento de plagios no existe denuncia” (Frontera México). En tanto las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); indican que en lo que van del año se han consignado 34 expedientes ante el juez penal en turno, en las que se vieron involucrados 67 adultos, 56 (11 mujeres) y ocho menores de edad. Este último dato duplica el número de jóvenes que han participado en secuestros, así mismo dicha institución asegura que se

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han desmembrado a 83 bandas dedicadas al secuestro en los últimos cinco años y han detectado 88 casas de seguridad. Veamos algunas cifras de secuestros en los últimos tres años: Total de Secuestros en el año 2005 (46) 1.- Resueltos. 45 2.- En proceso. 1 3.- Personas Liberadas. 51 de 53. 4.- Bandas desmembradas. 32 5.- Integrantes de bandas detenidos. 136 6.- Auto secuestros. 19 Total de Secuestros en el año 2004 (45) 1.- Resueltos. 43 2.- En proceso. 2 3.- Personas Liberadas. 50 de 52 4.- Bandas disueltas. 36 5.- Integrantes de bandas detenidos en flagrancia 216 6.- Por orden de aprehensión 53 7.- Auto secuestros. 11 Total de Secuestros en el año 2003 (63) 1.- Resueltos. 63 2.- Personas Liberadas. 66 de 66 3.- Bandas desmembradas. 36 4.-Total de detenidos. 337 5.- Auto secuestros. 17 Ahora bien, en cuanto a las cifras antes mencionadas es evidente que se maquillan cifras y el delito no baja, ya que estamos ante uno de los hechos más escandalosos y más graves de ocultamiento, engaño y manipulaciones de cifras, y

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el país sigue totalmente descompuesto y no tiene una cabeza que ayude a controlar la delincuencia. “Debido a lo elevado de los secuestros no denunciados, integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia exhortaron a las víctimas a denunciar los casos ante las autoridades, para dar un mayor impulso a la cultura de la denuncia y con esto hacer más eficaz el sistema de seguridad antisecuestros con en el que actualmente se está trabajando” (Coparmex). Debido a la proliferación de este tipo de delito se han llevado a cabo diversos spots en diversos medios de comunicación apoyados por la Asociación México Unido contra la Delincuencia, recordando aquellos en donde aparecía una persona con dedos mutilados; aquella madre que predio a su hija ante el temor de ser víctima de la delincuencia, personas que cansadas de tanta inseguridad hacen un reclamo público a las autoridades así como una invitación a la ciudadanía de que se adquiera la cultura de la denuncia para que a las autoridades no les tiemble la mano y actúen con la firmeza que se necesita en estos casos. La apertura de los mercados latino, conjuntamente con la búsqueda de inversión extranjera trajo el flujo de extranjeros y locales para diferentes oportunidades de negocios, esto a su vez ha traído oportunidades para los secuestradores proliferen. Al mismo tiempo, la creciente disparidad en tres los ricos y pobres crean un ambiente de inestabilidad socioeconómica que se refleja en la incidencia criminal. Bien es cierto que el miedo al secuestro se ha convertido en un terror general debido a la variedad de estos y a la organización criminal de los mismo debido a que los secuestradores operan de una manera más amplia y sofisticada; uno de los cambios más notables es el secuestro de ciudadanos no tan adinerados, tales como empresario o industriales de la pequeña industria, profesionistas, comerciantes, etcétera; quienes tienen acceso a dinero en efectivo y quienes por

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naturaleza son más fáciles de secuestrar por no contar con guardaespaldas, como los ejecutivos de alto rango de empresas multinacionales. En México el secuestro ha adquirido un grado virulento de aproximadamente mil quinientos a dos mil secuestros de ejecutivos, en consecuencia, muchas corporaciones emplean personal de seguridad altamente entrenado a un costo muy elevado, los pagos de rescate son tan variados que puede ser desde un millón de pesos hasta varios millones de dólares, en los últimos meses el secuestro se ha “democratizado” ya que se practica en barrios pobres y zonas rurales donde el pago del rescate no sobrepasa los cientos de pesos. Debe admitirse que parte del problema en Latinoamérica es la desconfianza de la población en la policía y el sistema judicial. Expertos en la materia han detectado que miembros corruptos de la misma policía han estado involucrados en varios secuestros esto obviamente se ha vuelto en el pan de cada día de la ciudad de México. “Todas estas circunstancias han causado graves consecuencias políticas y económicas en nuestro país; ya que la inversión extranjera es reducida debido a que las corporaciones multinacionales se ven forzadas a tomar medidas que les permita estar preparadas en caso de sufrir problemas relacionados con el secuestro. En vista de lo cual han creado políticas claras que tratan de delinear como realizar pagos de rescate, además de crear presupuestos que les permita gastar en seguridad adicional y medidas preventivas tales como carros blindados, guardaespaldas y sistemas sofisticados de seguridad” (Proceso, México 2002). Uno de los retos más grandes que enfrenta la sociedad es el alarmante incremento en el secuestro de niños. Cada año miles de niños son víctimas del mismo, raptados en jardines de infancia o en parques de recreación a veces a la fuerza y otras con artimañas.

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El secuestro, al igual que cualquier otro crimen flagela el carácter de la gente. Esta es una penosa realidad que a la sociedad no le gusta confrontar. Debido a que otras premisas son más fáciles de controlar. No hay simples soluciones para reformar el carácter delictivo en ciertos miembros de la sociedad, principalmente por su múltiple causalidad. Todas aquellas cualidades que determinan quienes somos, también son en parte, las que causan nuestra capacidad de cometer crímenes. Herencia y ambiente, la interacción del individuo y la sociedad, la totalidad de las experiencias humanas y su naturaleza humana hacen de tales elementos la base para el srcen del crimen. Ninguno de estos elementos puede por sí solo darnos la repuesta para prevenir efectivamente las conductas antisociales, especialmente aquellas que llevan al individuo a cometer un secuestro. Lo que se sabe a ciencia cierta es que el secuestro es perpetrado por individuos a quienes les importa muy poco la vida de otros, tienen tan poco respeto al sistema legal y normativo de la sociedad en la que se desenvuelven y su objetivo los lleva a vejaciones que pueden terminar incluso con la vida de su víctima. “En tanto la sociedad tenga individuos así y las condiciones de impunidad, y corrupción no cambien, los secuestros continuaran, sin importar la efectividad del gobierno en combatir y controlar este tipo de crimen mientras existan ciudadanos dispuestos a violar la ley y la sociedad y sus autoridades no lleven a cabo los cambios estructurales fundamentales, la competencia de antemano está ganada por la delincuencia” 2.3. Transcurso del secuestro.

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Durante el transcurso en la investigación del secuestro se deben seguir algunos lineamientos de todos y cada uno de los indicios específicos y oportunos del delito de secuestro como son: El inicio de la averiguación previa ya sea por denuncia o querella; así mismo el inicio de la investigación y designación del personal responsable, que en estos casos, la autoridad competente es el Ministerio Publico. Así una vez que se han establecido los lineamientos de la investigación, las siguientes etapas son: pago de rescate y liberación de la víctima, interrogación de la víctima una vez liberada, su disponibilidad de cooperación y sobre todo su atención. Ahora bien describamos en que consiste cada una de estas etapas para tener una mejor estructuración del delito de secuestro dentro de su seguimiento en el Ministerio Publico; teniendo en primer lugar el inicio de la Averiguación Previa, ya sea por denuncia o querella; ocurrido un secuestro. Se iniciara la Averiguación Previa por denuncia, misma que puede presentarse por dos vías, la primera por comparecencia y la segunda por comunicación vía telefónica. “Cuando se inicie una averiguación por comparecencia el Ministerio Publico deberá de contemplar dentro de su interrogatorio los siguientes aspectos: a. Las características de la persona que comparece a formular la denuncia, indicando domicilio, edad, ocupación, religión, grado máximo de estudios y número telefónico. b. Parentesco o afinidad que tenga el compareciente con la víctima manifestando la media filiación o en su caso una fotografía, debiendo detallar las palabras exactas utilizadas por los delincuentes o en su defecto el mensaje que se haya recibido, indicar que acción han tomado los familiares de la persona que ha sido secuestrada e instruir al denunciante que no debe informar a ninguna persona y mucho menos

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informar a la prensa sin la autorización correspondiente sobre la formulación de la denuncia. c. Como se informó el compareciente del secuestro. d. Lugar, fecha y hora de ocurrido el secuestro. e. Personas que acompañaban a la víctima al momento del secuestro. f. g. h. i. j.

Posibles testigos presenciales. Lugares circundantes al de los hechos. Posible número de delincuentes involucrados. Medio de transporte utilizado por los delincuentes. Tipo de armas utilizadas por los delincuentes para cometer la conducta antijurídica. k. Características físicas del o de los delincuentes. l. Modo de operar de los delincuentes al cometer el delito. m. El reconocimiento en archivos del o los posibles delincuentes, así como la elaboración en su caso del retrato hablado de los mismos. n. Si los delincuentes han tenido o no contacto con los familiares de la víctima y el monto de rescate solicitado. o. Disponibilidad de colaboración y participación de los familiares de la víctima en la investigación. p. Nombres o sobrenombres del o las personas de quiénes se tenga temor que hubiese realizado el hecho delictuoso. q. Algún hecho o situación sospechosa que hubieran notado antes del secuestro. r. Instruir al denunciante de la necesidad de preservar las evidencias físicas y no tocarlas, a efecto de que se designen peritos en la materia y emitan su dictamen respectivo. s. Las demás que considere prudente realizar el Ministerio Publico. Si la denuncia es formulada vía telefónica, esta deberá de confirmarse, tomando el número telefónico de quien reporta, para que de inmediato se inicie la respectiva Averiguación Previa; para tal efecto quien reciba la llamada telefónica deberá

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interrogar por dicha vía al denunciante para su incorporación a la indagatoria los datos a que se refieren los incisos señalados con anterioridad, exceptuando los incisos a) y m). Una vez echo lo antes mencionado, el Agente del Ministerio Publico deberá de comunicarse personalmente con los familiares directos de la víctima, a efecto de lograr obtener de estos la colaboración necesaria para el desarrollo de la correspondiente investigación” (Malvaez Contreras, Jorge, México 2004. pp. 216220). Ahora bien en cuanto a la Averiguación Previa que se inicia por Querella, este tipo de denuncia podrán presentarla los familiares directos del secuestrado, y liberado éste podrá hacerlo de manera directa, En ambos casos deberá formularse por escrito narrando en forma lógica en tiempo, lugar y espacio los hechos. En la ratificación de la misma, deberá de precisar la disponibilidad del demandante de colaborar en la investigación de la Averiguación Previa. El Agente del Ministerio Publico de inmediato debe iniciar con tal documento la Averiguación Previa, y ordenar en el mismo acuerdo la ratificación de la misma. Al interrogar al demandante deberá considerar todos aquellos aspectos que no estuviesen contemplados en su escrito inicial, por lo que debe procederse en los términos que han quedado debidamente señalados en el apartado referente al tratamiento que para el inicio de la Averiguación Previa se han especificado y desglosado anteriormente. “En lo que se refiere al inicio de la Averiguación Previa por Denuncia, esta puede formularse de dos formas. La primera puede iniciarse mediante la presentación de un parte informativo emitido por la Policía Ministerial o cualesquiera otra corporación policiaca en donde se señale que determinada persona ha sido secuestrada y la segunda a través de un informe, en donde se precise el nombre

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de la persona que ha sido secuestrada, lugar donde ocurrieron los hechos, personas que acompañaban al secuestrado, etcétera. Este informe puede formularlo cualquier persona, es decir no se requiere ningún tipo de parentesco con la víctima para que se reciba la denuncia penal de este tipo.

En el informe del parte informativo que presente la Policía Ministerial o la corporación policiaca que la suscriba, el Agente del Ministerio Publico deberá de inmediato ordenar el inicio de la Averiguación Previa respectiva y recibir la ratificación del parte informativo de igual manera deberá de complementar el citado documento con un interrogatorio que se formule quien o quienes lo suscriban, contemplando los siguientes aspectos: 1. De qué manera tuvo conocimiento del secuestro. 2. Cuáles son las fuentes de información. 3. Establecer la veracidad y confiabilidad de la información. 4. Especificar lugar, fecha y hora que se presentó al lugar de los hechos. 5. Domicilio de la víctima. 6. Señalar si existe la presencia en el lugar de los hechos de huellas, indicios, vestigios y demás datos que puedan ser de utilidad para la investigación de la Averiguación Previa. 7. Descripción de la media filiación de la víctima y en su caso fotografía de la misma. Así una vez que se tiene ya formulada la denuncia se dará paso al inicio de la investigación y designación del personal responsable para ello, ya que estamos hablando de una investigación criminal y para lograr el objetivo deseado, se requiere la aplicación de una actividad técnico – científica, que garantice rescatar sana y salva a la víctima ya que esta es la prioridad que se debe tener presente en todo momento y así mismo obtener la posible obtención de los victimarios.

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Para conseguir lo anterior es necesario de una buena organización y coordinación de los elementos que hayan sido designados. En este tipo de designaciones el Ministerio Publico, deberá actuar con sumo cuidado en virtud de ser el responsable directo de la investigación por lo que se debe tomar en cuenta:

a) La designación del jefe del centro de mando de la investigación, y este a su vez debe estar bajo la responsabilidad de un Agente de Policía con conocimiento en materia de secuestro, quien coordinará la investigación. b) Designar el grupo especial que participara en la investigación, con información clara y precisa respecto a la actividad que tienen que desarrollar y la instrucción en el sentido de aguardar discrecionalidad en la investigación. c) Asignar el equipo necesario y otorgar facilidades para recibir y transmitir llamadas, mapear la zona donde probablemente pueda estar retenida la víctima, usar radios de comunicación, equipo para grabar la negociación, etcétera. d) Designar los agentes que se ocuparan de entrevistar a las personas que presenciaron el secuestro o en su defecto a los familiares más cercanos de la víctima, a efecto de investigar qué acciones ha realizado y valoren las posibilidades de realizar la reconstrucción de hechos. e) Instalar el equipo necesario y apropiado que será utilizado para localizar el srcen, grabar y escuchar las llamadas telefónicas, cuyos aparatos se instalaran en el domicilio de la víctima o en el domicilio donde se están comunicando los secuestradores. Este equipo se instalara con la asistencia técnica de la compañía telefónica. f) Considerar personal de tiempo completo para el domicilio de la víctima, quienes reportaran el desarrollo de su actividad al jefe de la investigación. Los agentes designados deberán permanecer en el domicilio de la víctima hasta que se culmine con la investigación. Este personal por su contacto directo con los familiares del secuestrado, deberán tener la capacidad suficiente para orientar a los familiares sobre su comportamiento, a efecto

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de que con sus comentarios no obstaculicen la investigación y guarden discrecionalidad necesaria sobre los hechos” (Ibídem. p. 228-233). Debemos señalar que el delito de secuestro se considera como un delito de reacción, por ello el personal involucrado en la investigación deberá modificar cuantas veces sea necesario los planes ya existentes basado en las exigencias de la situación para lograr el regreso seguro de la víctima con este objetivo. Una vez que se ha designado al personal que se hará cargo tanto de la investigación como de las negociaciones entraríamos en la etapa del pago de rescate o liberación de la víctima, ya que esta se considera una de las más delicadas dentro del proceso del secuestro, en vista de que la principal preocupación de los delincuentes será la intervención de la policía por lo que se debe considerar que toda demanda de pago de rescate que formulen los secuestradores se agregara a la averiguación Previa, por comparecencia o constancia entregando los documentos; así mismo todo arreglo que los familiares de la víctima pretendan llevar a cabo con relación al pago del rescate deberá de comunicársele al Ministerio Publico, en primer término para valorar la posibilidad de implementar el operativo correspondiente. Cuando se determine pagar un rescate el Ministerio Publico, tendrá el cuidado y la responsabilidad de dar fe ministerial del dinero u objetos que se entregaran anotando en la propia Averiguación Previa la denominación y número de serie de los billetes de igual manera se tomaran fotografías de los mismos. Determinado lo anterior se procurara que el número de serie de los billetes sea consecutivo y de una sola denominación y si es posible marcar con tinta invisible los billetes. Para el caso de la realización de operaciones financieras se debe requerir a las instituciones bancarias su colaboración con la finalidad de detectar los billetes que fueron entregados para la obtención del secuestro indicando la denominación y número de serie de los mismos. Por lo que se procurara crear la cartografía con

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referencia al sitio de entrega del dinero y en su caso rescate de la víctima; estableciendo una coordinación estrecha con todos los cuerpos policiacos estatales, federales y municipales, a fin de estar en condiciones de realizar despliegues, operativos oportunos y precisos, estudiando la posibilidad de usar aparatos que permitan seguir la pista y rastrear el monto de la suma del dinero pagado por concepto del rescate. Asimismo se debe analizar la vulnerabilidad del o los victimarios, para tomar decisiones adecuadas, teniendo presente si alguien tuvo conocimiento de la planeación del secuestro, por lo que se debe tener discreta vigilancia en el domicilio de personas de las que se tenga temor fundado que han participado en este hecho, durante el tiempo que dure el secuestro. Conociendo la forma de cómo los secuestradores se comunican para exigir la demanda del rescate, exigiendo pruebas del secuestrado precisando así si el secuestrado está bien de salud, y estipular como los victimarios recogerán el dinero producto del rescate. Una vez llevado a cabo todo tipo de negociaciones y después de haber alcanzado el objetivo principal de rescatar con vida al secuestrado; el órgano jurisdiccional se entrevistará con éste, con el propósito de que ratifique o formule su denuncia por él o los delitos que resulten, como consecuencia de la privación ilegal de la libertad, debiendo tomar como patrón fundamental que establezca: lugar, fecha y hora en que ocurrió el secuestro, quienes lo acompañaban en el momento de ocurrir el secuestro; nombres o características de posibles testigos presenciales; lugares circundantes de donde ocurrieron los hechos; el número de delincuentes que participaron en el momento de ocurrir el secuestro así como tipo de armas utilizadas y palabras textuales que le pronunciaron a la hora del plagio; precisar cuál fue la ruta que tomaron los delincuentes para trasladarlo al lugar donde permaneció secuestrado, si hubo cambios de lugar, cuantos; así como si puede indicar la ubicación de los mismos; que tipo de comida le proporcionaron durante el secuestro, indicando el número de cuidadores que lo custodiaban; el tiempo que tardaban para realizar el cambio de turno, si es posible describir la media filiación,

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que tipo de conversación escuchaba, tono de voz, armas utilizadas, amenazas recibidas y demás datos que resulten de importancia para la investigación respecto de los cuidadores; así mismo que medio de transporte se utilizó en el momento de ocurrir el secuestro y ruta por la cual lo trasladaron, modo de operar de los delincuentes al momento y durante el secuestro; señalando si tuvo algún intento o situación sospechosa que pudiese srcinar el secuestro con anterioridad, describiendo las prendas personales que le robaron; reconocer en archivos él o los posibles delincuentes, así como la elaboración en su caso del retrato hablado del o los delincuentes, precisando en forma clara el lugar, fecha y hora (sí es posible) de la liberación. En cuanto al auxilio médico, psicológico o jurídico que la autoridad debe otorgar a favor de la víctima, esta tan pronto tenga conocimiento que la víctima ha sido liberada le prestara todos los auxilios antes referidos que requiera para influir en el estado anímico de éste y desincorporar el sentimiento de culpa que tenga por motivo del secuestro realizado en su persona. El Agente del Ministerio Publico practicara todas las investigaciones que crea necesarias y que se encuentren vinculadas con el delito de secuestro como son: la portación de armas prohibidas, las cuales hayan utilizado para llevar a cabo el secuestro; procedencia del vehículo o cualquier otro ilícito que se haya cometido relacionado con el secuestro. Es indispensable dejar en claro que la búsqueda del método a seguir es indispensable abatir la impunidad en éste tipo de delitos sin violar la autonomía de las procuradurías generales de cada Estado de la República y con estricto apego a los Derechos Humanos y éste tendrá que reunir requisitos ineludibles como eficacia, prontitud y discreción, por lo que el Ministerio Publico se encuentra legalmente facultado para realizar investigaciones que permitan reunir los elementos para llegar a la mayor brevedad posible a la solución del caso, todo esto bajo un estricto marco legal, aplicando una política prudente con los medios

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de comunicación, sobre todo porque muchos secuestros son realizados en agravio de personajes de la vida política o social, no olvidando que la mayoría de los secuestradores actúan motivados por un incentivo económico. “Una vez agotadas todas y cada una de las diligencias y acreditado plenamente el cuerpo del delito, así mismo la probable responsabilidad del o los inculpados, se procederá inmediatamente a consignar la indagatoria al órgano jurisdiccional competente, describiendo y tomando en cuenta todas las evidencias y pruebas que se encuentren acreditadas, motivando correctamente el pliego de consignación y precisar el fundamento legal especifico que motiva en alto, en donde como mínimo se debe solicitar: 1) Que se libre orden de aprehensión o en su defecto la ratificación del acuerdo de retención. 2) Que se dicte auto de formal prisión. 3) Que se pague la reparación del daño. 4) Que se decrete el aseguramiento de los objetos o bienes afectados en la Averiguación Previa y, 5) Procurar dejar abierta la Averiguación Previa con el propósito de ampliar su ejercicio” (Malvaez Contreras, Jorge. p. 240-242). El Agente del Ministerio Publico deberá notificar a la víctima de los pasos realizados y sobre todo que la Averiguación Previa ha sido consignada, señalándole el juzgado y el número de expediente. Es conveniente comunicar a la víctima que le asiste el derecho de recibir asesoría jurídica y de coadyuvar con el Ministerio Publico para acreditar la responsabilidad de los inculpados. La consignación de la Averiguación Previa no debe considerarse como la última etapa de participación del Ministerio Publico, ya que todas las constancias o evidencias posteriores deberán certificarse y agregarse al expediente penal.

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Es muy común que la víctima únicamente sea tomada en cuenta para proceder a la investigación y consignación por lo que se sugiere que tanto la víctima y los testigos participen activamente hasta que se dicte sentencia condenatoria. 2.4. Formas de prevención al secuestro. El hecho de que cualquier persona vea en peligro su libertad y muy posiblemente su vida por salir de su casa puede ocasionar histeria colectiva, la cual es alimentada por los medios de comunicación: televisoras, que con el afán de vender crean una situación psicológica en la población, lo que ocasiona que aunque algunas personas no sean secuestradas o nunca tengan contacto con el secuestro, sean afectadas mentalmente por la gran publicidad que genera este delito. Esta histeria colectiva es perceptible en gran parte de nuestro país, ya que los casos de secuestro se pueden observar desde la delegación de Iztapalapa en la ciudad de México hasta San Pedro en el Estado de Nuevo León, lo único que cambia es la forma en que estos ocurren y los rescates solicitados varían mucho en cantidad, pero la esencia es la misma, se solicita un monto a cambio de que una persona querida permanezca con vida ya que en la actualidad nuestra condición humana nos hace creer que la importancia de algunos bienes materiales es más valiosa e importante que algunas personas e incluso la vida de estas. El secuestro no es restrictivo de clases pudientes, de hecho muchos de los secuestros se realizan en las colonias de escasos recursos, aunque estos por lo regular son realizados por personas inexpertas; puesto que las organizaciones de criminales se encargan por lo regular de amenazar y plagiar a la gente de clase acomodada; esa es la causa por la que muchos personajes de la farándula o empresarios famosos son secuestrados. La alta frecuencia de este tipo de delito provoca que se cree un mayor temor ante la sociedad ya que las personas no se sienten seguras en su propia comunidad; por lo que debido a estas situación especial se han sugerido diversas formas de

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prevenir este ilícito, aunque estas no son totalmente efectivas; pero si bien es cierto pueden brindar cierto grado de seguridad psicológico, por lo que destacaremos algunas de estas prevenciones como son; el no ser predecibles, es decir al salir de casa lo mejor es cambiar constantemente el camino de casa a la oficina y las fechas y horarios de las actividades, estando siempre atentos, alertas en todo momento, examinando alrededor e informar a las autoridades cualquier cosa sospechosa. Ahora bien en cuanto a tecnología se refiere, podemos decir que se ha avanzado en grado extremo, por lo que cuanto hace a este punto es preferible cargar en todo momento y lugar un teléfono móvil, aun estando en el hogar u oficina, contando siempre con números de familiares, vecinos y números de emergencia. Debido a los índices de delincuencia que se viven en la actualidad, muchas organizaciones especialistas dedicadas a la seguridad se ha concentrado en aplicar diversos dispositivos electrónicos chips, en las personas para que puedan ser localizadas vía satélite en una circunferencia determinada. Algunas otras medidas de seguridad que podemos citar son el hecho de ser un poco selectivos con las personas que nos rodean, es decir que si se siente alguna desconfianza de éstas, es mejor alejarse no aceptando citas con personas extrañas y cuidar lo que se bebe y con quien, ya que actualmente existen drogas con sabor imperceptible; nunca proporcionar datos personales a ningún desconocido y mucho menos por teléfono dentro de este punto debemos tener en cuenta que la advertencia implica a no facilitar este tipo de datos a mujeres, pues recordemos que también estas participan en hechos delictivos. En cuanto a los lugares que frecuentamos, lo más recomendable es no asistir a lugares en zonas peligrosas o con gente de dudosa procedencia, siempre es preferible tener informado a algún familiar del lugar donde estamos y hora aproximada de llegada. Procurando no ser ostentosos, es decir no llevar mucho

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dinero, joyas, ropa llamativa o un auto demasiado lujoso. No permitir que nadie que no sea de entera confianza sepa cuánto dinero, pertenencias o propiedades se tiene. Ahora bien en cuanto a algunas medidas de seguridad que se deben tomar en casa podemos citar algunas como: •

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Organizarse e implementar con los vecinos medios de vigilancia y ayudarse ante cualquier tipo de emergencias, teniendo a la mano los números telefónicos de éstos así como los de emergencia y reportar a la policía cualquier persona sospechosa. Seguridad, instalando en casa un equipo de alarma, interfón, mirilla, luz externa y protecciones en puertas y ventanas, manteniendo siempre todo bien cerrado. No abrir a cualquier persona, solicitando a los familiares y personas de servicio no abrir la puerta a vendedores o personas que soliciten ayuda, pidiendo identificación a los servicios que se contraten antes de abrirles. Buscar ayuda si al llegar a casa se oyen ruidos o se nota algo irregular, no entrar ni encender la luz y buscar ayuda de inmediato. Si se pierden las llaves de la casa, cambiar inmediatamente la cerradura y asegurarse de que esta sea lo suficientemente fuerte para evitar ser violada. Al salir de la casa a tirar la basura hablar con vecinos cerrar la puerta con llave, pues se corre el riesgo de que al regresar alguien haya entrado. Tener las referencias de los empleados domésticos y copia de su credencial de elector, así mismo verificar personalmente sus datos.

En la oficina.

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No caminar por lugares solitarios, u oscuros y tratar de salir siempre acompañado. No quedarse solo en la oficina después de las horas de trabajo normales. No permitir que den acceso a quiénes no se conozca o no tengan cita alguna, por lo que se debe tener una estricta confidencialidad, indicándole al personal con se labora que jamás se revele a algún extraño a donde se salió, ni ningún otro dato personal.

En la calle. •

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Mucha atención pues si algún sospechoso camina muy cerca de nosotros, es preferible detenernos un poco y esperar a que se aleje para continuar. No caminar por calles solitarias, cerradas u obscuras, evitar andar solo de noche o recorrer distancias largas, caminar del lado contrario al de los autos que circulan. No decir a nadie acerca de las salidas de casa y en la calle no relacionarse con desconocidos. En las tiendas nunca dar datos personales a los encuestadores, si se observa a algún sospechoso, entrar en una tienda a buscar a un policía, no confiar en personas que fingen no poder cargar sus paquetes y piden ayuda.

En el auto. •

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Dejar el auto siempre en un estacionamiento nunca en la calle, si se escucha el llanto de un bebe o una mujer dentro de otro auto no acercarse y avisar a la policía, pues puede ser una grabación, sí sé está estacionado junto a una camioneta o vehículo sospechoso es preferible subir a nuestro vehículo por la puerta del lado contrario para evitar ser jalado. Antes de subir tener a la mano las llaves y observar que no haya nadie escondido dentro del auto, si hay alguien que parezca sospechoso es mejor 109


alejarse y buscar el auxilio de algún policía, ya dentro cerrar la puerta de inmediato e irnos no esperar nunca dentro del auto, pues se corre el riesgo de ser sometido. •

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Al llegar a un lugar observar antes de bajarse del auto, si se tienen dudas mejor dar otra vuelta antes de estar seguros de que no hay peligro y comunicarse por celular con un familiar, vecino o patrulla. Al manejar llevar siempre los seguros puestos y los vidrios cerrados, no dejando que otro vehículo se acerque demasiado y apartarse de autos con varios hombres dentro. Evitar entrar en túneles o manejar por zonas donde puede hacerse fácilmente una emboscada con varios vehículos. Observar constantemente por los espejos, manteniendo la distancia suficiente con el auto de enfrente, para que en cualquier caso se pueda maniobrar y huir. Nunca dar aventones a desconocidos y ponerse muy alerta cuando se acerquen vendedores ambulantes, mendigos, motocicletas o bicicletas.

Si te siguen o te hacen señas, te amenazan o te choca otro vehículo jamás detenerse es mejor tratar de perderlo en el tránsito y dirigirse a la estación de policía más próxima. Si se ve un accidente no detenerse los secuestradores suelen fingir toda clase de accidentes, mejor si se quiere ayudar lo mejor es llamar a la policía desde un teléfono móvil. Jamás tomar un taxi en la calle, siempre hacerlo en un sitio de taxis y si se pide por teléfono cerciorarse de que sea el taxi que solicito. Si se es aprehendido por alguna banda de secuestradores y llegaran a encerrarnos en la cajuela de un auto, lo recomendable seria tratar de romper las luces traseras y sacar un brazo por el agujero agitando para llamar la atención de alguien más. De viaje.

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Evitar viajar solo o de noche, no viajar por carreteras que no conozcamos, y no detenerse en zonas despobladas y no hablar con personas que nos parezcan sospechosas. Mantener siempre el auto en perfectas condiciones y con suficiente gasolina para evitar detenernos lo más posible.

Con la familia. •

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Enseñarles a desconfiar de extraños, no abrir la puerta ni dar algún dato familiar por teléfono, a no hacer alarde de sus bienes; que tengan siempre los teléfonos de casa de emergencias y celulares de sus familiares; si se tiene hijos pequeños, nunca dejarlos salir solos, y en el supermercado o centro comercial mantenerlos siempre junto a nosotros en todo momento. Cuando debamos dejarlos al cuidado de otra apersona que ésta sea de nuestra entera confianza. En la escuela es recomendable organizarse con las autoridades de la misma y con los demás padres de familia para exigir identificación de las personas que recojan a los niños. En cuanto a sus amistades es recomendable conocerlos a todos y tener siempre a la mano sus números telefónicos y, Saber dónde se encuentran las delegaciones o estaciones de policía de las áreas donde se vive, trabaja o viaja así como sus números telefónicos.

Estos simples consejos pueden de alguna manera hacer más difícil el trabajo para los secuestradores, pero no es la solución al problema. El intentar buscar las causas del delito de secuestro es tanto como buscar las causas de cualquier otro ilícito; por lo que la injusticia social, la mala ética, la mala educación, y la baja moralidad así como los desórdenes mentales son solo algunos de los posibles orígenes de este delito. Pero este tipo de delito es cometido con frecuencia por su

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efectividad, la cual está sujeta a las grandes sumas de dinero y al poco tiempo que se requiere para realizarlo. 2.5. La forma de conducirse de la víctima

En relación con nuestro tema, el jurista Genaro David Góngora Pimentel, afirma lo siguiente: “Se ha hablado mucho de las reacciones de las víctimas ante sus secuestradores, ese contacto pasa por diversas etapas que van desde el bloqueo de la conducta en los primeros instantes hasta un análisis más reflexivo que se va produciendo a posteriori, a medida que pasan los días en cautiverio y el secuestrado tiene más tiempo para analizar sus vivencias. En un primer momento la reacción más frecuente es una mezcla de ansiedad y bloqueo psicológico, a veces se asoma la idea de que se trata de un sueño y que no es realidad lo que está sucediendo, después, los hechos demuestran lo contrario y sobreviene el impacto psicológico, la realidad va ganando terreno con el transcurso del tiempo y entonces emergen emociones diversas como la ansiedad, la inquietud, el desasosiego, las cuales se entremezclan con la desesperanza, la apatía, el abandono, etcétera; expresado con otros términos, se manifiesta ansiedad y depresión provocadas por la misma situación, de acuerdo con los rasgos de carácter y personalidad del secuestrado” (Góngora Pimentel, Genaro David, México, 2005. pp. 65-66). Se ha comprobado que en la víctima del secuestro, se han llegado a presentar consecuencias de difícil tratamiento, pues hay quienes incluso las consideran imborrables, ya que éstas generalmente son internas y psicológicas; sin embargo, también existen consecuencias físicas que desafortunadamente consisten en abuso sexual, lesiones y hasta mutilaciones de algunos órganos, lo cual resulta a todo resplandor una conducta totalmente repudiable e indignante, y ésta tiene como propósito agilizar la negociación del rescate, así como dar a conocer a los familiares de lo que pueden ser capaces de hacerle a la víctima si no se cumple con el rescate.

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El secuestrado durante el cautiverio analiza de alguna manera con qué recursos cuenta para hacer frente a su situación y ante las condiciones que amenazan su integridad física y psicológica, las que pueden variar de acuerdo a la personalidad tanto del secuestrado como del o de los secuestradores y puede modificar sustancialmente los hechos; depende también de la relación que se establezca entre la víctima y los secuestradores, situación que permite que se dé un amplio abanico de posibilidades, en este último contexto puede surgir la expresión del Síndrome de Estocolmo. De lo anteriormente expuesto, se deduce lo siguiente: 1) La necesidad de manejar la ansiedad y el miedo provocado por el impacto de la ejecución del secuestro y por las condiciones generales del cautiverio, es el punto más crítico para la víctima a lo largo de todo el proceso de un secuestro. 2) Inseguridad, miedo, llantos prolongados y alteraciones graves del sueño, se presentan en la víctima que ha sufrido un secuestro. 3) El insomnio es quizás el síntoma más notorio de que la víctima tiene miedo a ser lastimado, ya que dormirse equivaldría a no defenderse y correr el riesgo de ser asesinado por los secuestradores en medio del sueño. El insomnio se presenta en la mayoría de los casos, independientemente del trato a que esté sometida la víctima o del tiempo que dure el cautiverio. 2.6. El modo en que interviene la familia del secuestrado Es necesario destacar el daño que sufren los familiares de una persona que ha sido privada de su libertad, ya que éste no sólo implica el detrimento en el patrimonio de éstos, pues dada la naturaleza del delito de secuestro, a los secuestradores no les interesa que tenga que hacer la familia para conseguir lo que se exige por concepto de rescate, desde luego a cambio de la libertad del

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secuestrado. “No sólo la víctima vive un trauma al ser amenazado de muerte si no hay una respuesta inmediata a sus exigencias, también podemos enfatizar el trauma que viven los familiares del secuestrado desde el primer momento en que son enterados del delito, generalmente luego de una larga angustia en la que no se sabe del paradero de su familiar y de repente suena sorpresivamente el teléfono y existe un primer contacto en el cual lo característico es que se haga aviso del ilícito en perjuicio de su familiar así como el monto exigido por concepto de rescate, desde luego con amenazas para convencer a los familiares de actuar rápido y sin dar aviso a las autoridades, sin pasar por alto las peripecias que tienen que pasar para conseguir lo que se les pide a cambio de la liberación del secuestrado” (Ibídem. p. 70). Asimismo, cuando ocurre el secuestro, la reacción normal de los familiares es de desesperación total; parece como si los secuestradores tuvieran todo el control cuando en realidad esto no es así. Ya que a medida de que el tiempo transcurre, las oportunidades de obtener más pistas para localizar a los autores del secuestro, se incrementan; cada llamada telefónica aumenta las posibilidades de ser descubiertos, otra debilidad radica en que, la poca cantidad que reciben los cuidadores en comparación con los riesgos corridos, puede ser tratada por el ofrecimiento de una buena recompensa, que el mismo rehén les proponga. Se cree que muchos de estos delitos son realizados por ex-integrantes de cuerpos de seguridad pública o corporaciones policíacas, que con el antecedente de su trabajo, naturaleza de sus funciones y el contacto con la delincuencia les permite contar con instrumentos, elementos y conocimientos, para realizar este tipo de acciones. 2.7. La figura del negociador La figura del negociador depende en gran medida de la integridad de este y el cuidado de la vida de la persona que ha sido secuestrada. La negociación de un secuestro es un proceso social y psicológico complejo que va mucho más allá de

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una propuesta económica con la que la mayoría de la gente tiende a comenzar. Asimismo, negociar un secuestro, para el familiar y para el especialista (negociador), es tal vez la responsabilidad más difícil a enfrentar. Por eso, es necesario estar consciente de ello, prepararse y aplicar un proceso estratégico efectivo ya probado para solucionar el problema del secuestro; debido a que las organizaciones delictivas, como todo grupo social, nacen, se desarrollan y van madurando, aprenden y actúan conforme a normas culturales, sociales y técnicas que les han probado ser efectivas para su existencia en la sociedad. 2.7.1. Perspicacia del negociador El negociador: “Proviene del latín negotiari, que significa comerciar, tratar o traficar, un bien a cambio de obtener una ganancia o beneficio” (Enciclopedia Salvat – Diccionario, México, 1983. p. 2352). El negociador es una pieza fundamental e indispensable en la negociación de un rescate, y es definido de una manera personal de la siguiente manera: 1) El negociador es aquélla persona física capaz de resolver una situación de crisis (capaz de negociar la libertad y la vida de la persona que ha sido secuestrada). 2) El negociador puede ser: La autoridad, un familiar o un amigo del secuestrado, y no debe de ser un obstáculo para llevar a cabo el rescate. 3) El negociador tiene como objetivo principal: Salvaguardar la integridad física y la vida misma del secuestrado. 2.7.2. La presencia y mediación del negociador Para negociar con los secuestradores hay técnica y metodología, y deben aplicarse los principios básicos de la negociación con valor agregado para lograr

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una negociación con éxito: Hay tiempo, palabras y acuerdos prohibidos, hay objetivos a cumplir en cada llamada, hay aprovechamiento de resultados parciales; en consecuencia existe un proceso estratégico y metodológico que es necesario aplicar, en caso de tener el deber de intervenir en la negociación de un rescate. En la mayoría de los casos la negociación por parte de la familia de la persona secuestrada la efectúa un familiar. Es perfectamente factible que esta persona (no especialista) conozca y aplique los elementos básicos de la técnica de negociación, pero sin duda, es indispensable la participación de una persona especializada. Se tiene que seleccionar quien es la persona que va a negociar, a efecto de cerrar cualquier otro medio de comunicación que intente el secuestrador, para que éste no pueda entablar ninguna comunicación con otra persona que no sea el negociador, para no poner en entredicho la confianza del secuestrador con el negociador. Es muy importante nunca olvidar que se está negociando la vida de una persona y la calidad de vida futura de una familia, motivo por el cual el negociador debe de actuar con toda la cautela y prudencia necesaria. El negociador debe de tener presente que la persona que ha sido secuestrada siempre está corriendo un gran riesgo de ser lesionada e incluso privada de la vida, independientemente del rescate exigido, por lo que en todo momento su intervención y participación debe de ser prudente y pacífica para no incrementar este riesgo por ningún motivo. El negociador no debe de ser ningún obstáculo para el secuestrador, ya que ello complicaría la negociación, tampoco debe aparecer como conocedor de la técnica, aunque debe aplicarla. No debe decir mentiras, por lo menos las que se puedan descubrir, al contrario, deberá procurar que sus afirmaciones puedan ser lo más verificadas por el secuestrador. El negociador que aplique la técnica, podrá ir ganado la confianza y seguridad del secuestrador en sus afirmaciones y así no tendrá represalias futuras. Consideramos que algunos de los objetivos de la negociación son:

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1. Que el especialista (el negociador), logre brindar atención, confianza e interés a los secuestradores, para preservar la vida del secuestrado. 2. Que el especialista logre preservar la integridad física del secuestrado, accediendo a todas las peticiones del secuestrador. 3. Obtener la confianza de los secuestradores en dos vertientes: Que no se ha dado parte a la autoridad del ilícito, por lo cual no habrá ningún operativo para la detención del secuestrador; y que al recibir el rescate exigido, liberarán a la persona que ha sido secuestrada. 4. Un operativo para rescatar al secuestrado sólo puede ser autorizado cuando se tenga un mínimo de porcentaje de éxito, lo que quiere decir que no resulte lesionado ni privado de la vida (el secuestrado), siendo este un mínimo porcentaje del cien por ciento. 5. Reintegrar al secuestrado al seno familiar lo más pronto posible. 6. Posteriormente se debe lograr que el secuestrado y su familia puedan, después de resuelto el secuestro, llevar una vida muy cercana a la normal, sin tener una mayor vulnerabilidad para un nuevo secuestro. 7. Para que el secuestrado y su familia no vuelven a ser el blanco de esos mismos u otros secuestradores, es necesario que hagan de su conocimiento que la cantidad pagada por el rescate es todo lo que la familia pudo reunir y que tendrán que ponerse a trabajar demasiado para pagar los préstamos obtenidos. 8. El especialista (que es el negociador) debe obtener del secuestrador: Credibilidad, confianza y respeto, para evitar exponer la vida del secuestrado en todo momento. 2.8. Interés social y jurídico que tiene la intervención del Ministerio Público en el secuestro En relación con este apartado al tema que nos aqueja que es el secuestro, es de suma importancia establecer la función que tiene el Ministerio Público en la

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comisión y ejecución del delito de secuestro. Por tal motivo a continuación estableceremos el fundamento constitucional que le otorga determinadas atribuciones al Ministerio Publico para el ejercicio de sus funciones. Los artículos que indican las atribuciones y facultades que tiene el Ministerio Público para el ejercicio de sus funciones, son el 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que se encuentran establecidos en el Título Primero, Capítulo I (Garantías Individuales), y Título Tercero, Capítulo IV (Del poder Judicial) respectivamente, mismos que se transcriben a continuación: “Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (D.O.F. 18-Jun-08) El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (D.O.F. 18-Jun-08) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (D.O.F. 18-Jun-08) Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gobernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. (D.O.F. 18-Jun-08)

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Si el infractor de los reglamentos gobernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gobernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. (D.O.F. 18-Jun-08) El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. (D.O.F. 18-Jun-08) El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. (D.O.F. 18-Jun-08) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas capacidades que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (D.O.F. 18-Jun-08) Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán ordenarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformará el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: (D.O.F. 18-Jun-08) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la

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Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. (D.O.F. 18-Jun-08) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. (D.O.F. 18-Jun-08) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. (D.O.F. 18-Jun-08) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. (D.O.F. 18-Jun-08) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. (D.O.F. 18-Jun-08)” “Artículo 102. A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo. Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de

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aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución. En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes. El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

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El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaría, personalidad jurídica y patrimonio propios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.” De los anteriores preceptos legales, sintetizamos lo siguiente:

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1. Los artículos 21 y 102 de nuestra Carta Magna, establecen las atribuciones y facultades que tiene el Ministerio Público para ejercer sus funciones administrativas. 2. El Ministerio Público es una Institución de Representación Social, que se encuentra facultado para conocer, investigar y resolver de acuerdo a su jurisdicción, procedimientos penales. 3. Para que el Ministerio Público pueda ejercer una acción penal, necesita: Recopilar todas y cada una de las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto activo del delito. Con fundamento en los artículos citados con antelación, podemos darnos cuenta que: El principio de unidad y el principio de indivisibilidad rigen al Ministerio Público Federal. El Principio de unidad indica que todos los funcionarios que integran el Ministerio Publico componen un sólo órgano y bajo una sola dirección. El principio de indivisibilidad determina que el Ministerio Público es indivisible, toda vez que cualquier tribunal que ejercite una acción penal representa siempre a una sola y misma persona con instancia. Como podemos darnos cuenta, dentro de nuestro procedimiento jurídico penal, uno es el agente del Ministerio Público que inicia la investigación y otro es el que consigna y sigue el proceso. Dentro de las funciones oficiales que tiene el Ministerio Público, se encuentra: La fase investigadora. La fase investigadora: Es una función muy importante que tiene que desempeñar el Ministerio Público, toda vez que tiene el deber de realizar una serie de actividades investigadoras dirigidas a justificar el correcto ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público tiene que desarrollar la etapa investigadora antes del

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proceso penal (en el inicio de la Averiguación Previa). En esta fase, el Ministerio Público no actúa como parte sino como autoridad y en el desempeño de esta función cuenta con el auxilio de la Policía Ministerial, la cual está bajo su mando inmediato (artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). La fase investigadora tiende, como lo ordenan los artículos 16 Constitucional, 94, 95, 96 del Código de procedimientos Penales para el Distrito Federal, a comprobar la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como a asegurar las cosas u objetos materia del delito o relacionadas con él. También puede proceder a la detención del o de los probables responsables del delito, aún sin esperar a tener una orden judicial (siempre y cuando exista flagrancia, sea un caso de notoria urgencia o cuando no exista en el lugar de los hechos la autoridad competente). El requisito de proximidad para iniciar la Averiguación Previa en el delito de secuestro es la denuncia (ya que es un delito grave que se persigue de oficio), siendo ésta la manifestación que hace cualquier persona al Ministerio Público de la posible comisión de un delito. La denuncia se puede presentar por dos vías: La primera por comparecencia (oral o escrita) y la segunda por comunicación vía telefónica, la cual tiene que corroborarse. El Ministerio Público para iniciar la Averiguación Previa por el delito de secuestro, deberá realizar todas las diligencias necesarias: 1. Procederá a identificar a la persona que va a comparecer a declarar en relación a los hechos constitutivos del delito de secuestro. 2. Recabará en la denuncia sus datos generales, tales como: Nombre, edad, religión, estado civil, nacionalidad, domicilio, instrucción escolar, ocupación, número telefónico, vínculo del agresor con la víctima; y lo exhortará a conducirse con la verdad en su declaración.

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3. El Ministerio Público procederá a recabar su declaración del denunciante en relación con los hechos posiblemente constitutivos del delito de secuestro; la declaración del denunciante deberá de reunir los siguientes requisitos: Que el denunciante comparece de manera voluntaria ante el Ministerio Público que es considerado como una Institución de Representación Social; La hora, lugar y fecha en que tuvo conocimiento de los hechos, así como la narración de los mismos; Los datos generales y la media filiación de la persona que ha sido secuestrada, tales como: Nombre, sexo, edad, estado civil, religión, nacionalidad, domicilio, instrucción escolar, ocupación y vínculo del denunciante con la víctima; La media filiación y datos generales del sujeto o sujetos que participaron en el delito de secuestro (solamente en el supuesto de haberlos visto o identificado); y por último, la formal denuncia por el delito de secuestro cometido en agravio de la víctima y en contra de quien resulte responsable. Misma declaración deberá ser ratificada y firmada por el denunciante al margen y al calce para la debida constancia legal. 4. Si el secuestrado ha sido liberado deberá (en su declaración ante el Ministerio Público) proporcionar de ser posible: La descripción detallada de la forma en que fue interceptado y sometido el secuestrado; los vehículos utilizados; el trato dado en cautiverio; el tiempo de cautiverio; así como, la descripción del lugar o lugares del cautiverio, en base a la percepción de sus sentidos. 5. El Ministerio Público ordenará a la Policía Ministerial a que se avoque a la investigación minuciosa de los presentes hechos hasta el total esclarecimiento de los mismos, siendo sus principales funciones las siguientes: Trasladarse al lugar de los hechos; observar y describir discrecionalmente el escenario del delito; localizar testigos e interrogarlos; localizar indicios y evidencias; identificar y localizar a los probables

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responsables; girar citatorios y ordenes de presentación, investigación y aprehensión en caso de considerarlo necesario. 6. El Ministerio Público se auxiliará de los servicios periciales: Perito en criminalística, en química y balística; y asignará el momento en que intervenga cada perito, a efecto de que la diligencia se realice de manera ordenada, coordinada y secuencial. 7. El Ministerio Público, deberá de realizar la inspección ocular (que es la observación y descripción del lugar donde se desarrollaron los hechos ilícitos). Ya reunidos todos los elementos del tipo penal, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el Ministerio Público procederá a consignar la Averiguación Previa ante los órganos jurisdiccionales competentes para su seguimiento (el Ministerio Público debe de determinar, de manera precisa, la pretensión punitiva que debe de estar fundada y motivada específicamente en todos y cada uno de los tipos penales que fijen la situación jurídica del caso y que se encuentran en la ley sustantiva penal). Ejercitada la acción penal ya ante el órgano jurisdiccional y competente, el Ministerio Público la seguirá ejercitando, como parte del proceso y actividad procesal, por toda la escuela de la instancia hasta que se agote, o bien, se dicte la correspondiente sentencia definitiva.

El interés social y jurídico que tiene la intervención del Ministerio Público en el delito de secuestro, se puede deducir de la siguiente manera: 1. El Ministerio Público es una Institución de Representación Social, que se encarga de proteger y hacer valer los derechos de los ciudadanos. 2. El Ministerio Público es una Institución unitaria y jerárquica dependiente del Poder Ejecutivo, que posee como funciones esenciales las de persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. 126


3. El Ministerio Público se encarga de investigar todos los hechos delictivos en materia penal. 4. El Ministerio Público se encarga de integrar la Averiguación Previa hasta el total esclarecimiento de los hechos delictivos. 5. El Ministerio Público se encuentra facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer e investigar todos los delitos en materia penal que le competan de acuerdo a su jurisdicción. 6. El Ministerio Público interviene en la investigación de toda conducta antijurídica con la finalidad de lograr el bienestar social de una comunidad determinada. 7. El Ministerio Público se encuentra investido por una serie de protesta des jurídico procesales de actuación como parte en el desarrollo y contenido formal del proceso. 8. El Ministerio Público, denomina al sujeto que ha cometido una conducta contraria a la Ley Penal, como: Sujeto activo del delito, probable responsable, probable delincuente, presunto responsable, presunto delincuente, indiciado, inculpado, culpable, agente del delito, etcétera.

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CAPITULO III. Aspectos Jurídicos y Normativos para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Secuestro en la Nación Mexicana

3.1. Estructura del presupuesto público federal para el sistema de seguridad pública en México. Uno de los aparatos que la Nación Mexicana tiene para abatir los índices delictivos es el financiamiento público federal para el Sistema de Seguridad Pública. Debido al incremento y a las distintas formas de delinquir se ha modificado la asignación de los recursos públicos, ya que el Gobierno Federal está destinando una parte importante del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el combate de las actividades delictivas, enfrentándose a un problema de elección entre este caso y las demás funciones como la educación, salud, combate a la pobreza, vivienda, infraestructura pública, desarrollo regional, generación de empleos, entre otros. En diciembre del 2008, el Congreso de la Unión aprobó reformas adicionales a la Ley de Coordinación Fiscal, creándose el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura en materia de seguridad pública de las entidades federativas y el Distrito Federal. Para enero de 2009 fue promulgada la Ley de la Policía Federal Preventiva para unificar en una sola institución las funciones preventivas contra la delincuencia que habían venido realizando diversas corporaciones, bajo un solo mando dependiente de la Secretaría de Gobernación. Debido a esto para el análisis del secuestro en México a partir de la teoría económica del crimen, del 2000 al 2006. Primero para el año 2000, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública

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Federal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que el Poder Ejecutivo integre, ordene y ejerza la política criminal en el ámbito federal mediante una sola estructura orgánica, que sume todos los esfuerzos y recursos para garantizar la efectiva prevención del delito. Ninguna otra dependencia ejercerá por sí misma funciones de policía preventiva, y cuando por la naturaleza de sus actividades sea necesaria la presencia de la autoridad para prevenir la comisión de delitos, recibirá auxilio de la Policía Federal Preventiva. Todas estas reformas al marco jurídico institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han generado que el presupuesto federal que se le asigna para esta función sea ejercido por un número cada vez mayor de dependencias del Gobierno Central. Hasta 2007, el presupuesto federal en seguridad pública fue ejercido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En 2008, el ejercicio se ejecutó por dicha Secretaría en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Marina (SEMAR). En el año del 2009, este presupuesto federal se ejerció por las dependencias citadas más la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), asimismo, el FASP perteneciente al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación inició la asignación de recursos públicos. A partir del año 2011, se creó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dependencia que concentró las funciones de seguridad pública que estaban en manos de la SEGOB, como consecuencia, el presupuesto público federal se ejerce a partir de ese año por cuatro ramos administrativos: la SSP, la SEDENA, la SECMAR y la PGR, y un ramo general: el FASP que pertenece al ramo 33 del PEF. El presupuesto federal en seguridad pública tiene dos componentes: el primero, es el que ejerce el Gobierno Federal a través de los cuatro ramos administrativos; el segundo, son recursos que el Gobierno Federal asigna de manera etiquetada a las Entidades Federativas a través del FASP para que se asignen a las tareas relacionadas con la función de seguridad pública.

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(Análisis del secuestro en México a partir de la teoría económica del crimen, 2000 a 2006) 3.2. Semblantes jurídicos del delito de secuestro en México El secuestro es un delito penado por las leyes del orden común, considerado como grave. En México, es un delito que se persigue por oficio y compete a las procuradurías de justicia estatales su investigación, persecución y consignación; aunque no hay que perder de vista la Ley federal contra la delincuencia organizada, que contempla la facultad de acción del gobierno federal en caso de tratarse de un delito realizado por una organización y logística determinada (Exprofeso, 2008). Los artículos de los Códigos Penales estatales en los que se sanciona el delito de secuestro y su penalidad máxima, mínima y media, sin incluir la penalidad por agravantes son los siguientes: Cuadro 3.1 Penalidad en cada uno de los estados según su código penal Entidad

Penalidad

Artículo del Código Penal

Mínima

Máxima

Media

Aguascalientes

40 y 41

15

40

27.

Baja California

164-167

20

40

30

Baja California Sur

279-281

10

30

20

Campeche

331

5

40

22.

Chiapas

148

20

50

35

Chihuahua

160-164

20

40

30

Coahuila

371-375

16

40

28

Colima

199

18

28

23

Distrito Federal

163-167

40

60

50

Durango

362 y 363

15

70

42.

Guanajuato

173-175

20

40

30

Guerrero

129

40

60

50

Hidalgo

166-168

10

40

25

130


Jalisco

194

18

35

26.

México

259-261

30

60

45

Michoacán

228 y 229

20

40

30

Morelos

140-142

15

40

27.

Nayarit

284 y 285

20

50

35

Nuevo León

357 y 358

20

50

35

Oaxaca Puebla

348 302-304

40 18

65 50

52. 34

Querétaro

150

6

35

20.

Quintana Roo

117-119

5

20

12.

San Luís Potosí

135 y 136

15

45

30

Sinaloa

167 y 168

25

40

32.

Sonora

296-301

15

40

27.

Tabasco

143-145

10

40

25

Tamaulipas

391 y 392

15

40

27.

Tlaxcala

246 y 247

30

50

40

Veracruz Yucatán

163-167 242 y 243

20 10

50 40

35 25

Zacatecas

266 y 267

15

30

22.

Fuente: Elaboración con el Código Penal en cada estado. Consulta realizada al 12 septiembre de 2007 en: www.juridicas.unam.mx

La mayoría de estas legislaciones consideran este delito como “privación ilegal de la libertad”, situación que incluye infinidad de razones por las que se motiva este delito como el rapto sin obtención de alguna remuneración económica o la decisión de algún padre de separar a alguno de sus hijos del cónyuge, por lo tanto no se encuentra claramente tipificado en la ley y esto permite cierta holgura al delincuente, ya que incluso en algunas entidades el secuestro “exprés” es considerado como robo total, más no como secuestro. 3.3. Estudio experimental del secuestro en México Debido a la falta de pericia para la erradicación de este delito, las estadísticas de criminalidad no son del todo definidas, mostrando, por parte de las autoridades,

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organizaciones no gubernamentales y distintos medios de comunicación, cifras con sesgo que generan incertidumbre en cuanto a su veracidad. Puede decirse que los estudios oficiales ofrecen una imagen tan distorsionada de la realidad, que no se pueden señalar tendencias ni patrones del comportamiento delictivo y, por ello, no pueden ser usadas para explicar el fenómeno delictivo. En resumen, no existe en nuestro país un marco de referencia (sistema de información estadístico coherente y confiable), que permita realizar diagnósticos precisos sobre la delincuencia (Arango, 2003). A fin de corroborar lo anterior, el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hace una distinción en las Estadísticas Judiciales en Materia Penal para identificar las cifras reales, ocultas, oficiales por ejemplo; Cuadro 3.2 Categorización de cifras Cifra real Cifra oficial Cifra oculta

(personas y denunciados)

delitos

no

(Personas y delitos registrados en averiguaciones previas, procesos y sentencias) Cifra aparente Cifra legal (Personas y delitos registrados (Presuntos delincuentes, en averiguaciones previas del delincuentes sentenciados y Ministerio Público) delitos registrados en procesos y sentencias dictadas juicios de materia penal)

en

Por la confusión en el manejo de cifras, por la poca denuncia de este delito en específico que provoca la existencia de “cifras ocultas” y por la falta de especificidad del secuestro dentro del concepto legal de “privación ilegal de la libertad” se resolvió realizar el análisis haciendo la distinción entre las cifras oficiales proporcionadas por la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública y las “cifras ocultas” publicadas por algunos medios de 132


comunicación, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y compañías consultoras en riesgo como Kroll y el Grupo Control Risk, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). Haciendo del conocimiento que el tipo de secuestro al que nos referiremos en todo momento en este apartado es el secuestro con fines de extorsión. La información que se captó de los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos permite observar el número de casos que se han presentado a nivel nacional durante el periodo 1997-2004 en términos absolutos (Ver gráfica 3.1) .Si bien la tendencia es a la baja, esto no quiere decir que se esté erradicando el problema delictivo, ya que como mostraremos a continuación, mientras en algunos estados de la República ha disminuido la incidencia de secuestro, en otros, existe una concentración de más del 80% para el agregado de 1997-2004. Gráfica 3.1.1 Cifras Registradas a Nivel Nacional en Materia de Secuestro 1997-2005

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el Sistema de Seguridad Pública en: http://www.icesi.org.mx/documentos/estadisticas/estadisticas/secuestro_denuncias_1997_2004.pdf y en el Anexo estadístico del Informe de gobierno 2006, de donde se tomó la cifra para 2005 que es preliminar.

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En cuento al reporte por entidad federativa observamos que el número de casos en términos absolutos presentados para el mismo periodo es cuantioso para los siguientes estados:

1. Distrito Federal (933) secuestros 2. México (469) secuestros 3. Michoacán (364) secuestros 4. Jalisco (323) secuestros 5. Guerrero (291) secuestros 6. Oaxaca (287) secuestros 7. Baja California (245) secuestros 8. Chiapas (181) secuestros 9. Sinaloa (172) secuestros 10. Puebla (116) secuestros Estos diez estados representan el 80.2% del total nacional en el periodo mencionado. Esto nos ayuda a tener localizada las regiones en que sucede con mayor frecuencia este delito y vemos que no es condición necesaria hablar de estados con mayor pobreza para que se susciten este u otro tipo de delitos.

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Gráfica 3.1.2 Aportación porcentual de cada estado en acontecimiento del secuestro (datos agregados 1997-2004)

Fuente: Elaboración con base a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública

Sin embargo, a fin de hacer más claro el análisis de datos, vemos que al presentar estos datos en términos poblacionales, es decir, la incidencia de secuestro por cada cien mil habitantes se separan: México, Jalisco, Chiapas y Puebla; quedando en la lista los otros diez estados de Nayarit, Colima y Zacatecas y demás restantes. 3.4. Los Costos de la inseguridad y del secuestro en México

Al razonar las estimaciones de expertos en relación con el costo del crimen en México y Latinoamérica, se encontró que la falta de seguridad que actualmente vive nuestro país, representa aproximadamente el 15% del PIB. Esto significa alrededor de 108,000 millones de pesos al año, cifra mayor a la recaudación fiscal y más del doble de lo que la banca comercial presta a las empresas privadas (IMCO, 2007).

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El costo se dedujo incluyendo costos directos e indirectos del crimen. Por otro lado, se excluyeron algunos costos intangibles como son el miedo y las secuelas, aspectos difíciles de cuantificar. Los costos directos que se consideraron son aquellos en los que incurre la población para prevenir, combatir y resarcir el crimen. Incluyen los costos de las policías públicas y privadas, cárceles, seguros, transferencias de las víctimas a victimarios y las pérdidas estimadas en años de vida saludables por homicidios o discapacidad ocasionados por actos delictivos. A su vez, los costos indirectos involucran la pérdida implícita en la producción nacional y en salarios caídos causados por el crimen. En otras palabras, integran las pérdidas de los particulares, tanto del consumo y el trabajo de cada una de las víctimas y sus familias, como las pérdidas de las empresas por menor productividad y por disminución de posibles inversiones. Los detalles en relación con ambos costos pueden verse en la siguiente gráfica. Gráfica 3.1.3 Costos de la Inseguridad Costos cuantificables del crimen y México al año se estima en 15% del millones de dólares al año) Costos directos Policías privada y pública (reos) Seguros Salud (vidas y médico) Transferencias

violencia en PIB (108 mil

3.0% 0.8% 1.9% 2.1%

Costos indirectos

Inversiones y productividad 1.8% Consumo y trabajo 5.3% Total 14.9% Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad con datos del BID y Banco Mundial 136


Si a lo anterior le sumamos lo que cuesta en términos de gato presupuestal el crimen en México, tenemos que para 2006 se ejercieron 17,368.2 millones de pesos para el combate al crimen, cifra que comparada con el Producto Interno Bruto a precios corrientes representa el 47.4% de éste (Ver indicadores económicos de coyuntura en INEGI). El destino que mayor percepción presupuestal tiene son las dependencias federales, dejando de lado al equipamiento técnico, tecnología e infraestructura y la profesionalización del personal dedicado al combate al crimen. Esto refleja una alta burocratización de las dependencias federales comparada con los resultados que se tienen. Haciendo un comparativo entre las tasas de crecimiento, del presupuesto destinado al combate al crimen, la incidencia de secuestro nacional, los delitos del fuero común y los del fuero federal tenemos, que si bien, hay una reducción en el crecimiento de la incidencia de secuestro y delitos del fuero común, en el caso de los delitos del fuero federal esto no sucede, e incluso se observa una relación directa entre ellos. Sin embargo a lo anterior, es al rubro al que más se destina presupuesto federal y el alto crecimiento presupuestal para el periodo 1997-2004, no es comparado con el bajo decrecimiento de la criminalidad (ver gráfica 3.1.4).

137


Gráfica 3.1.4 Tasas de crecimiento 1998-2004

Fuente: Elaboración con base a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, y el Sexto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox.

Aunque esta investigación no tiene el propósito de proponer modificaciones a la ley para castigar el secuestro, ni alterar el orden jurídico del estado en sí, es necesario mencionar que existe una inquietud por parte de la población, y uno que otro gobernante, en el sentido de implementar nuevas penas para castigar este tipo de conductas ilícitas. Pero debe considerarse que ni la pena de muerte, ni la reestructuración del sistema carcelario es la solución para prevenir y controlar la delincuencia sino el correcto ejercicio de las leyes actuales y el combate de la corrupción policíaca y ciudadana, y para muestra cabe observar que un incremento en la penalidad, por lo menos para este delito (secuestro), no es suficiente incentivo para abandonar esta actividad ya que los rangos de penalidad en los diez estados anteriores van desde los 20 hasta los 40 años de prisión, sin contar las agravantes. Un análisis de Guillermo Zepeda Lecuona (2004) muestra cómo existen ineficiencias a lo largo de todos los procedimientos de la cadena de procuración 138


de justicia: desde la integración de las averiguaciones previas hasta el giro de una orden de aprehensión, pasando por las audiencias y los juicios. El estudio establece que de los delitos denunciados, solo concluyen en investigaciones completas 18% de ellos y, a su vez, sólo 35% de las investigaciones concluidas llegan a disposición de un juez. De estos casos turnados a la disposición de un juez solo 75% recibe sentencia y de éstos solo 88% recibe condena. En resumen, el sistema de procuración de justicia es disfuncional y requiere acciones inmediatas en cada uno de sus procedimientos. Lo anterior muestra que de cada 100 crímenes cometidos en México, solo uno recibe castigo. Esta situación convierte a México en uno de los países con peores probabilidades de condena en el mundo, aún por debajo de aquellos con altos índices de denuncia (Zepeda, 2004). Esto ha hecho que el crimen sea uno de los negocios con mayores probabilidades de éxito en nuestro país. Prácticamente cualquier actividad criminal queda impune debido a un sistema de procuración de justicia desgastado, poco adecuado a las nuevas condiciones sociales del país y en franco deterioro (Ver gráfica 4).

139


Gráfica 3.1.5 Investigaciones concluidas y puestas a disposición de un juez

Fuente: IMCO con datos de Zepeda G., Crimen sin castigo; FCE-CIDAC; 2004.

Gráfica 3.1.6 Probabilidad de ser condenado en México en comparación a otros países

Fuente: IMCO con datos de Zepeda, Guillermo, Crimen sin castigo; FCE-CIDAC; 2004.

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No podemos determinar que esto sea igual para los secuestros con fines de extorsión, ya que no existen datos por tipo de delito, sin embargo nos da un acercamiento sobre los sistemas de justicia con que cuentan las posibles víctimas de que su denuncia sea tomada en cuenta y los criminales sean debidamente procesados. Según el estudio de Internacional sobre Criminalidad y Victimización, realizada en México por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI), más de la mitad de los secuestros no se denunciaron ante el ministerio público (53%) y únicamente en el 30% de los casos se solicitó el apoyo de las autoridades. (ICESI, 2004) Por otro lado las reformas que deben llevarse a cabo, deben tener estudios apegados a la realidad de cada uno de los fenómenos delictivos, ya que la arbitraria toma de decisiones puede generar un mayor gasto en el presupuesto federal y no cambiar en nada la incidencia delictiva. Un ejemplo de esto es la reciente propuesta de otorgar cadena perpetúa a los secuestradores, de ancianos, niños y mujeres. Sin embargo, si observamos en la siguiente Gráfica el rango de edad de las víctimas que son secuestradas con mayor frecuencia oscila entre los 16 y los 30 años de edad. Demostrando que una acción de este tipo no incide de manera contundente en el combate del secuestro en México.

141


Gráfica 3.1.7 Víctimas de secuestro por rango de edad

Fuente: Elaboración con base a datos proporcionados por la Agencia Federal de Investigaciones en su Informe de Resultados en Materia de Secuestro; 2001-2004

En cuanto a las ganancias obtenidas por los criminales dedicados al secuestro se obtuvo la siguiente información, aunque debemos aclarar que es sólo para los casos que atendió la Agencia Federal de Investigaciones. Para el año 2001 se obtuvo como recompensa para 67 casos la cantidad de 91,131,721 pesos; para 2002 la cantidad de 58,805,900 pesos para 107 casos reportados; 70,138,250 pesos para 2003 con 169 casos y 87 casos con una ganancia de 23,434,300 pesos para el año 2004.Situación que, según el modelo descrito hace atractiva la entrada de un individuo de mediana preparación en este delito, si tomamos en cuenta que las variables de disuasión no son tan graves en función de las ganancias que reporta este tipo de actividad ilícita.

142


Gráfica 3.1.7 Sumas exigidas y pagadas a los secuestradores del 2001 al 2004

Fuente: Elaboración con base a datos proporcionados por la Agencia Federal de Investigaciones en su Informe de Resultados en Materia de Secuestro; 2001-2004

Aunque, tampoco podemos resignarnos a ver este delito como algo cotidiano, ni ceder a empresas transnacionales consultoras de riesgo la responsabilidad de brindar seguridad a las clases más privilegiadas para que lucren con el dolor de las familias, no solo por prestarse a perspicacias, ya que dichas empresas han ganado terreno en el manejo de información privilegiada, manejo de situaciones de estrés, préstamo de servicios de seguridad humana y las negociaciones para recuperación de víctimas secuestradas. Incluso, se han convertido en voceros oficiales, ya que se han encargado de filtrar información a ONG’s y Consejos Empresariales en cuanto a que nuestro país representa el segundo lugar mundial en incidencia de este delito, cuando las circunstancias por las que sucede el secuestro en nuestro país son distintas a las presentadas en Colombia, en forma y fondo, y han sabido aprovechar el desplazamiento al Estado de su responsabilidad de brindar seguridad pública para obtener jugosos recursos a costa de las víctimas. También es un hecho que la obtención de información verídica es un privilegio para pocos individuos, ya que para realizar esta investigación se tiene el reto de 143


distinguir entre lo real y lo fabricado, como observamos frecuentemente dentro de las fuentes periodísticas. Se ha publicado, con respecto a las cifras del secuestro en México, distintas estadísticas que no coinciden entre sí. Como ejemplo, tenemos las cifras que publica la Comisión para la Prevención del Delito y Justicia Penal del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas conformado por algunos funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes presentan en su informe ante la ONU información distinta a la que maneja la institución. Suele pensarse, sobre todo para el terreno de la economía que este fenómeno delictivo pertenece al campo del derecho, sin embargo como hemos observado en la presente investigación, tiene mucho campo de acción para el economista a fin de brindar la información necesaria al gobierno federal para la toma de decisiones en términos de la correcta administración presupuestal en materia de seguridad pública y la optimización de sus recursos de manera efectiva para arrojar resultados concretos y tratar de erradicar este mal que aqueja a la sociedad mexicana.. 3.5. Atenuantes y agravantes del secuestro. La introducción de atenuantes, sin duda, va orientada no a beneficiar a los secuestradores, sino a servir como una medida para proteger a sus víctimas. Asimismo, el artículo 366, en su fracción II, determina las agravantes y las atenuantes del delito de privación ilegal de la libertad. Las agravantes están relacionadas con el lugar, el sujeto y la víctima del delito. Existen agravantes cuando: •

El ilícito se realiza en un camino público.

•

El delito se efectúa en un sitio desprotegido o solitario.

•

El autor del ilícito es o fue miembro de una institución de seguridad pública.

144


•

El autor del delito se ostenta como parte de una institución de seguridad pública sin serlo.

•

El ilícito lo lleva acabo un grupo de dos o más personas.

•

El ilícito se realiza con violencia

•

La víctima pierde la vida a manos del o los autores del delito.

Por otra parte, las atenuantes que se refieren a la conducta del sujeto del delito son: La liberación espontánea del secuestrado en los tres días posteriores a la comisión del delito, sin obtener algunos de los objetivos del delito y sin presentar alguna de las agravantes, y La liberación espontánea del secuestrado, en los tres días siguientes a la perpetración del ilícito, sin obtener alguno de los propósitos del ilícito (Revista Mexicana De Justicia, México 2002. p.150). 3.5.1. Cuando los fines son económicos. El contenido del propósito es la obtención de un rescate, mismo que, en este contexto, consiste en dinero, bienes joyas u otros objetos valiosos, valorables y dinero, que el secuestrador se propone exigir para la libertad de la víctima del secuestro. La fracción II expresa que la detención arbitraria tendrá asimismo el carácter de secuestro, “Si se hace uso de amenazas graves, maltrato o tormento”. Por cuanto se relaciona con los “daños y perjuicios” a que hace referencia la fracción I, efectuar, subrayar que la expresión “daños” tiene una connotación esencialmente crematística, es decir, interés pecuniario, aplicable y abarca cualquier ruina, destrucción, pérdida, deterioro, desperfecto o empeoramiento que

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se cause a la persona arbitrariamente detenida en sus patrimoniales pertenencias (Jiménez Huerta Mariano, p. 146). Para estar en presencia del secuestro basta tan sólo con la intención o el propósito de obtener el rescate. Por rescate se entiende aquello que tiene una valoración económica para que a cambio de ello se obtenga la libertad de una persona (Nader Kuri; Op. Cit. 124). La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto emite la siguiente tesis jurisprudencial: PLAGIO O SECUESTRO, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). De conformidad con el artículo 246 del Código Penal del Estado, el bien jurídico protegido en el delito de plagio o secuestro es la libertad de las personas, y la finalidad perseguida en su comisión es la de obtener un rescate o el de causar un daño al plagiado o a otra persona relacionada con éste. Así las cosas, basta que el o los activos lleven al cabo la acción de privación de la libertad con esa finalidad, para que se surta el tipo, aun cuando éstos no hayan cobrado o recibido el numerario solicitado, pues dicha circunstancia es irrelevante, ya que para la configuración plena del delito basta que esté demostrada la intención de obtener un beneficio económico a costa de la detención ilegal. Realmente es terrible hablar de esclavitud, cuando se comerciaba con seres humanos para obtener una ganancia pecuniaria, pero en estos tiempos el hablar que la vida, la libertad e integridad de un ser humano es puesta en riesgo por el deseo mezquino de otra persona esto es condenable a todas luces. La intención del delito, el móvil del secuestro casi en todos los casos, es la obtención de un lucro, de allí lo grave y lo sanciona.

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Para estar en presencia del secuestro basta tan sólo con la intención o el propósito de obtener rescate. No es necesario que se obtenga el rescate, sólo con el fin de lograr el rescate se integra el secuestro. Por rescate se entiende aquello que tiene una valoración económica para que a cambio de ello se obtenga la libertad de una persona. El rescate generalmente se exige a una persona distinta al sujeto secuestrado, pero puede exigírsele también al propio secuestrado. No necesariamente el rescate ha de consistir en dinero; nada se opone a que lo que se trata de obtener fueren joyas u otros objetos de valor o cartas o documentos de interés histórico, familiar o personal. Lo que se integra en esencia del rescate es que se condicione la privación de la libertad a la entrega del objeto que se pretende lograr El Código Penal Federal establece como pena a quien comete el delito de secuestro 15 a 40 años de prisión y de 500 a 2000 días multa. 3.5.2. Por la calidad y el daño a la víctima. El daño debe entenderse como quebranto de carácter físico, no patrimonial, para diferenciarlo del perjuicio, que sí tiene contenido patrimonialmente. De esta forma el daño atenta contra la integridad corporal de la persona, como lesionarla físicamente. El perjuicio, afecta el patrimonio, es pérdida o menoscabo de éste (Islas De González; Op. Cit. p. 90). Las conductas se agravan en razón de la condición de la víctima y las circunstancias temporales, espaciales o de ocasión en que se produce el ilícito, así como de los medios y fines que persigue la conducta típica. Como en el supuesto “Que se realice con violencia”.

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La violencia puede ser física o psicológica. En los supuestos Jurídicos también se señala la calidad en la víctima: “Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad”. De las agravantes anteriores es posible verificar que son pocos los delitos de secuestro que se pueden sustraer de todos los supuestos, en este sentido prácticamente todos los secuestros son delitos agravados (Nader Kuri; Op. Cit, p.125). A partir de junio los delitos de tráfico de menores de 16 años y el secuestro se incrementaron las penas para quienes cometan estos delitos, además, se crea en la Procuraduría General de la República una unidad especializada para combatir estos ilícitos. Lo anterior es posible luego de que fueron publicadas el 12 de junio en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mismas que fueron aprobadas el 28 de abril, por unanimidad, por el pleno del Senado de la República. Los cambios realizados a estos ordenamientos tienen como objetivo primordial mejorar la protección legal de los infantes y las víctimas de secuestro. Para lograrlo se otorgó, a la PGR, mayor competencia para perseguir, y, a los Tribunales Federales, mayores facilidades para sancionar el delito de secuestro. De acuerdo a lo aprobado esta dependencia queda obligada a crear la estructura administrativa necesaria y una unidad especializada que además de incorporar agentes del Ministerio Público Federal, considerará investigadores, criminólogos,

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psicólogos, médicos enfermeras, trabajadores sociales y todo aquel personal que pueda hacer frente a la naturaleza y la gravedad de estos delitos. Al emitir su voto favorable los senadores consideraron que con la federalización de los demás estados, estos nuevos tipos penales y la participación de la procuraduría, se tendrán mayores éxitos en la investigación de estos delitos que principalmente son cometidos por bandas organizadas que operan a nivel mundial y local. Los legisladores también aseguraron que quienes cometan estos ilícitos no obtengan el beneficio de la libertad preparatoria (López Portillo Sara, 2000). El problema de la víctima menor de edad no es nuevo, imposible detenernos en ejemplos históricos que demuestran como los menores han sufrido en el tiempo y en el espacio este tipo de delitos, y han sido agredidos en todas las formas posibles. Desde la propiedad absoluta del hijo, con derecho a venderlo o sacrificarlo, hasta la patria potestad y el derecho de corregir, la humanidad se ha ensañado con sus vástagos, en mucho repitiendo una conducta aprendida, que se convierte en un siniestro atavismo. Sin embargo, a pesar de que cada vez es más consciente la humanidad de este doloroso problema, estamos muy lejos de lograr solucionarlo, veamos los siguientes datos: En 1981 40,000 niños han muerto silenciosamente cada día, diez años después 1991, la situación no parece haber mejorado, durante la última década del siglo XX, poco más de 120 millones siguen pereciendo por diversas causas entre ellas siendo víctimas de delitos. La menor edad pone al individuo en una situación de inferioridad; por su menor fortaleza física, la natural falta de experiencia, su dependencia económica la

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subordinación social, la inmadurez psicológica, lo ponen en desventaja y lo hacen fácilmente victima (Rodríguez Mancera Luis, México, 1998. p. 163). En el reino animal es menos común que los padres agredan a sus hijos, pero sí es regla que los animales inmaduros sean fácil presa de los depredadores. Cuando un niño ha sido victimizado, debe protegérsele de la manera más amplia. El ejemplo del Estado de México al publicar su ley sobre el auxilio a las víctimas del delito (20 de agosto de 1969) debe seguirse y ampliarse, poniendo especial atención a los menores de edad. El problema no es exclusivamente de reparación de daño, sino de apoyo y terapia cuando sea necesaria. Es hasta cierto punto absurdo que se multipliquen los esfuerzos para el tratamiento de menores delincuentes y se olvide a los menores que sufrieron algún ilícito, respecto a éstos no hay legislación ni instalaciones adecuadas para el tratamiento. Comprendemos que el problema más grave está en todas esas víctimas menores inocentes que forman la niñez desamparada y desvalida, que son víctimas por haber nacido en un país en vías de desarrollo, de una familia en pobreza y en una sociedad fría y egoísta, por esto son plausibles todos los esfuerzos de Instituciones Oficiales como el DIF, o de grupos de asistencia privada, instituciones y grupos que deben unificarse en un solo organismo para su mejor funcionamiento. Finalmente recordemos el artículo 39 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que trata sobre el niño víctima:

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“Artículo 39.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño (Rodríguez Mancera Luis, p.170). El Código Penal Federal eleva el mínimo impuesto para el delito de secuestro de 15 a 20 años de prisión y de 2000 a 4000, días multa al que comenta algún delito en contra de un infante. La fracción III del artículo 366 establece que la detención arbitraria tiene el carácter de secuestro “Si la víctima es menor de dieciséis años”, La naturaleza calificada de este hecho típico halla su radio en la gran alarma social que de consumo produce y en la facilidad que encierra su ejecución, dada la poca o nula resistencia que puede oponer un niño menor de dieciséis años. Esta facilidad, aunada a la angustia que en los padres del niño produce el hecho y, además en algunos casos, a la efectividad de estos secuestros para lograr el propósito que el plagiario se propuso alcanzar, determinan su frecuencia y explican el rigor penal que el hecho en la ley recibe. Frecuentemente se secuestra a un niño del sexo masculino, por razones diversas se cree que el niño posee mayor valor material, se supone una más fuerte relación afectiva entre el niño y sus padre; un niño también es más fácil de atraer y, una vez tomado, de matar. Sin embargo lo niños observan con más agudeza algunos detalles, como marcas de coches, así como para dar con el lugar de la detención y el itinerario de ida y vuelta. El estudio de una serie de casos enseña que las cuatro quintas partes de niños secuestrados son asesinados (Jiménez Huerta; Op. Cit. p. 145).

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Bastaría por lo tanto con la sola palabra “lucro” sin el adjetivo “indebido “para tomar al secuestro como un delito. 3.5.3. Por la disposición y el número del sujeto activo.

Siguiendo con las disposiciones agravantes en el mismo orden en que los señala la ley, encontraremos los siguientes: Que quienes lo lleven a cabo este ilícito obren en grupo de dos o más personas. En la mayoría de los casos de secuestros operan en grupos, por lo menos dos personas: una que priva de la libertad a otra y la que cobra el rescate. Cuando el secuestro lo cometen tres o más personas en forma organizada, reiterada o permanente, estamos en posibilidad de aplicar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Nader Kuri Op. Cit. p. 125). Si quienes cometen el delito obran en grupo, por “grupo” se entiende, a los efectos de la interpretación penal, una pluralidad de personas que obran conjuntamente. Este concepto de “grupos” es semejante al de “banda”, “cuadrilla” o “partida” empleados en la bibliografía penal para hacer referencia a la criminalidad que opera conjuntamente. No se específica en el Código Penal el número de personas que son necesarias para integrar al “grupo”. Creemos, sin embargo que la concurrencia de tres personas es suficiente, pues ya de por si constituye una pluralidad de personas a que anteriormente se ha hecho mención. No basta la solo intervención de una pareja, pues la expresión “grupo” presupone conceptualmente la influencia de más de dos personas. El término “pareja” tiene una connotación gramatical y conceptual más restringida y distinta de la de “grupo” (Jiménez Huerta, Op. Cit. p. 144).

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Sobre este particular la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada lo tiene contemplado como una de las actividades de esa expresión criminal esta ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Se entiende de acuerdo a dicha ley como delincuencia organizada “cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:” El tema, previsto en los artículos 286 al 287; y el secuestro previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter, y robo de vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales (Besares Escobar Marco Antonio, Gómez Torres Israel de Jesús, 2003. p. 108). Es evidente que la delincuencia organizada es de mayor peligrosidad que la común, ya que se caracteriza por reclutar individuos con entrenamiento especializado, adquirir armamento sofisticado, obtener información privilegiada, y gran capacidad de operación que rebasa muchas veces la posibilidad de reacción de las instituciones de gobierno. Por ello la criminalidad organizada no puede ser combatida de un modo desorganizado. Lo anterior supone un problema aparente cuando existe el concurso en un mismo hecho de personas que reúnan esta circunstancia calificadas y otros que no tengan la misma, sin embargo incluir al legislador en el inciso la fórmula cuando dos o más activos resultan indiferente si en el caso concreto participa un servidor

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público del ámbito de la seguridad ciudadana con un particular, habida cuenta que la solución la proporciona el inciso ya mencionado (Zamora Jiménez, Op. Cit. p. 305). Un agravante importante del secuestro es la de elevar de 20 a 40 años de prisión y de 2000 a 4000 días la multa si en la privación de la libertad concurre esta constancia. Integrante de grupo de seguridad pública Que el autor sea o haya sido integrante de una institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo. Aquí es preciso observar que como integrante de la seguridad pública se debe entender a la persona relacionada con la prevención del delito, procuración de justicia, impartición de justicia, o bien al servidor público relacionado con la ejecución de penas y medidas de seguridad. Conforme a la calidad del autor, es un tipo de sujeto activo común en la generalidad de los supuestos, salvo la excepción que surge cuando el autor pertenece o haya pertenecido a un cuerpo de seguridad lo cual convierte al tipo en un delito de autor especial. Por otro lado se ha incluido como tipo agravado una circunstancia específica de autor consistente en el hecho de que éste sea, o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública o se ostente como tal, así se pretende por este medio punir de manera más grave las conductas delictivas de aquellos que aprovechan el conocimiento estratégico sobre determinada materia para facilitarse el delito (Zamora Jiménez; Op. Cit. p. 316).

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Es terrible pensar cuando el delito de secuestro es ejecutado por un grupo de delincuencia organizada, pero que lo efectúe un servidor público, o que lo fue, es totalmente reprobable y sancionable. La ciudadanía ha perdido la confianza y seguridad que en tiempos no lejanos brindaba la autoridad encargada de la Seguridad Pública. La Corte Suprema de nuestro país, ha establecido su criterio, y es determinante en la resolución sobre la participación de los servidores públicos: PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO, CUANDO EL SUJETO ACTIVO ES UN SERVIDOR PÚBLICO. Si de autos queda demostrado que el quejoso al momento de los hechos que se le imputan, se encontraba en el desempeño de sus funciones como elemento activo adscrito a la Policía Judicial Federal, es obvio que por su condición de servidor público, no encuadra en lo establecido por el Código Penal Federal, en su artículo 364 que establece solamente a los particulares como sujetos activos en la comisión de ese delito. La pena que se menciona por el Código Penal Federal va de 20 a 40 años de prisión. Pero la peor condena que se pueda imponer a tal circunstancia no es al criminal, sino a la sociedad en general a no creer en sus instituciones de justicia y protección. Cuando el autor tiene relación de parentesco con la víctima. En el entorno personal no debe desestimarse a ninguna de las personas que guardan relación con nosotros, por muy distante que sea esa relación y se podría decir “o muy cercana que sea la relación”; sobre todo cuando hablamos que el cuidado se presta a personas ajenas a nuestro entorno, refiriéndonos al trabajo, escuela u otro lugar, pero hablar de confianza en la familia y sobre todo gente

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cercana a nuestro círculo más íntimo es imposible dudar de la protección y respeto así como seguridad que se debe profesar para cada miembro de la familia. Resulta que el riesgo que se trata de eliminar puede estar en su propio domicilio y en el lugar de trabajo, sin descartar la entrada y salida de los mismos y en los viajes de desplazamientos correspondientes. Y dentro de cada uno de estos lugares, ya en el campo de las relaciones de las personas con las que es precisa la convivencia, las posibilidades de peligro son muchas, tanto las que pueden afectar a sus familiares y amigos como las que ellos mismos puedan ocasionar (H. De la Mota Ignacio; México, 1998 p. 59). Si alguien pretende reducir un riesgo inmediatamente se piensa en los lugares más confiables, y una de ellos es el hogar, además, la casa el domicilio familiar, es lo más importante de la vida de una persona porque constituye “su hogar” y el de los suyos, esposa e hijos. Pero que decir, cuando es conocida de la familia la persona visitante, que sabe nuestros movimientos, que no ignora los horarios de la víctima de secuestro, si algo consideramos nefasto y cruento es, defraudar la confianza que por lazos sanguíneos o de otro tipo nos une a una persona y la confianza se ve traicionada. No es raro lo anterior se tiene registrada en la historia el secuestro entre hermanos, que movidos por odio y venganza se es capaz de violar los lazos más sagrados como lo es el de parentesco; quien no recuerda el secuestro sufrido por sus hermanos de parte de José, hijo de Jacob del pueblo israelita. Y en tal caso, ninguna cerradura por reforzada o sofisticada que exista libra a la persona de tal traición a la confianza y afecto que une a una familia. Ya que la confianza, al ser defraudada por un móvil económico modifica la estructura de toda sociedad, si ya de propia naturaleza el secuestro es un crimen bárbaro a la

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libertad, integridad física y bienes del ser humano; cuanto más siendo ejecutado, planeado o propuesto por una persona cercana al sujeto pasivo. El Ministro Genaro Góngora Pimentel, nos refiere en su libro, acerca del secuestro de una mujer perpetrado por su propio esposo; ella de nombre Marta García Rivas quien contrajo matrimonio con Jesús Camacho Chávez, quien al ser pretendiente de la misma por un tiempo, decidieron casarse, sin embargo Camacho Chávez era un individuo con arrebatos terribles, llevándolo incluso a golpearla; situación que llevó a Marta a no vivir más con él, refugiándose en casa de una hermana de ella, siendo visitada por Camacho Chávez con fines de reconciliación. Sin embargo, una tarde Marta viajaba en compañía de un pretendiente en un camión de pasajeros, y al percatarse de ello Camacho Chávez la obliga a irse con él montado en cólera. Inmediatamente la hermana y madre de Marta la buscaron, sin encontrarla en ningún lugar. Recibiendo posteriormente un llamado telefónico por parte de Camacho Chávez, quien le dijo a la madre de Marta que era inútil que la buscaran pues no la volverían a ver más colgando la bocina; inmediatamente la madre de Marta realizó la denuncia correspondiente ante la Octava Delegación temiendo por la vida de su hija. El Universal 27 de abril de 1932 (Góngora Pimentel Genaro David, p. 85). En el Código Penal de Jalisco en el artículo 194 establece que: “Comete el delito de secuestro quien prive ilegalmente de la libertad a otro con la finalidad de obtener rescate o de causar daño o perjuicio. Por rescate se entiende todo aquello que entrañe un provecho indebido y a cuya realización se condiciona la libertad del plagio. Son disposiciones aplicables al secuestro, las siguientes:

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I.- Al responsable de secuestro se le sancionará con una pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión y multa por el importe de mil a mil quinientos días de salario mínimo, cuando: a. Se cometa por servidores públicos que desempeñen funciones de prevención, investigación o persecución de delitos o por elementos de seguridad, activos en corporaciones privadas; b. El o los responsables, se ostenten con el carácter señalado en el inciso anterior, sin serlo; c. Se cometa por personas que con anterioridad a la comisión del secuestro, hayan desempeñado funciones de prevención, investigación o persecución de delitos, o hubieran fungido como elementos de seguridad en corporaciones públicas o privadas. d. El secuestrado sea menor de dieciocho o mayor de sesenta años, se trate de mujer embarazada o de persona que por su condición de salud física o estado mental se encuentre en mayor desventaja frente al secuestrador; e. Entre el activo y el pasivo, exista vínculo de parentesco en cualquier línea hasta el cuarto grado, amistad, gratitud trabajo o cualquier otro que produzca confianza (Zamora Jiménez; Ibídem p. 305). 3.5.4. Por lesiones a la víctima. Por otra parte encontramos otras agravantes, así el propio Código Penal señala que: “Se impondrá una pena de treinta a cincuenta años de prisión a o los secuestradores, si a la víctima del secuestro se le causa alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 de este Código”, (lesión gravísima). Las lesiones graves están referidas en los artículos 291 y 293 del Código Penal Vigente y se refieren a la mutilación de órganos, a las lesiones que ponen en

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peligro la vida, a las lesiones que dejan una cicatriz perpetuamente notable en la cara. El párrafo segundo, por ejemplo, alude al hecho de que a la “víctima del secuestro se le cause alguna lesión”. Causar, no pretender causar o querer causar. Causar, que es algo concreto específico (Carranca y Trujillo, Op. Cit. p. 943). Un ejemplo de esta violación al mencionado artículo la realizo la banda del “mocha orejas”, sin lugar a dudas, esta ha sido una de las bandas de secuestradores más temida en los últimos años, debido a la crueldad con que llevaban a cabo las negociaciones y el sadismo con que fueron tratadas sus víctimas. El caso de la señora Cecilia González, madre del único menor de edad secuestrado por Daniel Arizmendi, “El Mocha orejas”, pagó 5 millones de dólares, a cambio de que no sólo se lo devolvieran con vida, sino completo y no mutilado. Su hijo fue privado de su libertad saliendo de la escuela secundaria, cuando en compañía de su hermano y el chofer fueron interceptados por una patrulla, y al preguntar por su nombre lo tomaron y se lo llevaron. Tiempo después llaman a la señora Cecilia González para la negociación, le solicitan 5 millones de dólares, no existieron negociadores. Accede a las condiciones de los secuestradores:” No dar aviso a la policía y entregar el dinero”, logra que le devolvieran a su hijo. Por temor y psicosis se cambiaron de un lugar a otro. Hasta que por las noticias se entera que fue capturada la banda de secuestradores que privaron de la libertad a su hijo. Daniel Arizmendi relata el secuestro con detalles de su hijo, y tras 4 años de solicitar la devolución de su dinero, la situación y terrible momentos vividos no terminan. Proceso, 12 de octubre de 2003 (Góngora Pimentel; Op. Cit. p. 304). Sin embargo no todas las víctimas de los Arizmendi tuvieron la fortuna de no ser mutilados, varios fueron los casos relatados, y de los cuales se tiene conocimiento, que las víctimas fueron mutiladas de sus orejas, en el caso de que

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las familias no paguen el rescate iban cercenando las partes de su familiar y eran enviadas a las mismas. Fuentes judiciales informaron que podrían estar vinculados con al menos 270 secuestros y con el ex director del Grupo de Antisecuestros de Morelos, quien se encuentra preso en Almoloya de Juárez por diversos delitos, entre ellos por vínculos con bandas de secuestradores. Presuntamente, la esposa de Daniel Arizmendi López, María de Lourdes Arias García es enfermera de profesión y habría sido la encargada de realizar operaciones quirúrgicas a que fueron sometidos muchos de los secuestrados, pues la banda de los Arizmendi se caracterizó por mutilar a sus víctimas, cercenándoles las orejas o dedos de los manos, mismos que eran enviados a sus familiares como prueba de que los habían secuestrado y que debían pagar el monto del rescate solicitado (Góngora Pimentel Op. Cit. p. 307). 3.6. Consecuencias en la víctima. Víctima viene del latín víctima, y con ello se designa a la persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio. En este sentido, se hace referencia al concepto srcinal de sacrificio, del hebreo Korbán, aunque esta palabra tiene ahora un significado más amplio, en cuanto representa al individuo que se sacrifica a sí mismo, o que es inmolado en cualquier forma. Como puede observarse, son múltiples las acepciones del vocablo víctima; en términos generales podríamos aceptar que víctima es el sujeto que padece de un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita.

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Desde el punto de vista puramente jurídico, una persona es victimizada cuando cualquiera de sus derechos ha sido violado por actos deliberados. Así, víctima sería la persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha acción (Rodríguez Mancera; Op. Cit. p. 57). Hay que aceptar que los secuestradores cuentan con enormes ventajas en primer término tienen un plan que les permite tomar la iniciativa y al menos que sean inexpertos, no improvisarán las acciones a seguir; cuando la banda de secuestradores programa un acto delictivo de tal naturaleza les permite prever lo que va a ocurrir en cada momento y eligen alternativas para salir al paso de cualquier suceso inesperado. En segundo lugar evidentemente lo más importante tiene a la víctima y conocen la posición de los dos bandos, lo que les permite vigilar y controlar el proceso. En tercer lugar, los secuestradores a esas alturas del hecho son capaces de asesinar a la víctima aunque también saben que si lo hacen, jamás recibirán la recompensa y que una vez localizados, la policía o los familiares de la víctima serán implacables y, por último los secuestradores saben que en la mayoría de los casos, los familiares están dispuestos a pagar el monto solicitado o, en su caso, negociar el rescate. En nuestro caso la víctima es el ser humano que sufre daño en sus bienes jurídicamente protegidos: la vida, salud, propiedad, honor y en este caso la libertad. En algunos casos la víctima sopesa los costos y los inconvenientes de la relación riesgo seguridad, pero en general las personas prefieren ignorar el peligro, antes que disminuir la eficiencia de su trabajo o sacrificar la libertad del ritmo de su vida ante la sociedad; en otros casos las precauciones tomadas le pueden hacer verse miedoso y angustiar a su familia. Esta actitud es una gran equivocación, porque una vez secuestrado, les preocupará mucho más que les vayan a ser los secuestradores a su persona, día

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tras día que dure secuestrado sufrirá y se arrepentirá de no haber guardado las mínimas medidas de precaución. Luchará todo el tiempo por sobrevivir, no deseará que sus familiares y amigos cercanos tengan esa amarga experiencia. Piensa que los secuestradores deben ser castigados con todo el peso de la ley, para evitar que sigan cometiendo fechorías. Sin embargo las víctimas pocas veces hacen conocimiento a la autoridad del daño sufrido. Las razones que invocan son terminantes y claras; el 45% dijo: “las autoridades no hacen nada”, “es inútil”, “solo se pierde el tiempo”. La desconfianza en las autoridades proyectada por la mayoría de las víctimas parece convertirse en la primera causa de la impunidad de los victimarios, otra de las razones es el miedo a la venganza que alcanza el 11% y este miedo a la venganza se interpreta también como falta de fe en las autoridades (Besares Escobar Marco Antonio, p. 112). En la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 20 en la reforma establecida se señala las garantías que tiene la víctima o el ofendido: I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la constitución y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II.- Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la Averiguación Previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia deberá fundar y motivar su negativa; III.- Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

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IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación se ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V.- Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y VI.- Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio. De lo anterior obtenemos que la ley regula puntualmente las garantías de la víctima o del ofendido en general (“Seminario Introducción a la Atención de Víctima de Secuestro”, México 2002 p. 208). Según el artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que: “Después que el Ministerio Público Federal o los funcionarios que lo auxilian en la práctica de las diligencias de averiguación previa se enteran de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas;… evitar que el delito se siga cometiendo…” (Código Federal de Procedimientos Penales, 2004 p. 237.

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Pero lo descrito por la Ley a favor de la víctima de secuestro desafortunadamente no se ve materializado en muchos casos y en otros después de un tiempo largo de espera ve resultados. A).- CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y EMOCIONALES. Sin duda quien ha padecido un secuestro ve minada su personalidad; la inseguridad, el dolor y miedo así como la frustración son sólo algunos de los sentimientos que invaden a la víctima de secuestro, los días podían pasar pero no el dolor, la frustración e impotencia era demasiadas. No es difícil asegurar que quede una secuela de personalidad distorsionada, primero la fase de introversión, luego la agresividad y para culminar con la modificación de todo hábito personal y familiar. Pero en el ámbito de la psicología una de las mayores afectaciones o la más conocida es la llamada “Síndrome de Estocolmo”. En 1973 en la ciudad de Estocolmo, en un asalto bancario, los ladrones retuvieron a los empleados del banco durante varios días. Al momento de la liberación un periodista fotografió el instante en que una de los rehenes y uno de los captores se besaban. Este hecho sirvió para bautizar como “Síndrome de Estocolmo” ciertas conductas “extrañas” que demuestran afecto entre los captores y sus rehenes. Desde la perspectiva psicológica, este síndrome es considerado una de las múltiples respuestas emocionales que puede presentar el secuestrado a raíz de la vulnerabilidad y extrema indefensión que produce el cautiverio, y aunque es una respuesta poco usual, es importante entenderla y saber cuándo se presenta y cuándo no.

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Cuando alguien es retenido contra su voluntad y permanece por un tiempo en condiciones de aislamiento y sólo se encuentra en compañía de sus captores puede desarrollar, para sobrevivir, una corriente afectiva hacia ellos. Esta corriente se puede establecer, bien como nexo consciente y voluntario por parte de la víctima para obtener cierto dominio de la situación o algunos beneficios de sus captores, o bien como un mecanismo inconsciente que ayuda a la persona a negar y no sentir la amenaza de la situación y la agresión de los secuestradores. En esta última situación se está hablando de Síndrome de Estocolmo. Lo que se observa en la mayoría de los casos es una especie de gratitud consciente hacia los secuestradores, tanto en los familiares como en los individuos. Agradecen el hecho de haberlo dejado salir con vida, sanos, y salvos y a veces recuerdan sobre todo en las primeras semanas posteriores al regreso a quienes fueron considerados durante ese trance, o tuvieron gestos de compasión y ayuda. Es comprensible, bajo estas circunstancias que cualquier acto humano (no necesariamente humanitario) de los captores pueda ser recibido con un componente de gratitud y alivio. Para detectar y diagnosticar el síndrome de Estocolmo, se hacen necesarias dos condiciones: 1. Que la persona haya asumido inconscientemente, una notable identificación en las actitudes, comportamientos o modos de pensar de los captores, casi como si fueran suyos. 2. Que las manifestaciones iniciales de agradecimiento y aprecio se prolonguen a lo largo del tiempo, aun cuando la persona ya se encuentra integrada a sus rutinas habituales y haya interiorizado la finalización del cautiverio.

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Es importante que no sólo la persona secuestrada sino su familia, puedan reconocer lo que les está sucediendo y entiendan tanto emocional como racionalmente cuales son las posibles reacciones, que surgen como respuestas a un evento avasallador. Este síndrome puede ser superado con ayuda profesional.

Dos de los casos más publicitados en los cuales podemos apreciar este síndrome son el de la millonaria Patty Hearst y el hijo del cantante mexicano Vicente Fernández, los cuales algún tiempo después de ser liberados se expresaban en buenos términos de sus “captores” incluso les agradecían el buen trato que les habían dado durante su cautiverio y las atenciones brindadas. Según investigaciones de Emilio Meluk nos dice que después de que las víctimas han pasado de la euforia del secuestro y se han integrado normalmente al entorno familiar, las referencias hacia sus captores se vuelven despectivas y se ha dejado de tener ese afecto y el sentido de identificación con los mismos; es decir, tan pronto como el individuo se aleja de sus secuestradores y vuelve al entorno familiar, los efectos tienden a desaparecer. Sin duda alguna este es uno de los muchos efectos psicológicos que causa un secuestro, lo que indica que además de secuestrar, tiempo después de este traumático suceso se tiene secuestrado también su pensamiento, por lo que el apoyo psicológico brindado por la familia y el Estado debe ser inmediato. B).- CONSECUENCIAS FAMILIARES El secuestro no solo lastima a la víctima sino a la familia en general; en virtud de que esta es sometida a lo que los psicólogos, denominan como el proceso de la “muerte suspendida”, que es la condición de angustia y ansiedad que caracterizan al secuestro, y que se suma a lo que los juristas llaman la perdida de la libertad.

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Cuando ocurre el secuestro la reacción normal de los familiares es desesperación total; parece como si los secuestradores tuvieran todo el control, cuando en realidad no es así. A medida que el tiempo transcurre, las oportunidades de obtener pistas para reconocer a los autores del secuestro se incrementan; cada llamada telefónica realizada eleva las posibilidades de ser descubiertos, otra debilidad radica en que, la poca cantidad que reciben “los cuidadores” en comparación con los riesgos que corren, puede ser tentada por el ofrecimiento de una buena recompensa, que el mismo rehén les proponga. Por qué un secuestro afecta tanto a la familia, cada miembro de la misma juega un papel importantísimo en torno al sujeto pasivo del secuestro, por ejemplo la esposa protege a la cabeza de la familia y a al mismo tiempo el cuidado entre cada miembro que integra la familia, guardando discreción. Los hijos constituyen algo muy especial, y son utilizados para obtener a través suyo con el secuestro, ciertas peticiones de la más diferente índole, o como fuentes de información sobre costumbres y demás factores relacionados con los padres (H. De La Mota Op. Cit. p. 80). Cada persona es distinta, unas soportaran la experiencia mejor que otras, una vez liberada, es muy probable que se encuentre física y mentalmente alterada y que sea necesaria la asistencia médica inmediata, en ocasiones de especialistas. Debiéndose además atender por parte de la familia con afecto y atención, también transmitir tranquilidad sobre cosas que dejó pendientes en su ausencia. Durante las semanas y meses siguientes, deberá tener una total intimidad y seguridad rodeado por sus familiares y amigos cercanos. Algunas personas creen que no se le debería hablar sobre la dolorosa experiencia por la que ha pasado para evitar aquella vivencia depresiva; sin embargo, se equivocan ya que la víctima puede sentir la necesidad de contar paso a paso su angustia para desecharla de su vida.

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Es probable que aparezcan sentimientos de culpabilidad y auto reproche, por haberse dejado secuestrar, por no haber logrado huir, por haber causado problemas a sus seres queridos; se siente intensamente culpable por el precio que la familia tuvo que pagar por su libertad. Igualmente le preocupa el daño sufrido a su imagen, se siente marginado por la sociedad, cree que todos los que le ven y visitan lo hacen con morbo. Muchas víctimas de agresiones se sorprenden ante la intensidad del impacto posterior a su penosa experiencia, y a la forma en que afecta su confianza y la calidad de vida durante muchos años después del incidente, hasta las cosas más intranscendentes pueden obscurecer la vida diaria. La víctima también puede albergar cierto recelo por creer que los familiares y amigos no hicieron lo suficiente para conseguir su libertad y que no se dan cuenta de la agonía por la que tuvo que pasar. Algunas amistades se han distanciado o matrimonios se han acabado por la mala interpretación en la actitud asumida por un secuestro. De ahí que la víctima merezca una atención especial, muchas veces por el resto de su vida. Necesitará desesperadamente de ayuda para recuperar su orgullo y amor propio, se podría decir volver a tener confianza en sí mismo. Sufrir un secuestro equivale a los que los psiquiatras denominan una “experiencia primaria”; es decir, una experiencia que amenaza la propia vida. La humillación de estar como un niño indefenso en manos de delincuentes, constituye una experiencia traumática. La víctima puede soñar reiteradamente la difícil experiencia, sufrir periodos de tristeza y comportarse por el resto de su vida desconfiado, temeroso, receloso de los extraños o hasta volverse una persona extremadamente introvertida (Besares Escobar; Op. Cit. p. 134).

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Es importante efectuar campañas de prevención indicando a los familiares de los secuestradores por qué acudir a las autoridades es lo mejor que se puede hacer para recuperar a sus deudos y evitar que el delito se cometa en otras personas. También es importante impedir en lo posible, la injerencia de los medios de comunicación, para eludir el sensacionalismo y el amarillismo, así como la publicidad del hecho. Lo cual entorpece las funciones de investigación (Seminario Introducción a la Atención de Víctima de Secuestro, p. 215). C).- CONSECUENCIAS FÍSICAS Escribe Marcela Pasquel y Ramírez que existen diversos campos en los cuales se puede incidir en ayudar a las víctimas, quienes han sufrido del delito de secuestro, los cuales necesitarán: ASISTENCIA MÉDICA: Pues quienes sufren el secuestro son, en algunos casos, dejados sin alimentos, vejados, maltratados, lesionados, violados y, en los peores casos, hasta privados de la vida. Si estaban enfermos, en ocasiones, no se les suministran a tiempo los medicamentos o no se les dan los adecuados, por lo que el riesgo de infecciones y hasta la muerte es latente. La falta de alimentos y de agua por tiempos prolongados puede causar no solo la inanición, sino hasta la muerte. Se colocan a los secuestrados las venda y esparadrapos en la boca y los ojos, también se les mantiene en lugares obscuros, por lo que la visión se latera.

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En algunos casos los secuestrados son mutilados para remitir partes de los cuerpos de ellos a sus familiares como forma de presión para el pago de rescate. A veces se utilizan los servicios de médicos cirujanos, pero otras los propios secuestradores se encargan de las mutilaciones, con las subsecuentes enfermedades o infecciones o inhabilitaciones temporales o permanentes. El constante abuso psicológico y físico a que son sometidos les crea cierto hábito, con los que no contaban antes del secuestro. Como lo es delirio de persecución, muchos terminan con fobias a los lugares obscuros, otros a los lugares pequeños y cerrados o a los lugares donde hay mucha gente. Sus patrones de conducta, por consiguiente, se ven modificados, de allí la importancia del tratamiento médico para hacer saber que los hechos ya pasaron y se acabaron (Seminario Introducción a la Atención de Víctima de Secuestro p. 213). Tanto si es liberado mediante el pago del rescate como a través de un asalto o ataque sorpresa, lo más probable es que la víctima se encuentre física y mentalmente quebrantado y que precise una inmediata asistencia médica. Pero puede parecer también tan lleno de alegría y alivio que ofrezca una falsa impresión sobre su verdadera situación. Deberá darse por sentado que la víctima habrá salido gravemente dañada y que esto puede resultar visible sólo al cabo de cierto tiempo (Clutterbuck Richard, México p. 179). Deberá tener una asistencia médica continúa, luego, y durante las semanas o meses de recuperación, deberá gozar de total intimidad y seguridad, viéndose rodeado únicamente por sus familiares y amigos más íntimos.

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Si se sufre de problemas psicológicos, se produce también repercusiones físicas y emocionales considerables, como el perder la confianza en sí mismo, temer que la imagen que tienen de él haya sido irreparablemente dañada. Algunos matrimonios se han roto como consecuencia de un secuestro, por la actitud de la víctima o de su cónyuge o de ambos. Precisará una comprensión especial quizás por el resto de su vida. D).- CONSECUENCIAS ECONÓMICAS. Para sus secuestradores, las víctimas no son individuos, sino productos negociables, medios para alcanzar un fin, sin más valor intrínseco que el ser objetos de cambio. El secuestrador no intenta ver a las víctimas como individuos con personalidad, deseos y necesidades, sino únicamente en función de lo que les pueda reportar a cambio de sus vidas. Varias son las razones además de las ya mencionadas que inhiben la denuncia de hechos, dentro de ellas se encuentran: el temor a ser victimizado nuevamente por los mismos delincuentes, por no confiar en la justicia, por la pérdida de tiempo que implica la denuncia y los trámites judiciales, porque la víctima no tiene pruebas o desconoce a los autores y, por último, una vez iniciado el proceso gasta en abogados para que le auxilien y empieza a destinar tiempo que antes ocupaba en trabajar (Besares Escobar; Op. Cit. p. 112). Desde el punto de vista ideal, las negociaciones deberían dar a la policía el tiempo suficiente como para localizar el escondite, con lo que se podría asegurar la liberación de la víctima mediante un asedio o ataque por sorpresa, hay ocasiones en las que no queda más remedio que decidirse a pagar el rescate, pero sin perder de vista la oportunidad que ello ofrece para la localización y detención de los secuestradores, o bien después del momento de recoger el dinero.

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Es posible que los secuestradores intenten que el dinero se pague en divisas fuertes y en un país extranjero, o en un determinado número de cuentas bancarias distintas, en países donde la regulación sobre divisas no sea muy estricta. Cuando el pago debe realizarse en el país donde se ha realizado el secuestro los secuestradores pueden exigir también que se efectué en divisas fuertes como dólares USA, si se logra sacar del país es muy difícil seguirles la pista. La mayoría de los secuestradores se deciden por un pago en moneda local, pero con determinadas especificaciones. El pago o entrega del rescate constituye un proceso enormemente delicado, por lo que existe el grave riesgo de que, si los secuestradores intuyen una vigilancia policíaca, lo abandonen y exijan unas condiciones todavía más duras, con lo que casi es seguro que se prolongaran las negociaciones, puede incluso ser privada de la vida la víctima del secuestro. Si durante las negociaciones o entre el pago del rescate y la liberación de la víctima se localiza el lugar en el que retienen a la víctima, cambiará radicalmente el carácter de la situación. En primer lugar, la policía o el ejército se harán, a partir de ese momento, cargo del asunto; en segundo lugar, el negociador, ahora probablemente un funcionario de la policía con asistencia o asesoramiento psiquiátrico, deberá ser capaz de establecer rápidamente dominio psicológico sobre los secuestradores (Clutterbuck Richard, Op. Cit. p. 172). La mayoría de las situaciones de asedio han terminado con la liberación de las víctimas, sin embargo sigue siendo bajo el número de secuestros que se denuncian ante las autoridades respectivas por diversos motivos. La industria del secuestro afecta a la economía de nuestro país, por ejemplo para contar con protección, como lo es contar con un carro blindado; existen diferentes

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tipos que se pueden implementar, hay desde dos mil dólares hasta 230 mil dólares; los primeros tan sólo son placas de acero que se colocan en las portezuelas y en las partes anterior y posterior del vehículo. Los segundos protegen las llantas y cristales contra balas de alto calibre. Las compañías estadounidenses de autos blindados están mejorando sus ventas y se están beneficiando de la creciente ola de secuestros en México, tan sólo en los primeros seis meses de 1994 aumentaron sus ventas en un 40 por ciento. En la ciudad de México varias empresas se dedican a esta actividad, y se pueden encontrar que no solo ofrecen el blindaje de los vehículos sino que venden coches y camionetas blindadas y como es de suponer su alto costo impide su fácil adquisición (Besares Escobar. Ibídem p. 124). 3.7. El ilícito del secuestro y la sociedad mexicana La delincuencia abarca maniobras delictivas de naturaleza diversa, cuyas consecuencias sobre la ciudadanía varían profundamente: entre el asalto de un banco con toma de rehenes causando la conmoción de toda una población y el robo de un producto en un supermercado, el denominador común es únicamente la trasgresión de la ley penal. Por ello, es conveniente subrayar que existen, no una lucha contra la delincuencia, sino diferentes luchas contra las delincuencias. Aunque el objetivo de los delincuentes es fundamentalmente económico no siempre es dado que en algunos casos estos suelen buscar la venganza, la intimidación o la extorsión, sobre todo cuando se trata de móviles políticos. En nuestro país son ampliamente conocidas las organizaciones dedicadas al narcotráfico; sin embargo, no sucede así cuando se trata de otro tipo de delitos realizados necesariamente por la delincuencia organizada como es el caso de los secuestros, delito que también exige un nivel mínimo de organización. Únicamente se han detectado 14 bandas de secuestradores, cuyas operaciones se encuentran en el norte de la República, escondidas en la sierra sinaloense.

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La sociedad mexicana ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad pública. A diario se cometen ilícitos que perturban la paz pública y la tranquilidad social. Cuando estos delitos no se resuelven y los agravios quedan impunes, se quebranta el estado de derecho y la sociedad pierde confianza en las instituciones encargadas de hacer prevalecer la justicia. Se cree que muchos de estos delitos son realizados por ex-integrantes de los cuerpos de seguridad o corporaciones policíacas que con el antecedente de su trabajo, la naturaleza de sus funciones y el contacto con la delincuencia les permite contar con instrumentos, elementos y conocimientos para realizar este tipo de acciones. Además, los secuestradores aprovechan las restricciones legislativas en materia de soberanía estatal y establecen “rutas invertidas” para raptar en una entidad y ocultarse en otra; “cuentan con activos fijos” compuestos por automóviles comprados legalmente para evitar problemas con los cuerpos policíacos que puedan frustra la acción, armamento variado, sofisticados aparatos de comunicación, pago a informantes y custodios incrustados en los cuerpos de seguridad, gastos de los integrantes de la banda y manutención de la víctima, traslados imprevistos a otros estados o incluso a otros países, y hasta compra de inmuebles para mantener en cautiverio al secuestrado (Besares Escobar; Ibídem. p. 110). El gobierno mexicano, no obstante que ha dedicado presupuestos cada vez mayores para enfrentarse a las nuevas formas de criminalidad, no lo ha hecho en forma organizada, dispersando esfuerzos que diversas instituciones realizan careciendo de continuidad y a veces de transparencia en su actuación. Es necesario invertir en este problema pero de manera organizada previa estrategia que de una lectura de las principales características de esta nueva

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forma de criminalidad, de su dimensión de las formas de actuación, de sus consecuencias, para que se determine qué estructuras se requieren para enfrentarla, qué modificaciones jurídicas y qué tácticas eviten su repentina ruptura y sospechosa reintegración (Revista Jurídica Veracruzana; 1995 México Veracruz. p. 50). Consideramos que uno de los motivos para que este mal que aqueja a nuestra sociedad, se arraigue, es la corrupción en sus diversos niveles y estructuras que se presentan en la administración de justicia, desafortunadamente mientras esto siga ocurriendo no habrá ley ni órgano judicial para combatir este flagelo humano. El secuestro como una forma de actuación delictiva crea varios objetivos como son: aterrorizar a la población, aumentar el miedo, desconfianza policíaca, reporta ganancias exorbitantes sin implicar grandes riesgos para los secuestradores; todo esto lo hace muy atractivo para muchos de ellos, adquiriendo con rapidez recursos, a veces provenientes de dudoso srcen, lo que facilita la operación. Para enfrentar la industria del secuestro hay que comenzar por resolver el problema de la desconfianza, la que consideramos va encaminada al sistema federal, fundamentado este criterio en las consecuencias e impacto social que desencadena, de tener en los mismos una actuación interestatal deficiente lo que dificulta las investigaciones, por la dificultad que implica la actuación de diversos cuerpos policíacos en la persecución de presuntos delincuentes y por afectar su realización en la Seguridad Nacional (Revista Jurídica Veracruzana; p. 51). 3.7.1. Padrones indicativos del secuestro Los secuestros, bien como acontecimientos de móviles políticos o simplemente de delincuencia común, se están repitiendo con frecuencia cada vez mayor. Son uno de los signos más inquietantes de nuestro tiempo, en cualquier país. Son un fenómeno social permanente que parece caracterizar negativamente a nuestra época (Martínez Val José María, 1995).

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A partir del año 1990, en México se empezó a notar una alza alarmante en las cifras de secuestros, por lo que a petición del Presidente de la República se inició en el mes de julio de 1992, un diagnostico nacional, realizado por la Procuraduría General de la República, este fue el Primer Ejercicio Nacional sobre este rubro, pretendió sistematizar la información de todo el país, conformando una base de datos, que permitiera detectar casos repetitivos, modos de operar, zonas de riesgo, características de las víctimas, razones de las ejecuciones y falta de éxitos en las negociaciones, entre otras. En el período investigado fueron reportados 742 casos, destacando Michoacán con 183, Nayarit con 91, Guanajuato con 51, Guerrero con 50, Jalisco con 46, Sinaloa con 40, Veracruz con 24, Distrito Federal con 21, Chiapas con 18 y Colima y Tamaulipas con 17 cada uno. En Aguascalientes y Campeche no se registraron secuestros en tres años y medio hasta 1992. De los 742 casos, sólo 330 fueron investigados, 406 estaban sin investigar, 32 de los agraviados fueron asesinados y 33 no aparecieron. Observemos los siguientes padrones nacionales que dan un panorama general de la situación agravada del delito de secuestro sobre las víctimas:

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Gráfica 3.1.8 Estudio Nacional de Víctimas de Secuestro por Estado

ESTADOS. •

1 AGUASCALIENTES

•

2 BAJA CALIFORNIA

•

3 BAJA CALIFORNIA SUR

•

4 CAMPECHE

•

5 CHIAPAS 6 CHIHUAHUA

•

7 COAHUILA

•

8 COLIMA

•

•

•

•

•

9 DISTRITO FEDERAL 10 DURANGO 11 EDO. DE MÉXICO 12 GUANAJUATO

177


•

13 GUERRERO

•

14 HIDALGO

•

15 JALISCO

•

16 MICHOACÁN

•

17 MORELOS

•

18 NAYARIT 19 NVO. LEÓN

•

20 OAXACA

•

21 PUEBLA

•

22 QUERÉTARO

•

•

23 Q. ROO

•

24 SAN L. POTOSÍ

•

•

25 SINALOA

•

26 SONORA 27 TABASCO

•

28 TAMAULIPAS

•

29 TLAXCALA

•

30 VERACRUZ

•

31 YUCATÁN

•

32 ZACATECAS

En la mayoría de los casos la familia no quiere acceder a que intervengan las autoridades, incluso en algunos estados como lo es el de Sonora han intentado criminalizar la negociación sin intervención de la autoridad competente, para evitar que el problema siga permaneciendo oculto. También el Código Penal Federal sanciona en su artículo 366 Bis la participación de intermediarios cuando su actuación entorpece el procedimiento para el rescate de una víctima de secuestro. De los 742 casos, se analizaron según los reportes de los Procuradores estatales, los diversos modos de operar, destacando entre ellos que la mayoría de las 178


víctimas fueron secuestradas fuera de su trabajo, de su domicilio, de un sitio público, en paraje solitario; en otros casos las Procuradurías no reportaron el Modus Operandi o no se precisa el lugar del secuestro; en otros no se configuró el delito de secuestro, los victimarios también cometieron los ilícitos de homicidio, violación y lesiones. Gráfica 3.1.9 ZONAS DONDE SE SECUESTRA EN MÉXICO

Los secuestros son acontecimientos que producen un gran impacto social y temor popular, existiendo la percepción social de que estos delitos son cometidos por policías, ex -policías y ex – guerrilleros, y a ello se agrega la idea que entre los involucrados en los mismos se encuentran organizaciones delictivas internacionales. No obstante, en el diagnóstico realizado, la mayoría de los secuestros no fueron cometidos por policías, ex – policías y ex –guerrilleros y sólo en 10 caos la negociación fue realizada en dólares.

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Existe un registro de quien denuncia el delito de secuestro, y es en el 63.04% la madre, la que según los patrones sociales la encargada de la guardia y custodia de los hijos, aunque en esto debería de involucrarse el padre. Cuadro 3.3 Quien Denuncia Padre

Frecuencia 19

Porcentaje 20.65

Madre

57

63.04

Otros

16

17.39

Total

92

100

En el cuadro siguiente vemos con alarma que el 42% de casos de menores de hasta 3 años son victimizados por secuestradores; esto preocupa, ya que los móviles pueden ser graves. El segundo lugar en frecuencia lo ocuparon las mujeres de 13 a 15 años, con el 15% aquí claramente se puede pensar en otro móvil, que es el rapto o la venta en servidumbre (Revista Jurídica Veracruzana, Op. Cit. p. 48). Cuadro 3.4 Edad De Los Extraviados

Frecuencia Femenino

Frecuencia Masculino

Porcentaje Femenino

Porcentaje Masculino

00-3 años

23

19

23

19

4-6 años

5

3

5

3

7-9 años 10-12 años

6 3

3 4

6 3

3 4

13-15 años

10

5

10

5

16-18 años

4

6

4

6

19-21 años

5

0

5

0

22-24 años

3

1

3

1

25-27 años

0

0

0

0

SUBTOTALES

59

41

59

41

TOTALES

100

100

180


Quienes utilizan a un menor de esa edad en tráfico ilícito, para recabar rescate o venderlo, reflejan una alta peligrosidad, y debe ser manejados con mucho cuidado, ya que de lo contrario matarán a los menores para no dejar rastro de su delito. Gráfica 3.1.10 ESTUDIO NACIONAL DE VICTIMAS DE SECUESTRO POR SEXO

En 2001 los secuestros fueron perpetrados por bandas sofisticadas aunque menos numerosas que las encabezadas por los Arizmendi y bandas poco sofisticadas, entre ellas algunas integradas por sujetos con escasa o nula experiencia criminal, pero por esta causa más peligrosos. Por lo que respecta al 2002, este delito ha seguido creciendo, particularmente en la zona centro del país. En esta etapa las bandas no se restringen a una entidad federativa o a una región. Las bandas se mueven sin respetar fronteras estatales tanto por razones de rentabilidad criminal como de seguridad para los hampones. Ahora bien, existen casos documentados de personas secuestradas en México que son trasladadas a países centroamericanos y viceversa.

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Por otro lado, a diferencias de lo que ocurre con los secuestros denunciados, a aquellos que no lo son, tienen la impunidad en un alto porcentaje, es decir; al día de hoy las cifras reales aún se desconocen, ya que la contabilidad del número de personas desaparecidas se basan en las denuncias de los familiares, por lo que es necesario desarrollar una amplia campaña de promoción de la denuncia, ya sea formal o anónima. Según la Organización México Unido contra la Delincuencia, la cifra negra es que por cada secuestro denunciado, hay dos más que no se notifican a las autoridades (Góngora Pimentel; Op. Cit. p. 386). La causa central por la que los familiares de las víctimas no denuncian los secuestros es la presunción de que denunciar pone en riesgo la integridad física de los secuestrados y correr con semejante riesgo no vale la pena en virtud de la impunidad. Sin embargo, el hecho es que el número de ejecuciones, mutilaciones o bien intimidaciones posteriores al evento del secuestro es prácticamente igual si se denuncia el secuestro como si no se denunciara. Gráfica 3.1.11 ESTUDIO NACIONAL DE AGRAVIADOS PRIVADOS DE SU VIDA

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Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Baja California

Aguascalientes

Campeche

Baja California S.

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Oaxaca

Coahuila

Estado De México

Puebla

Durango

Guanajuato

Quintana Roo

Jalisco Nayarit

Guerrero Hidalgo

Tabasco Veracruz

Nuevo León

Michoacán

Yucatán

San Luis P.

Morelos

Sinaloa

Querétaro

Sonora

Tlaxcala

Tamaulipas

Zacatecas

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Gráfica 3.1.12 ESTUDIO NACIONAL DE RESCATES PAGADOS

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Gráfica 3.1.13 ESTUDIO NACIONAL DEL MONTO PAGADO EN LAS ZONA NORTE, ZONA CENTRO Y ZONA SUR

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3.7.2. Medidas de seguridad contra el crecimiento de los secuestros. Así como existen delincuentes con gran predisposición a delinquir hay también personas con gran capacidad de ser víctimas; se ha llegado a afirmar que existe una “víctima nata”, total mente predispuesta a ser víctima. Encontramos por ejemplo el caso de la víctima reincidente, que a pesar de haber sufrido algún daño, no toma las precauciones suficientes para evitar el volver a sufrirlo (Rodríguez Mancera Luis, p. 170). Durante la Segunda Reunión Nacional del Combate a la Delincuencia Organizada, celebrada en la ciudad de Colima, se desechó la propuesta para castigar a los familiares de personas secuestradas que no denuncien este ilícito o que paguen el rescate a los plagiarios. En vez de ello se pretende establecer una penalidad mínima de 20 años a nivel nacional y castigar al llamado “secuestro exprés” de la misma manera que se sanciona el calificado. La raíz de la propuesta, se dijo, fueron las legislaciones española y colombiana. Las estadísticas advierten que Colombia es el país con mayor número de secuestros, por lo que son cuestionables los resultados de estas medidas. Aunado a lo anterior, se debe analizar si las mismas son compatibles con la política criminal de un Estado moderno y democrático de derecho. Citando al doctor Raúl González Salas: “la intervención penal en todo el Estado de Derecho sólo se legitima en tanto proteja a la sociedad y a sus miembros. Pierde completamente su justificación y, por tanto, su legitimidad si su intervención se demuestra inútil, por ser incapaz de servir para evitar delitos. Si se tipifica como delito la omisión de denunciar un secuestro o el pago del rescate por parte de los familiares, se podría argumentar que el bien jurídico es la seguridad colectiva, o bien, la procuración y administración de justicia. Sin embargo, esto es dudoso, ya que el Estado, en este caso, castigaría a los

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familiares de las víctimas. En forma ilógica, el sujeto activo del delito en la conducta de omitir la denuncia a las autoridades o realizar el pago del rescate de un secuestro son aquellos que sufren las consecuencias del mismo. Tal punición conlleva incumplir con el objeto que justifica la existencia del Estado: la seguridad de los individuos, la seguridad de la sociedad a la que protege (El Mundo del Abogado, p. 38). Más del 90 por 100 de los secuestros se producen mientras la víctima se encuentra en su coche camino al trabajo o de vuelta, en un punto más bien próximo a su domicilio o su despacho o empresa, en el que le resulta difícil cambiar de ruta, aunque sí pueda variar el momento o modelo de su coche. Normalmente se prefieren calles estrechas a las anchas, en las que un conductor experto puede realizar una maniobra de huida. Un plan típico es el siguiente: un par de observadores informan de la salida de la víctima de su hogar u oficina, quizás desde una cabina telefónica cercana, mediante una emisora de radio oculta en un coche aparcado, o en el interior de un café o bar desde el que se divise la puerta del edificio. Otros observadores están listos para avisar de la entrada del coche de la víctima en la calle elegida, en la que se crea un atasco o embotellamiento fingiendo un accidente. Entonces es el momento propicio para sorprender a la víctima; una variante en cuando los secuestradores se disfrazan o se hacen pasar por policías. Es casi seguro que a los pocos kilómetros se traslade a otro vehículo (Clutterbuck Richard, Op. Cit. p. 78). Si se toma en cuenta que el costo de ser secuestrado será varias veces más alto que prevenirlo, es necesario tomar algunas medidas mínimas de precaución que nos permitan movernos bajo un rango de seguridad. Un 100% de seguridad nunca se logra; en ninguna nación del mundo, incluso entre las más desarrolladas es posible facilitar la seguridad total, ni la policía puede dar protección permanente a

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todos y cada uno de sus habitantes; debe quedar claro la policía no puede estar en todos lados ni protegiendo a cada momento. Sin embargo, es posible tomar algunas medidas que nos alejen de la categoría de víctima potencial. Hay que recordar que cuanto mayor sean las precauciones menores será el riesgo que el secuestro llegue a ocurrir. La única forma de evitar ser víctimas de los delincuentes a los que estamos expuestos, cualquiera que se a nuestra posición social, es convirtiéndonos en nuestros propios policías, pero en calidad de auxiliares de la verdadera policía en su lucha por garantizar la seguridad ciudadana. Por supuesto que estas medidas tendrán que reforzarse si la persona ya ha recibido amenazas de secuestro. Si este es el caso, donde se encuentre deberá adoptar una serie de precauciones, de tal suerte que siempre este localizada e incluso protegida, para poner en alerta cualquier intento de secuestro. Para ello existe toda una gama de equipos electrónicos que van desde sensores infrarrojos, circuito cerrado de televisión o incluso guardias especializados en protección y sistemas de comunicación conectadas a la policía. Su gran limitante es el costo. Para llevar a cabo acciones efectivas de prevención es necesario primeramente que los sectores de la sociedad que se consideren víctimas potenciales, se organicen localmente en pequeñas unidades familiares o de amigos de hasta 10 personas y luego en organismos coordinadores más complejos, que no sólo les permitan desencadenar los apoyos de las estructuras del gobierno, responsables de la seguridad pública, sino que en caso de necesidad se presten de manera organizada ayuda mutua y expedita. Desafortunadamente nuestra sociedad no tiene la cultura de la organización ni de la unidad para la defensa, debido a la complejidad de nuestra vida, horarios y forma de pensar, lo cual hace más difícil lo posibilidad de evitar un secuestro en nuestro entorno.

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También deberá buscarse el adiestramiento de estas Unidades Especializadas, situación que se está empezando a implementar en nuestro sistema judicial, en la creación de grupos especiales. Para que sepan actuar en el momento preciso, esta capacitación podrá obtenerse mediante organismos oficiales o bien en compañías nacionales o extranjeras expertas en seguridad, en este caso Colombia es el país latinoamericano con mayor avance en la preparación del personal para la protección y seguridad de quienes están amenazados con secuestros, incluso, cinco elementos del grupo antisecuestros del estado mexicano de Guerrero se capacitaron en ese país sudamericano (Besares Escobar, Op. Cit. p. 120). En algunos casos el uso de escoltas personales permite una adecuada protección. También habrá quienes quieran traer alguna vigilancia extraordinaria, como el uso de aparatos electrónicos conectados a satélites, pero ello dependerá de lo que puedan o quieran pagar. Sin embargo, si las víctimas están guardadas por una vigilancia demasiado estricta, los agresores se fijan en personas de inferior categoría. En nuestro país la prevención debe enfocarse de un modo especial; la identificación de los grupos criminales o de los sujetos con antecedentes delictivos; así como la difusión que se puede hacer de esta información permite actuar como una medida precautoria. De la misma manera la capacidad de organización que se tenga en la comunidad o región tiene vital importancia. Las leyes y su aplicación inciden también como una forma de prevención; los contactos con las autoridades encargadas de proporcionar la seguridad pública, permite así mismo el intercambio de información y colaboración para dar respuesta efectiva a un secuestro.

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Los sitios más comunes para el secuestro se dan en el trayecto acostumbrado del trabajo al hogar, por lo que es conveniente cambiar la ruta del trayecto avisando con discreción sobre la hora de llegada a los familiares y, sobre todo procurar hacerse acompañar. Si cree que está siendo seguido, inmediatamente deberá buscar llegar a la policía o hacia sitios concurridos. El mayor enemigo de la seguridad suele ser la actitud del individuo por ignorar el problema. Cuando se va en vehículo es conveniente llevar los cristales cerrados o semi cerrados y las puertas con los seguros colocados. Y si durante el trayecto se encuentra el camino bloqueado por otro vehículo o por objetos que obstruyen el paso se requiere tener la suficiente agilidad mental para saber tomar la decisión correcta, en muchas ocasiones es conveniente platicar con los familiares o amigos sobre el qué hacer en un caso de tal naturaleza (Besares Escobar, Ibídem. p. 121). Si la motivación del incidente ha sido el secuestro y éste se ha consumado, debe cesar inmediatamente toda resistencia por parte de la víctima, que procurará dominar sus nervios para poder lograr el mayor grado de tranquilidad que le permita ser un cuidadoso observador de todo cuanto pase a su alrededor, tanto personas como hechos y paisajes, en el traslado a donde vaya a ser recluido. Toda información que pueda obtener, de no ser vendados sus ojos o se le haga perder el conocimiento, podrá ser muy útil en su momento para identificar y detener a los autores del hecho. Y, por supuesto, se debe aprovechar en beneficio propio cualquier coyuntura que pueda presentarse, sobre todo la de escape, siempre que ofrezca una posibilidad sensata de lograrlo. La víctima de secuestro debe esperar y sufrir todo tipo de reacciones; pasará de una actitud responsable, humana y hasta racional, a otra irracional y violenta, como si se tratará de otros individuos. La actitud del secuestrado debe ser de

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obediencia y respetuoso ante cualquier indicación, aunque sólo sea por saber que no tiene, por el momento, otra alternativa. Es difícil pero no debe perder la esperanza de salir libre en un futuro más o menos próximo, nada más frustrante que la incertidumbre sobre todo cuando se encuentra la persona en condiciones tan limitadas y restringidas sobre su libertad, y su vida (H. De La Mota Ignacio, p. 53). Es conveniente tomar precauciones acerca del personal eventual que se haga prestar sus servicios a las pequeñas empresas o ranchos, porque pueden resultar “vigías” de los delincuentes para obtener información que les pueda ser de utilidad para cometer el secuestro. Es necesario solicitar cartas de recomendación, saber el srcen de estos trabajadores para obtener la garantía que es persona de fiar, que no tiene vínculos con la delincuencia y antecedentes penales. Desafortunadamente los avances tecnológicos ayudarán a los secuestradores, así como el mayor desarrollo de los medios de comunicación animará también a los secuestradores, las armas sofisticadas también son elementos útiles para los secuestros, nuestra sociedad se ve indefensas ante tal circunstancia, sin embargo todos estos avances y tecnología debe emplearse en beneficio de la ciudadanía a fin de detener la ola de secuestros como empresa del terror (Clutterbuck Richard, Op. Cit. 260). La seguridad es por sí misma una idea de lo más atractiva y sugerente. Sea cual sea el ámbito que se considere, la noción de lo seguro resulta siempre fructífera y bien acogida. La seguridad contra los secuestros consiste en la protección de los individuos y sus familias en el hogar, en el trabajo, en la calle o en los lugares públicos. En tal caso se puede adoptar medidas mínimas de seguridad para estar preparados ante los secuestros.

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CAPÍTULO IV. Acciones Sociales y Métodos del Estado Mexicano en la Disuasión y Persecución del Delito de Secuestro para su Erradicación Total en el País. 4.1. El secuestro en México en la primera década del siglo XXI El delito de secuestro está relacionado con todo una serie de factores que impiden se esclarezcan, uno de ellos es la impunidad, otro es la falta de denuncia, de conocimiento y de información confiable sobre el tema. Uno de los factores generadores de violencia en México fue en un principio, el nivel de pobreza y desempleo, que se agravo a partir de 1994 lo que indujo a muchas personas a cometer desde robos hasta asaltos a mano armada o secuestros que implicaron lesiones graves e inclusive la muerte, sin duda la brecha económica entre grupos sociales privilegiados y la mayoría de pobres Mexicanos es otro de los principales generadores de violencia; sin embargo algunos delitos como el secuestro merecen un estudio más general en cuanto a las causas que lo generan ya que el secuestro se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para los criminales pues de los cientos de casos que se han cometido, muy pocos han sido aclarados, y por ello los índices de violencia en este rubro se han multiplicado, el secuestro es de los hechos delictivos que más cifras negras registra en nuestro país (Revista Proceso). Recordando el 9 de febrero de 1913, ante la confusión de la “Decena Trágica”, cuando los insurrectos generales Félix Díaz y Manuel Mondragón ordenaron abrir fuego a los cañones del fortín de la Ciudadela, varios disparos perforaron un sector de la muralla de la cárcel de Belén y muchos reclusos lograron evadirse. Así surgió la “Banda del Automóvil Gris” cuyos integrantes utilizando la tecnología del entonces mundo moderno el automóvil se dedicaron al “cateo” y el secuestro. El 7 de Abril de 1915 fue su primer golpe (secuestro) en contra de los señores Enríquez Pérez y Salvador Coranzo quienes Vivian en la calle de Colon Numero 5, para ello adquirieron un automóvil de la marca Lancia, al ver el resultado positivo

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por este plagio los siguientes atracos resultaron muy sencillos por lo que algunos de los integrantes de la banda se confiaron y cometieron una imprudencia que les impidió utilizar órdenes de cateo, entonces los españoles Higinio Granda (jefe de la banda) y Francisco Oviedo, junto con el mexicano Santiago Risco optaron por secuestrar personas y exigir rescate. La primera víctima de secuestro el 10 de julio de 1915 fue la joven de srcen francés, Alicia Thomas, hija de François Thomas, prominente hombre de negocios, esto provocó un escándalo diplomático. Sin embargo, de un tiempo a la fecha esta actividad se ha diversificado de tal manera que es una de las principales fuentes de ingreso y uno de los delitos más importantes en la mayor parte de la república mexicana. Actualmente estados como Sinaloa, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en especial el Distrito Federal y Morelos, presentan un alto índice de secuestros de acuerdo con diversas versiones de las diferentes esferas de la comunidad, se dice que las bandas de secuestradores son protegidas por autoridades estatales, estas organizaciones están formadas por elementos de los diferentes cuerpos de seguridad además, se afirma que eran abastecidos con armas y equipo técnico de las “Fuerzas especiales de la PGR” por lo que de los raptos establecidos y los reportados por las victimas en dichas entidades se resolvían en un mínimo porcentaje de menor importancia (Ronquillo Víctor, 1995. p. 22). Por la tendencia que registra el secuestro después de Colombia, México es el país donde ocurre el mayor número de secuestro por día, semana, mes y año en el mundo. También se encuentra entre los primeros lugares de muerte y torturas a las víctimas que oponen resistencia y simplemente no cumplen con las cifras, tiempos y condiciones exigidas. Además se ostenta “la gracia” de ocultar la información al respecto para minimizar su gravedad en todo sentido, empezando por la ingobernabilidad que nos caracteriza como país. La impunidad con que se cometen los secuestros ha dado pie a una amplia modalidad y tipos, ya que las bandas han perfeccionado sus actividades en los

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últimos años, las variantes de tal delito van desde los secuestros millonarios, hasta los secuestros exprés; sin embargo en lo que compete a las medidas establecidas por los riesgos de secuestro se puede expresar que virtualmente nadie está libre de sufrir un daño de este tipo, así lo señalan las cifras que aportan las dependencias policiacas anteriormente analizadas. El profesionalismo, productividad y sobre todo los altos rendimientos que se obtiene de los secuestros y asaltos en los Estados del Centro del País, han hecho que en corto tiempo, estos actos criminales se conviertan en una industria, la “industria del secuestro” se ha convertido del hecho, en una fuente inagotable de recursos para los criminales al amparo de que de los cientos de casos que se han conocido muy pocos han sido aclarados, por ello los índices de violencia en este rubro se multiplican en perjuicio de gente de todos los estatus económicos, con lo que se puede afirmar que el secuestro es un negocio rentable tanto las banas organizadas dedicadas a este delito como para las empresas que prestan sus servicios de seguridad a personas o establecimientos, en poco o nada han contribuido a las medidas de seguridad para evitar ser secuestrado ya que no atienden la problemática que hay de fondo en este tipo de delito (Pares Hipólito, María de Jesús. 2007). En la actualidad el secuestro ha trasformado su forma de operar, puesto que han bajado los secuestros en vía pública y por el contrario, se han incrementado los casos en los que el delincuente incurre en ellos en la casa y oficina de su víctima y la saca, este modus operandi, representa un riesgo menor para el secuestrador y le da la oportunidad de seleccionar al miembro de la familia que se va a llevar. Para la nueva era del secuestro, la tecnología moderna ocupa un papel muy importante, sobre todo durante el periodo de negociación, los celulares, las “lap top”, los café Internet, el correo electrónico y los medios de comunicación para mandar mensajes, así mismo, los anuncios en el periódico son lugares clave para dejar o recibir correos de secuestradores o familiares de la víctima por parte de las bandas de secuestradores. En este año han incrementado sus acciones

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considerablemente contra mujeres y menores de edad lo que antes era menos usual; es un hecho que el secuestro está impactando negativamente a la inversión en el país por parte de empresarios nacionales y del extranjero, con lo que se invidencia el impacto social, político y económico que representa el secuestro; su costo social es evaluable en términos de seguridad nacional. El fenómeno del secuestro ha mutado en acciones donde el crimen organizado del narcotráfico controla la mayoría de los acontecimientos, estos delitos lo cometen pandillas al servicio del crimen protegidas por los brazos armados establecidos en cada plaza. El narco secuestro, está desplazando inclusive a bandas tradicionales del secuestro en el centro y sur del país, actualmente, sólo en el D.F. y su área conurbana existen bandas de secuestradores tradicionales ajenos al narcotráfico. Ante el incremento a este delito la tendencia del 2008 sobre el temor de los narco secuestradores a ser aprehendidos por el Ejército mexicano estos se han vuelto más intrépidos para consumar su fechoría. Debido a los efectos en el crecimiento del secuestro en el país, y ante la corrupción y falta de respuesta efectiva de las autoridades municipales y estatales, en 2009 y 2010 el mercado emergentes en consultoría, industria del blindaje, exámenes de confianza y nuevos dispositivos de protección ejecutiva a través de escoltas y servicios especiales complementarios por parte de empresas privadas y secciones de la policía en diferentes estados de la República continúa creciendo. Las bandas de secuestradores que de manera rutinaria se dedican a este delito, han evolucionado en forma inusual, mientras que durante los años 90 se mantuvo el modus operandi, a partir del año 2000 a la fecha, ha mutado dicho modus operandi de manera más eficiente y rápida que las políticas criminales establecidas por las autoridades para combatirlos. Hay 2 factores que explican dicha evolución, por una parte se ha detectado la participación de policías, ex policías y militares en uno de cada tres secuestros y

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que aplican los conocimientos adquiridos para proteger a la sociedad, en su contra. Cada intento del Estado por combatir al crimen organizado, se ve superado por esa peligrosa sociedad de policías y delincuentes. El segundo factor que ayuda al secuestrador a conseguir el logro de sus objetivos, es el uso de la tecnología para delinquir. Hoy existen bandas con un alto grado de conocimientos en sistemas de comunicación que les permite intervenirlos, clonar telecomunicaciones y generar pistas falsas sobre la ubicación y srcen de llamadas para negociar. Se emplean sistemas de espionaje como micrófonos GSM que permiten vigilancias desde cualquier lugar, se compran datos personales como cuentas bancarias, registros de actividad telefónica de la víctima y se aplican sistemas de computación para generar voces falsas y llamadas imposibles de rastrearon, las bandas de secuestradores generan alianzas para lograr secuestros de alto impacto. Como ocurrió en el caso Martí, donde 5 bandas operaron en conjunto, compartiendo conocimientos criminales y policiales. En un caso práctico tenemos que por ejemplo: la confusión y dudas que ha generado la reciente captura del supuesto asesino confeso de Fernando Martí y Marco Antonio Equihua, es más el resultado de la falta de coordinación, intercambio de información y trabajo de inteligencia ,así como lucha entre instituciones. Con las declaraciones hechas por autoridades federales y locales, se está confirmando lo que el Consejo afirmó desde el 4 de junio del 2009 y que ha quedado en el registro de diversos medios de comunicación. •

Los casos Martí y Equihua, están conectados.

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La Flor sigue activa. Es enorme Está plagada de policías “Los Tiras”, “Los Cobra”, "Los Cuchilla", "La Flor" y otra banda de la que se busca evitar hablar por parte de la SSPF, “Los Bayardo”, son una alianza.

Son organizaciones criminales que ejecutan secuestros cada una como Organización y en alianza, el líder de “Los Bayardo” es el que ha negociado los rescates de Fernando Martí, Antonio Equihua, hermanas de Thalía y otros de alto impacto. La alianza se da cuando tienen a una víctima que requiere un trabajo más especializado de investigación, vigilancia y protección y sobre todo, cobro de rescates, el eje de dichas alianzas lo integró “La Flor” que por su propia estructura, tuvo acceso a miembros de las distintas bandas ya mencionadas. De acuerdo a información del CLDH, actualmente se disputan el control de las actividades principales de dichas bandas, agentes federales y personas ligadas a dichos agentes. Numerosos secuestros que ni siquiera considera la autoridad por haber ocurrido una década atrás, están ligados a dichas bandas. Se debe destacar que desde el año 2000 se detectó la venta e intercambio de secuestrados y de información clave de secuestrables. Desde septiembre del 2005, el CLDH alertó que un grupo de policías estaba preparando el secuestro de familiares de empresarios y personalidades del medio del espectáculo, hecho que quedó registrado en medios de comunicación. Incluso días después de hacer público esto, el conductor Adal Ramones, confirmó que su esposa era seguida, aspecto que detectó su escolta. “Los Bayardo” deben ser capturados pues, son la pieza que permitirá esclarecer docenas de secuestros de alto impacto.

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Se debe recordar que este Consejo inició la investigación contra "La Flor" desde 1999 y en el último año, se logró establecer los nexos entre las bandas señaladas. Existe toda una especialización en el cobro de rescates para evitar cualquier acción de la policía, tan compleja es dicha especialización, que operativos con más de 100 policías, han sido burlados con facilidad para tomar el rescate sin dejar pista alguna. De hecho algunas alianzas entre bandas de secuestradores, se dan exclusivamente para lograr la negociación y el cobro. Así como existen negociadores privados para intervenir en una crisis de secuestro con la familia del secuestrado, hay secuestradores negociadores que se alquilan para hacer las llamadas y que reciben una parte del rescate por rentar su voz, suelen ser ex policías y secuestradores que operaron por años pero que ya no participan activamente en el secuestro y custodia de la víctima. Dicho modelo de operación lo creó Daniel Arizmendi, "El Mocha Orejas" (Ibarrola Nicolín Eduardo y Otros, México 2002, p. 320) En el cobro de rescates existe una práctica de la que se busca evitar hablar por parte de las autoridades, "La Mexicaneada" que consiste en el robo del pago del rescate y esa práctica la ejecutan los secuestradores y los propios policías asignados a la investigación del caso. Se debe recordar que el supuesto asesino confeso de Fernando Martí, reconoce que privó de la vida a su víctima ante la falta de pago, a pesar de que se pagaron más de 5 millones de pesos, México ocupa el primer lugar mundial en secuestros, siendo el D.F. y Estado de México los que ocupan el primer lugar nacional. 4.2. Circunstancias sociales. El daño económico y social que deja el secuestro es irreversible, pues en algunas familias ha causado la pérdida total de su patrimonio además de quedar con

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deudas que tardan años en saldar, la mayoría de las víctimas han tenido que ser atendías por psicólogos especialistas en tratamiento similares a los que se dan a personas que han estado en campos de concentración por lo que el secuestro deja grandes cantidades de dinero y valores a quienes están involucrados en esta, pues en el inicio de este ilícito se iniciaron pidiendo cientos de miles de pesos para recibir miles de pesos, posteriormente pidieron millones para obtener cientos de miles, luego pidieron millones de dólares para obtener millones de pesos, actualmente piden millones de dólares y los obtienen al considerar esta problemática social se ha producido una psicosis generalizada en el país, pues este fenómeno es considerado como un delito de moda que afecta la integridad de las personas, medularmente su libertad de tránsito. Al crecer la ejecución de este delito hay que analizar las causas por las cuales los delincuentes realizan esta práctica, el secuestro moderno y el más usual se presenta con el fin de pedir un rescate de las personas, por lo regular se analiza la forma de vida de esta gente, se busca a una víctima y se le secuestra; después se hace saber a la familia del secuestro y se solicita una cantidad en dinero, por lo general para que ésta sea liberada. En el caso de que se logre juntar la cantidad y sea pagada, se procede a su liberación, aunque no es inusual que los secuestradores maten a la persona aún con la condición cumplida. Al solicitar una cantidad monetaria a cambio de la vida se amenaza uno de los bienes jurídicos más importantes, tal vez el más importante simplemente se utiliza el valor que tiene la persona para sus familiares y se extorsiona consiguiendo dinero rápido y sin ningún esfuerzo. Existen diversas organizaciones criminales que se dedican a monitorear y a secuestrar personas. Algunas se han logrado desmembrar, pero no todas, y lo peor es que en algunos casos ciertas autoridades se ven inmiscuidas.

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El hecho de que cualquier persona vea en peligro su libertad y muy posiblemente su vida por salir de su casa puede ocasionar histeria colectiva, la cual es alimentada por las televisoras, que con el afán de vender crean una situación psicológica en la población, lo que ocasiona que aunque algunas personas no sean secuestradas o nunca tengan contacto con el secuestro, sean afectadas mentalmente por la gran publicidad que genera este delito. El secuestro no es limitativo de clases pudientes, de hecho muchos de los secuestros se realizan en las colonias de escasos recursos, aunque estos por lo regular son realizados por personas inexpertas. Las organizaciones criminales se encargan por lo regular de amenazar y plagiar a la gente de clase acomodada, esa es la causa por la que muchos personajes de la farándula o empresarios famosos son secuestrados, en donde la condición como humanos nos brinda la importancia de creer que las personas son mucho más valiosas que los bienes materiales, lo cual es aprovechado en modo de chantaje he ahí la efectividad del secuestro. El principal problema del secuestro no se encuentra en su tipificación, ésta ya está realizada, y de hecho al contar con diferentes penas para cada una de las condiciones se podría decir que está tipificado satisfactoriamente, el problema del secuestro es su alta frecuencia. Es sabido que los delincuentes no estudian el Código Penal para conocer la pena que tendrían en caso de que cometieran el delito, de hecho la mayoría de los delincuentes se preocupan de las penas hasta que son detenidos, la alta frecuencia en un delito de esta clase crea una histeria colectiva que daña la estructura social, ya que las personas no se sienten seguras en su comunidad. Estudios muestran que los factores que aumentan la probabilidad de ser víctima de un hecho criminal son los siguientes:

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El sexo. Los hombres tienen más probabilidades de sufrir por la violencia criminal que las mujeres. La edad. A menor edad aumentan las probabilidades de sufrir por la violencia criminal Empleo. Las personas con empleo tienen más probabilidades de sufrir por la violencia criminal. Una investigación llevada a cabo por la UCA hizo uso de una amplia consulta en los centros penitenciarios del país para identificar los factores asociados a la violencia criminal de parte de aquellas personas que están convictas por algún hecho de delincuencia. En términos generales, los resultados muestran que los siguientes factores explican la probabilidad de que una persona tenga un historial de reincidencia delincuencial: Nivel educativo. Los reclusos con poca escolaridad tienen más probabilidad de ser reincidentes criminales. Desempleo. Las personas que no tienen empleo tienen más probabilidades de ser reincidentes criminales. Pandillero. La pertenencia a las pandillas es un factor que aumenta la probabilidad de vivir en el circuito del crimen. Vivir en una comunidad con alto desempleo. Las personas que viven en comunidades con mucho desempleo tienen menos probabilidades de sufrir por la violencia criminal de cualquier tipo.

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Vivir en una comunidad con presencia policial. En la medida en que hay más presencia policial en una comunidad, en esa medida sus miembros tienen menos probabilidades de sufrir por la violencia criminal. Vivir en una comunidad con poca desigualdad económica. Esta condición disminuye la probabilidad de ser víctima de un delito con motivaciones económicas, pero aumenta la probabilidad de sufrir un hecho de violencia de cualquier tipo. La criminalidad no siempre ha sido objeto de puntos de vista que la comprendan en toda su magnitud, su importancia y su complejidad. Desde cierta visión de derecha se le ha querido reducir a un problema policiaco no obstante que diversos factores sociales influyen decisivamente en su génesis y desarrollo. Desde determinada óptica de izquierda, se le ha juzgado como un asunto que perjudica exclusivamente a la burguesía y demás clases dominantes a pesar de que los datos de la realidad muestran claramente que suele afectar también y en ciertos delitos preponderantemente a los más pobres (Carmelo Flores Cazorla). Consideramos que la solución al problema del secuestro no se encuentra en la forma de su tipo, sino en los hechos que hacen las autoridades para disminuir su ejecución. Hasta estos momentos se han dado importantes golpes a algunas bandas dedicadas de secuestradores, aunque no se han logrado desarticular del todo a los restantes. 4.3. Un Estudio crítico al secuestro en la sociedad mexicana. En ésta década el secuestro se ha convertido en una amenaza para toda la sociedad mexicana (a consecuencia de la ejecución de éstos y a la organización criminal de los mismos), ya que los secuestradores operan y ejecutan el acto ilícito de una forma más sádica y violenta. Asimismo, nos hemos percatado que en la actualidad uno de los cambios más notables es el secuestro de ciudadanos no tan

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adinerados, tales como: Profesionistas, estudiantes, comerciantes, servidores públicos, etcétera, quienes cuentan con dinero en efectivo y quienes por naturaleza son personas más fáciles de secuestrar, ya que no cuentan con seguridad y escoltas, como los altos ejecutivos de empresas reconocidas.

Ante el gran impacto y terror que vive nuestra sociedad por los secuestros cometidos y por los elevados índices de delincuencia, el Estado a través de sus funcionarios ha reestructurado los Órganos de Gobierno con la plena convicción de mejorar su eficacia y sus ordenamientos jurídicos en lo concerniente a la seguridad pública. Los Órganos de Gobierno ante la alta incidencia de los secuestros, en el año de 1998 crearon una unidad antisecuestro dentro de la Procuraduría General de la Republica, denominada Grupo Antisecuestros Yaqui, encargada de la investigación y persecución de los mismos. “Esta unidad de investigación contaba con personal altamente cualificado en tácticas policiales, antiterrorista y contrainteligencia, y que trabajaba en estrecha coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Los miembros de esta unidad estaban entrenados para evitar un secuestro, negociar un rescate, evitar el asesinato de un secuestrado, así como el rescate por la fuerza del secuestrado. Se componía esta Unidad, hasta diciembre de 2001, de 65 miembros, que fueron formados en países como Francia, España, Estados Unidos y Colombia” (Parés Hipólito, María de Jesús, México, 2007. p. 80). Los Órganos de Gobierno de la Procuraduría General de la República Mexicana, han informado que las diferentes unidades de investigación antisecuestros, si han logrado disminuir el alto índice delictivo, pero también han informado que se necesitan emplear más alternativas y medios que ayuden a combatir el secuestro, toda vez que día a día se siguen presentando diferentes ejecuciones de ésta conducta antijurídica. Y como ejemplo de las unidades de antisecuestros que han logrado tener éxito en el desempeño de sus funciones, mencionan al Grupo

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Antisecuestros Yaqui, mismo que “participó en la detención y desmantelamiento de una parte de la banda de los Arizmendi y en las aprehensiones de los secuestradores que operaban en el Estado de Nuevo León. Posteriormente este grupo se integraría a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)” (Ibídem. p. 81). La actuación por parte de la Agencia Federal de Investigaciones, en el combate al secuestro, ha tenido como resultados los siguientes: Ha logrado reducir los niveles de utilidad de la delincuencia organizada (lo que se traduce en la disminución del monto de los rescates exigidos); ha logrado disminuir el tiempo de cautiverio que enfrentan los secuestrados; ha logrado que el impacto psicológico que viven los familiares del secuestrado sea menor. La Agencia Federal de Investigaciones depende directamente del Jefe del Ministerio Público Federal, y fue creada, por decreto del Ejecutivo de la Unión, el 1º de noviembre de 2001, siendo su intención: Profesionalizar el trabajo de la investigación; encargarse del procedimiento de asesoría en la negociación de los secuestros cometidos por organizaciones criminales y del manejo de crisis al interior de la familia de la víctima (cuyo objetivo primordial es la recuperación del secuestrado). Motivo por el cual algunas Entidades Federativas, recurren a ésta Institución para solicitar su colaboración y ayuda en las negociaciones de los secuestros, así como para formar profesionalmente a los elementos de la Policía Judicial o Ministerial de los Estados. Como ya se mencionó, la Procuraduría General de la República Mexicana ha creado distintas dependencias, como el Sistema Nacional de Seguridad pública (dirigido principalmente a la prevención del delito); siendo que de una manera particular consideramos que a ésas dependencias les falta capacitarse aún más en el desempeño de sus funciones, ya que el delito de secuestro en la actualidad ha superado un índice delictivo sorprendente que jamás se había visto. También, consideramos que nuestra autoridad mexicana en el desempeño, manejo, administración e impartición de la justicia, se encuentra en gran

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desventaja con las autoridades de otros países, ya que no cuenta con una infraestructura gubernamental altamente capacitada y con avances tecnológicos, que ayuden a controlar y a disminuir la delincuencia. Las autoridades de nuestro país, no han logrado el bienestar y la seguridad de la sociedad mexicana debido a que siempre se han abocado más a las cuestiones políticas y económicas que son en beneficio de ellos mismos. Asimismo, nos hemos dado cuenta de que nuestra sociedad mexicana se encuentra indignada ante todos los actos de violencia que se presentan diariamente en nuestro país, motivo por el cual y ante la gran inseguridad que se vive han decidido emigrar a otros países con el propósito de proteger la integridad física y psicológica de ellos mismos y de sus familiares. En relación con nuestro tema en estudio el secuestro, resumimos lo siguiente: 1. La inseguridad que se vive en la actualidad en nuestro país, es consecuencia de la mala administración e impartición de justicia por parte de las autoridades que se encuentran facultadas constitucionalmente para el desempeño de sus funciones administrativas. 2. Todos los días al despertar, tenemos conocimiento de robos, asesinatos, secuestros y ejecuciones, incluso en ocasiones son de carácter tumultuario; esto es, estamos acostumbrados en nuestra sociedad mexicana a vivir con el miedo y la incertidumbre constante. 3. Es de comprenderse que las grandes empresas que se dedican a difundir sistemas de seguridad y apoyo para los empresarios, directivos, ejecutivos, ministros y políticos, son los beneficiarios de todos los delitos que se cometen en nuestro país (junto con las organizaciones criminales), ya que al año llegan a ganar millones de dólares, trayendo como consecuencia el desempleo y la miseria de nuestro pueblo mexicano.

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4. La misma sociedad mexicana esta consiente de que México no cuenta con autoridades competentes para combatir a la delincuencia. 5. México necesita urgentemente una renovada y actualizada cultura de legalidad, es decir, de una conciencia de respeto al orden jurídico, así como a los derechos más elementales de nuestra sociedad, lo que quiere decir, que debemos empezar a crear y establecer una nueva cultura política para lograr un estado de derecho. 6. Todo individuo que busca laborar en la clandestinidad y no encuentra un control por parte de los Órganos Gubernamentales que la combaten, recurren al comportamiento despiadado de sus miembros, los cuales son delincuentes que le siguen ganando espacios al mismo gobierno. 4.4 Algunas cuestiones políticas, sociales y económicas que intervienen en la comisión del delito de secuestro En relación con el tema que nos ocupa, es de suma importancia establecer que todos los factores existentes (psicológicos, económicos, políticos, sociales, etcétera) son capaces de influir sobre la conducta humana, incluyendo los menos imaginados como el ruido, los colores, los espacios, el tiempo e inclusive el clima; pero los factores psicológicos, son determinantes en la comisión del delito de secuestro (ya que son éstos las causales que más intervienen en éste delito). Los factores psicológicos son fundamentales en la comisión u omisión de una conducta humana antijurídica, aunados a éstos la educación que se da por los padres de familia, así como a la educación académica que reciban. En relación con nuestra investigación, el jurista Wolf Middendorff, establece lo siguiente: “Muchos de los criminales, los más miserables y desvalidos, nunca concurrieron a la escuela; muchos otros sólo hicieron parte de su primaria, lo que 206


se explica por múltiples factores entre los cuales se encuentra la fuerte incidencia de la deficiencia mental entre los delincuentes; algunos más estudiaron su primaria o su secundaria, y pocos son los que han terminado su profesional. La escuela viene a complementar la información, y cuando no se asiste a ella, es la vida práctica la que hace sus funciones” (Middendorff, Wolf, 2000. p. 131). Los factores psicológicos (que presenta y desarrolla a lo largo de su vida un individuo), son el resultado de la forma de vivir en familia, por ejemplo: Si una familia se desenvuelve entre la violencia, entre la marginación, entre la ignorancia, entre el vandalismo, etcétera, es probable y casi certero que sus descendientes imitarán lo que previamente han visto ejecutar como la cosa más natural. La educación familiar y académica que han recibido los delincuentes a lo largo de su vida, por lo general, es el reflejo del modo en que interactúan cada uno de ellos para ocasionar daño a los demás (ya que han crecido en un medio sin principios, sin reglas, sin moral, sin educación y sin ética, lo que srcina que todos los actos delictivos y violentos que cometen los consideren justificados, normales y necesarios). Es muy importante estudiar y analizar detalladamente los casos en los cuales la anomalía psicológica del delincuente se encuentra gravemente afectada, toda vez que de acuerdo a ésta, dependerá del daño que pueda ocasionar a los demás. La anomalía psicológica puede estar atenuada, por no existir carencia absoluta, sino sólo debilidad del sentido moral, lo cual hace imposible la adaptación del criminal. El jurista Héctor Solís Quiroga, afirma lo siguiente: “En la organización mental existen lagunas comparables a la privación de un miembro o de una función física, la cual hace que estos seres estén completamente deshumanizados” (Solís Quiroga, Héctor, México, 2001. p. 237).

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Los factores económicos también son determinantes en la comisión del delito de secuestro, ya que el delincuente busca obtener de manera ilícita un lucro económico de manera rápida y fácil, para seguir conservando su status social y económico. “El sentimiento de la codicia existe en todos los hombres en mayor o menor grado. Pero para que este sentimiento pueda arrastrar al delito, es necesario que el individuo se encuentre, no ya en una situación económica especial, sino en una particular condición psíquica, en la cual existe ausencia o disminución del instinto de probidad, y al mismo tiempo indiferencia por la buena reputación, que ordinariamente se desea conservar intacta, sea por amor propio, sea por interés; lo cual hace que muchas personas que no tienen instinto innato de la probidad, sin embargo, sepan resistir a las tentaciones criminales” (Ibídem. p. 240). Los factores políticos también influyen en la comisión del delito de secuestro, ya que se puede llegar a privar de la libertad a una persona con el fin de allegarse de fondos destinados a fortalecer una causa política (es el caso de los secuestros que realizan los grupos guerrilleros en todas partes del mundo, como en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército de Liberación Nacional, y en México, el Ejército Popular Revolucionario, esos recursos económicos les permiten en primera instancia financiar sus actividades proselitistas y en segundo término, la adquisición de uniformes, armamento, transportes y medios de subsistencia material). La reconocida jurista María de Jesús Parés Hipólito, afirma lo siguiente: “El secuestro político es realizado con un propósito exclusivo y con demandas específicas, ya sea para publicitar una acción de carácter político, exigir la acción u omisión en relación con políticas o acciones del Gobierno o reunir fondos destinados a fortalecer una causa política” (Parés Hipólito, María de Jesús, México, 2007. p. 33).

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Los factores sociales también influyen en la comisión del delito de secuestro, toda vez que el desarrollo de la delincuencia es un fenómeno que confronta el mundo civilizado. El jurista Manuel Carrión Tizcareño, establece lo siguiente: “Las grandes ciudades como Tokio, Nueva York, Sao Paulo, Distrito Federal, Bogotá, etcétera, se encuentran inmersas en la vorágine delincuencial, siendo favorecidas esas conductas antisociales por la grave explosión demográfica que han resentido. Un crecimiento demográfico sin control srcina una serie de problemas para la ciudad, la cual se ve imposibilitada para satisfacer las necesidades más elementales de la población, entre ellas la seguridad” (Carrión Tizcareño, Manuel, México, 2006. p. 81). Lo anterior revela que vivimos en un grave problema provocado por el incremento desmedido de habitantes, los cuales demandan una serie de servicios al gobierno, viéndose éste imposibilitado al no contar con una adecuada capacidad de respuesta. A continuación mencionaremos algunos factores políticos, sociales y económicos que influyen para la comisión del delito de secuestro en nuestra sociedad mexicana: 1. Los factores psicológicos existen, en el interior del individuo y, puesto que el delito consiste en una acción nociva que trasgrede el sentimiento más elemental de piedad o probidad, el delincuente no podrá ser otra cosa más que un hombre en el cual exista carencia o debilidad de uno o de otro de estos sentimientos. Esto es evidente, puesto que si se hubiese poseído tales sentimientos con un grado bastante de intensidad, no habría podido realizarlos a menos que la conducta no sea sino aparente. 2. En el caso de las familias que viven en absoluta marginación y miseria, los delincuentes, los vagos y los menores de edad que por cualquier situación no cuentan con un hogar, escuela o trabajo, tienden a cometer hechos

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delictivos en los lugares cercanos a sus centros de actividad diaria, y quienes tienen funciones de liderazgo entre los delincuentes, buscan lugares retirados de sus actividades normales para cometer sus ilícitos como modo de subsistencia.

3. Los factores económicos influyen en la mayoría de los casos para delinquir, es decir, cuando no se tienen los medios para subsistir adecuadamente, el individuo pretende secuestrar para tener un mejor estatus social. 4. El factor económico en el delito de secuestro, no es determinante sino que se acumula al educativo, social y psicológico y a la predisposición innata del delincuente para secuestrar, porque está comprobado que muchos secuestradores ya sin necesidad de delinquir (por encontrarse económicamente estables), lo siguen haciendo. 5. Los factores políticos en el delito de secuestro se presentan dependiendo de quién se encuentre aplicando todas las disposiciones de impartición y administración de la justicia. 6. Los factores políticos en la actualidad están cobrando auge no porque a los secuestradores les interese votar o no (por uno u otro candidato o partido político), sino más bien porque determinado personaje, no se apega a las costumbres de los criminales o sienten que no seguirá el candidato o gobernante en turno con las políticas de penalización que se venían aplicando. 7. La cultura comprende: Las costumbres, técnicas, creencias, leyes, moralidad y conocimientos que son patrimonio de un grupo social establecido en un tiempo, lugar y espacio determinado. Por lo tanto la cultura se conforma también de todos los hechos sociales, positivos y negativos, de una sociedad influida por los factores meteorológicos y las relaciones con otros grupos humanos.

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8. Algunos de los hechos sociales positivos en la historia del hombre, son los siguientes: La educación, la creatividad, las artes, el deporte y la ciencia, entre otros más. 9. Algunos hechos sociales negativos en la historia del hombre, son los siguientes: Las guerras, los vicios, la delincuencia, la falta de comunicación y la falta de respeto, entre otros más, que pueden presentarse como fenómenos individuales o colectivos. 10. La mayoría de las infracciones juveniles, se cometen por lo general cerca del hogar, del trabajo o de su escuela. 11. La mayoría de los delitos ejecutados por personas mayores de edad, se cometen por lo general en diferentes lugares (que son lejanos a sus domicilios), ya que éstos son individuos que ejercen la delincuencia como un oficio y tienden a cubrir espacios más amplios (incluyendo otros Estados) con el fin de dificultar su ubicación. 12. La corrupción y la impunidad, son las causas más severas que aquejan a nuestra sociedad mexicana. 4.5. Índices actuales del constante crecimiento en el delito del secuestro, y las acciones, y métodos que ha implementado el Estado Mexicano para erradicarlo. El secuestro es parte esencial de la crisis de inseguridad y violencia que en México padecemos, las victimas se cuentan por decenas de miles y muchos viven con el temor de ser plagiados. Hasta antes de los setenta este tipo de crimen ocurría de manera esporádica, pero durante casi cuatro décadas las cifras han aumentado de manera alarmante; entre 1970 y 1985 se cometieron poco más de 300 secuestros, a razón de 21 cada año. Pero desde 1986 a la fecha este número

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se vio multiplicado por 20. Con un promedio 448 por año. ¿Por qué somos el líder mundial por encima de Colombia y otras naciones en este delito? el rol de las autoridades como participantes directos e indirectos. Entender porque hemos llegado a este punto crítico puede permitirnos vislumbrar las posibles soluciones para exigir que se responda a nuestra justa demanda de seguridad. No es una tarea fácil pero acostumbrarnos a vivir en el terror no es una opción lógica. A partir del año 2003, México ha sido brutalmente golpeado por el drama del secuestro, es decir, el incremento en el índice de actividad de los secuestradores se elevó en un 300% con respecto al año 2002 y anteriores. Durante el 2007, el Consejo registró 731 secuestros, en el 2008 la cifra llegó a los 1,478 casos y al mes de Octubre del 2009 se ha registrado una cifra histórica 1,686 casos, es decir, un promedio de 6 casos cada 24 horas. De cada 10 secuestros, 6 no son denunciados por falta de confianza en las autoridades, de los 4 restantes, dos son negociados por la policía en forma extraoficial, es decir, la autoridad sólo recibe la denuncia formal de 2 casos por cada 10. Lo anterior nos coloca ante un panorama de impunidad del 90 % por lo que el secuestro resulta un negocio ilegal muy rentable, ante la casi nula posibilidad de ser llevado a juicio. Las bandas de secuestradores que de manera rutinaria se dedican a este delito, han evolucionado en forma inusual, mientras que durante los años 90 se mantuvo el modus operandi, a partir del año 2000 a la fecha, ha mutado dicho modus operandi de manera más eficiente y rápida que las políticas criminales establecidas por las autoridades para combatirlos. Hay 2 factores que explican dicha evolución, por una parte se ha detectado la participación de policías, ex policías y militares en uno de cada tres secuestros y que aplican los conocimientos adquiridos para proteger a la sociedad, en su

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contra. Cada intento del Estado por combatir al crimen organizado, se ve superado por esa peligrosa sociedad de policías y delincuentes. El segundo factor que ayuda al secuestrador a conseguir el logro de sus objetivos, es el uso de la tecnología para delinquir. Hoy existen bandas con un alto grado de conocimientos en sistemas de comunicación que les permite intervenirlos, clonar telecomunicaciones y generar pistas falsas sobre la ubicación y srcen de las llamadas para negociar. En el D.F. y sus alrededores se continúa con el secuestro exprés utilizando de 2 a 3 plagiarios con armas cortas por medio de taxis y coches particulares y en secuestro tradicional con bandas especializadas en secuestro por crimen organizado con levantones por 4 o 5 elementos utilizando armas largas. Sin embargo, en los últimos 6 meses, cárteles del narcotráfico empiezan a tomar el control del Distrito Federal y sus alrededores en la modalidad del secuestro y la extorsión por pago de piso. Esta nueva tendencia cambia en corto plazo la modalidad operativa del secuestro en la ciudad capital. Aumenta la participación de policías efectivos en secuestros directos, así como ex-policías y ex-militares reclutados para las filas de las células del narcotráfico, estadísticas de participantes hablan de un 60% de policías efectivos y un 30% de ex-policías y ex-militares; un 10% de otro srcen, es importante, mencionar que muchas administraciones municipales o estatales que detectan previamente una participación delictiva de su personal, los declaran ante la prensa como renuncia voluntaria o abandono de trabajo previo para evitar un golpeteo político. La mayoría de los secuestros, los familiares no denunciaron los plagios por temor y falta de confianza en sus autoridades ante la incapacidad técnica de atenderlos y su posible involucramiento, en 2009, la mayoría de las denuncias se presentaron al Ejército mexicano. en estos incidentes, los familiares de los afectados negociaron directamente la libertad de su familiar; en algunos estados como Baja

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California, la población civil está aumentando la confianza en sus gobiernos denunciando directamente a las autoridades civiles dada una efectiva respuesta con hechos a sus denuncias ciudadanas debido a que las negociaciones han aumentado el número de víctimas asesinadas o desaparecidas después del pago de la demanda solicitada; sin embargo, no se registra sadismo o mutilaciones en las víctimas rescatadas como años anteriores. Se piensa que esto es debido a que el perfil de los nuevos criminales en edades de 17 a 24 años muestra una falta de experiencia en el oficio. Sus estrategias las suplen con agresión extrema hacia la víctima y en las negociaciones con la familia donde la negociación por secuestro, se diversifica. Tanto en 2009, como lo fue en 2007 y 2008, en el narco secuestro, los sicarios retienen a sus víctimas en compañía de otros narcotraficantes levantados por “ajuste de cuentas”. Estos individuos son sádicamente torturados y asesinados en contenedores conocidos como narco jaulas ante la presencia de los civiles plagiados. A lo que por datos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en sus estadísticas manifiesta que:

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Gráfica 4.1

Asimismo en lo que va hasta julio del año en curso (2012) el delito de secuestro no ha tenido registro alguno según las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal situación que dista mucho de la realidad ya que los medios de comunicación han hecho latente dicha discrepancia que no coincide con los datos que dicha institución manifiesta los cuales son los siguientes:

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Gráfica 4.2 RELACIÓN A LA PERCEPCIÓN DEL DELITO EN EL 2012 EN EL DISTRITO FEDERAL.

Fuente: Agencias del Ministerio Público. Dirección de Estadística Criminal.

Por otra parte cabe hacer mención que el CLDH ha registrado los casos a partir del 2007, donde los familiares revelan que un hijo, el padre de familia, la esposa o un hermano fueron vistos por última vez cuando un grupo armado los obligó a subir a un vehículo. En algunos casos se demandó el pago de rescates, sin embargo, las negociaciones no se concretaron al suspender los delincuentes toda comunicación. Profesores, jornaleros, comerciantes, desempleados, mujeres dedicas al hogar, cualquiera, puede ser y ha sido blanco de estas acciones. EL 75% lo componen hombres de entre 35 a 45 años de edad, 10% mujeres de entre

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20 y 35 años, el 15% restante está compuesto por jóvenes menores de 19 años de edad. Los familiares revelan que ellos, amistades o vecinos se percataron del momento de la captura de su familiar en la que participan grupos de encapuchados que portan armas largas, en muchos casos con uniformes con siglas de autoridades federales, que suelen usar capos de la droga en los llamados levantones. En ningún caso se ha recuperado a la víctima, no se ha localizado su cuerpo, por lo que permanecen en estatus de desaparecidos a pesar de que en muchos casos han pasado ya tres años de su captura. El 60% de los casos ocurren en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, el resto ocurre en todo el país. Se trata sin duda, de personas que fueron privadas de la libertad por criminales, como medida para "calentar plazas" por lo que el cobro de rescates es totalmente secundario y en la mayor parte de los casos sólo una fachada. Éste fenómeno se agudizó con la presencia de grupos como "La Familia Michoacana", "Los Zetas", "Los Pelones", "La Línea". Se puede afirmar que el 90% de los casos no tenían nada que ver con operaciones del narco o de algún otro grupo criminal, sin embargo, las autoridades locales y federales, suelen asumir que por tratarse de un levantón, las víctimas están relacionadas con esa clase de delitos y por lo tanto no hay mayor interés por investigar. Del análisis de modus operandi y nivel de acción, sin duda se incrementó la cifra en forma considerable a finales del 2010, al desaparecer más de 9 mil personas bajo las mismas circunstancias. Y las fuerzas del orden se ven superadas por tan alta proyección que se ve reflejada ante el incremento del secuestro, sin poder hacer nada para frenar este delito. Por más medidas y leyes que se apliquen para

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erradicar este cáncer social que afecta a toda la sociedad mexicana, no se ha podido reducir este delito. 4.6. Algunas Organizaciones detectadas por el Gobierno Federal dedicadas al secuestro y la pronta disolución de estas agrupaciones por parte del mismo. Algunos de los grupos de la delincuencia dedicados al secuestro más renombrado en México son: DANIEL ARIZMENDI LÓPEZ, alias el “mocha orejas”, máximo secuestrador y el más sanguinario del mundo, mutilador de orejas, quien se estima reunió más de cuarenta millones de dólares. Entre sus actos criminales se encuentran; 24 víctimas; acecinados 3; mutilados, 18; sin lesión en la oreja, 3; con herida de bala, 1; sin lesión, 2; cómplices acecinados, 3; policías acecinados, 1; policías heridos, 4. Daniel Arizmendi, fue detenido por las autoridades en 1998. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, dictó sentencia condenatoria contra Daniel Arizmendi López, alias "El Mocha orejas", por lo que deberá purgar una pena privativa de libertad de 50 años y pagar una multa de 31 mil 429 días de salario mínimo. Así lo informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado de prensa en el que agregó que dicha instancia también sentenció a siete personas más pertenecientes a la organización criminal dedicada al secuestro, comandada por los hermanos Daniel y Aurelio Arizmendi López. De acuerdo con el comunicado, Daniel Arizmendi fue sentenciado por los delitos de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, operaciones con

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recursos de procedencia ilícita en las modalidades de adquirir, custodiar, transportar, administrar, depositar, invertir y enajenar, además de la de enajenar en grado de tentativa. El cabecilla de la banda de los "Mocha orejas" fue sentenciado además por el delito de posesión de arma de fuego para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. MODESTO RIVAS URZÚA, alias la “Víbora”, principal eje de operaciones en el Estado de Morelos, creador de la infame industria del secuestro. Cabe mencionar que es el autor de 120 muertes, más diversos delitos. Maestro de Andrés Caletri, fue aprendido en el Reclusorio Oriente de donde se escapó; posteriormente es reaprendido en Puente Grande Jalisco. ALFONSO AVILA PALAFOX, alias el “Loncho”, mutilador de dedos, emulo a Daniel Arizmendi, pero con sello propio. Entre sus víctimas se encuentran: Vicente Fernández hijo y el padre de los solistas del grupo musical Los Temerarios. ANDRES CALETRI, peligroso asaltabancos y secuestrador, integrante de la banda de Alfredo Ríos Galeana, enemigo público número uno; compañero del “marino” y del “buby” aleccionado por la víbora en el Reclusorio Oriente, este secuestrador fue aprendido por la policía y actualmente está preso en Almoloya, ahora “La Palma” (Periódico Reforma, 19 de Abril de 1998, p. 92). MARCOS TINOCO GAZNEDO, alias el “Coronel”, joyero de profesión, emulo de secuestradores con estudios profesionales. Se hacía llamar el “Coronel”, simulando pertenecer al Estado Mayor Presidencial, actualmente se encuentra preso en “La Palma” (Ibídem p. 22). 4.7. Percepción de la delincuencia organizada. Una de las características específicas de la delincuencia organizada es la de la permanencia, a ello hay que añadir una estructuración de actividades entre

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quienes participan en la comisión del fenómeno delictivo, dividiéndose el trabajo , asignándose tareas y muchas veces llegando a una jerarquía en donde hay un jefe, mandos intermedios y luego operadores de base donde generalmente la motivación más frecuente para la creación de este tipo de organizaciones es la obtención de beneficios económicos, esto quiere decir que las agrupaciones de esta índole dirigen su acción a la comisión de delitos que permiten obtener un lucro, por ejemplo: robo , fraude, extorsión, secuestro, etc... En la actualidad lo específico de la organización delictiva es una sofisticación mayor de los métodos para la comisión de los delitos por las distintas organizaciones delictivas y una respuesta también más sofisticada y más compleja por parte de la autoridad. Características fundamentales. Organización funcional, cada miembro tiene una misión específica. Permanencia, formada por un determinado número de personas, si falta uno es reemplazado inmediatamente. Jerarquía, uno o dos jefes, y jerarquía por antigüedad. División del trabajo, cada miembro tiene su trabajo, y uno no hace el trabajo de otro, salvo ocasiones que requieren inmediatez en la acción. Profesionalización de sus miembros, suelen ser militares retirados o expulsados de sus ejércitos, así como el uso de profesionales para la apertura de cajas fuertes, etc... Fin ilícito al que se le busca beneficios pecuniarios muy elevados, la constitución de delitos que le lleven a ingresar importantes cantidades de dinero.

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En los últimos años se han dado una inmensidad de avances en todas las ramas de las ciencias tecnológicas, entre otras y estos logros por desgracia han sido tomadas por los criminales, quienes aprovechando su poder económico tienen acceso a ellos consiguiendo con esto superar a las instituciones de Seguridad Publica y al propio Orden Jurídico. Tomando en cuenta a lo anterior se suman los cuantiosos y graves problemas sociales además de las crisis económicas en los cuales el país se ha envuelto, dando como consecuencia el nacimiento de nuevas formas de criminalidad con una organización y estructura cada vez más compleja y, por lo tanto, más fácil de combatir de tal manera que ante esta situación se ha creado la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En este orden de ideas cabe mencionar que en otros países la competencia entre grupos en si en el mercado de bienes o servicios, aunado a la competencia desleal se les llamo pandillas, mafias, gangsters, y ahora crimen organizado en donde los ejemplos más claros se dan en Italia donde existen grandes organizaciones como la mafia ,la camorra y la andragheta, formada por una con características muy especiales y de ella la más poderosa es la mafia, en nuestro país agruparse con el fin de delinquir no es nuevo pero recientemente están proliferando los grupos con mayor número de integrantes y con medios más sofisticados junto con fines muy bien definidos, lo cual constituye una amenaza más grave y difícil de combatir. 4.8. La forma de actuar del Estado frente a la sociedad para prevenir éste ilícito. En la actualidad México ocupa uno de los primeros lugares en la ejecución de secuestros a nivel mundial, debido a la gran inseguridad y corrupción de parte de las mismas autoridades que existe. Nuestro país lamentablemente se encuentra

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en gran desventaja con otros países en cuestión de seguridad, administración e impartición de la justicia, toda vez que de acuerdo a las estadísticas delictivas éste se encuentra entre los primeros lugares. El Estado mexicano desde hace algunos sexenios ha tratado de combatir al crimen organizado con reformar a cada momento las penalidades establecidas, hasta llegar a los setenta años de prisión, sin embargo, no ha dado resultados favorables, ya que los índices delictivos han ido en aumento en ésta última década. Esto comprueba que las penalidades no son la solución al problema, y como ejemplo están las últimas reformas: •

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De fecha 15 de enero de 1951: Se agravó la penalidad de 5 a 30 años de prisión y multa de cien a diez mil pesos. De fecha 5 de enero de 1955: Se agravó únicamente la penalidad de 5 a 40 años de prisión. De fecha 29 de julio de 1970: La penalidad sigue siendo de 5 a 40 años de prisión, únicamente se agravó la multa de mil a veinte mil pesos. De fecha 13 de enero de 1984: La penalidad y la multa presentan nuevamente una modificación, siendo la penalidad de 6 a 40 años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. De fecha 3 de enero de 1989: La penalidad se agrava en caso de que el secuestrador prive de la vida al secuestrado, siendo de 6 a 50 años de prisión. De fecha 13 de mayo de 1996: La penalidad mínima es de 10 años de prisión y la máxima de 40 años de prisión, en caso de causarle la muerte al secuestrado aumenta a 70 años de prisión. De fecha 17 de mayo de 1999: La penalidad mínima es de 15 años de prisión y la máxima de 40 años de prisión, en caso de privar de la vida al secuestrado aumenta la penalidad hasta 60 años de prisión.

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Por el recorrido histórico que hemos hecho, “se puede apreciar que el delito de secuestro ha experimentado una serie de reformas que han incrementado paulatinamente su punibilidad, no únicamente por la privación ilegal de la libertad en sí, sino porque tal privación es apreciada por los delincuentes como el vehículo idóneo para quebrantar otra serie de bienes jurídicos y, consecuentemente, conculcar todo un estado de derecho. Las reformas introducidas al ordenamiento punitivo en más de medio siglo, es decir, de 1951 a la fecha, demuestran el sinuoso camino legislativo para sancionar este grave mal; sin embargo, la intención del legislador junto con el comportamiento de las autoridades, se ha visto minimizada ante el embate irrefrenable de las organizaciones criminales, puesto que lejos de intimidarlas, su actuación ha proliferado a lo largo y a lo ancho de nuestro país” (Carrión Tizcareño, Manuel, México, 2006. p. 33). Asimismo, como los tiempos van cambiando otra de las formas en que el Estado Mexicano trata de prevenir el delito de secuestro, es mediante la intimidación que difunde por todos los medios de comunicación masivos, informando de capturas de bandas dedicadas al secuestro (el gobierno hace referencia de contar con la más alta tecnología, personal altamente capacitado, así como la creación de nuevos grupos antisecuestros), esto con la finalidad de amedrentar a los delincuentes y advertir que el crimen será castigado. Estos anuncios son muy creativos, pero hasta el momento han sido ineficaces, toda vez que el índice delictivo no disminuye, sino al contrario va en aumento y de forma más violenta en todo el territorio nacional, lo que implica que el Estado mexicano se encuentre impactado ante los actos de violencia. México sufre hoy en día la ejecución de diferentes secuestros a nivel Federal, debido a que no cuenta con los siguientes factores: 1. No cuenta con suficientes empresas o dependencias que proporcionen trabajo a todos los mexicanos (con estudio y sin estudio).

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2. No cuenta con suficientes recursos económicos, para pagar lo justo a los trabajadores de la clase media y baja que desempeñan cotidianamente sus funciones laborales (cumpliendo jornadas de trabajo muy pesadas y mal pagadas).

3. No brinda apoyos económicos necesarios y suficientes a todos los ciudadanos mexicanos que satisfagan en lo menor posible sus necesidades (esa falta de recursos económicos es debido a que éstos recursos se emplean en todos los promociónales y propagandas de los partidos políticos). 4. No brinda escuelas públicas suficientes para la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y señores (un ejemplo claro son las Universidades públicas que no admiten a todos los estudiantes que quieren ingresar a una licenciatura determinada, porque según no aprobaron el examen de admisión, hecho que consideramos de una manera particular injustificable, injusto y egoísta. 5. Si cuenta con lineamientos jurídicos estrictos que pueden regular o disminuir el índice delictivo, no cuenta con servidores públicos eficaces, trabajadores y honrados que impartan, administren y apliquen correctamente dichos ordenamientos jurídicos (ya que se ha comprobado que la mayoría de los servidores públicos son corruptos y reciben dadivas a cambio de diferentes servicios que brindan de manera incorrecta). 6. No cuenta con personal altamente capacitado, estudiado y preparado en el desempeño de la administración e impartición de la justicia. 4.9. Nuevas Formas e interrogantes para tratar de frenar y prevenir el delito de secuestro

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Es evidente que cuando sucede un secuestro se presenta una fuerte e impactante crisis; no sólo en familiares y amigos, sino en la misma víctima. La familia se muestra indignada, aterrorizada y desconfiada, y reina la incertidumbre sobre el qué hacer, el cómo actuar, los segundos se vuelven horas en espera del angustioso comunicado que dará a saber el día, lugar y monto del inevitable rescate, y si se denuncia el hecho delictivo ante la autoridad correspondiente o se espera el comunicado de los secuestradores, ese es el gran dilema que viven los familiares y amigos del secuestrado. Aunado a éste gran problema que se vive al ser víctima de un secuestro, surge la gran preocupación sobre la integridad física y psicológica del secuestrado y las interrogantes serán: si ¿lo están golpeando?, si ¿estará bien?, si ¿estará aún con vida?, en tanto, a otros familiares y amigos les preocupará también su propia seguridad, dado que el secuestrado puede dar algunos nombres que pudieran alargar la lista de candidatos a ser secuestrados; y por último a los familiares cercanos les pasará por la mente el ¿cómo se conseguirá el rescate? y ¿de qué bienes se desprenderán?, motivo por el cual es de vital importancia estar mentalmente preparados para afrontar una situación de tal naturaleza. Es evidente que el secuestrado tendrá mayores probabilidades de sobrevivir si está consciente de que puede sufrir un secuestro. La impresión de verse secuestrado será probablemente la más grande de su vida y la noticia recibida por la familia será impactante. Sin lugar a duda es cuando la familia debe de permanecer unida para afrontar las decisiones que se deben tomar. Dado que son susceptibles de ser secuestrados todos aquéllos que puedan pagar un rescate, es conveniente sensibilizar a familiares y amigos en el sentido de que en caso de sufrir un incidente de esta naturaleza, este deberá ser denunciado inmediatamente, no sólo a las autoridades competentes sino a los diferentes medios de comunicación, con la finalidad de alertar a los demás miembros de la comunidad, sobre los hechos.

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Quizás sea en el momento del secuestro cuando se presenta la mejor, y tal vez, la única oportunidad de escapar y es más fácil conseguirlo si uno está preparado, de ahí la importancia de aceptar con fuerza el riesgo de vivir esa experiencia. Por lo tanto, se deben de considerar las acciones menos esperadas por los secuestradores para desorientarlos y romper el plan previamente por ellos trazado y poder aprovechar este momento para poder escapar. Se debe de considerar que una vez que la víctima ha sido amenazada de muerte con un arma, realmente poca cosa puede hacerse, lo más conveniente en ese caso será rendirse y hacer lo que dicen los secuestradores, ya que portarse a esas alturas como héroe no sirve de nada, a menos que haya verdaderas probabilidades de tener éxito o se cuente con un amplio dispositivo de seguridad que permita hacerles frente. Lamentablemente, los secuestradores tienen a su favor que los testigos pocas veces se presenten a declarar, muchas veces por temor a represalias y otras por pérdida de tiempo que esto les genera. Esto hace que los delincuentes cuenten con mayor tiempo para desplazarse y escapar con la víctima. Desde el momento mismo de su captura, la víctima debe realizar un enorme esfuerzo por recobrar la tranquilidad y estar alerta, de tal suerte que esté en condiciones de memorizar todos los detalles que puedan ser de utilidad a futuro. Podrá tranquilizarse más pronto la víctima, si evita provocar a sus secuestradores, si es posible, debe fijar su atención en sus rostros, manera de hablar, forma de vestir, tipo de vehículo en el que fue capturada, rumbo o dirección por el que fue trasladada y otros pequeños detalles, que después pueden ser de utilidad para que se consiga la identificación y aprehensión de los secuestradores. La víctima debe procurar mantener la calma e intentar socializarse con sus secuestradores, para buscar una pronta identificación de éstos; de igual forma

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debe intentar debilitar la resistencia y contribuir al desgate físico y mental de cada uno de sus captores de ser posible. En el caso de que llegue a descubrirse el lugar en donde es retenida la víctima, esta deberá calmar a sus captores recordándoles que si la matan, las posibilidades de que ellos salgan con vida son casi nulas. Es así que el papel de la víctima deberá de coadyuvar con la policía para salvar su propia vida y lograr la captura de los secuestradores, igual aptitud deberán tener sus familiares, aunque esto es sumamente difícil, dado que se desconfía de todo y de todos, y especialmente de la policía, pero debe recordarse que si bien es cierto que algunos policías son deshonestos algunos no lo son. Es importante señalar que si se está mentalmente preparado para ese tipo de incidentes, más fácilmente se prestará atención a los detalles que se pudieran presentar; por ejemplo, si los secuestradores están perfectamente organizados lo más seguro es que se dirijan al lugar donde retendrán a la víctima, después de uno o varios cambios de vehículo, y es aquí (de ser posible) cuando el secuestrado deberá de manera especial, memorizar los sonidos, olores, ruidos, etcétera, toda vez que muchos de estos datos han servido a la autoridad para asegurar a los secuestradores. Por otro lado, no debe de preocupar a la víctima el que sus captores cambien el lugar de retención, ya que esto es común, sobre todo cuando sospechan que han sido observados por testigos, o bien, porque sospechan que serán localizados. No es común un secuestro adicional de un familiar de la víctima; sin embargo, si esto llegará a suceder, los secuestradores suelen poner en peligro una de las dos vidas, por ello se recomienda que la familia abandone temporalmente la casa o residencia donde habita y extreme las medidas de seguridad. Esto dará tranquilidad a la víctima y protegerá a los demás familiares. Cada persona es distinta, unas soportan las experiencias mejor que otras. Una vez liberada la víctima, es muy probable que se encuentre física y mentalmente alterada, motivo por el cual es indispensable que sus familiares le brinden cariño, atención y asistencia médica y psicológica.

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Es muy probable que sufra el acoso de periodistas para que relate su vivencia y esto deberá manejarse con cuidado, en virtud de que cualquier declaración puede alertar a los secuestradores e impedir su captura, en su defecto, materializar las amenazas que le fueron advertidas durante el tiempo que estuvo secuestrado. Durante las semanas y meses siguientes, la víctima deberá tener una total tranquilidad y seguridad, rodeada por sus familiares y amigos cercanos. Algunas personas creen que no se le deberá hablar sobre la dolorosa experiencia por la que ha pasado, para evitar aquella vivencia depresiva; sin embargo, se equivocan, ya que la víctima puede sentir la necesidad de contar paso a paso su angustia, para desecharla de su vida. Es probable que la víctima después del secuestro experimente problemas psicológicos, ya que pueden aparecer sentimientos de culpabilidad y auto reproche, por haberse dejado secuestrar, por no haber logrado huir, por haber ocasionado preocupaciones a sus seres queridos y puede sentirse intensamente culpable por el precio que su familia tuvo que pagar por su libertad; igualmente le puede preocupar el daño sufrido a su imagen. Algunas víctimas de secuestro se sorprenden ante la intensidad del impacto posterior a su penosa experiencia y la forma en que afecta su confianza y calidad de vida (durante muchos años después del incidente), hasta las cosas más intrascendentes pueden obscurecer su vida. La víctima también puede albergar cierto recelo, por creer que los familiares y amigos no hicieron lo suficiente para conseguir su libertad y que no se dan cuenta de la agonía por la que tuvo que pasar. Algunas amistades se han distanciado o matrimonios se han acabado dada la mal interpretación en la actitud asumida por un secuestro. De ahí que la víctima de un

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secuestro merezca una atención especial, ya que necesitará desesperadamente la ayuda de su familia y expertos en psicología para recuperar su tranquilidad, seguridad, dignidad y amor propio. Ser víctima de un secuestro, equivale a lo que los psiquiatras denominan una experiencia primaria, es decir, una experiencia que amenaza la propia vida de una persona. La humillación de estar como un niño indefenso en manos de un delincuente, constituye una experiencia traumática. La víctima puede llegar al grado de soñar reiteradamente la difícil experiencia que vivió, sufrir períodos de tristeza y comportarse por el resto de su vida desconfiado, temeroso, receloso de los extraños o hasta volverse una persona extremadamente introvertida. El estar secuestrado es mucho peor que sufrir una condena en la cárcel, es una de las peores modalidades de tortura. La única conclusión positiva que puede extraerse de la experiencia vivida, es la capacidad del ser humano para sobrevivir a ella y renacer con nuevas esperanzas de vida. Es de mucha importancia que los familiares de la víctima colaboren con las autoridades que conozcan del caso, toda vez que pueden llegar a aportar determinados elementos que ayuden a la investigación minuciosa que éstos realizan; ya que la sola sospecha de la identidad de los secuestradores puede ayudar a solucionar gran parte del problema. Los familiares deben de confiar en la autoridad, porque si bien es cierto que la corrupción es reconocida por las mismas autoridades policíacas, esta no abarca a la mayoría de los elementos policíacos. En estos delitos la autoridad de manera especial, debe tener el tacto suficiente para saber acercarse a los familiares y ganarse su confianza con su actitud, escuchando con atención, discreción y respeto los comentarios y la información proporcionada y debe de aclararles que lo más importante es salvar a la víctima y después asegurar a los secuestradores. La autoridad debe de aprovechar el

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tiempo ganado durante las negociaciones para lograr conocer la identidad de los secuestradores, y de ser posible localizar el lugar donde se encuentra el secuestrado aunque se decida pagar el rescate. Asimismo, cuando la víctima del secuestro se encuentre a salvo, no debe perderse la oportunidad para asegurar a los secuestradores. Por último, la autoridad debe de actuar con extremo cuidado, ya que si ante su intervención llega a ocurrir la muerte de la víctima, la opinión pública condenaría el hecho culpándola de su participación. La paciencia, la discreción y la prudencia que puedan tener las autoridades que conozcan del delito de secuestro, serán de suma importancia para la investigación y persecución del mismo. Ente esto se propone la forma más sencilla para la prevención del delito que afecta directamente a los individuos, y son las siguientes: I.

En el Hogar: Instalar una mirilla y luz externa suficiente para ver quien toca, no permitir la entrada a personas extrañas, reportar a la policía personas y automóviles sospechosos, al llegar a casa tener las llaves en mano y utilizar el menor tiempo posible para entrar, no informar a desconocidos sobre las actividades familiares, encender las luces en las noches si hay ruido, evitar tener grandes cantidades de dinero en la casa, mantener siempre las puertas bien cerradas, no dar informes por teléfono a desconocidos, no dejar mensajes en la puerta que indiquen ausencia, no dejar llaves pegadas en la puerta, si se pierden las llaves cambiar la combinación de las cerraduras.

II.

En la Calle: No use joyas ostentosas, lleve solo dinero necesario y no lo cuente en público, no camine por calles obscuras y solitarias ni por terrenos baldíos, parques, construcciones, excavaciones o demoliciones, camine separado de la pared y en sentido opuesto a la circulación de los vehículos, evite hablar con desconocidos y aléjese de ellos, sobre todo si están en grupo.

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III.

En el Automóvil: Antes de abordar el vehículo revise que no haya nadie adentro, lleve listas las llaves para abrir la puerta, observe a su alrededor y si no ve nada sospechoso suba rápidamente, ponga siempre los seguros de las puertas y mantenga las ventanillas cerradas o muy poco abiertas, no circule en calles obscuras ni tampoco estacione en ellas su vehículo, no de aventones a desconocidos, con el semáforo en rojo manténgase alerta y listo para arrancar, de preferencia utilice estacionamientos descubiertos, no deje llaves de su casa u oficina, ni documentos dentro del vehículo, instale sistemas de alarma y protección satelital en su vehículo.

IV.

En la Oficina o Negocios: Al abrir o cerrar el local procure estar acompañado, instale cajas de seguridad en su negocio o en los camiones repartidores, procure tener la caja registradora separada del mostrador, y mantenga el mínimo de dinero.

Algunas formas de prevenir el delito de secuestro de manera general: 1. Estar al pendiente siempre de los niños que se encuentren en casa (principalmente), así como de todos los integrantes de la familia y no permitir que ningún extraño se acerque a ellos.

2. Estar al pendiente de las personas extrañas que se visualicen cerca del domicilio o del lugar del trabajo, o bien, cerca de los recorridos habituales. 3. Nunca viajar sólo y hacerse acompañar siempre por otras personas. 4. No utilizar la misma ruta en los recorridos habituales y no transitar por lugares solitarios y obscuros. 5. No portar grandes cantidades de dinero, ni joyas ostentosas.

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6. No dar a conocer a nadie las cuentas bancarias que se pudieran tener. 7. No contar, ni mostrar el dinero que se pueda tener enfrente de otras personas. 8. No dejar entrar a ningún desconocido en el domicilio en que se habita. 9. Traer siempre un teléfono celular que tenga crédito y el número de la autoridad más cercana a la jurisdicción en donde uno se encuentre. 10. No presumir riquezas (se tengan o no se tengan).

4.10. Reformas constitucionales en torno a la Delincuencia Organizada Fue a partir de 1993 cuando se introdujo el termino Delincuencia Organizada en la Constitución especialmente en el artículo 16 con el fin de duplicar el plazo de retención de 48 horas para los casos de flagrancia y urgencia cuando se trata de Delincuencia Organizada iniciando la expedición de normas al respecto pasando por la estrategia para enfrentar al crimen organizado donde integrantes de una comisión de la Procuraduría General de la Republica en 1994 planeo acciones para combatirlo a través de una estrategia intersecretarial concluyendo dicha expedición el 07 de Noviembre de 1996, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Contra la Delincuencia Organizada, cuyo objetivo es establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por algún miembro de la Delincuencia Organizada. En este orden de ideas es que a raíz de la reforma constitucional el 1º de febrero de 1994 entraron en vigor importantes reformas que se hicieron al Código Penal Federal y a los Códigos de Procedimientos Penales Federal y del Distrito Federal en los que también se hace mención de la delincuencia organizada. En el Código Penal el problema de la delincuencia

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organizada se vincula directamente al del narcotráfico estableciéndose una penalidad de 20 a 40 años de prisión y de quinientos a diez mil días de multa además dl decomiso “por si o a través de un tercero o a nombre de otro dirija administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa constituida con el propósito de practicar o que platique cualquiera de las actividades a que se refiere este decreto”. Cabe mencionar que al encontrarse definida la delincuencia organizada en los Códigos de Procedimientos Penales se indica solo para efectos de considerar plazos más amplios de retención por el Ministerio Publico sobre presuntos responsables y no para otros fines, tampoco es considerado como delito por sí mismo por lo que en nuestro país no se pude procesar a alguien solo por pertenecer a una organización criminal con las características señaladas sino que solo se le puede procesar cuando cometa un delito de los previstos como tal en la legislación penal, y como se sabe las organizaciones criminales relacionadas sobre todo con delitos contra la salud se ajustan en gran medida a los patrones universales ya señalados para la delincuencia organizada, ahora bien por lo que corresponde a los medios de reacción contra la delincuencia organizada debe aceptar que en la actualidad no existen en México una política criminal integral para enfrentarla, una política que comprenda desde la prevención general hasta la readaptación social especial pasando por la procuración y la impartición de justicia y se base en criterios uniformes ya que únicamente se han adoptado políticas aisladas, desvinculadas unas de otras sin conexión de rumbos y de criterios por lo que en forma aislada parecen poco adecuadas que resultan poco funcionales. Para la consideración relativa a la conceptualización de la delincuencia organizada, y en virtud de que la constitución Mexicana es omisa al respecto dejando esta tarea a la legislación ordinaria siendo donde se da tal definición, se refiere a los casos en que tres o más personas acuden a organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado alguno o algunos de los delitos que enumera, al respecto se han dado varias definiciones por parte de doctrinarios como Jesús Zamora y Pierce que establece: “La unión de varios delincuentes

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dentro de un grupo permanente jerárquicamente estructurado, con finalidad de lucro, mediante la comisión de delitos que afecten bienes fundamentales de los individuos de la colectividad, y que, a su vez alteren seriamente la salud o seguridad pública” (Zamora y Pierce, Jesús, p. 411).

Así es que la punibilidad para la Delincuencia Organizada no varía respecto de la iniciativa de Ley ni tampoco la figura atenuada o agravada lo cual es muy positivo al respecto a los plazos de la prescripción de la acción punitiva, duplica el plazo respecto de los delitos a que se refiere el artículo dos de esta ley. En cuanto al tema del secuestro en relación a la Delincuencia Organizada implica el funcionamiento de todo un grupo medular en el que cada uno tiene una tarea específica, sistematizada para actuar de determinada manera, por lo que los grupos actúan interactiva y la vez individualmente. Por los puntos antes mencionados, es menester la competencia federal en la lucha contra el crimen organizado a efecto de que el Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracón en delitos de alto impacto como es el secuestro, a fin de que no se acuse a la medida como centralista respetándose la competencia estatal. En México se suscribió en el 2008 la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas aprobada en Viena, Austria el 19 de Diciembre de 2008, conocida como la Convención de Viena la que fue aprobada por el Senado de la Republica el 30 de Noviembre de 2009, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de febrero de 2010,adquiriendo así el rango de la Ley Suprema de la Unión, como se dispone en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Conforme a lo dicho esta convención establece una serie de criterios sobre los delitos y sanciones así como con relación a ciertas medidas como el decomiso entrega vigila, etc. que debe ser la protección de la libertad nacional que se asocia a las figuras de secuestro o tráfico de Órganos entre otros ilícitos por lo que se

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resalta los caminos que se plantearon para legislar en materia de delincuencia organizada donde se propuso incluir las adecuaciones que se consideren pertinentes para el entonces Código Penal aumentando el supuesto típico o incrementado las punibilidades en el Código.

4.11. La ley federal contra la delincuencia organizada. En cuanto a la creación de nuevas leyes respecto al delito de secuestro y otros, el H. Congreso de la Unión ha elaborado la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada misma que fue publicada del día 07 de noviembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación en el que se puede observar entre otras cosas la intención del Poder Legislativo de Combatir al delito en materia, de este análisis, se le dio la categoría de Delincuencia organizada cuando es perpetrado por tres o más personas y como lo cual se trata de inhibir la proliferación de bandas dedicadas al plagio siendo una agravante para la comisión del delito la cual nos parece que en un principio no tuvo gran eficacia ya que precisamente fue en el año de 1997 en el que se registró el mayor número de secuestros denunciados (1,047), sin embargo, al considerar a este delito dentro de los previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada debemos entender que no solo se ha intentado inhibir conductas, sino entre otras cosas aumentar la penalidad por la comisión de este delito y además desalentar a los delincuentes de formar parte de bandas de alto impacto. De la exposición de motivos de dicha Ley Federad se observan los siguientes argumentos: (Diario Oficial de la Federación de fecha 07 de Noviembre de 1996) “… es impórtate indicar que al definir la delincuencia organizada en los Códigos de procedimientos penales se identifica solo para efectos de considerar plazos más amplios de retención por el Ministerio Publico sobre presunto responsable y no para otros fines. Tampoco se le considera como un delito por sí mismo; por pertenecer a una organización criminal con las características señaladas, sino que solo se le puede procesar cuando comete un delito de los previstos como tal en la legislación penal .Por lo tanto no obstante tales inserciones a la Ley, la regulación es aún insuficiente; todavía no puede afirmarse

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que la delincuencia organizada esté debidamente atendida en el plano formal. De ahí la necesidad de su previsión en este anteproyecto de ley Especial, en la que se establece por una parte lo que se entiende por delincuencia organizada , señalándose sus rasgos característicos y por otra el listado anterior disminuye considerablemente para que la Ley resulte efectivamente funcional, abarcando únicamente aquellos casos que realmente constituyen problema de delincuencia organizada en la actualidad, como son : terrorismo, narcotráfico, acopio, tráfico de armas, secuestro, tráfico de indocumentados, falsificación y alteración de moneda, robo de vehículos y lavado de dinero se entiende por supuesto que en el conocimiento de estos delitos también se comprende a los delitos que tengan curvatura en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales, como serian por ejemplo el homicidio y la potación de arma de fuego. Por lo que refiere a los secuestros algunos analistas calculaban que entre julio de 1988 y abril de 1994 se cometieron cerca de 800 secuestros de empresarios y otras personalidades en todo el territorio nacional, por supuesto los datos reales son mayores ya que muchos familiares de las victimas prefieren no reportarlos a la policía, en muchos casos el modo de operación parece responder a un patrón de comportamiento. Por otra parte es ineludible aceptar que el avance de la delincuencia organizada está relacionado con la corrupción de los cuerpos de seguridad pública a tal grado que en las tragedias más lamentables de los últimos meses o como constato en la detención de Jesús Héctor Salazar (a) “El Güero Palma” jefe del Cartel de Sinaloa se han vinculado a policías o ex policías habiéndose ejercitado acción penal en contra de miembros o ex miembros de esas corporaciones La instituciones encargadas del combate a la delincuencia organizada padecen a los problemas identificados en lo general para la seguridad publica pudiendo destacarse por su importancia respecto de este tema la falta de especialización (aunque no se debe desconocer el esfuerzo importante que para el caso del narcotráfico se ha hecho con la creación del centro de INCD) la impunidad, la falta de profesionalización de

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sus integrantes la corrupción, la falta de coordinación y corresponsabilidad y la falte de un sistema nacional de información. A este respecto cabe notar que buena parte de la ineficiencia institucional en este materia se debe a la existencia de un marco legal relativamente rígido que impide a las institución actuar con flexibilidad y eficacia contra un adversario dinámico y cada vez más eficiente aunado a lo anterior se debe admitir que la lucha contra la delincuencia organizada es dispersa toda vez que tanto la federación como cada uno de los Estados es competente para enfrentarla en el ámbito de atribuciones sin que entre ellos exista coordinación nacional en la materia a raíz de la reforma al artículo 119 Constitucional y que ha encontrado su expresión importante en la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México, en virtud de lo anterior consideramos que es importante y necesario la federalización de la lucha contra la delincuencia organizada matizando dicha competencia para aquellos casos en que el delito como el secuestro y el robo de vehículos se comenta por una organización delictiva y el Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción a fin de que o se acuse a la medida como centralista respetándose desde luego la competencia estatal sobre todo cuando la organización criminal solo afecte a su ámbito material y territorial. En este orden de ideas cabe mencionar que la delincuencia organizada atenta contra los principios básicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal generando descomposición social e inestabilidad política lo anterior debilita el Estado de Derecho y la capacidad efectiva de las instituciones públicas para defender los derechos fundamentales del ser humano, por tal razón resulta incuestionable que no pude tratarse igual a las personas que comenten delitos ocasionales por razones de orden pasional, circunstancial, de apremio económico, etc., que al quienes cotidianamente asumen patrones de conducta profesional para atentar contra el Estado y la sociedad, por ello la lucha contra la Delincuencia organizada es un presupuesto necesario para fortalecer al Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos en México. La experiencia internacional demuestran que los estado democráticos o en plena consolidación democrática como los Estados Unidos , Francis, Inglaterra, Italia, España y Colombia, han tenido que asumir una reglamentación especial para enfrentar la

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delincuencia organizada, con objeto de garantizar su viabilidad como Estado democrático y de Derecho que es y que igualmente enfrenta dicho problema tendrá que hacer lo propios para consolidad su esencia y está en mayores posibilidades de cumplir con la altas misiones que el pueblo ha encomendado. Una de las fórmulas para atacar a las organizaciones criminales es afectado uno de los instrumentos operativos fundamentales que es su capacidad economía de ahí la necesidad de asegurar y decomisar todos los bienes de una persona que sea sentenciada por pertenecer o cometer delitos dentro de la delincuencia organizada. En la actualidad México vive momentos delicados en los que sus sistemas de procuración y administración de justicia enfrenta demandas y pretensiones que pudren llegar a ser contradictorias por una parte se exige de las instituciones que aumenten rápida y considerablemente su eficiencia en la lucha contra la delincuencia especialmente la organizada pero por la otra parte siguen presentes con vialidad las demandas de desterrar del sistema la tortura otros vicios y de controlar la arbitrariedad policiaca . Plantear en este contexto un sistema de delimitaciones de garantías puede resultar preocupante para algunos sectores de opinión por lo que es necesario establecer una serie de argumentos de apoyo a dicha política así como una serie de garantías que eviten que una legislación especializada y por ello de carácter excepcional pueda extenderse su aplicación a otra clase de fenómenos, poniendo en riesgo el sistema de garantías: En base a lo anterior cabe mencionar: a. La delincuencia organizada es un fenómeno grave que afecta directo e indirectamente el nivel de bienestar de los mexicanos. b. La delincuencia organizada es una amenaza al Estado de Derecho y la estabilidad Política .con ello, atenta contra la consolidación de un sistema de garantías individuales sólido y estable.

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c. Las naciones democráticas han adoptado sistemas similares para hacer frente a la delincuencia organizada y con ello salvaguardar los principios políticos y jurídicos sobre los cuales se construyen las democracias modernas.

d. No adoptar medidas realistas en la ley, lleva a la adopción de prácticas estatales ocultas o a simulaciones y con ello, a que la autoridad escape del control necesario sobre sus actos. Por tales razones, en el contenido de la presente iniciativa de Ley se establece claramente que toda limitación de garantías tiene que ser convalidada por la autoridad judicial federal ya sea mediante autorización totalmente legitima que en la actuación del Ministerio Publico y de la Policía deben estar ausentes la tortura y demás famas. La ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece reglas para la investigación, persecución procesamiento, sanción y ejecución de penas por delitos cometido por miembros de la delincuencia organizada en donde Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas que contempla la ley en análisis, misma que ha tenido diversas reformas que nos permito rememorar en el presente tema. La LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA fue expedida en, México, D.F., a 28 de octubre de 1996 durante la gestión presidencial de el Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León, ley que cuenta con diversas reformas tales como es el Decreto por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicado en el Diario Oficial de la Federación Donde se reforma el Artículo 2o., fracción I, para quedar con diversas reformas en los siguientes párrafos y fechas:

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Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

I.

Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II.

Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III.

Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población;

IV.

Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;

V.

Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho 240


años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores o personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal, y VI.

Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Durante la gestión presidencial de Vicente Fox Quesada, de igual forma el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de referida Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2004, donde se adiciona un segundo párrafo al artículo 37, para quedar como sigue: Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine. En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La autoridad garantizará la confidencialidad del informante. En la publicación del Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009

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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2o., párrafo primero y fracción V; para que dar como están actualmente asimismo se reforman el artículo 12; 15, mismos que quedan reformados para quedar como sigue: Artículo 12.- El Juez podrá dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos previstos en el artículo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y la Policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación. La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron srcen, sin que la duración total de esta medida precautoria exceda de ochenta días. En esta misma reforma se adicionan los artículos 11 Bis y 45; todos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: Artículo 11 Bis.- El Titular del órgano previsto en el artículo 8 podrá autorizar la reserva de la identidad de los agentes de la policía infiltrados, así como de los que participen en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y cateos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la averiguación previa respectiva su nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que pudiera servir para la identificación de los mismos. En tales casos, se asignará una clave numérica, que sólo será del conocimiento del Procurador General de la República, del Titular del órgano antes citado, del Secretario de Seguridad Pública y del servidor público a quien se asigne la clave.

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En las actuaciones de averiguación previa, en el ejercicio de la acción penal y durante el proceso penal, el Ministerio Público y la autoridad judicial citarán la clave numérica en lugar de los datos de identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Público acreditará ante la autoridad judicial el acuerdo por el que se haya autorizado el otorgamiento de la clave numérica y que ésta corresponde al servidor público respectivo, preservando la confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de que el agente de la policía cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir personalmente en diligencias de desahogo de pruebas, se podrá emplear cualquier procedimiento que garantice la reserva de su identidad. Artículo 45.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrán el derecho de probar sus penas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. La legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad preverá la definición de los centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias, la Restricción de comunicaciones de los inculpados y sentenciados y la imposición de medidas de vigilancia especial a los internos por delincuencia organizada. En la actualidad lo específico de la organización delictiva es una sofisticación mayor de los métodos para la comisión de los delitos por las distintas organizaciones delictivas y una respuesta también más sofisticada y más compleja por parte de la autoridad hacia este tema tan complejo y de difícil resolución. 4.12. Proyecto de ley general contra el secuestro. Con el propósito de que las víctimas de la última ola de secuestros en el país, sólo comparable a la registrada en 1997, hayan ofrendado su sacrifico para preservar la vida a numerosas familias que sin saberlo están expuestas al flagelo de ese

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delito, es que se hace una nueva propuesta de Ley Anti-Secuestro que aspira a adoptar una técnica legislativa que contenga una estrategia integral, a partir de los derechos de las víctimas y con miras a reducir al máximo los espacios de impunidad que este delito ha generado, tomando en cuenta que las ideas, planteamientos y el sentir de las víctimas y sus familiares y de las organizaciones ciudadanas en concordancia con el resultado del análisis jurídico y técnico que hemos llevado a cabo sobre el delito de secuestro. La Ley Anti-Secuestro parte primordialmente de los derechos de las víctimas para garantizar la confianza en la autoridad y precisar la forma de su actuación, principalmente cuando los secuestradores son vulnerables: al privar de la libertad a la víctima y al hacerse del rescate. En lo que respecta a las victimas bajo la consagración del principio de que toda medida o disposición a favor de las víctimas de secuestro se considerará de orden público, se establece que los familiares recibirán atención psicológica durante y después del evento delictivo así como protección y asesoría para seguridad autoasistida una vez concluido el hecho delictivo. Se establece que las denuncias las recibirá un Subprocurador con las medidas de confidencialidad que pongan a los familiares y principalmente a la víctima a resguardo de represalias de los secuestradores , donde el Procurador de la entidad donde se haya presentado la denuncia tendrá el deber de informar cada semana o antes si hay avances a los familiares del curso de la investigación y los esfuerzos para traer con vida a la persona que haya sido tomada como rehén y cuando la familia entra a un proceso de negociación para el pago del rescate de un secuestro se ve sometida a una alta tensión nerviosa que se intensifica con la acuciosidad propia de los medios de comunicación para obtener datos sobre el evento delictivo, no siendo raro que los ofendidos tarden años en obtener la reparación del daño, por lo que, a efecto de que las familias regresen cuanto antes a la normalidad también en el aspecto financiero, la iniciativa dispone que el Ministerio Público haga la devolución del rescate a los ofendidos de forma expedita, para lo cual se introducen reglas sencillas para demostrar la existencia previa de los bienes con que se haya hecho

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el pago. Tras la ola de secuestros que padece el País desde hace unos años hace necesario que se perfeccione el castigo para los sujetos que intervienen en este ilícito por lo que se propone la sanción de conductas características de la planeación y preparación de un secuestro como es el acecho a la víctima y la búsqueda y obtención de información sobre su vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad personal al igual que datos de índole económico, con los cuales la banda escoge a la víctima y somete a presión a la familia para hacer el pago. Así bien es que aun cuando el personal de la Unidad Anti-secuestro deberá encontrarse certificado y ser confiable y con un modelo de inteligencia contra el secuestro para preservar la información, se propone hacer responsable penalmente al servidor público que revele datos encontrándose la víctima privada de su libertad que pongan en riesgo su vida. En cuanto a las penas se armoniza su intensidad en función de la importancia del bien jurídico protegido que va desde la libertad personal hasta la vida misma, observando que dicha propuesta de Ley propone la derogación de la parte relativa de los artículos 366 y 366 bis del Código Penal Federal, planteando para el tipo básico prisión de cuarenta a sesenta años, lo cual al tiempo que resulta proporcional con la entidad jurídica protegida por el tipo, permite a las víctimas acercarse a declarar ante la autoridad judicial ante la certeza de que los secuestradores permanecerán por largo tiempo tras las rejas y a la sociedad prevenir futuros ilícitos, en razón de que con la penalidad hoy en vigor el ofendido es sabedor de que los secuestradores están en posibilidad de salir libres en poco tiempo, siendo que éstos amenazan a la víctima durante el cautiverio, en ocasiones la vejan o mutilan y durante el juicio los familiares de los secuestradores tratan de cerciorarse de que las víctimas no hablen ante la autoridad, ni reconozcan a sus agresores, con lo que la certeza de una prisión prolongada habilita a la víctima para rendir su declaración sin temor.

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El secuestro agravado, es decir, cuando la víctima es menor, mujer, de la tercera edad o discapacitado la pena propuesta es de cincuenta a sesenta y cinco años, con el propósito de disuadir la violencia extrema sobre la víctima, se propone la prisión de por vida sin derecho a beneficios de libertad para los secuestradores que mutilen, lesionen, violen o torturen a la víctima al igual que para aquellos sujetos activos que la priven de la vida. Por la dinámica delictiva distinta del llamado secuestro exprés, se le trata en un precepto aparte con una pena de veinte a cuarenta años de prisión. Donde se establecen las reglas para la prosecución del delito de secuestro donde se implanta la facultad del funcionario para que tome medidas bastas para asegurar la confidencialidad de la presentación de la denuncia, así como en caso de que no se tome conocimiento del ilícito ejerza la oficiosidad realizando diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos salvaguardando en todo momento la vida de la víctima, y una vez teniendo un panorama de los hechos plantear medidas estratégicas a efecto de montar un operativo que garantice la integridad del secuestrado así como la obtención de su libertad. Diversas organizaciones ciudadanas consideran que la competencia para el delito de secuestro deber ser federal. Sin embargo, en numerosos casos se ha detectado que las principales bandas han estado integradas por ex policías y, en ocasiones, en servicio, esta vinculación de los secuestradores con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno hace aconsejable la intervención de otra dependencia en la investigación de los plagios para no dejar en manos de una sola de ellas la investigación del plagio. En este orden de ideas, esta propuesta de ley propone la creación de una Unidad Anti-secuestro bajo la coordinación de la PGR y la SSP, pero con participación de los investigadores que designen los Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, aunado a que las denuncias se reciban en dichas instituciones de procuración de justicia, las que integrarán la averiguación previa y, de haber detenidos, ante la brevedad de los plazos se consignen al tribunal federal. Tratándose del ejercicio de la acción penal

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sin detenido, el Procurador de Justicia local remitirá la averiguación al Procurador General de la República para que valore si hace falta alguna actuación y consigne el asunto. Con esta fórmula de competencia concurrente al pensar que se logra la fuerza que implica la intervención por efectos de ley de la PGR, sin que quede a la valoración de una eventual atracción del caso como es hoy día y, simultáneamente, evita que los asuntos queden en su totalidad en manos de una sola institución a fin de evitar la toma de decisiones inducidas por gente extraña a la procuración de justicia. La propuesta de iniciativa fija los ejes estratégicos mínimos en el combate al secuestro, se prescribe que desde los mandos hasta el personal de apoyo sean sujetos al régimen de control de confianza, depuración, profesionalización y desarrollo permanentes para lo cual pretende crear un Comité Nacional contra el Secuestro del que formen parte los Procuradores de Justicia y los Secretarios de Seguridad de los estados y del Distrito Federal, cuya principal encomienda es comprometerse a unir esfuerzos para poner a los secuestradores tras las rejas, dicho Comité deberá crear un Mapa del Secuestro para que la sociedad y los expertos evalúen los avances en el combate de dicho ilícito, a fin de asegurar la articulación de los esfuerzos entre las distintas instituciones de procuración de justicia y policiales del país, aquel que no colabore cabalmente queda sujeto a lo dispuesto en el artículo 18, fracción XXI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A fin de elevar la calidad de las actuaciones ministeriales y buscando que no haya resquicios de impunidad, se ordena por ley la adopción uniforme para todos los estados y el Distrito Federal de protocolos para la investigación, los dictámenes periciales y las determinaciones del Ministerio Público, todo ello vaciado en un Sistema Integral de Investigación y Persecución del Secuestro haciendo uso de las tecnologías de la información para responder en línea y en tiempo real a las manifestaciones de la delincuencia, se trata de que las diversas autoridades que participen en el combate al secuestro alcancen y mantengan un alto nivel de calidad en su desempeño.

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Por lo que respecta a la prevención consideramos que entre más información se tenga sobre el modo de operar, mayor será el nivel de seguridad de las familias, a lo que la iniciativa se ocupa de que la autoridad tenga el deber de llevar a cabo un análisis criminológico para hacer entrega de datos relevantes a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la sociedad, para que formulen un despliegue de la fuerza y adopten recomendaciones de seguridad auto-asistida, respectivamente, a los ciudadanos o segmentos de la población que lo soliciten, se les capacite sobre seguridad integral con participación de las organizaciones ciudadanas y expertos además del modelo de despliegue que incluya ejes estratégicos contra el secuestro, se propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública difunda a los gobernadores antes mencionados un Modelo de Inteligencia contra el Secuestro, siempre aplicado por personal depurado, que tratándose de centros urbanos de más de cien mil habitantes cuenta con un grupo que recabe comentarios diversos que, junto con consignas específicas a la policía de proximidad, permita detectar a recién llegados en la zona donde tenga lugar el despliegue, casas de seguridad, vehículos, armas. La iniciativa considera que si las policías de proximidad, los grupos de inteligencia y la ciudadanía comparten un estado de alerta a partir del conocimiento sobre la operación de los secuestradores, se reducirá el mimetismo que les facilita a las bandas pasar desapercibidas al estar al acecho, lo cual complementado con la capacidad creciente de las policías municipales y estatales para llegar en pocos minutos a atender un reporte, gracias a la inversión en los Centros de Comunicación, Control y Comando, permite mejorar la seguridad desde el ámbito de le prevención situacional. Para las zonas con alta incidencia de plagios, se contempla la operación de agentes encubiertos, el Comité Nacional contra el Secuestro además del Mapa del Secuestro, la cual deberá materializar un registro de las víctimas. Salvo excepciones de personas no habituadas a delinquir que por lo mismo son detenidos al primer evento de secuestro, por lo general los secuestradores se inician en otras actividades delictivas como asaltar o a robar vehículos.

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Lo anterior a fin de impedir que escalen al plagio, la ley aquí propuesta establece el deber de las instituciones policiales y de procuración de justicia de concentrar sus esfuerzos en someter a juicio a quienes cometan delitos patrimoniales con violencia.

Para la investigación y persecución del Secuestro se establece que al tener noticia de hechos que pudieran configurar el delito de secuestro, la Procuraduría local que inicie la investigación procederá, previa autorización judicial, a la intervención de las líneas telefónicas a través de las que se espere que se vaya a desarrollar la negociación con los secuestradores. La Unidad contará con una base de datos con las voces de extorsionadores y secuestradores, así como de los policías en activo para cotejar con las llamadas en curso, con el propósito de identificar a la banda y estar en condiciones de establecer una estrategia para rescatar a la víctima. Con lo anterior se han de atenderse al más alto nivel para contar con la amplitud de recursos, superar obstáculos y que los investigadores redoblen su compromiso siendo así que se plantea en esta iniciativa que el Subprocurador que integre la averiguación rinda un informe diario al Procurador para verificar los avances en la investigación, por lo que se propone que la denuncia sea recibida por un Subprocurador en razón de que en la práctica dicho funcionario está por encima en la estructura organizacional y operativa de los directores de policía ministerial, servicios periciales y de averiguaciones previas, posición que le permite articular con poder suficiente de mando y decisión las actuaciones de una indagatoria de secuestro, que implican la mayor coordinación en un breve período. Justifica también este nivel de atención a las víctimas la característica cada vez más frecuente de plagios inter-estatales, la captura se da en un estado y la casa de seguridad se encuentra en otro, así como las llamadas exigiendo el rescate en un tercero. Todo lo cual implica el nivel de un Subprocurador conociendo de primera mano el avance y líneas de investigación para una adecuada colaboración con las procuradurías de los otros estados. La calidad en las investigaciones de

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secuestros busca asegurar derivando de la ley un Sistema Integral de Investigación y Persecución del Secuestro, con protocolos tanto para investigadores como peritos, así como Manuales de Actuaciones para los Agentes del Ministerio Público, con lo que las bases de datos que se vayan conformando tendrán una aplicación para conectarse con la Plataforma México, en donde la solvencia presupuestal se propone en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la facilidad con que las bandas operan se ha traducido recientemente en una marcada tendencia a ejecutar a la víctima independientemente de que se cubra o no el rescate. En este orden de ideas cabe mencionar que una opción real de vida para la víctima estriba en lograr la detención de los secuestradores al recoger el rescate, bajo procedimientos de operación de la Unidad de nivel internacional tomando en cuenta el perfil que muestre la banda criminal en función del despliegue, armamento, vehículos y telecomunicaciones y en este caso, se deje y respete la decisión de la familia, en cuanto a armar un operativo para la detención de los secuestradores al momento del pago. Para evitar fugas o filtraciones que pongan en peligro la vida de la víctima, la iniciativa establece que durante el cautiverio los medios de comunicación divulgarán sólo la información que considere la Unidad Anti-Secuestros. En cuanto a la persecución propiamente dicha, es de tenerse en cuenta que un grueso de las bandas de secuestradores hoy en día han estado integradas por ex policías porque la Ley Antisecuestro propone estrategias para lograr eficacia y eficiencia radica en que reciban la denuncia el Ministerio Público local y se apoye en la investigación con agentes federales, en esta nueva iniciativa se acaba con la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República, con lo que el Ministerio Público del fuero común consigna si la investigación conjunta lleva a la detención de secuestradores; sin embargo, de encontrarse identificados los secuestradores sin que al momento se espere su pronta ubicación, se remitirá la averiguación a la Procuraduría General de la República a fin de que, previa

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valoración sobre el agotamiento de las actuaciones, ejercite acción penal sin detenido. Es importante destacar que el proceso de depuración de las diversas policías habrá de llevar varios años, de ahí que se considera conveniente que la ley contra el secuestro brinde a los familiares la oportunidad de contar con asesoría para negociar el retorno indemne de la víctima, respetándose el deseo de la familia si su deseo es que no haya policías al interior del domicilio donde se negocie el rescate, aportando la opción de que sean los expertos que asesoren en la negociación del rescate los que finjan como canal de comunicación de la familia con la autoridad. Dichos expertos deberán entregar un reporte sobre la negociación a la autoridad para efectos de agregarse a la investigación y, de considerarlo necesario la propia autoridad, brindarán asistencia sin costo a ésta última en torno a estrategias de la negociación. Con lo que refiere a la Ejecución de las Penas se establece que quien resulte responsable del delito de secuestro compurgará la prisión de por vida, sin derecho a pre liberación, libertad anticipada, amnistía o indulto. Cumplirán su pena en establecimientos federales, sin contacto con el resto de la población a fin de evitar evasiones y contaminación a delincuentes menores. Por lo que tenemos que esta propuesta de ley establece la reclusión de secuestradores en centros federales de máxima seguridad, con prisión vitalicia, sin amnistía ni indulto, en áreas sin contacto con el resto de los internos ni acceso a teléfonos sin supervisión, donde se introduce la figura del arrepentido reduciendo la pena a los detenidos que aporten datos para rescatar a un rehén o dar con otros secuestradores, y dentro del esquema de coordinación de los 3 niveles de gobierno contemplado en la nueva ley general del sistema nacional de seguridad

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pública, aplicar un modelo de inteligencia y despliegues estratégicos de prevención policíaca. En este tenor es que el presidente Felipe Calderón presento una propuesta de ley con diez puntos fundamentales en donde se contemplan Dispositivos electrónicos, mayores penas, intervención de comunicaciones, informantes anónimos y operaciones encubiertas, aquí los puntos más destacados. 1. Contempla colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a los secuestradores que salgan de la cárcel, después de purgar una condena, para prevenir nuevas conductas delictivas. 2. La normatividad que propone el titular del ejecutivo también incluye intervenir comunicaciones privadas telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un secuestro y se justifique ante el Ministerio Público. 3. La iniciativa propone avalar las "operaciones encubiertas", es decir, infiltrar agentes policíacos a las organizaciones delictivas para conocer su operación. 4. Los informantes anónimos, la protección de personas y apoyos a las víctimas, también forman parte de la propuesta. 5. Propone la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en diversas actividades delictivas. También promueve permitir la obtención de información anónima. 6. La reforma del presidente Calderón incluye que las autoridades creen unidades especiales para prevenir estos delitos.

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7. Los jueces podrán embargar bienes de los secuestradores cuando el producto, instrumentos u objetos sancionados por la ley no sean localizados, en algo parecido a la ley de extinción de dominio. 8. La propuesta penaliza con mayor rigor el encubrimiento. 9. Se sancionará a servidores públicos que no coadyuven con el Ministerio Público en estos ilícitos, en especial si las víctimas son niños, embarazadas o personas con discapacidad. 10. El Ejecutivo establece distintas conductas delictivas en materia de secuestro, como el secuestro Express, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro, la intimidación, y la intermediación en una negociación de secuestro, entre otras.

se supone que el motivo final de este proceso de reforma Constitucional es poner fin a este tipo de actividades ilícitas Ahora bien, la obtención de información “anónima” es una manera absurda y antijurídica de proceder cuando se trata de la instauración de juicio en materia penal así como del proceso regido por el M.P. , el obtener esa información de manera clandestina solo pondría en riesgo a aquel sobre el cual verse una denuncia por la comisión del delito de secuestro, y sin saber si es penalmente responsable o no, sino que además buscaría el representante de la autoridad, en este caso, acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal con información obtenida de “alguien” al que no se le podrían refutar lo argüido ya que se desconoce su identidad dejando en completo estado de indefensión al probable responsable. Así que con respecto a las notas de corte público algunas publicaciones periodísticas han señalado que “La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analiza incluir en la ley antisecuestro la prohibición del pago de rescates, pues según información de esa instancia legislativa, cuatro de cada 10 253


casos son simulados. El presidente de la comisión, consideró que legislar en esa materia es prioritario, porque el plagio es uno de los ilícitos que más lastima a la sociedad. Inclusive, el delito va en aumento, al grado de que en 2009 se rebasó la cifra de 2008: mil 300 frente a mil 100 casos, ello sin contar que 50 por ciento de los casos no se denuncia. El dictamen de la ley antisecuestros se presentará en los primeros días del próximo periodo ordinario de sesiones, a fin de que sea discutido y, en su caso, aprobado por el pleno. Los integrantes de la Comisión de Justicia estudian 12 iniciativas, incluida la presentada por la activista Isabel Miranda de Wallace, a partir de las cuales se hizo un concentrado para tomar lo mejor de cada una de ellas e incorporarlas al dictamen, en relación con las penas, las contenidas en las 12 iniciativas oscilan entre los 20 y 50 años de cárcel, es decir, no hay derecho a fianza. Incluso, la del Ejecutivo propone cadena perpetua. El ex procurador mexiquense ofreció que el documento resultante estará basada en diversas opiniones y propuestas que surjan de cinco foros regionales que pretende impulsar la instancia legislativa por ello, consideró necesario crear mecanismos para que los jóvenes accedan al sistema educativo y a trabajos bien remunerados, a fin de incrementar su potencial productivo y evitar que caigan en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Con lo que respecta a las consideraciones de la minuta del Senado en relación a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla 14 capítulos divididos en 48 artículos. Disposiciones Generales: La ley es reglamentaria del párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de secuestro. Esta Ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados.

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En el Capítulo II de la mencionada ley se refiere a los delitos en materia de secuestro. Y señala que se aplicarán de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de su vida; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad; Cometer secuestro Express. Las penas antes mencionadas, se agravarán aún más. De veinticinco a cuarenta cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días de multa en los siguientes casos: que se realice en camino público y en lugares desprotegidos; que las personas que cometan el secuestro la realicen en grupo de dos o más personas; que se realice con violencia; que los secuestradores allanen el inmueble de la víctima; Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; que la víctima sea una mujer en estado de gravidez. Las penas se incrementarán de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa, si en la privación de la libertad ocurren las siguientes circunstancias: que los autores del secuestro hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de las fuerzas armadas o se ostenten como tal sin serlo; que el o los autores tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima; durante el cautiverio se lesione a la víctima; que durante el secuestro la víctima haya sido torturada o violada; que durante el cautiverio la victima muera por alteración de su salud debido al secuestro. Si la víctima es privada de su vida por los raptores, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días de multa.

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Cuando de manera espontánea se libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, se impondrá una pena de dos a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa. La misma pena se aplicara al secuestrador que habiendo participado en la planeación del secuestro se arrepienta y de parte a las autoridades para rescatar con vida a la víctima. En el caso de que se libere a la víctima dentro de los primeros diez días de haberse cometido el secuestro sin lograr ningún propósito antes mencionado, las penas serán de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días de multa. Se sancionara de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que simule la privación de su libertad. Al que simule la privación de la libertad de una persona, con el propósito de obtener un beneficio, señalado líneas arriba, se le impondrá una sanción de dos a ocho años de prisión. El artículo 15 señala que se aplicará pena de dos a ocho años de prisión y de setecientos a mil quinientos días de multa, al que incurra en los siguientes casos: auxilie al secuestrador de conformidad a las acciones previstas en el artículo 9 y 10 de esta ley; oculte al responsable de ejecutar las acciones previstas en el artículo 9 y 10 de esta ley; altere o modifique las huellas del delito; y desvié la investigación o la obstaculice. Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión, y de doscientos a mil días de multa, al servidor público que: divulgue información reservada o confidencial; revele sin fundamento alguno, técnico de investigación de las conductas prevista en esta ley. Si la persona que cometa estas conductas es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión, entre otros, la pena será de cuatro años a seis meses y de trece años de prisión.

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Además al servidor público se le aplicará pena de cuatro años seis meses a trece años de prisión, y de doscientos a mil días de multa, cuando teniendo atribuciones de investigación, procuración o impartición de justicia, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia ante la policía, de cualquiera de los delitos mencionados en esta ley. El Capítulo III de la ley en mención se refiere a la Prevención y Coordinación. Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para: llevar a cabo estudios de estadísticas, geo delictiva, patrones de comportamiento y demás con el propósito de tener una investigación más fidedigna y confiable; procesar la información geo delictiva, para prevenir delitos y conocer las zonas de riesgo; intercambiar información; realizar campañas tendientes a prevenir el delito; establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes y con las organizaciones sociales. Por lo que se refiere al Capítulo IV, habla sobre el ámbito de aplicación. Señala que los delitos contemplados en esta ley, se prevendrán, investigarán y sancionarán por la federación y en los casos donde no le competa, serán competencia de las autoridades del fuero común. El Capítulo V, aborda la intervención y aportación voluntaria de comunicaciones. En su articulado dice que el procurador general de la República o los servidores públicos, así como las autoridades facultades en la ley podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas. Para ello deberá cumplir con ciertas normas legales. Por su parte el Capítulo VI, se refiere a las obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Señala que todos los concesionarios de telecomunicaciones tendrán que sujetarse a las siguientes consideraciones:

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proporcionar información a las autoridades que le fueron delegadas estas atribuciones; proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares de las instituciones autorizadas para estos casos; y suspender el servicio de telefonía cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Por lo que respecta al Capítulo VII, referente a la protección de personas: señala que los titulares del Ministerio Público y de las entidades federativas tienen que expedir programas para la protección de personas; toda la información y la documentación relacionadas con los testigos protegidos deben mantenerse en estricto secreto; el cumplimiento del programa de personas protegidas lo determinará el titular del Ministerio Público; de igual manera en las entidades federativas el titular del Ministerio Público tiene que designar a la unidad especializada que lleve a cabo esta encomienda; la persona que sea candidato a este programa será autorizada por el procurador general de la República o el servidor público en quien se delegue la facultad; la revocación de la protección de la persona, será en los supuestos de que el testigo no se conduzca con veracidad y como lo marcan las directrices del programa. Los programas establecerán un mínimo de requisitos de ingreso, protección física o electrónica; apoyos para sus necesidades personales e incluso en algunos casos hasta familiares o personas cercanas. El Capítulo VIII se refiere a los apoyos a las víctimas y testigos de cargo. Los cuales tendrán los siguientes derechos: estar presentes en salas distintas al inculpado; solicitar y recibir asesoría por parte de las autoridades; requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, se repare el daño a favor de la víctima; contar con apoyo permanente en asesoría y demás necesidades; estar asistido por sus abogados, médicos y psicólogos durante sus diligencias; obtener copia simple y gratuita de la diligencia en la que intervienen.

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Por lo que respecta al Capítulo IX, se refiere a la restitución inmediata de derechos y reparación. Se considera que el Ministerio Público o las entidades federativas deben restituir a las víctimas de las conductas previstas en la ley y solicitar la reparación del daño. Se considera que debe restituirse los daños con los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio en términos de la ley. Por su parte el Capítulo X, aborda el tema del embargo por valor equivalente. En caso de que los productos, instrumentos u objetos hayan desaparecido, el Ministerio Público pedirá el embargo de bienes del sentenciado cuyo valor equivalga a la reparación del daño. El Capítulo XI habla del fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos. El objetivo principal es dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas, así como incentivar la denuncia. El fondo se integraría de la siguiente manera: recursos del presupuesto de egresos de la federación; recursos obtenidos por la enajenación de bienes; recursos por bienes que causen abandono; recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas; las donaciones hechas a su favor por terceras personas. El Capítulo XII se refiere a la organización de la Federación y de las entidades federativas. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace hincapié de que las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno y las Procuradurías de Justicia de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal y de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para: cumplir con los objetivos de esta ley; impulsar políticas de apoyo y protección a las víctimas; determinar criterios uniformes para la organización y modernización tecnológica para el combate del secuestro; regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas; rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y del Programa Nacional de Seguridad Pública; promover convenios de

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colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. Participar en la formulación de un programa nacional para prevenir y sancionar las conductas enmarcadas en esta ley. Las Procuradurías deben de crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en la ley. Para ser integrante de las unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley es necesario cumplir con los siguientes requisitos: acreditar los requisitos de ingreso y permanencia; aprobar los cursos de capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Adicionalmente, las unidades tendrán las siguientes facultades: solicitar que se le brinde atención médica a las víctimas; asesorar a los familiares en las negociaciones para liberar a la víctima; recibir denuncias; utilizar las técnicas de investigación previstas en esta ley; sistematizar la información obtenida para liberar a la víctima. El Capítulo XIII se refiere al auxilio entre autoridades. Dictamina que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar auxilio cuando le sea solicitado por la autoridad competente; además los diferentes órdenes de gobierno deben coordinarse para intercambio de formación y adiestramiento de agentes del Ministerio Público. Por lo que respecta al Capítulo XIV, de la prisión preventiva y de la ejecución de sentencias; dice que los sentenciados por esta ley se les podrán aplicar las medidas de vigilancia para su readaptación y la restricción de comunicaciones con terceros.

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Las entidades federativas podrán enviar a los procesados a los centros federales de readaptación. No se concederá libertad preparatoria a quienes trafiquen con menores de edad.

Lo anterior, es así, toda vez que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y contribuir a la creación de una política de seguridad, con todos los instrumentos que tenga a su disposición, por lo que existe sustento para aprobar la presente Minuta, ya que la legislación mexicana debe adecuarse a la realidad social que vive el país. Máxime cuando se presenta un fenómeno criminal, como lo es el secuestro, que se está manifestando en sus más altos grados de perversidad; que lesiona uno de los bienes jurídicos más preciados que tiene el ser humano, después de la vida, su libertad física, personal o ambulatoria. En los últimos años el secuestro, es una de las conductas delictivas que más lastiman y hacen mella en la sociedad mexicana, toda vez que sus consecuencias dejan profunda huella en las víctimas y familiares que lo sufren, no solo por el detrimento económico, sino por las secuelas físicas y psicológicas que perduran en la mayoría de ocasiones para toda la vida. El secuestro, como lo señala la minuta del Senado, es un delito grave, de resultado material y permanente, complejo, de difícil investigación, que no reconoce fronteras o regiones y que afecta no únicamente a las personas con gran capacidad económica, sino también a aquellas otras con menores recursos, pero más accesibles a los fines o propósitos del agente por su particular estado de indefensión, que se agota con la privación ilegal de la libertad de una persona con el propósito de obtener dinero por su rescate; manteniéndola como rehén y amenazarla con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o de deje de realizar un acto cualquiera; o de causar daño o

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perjuicio a la propia víctima o a cualquiera otra persona; o bien, con el fin de trasladar fuera del territorio nacional a un menor de dieciséis años, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o entrega de su persona. En términos de la emisión de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Esta los Unidos Mexicanos, se reforma el inciso 24) de la fracción I; la fracción XVII y se adiciona la fracción XVIII en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: XVII. Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y XVIII. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Esta los Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18. Se reforman los artículos 55, párrafos segundo y cuarto; 64, párrafo primero; 85, inciso f), de la fracción I; el artículo 215, en su fracción XIII y último párrafo la fracción XIV; se adicionan el numeral 19 al artículo 24, la fracción IV al artículo 85, el artículo 180 Bis y la fracción XVI al artículo 215; y se derogan los artículos 366 y 366 Bis, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:

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La colocación de dispositivos de localización y vigilancia. Artículo 55. No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que revele su peligrosidad social, ni los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad, a juicio el juez o tribunal que la imponga de oficio o a petición de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesario que se exculpara dicha pena, a excepción de los sentenciados por las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en todo caso deberán cumplir la pena impuesta. Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero, con excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuesto en el cual se aplicarán las reglas de concurso real. Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:

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I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan: Los sentenciados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo las previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18. Artículo 180 Bis. Se aplicará de uno a dos años de prisión y de diez mil a treinta mil días de multa, al que retire, modifique o inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia. Si la conducta a que se refiere el párrafo anterior la realiza un integrante de alguna institución de seguridad pública, se aplicará de dos a cinco años de prisión, de veinte mil a cuarenta mil días de multa e inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público en cualquier ámbito de gobierno hasta por veinte años. Artículo 215. XV. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, y XVI. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, se impondrán de dos a nueve años de prisión, de setenta a cuatrocientos días de multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

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Se reforman los artículos 2, en sus fracciones V y VI; 3, último párrafo; 13, párrafo primero; y se adiciona la fracción VII al artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: Artículo 2. V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal; VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Artículo 3. Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán los competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, una vez que haya aceptado el cargo , únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base en la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas. Se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafo primero, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 Ter, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de la Policía Federal o la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, según corresponda.

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Artículo 50 Ter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas, sea formulada en los términos previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad o secuestro, los primeros previstos en el Código Penal Federal y el último en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro , o sus equivalentes en las legislaciones penales locales. La solicitud de autorización de intervención de comunicaciones de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se formulará de conformidad con ese ordenamiento. Se reforman el inciso j), de la fracción I y las fracciones III y IV; y se adiciona la fracción V, todas del artículo 51 de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue: Artículo 51. La intervención preventiva de comunicaciones a que se refiere esta Ley, se autorizará únicamente en los delitos previstos en los ordenamientos legales que a continuación se enlistan: Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; De la Ley General de Salud, el delito de tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis; De la Ley General de Población, el delito de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138, y

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Los previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforman las fracciones XIV y XV y se adiciona una fracción XVI, al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán: En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al concesionario, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario, conforme a la fracción XI del presente artículo; XV. Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados, y XVI. Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos o imagen en los centros de readaptación social federales y de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. La restricción a las comunicaciones tendrá el objetivo de inhibir la señal de cualquier banda de frecuencia que se limite al perímetro de los centros de readaptación social, además de que se procurará la continuidad y seguridad de los servicios a sus usuarios al exterior de dichos centros. En la colaboración a que se refiere el párrafo anterior se deberán considerar, entre ellos, los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio.

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Se reforma la fracción VII, del artículo 31; la fracción XIII, del apartado B, del artículo 39, y el artículo 149, y se adiciona la fracción VIII recorriéndose en su orden la subsecuente del artículo 31; la fracción XIV recorriéndose en su orden la subsecuente, del apartado B, del artículo 39, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue: Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario: VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticas y de personal; VIII. Formular los lineamientos para que la federación y las entidades federativas soliciten, en el ámbito de sus competencias, la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación, y Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional. Artículo 39. XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país; XIV. Solicitar la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación, y

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XV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 149. El Consejo Nacional establecerá, para los fines de seguridad pública, los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico y en los Centros de Readaptación Socia Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación. 4.13. Análisis jurídico y social del delito de secuestro en el Centro del país Al realizar un estudio jurídico y social del delito de secuestro en el centro del país coincidimos que en el ámbito social se vive un círculo vicioso, debido al constante aumento de los secuestros que se presentan todos los días. Claramente nos damos cuenta de que las autoridades mexicanas no han logrado disminuir el índice delictivo, toda vez que los medios empleados para la prevención del delito no han dado resultado. Motivo por el cual, día a día están tomando más importancia las labores altruistas llevadas a cabo por asociaciones o grupos sociales interesados en la lucha frente a este fenómeno criminal. Por ello, asociaciones civiles como México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, la Confederación Patronal de la República Mexicana, se han encargado en los últimos años de realizar investigaciones jurídicas y sociales sobre este fenómeno criminal. También “los medios de comunicación intervienen en estas labores preventivas, a través de la inserción y publicitación en medios televisivos, radiofónicos y escritos, de directrices de seguridad para evitar ser víctima de este delito y fomentar la cultura de la denuncia. Recientemente la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia, difundió con financiación proveniente de los ciudadanos, anuncios televisivos donde intervenían víctimas de secuestros, dirigido al fomento de la

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cultura de la denuncia y la legalidad” (Parés Hipólito, María de Jesús, México, 2007. p. 88). Por otra parte, nos hemos percatado que jurídicamente, la ineficacia del órgano persecutor, que recae sobre el Ministerio Público, “es producto de su deficiente labor en la integración de las Averiguaciones Previas, que tiene su reflejo en la impunidad y el descrédito de los entes públicos encargados tanto de la procuración como de la administración de justicia” (Ibídem. p. 89). A continuación enlistáremos algunos razonamientos jurídicos y sociales del delito de secuestro en el centro del país. 1. El delito de secuestro, en el ámbito del fuero Federal y en el centro el país, es un ilícito considerado, reconocido y castigado como grave; motivo por el cual la denuncia es su requisito de indispensable para la ejecución de la acción penal ante los Juzgados jurisdiccionales que conozcan del caso. 2. El Código Federal de Procedimientos Penales vigente, establece en su artículo 194, lo siguiente: “Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en…”, y en el listado de tales delitos se encuentra el “Secuestro, previsto en el artículo 366, salvo los dos párrafos últimos…” 3. El arrepentimiento “post factum”, se refiere al arrepentimiento surgido después de la acción”.

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4. El Código de Procedimientos Penales para el centro el país prescribe, en el artículo 268, en su párrafo cuarto, que: “Para todos los efectos legales, son graves los delitos sancionados con pena de prisión cuyo término medio aritmético exceda de cinco años…”, y, obviamente, este término medio aritmético, en el delito de secuestro, es mayor. La calificación de gravedad obedece a que de acuerdo con el artículo 20, fracción I, de la Constitución 271


Política de los Estados Unidos Mexicanos, el beneficio de la libertad provisional bajo caución es improcedente en relación con los delitos graves. 5. El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente, indica que la tentativa punible también se considerará delito grave si el término medio aritmético de las dos terceras partes de la pena de prisión que debiera imponerse de haberse consumado el delito excede de cinco años. 6. En materia Federal son improcedentes los sustitutivos penales para los casos de secuestro, en razón de las altas penalidades destinadas para los diversos supuestos de secuestro. Tampoco procede la condena condicional (artículo 90 del Código Penal Federal vigente), en virtud de que, para su otorgamiento, la pena de prisión que se imponga no ha de exceder de cuatro años, y en el secuestro el mínimo de la pena de prisión es de seis años. Por la misma razón en el ámbito ejecutivo penal, no es admisible ni el tratamiento de extenuación ni la remisión parcial de la pena. 7. Tratándose del centro del país no es posible la sustitución de la pena de prisión por tratamiento en libertad o semi libertad, por exceder de cinco años (artículo 84 del Código Penal del Distrito Federal vigente), ni la suspensión de la ejecución de la pena, ya que la duración de la pena impuesta no debe de exceder de cinco años de prisión (artículo 89 del Código Penal del Distrito Federal). 8. Los esfuerzos y recursos gubernamentales empleados para enfrentar el combate al secuestro en México, han sido dispersos a lo largo de muchos años, pues han obedecido a las circunstancias cambiantes de la propia actividad delictiva y no a una línea de política-criminal clara.

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9. Las directrices de la política criminal no se han sustentado en criterios uniformes y convenientes, como se exige en un Estado democrático de derecho, situación que es aprovechada por la delincuencia. 10. El principal problema que existe para el combate a la delincuencia, radica en la ausencia de coordinación, administración e impartición de justicia que se produce en las diferentes instituciones que conforman el sistema penal. Aunque existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública, los planes de acción para combatir el delito de secuestro tanto en la fase preventiva como de represión o de castigo, no han sido homologados entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios y ante esto este ilícito sigue creciendo con el paso de los días.

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CONCLUSIONES

Lamentablemente nuestro país ocupa en la actualidad el índice delictivo más alto en la ejecución de secuestros cometidos a nivel mundial. México se encuentra tristemente en el primer lugar en lo que a secuestro se refiere, seguido de Colombia, por tal motivo, es de suma importancia que el gobierno mexicano encuentre la solución a éste problema que lesiona a toda la sociedad dadas las circunstancias en las que ocurre, y que afecta gravemente la vigencia de los derechos humanos, trastocando la autoridad del estado, mermando su legitimidad. De esta manera distinguimos que el secuestro es un delito que atenta contra la libertad individual de una persona e inclusive con la vida misma; dejando secuelas graves de indignación, repudio y terror en la víctima y en su familia. El secuestro es un delito que se persigue de oficio, y su requisito de proceso para la ejecución de la acción penal es la denuncia, la cual deberá de presentarse ante los órganos jurisdiccionales competentes que se encuentren facultados para tal efecto. Puesto, para que se tipifique este delito de secuestro dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, es necesario que se exija un rescate, con la finalidad de devolverle la libertad a la persona que ha sido privada de ella. El rescate, por lo general, es exigible y variable en una determinada cantidad de dinero, pero también puede ser exigible en especie o bienes. Se requiere ante esto de un combate efectivo y contundente con acciones anticrimínales, y políticas sociales y económicas adecuadas, ya que se requiere que esta clase de individuos sumergidos en la subcultura del delito se adecuen a las normas sociales y jurídicas propias de un estado de Derecho. En este sentido la impunidad imperante significa un incentivo, ya que al no esclarecer aquellos casos de secuestro que ya se han cometido, el secuestro continuara siendo la 274


actividad más redituable después del narcotráfico, máximo si se confabula con la delincuencia organizada que se sirve de los avances tecnológicos en armas y dispositivos de vigilancia y medios de comunicación para planear, preparar y ejecutar los secuestros con mucha mayor eficacia que la burocracia policiaca encargada de combatirlo, sin embargo estos avances tecnológicos y de inteligencia pueden estar del lado de la sociedad y las autoridades, quienes cuentan además con el apoyo de la ley para la Procuración de Justicia misma a la que le hace falta la voluntad política para localizar, detener y condenar a los delincuentes. Ente este pasó avasallador del secuestro, México vive un momento de aumento en el número de casos por este delito, una transición masiva en todos los niveles sociales afectando a ricos y gente de escasos recursos. Observándose una diversificación en el modo de operar del secuestro y la extorsión en relación a años anteriores; siendo por ello, que la sociedad civil está obligada a denunciar y exigir a sus autoridades de todos los niveles a combatir la corrupción y la impunidad de sus malos elementos, ya que la falta de credibilidad en sus autoridades por sumar esfuerzos comunes con sus organizaciones empresariales, autoridades religiosas, políticas, educativas y sociales ha disparado el índice de secuestros cometidos en sus diversas modalidades, y no buscar culpables en intereses partidistas o personales, donde en los escenarios de alto impacto criminal, una sociedad sin conciencia de su responsabilidad en exigir a las autoridades y trabajar con ellas de manera coordinada, está destinada a sufrir y condenada a un fracaso económico-social. En México las estadísticas muestran que el gran número de secuestros y el número de secuestradores atrapados es realmente bajo. Por otra parte el miedo de una persona secuestrada es tan grande que prefieren no delatar a los secuestradores por lo que existen pocas denuncias de este tipo, ya que la sociedad se ve afectada de manera gradual pues se genera un sentido de inseguridad entre los habitantes del país, sobre todo porque con ello se pone en

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descubierto que existen una gran falta de vigilancia policiaca, o bien esta no es suficiente y en el peor de los escenarios se encuentra coludida con los secuestradores, el incremento de esta figuras delictiva en México obedece a que se carece de mecanismos preventivos, a que queda impune, a la falta de confianza por parte de la sociedad con las autoridades para denunciar, por no haber una adecuada coordinación policial comparado con la delincuencia organizada. A pesar de que las cifras no son del todo precisas, nos permiten tener una tendencia del fenómeno y haciendo un comparativo entre las tasas de crecimiento, del presupuesto destinado al combate del crimen, la incidencia de secuestro nacional, los delitos del fuero común y los del fuero federal tenemos, que si bien, hay una reducción en el crecimiento de la incidencia de secuestro y delitos del fuero común, en el caso de los delitos del fuero federal esto no sucede, e incluso se observa una relación directa entre ellos. Por lo anterior, un alto crecimiento presupuestal en este rubro no es contundente para abatir el crimen, si es comparado con el exiguo decrecimiento de la criminalidad. En cuento al reporte por entidad federativa se observó que el número de casos en términos absolutos es cuantioso para los siguientes estados: Distrito Federal (933), México (469), Michoacán (364), Jalisco (323), Guerrero (291), Oaxaca (287), Baja California (245), Chiapas (181), Sinaloa (172) y Puebla (116). Y que estos diez estados representan el 80.2% del total nacional del periodo de 19972004 en relación a los secuestros realizados. Por eso los tres valores que protege el Estado Mexicano en su función de seguridad pública son: la vida y la integridad de la persona; los derechos y las libertades de las personas; y el orden y la paz pública. El análisis delictivo realizado para nuestro país, muestran que el Estado Mexicano no está garantizando estos tres valores, porque la población se ve amenazada por

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la existencia de delitos que atentan contra su vida e integridad física, como son el homicidio, las lesiones y las violaciones. Asimismo, los delitos que inciden sobre el patrimonio de las personas, particularmente el robo, afectan los derechos de propiedad de los individuos. O el secuestro que afecta a ambas.

De esta manera, en el marco de haber identificado que el secuestro afecta de forma sustantiva la percepción sobre la capacidad del estado por garantizar y preservar los derechos fundamentales de libertad a la ciudadanía, afectan también su nivel de legitimidad, en este sentido surge la primera estrategia específica de política pública: El Estado debe contemplar como una línea emergente de atención la revisión del andamiaje institucional y normativo para el combate a delitos que afec tan de forma particularmente grave a la sociedad, esto debe incluir una línea de acción dentro de la política pública de seguridad contra el secuestro, que incluya la depuración de las estructuras policiales, su profesionalización y especialización para la atención de estos delitos; así como de un cuerpo de administración de justicia, ministerios públicos y jueces, también especializados y que contengan características tecnológicas y logísticas que los aleje de la amenaza del crimen organizado y la complicidad con estos. La participación ciudadana para su seguimiento resulta primordial para garantizar su apego a la legalidad en un Comité ciudadano alejado independiente y autónomo. Además, la sociedad mexicana, para minimizar el riesgo de sufrir algún delito, está restringiendo algunas libertades constitucionales, como la de tránsito, puesto que prefieren quedarse en casa, a salir a centros recreativos o a visitar a sus familiares. La actividad delictiva también atenta contra el derecho a la vida y a la salud, ambos consagrados en la constitución.

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La delincuencia, conjugado con otros problemas estructurales de la economía (desempleo y alta concentración del ingreso) ponen en riego la preservación del orden y la paz públicos. A nivel privado, existe una transferencia de una parte de los ingresos y propiedades de la población que se dedica a actividades lícitas hacia la población que realiza actividades ilícitas a través del delito del robo; asimismo, las personas están gastando recursos para su seguridad personal en lugar de canalizarlos a proyectos productivos, de inversión financiera (ahorro familiar), consumo en bienes o servicios diferentes a la seguridad privada, etc. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el gobierno federal ha asignado recursos crecientes para la seguridad pública en vez de canalizarlos a proyectos de inversión para el desarrollo social o de infraestructura pública. Los recursos públicos que se asignaron para la seguridad pública durante el periodo de 1999-2006 fueron superiores al presupuesto público federal aprobado por la Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal 2006 para la función salud. Para el ejercicio fiscal 2006, por cada peso que la Cámara de Diputados aprobó para la función de urbanización, vivienda y desarrollo regional, asignó 75 centavos para la seguridad pública. Ante la evidencia de que la inseguridad pública está generando una distorsión en la asignación de los recursos privados y públicos de por si escasos, es urgente, y aquí se encuentra la segunda propuesta de estrategia de política pública: Garantizar la participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales en el diseño, seguimiento y financiamiento de las acciones emergentes en esta materia; a través de la integración de una red de participación ciudadana, organizados en Comités Ciudadanos con recuperación a lo largo del país, la cual tendrá como propósito aglutinar

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recursos y esfuerzos aislados de la sociedad para su coordinación y orientación, así como del seguimiento de los crecientes recursos que se aplican por el sector público y que reportan escasos resultados. En México, la escasa generación de empleos, producto del bajo crecimiento económico, y la mala distribución del ingreso definen el perfil delictivo del país, debido a que los presuntos delitos y los delitos sentenciados del fuero común y federal contra el patrimonio son superiores a los delitos que incidieron sobre las personas. Este perfil delictivo revela que un subgrupo de personas que delinquen, opta por estas actividades en vez de trabajar, porque no encuentran oportunidad en el mercado de trabajo, o no obtienen la remuneración que esperan, resultando más redituable practicar actividades ilícitas, particularmente el robo. Aunque éste es solo un factor, pero no el único y no podemos determinar si es el más importante. De acuerdo con información del INEGI, del total de los delitos sentenciados que incidieron sobre el patrimonio, casi la mitad fueron por robo. El ICESI estimó que en el año 2004, por el delito de robo, sus autores obtuvieron ingresos por 62 mil 500 millones de pesos, representando una verdadera fuente de ingresos de personas que deciden dedicarse a delinquir en vez de trabajar en actividades lícitas. Estudios del BID y del Banco Mundial establecen que en México el costo económico de los crímenes y la violencia puede situarse en un rango que va de 10 a 14 por ciento del PIB. Esta variación implica un monto que, a precios actuales, va de 72 mil a 100 mil millones de dólares. El producto interno bruto del país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 721 mil millones de dólares en 2005.

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De esta manera, la política pública integral para reducir los índices delictivos en el país debe incluir, en materia económica, entre otros elementos, un crecimiento de la economía nacional para abatir el rezago en la generación de empleos; sin embargo, este crecimiento se tiene que acompañar de una mejor distribución de la riqueza nacional, para abatir la marginación en los hogares del país, y así desalentar las prácticas delictivas. Aunque, sumado a lo anterior, parece que la educación juega un papel determinante en el combate al crimen, traducido en opciones de desarrollo en regiones propensas a las actividades criminales, así como un mayor financiamiento de las políticas preventivas que al día de hoy son completamente desconocidas para el público en general. Para ello es necesario administrar por parte del gobierno de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y no de la burocracia, y es en este contexto en donde debe subrayarse la importancia de este tipo de estudios por delito a fin de determinar cuáles son los mecanismos adecuados, en términos preventivos y de combate en el sentido de forjar un Gobierno previsor más que reparador. Ya que los tres mayores problemas a los que se enfrenta el estado de derecho son: la desconfianza ciudadana, la debilidad específica en los resultados y operaciones y la reputación del sistema judicial. Estos datos corroborados con los datos presentados de que de cada 100 crímenes cometidos en México, solo uno recibe castigo, convierte a México en uno de los países con peores probabilidades de condena en el mundo, aún por debajo de aquellos con altos índices de denuncia. Por lo tanto, una conclusión evidente es que una buena parte de la ineficiencia recae en la policía judicial (federal y estatal) y los agentes del ministerio público (encargados de integrar las averiguaciones previas), reflejada en su baja capacidad para investigar y perseguir una proporción significativa de los delitos.

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Por lo tanto no es necesario el destino de una mayor cantidad de recursos para el combate al crimen, sino con lo que se tiene hacer una evaluación de las instituciones encargadas de proveer de seguridad pública, y yendo más allá, forjar la cultura de evaluación en los servidores públicos a fin de reducir significativamente los niveles de corrupción y burocratismo; mejorando los sistemas de información que se encuentran concentrados y distribuidos de manera sesgada a fin de favorecer a ciertos grupos en detrimento de otros y, por último, reduciendo la rigidez y centralización de los mecanismos de decisión que inhiben la participación a ciertos grupos encargados de realizar estudios importantes con respecto al crimen o la procuración de justicia. En cuanto a la participación de la ciudadanía se requiere de un proceso aún mayor, ya que la confianza en las autoridades no se recupera de inmediato, y es por medio de la transparencia en el ejercicio de la justicia como se incrementará una cultura de denuncia delictiva, aunque también se requiere la difusión de las políticas preventivas y los resultados claros de los ejercicios presupuestales. El Estado como una organización preponderantemente política que cuenta con una organización como institución la producción, distribución y consumo de la riqueza, influye necesariamente en la constitución de seres humanos propensos a la comisión del delito. Por otro lado la estructura política ligada estrechamente al poder, la estructura organizacional del estado, se encuentran conectados a la propensión al crimen en la medida en que la sociedad políticamente organizada genera desigualdades y además es a la cúspide política de una comunidad a quien le corresponde fijar los planes conducentes a prevenir y reprimir el delito. De este modo, se delimita la tercera estrategia en materia de política pública, para atender el problema de los secuestros: Establecer en los mismos comités de seguridad ciudadana, la posibilidad de dar seguimiento y opinar respecto a la pertinencia de resarcimiento del daño patrimonial que establece la Ley Federal de Victimas, particularmente para

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aquellas victimas afectadas en su patrimonio. Asimismo poner a consideración de este comité las acciones preventivas del delito a nivel local, así como convalidar el programa de inversiones de acuerdo a programas de mejoras del proceso de administración de justicia y calidad del sistema punitivo. Ante esto el bien jurídico tutelado por las leyes mexicanas, en la comisión del delito de secuestro, es la libertad personal e individual de cada persona. La libertad personal e individual de cada persona es una garantía individual que se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, que se refiere a la libertad física (esclavitud), de movimiento. El derecho a la libertad (después de la vida) es la segunda garantía de mayor importancia que nos otorga nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo deben de existir medidas de seguridad que prevengan la trasgresión de este derecho fundamental de cada individuo. Las condiciones actuales de nuestro sistema de justicia no es incrementar penas, sino disminuir el alto índice de impunidad. El principal desafío de la procuración de justicia es la capacidad y honradez de todos sus elementos, la calidad y eficacia de sus servicios. El delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro genera en toda la sociedad: Inseguridad y falta de credibilidad en las autoridades; además de que la actividad económica, política y social se ve afectada cada vez más. El delito de secuestro causa serias consecuencias en la víctima, ya que al verse privado de su don natural como lo es la libertad, su vida y su futuro se vuelven inciertos.

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La víctima de un secuestro sufre serios trastornos psicológicos y quizás físicos, como la posible mutilación de un miembro; pero también se srcina un daño irremediable para su familia y para la misma sociedad, toda vez que el pago de un rescate implica el erogar cantidades irreales y millonarias que afectan el patrimonio familiar. Para lograr disminuir el índice delictivo de secuestro, es necesario y de vital importancia que nuestras autoridades mexicanas desempeñen correctamente sus funciones administrativas, conduciéndose de una manera eficaz, responsable, honrada y dedicada. Asimismo, es importante que el Estado mexicano utilice la mayor parte de sus recursos económicos para fomentar más empleos y que sean renumerados dignamente, toda vez que los bajos salarios y la falta de empleos son un factor común que ha contribuido lamentablemente a incrementar la delincuencia. Necesitamos sin lugar a dudas, que el Estado en la lucha contra el secuestro se concientice a través de las diferentes esferas del poder en la necesidad de especializar, tanto en materias técnicas como humanas, al personal que integren sus organismos, así como para que procure la dotación de instrumentos de trabajo, suficientes para tener control y erradicación de este delito, pues solo así la sociedad confiara, con respeto a la efectividad y combate en la lucha contra los secuestros, dándosele el valor necesario a la libertad y seguridad de las personas.

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12. El Secuestro y su tificacion.pdf

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