Seminario de Valoración Económica del Medio Ambiente
El 12, 13 y 14 de septiembre del 2000 se llevó a cabo el Seminario de Valoración Económica del Medio Ambiente organizado por el Instituto Nacional de Ecología, a través de la Dirección de Economía ambiental (DEA-DGRA). Como objetivo promover el diálogo entre expertos, gestores de política y público interesado en el tema de la valoración monetaria del medio ambiente. De modo que por primera vez en el país se presentaron los avances que en este joven campo de la disciplina económica se han logrado. Se discutieron el significado, las formas, los métodos, el alcance y los límites de la valoración económica ambiental, logrando sentar bases de común entendimiento en torno a las metodologías de valoración económica del medio ambiente. Asimismo, se logró traer a tres expertos internacionales quienes compartieron sus experiencias a través de conferencias magistrales en torno al tema. El seminario estuvo organizado por 6 mesas de trabajo y tres conferencias magistrales, en donde se discutieron temas sobresalientes de reflexión e importancia referentes al tema de la valoración monetaria.
Seminario de Valoración Económica del Medio Ambiente Mesas de trabajo Mesa 1 Reflexiones en torno a la importancia de la valoración económica del medio ambiente •Por qué es necesario valorar: ¿Es necesaria la valoración económica para el desarrollo sustentable? ¿Se trata de reformular el sistema de producción y mercado? •Para qué valorar: ¿A quien beneficia? ¿Quién paga los costos? •Evolución del concepto del valor de los bienes y servicios ambientales
Mesa 2 Metodología de la valoración económica •¿Qué y cómo valorar? •Elementos que delimitan la valoración de un bien o servicio ambiental •Los métodos y técnicas, las ventajas y las limitantes para países en desarrollo
Mesa 3 Estudios de caso de valoración Mesa 4 El uso de la valoración económica en el diseño y práctica de la gestión ambiental •Ayuda al diseño de las políticas y la regulación ambiental •Financiamiento de la gestión ambiental •Creación de mercados ambientales •Identificación y distribución de beneficios
Mesa 5 Perspectivas de la valoración ambiental •El marco legal y los conflictos sobre los derechos de propiedad de los recursos •La tasa de descuento
Mesa 6 Conclusiones y recomendaciones
Seminario de Valoración Económica del Medio Ambiente Autores de las ponencias •Alejandro Yañez A. Integridad de ecosistemas y el valor económico •Natividad Zurita, Lourdes C. Pacheco, Laura Cayeros La valoración económica del medio ambiente en la producción del Tabaco en México •Arturo Peña ¿En verdad es necesario valorar los recursos biológicos? •Guillermo Torres Carral La valoración económica desde la política ecológica •Anabel Martínez Guzmán Elementos que delimitan la valoración de un bien o servicio ambiental: el caso del recurso agua en la reserva de la biosfera El Triunfo •Ana Citlalic González Martínez Valoración económica de los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de los habitantes de la ciudad de México: metodología utilizada y sus limitaciones
•Karla Cuilty Esquivel Valoración de atributos naturales de la zona federal marítimo terrestre •Ana María Escofet La pesca y la acuacultura frente al deterioro de funciones ambientales: un estudio de campo en la bahía de Tóbari, México •Juan Carlos Chávez Comparan Valoración económica de los beneficios generados por la pesca deportiva en Manzanillo, Colima •Alejandro Angulo Carrera Valoración económica de la captura de CO2 en el parque nacional del Desierto de los Leones •Angela Pita y Xóchitl Juárez Selección varietal participativa de maíces criollos en la zona de Cuetzalan, Puebla •Alejandro Angulo Cuenta patrimonial del recurso suelo en la reserva de Mariposa Monarca
•Martín Ricker Enriquecimiento de la selva con árboles nativos: un análisis costo-beneficio con tres especies en los Tuxtlas, Veracruz •Fernando Noriega El precio del hábitat en libre mercado •Sergio Colín ¿Cuánto cuesta el acceso a los parques marinos en México?. Una prospección en el valor de los naturales como alternativa de costo •Laura Saad Tasa de descuento •Gonzalo Chapela Fondo de conservación de agua y tierras en el Distrito Federal •Raúl Figueroa La problemática en el cálculo de las cuentas ambientales en México
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INTEGRIDAD DE ECOSISTEMAS Y VALOR ECONÓMICO (*) Alejandro Yáñez-Arancibia (1) Jefe del Programa de Recursos Costeros Instituto de Ecología A.C. (INECOL) Ap. Postal 63; Xalapa 91000 Xalapa, Ver., México
Max Aguero Negrete (2) Director General, Interamerican Centre for Sustainable Ecosystems Development (ICSED) Casilla 27016, Santiago, Chile
RESUMEN Este trabajo es un análisis que intenta integrar de manera armónica la trilogía "medio ambiente/economía/comercio", precisando el enfoque teórico y conceptual requerido para la valoración económica de los ecosistemas, sus funciones ecológicas y los servicios ambientales. La preocupación surge porque una de las bases más significativas de crecimiento y desarrollo económico nacional es la explotación de los ecosistemas y sus recursos naturales. El valor económico y social de algunos ecosistemas críticos (como los manglares) radica en su capacidad para generar diversos bienes y servicios junto con desarrollar funciones ecológicas fundamentales para el crecimiento, desarrollo y sustentabilidad de la zona costera y sus recursos naturales y ambientales. Sin embargo, su carácter renovable pero de libre acceso y su inadecuada valoración económica, social y ecológica, generan incentivos que inducen a la sociedad a sobre-explotarlos o convertirlos para usos alternativos. Parte del desarrollo económico del país depende de ecosistemas críticos, pero esencialmente de la calidad de los recursos naturales y de la integridad ambiental de los ecosistemas; es decir, el valor económico del ecosistema está en función de la integridad ecológica y ambos elementos deben armonizarse al componente social en la ecuación del desarrollo sustentable.
------------------------------(*) Trabajo preparado para el Taller Internacional de Valoración Económica del Medio Ambiente, organizado por el Instituto Nacional de Ecología (INE) Dirección de Economía Ambiental (DEADGRA), Sept. 12-14, 2000, México, D.F. (1) Especialista en ecología y manejo de ecosistemas costeros tropicales, teoría ecológica y desarrollo sustentable. (2) Especialista en análisis socioeconómico de sistemas costeros, economía ambiental y desarrollo sustentable. Director de la Red de Economía Ambiental para América Latina y el Caribe REALAC. ------------------------------
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INTRODUCCIÓN Este trabajo es un análisis que intenta integrar de manera armónica la trilogía "medio ambiente/economía/comercio", precisando el enfoque teórico y conceptual requerido para la valoración económica de los ecosistemas, sus funciones ecológicas y los servicios ambientales; para lo cual se utiliza el ecosistema de manglar por ser una ecoregión emblemática en las costas tropicales a escala mundial. Hoy en día la relación entre medio ambiente/economía/comercio, es una cuestión ampliamente reconocida y abordada de diversas maneras por los gobiernos de los países a escala mundial, particularmente entre las naciones que han establecido acuerdos comerciales en mercados abiertos. Por ejemplo, México ha incluído este tema como un componente prioritario en el marco de La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAA), que es la única organización intergubernamental encargada del medio ambiente anclando sus raíces en la mayor integración económica generada por un acuerdo de libre comercio (TLC ó NAFTA en inglés). Por ello uno de los principales objetivos de la CCA es mejorar la comprensión de las relaciones entre el medio ambiente, la economía, el comercio, y el desarrollo sustentable de las ecoregiones, así como fomentar la cooperación entre las Partes para promover un enfoque integral de la protección ambiental (ver CCA 1997, CCA 1999 a y b, CCA 2000, Sustainable Development México 1997). En Chile, el Banco Central está avanzando en aplicar el modelo de cuentas ambientales -de uso y de capítal- e implementar las recomendaciones de las Naciones Unidas de hacer nuevas cuentas incluyendo explícitamente los recursos naturales; a la vez de avanzar en propuestas metodológicas para identificar los gastos en protección ambiental. No obstante, todavía la trilogía medio ambiente/economía/comercio se debate entre relaciones empíricas, por su complejidad y dificultades de evaluación. Parte del problema se plantea por la doble intencionalidad que pueden tener las regulaciones ambientales entre países contrastadamente distintos en legislación, percepción del desarrollo económico, integridad de los ecosistemas, y la presión social. Por un lado las regulaciones ambientales son justificables por el legítimo derecho que tiene la sociedad de proteger el medio ambiente, pero también puede ser un instrumento encubierto para proteger a la industria doméstica de la competencia internacional. También el comercio exterior puede tener un impacto ambiental si incentiva una mayor explotación de recursos naturales; pero en la sobreexplotación de los recursos naturales la causa no es el comercio exterior en economías abiertas, sino problemas de indefinición de propiedad, o falta de regulación ambiental armonizada con el socio comercial, o carencia de valoración económica de los ecosistemas, todo lo cual cobra importancia crítica cuando los recursos naturales se valorizan por la apertura comercial. La discusión en torno a los impactos ambientales, por carencia de información ó instrumentos de gestión incompletos ó débiles, está comenzando. La preocupación surge porque una de las bases más significativas de crecimiento y desarrollo económico nacional es la explotación de los ecosistemas y sus recursos naturales. En materia de utilización del medio ambiente como activo fijo, la
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economía debería orientar la política macroeconómica hasta llegar a un punto de explotación óptima. En 1993 la Oficina Estadística de las Naciones Unidas propuso nuevos enfoques para considerar el medio ambiente en el sistema de cuentas nacionales; hasta esa fecha la contabilidad macroeconómica de la ONU no consideraba el stock (existencias) de capital natural como un activo. Sin embargo, las crisis ambientales, la escasez de recursos, y las dificultades que comenzaron a enfrentar los modelos para explicar y predecir el desarrollo económico, llevó a re-posicionar el análisis de recursos naturales en el ámbito contable. Hoy en día países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Chile, entre otros, han comenzado a acoger el concepto de cuentas ambientales, pero aún no se ocupan esos resultados como indicadores de crecimiento. Cabe destacar que todos esos países son ahora socios comerciales de México en diferentes acuerdos de libre comercio. La asignación de un valor económico a algún ecosistema, especie biológica o grupos de especies, secuencia de ácido desoxiribonucleíco (ADN) o patrimonio genético, y servicios ambientales de los ecosistemas, obedece a la tendencia mundial para que los elementos naturales estén presentes en los mercados internacionales formales, y así estar en posibilidad de repartir de manera justa en el país los costos y beneficios de su uso y conservación. Cuando estos conceptos y resultados se incorporen -integradamente con otros conceptos ecológicos y sociales-, la gestión ambiental habrá entrado de lleno en el lenguaje del "desarrollo sustentable".
PRESIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA SOBRE LOS ECOSISTEMAS Los tres socios comerciales de América del Norte -Canadá, Estados Unidos y México-, están presionando fuertemente sus ecosistemas y recursos naturales en función del desarrollo económico. Pero México, además, debe de contender con una excepcional "presión social" sobre los ecosistemas, producto de la marginación económica, la sobrepoblación con requerimientos de desarrollos urbanos y suburbanos, la deforestación y expansión de la frontera agropecuaria, y el desconocimiento del valor de existencia de sistemas ecológicos críticos para la estabilidad ambiental del país. Esto hace dramático incorporar cuestiones de demografía, en los escenarios de: cuencas hidrológicas, frontera agropecuaria, áreas naturales protegidas, áreas de alto riesgo y vulnerabilidad natural o inducida, y situar al país en sólidos términos normativos/ecológicos/económicos frente al desafío del "desarrollo sustentable". En 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED 1987) adoptó por unanimidad el "Informe Brundland ó Nuestro Futuro Común", que constituye el acuerdo más amplio entre científicos y políticos del planeta sobre problemas globales del desarrollo y el medio ambiente, particularmente con un enfoque "social" relativo al desarrollo sustentable. En Junio de 1992, los Jefes de Estado y de Gobiernos atendiendo la Reunión Mundial de Naciones Unidas sobre
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Ambiente y Desarrollo (UNCED Rio'92), ratificó esos planteamientos y firmó el "Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable, Agenda 21". El concepto de desarrollo sustentable subraya la necesidad de un enfoque integrado del desarrollo económico y la protección ambiental, buscando un desarrollo económico en órdenes de magnitud que garanticen la protección de los recursos y la estabilidad ambiental, en beneficio de las actuales generaciones y de las futuras. Es decir, una presión económica y social sobre los ecosistemas, para "una transformación productiva con equidad social", esto en los términos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante su reunión 23a. de Caracas en 1990. Este enfoque postula que los países incorporen el progreso técnico para acrecentar la productividad y mejorar las condiciones de vida de la población, todo ello sin menoscabo de la disponibilidad de los recursos naturales ni de la calidad de vida. Una variante que enriquece la noción original del desarrollo sustentable, es aquella que concibe a éste en tres dimensiones: a) capital social, b). capítal económico y, c) capital ambiental, entendida la palabra capital tanto en términos de existencia como de la calidad de los recursos (Figura 1). Bajo este planteamiento, utilizado ya por diversos países e instituciones, el énfasis está en desarrollar el capital económico y el capital social mientras se ejerce una sólida administración del capital ambiental. Todo ello, ha cobrado mayor vigencia en virtud que las estadísticas mundiales revelan una situación critica para los recursos naturales (Goodland et al. 1997). Se afirma que casi la mitad del bosque húmedo tropical ha sido destruido por actividades humanas; que de los 5 millones de especies de flora y fauna (silvestre, marítima, fluvial y lacustre) cada año desaparecen de la biosfera mas de 5 mil especies; también que cada año se adicionan en todo el mundo casi 6 mil millones de toneladas métricas de gases que propician el efecto invernadero; y que en los últimos 30 años el nivel del anhídrido carbónico en la atmósfera se ha incrementado en 40 por ciento, lo que provoca índices elevados de contaminación ambiental. En el caso de México, décimo primer lugar entre los países más poblados del planeta, la situación del desarrollo industrial y del crecimiento urbano genera múltiples presiones sobre los ecosistemas; en particular sobre la disponibilidad y capacidad de renovación de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente. Por ejemplo, más de 40 de las 320 zonas de explotación acuífera en el país extraen un volumen de agua mayor al que recargan. Esto genera un proceso de sobreexplotación, y por lo tanto de abatimiento del nivel de los mantos freáticos poniendo en riesgo la sustentabilidad de este recurso. Además, alrededor de 3 de cada 10 habitantes en México residen en localidades que se encuentran a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y que, en éstas, sólo se dispone de 4 por ciento del escurrimiento natural de agua. A nivel nacional, 30 de cada 100 toneladas de residuos sólidos no son recolectadas; alrededor del 80 por ciento de la basura que se recaba tiene como destino final tiraderos a cielo abierto; y se estima que cada año se genera gran cantidad de residuos industriales peligrosos en todo el país (ver INEGI 1996).
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Para México, esto es un cúmulo de ingredientes estratégicos y un enorme desafío, sobretodo enfrentando el comercio internacional, puesto que ni Canadá ni los Estados Unidos –socios comerciales frente al TLC-, sufren la "presión social" que México tiene sobre sus ecosistemas y el medio ambiente; escenario que se complica además enfrentando compromisos como país miembro de la OCDE. En consecuencia, las estadísticas del medio ambiente deben manejarse en audaces sistemas de información geográfica, compaginando la demografía, la cultura y la presión social -insoslayable en el país-, con los requerimientos para el desarrollo económico que también presiona a los ecosistemas y sus recursos. La ecuación integrada de las presiones sociales, económicas y ambientales, en un marco jurídico y normativo; es la antesala del desarrollo sustentable. Por todo esto, México debe retomar esta línea en la agenda de "medio ambiente/economía/comercio", como una tendencia incipiente de alta prioridad en la presente década.
LOS PAISES POBRES PIERDEN RENTA POR NO VALORAR LAS EXTERNALIDADES Los ecosistemas de manglar en costas tropicales están constituidos por una variada, dinámica, compleja e interrelacionada gama de recursos naturales y ambientales. Estos, son capaces de generar un flujo de bienes y servicios significativo y cumplir importantes funciones ecológicas y ambientales. Por otro lado, la conversión de las áreas de manglar para usos alternativos, como por ejemplo, en granjas camaroneras, puede generar considerables beneficios económicos a sus dueños. No obstante lo anterior, su conversión implica la renuncia a gozar de los beneficios que éstos generan como recurso natural (bienes, servicios y funciones ecológicas y ambientales), i.e., RENAs sensu Agüero 1994. En los mercados actuales se transan, y por tanto, valoran sólo los bienes y algunos servicios que éstos proveen. Quedan fuera del mercado, y por tanto sin valorar, importantes funciones ecológicas que los manglares cumplen tales como: protección y estabilidad del litoral, retención de nutrientes y sedimentos, carga y recarga de agua, áreas de crianza y protección de juveniles de recursos pesqueros. Una valoración económica y social adecuada de los manglares, debe considerar el valor total neto actualizado del flujo de bienes y servicios que el área de manglar puede generar intertemporalmente en su mejor uso alternativo, junto con los costos asociados a la pérdida de las funciones y propiedades de éstos como recurso natural y ambiental. Una de las causas principales de la creciente conversión de manglares en usos alternativos como las granjas camaroneras, está precisamente en la inadecuada valoración presente y futura de estos elementos del valor de un ecosistema de
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manglar. La no contabilización de los costos ambientales (finalmente traducidos en costos sociales) arroja indicadores de rentabilidad (privada) mayores que los reales (social). Como consecuencia, se crean incentivos para una mayor tasa de conversión que la social y ambientalmente deseable (sustentable) y la renta que éstos pueden generar se disipa por sobre-explotación o sobre-capitalización o se transfiere al exterior al no internalizarse adecuadamente los costos sociales y ambientales. Esto también es válido para la reconversión de los manglares en zonas de infraestructura turística. La consecuencia final de esta situación resulta casi inexplicable. Los países en vías de desarrollo, que son los que mayoritariamente convierten sus ecosistemas de manglar en usos alternativos para la producción de bienes exportables a países desarrollados, transfieren al exportar, no sólo los bienes producidos sino también, gran parte de la renta que ellos puedan generar. Paradójicamente así, los países generalmente más pobres pierden renta al transferirla de ésta forma a los países más desarrollados y ricos al exportar sus productos, por no valorar adecuadamente las externalidades. La Figura 2 muestra como la no consideración de los costos ambientales lleva a una transferencia neta de renta al exterior si los productos son exportados. Complementariamente, esto puede ser bien entendido describiendo un ejemplo como "el síndrome de Taura". La importancia que la camaronicultura ha adquirido en Ecuador, es conocida por todos. Constituye el segundo rubro de importancia para la economía del país después del petróleo, generando empleo a más de 200 mil trabajadores, y retornos en divisas por un monto de 525 millones de dólares en 1992 y 450 millones de dólares en 1993. Gran parte de esta actividad se realiza en áreas de manglares aprovechando la alta productividad y riqueza de éstos ecosistemas. Actualmente, esta importante actividad económica está en crisis (incertidumbre desde la mitad de los años 90's) debido -entre otras cosas- al "síndrome de Taura", enfermedad que está atacando a los camarones en el Golfo de Guayaquil, como consecuencia del deterioro general de la calidad del agua de la cuenca hidrológica del Río Guayas. La causa fundamental del deterioro de este ecosistema radica en el uso de fungicidas sistémicos que los productores bananeros están aplicando para el control de la Sigatoka negra en sus plantaciones. Las perdidas económicas que hasta el primer semestre de 1994 se habían establecido son alarmantes. La estabilidad laboral de ese sector se debate también en un margen de incertidumbre. El "síndrome de Taura" es un ejemplo claro de cómo un sector productivo -los bananeros- imponen costos no internalizados por ellos a otro sector productivo -los camaroneros-. El resultado final es el deterioro ambiental -desintegridad del ecosistema-, baja en la producción de los recursos naturales, y perdida de renta y retornos netos, como consecuencia de externalidades no internalizadas o convenientemente valoradas.
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FUNCIONES ECOLÓGICAS Y VALORES ECONÓMICOS La importancia de evaluar económicamente las funciones ecológicas de algunos ecosistemas como el manglar y de sus recursos de interés comercial, es una línea de investigación de frontera. En las costas tropicales esto es una necesidad urgente, frente el uso intensivo e indiscriminado de sus litorales, por la presión de explotación y optimización de sus recursos naturales. Lo versátil de la zona costera -en usos y recursos- induce intensas presiones socioeconómicas e impactos ecológicos que degradan los ecosistemas, las inversiones económicas se colapsan, el desarrollo no puede sostenerse, y el deterioro de la calidad del hábitat y del agua, va mostrando efectos acumulativos a largo plazo, algunas veces irreversibles. No obstante la importancia económica de las funciones ecológicas de los ecosistemas de manglar, históricamente los países tropicales los continúan deteriorando. Su protección jurídica aún es poco efectiva y no representan una prioridad. Esto deberá cambiar rápidamente ante la tendencia mundial para los próximos años. El punto que deberá enfatizarse es que el valor económico del ecosistema esta conectado a su función física, química y biológica integral. Sin duda esta línea de investigación será una sólida herramienta de manejo ecológico de la zona costera en el futuro inmediato. Funciones ecológicas El ecosistema de manglar tiene importantes funciones ecológicas. Su optimización depende de preservar la calidad del agua y de los hábitats. En ecología, normalmente se hace una clara distinción entre función ecológica de un ecosistema (p.ej. ciclo de nutrientes, flujo de energía) y componentes estructurales (p.ej. marco físico ambiental, biomasa, diversidad biótica). Desde el punto de vista económico, esta distinción es útil, porque permite visualizar el recurso disponible y comprender de qué manera las funciones ecológicas son un puente entre el "valor" y el "beneficio neto" económico (ver Figura 3). El valor económico intrinsico de los recursos costeros indicados en la Figura 3, representa un "capital" de inversión para la sociedad; los bienes y servicios derivados de ellos son el "interes" generados por la inversión. Puesto que la destrucción de los recursos implica una disminución del "capital", por lo tanto los intereses disminuyen y terminan por desaparecer los beneficios naturales que el ecosistema provee de manera gratuita. El valor económico de los recursos esta en función de la salud del ecosistema, y este principio descrito en la Figura 3 representa un importante término de referencia para decisiones de manejo en ecosistemas costeros (YáñezArancibia 1999). Los pantanos (humedales) costeros tienen valores que pueden caracterizarse por las siguientes funciones: a) descarga y recarga de aguas subterráneas, b) control de flujo y reflujo, c) control de la erosión y estabilización costera, d) retención de sedimentos, e) retención de nutrientes, f) mantenimiento de la calidad del agua incluyendo transformación de nutrientes, g) protección de cambios meteorológicos, h) estabilización micro-climática i) amortiguamiento de los contaminantes de ecosistemas vecinos, j) recreación y esparcimiento, k) transporte de agua y
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equilibrio hidrológico, l) reclutamiento biológico. Un área específica no muestra necesariamente todas estas funciones de manera relevante. Normalmente las más evidentes tienen una relación más directa con los valores económicos del ecosistema, por una parte, y con el beneficio neto, por la otra. Este puente representa el mejor indicador de algunos parámetros que deben ser medidos para evaluar económicamente el ecosistema. Por ejemplo, preservar el manglar como área de crianza y alimentación de peces y crustáceos y proteger la línea de costa, influye en la calidad del hábitat y asegura el desarrollo de las pesquerías. A su vez, el manglar retiene sedimentos, nutrientes y amortigua contaminantes, y eso influye en la buena calidad del agua. Por lo tanto, la "economía ambiental" se refleja en la "economía de los recursos naturales" Valores económicos El análisis económico requiere de una adecuada identificación de funciones ecológicas relevantes y los productos (o recursos) generados. La evaluación puede ser mucho más importante en términos de su impacto sobre actividades económicas que se han sostenido en el área, incluyendo tanto los valores comerciales, como también los que no tienen precio de mercado. Evidentemente algunos productos sirven directamente a la sociedad, p. ej. peces, madera, animales silvestres, fibra. Otros valores se derivan de usos indirectos, p. ej. producción agrícola, pesca deportiva o acuacultura, mantenimiento de la calidad del agua. El equilibrio entre ambos tipos de usos determina un balance entre "deterioro" y "conservación"; en otras palabras, entre impacto ambiental irreversible ó desarrollo sostenible (Figura 3). Valores y recursos pueden tener pesos específicos diferentes en relación con el entorno socio económico regional. Los valores económicos y recursos asociados pueden ser los siguientes: a) recursos forestales, incluyendo madera aserrable, postes, durmientes, leña y carbón, b) cacería y comercio de vida silvestre, c) pesquerías de peces, crustáceos y moluscos, d) pastizales de forraje de ganado, e) extracción de ácidos húmicos como taninos, f) mantenimiento de la calidad del agua y hábitats, en relación con áreas de anidación y descanso de aves y reptiles, turismo ecológico y educación ambiental, g) producción agrícola, acuacultura y extracción de sal, h) suministro de agua, i) recursos energéticos, incluyendo turba, carbón, radiación solar y mareas. Más aún, los valores que no tienen precio en la conservación y el desarrollo sostenible incluyendo el valor de existencia, derivado de la satisfacción de saber que un recurso natural está siendo protegido para que continúe existiendo, y su valor de demanda opcional futura, derivado del conocimiento de que futuras generaciones tendrán la oportunidad de disfrutar de un recurso biótico protegido hoy por la sociedad. La mayoría de estos valores no comerciales están asociados a los atríbutos de diversidad biológica, acervo genético, herencia cultural, y calidad del ecosistema para el reclutamiento de especies de interés comercial. Odum y a través como el producir
Campbell (1994) consideran que el valor de un manglar puede estimarse de la suma de la Emergia requerida para producirlo (se define la Emergía total de la energía de una clase -requerida directa e indirectamente- para un bien o servicio económico o ambiental). En la Figura 4, se muestran
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los aportes de Emergía como fuentes (círculos) y las principales contribuciones pagadas y no pagadas del ecosistema de manglar a una economía en desarrollo. Hay solo dos fuentes independientes de aporte de Emergía: energía solar concentrada por los procesos terraqueos, que produce la lluvia, el viento, las olas y el flujo de los ríos, y la energía de las mareas que es gravitacional. Las transformidades de las Emergías de la tierra incluyen el calor central del planeta junto con la Emergía solar como aportes a su proceso de producción. La mayor Emergía de base solar es el uso del agua del río por el manglar, lo que en conjunto con la Emergía de las mareas constituye la Emergía empleada por el manglar para producir biomasa. Desintegración ambiental El deterioro del ecosistema costero tropical es severo cuando se vulneran las funciones ecológicas del sistema de manglar. El óptimo de estas funciones depende de la calidad del hábitat y del agua (ver Figuras 3 y 4). Experiencias observadas en Indonesia, Filipinas, Tailandia, Costa Rica y Ecuador, permiten sacar valiosas experiencias de lecciones aprendidas. Por ejemplo, es evidente que el deterioro en el rendimiento de la acuacultura en Ecuador, se debe a la dramática disminución de la cobertura vegetal de manglares, perdida de la calidad del hábitat y del agua, aumento de la turbidez por fuerte erosión inducida, enriquecimiento orgánico y aumento de agroquímicos, desequilibrio en la estabilidad de proceso de asolve y transporte de sedimentos, alteración de la dinámica hidrológica, deterioro socioeconómico, y marcada disminución de postlarvas disponibles de camarón (Yáñez-Arancibia 1991, Agüero 1994 y 1999, Twilley et al. 1998 y 1999). Ecuador pasó de una producción de 4,698 toneladas de camarón cultivado en 1979, a 49,452 toneladas en 1987, a través de un vertiginoso sistema intensivo. El atractivo de los 388 millones de dólares por las cosechas de 1987, eclipso la realidad que se avecinaba para los años 90's. En 1988 operaban 125 mil hectáreas de granjas camaroneras y 99 laboratorios de producción de postlarvas. Para mediados de los años 90's, un gran número de laboratorios estaba fuera de operación y se apreciaba una paradoja entre granjas abandonadas y nuevas áreas autorizadas para acuacultura. El equilibrio armónico de este problema sigue siendo crítico al inicio del año 2000. Ajuste socio económico El modelo ecuatoriano tiene una gran importancia para no repetir errores secuenciales y expansivos en los litorales del Golfo de México (Twilley et al. 1998 y 1999). Los altos rendimientos iniciales, determinaron que los intereses bancarios para el desarrollo de esta actividad fueran elevados, haciendo esto más contrastante en la actualidad cuando el precio del camarón está en ligero descenso por la competencia internacional desde los mercados asiáticos. Normalmente, esta es una economía exportadora, que crea extensiones de las economías de naciones desarrolladas. Los beneficios económicos fluyen a pocos individuos, y las cifras macroeconómicas se reflejan en limitados beneficios para las economías locales y para el pueblo en general, partícularmente para los
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pescadores más pobres que terminan por ser desplazados por la técnica de la industria camaronera. Este aspecto, es una preocupación real en programas de manejo integral, puesto que el beneficio económico es función de la calidad del ecosistema (ver Figuras 3 y 4). Esta actividad debe ser cuidadosamente analizada y cuantificada para su incorporación al proceso productivo en cualquier litoral tropical. La base de datos científicos disponibles para avanzar en este aspecto es enorme (Agüero 1994 y 1999; Twilley et al. 1998 y 1999). Sin embargo, se requiere información de ecología aplicada para dar seguimiento y retroalimentar los modelos de desarrollo evaluándolos correctamente lo cual permite sintetizar e integrar información para cualquier programa de manejo proyectado (Yáñez-Arancibia et al. 1999). Se hace necesario por tanto, no sólo identificar adecuadamente los diversos bienes, servicios y funciones que estos ecosistemas cumplen para la sociedad en las comunidades locales, sino también, métodos apropiados para su correcta valoración a fin de diseñar estrategias de manejo efectivas. Hasta hace poco tiempo los ecosistemas de manglar eran considerados como recurso sin valor económico ni social (Agüero 1994, Yáñez Arancibia y Seijo 1991, Yáñez-Arancibia 1994 y 1999, Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1994 y 1999). La creciente conversión de las áreas de manglar en usos alternativos como por ejemplo, granjas camaroneras de alta rentabilidad financiera, está evidenciando que estos pueden asumir un valor económico significativo. No obstante el gran valor económico que los usos alternativos del manglar puede generar, su conversión implica la renuncia a gozar de los beneficios que estos generan como recurso natural. Estos consisten en los diversos productos, servicios y funciones ecológicas y ambientales que cumplen y que también debidamente valorados- asumen importantes valores económicos y sociales. Se han realizado muy pocas experiencias de valoración económicas de manglares en el mundo. Sin embargo algunas estimaciones realizadas en Asía, América Latina y Norte América indican que el valor de estos puede oscilar entre US$500 y US$5,000 por hectárea (Agüero 1994 y 1999, Odum y Campbell 1994, Twilley et al. 1998 y 1999, Lara-Domínguez et al. 1998, Lara-Domínguez y Yáñez-Arancibia 1995). No obstante esas estimaciones de valores económicos, las principales áreas de manglar en países en desarrollo continúan en creciente deterioro y reconversión del ecosistema para desarrollos socioeconómicos. En términos generales, el deterioro global de los manglares es producto de una mezcla de procesos sociales y económicos desajustados, como son: a) Inapropiada legislación de la propiedad de recursos naturales así como la de los sistemas para su acceso y uso. b) Inadecuado funcionamiento del mercado, que no refleja el valor de los servicios ambientales de los manglares ni su real precio. c) Conversión no controlada del sistema de manglar por cambios en la organización del tipo de vida de las comunidades costeras; cambios temporales en la actividad económica alternando entre pescador, campesino y artesano. d) Incremento en el consumo de energía per capita. e) Centralización de las decisiones políticas sobre las área de manglar en los acuerdos económicos internacionales. f) Manejo descoordinado y
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fragmentado o ausencia de un plan de manejo. g) Ausencia de planes integrales de desarrollo costero. h) Depreciación del valor ecológico con presión sobre uso y abuso a corto plazo por cambios de uso de suelo y carencia de ordenamientos territoriales; explotación no sostenible. i) Poco impacto de los resultados científicos y su disponibilidad en términos prácticos, para los usuarios del sector oficial; carencia de términos de referencia, de vocación y aptitud de la región, evaluación de recursos, viabilidades ecológicas para desarrollos productivos; reconversión de áreas de manglar en agricultura y acuacultura que se colapsa en pocos años. j) Desconocimiento de los posibles impactos dinámicos resultantes de las diversas estrategias de uso y manejo de los manglares (Yáñez-Arancibia 1994, YáñezArancibia y Lara-Domínguez 1994 y 1999, Lara-Domínguez et al. 1998). Sin embargo, el problema fundamental radica en la inadecuada valoración que se hace de ellos y que genera incentivos para conductas sociales de uso inapropiadas (Agüero 1994 y 1999). Los enfoques tradicionales para volorar económicamente los manglares, humedales, pantanos o recursos naturales similares, ponen el énfasis sólo en el valor del flujo de bienes y servicios que es posible obtener de estos. Consecuentemente, el valor económico y social de las funciones que estos cumplen es generalmente considerado como nulos. De igual manera, tampoco son contabilizados los costos ambientales asociados a la perdida de estos recursos (externalidades), causada por su conversión a usos alternativos. Como consecuencia, estos enfoques introducen un fuerte sesgo hacia la subvaluación del valor económico presente de estos recursos costeros -in situ- y por tanto, a la sobrevaloración del retorno en usos alternativos.
¿CÓMO ESTÁ REACCIONANDO MÉXICO? En el país la valoración económica de recursos naturales y ecosistemas críticos ha tenido pulsos recurrentes. Tanto el sector oficial (sector público) como el académico han hecho avances, aún cuando poco integrados entre sí. La SEMARNAP, el INE, e instituciones en paralelo, están tratando de implementar y aplicar el modelo de instrumentos económicos al medio ambiente, integrando experiencias del Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL 1992). La necesidad de avanzar se acrecentó ante la crisis ambiental que se presentó en paralelo a la crisis económica de los años 80's. En un estudio realizado por el Banco Mundial se calculó el costo monetario de la erosión, la contaminación del agua y el suelo, la sobre explotación de los mantos acuíferos en toda la República Mexicana, así como el costo de la contaminación atmosférica del Distrito Federal (SEDESOL 1992). En él se indica que las pérdidas económicas por la reducción de la fertilidad natural del suelo, a causa de la erosión, son de la menos 1000 millones de dólares anuales. Los costos de salud por la contaminación de las aguas y la inadecuada disposición de residuos sólidos pueden alcanzar cifras hasta de 3000 millones de dólares. Los subsidios al consumo de agua en 1991 sumaron 1160 millones de dólares, lo que provocó una explotación que rebasó en mucho lo óptimo.
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En el ámbito nacional e internacional, uno de los problemas que más atención ha recibido es la contaminación atmosférica, acuática, acumulación de basura, y erosión de suelos de la ciudad de México. Se sabe al respecto que los costos en la salud de los habitantes -por efectos derivados del ozono, plomo y basura, en la salud infantil y geriátrica-, han llegado a ser de más de 1000 millones de dólares por año. Estos cálculos son gruesos y podrían ser mayores, pero sin duda proporcionan una idea de lo que implica la degradación ambiental en términos económicos (ver Tabla 1). Por otra parte, un ejercicio hecho por el INEGI (1996, 1999) buscó ajustar el PIB para tomar en cuenta los costos de la degradación ambiental y la reducción del acervo de los recursos naturales. Los cálculos proporcionan una idea de la severidad de la degradación ambiental; por ejemplo: 1). El Producto Interno Neto (PIN) en 1985 fue 6% menor, al corregirse por la reducción neta del acervo de petróleo y bosques; de modo que la inversión neta, en vez de contribuir con 11% al PIB nacional, lo hace sólo con 6%. 2). Si a la reducción del acervo de recursos naturales se añaden los costos de la degradación ambiental (aire, agua, tierra y erosión) la reducción total del PIN sería del 13%: por lo que la inversión neta pasaría a ser negativa, llegando a -2% del PIN. Estos resultados apuntan a que la degradación ambiental puede ser tan seria, que parte de la riqueza que se cree estar generando sea tan sólo el consumo del capital natural del país (ver Figuras 1, 2 y 3). Por otra parte, los problemas ambientales representan -desde diferentes perspectivas- una restricción al crecimiento presente y futuro del país. Una cuenca hidrológica contaminada reduce los usos del agua río abajo, afectando además severamente a la zona costera. Los daños a la salud de niños y adultos impiden que éstos se eduquen en forma adecuada, reduciéndose la inversión en capital humano (ver Figura 1). Al no internalizarse los costos ambientales de la producción, el país se aleja dramáticamente del óptimo de eficiencia y se generan efectos distributivos injustos (ver Figura 2). En estos tiempos en que se define una nueva estrategia de desarrollo del país, es muy importante hacer compatibles y complementarias las políticas económica y ambiental (ver Figura 3 y 4). Luego entonces las preguntas obligadas son: ¿Cómo utilizar los instrumentos de mercado para conservar el medio ambiente?. Y ¿Cuál es la capacitación y el aprendizaje de experiencias nacionales?. La década de los años 90's fue particularmente productiva en talleres, discusiones, cursos, seminarios. Algunos resultados pudieron ser capitalizados y así surgieron ciertas publicaciones tanto en revistas técnicas, como también algunos informes de proyectos, incluso publicaciones de la SEMARNAP y del INE. Siguiendo una cronología parcial se puede mencionar lo siguiente. En 1991 llamó mucho la atención en México el "fenómeno" ecuatoriano de conversión de manglares en granjas camaroneras, particularmente buscando un ajuste ecológico y socioeconómico por el impacto ambiental de esta actividad, siendo un tema central la economía ambiental, los valores económicos de las
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funciones ecológicas, y los requerimientos metodológicos de valoración económica de bienes y servicios de los humedales tropicales (Yáñez-Arancibia 1991, Yáñez-Arancibia y Seijo 1991, Lahmann et al. 1991). Este mismo año se iniciaba el proyecto "Importancia económica de las funciones ecológicas de los ecosistemas de manglar, Campeche un estudio de caso", con el auspicio de la Secretaría de Educación Pública a través del Fondo para Modernización de la Educación Superior SEP-FOMES (Villalobos Zapata et al. 1991). En 1992 el ex-Programa Epomex del Golfo de México organizó el primer curso diplomado internacional con el tema "Economía ecológica en ecosistemas costeros tropicales" y la participación de estudiosos de Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Italia, Brasil, Costa Rica y México, y un fuerte énfasis transdiciplinario en el enfoque teórico, conceptual y metodológico para la enseñanza de este tema (Sánchez Chávez 1992). Este mismo año -en el marco de UNCED Rio'92- se desarrolló en Niteroi Río de Janeiro, el taller "Conservation and sustainable utilization of mangrove forest in Latin America and Africa regions", y allí fueron presentado resultados en ecosistemas de manglares mexicanos (Yáñez-Arancibia et al. 1992a). Este enfoque permitió más tarde precisar que de las principales funciones ecológicas del manglar -con implicación económica- está la estabilización de la línea de costa, y su papel como planta natural de tratamiento de aguas residuales (Yá ñez-Arancibia et al. 1992b). Los avances en Laguna de Términos Campeche, permitieron proyectar el estudio de caso como modelo de enseñanza para la valoración económica y social de los manglares en Colombia (Villalobos Zapata 1992), y como foco de investigación para el escenario del Golfo de México (Lara-Domínguez et al. 1992). En 1993 el proyecto del ex-Programa Epomex, para valorar económicamente las funciones ecológicas de los manglares, permitió consolidar actividades en México y proyectarlas a Guatemala (Yáñez-Arancibia et al. 1993b y 1995) y Centroamérica. Esto último a través de un taller internacional convocado por la Universidad de Miami RSMAS, donde se presentaron resultados ecológicos, socio económicos y orientación metodológica (Yáñez-Arancibia et al. 1993a; LaraDominguez et al. 1993; Muñoz Piña 1994a y b). En 1994 el tema de valoración económica de ecosistemas críticos (como los manglares) se posesionaba como investigación de frontera. En abril de ese año se desarrolló el "Taller internacional sobre valoración económica de los manglares" en ciudad del Carmen Campeche, con el auspicio del Gobierno del Estado de Campeche, el ex-Programa Epomex del Golfo de México, la Estación El Carmen de la UNAM, la World Wildlife Fund Washington, y con la participación de economistas, ecólogos, sociólogos, biólogos e ingenieros, provenientes de seis países, quienes analizaron necesidades, requerimientos y estrategias de valoración económica (Yáñez-Arancibia 1994). Los retos económicos que enfrenta el país convierten en prioridad la atención a los problemas ambientales que conlleva el desarrollo y sus implicaciones económicas, y quedan pocas dudas que la capacidad de carga de los ecosistemas debe dimensionarse en términos de implicación económica y social (Villalobos Zapata et al. 1994a y b).
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En 1995 se detectó la necesidad de precisar una metodología calibrada internacionalmente y esto se resolvió a través de una "Reunión técnica internacional" con el propósito adicional de desarrollar, validar y poner a disposición de los "usuarios", una serie de elementos técnicos, económicos, ecológicos, políticos y culturales (sociales) necesarios de considerar en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible y conservación de ecosistemas costeros (Lara-Domínguez y Yáñez-Arancibia 1995; Yáñez-Arancibia et al. 1995b). Estos aspectos ya se manejan rutinariamente en diferentes cursos de capacitación en México (Sánchez Chávez 1992; Villalobos Zapata 1995), pero se necesita intensificar el aspecto de capacitación en el futuro inmediato. La segunda mitad de la década de los 90's avanzó a la producción de documentos integrados, reflejándose el interés del sector público en estas iniciativas. El INEGI (1996) publica los "Sistemas de Cuentas Económicas y Ecológicas de México", donde se presentan lineamientos para proporcionar el Producto Interno Neto Ecológico (PINE) del país. Seguidamente, el INE-SEMARNAP (1997) publican los resultados del Seminario de Economía Ambiental organizado por el INE y la Universidad Autónoma Metropolitana, en un libro denominado "Economía Ambiental-Lecciones de América Latina". Casi de inmediato, en 1998 durante la reunión de expertos sobre aspectos económicos de la biodiversidad de la OCDE, efectuada en París, México presentó una iniciativa para organizar un seminario internacional, con la intención de analizar y discutir las metodologías, los conceptos y los avances de países miembros y no miembros de la OCDE, en materia de economía de la biodiversidad; resultado de ello fue la publicación del libro "Aspectos Económicos sobre la Biodiversidad de México" producido por el INE-SEMARNAP, la CONABIO y la World Wildlife Foundation WWF(CONABIOINE 1998). Finalmente, el INEGI (1999) publica -bajo el marco conceptual y metodológico de las cuentas satélite del medio ambiente- el "Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México 1993-1997". Los costos ambientales son percibidos ampliamente pero, por su naturaleza, es difícil medirlos. No obstante, algunas estimaciones como en la Tabla 1 sugieren que estos costos son significativamente elevados. Por otro lado, hay que aplicar la imaginación y la innovación para generar mercado de bienes y servicios ambientales (por ejemplo, la captura de CO2 por la vegetación natural, o la mitigación frente al cambio climático global por los bosques). Conservar el medio ambiente es la mejor forma de mantener un sano balance entre la competitividad actual y futura de la economía mexicana, asegurando la disponibilidad de recursos tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
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EL CASO DE LOS MANGLARES: CÓMO VALORAR Y CUÁNTO VALE UN ECOSISTEMA Los Manglares Como ecosistema, el manglar es un bosque que marca la transición entre el mar y la tierra, constituyendo un cuarto de las costas tropicales a nivel mundial, siendo una gran reserva ecológica y forestal del planeta por su cobertura cercana a los 240 mil km2 (Yáñez-Arancibia y Lara-Domínguez 1999). En América Latina y el Caribe se estima una cobertura cercana a los 60 mil km2. En México la superficie cubierta es cercana a 550 mil hectáreas con el 60% en las costas del Pacífico y el 40% en el Golfo de México y Caribe. Estos bosques son valiosos debido a su importancia ecológica y su vínculo con el desarrollo económico de los litorales. El manglar protege las larvas y juveniles de variadas especies de peces, crustáceos y moluscos, que son pesquerías comerciales. No sólo conforman un hábitat crítico para muchas especies de aves y una gran biodiversidad, sino que también protegen al litoral del impacto del oleaje y controlan la erosión. Además contribuyen con nutrientes y material orgánico, proceso importante para estimular la productividad y fertilidad de las aguas costeras. Estos bosques proveen material de subsistencia y fuentes de trabajo e ingresos para muchas comunidades locales; sus maderas pueden ser aprovechadas para el autoconsumo o comercialmente. Del manglar se extrae madera para construcción, leña, carbón, taninos y medicinas. Pero como paradoja hay que enfatizar que se trata de ecosistemas subevaluados en términos ecológicos, a la vez que subvalorados en términos de economía ambiental (ver Figura 5). En este marco de referencia, el manglar es un sistema ambiental, social y económico complejo. La Figura 5 explica la sustentabilidad de este ecosistema y su potencialidad económica. En círculos se señalan las funciones de fuerza que modulan la ecología y economía del sistema; los ríos incluyen turbidez, nutrientes, y materia orgánica importada al sistema. Las mareas incluyen los mismos parámetros pero además larvas, juveniles y sales minerales. Los tres bloques centrales son intrínsecos del sistema; el costo de existencia biológica es prácticamente desconocido ($?), el costo de servicios ambientales es subvalorado ($$?!), pero el costo de bienes es sobrevalorado ($$$$!!!). La sobrevaloración de bienes directos, por una parte, y la subvaluación de los costos de existencia y servicios, por otra, induce un "feedback" negativo de altos costos de impacto ambiental no internalizados. El costo ambiental mitigado -en términos de sustentabilidad-, asegura el capital ambiental y económico y conlleva a una "inversión a la alta" del capital humano y social. La Figura 5 pone en jaque la metodología "clásica" para valorar económicamente el ecosistema de manglar. Métodos para la valoración económica. Lo "clásico" Desde la perspectiva económica, se han desarrollado diversos métodos para la valoración de recursos costeros como los manglares (Agüero 1993, 1994, 1999; Barbier et al. 1991, Barbier 1992; Bergstrom et al. 1990; Dixon 1989; Gosselink et al. 1974; Lal 1989, Lal y Dixon 1990; Lara-Domínguez et al. 1998; Vega López
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1997). Estos métodos se diferencian según el concepto de valor adoptado, los algorítmos de solución usados y el tipo de información requeridos (ver Figura 6a). Los enfoques recientes adoptan una perspectiva pragmática, homocéntrica e integral respecto al valor -son los individuos con sus preferencias los que determinan el valor de un bien o recurso-. De esta manera, los recursos naturales -como los manglares- sólo asumen valor en la medida que son capaces de satisfacer necesidades humanas y por tanto, valoradas de acuerdo a como éstos entran en la escala de preferencias de los individuos. Este es el enfoque sintetizado en el concepto de "valor económico total" (VET) (Randall 1987). De acuerdo a este enfoque, el VET consta de: valor de uso (VU) y valor de no uso (VNU). El VU se puede desglozar en valor de uso directo (VUD), valor de uso indirecto (VUI) y valor de opción (VO). En el VNU se distingue el valor de existencia y otros valores de no uso, incluyendo usos potenciales. Se utilizan diversas técnicas y algoritmos para el cálculo del valor de un recurso. Entre lo frecuente destacan los métodos para determinar disponibilidad a pagar, los métodos de costo-beneficio, los modelos de insumo-producto, los modelos de programación matemática, y las técnicas de óptimo control (Agüero 1994). Existen varios métodos de valoración que se han desarrollado en las dos últimas décadas. Estos permiten estimar el valor de los recursos naturales aunque éstos no sean transados en el mercado. Se clasifican generalmente en dos categorías, según el orígen de la información para su cálculo: métodos directos, basados en la observación de las decisiones de los consumidores en mercados relacionados (comportamiento real en el mercado) y métodos indirectos basados en encuestas (comportamiento potencial en mercados hipotéticos). Algunas clasificaciones distinguen en este último grupo, a los métodos Contingentes usando cuestionarios en situaciones hipotéticas. También los métodos se clasifican según su efecto directo en el bienestar de las personas y su efecto sobre la producción. Cada uno de estos métodos tiene diferentes variantes según los efectos que enfatiza distinguiéndose diversos métodos específicos (ver Figura 6). La aplicación de estos métodos a la valoración de los ecosistemas de manglar en América Latina es todavía incipiente (Agüero 1993, 1994, 1999; Lara-Domínguez et al. 1998; Vega López 1997; Yáñez-Arancibia 1994; Windevoxhel 1994). Más aún, su desarrollo metodológico ha surgido como respuesta a necesidades de países desarrollados cuyas condiciones sociales, institucionales, culturales y económicas son muy distintas a las prevalecientes en economías tropicales y en desarrollo (Agüero 1999; Barbier et al 1991, Barbier 1992; Dixon 1989; Lal 1989 Lal y Dixon 1990). Así por ejemplo, la mayoría parten del supuesto de racionalidad de las decisiones de los agentes económicos y de información disponible. Se hace necesario por tanto, una cuidadosa readecuación y revisión crítica tanto de sus supuestos como procedimientos de obtención de información, antes de su uso en la realidad Latinoamericana (ver Figura 5). Método de los Coeficientes Integrales. Lo "nuevo" La necesidad de integrar funcionalmente los diversos componentes del valor de los ecosistemas costeros como los manglares, con debida referencia a su
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dinámica poblacional, espacial y temporal, y a las condiciones socio-culturales de los países tropicales, llevó al desarrollo del "método de los coeficientes integrales (MCI)" (Agüero 1993, 1994, 1999). Este método fue desarrollado por un grupo interdisciplinario de profesionales, cuyo trabajo se inició primeramente en el sudeste asiático (ICLARM Filipinas), para continuar luego en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Naciones Unidas, y que actualmente se constituyen en el Centro Interamericano para el Desarrollo Sustentable de Ecosistemas (ICSED) con sede en Santiago de Chile. El MCI articula funcionalmente los diversos parámetros (coeficientes) que sintetizan las interacciones fundamentales entre los diversos componentes del ecosistema bajo uso/explotación (ver Figura 5 y Figura 6b). Se distinguen cuatro grupos de componentes básicos: a) El sistema de recursos naturales (biomasas), b) El sistema ambiental (aire, agua, tierra), c) El sistema tecnológico (métodos y medios de producción e infraestructura) y, d) El sistema económico y social (el hombre, la cultura, las instituciones, las leyes, el mercado). El rendimiento de un recurso costero como los manglares, y su valor, están determinados no sólo por sus propias características y tasas intrínsecas de cambio en el tiempo (dinámica poblacional); sino también por la relativa abundancia de los otros componentes y recursos del ecosistema, de la intensidad y forma del patrón de explotación (sistema tecnológico), y de los factores socio económicos que determinan sus tasas de explotación intertemporales (extracción y consumo). La determinación del valor del ecosistema se sintetiza a través de una "Función de Beneficio Socio-Económico Neto" (FBSN) (ver Figura 6b), que recoge todos los flujos negativos y positivos de valor (costos y beneficios) derivables del manglar en sus mejores usos alternativos sujeto a condiciones de sustentabilidad de los mismos. A través de un proceso de optimización (usando técnicas de programación matemática descritas en Agüero 1999) se identifican las condiciones de uso óptimo con debida consideración de las diversas interacciones (externalidades) y restricciones impuestas por los componentes biológicos (sustentabilidad), tecnológicos (eficiencia en la producción), socio económicas (eficiencia económica y distributiva), y ambiental (límites de la capacidad de carga). El enfoque conceptual del método de los coeficientes integrales (Agüero 1993, 1994, 1999), pone énfasis en la naturaleza diversa, dinámica, espacial, y en las inter relaciones que se establecen entre los diferentes componentes del ecosistema costero determinantes del valor de los mismos. Se concreta en un modelo cuantitativo (matemático) que integra los diversos componentes de valor agregados por el uso, explotación y preservación de un ecosistema como los manglares, en sus mejores usos alternativos. El enfoque usado para modelar el ecosistema costero y su funcionamiento, con fines de valoración económica, resulta ser cuantitativo, monetario, homocéntrico, integral y dinámico. El concepto de valor usado es el de "valor económico total" modificado, a fin de incluir la función de rendimiento sostenido del recurso renovable y de las diversas externalidades negativas y positivas.
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El modelo identifica las condiciones de uso-explotación del manglar que arrojan el máximo valor del beneficio neto de su uso o conservación, determinándose el valor de éste en su mejor uso alternativo y los niveles de cada actividad asociadas a este valor óptimo. El vector de precios sombra que genera el modelo de optimización en el óptimo, constituye una pieza de información clave para determinar el valor social de los manglares. La configuración de escenarios alternativos con restricciones tecnológicas, económicas, biológicas, ecológicas o sociales simuladas, permite observar impactos y resultados en el valor obtenido, y el efecto de intervenciones o políticas de manejo alternativas. El modelo matemático (Agüero 1999) se opera sobre la base de un conjunto de coeficientes y parámetros funcionales que sintetizan las interacciones entre componentes del ecosistema. Las características estructurales del ecosistema y el recurso manglar se modelan como parámetros o restricciones impuestas exógenamente. Mediante análisis paramétrico y de sensitividad se pueden configurar estados alternativos de la naturaleza (escenarios) y evaluar su efecto sobre el valor económico y social. La aplicación experimental del MCI en ecosistemas de manglar en Ecuador (Guayaquil) y Colombia (Tumaco), ha mostrado que el MCI es capaz de representar adecuadamente la estructura, funcionamiento y usos por reconversión, desde el punto de vista de una valoración integral económica y social. Ha permitido además identificar el impacto de cambios en el valor de parámetros y coeficientes relevantes y su efecto sobre el valor económico total de los manglares (Agüero 1999). Estudio de caso en México, con "lo clásico" Este resultado se basa en el trabajo de Lara-Domínguez et al. (1998), sobre los manglares de Laguna de Términos en Campeche al sur del Golfo de México. El ecosistema de manglar en Pom-Atasta está dominado por Avicennia germinans (mangle negro) pero también se presenta en abundancia Rhizophora mangle (mangle rojo). Las otras dos especies de mangle, Laguncularia recemosa (mangle blanco) y Conocarpus erectus (mangle botoncillo) también están presentes en este sistema, y todas ellas tienen un gradiente de complejidad estructural que va desde el borde costero hacia los humedales interiores. Los valores de biomasa estimados para los maglares de Pom-Atasta fueron de 760 toneladas por hectárea, lo que indica un bosque maduro y elevada estabilidad ecológica, además que no ha sufrido impactos ambientales (ver Tabla 2). Estos bosques pueden tener más de 100 años de edad y, por las alturas registradas de 31 metros o más, significa que se trata de los ecosistemas de manglar mejor estructurados y conservados de México. Estos valores de biomasa son bastante superiores a las 50 toneladas por hectárea en bosques de 6 años de edad en Tailandia, de 270 a 460 toneladas por hectárea en bosque de más de 80 años de edad en Malasia, y de 590 toneladas por hectárea en bosques vírgenes de las Filipinas (Bárcenas et al. 1992). El trabajo de Lara-Domínguez et al. (1998), establece que es ampliamente reconocida la importancia ecológica de estos humedales forestados, así como también, el papel fundamental que juegan para el desarrollo cultural de las
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organizaciones sociales que coexisten. Esto es representativo en Ciudad del Carmen (Isla del Carmen), Campeche. Sin embrago, todavía la protección legal de los manglares es débil, aún considerándose que muchas de estas áreas de humedales en el país están actualmente incluidas dentro de diferentes zonas de protección ecológica. Reconociéndose que estos ecosistemas son recursos naturales renovables claves para la sustentabilidad ambiental, ellos son considerados ecosistemas subvalorados y, por lo tanto, una ruta común es su conversión a usos alternativos sin un análisis de costo/beneficio. En México, la prioridad de valorar estos ecosistemas se debe al hecho principal que en los últimos 25 años se ha deforestado más del 60% de la cobertura original de estos bosques en la zona costera del país. La Laguna de Términos fue declarada como área natural protegida en 1994, en el marco de la legislación ambiental del país. Se le considera el ecosistema lagunarestuarino emblemático de México, por su gran valor científico, económico, y sociocultural, con una superficie de humedales y manglares de 127 mil hectáreas, coexistiendo en una región de gran producción de petróleo y gas, importantes recursos pesqueros, y extensa agricultura de tierras bajas (Yáñez-Arancibia et al. 1993c, Tabla 2). Fueron identificados los valores de uso y de no uso del ecosistema de manglar que circunda la Isla del Carmen, donde se presenta una gran expansión urbana (urbanización, carencia de servicios sanitarios, infraestructura petrolera y pesquera, explotación maderera irracional de manglares, y relleno de humedales, entre otros). La sociedad percibe el crecimiento adverso y el uso irracional de los recursos naturales, lo cual está afectando la calidad de vida de la sociedad y la atenuación de la biodiversidad en un área natural protegida. Para obtener el valor económico total de este ecosistema, se utilizaron métodos señalados en la Figura 6a. Los valores de uso directo son: 1) Madera para construcción de viviendas y, 2) Leña y carbón. Los valores de uso indirecto son: 1) Hábitat y fuente de alimento para especies marinas con valor comercial, 2) Mantenimiento de la calidad del agua y, 3) Servicio ecológico de retención de sedimentos. Valores de no uso son: 1) Hábitat crítico para especies en peligro de extinción. Fue obtenido un valor económico total de $17, 492.4 pesos M.N., lo cual al cambio monetario de 1995 (época de los estudios) dio un valor de 2.500 U$ dólares por hectárea de manglar. Sin embargo, este valor puede ser probablemente más grande, puesto que hay otros servicios ecológicos que no fue posible cuantificar (servicio de retención de sedimentos, valor de demanda opcional), y en realidad existe la posibilidad que con futuras metodologías ecológicas y socio-económicas integradas, estos cálculos puedan ser ajustados. Otra limitante de este estudio de caso es que se requerirá valorar en el futuro el papel que los humedales forestados con manglares juegan en la sustentabilidad de las pesquerías marinocosteras dependientes bio-ecológicamente de los manglares. Estudio de caso en Ecuador, con "lo nuevo" El estuario del Río Guayas ha sido ecológicamente analizado por Olsen y Arriaga (1989) y por Twilley et al. (1998, 1999). Este río representa el 40% de toda la descarga de agua dulce de la costa del Ecuador. Tradicionalmente se ha
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considerado que el ecosistema de manglar del estuario del Guayas es el mejor estructurado de la costa Pacífico de América tropical, donde frecuentemente se registraron árboles de 35 metros de altura o mayores. El uso de estos manglares para madera, leña y carbón ha llegado a ser dramático, con valores de deforestación de hasta 20 hectáreas de manglar por año. La Tabla 2 señala los parametros ecológicos y socioeconómicos que son características del estuario del Río Guayas. Sin embargo, es conocida en el mundo la deforestación de estos bosques de manglar, en relación directa con la expansión de la industria del cultivo de camarones estuarinos (Olsen y Arriaga 1989; Agüero y González 1991; Agüero 1994 y 1999; Twilley et al. 1999). La primera operación comercial de la industria camaronera comenzó en 1969, y desde 1979 a 1984 las granjas camaroneras produjeron alrededor de 50 mil toneladas métricas de camarones, en contraste con las 7,500 toneladas métricas de camarones capturados comercialmente en el mar. Desde 1980 a 1986, el valor de producción de las granjas camaronicolas se incrementó de 57 a 289 millones de U$ dólares. El valor de exportación de a l captura de 1991 se incrementó a 482 millones de U$ dólares, conviertiendose en la segunda fuente de divisas del Ecuador, después de la industria petrolera. Estos volúmenes de producción determinaron que Ecuador contribuyera para fines de la década de los 90's con el 20% de la producción mundial de camaronicultura. Esto se ha correlacionado muy claramente con la expansión de granjas y la deforestación de manglares. De 1980 a 1991, la superficie de granjas se incrementó de 14 mil hectáreas a 150 mil hectáreas. Esto ha sido más dramático en las provincias El Oro y Guayas, donde la limitante actual en producción de post larvas es crítico, basicamente por la desintegración ambiental del ecosistema. El beneficio total neto por año del ecosistema de manglar de la Provincia Guayas fue estimado por Agüero (1999) en 173 millones de U$ dólares anuales, de los cuales 106 millones corresponde a bienes, servicios y funciones obtenidas del uso sustentable de los manglares, y 67 millones a la producción del cultivo de camarones (Agüero y González 1991). El promedio de una hectárea, por año, de manglar es aproximadamente U$D 1.500, aunque como se mostró por el valor dual de una hectárea en diferentes localidades (Agüero 1999), existen diferencias significativas entre las zonas inter y supra mareal de manglares. La razón básica para esta diferencia es la importancia ecológica mayor (por sus funciones) del manglar inter mareal. El análisis de los resultados de Agüero (1999) muestra también que sólo el área supra mareal de manglares debería ser convertido en granjas camaroneras, puesto que en condición natural es mucho mayor el valor del manglar inter mareal. Esto sugiere que 49 mil hectáreas de granjas camaroneras están construídas, de las cuales 5,500 ha. están en la zona de manglares supralitorales, 31 mil ha en salinas (zonas planas sin vegetación), y 12 mil en zonas interiores. Un sistema extensivo debe ser rutinariamente utilizado en aproximadamente 75% del área, mientras que aproximadamente 65% de la producción total debe lograrse con un sistema semi intensivo.
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Los resultados obtenidos del modelo de evaluación -con el método de los coeficientes integrales-, reflejan claramente la realidad de un valor muy variable, similar a aquellos valores obtenidos de las fuentes estadísticas nacionales. Como los valores difieren entre las diferentes áreas demostrativas utilizadas, una política de manejo debe ser discriminatoria y selectiva para lograr los mejores beneficios sociales y económicos. La disponibilidad de suelo (tierras) estuvo sujeta a un análisis de sensitividad del modelo, para valorar una buena indicación de bienes, servicios y funciones ambientales. Cambiando la disponibilidad de tierras en la zona supra mareal con más del 90% del total del área, mostró poco impacto sobre el valor de beneficio total neto. El curso del modelo de Agüero (1999) muestra una declinación ("slope"), lo cual representa el precio sombra o valor dual para las tierras en ambas zonas de manglares. Cuando la disponibilidad es muy grande, el valor de la tierra es bajo y, por lo tanto, el incremento marginal en beneficio neto es mínimo. A la inversa, el análisis muestra signos opuestos cuando la disponibilidad de tierras es pequeña, el precio sombra por una hectárea se incrementa. El estudio de Agüero (1999) evalúa diferentes escenarios alternativos para observar el comportamiento del modelo. En general, cambios en el control de variables (precios, costos, niveles de salida, etc.), producen cambios en niveles de actividad, como es de esperar desde el punto de vista teórico. Una vez que el método de los coeficientes integrales ha sido estructurado, pueden ser "simuladas" y analizadas una gran variedad de opciones alternativas. El precio sombra muestra consistencia con los principios teóricos y provee útiles bases para el análisis y la toma de decisiones en manejo costero.
SÍNTESIS DE LECCIONES APRENDIDAS El modelo globalizado de comercio internacional, a) Predispone la subvaloración de los recursos naturales y su uso excesivo por parte de los países industrializados, b) Ejerce significativa presión hacía la degradación del medio ambiente agotando los recursos y aumentando los desechos y, c) Induce la sobrevaloración de los usos alternativos en el ecosistema de manglar. •
El desarrollo económico y social en la zona costera depende de la calidad y persistencia de los recursos naturales y ambientales,
•
La relación "medio ambiente/economía/comercio" no es lineal.
•
El estilo de desarrollo comercial asimétrico e inequitativo pone en jaque la sustentabilidad.
•
El crecimiento económico conlleva a un nivel adicional de protección o reparación ambiental.
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•
La globalización del comercio hace posible la importación de espacio ambiental, más allá de los límites del ecosistema bajo explotación (p. ej. áreas boscosas para captura de carbono, áreas de sacrificio para confinar desechos, transporte de residuos transfronterisos).
•
El aumento del consumo en los países desarrollados genera una "deuda ecológica" en los países en desarrollo, por no internalizarse las externalidades.
•
El paradigma de que "más comercio es siempre mejor para todos los socios comerciales", aún sacrificando calidad ambiental, es un ejemplo de cómo la teoría económica es mal utilizada para justificar el libre comercio.
•
El intercambio ecológicamente desigual resulta del flujo de energía y materiales no contabilizados o subvalorados desde los "socios comerciales pobres" hacia los "socios comerciales ricos".
•
El valor económico del ecosistema depende de su integridad ecológica. Es decir, hay un límite de sustentabilidad ambiental para cualquier desarrollo económico y social.
•
La sustentabilidad no puede ser un objetivo que se busque después de realizar el objetivo de maximizar el crecimiento económico.
•
El comercio debe estar al servicio de un desarrollo social y ambientalmente sustentable.
•
Es necesario una armonización sistemática y permanente de la trilogía "medio ambiente/economía/comercio", para alcanzar objetivos económicos, sociales y ambientales, integrados.
•
Cada ecosistema de manglar -en cualquier latitud- tiene una presión económica específica, una percepción social distinta, diferentes usos alternativas de sus recursos, distinta estructura funcional del ecosistema, variables grados de calidad ambiental, y evidentes contrastes sociales. Eso explica -más que el método de cálculo utilizado-, la variación de valores económicos desde 500 hasta 5.000 U$ dólares por hectárea de manglar.
•
En virtud de ello la valoración económica de los manglares requiere de la integración funcional de cuatro grupos de componentes básicos: a) el sistema biológico de recursos naturales (biomasa), b) el sistema ambiental (aire, agua, suelo), c) el sistema tecnológico (métodos y medios de producción e infraestructura) y, d) el sistema económico y social (el hombre, la cultura, las instituciones, las leyes, el mercado).
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Tabla 1. Síntesis de los Principales Costos Ambientales en México (*)
Problemas
Efectos Potenciales Producción/salud
Costos Anuales (de dólares USA)
Erosión del Suelo
Pérdida de productividad agrícola
Efectos a la salud por contaminación atmosférica (Ciudad de México)
Particulares: Morbilidad (restricción en la actividad diaria por enfermedades respiratorias)
360 Mill
Particulares: Mortalidad Ozono: morbilidad Plomo: tratamiento a infantes por altos niveles en la sangre Plomo: Educación compensatoria a los niños Plomo: infartos al miocardio
480 Mill
Subsidios al abastecimiento de agua a la ciudad de México
1 000 Mill
Excesivo uso de aguas subterráneas debido a precios bajos (no costo social)
Subsidios a la irrigación Enfermedades diarréicas por contaminación del agua y basura; falta de sanidad y contaminación de alimentos
Morbilidad
Mortalidad: escenario 1 con situación actual Mortalidad: escenario 2 con hidratación oral y terapia (*)
Fuente: Banco Mundial, In: SEDESOL 1992.
1 200 Mill
100 Mill 60 Mill 20 Mill 10 Mill
160 Mill 30 Mill
3 600 Mill 450 000
24
Tabla 2. Contrastes Ecológicos y Socio Económicos de los Estudios de Caso (*) Caracteristicas
Laguna de Términos, México
Estuario del Río Guayas, Ecuador
1.
Sistema ecológico
Lagunar-estuarino. Proceso deltáico
2.
Cuenca de drenaje
49,700 Km
48,966 Km
3.
Ubicación
18° LN. Cuenca Golfo-Caribe
2.5° LS. Pacífico central
4.
Temperatura
26 - 29 °C media anual
24 - 27 °C media anual
5.
Precipitación
1860 mm/año(Jun-Oct)
1360 mm/año (Ene-May)
6.
Descarga agua dulce
714 m / seg
1144 m /seg
7.
Rango de mareas
0.3-0.7 m (diurna/semidiurna)
1.8 - 3.5 m (semidiurna)
8.
Evapotranspiración
1700 mm/año
1300 mm/año
9.
Salinidad en la cuenca
4-38 %o
0 - 25 %o
10. Salinidad mar adyacente
< 36 %o
< 34 %o
11. Biodiversidad
> 2000 spp flora y fauna
---
12. Superficie de manglar Superficie de tular Otra selva
127,000 ha (1993); 132,000 ha (1993); 102,389 ha (1980); 50,696 ha (1993)
203,695 ha (1969); manglar 77,404 ha (1991) manglar
13. Altura máxima manglares
31 m
35 m
14. Biomasa máxima manglares
700 tons/ha
---
15. Producción materia orgánica
46.5 tons/ha/año
---
16. Usos y conversión manglares
Area Natural Protegida (LGEEPA) Leña, madera, carbón, agricultura, pesca, petróleo
Granjas camaroneras Leña, madera, carbón, agricultura
17. Valor económico total de los manglares
2.500 U$D /p. ha
1.500 U$D/p. ha
18. Beneficio neto social
Pesca comercial 150 millones U$D/p. año
Camaronicultura 173 millones U$D/p. año
19. Habitantes en la cuenca de drenaje
185 mil
2 millones
(*)
2
3
Estuarino. Valle de río inundado 2
3
Fuente: Yáñez-Arancibia y Day 1988; Olsen y Arriaga 1989; Barcenas et al. 1992; Yáñez-Arancibia et al. 1993c; INEGI 1997; Lara-Domínguez et al. 1998; Agüero 1999; Twilley et al. 1999.
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LA VALORACION ECONOMICA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PRODUCCION DE TABACO EN MEXICO Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, Natividad Zurita Rentería, Laura Cayeros y Xóchitl Arreola Avila Universidad Autónoma de Nayarit e-mail [email protected] México es el quinto productor de tabaco en América y el 17º a nivel mundial. El 95.8% del tabaco se siembra en la zona Nayarit-Jalisco-Sinaloa y el resto en los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Las empresas tabacaleras habilitan a los productores agrícolas dentro de un sistema de agricultura por contrato. Las empresas incluyen, dentro de sus costos de producción, el valor de la mano de obra y los insumos. Las empresas aportan el capital y los ejidatarios y pequeños propietarios, aportan la tierra. Las empresas habilitadoras de la producción de tabaco (Industria Cigarrera La Moderna, Tabacos del Pacífico Norte (Tadesa) y Dimon, principalmente) determinan los agroquímicos a utilizar. La empresa determina el tipo de agroquímicos, establece las dosis que se deben aplicar y las etapas en que serán administrados a las plantas. Las empresas proporcionan a los productores tabacaleros los agroquímicos que serán utilizados en cada temporada. Son las empresas las que determinan la dosis de agroquímicos que deberán ser utilizados en cada parcela. Las empresas realizan una evaluación de las condiciones del suelo y clasifican las parcelas de acuerdo al riesgo de pérdida de las cosechas. Es este nivel de riesgo el que va a determinar la cantidad de agroquímicos que deberán emplearse. La figura del habilitamiento o agricultura de contrato, de acuerdo a los términos legales, exime a las empresas tabacaleras y farmacoquímicas de la responsabilidad de la aplicación de los agroquímicos. La responsabilidad recae en el productor ya que éste es el comprador y usuario final de los agroquímicos, y por lo tanto, de su correcto manejo. A través del contrato celebrado con la empresa el productor se obliga a aplicar determinado paquete tecnológico, en el cual es parte fundamental el uso intensivo de agroquímicos. Sólo asegurando esa aplicación el tabaco será adquirido por parte de la empresa. Como se observa, las empresas obligan a los productores al uso de los agroquímicos pero no adquieren ninguna responsabilidad sobre su uso, manejo y consecuencias en la salud de la población expuesta ni en el ambiente. La responsabilidad recae en los productores tabacaleros. Las tierras en las que se siembra tabaco tienen dedicadas a ese cultivo alrededor de treinta años. Si se toma en cuenta que se trata de un monocultivo que agota los nutrientes del suelo se comprenderá la alta vulnerabilidad de las parcelas de tabaco a todo tipo de plagas. A ello debe agregarse que las plantas proveídas por las empresas son originarias de campos experimentales ubicados en diversos lugares de Estados Unidos, por lo que no desarrollan resistencia a las plagas locales. Ello, aunado a las presiones por la obtención mayor rendimiento por hectárea, auspicia el aumento en el uso de agroquímicos.
Se distinguen dos fases de aplicación de agroquímicos dentro de la etapa agrícola: la etapa de planteros y la etapa del cultivo propiamente dicho. Los planteros son los lugares donde se siembra la semilla y crece la plántula hasta alcanzar el tamaño deseado para ser transplantado a las parcelas. Las actividades de los planteros inician a fines de agosto, el inicio de cada uno se va programando de manera tal de realizar una plantación escalonada, ya que de esa manera es posible lograr un mejor control de la cosecha y asegurar la mano de obra para las diversas faenas. Tarea difícil si todo el tabaco se sembrara simultáneamente. Se aplican los mismos agroquímicos para los distintos tipos de tabaco, a excepción del tabaco tlapacoyan o negro de la zona de Veracruz. El siguiente cuadro corresponde a los agroquímicos utilizados para los tabacos Burley Semi Sombra, Burley Sombra Mata, Virginia Hornos Seco y Virginia Sarta Sol en la etapa de planteros. Aplicación de agroquímicos en planteros Sustancia activa Forma de Finalidad aplicación Isotianato de metilo Inyección al Control de malezas. Desinfectar suelo Dazomet Voleo Control de malezas. Desinfectar Bromuro de metilo Gasificación Control de malezas. Esterilizar Oxicloruro de cobre Diluido en agua Desinfectar las semillas Aldicarb Voleo Prevenir chupadores Metalaxil Voleo Desinfectar el suelo. Prevenir moho azul Cirbarilo Voleo Erradicar hormigas Oxicloruro de cobre Pulverización Erradicar damping-off y bacterias Mancozeb Aspersión Prevenir moho azul Oxicloruro de cobre Aspersión Erradicar damping-off Metalaxil + Mancozeb Aspersión Erradicar damping-off y bacterias Acefate Mancozeb Aspersión Prevenir moho azul y micoplasmosis Acefate Aspersión Prevenir insectos y micoplasmosis Metalaxil + mancozeb Aspersión Prevenir moho azul y nutrición Metalaxil + mancozeb acefate Aspersión Prevenir insectos y moho azul Una vez germinada la planta en el plantero, los jornaleros agrícolas, fundamentalmente, mujeres, arrancan las plantas una por una y forman manojos de cien plantas. Antes de ser transplantadas se sumergen los manojos del tabaco en una lechada de acefate para prevenir chupadores. Las plántulas son transplantadas a las parcelas donde serán replantadas. En cada hectárea se siembran 10 mil plantas. Después del transplante se aplica azinfos metílico para controlar la plaga de la tortuguilla. Actualmente, el plantero tradicional está siendo reemplazado por el plantero aeróbico o de cepellón (hidroponia), el cual es fácilmente transportable y disminuye el riesgo de daño parcial o total a la plántula. Los planteros aeróbicos permiten trasladar las plántulas en el nido donde crecen disminuyendo la mortandad de plantas en el traslado. También permiten obviar ciertas plagas del suelo, ya
que prácticamente se siembran en una base de unicel. El uso de cepellón evita el uso del bromuro de metilo, hace a la planta más resistente y se aumenta el control sobre ésta. Los agroquímicos utilizados durante el crecimiento de la planta en las parcelas son los siguientes: Agroquímicos aplicados al tabaco según destino de la aplicación Agroquímico Uso Lannate LV (metomilo) Control de larvas Fórmula A Fertilización Urea Fertilización Regent Eliminar tortuguilla Orthene u Orofhate (acefate) Eliminar gusano cogollero Acrobat Combate moho azul Nitrato Amonio Fertilización Biobit HP Eliminar gusano cornudo Urea New Green Foliar Terramicina Foliar Fuente: Observación directa en campo, Nayarit, ciclo 1999-2000. En el ciclo 1999-2000 la aplicación del Lannate había disminuido en comparación con ciclos anteriores, ya que las empresas introdujeron un programa de sustitución de ese agroquímico. Sin embargo, no había desaparecido del todo. Tampoco se ha erradicado el uso de bromuro de metilo, el cual es un pesticida extremadamente tóxico. Se utiliza inyectado en la tierra antes de iniciar la siembra, tanto en planteros como en las parcelas de tabaco. Una vez aplicado el pesticida se cubre el campo con plástico. Los vapores del bromuro de metilo se esparcen por el aire y afectan a las personas de las comunidades cercanas a las parcelas. Los vapores no tienen olor por lo que es difícil distinguir cuándo se está en contacto con él. Los vapores dañan los pulmones de las personas que están en contacto directo con él y puede quemar la piel si los vapores se quedan en los guantes o ropa. El bromuro de metilo es un químico neurotóxico que puede dañar el sistema nervioso y causar infartos cardiacos. Se dispersa en el aire y causa graves daños a la capa de ozono. Se planea prohibir su uso en Estados Unidos en el 2001, en los países industrializados en el 2005 y en el resto de países en el 2015 (Shafer y Schonfiel, 1988). En México el bromuro de metilo se encuentra restringido. Las características de los principales plaguicidas del tabaco son: Agroquímico y Objetivo principio activo Lannate LV Prevenir larvas Insecticida de palomillas, carbámico chupadores, trips, (metomil) pulgones, chinches y otras plagas Biobit HP Controlar el
Modo aplicación aéreo terrestre
aéreo
de Dosis
Peligrosidad
o Aéreo: 60 l/ha Altamente de agua tóxico (categoría Terrestre: 1 a 1.6 toxicológica II) l/ha
o Aéreo: 60 l/ha Ligeramente
insecticida biológico (Bacillus thuringiensis kurstaki)
ssp
Metamidofos (*) 600 insecticida organofosforado (O-S dimetil amidotioato) Vydate L insecticida carbámico (Oxamil)
Curzate M-8 fungicida (Cymoxanil y Mancozeb) Manzate 200 WP fungicida carbámico (mancozeb) Un-Film.17 esparso-adherente inónico en solución acuosa especial (pinoleno)
gusano de la yema del tabaco, el falso medidor, el gusano de cuerno, el soldado y larvas defoliadoras Controlar plagas masticadoras, lepidópteros y plagas chupadoras Controlar tortuguilla y eliminar plagas chupadoras: chinches, pulgones, chicharritas, mosquita blanca y nemátodos Prevenir y curar el moho azul y otras enfermedades Prevenir moho azul y otros patógenos
terrestre
de agua tóxico (categoría Terrestre: 500 toxicológica IV) gramos a 1 l/ha
aéreo terrestre
o Aéreo: 60 l/ha Altamente de agua tóxico (categoría Terrestre: 1 a 1.5 toxicológica II) l/ha
Aspersión al Aéreo: 60 l/ha Altamente follaje aéreo o de agua tóxico (categoría terrestre Terrestre: 1 a 2 toxicológica II) l/ha
Aspersión aérea terrestre Aspersión aérea terrestre
Intensifica la Aspersión eficacia y prolonga la vida útil de otros agroquímicos
Aéreo: 60 o de agua Terrestre: 1 kg/ha Aéreo: 60 o de agua Terrestre: 2 kg/ha Aéreo: 60 de agua Mezclado otros
l/ha Ligeramente tóxico (categoría a 2 toxicológica IV) l/ha Ligeramente tóxico (categoría a 3 toxicológica IV) l/ha Ligeramente tóxico (categoría con toxicológica IV)
(*) Plaguicida restringido en México, sólo puede ser adquirido y aplicado por medio de una recomendación escrita de un profesional fitosanitario. Fuente: Du Pont. 2000. Programa Du Pont para el tabaco, Guadalajara. Al tabaco negro o Tlapacoyan se le administra una cantidad inferior de agroquímicos. La variedad Tlapacoyan, planta criolla del continente, desarrolla mayor resistencia a las plagas. Agroquímicos aplicados al tabaco Tlapacoyan de acuerdo al tipo de labor Tipo de labor Agroquímico Labor 4: Control de plagas 1ª. Aplicación insecticida líquido Lannate
2ª. Aplicación insecticida líquido Lannate 3ª. Aplicación insecticida líquido Lannate 4ª. Aplicación insecticida líquido Lannate 5ª. Aplicación insecticida líquido Orthene Labor 5: Fertilización Fertilizante fórmula 19-10-11 Nitrato de Amonio Labor 7: Beneficios Aplicación de inhibidor de hijos Labor 9: Control de moho azul Aplicación de fungicida Labor 12: Control fitosanitario Aplicación de terramicina y urea Fuente: Información escrita de TADESA, S. A. de C. V., Unidad Administrativa Platón Sánchez, ciclo 1998-1999. Se pueden distinguir tres problemas relacionados con los agroquímicos: En primer lugar la toxicidad de cada uno. En segundo, el referido a las prácticas de manejo y aplicación y, en tercer lugar, el desecho de los envases. Entre algunos de los agroquímicos utilizados en las diversas etapas del cultivo se encuentran: Aldicarb, Telone (1,3-D), Lannate 90, Acrobat MZ, Mancú PH y Nitrocel 45 (nutriente foliar). Los pesticidas más usados contienen: methyl parathion, methamidhopos, diazinon, chlordane, carbaryl, chlorpyriphos, acephate y methyl bromide. Las diversas presentaciones comerciales ostentan letreros del tipo “altamente tóxicos” o “ligeramente tóxicos”, según sea el caso, y “no se transporte ni almacene junto con productos alimenticios, ropa o forrajes, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No se almacene en casas habitación. No deben exponerse ni manejar este producto mujeres embarazadas, en lactación y menores de 18 años. No se reutilice este envase, destrúyase y entiérrese”. De acuerdo a la normatividad las empresas deben proporcionar a los productores el equipo necesario para lograr un uso correcto de los agroquímicos y disminuir el impacto a la salud: guantes, máscaras, calzado y ropa especial. Las empresas no siempre proporcionan estos equipos bajo la excusa de que los productores no los demandan y que cuando han sido proporcionados, los productores no los utilizan. Para los productores solicitar el equipamiento para la aplicación de agroquímicos significa aumentar los gastos de producción, y por consecuencia, aumentar la deuda con la empresa, ya que todo les es cargado como parte de la habilitación. En la práctica los productores guardan los agroquímicos en sus casas, en ocasiones en algún estante de la cocina, debajo de las camas y en el mejor de los casos, en el corral, fuera de las habitaciones, junto con las herramientas de trabajo. Ante los ataques a las empresas como causantes de severos daños a la salud, éstas se encuentran actualmente en un proceso de transición del uso de agroquímicos a controles biológicos. Algunas empresas han cambiado algunos productos químicos de alta toxicidad por otros menos dañinos, y en ocasiones biodegradables. El gerente general de Tabacos Desvenados, S.A., lo explica de la siguiente manera: “esta empresa ha mostrado mayor preocupación por los daños ocasionados al medio ambiente, en algunos lugares del estado ya se ha introducido el uso de químicos biodegradables y, además, cada inspector de la
empresa tiene la obligación de recoger, en las parcelas que supervisa, los envases, botes y cartones o bolsas que hayan contenido algún producto agroquímico, los trae a la empresa y de aquí se mandan a Guanajuato, a una planta de tratamiento de residuos tóxicos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa)” (Valera, 1999). En la práctica es común encontrar envases, cartones y bolsas vacías de los agroquímicos entre los surcos de las plantaciones de tabaco, semicubiertos por la tierra, amontonados en un lugar de la parcela expuestos al aire libre o flotando en los canales y ríos. También se reutilizan para guardar frijol y como base de los tendidos donde descansan los jornaleros agrícolas (Pacheco, 1999). Dentro de los costos de producción no se contabilizan los daños ocasionados al medio ambiente. Contaminación por plaguicidas Se distinguen diversos tipos de contaminación por el uso de plaguicidas: • • • •
Contaminación atmosférica. Causan contaminación atmosférica aquellos plaguicidas aplicados por aspersión aérea en suelos, 53% al área agrícola y 47% en depósito de suelos, aguas colindantes y atmósfera. Contaminación terrestre. Existe contaminación terrestre cuando los plaguicidas se aplican directamente, se precipitan en la atmósfera o el agua contaminada se utiliza para riego. Se contamina el suelo y la biota terrestre. Contaminación acuática. Se contamina el agua cuando los plaguicidas se encuentran en precipitaciones atmosféricas, cuando se deslavan tierras, se vierten residuos directamente o se inundan cultivos que contienen plaguicidas. Contaminación de alimentos. Ocurre por aplicación directa en diversas fases de los cultivos alimenticios. Además, la alta distribución de plaguicidas en el aire, suelos, agua y biota. Produce acumulación variable de plaguicidas en los productos alimenticios.
Las áreas de monocultivo, como los tabacales, son altamente susceptibles a los diversos tipos de contaminación ya que no se regeneran fácilmente y reciben, en cada ciclo, grandes cantidades de plaguicidas. Los agroquímicos tienen diversas formas de aplicación, por lo que la descarga al aire, a la tierra y al agua son diversos. Si se toma en cuenta el manejo inadecuado de los agroquímicos, las condiciones socioeconómicas de los jornaleros agrícolas que los aplican, la carencia de una cultura de prevención y la ausencia de mecanismos reales de verificación sobre el destino final de los recipientes, se tendrá un panorama de los daños ocasionados tanto al medio ambiente como a la salud de las personas ocasionados por los agroquímicos del tabaco. Es necesario introducir, dentro de los costos de producción del tabaco, una valoración sobre el costo económico del medio ambiente. Ello permitirá contar con elementos precisos y confiables a fin de estar en posibilidad de generar propuestas de acción con la finalidad de
que las empresas tabacaleras modifiquen el uso de los agroquímicos, inicien su sustitución por controles biológicos y asuman la responsabilidad del daño al medio ambiente. Con ello se avanzará en el establecimiento de pautas reales para el desarrollo sustentable. Indicadores para una valoración económica ambiental A partir de lo anterior, es posible, a modo de sugerencia, establecer los siguientes indicadores Tipo de contaminación Daños a la salud
Indicador Número de intoxicados por aplicación agroquímicos en un ciclo productivo Tipo de intoxicación Costo de los medicamentos Tiempo sin laborar Secuela de la intoxicación
Factores a relacionar
de Edad, sexo y ciclo reproductivo Vía de la intoxicación Costo real y social Días laborables ociosos Impedimentos inmediatos y mediatos Número de afectados en una familia Edad, sexo Número de afectados en una etnia Edad, sexo Número de afectados en una comunidad Edad, sexo Daños a la tierra Cantidad de agroquímicos aplicados en una Agresividad de los hectárea en un ciclo productivo agroquímicos Cantidad de agroquímicos depositados en la Calidad de la tierra, uso tierra del suelo Número de años consecutivos de aplicación Consecuencias para Tiempo de permanencia de la toxicidad en la posibles cambio de tierra cultivos Consecuencias en la fauna local Vulnerabilidad de la Consecuencias en la flora local biota Número de envases no eliminados de acuerdo a normas Daños a los Cantidad de agroquímicos que se depositan en Tipos de cuerpos de cuerpos de agua los cuerpos de aguas aguas Identificación de efectos a corto, mediano y Vulnerabilidad de los largo plazo en los cuerpos de aguas cuerpos de agua Consecuencias de la utilización de aguas Ciclos de los recursos contaminadas por agroquímicos para otros usos hídricos Daños a la Cantidad de agroquímicos suspendidos en la Identificación de atmósfera atmósfera en diversos momentos de la emisión corrientes de aire Efectos a corto, mediano y largo plazo de la existencia de agroquímicos en la atmósfera Daños a cultivos Cantidad de agroquímicos del tabaco que Identificación de cercanos impactan cultivos alimenticios cercanos cultivos alimenticios en Efectos de esos agroquímicos en el consumo la misma parcela y/o final continuas
Daños al Cantidad de agroquímicos que permanecen en el Valoración de la producto final cigarrillo permanencia en el Efectos de la permanencia de agroquímicos en producto final la salud de fumadores Consecuencias de Efectos de la permanencia de agroquímicos en acuerdo a la edad, sexo, la salud de no fumadores ingreso y ciclo Efectos de la permanencia de agroquímicos en reproductivo el medio ambiente por efectos de la combustión de cigarrillos Debe decirse que la valoración se refiere al uso de los agroquímicos en un cultivo determinado, por lo que: • La valoración debe comprender todos los agroquímicos utilizados en el cultivo del tabaco y no referirse a cada agroquímico en particular, ya que se trata de la valoración de un paquete tecnológico que incluye ese tipo de agroquímicos y dosis determinadas • La valoración deberá realizarse en cada ciclo agrícola tomándolo como una unidad Una vez realizada la valoración se procederá a: • • • • • •
Establecer valores monetarios para cada uno de los indicadores. Obtener el costo de la valoración para un ciclo agrícola. Establecer comparaciones con otros paquetes tecnológicos en cultivos similares en otros países. Elaborar recomendaciones para la asunción del costo por parte de las empresas. Elaborar recomendaciones para el cambio de paquetes tecnológicos. Elaborar recomendaciones a fin de que se modifique la normatividad y las empresas asuman el costo económico del daño ambiental.
¿Cuánto contamina el cultivo del tabaco? Prácticamente no existe actividad humana que no contamine (Thurow, 1980), sin embargo, es relativamente fácil identificar las actividades visiblemente contaminantes. Este es el caso del cultivo del tabaco, en el cual, la aplicación de agroquímicos ocasiona contaminación en la tierra, el aire, el agua y la salud de los productores. La facilidad de la identificación de las actividades contaminantes no se traduce en facilidad en su valoración económica y social y mucho menos, en la asunción de responsabilidades. Es preciso avanzar en la cuantificación económica de la contaminación del cultivo del tabaco con la finalidad de: 1) hacer visible el alcance de la contaminación en el tiempo y espacios continuos, 2) identificar actores que intervienen en la contaminación, 3) establecer tipos de responsabilidades ante la contaminación y 4) asignar valores específicos de acuerdo al grado de participación en la contaminación. Si no se sabe cuánto contamina el cultivo del tabaco tampoco se estará en posibilidades de diseñar políticas e instrumentos ambientales a partir de información cuantitativa y cualitativa cierta y veraz, fincar responsabilidades ni de evaluar el impacto de la valoración. El presente trabajo intenta contribuir a esa discusión.
Bibliografía:
Pacheco, Lourdes. 1999. Nomás venimos a malcomer. Jornaleros indios del tabaco en Nayarit, UAN, Tepic, Nayarit. Shafer Kristin y Schonfiel Anne. 1998. El bromuro de metilo. Lo que usted debe saber de este pesticida, Pesticide Action Network y Californians for Pesticide Reform, San Francisco. Thurow, Lester C.1980. La sociedad de suma cero, Ed. Orbis, Barcelona, España. Valera, Rodolfo. 1999. Entrevista a gerente de Tadesa, Tepic. (entrevista de Lourdes Pacheco y Fabiola González), agosto.
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ANEXO II
LA VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL DESDE
LA ECONOMÍA
POLÍTICA ECOLÓGICA.
I.
METODOLOGÍA 1
Si se parte de un definición holista de ambiente entonces éste no puede valorarse desde un punto de vista puramente objetivo, pues la subjetividad es una parte de sus componentes. En tal virtud resulta imprescindible, en la valoración económica del ambiente, la aceptación del pluralismo conceptual, lo que significa que la crítica al paradigma de la escasez, eje de la economía convencional, no niega sus aportes al conocimiento de la economía, en este caso en conexión con el manejo y gestión de la naturaleza. Sin embargo, en el marco de la teoría del 2
valor-trabajo, la escasez es un elemento del valor , más no el valor mismo. Por tanto las llamadas externalidades ya están incluidas en el valor, y no son un valor en sí. Además, la inclusión de diversas técnicas es indiferente desde el punto de vista de su explicación teórica, y de la realidad misma. Lo importante es la estrategia de transición al desarrollo sustentable que busque reducir el coste ecológico en su conjunto. Esto implica no quedarse en el ámbito puramente teórico. Al fin de lograr una valoración económica en el marco de los indicadores de degradación de una parte, y los de la sustentabilidad por la otra, estaríamos hablando de la planeación ambiental y esto debe tomarse en cuenta.
1
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Debe basarse en el principio de la compatibilidad entre sociedad y naturaleza, y en la incompatibilidad con el espíritu animal del capitalismo, a fin de que la valoración sea posible considerando no sólo el aspecto estrictamente contable económicamente sino aspectos de sensibilización, capacitación, asistencia técnica y fiscal, que deben contemplarse también. En este contexto hay que distinguir entre el desgaste de los ecosistemas como un todo y el desgaste
gradual debido al uso, aprovechamiento, explotación y
depredación de la naturaleza, (recurso natural necesario para la obtención de los medios de producción y del producto acumulado, acelerado por el desarrollo tecnológico) Así, se considera a la naturaleza como una pieza aislada de un mecanismo que no se contempla en su totalidad. De ahí que la valoración es en parte subjetiva, en la medida que el deterioro del ecosistema como un todo supone adicionar una cuantía de valor (que en realidad es un seguro ambiental) al “valor económico de la naturaleza”, tasado en la técnica que fuere, la cual tiene una importancia significativa práctica pues de ella depende que los costes de reparación y del daño disminuyan. De un lado pues, se tiene el desgaste del recurso natural empleado, pero del otro tenemos la degradación de las condiciones naturales de la producción, y en 3
tercer aspecto, las condi ciones generales de la vida, que son inconmensurables . Los tres aspectos son parte a su vez del coste económico. La crisis ambiental plantea como exigencia que todo el dinero que se invierta en este ámbito siempre será insuficiente. Y también que ni una ni todas las teorías podrán dar una solución definitiva, puesto que si bien su solución no depende de la contabilidad verde, el problema es que sólo la interiorización del coste en los precios de producción y mercado, lograrán que la valoración se dé no solo como 2
3
aspecto contable sino como resultado de la fuerza de nuevos paradigmas ecoeco-sociales. También es conveniente señalar que la valoración económica será distinta si se trata de empresa que obtiene un retorno normal de su capital, o bien de una cuya finalidad no sea de lucro. Esto modifica la forma valoración, pero no la valoración misma. En relación con la técnica de valoración, hay que advertir que desde mi punto de vista, no tiene sentido partir - en el caso del uso de la naturaleza para la producción y de los desperdicios que destruyen las condiciones generales - de la 4
asignación de valores imaginarios que serían puramente arbitrarios , sino de los costos de producción del proceso de restauración. Como proceso de trabajo, la restauración, vista de manera aislada, no crea valor, pero incorporada en el análisis a la producción, implica entonces que los costos de tales reparaciones tienen que ser repartidos conforme a su uso y al tipo del mismo. Ante todo es necesario diferenciar entre el coste del daño, o su “valor”, de la reparación del mismo. Además tomar en cuenta que el daño se incrementa aún después de su tasación. La distinción entre daño y reparación sería costosísima o imposible, pero también del extremo contrario, donde el daño es mínimo y puede ser absorbido por el ecosistema en su función homeostásica. El daño calculado monetariamente pareciera ser igual a la reparación contabilizada en dinero, porque el daño crece con la reparación y ella se calcula a partir del daño, pero este último se manifiesta como signos monetarios a través de una unidad de medida como referencia fijada por una autoridad. Debido a la arbitrariedad de este mecanismo, hay que partir más bien de lo que cuesta repararlo y eso sí lo sabemos pues los precios corrientes de los medios de 3
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producción y de vida están dados así como el de la fuerza de trabajo. La relación entre ambos aspectos significa: en qué caso conviene rehabilitar dentro de una lógica económica; en que caso la extinción del recurso hace inútil relativamente, y en el marco estrictamente económico, rehabilitar. 5
Así entonces la relación ente daño/reparación se expresaría en la fórmula (fundamental en la toma de decisiones): CR/CE< 1 es viable restaurar. CR/CE> 1 no es viable restaurar. El costo anual de rehabi litación (CR) sería = a costes del proceso de trabajo de rehabilitación por n. o número de años; o bien modificado por la tasa de interés. El coste ecológico (CE) es = a evaluación del daño, mediante el coste del daño mediante fijación convencional + porcentaje anual del daño. De ello resulta que un cambio técnico que reduzca el coste de rehabilitación lo que permitiría una más rápida reversión ambiental. Así como técnicas que aumenten el coste ecológico (y social) que está incluido en el concepto de valor ambiental, entendido como un conjunto mayor, económico, ecológico y social, lo dificultan. Y en el caso de que el coste ecológico haya crecido tanto hasta la extinción, ahí desaparece como valor aislado aunque no como parte de un valor ecológico - no económico - importante. Hay que aclarar que, más que fórmulas, se requieren de acuerdos sociales mediante diálogos permanentes entre los distintos agentes de la restauración; sólo el desarrollo del mercado ambiental privado y social, logrará que los precios de los servicios ambientales disminuyan mediante la oferta y la demanda que no chocan por cierto con la valoración ecológica.
4
5 6
La reducción del coste ecológico no es un asunto solo técnico, sino político que supone enfrentarse a los fuertes intereses económicos que están detrás de la contaminación ya que se requiere eliminar, sustituir y reconvertir industrias, pero también reducir los desechos, aumentando el reciclaje y empleando procesos ahorradores de energía. El coste ecológico se rige por el principio de la oferta y la demanda, el de reposición en función del valor- trabajo. Finalmente puede decirse que hay dos contabilidades, una regulada por la relación daño/restauración expresada en valores económicos, y una segunda expresada en valores de uso. En este sentido, lo que no es conmensurable como valor, lo es como valores de uso, que se expresa imaginariamente como signo fijado por acuerdo mutuo, con miras a la planeación. Y que en la práctica se fija considerando distintas metodologías. De una lado, tenemos los valores de las mercancías modificadas por la inclusión de la relación daño reparación, del otro, los valores ecológicos que son inconmensurables como tales valores ecológicos. Como su valorización está influida por la tasa de interés, un alza de ésta disminuye los valores del daño pero incrementa el valor de su restauración, haciéndola imposible, pero una baja de interés aún cuando sube el valor del daño, disminuye el de su restauración, facilitándola.
II RESULTADOS A continuación se presentan algunas asignaturas pendientes a realizar en el futuro inmediato dentro del debate sobre la economía ecológica y la economía política ecológica, que son parte del diálogo entre diversas posiciones sobre la posibilidad de converger en torno a la sustentabilidad y compatibilidad, 5
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necesarias para la construcción y conducción hacia la nueva civilización, la cual requiere, por supuesto, de una nueva ética eco-filosófica: 1. La economía política basada en la hipótesis del valor-trabajo, frente a la otra postura en la que el valor se presenta como una magnitud cuantitativa asignada individual o socialmente. El signo puede, además de ser arbitrario, ya no expresar la realidad sino mistificarla, y esto ocurre cuando se presenta de manera autónoma e independiente de la riqueza natural y social. De aquí se desprende la discusión sobre el papel de la oferta y la demanda como 7
determinantes del valor de las mercancías y no a la inversa ; y si los valores no son simples signos, sino la expresión de algo diferente que se expresa en ellos. Así las relaciones sociales se perciben como movimientos de cosas que gozan de una aparente autonomía. Entonces es necesario distinguir entre las relaciones naturales, las sociales y las relaciones socioecológicas que incluyen a las dos. 2. La creación o no de valor por la naturaleza, que de una u otra manera está presente desde los fisiócratas hasta Ricardo y Malthus, y ahora de nuevo se reedita en el pensamiento neoclásico así como en la economía ambiental e incluso ecológica. Simultáneamente, la existencia de un no -valor, como un signo en cuanto tal que ya no supone la reproducción de las condiciones de reproducción de una mercancía. El signo, de esa manera se convierte de 8
significante en significado , lo que es típico del capitalismo falsario que se vive y sufre (o goza). Se trata de construir, en su lugar, nuevos lenguajes que reflejen 9
y refracten a la vez, tales condiciones de existencia . Con los fisiócratas
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no se había roto aún ni mental ni realmente la relación
orgánica hombre-naturaleza-sociedad. De aquí se desprende que es el capital, 6
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merced a la propiedad privada capitalista y luego la social, el principal obstáculo para restaurar - cualitativamente transformada - tal relación originaria. Si bien, esta corriente fue producto del racionalismo naturalista, al mismo tiempo, reivindicaban sus rasgos distintivos que vuelven a retomarse, ahora en el marco ya no de la vieja, sino de una nueva racionalidad
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.
Por otra parte, Ricardo y Marx consideraban igualmente la subsunción de la naturaleza al capital y por tanto, el carecer del valor, no impedía su destrucción; Mientras que muchos otros se refieren a la existencia de una economía humana, que es un subconjunto de la economía de la naturaleza
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.
Consecue ntemente, no puede rechazarse por completo la idea de que la naturaleza, si bien no tiene valor, tiene sin embargo precio y éste debe establecerse con el fin de conservar y renovar el recurso. Se trata así de la síntesis teórica que permita ver los dos niveles de las esferas conectadas a la actividad humana. Son dos las interacciones contrapuestas y entrelazadas. Con ello se afianza una visión eco-eco-social y no sólo ecológica, económica o social por separadas, y se contemplan los procesos económicos como históricos naturales. Se destaca el doble dominio, tanto del hombre como de la naturaleza, por lo cual la salida es dual. 3. La racionalidad y conservación del patrimonio natural en función del trabajo como sujeto social o del capital en la fase más fetichi sta del capitalismo y en el 13
contexto general de la coevolución eco-social , pero no como algo independiente. 4. Asimismo es importante fijar el coste de rehabilitación, que supone más
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trabajo social de manera global, aunque individualmente no adopte la forma de la producción de mercancías y por tanto no se trata de una producción social; el trabajo supone un valor y un plusvalor previos. Por tanto, ocurre una modificación de la teoría del valor trabajo en la fase de la destrucción global de la naturaleza. Puede decirse como consecuencia de la mayor productividad del trabajo disminuye el valor de las mercancías; al mismo tiempo, es mayor el coste ecológico, disminuyendo el valor ecológico. A la inversa, si el valor es mayor, el coste ecológico será relativamente menor, con valores ecológicos también 14
mayores . Además, se puede agregar que a mayor restauración, mayor es el valor, pero menor será en consecuencia el coste ecológico; mientras que, a menor restauración, mayor será el coste ecológico. Sin embargo, a la larga, a mayor restauración, menor valor de las mercancías por elevarse la productividad natural de la tierra (earth) y la inversa.
III. CONCLUSION
Toda metodologia de valoración económica debe considerar como punto de partida la biodiversidad cultural y el pluralismo económico y en el contexto general de la degradación ambiental (social y natural). Es necesario además distinguir entre el valor ecológico y el económico y su interrelación. El valor ambiental sería una integración de ambos (como conjunto de valores de uso, de cambio y valores-trabajo). De ahí que junto a la valoración económica se tome en cuenta la economía de los valores de uso y el elemento de
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inconmensurabilidad de
la mayor parte del recurso natural (condiciones
generales, reservas,). Considerados estos recursos como valores de cambio, esto se fundamenta en la explicación de los clásicos en función de la escasez y abundancia. Como producto del trabajo humano incluye la reproducción del espacio y la inclusión del costo de restitución. A lo anterior agregar un porcentaje de la degradación en tanto un hecho vigente para las próximas décadas que se indexa a los factores anteriores( y como un no valor en el caso de la destrucción de las condiciones naturales de reproducción). Por lo tanto no hay una valoración única. Es necesario entonces incluir varias metodologías a fin de tener una aproximación más exacta que, sin embargo, siempre será insuficiente. Y a ello habrá que incorporar también que : 1.- Sólo una planeación ambiental- uso del suelo, integralidad de distintas funciones y actividades, reducción de la degradación, incremento de la restitución ambiental- , podrá mejorar las herramientas para tal procedimiento de valoración. 2.- Internalización del coste ecológico, con un conjunto de medidas económicas y no económicas. 3.- Reducción del coste ecológico o daño 4.- Reducción del coste de restitución Así, al desgaste o costo ecológico, se le suma también la renovabilidad de las condiciones
generales
de
vida
(que
incluyen
recursos
naturales
inconmensurables), así como las reservas naturales; se incluye un factor de riesgo o seguro que es un factor de reversión adicionado. En el caso del recurso natural limitado y monopolizado, la teoría de la renta acusa la existencia de un capital imaginario que supone la capitalización de la renta a 9
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través de los años, o como la valorización de un capital ficticio que es la propiedad de la tierra, cuyo precio depende de la fertilidad o situación o bien del grado de monopolio. El problema de fondo es que la naturaleza carece de valor y que por lo tanto ésto genera la desventaja de no conocerse la magnitud económica de su pérdida o recuperación. Pero al ser esto último un factor social de condiciones de trabajo ambientalmente necesarias, existen elementos objetivos que son la base para la cuantificación del valor ambiental. Por lo tanto la teoría del valor trabajo cobra inusitada actualidad, mediante la economía política ecológica..
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1
. Manuel Castells “La cuestión urbana”, México Siglo XXI, 1978.
2
. Adam Smith “La riqueza de las naciones”. Cruz, México 1980.
3
. Enrique Leff “Ecología y Capital” Siglo XXI, México, 1991.
4
. Jean Beaudrillard “El sistema de objetos” Siglo XXI, México, l981.
5
. Juan Estrada Berg - Wolf “Metodología ecosocial de transición al desarrollo
sustentable” . Difusión cultural UACH, México 2000 (en prensa). 6
. Joan Martinez Alier Op. cit p. 34.
7
. K. Marx op. cit vol 6 México siglo XXI, l987.
8
. Pierre Guiraud “Semántica” FCE, Breviario, México 1960.
9
. Gary Saul Morson “Bajtín. Ensayos y diálogos sobre su obra”. . UNAM, México,
1993. 10
. Los fisiócratas. Ronald Meek. Ariel , Barcelona 1981. 10
11 11
. Miguel Angel Sepúlveda Rivas “Hacia una nueva racionalidad ambiental .
Sociología Rural, Uach, México 1998. 12
. Olman Segura, “Desarrollo sostenible y políticas económicas en América
Latina. DEI, San José ,Costa Rica 1992 p. 36. 13
. Edgar Morin “Patria tierra”. Nueva Visión”, Buenos Aires 1993.
14
.
Guillermo Torres Carral “Introducción a la economía política ecológica.”
.Difusión Cultural UACH, México 2000 (en prensa).
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Elementos que delimitan la valoración de un bien o servicio ambiental: el caso del recurso agua en la Reserva de la Biosfera El Triunfo en Chiapas, México Octubre del 2000 Anabel Martínez Guzmán Dirección de Economía Ambiental Dirección General de Regulación Ambiental Instituto Nacional de Ecología [email protected]
Antecedentes Nuestra dependencia hacia los recursos naturales y su estrecha relación con su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de la población hace indispensable estudiar su fragilidad ante los requisitos cada vez mayores de la humanidad. Para la ciencia económica constituye un reto elaborar métodos que tengan como objetivo el análisis de estos fenómenos pues por un lado esta obligada ha interactuar con otras disciplinas científicas para el análisis de los mismos y por otro debe tratar de que se logren asignaciones eficientes de los recursos naturales, tarea nada fácil de obtener. La economía ambiental al respecto sugiere algunos métodos para valorar económicamente los recursos naturales, fortaleciendo el concepto de valorización ambiental,1 que tiene como propósito asignar un valor monetario al daño realizado al recurso natural, al ecosistema o bien a las externalidades o fallas del mercado ocasionadas por las actividades económicas que pueden repercutir positiva o negativamente a un agente económico, a un bien ó a un recurso natural2. Como sabemos en la teoría económica los precios juegan el papel de señales para la asignación de recursos escasos a fines alternativos. Si se incluye entre estos la asignación de recursos agotables --incluidos aquí los recursos naturales y la biodiversidad para las generaciones futuras entonces las expectativas relacionadas a la evolución de la tecnología y la demanda futura tendrán una influencia importante en la formación de estos precios (Alier y Schlüpman:1991), lo que podría provocar que algunos recursos no se les pudiera asignar a través del mercado un precio o valor monetario o bien estos precios o valores no reflejen el valor real del recurso ambiental y por tanto no se puedan comparar con el sistema de precios actual. A las dificultades propias que se presentan con relación a que si los valores obtenidos por cualquiera de los diferentes métodos de valorización ambiental (precios hedónicos, valorización contingente, método costo viaje, análisis costo beneficio, etc.), reflejan el valor justo o real que tienen los recursos naturales habría que sumar otras que están relacionadas con los derechos de propiedad y a los usos y apreciaciones culturales que los usuarios directos e indirectos de estos recursos tienen de estos.
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La literatura sobre economía ambiental ha identificado tres clases de valores que parecen tener cierto consenso en la sociedad y en el medio político, que son los valores expresados a través de las preferencias individuales, el valor de la preferencia pública que se encuentra asociada a normas sociales y el valor funcional del ecosistema. 2 El hecho de que sea monetaria implica que los resultados obtenidos se equiparen con la asignación de precios prevalecientes en el mercado, pues se busca sea posible comparar estos resultados con el sistema de precios vigente.
Para Turner y Pearce:1993, la economía tiene dos tareas por realizar, la primera consiste en demostrar la utilidad de la valoración económica de los recursos naturales y su aplicación en la gestión ambiental. La segunda radica en indagar como la valorización sirve para diseñar o bien fortalecer los instrumentos de política ambiental que posibilitan una gestión sustentable de los recursos naturales. A la luz de estos antecedentes, gestar y aplicar un proyecto de valorización ambiental no es una tarea sencilla y resulta un proyecto complejo y aveces hasta abstracto, en especial cuando se trata de estudiar una Área Natural Protegida, debido a que en ella existe una enorme riqueza biológica. En estas notas tratamos de plasmar algunos de los problemas a los cuales nos hemos enfrentado para la elaboración de una propuesta de valorización ambiental en un Área Natural Protegida en México, en particular el caso de la Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI). Pero, ¿qué tipo de problemas se puede enfrentar para hacer tan sólo el diseño metodológico en un proyecto de valorización ambiental?, esto es parte de lo que pretendo narrarles a continuación. El trabajo esta dividido en cuatro secciones, la primera de ellas describe la importancia de la REBITRI en términos ambientales y sus características, la segunda aborda los problemas asociados a la definición de los conceptos utilizados para establecer la unidad de análisis de nuestro estudio. También describimos una breve semblanza de cómo se diseño el anteproyecto de investigación titulado: Valorización del Servicio Ambiental del Agua en las cuencas Cuxtepeques y Coapa en Chiapas, México, describiendo a grosso modo su proceso de elaboración y búsqueda de recursos financieros para el desarrollo de la misma. En la tercera se incluyen algunas reflexiones realizadas entorno al precio o pago de derecho que se hace por el agua en México que dificultan la aplicación de algún instrumento económico de gestión ambiental en nuestro país con relación a la problemática y conservación del recurso agua. En la cuarta sección se presentan las reflexiones finales que surgieron de estas notas. 1. El Triunfo, un área natural protegida singular 1.1Factores naturales característicos El área natural protegida El Triunfo se encuentra clasificada como una zona de Reserva de la Biosfera (RB), se localiza en el Estado de Chiapas, y comprende los municipios de: Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villa Corzo, Pijijiapan y Siltepec. La superficie total que abarca la REBITRI es de 119,177 hectáreas, de estas la zona núcleo comprende 25,719 ha. El Triunfo es considerado una zona biogeográfica de gran relevancia a nivel nacional e internacional, ya que reúne diferentes climas, ecosistemas y grupos de suelos, además de una gran diversidad de flora y fauna, en una pequeña área. La zona presenta altos índices de endemismos al considerársele un refugio primario del Pleistoceno. En el Triunfo existen los siguientes ecosistemas: Bosque mesofilo de montaña o nubliselva, Bosques de pino-encinoliquidambar, selva mediana perennifolia y subperennifolia (INE:1999). El bosque de niebla de El Triunfo es considerado el más diverso en el Norte y Centro de América, se encuentran 10 tipos de vegetación de los 19 con los que cuenta el Estado de Chiapas, entre ellos se destacan dos de los mas amenazados en México: El bosque de Niebla
y la Selva Tropical Húmeda del Soconusco. Esta variedad de tipos de vegetación le convierte en un refugio para un gran número de especies de flora como los helechos arborescentes, bromelias, orquídeas, espadañas, palmas y aguacatillos silvestres así como es uno de los centros de endemismo de Cycadas. La variedad de tipos de vegetación que se presentan en la reserva la convierten en un refugio para un gran numero de especies de fauna silvestre, como el pavón, el quetzal, la tangara de alas alzules, el pajuil, el jaguar, el tapir, el ocelote, el tigrillo y el dragoncillo verde. Esta zona también presenta especies endémicas como la salamandra del Cerro Ovando (ibídem). Debido a su ubicación geográfica, El Triunfo posee características similares a las de la Sierra pues las vertientes del Pacífico y la Depresión Central favorecen a la recarga hídrica en la REBITRI, la cual esta influenciada por precipitaciones graduales a lo largo de sus altitudes (orográficas), que en los escenarios de lluvias extraordinarias (mayores a 4000 mm) intensifican procesos de erosión denudatoria e incrementan la densidad hidrográfica dentrítica en las partes altas. Además la REBITRI, presenta variaciones climáticas, desde húmedas calurosas (en la zona de amortiguamiento) hasta húmedas frías en las partes altas donde se concentran las condiciones de generación de precipitación (Martínez y Espíritu:2000). El agua que capta la REBITRI por lluvias es aproximadamente de 171,131 millones de m3 al año; de estos el 49% se filtran o escurren a 12 cuencas hidrológicas a las cuales abastece la reserva (íbidem). Al ser un centro receptor de agua, El Triunfo contribuye a la alimentación del sistema hidroeléctrico del río Grijalva, uno de los más grandes del país. Baste citar, el caso de la cuenca de Cuxtepeques donde el 23% de la lluvia fluvial es aprovechada por la Presa la Angostura que genero 2,250 Gwh en 1998 representando el 23% de la generación eléctrica neta del país (CFE:1999). A su vez el agua es utilizada para la realización de diferentes actividades productivas en la región, tal es el caso de la ganadería de se realiza en la llanura costera y las actividades agrícolas como producción de maíz, frijol y café en parte del Soconusco, principal zona productora del Estado de Chiapas. 1.2 Ciudades, pueblos y otros asentamientos La REBITRI comprende parte de los municipios de: Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villa Corzo, Pijijiapan y Siltepec, en ellos se destacan los ejidos: Toluca, Puerto Rico, Laguna del Cofre, Las Palmas, Santa Rita las Flores, Tres de Mayo, Loma Bonita, 21 de Marzo, Altamira, Santa Rita y Monterrey. Destacándose las siguientes fincas y rancherías: Liquidambar, Prusia, Cuxtepec, Catarinas, Nueva Linda, La Playona, El Gadow, Cabañas, Las Nubes y Santa Cruz entre otras (INE, op. cit). En el cuadro 1 presentamos datos básicos referidos al total de habitantes en los municipios en los cuales esta ubicada la REBITRI, como se observa la población asentada en estos municipios apenas representó el 6.8% del total del Estado de Chiapas para el año 2000, con relación al número de viviendas encontramos que se concentran en estos 7 municipios 53,836 viviendas que representan el 6.7% del total del Estado con un número de ocupantes promedio de 267,464 (6.8% del total del estado). Dando como resultado 4.9 promedio de ocupantes por vivienda, 0.5 décimas más que el promedio nacional (4.4). c.f. con cuadro 1.
Cuadro 1: Datos básicos de población y vivienda en los municipios que comprende la REBITRI, 2000 Municipio
Acacoyagua Ángel Albino Corzo La Concordia Mapastepec Pijijiapan Siltepec Villa Corzo Total Estado Chiapas México
Población
14,171 26,830 39,679 39,033 46,845 32,380 68,613 267,551 3,920,515
%
0.36 0.68 1.01 1.00 1.19 0.83 1.75 6.8 100.00
Viviendas
2,658 4,850 7,558 8,439 10,544 5,251 14,536 53,836 806,300
%
0.33 0.60 0.94 1.05 1.31 0.65 1.80 6.7 100.00
Ocupantes Promedio 14,171 26,811 39,651 39,027 46,845 32,374 68,585 267,464 3,912,099
%
0.36 0.69 1.01 1.00 1.20 0.83 1.75 6.8 100.00
Promedio de ocupantes por vivienda 5.3 5.5 5.2 4.6 4.4 6.2 4.7 36 4.9 4.4
Fuente: Resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; www.inegi.gob.mx
1.3 Identificación de amenazas Algunas de las amenazas con respecto a fenómenos físicos como erosión hídrica y arrastre de sedimentos, se establecen a partir de la evidencia fotográfica de los impactos ocurridos en 1998, causados por las lluvias extraordinarias (Espíritu; op. cit), Arellano:1999, señala que durante las contingencias hidrometereológica de septiembre de ese año se provocaron daños en la infraestructura del módulo 1 del distrito de Riego 111 de Cuxtepeques y se destruyeron 1.5 km. De los 11.616 Km de canales revestidos en ese año por el Programa de Rehabilitación y Modernización en todo el Estado (ver cuadro 2 para mayores detalles). Cuadro 2: Cantidades de obras realizadas por los eventos de lluvias extraordinarias Concepto
Modulo 1 DR No. 101 Cuxtepeques 19.830 Km 38.000 Km 46.100 Km 267 pza. 1 pza. 7,311 Ha. 1,291 No. 6.430 Millones de pesos
Revestimientos de canales Rehabilitación de drenes Revestimiento de caminos Rehabilitación de estructuras Rehabilitación de obras de cabeza Superficie beneficiada Usuarios beneficiados Inversión en obra
Total 45.640 Km 71.800 Km 175.000km. 751 pza. 1pza. 21,593 Ha. 3,693 No. 21.244 Millones de pesos
Fuente: Arellano, op. cit: p. 4.
El sector agrícola también se vio afectado por las lluvias extraordinarias de 1998, tan sólo en dos municipios principales a los que la REBITRI abastece de agua que son La Concordia y Pijijiapan en 199, resultaron afectadas 3,881.9 hectáreas de maíz y 625 de café que perjudicaron a 3,058 productores de la región (ver cuadro 3 para mayores detalles). Cuadro 3: Concentrado de superficie siniestrada por cultivo y productores del 1 de septiembre al 27 de octubre de 1998 MUNICIPIOS
CULTIVOS
SUPERFICIE TOTAL SINISTRADA (HAS.)
PRODUCTORES AFECTADOS
PIJIJIAPAN
MAÍZ CAFÉ
3,357.0 318.0
1,609.0 139.0
LA CONCORDIA
MAÍZ CAFÉ
524.9 307.0
1,098.0 212.0
3,881.9 625.0
2,707.0 351.0
TOTAL MAÍZ CAFÉ
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SAGAR en Tuxtla Gutierrez,Chiapas en junio del 2000.
Es por ello que consideramos es necesario determinar de manera precisa los impactos negativos causados por fenómenos físico-hidrológico --anteriormente descritos—y los
provocados por las actividades productivas, esto es avance de la superficie agrícola, deforestación que manifiestan la disminución de la calidad de agua y su sobreexplotación. Pues ello origina un incremento en las pérdidas ocurridas en las zonas de cultivo sometidas a inundaciones y Azolvamiento incrementados por fenómenos extraordinarios como los ocurridos en 1998. 2. Problemas asociados con la valorización 2.1 ¿Qué valuar? y ¿cómo hacerlo?; preguntas centrales Como hemos visto a partir de esta breve descripción de la REBITRI, definir que valorar ante la presencia de una amplia gama de posibilidades que nos ofrece dicha reserva no fue una tarea fácil, en principio por que había que plasmar el sentido útil de la valorización, es decir se tenía que definir si se hacia una valorización ecológica o monetaria, cual sería su finalidad y su uso. En algo si estabamos de acuerdo todos los participantes era en la elaboración de una propuesta metodológica cuyo propósito final es utilizar la información obtenida del estudio de valorización para el diseño de un instrumento de política ambiental que permitiera atraer de recursos económicos a la reserva y con ello conseguir la preservación de los recursos naturales que ahí existen. A la luz de este objetivo habría que definir qué valuaríamos de la enorme riqueza biológica que posee El Triunfo y cómo lo haríamos. En función de nuestros objetivos además de otras limitantes como recursos, personal humano y tiempo, hicimos abstracción de la valorización ecológica para proponernos una valorización de tipo monetaria, este hecho implico sólo considerar los servicios ambientales que la REBITRI proporciona, para con ello distinguir a los diversos usuarios de los diferentes servicios que presta la reserva e identificar aquellos que pudieran ser los medios para implementar a futuro algún instrumento de política ambiental, que podría ser desde el fomento o la creación de un Fideicomiso o bien el diseño o ejecución de un instrumento económico con fines ambientales. Para conseguir esto, lo primero que hicimos fue diferenciar los conceptos entre servicio y función ambiental, como describimos a continuación. 2.2 Servicios vs funciones ambientales Para identificar a los servicios ambientales de la biodiversidad, es necesario definir qué se entiende por servicio y por función ambiental. A pesar de que muchos autores los consideran como sinónimos, realmente existen diferencias conceptuales que permiten distinguirlos. Así, mientras las funciones ambientales se definen como los posibles usos de la naturaleza por los humanos, los servicios son las posibilidades o el potencial de ser usado para cualquier fin. No obstante, lo importante es entender como es que la sociedad percibe los usos de los flujos de servicios ambientales, que provienen de un ecosistema, de sus especies y de sus genes, como pasa con la REBITRI. Hueting et. al.:1998, considera que algunas funciones de la biodiversidad se pueden concebir como bienes de consumo y otras como bienes de capital. Cuando estas interactuan con las actividades que realiza el hombre se pueden analizar como bienes económicos, o lo que la contabilidad ambiental define como bienes económicos no producidos. Una de las
condiciones para que esta función se defina como bien es necesario que su uso implique escasez. De esta manera estas funciones cambian a bienes que pueden ser libres con un valor económico cercano a cero o bienes escasos con un valor positivo, de tal manera que la asignación de valor y sus diferentes aumentos o decrementos dependan de la escasez o la abundancia de dicho recurso.3 Para De Groot:1994, el ecosistema sólo provee funciones y las divide en varios tipos: regulativas, de apoyo, de producción y de información. Las cuatro funciones descritas por De Groot, podrían estar consideradas implícitamente a los servicios a los que Hueting, et. al, hacen referencia; pues por ejemplo, las funciones de producción definidas por el primero incluyen algunos de los servicios definidos por el segundo tales como la producción de oxígeno, agua, alimentos, recursos genéticos, recursos medicinales y de materia prima, entre otros. Las funciones regulativas se refieren a la capacidad natural que los ecosistemas poseen de regular los procesos esenciales por conservar la vida de los sistemas. En tanto que las funciones de apoyo, están asociadas a las capacidades que estos tienen para proveer el espacio para las diversas actividades humanas, tales como: habitación, alimentación y recreación. Definiendo por último a las funciones de información como aquellas que están asociadas con la provisión de la salud mental, que facilitan el desarrollo cognoscitivo y la experiencia estética fomentando de esta manera la cultura de la conservación y preservación de nuestro entorno. Por ejemplo la sola existencia de un bosque proporciona, en términos generales, una amplia gama de beneficios a la sociedad. Pues nos proveen de productos y servicios económicos tradicionales como materias primas, frutos y empleos. Pero adicionalmente, se derivan de ellos otros servicios no tradicionales, tales como: captación de carbono, y su transformación en oxígeno; producción de material genético; medicamentos y materias primas para su elaboración, biodiversidad, protección del suelo contra erosión, enriquecimiento del suelo, protección de fuentes o mantos de agua; paisaje y belleza escénica entre otros. A partir de lo anterior los servicios ambientales pueden ser analizados en tres dimensiones: ecosistema, especies y genes. En el ámbito del ecosistema, se consideran aquellos servicios que solamente son producidos bajo una visión integral, donde se respeten las interrelaciones entre las comunidades de individuos y se realice un proceso productivo sin intervenciones que sobrepasen la capacidad natural de asimilación del ecosistema. Lo cual parece imposible de lograr hoy día. A nivel de especie, se pueden analizar aquellos servicios que son producidos exclusivamente por especies y que podrían mantenerse aunque existan distorsiones en el ecosistema. En cuanto a genes, el análisis es mucho más detallado y se refiere más a la riqueza genética que se puede encontrar en cada uno de los individuos del ecosistema y que puede utilizarse de múltiples formas. Con base en lo anterior definimos los siguientes servicios ambientales que presta la REBITRI resumidos en el siguiente diagrama. 3
Consideramos que la siguiente nota explica el párrafo anterior. Como sabemos para los economistas clásicos el origen de la riqueza esta asociado a la generación de valores, y en este sentido las “cosas” tienen dos valores, un valor de uso que es la cualidad de todo producto sea industrial o de la naturaleza que sirve de sustento para el hombre, y un valor de cambio a la cualidad de poder cambiarse unos por otros. Es por ello que se atribuía que la fuente del valor era el trabajo y la medida de este el tiempo. En tanto que el valor relativo de un producto se determina por el tiempo de trabajo que se invierte para crearlo. Así el valor relativo de un producto era posible expresarlo en dinero. Para David Ricardo las cosas una vez que se les reconoce como útiles derivan su valor de cambio en dos fuentes su rareza y la cantidad de trabajo para obtenerlas.
Diagrama 1 Servicios ambientales que presta El Triunfo Ecosistema
Población Genes
Servicios farmacéuticos. Producción de alimentos: Café, maíz, palma camedor, mango, sandía entre otros. Producción de madera. Generación de Energía hicroeléctrica.
Recursos genéticos Materia prima
Producción de oxígeno a través de la captura de carbono. Regulación de clima. Regulación de disturbios. Regulación hídrica. Oferta y calidad del agua. Retención de sedimentos y control de la erosión. Reciclado de nutrientes y fertilidad de los suelos Hábitat de especies endémicas. Recreación. Cultural. Belleza escénica. Producción de biodiversidad.
Fuente: Adaptado de: Castro – Barrantes:1998. Generación de Ingresos mediante el Uso Sostenible de los Servicios Ambientales producidos por la Biodiversidad en Costa Rica, Costa Rica, p. 19.
2.3 ¿Por qué es necesario conservar los recursos existentes? Como hemos descrito la REBITRI esta conformada por 10 tipos diferentes de vegetación y es un centro de endemismo relevante en México lo que le favorece a la creación de diferentes servicios ambientales que contribuyen a la realización de actividades económicas que se realizan en la zona de amortiguamiento y fuera de ella, favoreciendo con ello al crecimiento de la región y del estado. Pese a la gran cantidad de servicios y funciones ambientales que posee El Triunfo, en este estudio se tomo en cuenta, sólo uno de ellos que fue el agua, debido a la importancia del recurso. La REBITRI es un centro receptor de agua y contribuye a la realización de diversas actividades en la región, podemos citar que por el lado de la Región Hidrográfica “Costa del Pacífico” compuesta por 12 ríos se favorece al desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, tal es el caso de la región del Soconusco, zona productora de café, cacao y maíz. A su vez abastece de agua dulce al complejo lagunar productor entre otros productos pesqueros de camarón, este complejo es la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. El Triunfo favorece también a la recarga de los acuíferos favoreciendo a que en la depresión central en la región hidrológica conocida como el Grijalva--compuesta por cuatro ríos principales—se favorezca la realización de actividades productivas de gran relevancia nacional como son la generación de energía hidroeléctrica al respecto baste citar que en esta zona hidrográfica se localiza la presa La Angostura que en 1998
produjo 2,250 GW que represento el 23% de la energía eléctrica producida en el país (CFE:1999). En dirección al Golfo de México nos encontramos que los usos del agua de su río principal que es el Grijalva, de la Región Hidrológica del mismo nombre, irrigan campos maiceros y cañeros principalmente, además de favorecer a la pesca de agua dulce y abastecer de este líquido a los pantanos de Centla (ver imagen 2 para mayores detalles). Es por ello que se considera imprescindible la conservación de la REBITRI y hacer un uso racional del recurso agua en la zona y fuera de ella, pues su noconservación podrían ocasionarnos graves pérdidas materiales y ecológicas. 2.4 Requisitos mínimos para la valoración económica del recurso agua Una de las razones por las que es necesario valorar adecuadamente el recurso agua radica en que se trata de un bien libre y de un recurso natural necesario no sólo para la realización de actividades económicas, sino también por la importancia que el agua tiene en la vida en el planeta. Mucho se ha hablado de la necesidad de darle un valor adecuado al agua de tal manera que también las personas que la usen paguen un precio justo. No obstante, la ausencia de mercados de agua o la no-regulación de los mismos ha contribuido a crear distorsiones que imposibilitan determinar a través de ellos el precio de este recurso. Hasta el momento al agua la percibimos como un recurso abundante y gratis. Generalmente las tarifas del agua potable, riego y generación de energía hidroeléctrica se estiman con base a lo que cuesta captarla y traerla hasta los sitios de consumo, sin considerar los costos ambientales como el tratamiento de aguas residuales y los costos por la protección de las cuencas hidrográficas donde se regenera esta agua. Para valorar económicamente el recurso agua consideramos que se distinguir los usos que se le atribuyen al recurso en nuestro caso tenemos identificados los siguientes:
Bien final
Uso doméstico Uso en actividades de recreación y religiosos o culturales
Agua Bien intermedio
Generación de energía hidroeléctrica Uso del agua para la realización de las actividades económicas (agricultura, pesca, ganadería industrial, etc.)
Una vez realizada la clasificación del bien agua, podemos elaborar un esquema que nos posibilite obtener los valores económicos de los servicios ambientales que el recurso agua proporciona, a partir de sus usos tal y como lo ilustra el diagrama 2.
Diagrama 2 Categorías de uso del agua Valor Económico Total
Valor de Uso
Valor de uso directo
v Consumo humano v Agricultura v Generación hidroeléctrica v Manufactura v Minería v Recreación
Valores de No Uso
Valor de uso indirecto
v Control de inundación v Retención de sedimentos v Aporte de nutrientes v Transporte v Regulación de flujos v Producción pesquera v Estabilización del clima
Valor de opción y cuasiopción
v Conservación del agua para su oferta futura v Demanda futura del agua. v Usos futuros del agua diferentes a los actuales.
Valor de Existencia
v Religiosas v Culturales v Científicas
Valor de herencia
v Legado del conocimiento sobre usos de agua v Utilización sustentable de cuencas para generaciones futuras
Fuente: Adaptado de: The Nature Conservancy:1999, Manual de Capacitación: Agua valorización de un servicio ambiental, elaborado por Marta Echavarría.p.13.
Asimismo debemos considerar algunas características intrínsecas del recurso, como: la cantidad, la calidad, su temporalidad y su distribución. Tanto la calidad como la cantidad del recurso es necesario conocerlas por que nos determinan el estado en el que se encuentra el recurso y el consumo del mismo. Respectivamente ambos factores dependen de los usos que le demos al recurso agua. Por otra parte la temporalidad nos ayuda a especificar los tiempos y a establecer los costos del recurso, en tanto que conocer la distribución del mismo nos posibilita comprender las necesidades y carencias del recurso. 2.5 Algunas formas para realizar el estudio de valorización: métodos propuestos Nosotros consideramos que en todo estudio de valorización económica es un requisito fundamental contar con información actual del estado en el que se encuentran los recursos naturales, es por ello que en esta propuesta de investigación consideramos que es necesario primero estimar los parámetros físicos y luego los económicos, debido a que pensamos que en la medida en que los usuarios conocen el estado del recurso agua ellos estarían más dispuestos a participar en su conservación. A grosso modo esto es un resumen de los posibles métodos que pueden utilizarse para la realización de dicho proyecto de valorización del agua. 2.5.1
Parte física
Como necesitamos conocer el consumo de agua utilizada en la cuenca, es decir en la cantidad y calidad (disponibilidad), los principales usuarios (Distrito de Riego, Presa Hidroeléctrica y zona cafetalera), las variables a determinar son: a)Cantidad media anual y extrema de agua superficial disponible en la cuenca. Esta será determinada mediante el análisis estadístico de registros históricos obtenidos por fuentes secundarias (principalmente de la Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad); para ello se pretende analizar la información meteorológica e hidrológica de la región de una serie histórica mayor a 10 años de lectura de las estaciones de registros ubicados en la cuenca, realizando análisis estadístico y de ajustes para proyectar en escenarios críticos de disponibilidad y consumos extremos y mínimos (Espíritu, op. cit.). Para conocer los consumos de agua de manera particular de los diferentes usuarios potenciales (Cafetaleros, Distrito de Riego y Presa Hidroeléctrica) en la cuenca, se pretenden realizar entrevistas y mediciones en campo de la infraestructura hidráulica concerniente su capacidad. b) Impactos negativos causados por la cantidad y calidad de agua superficial sobre los usos más importantes en la cuenca. Estos están relacionados directamente con la disponibilidad del agua por los usuarios potenciales, pues la producción agroindustrial (Café) y la ganadería incrementan el deterioro de agua útil en calidad y disminuyen la cantidad requerida para su uso, se necesita el análisis de fenómenos relacionados con: avenidas, erosión hídrica, arrastre de sedimentos, incremento de las superficies de inundación y asolvamiento a las obras aguas abajo en la cuenca (Diagrama 3).
Diagrama 3 Problemática del agua en la REBITRI Problema asociados al uso del agua
Audiencias involucradas
a) Cantidad: Explotación superficial y subterránea
Sector agropecuario y urbano
b) Calidad: Contaminación por pesticidas, agroquímicos, aguas residuales (Beneficio cafetalero, microindustria, drenaje urbano). c) Otros: Erosión hídrica, sedimentación, acarreo de sedimentos. Avenidas (Crecidas)
Productores de café(680 productores en los municipios de La Concordia y Pijijiapan), frijol y hortalizas y pescadores-de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.
Fuente. Modificado de Espíritu, op. cit. p.5.
Al final de esta etapa se pretende obtener datos referidos a cantidad de agua disponible para las cuencas a valores promedio, máximos y mínimos ya que existen valores históricos en tiempo mayor a 10 años de lectura en cuanto a precipitación y escurrimiento por parte de la Comisión Nacional del Agua. Las partes de sedimentación tendrán que ser obtenidas a nivel general a nivel cuenca mediante métodos indirectos, ya que no se cuenta con registros en este caso, entonces los valores resultantes serán considerados para la cuestión de afectación para los usuarios (ibídem). 2.5.2
Parte económica
Hemos identificado hasta el momento los siguientes usos principales del agua en la zona y que requeriremos medir para estimar el valor económico de este recurso en términos ambientales, estos son: •
Abastecimiento municipal del agua
Requerimos estimar la cantidad de agua que destinan al uso doméstico. Para con ello caracterizar el mercado de agua doméstico, fuentes de abastecimiento y principales problemas económicos relacionado con el uso y consumo del recurso agua.
•
Abastecimiento de agua a la agricultura y la ganadería
Se pretende estimar el precio sombra del agua4 utilizada en las actividades primarias, para lo cual se estimará la función de demanda derivada de agua para usos primarios, y complementarán estos resultados con un modelo econométrico de disposición a pagar. Consideramos que requerimos la siguiente información: 1. 2. 3. 4. 5.
Tipo de cultivos de la región y número de productores. Tiempos (épocas de cosecha y siembra por cultivo) Flujo de agua utilizado. Precios y costos de la actividad. Datos de producción por tipo de cultivo.
Para estimar la apreciación de los usuarios del recurso y su disposición apagar alternativamente se realizarán estudios de valoración contingente y de costos evitados. •
El uso del agua como bien intermedio que permite la generación de energía hidroeléctrica
En la cuenca Cuxtepec existe una presa que captura agua para la generación de energía hidroeléctrica, de esta tenemos que estimar el valor de la energía eléctrica generada en la región. Consideramos que es posible estimar la función de producción de la energía hidroeléctrica tal como se tratara de estimar para los cultivos agrícolas y la ganadería con está es posible estimar el precio sombra del recurso, en caso de no existir se utilizará el método de costos evitados. Todo ello depende de la información que pueda generar la Comisión Federal de Electricidad relacionada a la Presa El Portillo. 2.6 Estrategia de investigación El objetivo es combinar información física y económica para la estimación del valor económico del agua de dos cuencas típicas a las que el Triunfo abastece de agua que son: Cuxtepec y Coapa, para ello se utilizarán datos de fuentes secundarias y primarias, previa definición de los usos del agua descritos anteriormente. 2.6.1 ¿Qué se espera obtener con los métodos propuestos? a. Valores de disponibilidad en cuanto cantidad y calidad del agua en la cuenca. b. Descripción física y económica de los usos más importantes del recurso agua en la cuenca. c. Balance de costos por mantenimiento y conservación de agua en la cuenca por los usuarios potenciales. d. Estimación del valor económico-ambiental del agua por principales usos.
4
Para ello se debe estimar la función de productividad del agua. Tanto con la función de demanda derivada y la de productividad es posible estimar el precio sombra del agua a través de los mercados y mediante el precio que los equilibre, pensando en un equilibrio competitivo este se obtendrá de la igualdad entre el ingreso marginal y el costo marginal del agua.
e. Estimación de los costos evitados para la REBITRI por procesos de erosión continua que afecten negativamente a los usuarios del recurso. 2.6.2
Evolución y gestión del anteproyecto de investigación
Una vez definido que servicio ambiental que se valoraría y la metodología nos propusimos elaborar el anteproyecto de investigación que se tituló: Valorización del Servicio Ambiental del Agua en las cuencas Cuxtepec y Coapa en Chiapas, México, el cual surge como una iniciativa del director de la Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI) y se desarrollo en su etapa preliminar gracias al apoyo financiero brindado por The Nature Conservacy (TNC), a través del Instituto de Historia Natural en el Estado de Chiapas (IHN), que contrataron a una especialista en aspectos hidrológicos coordinados por personal de la Dirección de Economía Ambiental del INE, con este grupo de trabajo se elaboraran los primeros términos de referencia de dicho anteproyecto, para lo cual se hizo un taller con la comunidad académica y los gestores ambientales en Chiapas a finales del mes de enero del 2000. De dicho taller se definió que el estudio se centraría en dos cuencas de 12 a las cuales la REBITRI abastece de agua. Se identificaron las principales instancias involucradas y se propuso solicitar recursos financieros para el desarrollo de la investigación al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, AC. en México. En el período que comprende los meses de febrero a abril se elaboraron los términos de referencia que dicho anteproyecto abarcaría, se definió los principales problemas ambientales a considerar, así como la duración del proyecto que se planteaba durará 2 años. En el mes de mayo del año en curso sé sometió a concurso ante el Fondo Mexicano, esperando resultados favorables en junio del presente. Sin embargo, el Fondo Mexicano no pudo financiar dicha propuesta. Ante estos resultados negativos la estrategia consistió en reunir a todos los involucrados en la elaboración de dichos términos de referencia para evaluar cuáles eran los factores que nos llevaron al no-financiamiento. El principal fue la razón económica, pues la propuesta resulto ser muy onerosa, debido a la carencia de especialistas en el IHN que sería la institución promovente (ante las agencias a solicitar recursos) y dentro de la REBITRI; y nuestro deseo por hacer un estudio comparativo de dos cuencas una que estuviera directamente relacionada con la REBITRI (Cuxtepeques) y otra que abasteciera de agua dulce a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada (Coapa). Lo que implicaba la generación de información física que desafortunadamente no existe en la región y que aún no es generada por algún organismo gubernamental.
2.6.3
¿Pero cuál es la problemática actual que enfrentamos en este proyecto?
Existen dificultades para obtener fondos antes de finalizar el año, y en el caso de conseguir financiamiento este pudiera hacerse efectivo en el año 2001. The Nature Conservancy –quién otorgo los fondos para elaborar el anterpoyecto de investigación-- sólo tenía recursos hasta agosto del 2000, quedando truncadas algunas de las actividades de gabinete por realizar como: recolección de datos de fuentes secundarias, identificación de usuarios del recurso agua, de aquellos que estuvieran en el distrito de riego y de los que no estuvieran en ellos, por ejemplo que el agua la extraen de pozos que no están registrados en la Comisión Nacional de Agua. Adicionalmente la REBITRI no cuenta con dinero de otras fuentes alternativas. Hacer esta investigación comparando dos cuencas debido a que una de ellas la de Coapa la comparten la REBITRI y la Reserva de la Encrucijada, hace al estudio más costoso y quizás con pocas posibilidades de ser financiado en su totalidad. Una alternativa de solución que nos permite abaratar costos en dicho anteproyecto es la participación de otras instituciones académicas de prestigio en el Estado de Chiapas que ayudaría a la continuidad del estudio y a ampliar los objetivos de investigación. Además de estos problemas que se presentan en la elaboración de un anteproyecto de investigación referido a valorización económica del agua nos hemos percatado de otros que están relacionados con el diseño de algún instrumento económico en pro de la conservación de este recurso. A continuación describimos algunos de ellos. 3. Problemas asociados con el diseño de instrumentos económicos Debido a los usos y aprovechamientos que el recurso agua tiene en México y a sus características como de bien nacional, resulta casi imposible la aplicación de algún instrumento económico de los que existen por lo menos en teoría en materia de economía ambiental, lo cual se explica por las siguientes dos razones: la primera se atribuye a su escaso uso en el país, pues sólo existen en ejecución dos instrumentos económicos en el sentido estricto del término: el arancel cero y la depreciación acelerada, los cuales tienen como objetivo incentivar a los empresarios a adquirir equipos anticontaminantes y estimular con ello la reducción en la contaminación atmosférica. Para el caso del agua, hoy día solo existe el cobro de derechos por las descargas de aguas residuales y por su uso, cualquiera que este sea, sujeto por supuesto a la Ley Federal de Derechos. Estos derechos y aprovechamientos no son definidos como instrumentos económicos, pero están diseñados para cubrir parte de los costos de extracción y tratamiento, así como garantizar la conservación y preservación del recurso agua. Esto último es lo más difícil de conseguir, pues los ingresos del agua obtenidos por su uso no logran abastecer todos sus costos de operación. La segunda limitante esta referida al marco jurídico existente que define al agua como un recurso nacional y por sólo ese hecho compete a la nación su administración y uso (Martínez:2000). Con relación a quiénes deben de pagar el derecho por uso del agua, la Ley Federal de Derechos del 2000 en México señala que todas las personas físicas y morales que usan, explotan o aprovechen las aguas nacionales. Este pago se fija considerando el tipo de derecho
que tiene el usuario del recurso y no con base a lo que cuesta surtir al usuario de tan vital líquido. Con relación a las modalidades de los derechos de uso del agua que marca la ley se encuentran los siguientes: & & & &
Títulos de asignación. Concesión. Autorización. Permiso.
A partir de ello, los pagos están definidos por una tabla de pagos que se publica en la Ley Federal de Derechos y se definen por pesos por un metro o mil metros cúbicos de agua y se diferencian por 9 zonas en las cuales se clasifican las principales regiones usuarias de este recurso que se señalan en el artículo 231 de la ley federal de derechos, las cuales se obtienen de los costos mínimos de extracción del recurso. Los pagos también difieren por el tipo de agua que se utiliza y por quién la utiliza, por ejemplo si es por extracción de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo. De acuerdo a la Ley Federal de Derechos del 2000 estos pagos por tipo de usuario varían sustancialmente incluye, tal y como lo ilustramos a continuación: ♣ Para las empresas públicas o privadas el costo por metro cúbico esta en el rango comprendido de los $11.4960 a $0.9026 pesos5. ♣ Para los concesionarios, Entidades Federativas (municipios), empresas que presten el servicio de agua potable, colonias populares (sólo para uso doméstico) el pago por mil metros cúbicos esta en el rango de $27.77 a $26.41 pesos ♣ Para la generación de energía eléctrica el costo es de $2.4169 por mil metros cúbicos pesos por metro cúbico para las nueve zonas. ♣ La acuicultura su pago oscila entre $1.8774 a $0.7215 pesos por metro cúbico. Existen a su vez algunas excepciones a este pago y se listan a continuación:
• • • • • •
Por extracción o derivación Actividades agrícolas y pecuarias que satisfacen necesidades domésticas. Uso y aprovechamiento de aguas residuales. Aguas que broten o parezcan en el laboreo de minas. Usos agropecuarios, incluyendo a los distritos y unidades de riego. Para el caso en el que las aguas regresen a su fuente original, o que sean vertidas en cualquier otro sitio.
De esta manera es claro que el sector agrícola no paga derechos de agua por consumo, tampoco se aplica cobro por abastecimiento de agua potable a pequeñas comunidades agrícolas. En general podemos decir que el cobro de agua potable se basa principalmente en su uso para la industria y el doméstico, básicamente en las ciudades con grandes densidades 5
El rango se basa en los precios establecidos por la ley para las nueve zonas clasificadas por ella.
de población, tal es el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etc. Demás de que el agua es gratuita para las actividades agrícolas, la electricidad por bombeo esta fuertemente susbsidiada. El subsidio energético contribuye aún más al desperdicio y manejo ineficiente del recurso en este sector (CESPEDES:1998). El problema se agrava cuando consideramos que en 1995 el sector que más usa este recurso es el agrícola con 61.2 km3 al año (ver cuadro 4). Cuadro 4: México, extracción y usos del agua, 1995 Extracción y usos Extracción total Usos consuntivos Agrícola Doméstico Industrial Acuacultura intensiva Uso no consuntivo Generación de energía hidroeléctrica
Fuente: CNA, 1996 Usos consuntivos: Impactan a la disponibilidad al aprovechar el agua y sólo retornan una parte de está. *Usos no consuntivos: Retornan la totalidad del agua aprovechada.
Km3/año 186.7 73.5 61.2 8.5 2.5 1.3 113.2 113.2
Resumiendo: Para proponer un instrumento económico considerando las experiencias que existen en este tema en el país para el caso del agua hace necesario estudiar el marco jurídico en esta materia, para con ello evaluar la factibilidad de que cualquiera que sea el instrumento éste pueda llevarse a la práctica, además de poder estimar los posibles efectos que dicho instrumento pueda generar en los agentes económicos afectados, así como su contribución a la preservación del ambiente, pero en el caso de la REBITRI al ser el agua usada principalmente para la realización de actividades primarias es imposible pensar en uno este asociado al precio del recurso, pues jurídicamente esto sería improcedente. 4. Reflexiones finales En la propuesta de investigación elaborada en los meses de febrero-junio del 2000, por la Reserva de la Biosfera El Triunfo, DEA-INE y el IHN se tenían como objetivo estimar el valor económico del agua con base a parámetros físicos y económicos a partir de los servicios ambientales que este recurso proporciona a la reserva de la biosfera de El Triunfo, en Chiapas México y de manera indirecta a otras zonas fuera de la reserva. El proyecto consideramos que incide favorablemente a loas objetivos de preservación y manejo de la REVITRI, por que a partir de los resultados obtenidos los gestores ambientales podían utilizar la información para el diseño de instrumentos económicos que permitieran a futuro retribuir el costo por conservación y mantenimiento del servicio ambiental otorgado por la Reserva. Sin embargo plantear un proyecto tan complejo implicaba además de tiempo esfuerzos interdisciplinarios que originaron la necesidad de hacer una investigación colectiva en donde
se puedan involucrar varias instituciones académicas, lo que hacía que por lo menos en el corto plazo fuera difícil de gestionar con las mismas, además de que por la novedad del tema pocos son los especialistas que se aventuran hacer estudios de valorización en el país, a este hecho hay que sumarle lo complicado que resulta incluir en los estudios de valorización económica una combinación de información más minuciosa de parámetros físicos y económicos, pues eleva los costos de la ejecución del proyecto y alarga los plazos de su desarrollo. Lo cual hace a este tipo de anteproyectos poco atractivo para las instituciones financiadoras, de ahí que la estrategia actual sea acortar la parte física a un solo aspecto del servicio ambiental y enfocarlo al manejo de cuencas más que a su diagnóstico y estado. La anterior experiencia nos lleva a la siguiente reflexión: cuando y de que manera será posible que se puedan hacer proyectos de valorización que incluyan aspectos biológicos y económicos, si el costo de su elaboración parece ser extremadamente caro y la aversión al riesgo de las instituciones financieras es grande, en especial cuando se vive en un país donde existe “n” necesidades prioritarias y los problemas relacionados con el ambiente pasan a segundo termino. ¿Cómo y cuándo será posible que los economistas no parezcamos como insensibles y cerrados para analizar a los fenómenos naturales con sus propias herramientas?. Como podemos darnos cuenta aquí, la interdisciplinariedad resulta cara.
Referencias Arellano, José Luis: 1999. El proceso de transferencia de los distritos de riego en el estado de Chiapas, México, Comisión Nacional de Agua. Mimeo. 8 pp. Azqueta, Diego: 1994 Valoración Económica de la Calidad Ambiental. Mc Graw Hill. España. Castro – Barrantes: 1998. Generación de Ingresos mediante el Uso Sostenible de los Servicios Ambientales producidos por la Biodiversidad en Costa Rica, Costa Rica, fotocopia, 65pp. Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable:1998. Eficiencia y uso sustentable del agua en México: participación del sector privado. México, agosto.15pp. Comisión Federal de Electricidad:1999. Informe de operaciones.1998-1999. México.39pp De Groot, R. S. 1994. “Environmental functions and the economic value of natural ecosystems” in: A. M. Jans son, M. Hammer, C. Folke, and R. Costanza (eds). Investing in natural capital: the ecological economics approach to sustainability. Island press, Washington DC. pp. 22-37. Dirección General de Política de Ingresos por la venta de bienes de Servicios Públicos. SHCP:2000, Ley Federal de Derechos 2000, México,210pp. Echavarría, Martha:1999, Manual de Capacitación: Agua valorización de un servicio ambiental. The Nature Conservancy. Chile, 87 pp. Espirítu, Gloria:2000. : “Valoración del servicio ambiental del agua en las Cuencas Cuxtepeques y Coapa en Chiapas” ponencia presentada en seminario Marco Legal para la conservación de las áreas naturales protegidas en el Estado de Chiapas. Organizado por The Nature Conservancy, Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Historia Natural, 18 y 19 de mayo. Hueting, R., L. Reynders, B. de Boer, J. Lambooy and H. Jansen:1998. “The Concept of Environmental Function and its Valuation”. En: Ecological Economics, No. 25, p.p. 31-35. Instituto Nacional de Ecología:1999. Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. México, 108pp. Martínez Alier, Joan y Klaus Schlüpmann:1993. La ecología y la economía. Fondo de Cultura Económica. México. 367 pp. Martínez Anabel y Gloria Espiritu:2000. “Términos de referencia del proyecto titulado: Valoración del servicio ambiental del agua en las Cuencas Cuxtepeques y Coapa, Chiapas”. Mimeo elaborado en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. Mayo 26pp. Martínez Anabel: 2000 “Fijación óptima de precios de los recursos naturales renovables, el caso del agua en México” ponencia presentada en seminario Marco Legal para la conservación de las áreas naturales protegidas en el Estado de Chiapas. Organizado por The Nature Conservancy, Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Historia Natural, 18 y 19 de mayo. Pearce, David y R. Kerry Turner: 1993. Economics of Natural Resources and the Environment Gran Bretaña. Harvester Wheatsheaf.
VALORACION DE ATRIBUTOS NATURALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE. 1 1
Cuilty Esquivel, K., 2Gutiérrez Villaseñor, C., 3León Diez, C.
Est. de Posgrado, El Colegio de México. 2 Est. de Posgrado Universidad Autónoma de Baja 3
California. Profesor-investigador, El Colegio de México
Actualmente existen tres usos contemplados por la ley para el cobro por uso y goce de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, que son: 1. Protección y ornato: debido a que no altera sustancialmente el ambiente se considera a esta actividad poco perjudicial. Por lo tanto no modifica, evidentemente, las características actuales del terrreno. Para el objetivo de está presentación no consideramos modificar las tarifas actuales para el cobro de derechos. 2. Ganadería, agricultura y acuacultura: debido a las grandes extenciones de terreno que utilizan estas actividades, valorando los efectos positivos o negativos en el largo plazo y por la magnitud que tienen (la extención y los efectos) es importante proponer una nueva tasa tarifaria que incluya un valor adicional a aquellas actividades que influyan mas sobre el ambiente. 3. General1: esta actividad por la intensidad y las modificaciones que realiza al ambiente en el corto plazo, es evidente que sus efectos se reflejan inmediatamente. Por lo tanto se considera su revalorización. Existen en la actualidad 10 zonas que agrupan a los 167 municipios costeros; los criterios para designar a que zona pertenece cada municipio no son claros y aparentemente fueron únicamente los rasgos socioeconómicos los argumentos para su asignación. La estructura tarifaría es:
TABLA ZONAS
USOS PROTECCIÓN ORNATO ($/m2)
Y AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA
1
DOF
29-12-97
GENERAL ($/m2)
Y
ACUACULTURA ($/m2) ZONA I
0.21
0.072
0.66
ZONA II
0.44
0.072
1.35
ZONA III
0.92
0.072
2.74
ZONA IV
1.40
0.072
4.10
ZONA V
1.88
0.072
5.50
ZONA VI
2.87
0.072
8.26
ZONA VII
3.84
0.072
11.01
ZONA VIII
7.21
0.072
20.68
ZONA IX
9.63
0.072
27.60
ZONA X
19.29
0.072
55.21
en estas tarifas, parecen no se considerase otros insumos que son básicos para la producción del bien y/o los costos de los desechos generados en el proceso productivo. Para explicarnos tomemos como ejemplo un hotel, el cual requiere de una playa con ciertas características como son: tipo de arena, oleaje, clima, etc. Que son, quizás, una razón para que el visitante acuda a ese sitio. Por lo tanto pueden considerárseles como insumos y los dueños de los hoteles deben pagar por dicho insumo. ADICIONALMENTE se puede observar que el uso 2 tiene la misma tarifa sin importar la zona en la que se encuentre. ¿Qué implica la misma tarifa en todas las regiones? Comenzando por notar que si existe la misma tarifa (sin importar el monto de esta) en todas las zonas implica que la dotación de servicios de comunicaciones y transporte no altera el valor que tiene la playa (zona federal). Esto
es
incorrecto,
por
que
al
tener
acceso
a
carreteras
implicará
NECESARIAMENTE que la capacidad de DISTRIBUCIÓN del bien es mayor, si se distribuye más rapidamente llegará en mejores condiciones al consumidor final y tendrá un precio más elevado en el mercado que aquel bien que no tiene acceso a este tipo de servicios. Se debe notar que la importancia de la disponibilidad del tipo de servicio radica en la capacidad para ser utilizado por el productor, independientemente si este tiene la capacidad para aprovecharlo.
Por lo anterior sería adecuado también zonificar el uso 2, aun cuando la diferencia de tarifas entre zonas sea minima. Lo
importante
es
destacar
al
consumidor
que
un
lugar
con
mayor
infraestructura tiene mayor inversión y se debe pagar por ella. COMO VALORAR:
Uso 2 Agricultura, ganadería y acuacultura: el uso de la playa es de forma directa, es decir, ocupamos los recursos que se encuentran en la playa (zona federal), y no se gozan de las amenidades. Sugerimos que en el cobro de la tarifa se incluya la probabilidad a sufrir un evento natural (inundación, tormenta, etc). Debido a que la posibilidad de un evento es mayor en ciertas regiones y esto afecta la rentabilidad de los proyectos. Es decir, sugerimos zonificar de la misma forma que sé hizo con el tercer uso, pero con base en la probabilidad de sufrir un evento. Comenzaremos por plantear la división de este uso en dos: agrícola-ganadero, y acuacultura. Esta división es necesaria para poder distinguir los efectos negativos y positivos de cada una de estas actividades. Las materias primas utilizadas en las actividades primarias son distintas, estas generan efectos ambientales diferentes. Dividirlos ayudaría a reconocer independientemente los efectos y poder inferir las implicaciones de la combinación de estas dos actividades sobre una misma zona. Es necesario establecer normas para evaluar los efectos combinados de las actividades agrícolas y ganaderas sobre las actividades acuícolas y viceversa, ya que estas se realizan en la zona costera. La acuacultura por la calidad de la materia prima que ocupa excluye a las otras dos actividades, por lo tanto está “exclusividad” debe ser tasada en mayor proporción, simplemente por la calidad de los recursos que utiliza. Consideramos que para la actividad acuícola sería importante tomar en cuenta el tipo de organismo a cultivar, ya que las rentabilidades y el efecto sobre el ambiente es diferente según la especie. Se propone utilizar, inicialmente, tres especies: camarón, ostión y almeja.
Se sugiere una metodología basada en las concesiones otorgadas por la dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, dependencia encargada de regular y administrar los terrenos de zona federal aptos para el cultivo de estas especies. Se toma la zonificación realizada con la probabilidad de sufrir un evento y sobre estas tarifas se les cobrará un sobreprecio según la calidad y cantidad de agua que los cultivos ocupan en promedio. El índice se aplicará en base al costo de obtener la misma calidad de agua si no existiera el cultivo. Es decir, sacar el costo de poner una planta de tratamiento de aguas que me dé casi la misma calidad. Debido a que incluir el costo directo de poner una planta de tratamiento de aguas es muy elevado se utilizará el índice, buscando no eliminar la actividad a causa del incremento del costo del metro cuadrado.
Uso 3 General: se gozan mas de uso indirectos que directos. Paisaje: investigar y cuantificar las diferencias de precios entre los cuartos con o sin vista hacia el mar. Inferimos que la preferencia de las diferentes opciones a escoger en los litorales mexicanos se deben a una o a la combinación de los siguientes elementos. Tipo de playa: Color-textura-tamaño de sedimento Días soleados al año Frecuencia de eventos naturales (inundacion, tormeta, etc) Energía del oleaje Color del agua La metodología propuesta iría en el siguiente sentido. En la zona en la cual se aplica la misma tarifa, comparar los precios de habitaciones de características similares en el mismo municipio, y cuantificar el valor de esa playa para los turistas. El hecho de buscar hoteles en igual zona es una forma de evaluar
servicios semejantes y aislar simplemente el valor de la belleza del lugar y la disposición a pagar por el escenario. En el presente trabajo se pretende hallar el valor de la playa para los turistas y los hoteles, aunque sabemos que no es el único uso dado a la playa, es una buena aproximación de la forma de valuar las playas. El modelo de precios hedónicos evalúa cual es el aporte de un “atributo” en el bien final, está valuación depende de la importancia que le da el consumidor a ese atributo. En otras palabras, el modelo de precios Hedónicos busca encontrar el valor de cada uno de los “atributos” que conforman el bien final, es decir, pretende encontrar cuanto afecta al precio del bien final cambios, alteraciones y la presencia de los atributos que integran el bien consumido. En la aplicación dada para esté trabajo; el bien final es el cuarto del hotel, pero el precio del cuarto contiene una serie de servicios (atributos) que los consumidores aprecian y que están dispuestos a pagar por ellos. Como ejemplo de dichos servicios tenemos: el acceso a la playa, albercas, aire acondicionado, restaurantes, bares, televisión, entre otros. Estos servicios son procurados
por
el
hotel
y
están
incluidos
en
el
precio
del
cuarto.
Adicionalmente, la calidad y servicio de los hoteles difieren, por lo mismo el producto final, es decir el cuarto del hotel, también es un bien diferenciado para el consumidor. Recordando la valuación por precios hedónicos, si estas variables están incluidas en el precio, introduciéndolas en la regresión como variables independientes se les obtendrá el valor que tiene dentro del precio. Acapulco será considerado el escenario básico debido a que en el municipio se encuentra un gran número de hoteles con y sin acceso a la playa, lo que hace posible un corte transversal, con un número suficiente de datos. Se correrá dos regresiones de tipo no lineal. Debido a que las regresiones lineales son útiles, solamente cuando los bienes son “perfectos sustitutos” para los consumidores, con “perfectos sustitutos” no estamos implicando que los bienes sean idénticos, sino que tienen diferentes atributos, pero dichos atributos
no
son
“cualitativa,
ni
cuantitativamente
diferentes”
para
el
consumidor. Como esté no es el caso de nuestro trabajo, ocuparemos regresiones no lineales.
La primera regresión contendrá los precios de los hoteles con acceso al mar como variable dependiente y las variables independientes serán los metros de ancho frente del mar, el número de albercas, el número de restaurantes y bares, si se tiene acceso a estacionamiento y servicio de lavandería (como variables dummy).
La segunda regresión tendrá como variable dependiente el
precio de los cuartos sin acceso directo al mar y nuevamente como variables independientes los metros de ancho del hotel, el número de albercas, el número de habitaciones, el número de bares y restaurantes, si tiene estacionamiento y servicio de lavandería (como variables dummy). Es decir las regresiones serían especificadas de la siguiente manera: PRECIO Cacc= α + ν Metros de ancho del hotel hacia el mar+ β No. Albercas + χ No. Habitaciones + δ No. Restaurantes y No. Bares + φ Estacionamiento + γ Lavandería + ε
PRECIO Sacc= α + ν Metros de ancho del hotel + β No. Albercas + χ No. Habitaciones + δ No. Restaurantes + η No. Bares + φ Estacionamiento + γ Lavandería + ε Se comparan los parámetros ν de ambas regresiones y está diferencia será el valor de la playa. Lógicamente, se sacará una estimación por metro cuadrado de la playa y se comparará con la tarifa actual de la Zona X (donde se encuentra el Puerto de Acapulco). El valor obtenido de este método, no tiene que ser incluido íntegramente dentro de la tarifa de la Zona, por que existen muchas otras variables que afectan al mercado
hotelero;
como
impuestos,
temporalidad,
etc....
Es
necesario
integrarlo al sistema de tarifas de la Zona Federal Marítimo Terrestre pero como una referencia.
LA PESCA Y LA ACUACULTURA FRENTE AL DETERIORO DE FUNCIONES AMBIENTALES: UN ESTUDIO DE CAMPO EN BAHÍA DEL TÓBARI (SONORA, MÉXICO). Luis Carlos Bravo-Peña 1 y Anamaría Escofet 2 1) Puerto Angel, Oaxaca. Universidad del Mar Km. 1.5 Carr. a Zipolite E-mail [email protected] 2) Departamento de Ecología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Ensenada (BC, México). E-mail [email protected]
RESUMEN: Se describen actividades y gastos adicionales que pescadores y acuacultores de Bahía del Tóbari (Sonora, México) realizan en un escenario donde el acceso a aguas navegables y la calidad del agua se han deteriorado por el aporte de sedimentos y químicos desde la cuenca agrícola, y el bloqueo físico de la circulación dentro de la laguna. Se discuten los resultados en encuadres conceptuales no excluyentes: a) como externalidad negativa; b) como gastos defensivos que no se discriminan del gasto corriente; c) como una estimación del valor de uso que tienen la navegabilidad y la calidad del agua respectivamente. ABSTRACT: This study describes the activities and additional expenditures that fishermen and aquaculturists in Tobary Bay (Sonora, Mexico) are forced to carry out in a scenario where both the access to navigable waters and water quality have deteriorated due to the sediments and chemicals inputs from the agricultural plains and to the physical blockade of circulation within the bay. Results are discussed in conceptual non-excluding frameworks: a) as a negative externality; b) as defensive outlays which are not distinguished from current expenditures; c) as an estimate of the use-value that navigability and water quality have for fishing and aquaculture sectors respectively
INTRODUCCIÓN La identificación del modo en que la degradación ambiental afecta a los posibles usos del territorio y a diferentes actividades productivas es un tema central en los estudios sobre sustentabilidad (Costanza, 1991). El deterioro ambiental que es producido por una actividad y que además puede afectar o ya afecta a otras actividades constituye una familia de problemas más específicos de la Economía Ambiental, pudiendo calcularse lo que dejaría de percibirse por no poder realizar una actividad a causa de las condiciones ambientales desfavorables, ó los gastos que una actividad existente debe realizar para compensar los cambios desfavorables que se van instalando en su medio (Peskin, 1991). Los cuerpos de agua costeros son inevitables receptores de los escurrimientos de las cuencas hidrológicas, a las cuales se sobreimponen las cuencas de desechos generados por diversas actividades localizadas tierra adentro. Las descripciones de procesos de eutroficación y contaminación química en cuerpos de agua costeros son prácticamente universales (Churchill, 1987; Sherman, 1994; Valiela, 1992). Sin embargo, son escasos los estudios que indagan el modo en que el deterioro ambiental afecta a sectores productivos específicos. En este trabajo se describen las actividades y gastos adicionales que los pescadores y acuacultores de Bahía del Tóbari (Sonora, México) se ven obligados a realizar en un escenario donde el acceso a aguas navegables y la calidad del agua se han deteriorado por el aporte de sedimentos y químicos desde la cuenca agrícola, y por el bloqueo físico de la circulación dentro de la laguna. Se discuten los resultados en encuadres conceptuales no excluyentes: a) como un caso de externalidad negativa; b) como gastos defensivos que no se discriminan del gasto corriente; c) como una estimación del valor de uso que tienen la navegabilidad y la calidad del agua para los sectores pesca y acuacultura respectivamente. ÁREA DE ESTUDIO Bahía del Tóbari (Sonora, México, 26° 55’-27°08’ N; 109°54’ –110o 08´ W) es un cuerpo costero de dos bocas definidas por una barra arenosa de 12 km. (isla Huivulai). Tiene aproximadamente 10 520 ha de espejo de agua (20 x 4.5 km) con una profundidad promedio de 1.5-2 m. Su origen es deltaico. Su cuenca de drenaje es de 106 702 ha. En las cabezas sur y norte se desarrollan extensas zonas de manglar, en las desembocaduras de 15 drenes agrícolas. Internamente, la topografía natural define una celda sur (aproximadamente 1 964 ha) constituida por los esteros Burabampo y Siaric; el resto formaba originalmente una gran celda de 8 556 ha que fue dividida artificialmente por un pedraplén, distinguiéndose en la actualidad una celda centro (aproximadamente 5 580 ha) y una celda norte (aproximadamente 2 976 ha) (Fig.1).
2
Figura 1.
Localización y configuración de Bahía del Tóbari en la actualidad (A), y
circulación antes (B) y después (C) de la construcción del pedraplén. La elevada productividad primaria de este sistema costero ha propiciado el asentamiento de un sector dedicado a la pesca artesanal desde 1920-30, cuyos campos pesqueros están ubicados exclusivamente en la ribera del sector centro de la bahía. La cuenca de drenaje tiene uso agrícola intensivo desde la década de los cincuentas, y uso porcícola desde 1965. Entre ambas actividades, se descarga un promedio anual de 350 millones de m3 de aguas residuales, con alto contenido de productos químicos (pesticidas, defoliantes, fertilizantes, químicos farmacéuticos, metales pesados) y sedimentos finos propios del uso y desgaste de los suelos agrícolas. Estas descargas se realizan a través de 14 drenes desigualmente distribuidos: en la celda Norte descargan cuatro drenes que 3
recogen el producto de 26 860 ha agrícolas y cuatro granjas porcícolas; a la celda Centro arriban ocho drenes provenientes de 29 706 ha agrícolas y dos granjas porcícolas; en la celda sur, dos drenes descargan el producto de 50 000 ha agrícolas y nueve granjas porcícolas. En 1966, propietarios que intentaban desarrollar el turismo en la isla Huivulai construyeron un pedraplén de 4.7 km de longitud para facilitar el acceso. El posterior desarrollo turístico de la isla fue limitado, ya que su naturaleza arenosa impide el asentamiento de construcciones permanentes, pudiendo realizarse solo excursiones cortas y pequeños campamentos. Sin embargo, el pedraplén quedó como una barrera física permanente que provocó cambios drásticos en el patrón interno de corrientes y aceleró el azolvamiento producido por el ingreso continuo de sedimentos terrígenos desde la cuenca agrícola-porcícola. Desde 1994, como resultado del impulso que se dio a la acuacultura a nivel estatal, se establecieron granjas de cultivo, principalmente de camarón café y azul (Litopenaeus vannamei y L. stylirostris ) aunque también ostrícolas. Estas granjas se ubican en las inmediaciones de las riberas de los sectores norte y sur, y al momento de este estudio destinaban 336 ha al cultivo. La llegada invernal del pato de collar (Anas spp.) ha favorecido la presencia de grupos cinegéticos desde mediados de la década de los setentas. Otra actividad local, de la que no se tienen registros consistentes, es la extracción de sal en la ribera de los subsistemas Norte y Centro, donde operan intermitentemente dos salinas. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL La problemática ambiental parece haberse desencadenado a partir del azolvamiento masivo que ocurrió con la construcción del pedraplén, que modificó profundamente el patrón original de circulación y redujo la velocidad de flujo (DGIP,1981). El pedraplén no afectó al subsistema Sur, pero el antiguo subsistema Norte fue dividido en dos, de modo que el sistema original se convirtió en uno nuevo, con tres subsistemas de circulación. Después de la construcción del pedraplén, y sin que hubiera aumentado el volumen de aguas residuales vertidas, se aceleró el azolvamiento en los subsistemas Norte y Centro. A partir de Valdés (1994) puede calcularse que entre 1973 y 1991 el espejo de agua disminuyó 2.24% y las planicies lodosas aumentaron 73%. Como consecuencia, aumentó el tiempo de residencia de las aguas, particularmente en los subsistemas Norte y Centro. Esto se hace evidente en los valores promedio de salinidad, que en 1979 eran de 37-38 ‰ en todos los puntos de la bahía, y en la actualidad son de 40-41 ‰ en el subsistema Norte y de 37-38 ‰ en el subsistema Sur. Los problemas ambientales más señalados por los pescadores son la reducción de áreas útiles para la pesca y la disminución en las capturas del pargo (Lutjanus sp.). Ambos 4
problemas son relacionables con un proceso de azolvamiento que fue aumentando la extensión de las planicies lodosas y reduciendo tanto el espejo de agua como la calidad de los fondos en las zonas de manglar, hábitat de reproducción y crianza del pargo. Los acuacultores, por su parte, señalan la presencia de enfermedades en las especies cultivadas. Esto se asocia en general con la presencia de residuos contaminantes, y en el caso específico del “síndrome de Taura”, con la presencia de químicos agrícolas en las aguas. Tanto los pescadores como los acuacultores destinan, en forma empírica, parte de sus recursos para mitigar los problemas ambientales. Para compensar la presencia de amplias planicies lodosas frente a sus comunidades, los pescadores realizan dos actividades para alcanzar las aguas navegables: 1) cavado de zanjas para desplazar los botes en ellas; 2) renta de carretas para transportar equipos y productos pesqueros. En el sector acuícola, la disminución en la calidad del agua requiere de dos actividades para evitar enfermedades virales y bacterianas: 1) desinfección de los estanques mediante la aplicación de cal: 2) suministro de alimento enriquecido con medicinas y premezclas vitamínicas. MATERIALES Y MÉTODOS Al momento de este estudio, la presencia de zanjas en las planicies lodosas y el desplazamiento de carretas con enseres de pesca eran visibles a cualquier visitante del sitio, y podían ser tomados inadvertidamente como elementos del paisaje. En las granjas acuícolas, la aplicación de cal era igualmente evidente para un visitante más especializado. El uso de alimento medicado no es evidente a menos que existan indagaciones específicas. En todos los casos, al momento de este trabajo la información era de tipo anecdótico, no explícito, y no sistematizado. Para cubrir estos vacíos, durante julio y agosto de 1997 se realizaron entrevistas a doce informantes clave de los sectores pesquero y acuícola, con el propósito de: a) confirmar la existencia y vigencia de las actividades de mitigación; b) obtener un desglose de las actividades, su periodicidad, y el costo de los insumos requeridos; c) recabar información histórica sobre la aplicación de las medidas. Las entrevistas fueron de tipo semiestructurado (Robson, 1993). Los individuos entrevistados se seleccionaron por su antigüedad y prestigio dentro de la comunidad, lo que les daba confiabilidad como fuente de información de campo. Los cálculos se hicieron con base en los elementos que figuran en la Tabla 1.
5
Tabla I. Costo de las medidas de mitigación empleadas por pescadores en bahía del Tobarí (Sonora, México).
PESCADORES DE COOPERATIVAS
Sector
Medida de Mitigación
CAVADO DE ZANJAS
Información Utilizada
a.
Costo por cavado de cada zanja.
315.9 dlls
b.
Vida útil promedio de cada zanja.
6 meses
c.
Cantidad de zanjas requeridas
DE NAVEGACIÓN
RENTA DE
Unidades
Pescadores involucrados
a.
Costo de la renta de carretas.
b.
Número de veces en el año que se
Por pescador:105.26
50 Por grupo: 31 579
anualmente d.
Costo anual (dlls)
300 2.1dlls
Por pescador:
208 (4/semana)
437.89
requiere el alquiler de carretas.
CARRETAS
Por grupo:
c.
Pescadores involucrados
300
a.
Precio por tonelada de cal
73.68 dlls
b.
Cantid ad aplicada por ciclo de
131 368.42
12 TM
cultivo. c.
Numero de aplicaciones requeridas
30
por ciclo d.
8 Para un estanque de 8 ha:
por día
APLICACIÓN
947.6
DE
e.
Numero de operarios requeridos
CAL
f.
Jornal de operarios
g.
Jornadas netas por ciclo
3.75 días
2
h.
Costo por litro combustible
0.44 dlls
i.
Cantidad de combustible/ciclo
j.
Costo/litro aceite pera motor fuera
4.2 dlls/dia
Para una granja tipo, con 29 estanques de 8 ha: 27 480
ACUACULTORES
DE C AMARÓN .
Numero de aplicaciones posibles
94.5 l 1.26 dlls
de borda
Suministro de
k.
Litros de aceite/ciclo
a.
Precio por tonelada de alimento
alimento medicado.
2 631.6 dlls
medicado. b.
Precio por tonelada de alimento no
9.08 % más que la 578.95 dlls
alimentación normal
medicado.
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RESULTADOS 1. Mitigación de la pérdida de navegabilidad 1.1.- Cavado de zanjas La información obtenida en campo mostró que, aunque de forma gradual, esta actividad se realiza desde finales de la década de los 80´. Al momento del estudio, unos 300 pescadores de cooperativas estaban organizados en grupos de seis personas en promedio para afrontar los gastos, y había en operación 50 zanjas de 30-50 m de longitud, cuyo cavado tenía un costo unitario de 315.9 U$A. La vida útil de cada zanja es de 6 meses, de modo que el cavado debe hacerse dos veces al año. Con base en lo anterior, los cálculos arrojaron un costo anual de 31 578.9 dólares para el conjunto de 300 pescadores, ó de 105.26 U$A por pescador (Tabla I). 1.2. Alquiler de carretas de tracción animal para transporte de equipos y productos pesqueros En esta alternativa, los pescadores optan por acercar los enseres de pesca desde a ls comunidades hasta las aguas navegables, y para transportar el producto de la pesca a tierra (en vez de acercar las embarcaciones a sus comunidades, como en la actividad anterior). Esta modalidad, vigente al menos desde 1993, es utilizada de forma irregular (2 -5 veces por semana, según la abundancia de las capturas). El alquiler de una carreta es de 2.1 U$A por viaje. Con base en lo anterior, y considerando el uso de carretas 4 veces por semana (208 veces en el año) los cálculos arrojaron un costo anual de 437.89 U$A para cada individuo. Si hicieran uso de este servicio los trescientos pescadores de la zona, la suma sería de 131 368.42 U$A anuales (Tabla I). 2. Mitigación del deterioro de la calidad del agua 2.1.
Aplicación de cal
La información de campo mostró que las aplicaciones periódicas de cal a los estanques de cultivo se realizan desde 1995. Para un ciclo de cultivo típico, que dura aproximadamente seis meses, se hacen dos aplicaciones semanales de 50 kg de cal/ha durante los dos primeros meses, y una aplicación semanal de 50 kg/ ha durante los cuatro meses restantes. Para un estanque de tamaño promedio (ocho ha) se requieren 30 aplicaciones por ciclo de cultivo, totalizándose 12 Tm de cal que al momento de este trabajo tenían un precio de 73.68 U$A/Tm. Cada aplicación de cal requiere el trabajo de dos personas, que pueden realizar un promedio de ocho aplicaciones por día, de modo que las 30 aplicaciones requeridas para un estanque promedio insumen 3.75 días laborales, con un salario de 4.2 U$A por día a cada uno de los operarios.
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Las aplicaciones se realizan en una lancha con motor fuera de borda, con un consumo promedio de tres litros de combustible por aplicación (motores Yamaha de 15 HP) totalizándose 93.75 litros de gasolina en los 30 tratamientos requeridos por estanque, además de dos litros de aceite para motor fuera de borda. Al momento de este estudio, gasolina y aceite tenían un precio de 0.44 y 1.26 dólares por litro respectivamente. Con base en lo anterior, los cálculos arrojaron un costo anual de 947.6 U$A para un estanque de 8 ha. Extrapolando este resultado para un caso particular (parque acuícola “El Siari”, que tiene 232 ha bajo cultivo repartidas en aproximadamente 29 estanques de 8 ha) el costo sería de 27 480 U$A por ciclo de cultivo (Tabla I). 2.2 Suministro de alimento medicado La información de campo mostró que el suministro de alimento medicado a los organismos en cultivo se realiza también desde 1995. Este tipo de alimento tenía, al momento de este estudio, un precio que excedía en 53 U$A por tonelada el precio del alimento regular (Tabla I). Con base en lo anterior, los cálculos arrojan un incremento de 9.08 % por Tm en el costo de alimentación, siempre que sea necesario utilizar alimento medicado. Considerando que la alimentación representa normalmente el 60 % de los costos de operación de una granja acuícola, estos resultados muestran la magnitud del costo adicional por deterioro del ambiente. DISCUSIÓN El caso aquí descrito, en su forma más general, corresponde con el concepto de “externalidad negativa” (Pearce y Turner, 1990): la actividad de un agente (en este caso, la agricultura, y en parte el pedraplén) causa una pérdida de bienestar en otro agente (en este caso, pescadores y acuacultores), y esta pérdida no es compensada por el agente causante de la externalidad. En forma más particular, ilustra el modo en que la pérdida de bienestar se refleja en los insumos de terceros sectores bajo la forma de gastos defensivos que no se discriminan del gasto corriente (Azqueta-Oyarzún, 1994; Peskin, 1991). Los resultados pueden también ser tomados como una aproximación al valor de uso que tienen, para los sectores acuícola y pesquero, los servicios ambientales de navegabilidad y calidad del agua (Turner et al, 1996). La situación que se estudió permitió un enfoque muy específico de la contabilidad de costos, ya que los bienes ambientales que se valoraron forman parte de la función de producción de dos actividades económicas existentes. En ese sentido, pueden cubrir idóneamente algunos requerimientos modernos de la contabilidad ambiental y de recursos, que pide la colección de datos que identifiquen gastos defensivos en modo discriminable del gasto corriente (Peskin, 1991). Se puso especial cuidado en incluir en los cálculos únicamente las maniobras de mitigación 8
que además de ser obvias, directas y rutinarias, fueran específicas para un problema ambiental dado. Otras maniobras de reemplazo o mitigación fueron descartadas por ser inespecíficas. El aumento del esfuerzo de pesca, por ejemplo, se consideró inespécifica porque los pescadores pueden incursionar en otros sistemas costeros no solo por disminución local de la navegabilidad sino por periodos de veda ó eventos meteorológicos, de modo que la estimación del costo de moverse a otros sistemas costeros no reflejaría únicamente el deterioro de la función ambiental de navegabilidad. En este trabajo, esa fuente de error se evitó al seleccionar maniobras de mitigación que están directamente relacionadas con el azolvamiento (pérdida de navegabilidad) y con el incremento en el tiempo de residencia de las aguas y consecuentemente de los residuos (disminución de la calidad del agua). Considerando todo lo anterior, los cálculos aquí presentados pueden tomarse como una aproximación base que, en todo caso, estaría subestimada. La problemática ambiental es similar a la descrita en otros cuerpos de agua costeros del noroeste de México (de la Lanza-Espino y García-Calderón, 1991; Banderas-Tarabay, 1994). También coinciden con antecedentes que relacionan las alteraciones hidrodinámicas en los sistemas costeros con la disminución en la eficiencia para remover materiales y residuos que llegan de las cuencas exorreicas (GESAMP, 1993; Aldeco y Salas, 1994; Viles y Spencer, 1995). La situación de la pesca y la acuacultura en Bahía del Tóbari presenta algunos aspectos contradictorios. Por una parte, la disminución de la navegabilidad y de la capacidad de limpieza de las aguas sugieren una reducción en la aptitud para acoger actividades que incorporan estos atributos como insumos básicos en sus procesos de producción. Sin embargo, ambos sectores proyectan ampliar sus operaciones (reciente formación de 23 nuevas agrupaciones de pesca; proyectos de aumentar 6.5 veces la superficie actual de maricultivos) Esta contradicción se explica porque ambos sectores, por diversas razones (arraigo cultural; asignación gubernamental de tierras) están físicamente obligados a permanecer en el sitio. No siendo libres de buscar otros sitios con menos problemas ambientales, su única alternativa es afrontar y costear, desde el interior de sus empresas, la mitigación de un medio deteriorado. Los resultados de este trabajo pueden ser de utilidad en planes regionales de manejo, porque explicitan la transferencia de costos ambientales en términos monetarios comprensibles por los actores sociales involucrados. Esto puede constituir el primer paso para identificar y eventualmente corregir las externalidades representadas por los problemas ambientales, mediante la búsqueda de arreglos para el manejo de recursos ambientales comunes. (McCold & Saulsbury, 1996; Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 1996). Inclusive, aunque en el futuro las actividades de mitigación fueran diferentes a las actuales, el planteamiento de este trabajo continuaría vigente. Así, por ejemplo, podrían evaluarse acciones tales como: 1) adquisición, a mayor costo, de postlarvas de especies resistentes a enfermedades asociadas a baja calidad del agua ; 2) reacondicionamiento de la 9
infraestructura para albergar a las nuevas especies; 3) adaptación de equipos pesqueros para poder operar en escasa profundidad. De esta manera, aunque nuestros resultados pueden enriquecerse con nuevas valoraciones, ya constituyen una base para el diseño e implementación de instrumentos económicos específicos a Bahía del Tóbari, que a su vez servirían como modelo para cuerpos costeros vecinos que comparten usos y problemáticas similares.
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VALOR ECONOMICO DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LA PESCA DEPORTIVA EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO. Por Juan Carlos Chávez Comparan Facultad de Ciencias Marinas Universidad de Colima E-mail [email protected] RESUMEN. Las pesquerías deportivas son recursos económicos importantes que están siendo afectados por conflictos con pesquerías comerciales. Con el fin de aportar información para un adecuado manejo de la pesca deportiva, métodos de valuación contingente y costo de viaje son aplicados para estimar el valor económico de la pesca deportiva de picudos en Manzanillo, Colima, México. Los resultados indican que la pesca deportiva en Manzanillo genera un importante beneficio económico no solamente como impacto económico directo para la economía local si no también beneficios económicos netos a los pescadores deportivos por su experiencia sobre la pesca. Mediante las estimaciones generadas por estos métodos, los administradores pesqueros en México pueden incorporar dentro de sus decisiones administrativas la información sobre los beneficios económicos netos que genera los recursos recreativos en lugar de solo información proveniente del mercado. Palabras Claves: pesca deportiva; valuación económica; picudos; método de valuación contingente; método de costo de viaje. ABSTRACT
Recreational fisheries are important economic resources affected by conflicts with commercial fisheries. In order to generate information for management support of recreational fisheries, contingent valuation and travel cost methods are applied to estimate the economic value of angling billfish in Manzanillo, Colima, Mexico. The results indicate that recreational fisheries in Manzanillo generates important economic benefits including not only direct economic impacts to the local economy but also net economic benefits that anglers may experience on fishing. Fishery managers in Mexico should incorporate into their decisions, information on net economic benefits of recreational resources instead of only market information. Key Words: Recreational fishery; nonmarket valuation; billfish; contingent valuation method; travel cost method. 0
INTRODUCCION. La pesca deportiva, especialmente en el medio ambiente marino, es una de esas actividades donde la ineficiencia de asignación de recursos entre usuarios todavía existe debido a la naturaleza de acceso abierto de estos recursos. Para la asignación entre diferentes usuarios de un recurso es importante determinar en donde genera mayor bienestar. Los administradores de recursos, tienden evaluar la información disponible por nivel de actividad económica que se genera en las transacciones del mercado; como es el caso de las pesquerías comerciales esta información se refleja en las capturas, procesamiento, empleos y niveles de consumo. Este no es tan el caso en la pesca deportiva marina. Para generar la información necesitada en la pesca deportiva es necesario estimar su demanda a través de métodos de valuación económica ya sea por la observación del comportamiento de los usuarios del recurso (método de costo de viaje) o respuestas a cuestionarios (método de valuación contingente). La mayoría de los estudios sobre la estimación los beneficios económicos sobre el uso de recursos recreativos han sido realizados en países desarrollados. En países en desarrollo poco se ha investigado sobre la aplicación de métodos de valuación económica (Navrud y Mungatana, 1994; Ditton et al., 1996; Adger et al., 1995). Sin embargo, una nueva política ambiental en México, es promover esta clase de investigación aplicada para estimar el valor económico de los recursos naturales que no tienen un mercado pero que si generan beneficios a la sociedad (Diario Oficial, 1996). De acuerdo con un estudio la pesca deportiva en México genera ingresos directos e indirectos estimados en $576 millones de dólares por año (SEPESCA, 1991). La Ley Federal de Pesca reserva exclusivamente para la pesca deportiva varias especies de peces marinas y de agua dulce, incluyendo picudos. No se permite la pesca comercial sobre estas especies entre la línea de costa y las 50 millas náuticas (Diario Oficial, 1983 El Puerto de Manzanillo, llamado también “la capital mundial de pez vela”, esta ubicado sobre una costa subtropical donde los picudos, especialmente el pez vela (Istiphorus platypterus), es especialmente abundante (Macias-Zamora et al., 1993; Nakamura, 1985). La pesca del pez vela es considerada como una actividad deportiva de primer nivel en México. Desde hace tiempo ha habido conflictos entre pescadores comerciales y deportivos debido a que los primeros usan palangres y otras artes de pesca y capturan “incidentalmente” picudos y otras especies reservadas por la ley a la pesca deportiva. Los pescadores comerciales han demandado cambios en la ley federal de pesca con el fin de poder pescar especies marinas reservadas para la pesca deportiva. Ellos argumentan que estudios científicos recientes han concluido que las poblaciones naturales de picudos (principalmente pez vela) se han incrementado (Macias-Zamora et al., 1994), parcialmente debido a que las flotas pesqueras extranjeras han sido prohibidas dentro de la Zona Económica Exclusiva (200 millas náuticas) decretada en 1976. 1
La industria turística en México argumenta a favor de continuar con el actual marco legal de protección de la pesca deportiva haciendo notar que los pescadores deportivos generan más beneficios económicos por cada pez vela que capturan que el valor del pescado vendido por los pescadores comerciales en el mercado. Este argumento esta basado sobre la actividad económica inducida en la industria turística tales como gastos de hospedaje, alimentación, renta de embarcación y otros servicios. Manzanillo, Colima, es un ejemplo típico de estos problemas donde los administradores pesqueros han tenido dificultad en intentar de satisfacer ambos grupos. El objetivo de este estudio es la estimar los beneficios económicos derivados de la pesca deportiva en Manzanillo aplicando dos métodos de valoración económica: método de costo de viaje (MCV) para estimar los beneficios de la experiencia de la pesca recreativa y el método de valuación contingente (MVC) para estimar el beneficio económico solamente de la experiencia de pesca del pez vela. METODOS Ambos métodos MCV y MVC son típicamente usados para estimar el excedente del consumidor1 de la pesca en agua dulce y marina en los Estados Unidos de América (Huppert, 1989). El método de costo de viaje es un método de valoración indirecta usado para estimar el excedente del consumidor por viaje de pesca utilizando el costo de viaje como un precio aproximado que pagan por la actividad recreativa. Variaciones en los porcentajes de visita y costos de viajes pueden ser usadas para estimar la demanda por el uso de un recurso (o actividad recreativa) y por lo tanto el excedente del consumidor asociado con estas actividades, i.e., el valor de uso recreativo de la pesca. Existen algunas preocupaciones acerca de esta metodología, incluyendo consideraciones al costo de oportunidad del tiempo, la forma funcional de la curva de demanda y otras cuestiones (Navrud y Mungatana, 1994). El método de valoración contingente es un método directo para estimar el excedente del consumidor basado en respuestas de individuos hacia circunstancias contingentes dadas en un mercado hipotético o experimental (Bergstrom, et al., 1990). La principal preocupación acerca de esta metodología es el carácter hipotético que los beneficiados de un recurso dicen que harán y que los investigadores no pueden medir si realmente se cumplirán (Hoevenagel, 1994). Usando ambos métodos para valorar un recurso provee una forma de validación convergente de acuerdo a Mitchell y Carson (1989). Ambos métodos han sido recomendados por expertos en economía de que proveen mediciones económicas aceptables de los beneficios de las actividades recreativas en los Estados Unidos de América (Walsh, 1986; Arrow et al, 1993). En este estudio, se intenta estimar el valor de uso de los recursos de la pesca deportiva (método de costo de viaje) y en especifico del valor recreativo de la pesca deportiva del pez 2
vela (método de valoración contingente) en Manzanillo, Colima, México. El resultado dado aquí es una estimación moderada del valor del recurso natural en cuestión debido a que no se incluye otros valores (existencial, legado y de opción) que una sociedad podría tener. Muestreo. Como punto de partida, se identifica a los individuos quienes normalmente hacen uso de la pesca deportiva en las costas de Manzanillo. Esto es un problema debido a que no existe ninguna base de datos oficial o muelle deportivo especial en donde los pescadores deportivos se reúnan para de allí iniciar su pesca. Ditton et al. (1996) experimentó el mismo problema en Cabo San Lucas, Baja California, México. Desde la década de los 50’s la Asociación de Club de Pesca Deportiva de Manzanillo ha realizado dos importantes torneos deportivos de pez vela (nivel internacional y nacional) cada el año. La asociación ha desarrollado una lista de 1018 pescadores deportivos que en los últimos 8 años que han participado en estos torneos. Casi todos los pescadores en esta lista son mexicanos de los Estados Federativos circunvecinos de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Guanajuato. Existen alrededor de 30 embarcaciones de renta para la pesca deportiva, que ofrecen este servicio de manera regular en temporada de vacaciones y días festivos. El promedio de pescadores deportivos a bordo por embarcación por viaje es de 5.7 (±1.1). Tomando en cuenta él numero de viajes por semana que realizan cada una de las embarcaciones en total la flota de prestadores de servicios de pesca deportiva realizaron 4,176 viajes al año. Lo anterior da un total de 23,803 pescadores deportivos que salieron a pescar en Manzanillo en 1998 (Chávez-Comparan y Aquino-Sosa, 1999). Se realizaron dos muestreos: (1) por correo en la cual un cuestionario se aplico para el MVC (formato binario) y el MCV; y (2) un muestreo persona a persona en la cual el MVC (formato abierto) fue aplicado. Los lineamientos hechos por “Blue Ribbon Panel” (Arrow et al., 1993) sobre la metodología de valoración contingente fueron usados para probar la eficiencia del cuestionario y del proceso metodológico. El muestreo fue realizado en febrero de 1997, mandándolo por correo a los 1018 pescadores y 15 días después se mando una carta recordatorio como Dillman (1978) recomienda. Además se entrevisto persona-persona en directamente en forma aleatoria a 101 participantes del torneo internacional de pez vela celebrado en noviembre de 1998. El total de respuestas por correo fue de 126 individuos (12.3%). Solamente 64 cuestionarios fueron regresados sin abrirse debido a problemas de direcciones, muertes, cambios de domicilio etc., dando un ajuste en las respuestas netas de 13.2%. Este nivel de respuesta es bajo comparado con otros estudios por correo similares realizado en otros países como Estados Unidos de América con retornos de 30-40% (Loomis, 1987) y Australia, con 33% (Jakobsson y Dragun, 1996).
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Método de Costo de Viaje (MCV). El costo de viaje (TCOST) se tomo como la distancia del viaje redondo multiplicado por el costo promedio de la gasolina en México consumida a un promedio de velocidad de 110 km/hr estimado a 0.42 pesos por kilómetro. A los contestatarios se les pregunto el nombre de lugares sustitutos donde ellos también han ido a pescar y el costo de viaje también fue calculado de la misma manera (COSUST). La función de demanda fue también relacionada con variables socioeconómicas tales como la edad, educación, practica de pesca y otras variables como el costo de oportunidad del tiempo de viaje y un índice de calidad del sitio. El costo de oportunidad del tiempo (TIEMPO) es un asunto difícil de resolver (McConnell y Strand, 1981). El tiempo laboral en México es alrededor a 40 horas por semana, y el tiempo dedicado al ocio esta institucionalizado en fines de semana y días festivos. En México, el salario laboral es sobre una base diaria y no por hora. Para este estudio, el análisis del costo de oportunidad del tiempo de viaje del lugar de origen de los pescadores a Manzanillo fue establecido en 0%, 25%, 33% (sugerida por Cesario, 1976) y 50% del salario. El costo de oportunidad del tiempo que pasa pescando en Manzanillo no fue incluido en los cálculos del costo total. Es improbable que ignorar el costo del tiempo que pasa en el sitio resulte en un error serio de estimación de la demanda de los beneficios de la recreación de acuerdo con Pearce y Makandya (1989). Estimar la calidad del sitio es una cuestión difícil. Huppert (1989) reconoce como un problema clave el medir la calidad de pesca. Usar la captura como un índice de calidad, parece irreal debido a que la captura es un resultado al azar y de eventos desconocidos y porque los pescadores deportivos generalmente concuerdan que la “pesca es más que captura un pez”. Huppert (1989) así como Cameron y James (1987) argumentan que el porcentaje de captura es generalmente no aceptable como una medida de calidad de pesca. En este estudio, se desarrollo un índice de calidad relativa (CALIDAD) con el fin de comparar “la calidad de la experiencia de pesca” entre Manzanillo y otros lugares donde los pescadores también han ido a pescar (Tabla 1). Las variables independientes restantes incluyen el promedio de captura de pez vela en él ultimo viaje (CAPTURA), y como variable binaria (si o no) y preferencia de pesca por pez vela (PEZ VELA). Usando observaciones individuales la completa especificación de la ecuación puede ser escrita como: VIAJES = ƒ(TCOST, PEZ VELA, INGRESO, EDAD, EDUCACION, COSUST, CALIDAD, CAPTURA, PRACTICA) La función de demanda resultante puede ser interpretada como el “promedio” individual de demanda sobre una base anual.
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Tabla 1. Definición de variables del Modelo de Costo de Viaje (N=126). Variables Explicación VIAJES Numero de viajes de pesca a Manzanillo en los últimos 12 meses TCOST Costo de Viaje redondo (distancia del lugar de origen a Manzanillo. $ 0.42 pesos/Km) COSUST Costo de viaje de sitios sustitutos donde el pescador deportivo también va a pesca además de Manzanillo. TIEMPO Costo del tiempo: ((ingreso promedio anual individual/2080*) x W) x tiempo de viaje x 2). INGANUAL Ingresos anuales en pesos TIEMPO Costo de oportunidad del tiempo ((ingreso anual individual/2080*) xW**) x tiempo de viaje x 2). CAPTURA Numero promedio de pez vela capturado en él ultimo viaje EDAD Edad en años EDUCACION Educación en años PEZ VELA Preferencia de pesca por pez vela: no (0); sí (1) PRACTICA Practica en años de pesca deportiva CALIDAD Índice de subjetivo de calidad de pesca en Manzanillo comparado con otros sitios: 1= excelente pesca; 2= buena; 3= igual que otros lugares; 4= mala pesca * Él numero 2080 es el total de tiempo trabajado anualmente calculado como (52 semanas) x (40 horas/semana) ** Costo de oportunidad del viaje establecido para varios porcentajes: 0%, 25%, 33% y 50%
Método de Valuación Contingente (MVC). Para estimar el excedente del consumidor sobre la experiencia de la pesca deportiva del pez vela a cada pescador se le pregunto si ellos pagarían (DAP) por usar (pescar) el recurso (pez vela) en un formato binario (sí o no) para una cantidad de dinero establecida por un programa de protección para el pez vela. La Ley Federal de Pesca requiere a los pescadores deportivos pagar por una licencia de pesca. Cameron y James (1987) argumentan que el costo de la licencia no es una buena estimación de la DAP, debido a que no esta relacionado al número de peces capturado o él numero de días dedicados a la pesca. En este estudio, un argumento hipotético fue usado para sugerir un escenario como el siguiente: “para asegurar de exista el recurso del pez vela por un largo tiempo para la pesca deportiva, se requiere dinero para un Programa de Protección del Pez Vela. Un permiso especial se cobrara para este propósito por cada día de pesca sin ninguna complicación burocrática”. Se pregunta: “Esta usted dispuesto a pagar por este permiso $__ por día de pesca para continuar teniendo la oportunidad de pescar pez vela, en lugar de no hacerlo debido a que el recurso desaparece?”.
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A la vez, se hizo un recordatorio a los individuos de sus limitantes presupuéstales, y que todavía existen otras especies de peces que ellos podrían pescar en lugar del pez vela. Esta respuesta del valor contingente corresponde a la variación equivalente Hicksian2 para evitar una perdida. El rango de los “precios a pagar” fue seleccionado de los resultados de la prueba previa del cuestionario. Se estableció que el rango optimo de precios entre $10 a $400 pesos en moneda nacional en dieciocho diferentes ofertas (Tabla 2). Para detectar cualquier protesta al método por parte de los pescadores deportivos (cero disponibilidad de pago) y así evitar un error metodológico, le preguntamos porque el/ella no estaba dispuesto a pagar dando a marcar varias posibles respuestas como: (1) Estoy dispuesto a pagar solamente una cantidad más pequeña; (2) La sociedad tiene problemas más importantes que resolver; (3) Pescar pez vela no vale nada para mí; (4) El gobierno debería pagar para la protección a través de los impuestos; (4) Mas información se necesita para poder decidir; (5) Objeto la manera que este asunto es manejado; y (6) Otros, preguntándole que especifique. Tabla 2. Definición de las variables en el Método de Valoración Contingente VARIABLE DEFINICION EDAD Años EDUCACION Ninguno= 0 años; Primaria= 6 años; Secundaria= 9 años; Bachillerato= 12 años; Profesional= 17 años; Posgrado= 20 años INGRESOS 0-10,000; 10,000-20,000; 20,00030,000; 30,000-40,000; 40,000-50,000; 50,000-60,000; mas de 60,000 pesos. PRACTICA Practica en pesca deportiva marina en años Disposición a Pagar (DAP1) para la $ pesos conservación del pez vela (Formato Abierto). Disposición a Pagar (DAP2) para la $ pesos conservación de todas las especies de pesca deportiva (Formato Abierto) CAOFRE (Formato binario) La cantidad ofrecida*: $10, $20, $30, $40, $50, $75, $100, $125, $150, $175, $200, $225, $250, $275, $300, $325, $350, $400 pesos PEZ VELA 1=Si tiene preferencia por pescar pez vela; 0= Si no tiene preferencia en pescar pez vela
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En el segundo muestreo, en entrevista persona-persona el formato abierto se utilizo una argumentación similar con ciertas variantes que estableciendo el siguiente escenario: “Para asegurar que siga existiendo pesca deportiva de pez vela por mucho tiempo, se requiere de un programa de manejo que asegure un nivel adecuado de las poblaciones de pez vela. Suponga que existe un programa de conservación de pez vela, de tal manera que le asegura a usted seguir pescando con un adecuado nivel de éxito. También suponga que de no existir dicho programa las poblaciones de pez vela disminuirán. Considere también que este programa solo podría funcionar mediante el dinero que se recabe por donaciones a una organización no gubernamental”. En el formato abierto, se plantearon dos preguntas hipotéticas para saber las preferencias en la disposición a pagar (DAP) de los entrevistados con el fin de detectar posible sesgo de incrustacion3: •
La primera pregunta se relaciona con la conservación específica del recurso pez vela (DAP1): ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar $_____ al año por la conservación del pez vela y que le permita seguir pescando con adecuado nivel de éxito?
•
La segunda pregunta fue dirigida a la conservación de todas las especies reservadas a la pesca deportiva marina (DAP2): ¿Si se trata de un programa que proteja a todas las especies (son seis) reservadas a la pesca deportiva estaría dispuesto a pagar mas que la cantidad dada anteriormente?
RESULTADOS Método de Costo de Viaje. Para escoger entre las diferentes formas funcionales se utilizaron regresiones múltiples (método de mínimos cuadrados) con todas las variables independientes. Las variables insignificantes fueron excluidas tratando obtener la función logarítmica dio él “mejor ajuste” (R2 ) (Tabla 3). Sin embargo, de acuerdo con Ziemer et al., (1980) , Adamowicz et al., (1989) y Huppert (1989), la función semi-logarítmica es la forma más usada en los estudios con el método de costo de viaje. En todo caso la variable más significativa tanto en la función logarítmica y semi-logarítmica el costo de traslado (TCOST) mostrándose siempre con signo negativo como se espera en estos casos. Existe el criterio que la “mejor regresión” es aquella que establece una relación entre el ingreso personal y el porcentaje de visitas (Navrud y Mungatana, 1994). Este fue el caso de la función semilogaritmica la que se apego a este criterio y la que se uso para la estimación del valor recreativo de la pesca deportiva en Manzanillo.
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Tabla 3. Resultados del análisis de regresión del Modelo de Costo de Viaje. FUNCION Lineal Semi-logarítmica Logarítmica-Lineal R2 0.17 0.23 0.30 Intercepto 12.05 1.78 4.24 (4.42) (12.77) (9.31) TCOST -0.0066 -0.0010 -0.50 (-4.19) (-5.24) (-6.37) INGANUAL 0.000001 0.000001 (1.26) (1.45) EDAD -0.097 (-1.59) PRACTICA 0.068 (1.26) CALIDAD -0.55 (-1.03) t-estadística esta en paréntesis.
El costo de oportunidad del tiempo de viaje cuando es utilizado como variable independiente en la función semi-logarítmica no existe cambio alguno en los coeficientes de las variables independientes y R2 se mantiene estable. Integrado al costo de traslado a diferentes porcentaje del ingreso por hora de los individuos (W= 0, 0.25, 0.33 y 0.50) los resultados muestran que el coeficiente de correlación disminuye solo un dígito conforme aumenta el porcentaje del costo de tiempo. El estimado de excedente del consumidor ordinario4 solo se presenta de las funciones lineales y semi-logarítmicas debido a que los modelos logarítmicalineal no pueden ser usados para estimar el excedente del consumidor bajo condiciones de inestabilidad de precios (Navrud y Mungatana, 1994). Considerando que él numero de días de pesca de cada pescador por viaje a Manzanillo es de 2.65, el excedente del consumidor es dividido por este número para poder estimar el promedio de excedente de consumidor por día de pesca (Tabla 4). Tabla 4. Estimación del excedente del consumidor con el Método de Costo de Viaje. FUNCION EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR POR DIA DE PESCA EN MANZANILLO Lineal (W=0) $60 pesos ($6 dólares) Semi-logarítmica (W=0)
$391 pesos ($39 dólares)
Semi-logarítmica (W=25%)
$662 pesos ($66 dólares)
Semi-logarítmica (W=33%)
$766 pesos ($76 dólares)
Semi-logarítmica (W=50%)
$979 pesos ($98 dólares)
*10 pesos por un dólar
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Método de Valoración Contingente (Formato Binario). El muestreo del método de valoración contingente nos dio una clara idea de aquellos individuos que dieron una oferta de cero basada en una protesta al método. La respuesta global al muestreo fue de 126 cuestionarios de estos, 15 fueron considerados como de oferta cero de protesta y fueron excluidos del análisis. Estos individuos manifestaron que no pagarían o presentaron alguna “protesta” independientemente del escenario presentado el MVC (alrededor de 11.9% del total). Este porcentaje podría ser considerado como normal de acuerdo con Mitchell y Carson, 1989. El análisis de regresión logística resultante usando la técnica mínimos cuadrados ordinarios se presenta en la tabla 5. Tabla 5. Análisis de regresión logística sobre la disponibilidad a pagar. VARIABLES COEFICIENTES INTERCEPTO -1.1198 (-1.15) EDUCACION 0.1561 (1.77) PEZ VELA 1.5283 (1.89) INGRESO 0.2691 (2.02) CAOFRE 0.0122 (-2.97) t-estadística esta en paréntesis.
Conforme se esperaba, el precio establecido (CAOFRE) fue estadísticamente significativo y negativamente relacionado a la probabilidad de una respuesta “sí”. El nivel de educación, ingreso y la preferencia de pescar pez vela fueron positivos como se esperaba. La variable ingreso es estadísticamente significativo con el signo positivo esperado. Finalmente, la varianza explicada es de 29.16% lo cual es aceptable en este tipo de estudios (Jakobsson y Dragun 1996). El excedente del consumidor fue estimado por dos maneras propuesto por Hanemann (1984 y1989) (Tabla 6) Tabla 6. Excedente del consumidor estimado para un día de pesca de pez vela en Manzanillo, Colima, México (Formato Binario). Método Excedente del Especificación DAP por día de Consumidor pesca Hanemann, 1984 Hanemann, 1989
C´= α/-β
Media y mediana Media
C'= ln (1+ e α )/ -β
DAP = Disposición a pagar *10 pesos por un dólar
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$225.74 pesos ($22 dólares) $230.77 pesos ($23 dólares)
Método de Valoración Contingente (Formato Abierto) Se eliminaron tres casos que corresponden al 2.9% del total de la muestra que de acuerdo con la opinión de los entrevistados negaban una DAP debido a una actitud negativa hacia la acción gubernamental en el manejo del recurso marino mas que un problema metodológico de la valoración contingente. Esta cifra de 2.9% esta dentro de los limites aceptables (Jakobsson y Dragun 1996). Los resultados tanto de la media como de la mediana de la DAP1 y DAP2 se presentan en la tabla 7. Es importante resaltar las diferencias existentes entre la media y la mediana, o l cual se debe fundamentalmente al hecho de valores extremos que influyen en la media. En todo caso si tomamos en cuenta la mediana como la disponibilidad a pagar por conservar los recursos utilizados en la pesca deportiva esto nos da un valor de $1000 pesos por el pez vela y $1,200 pesos si se considera todas las especies reservadas a la pesca deportiva. Al hacer el análisis para detectar posible sesgo de punto de partida entre la disposición de pago inicial (DAP1) y otra disposición de pago subsecuente (DAP2) se realiza una regresión lineal y se encontró una fuerte correlación (R=0.81) entre ambas lo cual indica que existe un sesgo de punto de partida. Si consideramos que los pescadores deportivos entrevistados en noviembre de 1998 pescan un promedio de 14 días al año y el excedente del consumidor estimado en un año para la pesca de pez vela es de $1,000 pesos, esto nos da un promedio de excedente del consumidor por día de pesca de $71.42 pesos. Tabla 7. Disponibilidad a pagar estimado por el Método de Valoración Contingente (Formato Abierto). TIPO DE PREGUNTA DE DAP: PREGUNTA ABIERTA (N=98) DAP1 DAP2 MEDIA $2,079.39 pesos $2,824.76 pesos ($207 dólares) ($282 dólares) (Con 95% de Intervalo de ($1,494.65 a 2,664.13) ($2,053.90 a 3,595.61) Confiabilidad). MEDIANA (Con un 25 y 75% de Perceptiles)
$1,000.00 ($100 dólares) ($500.00 a 1,750.00)
$1,200.00 ($120 dólares) ($1,000.00 a 2,400.00)
DAP= Disposición a pagar *10 pesos por un dólar
El valor agregado del excedente del consumidor calculado multiplicado por el total de beneficiados por el uso del recurso (pesca deportiva de picudos) se presenta en la tabla 8.
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Tabla 8. Excedente del consumidor agregado beneficiados en Manzanillo, Colima. MÉTODO DE VALORACIÓN Excedente del consumidor por día de pesca en Manzanillo (pesos) Método de Costo de Viaje (Modelo Semi-logarítmico con W=0) Método de Valoración Contingente (Formato Binario) Método de Valoración Contingente (Formato Abierto)
de los pescadores deportivos
$391
Excedente del consumidor por día de pesca de pez vela en Manzanillo (pesos) -
Valor agregado (Tomando en cuenta la cantidad de 23,803 pescadores deportivos) $9,306,973
-
$225.74
$5,373,289
-
$71.42
$1,700,010
DISCUSION. A pesar de la baja respuesta del muestreo por correo estos resultados sugieren que el valor de uso de los recursos utilizados por la pesca deportiva puede ser estimado. Estos resultados juntos con la derrama económica en la localidad por parte de pescadores deportivos foráneos proveen una idea del valor económico de la pesca deportiva en Manzanillo. Comparando los resultados del MCV y MVC, existen dos puntos cuales se deben de resaltar. Primero, MCV provee estimación del excedente del consumidor ordinario de Marshall, y el MVC provee estimaciones de las mediciones del excedente del consumidor de las variaciones compensatorias de Hicks. Sin embargo, cuando el efecto del ingreso es pequeño, la diferencia entre las dos estimaciones deberá ser pequeña (Sellar et al., 1985). En este estudio el efecto del ingreso es importante en MVC pero no estadísticamente significativo en el MCV. Segundo, MCV da estimaciones del excedente del consumidor del total de la experiencia de recreativa de pesca, mientras que el MVC provee estimaciones del excedente del consumidor solamente de la experiencia de pesca del pez vela. Por esta razón MCV provee estimaciones mayores del excedente del consumidor. La diferencia de los beneficios estimados entre MCV y MVC encontrado en este trabajo es similar a los encontrados en otros estudios. Comparando él los resultados entre el formato binario y el formato abierto existen diferencias significativas. Kealy y Turner (1993) en un estudio comparativo del MVC entre formato binario y abierto, no establecen una superioridad entre el primero sobre el segundo. Aunque es necesario reconocer que los lineamientos
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dados por Arrow et al., (1993) establece el formato binario como el correcto a utilizar en el MVC. Hay dos medidas de tendencia central aceptadas para calcular el promedio de la disposición a pagar. La primera es la media aritmética. La segunda medida es la mediana, esta es un solo valor del conjunto de datos que mide el elemento central, es decir la mitad de los elementos se encuentran por arriba de este punto y la otra mitad cae debajo de él. Ahora bien, para calcular la tendencia central más adecuada de las DAP1 y DAP2 se uso la mediana, debido a que es la medida de tendencia central que ofrece mas confiabilidad, ya que los resultados de este estudio contienen valores extremos, es decir, se presenta valores que no son representativos del resto de ellos y esta es una desventaja para calcular la media como medida de tendencia central. La mediana estadísticamente tiene la ventaja que es mucho más robusta como medida de tendencia central. La media es mucho más sensitiva a perturbaciones causados por errores en los datos u observaciones inusuales. Desde punto de vista de la teoría económica, el escoger entre la media y la mediana representa un “juicio de valor” (Hanemann, 1984). Uno de los problemas mas criticados en el MVC es el de incrustación que consiste en la imposibilidad de los individuos de valorar todo o parte de bien (recurso). En este sentido se aplicó en la encuesta primeramente establecer la DAP1 por el recurso del pez vela y posteriormente la DAP2 por las seis especies reservadas a la pesca deportiva. Los resultados nos indican que en efecto sí se tuvo dos problemas fundamentales: (1) si existió la imposibilidad por parte de los entrevistados de determinar una DAP sustancialmente diferente (no proporcional) entre DAP1 y DAP2 y (2) en una prueba de regresión lineal se observó una fuerte correlación entre la DAP1 con respecto a la DAP2, lo cual nos indica un sesgo de punto de partida. Las posibles causas para este sesgo de incrustación observado pueden ser varias razones: (1) la falta de familiarización para otorgar un valor al bien ambiental; (2) un posible problema en el orden y secuencia de las preguntas en la valoración; y (3) existe la posibilidad de que los pescadores deportivos valoren no un determinado bien ambiental, sino que estos pueden valorar una causa justa, una obligacion moral, por lo que los resultados aqui expuesto significan una similaridad entre los valores de DAP1 y DAP2 a pesar de lo que se pretende valorar son cosas diferentes. Es importante remarcar que el excedente del consumidor estimado por día de pesca en el MVC no solamente corresponde al valor de uso recreativo del recurso natural, sino también, podría incluir una estimación del valor de otros usos de índole pasivo del recurso (existencia y/o legado). CONCLUSIONES. Los administradores pesqueros deberán considerar con mucho cuidado que el precio de mercado de los recursos pesqueros que también son considerados importantes para la pesca deportiva no es un buen indicador como guía del 12
“mejor” manejo. Conflictos siempre se desarrollaran sobre aquellos recursos donde existan dos grupos de usuarios (pescadores comerciales y deportivos). El nivel de bienestar económico experimentado por pescadores deportivos puede tener implicaciones políticas importantes y deberá ser estimado usando métodos de valuación económica tales como MCV y MVC. Las técnicas de valoración económica aplicado en este estudio resultan ser adecuado para valorar económicamente los recursos marinos. Es importante tomar en cuenta en su aplicación los posibles sesgos de esta metodología. El excedente del consumidor por día de pesca es variable dependiendo de la técnica de valoración siendo de $391 pesos por el total de la experiencia recreativa estimado por el MCV; de $225.74 pesos en el MVC con formato binario y de $71.42 pesos para el formato abierto. Por ultimo, al estimar el valor económico de la pesca deportiva los economistas pesqueros pueden ayudar a que la pesca deportiva marina reciba un trato adecuado entre los que deben tomar decisiones. La estimación del beneficio económico neto por pescar pez vela presentado en este estudio deberá ser considerado como una estimación moderada. Esto es porque no toma en consideración otros valores tales como los existenciales, de opción y legado que la sociedad puede establecer sobre el pez vela como una especie marina que debe ser protegida para generaciones futuras. Si estos valores se incluyen el valor económico total puede ser estimado. Notas 1 Excedente del consumidor se refiere a la disposición a pagar (DAP) del pescador deportivo arriba o más allá de los gastos normales que incurren por esa actividad. Esto es equivalente al valor económico neto o los beneficios netos recibidos por la pesca deportiva. 2. La variación equivalente de Hicksian esta definida como la cantidad de compensación o pago recibido cual mantendrá al consumidor en un “subsecuente” nivel de bienestar “después del cambio que ha tomado lugar”. Este nivel subsecuente de bienestar es usado como nivel de referencia y trata al consumidor como si el o ella deberá pagar (DDP) para evitar una menor situación preferible (Seller et.al., 1985). 3. Sesgo de Incrustación: Se refiere al problema que enfrenta los individuos para valorar diferentes cantidades de un mismo bien. 4. Bockstael y Strand (1987) propusieron la siguiente ecuación en donde β1 es el coeficiente TCOST y tβ es la t-estadististica. OCS
=
1
β
1
1 +
1
t
β
2
13
AGRADECIMIENTOS Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por apoyar económicamente este estudio a través del proyecto 3742P-S. Además agradezco los comentarios vertidos hacia este trabajo de Dr. David Fischer.
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PROFEPA
VALORACION ECONÓMICA DE LA CAPTURA DE CO2 EN EL PARQUE NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES PROTECCIÓN DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES DE LOS BOSQUES
PROFEPA USO DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO
PARA LA INVERSIÓN AMBIENTAL ALEJANDRO ANGULO CARRERA
SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES
E-mail [email protected] IVONNE VALDEZ MUCIÑO
E-mail [email protected]
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA PROTECCIÓN
En la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los cuales se han aplicado instrumentos económicos, éstos por lo general han jugado un rol de complemento al conjunto de reglamentaciones. Así mismo, el empleo más extendido han sido los impuestos y los cargos al uso, y por contrapartida en calidad de excepción se hallan los esquemas de permisos o sanciones comerciales.
a) Instrumentos Económicos. La aplicación o uso de los Instrumentos Económicos en materia ambiental se han venido extendiendo en diversos campos y países, encontrando un cauce para la solución de aquellos problemas que por la vía de comando y control, ha sido insuperable, no obstante, el perfeccionamiento de éstos instrumentos aún habrá de recorrer un largo camino, sobre todo por que hay que entender que dichos instrumentos no pueden generalizarce en forma indiferenciada, ni tampoco constituye para cualquier caso la mejor alternativa. En este sentido, es conveniente observar, para la aplicación de un instrumento económico, lo siguiente: • • • •
Entre las razones de un aumento en su uso a partir de 1989 se encuentran las siguientes: a) Tendencia global a la desregulación de la actividad económica y mayor incidencia del mercado y la iniciativa privada. b) Adelgazamiento de los presupuestos públicos que han estimulado el interés en el diseño de instrumentos con incentivos de cumplimiento “incorporados” y que a su vez pueden elevar la recaudación. c) Una mayor preocupación por problemas ambientales que no pueden tratarse de manera simple por medio de normas y control. d) El fuerte incremento de los costos de control ambiental. (Mercado García, 1999)
Analizar la problemática ambiental que se pretende abordar. Contemplar las diversas alternativas existentes. Seleccionar el instrumento económico adecuado, para evitar generalizaciones. Observar las condicionantes que implicaría un uso adecuado del instrumento.
INVENTARIO DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PAÍSES DE LA OCDE EN 1992.
Instrumentos Económicos
Cargos sobre los Productos Cargos por Emisiones Esquemas de Depósito Reembolso Permisos Comerciales
Número de Número de Casos Países de la OCDE y
20 21 16
79 70 33
1
12
Fuente: OECD DEVELOPMENT CENTRE, 1992
Con base en lo anterior, en la conferencia de Río de Janeiro de Naciones Unidas celebrada en 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, una de las recomendaciones centrales para todos los países fue el uso de los instrumentos económicos como complemento de las medidas regulatorias en vigor o por desarrollarse. Tal planteamiento
sin duda, implica dos aspectos: la necesidad de utilizar este tipo de instrumentos y segundo, su aplicación debe concebirse no como una medida que substituya a las regulaciones, sino por el contrario ambas deben complementarse para lograr el impacto esperado.
2
• b) Instrumentos Económicos en México.
En el caso mexicano, los instrumentos económicos han venido tomando un mayor peso en la política ambiental, de tal suerte que en la reciente reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se ha incorporado la Sección III de Instrumentos Económicos, con un total de 3 artículos y 11 fracciones. Lo cual significa, como se señala en la exposición de motivos de la misma Ley, que el sistema regulatorio tradicional es complementado con éste nuevo tipo de instrumentos, a fin de lograr los objetivos de la política ambiental. Con los instrumentos económicos se persigue hacer efectivos los dos principios de la política ambiental: •
El que indica que quien contamine, haga un uso excesivo de recursos naturales, o altere los ecosistemas, debe asumir los costos inherentes a su conducta.
Y el que señala que quien conserve los recursos e invierta en la conservación ecológica, reconstruyendo el capital ambiental de la nación, debe recibir, por ello, un estímulo o una compensación.
En esta medida, la Ley define a los instrumentos económicos como los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas y se les incentiva para realizar acciones que favorezcan al ambiente. Por otra parte, se considera pertinente facultar a la Federación, los Estados y el Distrito Federal para diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. Por último, en la exposición de motivos, se subraya que dichos instrumentos no pretenden sustituir a otros, por el contrario, se recomienda su empleo en conjunción con los demás, incluyendo a las normas oficiales mexicanas y el ordenamiento territorial.
3
TIPOLOGIA DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EN LA LGEEPA INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
ARTÍCULO
TIPO
OBJETIVO
OBSERVACIONES
FISCAL
22
ESTIMULOS FISCALES
INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO.
FINANCIEROS I
22
CRÉDITOS, FIANZAS, SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, FONDOS Y FIDEICOMISOS.
FOMENTAR LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN O APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE, ASI COMO PARA DESARROLLAR ESTUDIOS, E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.
FINANCIERO II
173, ÚLTIMO PARRAFO
INVERSIÓN AMBIENTAL
INVERSIÓN EQUIVALENTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, O EN LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN O RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PODRÁ CONMUTAR EL PAGO DE LA MULTA POR UNA INVERSIÓN AMBIENTAL. SIEMPRE QUE NO SE ESTE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 170 Y QUE ADEMÁS LO JUSTIFIQUE LA AUTORIDAD
DE MERCADO
22
CONCESIONES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS
CON RESPECTO A VOLUMENES PREESTABLECIDOS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN EL AIRE, SUELO Y AGUA O BIEN, LÍMITES DE APROVECHAMIENTO
LAS PRERROGATIVAS SERÁN TRANSFERIBLES, NO GRAVABLES Y SUJETAS AL INTERÉS PÚBLICO Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
NO TIENE NINGUN FIN EXCLUSIVO RECAUDATORIO.
FUENTE: LGGEPA, 1997 . Elaborado por DMVM/PROFEPA
c) Instrumentos Económicos aplicación por la PROFEPA.
de
De la tabla anterior en la que se presentan los diferentes instrumentos económicos, el que mejor se ajusta para su aplicación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es el Financiero II, dada por la función y atribución que le compete a la PROFEPA por ser ésta la autoridad correspondiente en el ejercicio de la observancia y aplicación de la Ley Ambiental, además de ser la encargada de resolver mediante resolución administrativa el procedimiento que se haya iniciado con
motivo de algún ilícito ambiental, quien a su vez será la responsable de recibir, resolver y encausar la petición de conmutación de la multa por una inversión ambiental equivalente. Dicho instrumento (financiero II), aunque tiene el carácter financiero en tanto que se trata de una inversión económica con fines ambientales, también cuenta con otra característica, la cual se refiere a su parte sancionatoria, ya que el origen de la inversión se basa en la imposición de una multa. Sin embargo, el mecanismo de conmutación de la multa en inversión, debe
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contar con el presupuesto de ser voluntaria por parte del infractor, lo que ello implica que deberá ser a petición del interesado, y en una segunda instancia, la conmutación quedará a la discrecionalidad de la autoridad, quien en su momento deberá justificar la medida. Con todo, es quizá este instrumento el único que reúne al mismo tiempo los dos principios de la política ambiental ( quien contamina paga y quien conserva recibe compensación), pero así mismo, el instrumento muestra de forma clara una mayor equidad social, que permite con justicia lograr una efectiva distribución de los costos y beneficios, que redunda en una mejor calidad de vida ambiental. Ahora bien, una vez que se ha identificado el instrumento económico, hay que puntualizar los siguiente: El instrumento financiero II tiene un sentido bidireccional, ya que puede direccionarse hacia la remediación del mismo proceso ambiental que origino la irregularidad, con lo cual el objetivo final que se persigue es el de canalizar la inversión ambiental, producto de la conmutación, hacia el origen; sin embargo, la otra dirección que puede tomar es la de orientar la inversión hacia procesos distintos pero relacionales con el de origen, de tal manera que en éste caso, es como se logra conectar a un tercero quien ha venido trabajando por la conservación y que además, genera un servicio ambiental común, de apropiación pública. En otras palabras, ésta segunda dirección resulta ser mas integral, en cuanto que se le conmuta la multa al generador del deterioro ambiental ( infractor), para llevar a cabo una inversión ambiental en lugar, proceso y persona distinta, que ha cargado con los costos de protección, conservación o restauración del
ambiente o recursos naturales, que producen servicios ambientales para el imaginario colectivo de la sociedad. ¿Es injusto direccionar la inversión a persona, lugar y proceso distinto? La respuesta es no, ya que la responsabilidad de cumplir con lo ordenado en la normatividad ambiental es única y exclusiva de su parte, por ello se hace acreedor a una sanción económica; lo que le obliga a cumplir con el pago de la multa que le impone la autoridad, empero, en dicha situación, el infractor tiene la posibilidad de contribuir con los objetivos de la política ambiental al aceptar de forma voluntaria la conmutación por inversión hacia procesos de protección, conservación o restauración del ambiente, o recursos naturales que nos brindan servicios comunes, de ahí que tal dirección del instrumento económico interconecta al que contamina con el que conserva, y a su vez con un bien ecológico común. En base a lo anterior, cuando se considere el empleo de este tipo de instrumento económico, debemos tomar en cuenta las dos direcciones apuntadas, para seleccionar adecuadamente en que caso procede cada una de estas direcciones, es decir, que cuando se trate de multas impuestas procedentes de procesos que no desencadenan macroprocesos ambientales, es viable la conmutación para la adquisición e instalación de equipos para evitar la contaminación en el mismo punto de origen, siempre y cuando esto no sea parte de su obligación por ley; más sin en cambio, cuando nos encontremos en el supuesto que el proceso ambiental violatorio de la normatividad afecta a otros procesos externos, la conmutación podrá ser direccionada hacia la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales.
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d) Aplicación del Instrumento Económico (Financiero II) para el Programa de Conmutación de Multas.
Una vez definido el instrumento que puede emplear la PROFEPA, es necesario analizar de manera concreta las siguientes consideraciones, que nos permitan evaluar su eficacia ambiental, su viabilidad social y eficiencia económica. •
Aceptación y apoyo de las instancias públicas para la aplicación de los instrumentos económicos: Como lo hemos visto en líneas anteriores, la incorporación de instrumentos económicos a la política ambiental es un hecho patente por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Pesca, que en la reciente reforma a la Ley Ambiental, quedo plenamente integrada a dicho cuerpo regulatorio, con lo cual, no sólo se expresa en términos de política sino aún más, de forma normativa, dándole así un carácter jurídico al uso de los mismos. Por otra parte, es importante destacar que el apoyo que puede tener el empleo de los instrumentos, en el caso resulta interesante ya que la aprobación de las reformas antes citadas a la Ley Ambiental, pasaron por un largo proceso de consulta pública, así como por supuesto, por la discusión y aprobación del Congreso de la Nación. Lo anterior implica que, en términos generales es manifiesta la aceptación y apoyo al uso de los instrumentos, por lo que sólo resta materiarizarlo a través de un programa, para lo cual hay que someterlo a la consideración de la autoridad responsable directa. No obstante en el caso específico de la PROFEPA, el empleo del instrumento ya señalado, ha contado con el apoyo y voluntad de la institución toda vez que hasta el momento existen 7 casos, de los cuales 3
se han concretizado y los restantes están por resolverse, lo que significa, que han estado sirviendo para alcanzar los objetivos de la protección. •
Información y estudios base para su modelamiento: Este punto en especial es crucial ya que a pesar de existir la voluntad y convencimiento del uso de un instrumento, es preciso contar con la información y estudios que permitan ver con claridad los objetivos que se buscan y las condiciones en que operaría el instrumento. Para el presente caso, donde el objetivo que se persigue es el de canalizar la inversión ambiental hacia la protección y restauración del recurso forestal en la zona metropolitana, como parte de un programa de acción climática para la mitigación de CO2 como gas de efecto invernadero, se tiene ya los estudios respectivos, como lo es el estudio de caso que se presenta.
•
Eliminación de distorsiones y fortalecimiento de las capacidades institucionales: Lograr tener en cuenta estos dos aspectos al mismo tiempo, no siempre resulta tarea fácil, no obstante en el caso que nos atrae, es del todo compatible, ya que por el nivel de inversión, difícilmente puede pensarse en alguna distorsión de precios de mercado. Y esto es así ya que por un lado el comercio de venta de servicios ambientales por captura de CO2 aún es demasiado temprano, y sólo
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existe en México un ejemplo en el estado de Chiapas que oferta y vende la tonelada de carbono en el mercado internacional. Por el contrario, la canalización de la inversión hacia la protección y restauración de los bosques en el Distrito Federal con la intención de mantener y aumentar la masa forestal como sumideros de carbono, puede ser un buen detonador que permita la creación de un mercado verde en este rubro; así también, es importante puntualizar que el monto de la inversión por unidad de superficie se basa en un referente de mercado (por ejemplo, la tonelada de CO2 internacionalmente se cotiza en $10 dólares), y no hay duda que dicho precio debe ajustarse al sistema de precios relativos cuando se toma en cuenta que el mantenimiento de la cubierta forestal en un área natural protegida lleva implícito otro tipo de valores ambientales asociados, por lo cual, el precio asume la internalización de dichos costos, o si se prefiere, también hay que considerar que el impacto de la perdida de la zona forestal en la Ciudad de México es mucho mayor, en términos de la calidad de vida de sus habitantes, que el escenario de Chiapas, por ello a partir de la cotización internacional, es posible su adecuación de tal suerte que exprese su propia dinámica local en función de los costos económico-ambientales que haya que internalizar. Ahora bien, una vez superado el problema de una posible distorsión, entremos a analizar el asunto del fortalecimiento institucional. Lo que el instrumento económico (financieroII) le permite a la PROFEPA es en primer lugar, el de crear un programa de acción climática, ligado a la cuestión forestal, que forma parte de la
política ambiental en general, y en lo particular, de la política de inspección y vigilancia forestal; segundo, contribuye a lograr una participación activa de los dueños y poseedores del recurso forestal, con lo que se redobla el esfuerzo institucional en su parte de vigilancia comunitaria como acción preventiva para evitar la tala clandestina y los incendios; tercero, la inversión también posibilita ingresos para los dueños por concepto de servicios ambientales, a manera de compensación por su mantenimiento e incremento del recurso natural, que nos brinda el servicio de captura de CO2 en la atmósfera capitalina; y cuarto, en condiciones de veda, la inversión representa una alternativa de desarrollo sustentable viable para sus dueños y poseedores. En resumen, la aplicación del instrumento complementa la parte de normatividad, en tanto que contribuye a lograr uno de los objetivos de política ambiental consistente en la mitigación de gases de efecto invernadero, mediante la inversión ambiental que logre proteger e incrementar el recurso forestal, con lo cual, se fortalece las capacidades institucionales sin provocar distorsiones en el mercado. •
Un horizonte de aplicación de mediano plazo: Para lograr un verdadero impacto ambiental con el uso del instrumento es preciso planear un horizonte de mediano plazo, que permita realmente y en forma gradual, evaluar y perfeccionarlo. Esto es sumamente importante, debido a que cualquier medida que se tome para revertir los procesos de deterioro llevan su tiempo natural.
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En esta medida, es que se prevé que la aplicación del instrumento debe contemplar un mínimo de 3 años durante los cuales, mediante el seguimiento puntual y sistemático, se realice la cuantificación física de captura de CO2 y el inventario del incremento forestal al finalizar. •
cabo un programa de seguimiento puntual y la evaluación correspondiente, que gire en torno a los parámetros asociados al objetivo que se persigue en términos de la política ambiental, el objetivo particular del programa, la operación instrumental de los mecanismos de la inversión ambiental y finalmente un análisis comparativo con respecto a otros instrumentos.
Evaluación de la efectividad del uso del instrumento económico: Con la aplicación del instrumento, debe llevarse a
e) Valoración Económica de la Captura de CO2 para efectos de la Asignación de la Inversión Ambiental La mayor parte de la literatura y experiencias existentes en el mundo sobre la valoración económica o monetaria por el servicio ambiental de captura de carbono, se basa en un enfoque de análisis de costo-beneficio, a partir del cálculo de los costos directos e indirectos en que se incurre por concepto de intervenir el bosque como si se tratara de una
plantación con fines comerciales, es decir, que el precio se fija en razón de una función de producción que expresa un valor monetario por el mantenimiento del arbolado en condiciones para un óptimo potencial de secuestro por hectárea al año; otros pocos estudios se refieren a dicha valoración haciendo distinción entre el tipo de bosques, y una muy escasa cantidad versan sobre áreas naturales protegidas, de tal suerte que el rango de precios es muy disímbola como lo podemos apreciar en la siguiente tabla.
COSTOS DE SECUESTRO DE CARBONO Dólares/tonelada Estudios
Tropical Agroforestería Andrasko 1991 3-5 Dixon 1993 4-16 Krankina 1993 Hoghton 1991 3-12
Tropical Plantación 3-6 6-60
Templado Plantación 0-2 2-50 1-7
Boreal Plantación
Boreal Protección
3-27 1-8
1-4 1-3
4-37
Fuente: American Forest, 1994
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Sin embargo, también se han hecho estimaciones a partir de rangos de secuestro, o sea por escalas tal como se muestra en la siguiente tabla:
COSTOS DE SECUESTRO DE CARBONO Dólares /Tonelada Estudios
Moulton/ Richard 1990 Adams 1993 Parks/Hardie 1992 Fuente: American Forest, 1994
Mill/Ton 140 $/Ton 16.57 18.50 175.00
Por otra parte, existe un caso en México, dentro del estado de Chiapas en donde un grupo de comunidades indígenas han ingresado sus bosques al mercado internacional de servicios ambientales por captura de CO2, donde de manera casi independiente del costo de mantenimiento, negociaron bajo un precio estandarizado en los mercados mundiales a $ 10.00 dólares la Tonelada, que fue pactado con la Federación Internacional de Automovilistas de Italia a través de un organismo internacional de colocación y certificación. Sin embargo, para poder establecer un valor monetario por la captura de CO2, para la Ciudad de México hay que tomar en cuenta lo siguiente: • • • • •
La veda existente. Los servicios y funciones ambientales que presta para una inmensa población. El costo de oportunidad para sus poseedores. El costo de la protección. El costo de la reforestación, restauración y sa neamiento.
En este sentido, la función para la determinación del valor monetario debe integrar los valores parciales antes descritos. Para ello, debemos señalar que la veda como restricción al uso y aprovechamiento forestal va íntimamente ligado al costo de
Mill/Ton 280 $/Ton 20.69 25.11 -
Mill/Ton 420 $/Ton 23.24 37.21 -
Mill/Ton 700 $/Ton 34.73 95.06 -
oportunidad, de ahí que se asuma como un solo valor, de tal manera que el costo de oportunidad estaría referido a la principal amenaza de cambio de uso del suelo por asentamientos urbanos, pero no como venta sino como renta en el tiempo ; del total de los servicios y funciones ambientales únicamente se considera la captura de CO2; y en el caso de la protección se considera un costo compartido dado que son funciones a las que no puede renunciar el Estado; y por último, para la reforestación y restauración, igualmente son acciones compartidas entre el gobierno y los poseedores, más no así el saneamiento que implica algún tipo de remuneración por la venta de los productos maderables para los dueños del bosque.
En esta medida tendríamos la siguiente ecuación:
CC= co + pic + cp + crr Donde: Costo de Carbono es igual al costo total unitario por hectárea. Costo de Oportunidad co es igual al valor de la renta. La cual se fija en base al valor de depreciación directa en función del valor catastral del predio por hectárea, considerando un periodo de vida útil de 50 años, un periodo de depreciación de 10 años
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(del cual se obtiene la renta anual), y un valor residual del 97.5 % con respecto al valor catastral inicial por hectárea.
Precio Internacional del Carbono pic es igual a la cotización por tonelada, que corra en los mercados internacionales. Para lo cual debe estimarse el costo por hectárea, que estará dado por el potencial de secuestro en una cantidad de hectáreas: pic= (ct x ps)/Nh Donde: ct es la cotización internacional por tonelada ps es el potencial de secuestro total y; Nh es el Número de hectáreas Costo de Protección cp es igual al costo directo del equipo (para el vigilante que cubrirá una extensión de 5 ha.) para las acciones de vigilancia. Costo de Reforestación y Restauración es igual a los costos directos por parte de los poseedores del bosque, de las actividades por hectárea. Ver Anexo “ Costo de Carbono en el Parque Nacional Desierto de los Leones”
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CAPTURA DE CO2 EN EL PARQUE NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES (Estudios de Caso) a) Captura y Secuestro de CO2 La zona que puede ofrecer mayor potencial de captura de CO2 en el DF es la zona sur y surponiente, que ocupa una superficie mayor de bosques de pino, oyamel y encino principalmente, representando así el mayor pulmón de la ciudad el cuál, si se conserva el stock de existencias de carbono en el recurso forestal, y por medio del establecimiento de nuevos reservorios de CO2 a través de la reforestación, la conservación de los recursos naturales, contribuiría que los bosques potenciaran su captura de CO2.
La fijación del CO2 se produce en tres fases: 1.-Carboxilativa, 2.Regenerativa/Sintética
Reductiva
y
3.-
Esta constituye la fase obscura la cuál utiliza la energía química obtenida de la fase luminosa, en reducir CO2, nitratos y sulfatos y asimilar bioelementos C,H,y S, con el fin de sintetizar glúcidos, aminoácidos y otras sustancias. El ciclo del carbono comienza con la fijación del anhídrido carbónico atmosférico a través de los procesos de fotosíntesis, realizada por las plantas y ciertos microrganismos. En este
Algunos de estos bosques están conformados por árboles maduros, los cuales capturan carbono que se encontrará almacenado y estas áreas actuarán como reservorios, debido a que el proceso de respiración y oxidación en un bosque maduro generalmente alcanza un balance por el efecto fotosintético. En el largo plazo, el carbono capturado tanto en sistemas forestales como en sistemas agroforestales puede alcanzar entre los 80 y 350 ton/ha (INE, 1995). Por otro lado toda la vegetación asimila CO2 atmosférico por medio de procesos fotosintéticos, al formar carbohidratos y ganar volumen. Las plantas obtienen el CO2 del aire a través de los estomas de sus hojas. El proceso de reducción de carbono es cíclico y se conoce como ciclo de Calvin.
proceso el anhídrido carbónico y el agua reaccionan para formar carbohidratos y liberar oxígeno en forma simultánea, que pasa a la atmósfera. Parte del carbohidrato se consume directamente para suministrar energía a la planta, y el anhídrido así formado se libera a través de sus hojas o raíces. Otra parte es consumida por los animales, que también respiran y liberan anhídrido carbónico. Las plantas y animales mueren y son finalmente descompuestos por microrganismos del suelo, lo que da como resultado que el carbono de sus tejidos se oxide en anhídrido carbónico y regrese a la atmósfera (Schimel,1995: Smith et al.; 1993ª citado por Ordóñez,1999).
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Los árboles en particular, asimilan y almacenan grandes cantidades de carbono durante toda su vida, y si conservamos los almacenes de carbono, puede representar un camino válido para mitigar la emisión. En este contexto los procesos de almacenaje son válidos si son de largo plazo. El Parque Nacional desierto de los Leones, es un área natural protegida, que por su cercanía a la Ciudad de México, constituye un pulmón verde conformado por bosques de pino, encino y oyamel el cuál es visitado año por año por sus áreas de recreación y esparcimiento. Pero la situación actual del estado de sus bosques no es la más óptima, ya que ha sufrido problemas tales como la deforestación, erosión, e incendios, entre otros propiciando así una pérdida de la superficie boscosa con áreas incendiadas en
superficies de hasta 400has., deterioro de los recurso naturales, pérdida de diversidad de especies etc. A partir de un análisis sobre muestreo e inventario de la masa forestal así como cálculos para la captura y secuestro de carbono puede ser posible diagnosticar su estado actual y conocer cual puede ser el potencial de captura de CO2 que este puede ofrecer y producir servicios ambientales que favorezcan la conservación del bosque. A continuación se expone un estudio de caso para la captura de CO2 en el Parque Nacional Desierto de los Leones, iniciando con una recopilación de información, procesos y manipulación de los datos para obtener el cálculo de CO2 y resultados.
Recopilación de Información Inventario Forestal 1997 en el Distrito Federal
Inventario forestal 1999 PNDL Digitalización del polígono del PNDL
Fotografías aéreas Escala 1:10,000 1997
Carta Topográfica Esc:1:10,000 Inventario Forestal 1999
Programa especializado para cálculo de CO2 City Green
SIG ARC/INFO ARC/VIEW
Revisión del área en campo
Proceso y manipulación de la información
Creación de coberturas digitales (puntos de muestreo)
Creación de los polígonos del inventario de temas (arboles, pastos y construcciones)
Formulación de las bases de datos para llevar a cabo realizar el cálculo de CO2
Resultados
Cálculo del almacén y captura de CO2
Valoración Económica de la Captura de CO2 para efectos de la asignación de la Inversión Ambiental
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Se tomó como base para la zonificación de la cubierta forestal y la delimitación de la poligonal del parque, así como el inventario de 195 sitios circulares de muestreo, utilizados en el inventario forestal del PNDL. 1999 de la delegación de Cuajimalpa del Distrito Federal.
Los 195 sitios muestreados mencionados anteriormente, contaban con las coordenadas que fueron empleadas para crear coberturas de puntos en el Sistema de Información Geográfica para luego ser agrupados en áreas que coinciden con las coberturas de usos de suelo y vegetación del inventario forestal de 1997, esto con el fin de crear los temas (árboles, pastos y construcciones) que requiere el programa para tener las bases de los procesos. Una vez creados los temas se generaron las bases de datos que requirieron de lo siguiente: Se digitalizaron 16 polígonos de tipos de suelo y vegetación en base al inventario forestal del DF y a los datos de los puntos muestreados en el inventario forestal del PNDL 1999 con información de la cuantía de las existencias volumétricas, estructura, edad, tamaño, tasa de crecimiento volumétrico del arbolado y algunos aspectos sobre el arbolado de las copas.
Se utilizaron las fotografías aéreas escala 1:10,000 de la poligonal de parque, para conocer las condiciones en las que se encuentra el área de estudio, además de las verificaciones de campo. Con el apoyo de Sistemas de Información Geográfica (Arc/Info versión 3.5, Arc/View versión 3.1) fue posible procesar, manipular y analizar la información y a su vez con el apoyo de otros programas familiarizados con los SIG como el . “City Green calculating the value of nature”, versión 3.0, fue útil para realizar el cálculo de CO2 como mas adelante se detallará. El Parque Nacional Desierto de los Leones, se localiza en las siguientes coordenadas: 19° 16´ a 19° 20´ de latitud norte y 99° 17´30´´ a 99° 20´00´´ ocupando una superficie de 1,437.67 has.
Polígonos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Altura de clase * 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
El diámetro- La medidas del diámetro de los troncos Las especies- Las especies predominantes La salud del árbol El tipo de propiedad (público o privado) Altura promedio de los árboles
Diámetro cm 23 20 16 15 20 12 22 12 18 19 17 17 17 19 19 12
* Altura de clase ** 1 1 < 4.572m 2 2 4.572m-10.668 m 3 3 > 10.668 m
Diámetro clase ** 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Especies
Oyamel Oyamel Pino Oyamel Oyamel Oyamel Pino Pino Oyamel Oyamel Oyamel Oyamel Oyamel Oyamel Oyamel pino
Salud *** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
<2.54 cm ***1 recomendado para remover 2.54 cm - 50.8 cm 2 muy pobre > 50.8 cm 3 pobre
4 regular 5 buena
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El área total del dosel estimado fue de 1,078.75 has., ocupando el 75% de total de la superficie, el área de pastos de 319.25 has. con un 22% del total del área de estudio y el área de construcción que corresponde al exconvento en una superficie de 3.61has.
El número de especies que habitan la zona son dos principalmente el pino y el oyamel resaltando como especie predominante el oyamel en un 75%, con un régimen de tenencia de la tierra público.
De los 16 polígonos inventariados, el promedio de los diámetros es de 17.4 cm, el promedio del diámetro clase es de 2, es decir, de 2.54 cm a 50.8 cm, con una altura mayor de 10.668 m aproximadamente, así como las condiciones de salud la cual es pobre.
En el extremo derecho de mapa, se puede apreciar la tabla de los datos requeridos por los sistemas, los cuales al ser procesados fue posible obtener la captura de CO2 en la región.
La captura de carbono es de 117,844.26 tons, que por hectárea nos arroja el 0.190
RESULTADOS SUPERFICIES CONSIDERADAS Area total Area del dosel Area de pastos Area de construcción CAPTURA DE CARBONO Capturado Potencial secuestrado
ton/año, datos estimados como resultado del proceso del programa con el cálculo de CO2 y referidos específicamente a la biomasa comercial 1,437.67 has. aérea del arbolado, calculada por el inventario forestal del PNDL y no la 1,078.75 has. biomasa subterránea (raíces y el resto de la 319.25 has. vegetación). 3.61 ha. Estos resultados, indican que el arbolado del parque está conformado por un bosque, el 117844.26 tons en un 50% del arbolado en cual presenta 205.16 sus tons/año copas o fustes algún problema,
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características de rodales maduros entrados en procesos de declinación. El 40% del arbolado inventariado, presenta un daño físico, vegetación que también se encuentra afectada por la polución ambiental de la Ciudad de México, además de que en esta zona se concentran una gran cantidad de contaminantes que son transportados por la acción de los vientos. Las edades de los árboles son de 80 a 100, años tratándose de árboles maduros y viejos, los cuales no solo presentan daños en su estado físico general, sino que también se encuentran afectados por los incendios que han contribuido a una disminución de sus poblaciones. Conclusiones El incremento corriente de la captura de 3 carbono es de 3-4m ha/año que representa el 0.190 ton/ha/año, en el cual la calidad de 3 estación se encuentra en un nivel 12-13m ha/año de biomasa en otros sitios. Con ello surge la necesidad de iniciar con cierta urgencia la sustitución del arbolado decrépito por nuevos sujetos sanos y jóvenes que puedan influir en contra de los efectos de la contaminación ambiental y garantizar en el mediano plazo su permanencia y apoyar las
distintas opciones de ofrecer un servi cio ambiental del parque. Bajo el conocimiento de la situación actual que prevalece en el Desierto de los Leones en relación al estado y condiciones físicas de sus bosques así como de su actual captura y secuestro de carbono surge el afán de crear alternativas para incrementar el potencial de carbono para apoyar la producción de bienes o servicios ambientales, como el saneamiento y limpia de monte, restauración y reforestaciones forestales con especies nativas y conservar y proteger el bosque. El Parque Nacional Desierto de los Leones, ofrece un servicio ambiental que como ya se mencionó es de 117,844.26 ton/año. Actualmente pero podemos observar que dadas las condiciones del arbolado y de la salud de los árboles los cuales se encuentran en estado de declinación y conformados por árboles viejos afectados severamente por la contaminación. La zona requiere de una atención inmediata a partir de capital e inversiones ambientales, la implementación de mecanismos y medidas que puedan por un lado proteger la cobertura vegetal y los suelos, así como formular programas para la restauración conservación y repoblación de especies para incrementar el potencial de carbono y creación de sumideros de carbono.
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ANEXO “ COSTO DE CARBONO EN EL PARQUE NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES Ecuación para el cálculo monetario del Costo del Carbono. CC= co + pic + cp + crr Donde: co = Valor catastral por ha= 1,000,000 Depreciación en 10 años= 991.04 Renta por año= 99.10 Conversión a dólares al tipo de cambio de $9.57= 10.36 pic = (ct x ps)/Nh Cotización internacional por Ton. de carbono= 10 Potencial de secuestro en PNDL= 205.16 Ton Número de hectáreas= 1.078.75 Costo por Ton/ha en el PNDL= 1.99 dólares cp = Costo directo de equipo por vigilante para cubrir 5 ha.= 500 Costo por ha.= 100 Conversión a dólares al tipo de cambio de $9.57= 10.45 crr = Costo directo ha/año= 1,000 Conversión a dólares al tipo de cambio de $9.57= 104.49 Sustituyendo: CC= 10.36 + 1.99 + 10.45 + 104.49
CC= $127.28 dlls/ton/ha Costo de Carbono es igual al costo total unitario por hectárea. Costo de Oportunidad co es igual al valor de la renta. La cual se fija en base al valor de depreciación directa en función del valor catastral del predio por hectárea, considerando un periodo de vida útil de 50 años, un periodo de depreciación de 10 años (del cual se obtiene la renta anual), y un valor residual del 97.5 % con respecto al valor catastral inicial por hectárea. Precio Internacional del Carbono pic es igual a la cotización por tonelada, que corra en los mercados internacionales. Para lo cual debe estimarse el costo por hectárea, que estará dado por el potencial de secuestro en una cantidad de hectáreas: pic= (ct x ps)/Nh Donde: ct es la cotización internacional por tonelada ps es el potencial de secuestro total y; Nh es el Número de hectáreas Costo de Protección cp es igual al costo directo del equipo (para el vigilante que cubrirá una extensión de 5 ha.) para las acciones de vigilancia.
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Costo de Reforestación y Restauración es igual a los costos directos por parte de los poseedores del bosque, de las actividades por hectárea.
TOTAL en US.
TOTAL
PNDL
Cotización Internacional
Costo de Protección
Costo Oportunidad
Concepto Valor Catastral/ha Depreciación en 10 años Renta/año Vigilancia/ind/año Cotización Inter/ton/año Costo directo/ha/año Ton/ha de Secuestro
Costo de Reforest. Y Rest
TABLA DE VALORES COSTO DE CARBONO EN PARQUE NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES
$1,000,000.00 $991.04 $99.10 $500.00 $100.00 $1,000.00 0.19 $10.36
$10.45
$1.99
$104.49
$127.28
BIBLIOGRAFÍA INTRODUCCIÓN - CORENA, PROGRAMA DE - Mercado García, Alfonso, “Instrumentos Económicops para un Comportamiento empresarial Favorable al Ambiente en México, Ed. FCE-CM, México, 1999. - Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, SEMARNAP-PROFEPA,México, 1997.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1998; Ed. Sista, S.A. de C.V., 1998. - Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 1996.
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CIRCULARES: - CIRCULAR PFPA/003/99, de fecha 15 de noviembre de 1999, emitida por el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Mtro. Antonio Azuela de la Cueva. CAPÍTULO 5 -
Ordoñez Díaz José A. Benjamin “Captura de carbono en un bosque templado: el caso de San Juan, Michoacán. Instituto Nacional de Ecología INE-SEMARNAP ,1999
-
Schimel, D.S., Terrestrial Ecosystem and the Carbon Cycle. Global Change Biology, 1, 7791,1995
-
Smith, TM.; WP Cramer, R.K. Dixon, R Leemans, R.P. Neilson and A.M. Inventario Forestal 1999 de los bosques de Oyamel del predio Federal “Parque Nacional Desierto de los Leones”. Protección y Restauración Ecológica del Parque Nacional Desierto de los Leones. Consultoría y coordinación S.A. de C.V.
Programas y fuentes cartográficas utilizadas -
Programa “City Green” Calculating the value of nature American Forest versión 3.0 1999.
-
Programa Arc/info versión 3.5 para PC
-
Programa Arc/View versión 3.2 para PC
-
-
Comisión de Recursos Naturales: Coberturas cartográfico-digitales.Nacional Desierto de los Leones.
Cuencas, Hidrología, Límite de la poligonal del Parque
Inventario Forestal del Distrito Federal 1997 SEMARNAP
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CUENTA PATRIMONIAL DEL RECURSO SUELO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA 1997 **Alejandro Angulo Carrera **Ivonne Valdez Muciño *Juan Antonio Leyva *Guillermo Moreno Cárdenas *Ofelia González Jacome *Bernardo de Jesús Apolinar *Miguel Tapia Mar tínez ** Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA Delegación Metropolitana del Valle de México * Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA INTRODUCCIÓN EI uso de indicadores físicos ha servido para conocer las existencias y/o degradación de los recursos naturales, pero no permite valorar los costos ambientales, es decir, carecen del atributo económico, son sólo indicativos y por ello limitan la construcción de cuentas Físicas Patrimoniales. Sin embargo, son base para la construcción cuentas monetarias. Los indicadores monetarios en tanto que cuantifican económicamente a los recursos, facilitan la valoración de la degradación o deterioro provocado por las actividades antropogénicas, además de posibilitar la agregación de los costos de servicios ambientales en términos monetarios derivados de las existencias de recursos naturales. Este trabajo emplea al recurso suelo como indicador para depreciación del mismo, a efecto de determinar el incremento o decremento patrimonial, basándonos en la valoración monetaria de los macronutrientes Nitrógeno, Fósforo, Potasio, y la Materia Orgánica, contenidos en el volumen de suelo que se pierde anualmente en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, debido a procesos de erosión hídrica, información que será procesada, manipulada y analizada con el apoyo de un Sistema de Información Geográfica. El recurso suelo es de vital importancia, no solo para construir el sustrato físico de la cobertura vegetal y el pasaje de nutrientes, sino aún m ás, porque revela las interelaciones y procesos con los demás recursos naturales, de tal suerte, que funge como indicador espejo sobre los cambios de uso de suelo, la deforestación, el manejo del recurso forestal maderable y no maderable, las prácticas agrícolas, y otros. Si bien es cierto que la reversión de los procesos de deterioro no es un asunto de corto plazo, creemos sin embargo, que es posible llevar a cabo la valoración de los recursos y la depreciación de los mismos, los cuales con el apoyo de herramientas técnicas, tecnologías de punta como lo son los Sistemas de Información Geográfica, es posible optimizar procesos, recursos humanos y materiales para la protección de nuestros recursos naturales, para el análisis de los mismos. En esta medida, el estudio representa un ejercicio pionero, pero de grandes alcances que facilitarán la conducción de la política de protección para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los demás actores, que de forma diferenciada internalizan costos y, también servirá para el direccionamiento de la política de conservación y manejo para el INE.
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OBJETIVOS a) Realizar una revisión de las políticas de protección ambiental. b) Valorar cuantitativa y económicamente los recursos y los daños con el apoyo de un Sistema de Información Geográfica. e) Integrar un sistema de cuentas verdes de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. d) Diseñar orientaciones en materia de conservación y protección para la próxima década.
CONCLUSIONES Gracias a la construcción de la Cuenta Física y Económica de la Depreciación del suelo, fue posible determinar el incremento o decremento patrimonial basado en la valoración monetaria de macronutrientes en el área de la Reserva de la Mariposa Monarca. El flujo de bienes y servicios ambientales, a partir de la valoración cuantitativa (física y económica) por recurso natural, permitió la generación de indicadores para evaluar el incremento o decremento de los mismos. el análisis comparativo con otras regiones o reservas; su productividad natural y ventajas comparativas. Dicha valoración permitió entender la evolución de los recursos base, imprescindibles para el despliegue de un desarrollo sustentable regional, así como sus logros en el mediano y largo plazo; cuestiones ambas, que en definitiva contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, para las generaciones de hoy y las futuras. 1. DINÁMICA DEL USO DEL SUELO EI suelo como recurso importante de la Reserva, cumple con funciones que pueden ser representadas a través de una matriz de oferta y demanda ecosistémica en cuanto a bienes y servicios ambientales tales como sustrato físico de la cubierta vegetal; pasaje de nutrientes; hábitat de microfauna y de alguna macrofauna; pasaje de aguas; producto intermedio en tanto tierra de monte y como insumo para la construcción de viviendas rurales; espacio físico para los caminos, espacio de hábitat, espacio productivo, espacio para recreación y; finalmente como contribuyente en la termoregulación microclimática del bosque. Cuando el suelo se pierde, las consecuencias para el ecosistema suelen ser muy graves y solo con fuertes inversiones y con un periodo amplio de tiempo se recupera su funcionalidad y productividad. 1.1 USO DEL SUELO AGRICOLA La mayoría de los suelos de la RBMM, debido a su topografía irregular, con elevadas pendientes mayores al 15% y escasa capa superficial, presentan una vocación preferentemente forestal y solo un bajo porcentaje tienen potencialidad agrícola. La agricultura es una actividad económica restringida a algunos sitios, ya que representa solo el 0.63% del área total de la Reserva con 102.04 ha, pero es ahí donde se tienen los más elevados promedios de erosión, debido al mal manejo que se ha venido dando al suelo de tiempo atrás, como lo es el cultivo permanente de una misma especie, escasa restitución de nutrientes, permanencia de suelo desnudo cultivo en pendientes pronunciadas y escasas obras de conservación. -
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1.2 USO DEL SUELO FORESTAL Al interior de la reserva en 45 de los 56 predios de e jidos y comunidades afectados por el decreto de protección de los santuarios, el bosque ocupa la mayor parte de sus territorios y por ende, la principal actividad económica es la Forestal. La región presenta una fuerte presión demográfica y cuenta con una gran cantidad de industrias forestales, cuya demanda de materias primas es varias veces mayor que la capacidad productiva de los bosques, lo cual sumado a la problemática que enfrenta la región con aprovechamientos clandestinos tala ilegal- y en menor medida el cambio de uso del suelo, trae como consecuencia la degradación y erosión del recurso suelo. Los predios afectados por el decreto de establecimiento de la Reserva Mariposa Monarca presentan tres tipos de superficie forestal. terrenos en área Libre, terrenos en área de Amortiguamiento y terrenos en área Núcleo. Dado que en área Núcleo no se permite el aprovechamiento, los permisos forestales se dan va sea en zona de Amortiguamiento cuyas restricciones de tipo ecológico son mayores -,o en zona Libre. Santuarios del Estado de México Comparando la superficie total aprovechada -9,989.76 has-, con la extensión utilizada en área de Amortiguamiento –2,479.26 has-, ésta representa el 24.8% del total. Las especies que han sido aprovechadas en mayor porcentaje son el Abies religiosa que contribuye con el 53.7% de la producción (98,429 m3), le siguen el Pinus pseudostrobus y el P. michoacana con un 32.2% (59,143 m 3), Cupressus lindleyii con el 7.2% (13,195 m3) y Quercus sp. con el 3.2% de la producción (6,641 m3). Santuarios del Estado de Michoacán A diferencia del estado de México, donde se acaba de levantar una veda forestal a mediados de 1995 en Michoacán no la ha habido en los últimos años. Las especies que han contribuido en mayor porcentaje al volumen de aprovechamiento son las siguientes: Pinus pseudostrohus, P. leiophy//a. P. teocote y P. michoacana 55.7% (56,836 m3)Abies religiosa. 26.7% (27.250 m3) Q uercus sp. 6.6% (6,783 m 3) y O . Hojosas 6.1% (6,281m3), de lo que se desprenden diferencias notorias con el estado de México en cuanto a las contribuciones por especie. Tipos de Vegetación en la Reserva De 16,097.26 ha con que cuenta la RBMM; 15,75869 ha (97.89%) están cubiertas por algún tipo de vegetación natural. El Bosque denso ocupa la mayor superficie con 9,795.71 ha., que representan el 60.85% del total del área, en segundo término está el Bosque cerrado con 3,556.29 ha que equivalen al 22.09% siguiendo en orden a la magnitud de su superficie: Bosque abierto 2048.95 ha). Vegetación arbustiva (357.74 ha), uso ganadero (236.53 ha) y uso agrícola (102.04 ha). 2. ZONIFCACION Y EROSION Los cálculos de erosión en la RBMM, se tomaron como base para estimar la depreciación del suelo mediante la valoración monetaria de la pérdida de los macronutrientes Nitróg eno, Fósforo, Potasio, y de Materia Orgánica, contenidos en el suelo erosionado. Dado que las áreas naturales se dividen por disposiciones legales en zonas núcleo y de amortiguamiento, el estudio retorna esta ordenanza y zonifica la Reserva bajo los criterios de Santuario, Zona núcleo y amortiguamiento y Municipio.
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M ETODOLOGIA La plataforma que se utilizó para la introducción, manipulación, procesamiento y análisis de la información de datos georeferenciados, fue el Sistema de Información Geográfica ARC’INFO para PC versión 3.5 con el apoyo de un programa de análisis y despliegue espacial ARC/VIEW para PC versión 3.0 el cual tiene el potencial de desplegar directamente una o varias vistas con diferentes escalas para generar un mapa, permite hacer consultas a las bases de datos y a la distribución de las unidades espaciales, así como analizar los elementos gráficos en el mapa. Para el trabajo de campo se utilizaron los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) en los levantamientos de coordenadas geográfi cas de las unidades espaciales. Lista trabajo se inicia en el mes de marzo y concluye a finales de octubre de 1997. La primera fase consistió en la búsqueda y acopio de estadísticos de actividades agrícolas, ganaderas y forestales de la zona de estudio, inventario de áreas erosionadas de Estado de México y Michoacán de la SARH 1983. Planos forestales del uso del suelo 1982-1984, 1989-1990 y decreto presidencial 1986. con el propósito de utilizarles para analizar la dinámica de uso del suelo ‘y posteriormente valorizar y construir la cuenta monetaria del mismo. De igual manera se procedió al acopio de cartas topográficas. edafológicas y de uso del suelo escalas: 1:150,000 de INEGI de los Estados de México y Michoacán correspondientes al área de la RBMM. En la siguiente fase, mediante digitalización de la cartografía sobre el ambiente de una plataforma de software dentro del SIG, se crearon una serie de coberturas cartográficas que incluyen: localización de las principales unidades de uso del suelo, tipos de s uelo, hidrología vías de comunicación, polígonos de los santuarios que integran la RBMM; polígonos del uso del suelo y polígonos de estudios recientes del riesgo de erosión potencial y permisible reportados por la SARH para cada santuario, polígonos de municipios de los Estados de México y Michoacán, en cuyos territorios se ubican los santuarios líneas de curvas de nivel maestras a cada 200 metros. Una vez creadas éstas coberturas dentro del SIG, se procedió a unirlas entre si y obtuvimos una nueva cobertura de 777 polígonos, que se utilizaron para generar la estadística básica del cálculo de pérdida de suelo erosionado por polígono y consecuentemente para realizar la valoración económica de depreciación en las 16.097.27 ha resultantes de la digitalización. Se obtuvieron como mapas resultantes, la siguiente cartografía temática para el análisis del presente estudio: Mapa Topográfico Mapa del valor económico de la depreciación Mapa de clases de erosión Mapa de uso actual del suelo Mapa de Unidades del suelo De los santuarios Sierra Chincua, Sierra Campanario, Cerro Pelón ‘y Chivati-Huacal Paralelamente a la digitalización se realizaron verificaciones de campo en los cinco santuarios de la RBMM -Cerro Altamirano, Sierra Chincua, Sierra Campanario, Cerros Chivati-Huacal ‘~ Cerro Pelón -. a efecto de cotejar la información sobre coberturas vegetales y de uso del suelo, a la vez que se desarrollo la colecta de muestras de las unidades de suelo dominantes en la zona de estudio. Para esto nos apoyamos en Cartas Fotográficas y Edafológicas del INEGI, correspondientes a El Oro, Méx., Angangueo. Mich.y Villa de Allende, Méx Escala 1: 50,000. ubicando los puntos de verificación mediante el uso de Geoposicionador (GPS). -
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La necesidad de valorar cuantitativamente (física y económicamente) los recursos naturales en la generación de indicadores para evaluar el incremento o decremento de los mismos, y la valoración de los daños en los procesos de deterioro, los SIG representan una herramienta técnica muy útil en la toma de decisiones. Los SlG tienen el potencial necesario para llevar a cabo distintos procesos que permiten la integración de datos referenciados especialmente en la solución de problemas del medio ambiente, ya que cuentan con un conjunto de operaciones que proveen a profesionales el uso de distintas funciones que permiten introducir, seleccionar, manipular, procesar, analizar y desplegar información geográfica. Existen siete aspectos relevantes que vale la pena considerar durante la elaboración de este estudio I.- Georeferenciación espacial II.- Manejo de información III- Análisis de la información IV.- Procesos de consulta V.- Verificación VI.- Actualización VII.-Toma de decisiones Los procesos que se encuentran involucrados con la toma de decisiones deben estar referidos espacialmente representándonos un área determinada donde se está suscitando algún hecho o fenómeno en la superficie terrestre. Es necesario hacer una descripción del mundo real en términos de su posición con respecto a un sistema de coordenadas conocido donde sus atributos se relacionen a su posición y tengan interrelación espacial con otras relaciones topológicas. II.- Tiene que ver con la cantidad y calidad de la información que se va a ingresar y procesar al sistema. El sistema tiene la habilidad de manejar grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes, con bases de datos heterogéneas indexadas espacialmente, como pueden ser el uso de indicadores físicos para conocer las existencias y expresar los procesos de pérdida y/o degradación de los recursos naturales, los cuales constituyen las bases para la integración o construcción de las Cuentas Patrimoniales, así como el uso de indicadores monetarios que cuantifican económicamente a los recursos, facilitan la valoración de la degradación o deterioro provocado por las actividades antropogénicas. III.- Tiene la habilidad de búsquedas de datos espaciales y de sus atributos ya sea por criterios espaciales, por clases de atributos o de ambas, como tipos de suelo, tipos de erosión, datos acerca de macronutrientes y materia orgánica por tipo de suelo en los diferentes santuarios, actualización de la cubierta vegetal y prácticas de manejo agrícola, superficies reforestadas volúmenes aprovechados por especie en un periodo determinado, valor en m 3 y valor en $. IV -EI sistema tiene la flexibilidad de la configuración que debe permitir al usuario adaptar el sistema a sus aplicaciones especificas, la habilidad para ayudar al usuario a distinguir objetos espaciales haciendo uso de las bases de datos del sistema. V.- Es importante generar un análisis de la información y fenómenos con referencia espacial de datos obtenidos en el SIG, ya que a partir de esto es posible anticipar y contar con resultados para la toma de decisiones, planificación y administración de cualquier proceso que se esté presentando. Es muy común identificar distintos tipos de análisis que se requieren. los cuales pueden estar basados en distintos niveles de análisis.
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Nivel a.- Localización b.- Condición c.- Tendencias d.- Rutas e.- Patrón f.- Modelamiento
Tipo de consulta ¿Qué está en? ¿Dónde está? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es el mejor camino o sitio? ¿Cuál es el patrón del fenómeno? ¿Qué va a pasar si?
Modificado de Rhind (1990). presentado en López Blanco (1994:9).
a.- Es decir, ¿qué clases de objetos están en el sitio que se está analizando?. Ej localización de la reserva, de los santuarios, localización de tipos de erosión, localización de tipos de suelo, etc. b.- Dónde están los sitios u objetos con tales características? Por ejemplo ¿Cuales son las áreas de amortiguamiento que presentan erosión muy alta en la reserva? e.- Se refiere al análisis a partir de un seguimiento en el tiempo, es necesario tener una resolución de la información te mporal al mayor detalle, para establecer una tendencia mínima de la dinámica del fenómeno López, (1998) Ej. Comparación multitemporal de los cambios de uso del suelo con el fin de conocer cual ha sido la tendencia que tienen áreas que pueden sufrir un camb io de uso de suelo de forestal a agrícola, agrícola a pastizal etc. Otro ejemplo lo podemos ver en el análisis del comportamiento del fenómeno de erosión relacionado con la cobertura vegetal y uso del suelo en una escala temporal. d.- Corresponde a la apli cación de una serie de funciones relacionadas con el análisis de redes, la pregunta es, ¿Cuál es la mejor ruta a seguir? Ej: Rutas para la vigilancia sistemática en las zonas con mayor degradación, para contener los procesos de pérdida de suelo. ¿Cuáles son las mejores vías de acceso y salida a los santuarios. e.- Establece cuáles son los elementos, la distribución y las funciones que se presentan continuamente al analizar un fenómeno determinado y a partir de esto definir un modelo que explique el fenómeno Ej ¿Cuál es el patrón de distribución de la erosión en el santuario Sierra Chincua? ¿Cuál es el patrón de distribución del valor económico de la depreciación? f.- Presenta la mayor complejidad del análisis; en este caso se considera más de una consulta simultánea. Se conjugan una serie de funciones que permiten diferenciar diferentes tipos de análisis para resolver un problema a través de la aplicación de modelos Ej: relación uso actual del suelo erosión- valor económico de la depreciación. clases de erosión -topografía, erosión-tipos de suelo las operaciones de manipulación y análisis de datos incluyen funciones de manejador de base de datos al alfanuméricos: Reclasificación y agregación de atributos Operaciones geométricas. Rotación, traslación y escalamiento Rectificación y registro Operaciones booleanas Conversión de estructuras de datos Mediciones Distancias y direcciones Cálculo de arcas y perímetros Análisis estadístico -
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Para obtener los siguientes análisis: Análisis comparativo de otras regiones y reservas, valoración cuantitativa de los recursos y daños análisis de la dinámica de uso del suelo, zonificación por santuario y municipio, muestreo de macronutrientes y materia orgánica por tipo de suelo, actualización de la cubierta vegetal y prácticas de manejo agrícola ,valoración cuantitativa, física y económica por recurso natural, áreas erosionadas (1983), erosión potencial y permisible (1992). 2.1.1 Criterios para la zonificación Sabemos bien que la vocación natural del suelo en la RBMM es el uso forestal, por lo cual la utilidad de manejar los conceptos de santuario, zona y municipio, brinda la posibilidad de instituir sugerencias y/o recomendaciones tendentes a propiciar un manejo sustentable del recurso suelo, donde se conjuguen aspec tos de conservación, protección y/o restauración de aquellas áreas con problemas de erosión. Un ejemplo podría ser el planear adecuadamente las obras de reforestación, mediante la inclusión de parajes donde a pesar de tener vegetación forestal, sea necesario reforzar la protección del suelo mediante la plantación de más árboles. El motivo de tomar como primer criterio la noción de Santuario, obedece al decreto Presidencial del 9 de octubre de 1986. emitido para proteger las zonas de migración. hibernación y reproducción de la Mariposa Monarca, que establece cinco polígonos perfectamente definidos e identificados que se localizan en las colindancias entre los estados de México y Michoacán Por tanto se está en condición de precisar un área de estudio bien delimitada, sin necesidad de tener que determinar por cuenta propia limites y superficie de trabajo. Además el criterio de santuario se elige por las características propias de esta área natural protegida, que esta dividida en cinco poligonales separadas entre si, lo cual dificulta administrativamente su manejo y por ende el ordenamiento territorial de la reserva, que es el un perseguido desde esta perspectiva. El segundo criterio de zonificación, toma como base los polígonos de las áreas núcleo y de amortiguamiento de cada uno de los santuarios. Con ello se persigue, el análisis comparativo del nivel de impacto originado por actividades de aprovechamiento forestal o agrícola llevadas a cabo en las áreas de amortiguamiento, respecto de las áreas núcleo, donde no se ejerce ni se permite conforme a la normatividad vigente ningún tipo de uso y extracción de recursos. La comparación de ambas áreas ofrece la posibilidad de poder llevar a cabo el ordenamiento territorial, para planes de manejo y poder determinar si el fenómeno de erosión hídrica del suelo presente en la reserva, se ve favorecida por la perdida de la cubierta vegetal ocasionada por la extracción de productos forestales, o es un proceso inherente a las condiciones naturales y sin repercusión alguna de las actividades económico-productivas de los grupos humanos que habitan la zona. El tercer criterio de zonificación por municipio se fundamenta en que la RBMM además de estar compartida entre los estados de México y Michoacán, a su vez se distribuye en ambos casos en varios municipios y como consecuencia, las superficies de las áreas núcleo y de amortiguamiento están circunscritas a su jurisdicción territorial. La bondad de zonificar por municipio, se refleja en que dicho nivel puede ofrecer a los usuarios información más detallada y particular acerca del costo económico que puede alcanzar la erosión del suelo en una comunidad, en un núcleo agrario o un paraje del mismo, de tal manera que los datos aportados por el estudio se utilicen en la toma de decisiones y aplicación de políticas prioritarias para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región donde se asienta la Monarca.
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La necesidad de valorar cuantitativamente (física y económicamente) los recursos naturales en la generación de indicadores para evaluar el incremento o decremento de los mismos, y la valoración de los daños en los procesos de deterioro, los SlG representan una herramienta técnica muy útil en la toma de decisiones, planeación, administración, así como en la instrumentación de mecanismos y estrategias para la protección de la Reserva. 2.1.2 Estimación de la pérdida del suelo Para cuantificar los niveles de erosión en la RBMM, se utilizo el modelo productivo de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo propuesta por Wischmeier y Smith en 1961 (A= R K L S C P), se clasificó el resultado obtenido para cada uno de los 777 polígonos generados en el SIG. en categorías de acuerdo a los parámetros establecidos por FAO que aparecen en el Cuadro 1 Las variables que integran la Ecuación Universal son las siguientes: A: pérdida de suelo expresada en toneladas por hectárea por año. R: capacidad potencial de la lluvia para causar la erosión o erosividad. K resistencia que ofrece el suelo al arrastre hídrico o erodabilidad L: longitud de la pendiente S: grado de pendiente expresado en porcentaje C: factor de manejo de cobertura vegetal cuando se practica la agricultura P: factor de práctica de conservación del suelo que se realiza.
Cuadro 1. Clases de pérdida de suelo por erosión hídrica
CLASE Ninguna a ligera Moderada Alta Muy Alta
PERDIDA DE SUELO ton/ha/año mm/año < 10 < 0.6 10 a 50 0.0 a 3.30 50 a 200 3.3 a 13.3 > 200 > 13.3
Fuente FAO. 1980. Metodología provisional para la evaluación de la degradación de suelos .
Una vez realizada la estimación del volumen de suelo perdido por polígono, se analizó el comportamiento del fenómeno de erosión relacionándolo con la cobertura vegetal y uso del suelo, y la longitud y grado de pendiente, cuantificando sus repercusiones en los niveles de santuario, zona y municipio. Así mismo se elaboró el cálculo económico de depreciación del suelo y para ello se torno como valor de referencia de los macronutrientes NPK, el precio del costo local del kilogramo de los nutrimentos-fertilizante más utilizados en la región, de lo cual obtuvimos un precio promedio de 4. 59 $/kg de Nitrógeno, 4.79 $/kg de Fósforo y 2.44 $/kg de Potasio. Respecto a la materia orgánica, el tipo considerado es el referido para estiércol bovino, cuyo valor es de 325 pesos/tonelada. Con relación a los costos de traslado y aplicación de nutrimentos mas materia orgánica, los contemplados fueron los siguientes: - Traslado de nutrimentos -fertilizante - Traslado de materia orgánica - Aplicación de materia orgánica y nutrimentos
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$ 60. 00ton/km $ 80. 00flete/ton $ 7. 65ton/jor
3. CUENTAS FISICAS Y MONETARIAS 3.1 EXISTENCIAS INICIALES Para determinar la Cuenta Física de las existencias iniciales se consideró no solo la cantidad total de suelo en hectáreas, sino que a su vez estas se clasificaron y cuantificaron por su uso. Para el cálculo físico, se torno como variable la superficie y para la determinación del valor, se incluyo el uso actual y el tipo de cobertura vegetal. 9
La estimación del valor unitario por hectárea consideró tanto el uso del suelo como la cubierta vegetal, mas los costos por diversos conceptos, todo ello en pesos constantes del 97. El valor de la hectárea bajo uso ecoturístico, se estimo a partir de los ingresos netos por concepto de visitas a los santuarios, lo cual asciende a $ 937.00 /ha. Para las hectáreas bajo uso forestal, su valor se obtuvo en base al incremento corriente anual (ICA) por tipo de bosque, y de dicho incremento el porcentaje de aprovechamiento por productos primarios, secundarios y de brazuelo y celulosa, en un periodo de 10 años. Con base en estas estimaciones preliminares, se integro el valor de la hectárea forestal por tipo de vegetación arbórea, al que se agrego los costos de manejo por los conceptos de lnversión de los principales actores en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (instituciones de gobierno, propietarios de las tierras y otros gastos), lo que arroja un valor medio de 6,036.99 pesos para la hectárea forestal, y 6,973.99 pesos para la de uso ecoturistico. 3.1.2
CUENTAS FÍSICAS
Las cuentas Patrimoniales deben contener una cuenta física con sus propias medidas, de acuerdo al recurso que se trate (Walshhurger, 1990). De ahí que se requiera por principio, determinar la Cuenta Física para las existencias iniciales, para lo cual se consideró no sólo la cantidad total de suelo en hectáreas, sino que a su vez se clasificaron y cuantificaron por uso del suelo, debido a que el valor unitario por hectárea, varía dependiendo del producto y servicio que brinda, en términos monetarios. Las existencias físicas del suelo en la Reserva se consideran constantes en cuanto a superficie absoluta (hectáreas), más no con relación a la perdida física del suelo debido al proceso de erosión (ton/ha/año), que se asocia con los cambios en la cobertura vegetal y tipo de uso. Razón por la cual, para el cálculo físico, tomaremos como variable la superficie por tipo de cobertura vegetal y uso actual, debido a que es la forma en que se manifiesta un proceso dinámico de cambio. En ese sentido, en base a las existencias de 1992 se realizó una proyección para 1997, tomando a este último año para las existencias iniciales, es decir como el primer periodo ver (Cuadro 2). De esta forma tenemos que en base a los datos de 1992, se observa que en la superficie con bosque denso existía el 57.9% del total bajo uso forestal para bosque cerrado el 2.l% y bosque abierto el 12. 7% y, de vegetación arbórea el 2.1 %, Lo cual comparado con las cifras estimadas para 1997, indican una disminución por hectáreas en bosque denso del 7% en bosque cerrado del 6.28% y; consecuentemente un aumento del 0.87% en bosque abierto. En el rubro ecoturístico solo se utilizaron datos de 1997, por carecer de información anterior y para la superficie agropecuaria, las cifras entre estos dos nos muestran pequeños cambios.
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ONCEPTO
Cuadro 2 Cálculo de las existencias físicas iniciales SUP/HA FORESTAL SUP/HA SUP/HA SUP/HA 92 97 ECOTURISMO AGROPECUARIA 1997 92 97 92 97
SUELO VEGETACIÓN ARBÓREA 1. B. DENSO 9795.70 8604.91 2. B. CERRADO 3556.29 2490.39 3. B. ABIERTO 2048.95 2295.43 4 .- VEG. ARBUSTIVA 357.73 398.50 SUELO BAJO USO AGROPECUARIO 1 .- AGRÍCOLA 2 .- PASTIZALES TOTAL 97 13789.23
400.00 1500.00 100.00
102.03 236.53 2000.00
9004.91 3990.39 2395.43 398.50
90.93 90.93 210.75 210.75 301.68 16090.91
Fuente Centro de Monitoreo y Evaluación de Daños. PROFEPA. En base a datos del INIFAP
3.1.3 CUENTA MONETARIA DEL SUELO. Para la integración de la cuenta monetaria del suelo se tomo el enfoque de la propuesta del Manual de Cuentas Patrimoniales del PNUMA. Esta metodología plantea la determinación de Las Existencias Iniciales en el primer año, que comprende diversos conceptos a partir del valor unitario del recurso; los incrementos y decrementos; y por último, las Existencias Finales como saldo, toda vez que se suman los incrementos y se restan los decrementos ver (Cuadro 3). Cuadro 3 Existencias monetarias iniciales a precios de 1997
CONCEPTO
VALOR/HA FORESTAL
VALOR/HA ECOTURISTICA1
SUELO CON VEGETACION ARBOREA 1. BOSQUE DENSO
$6,473 33
$ 7,410.33
2. B CERRADO
$6,330.10
$7,267.10
3. B. ABIERTO
$4,7 10.90
$55,647.90
4 VEG. ARBUSTIVA COSTOS/HA. $198.88 • Administración y Protección • Reforestación • Mantenimiento de caminos
$198.88
VALOR PROMEDIO $ 6,036.99 TOTAL/HA2 VALOR TOTAL $80,839,720.41 POR SUPERFICIE 3 VALOR DE $94,787,703.00 LA SUPERFICIE TOTAL DE LA RESERVA
$ 6,973.99 $13.9 47.982.59
NOTA1 EL VALOR/HA ECOTURISTICA ES IGUAL AL VALOR DE LA HA. FORESTAL MAS $937.00 POR CONCEPTO DE INGRESO ECOTURÍSTICO NOTA2EL VALOR PROMEDIO POR TIPO DE BOSQUE MAS EL COSTO POR HA NOTA3 EL VALOR TOTAL POR SUP/HA NO INCLUYE LA SUPERFICIE DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA POR CARECER DE INFORMACIÓN SOLO SE APLICA EN EL CASO FORESTAL.
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3.2 INCREMENTOS Y DECREMENTOS DE LA EXISTENCIA INICIAL La cuenta del suelo se integró, mediante la conversión de las toneladas de suelo erosionado a nutrientes y materia orgánica que se pierden por hectárea/año, y en seguida se les valorizó monetariamente., agregando el costo de transportación desde los centros locales de distribución hasta el lugar de destino, más el costo de aplicación por hectárea, sumando los incrementos y descontando los decrementos, cuyo resultado es el saldo final o existencias finales del primer año. 3.2.2 Incrementos de la existencia inicial Conscientes de que existen mas elementos que participan en el incremento, el presente debido a la falta de información sólo lo acota a las ganancias en nutrientes, para lo cual tomamos como criterio que la erosión sustentable o permisible se encuentra en el rango de 0 a 10 ton/ha./año2 por lo tanto, toda aquella erosión menor de este rango. convertida a nutrientes, se le restan las l 0 ton. límite y su diferencia es un saldo positivo. 3.2.3 Decremento de la existencia inicial En igual medida que los incrementos, la disminución de las existencias iniciales, fueron calculadas para la depreciación del suelo a partir de las perdidas de nutrientes. De esta forma tenemos que toda aquella erosión que rebase las l0 ton/ha/año se considera no sustentable, y ya convertida a nutrien tes y a valores monetarios, nos arroja un saldo negativo. 4 EXISTENCIA FINAL DEL PRIMER AÑO El balance general determinó una depreciación del suelo de $8’895,628 62, que nos indica el valor económico de la pérdida de nutrimentos y de materia orgánica. Cualitativa y Cuantitativamente se determinó un saldo negativo, pues hay una pérdida del 8.3% del valor total del área protegida ver (Cuadro 4). Cuadro 4 Balance general de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 1997 CONCEPTO
VALOR TOTAL DE LA RESERVA $
EXISTENCIA INICIAL INCREMENTO DE LA EXISTENCIA INICIAL DECREMENTO DE LA EXISTENCIA INICIAL EXISTENCIA FINAL DEL PRIMER AÑO
94,787,703.00
3,422,622.87 -8,895,628.62 89.314,697.15
ANALISIS DE LA DEPRECIACION DE SUELOS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA Para el análisis de la depreciación del suelo en la RBMM. se tomo en consideración los tipos de cobertura vegetal y el uso de suelo agropecuario. Considerando el balance entre incrementos y decrementos, el valor económico de depreciación en la RBMM es de $5’473.005.74; de los cuales $4’l53,224 .18 corresponden a las zonas de amortiguamiento y $l’39,781.56 a las zonas núcleo ser (Cuadro 5).
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Cuadro 5 Valor económico de la depreciación por Santuario y Zona.
SANTUARIO
ALTAMIRANO Amortiguamiento Núcelo CERRO PELON Amortiguamiento Núcleo CHIVATI-HUACAL Amortiguamiento Núcelo CAMPANARIO
Amortiguamiento Núcelo CHINCUA Amortiguamiento Núcleo RBMM Amortiguamiento Núcleo
VALOR ECONOMICO DE LA DEPRECIACION ($)
-130,250.39 -87,809.87 -42,440.52 1’757,228.33 1’194,676.76 566,038.26 305,511.88 185,160.41 120,351.47 2’594,818.93 1’770,320.13 824,498.80 945,696.98 1‘094,363.43 -148,666.45 5’473,005.74 4’l53,224.l8 1‘319,781.56
VALOR DE LA DEPRECIACION POR HA ($/ha) -94.53 -77 .48 -173.48 216.50 176.44 420.75 151.64 172.33 128.00 1,373.54 1,790.73 915.55 350.35 667.62 -140.24 330.99 357.83 293.89
El valor económico de la depreciación de suelos en la RBMM es de $547,3005.74 pesos de los cuales $4153.224.17 le corresponden a las zonas de amortiguamiento y $1,319,781.56 a las
zonas núcleo. RESULTADOS De los resultados obtenidos en este estudio, de las 16,097.27 ha obtenidas mediante el proceso de digitalización de polígonos, la erosión nula a ligera se manifiesta en 10,677.52 ha –66.33% de la superficie-, con un incremento económico de $2’837,249.06 pesos, equivalentes al suelo no erosionado por abajo del umbral de 10 ton/ha/año; la erosión moderada alcanza una extensión de 4,528 72 ha (-28. 13%), y presenta un decremento de $3’252,962.05 pesos en 111,808.18 ton de suelo perdido -24.69 ton/ha/año- la erosión alta cubre 794.17ha (4.93%), tiene un costo de depreciación de $-2’095,l28.95 pesos, correspondientes a 53,45739 ton de mermas de suelo –67.3 1 ton/ha/año- y la erosión muy alta en 96 86 ha (0 .61%), representa un valor de $ -2’962 , 163. 80 pesos de depreciación, en un volumen de suelo erosionado de 63,930.19 ton, -660.01 ton/ha/año -. Considerando el balance entre incrementos y decrementos, el valor económico de depreciación en la RBMM es de $5’473,005.74 pesos. En la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, existe un promedio de erosión general de 17.03 ton/ha/año, dentro del rango de erosión moderada ver (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Promedio de erosión por Santuario y Zona
SANTUARIO
Amortiguamiento tn/ha/año
CERR0 ALTAMIRANO CERRO PELÓN SIERRA CHIVATI-HUACAL SIERRA CAMPANARIO SIERRA CHINCUA RESERVA DE LA BIOSFERA
Núcleo tn/ha/año
Total tn/ha/año
7.82 13.24 14.55 53.76 21.24
5. 48 18.13 11.83 27 13 9.61
7.40 14.04 13.28 41.07 16.67
17.41
15.91
17.03
De acuerdo a la información contenida en el cuadro anterior el santuario mas conservado es Cerro Altamirano con una media de erosión de 7.40 tn/ha/año, con una clase de erosión ligera; seguido por Sierra Chivati-Huacal con 13.28 tn/ha/año, muy de cerca por Cerro Pelón con un índice de 14.0 tn/ha/año, y Sierra Chincua con una tasa de erosión de 16.67 tn/ha/año; .finalmente el santuario mas afectado por la erosión es Sierra Campanario con una erosión moderada de 41.07 tn/ha/año. El uso de suelo agrícola tiene el mas elevado promedio de erosión con 588.06 tn/ha/año con una superficie de 102.04 ha (0.63%). Sin tomar en cuenta la agricultura, en el 99.37% de la superficie restante se tienen un promedio de erosión de 13.35 tn/ha/año. El valor económico de la depreciación de suelos en la RBMM es de $5’473,005.74 de los cuales $4’153,224.17 le corresponden a la zonas de amortiguamiento y $1’319,781.56 a las zonas núcleo. Respecto a la valorización económica, el s a n t u a r i o e n d o n d e s e a l c a n z a n l o s mayores costos es Sierra Campanario con $2’594,818.93; seguido por Cerro P e l ó n c o n $ 1 ’ 7 5 7 , 2 2 8 . 33; Sierra Chincua con $945,696.97; y Chivati -Huacal con $305,511.88. Finalmente Cerro Altamirano muestra un incremento de $130,250.39, siendo este el único santuario en el que los procesos erosivos son menores a los valores permisibles, por tal motivo, en l u g a r d e p r e s e n t a r un costo o pérdida tiene una ganancia. Las tendencias de la depreciación por hectárea por santuario es igual a las tendencias del promedio de erosión por santuario. El uso actual del suelo en la Reserva es forestal, variando únicamente las superficies y el volumen aprovechado del recurso. Las severas limitaciones de los terrenos para uso agrícola originan que solo el 0.63% de la superficie de la reserva sea para este uso, siendo practicada una agricultura de subsistencia cuyo principal cultivo es el maíz. La ganadería se practica en el 1.47% de la superficie de la reserva en pastizales generalmente naturales, practicándose en forma extensiva. Se observó una clara relación entre el tipo de cobertura vegetal y uso de suelo con los prome dios de erosión registrados en la RBMM. EI bosque denso es la cobertura mas adecuada para la conservación de suelos, ya que bajo esta cobertura se presentaron los más bajos niveles de erosión con 4.21 ton/ha/año. La vegetación arbustiva y el bosque abierto tuvieron, en cuanto a cobertura vegetal, las mayores tasas de pérdida de suelo con 35.49 ton/ha/año y 54.00 ton/ha/año, respectivamente. El bosque cerrado promedio es de 20.60 ton/ha/año con una clase de erosión moderada.
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BIBLIOGRAFÍA FAO 1 980. Metodología provisional para la evaluación de la degradación de suelos. FXO. PNUMA. ‘~ UNESCO Roma. Italia. 86 pp López Blanco J (1994) Evaluaciones geomorfológicas y de recursos naturales aplicando un Sistema de Información Geográfica ILWIS,~. Tesis de Doctorado en Geografía FFyL UNAM. López Blanco J. 1998 Sistemas de Información Geográfica (SIC), conceptos, definiciones contexto rnetodológico que involucra su uso. Revista Quivera Año 1 Número 0. Julio 1998. SARH 1983 Cartas 1: 250.00 Inventario de Erosión Dirección general de conservación del agua y suelo de la SARH México D.F.
WALSHBURGER. ANA CHRISTINE 1990. “Estado Actual de la Metodología de las Cuentas del Patrimonio Natural” en Informe para la Unidad Conjunta CEPA L/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente
PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL DE LOS PREDIOS: Ej. Buenavista Casa Blanca Dotación. E j.Rosa de Palo Amarillo. PP. San Jerónimo Pilitas. PR El Zopilote ~ Los Saucos. Com. San Juan Xoconusco. Ej El Capulín. Ej Vare Chiquichuca. Corn. San Pablo Malacatepec. Ej. San Jerónimo Totoltepec. CI. Nicolás Romero. El Asoleadero, EÍ Angangueo, Predio Ejidal Ocampo, Ej. Emiliano Zapata. Ej. 2 Fracción del Calabozo. Ej. Hervidero y Plancha y Ej. 1a Fracción del Calabozo. SARH GRUPO DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y AGUA. A.C. 1992. Estudios de erosión actual y permisibles del Distrito de Desarrollo Rural No. y Atlacomulco México. (incluye cartas temática 1 50.000). SL(’RETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 1993. INVEN1I.4R1() N4CION4I. FORES 1141.
Zonificación de los terrenos forestales de la Reserva de la Mariposa Monarca y de su área de influencia Subsecretaria Forestal y de Fauna Silvestre. Dirección general de política Forestal. México. D.F.
9.1 CARTOGRAFÍA INEGI. 1973. Carta topográfica El4 -A 16; El Oro. Méx. Esc 1:50.000. INFGI. 1973. Carta topográfica E14-A26: Angangueo. Mich. Esc. 1:50.000. INEGI. 1973. Carta topográfica El4 -A35 Zitácuaro. Mich. Esc. 1:50.000. INEGI. 1973. Carta topográfica E14-A36 Villa de Allende. Méx. Esc. 1:50.000.
INEGI. 1973 Carta Edafológica El4 -Al6; El Oro. Méx. Esc. 1:50.000. INEGI. 1973. Carta Edafológica El4 -A26; Angangueo. Mich. Esc. 1:50.000. INEGI. 1973. Carta Edafológica El4-A36; Villa de Allende. Méx. Esc 1:50.000. FOTOS AÉREAS. SA. 1992. Plano Forestal y de Uso del Suelo 1989 -199 0 Sierra Campanario. lnventario Nacional Forestal (SARH). Esc1:25.000. FOTOS AEREAS. SA. 1992. Plano Forestal y de Uso del Suelo 1989-1990 Cerros Chivati Huacal. Inventario Nacional Forestal (SARH). Esc. 1:25,000. FOTOS AEREAS. S A. 1992. Plano Forestal y de Uso del Suelo 1989-1990 Sierra Chincua. Inventario Nacional Forestal (SARH) Esc. 1:25,000. FOTOS AÉREAS. SA. 1992. Plano Forestal yde Uso del Suelo 1989-1990 Cerro Pelón. Inventario Nacional Forestal (SARH) Esc. 1:25.000 FOTOS AÉREAS. SA. 1992. Plano F orestal y de Uso del Suelo ¡982-1989 Cerro Altamirano. Inventario Nacional Forestal (SARH). Esc. 1:25,000.
Nota: Durante la realización de presente trabajo, se llevaron a cabo otras consultas de apoyo documental y bibliográfico que no se encuentran citad as, pero que fueron necesarias para el desarrollo del mismo.
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5 de octubre 2000 Dr. Martin Ricker Jardín Botánico del Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Exterior, Ciudad Universitaria Apartado postal 70-614, Delegación Coyoacán México D.F. 04510 MEXICO Tel: +52-5-622-9045 Fax: +52-5-622-9046 Correo electrónico: [email protected]
Seminario de valoración económica del medio ambiente Instituto de Ecología - SEMARNAP, 12-14 de septiembre 2000, México D.F
Enriquecimiento de la selva con árboles nativos: un análisis de costo-beneficio con tres especies en Los Tuxtlas, Veracruz
NOTA: A continuación se proporciona un resumen de la plática. La parte sobre Pouteria sapota ("Mamey") está publicado en inglés: Ricker, M., R. O. Mendelsohn, D. C. Daly, y G. Ángeles. 1999. Enriching the rainforest with native fruit trees: an ecological and economic analysis in Los Tuxtlas (Veracruz, Mexico). Ecological Economics 31: 439-448. Una versión más extensa en español sobre las tres especies Pouteria sapota (Mamey), Diospyros digyna (Zapote negro) y Cedrela odorata (Cedro) está en proceso de publicación en: Ricker, M. En prensa. Enriquecimiento de la selva con árboles nativos: un análisis de costobeneficio con tres especies en Los Tuxtlas. En: R. Escalante y F. Arroche (editores), El sector forestal en México. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., Mexico.
1
Resumen: La selva tropical sigue siendo destruida, porque los propietarios de los terrenos piensan que puedan ganar más dinero al convertir la selva en pastizal de ganado. Un estudio de caso en la selva de Los Tuxtlas (Veracruz) revela que el enriquecimiento con plántulas de Pouteria sapota (Mamey) en la selva de Los Tuxtlas tiene un valor comercial positivo. Dependiendo del valor del terreno, al sembrar entre 40 y 200 plántulas por hectárea dentro de la selva natural, se tiene un valor presente neto esperado que es superior al valor de una hectárea de pastizal de ganado existente. Por otro lado, el valor presente neto esperado para Diospyros digyna (Zapote negro) resultó negativo; para esta especie se tendría que lograr un crecimiento más rápido. Finalmente, para la producción de madera de Cedrela odorata (Cedro), un valor presente neto positivo es factible solamente bajo condiciones favorables que permitan un rápido crecimiento. Además de presentar este estudio de caso, el trabajo proporciona un método general de cómo poder hacer proyecciones de crecimiento y el análisis de costo-beneficio sobre el manejo forestal en la selva tropical.
2
EL PRECIO DEL HÁBITAT EN LIBRE MERCADO* Fernando Antonio Noriega Ureña** México, D.F. 4 de septiembre de 2000
En este artículo se analiza la presencia del hábitat en una economía de mercado, se explican los determinantes de su precio, los mecanismos a través de los que influye y es influido por los procesos económicos, y las conclusiones de política pública que pueden recogerse de los resultados analíticos. Se inicia con la función de producción neoclásica, y se pasa luego al desarrollo de un modelo propio de la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo1 .
1. INTRODUCCIÓN La tradición neoclásica ofrece un camino metodológicamente inevitable para introducir el hábitat2 al razonamiento económico: el mercado. Fuera de él no existen mecanismos eficientes de asignación de recursos. Si se lo aborda en el marco de competencia imperfecta –rigideces, indivisibilidades o tipos diversos de fallas de mercado- las propias imperfecciones proveen los argumentos para explicar la destrucción creciente del hábitat; es decir, la ineficiencia de formas distintas al mercado para asignar los recursos del hábitat no generados por el ser humano, a los fines alternativos que él mismo propone. Invariablemente, la conclusión es que mientras más se fomente la *
Este artículo es resultado de reflexiones adicionales a las que dieron origen a “Tres hipótesis sobre la economía del medio ambiente”, publicado en la revista Problemas del Desarrollo, número 115/116, Octubre 1998-marzo 1999. Retoma íntegramente el tema ahora expuesto en el apartado 3, y replantea por completo en el sentido del análisis desde la perspectiva de la Teoría del Mercado de Trabajo. Fue elaborado expresamente para ser publicado en el libro " Economía, Sociedad y Medio Ambiente", INE, 2000. El autor agradece el apoyo de la DGPA, a través del proyecto PAPIIT-IN303998 en cuyo marco se realizó esta investigación. ** Profesor e investigador, División de Estudios de Posgrado de la UNAM. [email protected] 1 Para referencias precisas sobre esta teoría, véase, de Noriega (1994), Teoría del desempleo, la distribución y la pobreza, Ariel Economía, México; o Fundamentos de la producción, el empleo, la distribución y los precios. Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo, McGrawHill, 2000, de próxima aparición. Puede consultarse también el artículo “Teoría del desempleo y la distribución. Evidencia empírica: México 19841994”, en la revista Investigación Económica, número 220, abril-junio de 1997.
2 asignación a través de mercados y estos progresen en su grado de competitividad, mejores serán los resultados para las sociedades humanas y para la preservación de su hábitat. Así, el problema de la sociedad y sus instituciones frente a los recursos naturales se reduce a la búsqueda del vector de precios que asegure la compatibilidad de los planes de oferta y demanda de todos los agentes del sistema; planes dentro de los cuales estarán incluidos todos los recursos inmanentes al hábitat en la medida en que su propiedad sea privada y, por tanto, sujeta exclusivamente a la conducta racional de productores y consumidores. El objetivo de la política pública será, entonces, converger al equilibrio competitivo. A medida que se avance hacia él, el sistema logrará resultados cada vez más cercanos al óptimo en el sentido de Pareto. La traducción de este razonamiento a criterios de política pública significa, en lo fundamental, asegurar la propiedad privada de todo recurso del hábitat para su asignación eficiente, y dejar que los mercados hagan lo suyo. En ese marco, la intervención de instituciones ajenas al sistema de precios debe reducirse a proveer información o, si acaso, a intervenir una sola vez en la privatización de recursos no asignados, a manera de dotación entre los agentes particulares. Puesto que la teoría neoclásica sostiene que la conducta maximizadora de los individuos en competencia perfecta basta para lograr el pleno empleo y la eficiencia social en la asignación de recursos a fines alternativos, debe también poder asegurar la óptima asignación del hábitat en el tiempo, en el espacio y entre fines alternativos. El libre mercado se constituye así en el pilar de la sustentabilidad. Sin embargo, bajo las mismas condiciones metodológicas de la teoría neoclásica se puede mostrar que tal razonamiento y las conclusiones a que da lugar, no se sostienen tan fácilmente en un paralelismo con la demostración de existencia del equilibrio general competitivo. Por tanto, los criterios generales de política ambiental no encuentran necesariamente, en ese marco analítico, el sustento más apropiado. Enseguida mostraremos, en primer lugar, a partir de la propia función de producción de la tradición neoclásica, y en segundo lugar, en un modelo de competencia perfecta desarrollado en el marco de la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo 2
Haremos referencia con este término, indistintamente, a recursos naturales o a medio ambiente. Cualquier problema conceptual sobre la asimilación de estos términos, queda fuera del campo de la discusión de este trabajo.
3 (TIMT), que el libre mercado no sólo no garantiza la asignación óptima y reproducción adecuada del hábitat, sino que la intervención pública es imprescindible para el logro de tales objetivos.
2. BREVE DIGRESIÓN SOBRE EL MÉTODO Diversos enfoques de reflexión teórica han profundizado cada vez más en su apego a condiciones de competencia imperfecta para el desarrollo de la teoría, durante las dos últimas décadas. Entre ellos se encuentran, de manera sobresaliente, además de la todavía dominante Nueva Escuela Clásica, los postulantes de la Nueva Economía Keynesiana y también los del Post Keynesianismo. Estos últimos han procurado básicamente un alejamiento de las condiciones metodológicas propias de la teoría neoclásica, ofreciendo actualmente muy pocos elementos de comparación y mutua crítica interna a los postulados básicos de unos y otros. En contrate, los Nuevos Keynesianos han tratado de extender los resultados del mainstream al campo de las fallas de coordinación y rigideces endógenas. Sus resultados no constituyen una crítica a la teoría neoclásica ni están orientados a desviarse de la condición normativa del equilibrio competitivo. Se trata, más bien, de un enfoque que procura explicar fenómenos específicos en análisis de equilibrio parcial. Pese a ello, reconocen en el equilibrio general de competencia perfecta, el objetivo hacia el cual deben orientarse los criterios de política económica una vez superadas las imperfecciones y problemas de coordinación en los mercados. La competencia perfecta sigue siendo reconocida por los Nuevos Keynesianos, como el ambiente analítico en el cual el pleno empleo y la eficiencia social se verifican. En lo que sigue de este trabajo, la competencia perfecta será una condición inicial claramente presente en nuestro análisis. En la primera discusión, basada en la función de producción habitual con rendimientos a escala decrecientes, la competencia perfecta se reflejará en los precios. En la segunda, fincada en la Teoría de la Inexistencia de Trabajo, se hará evidente que aún en condiciones de competencia perfecta el desempleo involuntario existe, que el precio del hábitat sólo se determina a partir de condiciones institucionales exógenas al mercado, y que es básicamente bajo la dirección de un
4 agente de representación pública, posible ejercer control sobre el hábitat, con objetivos de interés general. La
competencia
perfecta
es
un
recurso
metodológico
que
condiciona
necesariamente la crítica sobre la teoría neoclásica. Si esta última muestra que en ambiente plenamente competitivo los precios aseguran pleno empleo y eficiencia social, la ineficiencia y el desempleo son aducidos básicamente a violaciones de la plena competitividad. Si se demuestra, en cambio, que pese a la competencia perfecta, el desempleo involuntario existe y que, por tanto, el equilibrio general no es óptimo de Pareto, entonces sí se logra criticar la base analítica misma de esta teoría. Eso es, precisamente, lo que se logra con la TIMT: La demostración de que la competencia perfecta no garantiza el pleno empleo ni la eficiencia social; es decir, que el libre mercado no es capaz de asegurar ninguna de estas dos cosas. La competencia perfecta marca un umbral de exigencia para la crítica; un conjunto de condiciones analíticas que proveen el laboratorio necesario para poner a prueba la consistencia, tanto de los resultados tradicionales, como de aquellos divergentes de esos. Si se logra probar la existencia de un fenómeno en un marco analítico de máxima simplificación y bajo competencia perfecta, se puede asegurar su demostración en escenarios más complejos, ya sin la duda de que la existencia misma del fenómeno haya sido consecuencia del número de elementos o de la complejidad del marco analítico. Esta pauta metodológica basta para explicarle al lector el sentido que guardan la sencillez del modelo y la competencia perfecta en el análisis que desarrollaremos sobre la base de la TIMT.
3. PRODUCTIVIDAD MARGINAL Y PRECIO DEL HÁBITAT 3 Los
rendimientos
a
escala
en
las funciones de producción neoclásicas son
fundamentales para garantizar la viabilidad de una economía. En un sistema plenamente competitivo, de mercados completos, en el cual los factores productivos son 3
Por su interés para el análisis que se realiza en este trabajo, se reproduce en este apartado, sin cambios significativos, el contenido del apartado “Rendimientos decrecientes a escala y hábitat, del artículo “Tres hipótesis sobre la economía del medio ambiente”, antes referido.
5 remunerados según su productividad marginal, la garantía para que los productores realicen ganancias positivas se encuentra en la existencia de rendimientos decrecientes a escala. Si tal es el caso, al vector de precios vigente los productores ganarán un volumen de beneficios igual al producto generado menos el destinado a la remuneración de los factores. Si las funciones de producción son homogéneas de grado positivo mayor que cero y menor que uno, la suma de las elasticidades del producto respecto a cada uno de los factores será igual al grado de homogeneidad de la función de producción, y el producto generado, multiplicado por uno menos el grado de homogeneidad, mostrará el volumen real de los beneficios logrados durante el proceso económico. En la teoría neoclásica, si los factores productivos son remunerados según sus productividades marginales, los beneficios dependen estrictamente de los rendimientos a escala. Si estos son decrecientes los beneficios son positivos. Se trata de un residuo técnico del proceso de producción a los precios vigentes; no como en Marx, donde los beneficios positivos resultan de la explotación del trabajo; fenómeno propio de las relaciones sociales de producción del capitalismo; no sólo de sus características técnicas de la producción. Los rendimientos a escala decrecientes en la teoría neoclásica resultan de la hipótesis de la existencia de algún factor de producción limitado e indivisible, no explícitamente reconocido en el modelo4 ; es decir, de un factor oculto. Así, tratándose de un factor no reconocido, se trata a la vez de un factor no remunerado por ningún agente del sistema. Consiste en recursos empleados para beneficio de la economía sin que a cuyo nombre ningún agente reclame una remuneración específica. Si aceptamos los planteamientos de la teoría neoclásica concernientes al origen técnico de las ganancias y a la causa de los rendimientos a escala decrecientes, podemos plantear la siguiente hipótesis para analizar la relación entre el hábitat y la producción: En una economía de mercado, el hábitat, definido como el conjunto de aquellos recursos del entorno de producción que dan origen a la existencia de rendimientos a
4
En Koopmans(1957) esta idea se exp resa así: “It is suggested […] that production sets exhibiting decreasing returns to scale correspond to situations where production depends not only on the inputs recognized by the model but also on some limited and indivisible resources not explicitly recognized.”
6 escala decrecientes, es el factor que al no ser remunerado o serlo sólo parcialmente, determina la existencia de beneficios positivos. Para expresar técnicamente el contenido de este enunciado, supongamos la existencia de una función de producción homogénea de grado λ, tal que 1>λ>0. Siendo Ti la cantidad del factor i-ésimo, i = 1, 2,….n-1, n, wi la remuneración de dicho factor n
λq = ∑ wi Ti
(1)
i =1
que iguala a su productividad marginal en un sistema competitivo; f(T1 ,T2 ,…Tn-1 , Tn ), la función de producción, q la cantidad de producto, y f i’ la productividad marginal del factor i-ésimo, por el teorema de Euler se verificará que: De esta ecuación se obtiene la siguiente forma de la masa de beneficios, Π:
(1 − λ )q = Π.
(2)
Denotando con f h ’ la productividad marginal del hábitat y con Ha la cantidad del mismo expresada en alguna unidad convencional en su papel del factor oculto en la producción, el producto se agotaría y en consecuencia los beneficios se anularían, si se le devolviera a este factor el total de su aportación al producto. Es decir que: n
q = ∑ wi Ti + f h ' Ha
(3)
i =1
Esta última ecuación implica que los beneficios alcanzan su máximo cuando se anula la remuneración al hábitat por su contribución a la producción. Para arrogarle más pertinencia al concepto de hábitat como factor productivo, digamos que se trata de un ente económico pasivo, incapaz de tomar decisiones por sí mismo, y que es objeto de transformaciones como resultado de la conducta económica de los seres humanos. El supuesto de conducta pasiva de este ente implica, entre otras características, la de asumir su incapacidad de negociar o condicionar su intervención en la producción, razón por la que participa pudiendo o no ser remunerado por los agentes económicos de conducta racional. Bajo esas condiciones, supongamos además que el hábitat es un factor con una parte fija e indivisible (ho ), en el corto plazo, y otra parte perfectamente divisible y variable (hv). Sea, la parte variable, una función dependiente de la capacidad
7 autónoma de reproducción del propio hábitat (η), y de la reproducción inducida por los agentes económicos racionales (qh ), de tal manera que h’>0 para cualquiera de sus argumentos, y hv(η,0)= η, η+ho
Ha = ho + hv (η, qv ).
(4)
Para que qv sea positivo habrá necesidad de que una parte del producto q generado en el sistema se destine a la restauración (producción) del hábitat consumido durante un periodo de producción. En un ambiente competitivo eso sólo será posible si los productores deciden mantener sin cambio la remuneración a los factores productivos y sacrificar una parte de sus beneficios en aras de la producción de hábitat. Sin embargo, la racionalidad de los productores implicará que éstos destinen una parte del producto q a fines ajenos a su programa económico sólo si los beneficios resultantes de ese programa alternativo son iguales o mayores a los que obtienen actualmente. Los productores sólo “sacrificarán” una parte de sus beneficios si tal decisión implica ganar más que lo cedido al hábitat o por lo menos lo mismo. Sin embargo, al ser la no remuneración del hábitat el origen mismo de los beneficios, reproducirlo significará para los agentes productores privados, ganancias nulas o inferiores a las actuales. El sistema se enfrentará así a la disyuntiva de reducir las ganancias en proporción a la reducción del consumo de hábitat o encomendar la reproducción del hábitat a un agente representante del interés social, para que en nombre de todos reduzca las ganancias de los productores respetando las tasas de remuneración de los factores, y redistribuya recursos hacia el hábitat como fin de interés social. Así planteado el problema, resulta que bajo rendimientos a escala decrecientes y ambiente competitivo, atender la restauración del hábitat parece sólo ser posible con intervención pública, y extrayendo de las remuneraciones a los factores y de los beneficios una proporción de producto igual a la de los beneficios totales. Esto significa a su vez que bajo la tecnología vigente eso sería posible sólo a costa de sacrificios en el
8 bienestar, puesto que la distracción de esa parte del producto representaría disminuciones en el consumo final de los agentes del sistema. Sin embargo, el sacrificio social en términos de bienestar probablemente sería suficiente para detener el deterioro del hábitat si éste igualara a la masa de beneficios, pero no sería suficiente para restaurar lo perdido. La restauración del hábitat convertido en ganancias –y por tanto en consumo social- durante los periodos anteriores, demandará mayor severidad en los sacrificios; una especie de conversión de la actividad productiva humana en producción de naturaleza a costa de sacrificios sociales. Ante este escenario sería necesario preguntarse si hay alguna posibilidad de lograr incrementos en la productividad total de los factores respecto al hábitat como resultado de la innovación tecnológica, suficientes para que la restauración se sustente en sacrificios tales en la tasa de crecimiento de largo plazo del producto, que aseguren que el
bienestar
social
se
mantenga
en
los
niveles
actuales,
sin
crecer,
pero
fundamentalmente sin decrecer. Sería algo así como comprometer algunos años del futuro de la humanidad en reponer lo destruido. La respuesta en tal caso, descansaría en la fortaleza de las instituciones sociales y en las posibilidades de cambio tecnológico dinámico y financiable en esa dirección. Sin embargo, el problema parece no terminar ahí. Al reconocerse que las ganancias provienen necesariamente de factores no remunerados a precios de mercado, si se lograra conciliar el crecimiento del producto con la preservación del hábitat, significaría que la economía es todavía viable para los productores; es decir que hay algún factor oculto a cuya costa se generan los beneficios. De ser así, con las políticas de restauración estaríamos trasladando el problema hacia el futuro y hacia otros ámbitos. Si ese es el sentido de la historia de las sociedades bajo el capitalismo respecto a su entorno natural, probablemente el enfoque del problema en este documento esté incorrectamente planteado. En caso de no ser así, la conclusión sería que el libre mercado es una vía costosa e ineficiente para la resolución del problema, y que hay que replantear en ese sentido el papel del estado en la economía.
3. HÁBITAT, MERCADO Y PRECIOS
9 Situémonos ahora en una representación extremadamente sencilla de una economía de mercado en competencia perfecta, cuidando de no dejar fuera ningún elemento esencial de su estructura económica para analizar la mutua correspondencia de ésta con el medio ambiente, al cual, en el sentido más amplio, continuaremos denominando hábitat. Supongamos la existencia de un número muy grande de consumidores y productores; cada uno de ellos de tamaño lo suficientemente pequeño en sus posibilidades de compra y venta como para ser incapaz de influir por sí solo en las decisiones de los demás. Supongamos además que existe un único producto, no durable, producido por las firmas y demandado por los consumidores para la satisfacción directa de todas sus necesidades. Para efectos de una intuición más general de las propiedades de ese producto único, el lector puede concebirlo como una mercancía compuesta por muchos productos, con una estructura, en términos de la participación de cada producto en ella, invariable a lo largo del análisis. Una especie de producto interno bruto de la economía analizada. El número de agentes se reducirá a dos, un consumidor y un productor, cada uno de ellos representativo de todos los de su tipo. Admitamos plenamente la ausencia total de rigideces, plena divisibilidad de producto y factores, y todas las condiciones adicionales que aseguren la plena competitividad en el sistema. El hábitat condicionará el bienestar social y será considerado imprescindible para la producción. Condicionará el bienestar afectando directamente el bienestar de los consumidores. Se introducirá a la función de utilidad como un multiplicador cuyo valor fluctuará entre cero y uno. Al alejarse del valor uno, reducirá inevitablemente en la misma proporción el bienestar de los consumidores. Así, si el consumo creciera a una tasa inferior a una reducción del señalado multiplicador, los consumidores, pese a incrementar su disponibilidad de bienes, verán reducido su bienestar por el daño trasladado a ellos a través del deterioro del hábitat. De manera recíproca, si se verificara una reducción en el consumo, proporcionalmente inferior al crecimiento del hábitat el multiplicador incrementaría el bienestar. Por su parte, las firmas –es decir, el aparato productivo- emplearán recursos naturales, o hábitat, en nuestra nomenclatura, además de trabajo, para generar el único producto existente en el sistema. Trabajo y recursos naturales serán imprescindibles para producir; sin uno cualquiera de ellos, la producción será nula.
10 3.1 El modelo - Productores Estos agentes maximizarán su tasa de beneficio, que corresponde plenamente a la tasa interna de retorno de la producción, sujetos a una función de producción que exhiba la conformación de la tecnología por dos componentes: la organización y la ingeniería. Con ingeniería –exhibida en los parámetros de la función de producción, y sin organización, representada por T* en dicha función, la producción será imposible. Será necesario que los productores se organicen para emplear las posibilidades técnicas de la ingeniería, a través del empleo de combinaciones de trabajo y hábitat. Formalmente, la función tasa de beneficios (π) se define como la relación inversa entre el valor del producto ofrecido (pqo ) y el costo total o valor del trabajo demandado para producir (wTd), más el valor del hábitat insumido en la producción (ph hp ), menos uno. Esto, en lugar de la tradicional función masa de beneficios de la teoría neoclásica. La restricción técnica o función de producción se supone homogénea de grado γ; 1>γ>0, y definida sobre (Td-T*)>0, siendo Td la demanda de trabajo y T* el trabajo empleado en la organización de la empresa. Este último término que se entiende también como el costo de instalación de la firma en el aparato productivo, hará evidente en su magnitud el tamaño del mercado. La elasticidad hábitat (hp ) del producto, constante, estará representada por β, 1>β>0, y la elasticidad trabajo, por α(Td-T*); variable, con 1>α>0; α +β =γ. Con estas propiedades, el cálculo del productor será: Máx (1 + π) =
pq o wTd + p h h p
(1)
S.a q o = (Td − T*) α h pβ (2) Se arriba así a las siguientes condiciones de equilibrio del productor: αh a w = β( Td − T*) p h
(3)
Td +β=1 (4) Td − T * A (3) y (4) se añade la función (2). Lo que se verifica en ellas es que el productor α
demandará trabajo y recursos naturales hasta el punto de la frontera de eficiencia en la
11 función de producción, en el que la suma de las elasticidades sea uno (función (4)) y se verifique la igualdad entre la relación marginal de sustitución técnica (RMST) y las relación inversa de precios (función (3)). Equivale a decir que (4) señala la isocuanta de equilibrio, y (3) el punto específico de equilibrio en ella. Entre (2), (3) y (4) se arriba a las siguientes soluciones: a) Función demanda de trabajo:
1− β Td = T * 1 −α − β
(5)
Esta función exhibe un resultado fundamental: La demanda de trabajo es independiente del salario y de los precios, y depende directamente del tamaño de la organización de la empresa. Puesto que la organización sirve para ampliar la capacidad de atención de contratos o transacciones de compra y venta de los productores, su magnitud está en función del tamaño de la demanda del mercado por el producto. Así, la demanda de trabajo depende, en realidad, del volumen de ventas de las firmas; no de lo caros o baratos que se “venden” los trabajadores. A diferencia de lo que postula la teoría neoclásica en su fundamental “mercado de trabajo”, en el que explica la determinación de salarios y empleo al igual que el precio y cantidades de cualquier mercancía, en nuestro modelo se demuestra que tal “mercado” no existe. Las firmas, dados el salario y los precios, deciden la cantidad de trabajo que emplearán en función de sus ventas, que son el pilar de su existencia y, por tanto, de sus ganancias. No lo harán, como lo supone la teoría tradicional, en función de lo baratos que se coticen los trabajadores. En el mejor de los casos, si el salario baja y las ventas no varían, alcanzarán a sustituir a algunos trabajadores caros por otros más baratos, pero no contratarán a más trabajadores mientras sus ventas no crezcan. Esto significa que la señal que siguen los productores individuales para determinar el empleo, no son los salarios, sino el tamaño de su mercado, dado el salario, en el cual, por las propias condiciones de competencia perfecta, en lo individual no pueden incidir. Por tanto, independientemente de lo que suceda con los consumidores, el tal “mercado
12 de trabajo” es un espacio económico que no existe. Una construcción teórica incorrecta de la tradición neoclásica, cuya falacia se puede demostrar claramente.5 Los fenómenos del empleo y los salarios son propios del sector laboral; no de mercado alguno. Sin embargo, como veremos más adelante, la dinámica del mercado lo afecta y es afectada por él; pero en el fondo subyace un hecho ante el cual la teoría neoclásica permanece ciega y sorda: la economía, aún en competencia perfecta, no está constituida sólo por mercados, sino por organizaciones y mercados. De hecho, es la capacidad de organización del ser humano para satisfacer sus necesidades frente a las exigencias de su entorno natural, el fenómeno que ha antecedido históricamente incluso al intercambio de mercancías por mercancías. Ignorar la existencia de la capacidad de organización de los seres humanos en el razonamiento de la economía, ha conducido a errores graves y de elevado costo social. b) Función de demanda de recursos naturales: β w h p = T * (6) 1 − α − β p h A diferencia de (5), la demanda de hábitat, medida en cualquier unidad convencional, resulta ser función inversa de su precio, directa del salario, debido a la relación de sustituibilidad bruta positiva de este factor con el trabajo, y directa también del tamaño del mercado. Mientras más baratos sean los recursos naturales respecto al trabajo, mayor será su demanda. Esto da lugar a pensar que existe una relación inversa entre el salario y el precio del hábitat; sin embargo, el equilibrio macroeconómico, analizado más adelante, nos mostrará algo muy diferente. Una propiedad tecnológica del modelo que es necesario señalar a estas alturas, es que, como se constata en (5) y (6), mientras más alta sea la elasticidad recursos naturales del producto, menor será la demanda de trabajo y mayor la de dichos recursos; salvo si el progreso tecnológico disminuyera β, lo cual sucedería en el largo plazo. 5
No se desarrolla la demostración en este artículo, porque hacerlo nos alejaría de nuestros objetivos específicos. Sin embargo, los lectores interesados podrán revisar el Teorema de Superioridad, con el que se pone en evidencia que la forma en que los economistas neoclásicos explican la toma de decisiones de los empresarios, y por tanto, el funcionamiento del capitalismo, es incorrecta. (Véase “Generalización de una teoría particular del productor: error de la tradición neoclásica (Reflexiones adicionales y respuesta a un comentario crítico), en Investigación Económica, número 224, abril-junio, 1998. Por eso también la idea de analizar los fenómenos del empleo y los salarios como si se trataran de un mercado –el mal llamado “mercado
13 c) Función oferta de producto: β
w (1 − β) α β β qo = T *α + β (7) α+β (1 − α − β) ph Esta expresión revela que los productores ofrecen más producto cuanto más alto es el salario. Esto no sorprenderá al lector cuando se haga evidente que el salario condiciona positivamente la demanda agregada, y a través de ella, la oferta de las empresas. Así también sucede con el tamaño del mercado: a mayor mercado, mayor oferta. En contraste, al oferta de producto resulta función inversa del precio del hábitat. El encarecimiento de los recursos naturales contrae la producción. Tecnológicamente, mientras más elevada sea la elasticidad recursos naturales del producto, mayor será la sensibilidad de la oferta a los precios. - Consumidores El consumidor representativo maximiza una función de utilidad que supondremos estrictamente cóncava y no separable, definida sobre dos variables: el consumo (qd) y el ocio (S)6 , y ponderada por un parámetro que se especifica como índice de hábitat (ha), siendo un número puro comprendido entre cero y uno. La restricción presupuestal del consumidor está recíprocamente adecuada a la relación de ingresos y gastos del productor, de manera que la consistencia contable del modelo se asegura y da lugar a la expresión básica de la ley de Walras. Es decir que en esta economía los gastos de un agente serán necesariamente los ingresos del otro, y viceversa. Pese a que en la tradición neoclásica los derechos de propiedad sobre las empresas se suponen distribuidos antes de los procesos económicos, en este modelo supondremos, para otorgarle plena flexibilidad y competitividad al sistema, que tales derechos son asignados por el mercado. Esto se reflejará en la restricción presupuestal de los consumidores, por el lado de los ingresos. Así, la conducta de este agente está dada por: Máx U = u(q d , S) , u' (⋅) > 0 S. a (1 + π )To = pq d
(8) (9)
de trabajo”, es un error conceptual que debe evitarse sistemáticamente. Existe un sector laboral; no un “mercado”. 6 El ocio se define a su vez como la diferencia entre el tiempo máximo biológicamente disponible para trabajar (τ) y el tiempo oferta de trabajo (To ); es decir, S= (τ -To ).
14 Las condiciones de equilibrio resultantes de la maximización, serán: y la restricción presupuestal (9). Por definición, conocidas las propiedades de la función de utilidad, la relación u 'q
p (10) (1 + π)w u marginal de sustitución será una relación de proporciones entre cantidades de producto ' S
=
para consumo, y tiempo de ocio; por tanto, la expresión (10) se replanteará así: γ (τ - To ) p = ; γ ∈ℜ+ qd (1 + π)w
(11)
El parámetro γ que multiplica a S, se supone resultado de las preferencias del consumidor. Resolviendo el sistema conformado por (9) y (11), se alcanzan los siguientes resultados: a) Función demanda de producto para consumo: γ w (1 + π) τ (12) 1−γ p Ésta describe una relación positiva con el ingreso y negativa con el precio del qd =
producto. Se trata de una función estándar de demanda, salvo la presencia en ella de la tasa de beneficio como una variable distributiva. b) Función oferta de trabajo: γ τ (13) 1−γ Se constata que debido a la asignación de derechos de propiedad a través del To =
mercado, los consumidores revelan funciones oferta de trabajo inelásticas respecto al salario. Esto significa que al salario vigente están dispuestos a trabajar el total de su tiempo oferta de trabajo biológicamente disponible, ponderado por sus preferencias y rasgos culturales, representados en γ. Este resultado, aunque particular de la sencillez del modelo, evidencia que bajo condiciones de competencia perfecta el “mercado de trabajo” no existe. El salario no es variable representativa ni de la oferta ni de la demanda de trabajo. No se determina por medio de relaciones entre oferentes y demandantes. Se trata de una variable distributiva cuyo origen está centrado en los ámbitos de determinación señalados sistemáticamente por los economistas clásicos y
15 por Marx: la negociación. Es una cuota de participación de los trabajadores en el producto; no el precio del trabajo ni, por tanto, la garantía de quid pro quo en el intercambio con las firmas. Puesto que en nuestro modelo el tema de la determinación salarial no es central para nuestro análisis, supondremos que se trata de una variable exógenamente determinada, lo cual no significa rígida. El que se determine por negociación no quiere decir que no puede sujetarse a reglas de ajuste de tipo walrasiano, por ejemplo. Así, el salario será exógeno pero tan flexible como lo requieran las condiciones del modelo. - Sector monetario Sea M° la oferta monetaria, exógena y definida. Suponiendo que la velocidad de circulación del dinero es igual a uno, y que cada unidad de producto da lugar a una y sólo una transacción, la demanda de dinero tomará la forma siguiente: M d = pq d Por tanto, el equilibrio del sector estará dado por:
(14)
M° = M d (15) En ella, una vez conocido el nivel del producto, y dada la oferta monetaria, el nivel de precios estará automáticamente determinado. Con esta forma de presencia del dinero en el modelo, una vez, más se muestra que el respeto a las condiciones analíticas de base de la teoría neoclásica son plenamente respetadas, y que las diferencias en los resultados no obedecen a alteraciones en ese aspecto. - El hábitat El hábitat se define a partir de los siguientes elementos: - La oferta, compuesta por: a) un acervo inicial (H) que exhibe su dimensión actual en términos de alguna unidad convencional de volumen. Se trata del tamaño del acervo antes del proceso económico; b) de su reposición natural (io , io >0), y c) el incremento inducido (i1 q), i1 >0, resultante de la fracción del producto que los agentes decidan destinar a impulsar la reproducción del hábitat. La suma de estos elemento se denominará (hi). - La demanda, conformada por: a) el consumo neto de hábitat (hc), definido a su vez por la suma de un componente natural y autónomo (hn ), y de un componente inducido (hp ). Este último término estará multiplicado por (1+φ), φ >0, para incorporar así los
16 efectos negativos sobre el hábitat, provocados por el consumo humano de bienes y servicios. Así, las ecuaciones respectivas serán: hi = io + i1 q hc = hn + (1+φ)hp
(16) (17)
El índice de hábitat queda entonces representado por: ha = (Η + hi − hc)Η−1
(18)
Tal es el índice que se halla presente en la función de utilidad, condicionando el bienestar de los consumidores. El numerador de (18) representa la función de demanda excedente del hábitat multiplicada por (-1); es decir, la diferencia entre la oferta y la demanda agregadas de hábitat, además de exhibir su tamaño final después del proceso económico. Es decir que, llamando H* al resultado final, éste se expresará así: H* = (Η + hi − hc)
(19)
Si H*
(21)
17 Como el lector constatará más adelante, el modelo admite tanto soluciones de pleno empleo como de desempleo involuntario. Por tal razón (21) se expresa como una desigualdad débil. Reemplazando (5) y (13) en (21), y resolviendo en T*, se arriba a:
γ 1 − α − β T* ≤ τ 1 + γ 1 − β
(22)
En esta expresión, la igualdad se verificará en pleno empleo, y la desigualdad, cuando haya desocupación. -Mercado de producto (q d − q o ) = 0 (23) La igualdad estricta de la función de demanda excedente (23) se debe a que, como también será posible constatar, el mercado de producto exhibirá equilibrio perpetuo. Esto quiere decir que para cualquier vector de precios y patrón distributivo, habrá un volumen
de
transacciones
posibles
que
se
realizarán
en
su
totalidad.
Independientemente de los equilibrios o desequilibrios en el sector laboral, el mercado de producto (que en el modelo representa a todos los mercados que se constituyen), revelará permanentemente igualdad entre oferta y demanda agregadas. Sustituyendo (7), (12) y (22) en (23), y resolviendo para el producto medio de equilibrio, se obtiene lo siguiente: β
α + β −1
β
w w β γ (1 + π) = τ α + β −1 (24) p 1 − β 1+ γ ph Es inmediato observar que la ecuación (24) se satisfará para cualquier resultado en (22). Aunque todavía guardamos reserva sobre la determinación del precio del hábitat que prevalece como incógnita, una vez conocida su magnitud, la tasa de ganancia ajustará necesariamente la igualdad, debido a que se trata de un resultado, no de una variable predeterminada, como el salario nominal y la oferta monetaria. Conocido el producto medio en (24) –y por tanto el producto total, será posible determinar el nivel
18 del precio p, y simultáneamente la tasa de beneficio. Claro siempre y cuando se haya conocido el precio materia de nuestra atención principal: ph . A partir de (24) se consigue el siguiente resultado:
1
α γ (1 + γ ) -1 (1 + π) w τ 1− β p T* = β 1− α − β β w T * 1 − α − β p h
(25)
Esta igualdad se verificará para todo T*. Lo que muestra es que la demanda de trabajo –es decir, el nivel de empleo- es función positiva de la demanda efectiva de producto, y función inversa de la demanda efectiva de recursos naturales o hábitat. Formalmente, esto se expresa así: (+ )
( −)
Td = j ( q d , h p ) (26) El nivel de empleo aumentará cuando la demanda efectiva de producto crezca. Lo hará en relación mayor que proporcional. Por otra parte, la ocupación caerá más que proporcionalmente ante incrementos en la demanda efectiva de recursos naturales. Esta relación dependerá de manera crucial de la magnitud del precio del hábitat. -El hábitat Los resultados expuestos hasta este punto no arrojan luz sobre una pregunta fundamental: ¿Es éste un sector que se debe regular, o un mercado que debe fomentarse? La respuesta no sólo carece de toda obviedad, sino que determinará las implicaciones de política pública del modelo. Para abordarla, supondremos una situación inicial de pleno empleo en la economía. La primera cuestión que debemos aclarar para el efecto, es: ¿De qué depende el precio del hábitat? Para ello, sea: h c − (H + h i ) ≤ 0
(27)
19 la función de demanda excedente del hábitat. Supongamos inicialmente que i1 q=0; es decir que no existe política pública alguna que extraiga producto de la economía para destinarlo a la reposición del hábitat consumido. Entonces, reemplazando (6), (16) y (22) en (27), y resolviendo en ph , se logra la siguiente expresión:
βγ τw 1 − β − βγ + γ ph = (28) H + hi − hn Esta función indica que el precio del hábitat está en relación directa del nivel de (1 + φ)
empleo, del salario, que dado el precio, podemos asumir como salario real, y del impacto negativo del consumo humano sobre el medio ambiente; y en relación inversa del exceso de oferta de hábitat o recursos naturales. Situemos nuestro análisis en un caso en el cual los recursos naturales han sido asignados en su totalidad a la propiedad privada de los consumidores y, por tanto, su precio ha sido liberado a las fuerzas de un mercado de recursos naturales. Supongamos que la asignación ha sido lo suficientemente equitativa como para que nadie tenga la posibilidad de influir por sí solo en el precio. Entonces, ante una demanda significativamente inferior respecto a la oferta presente en el acervo, los propietarios bajarán el precio mientras al hacerlo incrementen sus ingresos. Si las dimensiones de los recursos naturales son todavía abundantes, el precio caerá drásticamente hasta alcanzar el nivel de agotamiento pleno. Si el fenómeno es acompañado de un nivel salarial bajo, el precio del hábitat será muy bajo. Ante ese hecho, la demanda de recursos naturales contraerá el nivel de empleo, la desocupación aparecerá, y con ella la contracción creciente de la demanda efectiva, con la reproducción del círculo depresivo. Se habrá dado lugar a un proceso de histéresis. La disminución en los niveles de bienestar alcanzará límites graves, y el rechazo ante cualquier tipo de contribución de los propios consumidores a la reposición del hábitat será generalizada, debido al elevado costo de oportunidad que les significaría. Les sería preferible vender los recursos naturales en su poder al precio vigente, para mantener su nivel de bienestar en el máximo posible, a castigarlo por la vía de la restauración inducida de hábitat, además
20 del proveniente por el uso intensivo de recursos naturales en la producción. El consumo de hábitat crecería aceleradamente, hasta anular el exceso de oferta. Traslademos ahora nuestra atención a otro escenario; el de una concentración de los recursos del hábitat en manos de muy pocos consumidores. Una especie de monopsonio de hábitat. En tal caso, el precio del hábitat responderá a un fin arbitrario de capitalización individual. Los propietarios procurarán expandir con la venta de sus recursos naturales, sus niveles de bienestar a través del consumo, por encima de la proporción en que éste se pierde por los daños derivados de la producción y del propio consumo humano. Esos pocos consumidores emplearán los recursos naturales para trasladar los costos de su bienestar al resto de los agentes del sistema. Así, el precio del hábitat estará regulado por objetivos de bienestar de un reducido grupo de consumidores. No habrá necesidad, para ellos, de enmarcar sus decisiones a criterios de eficiencia ni a objetivos de interés colectivo. En este caso, el precio del hábitat podrá situarse arbitrariamente en niveles superiores a los que hacía posible el escenario analítico previo; pero sin una diferencia sistemática. Si en este caso se propusiera exigir a todos los consumidores el pago de un tributo para reposición del hábitat, probablemente el rechazo sería unánime, aún por parte de los propietarios. Los no propietarios, porque sin ser beneficiarios directos de la propiedad, se verían invitados a sacrificar su bienestar individual a favor de los propietarios; y los propietarios, porque ante la abundancia relativa de los recursos a su nombre, no tendrían ningún motivo para llegar a la conclusión de que invertir en el hábitat, sacrificando ingresos potenciales, los beneficiaría a ellos más que a los demás; principalmente a los no propietarios. Así, este precio se convertiría en una magnitud arbitraria que implicaría inevitablemente la disminución paulatina e irreversible del hábitat, con efectos diferenciados sobre el bienestar de los consumidores. Sin embargo, en ninguno de estos escenarios sería realmente posible saber cuál sería el precio del hábitat, debido a la ausencia de una referencia imprescindible para el efecto: el valor del acervo. ¿Quién y respecto a qué, debería indicar el valor del mismo? ¿Dónde yace la base del valor económico del hábitat? Así como líneas antes se ha hecho evidente que el reducir el hábitat a soluciones de mercado para su valuación y asignación da lugar a resultados absurdos, se muestra con
21 estas preguntas que el tema toca los límites de la teoría del valor. ¿Cuál es el precio del hábitat? Si no se sabe cuánto vale el acervo existente o sus flujos básicos, tampoco se sabrá cuál es su precio. Sin embargo, se puede formular por lo menos dos criterios para intentar una reflexión al respecto; uno, basado en el producto social, que en nuestro modelo es esa única mercancía que se genera, y otro, fincado en las necesidades de la sociedad. Valuar el acervo de hábitat a partir del producto, representaría explicar, en términos de éste, si sería posible emplear una unidad de hábitat para producir un volumen tal de producto, que permita, en primer lugar, satisfacer la demanda humana; en segundo lugar, devolverle al hábitat lo utilizado de él, y en tercer lugar, reponerle una parte, por pequeña que sea , del daño previo. Aún si este último rubro fuese cero, el cubrir los dos primeros significaría lograr rendimientos marginales crecientes del hábitat; es decir, con una unidad utilizada del mismo, producir más de una unidad a través del producto generado. En principio, este problema parece no tener solución. Si pudiéramos definir una regla que permita determinar cuánto vale el hábitat en función del producto, se sujetaría su valor a las condiciones mismas de la producción, y en cualquier caso habría que dar respuesta al problema de los rendimientos a escala del hábitat o recursos naturales. Calcular el valor del hábitat en función de las necesidades de la sociedad, a partir de las de los individuos que la conforman, significaría para la teoría económica reducir las necesidades a un campo como el propio del valor trabajo en Marx: ¿Cuál es el trabajo socialmente necesario para reproducir el hábitat empleado en la producción? ¿No equivaldría esta pregunta, a la de cuánto producto se necesita para reproducir el hábitat empleado en la producción de éste? Con ello estaríamos nuevamente situados en el criterio del producto, aunque se trataría, esta vez, de resolver el problema en el campo de la teoría del valor trabajo; única que ha vinculado las necesidades con los precios a través, precisamente, de una teoría del valor. En la tradición neoclásica no existe una teoría de las necesidades. Por tanto, valuar en su marco de análisis, al hábitat frente a un fenómeno que excede su marco analítico, equivale a procurar la solución fuera del razonamiento económico. En nuestro modelo, propio de la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo, las posibilidades de responder a esta pregunta nos conduce,
22 necesariamente, a reconocer que con ella se exceden los límites de la teoría del valor, y se plantea la posibilidad de retornar sobre las sendas de los fisiócratas para desempolvar la posibilidad de explicar todo valor como surgente de la tierra. En realidad, el único medio de valuación de H, así como de sus flujos naturales de reproducción, son los criterios institucionales. El hábitat es el medio que ha precedido a cualquier manifestación de vida humana, incluyendo la económica, y que condiciona la posibilidad de que todas sus manifestaciones existan. Por tanto, el criterio de valuación tiene que exceder los estrechos límites y posibilidades de la teoría económica, y asentarse inevitablemente en los dominios de las instituciones; particularmente del estado. Este problema: la valuación de H, es el que pone en evidencia con mayor claridad que cualquier otro en nuestro modelo, la vinculación entre el estado y el mercado para determinar el precio del hábitat. Sin estado, el hábitat no tiene precio posible. El libre mercado no resuelve este problema.
3. IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA Hemos razonado el problema de la presencia del hábitat en una economía de libre mercado, hasta este punto, con una contribución nula de los agentes económicos a su reproducción; es decir, con i1 q=0. Interesa ahora saber qué criterios de política debería seguir la sociedad económica para garantizar que el bienestar de sus consumidores no se reduzca por los impactos de la producción y el consumo en el índice de hábitat. Si
bien
nuestro
modelo
es
extremadamente
sencillo,
hace
explicitas
las
características fundamentales de los problemas de una economía de mercado frente al hábitat. Por tanto, los criterios de política que se discutan a partir del mismo, pueden ser generalizados a escenarios más complejos y cercanos a la realidad. Ese es precisamente el camino que se procura con la teoría. El análisis efectuado es de corto plazo, y en ese marco los criterios de política económica para lograr el objetivo de preservar el hábitat en correspondencia con las actividades de la producción y los mercados deben centrarse en las posibilidades de intervención de un agente exógeno: el estado. ¿A qué agente individual le sería rentable calcular el valor de hábitat? Se necesitan medios de valuación social y
criterios de la misma naturaleza. La técnica y la
23 ingeniería serán inútiles por sí solas para este efecto. Supongamos reconocido por la sociedad el objetivo institucional de restaurar el hábitat a en los niveles que exhibía antes de los procesos económicos. ¿Cómo debería financiarse la restauración? Antes de plantearse la restauración, el agente institucional debería definir primero los alcances de la propiedad individual sobre los recursos del hábitat, y los márgenes en los que la condición sistémica de H da como resultado que las decisiones individuales tengan repercusiones sociales. Por dicha condición, el hábitat es, estrictamente dicho, imposible de privatizarse. Intentar hacerlo, sería inevitablemente el principio de su destrucción acelerada. Si se decide aplicar un impuesto directo a los salarios o a las ventas, para distraer producto de la demanda de los consumidores hacia el hábitat, el resultado será una contracción de la demanda efectiva, inducción del desempleo y polarización del ingreso. El efecto contractivo sobre los salarios, lejos de beneficiar al hábitat, lo perjudicará. Como se constata en las ecuaciones (24) y (26), el impacto equivaldrá a disminuir el salario, con dicho efecto, el precio de los recursos naturales caerá, y así aumentará su explotación. La medida, por tanto, en lugar de fomentar el logro del objetivo, lo perjudicará. En contraste, si se decide aplicar un impuesto a las ganancias realizadas, el nivel de la demanda efectiva se mantendrá estable; más todavía si de dicha demanda dependen las ganancias como base gravable. El impuesto no impactará en los niveles de producción y empleo, pero sí redistribuirá producto de las ganancias hacia el medio ambiente. Sería de esperarse un efecto marginal de contracción de la demanda efectiva, si el impuesto fuese administrado de manera ineficiente. De otra forma, tal cosa no sucedería. Los productores no dejarán de producir el volumen que el mercado les demanda, porque es así como realizan la máxima tasa de ganancia posible en el sistema. El significado de estas conclusiones consiste en la convalidación de las medidas de regulación ambiental en la producción, y en el rechazo a impuestos sobre salarios y ventas con fines ambientalistas, por su carácter recesivo y polarizador en la distribución. El fomento a la investigación que haga posible el cambio tecnológico dinámico y la elevación de la productividad media del trabajo, el fortalecimiento de los salarios reales
24 y el control ambiental sobre la producción, como forma concreta de impuestos sobre las ganancias, se plantean como un conjunto fundamental de atención a la reproducción del hábitat. Queda en evidencia, sin embargo, que los criterios de política ambiental no deben ser accesorios de la política económica, sino inmanentes e inseparables de ésta. Queda en evidencia también que la responsabilidad de la sociedad frente al hábitat habrá que sufragarla, inevitablemente, con bienestar de corto plazo, esperando retornos de la misma naturaleza en el largo plazo.
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HACIA EL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES EL PROYECTO DEL FONDO DE CONSERVACIÓN DE AGUA Y TIERRAS DEL D.F.
Gonzalo Chapela Universidad Autónoma Chapingo Red Mexicana contra la Desertificación RIOD-MEX
Introducción Dentro del conjunto de estrategias de gestión ambiental, la interiorización en el precio, de los costos incrementales, los costos de oportunidad de los impactos del deterioro ambiental y de los propios servicios ambientales, ha sido identificada como prioritaria. (Provencio, 1993) y se han iniciado esfuerzos para introducir el concepto ambiental en el sistema de cuentas nacionales, así como se ha estimado el valor de algunos activos relacionados con estos aspectos (BANCO MUNDIAL, 1995; Pimentel, 1995).
Es casi obsesiva la recurrencia con la cual o l s diversos actores interesados en la gestión ambiental decimos que debe valorarse el patrimonio natural del país, que tenemos recursos valiosos que nos sirven actual y potencialmente una muestra de ello es la multiplicidad y coincidencia de planteamientos de los diversos grupos y propuestas en la circunstancia de cambio de gobierno (G-25, 2000; RIOD-MEX, 2000; Organizaciones campesinas y no gubernamentales, 2000).
Es también muy notable que en semejante coyuntura, seis años atrás los planteamientos fueron muy semejantes (INE, 1994, Programa Forestal y de Suelo 1995-2000) y en contraste podemos observar que un mercado de servicios ambientales aún es proyecto de algunos, más que una realidad en nuestro país (Burstein, 2000). Sin embargo, se puede percibir un proceso de maduración de la percepción pública
hacia
estos
aspectos
y
la
generación
de
múltiples
esfuerzos
exploratorios que van creando las condiciones necesarias para la existencia de
un mercado de servicios ambientales. Uno de ellos es la iniciativa del Gobierno del Distrito Federal, en proceso, para la conservación de los recursos naturales nombrada Fondo de Conservación de Agua y Tierras o, por sus siglas, FOCAT (Gobierno del Distrito Federal, 1999).
EL CAMPO DE LA CIUDAD En el Distrito Federal el 59 % del territorio aún es rural, con 88,639 hectáreas CONSIDERADAS “suelo de conservación”, de las cuales 37 mil conservan un uso forestal, En esa zona, habitan 2.2 millones de personas, de las cuales 400 mil pueblan los asentamientos rurales tradicionales, 200 mil se dedican a actividades rurales y 17 mil cuentan con derechos agrarios en los 49 núcleos que ocupan el % de la superficie rural (GDF 99). A pesar de existir en la región usos productivos tremendamente intensivos, como los cultivos en chinampas o las terrazas agrícolas, el valor económico de esos recursos es comparativamente escaso, con un producto bruto global que significa apenas el 0.3 % del producto interno bruto de la entidad (Grether, 1997).
La causa del escaso peso de las actividades rurales es la coexistencia con la mayor concentración humana del país, condición que determina y hace del desarrollo rural en esta región un caso excepcional de oportunidades y problemas por las distorsiones en el mercado de trabajo, la cercanía a la demanda de productos y, de una manera determinante, por la especulación inmobiliaria que genera un costo de oportunidad enorme y, tal vez, el principal factor
determinante
de
la
dinámica
política
y
de
degradación
de
la
gobernabilidad pública y local de los recursos naturales.
En el campo de la ciudad se debaten valores importantes para los habitantes rurales y también los de la ciudad, como son , entre otros: el espacio de recreación; la preservación de un conjunto de valores culturales y estilos de vida de la población rural; la reducción de fuentes de partículas suspendidas que
no
pueden
combatirse
experimentamos en 1998;
con
medidas
de
contingencia,
como
lo
los contenidos de formas de vida y el papel de
corredor biológico de la zona y, de manera fundamental, la infiltración de agua.
Solamente en la zona rural de la sierra del Ajusco, se infiltra el 60% del agua para recarga de los mantos freáticos que abastecen, a su vez, el 85% de ese recursos indispensable y escaso (Torres, 1999; Bolongaro y Recasens, 1998). Tomando en cuenta que por
224 millones de metros cúbicos de recarga de
agua subterránea se extraen 935 millones de metros cúbicos (CNA, 1997), es clara la insustentabilidad del manejo de la cuenca en sus tendencias actuales y la inutilidad e ineficiencia de soluciones como la importación de agua desde otras cuencas hidrológicas a costos económicos y sociales impagables. Este problema central está acompañado de un ritmo de pérdida de superficies arboladas del orden de 500 hectáreas anuales (GDF, 1999), así como de un problema de erosión hídrica, con dos terceras partes de la superficie con pérdidas de suelo de más de 30 toneladas por año, lo que genera más de cuatro millones de toneladas de suelo (calculado con datos de Torres, 2000). EL FOCAT
En 1998 el programa de Medio Ambiente del entrante gobierno (GDF, 1998) planteó avanzar en lo posible en el pago de servicios ambientales a la zona rural, como parte
de una de sus estrategias básicas: dar atractivo al uso
sustentable de las tierras rurales, en el contexto de elevados costos de oportunidad, tanto de los usos alternativos de las tierras rurales frente a la urbanización, como de las oportunidades de ingresos y de un proceso de cierta irregular pero consistente desvalorización cultural del trabajo rural.
El planteamiento anterior, identifica al crecimiento urbano como una de las principales amenazas para la zona rural en general y particularmente para su papel
en
la
dinámica
hidráulica
de
la
cuenca
y
no
puede
aplicarse
independientemente de la aplicación de una política consistente de desarrollo urbano y vivienda. El proyecto del FOCAT aprovecha los trabajos emprendidos en el Consejo de la cuenca del río Lerma desde 1995. El Consejo actúa a través de grupos de trabajo para la atención de los distintos aspectos de la gestión de la cuenca,
entre los que se estableció un grupo de trabajo para la conservación de agua y suelo. El grupo de agua y suelo desarrolló un programa específico (SEMARNAP, 1996) basado en proyectos específicos dimensionados en microcuencas, como espacios de gestión manejables, principalmente desde un enfoque de gran incorporación de esfuerzos sociales que requiere, a su vez, de procesos cuidadosos de promoción de la participación de los diversos actores en las partes altas de las cuencas y la generación de un ambiente de confianza. El motor financiero de los trabajos del grupo estaría en la reunión de recursos de los distintos actores presentes en las cuencas: instancias de gobierno en sus varios órdenes, industriales y empresarios comerciales, usuarios del riego, organismos de agua potable y productores rurales de las partes altas de las cuencas. Con las aportaciones de las partes se formaría un fideicomiso que proporcionara transparencia y fluidez al manejo de los recursos disponibles y a la vez dinamizara y orientara las actividades y esfuerzos ya disponibles.
La prioridad en las acciones sería la inducción de prácticas productivas sustentables y, en un plano secundario, la realización de obras específicas de captación de agua y de restauración, dado el elevado costo relativo de las últimas y el potencial de mejorar y coordinar los programas de gobierno relativos al desarrollo rural, mejoramiento ambiental y combate a la pobreza, principalmente el PROCAMPO, los proyectos de Alianza para el Campo, el PRODEFOR, PRONARE, Programa de Empleo Temporal y los recursos del FIRCO.
Con estos elementos como base, el planteamiento del FOCAT tiene tres componentes principales: un esquema de captación de recursos, un recurso de acompañamiento y un conjunto de programas de aplicación, como se muestra en la figura:
PARTICIPACION EN INGRESOS • Agua: 10% • Inmobiliarios: 5% • Tenencia autos: 2%
• • • •
PRESUPUESTO DIRECTO CORENA DGCOH DGDR SEDUVI
DONACIONES
FIDEICOMISO AMBIENTAL
FONDOS DE CONSERVACION DE AGUA Y TIERRA (FOCAT)
ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE MANEJO
PARTICIPACIÓN LIQUIDEZ PRODEFOR PRODEPLAN
BUENA SUSTENTABILIDAD REFORESTACIÓN AGROPECUARIA
Del lado de los ingresos, se estimaron diversas contribuciones, principalmente provenientes
de
transferencias
o
incrementos
en
las
tasas
impositivas,
calculadas de acuerdo con la Ley de Ingresos para 1998, así como los recursos fiscales ya existentes en las dependencias relacionadas con el tema.
Respecto del renglón de “donativos”, es muy interesante mencionar las propuestas de los representantes del sector industrial, que ofrecieron hacer aportaciones a cambio de eximirse del paro de actividades durante las
contingencias
atmosféricas
y
mediante
un
programa
de
mejoramiento
permanente de desempeño pactado y supervisado por la autoridad. Este esquema argumenta la muy escasa contribución de las reducciones en las emisiones de las industrias integrantes del padrón obligado a participar en los paros por contingencias. En el siguiente cuadro se puede observar una estimación de los órdenes de magnitud de la recaudación anual posible:
FUENTE Partes proporcionales de ingresos de: ♦ cuota de consumo de agua (10%) ♦ impuestos inmobiliarios: predial, fraccionamientos, permisos de construcción (5%) ♦ Pago de tenencia por uso de automóviles (2%) Gasto directo fiscal de CORENA, SEDUVI, SEDECO, Y DGCOH: 10,000,000 por dependencia Fideicomiso Ambiental Donativos TOTAL FONDO
MONTO ESTIMADO $ 170,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 30,000,000 $280,000,000
En cuanto a la aplicación de los recursos recaudados en el Fondo, se contaría, como componente estratégico, con recursos para el acompañamiento del instrumento, orientado a acompañar la aplicación de fondos y lograr una mayor eficacia del ejercicio del fondo. El acompañamiento del Fondo incluye, principalmente cuatro aspectos: •
inversión en capital social: la importancia del fortalecimiento de las instituciones locales ha sido documentada como uno de los principales puntales en el manejo sustentare de los recursos naturales (ver Ostrom, 1990). En el caso de la zona rural del D.F. encontramos como uno de los principales obstáculos el deterioro de la vida comunitaria y sus prácticas organizativas, con la presencia de numerosas facciones internas en los ejidos y comunidades, a la vez que también una muy importante presencia de las estructuras comunitarias que, a la vez que no pueden ser ignoradas, son
un
activo
insustituible
en
un
nuevo
arreglo
interno
desarrollarse a partir del reconocimiento de esas dos realidades.
que
debe
•
Promoción de la aplicación del Fondo y de los instrumentos movilizados por el mismo.
•
Asesoría y acompañamiento para el acceso fluido al Fondo y los programas institucionales disponibles. Es notable el subejercicio recurrente en la aplicación de los recursos disponibles actualmente, principalmente los del sector agricultura y, a la vez, demandas insatisfechas. A la vez, es también destacado el efecto de eficacia de unificar y planificar las gestiones y reducir los márgenes de discrecionalidad e incertidumbre en la aplicación de los recursos, así como en la reducción de los costos de transacción de los mismos programas.
•
Asesoría técnica especializada, principalmente orientada a la preparación de proyectos y a la transferencia tecnológica. Por ejemplo, ha sido muy amplio el efecto de las revisiones fitosanitarias que realizan los académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana sobre los costos de aplicación de biocidas en la producción de flores, con reducciones de costos de hasta 40%. Un mejoramiento económico sustancial de las actividades productivas puede ser determinante en el efecto persistente de la aplicación de recursos. Por otro lado es crucial, desde la perspectiva política invertir en el mejoramiento del acceso a los programas con propuestas consistentes, presentadas oportunamente y por los cauces adecuados.
La aplicación misma de los programas incluye objetivos específicos para el mejoramiento y restauración de los recursos naturales, de
acuerdo con las
principales condiciones y problemáticas. Entre las principales, el proyecto del FOCAT identificó las siguientes: 1. Manejo
sustentable
de
los
bosques:
en
una
condición
actual
de
prácticamente libre acceso, se debería establecer un contexto normativo para el aprovechamiento sustentable y estrechamente vigilado de los recursos
forestales,
principalmente
con
la
aplicación
del
actual
PRODEFOR, mejorado en cuanto a su transparencia de aplicación, suficiencia de montos y cobertura de temas, incluyendo la transformación y comercialización.
2. Plantaciones comerciales, con la aplicación del PRODEPLAN, facilitado en sus objetos de aplicación, adecuados para el establecimiento de pequeñas plantaciones
diversas
y
la
asignación
por
anticipos,
además de la
simplificación en su acceso. 3. Incentivos a la reforestación, que ya van probando eficacia, de acuerdo con las
evaluaciones
disponibles
(Secretaría
del
Medio
Ambiente,
G.D.F.,
1999). 4. Formación de empresas protectoras de la cuenca que, localizadas y coordinadas en las comunidades, realicen la obra de restauración y captación de agua que no puede ser asimilada por las actividades productivas. 5. Mejoramiento de la aplicación de los programas de desarrollo rural, coordinándolos en torno a programas de manejo parcelario diseñados y comprometidos por los propios productores con apoyo técnico. Perspectivas Hasta el momento, el GDF ha avanzado principalmente en el desarrollo de algunos componentes de los programas de aplicación, como el pago de incentivos a la buena reforestación, con resultados alentadores, y la formación de empresas sociales, aún en proceso incipiente. El desarrollo de un planteamiento como el que aquí se resume enfrenta retos que es urgente superar, como los siguientes: •
Bajo
perfil
real
de
las
preocupaciones
ambientales.
Aunque
ningún
funcionario puede actualmente evitar la mención de los compromisos ambientales, es muy poco frecuente que las políticas sustanciales, como la de vivienda, de desarrollo económico, combate a la pobreza o desarrollo de infraestructura adopten una óptica sustentable, lo que hace difícil la coordinación posterior en las acciones y enviar una señal clara al respecto hacia los propios funcionarios y hacia la población.
A fin de cuentas, la lógica del ejercicio de gobierno está sesgada por las necesidades que la carrera de los funcionarios les impone y los cortos
plazos de los procesos políticos y electorales, lo que no deja de ser un muy importante obstáculo para la instrumentación de respuestas a los problemas que no pueden dejar de ser complicados y de larga maduración. •
Especulación inmobiliaria. No existe ningún programa de estímulos con posibilidades de éxito frente a un valor desproporcionado de la tierra con fines inmobiliarios, por lo que un efectivo control del desarrollo urbano y de los usos del suelo establecidos es indispensable para preservar la zona rural. Actualmente la proliferación de asentamientos irregulares e ilegales se acoge a la certeza de que, tarde o temprano, serán regularizados y dotados de servicios. Ante un mercado inmobiliario en la zona urbana con precios inalcanzables, empobrecida
las
necesidades
sólo
pueden
de
satisfacerse
vivienda por
la
para
una
ocupación
población de
tierras
marginales, en ocasiones en zonas de riesgo. Una de las grandes dificultades en la solución de este problema básico, es el manejo político de los asentamiento irregulares y los riesgos sociales de la aplicación de la regulación. •
Dificultades
de
coordinación
interinstitucional.
Debido
a
una
deficiente
formación de los funcionarios responsables de las distintas carteras de la administración y a otros factores, como una cultura administrativa de no colaboración, es muy difícil integrar políticas, acciones y recursos de manera armónica. Algunos ejemplos de ello son la aplicación de recursos públicos para fomentar la apertura de tierras forestales al cultivo sin mensocabo de la veda vigente o la ausencia de un plan de desarrollo turístico que organice la prestación de servicios. •
Entorno normativo. Es necesario reconocer un conflicto de paradigmas respecto productivo
de a
la
conservación, los
recursos
en
donde
naturales,
las con
restricciones
al
buscar
protección,
su
acceso
frecuentemente se transforman en motivo de su degradación. En el caso del Distrito Federal una estrategia de proporcionar atractivo al mantenimiento del uso rural de la tierra se enfrenta a la existencia de una veda forestal que ha desarticulado los procesos de apropiación que venían desarrollándose en la década de los setenta.
Recientemente, con la aprobación del Ordenamiento Ecológico de la Zona de Conservación del Distrito Federal, varias de las acciones de la propia Comisión de Recursos Naturales han quedado fuera de la ley y ya se dejan escuchar las protestas e inconformidades de la población afectada, que difícilmente observará los preceptos de ese instrumento, en la medida que es restrictivo y no fue formulado mediante un proceso de consulta y construcción de consensos. Se puede concluir con un panorama en matices grises, donde se ha avanzado sin duda en la toma de conciencia y en la exploración de nuevos enfoques y planteamientos más integrales y a la vez quedan formidables obstáculos por vencer. El FOCAT, tal vez formulado en un contexto coyuntural poco favorable, puede ahora servir para ser incorporado en los planes de un gobierno de la ciudad que, a diferencia de su antecesor, cuenta con mayor amplitud de tiempo. De la misma manera, un nuevo régimen federal podría incorporarlo a sus políticas de manejo de cuencas, desarrollo rural y conservación de los recursos naturales. BIBLIOGRAFÍA BANCO MUNDIAL, 1995. México Resource Conservation and Forest Sector Review. Washington, D.C. BURSTEIN, JOHN, 2000. Informe sobre Pago de Servicios Ambientales en México. FORO para el Desarrollo Sustentable. San Cristóbal, L.C. BOLONGARO, ANDREA y C. RECASENS, 2000. Recarga de acuíferos por presas de Infiltración. En: Ponce, D (coord). Aire, Agua. Informe del Consejo de Estudios para la Restauración y Valoración Ambiental 1998 No 3. México, D.F. COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, 1997. Diagnóstico de la Región XIII Valle de México. México, D.F. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Secretaría del Medio Ambiente, 1998. Un Buen Ambiente para Todos. Programa de Trabajo. México, D.F.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Secretaría del Medio Ambiente, 1999. Segundo Informe de Trabajo. México, D.F. GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Secretaría del Medio Ambiente, 1999. Un buen Ambiente para el Campo de la Ciudad. Anteproyecto para el establecimiento del Fondo de Conservación de Agua y Tierras. México, D.F. GRETHER, ROSAURA, 1997. Propuesta Técnica del Programa de Desarrollo Regional Sustentable de la Región Sur del Distrito Federal. Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalapa. GRUPO DE REFLEXIÓN G-25, 2000. México: Hacia una Política Ambiental Eficaz para el Desarrollo Sustentable. México, D.F. INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, 1994. Memorias del Foro sobre Gestión de Recursos Forestales de México. México, D.F. MÉXICO, 1995. Programa Sectorial Forestal y de Suelo. México, D.F. Organismos Forestales, 2000. Por una Desarrollo Forestal con Campesinos, Diez Propuestas de Política Forestal. La Jornada, septiembre 7, 2000. Ostrom, Elinor, 1990. Governing the Commons. The evolution of Institutions for Common Action. Cambridge University Press, Cambridge. PIMENTEL, DAVID, 1995. Environmental and Economic Costs of Soil Erosion and Conservation Benefits. Revista Science, vol 267 PNUMA-SEMARNAP, 1998. Instrumentos Económicos para la Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe. México, D.F. PROVENCIO, ENRIQUE, 1993. Elementos Económico Sociales del Desarrollo Sustentable. En: Pobreza y Medio Ambiente. Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. Edit de El Nacional. México, D.F. RIOD-MEX, Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, 2000. Pronunciamientos para una Política de Conservación de los Recursos Naturales de México. Memorias. Asamblea Nacional, 15 y 16 de junio. México, D.F. SEMARNAP -CNA, 1996. Programa de Conservación de Agua y Suelo en la Cuenca del Río Lerma. Consejo de la Cuenca del Río Lerma. México, D.F. TORRES LIMA, PABLO, 2000. Desarrollo Agrícola Regional e Indicadores de Sustentabilidad en la Ciudad de México. En: Ponce, D (coord). Recursos
naturales, Desarrollo Sustentable. Informe del Consejo de Estudios para la Restauración y Valoración Ambiental 1998 No 3. México, D.F.
JUSTICIA AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD Y VALORACION Joan Martínez Alier Universidad Autónoma de Barcelona
El crecimiento económico significa un uso creciente del medio ambiente. Algunos impactos ambientales recaen de forma desproporcionada en algunos grupos humanos, sin que haya tiempo o incluso sin que exista intención de corregirlos por medio de políticas económicas o cambios tecnológicos. Por lo tanto, un Movimiento de Justicia Ambiental, un “Ecologismo de los Pobres” está creciendo en el mundo. En este artículo, apoyo esta tesis al describir algunos conflictos distributivos ecológicos contemporáneos e históricos surgidos alrededor: -de la mineria de cobre, -del uso de los manglares, -de casos de biopirateria o de amenazas a la bioseguridad, -de derechos de propiedad sobre sumideros de carbono -y de casos de “racismo ambiental” en los Estados Unidos. Los conflictos distributivos ecológicos son el objeto de estudio de la Ecología Política, un nuevo campo de estudio creado por geógrafos, antropólogos y sociólogos ambientales. Estos conflictos son disputas sobre los niveles de contaminación, sobre la incidencia de los riesgos ecológicos, sobre la pérdida de acceso a recursos y servicios ambientales. Muchos de estos conflictos nacen de la confrontación entre economía y medio ambiente, confrontación analizada por la Economia Ecológica. Este es otro nuevo campo de estudio creado principalmente por ecologistas y economistas, que “tienen la naturaleza en cuenta” no sólo en términos monetarios sino también en términos físicos y sociales. Por tanto, este artículo es una contribución a la Ecología Política y a la Economía Ecológica, estableciendo vínculos entre ambas. El ecologismo “avant-la-lettre”: ejemplos desde la mineria de cobre. El “ecologismo de los pobres” ha sido una corriente del movimiento ambientalista que no fue identificada hasta hace unos quince años. El observar que hubo casos históricos de conflicto ecológico que no fueron representados en el lenguaje ambiental, nos permite conceptuar como ejemplos de conflicto ecológico casos actuales en los que los actores son, todavía hoy, reacios a considerarse a sí mismos como “ecologistas” (Guha, 1989). Los ambientalistas japoneses recuerdan Ashio como el lugar infame donde ocurrió el primer desastre por contaminación industrial. Era una enorme mina de cobre no lejos de Tokio propiedad de la corporación Fukurawa, donde ocurrio una gran huelga de trabajadores contra las condiciones de trabajo en 1907. Los historiadores sociales de Japón debaten acerca del carácter espontáneo u organizado de esta huelga. Existian antiguas fraternidades. Mientras los mineros se rebelaban esporádicamente, decenas de miles de campesinos que habitaban en la ribera del río Watarase lucharon de forma persistente durante décadas contra la contaminación por metales pesados que dañaba no sólo sus cultivos sino
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también su salud. También lucharon contra la construcción de una represa de sedimentación para almacenar las aguas contaminadas, que destruyo el pueblo de Yanaka en 1907, incluido el cementerio y sus lugares sagrados. “La fundicion de la mina arrojaba nubes que contenían ácido sulfúrico que destruyo los bosques circundantes, y los relaves desembocaban en el río Watarase, reduciendo la producción de arroz de los campesinos cuyos campos eran irrigados con esta agua... Miles de familias de campesinos.... protestaron muchas veces. Ellos reclamaron a las autoridades nacionales y se pelearon con la policía. Eventualmente, su líder, Tanaka Shozo, generó una gran agitación pidiendo directamente amparo al Emperador...” (Nimura, 1997:20-21) Al convertirse la destrucción ambiental en la decada de 1960 en un tema socialmente importante, el recuerdo de Ashio volvio a la discusión popular en el Japón. Ashio se convirtió retrospectivamente en el lugar de nacimiento de la contaminación en Japón, y Tanaka Soso en el primer ecologista.. A principios del siglo XX, el cobre habia tenido un gran papel en la economía japonesa, situandose en segundo lugar tras la seda en las exportaciones de Japón. Ashio no fue un caso excepcional en el mundo y la propia publicidad de Fukurawa señalaba que Butte en el estado de Montana, era un lugar terrible para vivir:“ El proceso de fundición ha destruido completamente la belleza del paisaje, humos gaseosos diabólicos han matado toda la vida vegetal en muchas millas alrededor, las corrientes están podridas por los relaves y la propia ciudad parece sepultada bajo pilas monstruosas de escoria” (Strong, 1977,67). Sin embargo, en Ashio, a diferencia de Butte, había miles de campesinos corriente abajo1. Fukurawa había comprado la mina de Ashio en 1877. En 1888 firmó un acuerdo para proporcionar a un sindicato de empresas francés 19000 toneladas de cobre en un período de dos años y medio. Tres mil mineros trabajaban entonces en la mina Ashio, número que incrementó hasta quince mil. El contrato con el sindicato francés fue firmado por parte francesa, por el gerente de Jardine Matheson, una firma fundada por Sir James Matheson, tío de Hugh Matheson, fundador de la Compañía de Río Tinto (Stong, 1977:67). Fukurawa aplazó la toma de decisiones sobre medidas antipolución durante décadas, beneficiándose de la novedad y falta de certidumbre sobre la contaminación química que estaba causando y beneficiándose tambien de los muy estrechos vínculos entre gobierno y empresas privadas en el Japón. En lo que hoy llamariamos lenguaje del análisis costo-beneficio, la empresa argumentaba que los beneficios derivados de la actividad minera podían potencialmente compensar los daños ocasionados: “Si se supone que los residuos del cobre son responsables del daño a las tierras agrícolas en el área del Watarase, sin embargo los beneficios por la explotación minera de Ashio exceden el volumen de pérdidas sufridas en las áreas afectadas. El daño puede en cualquier caso ser reparado con formas de compensación” (artículo 1
Butte ha sido conocida como “la más rico cerro de la tierra” según la tradición y la historia local de Montana, un honor que probablemente pertenece mas bien al Cerro Rico de Potosí. Butte recientemente tambien “ha obtenido la muy dudosa distinción de ser el mayor sitio por limpiar en cumplimiento de la legislación del “Superfund” según la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (Finn, 1998, 250, 8). Butte fue propiedad de la Compañía Anaconda, que la compró a Guggenheim junto a la mina Chuquicamata en Chile, posiblemente la mayor mina de cobre en el mundo. No “Superfund” para Chuquicamata,.... o para Potosi.
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en el Tokyo Nichi Nichi Shinbun, 10 Febrero, 1892, en Strong, 1977:74). Hoy en día, decimos que una situación es mejor que otra, según el criterio de Pareto, cuando alguien mejora y nadie empeora. Decimos que una situación es mejor que otra, según el criterio de Kaldor-Hicks, cuando los que mejoran pueden compensar a los que pierden, y hay todavía alguna ganancia neta. Tanaka Shozo (1841-1913), hijo de un dirigente comunitario campesino en el área contaminada, no podía haber sabido nada acerca del análisis costobeneficio. Él fue en los años 1890 miembro de la Dieta en Tokio, famoso por sus fervorosos discursos. Era un hombre con profundas convicciones religiosas, una figura paterna retrospectiva del movimiento ecologista japonés que nació por tanto, no como movimiento en defensa de la conservación de la vida silvestre sino como movimiento de justicia ambiental procampesino (y también como movimiento de manejo ecológico urbano y forestal, Tamanoi et al. 1984). Ese ecologismo tuvo que combatir desde el principio contra un contexto nacional de industrialismo y militarismo. Ashio no fue el único caso en el Japón de conflicto ecológico relacionado con la minería de cobre. Así, cuando la empresa Nikko construyó su fundición de cobre en la península Saganoseki (en la Prefectura Oita) en 1917, los agricultores locales se opusieron enérgicamente. Temían que los humos ácidos procedentes de la refinería, arruinaran las moreras, de cuya producción y su industria asociada dependían. Ignorándolos, las autoridades locales permitieron la refinería. Los agricultores se sintieron traicionados. Los campesinos acudieron en tropel a la ciudad y cortaron los pilares de la casa del jefe de la ciudad, una forma de protesta (uchikowashi) heredada de la era Tokugawa... La policía reprimió brutalmente la protesta, golpeando y arrestando a 100 participantes. Nikko construyó la fábrica, que está operativa hasta hoy (Broadbent, 1998:138). Estos dos conflictos de la minería de cobre acaecieron en el interior de Japón. Hoy, Japón es un gran importador de cobre por medio de activas compañías transnacionales. A finales de la década de 1990, en la región de Intag (Cotocachi, provincia de Imbabura) en el norte de Ecuador, Mitsubishi fue derrotada por una organización local no gubernamental en sus planes para iniciar actividades de extracción de cobre. Esta organización no gubernamental, Decoin, recibió ayuda de grupos ecuatorianos e internacionales. Conozco este ejemplo de primera mano, por mi relación con Acción Ecológica (Quito) que prestó ayuda a Decoin. La idea era reubicar a cien familias para dejar vía libre a la actividad minera a cielo abierto, trayendo miles de mineros para extraer las grandes reservas de cobre existentes. Esta es una zona de gran belleza y fragilidad, de bosques nublados y de agricultura, con una población mestiza. Río Tinto Zinc ya había mostrado interés en esa mina, pero sus incursiones previas en Ecuador (tanto en la zona de Salinas en Bolívar, como en Molleturo en Azuay) no tuvieron éxito. Una empresa subsidiaria de Mitsubishi, Bishi Metales, comenzó a principios de la década de 1990 sus trabajos preliminares en Intag. Tras muchas reuniones con autoridades locales, el 12 de mayo de 1997 una amplia asamblea local resolvió actuar de forma directa. Los bienes de la compañía fueron inventariados y removidos del área (y después devueltos a la compañía), y el equipo que no podía trasladarse fue quemado sin causar daños a personas. El gobierno reaccionó enviando este caso a la cortes de
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justicia, considerándolo acto terrorista (caso raro en Ecuador) y actuando contra dos lideres de las comunidades y un líder de Decoin, pero el caso fue rechazado por la justicia un año después. Los intentos de atraer a la actividad minera a Codelco (la compañía chilena nacional de cobre) fueron también rechazados cuando Acción Ecológica de Quito envió una activista, Ivonne Ramos, a Santiago de Chile para denunciar estas actividades, manifestándose junto a ecologistas chilenos con motivo de la visita estatal del presidente de Ecuador, y ésta fue arrestada. La publicidad convenció a Codelco de dejar el proyecto. Acción Ecológica también organizó un viaje a zonas de minas de cobre en Perú, como Cerro de Pasco, la Oroya e Ilo, con una maestra y otras mujeres pertenecientes a las comunidades de Intag. Las mujeres hicieron sus propias entrevistas y volvieron a Intag cargadas de tristes canciones mineras convertidas en inmediatos hits en Intag-. Estas triunfantes mujeres locales rechazan hasta hoy en día que ellas sean ecologistas o ambientalistas, o, Dios lo remedie, ecofeministas 2. Hay una o dos buenas razones para ver la historia minera e industrial con ojos románticos. Los románticos percibieron los horrores sociales y estéticos de la industrialización, tenían buen olfato para los humos de los dark Satanic mills, para la contaminación industrial y química. Fue en la soleada y rural Andalucía en los años 1880, noventa años antes de que las palabras medio ambiente y ecología fueran moneda de uso corriente en la política, que acaeció el primer gran conflicto ecológico asociado al nombre de Río Tinto (Amery, 1974; Ferrero, 1994). Las viejas minas reales de Río Tinto fueron compradas en 1873 por intereses germanos y británicos, bajo Hugh Matheson, primer presidente de la Compañía de Río Tinto. Se construyó un nuevo ferrocarril al puerto de Huelva de forma inmediata, bondadosamente puesto también al servicio de los pasajeros locales (no circulaba los días de fiestas locales y el día del cumpleaños de la Reina Victoria)..Una gran operación minera fue puesta en funcionamiento. Ochenta años después, en 1954, las minas fueron vendidas de nuevo a propietarios españoles, la original Compañía Río Tinto mantuvo el control sobre un tercio de los intereses. Esta compañía británica Río Tinto (rebautizada Río Tinto Zinc) se convirtió en una gran compañía minera mundial y en un gigante de la contaminación (Moody, 1991). Su nombre, sus orígenes, sus archivos en Londres, todo apunta hacia Andalucía, donde el ejército masacró el 4 de febrero de 1888 a campesinos y mineros. Esa matanza fue la culminación de años de protesta contra la contaminación por dióxido de azufre. Los historiadores todavía debaten sobre el número de muertes causadas por el Regimiento de Pavía al abrir fuego contra una manifestación en la plaza del pueblo de Río Tinto: La empresa decidió que era mejor restar importancia al problema que aplicar esfuerzos a descubrir el número de bajas, aunque la tradición de Río Tinto cifró el número total de muerto entre cien y doscientos (Amery, 1974: 207; Ferrero, 1993: 83). Los historiadores también debaten si ese conflicto minero puede representarse como conflicto ecológico. ¿Protestaban los obreros contra el hecho que la excesiva contaminación les impedía trabajar algunos días (días de manta) y por lo tanto de obtener el salario completo esos días, o se quejaban también de la contaminación en sí, como causante de daños a su salud y la de sus familias? En Río Tinto, no así 2
Acción Ecológica y Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, A los mineros: ni un paso atrás en Junin-Intag, Quito, 1999 (Sobre los huaynos mineros, p. 66).
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en Ashio, hubo un frente común entre mineros y campesinos. La compañía estaba extrayendo una gran cantidad de piritas de cobre, empleando decenas de miles de mineros. La idea era vender el cobre para exportación, y también como subproducto el azufre de las piritas (usado para producir fertilizantes). El volumen de mineral era tan grande que, para obtener el cobre rápidamente, una parte importante del azufre no era recuperado y era evacuado al aire en forma de dióxido de azufre cuando se calcinaba el mineral en teleras, en un proceso previo a la fundición. Esos humos sulfurosos procedentes de la calcinación fueron la mayor causa de descontento. Producían un ambiente en el que todos sufrían, la capa de humo destruía la vegetación y producía constante oscuridad y suciedad” (Amery, 1974: 192). Grandes y pequeños agricultores, aunque la compañía les pagaba compensaciones monetarias, convencieron a algunos de los concejos de los pueblos cercanos de la necesidad de prohibir la calcinación a cielo abierto en sus términos municipales. La compañía estaba interesada en mantener favorables a su causa a algunos de los miembros de los ayuntamientos locales. Intrigó de forma exitosa (incluso miembros del Parlamento español fueron sobornados) para segregar Río Tinto como territorio municipal por sí mismo (hasta entonces era parte del término de Zalamea), con el razonable argumento de que la población en el área minera se había incrementado mucho. El 4 de Febrero de 1888, las causas inmediatas de la huelga fueron las quejan contra el impago del salario íntegro en los días de manta, la demanda por la abolición del trabajo a destajo y el fin de la reducción de una peseta semanal del sueldo para cubrir gastos médicos. Maximiliano Tornet, líder sindical minero, un anarquista que había sido deportado desde Cuba de vuelta a España algunos años antes, había establecido una alianza de los mineros con campesinos (y también propietarios de tierras y políticos locales que habían constituido la Liga AntiHumos de Huelva). Cuando el ejército llegó a la plaza, ésta estaba llena de mineros en huelga y de campesinos con sus familias procedentes de toda la región dañada por dióxido de azufre. En el Ayuntamiento de Río Tinto se estaba discutiendo que las teleras a cielo abierto fueran prohibidas por decreto municipal no sólo en los pueblos cercanos sino en en el propio municipio de Río Tinto. En términos del lenguaje del manejo de conflictos ambientales, los stakeholders locales (líderes sindicales mineros, políticos locales, campesinos y propietarios rurales) no consiguieron una resolución exitosa del conflicto, y muchos menos del problema. Si las autoridades municipales hubieran anunciado públicamente un decreto contra las teleras al aire libre, la tensión en la plaza se hubiera reducido y la huelga se hubiera disuelto, pero otros stakeholders, la Compañía Río Tinto y el gobernador civil de la provincia, se pusieron de acuerdo para traer tropas por tren a Río Tinto. No se sabe con certeza quién fue el primero en disparar o quién gritó “fuego” primero, quizá un ciudadano desde la ventana (Amery, 1974:205) pero los soldados entendieron el grito como una orden para disparar contra la muchedumbre. No hubo un procedimiento judicial ni en España ni en Inglaterra. La representación de este episodio en términos ecológicos se tornó muy apropiado cien años después, cuando en la villa de Nerva, exactamente en el mismo lugar, se inició un conflicto en los 1990 contra las autoridades regionales por la instalación de un gran vertedero de residuos (en una mina en desuso), apelando ecologistas y miembros de los ayuntamientos locales a la memoria
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viva del “año de los tiros” de 1888 (García Rey, 1997), cincuenta años antes de la Guerra Civil de 1936-39, cuando los mineros de Río Tinto fueron masacrados de nuevo, esta vez no por razones ecológicas. Mientras tanto, quienes son escépticos respecto de la tesis del ambientalismo popular apuntan que, en 1888, los trabajadores estaban más preocupados por los salarios que por la contaminación, y que los campesinos y labradores fueron manipulados por políticos locales que querían obtener más dinero de la Compañía de Río Tinto o que tenían sus propios desacuerdos con otros políticos en el tratamiento dado a la poderosa compañía británica. Aunque se obtienen suministros de cobre a través de reciclaje, y aunque algunos nuevos materiales pueden sustituir al cobre, el hecho es que la frontera de las minas de cobre se extiende hoy a nuevos territorios. La economía mundial no se “desmaterializa”, todo lo contrario, requiere cada vez más energía y materiales, incluso cobre que parecería un metal ya obsoleto. Así, en Papua Occidental (Irian Jaya) que está (aún) bajo la soberanía de Indonesia, las múltiples quejas contra Freeport McMoRan (también Rio Tinto Zinc tiene participación en esta mina) condujeron sin éxito a un intento de juicio ante la corte de Nueva Orleans en abril de 1996 iniciado por Tom Beanal y miembros de la tribu Amungme. Grandes cantidades de relaves y escorias han sido vertidos a los ríos de esta región con daños ambientales y terribles abusos contra los derechos humanos, con muchos asesinatos a cargo de los militares y policías indonesios en la época de Suharto. Esta es la mayor mina de oro del mundo y la tercera mayor mina de cobre. La contaminación de las aguas ha sido la mayor queja. ¿Qué postura adoptan los nuevos gobiernos indonesios, nigerianos y sudafricanos en conflictos similares? ¿Reclamarán el pago de deuda ecológica por Freeport McMoRan, por Shell, y otras empresas a través de acciones judiciales, réplicas internacionales de un caso “Superfund” en los Estados Unidos? Los intentos de obtener indemnizaciones por externalidades internacionales causadas por compañías transnacionales en países distintos a su domicilio legal dan elementos para el cálculo de los pasivos ambientales o deudas ecológicas que el Norte le adeuda al Sur. La ecología de Papua Occidental es particularmente sensible, y la escala de las operaciones de Freeport McMoRan es enorme. Esta empresa está construyendo con Mitsubushi una gran factoría en Gresik para exportar cobre a Japón. Freeport también posee en Huelva la firma Atlantic Copper que es la sucesora de la española Río Tinto con operaciones de fundición y refinado formada después de 1954. Es como una gran familia (Bryce, 1996). Las teleras desaparecieron de Huelva diez años después de la masacre y con nuevas tecnologías las exportaciones de cobre de Río Tinto mantuvieron después un ritmo ascendente. En Japón, tras con los conflictos ambientales bien conocidos, a finales de la década de los 60 y a principios de los 70 hubo un “milagro de descontaminación” en relación al dióxido de azufre y al mercurio (que había provocado los llamativos casos de Minamata y Nigata en la década de 1950). En cambio, otros problemas ambientales persisten. Una visión social-construccionista de la Naturaleza es útil para entender los flujos y reflujos de las protestas medioambientales, el vaivén del interés público de
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unos a otros factores, el activismo japonés respecto al dióxido de azufre y las sospechas francesas respecto a los cultivos transgénicos, y la atmósfera pronuclear en ambos países por lo menos hasta 1999. Ahora bien, el enfrentamiento entre economía y medio ambiente es de carácter sistémico, no puede ser permanentemente silenciado con las esperanzas socialmente construidas de una desmaterialización angelical de la economía. De ahí el nacimiento de la Ecología Política como estudio de la persistencia y el incremento de los conflictos ecológicos distributivos. Manglares: una tragedia de apropiación de bienes públicos (enclosures) Existe una resistencia contra el cultivo comercial de camarones para la exportación en zonas costeras de Ecuador, Honduras, Sri Lanka, Indonesia, India, Tailandia, Filipinas, Malasia y otros países donde los sectores pobres obtienen su subsistencia en o cerca de los manglares recolectando y comiendo o vendiendo conchas y cangrejos, pescando, usando la madera como combustible o como material de construcción. Los manglares están en tierras públicas en la zona de marea, pero los gobiernos otorgan concesiones para la cría industrial de camarones, o la tierra es ilegalmente apropiada por los cultivadores de camarones. La ilegalidad prevalece por dos razones: el carácter público de la tierra de los manglares y además las leyes ambientales que protegen a los manglares como ecosistemas de alto valor. La producción de camarones supone la eliminación de los manglares y la pérdida de la subsistencia para la gente que vive en la zona, que viven de y venden los recursos de los manglares. Una mujer, en los manglares ecuatorianos o del Pacífico colombiano recoge al día cien o doscientas conchas. Ella y su familia consumen algunas como alimento rico en proteínas, y venden la mayor parte. Cien conchas tienen un precio inferior a un dólar. Al desaparecer el manglar, aparte de la subsistencia humana, otras funciones tales como la defensa de la costa (contra tormentas y el aumento del nivel del mar), zona de cría para el pescado, sumidero de carbono, depósitos de biodiversidad (recursos genéticos resistentes a la salinidad) desaparecen también, de forma irreversible, junto a valores estéticos. En la lucha contra el cultivo de camarones, la gente ha acudido, cuando las circunstancias lo han permitido, a destruir las piscinas camaroneras, replantando las plantas de rhizofora como un gesto simbólico que pone de relieve el deseo de reconstruir los manglares destruidos. Greenpeace participó en una acción conjunta en julio de 1998 con Fundecol (un grupo local de unas trescientas personas en Muisne, Ecuador). Esta acción consistió en destruir al amanecer un estanque ilegal con camarones cultivados (abriendo un agujero en uno de los muros, dejando fluir el agua) y en replantar simbólicamente las plántulas de manglar. La presencia de la animada tripulación del Rainbow Warrior aportó el necesario aliento a los grupos locales, pero tanto la destrucción del citado estanque ilegal, como la replantación, fueron ideas ya propuestas por Fundecol en años previos. Las organizaciones no gubernamentales proporcionaron un explícito sentido ecológico a estos conflictos sociales por la subsistencia, conectando a los grupos locales con las redes internacionales (tales como la International Shrimp Action Network, IsaNet).
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En Ecuador hubo un rumor a principios de 1999 que las piscinas construidas en manglares destruidos obtendrían reconocimiento legal previo pago de unos derechos que ascendían a 1000 dólares por hectárea. Esta decisión legalizaría 60.000 has de piscinas construidas con posterioridad a 1994 convirtiéndolas en concesiones por 99 años (según el art. 12 de la Ley para la Racionalización de las Finanzas Públicas). Greenpeace, en su campaña contra el cultivo de camarones, envió una carta al Presidente de Ecuador, argumentando en términos de la subsistencia de la población local, y también en términos del valor económico y ecológico de los manglares. “Estamos enterados de la investigación económica sobre los ecosistemas de manglares de Ecuador – escribía el 18 de marzo de 1999, Michael Hagler, director de acciones pesqueras y oceánicas de Greenpeace y miembro del comité directivo de IsaNet- que ha valorado los diversos bienes y servicios proporcionados por dichos ecosistemas a la economía anualmente en 13000 dólares USA por hectárea... No vemos la justificación económica de sacrificar decenas de miles de millones de dólares de beneficios económicos a largo plazo para obtener unas ganancias en el período de 99 años de un único pago de 60 millones de dólares”. Greenpeace advirtió al presidente de otros peligros: nuevas plagas (como en la actualidad ocurrió con la mancha blanca después de 1999), y “el potencial de una mayor conciencia ecológica de los consumidores en reacción contra el cultivo de camarones”. Una política alternativa estaría basada en la preservación y restauración de los ecosistemas y el aliento al desarrollo y sustentabilidad de las comunidades de la costa. Esta postura era respaldada también por las estimaciones de Odum y Arding en 1991 sobre la enorme “emergía” (energía incorporada) dilapidada cuando los manglares eran destruidos y los cam arones exportados. Tales análisis eran corroborados por otros estudios en América Latina y Asia. De ahí, la orden de la Corte Suprema de la India en 1996 de prohibir la acuicultura industrial en la costa del país. La Corte había aceptado las evidencias que demostraban que los costos del mal al medio ambiente y a las comunidades de la costa excedía el valor de todos los beneficios de la industria de los camarones, incluyendo los ingresos por las exportaciones. De este modo, las críticas de los economistas ecológicos al cultivo de camarones fue la base que sustentó las acciones de la población en defensa de los manglares. Una semana antes, Fundecol había distribuido en un mensaje a las redes internacionales ecologistas la siguiente llamada procedente de una mujer contra lo que se podría representar en EEUU como “racismo ambiental: “Siempre hemos estado dispuestas a todo, pero ahora más que nunca, nos quieren humillar porque somos negros, porque somos pobres, pero uno no elige ser de la raza de la que es, ni estar enferma. Pero yo estoy orgullosa de mi raza y de ser conchera porque es mi raza la que me da fuerza para pelear por defender lo que mis padres fueron y por lo que mis hijos han de heredar; orgullosa de ser conchera porque nunca le he robado a nadie, ni le he quitado a nadie el pan de la boca para llenar mi hambre, porque nunca me he arrastrado ante nadie por dinero y he vivido con la frente en alto. Ahora estamos defendiendo algo que es nuestro, nuestro ecosistema, no porque seamos ecologistas de profesión sino porque necesitamos seguir vivos, porque si el manglar desaparece, desaparece un pueblo, desapareceremos nosotros mismos, ya no seremos parte de la historia de Muisne, ya no estaremos más y
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eso no queremos entender… no sé que pasará con nosotros si se acaba el manglar, comeremos desperdicios de algún suburbio de Esmeraldas o de Guayaquil, seremos prostitutas, no sé que pasaría con nosotros si se acaba el manglar… lo que sí sé es que yo aquí me muero defendiendo mi manglar, aunque se caiga todo, mi manglar seguirá en pie y mis hijos junto a mí y yo lucharé por darles una mejor vida de la que yo he tenido… Pensamos, si ahora que los camaroneros no son dueños de las zonas donde están asentados impiden el paso a las concheras, a los carboneros, no dejan pasar por los esteros, nos insultan, nos hechan bala, qué pasará si el gobierno les entrega estas tierras, han de poner unos letros grandotes de ‘PROPIEDAD PRIVADA’ y hasta nos han de matar con la bendición del Presidente” 3. La amenazas de muerte deben ser entendidas literalmente. En Honduras, la conservación de los manglares ha supuesto en alto precio en vidas humanas – a pesar de la actividad de la ONG Codefagolf, liderada por Jorge Varela, que recibió el Premio Goldman en 1999-. En Filipinas, Broad and Cavanagh (1993, 114-5) informan que: “Eliodoro “Ely” de la Rosa, un hombre de 43 años y padre de 5 hijos, había sido pescador y líder del grupo de pescadores LAMBAT... Ely estaba profundamente convencido que la Bahía de Manila se estaba muriendo, que no habría pescado para sus hijos y sus nietos. Hablaba de los esfuerzos de su organización para detener la destrucción de los manglares de la costa. Hablaba de forma elocuente de los peligros de la expansión de los estanques de camarones y de la necesidad de hacer frente a los propietarios de los mismos y a otros destructores de los manglares, y hablaba de su programa de replantación de manglares. Por su visión y su capacidad para empujar a otros a actuar contra los impedimentos a sus proyectos, fue asesinado” (el 22 de enero de 1990). En la costa del Pacífico de Colombia, los manglares han estado bastante preservados hasta hoy día. Cerca de la frontera de Ecuador, en Tumaco, la extracción sustentable de conchas es parte de la economía diaria para algunos cientos de mujeres. A ambos lados de la frontera, la defensa de estos manglares se conecta con el nuevo movimiento afro-americano (Grueso, Rosero y Escobar, 1997). En Tumaco, una cooperativa local realiza un cultivo de camarones a pequeña escala. Los líderes locales en Tumaco transmiten una doctrina de uso sustentable de los manglares, y de resistencia contra los industriales camaroneros. Así en una entrevista, José Joaquín Castro, cabeza visible de Asocarlet (asociación de productores de carbón, que atiende la necesidad de consumo local), realizaba una descripción del conflicto emergente en los siguientes términos: “El manglar es parte de nuestra cultura, como usted ve. Desde que vinieron los primeros esclavos, traídos de la finca para acá, lo que encontraron como alternativa, fue este amplio bosque de manglar y hasta hoy que estamos en pleno siglo XX para el siglo XXI todavía el mangle subsiste. A pesar del desarrollo la prioridad es el mangle para el hombre del Pacífico, como medio de subsistencia, como medio de protección; de ahí conseguimos el sustento, hasta sacar el carbón para cocinar los alimentos, para poder comer, para construir nuestras viviendas, el 80% se hace con madera de mangle. Por eso el mangle es el símbolo del hombre del Pacífico. Porque el negro tala el mangle para conseguir sus viviendas, ocupa el mangle que le da pulpa, el que sirve, el mangle juvenil no es talado. Uno corta en esta zona hoy, y dentro de un año vuelve, y hay material para volver a 3
Mensaje de [email protected], 11 de marzo de 1999.
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cortar. Si tenemos mangle tenemos pescado, si tenemos mangle tenemos camarón, si tenemos mangle tenemos cangrejo. Pero las grandes camaroneras del sector industrial comenzaron a invadir nuestras tierras sin contar con el negro, sin contar con que este sitio es del carbonero, de las concheras, de los pescadores. Ellos (los camaricultores) sobrevolaban la zona que les interesaba, venían y hacían sus levantamientos topográficos; pedían sus concesiones por mil, cinco mil hectáreas de tierra y lo talaban de raíz, entonces no daba pie para que ese mangle se volviera a reproducir; es una tala indiscriminada. No sabían que detrás de esa faja de manglar hay una cantidad de familias que derivan su sustento: y de una forma despiadada iban desplazando al carbonero y al pescador; hasta tal punto que cuando ellos llegaban, les daban una determinada área y ya ponían letreros y nosotros no podíamos saltar a cortar el palo como tradicionalmente habíamos hecho… todo lo que decía era ‘propiedad privada’, imagínese el desconcierto”4. No hay espacio en este artículo para traer otros ejemplos del mismo conflicto en otros países de todo el Trópico, con culturas muy diferentes. Conduzcamos ahora la discusión hacia la valoración. Una decisión sobre la conservación de los manglares podría ser tomada tratando de aplicar la lógica del análisis costobeneficio, como en el siguiente ejemplo, en el que los números son imaginarios y la lógica es reduccionista. Las extenalidades son internalizadas en el sistema de precios, y sólo un tipo de valor es tenido en cuenta. Cuadro 1. Cultivos de Camarones vs. Manglares. Aproximación CostesBeneficios Costes Beneficios Valor Añadido (salarios 60 unidades monetarias más beneficios) durante el tiempo de vida de la piscina, descontado a valor presente Pérdida de Paisaje (para 20 unidades monetarias siempre o hasta replantación), también descontada a valor presente Pérdida de función 15 unidades monetarias defensa de costa (costo de restauración con construcción de dique) Pérdida de Subsistencia 15 unidades monetarias (traducida en valor monetario), descontada a valor presente Pérdida de valores 10 unidades monetarias culturales (medidos por disposición a aceptar 4
Entrevista realizada por Martha Luz Machado, recogida en Patricia Falla, Estado Actual y tendencias del manejo del ecosistema manglar por comunidades del Pacífico Colombiano, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Barcelona, 2000
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compensación monetaria) No menos reduccionista sería defender los manglares sólo en términos de “emergía” (energía incorporada). Alguna gente quiere preservar los manglares porque ven su enorme belleza. Otra gente (o la misma gente) quiere preservar los manglares porque viven de ellos, y/o porque entienden su papel como defensa de la costa y como zona de cría de peces, crustáceos y moluscos. Otros (o la misma gente) apelan al sentido de identidad cultural y a los manglares como territorio sobre el cual hay derechos comunitarios. Los economistas ambientales pueden insistir en que un análisis costo-beneficio con todas las externalidades incluidas, y con una baja tasa de descuento, mostrará que los manglares deben ser preservados. Pero con una tasa de descuento mayor, eso no será así. Otros grupos prefieren un análisis multicriterial como en el siguiente ejemplo.
Cuadro 2. Cultivo de Camarones versus Manglares. Análisis Multicriterial Alternativas Criterios Producc. Segurida Valor Análisis Defensa Valor Biomasa d Cultural CostoCostas como Aliment. Beneficio Paisaje en dinero Mantener Manglares Cultivar Camarones Otras alternativas (pequeñas cooperativa s) De esta manera, cada alternativa es valorada (en valores cuantitativos o cualitativos) en todos los aspectos o criterios. Tal vez una alternativa es mejor que las demás en todos los criterios, y entonces la decisión es fácil. A mi juicio, uno puede incluir no sólo un análisis financiero sino un análisis costo-beneficio amplio (con valor monetario de las externalidades ambientales) como uno de los criterios sin que eso implique doble contabilidad porque los otros criterios serían también valuados en sus propias escalas físicas o sociales. Hay varios métodos multi-criterio formalizados que pueden ser elegidos para alcanzar unas u otras soluciones de “compromiso” una vez completada una tal matriz (Munda, 1995). Lo más importante es que la matriz permite estructurar y explicitar los conflictos sobre intereses y valores. (Para una discusión más detallada de la incommensurabilidad de valores, Martinez-Alier, Munda y O’Neill,1998). La Biopirateria Internacional versus el Valor del Conocimiento Local.
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La palabra “biopiratería” fue inventada por Pat Mooneay del RAFI (Rural Advancement Foundation International) en 1993, ha sido popularizada por Vandana Shiva y otros autores. Me encantaría haberla inventado yo mismo. En junio de 1999 yo estaba dando una conferencia en Loja (el jardín botánico de América, en frase de Humboldt), un lugar donde la vida transcurre despacio y no abundan las diversiones. En esta zona del sur de Ecuador, algunos ecologistas se acercan al parque Podocarpus, algunos post-hippies circulan por el valle de Vilcabamba donde la gente vive muchos años. Existe un debate local, relevante para nuestra discusión, de si la longevidad se debe a la calidad del agua o es de origen genético. La conferencia estaba bien anunciada y la audiencia fue numerosa y estaba algo soñolienta pero de repente se despertó y empezó a aplaudir cuando mencioné un episodio de la historia andina que suelo mencionar con demasiada frecuencia. En 1638 la Condesa de Chinchón, esposa del virrey, se repuso de unas fiebres usando la corteza de un árbol enviada desde Loja a Lima por el corregidor local que había adquirido este conocimiento de indígenas cuyos nombres se han olvidado. El virrey era el conde de Chinchón, nombre éste de un poblado cercano a Madrid y famoso hoy en día por su producción de anís. Loja está ahora situada en el Ecuador, pero Lima era entonces la capital del territorio del virreinato, y ahora es la capital de Perú, ambos países se han visto envueltos recientemente en un conflicto absurdo sobre los límites fronterizos. El árbol de la quina aparece en el escudo de armas de la República de Perú porque su corteza era un importante producto para la exportación en 1820 y después, continuó siendo usado contra la malaria en todo el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Al árbol se le dio el nombre de chinchona officinalis. Así, la chinchona (mal escrita como “cinchona”) no fue bautizada con el nombre de los expertos indígenas que conocían sus propiedades sino con el nombre de una ilustre paciente. Estuvo sometida a un intenso proceso de explotación en el área de Loja, y la Corona Española intentó hasta el momento de la independencia mantener el monopolio sobre las exportaciones. Este árbol era conocido popularmente como cascarilla, denominación derivada del uso de su corteza. Con posterioridad, esta y otras especies parecidas fueron extraidas intensivamente en zonas de Bolivia, Perú y Colombia en altitudes medias. Todavía más tarde, hubo plantaciones en las Indias Orientales (como ocurrió con el caucho), y después de 1940, el principio activo sintetizado se usó en preparados farmacéuticos contra la malaria. Es éste un caso en que la materia prima fue explotada, con escaso beneficio para los grupos locales a causa del modelo colonial y postcolonial de comercio, y también el conocimiento fue utilizado a precio cero y sin ningún tipo de reconocimiento. Ahí en Loja, conocen esta historia! Este tipo de conflicto no es nuevo pero sólo recientemente ha sido identificado y representado como “biopiratería”. También en Ecuador, en el verano de 1998 se supo que los Laboratorios Abbot, cerca de Chicago, habían patentado el principio activo de la epibatidina, con vistas a desarrollar un analgésico más efectivo que la morfina. El anuncio público realizado por Acción Ecológica de esa nueva patente llevaba como título Los sapos se llevan a las ranas. Esto fue un pequeño escándalo en Ecuador. La epibatidina es similar a las secreciones de las ranas Epipedobates Tricolor que se encuentran en Ecuador y Perú, y el interés en este producto proviene de efectos fisiológicos bien conocidos a nivel
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local. Los compuestos químicos de las secreciones de la rana fueron aislados por John Daly, un científico del National Institute of Health de Estados Unidos, y esa información ha sido usada por los citados laboratorios Abbot. Para poder aislar el principio activo, se obtuvieron y exportaron gran cantidad de ranas desde Ecuador en los años 1970, aparentemente sin permiso. Esto ocurrió antes de estar operativa la Convención para la Biodiversidad de Río de Janeiro en 1992, convención que en cualquier caso no ha sido ratificada por Estados Unidos. Esta Convención otorga a los Estados soberanía sobre los recursos genéticos en sus propios territorios debiendo establecer reglas internas que permitan el acceso comercial a dichos recursos y que atribuyan derechos de propiedad concretos sobre los mismos (derechos del Estado, o de las comunidades indígenas o de propietarios privados). Esta Convención exige una distribución adecuada de los beneficios entre todas las empresas exteriores y los países anfitriones (o los propietarios de los recursos genéticos si no son los Estados), reconociendo también la importancia del conocimiento indígena y haciéndose necesario obtener el consentimiento previo de las partes interesadas antes de extraer el recurso genético. La Convención para la Biodiversidad arranca de un doble movimiento de pinzas: el malestar histórico del sur por la vieja práctica de biopiratería y el deseo del norte de regular el acceso por el mercado a los recursos genéticos, usando el pago como incentivo para la conservación, y como prueba de legalidad de la adquisición del recurso en disputas entre compañías por la patentes. Un número creciente de países (Filipinas, los Países del Pacto Andino –Decisión 391 de 1996 que se aplica a Ecuador-, India, Brasil,...) han promulgado las regulaciones previstas por la Convención o van a hacerlo. En el caso de las ranas de Ecuador, cuyo origen es previo a la Convención de Biodiversidad de 1992, el acuerdo internacional CITES sobre especies en peligro estaba ya activo en los años 1970 cuando las ranas fueron exportadas. No puede haber tráfico internacional de especies protegidas. Las ranas estaban en la lista de CITES5. Como señala Pollack (1999), los Laboratorios Abbot informaron que no le debían nada a Ecuador porque encontraron la información para su nueva patente en un artículo científico sobre la química de las ranas. ¿Pero por qué y dónde se iniciaron las investigaciones sobre las secreciones de la piel de las ranas? Desde la óptica del Sur, éste es otro capítulo más de biopiratería sobre el que es mejor reír que llorar. Desde la óptica de las empresas de Estados Unidos, hay una alarmante tendencia en el Sur hacia imponer restricciones en el acceso a los recursos genéticos, a menos que haya compensación. La burocracia es más molesta que los pagos. “Cuando la mentalidad del mundo era que los recursos naturales eran comunes, entonces había una utilización fértil de los recursos naturales para el descubrimiento de medicinas. La Convención de Río destruyó ésta situación”6. Debido a la tendencia a la restricción del acceso, y debido a la disponibilidad de otras técnicas de investigación tales como la química combinatoria, parece que las empresas están recortando los programas de investigación sobre medicinas naturales. La triste historia de Shaman Pharmaceuticals parece corroborar la ausencia de valor comercial del conocimiento indígena sobre plantas medicinales.
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Acción Ecológica, en Ecología Política (1998), nº 16, 151. W. Fenical, director del Center for Marine Biotechnology and Biomedicine. Universidad de California, San Diego, en Pollack (1999): “Common ownership” se confunde aquí deliberadamente con acceso libre. 6
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Shaman Pharmaceuticals fue fundada en 1989 en San Francisco por Lisa Conte, una graduada de administración de empresas por el Dartmouth College (King et al. 1995, 1996). La firma creció durante un tiempo con promesas sobre patentes de medicinas que se derivarían del conocimiento de recolectores locales en los bosques tropicales. En efecto, el hecho es que, dentro y fuera de las selvas tropicales, gran cantidad de gente en el mundo recurre en parte a las tradiciones de la medicina local, tales como el sistema “ayurvédico” en la India. Shaman puso énfasis en los bosques tropicales. Muy pocas plantas, de las muchas existentes en los trópicos, habían sido investigadas por su uso potencial en farmacología. Había dos posibles aproximaciones. En primer lugar, las grandes firmas abandonarían los productos naturales a favor de técnicas de química combinatoria, o si todavía estaban interesadas en los productos naturales, investigarían enormes colecciones de plantas en programas de exploración en masa. La segunda aproximación, la de Shaman, favorecería programas de recolección orientados a plantas medicinales ya conocidas por grupos indígenas. De ahí el nombre de la compañía. Las plantas no sólo iban a ser inventariadas, sino que había la intención de aislar principios activos y preparar patentes. Por supuesto, muchos componentes químicos importantes, tales como la morfina o la quinina, han sido descubiertos a través de su uso por culturas indígenas. Esto no era nuevo, pero sí era nueva la promesa de una actitud de reciprocidad en los tratos con las comunidades. Ya antes de que la Merck-contratara con InBio de Costa Rica en 1991 (sin implicar a los grupos indígenas); ya antes de la Convención de Biodiversidad de 1992, Shaman Pharmaceuticals estableció que para compensar a los grupos indígenas por su papel en el descubrimiento de nuevas medicinas compartiría con ellos una parte de los beneficios a largo plazo de la comercialización de patentes de cada medicina, compensación que sería entregada a través de una Fundación. La promesa de compensación sería un incentivo para que los grupos indígenas mantuvieran los bosques, o por lo menos realizaran una recolección sustentable de las materias primas (previa a la síntesis química de los principios activos). Ahora bien, todo el mundo sabía que pasaría mucho tiempo entre investigar una planta usada por un shaman local, y obtener una medicina patentada disponible en el mercado salvando los obstáculos de las reglas de la Federal Drug Administration. Quizás, diez años en el mejor de los casos. Por tanto, la reciprocidad a corto o medio plazo era también necesaria. Shaman trató de conseguir medicinas patentadas disponibles en el mercado en 1998, como Provir y Virend (aplicadas al herpes genital, diarrea y otras dolencias), pero no fueron aceptados por la FDA a tiempo para que Shaman pudiera mantener su atractivo de cara a los inversores. Las acciones que habían sido vendidas a 15 dólares a principios de los 1990 cayeron a pocos centavos. Shaman Pharmaceuticals se cayó del Nasdaq. The Economist (20-26 de Febrero de 1999) afirmó gozosamente que, cualesquiera que fueran las deudas por las contribuciones pasadas del conocimiento local, hoy día dicho conocimiento era superfluo para la moderna farmacología. La etnobiología era una disciplina simpática pero poco útil. En 1999, Shaman se convirtió en una compañía de venta de hierbas medicinales y suplementos dietéticos, en un mercado diferente. Existe una compañía de Austin, Texas (raintree.com) que vende sangre de drago a través de internet, este es un mercado totalmente abierto. Shaman podría haber dirigido sus sentimientos conservacionistas
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desde el principio en una dirección diferente, vendiendo productos procedentes de las selvas tropicales: ungurahua, uña de gato, sangre de drago, añadiendo un valor económico en el etiquetado y empaquetado, y revirtiendo parte de los beneficios brutos a los grupos indígenas tanto por la materia prima como por su información. No patentes de medicinas, sino algo menos lucrativo, quizás una cadena de comida rápida amazónica suministrando nueces del Brasil, algunas variedades de yuca, frutas y hamburguesas de tapir y capibara de las reservas de vida silvestre de Fatima propiedad de la OPIP (Organización de Poblaciones Indígenas de Pastaza). La Sangre de drago (como se llama en Ecuador, o sangre de grado como es denominada en Perú) es el látex del croton lechleri, un árbol de la Amazonía. Este látex tiene un principio activo, taspine, descrito en la literatura científica años antes de la fundación de Shaman Pharmaceuticals, que tiene propiedades cicatrizantes. La investigación sobre el taspine se debió al uso local de la sangre de drago, que como cualquier turista puede comprobar, se vende en cualquier lugar de la Amazonía ecuatoriana, es decir, no es un producto shamánico secreto. Se supone que es bueno para múltiples aplicaciones, sus propiedades cicatrizantes son indudables, usándose también como antifungicida. Este es un conocimiento público que no puede ser patentado. Tanto Provir como Virend se derivaron de sangre de drago y si las patentes hubieran resultado viables y se hubieran convertido en caros medicamentos comercializados, sin duda los grupos indígenas del Amazonas (por ejemplo la OPIP) hubieran montado un escándalo, y se hubiera cuestionado el título de Shaman a la patente. La farsa de Shaman Pharmaceuticals sobre la reciprocidad hubiera quedado al descubierto más de lo que ha estado. La inviabilidad comercial de Shaman Pharmaceuticals impidió la llegada de este escándalo. Pues el hecho es que Shaman consiguió de forma gratuita el amplio conocimiento sobre sangre de drago, y nunca devolvió mucho de lo conseguido a Ecuador que era (junto al Perú) el origen de este recurso y, por ende, de sus potenciales beneficios. En Ecuador, en la provincia de Pastaza, Shaman intentó, pero no obtuvo, un acuerdo con la confederación indígena de mayor importancia en el ámbito local para recolectar sangre de drago, e hizo un acuerdo con una comunidad evangélica disidente, Jatun Molino. De una cosa se puede estar seguro y es que a Shaman (constituida por etnobiólogos, químicos universitarios y médicos) le habría gustado hacer las cosas bien pero intentó tomar una vía rápida, quizás empujada por la necesidad de conseguir la tan prometida patente que le permitiera mantener a los inversores en su proyecto. Imaginemos por un momento que InBio de Costa Rica fuera una compañía privada, y que debiera subsistir y crecer atrayendo inversores con la promesa de los beneficios de las patentes de Merck y otras compañías. InBio de Costa Rica ha prosperado no tanto por sus ingresos comerciales sino por el éxito que ha tenido en vender la idea de la bioprospección remunerada, lo que le ha valido donaciones y premios. En el caso de Shaman, no sólo estaban recogiendo plantas sino construyendo una industria química, patentando y haciendo ensayos clínicos, todo eso fue una gran inversión. El salario anual de Lisa Conte era de 300.000 dólares. Las pérdidas de millones de dólares se acumulaban cada año, a la espera del momento de vender las patentes, tras la aprobación de la FDA, a una de las grandes compañías o mediante la venta directa en el mercado de las medicinas
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patentadas. De ahí la falta de paciencia y de diplomacia en el ámbito local. La compensación a corto plazo para Jatún Molino (no hubo ocasión para una compensación a medio plazo) consistió en ampliar la pista de aterrizaje (un poco egoísta, ya que Jatún Molino podía ser alcanzada sólo en dos días por canoa), comprar una vaca para alimento comunal y pagar algunos salarios locales a trabajadores por recolectar sangre de drago. No existió un contrato con la OPIP (aunque en Perú, existió un acuerdo con la COICA, una confederación amazónica transnacional). Esta pobre lista de elementos de compensación fue publicada por la antropóloga Viki Reyes (1996), en un artículo en castellano sobre las actividades de Shaman en Pastaza, ampliamente difundido por GRAIN (Genetic Resources Action International) en una versión reducida en inglés en Seedlings (Marzo, 1996). La exigua compensación ofrecida por Shaman en Jatún Molino, y la ausencia de acuerdo con la OPIP, se difundió en círculos en los que Shaman disponía de buena reputación. RAFI incluyó los productos Provir y Virend de Shaman en su lista de las 20 peores patentes. Otra patente que también se incluyó en esta lista fue la de una variedad cultivada de ayahuasca, otra ilusión amazónica. Ayahuasca (Banisteriopsis caapi) es usada con frecuencia en toda la Amazonía con diferentes nombres. La patente fue revocada en noviembre de 1999 por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. En enero de 2000, los indios wapishana que viven a lo largo de la frontera entre Brasil y Guayana estaban preparándose para iniciar una acción judicial en Europa contra las patentes del químico británico Conrad Gorinsky quien había patentado el principio activo del tipir, un tipo de nuez que procede la planta Ocotea rodiati, usada localmente para detener hemorragias y prevenir infecciones, y que puede actuar como anticonceptivo, y también la planta llamada cunami (Clibadium sylvestre) que se usa para pescar. Existen aproximadamente 16.000 wapishanas y decidieron emprender acciones judiciales después del caso de la ayahuasca. La senadora brasileña Marina Silva (de Acre, una ex monja que había trabajado junto a Chico Mendes) estaba ayudando al Consejo Indígena de Roraima en la parte brasileña, mientras que otras organizaciones ayudaban a los wapichanas de Guyana7. Otro ejemplo de Biopiratería, en este caso con éxito, es el de la compañía Eli Lilly que desarrolló dos medicinas, vincristina y vinblastina, extraídas de una planta de africana llamada en inglés rosy periwinkle. Ningún país africano compartió los beneficios. Otro caso es el de la baya “J´Oublie”, en Africa Occidental, usado como edulcorante ya antes de la llegada francesa a esta zona. Una proteína de esta planta ha sido patentada por científicos de la Universidad de Wisconsin. Si este edulcorante se desarrolla desde la proteína, a través de ingeniería genética, se eliminaría el comercio de la baya (Pollack, 1999). Existen otros ejemplos de patentes en los Estados Unidos en relación con materiales asiáticos ampliamente conocidos por su aplicación a la salud: el turmeric de la India, el melón amargo de China. En relación con la India, existen casos relevantes de intento de patentes extranjeras en los últimos años sobre propiedades de los productos obtenidos del árbol nim (Azadirachta indica) y de variedades de garbanzos y el arroz basmati (por Rice Tec). En cuanto a América Latina, son relevantes las patentes sobre variedades híbridas 7
Revista Istoe, Sao Paulo, 19 Enero 2000 y servidor Bio-IPR de GRAIN.
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de quinua boliviana por científicos de la Universidad de Colorado (Gari, 2000), y una variedad de frijoles amarillos mejicanos por la pequeña compañía de semillas, Pod-Ners, de Estados Unidos. La irritación por la biopiratería ha alcanzado su máximo en aspectos relativos a genes humanos. El gobierno de China en 1998 interrumpió por un tiempo un proyecto, que integraba a científicos de Estados Unidos, que “buscando pistas para la longevidad estudiaban los genes de 10.000 chinos de edad avanzada” (Pollack, 1999). Un caso tras otro; están creando una amplia conciencia sobre el valor de los recursos genéticos, tanto médicos como agrícolas. Pero, ¿se trata de valores potencialmente comerciales? RAFI ha publicado estimaciones del valor económico expropiado por la biopiratería. El conocimiento indígena, si fuera preservado y alentado, quizás tendría un valor creciente dentro y fuera de los mercados en los próximos siglos. Las empresas capitalistas descuentan mucho el futuro por la necesidad de alcanzar pronto un beneficio que sea al menos tan alto como la tasa de interés. Hay cuestiones técnicas sobre como calcular este concepto de deuda ecológica del Norte con el Sur, pero más allá de los cálculos económicos, lo que es nuevo es el sentido de atropello mezclado con un sentimiento de “déja vu”. Los Derechos de los Agricultores y el Eco-Agrarismo. Las variedades campesinas de semillas y el conocimiento campesino han sido expropiados gratuitamente mientras que las semillas comerciales mejoradas están protegidas por regímenes de propiedad intelectual. Ese contraste está reforzando las ideas del valor de la agroecología, la seguridad alimentaria y la coevolución in-situ de los recursos genéticos agrícolas. La visión del Norte ha sido que el futuro incierto de los recursos genéticos agrícolas en bancos genéticos ex situ debe conducir a programas complementarios de conservación in situ. El punto de vista del Sur es o debería ser que la mayor parte de la conservación (y coevolución) de semillas ha sido in situ, y que la conservación ex situ es un complemento útil siempre que no aliente la biopiratería. En los “centros de diversidad agrícola”, como les llamó el genetista ruso Vavilov, aunque no sólo en ellos, ha habido durante miles de años experimentación por campesinos (mujeres y hombres) que han producido miles de variedades adaptadas a las diferentes condiciones. Estas variedades han sido compartidas entre los campesinos de forma gratuita. En la India, como indica Kothari (1997:51), el arroz (Oryza sativa) recolectado de forma silvestre en el pasado más lejano, se ha diversificado en aproximadamente 50.000 variedades como resultado de la combinación de evolución espontánea e influencia del hábitat y la destreza campesina. La biopiratería agrícola es un tema que la FAO trata desde hace veinte años bajo el nombre de “derechos de los cultivadores”. Si una compañía puede toma una semilla de un terreno campesino, añadir un gen y patentar la semilla resultante para obtener un beneficio o mejorar la semilla por métodos tradicionales de cruce y entonces protegerla bajo la norma UPOV, no hay razón para que la semilla original sea gratuita. “La negociación organizada por la FAO, sobre derechos de los agricultores, está considerando si compensar a los agricultores tradicionales por su trabajo en mejorar cultivos y mantener variedades diferentes. Malasia ha propuesto la creación de un fondo internacional de 3.000 millones de dólares pero los Estados Unidos se
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oponen” (Pollack, 1999). Nótese que 3.000 millones de dólares, no como fondo sino como contribución anual, representaría no más de aproximadamente 2 dólares por miembro de las familias campesinas, todavía existentes en el mundo, demasiado poco como incentivo para continuar con su tarea de conservación y coevolución de semillas in situ. 20 dólares podrían empezar a marcar una diferencia, si llegaran a los propios campesinos. ¿Pero, quién quiere campesinos? ¿No sería más propicio para el crecimiento económico eliminar a los campesinos y a sus semillas, reemplazándolas por otras producidas comercialmente? Un insumo productivo, la semilla, abandonaría definitivamente la esfera de la oikonomia para entrar en la crematística. ¿No es mejor incluso prohibir las semillas tradicionales como en los países desarrollados con la excusa de ausencia de garantías sanitarias o de rendimientos? La alarma por la desaparición del sistema de cultivo tradicional va en contra de las doctrinas aceptadas del desarrollo económico. Políticamente, trae a la memoria las ideas de los narodniki, o las lamentaciones europeas por el éxodo rural de hace ochenta años. Esa alarma está estimulada en el Tercer Mundo por la gran distancia social y económica entre las compañías de semillas y los cultivadores y campesinos locales (Kloppenburg, 1988). Existen intentos en la India por diferentes grupos de cultivadores para recuperar la diversidad agrícola (Khotari, 1997). En el Hemval Ghati del Himalaya Garhwal, algunos productores bajo el estandarte del Beej Bachao Andolan (Movimiento para Salvar las Semillas) han viajado a lo largo de la región recolectando semillas de una gran variedad de cultivos. Muchos productores usan variedades de alta productividad con altos requerimientos de insumos para vender la producción en el mercado, junto a otras variedades para consumo de sus familias. El movim iento enfatiza los costos económicos de los insumos, y la implicaciones del uso de productos químicos, e intenta extender algunas variedades tradicionales de arroz, como la thapachini, que se adaptan bien y producen mayor cantidad de alimento. Un aspecto importante en la India es promover no sólo la supervivencia de algunas variedades de los cultivos más importantes (trigo y arroz) sino también mantener vivos otros cultivos destinados a la alimentación que, por suerte, no han sufrido la “Revolución Verde” y la sustitución de semillas –como bajra, ramdana y jowar, y en conjunto las leguminosas-. En el sur del país, en Karnataka, el llamado “satyagraha” de las semillas del Karnataka Rajya Ryoth Sangha, adquirió fama a principios de los 19908. El movimiento KRRS está vivo. El 30 de noviembre de 1999, el día inaugural de la Conferencia de Seattle, varios miles de agricultores se reunieron en Bangalore alrededor de la estatua de Gandhi en el parque, con el lema Quit India dirigido hacia Monsanto, y avisaron al prestigioso Instituto Indio de la Ciencia para que no colaborase en ningún tipo de investigación con Monsanto. La compañía fue invitada a abandonar el país o afrontar una acción directa no violenta en contra de sus actividades e instalaciones. En algunos distritos las semillas de Monsanto han sido destruidas. Algunas propiedades de Cargill fueron destruidas en 1993. Los líderes del KRRS se han implicado en 8
Véase Carta de M.D. Nanjundaswamy, “Farmers and Dunke Draft”, Economic and Political Weekly, 26 Junio 1993, y la correspondencia por email de KRRS. Para una descripción del movimiento KRRS hasta mediados de la década de 1990, véase los capítulos finales de Akhil Gupta (1998).
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los debates de 1998 y 1999 y en acciones contra la Organización Mundial del Comercio por las nuevas regulaciones que refuerzan los derechos de propiedad sobre las semillas comerciales (tanto por el sistema UPOV como por patentes reales). Esas normas de forma injusta siguen sin reconocer las semillas y el conocimiento originales e incluso impiden los regalos a los cultivadores locales o la venta local de las citadas semillas comerciales. También en la India, Navdanya es una amplia red de productores, ecologistas, científicos y personas implicadas en actividades en diferentes lugares del país para recolectar y almacenar variedades de cultivos, evaluando y seleccionando aquellas con mejor resultado, y alentando la recuperación de su uso en los campos (Kothari, 1997, 60-61); ciertamente una estrategia más participativa que el frío almacenamiento ex situ. ¿Qué otro nombre sino “Neo-narodnismo ecológico” pueden recibir tales iniciativas? Sin embargo, la realidad es contradictoria, y los movimientos de agricultores contra Cargill y Monsanto se combinan en la India con los movimientos a favor de fertilizantes industriales subsidiados. ¿Puede un movimiento como el KRRS inspirar movimientos de los campesinos pobres y sin tierra? Desde su base en el Indian Institut of Management en Ahmedabad, Anil Gupta ha desarrollado esfuerzos a ras de tierra (a través del Honey Bee Network) para documentar el conocimiento tradicional que permanece y registra las innovaciones en comunidades locales. La idea es asistir a las comunidades hasta donde se pueda a través de la tradición oral. Los objetivos son múltiples: intercambio de ideas entre comunidades, revitalización del conocimiento local, construcción de un sentimiento de orgullo local alrededor de dicho conocimiento, y protección contra la “piratería” de agentes externos (Kothari, 1995, 105), ya que el previo registro anularía la posible patente. Cómo apunta Anil Gupta de forma reiterada, si alguien va a patentar propiedades del árbol del nim, ¿por qué no hacerlo nosotros mismos, agricultores y científicos de la India? El principal avance de este trabajo, sin embargo, no han sido las patentes de formas de vida sino incrementar el orgullo local en los procesos existentes de conservación y, particularmente, de innovación. Cambiando de continente, ¿cuál es la estrategia que el campesinado Quechua y Aymara (o el campesinado Maya) pondrían en juego, para poder sobrevivir y prosperar contra las fuerzas de la modernización, el desarrollo y el éxodo rural? En las reformas agrarias de los últimos 50 años en los Andes, ellos obtuvieron más tierras que la que tenían con anterioridad, luchando contra la modernización de las haciendas. Los hacendados querían deshacerse de ellos, pero ellos se quedaron e incrementaron sus propiedades. Existen más comunidades establecidas y más tierras de pastoreo comunal en los Andes hoy que hace 30 o 40 años. Esta situación incomoda a los neoliberales. El campesinado no ha decrecido en número, a pesar de la emigración, pero ahora la tasa de natalidad está reduciéndose. ¿Sobrevivirán las comunidades Quechua y Aymara en estas condiciones? Les ayudaría el mejorar los sistemas de comercio para sus productos, si las importaciones de productos agrícolas procedentes de los Estados Unidos se redujeran, si ellos también pudieran obtener subsidios (en forma de pagos por sus derechos de agricultores, o por ejemplo, subsidios por uso de energía solar), y si pudieran ejercer una presión política organizada no sólo como confederaciones indígenas y campesinas sino
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como movimientos nacionalistas, como ocurre en Ecuador y Bolivia y ocurrirá, tal vez, en Perú. Sólo hace cuarenta años, fuerzas y personajes “modernizadores” (tales como Galo Plaza en Ecuador) tenían una idea nacional, promovida desde dentro y también por Estados Unidos, de aculturación de los indios. La reactivación indígena, alentada por conflictos por el acceso a los recursos, ha acaecido en contra de tales intenciones. En 1995, escuché a Nina Pacari, abogada y no agrónoma, vicepresidente del Congreso de Ecuador en 1998-9, y miembro de la CONAIE, principal confederación indígena, explicar en español y quechua, las variedades de diferentes cultivos que conocía a través de su abuela, para ilustrar el concepto de erosión genética ante una amplia conferencia ambiental en Quito. Es sabido que los movimientos indígenas y nacionalistas reviven e incluso inventan tradiciones – la lengua, por supuesto, y si están disponibles todavía, formas específicas de derecho civil o peculiaridades religiosas. En los Andes surge un orgullo agroecológico que facilita una fundación política para un desarrollo alternativo, o como Arturo Escobar señala, para una alternativa al desarrollo. Esto fue lo que los agrónomos de Pratec han estado intentando hacer en Perú, sobre la base del trabajo de agrónomos de provincias como Oscar Blanco que defendió especies cultivadas como la quinua y otros tubérculos (“los cultivos perdidos de los incas”) contra la invasión del trigo subsidiado e importado. Pratec es romántico y extremista pero el tema que pone sobre la mesa es muy práctico y políticamente relevante. Pues, bajo la discusión sobre conservación agrícola in situ, se esconde una cuestión importante, que por ahora está al margen de la agenda política y económica. Mirando a través de unas lentes verdes, ¿ha estado errada la marcha de la agricultura en los últimos 150 años en los países occidentales? ¿Cuál sería el consejo agronómico que se daría no sólo en Perú, México sino en la India y China: deberían preservar a su respectivo campesinado o eliminar a este campesinado por el proceso de modernización, desarrollo y urbanización? ¿Cómo frenar no sólo la erosión genética agrícola sino también la pérdida de especies animales?. La FAO con frecuencia ha indicado que 75% de las variedades agrícolas ya están perdidas in situ (aunque no hay suficiente investigación de base que sustente un análisis cuantitativo tan preciso), y también afirma que el 30% de todas las razas de animales de trabajo o animales comestibles domésticos han desaparecido o están a punto de desaparecer (Financial Times, 15 septiembre 1998) –de ahí el desastre del pollo en Indonesia en 1998, cuando la crisis económica y la devaluación de la rupia provocaron una gran escasez en los mercados por causa de la sustitución, en tiempos mejores, de las razas locales por razas importadas alimentadas con piensos importados. La explicación usual de la desaparición de la población activa agrícola en el proceso de desarrollo económico es que, al incrementarse la productividad por trabajador en la agricultura, la producción no puede crecer al mismo ritmo por la baja elasticidad-ingreso de la demanda de productos agrícolas en su conjunto (aunque no para productos específicos, tales como flores cortadas o, inicialmente carne, leche, frutas compensada por una elasticidad-ingreso negativa de los tubérculos, cereales y leguminosas directamente consumidas por los humanos). Por tanto, la población activa agrícola se reduce no sólo en términos relativos sino también en valores absolutos, y en efecto, éste ha sido el tipo de desarrollo –en Gran Bretaña ya antes de la I Guerra Mundial y en
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España desde los años 60, mientras que en la India no se ha producido. Ahora bien, la productividad no está bien calculada, nada se deduce del valor de la producción a cuenta de contaminación química y erosión genética mientras que los insumos son valorados muy baratos debido a que la energía fósil es demasiado barata y al uso no sustentable de los suelos y sus nutrientes, junto al empleo no sostenible de algunos fertilizantes (tales como el fosfato). ¿Cuáles son los precios ecológicamente correctos? Nadie lo sabe. Lo importante es que la crítica ecológica abre un amplio campo a los argumentos agraristas procampesinos. Los conceptos del ambientalismo global tales como conservación de biodiversidad, las amenazas de los pesticidas y el ahorro energético, se transforman en argumentos de comunidades locales para la mejora de las condiciones de vida y para la supervivencia cultural y económica de los campesinos. Este no es un fenómeno de la postmodernidad, donde, por así decir, el gerente de Monsanto puede tener un sobrino neorrural orgánico muy querido en la familia. Los elogios que la agricultura orgánica merece hoy día los expresan tanto etnoecólogos, como agroecólogos, tanto “neorrurales” como agricultores del sur. Todo eso representa una tendencia mundial hacia una “modernidad alternativa” (como dice Víctor Toledo, 1999), basada en el respeto al conocimiento indígena, en una contabilidad económico-ecológica mejorada y en la evaluación multicriterial de los sistemas agrícolas, en la conciencia de la incertidumbre y la complejidad, y en la fuerza de la razón. La Justicia Ambiental en los Estados Unidos: ¿un movimiento para minorías? En esta sección, nos acercamos a los sistemas urbanos e industriales. “Justicia Ambiental” no es aquí un término tomado de la filosofía o de la ética sino de la sociología ambiental y de las relaciones raciales. Desde mediados de los años 1980 hay un movimiento organizado en Estados Unidos contra el llamado “racismo ambiental”, que significa la incidencia desproporcionada de los residuos tóxicos o la exposición a riesgos ambientales en áreas predominantemente de población afroamericana, hispana o americana nativa. La expresión “justicia ambiental” ha sido usada también en Sudáfrica y se podría extender a todo el mundo. El movimiento de Justicia Ambiental en los Estados Unidos (Bullard, 1990, 1993; Pulido, 1991, 1996; Bryant y Mohai, 1992; Bryant, 1995; Sachs, 1995; Gottlieb, 1993; Szasz, 1994; Schwab, 1994; Westra y Wenz, 1995; Dorsey, 1997; Faber, 1998; DiChiro, 1998; Camacho, 1998; Taylor, 2000) es diferente de las variedades anteriores de movimiento ambiental en ese país, a saber, el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales (el “evangelio de la ecoeficiencia” en la tradición de Gifford Pinchot y el “culto a la naturaleza silvestre”, según las ideas de John Muir). El movimiento de Justicia Ambiental es una consecuencia del movimiento por los Derechos Civiles de la década de 1960 y también del movimiento de los “United Farmworkers” de César Chávez que trabajó de forma conjunta en 1968 con el “Environment Defense Fund” en un matrimonio de conveniencia para la prohibición del DDT en beneficio de las aves y de la salud humana. Algunos colaboradores directos de Martin Luther King estaban entre los 500 arrestados en el episodio inicial del movimiento de Justicia Ambiental cuando el Gobernador Hump decidió instalar un vertedero de residuos PCB en Warren Country, Carolina del Norte, que en 1980 tenía 16.000 habitantes de los que el
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60% eran afroamericanos, muchos de ellos con ingresos por debajo del nivel de pobreza. Bullard, que es un académico y un activista, escribía en 1984: “El movimiento de la Justicia Ambiental ha recorrido un largo camino desde su nacimiento hace una década en el ámbito rural, afroamericano, de Warren Country, Carolina del Norte... Aunque quienes protestaban no tuvieron éxito en bloquear el vertedero de PCB, llamaron la atención del todo el país hacia los vertederos de residuos industriales, poniendo a la iglesia afroamericana y a los líderes por los derechos civiles en marcha en apoyo a la justicia ambiental”. El movimiento va más allá de los conflictos por residuos tóxicos (Taylor, 2000). En efecto, el movimiento inventó la potente combinación de las palabras Justicia Ambiental (o Eco-Justicia, Sachs, 1995), e intentó arrastrar el ambientalismo desde la vida silvestre y la ecoeficiencia hacia la justicia social (Gottlieb, 1993), destruyendo la imagen NIMBY (“no en mi patio trasero”) de las protestas de base popular y cambiándola por la de “no en el patio trasero de nadie”. Mientras en el Tercer Mundo la cuestión era en los años 1980 si existía un “ecologismo de los pobres”, cuestión que se teorizó primero en la India (Guha, 1989 y otros autores) y, más tarde, en América Latina y África, en los Estados Unidos la cuestión era, en esos mismos años, si las 10 grandes organizaciones ambientales se dignarían a trabajar junto a las minorías en problemas de contaminación urbana. ¿Por qué estaban ausentes “las gentes de color” de los órganos de dirección del Sierra Club y otras organizaciones ambientales? El movimiento Justicia Ambiental, harto del ambientalismo ”blanco”, se pronunció inicialmente en contra de mensajes como el de “salvemos las selvas tropicales”, insistiendo en su ideología urbana, ignorando que las selvas tropicales son a veces, selvas cultas –como las calificó Descola (1988)-. En 1987, la Comisión de Justicia Racial de la United Church of Christ publicó un estudio sobre las características socioeconómicas y raciales de las comunidades con vertederos de residuos peligrosos. Estudios posteriores mostraron que afroamericanos, indios americanos, asiático-americanos y latinos parecen tener más probabilidades de encontrarse ubicados cerca de zonas de residuos peligrosos. Otros estudios descubrieron que las multas por violaciones de las normas ambientales en comunidades con bajos ingresos o de gente de color eran significativamente inferiores a las impuestas en zonas con predominio de gente blanca. El movimiento de Justicia Ambiental incluye célebres episodios de acciones colectivas contra incineradoras (ante el riesgo de dioxinas), particularmente en Los Ángeles en 1985, liderados por mujeres, el Concerned Citizens of South Central Los Ángeles (DiChiro, 1998). También en la década de 1980, otros conflictos ambientales alentaron a grupos tales como People for Community Recovery en el Sur de Chicago (Jardines Altgeld) liderados por Hazel Johnson, y el West Harlem Environmental Action (WHEACT) en Nueva York, liderado por Vernice Miller. En 1989, el Souh-West Network for Economic and Environmental Justice (SNEEJ), liderado por Richard Moore, fue fundado, con su principal sede en Albuquerque, Nuevo México, a causa de los agravios sentidos por mexicanos y americanos nativos. En octubre 1991, la Primera Cumbre Nacional de los Líderes Ambientales de la Gente de Color (First National People of Color Environmental Leadership Summit) se celebró en Washington D.C. y se proclamaron los principios de la Justicia Ambiental. La Orden Ejecutiva 12898 del Presidente Clinton de 1994 sobre Justicia Ambiental fue un triunfo de este movimiento. Se dirigió a todas
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las agencias federales para que actuaran en el sentido de evitar la desproporcionada carga de la contaminación en poblaciones minoritarias o de bajos ingresos en todos los territorios y posesiones de los Estados Unidos – de este modo, tanto la pobreza como la raza se tenían en cuenta, aunque sin aludir al impacto provocado por los Estados Unidos fuera de su territorio y posesiones (en el sentido estricto). Feliz el país en el que la gente de escasos ingresos es una minoría (coincidente en parte con las “minorías raciales”). En verdad, hay casos de activismo medioambiental a escala local en los Estados Unidos dirigidos por grupos ciudadanos (Gould et al. 1996) fuera del movimiento organizado de Justicia Ambiental, algunos con más de 100 años de activismo en conflictos por la seguridad y salud en las minas y fábricas (Hays, 1998). También hubo quejas en los años 1940 y 1950 contra los pesticidas en los campos de algodón del Sur. Algunos autores no reconocen el énfasis racial en los Estados Unidos y apuntan que: “Si a uno le preguntan cuál fue el momento de inicio del movimiento de Justicia Ambiental en los Estados Unidos, afirmaría que fue el 2 de agosto de 1978. Ese fue el día en que la CBS y la ABC difundieron noticias sobre los efectos de los residuos tóxicos sobre la gente en Love Canal” (Dobson, 1998,18). El conflicto por los residuos tóxicos en Love Canal, al norte del Estado de Nueva York (Gibbs, 1981, 1995), se extendió con posterioridad en una red de lucha contra los residuos tóxicos en el conjunto de la nación (Gottlieb, 1993). Pero la gente de Love Canal no era de color, tal como se clasifica a la gente en Estados Unidos. Otros autores afirman que el momento del nacimiento del movimiento de Justicia Ambiental fue en 1982 en Carolina del Norte (Low y Gleeson, 1998, 108). En ese momento el movimiento por los Derechos Civiles adquirió una rama ecologista. Por supuesto, se podría argumentar que el movimiento de Justicia Ambiental se inició hace mucho en diferentes lugares alrededor del mundo. Por ejemplo, cuando Tanaka Shozo, hace 100 años, se lanzó frente del carruaje del Emperador con una petición en su mano. O, en los Estados Unidos, no en Carolina del Norte sino en los conflictos contra las corporaciones mineras en Wisconsin dirigidos por grupos indios y por ecologistas en los años 1970 y 1980 (Gedicks, 1993), o en muchos otros momentos de resistencia de los grupos indígenas americanos durante los últimos siglos. ¿Cuál sería el primero de mayo o el ocho de m arzo del movimiento de Justicia Ambiental en el mundo? ¿El día del asesinato de Chico Mendes, o el de Ken Saro-Wiwa, o a lo mejor el día del hundimiento del (primer) Rainbow Warrior por los servicios de inteligencia franceses en Nueva Zelanda, en el que murió el cocinero portugués? Bullard pronto advirtió el potencial del movimiento de Justicia Ambiental más allá de las minorías de Estados Unidos, al afirmar en 1994: “Los grupos de base popular, tras décadas de conflicto, han crecido hasta convertirse en el corazón de un movimiento de Justicia Ambiental con múltiples objetivos, multiracial y multiregional. Diversos grupos de acción a nivel local han empezado a organizar y vincular sus conflictos a cuestiones de justicia social, racial y de desarrollo sustentable. En los ghettos urbanos y barrios, las áreas de pobreza rural, las reservas de tribus americanas o comunidades en el Tercer Mundo, los grupos de base popular están demandando que se ponga fin a las políticas de desarrollo no sustentable...”9. 9
R. Bullard: Directory. People of Color Environmental Groups 1994-5. Environmental Justice Resource Center. Clark, Universidad de Atlanta.
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Nótese la conciencia de que el movimiento de Justicia Ambiental debe incluir a comunidades del Tercer Mundo, mayorías pues, más que minorías. El racismo es un principio importante de la constitución social americana para explicar no sólo la controvertida geografía de los vertederos de residuos tóxicos o las tasas de encarcelamiento, sino también pautas escolares o residenciales. Mientras que en otros países, sólo hay racismo, en Estados Unidos hay también anti-racismo explícito. Por tanto, el lenguaje del racismo se muestra atractivo por razones prácticas. La legislación contra el racismo (por ejemplo, el Título VI de la Federal Civil Rights Act de 1964) prohibe la discriminación basada en la raza. Sin embargo, para poder establecer la existencia del racismo, no es suficiente con demostrar que el impacto ambiental es diferente (por ejemplo, que existe un contenido distinto de plomo en la sangre de los niños o diferente incidencia del asma según la situación racial), se debe demostrar también que hay una intención explícita de causar daño a un grupo minoritario. La incertidumbre sobre el daño ambiental (por ejemplo, las dioxinas) y la dificultad de separar entre factores económicos y raciales en la incidencia de la contaminación o en las decisiones de ubicar residuos tóxicos (discriminando estadísticamente entre racismo ambiental y pobreza) han alentado una práctica de “epidemiología popular” (Novotny, 1998). Personas que no son expertos oficiales recopilan datos y cualquier tipo de información, y procesan los resultados ofrecidos por expertos oficiales para probar el racismo ambiental en casos de contaminación tóxica. Son ejemplos de “evaluación extendida” (Funtowicz y Ravetz, 1991). El movimiento de Justicia Ambiental es por tanto un producto específicamente de los Estados Unidos (Taylor, 2000). Tiene enormes potencialidades internacionales pero no fue un actor central en las reuniones de las ONGs de los años 1990: Río de Janeiro 1992, Madrid 1995 (campaña de “50 años bastan” en contra del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) y Seattle 1999. No ha hablado contra el MAI (Multilateral Agreement on Investments), o sobre el cambio climático global, o contra la biopiratería, o contra la Raubwirstchaft globalizada. El enfoque sobre las “minorías” menoscaba su utilidad a escala mundial, a menos que decidamos mirar el mundo con lentes de los Estados Unidos, clasificando la mayoría de la humanidad en categorías raciales propias de Estados Unidos, como si todos los humanos estuvieran autorizados por algún tipo de milagro para incluirse en el Censo de Estados Unidos. Ahora bien, una enorme virtud del movimiento de Justicia Ambiental es que muestra el carácter inconmensurable de los valores. Mientras que el principio de “el que contamina paga” implica que una distribución ecológica que empeora se puede compensar con una distribución económica que mejora, el mismo problema descrito en términos de “racismo ambiental” se convierte en un problema diferente. No hay compensación real para externalidades negativas porque el dinero y la dignidad humana no son conmensurables. Si el contaminador paga un impuesto ambiental, compensa las externalidades negativas, puede continuar contaminando (aunque mejor sea que no lo haga). En un caso de racismo, una multa u otro castigo no es una compensación del daño que permita continuar actuando igual.
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El lenguaje del racismo ambiental es poderoso, puede ser usado en muchos conflictos ecológicos distributivos tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, aunque no en todos. Por ejemplo, el riesgo para los niños de Estados Unidos por su dieta (Wargo, 1996) o, según mi opinión, el conflicto por la represa de las Tres Gargantas en China, no puede ser expresado en términos de “racismo ambiental”. En Nigeria, el lenguaje del “colonialismo interno” se considera más apropiado (Adeola, 2000) aunque las acciones de la Shell en el Delta pueden ser vistas como racismo ambiental. Los U´Wa, contra la compañía americana Petróleo Occidental y contra el gobierno de Colombia, han usado desde 1997 el lenguaje de “lo sagrado” y del sacrificio (amenazando con el suicidio colectivo). También han usado el lenguaje políticamente vigoroso de los derechos territoriales indígenas (resguardo indígena). Los U´Wa no han dicho aún que entablarán un pleito contra Oxy en los Estados Unidos reclamando compensaciones tras el inicio de las explotaciones petrolíferas. Ellos (o sus simpatizantes en Estados Unidos) podrían usar el lenguaje del racismo ambiental contra Oxy. Los gobiernos de los países AOSIS (Alliance of Small Island States) o Bangladesh podrían usar el lenguaje del racismo ambiental contra la amenaza del aumento del nivel del mar causado por el efecto invernadero. Los activistas y abogados en el pleito contra Texaco por sus acciones en Ecuador, la acusaron en 1999 de “racismo ambiental”. Nótese que este lenguaje, tan efectivo en Estados Unidos, no se usó cuando se inició el pleito en 1993, y sería problemático pero no imposible aplicarlo al sucesor de Texaco, Petroecuador, que heredó la tecnología de Texaco causando daños no sólo a los pueblos indígenas del Amazonas sino también a los colonos. Beneficiándose de la publicidad contra Texaco, gracias al caso judicial por racismo interno contra empleados blancos en los Estados Unidos (solucionado extrajudicialmente en 1997 por 176 millones de dólares), los que apoyaban a querellantes ecuatorianos publicaron un anuncio en el New York Times (23 septiembre 1999) que decía: “en el litigio se alega que en Ecuador, Texaco descargó el agua envenenada de la producción directamente a la tierra, en los ríos cercanos, y en las corrientes y esteros. La compañía destruyó a sabiendas el medio ambiente y puso en peligro las vidas de los grupos indígenas que han vivido y pescado durante años en esta zona. Estos son gente de color, gente ante cuya salud y bienestar Texaco muestra una indiferencia arrogante... Es hora de que Texaco aprenda que infravalorar las vidas y el bienestar de la gente por causa del color de su piel no es aceptable por más tiempo en cualquier compañía am ericana”. El culto a la naturaleza silvestre versus “el ecologismo de los pobres” en Suráfrica? En Estados Unidos faltan algunos elementos de la Naturaleza tales como elefantes, leones, tigres silvestres. También están ausentes, quizás, algunas amenidades culturales, y de mayor interés para nuestro tema; falta también un movimiento de protesta campesina para mantener el control y manejo sustentable de unos recursos comunales amenazados por la apropiación privada o estatal. Ciertamente, algunas luchas de los americanos nativos
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contra las extracciones mineras y los residuos tóxicos (tales como los Navajo o los Shoshones occidentales contra las minas de uranio y los residuos nucleares (Kuletz, 1998)) o por el agua o los pastos comunales que perviven bajo el control de gente hispana en el Oeste (Pulido, 1996) están cercanas al “ecoagrarismo”. Sin embargo, en los Estados Unidos, aunque hay propuestas de reconstrucción de comunidades rurales (por Wendell Berry y otros), falta el orgullo agroecológico campesino que está creciendo, como hemos visto, en otros países. El movimiento de Justicia Ambiental en Estados Unidos ha incluido quejas contra la exposición a pesticidas de trabajadores agrícolas, pero no ha promovido activamente la agroecología. No dice nada sobre los conflictos por semillas, “derechos de agricultores” o el riesgo ambiental por los cultivos transgénicos (distintos de los riesgos para la salud de los consumidores). Muchos cultivadores “orgánicos” en los Estados Unidos, al igual que en Europa, es gente blanca neorrural. Aldo Leopold, en su libro póstumo The Land Ethic (1949) insistió en la confrontación entre los planteamientos económicos y los planteamientos ecológicos en el manejo forestal y de la naturaleza silvestre. Un conflicto similar había sido puesto de relieve en el urbanismo por Patrick Geddes, Ebenezer Howard y Lewis Munford. Pero la ecología urbana (e industrial) no eran el principal punto de interés para Leopold. ¿Qué pensaba sobre la agricultura? Leopold escribió: ”En el amplio campo de la agricultura soy poco competente para hablar, pero parecen existir diferencias paralelas” a las que existen en el manejo forestal y de la vida silvestre. En 1948, Albert Howard había publicado An Agricultural Testament basado en su experiencia en la India. Leopold se había criado en Iowa, se diplomó en la Forestry School de la Universidad de Yale, y pasó gran parte de su carrera profesional en Wisconsin combinando su conocimiento ecológico con su devoción por la vida silvestre. También vivió durante un tiempo y se casó en Nuevo México, pero no supo encontrar ejemplos agroecológicos, y escribió: ”El descontento del cual surge la “agricultura orgánica” tiene las características de un culto, pero es ciertamente biótico en su dirección, particularmente en su insistencia en la importancia de la flora y fauna” – apuntando así quizás a los seguidores de Rudolf Steiner más que a los cientos de millones de campesinos agoecológicos del mundo. En México la mayoría de los cultivadores “orgánicos” son todavía hoy campesinos que pertenecen a grupos indígenas. En los Estados Unidos, no hay campesinado “orgánico” porque no hay campesinado. No hubo reforma agraria tras la Guerra Civil, al contrario, hubo la Reconstrucción. En cualquier caso, los campesinos del Sur abandonaron la tierra hace mucho tiempo. En contraste, incluso en un país como Brasil (con ausencia de una tradición masiva de cultivo campesino indígena), podemos encontrar ahora el Movimiento Sin Tierra (MST) que finalmente adoptó una posición ecologista en 1999, denunciando los cultivos modificados genéticamente, como explico posteriormente. Por otro lado, en el ecoagrarismo o neo-narodnismo ecológico o neo-zapatismo ecológico (Toledo, 1999), y también en la literatura sobre Ecología Política que proviene de antropología y geografía, ha faltado el fuerte énfasis urbano del movimiento de Justicia Ambiental en los Estados Unidos que es muy relevante para un mundo con una creciente población urbana pobre. Ambos movimientos, Justicia Ambiental y el Ecologismo de los Pobres, se complementan mutuamente tanto en la dimensión Norte-Sur como rural-
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urbana. ¿Convergerán en un movimiento global contra los daños por la extracción de petróleo en Luisiana o Nigeria, contra la contaminación o la ocupación de tierras por compañías mineras, en movimientos urbanos contra la contaminación del aire y el uso desproporcionado de tierra por los coches privados, en quejas contra la biopiratería de recursos genéticos, contra los riesgos para la salud y el medio ambiente de los productos modificados genéticamente, pesticidas, residuos nucleares, en los intentos de parar el uso desproporcionado de los sumideros de carbono por los ricos? El uso explícito del término “Justicia Ambiental” por activistas de Sudáfrica viene de la influencia directa de los Estados Unidos, anunciando la generalización de su uso internacionalmente. En Sudáfrica, la mayoría de la población está potencialmente afectada. Los entusiastas de la vida silvestre deben avenirse a reconocer que el crecimiento económico implica impactos materiales más fuertes y también la desproporcionada apropiación de recursos y sumideros ambientales, dañando de este modo a los sectores más pobres cuyos conflictos por la subsistencia son a veces expresados en lenguajes (tales como el valor “sagrado” de la Naturaleza) que deberían ser atractivos para los citados entusiastas de la vida silvestre. La alianza entre esas dos corrientes del ecologismo no siempre es fácil. La preservación de las grandes reservas silvestres ha sido en África un producto colonial y postcolonial de la civilización blanca, en el Este y Sur de África.. Por tanto, “la preocupación de la gente blanca por la preservación de la vida silvestre a expensas de las comunidades rurales desposeidas, puede ser demostrable históricamente – pero esto no debería cegarnos al hecho que Sudáfrica tiene ahora uno de los mejores sistemas de áreas protegidas del mundo. Este es un tesoro nacional del que todos los sudafricanos se beneficiarán en el futuro” (Ledger, en Cock y Koch, 1991, 240). Desde el punto de vista contrario, “los grupos minoritarios que actúan en contra de la contaminación acusan a las organizaciones ambientales de Estados Unidos de objetivos “elitistas” tales como la preservación de la vida silvestre. Una grieta similar se ha abierto en Sudáfrica recientemente por los activistas radicales que influenciados por el movimiento de Justicia Ambiental estadounidense han re- descubierto objetivos ecológicos” (Beinart y Coates, 1995, 107), tales como la degradación de la tierra por la distribución desigual de la misma, los peligros del asbestos o amianto, y de los herbicidas, las malas condiciones de salud en las minas, la ausencia de agua en los asentamientos urbanos de gente de color. Por tanto, el movimiento de justicia ambiental está presente de forma consciente no sólo en los Estados Unidos sino también en Sudáfrica, en el Primer y el Tercer Mundo, dos países cuya tradición ambiental dominante es el culto a la vida silvestre, pero donde el movimiento ecologista y el movimiento antirracista se han encontrado mutuamente (Bond, 2000). Ha habido intentos en Sudáfrica para desterrar la vieja idea colonial que la preservación de la Naturaleza exige el traslado de los grupos indígenas. Al contrario, es más efectivo manejar las reservas por medio del ofrecimiento de incentivos económicos a los grupos locales bajo la forma de compartir los beneficios del ecoturismo o incluso de la caza controlada (sin caer en la idea exagerada que los beneficios del mercado a corto plazo pueden ser un instrumento suficiente para la preservación a largo plazo del medio ambiente).
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Más allá de esto, el Environmenal Justice Networking Forum en Suráfrica ha focalizado la atención en cuestiones urbanas, de salud ambiental y contaminación y también en los problemas de manejo de agua, que no habían sido consideradas por las ONGs preocupadas por la vida silvestre. Por ejemplo, la erosión de la tierra se interpreta como consecuencia de la desigual distribución de la tierra, cuando las poblaciones africanas fueron encerradas en “homelands” bajo el régimen del apartheid. Otro ejemplo: la expansión de las plantaciones de árboles para producir papel y pulpa crean “desiertos verdes” (Cock y Koch, 1991, 176, 186). Otros impactos que el régimen del apartheid dejó a su paso están ahora apareciendo. Hay grandes responsabilidades que afrontar. Es conocido el problema del asbesto, con un litigio internacional iniciado por las víctimas de asbestosis contra las compañías británicas, especialmente Cape. Los abogados argumentan que Cape era consciente de los peligros del asbesto por lo menos desde 1931, cuando se introdujeron regulaciones sobre este particular en las leyes británicas. Sin embargo, la producción continuó en Sudáfrica con bajos niveles de seguridad por los menos hasta finales de la década de 1970. Los investigadores médicos han encontrado que el 80% de los mineros negros de Penge (en la provincia del Norte) que murieron entre 1959 y 1964 murieron de asbestosis. La edad media de las víctimas era 43 años. Cape tuvo operativa una factoría durante 43 años en Prieska, en la provincia del Cabo, donde el 13 % de los obreros muertos fue atribuida a mesothelioma, una enfermedad del asbesto afín al cáncer. Los niveles de asbestos en la factoría en 1948 era 30 veces mayor que el máximo permitido en el Reino Unido. Hay otros casos de contaminación por asbestos en Sudáfrica, por compañías tales como Msauli y GEFCO en localidades como Mafefe, Pomfret, Barberton, Badplass (Felix, en Cock y Koch, 1991). Las minas contaminadas y los depósitos de asbestos deben ser rehabilitados ahora por los gobiernos sudafricanos post-apartheid. Hay una gran deuda ecológica o pasivo ambiental. Los Lores en su función judicial determinaron durante un tiempo (hasta Julio 1999, cuando la decisión fue revocada) que en este caso, una compañía británica como Cape podía ser demandada ante un tribunal británico. En contra de la doctrina de la Organización Mundial del Comercio, el caso judicial de los asbestos y otros similares, si terminan con éxito, mostrarían que las regulaciones internacionales deben afectar no sólo a la seguridad y calidad de los productos finales exportados sino también a su proceso de producción y a los efectos in situ. En Sudáfrica la regulación fallaba o no existía, y la protesta efectiva era imposible por la represión política. Hay entonces que enfrentar responsabilidades retrospectivas. Los tribunales instituirán quizás poco a poco una responsabilidad del tipo “Superfund” para las compañías transnacionales. En verdad, las compañías posiblemente cumplían en Sudáfrica las leyes internas de seguridad en el trabajo, salarios e impuestos (como las compañías alemanas cumplían las normas del trabajo forzado en la Alemania nazi). Sin embargo, ahora deberían asumir responsablemente las externalidades que dejaron atrás. Los trabajadores y sus familias se quejan no tanto por ser ecologistas porque su salud ha estado amenazada. Los mismos abogados que representado en Londres a las víctimas de asbestosis (Leigh, Day) también iniciado un litigio en Londres por daños a trabajadores en la empresa Chemicals en KwaZulu Natal, víctimas de envenenamiento por mercurio.
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sino han han Thor Otro
caso es el de las víctimas de cáncer por las minas de uranio de Rio Tinto en Namibia10. En Abril de 1999, se detectó una concentración masiva de mercurio en el Río Umgeweni, cerca de la planta química Thor, concentración que fue denunciada por la prensa nacional e internacional. Thor importaba residuos de mercurio a Sudáfrica, parcialmente suministrados por Cyanamid, una compañía estadounidense. Grupos ambientalistas sudafricanos, principalmente Earthlife bajo el liderazgo de Chris Albertyn, se aliaron con la Unión Industrial de Trabajadores Químicos, los residentes africanos de la zona y también con granjeros blancos procedentes del Valle Tala que habían tenido una mala experiencia con pesticidas procedentes de una industria azucarera cercana. Una verdadera alianza “arcoiris” que incorporó activistas de Estados Unidos en contra de la planta de Cyanamid en cuestión, quejándose del “imperialismo de las basuras” o “colonialismo tóxico” preguntándose: “¿Por qué, Thor, una compañía británica, decidió construir la mayor planta de reciclaje de mercurio tóxico del mundo en los límites de KwaZulu en una zona muy remota de Sudáfrica? ¿Por qué no la construyeron más cerca de las fuentes de este mercurio de desecho en Estados Unidos o Europa?” (Crompton y Erwin, en Cock y Koch ed. 1991, 82-84). La Convención de Basilea de 1989 prohibió las exportaciones de residuos peligrosos, y fue complementada el 25 de marzo de 1994 por una prohibición total negociada en una reunión en Ginebra, que afecta a todas las exportaciones de dichos residuos desde los 24 países de la OCDE. El acuerdo se alcanzó con la oposición de los países más ricos, que recibieron de Greenpeace el nombre de los “Siete Siniestros”. Algunas deserciones en el seno de la Unión Europea (Dinamarca, y con posterioridad Italia) ayudaron a una alianza entre China, países del Este de Europa y en general todos los países pobres del sur para liquidar el pretexto del “reciclado” de la convención inicial de 1989 por medio del cual el 90% de los residuos podían circular. De este modo, un capítulo triste de la industrialización se cerró. En teoría, los países ricos ya no pueden explotar las débiles normas de los países pobres. Ahora bien, la lógica del principio de Lawrence Summers sigue siendo poderosa11. Puede haber además oportunidades de verter residuos en los océanos. Los Derechos de Propiedad sobre los Sumideros de Carbono y el Lenguaje de la Deuda Ecológica El lenguaje de Justicia Ambiental ha sido desplegado en los Estados Unidos en los conflictos contra la incidencia desproporcionada de la contaminación en áreas ocupadas por minorías raciales y grupos de ingresos reducidos. Las emisiones desproporcionadas de dióxido de carbono representan una injusticia ambiental internacional que Agarwal y Narain ya pusieron de manifiesto en su famoso artículo de 1991. Otro lenguaje de la política del efecto invernadero debería ser el de seguridad ambiental, no en un sentido militar, sino en un sentido similar al de la seguridad alimentaria. La seguridad ambiental se refiere 10
Ronnie Morris, “UK court demolishes double standards”, Bussines Report, 4 marzo 1999 e información extraída de www.saep.org 11 Memorandum interno del Banco Mundial, recogido en The Economist 8 Febrero 1992. Este se ha convertido en un texto canónico para el movimiento de Justicia Ambiental
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al acceso garantizado para todos a los recursos naturales (por ejemplo, el agua) y a los servicios ambientales, no sólo para los más ricos y poderosos. El Sur podía argumentar que el Norte ha producido y está produciendo un volumen desproporcionado de gases invernadero, contra la justicia ambiental. El Norte pone en peligro, también, la seguridad ambiental de algunas zonas del Sur. El lenguaje de la Deuda Ecológica (ver también Parikh, 1995; Christian Aid, 1999) se basa en el principio internacionalmente aceptado que “el que contamina, paga”. Consideremos los servicios ambientales facilitados por los sumideros de carbono (océanos, nueva vegetación, suelos y atmósfera). La concentración del dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado de 280 ppm a 360 ppm. La Unión Europea (jugando un juego de liderazgo contra los Estados Unidos) propuso en Kyoto en 1997 una pequeña reducción, necesaria para mantener la trayectoria en una tendencia que se supone “segura” de incremento hasta 550 ppm (esto supondría posiblemente un incremento de dos grados centígrados en la temperatura, con un alto grado de incertidumbre en este cálculo, especialmente en cuanto a los efectos locales). El que ése sea un nivel seguro ha sido muy discutido (Azar y Rhode, 1997). Las emisiones por persona/año en los Estados Unidos son del orden de 6 toneladas de carbono, en Europa aproximadamente la mitad, en la India sólo 0.4 toneladas. Todos respiramos más o menos lo mismo, y sería imposible reducir las emisiones por medio de una respiración más lenta. Hay emisiones de “supervivencia” y hay emisiones que son “superfluas”. Hay derechos necesarios y superfluos a los sumideros de carbono. Esto proviene de un rasgo distintivo de la ecología humana señalado por Lotka en 1910, la gran diferencia dentro de la especie humana en el uso exosomático de energía. La media de emisión es de 1 tonelada de carbono/persona/año (con emisiones globales aproximadas de 6.000 millones de toneladas). Esta cantidad es excesiva si queremos mantener la concentración atmosférica de CO 2 en el nivel actual. En Kyoto, y con posterioridad, la Unión Europea propuso una leve reducción en las emisiones para los países ricos (relativas a los niveles de 1990), que fue difícil de aceptar para Estados Unidos (en parte por el incremento de población en este país). Los países ricos se auto-adjudican derechos a emitir como en 1990 y negocian a partir de esos derechos (en la literatura ambiental estadounidense se llaman grandfathered emissions, como si tu abuelito te hubiera regalado ese derecho). En cualquier caso, como el Panel Internacional del Cambio Climático indicó, la reducción requerida sería del orden de la mitad de las presentes emisiones, algo así como 3000 millones de toneladas de carbono/año. Aunque la dinámica de absorción de carbono en los océanos, en nuevas áreas de vegetación y en los suelos depende de los volúmenes producidos, no hay duda de que el uso de la atmósfera como sumidero de acceso abierto se está incrementando. Los otros sumideros (océanos, suelos y nuevas áreas de vegetación) son también usados sin pago ninguno (excepto en algunos experimentos menores de “implementación conjunta”). Existen derechos de propiedad de facto sobre los sumideros de carbono, una ocupación ilegal global, una invasión del espacio ambiental, una política de Lebensraum en la práctica.
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Se podría argumentar que, antes de alcanzar un acuerdo sobre reducción de emisiones de carbono, sería necesario explorar la reducción de otros gases invernadero, tales como CFC, ahora prohibidos por sus efectos en el agujero de ozono; o el metano que, al menos en la porción que surge de los vertederos de basura, sería barato de reciclar mediante combustión, lo que reduciría el efecto que tiene como gas-invernadero. En los casos experimentales de la implementación conjunta o “mecanismos de desarrollo limpio” diseñados para reducir las emisiones de carbono o producir una absorción adicional de carbono, el coste por tonelada se estima en poco dólares. A veces hay costes marginales negativos de la reducción del gas invernadero, casos llamados “win-win”, oportunidades de ahorro económico y de disminución de emisiones. Por ejemplo, mediante la sustitución del carbón subsidiado por gas natural en centrales eléctricas. Costa Rica ha tratado de vender bonos de absorción de dióxido de carbono a 10 dólares por tonelada de C02 (menos de 3 dólares por tonelada de carbono, siendo la relación entre dióxido de carbono y carbono de 3,7). También existen algunas divertidas situaciones “lose-lose”, como en el proyecto FACE en Ecuador que consistía en plantar 75.000 hectáreas de eucaliptos y pinos para absorber el dióxido de carbono que sería producido por una central eléctrica de 650 MW en Holanda. El presidente de FACE es Ed Nijpels, antiguo ministro de medio ambiente. FACE es un consorcio de empresas eléctricas en Holanda y su acrónimo significa “Forest Absorption of Carbon Dioxide Emissions”. Su actitud despectiva para con la agricultura campesina, su ignorancia sobre la ecología andina (su ampliamente distribuido Informe Anual de 1995 decía que en Ecuador a partir de 2400 m. la agricultura era casi imposible y la cría de ganado no era rentable) condujo a un fiasco. En 1999, se supo que, debido a la gran cantidad de materia orgánica que tiene el suelo del páramo, al plantar pinos se liberará más carbono que el que se absorberá 12, incrementando un poco más la deuda ecológica de Holanda. Este error ayuda a la argumentación contra el uso como “sumideros de carbono” de todavía más plantaciones de árboles en el mundo (Carrere y Lohman, 1996 y también http://www.wrm.org.uy/). Cuando el compromiso de reducir emisiones es pequeño, como en la actualidad, entonces en principio, el precio de colocar una tonelada de carbón en proyectos de implementación conjunta será bajo porque la demanda de sumideros será baja. El precio será bajo también si las externalidades negativas locales procedentes de los mismos proyectos no se incorporan al precio. Si la oferta de proyectos es grande en el Sur comparada con la demanda, entonces el precio será bajo. Sin embargo, si el compromiso de reducir emisiones fuera de 3.000 millones de toneladas de carbono/año, para evitar así el futuro incremento de concentración de CO2 en la atmósfera, entonces el costo de disminuir el CO 2 se incrementaría enormemente. Aún así, si los propietarios de sumideros de carbono fueran pobres, el precio de venta local de la absorción extra de carbono sería todavía bajo, pero entonces los 12
Verónica Vidal (1999): “La aplicación de política sobre cambio climático en el sector forestal de Ecuador” en Ecología Política, 18, aporta los elementos originales para esta cuestión: G. Medina y P. Mena: (1999): “El páramo como espacio de mitigación de carbono atmosférico”, Serie Páramo, 1. GTP/Abya Yala, Quito. También en El Comercio de 3 Noviembre 1999 (Quito).
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intermediarios entrarían en juego, quizás los gobiernos del Sur, o a lo mejor instituciones financieras. Por el contrario, si no hay reducción o si la reducción es pequeña, esto implica el uso persistente y desproporcionado de los sumideros como propiedad de facto de los ricos y por consiguiente, un incremento continuo año tras año de la Deuda Ecológica, al ritmo de tal vez 60 mil millones de dólares/año (3.000 millones toneladas de carbono que deberían dejar de ser emitidas a un costo medio de 20 dólares por tonelada). Esta es una cifra que representa una estimación de los costos evitados. La Deuda Ecológica nace porque, al no hacer la necesaria reducción, los países ricos se ahorran una cantidad de dinero que sería aproximadamente de esta magnitud. Se podría argumentar que el coste medio es mayor de 20 dólares por tonelada de carbono. En comparación la deuda externa acumulada de América Latina en el año 2000 es de 700.000 millones de dólares. Sería aproximadamente compensada por la deuda acumulada del Norte sólo en los últimos 12 años (sólo por emisiones de carbono a 20 dólares por tonelada). La Deuda Ecológica no es un “juego del liderazgo” sino un “juego de las responsabilidades”, algo que hasta ahora los gobiernos del Sur han sido reacios a adoptar. La OPEC todavía boicotea las decisiones sobre el efecto invernadero en lugar de aplicar ecotasas al petróleo en origen. En el Sur, las reclamaciones por la deuda ecológica han estado relacionadas con el debate sobre el rechazo del pago de la deuda externa, como en la Campaña Jubileo 2000. En el Norte, existe la posibilidad, dado sus boyantes condiciones financieras, que en lugar de un “ajuste ecológico”, la opción tomada sea la de compensar la deuda ecológica con la condonación de la deuda externa, o el pago de 60.000 millones de dólares por año por los derechos de sumidero de 3000 millones de toneladas de carbono. Si se realizara ese pago, las emisiones globales de CO 2 cambiarían sólo en la pequeña medida en la que la intensidad de carbono de los bienes y servicios comprados con los 60 mil millones de dólares fuera diferente en el Norte y en el Sur. Existe, pues, el peligro de que la aplicación del principio de “el que contamina, paga” no conduzca a reducciones de CO2. Por tanto debería haber en este caso una condicionalidad que podría ser aceptada por el Sur. Se condona la deuda externa, o se paga compensación por las emisiones de carbono, pero el dinero extra debe gastarse en tecnologías como energía solar. En cualquier caso, el lenguaje de la seguridad ambiental o (¿por qué no?) del racismo ambiental podría usarse conjuntamente con el lenguaje de la deuda ecológica (sobre otros aspectos de la Deuda Ecológica, consultar www.cosmovisiones.com). Rio Grande do Sul- una zona libre de transgénicos? El café cultivado a la sombra junto a otros cultivos tiene muchas virtudes en comparación al monocultivo de café (Moguel y Toledo, 1999). Brasil ha sido un gran exportador de café pero no tiene una producción significativa de café a la som bra. Esta no es una tierra de campesinos agroecológicos tradicionales sino una tierra con una historia de plantaciones esclavistas de azúcar y café y casi total destrucción de la selva atlántica. Brasil no es un lugar para agroecólogos románticos, como las tierras altas de los Andes o los territorios de los Maya. La papa en Brasil se llama batata inglesa (claro que en México a los maíces indígenas se les llama maíces criollos!). Hay grupos indígenas en Brasil que
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conocen plantas medicinales y hay conocimiento indígena sobre insectos comestibles. La introducción de los derechos de propiedad intelectual indígena ha sido propugnada por la antropología brasileña, a partir de lo trabajos de Darrell Posey. Existen muchas historias bien conocidas sobre biopiratería (el ipecac, o más recientemente el jaborandi para el glaucoma, sin hablar del caucho) y muchos ejemplos de transferencia gratuita de conocimiento indígena. No existe sin embargo en Brasil un amplio campesinado agroecológico, ni extendido orgullo agroecológico indígena. No ha habido casos controvertidos políticamente de biopiratería agrícola, como la quinua en Bolivia, aunque Brasil contiene muchas variedades interesantes de maíz, y por supuesto, de yuca, elemento principal de la dieta tanto de los brasileños pobres como de los africanos que obtuvieron la planta desde América. Si no existe un campesinado agroecológico, en cambio sí hay en Brasil un movimiento fuerte y famoso en todo el mundo en defensa de la reforma agraria, el Movimiento de los Sin Tierra (MTS), cuyo origen social está en Río Grande do Sul. En 1999, el MST se declaró en contra de los cultivos transgénicos. El contexto era la prohibición de la soja modificada genéticamente en Río Grande do Sul por el gobierno estatal. Aunque el gobierno y la judicatura en Río Grande do Sul cambien su actitud contra los transgénicos debido a la oposición interna en el estado o por la legislación federal, su actitud habrá servido para impulsar al MST en una dirección ecológica. Este es un movimiento que iniciaron hijos e hijas de pequeños granjeros de descendencia alemana e italiana. El MST se ha expandido a lo largo de todo el país, resistió la represión armada violenta en Paraná, Para y otros estados. Su táctica consiste en ocupar, asentarse y cultivar inmediatamente las grandes propiedades no cultivadas. La invasión de las tierras se realiza a través de una acción directa de masas pacífica, con énfasis en la producción de comida para subsistencia, pero también con una perspectiva tecnológica productivista contra los propietarios absentistas y los grileiros (especuladores que se apropian de grandes extensiones de tierras de forma ilegal) que se supone que son tan ricos que no se preocupan de producir más. Muchos líderes del MST también son miembros del Partido de los Trabajadores aunque el MST está más a la izquierda. La cuestión de los transgénicos ha hecho nacer una discusión amplia sobre tecnología agrícola, dentro del MST, que estaba ausente hasta ahora, en un país en el que como Ignacy Sachs dijo una vez, “podría ser un paraíso rural, pero se está convirtiendo en un infierno urbano”(Padua, 1996). El MST apoya la emigración desde las chabolas de las ciudades hacia nuevos asentamientos rurales. La alarma europea sobre los alimentos modificados genéticamente es bien conocida en América. Fue liderada por consumidores preocupados por la incertidumbre sobre los riesgos para la salud, fuertemente apoyados por grupos campesinos franceses, que creen que la defensa de la agricultura europea descansa más en producir con diferentes niveles de calidad que los grandes países exportadores. Hay una persistente sospecha que la política europea contra la carne de vacuno con hormonas o contra los cultivos transgénicos importados, está motivada no sólo por los riegos contra la salud, sino por un proteccionismo favorable a los agricultores europeos. Además, se ha dicho, muchos enemigos de los productos modificados genéticamente
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sufren un “síndrome de stress post-traumático relacionado con todos los aspectos de la seguridad de los alimentos, tras la reciente crisis de encefalitis espongiforme bovina”. Otro síndrome europeo es la tendencia de la “soberanía culinaria”, no sólo contra los productos modificados genéticamente sino también contra MacDonald y CocaCola. “Todo esto se puede esperar de consumidores del alto nivel económico, economías de mercado postmaterialistas (sic)” (Paarlberg, 2000,21). No es tan conocida en el mundo la resistencia local en Río Grande do Sul desde 1998 contra los alimentos modificados genéticamente, especialmente la soja. La prohibición total del gobierno estatal a la soja transgénica no representa un proteccionismo ambiental sino su reverso, la resistencia a incrementar exportaciones por el daño o incertidumbre sobre riesgos ambientales locales. Es una resistencia similar a la resistencia contra la minería de cobre, o las exportaciones de camarones o las exportaciones de petróleo en otros países del Sur. En Brasil hay apoyo no sólo de ONGs sino también del poder ejecutivo local y del poder judicial. Que un país productor líder de soja para exportación prohiba cultivos transgénicos, favorece mucho que surja un mercado separado para la soja “orgánica”. También da argumentos contra el maíz transgénico, pues el maíz es indígena del nuevo mundo, y tiene más parientes silvestres y hay, pues, más riesgos ambientales que con la soja transgénica. El maíz y soja son los piensos más importantes en un régimen alimentario mundial que se dirige a un incremento del consumo de carne. El llamado Grupo de Miami de países exportadores agrícolas liderados por Estados Unidos incluye Argentina, Australia, Canadá, Chile y Uruguay. Este coherente sexteto transgénico son países que encajan en la staple theory of growth, son países “neoeuropeos” como les llamó Alfred Crosby, son países con agricultura de colonos europeos, como los llama H. Friedman; un grupo que se opuso hasta enero del 2000 a una negociación del Protocolo de Bioseguridad, añadido a la Convención sobre Biodiversidad, insistiendo en la libre exportación de cultivos transgénicos. Chile no está interesado realmente en las exportaciones de maíz y soja, sino quizá potencialmente en la madera transgénica, y en cualquier caso, ha actuado por principios neoliberales y de fidelidad colonial. Sin embargo, el apoyo para los cultivos transgénicos en algunos de los países en el grupo de mayores exportadores agrícolas es precario porque existe una dependencia del exterior para adquirir la tecnología, hay riesgo ambiental y pueden encontrarse con una actitud reacia de los consumidores en los países importadores. El Grupo de Miami no incluye a Brasil, un tanto a favor de Fernando Henrique Cardoso. La línea del Grupo de Miami ha sido de oposición a la Unión Europea y también al grupo de países incluidos en el G-77 más China (G-77 excepto Chile, Uruguay y Argentina que es el segundo productor mundial de soja transgénica tras Estados Unidos). El Protocolo de Bioseguridad se basa en el requisito de consentimiento previo e informado para consumir productos transgénicos. El artículo 19 (3) de la Convención sobre Biodiversidad de 1992 apunta que los participantes deberán considerar la necesidad y modalidades de un protocolo que ordene
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procedimientos adecuados incluyendo, en particular, un acuerdo sobre la seguridad de las transferencias de organismos modificados resultantes de biotecnología que puedan tener efectos adversos en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. El procedimiento de “consentimiento previo informado” obligaría a los países a asegurar que sus exportadores dan notificación previa a los países importadores para permitirles efectuar una valoración del riesgo del producto genéticamente modificado antes de aprobar su importación.. En enero del 2000, Estados Unidos (que no ha ratificado la Convención de la Diversidad Biológica de 1992), impidió a través del Grupo de Miami en una reunión en Montreal, como había hecho un año antes en Cartagena de Indias, los intentos de regular de forma severa las exportaciones de productos transgénicos. Un protocolo de bioseguridad fue finalmente firmado, con el mismo rango que los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (y no inferior rango como Estados Unidos propuso inicialmente), bajo el que los exportadores están vagamente sujetos a ser requeridos a aplicar el “etiquetado” para los envíos que contengan bienes de consumo modificados genéticamente. Esto puede conducir a una mercado internacional de dos niveles, con un estímulo a la soja y el maíz no-modificado. En mayo de 1999, el Ministro Federal brasileño de Agricultura había autorizado la soja roundup-ready de Monsanto, pero un tribunal federal estableció que Monsanto y su filial brasileña, Monsoy, no podían comercializar las semillas antes que el gobierno estableciese las reglas pertinentes de impacto ambiental y de etiquetado y bioseguridad para organismos modificados genéticamente. Esta fue la respuesta a la acción judicial iniciada por el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y Greenpeace, en la que argumentaban que la Constitución establecía evaluaciones de impacto ambiental para cualquier innovación que repercutiese en el medio ambiente. El Juez Antonio Souza Prudente (éste es su nombre real) declaró que “la irresponsable precipitación en introducir los avances de ingeniería genética está inspirada por la codicia de la globalización económica”. Así se conecta lo local con lo global. La escala del conflicto es mundial. Monsanto apeló, y en 2000 ha habido posteriores decisiones judiciales contrarias a Monsanto. Hay grandes beneficios potenciales para quien capture el mercado de semillas de soja brasileño. Por tanto, la situación en Brasil era que la soja genéticamente modificada fue prohibida por el gobierno estatal en Río Grande, y por las cortes. El Partido de los Trabajadores ha estado en el poder en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, durante muchos años. Ha realizado un famoso experimento social llamado “elaboración participativa de presupuestos” a escala municipal. Por un estrecho margen, accedió al poder en este estado en enero 1999, aunque tiene una minoría en la asamblea legislativa. Río Grande do Sul es un estado con una fuerte identidad, conocidos como gauchos. Porto Alegre tiene una larga historia de movimiento ambiental desde los primeros años 1970, a través de la persona de Jose Lutzenberger. El nuevo gobernador, y antes de él, el Secretario de Agricultura, fueron convencidos por las ONGs (Centro Ecologico y la Cooperativa de consumidores y productores Colmeia) de que junto a los riesgos ambientales y de salud, la introducción de cultivos modificados resultaría en una pérdida de soberanía sobre la producción de semillas. Las ONGs locales fueron apoyadas por expertos
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procedentes del servicio de extensión agrícola estatal, tales como Angela Cordeiro y por ONGs internacionales como RAFI y GRAIN con informes sobre riesgos ambientales. Monsanto había estado comprando compañías brasileñas productoras de semillas, que usaban el conocimiento desarrollado por Embrapa, corporación pública parcialmente privatizada no hace mucho tiempo. Monsanto estaba intentando evitar la producción brasileña de semillas, y Río Grande do Sul es el mayor productor de semillas en Brasil. El gobierno estatal también se vió afectado porque las semillas industriales patentadas, primero de soja, más tarde de maíz, no podían ser usadas gratis por pequeños y medianos productores, dominantes en la escena agrícola del estado. La cabeza visible del programa de inspección en Río Grande do Sul, Marta Elena Angelo Levien, que en la época de siembra de 1999 estaba intentando evitar que algunos productores sembraran soja transgénica procedente de contrabando de Argentina, apuntó que la siembra de soja era una cuestión de seguridad nacional: “es una tecnología que está dominada por un pequeño grupo de empresarios que forman un cartel. Si adoptamos cultivos transgénicos, Brasil pasaría a ser dependiente de una oligarquía de la tecnología alimentaria”13. Los enemigos de los cultivos modificados genéticamente fueron animados por el pleito iniciado contra Monsanto en el Distrito de Columbia el 14 de Diciembre de 1999 (recogido en el Wall Street Journal del mismo día) por parte de productores de Iowa, Indiana, pero también de Francia y también potencialmente del resto del mundo. Los demandantes buscan que Monsanto pare lo que está haciendo y también compense los daños causados. Las dos principales razones son que está monopolizando o intentando monopolizar las semillas de soja y maíz y que está renunciando a realizar tests adecuados de los cultivos y semillas modificados acerca de los efectos sobre la salud humana y la seguridad ambiental. En Argentina hay ciertamente una ausencia de controles no sólo en los ensayos de cultivos sino en campos a gran escala. El conflicto sobre la seguridad de los cultivos modificados genéticamente podía resolverse aparentemente obligando a compañías como Monsanto a tomar seguros o a depositar una fianza para compensar futuros posibles daños, internalizando las externalidades desde una perspectiva económica. Sin embargo, las consecuencias de introducir organismos modificados genéticamente son científicamente inciertas, mientras que la decisión es urgente. ¿Cómo asignar un valor-monetario actualizado a costos futuros inciertos sobre la salud humana y el medio ambiente? ¿Ya no hay nada sagrado? – dirían algunos. Conclusiones. En el libro que estoy escribiendo sobre el Ecologismo de los Pobres estoy recopilando muchos otros conflictos ecológicos, viendo cuáles son los 13
Las principales fuentes para escribir esta sección están en Seedlings (GRAIN), 16 (3) y 16 (4), 1999. El reportaje de Silvia Ribeiro en Ecología Política, 18, 1999 y el artículo de Steve Stecklow y Matt Moffett en Wall Street Journal , 28 Diciembre 1999. También me he beneficiado de mi amistad con algunos de los actores del conflicto, tales como la agrónoma María José Guazelli.
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lenguajes de valoración empleados. Un mismo actor puede emplear varios lenguajes. Los pobres suelen ser versátiles. Las compañías transnacionales prefieren el lenguaje costo-beneficio al lenguaje de lo sagrado, o al lenguaje del valor de los ecosistemas o paisajes. Se pueden apuntar algunas otras conclusiones ahora mismo. Las fronteras del petróleo y del gas, del aluminio y del cobre, de la soja transgénica y del eucalipto, de los residuos nucleares, se extienden sobre nuevos territorios. La búsqueda de recursos genéticos, de oro, de fosfatos, de camarones y de aceite de palma, de nuevos bancos de pesca, de aguas superficiales y subterráneas, de sumideros de carbono, cubre todo el globo. La economía no se está “desmaterializando” (Opschoor, 1995, Bunker, 1996; Ayres y Ayres, 1996, De Bruyn y Opschoor, 1997; World Resources Inst. et al 1997, Cleveland and Ruth, 1998, Naredo y Valero, 1999). Los impactos ambientales serán sufridos por las futuras generaciones de humanos y son percibidos de forma evidente por otras especies. Algunos recaen ya de forma desproporcionada sobre determinados grupos humanos. Incluso sin crecimiento económico, algunos recursos y sumideros se agotarán al nivel actual de uso. Por tanto, un movimiento de Justicia Ambiental, también llamado “ecologismo de los pobres” (Guha y Martínez Alier, 1997, 1999; Guha 2000), “ecología de la subsistencia” (Garí, 2000) incluso “ecología de liberación” (Peet y Watts, 1996), está creciendo en todo el mundo. En este artículo, he descrito algunos conflictos en torno a la minería de cobre, al uso de los manglares, a la biopiratería y bioseguridad, al llamado “racismo ambiental” en los Estados Unidos y Sudáfrica, y sobre los derechos de propiedad de sumideros de carbón. Dichos conflictos ecológico-distributivos son objeto de estudio de la Ecología Política, un nuevo campo de estudio creado por geógrafos, antropólogos y sociólogos ambientales. Estos son conflictos sobre la incidencia social de la contaminación, sobre el reparto de los riesgos ambientales inciertos, sobre la pérdida de acceso a recursos y servicios ambientales. Interpreto dichos conflictos sobre un telón de fondo de deterioro físico y crisis de los recursos. Mucha investigación queda por hacer en estos y otros casos, acerca de las formas adoptadas por dichos conflictos, su liderazgo y composición, la interconexión entre actores locales y redes internacionales, las condiciones de su eficacia, su relación con diferentes órganos estatales, sus vínculos con el feminismo y conflictos de clase. Muchos de estos conflictos, dentro y fuera del mercado, se originan por el choque entre economía y medio ambiente que es analizado por la Economía Ecológica. La Economía Ecológica es un nuevo campo creado principalmente por ecologistas y economistas que se esfuerzan por “tener en cuenta la naturaleza” no sólo en términos monetarios sino también en términos físicos y sociales. Así, este artículo es una contribución a la Ecología Política y la Economía Ecológica, y establece vínculos entre ellas. El movimiento de Justicia Ambiental (local y global) conduce la economía hacia la sustentabilidad ecológica. Este es el primer vínculo entre Ecología Política, como el estudio de los conflictos ecológicos distributivos, y las Economía Ecológica como estudio de la (no) sustentabilidad de la economía, con sus urgencias e incertidumbres. Los conflictos ecológicos son, a veces, expresados como discrepancias de valoración en el marco de un solo standard de valor (como cuando hay una disputa reclamando compensación monetaria por una deuda ecológica o pasivo ambiental), pero con frecuencia la discrepancia recae sobre los standards de
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valor adecuados. Son disputas o diálogos multi-criteriales. Cuando el estudio de un conflicto ecológico distributivo revela un enfrentamiento de valores inconmensurables, entonces la Ecología Política está ayudando al desarrollo de la Economía Ecológica, a que realice sus cálculos no sólo en términos monetarios sino también físicos y sociales, poniendo el pluralismo de valores en el centro de sus análisis. Este es un segundo vínculo entre Ecología Política y Economía Ecológica. La Justicia Ambiental es una fuerza a favor de la sustentabilidad. La Ecología Política es un campo de estudio que inicialmente estableció relaciones entre degradación de la tierra y estructuras sociales en países del Tercer Mundo (Blaikie y Brookfield, 1987). Hoy, el movim iento ambiental mundial continúa siendo dominado por dos corrientes principales, primero, el culto a la vida silvestre, y segundo, de forma creciente, el evangelio de la ecoeficiencia (o “modernización ecológica” o “desarrollo sustentable”) (Guha y Martínez Alier, 1999). Hay esperanzas de “desmaterialización” pero no hay evidencia de las “curvas ambientales de Kuznets” para muchos impactos; mejor dicho, el nivel de ingresos en el que el crecimiento económico produce suficiente dinero para encontrar remedio para el medio ambiente, es un nivel de ingresos alto en el que muchos daños ya se ha acumulado. Por ejemplo, es fácil corregir emisiones de dióxido de azufre en fundiciones de cobre, o en ciudades (“el smog de Londres”) incluso con un nivel relativamente bajo de ingresos, pero el smog de Los Ángeles, principalmente producido por el uso creciente de coche, aumenta con un nivel de ingresos. También, la biodiversidad desaparece por causa del crecimiento económico, sin posible remedio a dicha pérdida, es “demasiado tarde para ser verde”. Una tercera corriente del ambientalismo está creciendo en todo del mundo. La Justicia Ambiental en los Estados Unidos, el “ecologismo de los pobres” en el Tercer Mundo, combinan una preocupación sobre el medio ambiente con una inquietud más visible por la justicia social. Esos conflictos -desde el movimiento Chipko a las batallas antitóxicos- están alcanzando una mayor extensión y alterando la verdadera naturaleza del ambientalismo.... ¿Son ellos la base para una cambio social radical? ¿Son ellos (simplemente) ejemplos del paisaje político fragmentado del postmodernismo? (Pulido, 1996, XIII). Mi trabajo no es postmodernista. Hay regularidades en los conflictos históricos y contemporáneos, contra el dióxido de azufre en fundiciones de cobre, en defensa de los manglares en Tailandia o Ecuador, contra la biopiratería en el Sur de Asia y en la América Andina y Amazónica. Intento facilitar una respuesta a las quejas de Raymond Bryant, que los ecologistas políticos no han desarrollado una alternativa al concepto del desarrollo sustentable (Bryant y Bailey, 1997,4). La respuesta es que “la justicia ambiental y el ecologismo de los pobres son los principales factores en la búsqueda de la sustentabilidad”. Disputas sobre los valores. Partiendo de la premisa que el crecimiento económico produce daños en el medio ambiente, hemos visto diversos conflictos que no son sólo conflictos de intereses, sino conflictos de valores. Hace treinta años, en la isla de
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Bouganville, la Compañía Río Tinto Zinc estuvo envuelta en problemas a pesar del acuerdo que tenía con el gobierno de Papua-Nueva Guinea (soberano sobre dicha isla), para explotar la que fue considerada como la más rentable mina de oro y cobre del mundo. Allá por 1974, se supo que “los nativos de Bouganville habían dejado de arrojar geólogos al mar desde que la compañía (RTZ) se declaró dispuesta a compensarles por lo que les había arrebatado con dinero y otros servicios materiales”. Sin embargo, también se supo que el dinero no era la cuestión: “las comunidades afectadas dieron la mayor importancia a la tierra al ser el recurso básico para mantener su nivel de vida. La tierra era la base para sentirse seguros, y el foco de muchas de sus actividades religiosas. Aparte de ser compensados con pagos y rentas, el resentimiento local por haberles arrebatado la tierra seguía vivo, y hay una fuerte oposición a cualquier expansión de la actividad minera en Bouganville tanto por la citada compañía, por el gobierno o cualquier otro” (Mezger, 1980, 195). Finalmente, la pequeña isla de 160.000 habitantes se convulsionó por una guerra secesionista a finales de la década de los 1980. Shiv Visnavathan (1997:238) sugiere que para defender el río Narmada, Ghandi no habría discutido los resultados del análisis de costo-beneficio, se hubiera convertido en un peregrino haciendo un parikrama del río: “el libro de un contable no es lo mismo que el rito de un entierro”. ¿Cuál es el “costo de la vida”, en qué moneda debería ser pagado? - se cuestiona Arundhati Roy. DiChiro (1998) describe el sentimiento en el First Environmental Justice Summit, en Washington D.C. en 1991, entre los delegados afroamericanos de los barrios céntricos de las ciudades, cuando escuchaban las afirmaciones de los americanos-nativos sobre “nuestros hermanos y hermanas, las ballenas”. Berkes (1999) documenta de forma cuidadosa el papel de las creencias sagradas en el manejo de recursos pesqueros por los Cree. El primer principio de Justicia Ambiental de la lista de 17,ç aprobados en la citada conferencia de 1991, afirma el “carácter sagrado de la Madre Naturaleza, la unidad ecológica y la interdependencia de todas las especies, junto al derecho a estar libres de la destrucción ecológica”. Otros principios reclaman de forma incongruente una compensación total (equivalente) para los daños ambientales. Zimmerer (1996) comenta que la erosión de suelos es explicada a veces por los campesinos quechuas en Cochabamba, Bolivia, en términos de furia de la Pachamama por la ausencia de rituales apropiados para ella. Antonio Machado escribió, “todo necio confunde valor y precio”. Hay muchos valores, que entre sí no son conmensurables. Siempre que hay conflictos ecológicos no resueltos, es probable que haya una discrepancia sobre los criterios de la valoración (Faucheux y O´Connor, 1998; Funtowicz y Ravetz, 1994; Martínez Alier, Munda y O´Neill, 1998, 1999; Martínez Alier y O´Connor, 1996, 1999; O´Connor y Spash, 1999). En cualquier caso, los diferentes intereses pueden ser defendidos bien insistiendo en las discrepancias de valoración dentro del mismo tipo de valor o bien acudiendo a descripciones no-equivalentes de la realidad,. a diferentes tipos de valor. Por ejemplo, podemos decir “mientras que los humanos valen distinto en la escala económica (vean sus pólizas de seguros de vida o las cuentas del Panel Internacional de Cambio Climático) todos tienen el mismo valor en la escala de dignidad humana”. Si alguien o algo es “muy valioso” o “no muy valioso”, esto
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es una afirmación elíptica que requiere la siguiente pregunta: ¿en qué estándar de valoración? (O´Neill, 1993). Para la política, una aproximación multicriterial no-compensatoria o una evaluación integrada que abarque una pluralidad de valores inconmensurables, es más sensata que fiarse de los resultados del análisis costo-beneficio (Munda, 1995, Martínez Alier, Munda y O´Neill, 1998, 1999). En situaciones complejas determinadas por incertidumbres y sinergias, la aproximación disciplinaria de los expertos (cada uno de ellos con su estándar de valor) no es apropiada. De ahí que, la inconmensurabilidad proviene no sólo de los diferentes intereses y valores sino de la propia complejidad. “En primer lugar (escriben los teóricos de la ciencia postnormal, Funtowicz y Ravetz, 1994) el valor monetario será visto com o una medida de un aspecto del valor que refleja un tipo particular de intereses, expresados de forma prioritaria por el mercado (o a través de mercados ficticios en valoraciones contingentes). Elegir cualquier definición operacional particular de valor implica tomar una decisión sobre lo que es importante y real; otras definiciones reflejaran los intereses de otros afectados... Esto supone una pluralidad de perspectivas y valores legítimos...”. “Esta divergencia en las perspectivas de valoración (añaden los economistas ecológicos O´Connor y Spash, 1999,5) puede ser introducida en términos de dos concepciones diferentes de internalización. El diagnóstico en ambos casos es que los que toman las decisiones han errado a la hora de considerar de forma adecuada los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente y el remedio es tener en cuenta el medio ambiente. Las dos formulaciones son: a. Internalización de los daños ambientales en un sentido estricto, con referencia a la idea de Pareto sobre la eficiencia en la asignación de recursos. b. Internalización en sentido amplio, refiriéndonos a procesos políticos e instituciones para expresar y resolver (o exacerbar) los conflictos ambientales. El idioma que se usa en los conflictos ecológicos distributivos es a veces el de la valoración monetaria. Puede ser el análisis costo-beneficio o de forma más general, la “internalización de las externalidades” en sentido estricto. Yo mismo he usado este lenguaje en este mismo artículo en el cálculo de un acápite de la Deuda Ecológica, la deuda por las emisiones de carbono. Pero con frecuencia se usan lenguajes completamente fuera del mercado. Por ejemplo, los valores ecológicos de los ecosistemas (en términos de producción de biomasa, o en términos de riqueza de especies), el respecto a su carácter sagrado, la necesidad ineludible de la subsistencia humana, los derechos de los animales, la dignidad de la vida humana, la demanda de seguridad alimentaria y ambiental, la defensa de la identidad cultural y los derechos territoriales indígenas, el valor estético de los paisajes, el valor de los derechos humanos, la lucha contra el racismo... ¿Quién tiene el poder político para imponer un lenguaje de valoración más que otros?
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