FASE 3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL TEMA AMBIENTAL EN EL PAÍS
PRESENTADO POR: DIANA PATRICIA ARISTIZÁBAL LÓPEZ CÓDIGO: 1.058.843.034 MARIA MONICA MORENO CODIGO: 1.006.782.791 EDWIN ANDRES GARCIA CODIGO: 17.684.620 VALENTINA AGUDELO CODIGO: 1.097.405.453 MARIA EMILCE ARANDA SANCHEZ CODIGO 41.243.036
GRUPO: 358037_35
PRESENTADO A: DAMILETH DE ARMAS
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE. NOVIEMBRE DE 2017
1. Introducción 2. Explicación de cada mecanismo de participación dentro de esta explicación indicar: (En que consiste, Interventores, Proceso de ejecución (mapa conceptual), Términos del proceso, Indicar el marco legal de los mecanismos de participación, Ejemplos de cada mecanismo aplicados en Colombia).
2.1.MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
Audiencias Públicas Ambientales
En que consiste: El objetivo de este mecanismo es informar a las comunidades, entidades públicas, privadas y a las organizaciones, todo lo relacionado con la solicitud de licencias o concesiones a nivel ambiental. (ANLA, s,f). En la audiencia se dan a conocer detalles o el documento de evaluación de impacto ambiental (EIA) del proyecto a la comunidad. Interventores En las audiencias públicas ambientales, participan, funcionarios o representantes de las corporaciones o entidades ambientales, líderes comunitarios, procurador delegado, comunidad universitaria, ambientalistas y ciudadanos interesados. Proceso de ejecución:
Términos del proceso: 20 días antes de la audiencia se deben dar a conocer los estudios ambientales. Se realizara la reunión informativa por lo menos (10) días antes de llevarse a cabo la audiencia (esta reunión deberá ser convocada usando los medios de comunicación radial, local y carteleras). Marco legal: Constitución Política de Colombia. Art. 40, 79, 270. Ley 99 de 1993. Art. 72. Decreto 330 de 2007, Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005. Ejemplos: Audiencia Pública Ambiental solicitud de Licenciamiento Ambiental presentada por la sociedad INNERCOL S.A.S. E.S.P. Esta audiencia se llevó a cabo el 12 de junio de 2017 a las 9 de la mañana en el salón múltiple de la casa de la cultura del municipio de Boavita (Boyacá). Fue convocada por el director general de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, se invitó a los representantes de los diferentes sectores, tanto públicos como privados, a las organizaciones no gubernamentales, entes de control, veedores ciudadanos, grupos étnicos, jóvenes y comunidad en general, con el fin de dar a conocer la solicitud de Licenciamiento Ambiental presentada por la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P – INNERCOL S.A.S. E.S.P. identificada con NIT: 900.652.053-2 para los proyectos de Construcción y Operación de La Central de Generación Termoeléctrica de 90 MW Innercol 1, Sector “Sauzal”, vereda “Lagunillas”, en jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá) y Tendido
de la Línea de Interconexión de 115 KV entre la Central de Generación Termoeléctrica Innercol I y la Subestación en el referido ente territorial. (CORPOBOYACA, 2017).
Intervención en los procedimientos administrativos ambientales En que consiste: Interventores: Proceso de ejecución: Términos del proceso: Marco legal: Ejemplo:
Derecho de petición
En que consiste: El derecho de petición es la facultad que toda persona tiene para presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución sobre lo solicitado. Interventores: El derecho de petición se puede ejercer ante: ·Las autoridades · Los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas.
·El legislador podrá reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Proceso de ejecución: toda persona que quiera hacer uso de su derecho de petición, deberá diligenciar una carta adjuntando los documentos que crea pertinentes y argumentando su queja, reclamo, consulta o petición y enviarla a la entidad donde presenta la problemática, esta entidad por regla general tiene límite de tiempo para responder y dar finalidad al derecho. (fuentes) Términos del proceso: · Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones. · Diez (10) días para contestar peticiones de información. · Treinta (30) días para contestar consultas. Marco legal: artículos 23 de la Constitución Política y 5, ss., del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) Ejemplos: Modelo Derecho de Petición Formato Modelo para diligenciar un derecho de petición Ciudad y fecha. _________ Señores: (Nombre y/o cargo de la autoridad o del particular que presta un servicio público o desarrolla funciones públicas a quien se dirige la petición).__________________________ La Ciudad. Referencia: Derecho de petición. Respetados señores: Con fundamento en los artículos 23 de la Constitución Política y 5, ss., del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), me dirijo a ustedes para formular la siguiente petición (en interés general o particular: de queja, reclamo, información, manifestación o consulta):____________________________Para facilitar la resolución de lo solicitado estoy adjuntando los siguientes documentos: _______________________________ Recibiré correspondencia y notificaciones en: Dirección__________ Teléfono_________ Atentamente,______________ Nombre y apellido Cédula de ciudadanía No.___________________
Consulta previa con pueblos indígenas y demás comunidades étnicas de Colombia
La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a
realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. En que consiste: la consulta previa consiste en. Que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados a explorar o explotar los recursos naturales en los territorios que ocupan o les pertenecen, los mecanismos, procedimientos y actividades requeridos para ponerlos en ejecución. b) Que igualmente la comunidad sea enterada e ilustrada sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar una afectación o menoscabo a los elementos que constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y, por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con características singulares. c) Que se le dé la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas pueda, mediante la convocación de sus integrantes o representantes, valorar conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación activa y efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad, la cual en la medida de lo posible debe ser acordada o concertada.
a)
Interventores: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ministerio del Interior y de Justicia, Comisiones Consultivas Departamentales. Proceso de ejecución: De acuerdo con la normatividad previamente señalada, la consulta previa debe desarrollarse en los siguientes casos: • Cuando se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directamente a las comunidades. • Cuando se vayan a adoptar decisiones respecto de la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y de comunidades negras, es decir, antes de iniciar o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos (mineros o recursos naturales) existentes en los territorios de los pueblos, • Cuando se vaya a realizar la determinación de las áreas indígenas restringidas al interior de las zonas mineras indígenas. • En el caso de traslado o reubicación de los pueblos de sus territorios tradicionales • Previamente a diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigida a los pueblos • En el caso de adopción de menores indígenas • Cuando se pretenda realizar investigaciones de acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional (permisos de investigación científica).
Términos del proceso.
Marco legal: 1.
Constitución Política de Colombia (art. 2, 7, 40, 330 (parágrafo) 2. Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991), sobre pueblos indígenas y tribales 3. Ley 70 de 1993, que desarrolla el art. 55 transitorio de la Constitución, reconoce las comunidades negras y establece mecanismos para su protección 4. Artículo 76 de la Ley 99 de 1993, para la explotación de recursos naturales renovables 5. Decreto 1320 de 1998, que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales 6. Decreto 200 de 2003 por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia y se establece que le corresponde a la Dirección de Étnicas, coordinar interinstitucionalmente la realización de la consulta previa 7. Ley 165 de 1994. Convenio de Diversidad Biológica para el caso de Permisos de Investigación Científica (conocimientos asociados a la biodiversidad).
Ejemplo: Una sentencia del Consejo de Estado revelo que la entrega del Parque Tayrona a un concesionario privado para construir un proyecto eco turístico en 2005, no fue consultada con las comunidades que habitan en el área, por lo cual, fue vulnerado su derecho a la consulta previa. Aunque el proyecto eco turístico fue levantado en 5 de las 15 mil hectáreas con el propósito de preservar el ambiente, el Consejo de Estado consideró que no fue discutido con las cuatro tribus que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. “Existen lugares sagrados en el Parque Tayrona y el proyecto los afecta” aclaró la sentencia revelada, que ordenó a la Dirección de Parques Nacionales
convocar a en 30 días a las comunidades indígenas a consulta, para que expresen cómo los ha afectado el proyecto y cuál sería la forma de compensar el daño. Así mismo, el Consejo de Estado sentenció que Parques Nacionales también deberá realizar un mapa de los denominados territorios sagrados para los indígenas de la Sierra Nevada, en los que no podrán ingresar turistas hasta que se realice la consulta previa.
Veedurías ciudadanas en asuntos ambientales
En que consiste: Las veedurías permiten vigilar y controlar los programas, proyectos o actividades que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales. Por ello se constituyen en un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible. Interventores: Todos los ciudadanos, de manera colectiva o individual pueden constituir las veedurías. La junta de acción comunal, la cámara de comercio, las personerías distritales o municipales, el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial también son entes interventores en el proceso. Proceso de ejecución: se deben elegir los veedores de manera democrática y luego inscribirse ante las personerías municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio de la jurisdicción, presentando el acta en la cual conste el nombre de los integrantes, el documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y lugar de residencia. Términos del proceso: las veedurías tienen las siguientes funciones: -Vigilar los procesos de planeación, participación comunitaria y toma de decisiones ambientales. -Vigilar el uso adecuado de los fondos en proyectos ambientales. -Vigilar y facilitar la ejecución y calidad técnica de las obras y programas regionales (monitoreo a la ejecución de proyectos). -Vigilar el cumplimiento de las normas, licencias o permisos ambientales. -Recibir informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos. -Solicitar a interventores, supervisores, contratistas o autoridades, informes verbales o escritos sobre el cumplimiento de los programas, contratos o proyectos. -Hacer conocer a las autoridades correspondientes los comentarios y sugerencias. -Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos. -Velar por la organización de la sociedad civil.
Marco legal: ley 850 del 2013 veedurías ciudadanas (colombia, 2013)
Ejemplo: la Veeduría Ciudadana del Túnel de Oriente solicitó contra el proyecto un procedimiento sancionatorio ambiental inmediato ante el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad de Licencias Ambientales. La carencia de licencia también había sido cuestionada por organizaciones ambientalistas ante el Ministerio del ramo desde julio de 2011. La Veeduría Ciudadana le hizo un llamado al Ministerio para que cumpla con su deber de hacer respetar las normas y los actos administrativos y responda en forma legal y pública por lo emitido en la resolución 0148 del 5 de marzo de este año motivada en la urgencia de suspender de manera preventiva, transitoria e inmediata las obras de la conexión vial por no encontrarse licenciado el proyecto como lo establece la Resolución 0361 del 27 de diciembre de 2011. (Duque, s,f). Participación en los procesos de planificación ambiental
En que consiste: Según el texto leído mecanismos de participación ciudadana la planificación se constituye en uno de los principales instrumentos de la gestión ambiental, la Constitución modifica el rol del Estado al otorgarle la facultad de intervenir en los procesos de explotación, producción, distribución y consumo de bienes y servicios, donde juega un papel significativo el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, la institucionalidad ambiental encargada de la ejecución de los planes de gestión ambiental y las entidades territoriales responsables de los planes de desarrollo que debe contener el componente ambiental. La planificación ambiental es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a un lugar o región orientar de manera coordinada el manejo, la administración y el aprovechamiento de sus recursos naturales, para contribuir a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.
Interventores: Región, comunidad, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de gestión ambiental regional, planes de acción trianual, Políticas nacionales ambientales, Planes de desarrollo departamentales y municipales, planes y esquemas de ordenamiento territorial, licencias ambientales, estos últimos elaborados por la Administración municipal y Concejo de la localidad, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA, Plan de Gestión de residuos sólidos. Proceso de ejecución:
Términos del proceso: Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR, estratégico para la planificación de cada una de las corporaciones autónomas regionales. Proyección a 10 años. Planes de Acción Trianual-PAT. Proyección a 3 años Plan de Ordenamiento Territorial-POT y en elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica-POMCA. En el primero de ellos se tiene previsto un proceso participativo previo a la etapa de aprobación, la cual se surte de forma interinstitucional y a través de la consulta ciudadana. El proyecto de plan se somete a consideración de la corporación autónoma regional o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrá de 30 días.
Marco legal:
Carta del 91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Constitución Política (art. 339), se habla de la necesidad de planificar la acción del Estado en lo relativo al ambiente y al manejo de los recursos naturales, dentro de la política de garantizar el desarrollo sostenible. Principios generales ambientales contenidos por la Ley 99 de 1993 se establece que el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales de planificación y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río. Plan Nacional de Desarrollo-PND (Ley 1151 de 2007) establece entre los principios y criterios orientadores de la gestión ambiental, la participación, la cual debe propiciar la concurrencia de las voluntades de los actores del Sistema Nacional Ambiental-SINA, en el diseño, instauración y desarrollo de procesos para garantizar su apropiación y disponibilidad. artículo 8 del Decreto 1713 de 2002, modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 1505 de 2003, estableció que los municipios y distritos deberán elaborar y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o regional, según el caso, en el marco de la Política para la Gestión Integral de los Residuos expedida por el Ministerio de Ambiente
Ejemplo: Para la elaboración de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial-POT, se tiene previsto un proceso participativo previo a la etapa de aprobación, la cual se surte de forma interinstitucional y a través de la consulta ciudadana. El proyecto de plan se somete a consideración de la corporación autónoma regional o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales.
Durante el período de revisión del plan por la corporación autónoma regional o por la autoridad ambiental correspondiente, la junta metropolitana y el consejo territorial de planeación, la administración municipal o distrital solicitará opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales; expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN JUDICIAL
Acción de Tutela
En que consiste: Este mecanismo, tiene como objetivo principal la protección de los derechos fundamentales, en este contexto, y como lo indica Rodríguez, G., & Muñoz, L. (2009), aquellos que son inherentes a la persona humana y prevalecen frente a cualquier norma que pretenda desconocerlos. Es un mecanismo constitucional que busca garantizar la protección inmediata y evitar que la vulneración de un derecho fundamental se produzca o hacer cesar el daño o la violación del derecho que ya se esté causando. Interventores: Cabe destacar, que la acción de tutela debe ser ejercida por una persona natural o jurídica a la cual se le esté afectando de manera directa alguno de sus derechos fundamentales, salvo los casos de representación, esta se puede presentar contra autoridades públicas o contra particulares. La acción de tutela se interpone en primera instancia, ante jueces, seguido de otro que posea mayor jerarquía y por último se interpone ante la Corte Constitucional.
Proceso de ejecución:
Términos del proceso: Se establecen diez días para que se presente el fallo, este puede impugnarse ante el superior, el cual tiene un plazo de veinte días para dar un fallo, para esto es necesario recalcar que no puede pasar mucho tiempo entre la ocurrencia de los hechos y la solicitud. Marco legal: Constitución Política de Colombia. Artículo 86. Decreto 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992 y Decreto 1382 del 2000. Ejemplos: Sentencia T-975/00 Interpuesta por: Luz Amanda Saldarriaga Ortiz En contra de: Álvaro Urrea Botero Magistrado ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Derechos que se reclaman: derechos colectivos, (fundamentales por conectividad), derecho a la intimidad personal y familiar, (Emanación de malos olores), derecho a un ambiente sano (Vulnerabilidad por malos olores, porqueriza limpia y sin contaminación), derecho a la vida (peligro por cableado eléctrico predio vecino). Lugar: Vereda Montegrande de Caicedonia (Valle del Cauca).
Fallo de la Corte Constitucional: Se denegó la tutela de los derechos a la vida, la salud, al medio ambiente sano y la intimidad personal y familiar, ya que el demandado realizo los cambios que le ordeno la Secretaria de Salud, así lo se afirma en la sentencia en la que se indica “la Juez de
instancia tras haber realizado diligencia de Inspección Judicial al predio, es evidente que, en lo concerniente al manejo de aguas y los malos olores, el tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos de las cocheras se hayan conforme lo refieren los informes emitidos por las autoridades competentes, que las cocheras se hayan limpias, por lo tanto, que no se percató el Juzgado de que hubiese contaminación de recursos hídricos y no se percibió contaminación del aire por malos olores. (Sentencia T-975/00) Por otro lado, se concedió la tutela al derecho fundamental a la vida, en el caso del cableado de energía por lo que se ordenó al señor Álvaro Urrea Botero, organizar y acondicionar los cables que representan peligro.
Acción de cumplimiento
En que consiste: Es el mecanismo mediante el cual toda persona, podrá acudir ante un juez, sin necesidad de abogado, para hacer cumplir una ley o un acto administrativo que tenga relación directa con la protección y defensa del patrimonio cultural. Interventores: La acción de cumplimiento puede ser interpuesta por juez. Proceso de ejecución:
Marco legal: Artículo 87, Constitución Nacional. Artículo 16, Ley 397 de 1997. Ejemplo: El decreto que reglamenta las funciones de la Alcaldía del municipio de El Carmen estipula que para salvaguardar los bienes culturales de su ámbito territorial se debe elaborar un inventario de los mismos y remitirlo al Ministerio de Cultura. Ante el hecho de que ese inventario no se había realizado, Flor Lugo le solicitó al alcalde el cumplimiento de ese deber, pero no hubo respuesta; por lo cual, decidió interponer ante Tribunal Administrativo del Departamento una acción de cumplimiento. El juzgador requirió al alcalde por escrito para que señalara la forma en que se estaba cumpliendo lo dispuesto en el decreto que sustenta la acción de cumplimiento. Teniendo en cuenta que pasaron más de ocho (8) días hábiles y no hubo respuesta del funcionario, el tribunal libró el mandamiento de ejecución, en el cual le ordenó elaborar el inventario de todos los bienes culturales existentes en su territorio y además lo condenó en costas.
Acción Popular
En que consiste: La acción popular es un mecanismo de participación que tiene como objetivo la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos, contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar estos derechos, los cuales pertenecen por su naturaleza a todas las personas integrantes de una comunidad o grupo, pero a ninguno de ellos en particular, y mediante los cuales se garantizan las condiciones básicas para su desarrollo integral. (Rodríguez, G., & Muñoz, L. ,2009). Interventores: La acción popular puede ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, organizaciones populares, cívicas o no gubernamentales, entidades públicas, defensor del pueblo, procurador general de la nación, alcaldes o servidores públicos etc.
Proceso de ejecución:
Términos del proceso: Este mecanismo de participación podrá ser promovido, durante todo el tiempo en que la amenaza subsista y afecte el derecho e interés colectivo. Se procede contra la acción u omisión de las autoridades, que se encuentren violando los derechos colectivos. Marco legal: Constitución Política de Colombia. Artículo 88. Ley 393 de 1998. Ley 472 de 1998 Ejemplos: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Adminsitrativo - 19 de abril de 2001 El señor Jesús María Quevedo (demandante), demanda al Alcalde del Municipio de Acacias reclamando al derecho de gozar de un ambiente sano, dada por la contaminación del rio Acaciitas. Las pretensiones son las siguientes: proteger los intereses colectivos al goce de un ambiente sano, manifestando la amenaza y vulnerabilidad que se presenta por la contaminación del rio, situación dada por el depósito de basuras y residuos sólidos, falta de acueducto y alcantarillado para aguas negras, vertimiento de aguas negras por los habitantes de las zonas ribereñas al río sin ningún control. Ordenar al Alcalde Municipal de Acacias en primer lugar, adoptar las medidas necesarias
para la descontaminación del mencionado río y, en segundo lugar cumplir su programa de gobierno en el cual prometió construir una planta de potabilización. (Oyaga, Rafael, 2014). El fallo que se da el consejo de estado es el siguiente: se ordena al Alcalde del Municipio de Acacías adelantar las actuaciones administrativas de policía frente a las personas que vierten sus aguas residuales, en el río Acaciítas, asimismo, fijar como incentivo a favor de Jesús María Quevedo, y a cargo del Municipio de Acacías, el valor en pesos colombianos de diez salarios mínimos legales mensuales de 2001. (Oyaga, Rafael, 2014)
Acción de grupo
En que consiste: La acción de grupo en Colombia para reparar integralmente daños individuales provenientes de perjuicios ambientales. Interventores: La acción de grupo puede ser interpuesta por el defensor del pueblo, abogado Proceso de ejecución:
Términos del proceso Cualquier persona que haya sufrido un perjuicio, puede hacerse parte dentro del proceso. Antes de que se inicie el período probatorio y una vez proferida la sentencia, dentro de los veinte (20) días después de su publicación, podrá acogerse a ella, aún quien no haya concurrido al proceso, siempre y cuando su acción no haya prescrito. De modo contrario, es posible también, que quien haya hecho parte del grupo desde el inicio de la demanda, desista y decida retirarse de la misma dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, evitando así ser vinculado por la conciliación o por la sentencia. Si el fallo ya ha sido proferido, puede aún desistir demostrando que sus intereses no fueron bien representados. En este caso puede intentar una acción individual por indemnización de perjuicios. Marco legal: A pesar de que el artículo 88 de la Constitución Política de 1991 estableció de manera general la acción de grupo como mecanismo de indemnización, tuvo que pasar más de un lustro para que el Congreso de la República aprobara la Ley 472 de 1998, mediante la cual se reglamentó el ejercicio constitucional de esta acción. Ejemplos: en el caso del relleno sanitario Doña Juana, el Consejo de Estado encontró que el monto de la indemnización por perjuicios morales debía ser establecido acudiendo a criterios de equidad, de acuerdo con lo señalado por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, para lo cual determinó una suma fija para cada integrante de cada subgrupo. Sin embargo, no reconoció daños morales adicionales de manera diferenciada a colectivos determinados — niños, madres, ancianos, discapacitados — toda vez que no encontró que se hubieran probado esta clase de daños.
Acción de nulidad
En que consiste Interventores: Proceso de ejecución: Términos del proceso Marco legal: Ejemplos: Acción de inconstitucionalidad o inexequibilidad En que consiste: Interventores: Proceso de ejecución: Términos del proceso Marco legal: Ejemplos:
3. Conclusiones
Los mecanismos de participación ciudadana son una gran herramienta que le permite a cualquier persona defender sus derechos fundamentales, estos brindan la posibilidad a la población colombiana de hacer parte o intervenir de algunas decisiones que se toman; lamentablemente son muchas las personas que no tienen conocimiento de su existencia, situación por la cual en varias ocasiones las poblaciones se limitan a ignorar ciertas situaciones que amenazan sus derechos fundamentales.
Es de vital importancia la divulgación de los derechos a los diferentes mecanismos de participación a los que la ciudadanía puede acceder, promover e incentivar a la comunidad a que aporte y dé a conocer su punto de vista llevara al país a ser más inclusivo y cooperativo.
Se hace fundamental brindar capacitaciones donde se enseñe y oriente a los ciudadanos sobre que son los mecanismos de participación ciudadana, en qué momento se pueden usar y en qué casos, esto con el fin de lograr una mayor participación de la población colombiana en todos los asuntos que afecten su bienestar.
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