SOLUCIONES LABORALES PARA EL
SECTOR PRIVADO
PRINCIPALES INNOVACIONES CONTENIDAS EN LA NUEVA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
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O C I L B Ú P R O T C E S L A E L B A C I L P A N É I B M A T
Paul PAREDES (**)
N O V E I T M U U S C E E J R E
En el presente artículo el autor describe las principales innovaciones que contiene la Ley Nº 29497, Ley Procesal del Trabajo, recientemente aprobada por el pleno del Congreso de la República, respecto de los nuevos tipos de proceso laboral, regulación de plazos, principios aplicables, notificación electrónica, simplificación de trámites, entre otros. Es importante destacar que el autor fue uno de los partícipes en la elaboración de esta nueva ley, cuya reforma trascendente será de aplicación a partir de julio de 2010.
I. Comprende todo todo conflicto nacido de una prestación personal de servicios
II. Estructura la justicia laboral en dos sedes a) Ante los juzgados juzgados de paz paz letrados
L A R O B A L L A S E C O R P
La nueva norma introduce una justicia laboral omnicomprensiva que incluye a todo conflicto jurídico nacido de una prestación personal de servicios, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista y administrativa; sean estos individuales, plurales o colectivos, referidos a aspectos sustanciales o conexos, previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Bajo este modo de regular la competencia, la relación de materias es meramente referencial. No se ha incorporado a esta com petencia la prestación personal de de servicios de carácter civil.
La justicia ante juzgados de paz letrados se efectuará mediante el nuevo proceso abreviado laboral que acoge a las pretensiones hasta un valor de cincuenta (50) URP (1). En este ám bito el procedimiento está caracterizado por: -
La gratuidad para el prestador del servicio.
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La exoneración de costas y costos.
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La defensa defensa cautiva facultativa (hasta 10 URP de elección del prestador, y por el exceso hasta 70 URP a decisión del juez).
(*) Empresas y entidades del Sector Público con Régimen Laboral Privado. (**) Abogado. Magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional. Profesor universitario y asesor del despacho viceministerial de trabajo del MTPE. (1) Equivalente a S/. 18 000 tomando como como referencia el año 2010.
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El empleo de formatos de demanda.
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La notificación electrónica a elección del prestador (preferencia por las notificaciones por cédula).
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La conclusión general de los procesos en segunda instancia (sin casación, pero con uso del precedente).
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La apuesta por una justicia que también sea especializada en materia laboral.
b) Ante los juzgados especializados de trabajo
La justicia ante el juez especializado de trabajo se efectuará mediante el nuevo proceso ordinario laboral y el proceso contencioso-administrativo, pero también, en algunas materias (2), a través del proceso abreviado laboral. Abarca tanto las pretensiones sin expresión monetaria como aquellas mayores a 50 URP. En este ámbito el procedimiento tiene las siguientes características: -
Ambas partes están sujetas al pago de aranceles judiciales. Se regula la condena en costas y costos; sin embargo, habrá exoneración de estos si se determina que hubo motivos razonables para demandar. En estricto, solo se condena al pago de costas y costos cuando se obre con temeridad o mala fe. De otro lado, se precisa que el Estado puede ser condenado al pago de costos.
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La defensa es cautiva superadas las setenta (70) URP.
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No se exige el empleo de formatos de demanda.
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La notificación es preferentemente electrónica.
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La posibilidad de acceso al recurso de casación cumplidos los requisitos de ley.
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La justicia es especializada en materia laboral.
70
En este segundo ámbito existe una zona de causas comprendidas entre las cincuenta (50) y las setenta (70) URP, más aquellas causas sin expresión monetaria, a las cuales se les aplica parte de las características de la justicia de paz letrada, tales como:
de representación y defensa de sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo atribuye a las organizaciones sindicales.
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La gratuidad para el prestador del servicio.
V. Legitimación especial
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La exoneración de costas y costos.
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La defensa cautiva facultativa, a decisión del juez.
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El empleo de formatos de demanda.
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La notificación electrónica a elección del prestador (preferencia por las notificaciones por cédula).
III. Se introducen dos nue vos tipos de procesos de conocimiento Se introducen dos nuevos tipos de procesos de conocimiento: el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral. El primero está estructurado en dos audiencias: una audiencia de conciliación y una segunda de juzgamiento, la cual aglutina las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia; mientras que el segundo contempla una única audiencia.
IV. Representatividad de los sindicatos Se atribuye a los sindicatos capacidad para comparecer en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial de representación, exigencia que la vigente Ley Procesal del Trabajo establece y que limita el cumplimiento de la función
Se establece un supuesto de legitimación especial para las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento a las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil; disponiéndose que estas pueden ser formuladas por los afectados directos, por una organización sindical, por una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, por la Defensoría del Pueblo o por el Ministerio Público.
VI. Defensa de oficio Se establece la defensa de oficio a cargo del Ministerio de Justicia a favor de la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad; categorías a las que el artículo 23 de la Constitución confiere especial atención.
VII. Principio de oralidad Se reconoce como principio esencial la prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias. A este efecto se dispone que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento; y, como complemento, que las actuaciones
(2) Caso de la reposición cuando esta es planteada como pretensión principal única y también en lo relativo a la vulneración de la libertad sindical.
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realizadas se registran en audio y video utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido.
VIII. Notificación electrónica Se opta por un sistema de notificaciones preferentemente electrónico, salvo cuando se trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos que deben notificarse mediante cédula.
IX. Defensa cautiva facultativa Se prevé la posibilidad de que las demandas de prestadores de servicios no requieran firma de abogado, cuando el total reclamado no supere de diez (10) unidades de referencia procesal. Cuando supere este límite y hasta las setenta (70) unidades de referencia procesal se establece como facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con abogado. En los casos en que se comparezca sin abogado deberá emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial.
X. Regulación de plazos Se establecen plazos sumamente cortos para la calificación de la demanda. Se dispone que el juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida; y que si observa el incum plimiento de alguno de los requisitos concederá al demandante cinco (5) días hábiles para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de declararse la conclusión del proceso y el archivo del expediente.
XI. Demanda de liquidación de derechos individuales Se prevé un trámite especial para las demandas de liquidación de derechos individuales. Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hu biesen sido afectados pueden iniciar, con base en dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido, siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, y haya pasado en autoridad de cosa juzgada; ello, en atención al efecto multiplicador que tendrán este tipo de sentencias.
XII. Inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribunal u órgano administrativo ad hoc como es el caso del Tribunal del Servicio Civil Se establece la inexigibilidad de agotamiento de la vía administrativa en el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servicios, de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico, en cuyo caso deberá recurrirse ante ellos antes de acudir al proceso contencioso-administrativo.
XIII. Promoción del deber ciudadano de colaborar con la justicia Con el propósito de promover la colaboración de los testigos en las audiencias convocadas, se establece que el secretario del juzgado les ex pedirá una constancia de asistencia a fin de acreditar el cumplimiento de
su deber ciudadano, que les servirá para sustentar ante su empleador la inasistencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia.
XIV. Exhibición de las planillas electrónicas Se establece un procedimiento para la exhibición de las planillas electrónicas obrantes en poder del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se dispone que dicha exhi bición sea ordenada por el juez, al funcionario responsable de brindar tal información, la que no es susceptible de tacha, sin perjuicio de la res ponsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente.
XV. Establecimiento de presunciones a partir de la conducta procesal de las partes Se establecen algunos criterios para la valoración de la conducta procesal de las partes, disponiéndose que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso, lo que es particularmente relevante cuando la actividad pro batoria es obstaculizada por una de las partes, entendiéndose que hay tal obstaculización cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o se responde evasivamente.
XVI. Carga probatoria Se introducen nuevas reglas de carga probatoria. Resalta aquella por la cual se establece que acreditada la prestación personal de servicios se
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presume la existencia de vínculo la boral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
XVII. Principio de irrenunciabilidad Se regula la conciliación y transacción como medios de conclusión del proceso, estableciéndose que para que acuerdos de ese tipo produzcan dicho efecto deben superar el test de disponibilidad de derechos, debiéndose tomar en consideración los siguientes criterios: a. El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva. b. Debe ser adoptado por el titular del derecho. c. Debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante, con la finalidad de garantizar que no existan vicios de la voluntad del trabajador al momento de tomar el acuerdo. También se prevé la posibilidad de que los acuerdos conciliatorios y transaccionales se den independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución.
XVIII. Procedimiento oral también en segunda instancia Se establece un trámite célere en segunda instancia y audiencia de vista de la causa en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. En virtud de este, concluida la exposición oral de los abogados, el juez ad quem dicta sentencia inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan, pudiendo, excepcionalmente, diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
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XIX. Regulación del recurso de casación La particularidad más resaltante del recurso de casación laboral es que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renova ble por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspenderá la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable.
XX. Regulación del precedente vinculante de la Corte Suprema Se dispone que las sentencias de la Corte Suprema resultantes de procesos laborales constituyen precedente vinculante, de obligatorio cum plimiento, cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo; y que los precedentes vinculantes son adoptados directamente por la sala suprema que resuelve los casos, sin necesidad de convocar al pleno de los magistrados supremos.
XXI. Regulación amplia de las medidas cautelares e inclusión de la medida especial de reposición provisional Se establece la posibilidad de que el juez dicte cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal. Con ello se levanta la limitación de la vigente Ley Procesal del Trabajo, que dispone que cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, solo se puede solicitar embargo bajo la modalidad de inscripción o administración. Se prevé como medida especial la re posición provisional del trabajador,
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la cual es procedente fuera o dentro del proceso, cumplidos los requisitos ordinarios; o también –de modo simplificado–, cuando el demandante cumple los siguientes requisitos: a. Haber sido al momento del des pido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante, persona con discapacidad, o estar gestionando la conformación de una organización sindical. b. El fundamento de la demanda es verosímil.
XXII. Autorización judicial para ingreso a los centros de trabajo Con la finalidad de facilitar la actividad inspectiva cuando se requiere autorización judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, se dis pone que dicha autorizació n sea tramitada por el inspector de trabajo, o funcionario que haga sus veces, presentando para tal efecto, ante el juzgado de paz letrad o de su á mbito territorial de actuación, la respectiva solicitud, la que debe resolverse, bajo responsabil idad, en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado.
XXIII. Regulación del arbitraje Se establecen reglas para el uso adecuado del mecanismo arbitral, tendientes a evitar que el recurso a esta vía provenga de una imposición del empleador que pretenda limitar el acceso del trabajador a la tutela judicial. En ese sentido, se dispone que las controversias jurídicas en materia laboral puedan ser sometidas a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual perci bida sea, o haya sido, superior a las setenta (70) unidades de referencia procesal.
