Seguridad Industrial - Antonio Enriquez Palomino Jose

Antonio Enríquez Palomino Licenciado en Derecho . Auditor Legal en PRL. Consultor de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 15 años de experiencia. Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión de la Calidad y de Sistemas de Gestión Ambiental por el Instituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ). Auditor IRCA (Internacional Register of Certificated Auditors) de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditor RSE. Socio – Auditor de LABORPREX AUDITORES. José Manuel Sánchez Rivero Licenciado Licenciado en e n Antro Antropología pología Social y Cultural. Cultural. Diplomado en Formación del Profesorado. Auditor y Consultor de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 15 años de experiencia. Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de la Calidad y de Sistemas de Gestión Ambiental por el Instituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ). Auditor IRCA (Internacional Register of Certificated Auditors) de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditor de RSE. Socio – Auditor de LABORPREX AUDITORES. Victoriano Martín Blanco Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Consultor de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 10 años de experiencia. Auditor de RSE. Socio – Auditor de LABORPREX AUDITORES.

Antonio Enríquez Palomino Licenciado en Derecho . Auditor Legal en PRL. Consultor de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 15 años de experiencia. Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión de la Calidad y de Sistemas de Gestión Ambiental por el Instituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ). Auditor IRCA (Internacional Register of Certificated Auditors) de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditor RSE. Socio – Auditor de LABORPREX AUDITORES. José Manuel Sánchez Rivero Licenciado Licenciado en e n Antro Antropología pología Social y Cultural. Cultural. Diplomado en Formación del Profesorado. Auditor y Consultor de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 15 años de experiencia. Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de la Calidad y de Sistemas de Gestión Ambiental por el Instituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ). Auditor IRCA (Internacional Register of Certificated Auditors) de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditor de RSE. Socio – Auditor de LABORPREX AUDITORES. Victoriano Martín Blanco Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Consultor de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, con más de 10 años de experiencia. Auditor de RSE. Socio – Auditor de LABORPREX AUDITORES.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Puesta Puesta en Servicio, Serv icio, Mantenimiento e Inspección de Equipos e Instalaciones Instalaciones

ANTONIO ENRÍQUEZ PALOMINO JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RIVERO VICTORIANO MARTÍN BLANCO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Puesta en Servicio, Mantenimiento e Inspección de Equipos e Instalaciones Autores: Autore s: Antonio Enríquez Palom Pa lomino ino José Manuel Sánchez Rivero Victoriano Martín Blanco Edita: © FUNDACIÓN CONFEMETAL Príncipe de Vergara, 74 - 28006 Madrid Tel.: 91 782 36 30. Fax: 91 563 17 41 [email protected] www.fundacionconfemetal.com ISBN: 978-84-15781-64-6 Impreso en España - Printed in Sp ain QUEDA PROHIBIDA PROHIB IDA TODA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL PARCIAL DE LA OBRA POR CUALQUIER CUALQUI ER MEDIO O PROCEDIMIENTO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA.

Í NDICE NDICE Capítulo 1. Capítulo LA REGLAMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: ORIGEN Y SITUACIÓN ACT CTUA UAL L 1.1. Introducción 1.1. Introducción 1.2. Evolu Evolución ción de la seguri seguridad dad in industrial dustrial 1.3. Escenario actual de la seguridad in industrial dustrial 1.4. La reglamen reglamentación tación de seguridad in industrial dustrial 1.4. 1. Contenido 1.4.1. Contenido de los reglamen reglamentos tos de seguridad in indus dustrial trial 1.4.2. 1.4. 2. Medios de prueba y control control admini administr strativo ativo del cum cumplim plimien iento to reglamentario 1.5. La configuración configuración y funcionam funcionamien iento to de los los organismos organismos de control (OCA) 1.6. La regulación La regulación de las entidades de acreditación 1.7. Procedimiento Procedimiento de habi habilitación litación de empresas instalador instaladoras as y man mantenedoras tenedoras (o reparadoras) de instalaciones y equipos equipos industriales 1.8. Obligaciones de las las empresas empresas instalador instaladoras as y/o man mantenedoras tenedoras en materia de información y información y reclamaciones Ane An exo I: Modelo de Declaración Responsable (Ministerio de Industria) Industria)

Capítulo 2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.1. Introducción 2.2. Instalaciones eléctricas de baja tensión 2.2. 1. 2.2.1. 2.2.2. 2.2. 2. 2.2.3. 2.2. 3. 2.2.4. 2.2. 4. 2.2.5. 2.2. 5. 2.2.6. 2.2. 6.

Normativa reguladora Puesta Pu esta en servicio de la in instalación stalación Mantenimien Manteni miento to de las in instalaciones stalaciones Verificaciones e in inspecciones specciones Resumen Resum en esquem esquemático ático de las obligacion obligaciones es para el empresario Empresas in instaladora staladorass habi habilitadas litadas

2.3. Instalaciones eléctricas de alta tensión

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6.

Normativa reguladora Puesta en servicio de la instalación Mantenimiento de la instalación Verificaciones e inspecciones Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario Empresas instaladoras habilitadas

2.4. Líneas eléctricas de alta tensión 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.


2.5. Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6.


Capítulo 3. APARATOS ELEVADORES 3.1. Ascensores 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.


3.2. Grúas móviles autopropulsadas 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6.


3.3. Equipos de elevación industrial: puentes grúa, polipastos, semipórticos, pórticos, góndolas, carretillas automotoras, vehículos industriales, grúas autocargantes 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.


Capítulo 4. PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 4.1. Introducción 4.2. Productos químicos peligrosos 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7.

Concepto de producto químico peligroso Normativa reguladora Puesta en servicio del almacenamiento de productos químicos Mantenimiento de la instalación. Revisiones periódicas Control de las instalaciones e inspecciones periódicas Tipos de productos químicos según su peligrosidad Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario

4.3. Empresas instaladoras y/o mantenedoras habilitadas 4.4. Residuos peligrosos: concepto y características 4.4.1. Normativa de aplicación a los residuos peligrosos 4.4.2. Clasificación de los residuos peligrosos 4.4.3. Comunicación previa al inicio de la producción y gestión de residuos. Autorizaciones 4.4.4. Obligaciones de los productores de residuos peligrosos 4.4.5. Vigilancia, inspección y control de residuos

Capítulo 5. INSTALACIONES PETROLÍFERAS 5.1. Introducción 5.2. Instalaciones de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para su consumo en la propia instalación

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5.

Normativa reguladora Puesta en servicio de la instalación Mantenimiento de la instalación Pruebas e inspecciones periódicas Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario

5.3. Instalaciones para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.

Normativa reguladora Puesta en servicio de la instalación Mantenimiento de la instalación Pruebas e inspecciones periódicas Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario

5.4. Instalaciones y parques de almacenamiento destinados a la distribución y suministro de productos petrolíferos 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

Normativa reguladora Puesta en servicio de la instalación Mantenimiento de la instalación Inspecciones periódicas oficiales Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario

5.5. Empresas instaladoras y/o reparadoras habilitadas

Capítulo 6. COMBUSTIBLES GASEOSOS 6.1. Introducción 6.2. Normativa reguladora 6.3. Puesta en servicio de instalaciones 6.4. Puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas (ITC-IGC-08) 6.5. Mantenimiento de instalaciones. Revisiones e inspecciones 6.5.1. Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos (ITC-IGC03) 6.5.2. Estaciones de servicio para vehículos a gas (ITC-IGC-05) 6.5.3. Instalaciones de envases de GLP para uso propio (ITC-IGC-06) 6.5.4. Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos (ITC-IGC-07)

6.5.5. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario 6.6. Instaladores de gas y empresas instaladoras de gas habilitadas 6.6.1. Instaladores de gas 6.6.2. Habilitación de empresas instaladoras/mantenedoras de gas 6.6.3. Obligaciones de las empresas instaladoras/mantenedoras de gas

Capítulo 7. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 7.1. Introducción 7.2. Normativa reguladora 7.3. Puesta en servicio de la instalación 7.4. Mantenimiento de la instalación 7.5. Inspecciones periódicas oficiales 7.6. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario 7.7. Empresas instaladoras y/o mantenedoras habilitadas

Capítulo 8. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 8.1. Normativa reguladora 8.2. Puesta en servicio de la instalación 8.3. Mantenimiento de la instalación 8.4. Verificaciones e inspecciones 8.5. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario 8.6. Empresas instaladoras y/o mantenedoras habilitadas

Capítulo 9. EQUIPOS A PRESIÓN 9.1. Introducción

9.2. Calderas 9.2.1. Normativa reguladora 9.2.2. Puesta en servicio de la instalación 9.2.3. Mantenimiento de la instalación 9.3. Inspecciones periódicas oficialesCentrales generadoras de energía eléctrica 9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4. 9.3.5.

Normativa reguladora Puesta en servicio de la instalación Mantenimiento de la instalación Inspecciones periódicas oficiales de la instalación Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario

9.4. Refinerías de petróleo y plantas petroquímicas 9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 9.4.4. 9.4.5.


9.5. Depósitos criogénicos 9.5.1. 9.5.2. 9.5.3. 9.5.4. 9.5.5.


9.6. Botellas de equipos respiratorios autónomos 9.6.1. Normativa reguladora 9.6.2. Puesta en servicio de la instalación 9.6.3. Mantenimiento de la instalación 9.7. Inspecciones periódicas oficiales Recipientes a presión transportables 9.7.1. 9.7.2. 9.7.3. 9.7.4. 9.7.5.


9.8. Tuberías y conducciones 9.9. Empresas instaladoras y/o reparadoras habilitadas

Capítulo 10. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 10.1. Introducción 10.2. Normativa reguladora 10.3. Puesta en servicio de instalaciones de protección contra incendios 10.3.1. Establecimientos de uso industrial 10.3.2. Establecimientos de uso NO industrial 10.4. Mantenimiento de la instalación: revisiones periódicas 10.5. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario 10.6. Empresas instaladoras y/o mantenedoras habilitadas 10.6.1. Habilitación de empresas instaladoras y de empresas mantenedoras 10.6.2. Obligaciones de las empresas instaladoras y/o 10.6.3. mantenedoras Habilitación de usuarios como empresas mantenedoras

BIBLIOGRAFÍA. REPERTORIO LEGISLATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO 1. LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL

1.1. INTRODUCCIÓN El ser humano a lo largo de la historia ha tenido la necesidad de buscar mecanismos de seguridad que le permitan protegerse de los peligros a los que permanentemente se ve sometido en su actividad normal. Esta necesidad de seguridad le ha llevado a lo largo de los tiempos a una búsqueda que se concreta en dos procesos diferenciados: Proceso mágico, por el que los daños se intentan evitar conjurando los riesgos o peligros con los que el hombre convive mediante actuaciones de tipo esotérico, mágico o religioso: ritos, votos, uso de amuletos, fetiches, talismanes, etc. El origen del posible daño se sitúa en la fatalidad, el azar, la mala suerte, o fenómenos sobrenaturales. Proceso basado en el pensamiento lógico, en la investigación y dominio de la evidencia y de la verdad científica experimental que conduce a la seguridad científica. Parte de la base de que los accidentes y sus consecuencias (daños y pérdidas) son fenómenos reales, que se explican por causas naturales, sobre las que es posible actuar a través de acciones de prevención y de minimización de los efectos.

Una de las actividades humanas donde los riesgos para las personas están especialmente presentes es la actividad industrial, debido a que los procesos que en la misma se realizan requieren de la intervención de máquinas, energías, productos, etc., que generan peligros de todo tipo.

La actividad industrial, que comienza con la revolución industrial del siglo XVIII, ha ido creciendo progresivamente en las sociedades avanzadas, lo que ha demandado que la protección frente a los riesgos que la misma provoca adquiera cada vez mayor importancia. Desde el punto de vista del pensamiento lógico-científico, la protección debe entenderse como un conjunto de actitudes y actividades ordenadas sistemáticamente, que permitan evitar o reducir tanto las causas capaces de generar daño, como las causas concurrentes que las desencadenan, así como minimizar los daños en caso de producirse un accidente. En el proceso de protección podemos distinguir, por tanto, dos tipos de actuaciones: a)

Actuaciones encaminadas a eliminar o reducir las causas del riesgo y/o las causas que lo desencadenan. Es lo que se denomina prevención del riesgo. b) Actuaciones que tienen por objeto minimizar los daños y pérdidas en el caso de que finalmente el accidente se produzca. Es lo que constituye la reacción ante el accidente. La Reglamentación de Seguridad Industrial es una iniciativa técnico- legal de protección dirigida a regular, dentro del ámbito industrial, las actuaciones relacionadas con los riesgos de origen tecnológico, pudiendo incidir sobre ellos tanto con acciones preventivas, como de minimización de daños, a las que se aplican los principios de la seguridad científica. Los riesgos tecnológicos pueden ser de distinto tipo: Físicos (Mecánicos, Termodinámicos, Eléctricos, Acústicos, Ópticos...), Químicos (Combustión, Corrosividad, Toxicidad, Explosiones químicas), Nucleares (Mecánicas, Térmicas, Radiaciones ionizantes, Explosiones nucleares). La creciente complejidad de los riesgos tecnológicos, unida a una cada vez mayor

exigencia social y política de seguridad, han llevado parejo, en los países industrializados, el desarrollo de un complejo cuerpo de normas técnico-legales cuyo cumplimiento, sin duda, garantiza unos niveles de seguridad desconocidos hasta ahora, pero que en muchos casos supone también dificultades cada vez mayores para los responsables de su interpretación y aplicación en las empresas. Este es el motivo que nos ha movido a la elaboración de la presente obra: ayudar a la interpretación y aplicación normativa, mediante un análisis en profundidad de cada uno de los principales reglamentos aplicables, con el fin de simplificar en todo lo posible su interpretación y puesta en práctica en lo que se refiere a la gestión de la puesta en práctica, mantenimiento e inspección de los equipos e instalaciones sometidos a dicha normativa, desarrollando, además, los requisitos y obligaciones que es establecen para la habilitación de empresas instaladoras y/o mantenedoras. En el presente libro se analizan los equipos e instalaciones sometidos a reglamentación de seguridad industrial más importantes y habituales en la mayoría de las empresas. Es decir: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Instalaciones eléctricas Aparatos elevadores Productos químicos peligrosos y residuos peligrosos Instalaciones petrolíferas Combustibles gaseosos Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria Instalaciones frigoríficas Equipos a presión Instalaciones de protección contra incendios

1.2. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL El establecimiento de Leyes o Códigos que permitan al ser humano realizar su actividad normal de un modo seguro ha sido la consecuencia de la necesidad de seguridad que el mismo tiene. Ya el Código de Hammurabi (2100 a. C.), que puede considerarse como el primer Reglamento de Seguridad Industrial de la historia, exigía, entre otras cosas, que las edificaciones fueran realizadas con seguridad, previendo fuertes sanciones contra los constructores cuyas edificaciones no se mantuvieran en pie y provocaran accidentes o muertes. Posteriormente, en la época del Imperio Romano, se desarrollan diversas especificaciones para la construcción de carreteras, puentes, acueductos,

canalizaciones, templos, coliseos y teatros. No obstante, no es hasta la Revolución Industrial, con la aparición de nuevos riesgos como consecuencia del desarrollo tecnológico y sus múltiples aplicaciones industriales, cuando, como consecuencia del gran número de accidentes y lesiones que se producen, se van a especificar las diferentes condiciones que, a juicio de los legisladores, deberán cumplir las instalaciones industriales para evitar catástrofes tan frecuentes. Aparecen así un importante número de normas, que inicialmente son implantadas en los países más desarrollados, como Alemania, Reino Unido y los Estados Unidos de América, y posteriormente en otros países, como España, donde periódicamente van a ser ampliadas y revisadas dando lugar a los actuales Reglamentos de Seguridad Industrial. Suelen distinguirse tres etapas en la evolución histórica de la seguridad industrial:

1. Etapa inicial, propia de los albores de la revolución industrial, estuvo fuertemente marcada por el concepto de productividad. Resultaba primordial asegurar que los nuevos procesos de producción tuvieran capacidad suficiente para rentabilizar las inversiones requeridas. Es una fase que se dio sobre todo en los países de más temprana industrialización, pero que también se aprecia en los países de incorporación más tardía a la revolución industrial, en los cuales se hubo de hacer un primer esfuerzo para asimilar tecnología y hacerla productiva, por encima de otras consideraciones. 2. En una segunda etapa, el concepto de seguridad adquiere mayor relevancia, en su doble vertiente de seguridad interna en la fabricación o en los procesos industriales, y seguridad externa en el uso de los productos o los servicios industriales. No obstante, el concepto de productividad continua siendo imprescindible. La industria debe seguir satisfaciendo los criterios de rentabilidad económica, para los que es necesaria la productividad, pero ahora se considera que su optimización no puede en ningún caso ir en contra de los requisitos esenciales de seguridad. 3. La tercera etapa se inicia en el mundo industrializado después de la Segunda Guerra Mundial, y en ella cobra importancia decisiva el concepto de calidad. Ya no basta con asegurar unos requisitos esenciales de seguridad y maximizar la

productividad a corto plazo, sino que hay que considerar la calidad como valor intrínseco y de carácter estratégico, tanto en relación con los procesos como con los productos obtenidos.

1.3. ESCENARIO ACTUAL DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Actualmente, la práctica totalidad de las actividades industriales necesitan, para llevar a cabo sus procesos productivos, provocar o recurrir a fenómenos físicos que no están en su estado natural, o más estable, tales como: cargas eléctricas separadas, hornos a muy elevada temperatura, aparatos y conductos a alta presión, vehículos impulsados a gran velocidad, etc.; así como a la manipulación y almacenamiento, en cantidades más o menos importantes, de gases, productos derivados del petróleo y productos químicos peligrosos. Estos fenómenos físicos provocados, y manipulaciones, permiten al hombre moderno, entre otras cosas, disponer de electricidad, aparatos electrodomésticos, vehículos con los que trasladarse a grandes distancias en breves plazos de tiempo, o fabricar mejores y más baratos materiales para su vivienda y confort; pero también introducen en los entornos de trabajo, y en la sociedad en general, nuevos riesgos que, en muchos casos, pueden ser de especial gravedad, lo cual hace necesaria una regulación técnico-legal que, si es posible, los elimine o, al menos, reduzca al mínimo posible la probabilidad de que se materialicen, así como las consecuencias que puedan provocar. La Reglamentación de Seguridad Industrial viene a cubrir esta nueva necesidad, y tiene como objetivo primordial velar por que esas actividades de la industria se realicen sin producir daños inaceptables para los profesionales que las ejecutan, las personas en general, los bienes y el medio ambiente. La seguridad industrial ha ido cristalizando en una serie de leyes, decretos y reglamentos que articulan de manera eficaz las exigencias planteadas en este terreno. Puede decirse que en la práctica totalidad de los países existe una legislación de seguridad industrial, pero solo en los países más avanzados y con mayor tradición tecnológica esta legislación tiene la suficiente amplitud para alcanzar a todas las actividades industriales peligrosas. Es obvio que la seguridad absoluta no existe, y que los riesgos naturales y biológicos confieren a nuestra vida un marco de desarrollo no exento de sobresaltos. Tampoco en la seguridad industrial puede existir la seguridad absoluta, pero el nivel al que se ha llegado en la actualidad es muy elevado. Se debe seguir trabajando, no obstante, para que la aparición de nuevas tecnologías y nuevos medios de

producción y comercialización no comporten niveles de inseguridad inaceptables para la población ni para las personas profesionalmente expuestas a los riesgos industriales. En España, sobre todo desde nuestra incorporación a la Unión Europea, la Reglamentación de Seguridad Industrial ofrece una amplia y variada cantidad de normas técnico-legales que, sin duda, han supuesto un aumento importante de los niveles de seguridad en la actividad industrial, pero también una complejidad creciente para el personal especializado (jefes de mantenimiento, directores de ingeniería, y/o similares) que debe responsabilizarse de su aplicación y control. Con este libro lo que pretendemos es, precisamente, desbrozar y aclarar la citada normativa de aplicación en todo lo que se refiere a la gestión de la puesta en marcha, mantenimiento y revisiones de equipos e instalaciones industriales, simplificándola, esquematizándola y poniendo a disposición de los lectores una información con una metodología y un material didáctico que, sin olvidar el necesario rigor que esta materia precisa, nos permita presentar la Reglamentación de Seguridad Industrial y su aplicación de la forma más sencilla posible. En la seguridad industrial suelen distinguirse tres niveles de actuación:

a) La seguridad laboral u ocupacional Destinada a proteger a los individuos profesionalmente expuestos, y que por tanto están identificados. Estas personas están protegidas por la legislación sobre prevención de riesgos laborales, que prevé un amplio conjunto de medidas de prevención y protección, entre las quese incluyen la formación y entrenamiento de los trabajadores para afrontar los riesgos específicos a los que están expuestos.

b) La seguridad contra accidentes graves Destinada a proteger, además de a los propios profesionales expuestos, a la población en general, contra riesgos provenientes de situaciones accidentales que impliquen emisiones de altas cantidades de productos tóxicos de diversa naturaleza, o de energía o de ambas cosas a la vez. Nos movemos en el ámbito

de los Accidentes Graves (también llamados Accidentes Mayores) que, por su mayor probabilidad y sus graves consecuencias, cobran especial importancia en las Industrias Química y Nuclear.

c)

La seguridad industrial de instalaciones industriales y de los productos elaborados en las mismas Destinada a proteger al usuario de un producto o de una instalación industrial, incluidos los trabajadores que utilizan los equipos e instalaciones industriales en la elaboración de dichos productos. Esta es la seguridad en la que nos vamos a centrar a lo largo de este libro.

1.4. LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL La actual Reglamentación de Seguridad Industrial en España tiene su fundamento inicial en la Constitución de 1978, en la cual, aunque no hay una referencia expresa a la industria, si que se regula la actividad económica, de cuyo conjunto forma parte la industria.

A continuación tenemos la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1, 1. a y 13.a de la Constitución, establece las bases de ordenación del sector industrial. En su artículo 2 dispone que uno de los fines de la propia ley es la seguridad y calidad industrial. Y en el artículo 9, apartados 1, 2, 3 y 4 establece que: El objeto de la seguridad industrial es “la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados

de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales”. Las actividades de prevención y protección que se dispongan “tendrán como finalidad limitar las causas que originen los riesgos, así como establecer los controles que permitan detectar o contribuir a evitar aquellas circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y mitigar las consecuencias de posibles accidentes”. Los riesgos considerados de seguridad industrial serán “los que puedan producir lesiones o daños a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, y en particular los incendios, explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que pudiera preverse en la normativa internacional aplicable sobre seguridad”. Las actividades objeto de la seguridad e higiene en el trabajo “se regirán por lo dispuesto en su normativa específica”. Con lo cual se separa claramente, en cuanto a su regulación normativa, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad industrial aunque, en la práctica, las dos regulan aspectos que afectan directa o indirectamente a la seguridad y salud de los trabajadores y, por tanto, deben tenerse en cuenta ambas a la hora de garantizar una adecuada prevención de riesgos laborales. Esta ley constituye una norma básica que sistematiza el variado elenco de disposiciones de diverso rango que rigen hoy en materia de industria, cubriendo a la vez las importantes lagunas existentes, entre otras las relativas al registro de establecimientos industriales de ámbito estatal y al régimen sancionador en materia de seguridad industrial. También cumple la ley la necesidad de adaptar la regulación de la actividad industrial en España a la derivada de nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea y la constitución del mercado interior, lo que implica, entre otras consecuencias, que en materia de seguridad y calidad industriales , se tenga particularmente en cuenta, en la propia ley y en las normas que la desarrollen: La eliminación de barreras técnicas a través de la normalización y la armonización de las reglamentaciones e instrumentos de control. El nuevo enfoque comunitario basado en la progresiva sustitución de la tradicional homologación administrativa de productos por la certificación que realizan empresas y otras entidades, con la correspondiente supervisión de sus actuaciones por los poderes públicos. El Título III de la Ley, “Seguridad y Calidad Industriales”, constituye el núcleo de

la misma por la importancia creciente de esta materia en el contexto internacional. Se divide en dos capítulos, precedidos de un artículo común en el que se recogen definiciones y conceptos de seguridad industrial. El Capítulo I, Seguridad Industrial, está dedicado, como su propio nombre indica, a establecer el marco normativo básico para la regulación de esta materia, de modo que constituirá una referencia de primer orden a la que habremos de recurrir. En este capítulo se establece, en primer lugar, el objeto de la seguridad industrial (como ya hemos citado anteriormente, artículo 9 de la Ley), y a continuación se dispone: El contenido de los Reglamentos de Seguridad Industrial, que supondrán un desarrollo de la ley mediante el cual se regularán los aspectos concretos y específicos de cada instalación o almacenamiento industrial peligroso, y que normalmente serán aprobados mediante Real Decreto. Estos podrán tener, a su vez, un desarrollo posterior, todavía más específico, en las llamadas Instrucciones Técnicas Complementarias (que llamaremos a partir de ahora ITC), normalmente aprobadas mediante Orden Ministerial Los medios de prueba del cumplimiento reglamentario El control administrativo del cumplimiento reglamentario La configuración de los Organismos de Control (OCA) La regulación de las Entidades de Acreditación La creación del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial El Capítulo II, Calidad Industrial, establece las actuaciones que las Administraciones públicas, en colaboración, desarrollarán para procurar la competitividad de la industria española; asimismo define los agentes a través de los cuales podrá instrumentarse la calidad industrial mediante un sistema de normas voluntarias. Hay otras disposiciones legislativas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, que revisten importancia primordial en la seguridad industrial, y son: El Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Finalmente, en el campo de la seguridad industrial tienen un relieve especial las disposiciones referentes a normalización, homologación y certificación, introducidas, como hemos visto, por la Ley de Industria. El gran incremento y complejidad de las mismas, en todos los países industrializados, ha supuesto que estas funciones hayan pasado en gran parte a ser desarrolladas por entidades colaboradoras de las Administraciones públicas y laboratorios privados. El Real Decreto 735/1979, de 20

de febrero, dispone la normativa a cumplir por entidades colaboradoras en expedición de certificados de calidad, homologación y verificación. El Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, aprueba el Reglamento General de Actuaciones en el campo de la normalización y homologación. El Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, ordena las actividades de normalización y certificación. El Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre, regula las Entidades de Inspección y Control Reglamentario en materia de seguridad de productos, equipos e instalaciones industriales. La Ley 21/1992 de Industria ha supuesto un cambio legislativo sustancial en la concepción de las instalaciones y productos industriales, ya que en el ámbito europeo, tradicionalmente la autoridad pública adoptaba decisiones precautorias ante las nuevas tecnologías, mediante un control a priori de la seguridad de las mismas, lo que suponía que, para permitir la comercialización de un producto el fabricante tenía que demostrar de antemano su inocuidad o falta de peligrosidad. Esta forma de actuar es conocida con la denominación de Antiguo Enfoque y, además de ser prolija y compleja, tenía el inconveniente de la existencia de una diferente reglamentación de unos países a otros, dentro de la propia Unión Europea, lo que suponía importantes dificultades de integración comercial. Con la nueva ley, como ya hemos dicho en páginas anteriores, se tiene particularmente en cuenta el objetivo de eliminación de barreras técnicas a esa integración comercial, a través de la normalización y la armonización de las reglamentaciones e instrumentos de control, así como el nuevo enfoque comunitario basado en la progresiva sustitución de la tradicional homologación administrativa de productos por la certificación que realizan empresas y otras entidades, con la correspondiente supervisión de sus actuaciones por los poderes públicos. Las Directivas Comunitarias actuales sobre Productos Industriales se basan en la Resolución del Consejo, de 1985, relativa a un nuevo enfoque en materia de armonización técnica y normalización, que es quizás el más significativo de los planteamientos en los que se apoya el mercado interior en lo que se refiere a la eliminación de las barreras técnicas; y en la Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a un planteamiento global en materia de evaluación de la conformidad (enfoque global), que destaca la importancia de crear las condiciones necesarias para el funcionamiento del principio de reconocimiento recíproco, tanto en el ámbito reglamentario como en el no reglamentario. Estas resoluciones han quedado recogidas en el ordenamiento jurídico español, además de en la propia Ley 21/1992, en el RD 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que viene a desarrollar los aspectos contenidos en la Ley 21/1992 en referencia a los organismos y entidades que operan en el campo de la calidad y de la seguridad industrial, contemplados en el Título III de la misma.

En resumen, el RD 2200/1995 concreta los criterios del Nuevo Enfoque y el Enfoque Global, establecidos por las Directivas comunitarias en lo siguiente: La responsabilidad de los daños provocados por los productos que se ponen en el mercado corresponde al fabricante o importador . La armonización legislativa se limita a la adopción de las exigencias básicas que deberán cumplir los productos para poder circular libremente. Los organismos nacionales de normalización que sean competentes son los encargados de hacer las normas (especificaciones técnicas) que los agentes económicos necesitan para producir y comercializar los productos. Cuando los productos estén amparados en Directivas, sus normas habrán de adecuarse a las exigencias básicas de las Directivas. Las administraciones nacionales deberán presumir la conformidad con las exigencias básicas de aquellos productos fabricados conforme a normas armonizadas (o provisionalmente a normas nacionales). La responsabilidad del Control del funcionamiento del conjunto corresponde a las Administraciones de los Estados miembros. En lo que se refiere al Enfoque Global, establece que: La legislación comunitaria deberá ser coherente entre sí en cuanto a los procedimientos de evaluación de la conformidad, mediante una tipificación modular de las mismas. Asimismo deberá contemplar los aspectos relacionados con la autorización y notificación de los organismos de control y los referidos a la utilización del marcado CE. Se fomentará en todos los Estados miembros de la Comunidad, y en la propia Comunidad, la utilización de las normas europeas EN 29000 y EN 45000, actualmente Normas UNE-EN-ISO 17000, relativas a técnicas de la calidad en el ámbito de la empresa y en el de los organismos dedicados a actividades de ensayo y certificación. Se fomentará igualmente la creación de sistemas de acreditación. Por otra parte, los reglamentos técnicos nacionales, tanto sobre instalaciones industriales como relativos a productos, en el marco del Tratado CE, deben respetar los principios de: a) Justificación por razones de seguridad de personas y bienes. b) Proporcionalidad. c) No pueden establecer directa o indirectamente condiciones de diseño de los productos. Para procurar hacer efectivo lo anterior, la Directiva 83/189/CEE, del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (hoy Directiva 98/34/CE) que

dispuso que cada Estado miembro tienen la obligación de comunicar a la Comisión y a los demás Estados miembros, en la fase de proyecto, las reglamentaciones técnicas que pretendan adoptar. Todos ellos pueden oponerse, mediante dictamen motivado, al proyecto comunicado. Si un proyecto llegara a publicarse en el diario oficial de país correspondiente, sin haber tenido en cuenta tal dictamen, la Comisión puede llevar al asunto al Tribunal de Justicia.

Todos los reglamentos técnicos españoles de alcance estatal sobre seguridad industrial han sido sometidos al mencionado procedimiento, desde la fecha de aplicación de la directiva. Por último, creemos necesario señalar la aprobación en julio del 2008 de dos Disposiciones Normativas Comunitarias, con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2010, que vienen a ratificar la estructura nacional recogida en el RD 2200/95: El Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 339/93. La Decisión no 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos.

Podemos concluir, en base a todo lo dicho, que la actual legislación española sobre Seguridad Industrial está totalmente adaptada al marco de la Unión Europea y se encuentra entre las más modernas e innovadoras de nuestro entorno.

1.4.1. Contenido de los reglamentos de seguridad industrial El artículo 12 de la Ley 21/1992 dispone que los Reglamentos de Seguridad establecerán: Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los mismos. Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben

reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los productos industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos de evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o requisitos. Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y cobertura de los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o de la utilización de los productos; incluyendo, en su caso, estudios de impacto ambiental. Las condiciones de equipamiento, capacidad técnica y, en su caso, el régimen de comunicación o declaración responsable sobre el cumplimiento de dichas condiciones exigidas a las personas o empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. Cuando exista un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad del destinatario o de un tercero, la exigencia de suscribir seguros de responsabilidad civil profesional por parte de las personas o empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. La garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto. Las instalaciones, equipos y productos industriales deberán estar construidos o fabricados de acuerdo con lo que prevea la correspondiente reglamentación, que podrá establecer la obligación de comprobar su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante inspecciones periódicas. Los Reglamentos de Seguridad podrán condicionar el funcionamiento de determinadas instalaciones y la utilización de determinados productos a que se acredite el cumplimiento de las normas reglamentarias, en los términos que las mismas establezcan. Los Reglamentos de Seguridad podrán disponer, como requisito de la fabricación de un producto o de su comercialización, la previa homologación de su prototipo, así como las excepciones de carácter temporal a dicho requisito. Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio.

1.4.2. Medios de prueba y control administrativo del cumplimiento reglamentario En relación con los medios de prueba del cumplimiento reglamentario, el artículo 13 de la Ley 21/1992 dispone que: 1. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia de seguridad

industrial, sin perjuicio del control por la Administración pública a que se refiere el artículo siguiente, se probará por alguno de los siguientes medios, de acuerdo con lo que establezcan los reglamentos que resulten aplicables: a)

Declaración del titular de las instalaciones y en su caso del fabricante, su representante, distribuidor o importador del producto.

b)

Certificación o Acta de organismo de control, instalador o conservador habilitado o técnico facultativo competente. c) Cualquier otro medio de comprobación previsto en el derecho comunitario y que no se halle comprendido en los apartados anteriores. 2. La prueba a que se refiere el número anterior podrá servir de base para las actuaciones de la Administración competente previstas en los correspondientes reglamentos. 3. Las comunicaciones o declaraciones responsables que se realicen en una determinada Comunidad Autónoma serán válidas, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español. 4. Las homologaciones de vehículos, partes integrantes, piezas y sistemas que afecten al tráfico y circulación corresponden a la Administración del Estado, que podrá designar para la realización de los ensayos a laboratorios que cumplan las normas que se dicten por la Comunidad Europea. Por su parte, el artículo 14 de la ley dispone, en relación con el control administrativo del citado cumplimiento reglamentario que: 1. Las Administraciones públicas competentes podrán comprobar en cualquier momento por sí mismas, contando con los medios y requisitos reglamentariamente exigidos, o a través de organismos de control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente.

2. Sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que las Comunidades Autónomas competentes en la materia desarrollen en su ámbito territorial, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo podrá promover, en colaboración con las respectivas Comunidades Autónomas, planes y campañas, de carácter nacional, de comprobación, mediante muestreo, de las condiciones de seguridad de los productos industriales, correspondiendo a la Administración competente en materia de industria la ejecución de los mismos en su territorio.

1.5. LA CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL (OCA) Sobre los organismos de control, la Ley de Industria, en su artículo 15, dispone que: 1. Los organismos de control son aquellas personas físicas o jurídicas que teniendo capacidad de obrar y disponiendo de los medios técnicos, materiales y humanos e imparcialidad e independencia necesarias, pueden verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones industriales.

Por real decreto del Consejo de Ministros se establecerán los requisitos y condiciones exigibles a estos organismos y, en particular, sus requisitos de independencia. Asimismo, dichos organismos deberán cumplir las disposiciones técnicas que se dicten con carácter estatal a fin de su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea. 2. La valoración técnica del cumplimiento de los requisitos y condiciones

mencionados en el apartado anterior se realizará por una entidad nacional de acreditación (ENAC, es la única entidad de acreditación española), al objeto de verificar y certificar su competencia técnica en la realización de sus actividades, sin perjuicio de la competencia administrativa para comprobar el cumplimiento de los requisitos administrativos requeridos. 3. Los organismos de control vendrán obligados, como requisito previo al inicio de la actividad, a suscribir pólizas de seguro, avales u otras garantías financieras equivalentes, que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca reglamentariamente. 4. El régimen de habilitación para el acceso y ejercicio de la actividad de los organismos de control consistirá en una declaración responsable ante la autoridad competente, con acreditación previa de la competencia técnica del organismo de control por una entidad nacional de acreditación. La declaración responsable habilitará al organismo de control para desarrollar la actividad para la que ha sido acreditado en todo el territorio español por tiempo indefinido, sin perjuicio, en su caso, de lo que disponga la normativa comunitaria a efectos de su reconocimiento en la Unión Europea. 5. Los certificados emitidos por los organismos de control en el ejercicio de sus actividades tendrán validez y eficacia en todo el territorio español. 6. La inscripción de los organismos de control en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de esta ley se realizará de oficio por la Administración pública competente, con base en los datos incluidos en la declaración responsable. Por su parte, el artículo 1 dispone, en cuanto al funcionamiento de los organismos de control, que: La verificación, por parte de los organismos de control, del cumplimiento de las condiciones de seguridad se efectuará mediante cualquiera de los procedimientos de evaluación de la conformidad reglamentariamente establecidos, acordes, en su caso, con la normativa comunitaria. Cuando del informe o certificación de un organismo de control no resulte acreditado el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, el interesado podrá manifestar su disconformidad ante el organismo de control y, en caso de desacuerdo, ante la Administración competente. La Administración requerirá del organismo los antecedentes y practicará las comprobaciones que correspondan dando audiencia al interesado en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resolviendo en el plazo que al efecto establezca, y en su defecto en el plazo de tres meses, si es o no correcto el control realizado por el organismo. En tanto no exista una revocación de la certificación negativa por parte de la Administración, el interesado no podrá solicitar el mismo control de otro organismo de control.

La supervisión de los organismos de control se llevará a cabo tal como establece la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en su Capítulo VI. Los titulares o responsables de actividades e instalaciones sujetas a inspección y control por seguridad industrial están obligados a permitir el acceso a las instalaciones a los expertos de los organismos de control, facilitándoles la información y documentación necesarias para cumplir su tarea según el procedimiento reglamentariamente establecido. Los organismos de control deberán facilitar, a la Administración competente, la información sobre sus actividades que reglamentariamente se determine.

1.6. LA REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ACREDITACIÓN El artículo 17 de la Ley 21/1992 regula las Entidades de Acreditación, disponiendo que: 1. Las Entidades de Acreditación son instituciones, sin ánimo de lucro, que se constituyen con el fin de verificar en el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los organismos de control.

2. Estas entidades deberán estar constituidas y operar de forma que se garantice la imparcialidad y competencia técnica de sus intervenciones. En sus órganos de gobierno habrán de estar representados, de forma equilibrada, tanto las Administraciones, como las partes interesadas en el proceso de acreditación. 3. Las condiciones y requisitos para la constitución de Entidades de Acreditación se fijarán reglamentariamente, ajustándose a lo establecido en las normas de la Comunidad Económica Europea. 4. Únicamente podrán actuar en el ámbito de la seguridad industrial aquellas Entidades de Acreditación que hayan sido informadas positivamente por el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, por una mayoría de tres quintos de sus miembros. 5. Las Entidades de Acreditación se inscribirán en el Registro Integrado Industrial

establecido en el Título IV de esta ley. Dicha inscripción se realizará de oficio por la Administración competente que las designe. En el caso español solo existe una entidad de Acreditación, ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), cuya designación ha quedado establecida por el Real Decreto 1715/2010.

1.7. PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS (O REPARADORAS) DE INSTALACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES La normativa de seguridad industrial establece un procedimiento común, con algunas particularidades establecidas por los distintos reglamentos e ITC (que iremos recogiendo en los distintos capítulos del libro) para la habilitación de las empresas instaladoras y de las empresas mantenedoras (reparadoras, según la denominación de algunos reglamentos e ITC) de instalaciones y equipos industriales sometidos a reglamentación de seguridad industrial, tanto españolas, como legalmente establecidas para el ejercicio de esa actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Este procedimiento común dispone que estas empresas instaladoras o mantenedoras (que pueden personas físicas o jurídicas) deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare que cumple los requisitos que se exigen por el reglamento de aplicación y, si procede, por las correspondientes ITC y dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones, o la actividad de mantenimiento (según proceda) se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se señalen en los reglamentos y en las instrucciones técnicas complementarias aplicables. (En anexo I recogemos el modelo de Declaración Responsable recogido por el Ministerio de Industria, cuyo contenido, aunque cambie el formato, coincide con el modelo adoptado por las respectivas Comunidades Autónomas). En el caso de empresas legalmente establecidas para el ejercicio de la actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento y

conforme a lo previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales (aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre). La autoridad competente podrá verificar esa capacidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre. En la Declaración Responsable las empresas deberán incluir los datos que especifiquen los correspondientes reglamentos e ITC aplicables (que señalaremos en los capítulos correspondientes). Las Comunidades Autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada por medios electrónicos.

No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable . No obstante, esta documentación deberá estar disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control. El órgano competente de la Comunidad Autónoma, asignará, de oficio, un número de identificación a la empresa instaladora y/o a la empresa mantenedora y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo. La declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora y/o mantenedora, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español , sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la

Administración competente podrá regular un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado . La no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la Administración competente para dictar resolución motivada, previa audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejercicio de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde presentó la declaración responsable, en el plazo de un mes. Los reglamentos e ITC aplicables en cada caso establecerán también (y así lo recogeremos en los capítulos correspondientes) los requisitos particulares que deberán cumplir estas empresas. Con carácter general, todas las empresas instaladoras y/o mantenedoras deberán cumplir los siguientes requisitos comunes:

a)

Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora y/o mantenedora, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. b) Disponer de los medios técnicos y de los medios humanos necesarios (que incluirán un titulado competente, que será el responsable técnico) para realizar su actividad en condiciones de seguridad, según lo establecido en cada reglamento y sus correspondientes ITC. c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio, por la cuantía mínima establecida en cada reglamento o ITC. Estas cuantías mínimas se actualizarán por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras no podrán facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación o mantenimiento no realizadas por ella misma . El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas. La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias o descargos correspondientes. No obstante, en caso de grave infracción, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá suspender cautelarmente las actuaciones de una empresa, mientras se resuelva el expediente, por un período no superior a tres meses. El órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las

modificaciones y el cese de la actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la actualización de los datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tal y como lo establece su normativa reglamentaria de desarrollo.

1.8. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES Las empresas instaladoras y/o mantenedoras deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Es decir:

Obligaciones de información Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la legislación de protección de los consumidores y usuarios que resulte de aplicación, los prestadores de servicios, con la debida antelación, pondrán a disposición de los destinatarios, antes de la celebración del contrato, o en su caso, antes de la prestación del servicio, de forma fácilmente accesible, la información siguiente:

a) Los datos de identidad, forma y régimen jurídico, número de identificación fiscal del prestador, dirección donde tiene su establecimiento, y los datos que permitan ponerse rápidamente en contacto con él y en su caso, por vía electrónica. b) Datos registrales del prestador del servicio. c) Los datos de la autoridad que, en su caso, haya otorgado la autorización. d) En las profesiones reguladas, la cualificación profesional y el Estado miembro en el que fue otorgada, así como, en su caso, el colegio profesional, la asociación profesional u organismo análogo en el que esté inscrito el prestador. e) Las condiciones y cláusulas generales, y las relativas a la legislación y jurisdicción aplicable al contrato. f) Garantías posventa adicionales a las exigidas por ley, en su caso. g) El precio completo del servicio, incluidos los impuestos, cuando el prestador fije previamente un precio para un determinado tipo de servicio. h) Las principales características del servicio o servicios que ofrezca. i) En su caso, el seguro o garantías exigidas, y en particular, los datos del asegurador y de la cobertura geográfica del seguro. j) En caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al IVA, el número de

identificación fiscal. k) Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando esta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. l) Existencia del derecho de desistimiento del contrato que pueda corresponder al consumidor, el plazo y la forma de ejercitarlo. Además, a petición del destinatario, pondrán a su disposición la siguiente información complementaria:

a) Cuando el precio no lo fije previamente el prestador, el precio del servicio o, si no se puede indicar aquel, el método para calcularlo; o un presupuesto suficientemente detallado. b) Fecha de entrega, ejecución del contrato y duración. c) En el caso de las profesiones reguladas: referencia a las normas de acceso a la profesión en el Estado miembro de establecimiento y los medios para acceder a dichas normas. d) La información relativa a sus actividades multidisciplinares, posibles conflictos de interés y las medidas adoptadas para evitarlos. Esta información deberá figurar en todo documento informativo de los prestadores en el que se presenten de forma detallada sus servicios. e) Los posibles códigos de conducta a que, en su caso, esté sometido el prestador, así como la dirección en que dichos códigos se pueden consultar por vía electrónica y en qué idiomas están disponibles. f) Información detallada sobre las características y condiciones para hacer uso de los medios extrajudiciales de resolución de conflictos cuando estén sujetos a un código de conducta o sean miembros de alguna organización profesional en los que se prevean estos mecanismos. La información a que se refieren los apartados anteriores se pondrá a disposición del destinatario por el prestador, en alguna de las formas siguientes: En el lugar de prestación del servicio o de celebración del contrato. Por vía electrónica a través de una dirección facilitada por el prestador. Figurando dicha información en todo documento informativo del prestador que se facilite al destinatario y en el que se presenten de forma detallada sus servicios. Por vía electrónica a través de una página web.

Obligaciones en materia de reclamaciones Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, los prestadores deberán:

Poner a disposición de los destinatarios un número de teléfono, una dirección postal, número de fax o dirección de correo electrónico, con el fin de que estos puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones de información sobre el servicio prestado. Comunicar su dirección legal, si esta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia. Dar respuesta a las reclamaciones a las que se refiere el apartado anterior en el plazo más breve posible y en cualquier caso antes de un mes desde que las mismas se hayan recibido por el prestador. La respuesta se realizará en la misma lengua en la que se ha realizado el contrato.

ANEXO I: Modelo de Declaración Responsable (Ministerio de Industria)

CAPÍTULO 2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2.1. INTRODUCCIÓN Las instalaciones eléctricas suponen uno de los principales ámbitos o campos de la seguridad industrial, ya que está presente en la totalidad de empresas. La normativa de seguridad industrial sobre instalaciones eléctricas, podemos dividirla en cuatro apartados claramente delimitados: Instalaciones eléctricas de baja tensión Centros de transformación, subestaciones y centrales eléctricas Líneas aéreas de alta tensión Eficiencia energética y alumbrado exterior Sin duda, la baja tensión y los centros de transformación son las instalaciones eléctricas que con más frecuencia nos vamos a encontrar en las industrias. La baja tensión afecta a cualquier empresa, con independencia del tamaño, como veremos a continuación, y en cuanto a los centros de transformación, rara es la empresa o industria que no cuenta con alguno, en cuanto tenga una cierta envergadura o tamaño. Se trata además de una instalación vital para el funcionamiento de la empresa, pero también para su seguridad, ya que una gran parte de los siniestros industriales acaecidos (principalmente incendios por cortocircuitos y sobrecargas de la instalación), dependen de un inadecuado e insuficiente mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Pasamos, por tanto, a analizar cada una de estas cuatro clases de instalaciones.

2.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 2.2.1. Normativa reguladora Las instalaciones eléctricas de baja tensión están reguladas por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT-01 a BT-51. En este reglamento se definen de manera mucho más precisa las figuras de los instaladores y empresas autorizadas, teniendo en cuenta las distintas formaciones docentes y experiencias obtenidas en este campo. Se establece una categoría básica, para la realización de las instalaciones eléctricas más comunes, y una

categoría especialista, con varias modalidades, atendiendo a las instalaciones que presentan peculiaridades relevantes. Para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones se requiere en todos los casos la elaboración de una documentación técnica, en forma de proyecto o memoria, según las características de aquellas y el registro en la correspondiente Comunidad Autónoma. Por primera vez en un reglamento de este tipo se exige la entrega al titular de una instalación de una documentación donde se reflejen sus características fundamentales, trazado, instrucciones y precauciones de uso, etc. Carecía de sentido no proceder de esta manera con una instalación de un inmueble, mientras se proporciona sistemáticamente un libro de instrucciones con cualquier aparato eléctrico de escaso valor económico. Se establece un cuadro de inspecciones por organismos de control, en el caso de instalaciones cuya seguridad ofrece particular relevancia, sin obviar que los titulares de las mismas deben mantenerlas en buen estado. El artículo 1 del REBT determina que el mismo tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. El presente reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) Corriente alterna: Igual o inferior a 1.000 voltios. b) Corriente continua: Igual o inferior a 1.500 voltios. El presente reglamento se aplicará: a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones. c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas

inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron. Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aún con reducción de potencia. Asimismo, se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones, a juicio del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

2.2.2. Puesta en servicio de la instalación La puesta en servicio de la instalación se regula en el art. 18 del REBT. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: a)

Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. En la ITC-BT-04, se detallan las nuevas instalaciones que requieren de la elaboración de proyecto. Entre toda la relación de instalaciones que se recoge en esta ITC, destacamos las siguientes: Las correspondientes a industrias, en general, con una potencia prevista en la instalación superior a 20 kW (P>20kW). Las correspondientes a locales de pública concurrencia, sin limitación de potencia. Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes, sin limitación de potencia.

b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial, por un organismo de control. d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación, emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el reglamento y sus

instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que estas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas en baja tensión, autorizadas para el ejercicio de la actividad según lo establecido en la correspondiente instrucción técnica complementaria, sin perjuicio de su posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes.

Modelo de certificado de instalación eléctrica de baja tensión Según lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, de Industria, las autorizaciones concedidas por los correspondientes órganos competentes de las Comunidades Autónomas a las empresas instaladoras tendrán ámbito estatal. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado. Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.

2.2.3. Mantenimiento de las instalaciones Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, estas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.

2.2.4. Verificaciones e inspecciones El artículo 21 del REBT establece que sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha ley, deberá ser comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo reglamentario. A tal fin, la correspondiente Instrucción Técnica Complementaria (ITC- BT-05) determinará: a)

Las instalaciones y las modificaciones, reparaciones o ampliaciones de instalaciones que deberán ser objeto de inspección inicial, antes de su puesta en servicio. b) Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica. c) Los criterios para la valoración de las inspecciones, así como las medidas a adoptar como resultado de las mismas. d) Los plazos de las inspecciones periódicas. La ITC-BT-05 determina que las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20460-6-61.

Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, deberán ser objeto de inspección por un organismo de control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. Las inspecciones podrán ser: Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. Periódicas.

Instalaciones que requieren de inspección inicial Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones: a) b) c) d) e) g) h)

Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW; Locales de Pública Concurrencia; Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas; Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW; Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW; Quirófanos y salas de intervención; Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

Instalaciones que requieren de inspección periódica Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

Instalaciones de toma de tierra Es importante mencionar las instalaciones de puesta a tierra, reguladas en la ITCBT-18, por la importancia que ofrecen, desde el punto de vista de la seguridad. Por ello, cualquier instalación de puesta a tierra deberá ser obligatoriamente comprobada por el director de la obra o instalador autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en laque el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los

electrodos, estos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

Modelo de inspección periódica por OCA de instalación eléctrica de baja tensión

2.2.5. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario

Normativa reguladora

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT-01 a ITC-BT-51) ■ Proyecto o Memoria Técnica (ITC-BT-04) ■ Verificación por instalador con supervisión del director de obra, en su caso (ITC-BT-

Puesta en Servicio de la Instalación

05) ■ Inspección oficial por OCA (ITC-BT-05) ■ Emisión de certificado por instalador autorizado ■ Registro ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma ■

Mantenimiento

Mantenerlas en buen estado de funcionamiento ■ Modificaciones por instalador autorizado Inspección Inicial por OCA (ITC-BT-05): a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW;

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

b) Locales de Pública Concurrencia; c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas; d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW; e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW; Inspecciones

g) Quirófanos y salas de intervención; h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW Inspección Periódica por OCA (ITC-BT-05): Cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en BT que precisaron inspección inicial, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada > 100 Kw Tomas a tierra (ITC-BT18): ■ ■

Comprobación por el Director de Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación Mediciones anuales por instalador

autorizado (todas las Instalaciones).

2.2.6. Empresas instaladoras habilitadas Según el art. 22 del REBT, las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión, que serán aquellas personas físicas o jurídicas que hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad según se establece en la correspondiente instrucción técnica complementaria. Ello se entiende sin perjuicio del posible proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes que, en su caso, requieran las citadas instalaciones. La ITC-BT-03 establece las condiciones y requisitos que deben observarse para la certificación de la competencia y la habilitación como empresa instaladora en el ámbito de aplicación del REBT. Empresa instaladora en baja tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del REBT, habiendo presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en la ITC-BT-03. Instalador en baja tensión es la persona física que tiene conocimientos para desempeñar alguna de las actividades correspondientes a las categorías indicadas en el apartado 3 de la ITC-BT-03, cumpliendo lo establecido en el apartado 4 de dicha ITC. Los instaladores autorizados en baja tensión se clasifican en las siguientes categorías: Categoría básica (IBTB) Los instaladores de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en general, todas las comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE). Categoría especialista (IBTE) Los instaladores y empresas instaladoras de la categoría especialista podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones de la categoría básica y, además, las correspondientes a:

— — — — — — — — —

Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios; sistemas de control distribuido; sistemas de supervisión, control y adquisición de datos; control de procesos; líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía; locales con riesgo de incendio o explosión; quirófanos y salas de intervención; lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares; instalaciones generadoras de baja tensión;

que estén contenidas en el ámbito del REBT y sus ITC. El instalador en baja tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de baja tensión habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración competente cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control, una de las siguientes situaciones: a)

Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del REBT. b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del REBT. c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del REBT.

Habilitación de empresas instaladoras de baja tensión Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras en baja tensión, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para qué categoría, y en su caso, modalidad, va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen por esta ITC, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el REBT. Todo el procedimiento de habilitación como empresa instaladora, se recoge en detalle en el Capítulo 1. Las empresas instaladoras de baja tensión cumplirán lo siguiente:

a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el

caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente. b) Contar con los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus actividades en condiciones de seguridad, que se determinan en el Apéndice de esta ITC, para las respectivas categorías. c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de 600.000 euros para la categoría básica y de 900.000 euros para la categoría especialista.

Obligaciones de los instaladores habilitados de baja tensión Los instaladores autorizados en baja tensión deben, en sus respectivas categorías:

a)

b) c) d) e) f)

g) h) i) j)

Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la documentación de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean conformes a la legislación que les sea aplicable. Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos. Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. Coordinar, en su caso, con la empresa suministradora y con los usuarios las operaciones que impliquen interrupción del suministro. Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas. Asistir a las inspecciones establecidas por el reglamento, o las realizadas de oficio por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento. Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas. Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las instalaciones a su cargo. Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.

2.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN

2.3.1. Normativa reguladora El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23, viene a sustituir al derogado Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprobaba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Mediante este real decreto se aprueba un conjunto normativo que, en línea con otros vigentes en materia de seguridad industrial, adopta la forma de un reglamento que contiene las disposiciones técnicas y administrativas generales, así como unas instrucciones técnicas complementarias (denominadas ITCRAT) que desarrollan y concretan las previsiones del primero para materias específicas. Con el objetivo de posibilitar la ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión que no sean propiedad de empresas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, se introducen las figuras de instalador y empresa instaladora de instalaciones de alta tensión, que hasta ahora no habían sido definidas. Se exige también que el titular contrate el mantenimiento de la instalación, a fin de garantizar su debido estado de conservación y funcionamiento. Complementariamente, se prevé la inspección periódica de las instalaciones, cada tres años, como mínimo, por organismos de control. Todo ello, con independencia de la necesidad de un proyecto previo y dirección de obra por titulado competente. Según el artículo 1 del reglamento, el mismo tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías de seguridad a que han de someterse las instalaciones eléctricas de alta tensión, a fin de: a)

Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas. b) Conseguir la necesaria calidad en los suministros de energía eléctrica y promover la eficiencia energética. c) Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que existe en la fabricación de material eléctrico. d) Facilitar desde la fase de proyecto de las instalaciones su adaptación a los futuros aumentos de carga racionalmente previsibles. Las disposiciones de este reglamento se aplican a las instalaciones eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales las de corriente alterna trifásica de frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV.

Aquellas instalaciones en las que se prevea utilizar corriente continua, corriente alterna polifásica o monofásica, deberán ser objeto de una justificación especial por parte del proyectista, el cual deberá adaptar las prescripciones y principios básicos de este reglamento a las peculiaridades del sistema propuesto. A efectos de este reglamento se consideran incluidas todas las instalaciones eléctricas de conjuntos o sistemas de elementos, componentes, estructuras, aparatos, máquinas y circuitos de trabajo entre los límites de tensión y frecuencia especificados que se utilicen para la producción y transformación de la energía eléctrica o para la realización de cualquier otra transformación energética con intervención de la energía eléctrica. También se incluyen los circuitos auxiliares asociados a las instalaciones de alta tensión con fines de protección, medida, control, mando y señalización, independientemente de su tensión de alimentación, así como los cuadros de distribución de baja tensión que puedan ser objeto de requisitos técnicos adicionales por el hecho de estar dentro de una instalación de alta tensión.

Centro de Transformación No será de aplicación este reglamento a líneas de alta tensión, ni a cualquier otra instalación que dentro de su ámbito de aplicación se rija por una reglamentación específica que establezca las condiciones técnicas y garantías de seguridad de la instalación, salvo las instalaciones eléctricas de centrales nucleares que quedan sometidas a las prescripciones de este reglamento y además a su normativa específica. El reglamento se aplicará: a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones, afectando las disposiciones de este reglamento exclusivamente a la parte de instalación modificada. c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al

régimen de inspecciones que se establecen en el Reglamento sobre Periodicidad y Agentes Intervinientes, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron. d) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando a juicio del órgano competente de la Comunidad Autónoma, su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o produzcan perturbaciones en el normal funcionamiento de otras instalaciones, salvo que dicho riesgo pueda subsanarse mediante la aplicación de la reglamentación con la que se autorizó la instalación original.

Subestación eléctrica Antes de concluir este apartado, nos parece importante señalar el contenido del artículo 9, según el cual, cuando se produzca un accidente o una anomalía en el funcionamiento de una instalación que ocasione víctimas, daños a terceros o situaciones de riesgo, y además de las comunicaciones previstas en la legislación laboral, el propietario de la instalación deberá redactar un informe descriptivo del accidente o anomalía, tanto para determinar sus posibles causas como a efectos estadísticos y de corrección, en su caso, de la reglamentación aplicable. En un tiempo no superior a tres meses desde el accidente o anomalía el propietario de la instalación deberá remitir a los órganos competentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de las Comunidades Autónomas, copia de todos los informes realizados.

2.3.2. Puesta en servicio de la instalación La puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión se regula en los artículos 16 y 20 del reglamento, y sobre todo, en detalle, en la ITC-RAT-22. El artículo 16 hace referencia a las instalaciones que sean propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y el 20 a las que no sean propiedad de dichas entidades. La ITC-RAT-22 explica ambos supuestos. Nos centramos en el segundo caso que es el que nos interesa.

Las instalaciones eléctricas de alta tensión que no sean propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y que no vayan a ser cedidas estarán sujetas al procedimiento de puesta en servicio descrito en este apartado, no siendo necesaria la autorización administrativa. Todas las instalaciones que no sean propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica deben ser ejecutadas por empresas instaladoras a las que se refiere la ITC-RAT-21. Deberá elaborarse previamente a la ejecución un proyecto que defina las características de la instalación, según determina la ITC-RAT-20. La ejecución de las instalaciones deberá contar con la dirección de uno o varios técnicos titulados competentes. Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones que resulten oportunas, en función de las características de aquella, según se especifica en la ITC-RAT-23, contando para ello con el técnico director de obra a fin de comprobar su correcta ejecución y funcionamiento seguro. Las instalaciones de tensión nominal superior a 30 kV deberán ser objeto de la correspondiente Inspección Inicial por organismo de control, según lo establecido en la ITC-RAT-23. Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se refieren los párrafos anteriores, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, según modelo establecido por la Administración pública competente. El propietario de la instalación deberá suscribir, antes de su puesta en marcha, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión. Antes de la puesta en servicio de la instalación, el titular de la misma deberá presentar ante la Administración pública competente, al objeto de su inscripción en el correspondiente registro, el certificado de instalación, al que se acompañará el proyecto, así como el certificado final de obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente, el certificado acreditativo de la existencia de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión o el compromiso de realizarlo con medios propios y, en su caso, el certificado de inspección inicial, con calificación de resultado favorable, del organismo de control, en el plazo de un mes desde la fecha del certificado final de obra o en su caso de la inspección inicial. Cuando el titular de la instalación solicite el enganche a la red de transporte o

distribución, deberá entregar el correspondiente ejemplar del certificado de instalación y en su caso, el resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud de la autorización administrativa.

2.3.3. Mantenimiento de la instalación El propietario de la instalación deberá suscribir, antes de su puesta en marcha, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión, en el que se haga responsable de mantener la instalación en el debido estado de conservación y funcionamiento. Este contrato o uno similar suscrito posteriormente con otra empresa instaladora deberá mantenerse en vigor mientras que la instalación esté en servicio. Si el propietario de la instalación, a juicio de la Administración pública competente, dispone de los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su contratación. Los medios humanos y técnicos necesarios serán los indicados en el anexo 1 de la ITC-RAT-21.

2.3.4. Verificaciones e inspecciones Este apartado se recoge en el artículo 21 del reglamento y en su ITC- RAT-23. Al igual que ocurría con la puesta en servicio de la instalación, esta ITC recoge los dos supuestos en función de que el propietario de la instalación sea entidad de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, o no. El supuesto que nos interesa es el segundo, que no sea entidad de producción, transporte y distribución. Todas las instalaciones de alta tensión deben ser objeto de una verificación previa a la puesta en servicio y de una inspección periódica, al menos cada tres años. La inspección periódica deberá llevarse a efecto antes de la finalización de la fecha de validez de la anterior inspección. Las instalaciones de tensión nominal superior a 30 kV deberán ser objeto, también, de una inspección inicial antes de su puesta en servicio. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. Sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones deberán tener la condición de organismos de control, acreditados para este campo reglamentario.




Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 ■ Proyecto (ITC-RAT-20) ■ Verificación por instalador con supervisión del director de obra, en su caso (ITCRAT-23) ■ Inspección Inicial oficial por OCA, en instalaciones de de tensión nominal > 30 kV (ITC-RAT-23) ■ Emisión de certificado por instalador autorizado ■ Antes de su puesta en marcha, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión ■ Registro ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma ■

Mantenimiento

■

Contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para instalaciones de alta tensión, que deberá mantenerse en vigor mientras que la instalación esté en servicio El propietario de la instalación, con autorización de la Administración competente, si dispone de los medios y organización necesarios, puede efectuar su propio mantenimiento.

Inspección Inicial por OCA (ITC-RAT-23): Instalaciones de tensión nominal superior a 30 kV Inspección Periódica por OCA (ITC-RAT-23):

Cada 3 años, todas las instalaciones Inspecciones

Tomas a tierra (ITC-RAT-13): Las instalaciones de tierra serán comprobadas en el momento de su establecimiento y revisadas por empresas instaladoras, al menos, una vez cada tres años a fin de comprobar el estado de las mismas.

2.3.6. Empresas instaladoras habilitadas Según el art. 18 del RAT, las instalaciones eléctricas de alta tensión se ejecutarán por empresas instaladoras que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en la ITC-RAT-21 y hayan presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en el apartado 5 de dicha ITC. En la ITC-RAT-21 se establece que instalador de alta tensión es la persona física que posee conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de las instalaciones de alta tensión y de su normativa que le capacitan para el montaje, reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje de las instalaciones de alta tensión correspondientes a su categoría, y que cumple los requisitos establecidos en el apartado 4 de esta ITC. También nos dice que empresa instaladora de alta tensión es toda persona física o jurídica que, ejerciendo las actividades de montaje, reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje de instalaciones de alta tensión cumple los requisitos de esta instrucción técnica complementaria. Los instaladores y empresas instaladoras de alta tensión se clasifican en las siguientes categorías: AT1: para instalaciones eléctricas de alta tensión cuya tensión nominal no exceda de 30 kV. AT2: para instalaciones eléctricas de alta tensión sin límite de tensión. En la declaración responsable de la empresa instaladora deberá constar expresamente la categoría en la que puede ejercer su actividad.

Requisitos del instalador de AT Los conocimientos mínimos que debe tener un instalador de alta tensión están

definidos en el anexo 2 de la ITC-RAT-21. El instalador de alta tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de alta tensión habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración pública competente cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de control, y para la categoría que corresponda, de las establecidas en el apartado 3 anterior, alguna de las siguientes situaciones: a)

Disponer de un título universitario cuyo ámbito competencial y atribuciones legales coincidan con las materias objeto del RAT; b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del RAT; o c) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de un millón de euros, cantidad que se actualizará por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, siempre que sea necesario para mantener la capacidad indemnizatoria del seguro. Cualquiera de las tres situaciones o titulaciones previstas (título universitario, título de formación profesional o experiencia laboral reconocida) son válidas indistintamente para las categorías AT1 y AT2, en función de los conocimientos acreditados.

Requisitos de las empresas instaladoras de AT Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras de alta tensión, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para qué categoría va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen en la ITC-RAT-21, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el RAT. Todo el procedimiento de habilitación como empresa instaladora, se recoge en detalle en el capítulo 1. Las empresas instaladoras de alta tensión cumplirán lo siguiente: a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente. b) Contar con los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus

actividades en condiciones de seguridad que se determinan en el anexo 1 de la ITC-RAT-21. c) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de un millón de euros.

Obligaciones de las empresas instaladoras: Las empresas instaladoras habilitadas deben, en sus respectivas categorías: a) Ejecutar, modificar, ampliar, mantener, reparar o desmontar las instalaciones que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con el proyecto de ejecución de la instalación, utilizando materiales y equipos que sean conformes a la legislación que les sea aplicable. b) Comprobar que cada instalación ejecutada supera las pruebas y ensayos reglamentarios aplicables. c) Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. d) Una vez finalizados los trabajos emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. e) Notificar a la Administración pública competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de riesgo grave e inminente, darán cuenta inmediata de ello al propietario de la instalación y a la entidad de transporte o distribución, y pondrá la circunstancia en conocimiento de la Administración pública competente en el plazo máximo de 24 horas. f) Asistir a las inspecciones realizadas por el organismo de control, o las realizadas de oficio por la Administración pública competente, cuando este así lo requiera. En ningún caso esta asistencia supondrá la realización de las operaciones de inspección, medición y control por parte del instalador. g) Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas. h) Informar a la Administración pública competente sobre los accidentes ocurridos en las instalaciones a su cargo. i) Conservar a disposición de la Administración pública, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los cinco años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.

2.4. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 2.4.1. Normativa reguladora

El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09, incluye como novedad destacable que para la ejecución de las líneas eléctricas de alta tensión que no sean propiedad de empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, se introducen las figuras de instalador y empresa instaladora, que hasta ese momento no habían sido reguladas, estableciendo 2 categorías, según se pretenda ejecutar líneas aéreas y subterráneas con tensión nominal hasta 30 kV o de más de 30 kV. También se exige que el titular contrate el mantenimiento de la línea, a fin de garantizar el debido estado de conservación y funcionamiento de la misma. Complementariamente, se prevé la inspección periódica de las instalaciones, cada tres años, como mínimo, por organismos de control. Todo ello, con independencia de la necesidad de un proyecto previo y dirección de obra por titulado competente. Este reglamento tiene por objeto (art. 1) establecer las condiciones técnicas y garantías de seguridad a que han de someterse las líneas eléctricas de alta tensión, a fin de: a)

Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas. b) Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energía eléctrica. c) Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación que existe en la fabricación de material eléctrico. d) Facilitar desde la fase de proyecto de las líneas su adaptación a los futuros aumentos de carga racionalmente previsibles. Las disposiciones de este reglamento se aplican a las líneas eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales las de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a un kilovoltio. Aquellas líneas en las que se prevea utilizar otros sistemas de transporte o distribución de energía —corriente continua, corriente alterna monofásica o polifásica, etc.—, deberán ser objeto de una justificación especial por parte del proyectista, el cual deberá adaptar las prescripciones y principios básicos de este reglamento a las peculiaridades del sistema propuesto. El reglamento se aplicará: a) a las nuevas líneas, a sus modificaciones y a sus ampliaciones, b) a las líneas existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones con variación del trazado original de la línea, afectando las disposiciones de este reglamento exclusivamente al tramo modificado, y

c)

a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones que se establecen en el mismo sobre periodicidad y agentes intervinientes.

Creemos importante destacar también que, tal y como se establece en el art. 9, cuando se produzca un accidente o una anomalía en el funcionamiento, imputable a la línea, que ocasione víctimas, daños a terceros o situaciones objetivas de riesgo potencial, el propietario de la línea deberá redactar un informe que recoja los aspectos esenciales del mismo. En un tiempo no superior a tres meses, deberán remitir a los órganos competentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de las Comunidades Autónomas, copia de todos los informes realizados. El reglamento distingue entre líneas que sean propiedad de empresas de transporte y distribución de energía eléctrica y de líneas que no sean propiedad de este tipo de empresas. Nos centramos en el segundo caso que es el que nos interesa.

2.4.2. Puesta en servicio de la instalación En el artículo 20 del reglamento se establecen las disposiciones relativas a la documentación, puesta en servicio y mantenimiento de las líneas, que no sean propiedad de empresas de transporte y distribución de energía eléctrica. De acuerdo con dicho artículo, así como con la ITC- LAT-04, los requisitos y el procedimiento de puesta en servicio de la línea requerirá de: a) b) c) d) e)

f)

Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, un proyecto que defina las características de la línea, según determina la ITC-LAT-09. La línea deberá verificarse por la empresa instaladora que la ejecute, con la supervisión del director de obra, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. Al finalizar la ejecución de la línea un técnico titulado competente emitirá el correspondiente certificado de dirección y final de obra. Asimismo, si la tensión nominal fuera superior a 30 kV, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de control. A la terminación de la instalación, realizadas las verificaciones pertinentes y la inspección inicial, en su caso, la empresa instaladora ejecutora de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el reglamento y sus ITC y de acuerdo con el proyecto. En caso de líneas que requieran autorización administrativa, se acompañará al certificado de instalación el acta de puesta en servicio. Cuando el titular de la línea precise conectarse a la red de una empresa

suministradora de energía eléctrica, deberá solicitar el suministro a la empresa suministradora, mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalación de la línea. g) Asimismo, el propietario de la línea deberá suscribir, antes de su puesta en marcha, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para líneas de alta tensión. h) El certificado de la empresa instaladora, junto con el proyecto, el certificado de dirección de obra, el de inspección inicial, en su caso, y el contrato de mantenimiento o el compromiso de realizarlo con medios propios, deberán depositarse ante el órgano competente de la Administración, con objeto de inscribir la referida instalación en el correspondiente registro.

2.4.3. Mantenimiento de la instalación El propietario de la línea deberá suscribir, antes de su puesta en marcha, un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para líneas de alta tensión, en el que se haga responsable de mantener la línea en el debido estado de conservación y funcionamiento. Si el propietario de la línea, a juicio del órgano competente de la Administración, dispone de los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su contratación.

Trabajos de mantenimiento en línea de alta tensión

2.4.4. Verificaciones e inspecciones

De conformidad con el art. 21 del reglamento y su ITC-LAT-05, todas las líneas deben ser objeto de una verificación previa a la puesta en servicio y de una inspección periódica, al menos cada tres años. Para las líneas de tensión nominal menor o igual a 30 kV la inspección periódica puede ser sustituida por una verificación periódica. Las líneas de tensión nominal superior a 30 kV deberán ser objeto también de una inspección inicial antes de su puesta en servicio. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten. Los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las líneas eléctricas de alta tensión de tensión nominal mayor de 30 kV deberán tener la condición de organismos de control autorizados. Las verificaciones periódicas de líneas eléctricas de tensión nominal no superior a 30 kV podrán ser realizadas por técnicos titulados con competencias en este ámbito que dispongan de un certificado de cualificación individual.

Líneas de alta tensión



Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09


Líneas Eléctricas de Alta Tensión

■ Proyecto, según la ITC-LAT 09. ■ Verificación por la empresa instaladora que la ejecute, con la supervisión del director de obra, ■ Al finalizar la ejecución, certificado de dirección y final de obra por técnico titulado competente ■ Inspección inicial por OCA, para lías con tensión>30kV. ■ Certificado de instalación por la empresa instaladora ejecutora. En caso de lineas que requieran autorización administrativa, se acompañará al certificado de instalación el acta de puesta en servicio. ■ Cuando el titular de la línea precise conectarse a la red de una empresa suministradora de energía eléctrica, deberá solicitar el suministro a la empresa suministradora, mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalación de la línea. ■ Contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para líneas de alta tensión. ■ Registro ante el órgano competente de Comunidad Autónoma ■

Mantenimiento

■

Contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora para líneas de alta tensión, que deberá mantenerse en vigor mientras que la instalación esté en servicio El propietario de la instalación, con autorización de la Administración competente, si dispone de los medios y organización necesarios, puede efectuar su propio mantenimiento.

Inspección Inicial por OCA (ITC-LAT-05): Lineas de tensión nominal > 30 kV

Inspección Periódica por OCA (ITC-RAT-05): Inspecciones

Cada 3 años, todas las lineas En las lineas de tensión ≤ 30 kV, la inspección periódica puede sustituirse por una verificación por técnico titulado competente.

2.4.6. Empresas instaladoras habilitadas De acuerdo con el art. 19 del RLAT, las líneas eléctricas de alta tensión que no sean propiedad de empresas de transporte y distribución de energía eléctrica se ejecutarán por empresas instaladoras que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en la ITC-LAT-03 y hayan presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en el apartado 6 de dicha ITC. La ITC-LAT-03 tiene por objeto desarrollar las previsiones del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, estableciendo las condiciones y requisitos que deben cumplir los instaladores y las empresas instaladoras en el ámbito de aplicación de dicho reglamento. Instalador de líneas de alta tensión es la persona física que posee conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de las líneas de alta tensión y de su normativa, en particular los conocimientos mínimos establecidos en el anexo 2 de la ITC-LAT-03, para el montaje, reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje de las líneas de alta tensión correspondientes a su categoría, y que cumple los requisitos establecidos en el apartado 4 de dicha ITC. Empresa instaladora en líneas de alta tensión es toda persona física o jurídica que, ejerciendo las actividades de montaje, reparación, mantenimiento, revisión y desmontaje de líneas de alta tensión cumple los requisitos de la citada ITC. Los instaladores y las empresas instaladoras se clasifican en las siguientes categorías: LAT1: Para líneas aéreas o subterráneas de alta tensión de hasta 30 kV. LAT2: Para líneas aéreas o subterráneas de alta tensión sin límite de tensión.

Instalador de líneas de alta tensión El instalador de líneas de alta tensión deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de líneas de alta tensión habilitada y deberá cumplir y

poder acreditar ante la Administración competente cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control, y para la categoría que corresponda, una de las siguientes situaciones: a)

Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del RLAT. b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del RLAT. c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del RLAT.

Empresa instaladora de líneas de alta tensión Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras de líneas de alta tensión, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para qué categoría va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen por la ITC-LAT-03, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el RLAT. Todo el procedimiento de habilitación como empresa instaladora, se recoge en detalle en el capítulo 1. Las empresas instaladoras cumplirán lo siguiente: a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora, que en el caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente. b) Contar con los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus actividades en condiciones de seguridad que se determinan en el anexo I de la ITC-LAT-03, para las respectivas categorías, de acuerdo con la normativa vigente y con las necesidades de las actividades a realizar. c) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de un millón de euros.

Obligaciones de las empresas instaladoras

Las empresas instaladoras deben, en sus respectivas categorías: a)

b) c) d) e)

f) g) h) i)

Ejecutar, modificar, ampliar, mantener, reparar o desmontar las líneas que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con el proyecto de ejecución de la línea, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean conformes a la legislación que les sea aplicable. Comprobar que cada línea ejecutada supera las pruebas y ensayos reglamentarios aplicables. Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. Notificar al órgano competente de la Administración los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello al propietario de la línea, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas. Asistir a las inspecciones realizadas por el organismo de control a las realizadas de oficio por el órgano competente de la Administración, cuando este así lo requiera. Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas. Informar al órgano competente de la Administración sobre los accidentes ocurridos en las instalaciones a su cargo. Conservar, a disposición del órgano competente de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento, al menos durante los cinco años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.

2.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 2.5.1. Normativa reguladora Se regula por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA- 01 a EA-07. Dado que la ejecución de las instalaciones a las que se refiere este reglamento no sufre cambio alguno y únicamente es preciso adicionar algunos elementos en la documentación, los instaladores que las realicen serán los indicados en el REBT.

Igualmente, la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones se realizará de la forma dispuesta en el REBT, con los complementos correspondientes para el diseño y la revisión inicial. En la documentación que se entregue al titular de las instalaciones se incluirán las características fundamentales de eficiencia energética, lista de receptores y lámparas, e instrucciones de uso y mantenimiento. Por lo que se refiere a las inspecciones, también se realizarán conjuntamente con las prescritas para las instalaciones de BT. El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: a)

Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT del Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes: a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT-09; b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT-31; c) Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT-34. A los efectos de este reglamento, se consideran los siguientes tipos de alumbrado: a) b) c) d) e) f)

Vial (Funcional y ambiental) Específico Ornamental Vigilancia y seguridad nocturna Señales y anuncios luminosos Festivo y navideño Este reglamento se aplicará:

a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones. b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio de eficiencia energética, la Administración pública competente lo

considere necesario. c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas.

2.5.2. Puesta en servicio de la instalación De conformidad con el art. 9 del reglamento, con la finalidad de justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este reglamento, toda instalación de alumbrado exterior deberá incluir la documentación, en forma de proyecto o memoria técnica de diseño, según se establece en la ITC-EA-05. Las instalaciones de alumbrado exterior están sometidas al procedimiento general de ejecución y puesta en servicio que determina el artículo 18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. La documentación de las instalaciones y el manual de instrucciones para el usuario, así como la revisión y, cuando proceda, la inspección inicial, deberán complementarse con lo dispuesto en el presente reglamento, en particular siguiendo lo indicado en la ITC-EA-05. Según el artículo 11 del reglamento, como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de la instalación, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso, así como para el mantenimiento de la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y con lo especificado en la ITC-EA-05. Asimismo, la empresa instaladora deberá aportar la etiqueta energética de la instalación según lo especificado en la ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto, junto con la relación de receptores y lámparas. Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.

Todas las instalaciones requerirán de verificación inicial, previa a su puesta en servicio. Además, las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada, requerirán también de inspección inicial, previa a su puesta en servicio.

2.5.3. Mantenimiento de la instalación El mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones, se regula en el art. 12 del reglamento, y en su ITC-EA-06. Serán los titulares de las instalaciones los responsables de mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. La gestión del mantenimiento de las instalaciones exigirá el establecimiento de un registro de las operaciones llevadas a cabo, que se ajustará a lo dispuesto en la ITCEA-06. Todas las instalaciones deberán disponer de un plan de mantenimiento que comprenderá fundamentalmente las reposiciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza de luminarias y los trabajos de inspección y mediciones eléctricas. La programación de los trabajos y su periodicidad, se ajustarán al factor de mantenimiento adoptado, según lo establecido en la ITC-EA-06. Al objeto de disminuir los consumos de energía eléctrica en los alumbrados exteriores, el titular de la instalación llevará a cabo, como mínimo una vez al año, un análisis de los consumos anuales y de su evolución, para observar las desviaciones y corregir las causas que las han motivado durante el mantenimiento periódico de la instalación. En las instalaciones de alumbrado exterior será necesario disponer de un registro fiable de su componentes incluyendo las lámparas, luminarias, equipos auxiliares, dispositivos de regulación del nivel luminoso, sistemas de accionamiento y gestión centralizada, cuadros de alumbrado, etc. Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación. Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación

se hará por duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.

2.5.4. Verificaciones e inspecciones En virtud de lo estipulado en el artículo 13 del reglamento, se comprobará el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, mediante verificaciones e inspecciones, que serán realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y por organismos de control, autorizados para este campo reglamentario, que se indican a continuación: a)

Verificación inicial, previa a su puesta en servicio, por instalador autorizado: Todas las instalaciones; b) Inspección inicial, previa a su puesta en servicio, por OCA: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada; c) Verificaciones cada 5 años, por instalador autorizado: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; d) Inspecciones cada 5 años, por OCA: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada.



Puesta en Servicio de

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07 ■ Proyecto o memoria técnica, según la ITCET 05. ■ Verificación inicial por la empresa instaladora ■ Certificado de instalación por la empresa instaladora ■ Inspección inicial por OCA, para líneas con tensión>5kV.

la Instalación

Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior

■

Instrucciones para el correcto corr ecto uso, así como para el mantenimiento de la instalación ■ Etiqueta energética de la instalación instalación según ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto, junto con la relación de receptores y lámparas ■

Mantenimiento

Plan de mantenimiento mantenimiento que comprenderá: compr enderá: reposiciones masivas de lámparas, operaciones de limpieza de luminarias (por el propietario de la instalación o por instalador autorizado) y los trabajos de inspección y mediciones eléctricas (por instalador autorizado). La programación de los trabajos y su periodicidad, se ajustarán al factor de mantenimiento (ITCEA-06). ■ Análisis de los consumos anuales anuales y de su evolución. ■ Registro de operaciones de mantenim mantenimien iento to a) Verificación inicial, previa a su puesta en servicio, por instalador autorizado: Todas las instalaciones; b) Inspección inicial, previa a su puesta en servicio, por OCA: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada;

Inspecciones

c) Verificaciones periódicas, cada 5 años, por instalador autorizado: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; d) Inspecciones periódicas cada 5 años, por OCA: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada.

2.5.6. 2.5.6. Empresas Empresas instaladoras in staladoras habilitadas h abilitadas Todo lo relativo a instalaciones, mantenimientos, verificaciones, etc., de eficiencia

energética en instalaciones de alumbrado exterior, se llevarán a cabo por instaladores autorizados de baja tensión, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

CAPÍTULO CAPÍT ULO 3. APARATOS ELEVADORES

3.1. ASCENSORES 3.1.1. Normativa reguladora Los aparatos elevadores están regulados por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) (I TC) AEM 1 “Ascensores”. “Ascensores”. Constituye el objeto de este reglamento definir las condiciones técnicas que, a efectos de seguridad, deben cumplir los aparatos de elevación y manutención que se instalen en el territorio del Estado español y se incluyan en alguna de sus ITC, para proteger a las personas y a las cosas de los riesgos de accidentes que puedan producirse como consecuencia del funcionamiento y utilización de dichos aparatos. Se entiende por aparatos de elevación y manutención a efectos del presente reglamento, aquellos que sirvan para estos fines, cualquiera que sea su forma de accionamiento, tales como ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, andenes móviles, montamateriales para la construcción, grúas, aparatos de elevación y transporte continuos, transelevadores, plataformas elevadoras, carretillas de manutención y otros aparatos similares.

No están incluidos dentro del ámbito de aplicación de este reglamento: a) Los aparatos aparat os de elevación y manutención manutención empleados empleado s en las minas. minas. b) Los aparatos aparat os de elevación elevación y manuten manutención ción concebidos para fines fines militares militares o experimentales. c) Los aparatos de elevación elevación y manuten manutención ción que hayan de instalars instalarse e en barcos y plataformas flotantes de exploración o perforación. d) Aparato Apar atoss de elevación elevación y manu manutención tención utilizados en la manipulación manipulación de mate materiales riales

radiactivos. e) Elevadores Elevadores de uso en escenarios de teatro teat ro o espectácul espect áculos os similares similares no instalados de forma permanente. Esta instrucción técnica complementaria tiene por objeto definir las reglas de seguridad aplicables a los ascensores, para proteger a las personas y las cosas contra los diferentes riesgos de accidentes que pudieran producirse como consecuencia del funcionamiento y mantenimiento de dichos aparatos. Esta ITC se aplica a todo aparato de elevación instalado permanentemente en edificios o construcciones que sirva niveles definidos, con un habitáculo que se desplace a lo largo de guías rígidas y cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte: de personas; de personas y objetos; solamente de objetos, si el habitáculo es accesible, es decir, si una persona puede entrar en él sin dificultad, y si está provisto de órganos de accionamiento situados dentro del habitáculo o al alcance de una persona situada dentro del mismo. Los aparatos de elevación que se desplacen siguiendo un recorrido fijo, aunque no esté determinado por guías rígidas, serán considerados pertenecientes al ámbito de aplicación de este real decreto. Se entenderá por «habitáculo» la parte del aparato de elevación en la que se sitúan las personas u objetos con la finalidad de ser elevados o descendidos. A los efectos de esta ITC, en lo sucesivo se denominará «ascensores» a todos los aparatos de elevación a los que se refiere el apartado 1 anterior, con independencia de la designación popular, comercial o la que figure en normas técnicas y la velocidad con que se desplace el habitáculo. Se precisará, en donde corresponda, si se trata de un aparato con velocidad de hasta 0,15 m/s, o superior a este valor. valor. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ITC: los ascensores de obras de construcción, las instalaciones de cables, incluidos los funiculares, los ascensores especialmente diseñados y fabricados para fines militares o policiales, los aparatos de elevación desde los cuales se pueden efectuar trabajos, los ascensores para pozos de minas, los aparatos de elevación destinados a mover actores durante representaciones

artísticas, los aparatos de elevación instalados en medios de transporte, los aparatos de elevación vinculados a una máquina y destinados exclusivamente al acceso a puestos de trabajo, incluidos los puntos de mantenimiento e inspección de la máquina, los trenes de cremallera, las escaleras mecánicas y andenes móviles, y los aparatos elevadores que discurran a lo largo de una escalera o rampa o que sirvan una distancia vertical menor que la existente entre dos plantas de un edificio. Esta ITC se aplicará: a) a los ascensores de nueva instalación y a sus modificaciones, y b) a los ascensores existentes antes de su entrada en vigor, únicamente en lo que se refiere a las prescripciones relativas al mantenimiento, modificaciones importantes e inspección de los mismos. Documentación necesaria: Ficha técnica, extendida por triplicado, con las hojas UNE A4 necesarias para definir el tipo en las cuales se incluirán el nombre y dirección del fabricante, características esenciales, dimensiones principales, secciones, vistas exteriores, elementos de seguridad, campo de aplicación, variantes que comprende y cualquier otro dato que contribuya a la identificación del tipo a homologar.

3.1.2. Puesta en servicio de la instalación La instalación de los aparatos incluidos en este reglamento requerirá, cuando lo especifique la ITC, la presentación de un proyecto, por duplicado, ante el órgano territorial competente de la Administración pública del lugar en que vayan a ser instalados. Dicho proyecto será redactado y firmado por un técnico titulado competente. La puesta en funcionamiento de un aparato de elevación y manutención, salvo que la instrucción técnica complementaria disponga otra cosa, no precisará otro requisito que la presentación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma de un certificado de la empresa instaladora, examinado y con el visto bueno de un técnico titulado competente designado por la misma. Toda modificación de un aparato incluido en este reglamento que suponga alguna variación del mismo en relación con las características esenciales del proyecto que obra en poder del órgano territorial competente de la Administración pública, deberá ser comunicada por escrito a este y, asimismo, habrá de presentarse el certificado de instalador.

Modelo de Certificado de instalación de aparatos elevadores No se requerirá ninguna comunicación cuando la modificación consista en la sustitución de piezas o elementos que no impliquen alteración en las condiciones del proyecto inicial. Los aparatos sujetos a este reglamento se someterán a las revisiones de conservación e inspecciones periódicas que se establezcan en las ITC que desarrollen el mismo, las cuales determinarán en cada caso el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos revisiones o inspecciones consecutivas. Las inspecciones periódicas se llevarán a efecto por el órgano territorial competente de la Administración pública o, si este así lo establece, por una entidad colaboradora facultada para la aplicación de este reglamento. En cualquier caso, las

actas de inspección de las entidades colaboradoras serán supervisadas e intervenidas por el citado órgano competente.

3.1.3. Mantenimiento de la instalación Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, estas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.

3.1.4. Verificaciones e inspecciones Los conservadores, con independencia de lo que especifiquen las ITC, adquirirán por su parte las siguientes obligaciones en relación con los aparatos cuyo mantenimiento o reparación tengan contratado: a) Revisar, mantener y comprobar la instalación de acuerdo con los plazos que para cada clase de aparato se determinen en las ITC. En estas revisiones se dedicará especial atención a los elementos de seguridad del aparato, manteniendo un buen funcionamiento y la seguridad de las personas y las cosas. b) Enviar personal competente cuando sea requerido por el propietario o arrendatario, en su caso, o por el personal encargado del servicio, para corregir averías que se produzcan en la instalación. c) Poner por escrito en conocimiento del propietario o arrendatario, en su caso, los elementos del aparato que han de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas para que aquel ofrezca las debidas garantías de buen funcionamiento, o si el aparato no cumple las condiciones vigentes que le son aplicables. d) Interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo de accidentes hasta que se efectúe la necesaria reparación. e) En caso de accidente, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la Administración pública y a mantener interrumpido el funcionamiento hasta que, previos los reconocimientos y pruebas pertinentes, lo autorice dicho órgano competente. f) Conservar, desde la última inspección periódica realizada por el órgano territorial competente, la documentación correspondiente, justificativa de las fechas de visita, resultado de las revisiones de conservación, elementos sustituidos e incidencias que se consideren dignas de mención, entregándose una copia de la misma al propietario o arrendatario, en su caso. g) Comunicar al propietario del aparato la fecha en que le corresponde solicitar la inspección periódica.

h) Dar cuenta en el plazo máximo de quince días al órgano territorial competente de la Administración pública de todas las altas y bajas de contratos de conservación de los aparatos que tengan a su cargo. Al enviar esta comunicación el conservador podrá hacer constar cuantas observaciones estime pertinentes.

Modelo de inspección periódica por OCA de instalación de aparatos elevadores

3.1.5. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre,

reguladora

por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos y Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1 “Ascensores".


■ Proyecto (ITC-MIE-AEM-01) ■ Certificado de empresa instaladora ■ Inspección oficial por OCA ■ Emisión de certificado por instalador autorizado ■ Registro ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma

Normativa

Aparatos elevadores

■ Mantenimiento

Mantenerlas en buen estado funcionamiento ■ Modificaciones por instalador autorizado

de

Inspección Inicial por OCA (ITC-MIE-AEM-01): a) Edificios industriales b) Locales de Pública Concurrencia

Revisiones e Inspecciones

c) Edificios de más de 20 viviendas o con más de cuatro plantas Inspección Periódica por OCA (ITC-MIE-AEM-01): ■ ■ ■

Cada 2 años en ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública concurrencia. Cada 4 años en ascensores instalados en edificios de más de 20 viviendas o con más de cuatro plantas servidas. Cada 6 años en ascensores instalados en edificios no incluidos en los apartados anteriores.

3.1.6. Empresas instaladoras habilitadas Es la persona física o jurídica que, como una actividad económica organizada, cumpliendo los requisitos establecidos y habiendo presentado la declaración

responsable de inicio de actividad, es responsable de la ejecución de las actividades correspondientes a su categoría, en el ámbito del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, aprobado por Real Decreto 2291/1985, y de sus instrucciones técnicas complementarias. Atendiendo al tipo de actividades que las empresas pueden realizar, se clasifican en las siguientes categorías:

Conservadora de ascensores. La empresa de esta categoría es la que, contratada por el propietario o arrendatario del ascensor, puede realizar el servicio de mantenimiento del mismo, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-AEM-1, Ascensores. Instaladora de grúas torre para obras u otras aplicaciones . La empresa de esta categoría es la que puede realizar las actividades de instalación, montaje y desmontaje de grúas torre para obras u otras aplicaciones, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 referente a Grúas Torre, aprobada por el Real Decreto 836/2003. Conservadora de grúas torre para obras u otras aplicaciones . La empresa de esta categoría es la que puede realizar las actividades de mantenimiento y reparación de grúas torre para obras u otras aplicaciones, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 referente a Grúas Torre, aprobada por el Real Decreto 836/2003. Fabricante de pies de empotramiento o de cualquier otro elemento estructural de grúas torre. A parte de la propia empresa fabricante de la grúa, la empresa de esta categoría es la que puede realizar las actividades de fabricación y reparación de pies de empotramiento o de cualquier otro elemento estructural de grúas torre, atendiendo a lo dispuesto en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 referente a Grúas Torre, aprobada por el Real Decreto 836/2003. Conservadora de grúas móviles autopropulsadas. La empresa de esta categoría es la que puede realizar las actividades de revisión y mantenimiento de grúas móviles autopropulsadas, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 referente a Grúas Móviles Autopropulsadas, aprobada por el Real Decreto 837/2003. Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial:

Según dispone el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, los requisitos que deben declarar, cumplir y mantener las empresas instaladoras o conservadoras de aparatos de elevación y manutención establecidas en España, así como las establecidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que vayan a ejercer la libre prestación de servicios en España, dependiendo de la categoría de la empresa, son los siguientes: Con carácter general: Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora o conservadora, que en el caso de persona jurídica deberá estar constituida legalmente. Contar con los medios técnicos, herramientas, equipos y medios de protección individual para realizar las actividades en condiciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades del aparato de elevación o manutención. Los requisitos específicos exigidos a las empresas, de los cuales deberán disponer la documentación que así lo acredite, son los que, en función de su categoría, se relacionan a continuación:

Conservadora de ascensores. Requisitos específicos: 1. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de 300.000 euros (23 de febrero de 2013). Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía. 2. Contar en plantilla, como mínimo, con un profesional habilitado conservador de ascensores y un técnico titulado competente, que será el responsable técnico. 3. Responsabilizarse de que los ascensores que les sean encomendados se mantienen en condiciones de funcionamiento correctas, cumpliendo íntegramente los requisitos de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-AEM-1, Ascensores.

Instaladora de grúas torre para obras u otras aplicaciones. Requisitos específicos: 1. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de 600.000 euros (23 de mayo de 2010). Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y

Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía. 2. Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico.

Conservadora de grúas torre para obras u otras aplicaciones. Requisitos específicos: 1. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de 600.000 euros (23 de mayo de 2010). Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía. 2. Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender las instalaciones que tengan contratadas. 3. Responsabilizarse de que las grúas torre que les sean encomendadas se mantienen en condiciones de funcionamiento correctas.

Fabricante de pies de empotramiento o de cualquier otro elemento estructural de grúas torre. Requisitos específicos: 1. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de 1.000.000 euros (23 de mayo de 2010). Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía. 2. Disponer en plantilla de un técnico titulado competente. 3. Disponer de soldadores y procesos de soldadura homologados por un organismo de control autorizado.

Conservadora de grúas móviles autopropulsadas. Requisitos específicos: 1. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de 1.000.000 euros (23 de mayo de 2010). Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía.

2. Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender todas las grúas que deban conservar. 3. Responsabilizarse de que las grúas móviles autopropulsadas que les sean encomendadas se mantienen en condiciones de funcionamiento correctas.

3.2. GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 3.2.1. Normativa reguladora El Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. La experiencia desde la publicación de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) «MIE-AEM-4» del Reglamento de Aparatos de Elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas, ha llevado a la conveniencia de modificar algunos de sus preceptos, a fin de ponerlos en consonancia con la técnica más actual.

El Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) «MIE-AEM-4» del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas, ya recogía en su preámbulo que la presencia, cada vez mayor, de las grúas móviles autopropulsadas con potencial de manipulación de cargas cada vez más importante, es fundamental y posibilita la ejecución de trabajos con una disminución del riesgo de accidente. El desarrollo económico permite que se pueda constatar el gran aumento de las operaciones que se realizan con este tipo de aparatos y su implantación en todos los sectores industriales y de la construcción. No obstante, aquella ITC solamente establecía criterios mínimos de seguridad, así como las operaciones de mantenimiento y revisiones e inspecciones oficiales, a

las que debían someterse las grúas móviles autopropulsadas que constituían el parque nacional existente con anterioridad, excluyendo expresamente a aquellas fabricadas de acuerdo con el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, sobre Máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (en adelante Real Decreto 1435/1992, sobre Máquinas). La experiencia que la puesta en vigor de la ITC «MIE-AEM-4» ha supuesto para la seguridad del sector ha demostrado la importancia de que esta incluya también a las grúas fabricadas con los criterios fijados por el Real Decreto 1435/1992, sobre Máquinas, en lo referente a las condiciones de utilización, mantenimiento y revisiones e inspecciones oficiales. La inclusión de estas condiciones de utilización, mantenimiento y revisiones e inspecciones oficiales no lleva consigo ninguna contradicción con las directrices de la Unión Europea, toda vez que aborda la seguridad de los equipos después de su puesta en el mercado, y permite facilitar el seguimiento de sus condiciones de seguridad más allá del propio mantenimiento preventivo fijado en las instrucciones dictadas por los fabricantes de estos equipos. El parque nacional actual, en un acelerado proceso de modernización, lleva a la desaparición de la actual «MIE-AEM-4», que se manifiesta obsoleta en cuanto a sus prescripciones de diseño y fabricación, creándose un vacío legal en el sector, no cubierto por las disposiciones vigentes en el marco de la seguridad de máquinas, y que con esta modificación se pretende corregir. Asimismo, la creciente utilización en labores cada vez más complejas e importantes lleva a la necesidad de fijar unas condiciones mínimas que han de reunir los operadores de estas grúas móviles autopropulsadas. Por otra parte, la ampliación del ámbito de aplicación a todas las grúas móviles autopropulsadas, incluso para las nuevas en cuanto a los aspectos de utilización, mantenimiento y revisiones e inspecciones oficiales, es una razón que, mejor que disponer la modificación de artículos determinados de la repetida instrucción, aconseja proceder a la aprobación de un nuevo texto revisado de la ITC «MIE-AEM4» del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

3.2.2. Puesta en servicio de la instalación La puesta en servicio de las grúas móviles autopropulsadas se recoge en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En concreto en su artículo noveno Modificación del Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. Cuando la empresa conservadora que se establece o ejerce la actividad en España, ya esté cubierta por un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente o comparable en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de riesgo asegurado, suma asegurada o límite de la garantía en otro Estado miembro en el que ya esté establecido, se considerará cumplida la exigencia establecida en la letra d) del apartado 5.10 de la Instrucción Técnica Complementaria aprobada por este Real Decreto 837/2003, de 27 de junio. Si la equivalencia con los requisitos es solo parcial, la empresa conservadora deberá ampliar el seguro o garantía equivalente hasta completar las condiciones exigidas. En el caso de seguros u otras garantías suscritas con entidades aseguradoras y entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro, se aceptarán a efectos de acreditación los certificados emitidos por estas. A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas conservadoras, se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Corresponderá a las comunidades autónomas elaborar y mantener disponibles los modelos de declaración responsable. A efectos de facilitar la introducción de datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el órgano competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborará y mantendrá actualizada una propuesta de modelos de declaración responsable, que deberá incluir los datos que se suministrarán al indicado registro, y que estará disponible en la sede electrónica de dicho Ministerio. Las empresas conservadoras deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Los apartados 4.1 y 4.2 de la Instrucción Técnica Complementaria «MIE-AEM-4» quedan redactados como sigue: 1. Antes de que se realice la primera utilización de la grúa móvil autopropulsada, su

titular deberá presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radique su domicilio social, o en su caso donde desee realizar la primera utilización de la grúa móvil autopropulsada en territorio español, una declaración de adecuación individualizada del parque de grúas móviles autopropulsadas que integren la empresa o vayan a utilizarse. Estas declaraciones de adecuación, en el caso de grúas que no están en posesión del marcado “CE”, contendrán como mínimo la información indicada en el anexo II, incluyendo para el resto de las grúas únicamente los párrafos a) y b) del señalado anexo II y la declaración “CE” de conformidad. Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada por medios electrónicos. La presentación de la declaración de adecuación realizada ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma habilita, desde el momento de su presentación, para la utilización de la grúa móvil autopropulsada en todo el ámbito estatal. 2. El órgano competente de dicha Comunidad Autónoma registrará la declaración “CE” de conformidad o la declaración de adecuación de la grúa asignándole un número de identificación de la misma, el cual deberá conservarse para posteriores inspecciones periódicas y otras comprobaciones que fuesen pertinentes. La comunidad autónoma remitirá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los datos necesarios para la inclusión de la grúa móvil autopropulsada en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

3.2.3. Mantenimiento de la instalación 1. Las grúas móviles autopropulsadas serán revisadas de acuerdo con lo establecido por el fabricante de la grúa móvil o de los conjuntos incorporados a esta, en los manuales específicos para revisión y mantenimiento, cumpliendo lo establecido en el Capítulo 5 de la norma UNE 58-508-78. El mantenimiento y revisiones de las grúas serán responsabilidad del propietario. 2. Las revisiones se efectuarán por las empresas conservadoras que cumplan lo establecido en los artículos 10 y 12 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 3. Antes de comenzar sus actividades como empresas conservadoras, las

personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare que cumple los requisitos que se exigen por esta instrucción técnica complementaria y su reglamento correspondiente, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que las operaciones de revisión de las grúas se efectúan de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en esta instrucción técnica complementaria. 4. Las empresas conservadoras legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestación en territorio español, deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde deseen comenzar su actividad una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare que cumple los requisitos que se exigen por esta instrucción técnica complementaria y su reglamento correspondiente, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que las operaciones de revisión de las grúas se efectúan de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en esta instrucción técnica complementaria. Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. La autoridad competente podrá verificar esa capacidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre. 5. Las comunidades autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada por medios electrónicos. No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar disponible para su presentación inmediata

ante la Administración competente cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control. 6. El órgano competente de la Comunidad Autónoma, asignará, de oficio, un número de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo. 7. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa conservadora, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. 8. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración competente podrá regular un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado. En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la Administración competente para dictar resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas. 9. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde presentó la declaración responsable en el plazo de un mes. 10. Las empresas conservadoras cumplirán los siguientes requisitos: a)

Disponer de la documentación que identifique a la empresa conservadora, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. b) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad. c) Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender todas las grúas que deban conservar. d) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía

equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio con una cobertura mínima, por siniestro, de 1.000.000 de euros. Esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 11. La empresa conservadora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de actuaciones no realizadas por ella misma. 12. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas. La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias o descargos correspondientes. 13. El órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese de la actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la actualización de los datos en el Registro Integrado Industrial, regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, tal y como lo establece su normativa reglamentaria de desarrollo. 14. Las revisiones que deba efectuar la empresa conservadora se realizarán, como mínimo, cada seis meses, conforme a las prescripciones de la norma UNE 58508-78, y deberá quedar reflejado el resultado de esta revisión en el libro historial de la grúa móvil autopropulsada.

3.2.4. Verificaciones e inspecciones Las grúas objeto de esta ITC serán inspeccionadas periódicamente con los plazos indicados a continuación: a) Grúas hasta seis años de antigüedad: cada tres años. b) Grúas de más de seis y hasta 10 años de antigüedad: cada dos años. c) Grúas de más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: cada año. La antigüedad se computará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.3.

Estas inspecciones serán realizadas por un organismo de control, facultado para la aplicación del Reglamento de Aparatos de Elevación y manutención. Un ejemplar del acta de inspección se entregará al propietario, y otro será remitido al órgano competente de la Comunidad Autónoma en que esté inscrita la empresa. En las inspecciones oficiales se deberán controlar los conceptos que figuran en el anexo IV.

Ficha de inspecciones oficiales Todo ello, sin perjuicio de las que pudieran corresponder con arreglo a su categoría como vehículo. Toda grúa móvil autopropulsada, conforme con las prescripciones establecidas en esta ITC, deberá colocar en parte fácilmente visible de la cabina de la grúa, y bajo la responsabilidad del organismo de control que realice la inspección, una placa adhesiva de color verde, de 105 x 74 mm, cuyo modelo se adjunta en el anexo VIII, en la que figuren los siguientes datos: Nombre de la comunidad autónoma. I T G A.

R.A.E. —4: 0001 (con numeración correlativa correspondiente al R.A.E.— 4 de cada comunidad autónoma). N.o de serie (o en su caso del bastidor). Fecha de la próxima inspección: antes de: XX-XXXX (mes y año).

Modelo de placa adhesiva



El Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. ■

Puesta en

Seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente o comparable ■ Declaración responsable ■ Declaración de adecuación Individualizada del parque de grúas móviles autopropulsadas ante el

Servicio de la Instalación ■

Grúas móviles autopropulsadas

Mantenimiento

Órgano competente de Comunidad Autónoma Registro de la declaración "CE" conformidad o la declaración adecuación de la grúa por Órgano competente de Comunidad Autónoma

la de de el la

■ El mantenimiento y revisiones de las grúas serán responsabilidad del propietario de acuerdo con lo establecido por el fabricante. ■ Las revisiones se realizarán por empresas conservadoras acreditadas convenientemente por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma Inspección Inicial / Periódica por OCA (ITC-MIE-AEM-4):

Verificaciones e Inspecciones

• Grúas hasta seis años de antigüedad: cada tres años. • Grúas de más de seis y hasta 10 años de antigüedad: cada dos años. • Grúas de más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de fabricación: cada año.

3.2.6. Empresas instaladoras habilitadas Las empresas que deseen habilitarse para desarrollar esta actividad deben de presentar, antes de comenzar su actividad, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se establezcan una declaración responsable. Con la presentación de este documento, el titular de la empresa o el representante legal de la misma, declara que cumple los requisitos exigidos, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que las actividades se efectúan de acuerdo con las normas y requisitos establecidos.

Una vez presentada la declaración responsable, el órgano competente de la Comunidad Autónoma asignará de oficio un número de identificación a la empresa, estando la empresa, desde que presenta la declaración responsable, habilitada para ejercer la actividad en todo el territorio nacional. Las empresas conservadoras de grúas móviles autopropulsadas deben cumplir en todo momento, los siguientes requisitos recogidos en en el artículo 9 de la ITC-MIEAEM-4, y que son: Disponer de la documentación que identifique a la empresa conservadora, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad. Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender todas las grúas que deban conservar. Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio con una cobertura mínima, por siniestro, de 1.000.000 de euros. Las revisiones que deba efectuar la empresa conservadora se realizarán, como mínimo, cada seis meses, conforme a las prescripciones de la norma UNE 58-50878, y deberá quedar reflejado el resultado de esta revisión en el libro historial de la grúa móvil autopropulsada.

3.3. EQUIPOS DE ELEVACIÓN INDUSTRIAL: PUENTES GRÚA, POLIPASTOS, SEMIPÓRTICOS, PÓRTICOS, GÓNDOLAS, CARRETILLAS AUTOMOTORAS, VEHÍCULOS INDUSTRIALES, GRÚAS AUTOCARGANTES 3.3.1. Normativa reguladora Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. El presente Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: a) b)

c) d) e)

Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo. Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida en particular la limpieza. Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su seguridad o para su salud. Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa. Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo. El empresario estará obligado a:

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo. En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan: a) Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación. b) Las condiciones generales previstas en el anexo I de este Real Decreto. 2. Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores: a) Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. b) Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos

o agravarse por ellos. c) En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 3. Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas en el presente Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo. 4. La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el anexo II del presente Real Decreto. Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquellos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede reservada a los trabajadores designados para ello. 5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores solo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

3.3.2. Puesta en servicio de la instalación Condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación de cargas 1. Generalidades: a) Los equipos de trabajo desmontables o móviles, que sirvan para la elevación de cargas deberán emplearse de forma que se pueda garantizar la estabilidad del equipo durante su empleo en las condiciones previsibles, teniendo en cuenta la naturaleza del suelo. b)

La elevación de trabajadores solo estará permitida mediante equipos de

trabajo y accesorios previstos a tal efecto. No obstante, cuando con carácter excepcional hayan de utilizarse para tal fin equipos de trabajo no previstos para ello, deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y disponer de una vigilancia adecuada. Durante la permanencia de trabajadores en equipos de trabajo destinados a levantar cargas, el puesto de mando deberá estar ocupado permanentemente. Los trabajadores elevados deberán disponer de un medio de comunicación seguro y deberá estar prevista su evacuación en caso de peligro. c)

A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, deberán tomarse medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas.

No estará permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no protegidos ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera posible, por no poderse garantizar la correcta realización de los trabajos de otra manera, deberán definirse y aplicarse procedimientos adecuados. d) Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de prensión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación deberán estar claramente marcados para permitir que el usuario conozca sus características, si no se desmontan tras el empleo. e)

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.

2. Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas: a) Si dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas se instalan o se montan en un lugar de trabajo de manera que sus campos de acción se solapen, deberán adoptarse medidas adecuadas para evitar las colisiones entre las cargas o los elementos de los propios equipos. b) Durante el empleo de un equipo de trabajo móvil para la elevación de cargas no guiadas, deberán adoptarse medidas para evitar su balanceo, vuelco y, en su caso, desplazamiento y deslizamiento. Deberá comprobarse la correcta realización de estas medidas. c) Si el operador de un equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no puede observar el trayecto completo de la carga ni directamente ni mediante los dispositivos auxiliares que faciliten las informaciones útiles,

deberá designarse un encargado de señales en comunicación con el operador para guiarle y deberán adoptarse medidas de organización para evitar colisiones de la carga que puedan poner en peligro a los trabajadores. d) Los trabajos deberán organizarse de forma que mientras un trabajador esté colgando o descolgando una carga a mano, pueda realizar con toda seguridad esas operaciones, garantizando en particular que dicho trabajador conserve el control, directo o indirecto, de las mismas. e) Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente planificadas, vigiladas adecuadamente y efectuadas con miras a proteger la seguridad de los trabajadores. En particular, cuando dos o más equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas deban elevar simultáneamente una carga, deberá elaborarse y aplicarse un procedimiento con el fin de garantizar una buena coordinación de los operadores. f) Si algún equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no puede mantener las cargas en caso de avería parcial o total de la alimentación de energía, deberán adoptarse medidas apropiadas para evitar que los trabajadores se expongan a los riesgos correspondientes. Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es imposible el acceso a la zona de peligro y si la carga se ha colgado con toda seguridad y se mantiene de forma completamente segura. g) El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas deberá cesar cuando las condiciones meteorológicas se degraden hasta el punto de causar perjuicio a la seguridad de funcionamiento y provocar de esa manera que los trabajadores corran riesgos. Deberán adoptarse medidas adecuadas de protección, destinadas especialmente a impedir el vuelco del equipo de trabajo, para evitar riesgos a los trabajadores.

3.3.3. Mantenimiento de la instalación 1. Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada. Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas peligrosas, salvo, si fuera necesario, en el caso de determinados órganos de accionamiento, y de forma que su manipulación no pueda ocasionar riesgos adicionales. No deberán acarrear riesgos como consecuencia de una

manipulación involuntaria. Si fuera necesario, el operador del equipo deberá poder cerciorarse desde el puesto de mando principal de la ausencia de personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre precedida automáticamente de un sistema de alerta, tal como una señal de advertencia acústica o visual. El trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y de los medios suficientes para sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en marcha o la detención del equipo de trabajo. Los sistemas de mando deberán ser seguros y elegirse teniendo en cuenta los posibles fallos, perturbaciones y los requerimientos previsibles, en las condiciones de uso previstas. 2. La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la causa de esta última, y para introducir una modificación importante en las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, velocidad, presión, etc.), salvo si dicha puesta en marcha o modificación no presentan riesgo alguno para los trabajadores expuestos o son resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático. 3. Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad. Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar en función de los riesgos existentes, o bien todo el equipo de trabajo o bien una parte del mismo solamente, de forma que dicho equipo quede en situación de seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los órganos de accionamiento de que se trate. Si fuera necesario en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y del tiempo de parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo de parada de emergencia. 4. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 5. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases,

vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 6. Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés. 7. Las escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

8. En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo de trabajo que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas. 9. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados con resguardos o

dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. Los resguardos y los dispositivos de protección: Serán de fabricación sólida y resistente. No ocasionarán riesgos suplementarios. No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección. 10. Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 11. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. 12. Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 13. Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 14. El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 15. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio, de calentamiento del propio equipo o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por este. Los equipos de trabajo que se utilicen en condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u otros. 16. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, tanto del equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por este. 17. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente.

18. Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 19. Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos corrosivos o a alta temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los mismos. 20. Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, ya sean automotores o no. a)

Los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados deberán adaptarse de manera que se reduzcan los riesgos para el trabajador o trabajadores durante el desplazamiento. Entre estos riesgos, deberán incluirse los de contacto de los trabajadores con ruedas y orugas y de aprisionamiento por las mismas.

b) Cuando el bloqueo imprevisto de los elementos de transmisión de energía entre un equipo de trabajo móvil y sus accesorios o remolques pueda ocasionar riesgos específicos, dicho equipo deberá ser equipado o adaptado de modo que se impida dicho bloqueo. Cuando no se pueda impedir el bloqueo deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar las consecuencias perjudiciales para los trabajadores. c) Deberán preverse medios de fijación de los elementos de transmisión de energía entre equipos de trabajo móviles cuando exista el riesgo de que dichos elementos se atasquen o deterioren al arrastrarse por el suelo. d)

En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se deberán limitar, en las condiciones efectivas de uso, los riesgos provocados por una inclinación o por un vuelco del equipo de trabajo, mediante cualquiera de las siguientes medidas: Una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se incline más de un cuarto de vuelta. Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del trabajador o trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto

de vuelta. Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente. Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante del equipo de trabajo. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo o cuando el diseño haga imposible la inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados. e) Las carretillas elevadoras ocupadas por uno o varios trabajadores deberán estar acondicionadas o equipadas para limitar los riesgos de vuelco mediante medidas tales como las siguientes: La instalación de una cabina para el conductor. Una estructura que impida que la carretilla elevadora vuelque. Una estructura que garantice que, en caso de vuelco de la carretilla elevadora, quede espacio suficiente para el trabajador o los trabajadores transportados entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla. Una estructura que mantenga al trabajador o trabajadores sobre el asiento de conducción e impida que puedan quedar atrapados por partes de la carretilla volcada.

f)

Los equipos de trabajo móviles automotores cuyo desplazamiento pueda ocasionar riesgos para los trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones: Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en marcha no autorizada. Deberán contar con los medios adecuados que reduzcan las consecuencias de una posible colisión en caso de movimiento simultáneo de varios equipos de

trabajo que rueden sobre raíles. Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida en que lo exija la seguridad, un dispositivo de emergencia accionado por medio de mandos fácilmente accesibles o por sistemas automáticos deberá permitir el frenado y la parada en caso de que falle el dispositivo principal. Deberán contar con dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la visibilidad cuando el campo directo de visión del conductor sea insuficiente para garantizar la seguridad. Si están previstos para uso nocturno o en lugares oscuros, deberán contar con un dispositivo de iluminación adaptado al trabajo que deba efectuarse y garantizar una seguridad suficiente para los trabajadores. Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus remolques o cargas, que puedan poner en peligro a los trabajadores, deberán contar con dispositivos apropiados de lucha contra incendios, excepto cuando el lugar de utilización esté equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos. Si se manejan a distancia, deberán pararse automáticamente al salir del campo de control. Si se manejan a distancia y si, en condiciones normales de utilización, pueden chocar con los trabajadores o aprisionarlos, deberán estar equipados con dispositivos de protección contra esos riesgos, salvo cuando existan otros dispositivos adecuados para controlar el riesgo de choque. g)

Los equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen puedan suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad de los trabajadores situados en sus proximidades, deberán ir provistos de una señalización acústica de advertencia.

3.3.4. Verificaciones e inspecciones 1. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado

las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación. Cuando la parada o desconexión no sea posible se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 2. Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, este permanecerá actualizado. 3. Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. En caso contrario, dichos equipos deberán permanecer con sus dispositivos de protección.



REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y la guia técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo desmontables o móviles, que sirvan para la


Equipos de Elevación Industrial: puentes grúa, polipastos, semipórticos, pórticos, góndolas, carretillas automotoras, vehículos industriales, grúas autocargantes.

elevación de cargas deberán emplearse de forma que se pueda garantizar la estabilidad del equipo durante su empleo en las condiciones previsibles, teniendo en cuenta la naturaleza del suelo. La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a tal efecto. Los órganos de accionamiento de los equipos de trabajo deberán ser claramente visibles e Identificables.

Mantenimiento

Verificaciones e Inspecciones

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. Se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación. Los equipos de trabajo que se retiren deberán permanecer con sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso.

3.3.6. Empresas instaladoras habilitadas

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas a)

Los equipos de trabajo para la elevación de cargas deberán estar instalados firmemente cuando se trate de equipos fijos, o disponer de los elementos o condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar su solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las estructuras. En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación claramente visible de su carga nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la carga nominal de cada configuración de la máquina.

b)

Los accesorios de elevación deberán estar marcados de tal forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro.

Si el equipo de trabajo no está destinado a la elevación de trabajadores y existe posibilidad de confusión deberá fijarse una señalización adecuada de manera visible. Los equipos de trabajo instalados de forma permanente deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o de desvíe involuntariamente de forma peligrosa o, por cualquier otro motivo, golpee a los trabajadores. Las máquinas para elevación o desplazamiento de trabajadores deberán poseer las características apropiadas para: Evitar, por medio de dispositivos apropiados, los riesgos de caída del habitáculo, cuando existan tales riesgos. Evitar los riesgos de caída del usuario fuera del habitáculo, cuando existan tales riesgos. Evitar los riesgos de aplastamiento, aprisionamiento o choque del usuario, en especial los debidos a un contacto fortuito con objetos. Garantizar la seguridad de los trabajadores que en caso de accidente queden bloqueados en el habitáculo y permitir su liberación. Si por razones inherentes al lugar y al desnivel, los riesgos previstos en el párrafo 1 anterior no pueden evitarse por medio de ningún dispositivo de seguridad, deberá instalarse un cable con coeficiente de seguridad reforzado cuyo buen estado se comprobará todos los días de trabajo.

Condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo

1. Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los demás trabajadores. En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos móviles de los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno y de que puedan suministrarse o retirarse de manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el equipo. 2. Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los equipos de trabajo. 3. Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Los equipos de trabajo solo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control. 4. Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 5. Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible. 6. En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador.Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. 7. Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 8. Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros. 9. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones peligrosas, sea durante su funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o se

10.

11.

12. 13. 14.

15. 16.

17.

encuentren en sus proximidades. Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento pueda suponer un peligro para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, respetándose en todo caso una distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores que los manejen deberán disponer de condiciones adecuadas de control y visibilidad. En ambientes especiales tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se emplearán equipos de trabajo que en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad de los trabajadores. Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización deberán estar protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas. El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de manera segura, especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación. Cuando la parada o desconexión no sea posible se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, este permanecerá actualizado. Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. En caso contrario, dichos equipos deberán permanecer con sus dispositivos de protección. Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.

Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no 1. La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo. 2. Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deberán establecerse y respetarse unas normas de circulación adecuadas. Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren trabajadores

a pie en la zona de trabajo de equipos de trabajo automotores. 3. Si se requiere la presencia de trabajadores a pie para la correcta realización de los trabajos, deberán adoptarse medidas apropiadas para evitar que resulten heridos por los equipos. 4. El acompañamiento de trabajadores en equipos de trabajo móviles movidos mecánicamente solo se autorizará en emplazamientos seguros acondicionados a tal efecto. Cuando deban realizarse trabajos durante el desplazamiento, la velocidad deberá adaptarse si es necesario. 5. Los equipos de trabajo móviles dotados de un motor de combustión no deberán emplearse en zonas de trabajo, salvo si se garantiza en las mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

CAPÍTULO 4. PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS Y RESIDUOS PELIGROSOS

4.1. INTRODUCCIÓN Hoy en día es una realidad incuestionable en todos los países la presencia cada vez mayor de productos químicos en el trabajo, especialmente en los más desarrollados. Se estima que el número de productos químicos distintos que se manejan actualmente en los procesos industriales supera los 20.000 y, aunque una gran parte no representan peligro para los trabajadores en las condiciones normales de manipulación, hay otros muchos que sí son peligrosos, y pueden provocar accidentes graves que afecten no solo a los trabajadores, sino a otras personas ajenas al trabajo, al medio ambiente o a los equipos e instalaciones. No hace falta fijar nuestra atención en plantas químicas o en procesos industriales para encontrar productos químicos, la exposición a estas sustancias puede ocurrir en cualquier lugar de trabajo: peluquerías, talleres, obras de construcción, granjas, etc. Los daños para la salud que una exposición a estos productos peligrosos puede provocar son muy variados: asma, lesiones en la piel, alteraciones del sistema nervioso, lesiones cerebrales, cáncer, etc. En algunos casos, estos daños pueden aparecer después de una sola exposición, en otros, por una acumulación a largo plazo de estas sustancias en el organismo. Además, los riesgos no solo se encuentran en las posibilidades de desarrollar enfermedades más o menos graves, sino también, en muchos casos, en el peligro de que estos productos puedan causar, solos o combinados, accidentes graves, con importantes daños para las personas, los bienes o el medio ambiente: explosiones, contaminación, etc. Por otra parte, las sociedades desarrolladas generan también, cada día en mayor medida, una gran cantidad de residuos, tanto a nivel industrial como de servicios. Los residuos de la industria se producen porque las materias primas y la energía que se utilizan en los procesos de fabricación no se aprovechan al 100%, y esto mismo puede aplicarse también, como en el caso de los productos químicos, a los procesos de producción de otros entornos laborales como talleres, construcción, etc. Parte de estos residuos que se generan en los procesos productivos pueden tener características físico-químicas que, como sucede con los productos químicos, los hagan peligrosos para los trabajadores, las personas en general, el medio ambiente o los equipos e instalaciones. Por todo ello, los productos químicos y los residuos presentes en los lugares de trabajo deberán ser objeto de especial atención por las empresas, que habrán de tratar los riesgos que provoquen desde una perspectiva múltiple, aplicando, en primer

lugar, todas las medidas de seguridad, prevención y control (proactivas y reactivas) que establece la normativa técnico-legal que regula el almacenamiento, manipulación, carga, descarga, trasiego o retirada (en forma de residuo) de este tipo de productos; además de las técnicas propias de la prevención de riesgos laborales aplicables a los riesgos residuales que permanezcan tras aplicar la normativa (Seguridad Laboral e Higiene Industrial, principalmente). En este capítulo nos vamos a centrar principalmente en la reglamentación de seguridad industrial que regula los productos químicos peligrosos, que es la que más directamente afecta el ámbito de la seguridad y salud laboral, aunque dedicaremos también, al final, un apartado más breve dedicado a los residuos peligrosos que se generan en las empresas.

4.2. PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS Dentro de los distintos temas que trata la reglamentación de seguridad industrial en relación con los productos químicos peligrosos, para el objeto de este libro nos vamos a centrar en los siguientes: Concepto de producto químico peligroso Normativa reguladora Puesta en servicio de un almacenamiento de productos químicos peligrosos Mantenimiento de la instalación, revisiones periódicas Control de las instalaciones e inspecciones periódicas Tipos de productos químicos según su peligrosidad

4.2.1. Concepto de producto químico peligroso En el ámbito laboral, podemos entender por producto químico peligroso toda sustancia, natural o artificial, orgánica o inorgánica que, utilizada en los procesos de producción, puede incorporarse al medio ambiente de trabajo al ser manipulada, transportada o almacenada, y es susceptible de provocar daños en la salud de los trabajadores, en los equipos e instalaciones o en el medio ambiente.

Desde el punto de vista legal, el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ), aprobado por el Real Decreto 379/2001, entiende en su artículo 1 como productos químicos peligrosos, las sustancias o preparados considerados como peligrosos en el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, posteriores modificaciones; y en el Reglamento sobre Clasificación, Envasado Etiquetado de Preparados Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, tanto en estado sólido, como líquido o gaseoso, y sus servicios auxiliares en toda clase de establecimientos y almacenes, incluidos los recintos comerciales y de servicios (redacción dada por la modificación de RAPQ del RD 105/2010, de 5 de febrero). Observamos que la legislación distingue, dentro de los productos químicos, entre sustancias y preparados, y atribuye el calificativo de peligroso solo a aquellos que figuren recogidos como tales en los respectivos reglamentos, siendo a estos a los que serán de aplicación las prescripciones señaladas en la citada legislación. Por último, los reglamentos sobre sustancias y preparados que hemos señalado coinciden en definir estos productos, en su artículo 2°, de la siguiente forma: a) Sustancia: un elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente produzca el proceso, con exclusión de todos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición. b) Preparado: una mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias.

4.2.2. Normativa reguladora La normativa específica aplicable a los productos químicos peligrosos es muy

amplia y responde en la mayor parte de los casos a la transposición al derecho español de directivas emanadas de la Unión Europea. Las principales normas existentes son: ) Sobre clasificación, envasado y etiquetado

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, en su versión más actual, que incluye las modificaciones realizadas por la OM PRE/2317/2002, de 16 de septiembre; el Real Decreto 99/2003, de 24 de enero; el RD 255/2003, de 28 de febrero; el RD 1802/2008, de 3 de noviembre; la Ley 8/2010, de 31 de marzo y el RD 717/2010, de 28 de mayo. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, en su versión más actual, que incluye las modificaciones realizadas por la OM PRE/164/2007, de 29 de enero; el Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre; la Ley 8/2010, de 31 de marzo; el Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, y la Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre. Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006. B) Sobre el almacenamiento, carga, descarga y trasiego

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7, según su última redacción dada por el RD 105/2010, de 5 de febrero. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones importantes respecto a las ITC aprobadas conjuntamente con el RAPQ: — Que la ITC-MIE-APQ-2 debe aplicarse conjuntamente con la ITC-MIE-APQ-1, que será de aplicación en todo lo que no se oponga a la ITC-MIE-APQ-2. A este respecto, el óxido de etileno, debido a sus características físicas, se clasifica en la clase A según lo dispuesto en la ITC-MIE-APQ-1. El almacenamiento de óxidos de etileno en botellas y botellones se ajustará, además, a lo dispuesto en la ITC-MIE-APQ-5. — Que, en relación con las inspecciones y pruebas exigidas por la ITC-MIE-APQ-4, dado que el almacenamiento de Amoníaco Anhidro suele hacerse en recipientes a presión, dichas inspecciones se harán conjuntamente y al mismo tiempo que las exigidas por el Reglamento sobre Equipos a Presión.

Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-8 de Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno.

Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-9 “almacenamiento de peróxidos orgánicos”. c) Sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, según última redacción dada por el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio. Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. “En este libro nos va a resultar de utilidad, principalmente, el grupo de normativa referido al almacenamiento, carga, descarga y trasiego, que es la que establece requisitos en relación con la gestión de la puesta en servicio, mantenimiento e inspección de instalaciones de almacenamiento de productos químicos peligrosos”.

4.2.3. Puesta en servicio del almacenamiento de productos químicos Según el artículo 3 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ), para instalar, ampliar, modificar o trasladar instalaciones destinadas a contener productos químicos peligrosos (los que son objeto del artículo 1 del citado reglamento), el titular deberá presentar, en primer lugar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, un proyecto firmado por técnico competente (en la última redacción del RAPQ, del RD 105/2010, se elimina la obligación de que el proyecto vaya visado por el Colegio Oficial correspondiente).

El proyecto se redactará conforme a lo dispuesto en el RAPQ o, si existe, en la ITC correspondiente. En los casos en que la cantidad almacenada esté por debajo

de los límites de la tabla que figura en el artículo 3 del RAPQ, o en aquellos otros en los que se especifique expresamente en la ITC que corresponda, en razón a la menor peligrosidad y condiciones del almacenamiento, se podrá determinar la sustitución del proyecto por otro documento más sencillo, así algunas ITC permiten, para almacenamientos de escasa capacidad y/o de determinadas categorías, la sustitución del proyecto por un escrito o memoria, firmado por el propietario del almacenamiento o su representante legal, en el que se haga constar: los productos que se van a almacenar, las características de los mismos y la descripción del almacén, así como los medios de protección de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, deberán cumplir lo establecido en la correspondiente ITC. En concreto, las ITC que permiten esta sustitución son: ITC-MIE-APQ-1, artículo 7 ITC-MIE-APQ-2, artículo 1, que dice que se aplicará conjuntamente con la ITCMIE-APQ-1, en todo lo que no se oponga a ella ITC-MIE-APQ-3, artículo 6 ITC-MIE-APQ-5, artículo 4 ITC-MIE-APQ-6, artículo 5 ITC-MIE-APQ-7, artículo 6 ITC-MIE-APQ-9, artículo 5 Finalizadas las obras de ejecución de las instalaciones, el titular comunicará la puesta en servicio al órgano competente de la Comunidad Autónoma presentando, además de la comunicación, la siguiente documentación:

a) Certificación de final de obra, suscrita por el técnico titulado director de obra, en la que haga constar, bajo su responsabilidad, que las instalaciones se han ejecutado y probado de acuerdo con el proyecto presentado, así como que cumplen las prescripciones contenidas en el RAPQ y, en su caso, en sus instrucciones técnicas complementarias. Con este certificado se presentará también certificado de construcción de los recipientes, extendido por el fabricante de los mismos (si son de fábrica), o por el constructor (si se construyen en el emplazamiento), en los casos de: Líquidos inflamables y combustibles (ITC-MIE-APQ-1, art. 7) Óxido de Etileno (ITC-MIE-APQ-2, art. 1) Cloro (ITC-MIE-APQ-3, art. 6) Amoníaco Anhidro (ITC-MIE-APQ-4, art. 5) Líquidos corrosivos (ITC-MIE-APQ-6, art. 5) Líquidos tóxicos (ITC-MIE-APQ-7, art. 6) Peróxidos orgánicos (ITC-MIE-APQ-9, art. 5) b)

Si la instalación no necesita proyecto se habrá de presentar un certificado, suscrito por un organismo de control autorizado (OCA), en el que se acreditará

el cumplimiento de las prescripciones contenidas en el RAPQ y, en su caso, en sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias. c) Si proceden, los documentos que pongan de manifiesto el cumplimiento de las exigencias formuladas por otras disposiciones legales que afecten a la instalación (Reglamento de Aparatos a Presión, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión...). La Comunidad Autónoma será la responsable de remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los datos necesarios para la inclusión de la instalación en el Registro Integrado Industrial.

4.2.4. Mantenimiento de la instalación. Revisiones periódicas El RAPQ no dispone nada específico en relación con el mantenimiento preventivo de las instalaciones de almacenamiento de productos químicos peligrosos, solo regula directamente las inspecciones periódicas y las de control de las instalaciones, que veremos en el apartado siguiente. Las ITC de desarrollo del RAPQ sí disponen, en cambio, una serie de REVISIONES PERIÓDICAS que entran dentro del campo del mantenimiento preventivo de las instalaciones. Es decir, con independencia de los planes de mantenimiento global de sus instalaciones, que pueda establecer la empresa, o integrados dentro de los mismos, se deberán realizar, por INSPECTOR PROPIO o por ORGANISMO DE CONTROL ACREDITADO (OCA), las siguientes revisiones periódicas exigidas por las ITC , de las que habrá de emitirse, en todos los casos, el certificado correspondiente (sea un inspector propio, o sea un OCA quien las realice): a)

Líquidos inflamables y combustibles (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-1)

Los artículos 54 y 56 disponen las siguientes: Semanal , de duchas y lavaojos, deberá probarse su correcto funcionamiento y, si procede, se harán constar todas las deficiencias al titular de la instalación y

este proveerá su inmediata reparación. Conforme a un plan de revisiones, de la disponibilidad y buen estado de los equipos de protección personal (se tendrán en cuenta las instrucciones de sus fabricantes/suministradores), y equipos y sistemas de protección contra incendios. Anual , de los elementos especificados por el artículo 56 de la ITC. b) Óxido de etileno (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-2)

Se realizarán las mismas revisiones periódicas que se citan en la ITC- MIE-APQ-1 para los líquidos inflamables y combustibles (artículo 26 ITC-MIE-APQ-2), añadiendo una revisión trimestral de comprobación del correcto funcionamiento de los dispositivos fijos para evitar la contaminación del óxido de etileno con otros productos químicos reactivos instalados en las tuberías de conexión entre los recipientes de almacenamiento y resto de las instalaciones (art. 17 de la ITC-MIE-APQ-2). c) Cloro (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-3)

Según lo dispuesto en el artículo 29: Semanal , de duchas y lavaojos, deberá probarse su correcto funcionamiento y,

si procede, se harán constar todas las deficiencias al titular de la instalación y este proveerá su inmediata reparación. Conforme a un plan de revisiones, de la disponibilidad y buen estado de los equipos de protección personal (se tendrán en cuenta las instrucciones de sus fabricantes/suministradores), y equipos y sistemas de prevención de fugas (cortinas de agua). Además, se añade una Revisión Periódica, cada 2 años, de comprobación de los equipos, tuberías y accesorios, reemplazando todo equipo antes de llegar al límite de su vida técnica (artículo 34 de la ITC).

d) Amoníaco Anhidro (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-4)

El artículo 17 de la ITC dispone que cada almacenamiento tendrá un plan de revisiones propias para comprobar la disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones de seguridad que se detallan en el propio artículo, así como los equipos de protección personal. e) Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-5)

Conviene señalar que afecta a todas las botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que se encuentren en un centro de trabajo, con excepción de las botellas en uso y aquellas que se encuentran en reserva imprescindible para la continuidad ininterrumpida del proceso (es decir, que se encuentran en el lugar de utilización y puede pasar al uso automática o manualmente), a las que solo se aplicará el artículo 7 de la ITC, que regula los requisitos de utilización.

El artículo 7 de la ITC dispone que el usuario deberá establecer un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y de todos los accesorios necesarios para la correcta utilización de los gases contenidos en las botellas. f) Almacenamiento de líquidos corrosivos (ITC-MIE-APQ-6)

Se realizarán: Semanalmente, revisiones del correcto funcionamiento de las duchas y lavaojos. Anualmente, la revisión de los elementos que se especifican en el artículo 30 de la ITC. Cada 5 años una medición de los espesores de los recipientes y tuberías metálicas, así como revisión interior del estado superficial del recipiente y control de la estanqueidad del fondo, en especial de las soldaduras. Según un plan de revisiones, los equipos de protección personal y el adecuado estado y funcionamiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios.

g) Almacenamiento de líquidos tóxicos (ITC-MIE-APQ-7)

Se realizarán: Semanalmente, revisiones del correcto funcionamiento de las duchas y lavaojos. Cada 5 años la revisión de los elementos que se especifican en los artículos 34 y 35 de la ITC. Cada 10 años la revisión de los elementos que se especifican en el artículo 34 de la ITC.

Según un plan de revisiones, los equipos de protección personal y el adecuado estado y funcionamiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios. h)

Fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno (ITC-MIE-APQ-8)

Revisión periódica anual de la red de agua contra incendios, extintores, indicadores y alarmas, duchas y lavaojos y equipos de protección personal (artículo 13 de la ITC). i) Almacenamiento de peróxidos orgánicos (ITC-MIE-APQ-9)

Se realizarán: Dos veces por semana la comprobación de la presencia y correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura. Semanalmente, revisiones del correcto funcionamiento de las duchas y lavaojos. Mensualmente, comprobar la presencia y correcto funcionamiento de los dispositivos de alarma y de los instrumentos de refrigeración (art. 28).

Cada 6 meses la comprobación minuciosa de los elementos indicados por el artículo 28 de la ITC. Anualmente, los elementos especificados en los artículos 28 y 29 de la ITC. Según un plan de revisiones, los equipos de protección personal y el adecuado estado y funcionamiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios.

4.2.5. Control de las instalaciones e inspecciones periódicas El artículo 4 del RAPQ establece un Control de las Instalaciones cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en servicio de las mismas, o de sus modificaciones o ampliaciones. Este control consiste en que el titular de la instalación deberá presentar en el órgano competente de la Comunidad Autónoma un certificado de organismo de control autorizado (OCA) donde se acredite la conformidad de las instalaciones con los preceptos de la instrucción técnica complementaria o, en su caso, con los términos de la autorización prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto.

Además, si la instalación incorpora recipientes a los que resulte de aplicación la normativa de equipos a presión, estos equipos deberán someterse también a la Inspección Periódica Oficial por OCA que disponga dicha normativa.Por otra parte, las ITC del RAPQ añaden las siguientes Inspecciones Periódicas Oficiales por OCA, en algunos de los productos químicos peligrosos: a)

Óxido de etileno (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-2) Inspección periódica anual para someter a la prueba de presión de código de diseño los brazos y las mangueras de carga (art. 23).

b) Cloro (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-3) Inspección periódica cada 5 años de los elementos indicados por el artículo 33 de la ITC. Al ser cada 5 años, lo normal es que esta inspección se haga coincidir con la de Control de la Instalación (también quinquenal) que establece el artículo 4 del RAPQ, y se haga simultáneamente por el mismo OCA. c)

Amoníaco Anhidro (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-4) Inspección periódica cada 5 y 10 años de los elementos que se indican en el artículo 13.4 de la ITC. Al ser cada 5 años, lo normal es que esta inspección se haga coincidir con la de Control de la Instalación (también quinquenal) que establece el artículo 4 del RAPQ, y se haga simultáneamente por el mismo OCA. Además, también deberán someterse a Inspección Periódica de los elementos indicados en el artículo 13.3 de la ITC, ante cualquier modificación o reparación.

d) Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-5) La ITC no establece controles o inspecciones periódicas específicas, por lo que se aplicarán los genéricos que se han indicado al inicio de este apartado, es decir, los que dispone el artículo 4 del RAPQ y las inspecciones periódicas establecidas por la normativa reguladora de los equipos a presión. e) Almacenamiento de líquidos corrosivos (ITC-MIE-APQ-6) La ITC no establece controles o inspecciones periódicas específicas, por lo que se aplicarán los genéricos que se han indicado al inicio de este apartado, es decir, los que dispone el artículo 4 del RAPQ y las inspecciones periódicas establecidas por la normativa reguladora de los equipos a presión. f) Almacenamiento de líquidos tóxicos (ITC-MIE-APQ-7) La ITC no establece controles o inspecciones periódicas específicas, por lo que se aplicarán los genéricos que se han indicado al inicio de este apartado, es decir, los que dispone el artículo 4 del RAPQ y las inspecciones periódicas establecidas por la normativa reguladora de los equipos a presión. g)

Fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno (ITC-MIE-APQ-8) La ITC no establece controles o inspecciones periódicas específicas, por lo que se aplicarán los genéricos que dispone el artículo 4 del RAPQ y las inspecciones periódicas establecidas por la normativa reguladora de los equipos a presión.

h) Almacenamiento de peróxidos orgánicos (ITC-MIE-APQ-9) La ITC no establece controles o inspecciones periódicas específicas, por lo que se aplicarán los genéricos que se han indicado al inicio de este apartado, es decir, los que dispone el artículo 4 del RAPQ y las inspecciones periódicas establecidas por la normativa reguladora de los equipos a presión.

4.2.6. Tipos de productos químicos según su peligrosidad En función del peligro que representan, el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas (título actual del Reglamento dado por el Real Decreto 1802/2008) establece los siguientes tipos de sustancias y preparados peligrosos: a)

Explosivos : las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explosionan.

b)

Comburentes: las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.

c) Extremadamente inflamables: las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables en contacto con el aire. d) Fácilmente inflamables: las sustancias y preparados que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, o los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo, o que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. e) Inflamables: las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo.

f)

Muy tóxicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o

penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. Tóxicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o g) penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

h)

Nocivos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

i)

Corrosivos: las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos.

)

Irritantes: las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.

Sensibilizantes: las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos. l) Carcinogénicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia. m) Mutagénicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. n) Tóxicos para la reproducción: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de estos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. ñ) Peligrosos para el medio ambiente : las sustancias y preparados que presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente. k)

4.2.7. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario • Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a MIE-APQ-7, • Real Decreto 2016/2004, de 11 de

Normativa

octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8

reguladora

• Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 • • Puesta en Servicio de la Instalación

• •

•

Productos Químicos Peligrosos

Mantenimiento:

•

revisiones

•

periódicas • • • • •

• •

Proyecto firmado, o memoria técnica o escrito firmado por propietario o representante legal del almacenamiento Certificado final de obra y certificado fabricante o constructor de construcción del recipiente. Certificado por OCA, si no ha necesitado proyecto Documento que acredite el cumplimiento de otras disposiciones legales, si procede (certificados de aparatos a presión; protección contra incendios...). Comunicación de puesta en servicio al órgano competente de la CC.AA., adjuntando la documentación anterior. TODOS, según Plan de Revisiones (regulado por cada ITC) SEMANAL: Oxido de Etileno, Cloro, Líquidos corrosivos, Líquidos tóxicos y Peróxidos Orgánicos. 2 POR SEMANA: Peróxidos orgánicos MENSUAL: Peróxidos orgánicos TRIMESTRAL: Óxido de Etileno, SEMESTRAL: Peróxidos orgánicos ANUAL: Líquidos inflamables y combustibles, Oxido de Etileno, Líquidos corrosivos, Fertilizantes Nitrato Amónico y Peróxidos Orgánicos. 2 AÑOS: Cloro, 5 AÑOS: Líquidos corrosivos, Líquidos tóxicos,

• 10 AÑOS: Líquidos tóxicos.

(Por inspector propio o por OCA)

EN CUADRO APARTE recogemos el artículo de cada ITC que regula la revisión periódica correspondiente. •

Controles de Instalación e

Inspecciones periódicas

(Por OCA)

TODOS: Cada 5 años Control de la instalación y, si procede, Inspección periódica + Inspección que disponga el Reglamento de equipos a presión (si es instalación a presión).

• Amoníaco Anhidro: 5 años desde puerta en servicio y 10 años, y ante cualquier modificación o reparación

EN CUADRO APARTE recogemos el artículo de cada ITC que regula el Control o la inspección periódica correspondiente.

4.3. EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS HABILITADAS Ni el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, ni sus instrucciones técnicas complementarias establecen la intervención de empresas instaladoras en la puesta en marcha o mantenimiento de almacenamientos de productos químicos peligrosos, por este motivo, y como es lógico, tampoco se regula nada en relación con la

habilitación de empresas para este fin. Por lo tanto, en relación con el almacenamiento de productos químicos, solo deberán intervenir empresas instaladoras y/o mantenedoras habilitadas para aquella parte de las instalaciones que resulten afectadas por algún otro Reglamento de Seguridad Industrial que así lo exija, tales como Reglamento de Aparatos a Presión, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, etc.

4.4. RESIDUOS PELIGROSOS: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS La regulación de las actividades de producción, almacenamiento y gestión de residuos peligrosos se centra principalmente en aspectos relacionados con la preservación del medio ambiente y de la salud humana en general. No obstante, como también regula algunos específicos de seguridad y salud laboral, los incluimos también en este libro, aunque intentaremos centrarnos exclusivamente en la parte que se refiere solo a este último aspecto. Al igual que hicimos con los productos químicos peligrosos, comenzaremos este apartado por delimitar claramente qué se entiende por residuo tóxico y peligroso, y detallar algunas otras definiciones relacionadas con el mismo.

Concepto de residuo peligroso y definiciones relacionadas con el mismo De un modo general, y dentro del ámbito laboral, podemos entender como residuo cualquier material generado directa o indirectamente a consecuencia de un proceso productivo, y que no va a ser aprovechado de nuevo o del que no puede obtenerse ningún beneficio económico. El principal sector donde se producen residuos es el industrial. Definiremos como residuo peligroso aquel residuo que se diferencia del resto de residuos por dos características principales: Puede provocar efectos nocivos a corto, medio o largo plazo sobre la salud de las personas, el medio ambiente o los recursos naturales. Requiere, por ello, un control y tratamiento mucho más exigente que el resto de residuos. Por su parte, el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, define, residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Asimismo, define Residuo Peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III (de la propia Ley), y aquel que pueda

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.

El anexo III de la ley que cita la definición señala las siguientes:

Características de los residuos peligrosos: Explosivo: que pueden explosionar bajo el efecto de llama o que son más sensibles a los choques o las fricciones que el dinitrobenceno. Oxidante: que presentan reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, en particular sustancias inflamables. Fácilmente inflamable, es decir: — — — — —

Líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 21 °C (incluidos los líquidos extremadamente inflamables). Sustancias y preparados que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía. Sólidos que pueden inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo o consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición. Gases que son inflamables en el aire a presión normal. Sustancias y los preparados que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprenden gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

Inflamable: sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de inflamación superior o igual a 21 °C e inferior o igual a 55 °C. Irritante: es decir, no corrosivos, pero que pueden causar una reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas. Nocivo: que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud. Tóxico: que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. Cancerígeno: que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. Corrosivo: que pueden destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos. Infeccioso: que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se

sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. Tóxico para la reproducción: que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia. Mutagénico: que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia. Residuos que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o con un ácido. Sensibilizante: que, por inhalación o penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción de hipersensibilización, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos nocivos característicos. Ecotóxico: se aplica a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente. Susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee alguna de las características antes enumeradas. El artículo 3 de la Ley establece otras definiciones de interés para el tema que nos ocupa. De entre ellas, merecen destacarse, en nuestra opinión: Residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. Residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento, generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera. Productor de residuos: persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos. Agente: persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, aunque no tomen posesión física de los residuos. Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. Gestor de residuos: persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

4.4.1. Normativa de aplicación a los residuos peligrosos La normativa específica de aplicación a los residuos tóxicos y peligrosos se concreta, principalmente, en las siguientes normas, ordenadas por rango e importancia de aplicación: Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la contaminación. Ley 5/2013, de 11 de junio, que modifica las anteriores. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, en todo lo que no se oponga la Ley 22/2011 citada. Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988 anterior.

4.4.2. Clasificación de los residuos peligrosos Basándonos en la definición legal de residuos peligrosos, podemos encontrar dos clasificaciones de los mismos: a)

Residuos que presenten una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la ley (que hemos recogido en el apartado 8.3.1.). b) Residuos que pueda aprobar el gobierno como peligrosos, de acuerdo con la normativa europea y convenios internacionales de los que España forme parte. En este sentido, el gobierno aprobó el Real Decreto 833/1988, modificado después por el 952/1997 donde, siguiendo la directiva 91/689/CEE, dispone en su anexo I de un sistema para la identificación de los residuos peligrosos, así como los tipos genéricos de residuos peligrosos, constituyentes y características de los mismos, y las actividades y procesos en los que se generan. Algunas de las principales actividades en que pueden producirse residuos con componentes tóxicos y peligrosos son: industria química y petroquímica, industria farmacéutica, industria de componentes eléctricos y de contrachapado de madera, Industria del caucho, industria de transformados metálicos; fabricación de harinas, azúcar, conservas; refinerías de petróleo; siderurgia, metalurgia, fabricación de pilas y baterías, construcción, etc.

4.4.3. Comunicación previa al inicio de la producción y gestión de residuos. Autorizaciones

Comunicación Según dispone el artículo 29 de la Ley 22/2011, deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órganoambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, las empresas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a)

instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000 t/año de residuos no peligrosos; b) realización de actividades que estén exentas de autorización según lo establecido en el artículo 28. También deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma las empresas que recojan residuos, sin una instalación asociada, las que transporten residuos con carácter profesional y los negociantes o agentes. La comunicación tendrá el contenido indicado en el anexo VIII, será válida en todo el territorio nacional y se inscribirá, por la Comunidad Autónoma ante la que se haya presentado en su respectivo registro. Quedan exentas de presentar comunicación aquellas empresas que hayan obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que, como consecuencia de su actividad, produzcan residuos.

Autorización El artículo 27 de la Ley 22/2011 dice que deberán ser autorizadas por el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas (con validez en todo el territorio nacional), las instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha instalación. También las personas físicas o jurídicas que vayan a realizar una o varias operaciones de tratamiento de residuos. En el citado artículo se recoge todo el proceso para obtener las citadas autorizaciones. El artículo 10 del Real Decreto 833/1998 dispone, por su parte, que la instalación, ampliación, reforma o traslado de industrias o actividades generadoras o importadoras de residuos peligrosos, o manipuladoras de productos de los que pudieran derivarse residuos de este carácter, requerirá autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se pretendan ubicar, sin perjuicio de las demás autorizaciones exigibles por el ordenamiento jurídico.

La autorización no será efectiva y, por tanto, no podrá comenzarse el ejercicio de la actividad hasta que el cumplimiento de los requisitos exigidos sea acreditado ante la administración autorizante, quien levantara el oportuno acta de comprobación en presencia del interesado. El cumplimiento de los requisitos en los que se fundamenta la autorización deberá perdurar durante todo el tiempo de ejercicio de la actividad autorizada.

4.4.4. Obligaciones de los productores de residuos peligrosos El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos deberá, entre otras obligaciones establecidas por el artículo 17 de la Ley 22/2011: a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, o b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta ley, o bien c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. Además, si se trata de residuos peligrosos deberá cumplir los requisitos recogidos en los artículos 13 a 22 del Real Decreto 833/1998, relativos, entre otras obligaciones, al envasado, etiquetado y almacenamiento de los mismos.

4.4.5. Vigilancia, inspección y control de residuos peligrosos El artículo 42 de la Ley dispone que “los residuos tendrán siempre un responsable del cumplimiento de las obligaciones que derivan de su producción y gestión, cualidad que corresponde al productor o a otro poseedor inicial o al gestor de residuos...”. El artículo 43, por su parte, establece que las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de lo previsto en la Ley y en sus normas de desarrollo respecto a la producción, almacenamiento, tratamiento, etc., de los residuos peligrosos se ejercerán por las autoridades competentes de cada Comunidad Autónoma, mediante los cuerpos de inspección correspondientes, que podrán apoyarse, para esta tarea, en entidades colaboradoras debidamente reconocidas conforme a las normas que les sean de aplicación. En cuanto a la periodicidad de las inspecciones , el artículo 44 las deja al criterio de las autoridades competentes, que realizarán las que “estimen adecuadas”.

El artículo 44 del Real Decreto 833/1998 dispone, por su parte, que el inspector actuante levantará la correspondiente acta comprensiva de los extremos objeto de la visita y resultado de la misma, copia de cuya acta se entregará al productor o gestor visitado.

CAPÍTULO 5. INSTALACIONES PETROLÍFERAS

5.1. INTRODUCCIÓN Por instalaciones petrolíferas entendemos: a) Las refinerías de petróleo, plantas petroquímicas integradas en las mismas y sus parques de almacenamiento anejos. b) Instalaciones y parques de almacenamiento destinados a la distribución y suministro de productos petrolíferos, con excepción de los incluidos en la clase A. c) Las instalaciones de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para su consumo en la propia instalación. d) Instalaciones para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos. A pesar de ello, se regulan conjuntamente en un mismo reglamento, el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, el cual incluye las instrucciones técnicas complementarias correspondientes a los dos primeros tipos de instalaciones (refinerías y parques de almacenamiento), pero no así de los dos segundos, por lo que posteriormente se aprobaron las ITC correspondientes a cada uno de ellos, y que veremos a continuación. También hay que mencionar el Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos», ya que afecta a todas las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.

5.2. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN 5.2.1. Normativa reguladora Las instalaciones petrolíferas de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para su consumo en la propia instalación, se regulan por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 «Instalaciones de

almacenamiento para su consumo en la propia instalación». El Reglamento de Instalaciones Petrolíferas tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas que deben reunir las instalaciones petrolíferas dedicadas al refino, almacenamiento y distribución de los productos carburantes y combustibles líquidos, a fin de obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con los conocimientos actuales, para proteger a las personas y bienes. Sin embargo, como ya comentamos, solo incluye las ITC relativas a refinerías y parques de almacenamiento, por lo que tenemos que centrarnos en el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 «Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación». La presente ITC se aplicará a las instalaciones de almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos, para consumos industriales, agrícolas, ganaderas, domésticas y de servicio, así como a todos aquellos otros no contemplados de forma específica, pero que puedan ser considerados como semejantes, apreciándose identidad de razón con los expresamente previstos. Tendrán la consideración de instalaciones para consumo en la propia instalación: a) b) c) d) e) f)

Instalaciones industriales fijas (hornos, quemadores para aplicaciones diversas, etc.). Instalaciones de almacenamiento de recipientes móviles que contengan carburantes y combustibles para uso industrial. Instalaciones de combustibles para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Instalaciones fijas para usos internos no productivos en las industrias (grupos electrógenos, etc.). Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a medios de transporte interno, que operen solo dentro de las empresas (carretillas elevadoras, etc.). Instalaciones destinadas a suministrar combustible y/o carburante a maquinaria, que no sea vehículo.

5.2.2. Puesta en servicio de la instalación La puesta en servicio de este tipo de instalaciones se regula en el Capítulo V de la ITC-MI-IP-03. Los titulares de los almacenamientos de carburantes y combustibles líquidos deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma la

documentación que se establece en los siguientes párrafos. La Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los datos necesarios para la inclusión de la instalación en el Registro Integrado Industrial. Las instalaciones objeto de esta instrucción técnica complementaria, serán realizadas por empresas instaladoras habilitadas según lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP0-5 “Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos”, aprobada por Real Decreto 365/2005, de 8 de abril. Será precisa la presentación ante el órgano territorial competente, del correspondiente proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, firmado por técnico titulado competente, según lo dispuesto en el Capítulo III del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, para las capacidades totales de almacenamiento y productos siguientes:

No será necesaria la presentación de proyecto cuando la capacidad de almacenamiento (Q) sea:

En estos casos será suficiente la presentación ante el órgano territorial competente, de documento (memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle la misma, y certificado final acreditativo de la adaptación de las instalaciones a la instrucción técnica complementaria, responsabilizándose de la instalación, firmados ambos por un instalador de productos petrolíferos líquidos (PPL) de la empresa instaladora de la obra. El resto de las instalaciones de almacenamiento de capacidades inferiores a las anteriormente establecidas, quedan excluidas del trámite de presentación de documentación pero cumpliendo, en todo caso, las normas de seguridad establecidas en esta instrucción técnica complementaria.

5.2.3. Mantenimiento de la instalación El titular de las instalaciones queda obligado a mantenerlas en correcto estado de funcionamiento y será responsable, en todo momento, del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que la misma establece, sin perjuicio de la legislación de protección del medio ambiente aplicable. El art. 38 de la ITC-MI-IP-03, recoge todo lo relativo a revisiones y pruebas periódicas de la instalación. Según este artículo, el titular de las instalaciones deberá solicitar la actuación de las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras de nivel correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar, dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones, según los requisitos y condiciones técnicas o de seguridad exigidos por los reglamentos y normas que sean de aplicación. Del resultado de las revisiones se emitirán, por estas empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras, los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados, los cuales serán conservados por el titular a disposición de la Administración que lo solicite. Tales revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los organismos de control autorizados en el campo correspondiente.

Depósito de gasoil en superficie En las instalaciones para consumo en la propia instalación, reguladas por la ITCMI-IP-03 se realizarán las revisiones y pruebas descritas en el art. 38.1 y 38.2, según el criterio siguiente: En Instalaciones de superficie (por instalador, mantenedor o conservador autorizado): — Instalaciones que no requieren proyecto: cada diez años — Instalaciones que requieran proyecto: cada cinco años

En Instalaciones enterradas (por instalador, mantenedor o conservador autorizado):

Además de las pruebas y revisiones indicadas para las instalaciones en superficie, se certificará el correcto funcionamiento de la protección activa con la periodicidad siguiente: 1. Tanques de capacidad no superior a 10 m3 cada cinco años, coincidiendo con la prueba periódica. 2. Tanques y grupos de tanques con capacidad global hasta 60 m3 cada dos años. 3. Tanques y grupos de tanques con capacidad global de más de 60 m3 cada año. Las pruebas de estanqueidad, al tener que realizarse por OCA, se recogen en el punto siguiente.

5.2.4. Pruebas e inspecciones periódicas Se inspeccionarán cada diez años todas aquellas instalaciones que necesiten proyecto. Esta inspección será realizada por un organismo de control autorizado. Además, en el caso de tanques enterrados se realizarán las siguientes pruebas de estanqueidad: 1. Cada cinco años, con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento. 2. Cada diez años, con tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de espesores en tanques metálicos no revestidos. Las tuberías deberán ser sometidas cada cinco años a una prueba de estanquidad. La primera prueba de estanquidad se realizará a los diez años de su instalación o reparación. Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado. No será necesario realizar la prueba de estanquidad en las revisiones de tanques enterrados que contengan fuelóleos, al ser prácticamente imposible que fuguen. Tampoco será necesaria la prueba de estanqueidad en los tanques de doble pared con detección automática de fugas, y en los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo.



• R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, • R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la ITC MI-IP-03 «Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia Instalación». ■


Instalaciones petrolíferas de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para su

Proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa (ITC-MI-IP-03): Producto Clase B > 300 I. (Interior) y >500 I. (exterior) Producto Clases C y D >3000 I. (interior) y >5000 I. (exterior) ■ Memoria resumida y croquis, y certificado final acreditativo por un Instalador de P.P.L (ITC-MIIP-03): Producto Clase B 300≥ Q≥ 50 I. (interior) y 500≥ Q≥ 100 I. (exterior) Producto Clases C y D 3000≥ Q≥ 1000 I. (interior) y 5000≥ Q≥ 1000 I. (exterior) ■ El resto de las instalaciones de capacidades inferiores, quedan excluidas del trámite de presentación de documentación En Instalaciones de superficie, las pruebas y revisiones descritas en el art. 38.1 de la ITC MI-IP-03 (por instalador, mantenedor 0 conservador autorizado): ■ ■

Instalaciones que no requieren proyecto: cada diez años Instalaciones que requieran

consumo en la propia instalación

proyecto: cada cinco años

Mantenimiento

En Instalaciones enterradas Además de las pruebas v revisiones indicadas para las instalaciones en superficie, se certificará el correcto funcionamiento de la protección activa con la periodicidad siguiente (por instalador, mantenedor 0 conservador autorizado): ■

Tanques de capacidad no superior a 10 m3 cada cinco años, coincidiendo con la prueba periódica. ■ Tanques y grupos de tanques con capacidad global hasta 60 m3 cada dos años. ■ Tanques y grupos de tanques con capacidad global de más de 60 m3 cada año. Inspección por OCA todas las instalaciones que requieran proyecto, cada 10 años. En tanques enterrados, pruebas de estanqueidad por OCA: Inspecciones

■ Cada cinco años, con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento. ■ Cada diez años, con tanque vacío, limpio y desgasificado ■ Tuberías, cada cinco años ■ La primera prueba a los diez años ■ Los tanques que contengan fuelóleos no requieren prueba de estanqueidad

5.3. INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE

CARBURANTES Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS A VEHÍCULOS 5.3.1. Normativa reguladora Las instalaciones petrolíferas para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos, se regulan por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04 “Instalaciones para suministro a vehículos”. Al igual que pasaba con las instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación, el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas no incluye su ITC, por lo que la misma se aprueba posteriormente por otro Real Decreto. La ITC-MI-IP-04 tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las instalaciones para suministro a vehículos. Se aplica a las nuevas instalaciones para el suministro de carburantes y/o combustibles líquidos a vehículos, así como a las ampliaciones y modificaciones de las existentes.

Instalación de almacenamiento exterior

5.3.2. Puesta en servicio de la instalación Las instalaciones objeto de esta instrucción técnica complementaria, serán realizadas por empresas instaladoras habilitadas según lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP0-5 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos», aprobada por Real Decreto 365/2005, de 8 de abril.

Será precisa la presentación, ante el órgano territorial competente, del correspondiente proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, firmado por técnico titulado competente, según lo dispuesto en el Capítulo III del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, para las capacidades totales de almacenamiento y productos siguientes:

No será precisa la presentación de proyecto cuando la capacidad de almacenamiento sea:

En estos casos será suficiente la presentación ante el órgano territorial competente, de documento (memoria resumida y croquis) en el que se describa y detalle la misma, y certificado final acreditativo de la adaptación de las instalaciones a la ITC, responsabilizándose de la instalación, firmados ambos por un instalador de PPL de la empresa instaladora de la obra.

Instalación de almacenamiento interior Las instalaciones, según corresponda, se inscribirán en el registro de instalaciones de distribución al por menor exigido por el artículo 44 de la Ley

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, o el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

5.3.3. Mantenimiento de la instalación El titular de las instalaciones comprendidas en esta instrucción técnica, queda obligado a mantenerlas en correcto estado de funcionamiento. El titular de las instalaciones deberá solicitar la actuación de las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras de nivel correspondiente a la instalación, a fin de revisar y comprobar, dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de los elementos, equipos e instalaciones. Del resultado de las revisiones se emitirán, por ellas, los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados, los cuales serán conservados por el titular a disposición de la Administración que lo solicite. Tales revisiones podrán ser llevadas a cabo igualmente por los organismos de control autorizados. En el artículo 39.1 de la ITC-MI-IP-04 se detallan las revisiones y pruebas a que deben someterse las instalaciones de superficie, con la periodicidad siguiente: Instalaciones que no requieren proyecto: Cada diez años Instalaciones que requieran proyecto: Cada cinco años En el caso de instalaciones enterradas, además de las pruebas detalladas en el art. 39.1, se controlará la protección activa, comprobando el funcionamiento de los aparatos cada tres meses. Se certificará el correcto funcionamiento de la protección activa con la periodicidad siguiente: Tanques de capacidad no superior a 10 m3 cada cinco años, coincidiendo con la prueba periódica. Tanques y grupos de tanques con capacidad global hasta 60 m3 cada dos años. Tanques y grupos de tanques con capacidad global de más de 60 m3 cada año. Las pruebas de estanqueidad, al tener que realizarse por OCA, se recogen en el punto siguiente.

5.3.4. Revisiones e inspecciones periódicas

Se inspeccionarán cada diez años todas aquellas instalaciones que necesiten proyecto. Esta inspección será realizada por un organismo de control autorizado. Además, en el caso de tanques enterrados se realizarán las siguientes pruebas de estanqueidad: 1. Anualmente, con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento. 2. Cada cinco años, con tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de espesores en tanques metálicos no revestidos. Las tuberías deberán ser sometidas cada cinco años a una prueba de estanquidad. La primera prueba de estanquidad se realizará a los diez años de su instalación o reparación. Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado. Tampoco será necesaria la prueba de estanqueidad en los tanques de doble pared con detección automática de fugas, y en los tanques enterrados en cubeto estanco con tubo buzo. En los establecimientos donde existan instalaciones destinadas al suministro a vehículos que no sean propiedad del titular de la instalación o se produce un cambio de depositario del producto, sea cual fuere la modalidad del suministro, existirá obligatoriamente un Libro de Revisiones, Pruebas e Inspecciones, en el que se registrarán, por las firmas y entidades que las lleven a cabo, los resultados obtenidos en cada actuación. En los de uso particular, el titular queda obligado a guardar constancia documental de las actuaciones realizadas en este sentido.

5.3.5. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario ■


■

R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, R.D. 2201/95, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementarla MI-IP-04 "Instalaciones para suministro a vehículos”.

■ ■ ■ Puesta en Servicio de la Instalación

■

■ ■

Proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa (ITC-MI-IP-04): Producto Clase B ≥ 300 I. (interior) y ≥ 500 I. (exterior) Producto Clases C y D 23000 l. (interior) y 25000 l (exterior) Memoria resumida y croquis, y certificado final acreditativo por un Instalador de P.P.L (ITC-MIIP-04): Producto Clase B ≤ 300 (interior) y ≤ 500 I. (exterior) Producto Clases C y D ≤ 3000 I. (interior) y ≤ 50001. (exterior)

En Instalaciones de superficie, las pruebas y revisiones descritas en el art. 39.1 de la ITC MI-IP-04 (por instalador, mantenedor o conservador autorizado): ■

Instalaciones petrolíferas de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para su consumo en la propia instalación

■

Mantenimiento

Instalaciones que no requieren proyecto: cada diez años Instalaciones que requieran proyecto: cada cinco años

En Instalaciones enterradas Además de las pruebas y revisiones indicadas para las instalaciones en superficie, se certificará el correcto funcionamiento de la protección activa con la periodicidad siguiente (por instalador, mantenedor o conservador autorizado): ■

■

Tanques de capacidad no superior a 10 m3 cada cinco años, coincidiendo con la prueba periódica. Tanques y grupos de tanques

■

con capacidad global hasta 60 m3 cada dos años. Tanques y grupos de tanques con capacidad global de más de 60 m3 cada año.

Inspección por OCA todas las Instalaciones que requieran proyecto, cada 10 años. En tanques enterrados, pruebas de estanqueldad por OCA: Inspecciones

■

Anualmente, con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento. ■ Cada cinco años, con tanque vacio, limpio y desgasificado ■ Tuberías, cada cinco años ■ La primera prueba a los diez años

5.4. INSTALACIONES Y PARQUES DE ALMACENAMIENTO DESTINADOS A LA DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 5.4.1. Normativa reguladora Las instalaciones y parques de almacenamiento destinados a la distribución y suministro de productos petrolíferos, se regulan por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Este mismo reglamento incluye su ITC correspondiente, la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP- 02 «Parques de Almacenamiento de Líquidos Petrolíferos». Las disposiciones de esta ITC se aplicarán únicamente a los parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos que tengan como cometido específico la distribución a granel de los mismos:

a) A otros otr os parques de almacenamien almacenamiento. to. b) A establecimientos establecimientos de venta venta directa de esos líquidos petrolífer petr olíferos, os, tales como estaciones de servicio y unidades unidades de sumin suministro. istro. c) A instalaciones instalacio nes de almacenamiento para par a uso propio. pro pio. Quedan excluidos los productos petrolíferos incluidos en la clase A. Asimismo, se aplicará la presente ITC a: las instalaciones de almacenamiento y suministro de carburantes de aviación y a las instalaciones de almacenamiento y suministro de combustibles a barcos. Consideramos importante mencionar el artículo 26 de la ITC, que regula las normas de explotación. En su primer apartado recoge el Manual de seguridad. De conformidad con el mismo, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias correspondientes a la higiene y seguridad de los trabajadores, se establecerá un manual general de seguridad para el parque de almacenamiento, que incluirá: a) b) c) d) e) f)

Normas básicas de seguridad. Protección Protec ción contra incendios. incendios. Seguridad e higiene higiene del personal. per sonal. Normas generales generales de seguridad seguridad en trabajos traba jos de mantenim mantenimien iento to y conservación. conservación. Normas generales de seguridad para trabajos de operación. Normas generales generales de seguridad para el manejo manejo de productos petrolíferos petrolíf eros y otros, otros , tales como materias auxiliares.

El citado manual fijará el comportamiento a observar en el recinto del parque de almacenamiento. Tratará en especial del material de protección individual y de las normas generales que deberán seguirse en caso de accidente o incendio. Este manual deberá entregarse a todo el personal, quien dará cuenta por escrito de su recepción. Independientemente de las normas generales incluidas en el manual de seguridad, se prepararán normas particulares de actuación correspondientes a una operación o trabajo bien definido, indicando el objeto y naturaleza del trabajo a realizar, lugar, atmósfera ambiente, duración, tipo de utillaje a emplear, etc. Estas operaciones requerirán de autorización por escrito extendida por mando o persona responsable designada por la dirección. El personal de otras empresas, trabajando en un parque de almacenamiento de líquidos petrolíferos, se someterá a las normas de seguridad en vigor en el mismo, de las que recibirán un resumen. Existirá además un «manual de operación» con las normas que describan la

forma de realizar con seguridad las siguientes operaciones: a) b) c) d) e)

Puesta en marcha de la instalación. instalació n. Marcha Marc ha normal. normal. Paradas. Casos de emergencia. Instrucciones Instrucciones para dejar la la instalación, instalación, total tot al o parcialmente, parcialmente, en condiciones condiciones de seguridad para su inspección y mantenimiento.

5.4.2. 5.4.2. Puesta Puesta en servicio de la instalación in stalación Estas instalaciones requerirán autorización administrativa. Para ello, se presentará en el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma un proyecto de la instalación, firmado por un técnico titulado competente, en el que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las especificaciones exigidas por las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, así como de las prescritas por las demás disposiciones legales que le afecten. La ejecución de estas instalaciones se efectuará bajo la dirección de un técnico titulado competente o por una empresa instaladora o reparadora de productos petrolíferos líquidos. líquidos. Para la puesta en servicio será necesario presentar ante el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma solicitud acompañada de la siguiente documentación: a)

b)

Certificado en que se haga haga constar constar que la instalación instalación reúne reúne las las condicion condiciones es reglamentarias, se ajusta al proyecto o documento presentado, su funcionamiento es correcto y se han realizado las pruebas correspondientes, exigidas en la ITC. Este certificado será extendido por el instalador que haya realizado el montaje, por el director de la obra o por un OCA. Se acompañarán acompañar án igualmente igualmente los documentos que pongan de manifies manifiesto to el cumplimiento de las exigencias formuladas por las demás disposiciones legales que afecten a la instalación.

A la vista de la documentación indicada en los párrafos anteriores, el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma extenderá la autorización de puesta en servicio, para aquellas instalaciones que lo precisen, o las inscribirá en el correspondiente registro, previa, si lo estima conveniente, la correspondiente inspección.

Parque de almacenamiento en terminal de carga

5.4.3. 5.4.3. Mantenimiento de la instalación inst alación La propiedad de las instalaciones será responsable de su correcto mantenim mantenimien iento. to. Para ello, se llevarán llevarán a cago los mantenimien mantenimientos tos correspondien corr espondientes tes los aparatos, aparat os, equipos equipos e instalaciones inclu incluidos idos en el parque. p arque.

5.4.4. 5.4.4. Inspecciones Inspecciones periódicas oficiales oficial es Los parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos dispondrán de un plan de inspecciones periódicas, que se expresará en el proyecto y que será objeto de aprobación específica por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma en el que se tendrán en cuenta las reglamentaciones existentes para los aparatos, equipos e instalaciones incluidos en él y sus características.

5.4.5. 5.4.5. Resumen esquemático de las obligaciones para el empresario empresario


R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalacion Instalaciones es Petrolíferas, Petrolífer as, así como su Instrucción Técnica Técnica Complemen Complementaria taria MIIP-02 “Parques De Almacenam Almacenamien iento to De Líquidos Líquidos Petrolíferos”. ■ Proyecto Proyect o de la instalación, instalación, firmado por un técnico titul t itulado ado competente. c ompetente. ■ Certificado extendido extendido por el instalador instalador que haya realizado el montaje, por el

Instalaciones y parques de almacenamiento destinados a la distribución y suministro suministro de productos petrolíferos


director de la obra o por un OCA. ■ Documentos Documentos que pongan de manifies manifiesto to el cumplimiento de las exigencias formuladas por las demás disposiciones legales que afecten a la instalación. ■ Autorización por la Comunidad Comunidad Autónoma y/o inscripción en el reqistro

Mantenimiento

Se llevarán a cago los mantenimientos correspondientes los aparatos, equipos e instalaciones incluidos en el parque

Inspecciones

Plan de inspecciones periódicas, que se expresará en el proyecto y que será objeto de aprobación específica por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma en el que se tendrán en cuenta las Reglamentacion Reglamentaciones es existentes para los aparatos, equipos e instalaciones incluidos en él y sus características.

5.5. EMPRESAS INSTALADORAS Y/O REPARADORAS HABILITADAS A efectos del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, se considera empresa instaladora la persona física o jurídica dedicada al montaje y desmontaje de las instalaciones incluidas en dicho reglamento, que cumpliendo los requisitos exigidos en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP0-5 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos», aprobada por el Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad según se establece en dicha instrucción técnica complementaria. De acuerdo con la Ley 21/1992, de Industria, la declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones

adicionales. Las empresas propietarias o arrendatarias de las instalaciones incluidas en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas podrán realizar el montaje de sus instalaciones si presentan la declaración responsable de inicio de actividad que se establece en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP0-5. Según esta ITC, se entiende por:

Instalador de PPL: persona física que realiza y mantiene las instalaciones de productos petrolíferos líquidos (exceptuando, una vez puesta en servicio la instalación, la realización de estas operaciones dentro de recintos confinados), dentro de las categorías y condiciones que se establecen en esta ITC y que realiza su función en el ámbito de una empresa. Reparador de PPL: persona física que repara y mantiene el almacenamiento de las instalaciones de PPL (ampliando su campo de actividad a todas las operaciones que sea necesario realizar dentro de recintos confinados), y que realiza su función en el ámbito de una empresa. Empresa instaladora de PPL: persona física o jurídica que realiza, mantiene o desmonta las instalaciones de productos petrolíferos líquidos (excepto la realización de estas operaciones dentro de un recinto confinado), y que dispone de los medios técnicos y de personal, dentro de las categorías y condiciones que se establecen en esta ITC. Empresa reparadora de PPL: persona física o jurídica que repara y mantiene el almacenamiento de las instalaciones de PPL (ampliando su campo de actividad a todas las operaciones que sea necesario realizar dentro de recintos confinados), y que dispone de los medios técnicos y de personal, dentro de las categorías y condiciones que se establecen en esta ITC. Los instaladores o reparadores autorizados y las empresas instaladoras o reparadoras autorizadas de PPL se clasifican en las siguientes categorías : a) Categoría Categorí a I. Instalador Instaladores es y empresas instaladora instaladorass autorizadas autorizadas de PPL. b) Categoría Categorí a II. Instaladores y empresas instalador instaladoras as autorizadas de PPL. c) Categoría III. III . Reparadores Reparadores y empresas empresas reparadoras reparadoras autoriz autorizadas adas de PPL. PPL. Los instaladores autorizados y las empresas instaladoras de PPL de categoría I podrán realizar, modificar y mantener instalaciones de hidrocarburos de las clases C y D, con un límite de almacenamiento de 10.000 litros, pero una vez puesta en funcionamiento la instalación, en ningún caso podrán acceder a cualquiera de los recintos confinados. confinados.

Los instaladores autorizados y las empresas instaladoras de PPL de categoría II podrán realizar, modificar y mantener instalaciones de hidrocarburos de las clases B, C y D sin límite de almacenamiento, pero una vez puesta en funcionamiento la instalación, en ningún caso podrán acceder a cualquiera de los recintos confinados. Los reparadores autorizados y las empresas reparadoras de PPL podrán realizar actividades de reparación de la instalación en los recintos confinados, en el interior de las arquetas de los tanques, la desgasificación, limpieza y reparación de tanques y tuberías, preparación de la instalación para la realización de las pruebas de estanqueidad al tanque y a las tuberías y ejecución de estas, después de la puesta en marcha de la instalación.

Instalador o reparador de PPL El instalador de PPL en sus diferentes categorías o el reparador de PPL deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora o reparadora de PPL, según corresponda, habilitada y deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración competente, cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control, y para la categoría que corresponda de las establecidas en el apartado 3 anterior, una de las siguientes situaciones: a) b)

c) d)

e)

Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y de la ITC-MI-IP-05. Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y de la ITC-MI-IP-05. Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en los apéndices II, III o IV, según corresponda, de la ITC-MI-IP-05. Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y de la ITC-MI-IP05. Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya como mínimo los contenidos que se indican en los apéndices II, III o IV, según corresponda, de la ITC-MI-IP-05.

Empresas instaladoras o reparadoras

Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras o reparadoras de PPL, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare para qué categoría va a desempeñar la actividad, que cumple los requisitos que se exigen por esta instrucción técnica complementaria y que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución o reparación de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y sus respectivas instrucciones técnicas complementarias. Todo el procedimiento de habilitación como empresa instaladora y/o reparadora, se recoge en detalle en el Capítulo 1.

Requisitos de las empresas instaladoras o reparadoras Las empresas instaladoras o reparadoras de PPL cumplirán lo siguiente: a)

Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora o reparadora de PPL, que, en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. b) Contar con los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus actividades en condiciones de seguridad, que se determinan en el apéndice I de la ITC-MI-IP-05. c) Suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de 300.000 euros para la categoría I y de 600.000 euros para las categorías II y III.

Responsabilidad de las empresas instaladoras o reparadoras autorizadas de PPL Será responsabilidad de las empresas instaladoras autorizadas de PPL de las categorías I y II lo siguiente: Que la ejecución, montaje, modificación o ampliación antes de la puesta en servicio y, posteriormente, la revisión, mantenimiento y sustitución de partes de las instalaciones que le sean confiadas, así como los materiales empleados, estén en conformidad con la normativa vigente y, en su caso, con el proyecto de la instalación. Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios bajo su directa responsabilidad o, en su caso, bajo el control y responsabilidad del director técnico de la obra, avalado por la correcta ejecución de las operaciones que le sean

encomendadas. Garantizar, durante un período de cuatro años, las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como las consecuencias que de ellas se deriven. Asegurarse de que los equipos y accesorios cumplan la normativa vigente. Que las revisiones que le sean encomendadas se efectúen en la forma y plazos previstos en la reglamentación vigente. Será responsabilidad de la empresa reparadora de PPL lo siguiente: Que la reparación, revisión y mantenimiento después de la puesta en servicio de las instalaciones que les sean confiadas, así como los materiales empleados, estén en conformidad con la normativa vigente. Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios después de la puesta en servicio (revisiones periódicas), bajo su directa responsabilidad o, en su caso, en concordancia con el criterio y responsabilidad del organismo de control autorizado avalando la correcta ejecución de las operaciones que les sean encomendadas. Que las operaciones de reparación, revisión y mantenimiento que les sean encomendadas se efectúen en la forma y plazos previstos en la reglamentación vigente. Garantizar durante un período de cuatro años las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como las consecuencias que de ellas se deriven. Asegurarse de que los equipos y accesorios cumplan con la normativa vigente.

Obligaciones de las empresas instaladoras o reparadoras autorizadas de PPL Será obligación de las empresas instaladoras o reparadoras autorizadas de PPL: Cumplir con las condiciones mínimas establecidas para la categoría en la que se encuentre inscrita. Tener, en todo momento, cubiertos los riesgos de su responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros, por la cuantía mínima exigible para la categoría en la que está inscrita, mediante la suscripción de una póliza de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras otorgadas por una entidad debidamente autorizada. Emitir los preceptivos certificados de instalación o reparación de PPL, así como de revisión que se fijen en las reglamentaciones vigentes. Dichos documentos serán suscritos por un instalador o reparador de PPL de la categoría que corresponda en función de la actividad desarrollada, que pertenezca a la empresa instaladora o reparadora. La empresa no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de actuaciones no realizadas por ella misma.

Coordinar con la empresa suministradora y con los usuarios las operaciones que impliquen interrupción del suministro. No obstante, en aquellos casos en que se presente una incidencia que suponga grave peligro de accidente o este haya tenido lugar, interrumpirá el servicio en las partes afectadas y dará cuenta inmediata a los usuarios, a la empresa suministradora y al organismo competente de la comunidad autónoma. Concertar con el organismo territorial competente las visitas reglamentarias o de oficio que efectúe a las instalaciones que se encuentren en estado de inspección tras haber citado a todas las partes que reglamentariamente tengan que concurrir.

CAPÍTULO 6. COMBUSTIBLES GASEOSOS

6.1. INTRODUCCIÓN En la actualidad son muy numerosas las instalaciones en las que se utilizan y/o almacenan combustibles gaseosos como fuente de energía en procesos productivos, carburante para maquinaria o flotas de vehículos, combustible para sistemas de calefacción, etc.

De modo general, se denominan combustibles gaseosos a los hidrocarburos (compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno) naturales o fabricados, para su empleo exclusivamente como combustibles, y a aquellos que se obtienen como subproducto en ciertos procesos industriales. Los principales combustibles gaseosos que se emplean, tanto en empresas como en sistemas de calefacción para edificios de viviendas, son el gas natural y los gases licuados del petróleo (GLP) . Estos últimos son una mezcla de gases presentes en el propio gas natural, o disueltos en el petróleo, que se almacenan en forma líquida. Y es que los componentes de los GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, resultan fáciles de licuar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de propano y butano. Presentes en el petróleo crudo y el gas natural, se obtienen en parte durante el refinado de petróleo, sobre todo como subproducto de la destilación fraccionada catalítica.

La utilización de combustibles gaseosos presenta unas ventajas indudables, como son: Facilidad de manejo y transporte por tuberías. No presentan cenizas ni materias extrañas. El control de la combustión es mucho más fácil, lo que nos permite mantener la temperatura de combustión aún con demandas variables. Posibilidad de regular la atmósfera de los hornos para conseguir atmósferas reductoras según nos convenga. Posibilidad de calentar el gas en regenadores y recuperadores, elevando de esta manera la combustión, y por lo tanto, aumentando el rendimiento térmico. Es posible determinar su composición exacta, por lo que es posible determinar bastante bien su poder calorífico. A igualdad de calor cedido, la llama que origina un combustible gaseoso es más corta que la que origina un combustible sólido o uno líquido. En este tema, como venimos haciendo habitualmente en otros temas, vamos a ver, en primer lugar, la normativa reguladora de los combustibles gaseosos, para después adentrarnos en los requisitos de puesta en servicio de las instalaciones. A continuación veremos las condiciones de mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas que establecen las ITC correspondientes para cada una de las instalaciones y aparatos. Es importante destacar que solo analizaremos aquellas que pueden tener presencia en una gran parte de centros de trabajo, sobre todo industriales, porque forman parte o constituyen elementos auxiliares de apoyo a procesos productivos. Es decir, no entraremos a examinar las instalaciones que forman parte de empresas cuyo negocio es el almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos.

6.2. NORMATIVA REGULADORA La norma principal que regula los combustibles gaseosos es el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias ICG-01 a IGC-11. Este reglamento, como dispone su propio artículo 1, se enmarca en los ámbitos establecidos por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones de distribución utilización de combustibles gaseosos y aparatos de gas, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes. Las prescripciones de este reglamento se aplicarán, con carácter general, a todas las instalaciones de combustibles gaseosos y aparatos de gas incluidas en su campo de aplicación, que especificaremos seguidamente. Asimismo, las respectivas instrucciones técnicas complementarias que acompañan y se aprueban con el mismo, establecerán obligaciones concretas para las instalaciones y aparatos a los que se refieren cada una de ellas. El reglamento se aplica a las instalaciones y aparatos siguientes: a)

Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, en concreto:

Redes de distribución de gas de presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bar, y sus instalaciones auxiliares (incluyendo estaciones de regulación y acometidas). Gasoductos de presión máxima de diseño superior a 16 bar comprendidos en el artículo 59.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, y las líneas directas definidas en el artículo 78.1 de esta misma Ley.

b)

Centros de almacenamiento de los envases de GLP para su posterior distribución y venta a los clientes finales en los mismos centros y a domicilio. c) Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos y todos sus accesorios, para alimentar a redes de distribución o directamente a instalaciones receptoras.

d)

Plantas satélite (de almacenamiento) de gas natural licuado (GNL), con capacidad de almacenamiento geométrica conjunta de hasta metros cúbicos, y presión máxima de operación superior a 1 bar, que tengan como finalidad el suministro directo a redes de distribución o instalaciones receptoras.

e) Estaciones de servicio para vehículos a gas: que pueden suministrar tanto GLP a granel, como gas natural comprimido (GNC) o licuado (GNL), para su utilización como carburante para vehículos a motor.

f)

Instalaciones de envases de GLP, es decir, las compuestas por uno o varios envases de GLP, así como, en su caso, las tuberías y accesorios entre los envases y la llave de acometida, incluida esta, que suministran el GLP directamente a instalaciones receptoras.

g)

Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas, compuestas por uno o varios envases de GLP, tuberías, accesorios y aparatos. No se considerarán parte de la instalación los aparatos portátiles que incorporen su propia alimentación o los envases y aparatos de gas independientes y externos a la carrocería del vehículo. h) Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, constituidas por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida esta, y las llaves de conexión de aparatos, incluidas estas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. Se componen, en su caso más general, de acometida interior, instalación común e instalación individual. En instalaciones alimentadas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a los envases o botellas, incluidos estos, y las llaves de conexión de aparato, incluidas estas.

No tendrán el carácter de instalación receptora las instalaciones alimentadas por un único envase o depósito móvil de gases licuados del petróleo (GLP) de contenido inferior a 15 kg, conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de utilización móvil. i) Aparatos de gas, que utilizan los combustibles gaseosos.

Tal y como hemos indicado anteriormente, vamos a analizar solo aquellas instalaciones que constituyen elementos auxiliares de procesos productivos. Es decir, las indicadas en el apartado anterior con las letras c, e, f, h, i. El reglamento se aplicará a las nuevas instalaciones, sus modificaciones y ampliaciones; y a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificación o ampliación. Las instalaciones existentes a la entrada en vigor de este reglamento, aunque no se modifiquen o amplíen, quedarán sometidas al régimen de controles periódicos que se establecen en el mismo, en lo que se refiere a su periodicidad y agentes intervinientes en cada caso. Los criterios técnicos aplicables en dichas intervenciones serán los indicados en la correspondiente ITC o, en su defecto, los comprendidos en la reglamentación con la cual fueron construidas y aprobadas.

6.3. PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES El artículo 5 del reglamento dispone que la puesta en servicio de las instalaciones de combustibles gaseosos se condiciona al procedimiento general que indicamos a continuación, establecido por el propio reglamento, y a los requisitos específicos para cada tipo de instalación que se determinarán en las ITC correspondientes que acompañan al mismo.

Procedimiento general y requisitos específicos Para cada instalación deberá elaborarse una documentación técnica, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. En función de las características de la instalación, y según determine la correspondiente ITC , la documentación técnica revestirá la forma de: a) Proyecto suscrito por técnico facultativo competente. b) Memoria técnica que podrá suscribir, en su caso, el instalador de la categoría (A, B o C) que indique la ITC-ICG-09 Instaladores y empresas instaladoras de gas.

En concreto, para: Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos: precisan de proyecto, que habrá de presentarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, acompañado del modelo oficial de solicitud (ambos por duplicado), las instalaciones que: — Alimenten a instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización; — Dispongan de vaporizador, equipo de trasvase o boca de carga a distancia, enterrada, o que no discurra por terrenos de la misma propiedad; — Sean estaciones de almacenamiento ubicadas en lugares de libre acceso al público; — Tengan capacidad superior a 13 m 3.

El resto se ejecutará conforme a memoria técnica, suscrita por técnico competente o por instalador (ITC-IGC-03). Estaciones de servicio para vehículos a gas: precisarán de proyecto en todos los casos (ITC-IGC-05). Instalaciones de envases de GLP para uso propio: no se precisa proyecto (ITCIGC-06), por lo tanto, Memoria Técnica. Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. Precisarán proyecto las siguientes (ITC-IGC-07): — — — — —

Instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW. Instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.0 kW. Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 2.0 kW. Las instalaciones suministradas desde redes que trabajen a una presión de operación superior a 5 bar. Las instalaciones que empleen nuevas técnicas o materiales, o bien que no puedan cumplir alguno de los requisitos establecidos en la normativa que les aplique, siempre que no supongan disminución en su seguridad. — Las ampliaciones de las instalaciones indicadas anteriormente, cuando la instalación resultante supere en un 30% la potencia de diseño de la inicialmente proyectada, o cuando, a causa de la ampliación, se dan los supuestos antes señalados.

El técnico facultativo competente (proyecto o memoria) o el instalador (memoria), según el caso, que firme la documentación técnica, será directamente responsable de que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias. La Ley 34/1998 dispone que solo precisará autorización administrativa previa la ejecución de las instalaciones en que así lo disponga la correspondiente ITC. Pues bien, de las instalaciones que hemos visto, solo requerirán autorización administrativa para su construcción los almacenamientos de GLP en depósitos fijos, cuando se destinen al suministro de instalaciones de distribución por canalización, excepto si dan servicio a instalaciones receptoras de una misma comunidad de propietarios. Las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas que determine, en

cada caso, la correspondiente ITC. Estas empresas, a la terminaciónde la instalación y antes de su puesta en servicio, deberán comprobar su correcta ejecución y funcionamiento, llevando a cabo, cuando proceda, las pruebas especificadas en la citada ITC. En algunos casos, la ITC también puede disponer una inspección, previa a la puesta en funcionamiento, por un organismo de control. En concreto, se exige: Para Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos: (ITC-IGC03). — Realización de las pruebas previstas en la Norma UNE 60250, por parte de la empresa instaladora. — Inspección inicial por OCA, una vez superada la prueba anterior.

Para Estaciones de servicio para vehículos a gas (ITC-IGC-05). — Realización de las pruebas previstas en las normas UNE 60630 o UNE 60631-1, según sea la estación de servicio de GLP o de GNC, respectivamente, por parte de la empresa instaladora que la ha ejecutado, bajo la supervisión del director de obra. — Inspección inicial por OCA, una vez superada la prueba anterior.

Para Instalaciones de envases de GLP para uso propio (ITC-IGC-06). —

Realización de pruebas de estanqueidad de las canalizaciones, llaves y otros elementos, así como verificación del cumplimiento general de las partes visibles de la instalación, de las disposiciones de la ITC. — No se exige inspección periódica inicial por OCA.

Para Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos (ITC-IGC-07). —

Realización por el distribuidor de las pruebas establecidas por apartado 3.5.1 de la ITC, para las instalaciones individuales con contrato de suministro domiciliario. Por la empresa instaladora encargada del montaje se realizarán las pruebas y verificaciones para la entrega de la instalación descritas en el apartado 3.3 de la ITC para instalaciones sin contrato de suministro domiciliario. — No se exige inspección periódica inicial por OCA.

Finalizada la instalación y realizadas, en su caso, las pruebas previas e inspección, con resultado favorable: a)

La empresa responsable de la ejecución emitirá un certificado de instalación y, en su caso, de las pruebas realizadas.

b) En las instalaciones que necesiten proyecto, además, el director de obra emitirá el correspondiente certificado de dirección de obra. c) Cuando lo disponga la ITC, el OCA emitirá un certificado de inspección y, en su caso, de las pruebas realizadas. Para la puesta en servicio, según dispone el artículo 5.6 del Real Decreto 919/2006, el responsable de la instalación deberá exigir y conservar copia de los certificados anteriores. Por último, cada ITC establece la necesidad o no de comunicar la puesta en servicio y/o presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma la documentación relativa la instalación. En concreto: Para Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos: (ITC- IGC03), exige la comunicación, presentado la siguiente documentación: — — — — — — —

Identificación de la instalación: Titular, ubicación, tipo y fecha de la puesta en servicio. Documentación técnica (proyecto o memoria). Certificado de instalación. Certificado de dirección de obra, en su caso. Certificado del organismo de control, en su caso. Certificado de pruebas de funcionamiento, en su caso. Certificado de un técnico facultativo competente, al que se refiere la norma UNE 60250 para depósitos instalados en azotea, en el que se refleje la capacidad de la cubierta de la edificación para soportar las cargas que se produzcan. — Contrato de mantenimiento.

Para Estaciones de servicio para vehículos a gas (ITC-IGC-05), exige la comunicación, presentado la siguiente documentación: — — — — —

Identificación de la instalación: Titular, ubicación, tipo y fecha de la puesta en servicio. Documentación técnica (proyecto o memoria). Certificado de instalación. Certificado de dirección de obra, en su caso. Certificado del organismo de control, en su caso.

— Certificado de pruebas de funcionamiento, en su caso. — Fecha en que el distribuidor ha realizado el primer suministro. — Plan de mantenimiento, bien sea a través de contrato externo o por medios propios.

Para Instalaciones de envases de GLP para uso propio (ITC-IGC-06). No es precisa ninguna comunicación. No obstante, tanto el titular como la empresa instaladora conservarán, y tendrán a disposición de la Administración, el certificado de instalación que refleje la instalación de envases de GLP y la instalación receptora. Para Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos (ITC-IGC-07). Salvo en el caso de las instalaciones que requieren proyecto, no es precisa ninguna comunicación. No obstante, el suministrador tendrá a disposición de la Administración la documentación descrita en esta ITC que sea necesaria para cada instalación. En la que se requiera proyecto será necesario presentar copia del mismo, y además: — — — —

Certificado de pruebas de funcionamiento. Identificación de la instalación: Titular, ubicación, tipo y fecha d la puesta en servicio. Documentación técnica (proyecto). Certificado de pruebas de funcionamiento, en su caso.

6.4. PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE APARATOS DE GAS (ITC-IGC-08) Para empezar, el empresario que adquiera un aparato de gas debe exigir que lleve, en lugar visible, una placa con las características e información que se indican en el anexo 2 de la ITC, y que vaya provisto de instrucciones. El contenido mínimo de las instrucciones será el indicado en el anexo 3 de la ITC.

La instalación de los aparatos de gas no precisa de autorización administrativa.

La puesta en marcha, mantenimiento y reparación de los aparatos de gas podrá realizarse: a)

Por el servicio técnico de asistencia del fabricante, siempre que posea un sistema de calidad certificado, o por instaladores de gas que cumplan los requisitos indicados en el Capítulo 4 de la ITC-ICG-09, cuando se trate de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos. b) Por el servicio técnico de asistencia del fabricante o una empresa instaladora de gas, para el resto de aparatos. La ITC no especifica la necesidad de revisiones de mantenimiento preventivo, por lo cual, se estará a lo dispuesto por el propio fabricante de los aparatos, en la documentación que facilite con el mismo, en cuanto a la necesidad de realizarlas y su periodicidad. La adecuación de aparatos por cambio de familia de gas podrá ser realizada por el servicio técnico del fabricante siempre que posea un sistema de calidad certificado o por instaladores de gas de categoría A o B que cumplan los requisitos indicados en el Capítulo 4 de la ITC-ICG-09. En todos los casos, el agente que realice la puesta en marcha deberá emitir y entregar al usuario un certificado según el modelo de la ITC. No se precisa comunicación de puesta en marcha a la administración.

6.5. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. REVISIONES E INSPECCIONES 6.5.1. Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos: (ITC-IGC-03) Mantenimiento (Apartado 6.1 ITC)

El titular de la instalación o, en su defecto, los usuarios deberán disponer de un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora autorizada, que disponga de un servicio de atención de urgencias permanente, por el que esta se encargue de conservar las instalaciones en el debido estado de funcionamiento y de la realización de las revisiones dentro de las prescripciones contenidas en la ITC. La empresa instaladora entregará al titular, o en su defecto, al usuario, un Libro

de Mantenimiento, o bien, copia de un archivo documental (en caso de que disponga de un sistema de gestión de calidad certificado), que este deberá custodiar, y donde la instaladora anotará el estado general de la instalación y, si es el caso, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas de potencial de protección.

Podrán ser eximidos de la necesidad del contrato de mantenimiento los titulares que acrediten capacidad y medios para realizar el mantenimiento de sus instalaciones, siempre que se comprometan a cumplir los plazos de control de la instalación y en las condiciones que fije el órgano competente de la Comunidad Autónoma, debiendo tener al día el Libro de Mantenimiento o archivo documental de la instalación desde su puesta en servicio. Revisiones periódicas (Apartado 6.2 ITC)

Del conjunto de la instalación, por la empresa encargada del mantenimiento: Cada 2 años, para instalaciones que alimentan a redes de distribución. Cada 5 años, coincidiendo con la de la instalación receptora (que se regula en la ITC-ICG-07), para el resto de instalaciones, debiéndose realizar ambas de forma conjunta. Si se trata de depósitos enterrados provistos de sistema de protección catódica (todos salvo que se demuestre mediante estudio que no es necesaria). La empresa mantenedora debe hacer un control: — Cada año, de los potenciales de protección respecto al suelo. — Cada tres meses, del funcionamiento de los aparatos de protección catódica, si la misma es mediante corriente impresa.

De estos controles y comprobaciones deberá quedar constancia en un registro que conservará la empresa mantenedora de la instalación. De observarse alguna anomalía, deberá ponerse inmediatamente en conocimiento del titular de la instalación a fin de que lo subsane en forma acorde a su gravedad. Cuando la revisión sea favorable, la empresa instaladora emitirá un certificado de revisión que entregará al usuario o titular. En caso contrario, se cumplimentará un informe de anomalías que deberá ser entregado al titular, el cual será responsable de que se realicen las correspondientes subsanaciones. El titular deberá tener siempre en su poder un ejemplar del certificado de la última revisión realizada, quedando dicho documento a disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma y del suministrador que en su momento efectúe suministros de GLP en la instalación afectada. No podrá suministrarse GLP a ninguna instalación, si el titular no acredita ante el suministrador la realización de las revisiones indicadas en esta ITC, en los plazos

oportunos y con resultado favorable. Pruebas de presión (Apartado 6.3)

Cada 15 años, el titular de la instalación debe encargar a un OCA las pruebas periódicas de presión recogidas en la ITC, para lo cual estará asistido por la empresa mantenedora. El OCA emitirá un acta de las pruebas una vez concluidas con resultado favorable.

6.5.2. Estaciones de servicio para vehículos a gas (ITC-IGC-05) El titular de la estación de servicio es el responsable de que las instalaciones incluidas en la misma se encuentren en todo momento en perfectas condiciones de funcionamiento y conservación, para lo cual deberá: Efectuar periódicamente y por medio del personal de explotación las comprobaciones y verificaciones necesarias para conocer en todo momento el estado de la instalación. Solicitar cada cinco años la realización de la revisión periódica de la instalación a un organismo de control, que emitirá el correspondiente certificado de revisión. Si se trata de estaciones de servicio de GLP los depósitos no se incluirán en la revisión anterior, ya que estarán sujetos a lo dispuesto en la ITC-IGC-03. En estas estaciones y en las de GNC deberán sustituirse todas las mangueras de suministro de carburante a los vehículos al menos cada cinco años. En cada estación de servicio existirá un Libro de Mantenimiento o un archivo documental con las actas de todas las operaciones e intervenciones realizadas, indicando la fecha, persona e intervención. Cada intervención deberá ser firmada por la persona que la realice y por el titular de la instalación.

6.5.3. Instalaciones de envases de GLP para uso propio (ITC-IGC06) El apartado 4 de la ITC establece que el titular de la instalación deberá encargar

a una empresa instaladora la revisión de las instalaciones de envases de GLP, coincidiendo con la revisión periódica de la instalación receptora a la que alimentan (la cual se regula en el apartado 4.2 de la ITC-ICG-07 que veremos en el siguiente apartado). La revisión anterior no es obligatoria en las instalaciones con un único envase de GLP de capacidad inferior a 15 kg conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de gas móvil.

6.5.4. Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos (ITC-IGC07) limentadas desde redes de distribución

El apartado 4.1 de la ITC dispone: Mantenimiento por el titular de la instalación, que deberá contemplarlo en los planes generales de mantenimiento de la planta. Inspección cada cinco años, por el distribuidor del gas, tanto de la instalación receptora individual, como de las partes comunes de conexión (compartidas con otros usuarios individuales) a la red de dicho distribuidor. Será este último quien deberá comunicar a los usuarios la realización de la inspección, con una antelación mínima de 5 días. No alimentadas desde redes de distribución

El apartado 4.2 de la ITC establece una Inspección, cada 5 años, que debe encargar el titular o, en su defecto, el usuario de la instalación, a una empresa instaladora de gas autorizada.



• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria Ley 34/1998, de 7 de octubre, del • sector de hidrocarburos • Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a IGC 11.


• Proyecto o Memoria Técnica • Certificado de dirección de obra, si hay proyecto. • Autorización de construcción: sólo almacenamientos GLP en depósitos fijos. • Certificación por empresa instaladora de pruebas previstas en ITC y de la instalación • Certificación por el distribuidor de pruebas establecidas en ITC para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. • Certificado por OCA para Almacenamientos GLP en depósitos fijos y para Estaciones de Servicio para vehículos a gas • Comunicación de puesta en servicio al órgano competente de la CC.AA., adjuntando la documentación anterior, todas, menos instalaciones GLPs uso propio. • •

La instalación no precisa autorización administrativa y tampoco comunicación de puesta en marcha. Placa, en lugar visible, con información anexo 2 ITC Puesta en marcha:

Instalación puesta en marcha y mantenimiento de aparatos de gas

• Por Servicio Técnico o Instaladores gas que, para aparatos de gas conducidos de más de 24,4 kW de potencia útil o vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos deben tener sistema de calidad certificado, los1°, o requisitos capítulo 4 ITC-ICG 09 los 2o. • Certificado de puesta en marcha según modelo ITC Mantenimiento • El Prescrito por el fabricante

GLP DEPÓSITOS FIJOS

Combustibles Gaseosos

•

•

Contrato mantenimiento empresa autorizada o mantenimiento con personal propio capacitado y con medios Libro de mantenimiento o archivo documental Revisiones (por empresa instaladora autorizada)

• • • • Mantenimiento: Revisiones periódicas por personal propio, por instaladora autorizada o por distribuidora gas

3 meses, aparatos protección catódica corriente impresa, si procede 1 año, potenciales protección catódica suelo, si procede 2 años instalaciones que alimentan redes de distribución 5 años resto instalaciones, coincidiendo con instalación receptora ESTACIONES DE SERVICIO PARA VEHíCULOS A GAS

Mantenimiento por el personal de la explotación 5 años sustitución mangueras suministro en estaciones GLP y GNC Obligatorio Libro de Mantenimiento o archivo documental ENVASES GLP USO PROPIO

•

Coincidiendo con la revisión de la instalación receptora, por empresa instaladora, salvo un único envase GLP < 15 kg y tubo flexible a un solo aparato (voluntaria). RECEPTORAS COMBUSTIBLES GASEOSO

Alimentadas desde redes de distribución

•

Por titular mediante plan general mantenimiento planta

• 5 años por distribuidor gas No alimentadas desde redes de distribución

•

Pruebas de presión o Revisión periódica por OCA

5 años por empresa instaladora autorizada INSTALACIONES DE GLP DEPÓSITOS FIJOS

15 años pruebas de presión recogidas en ITC ESTACIONES DE SERVICIO PARA VEHíCULOS A GAS

5 años

6.6. INSTALADORES DE GAS Y EMPRESAS INSTALADORAS DE GAS HABILITADAS 6.6.1. Instaladores de gas El apartado 2 de la ITC-ICG-09 dispone que un instalador de gas es “ la persona física que, en virtud de poseer conocimientos teóricoprácti cos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa, está capacitado para realizar y supervisar las operaciones correspondientes a su categoría”. Dicha ITC señala también que el instalador de gas deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de gas habilitada y cumplir (y poder acreditar ante la Administración competente, si se lo requiere) uno de los siguientes requisitos básicos: a)

Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra los contenidos mínimos que se indican en el anexo 1 de la ITC-ICG-09. b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial incluya los contenidos mínimos que se indican en el anexo 1 citado. c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la Comunidad Autónoma sobre los contenidos mínimos que se indican en el señalado anexo 1.

d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias que se indican en el anexo 1 de la ITC. e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya como mínimo los contenidos que se indican en el anexo 1 de la ITC.

Requisitos adicionales de los instaladores para la puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos (apartado 4.1 de la ITCICG-09) El instalador que pretenda realizar operaciones de puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil, o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.3 de la ITC-ICG-08, así como el instalador de categoría A o B que pretenda adecuar aparatos por cambio de familia de gas, de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.3 de la ITC-ICG-08; deberán cumplir (y poder acreditar ante la Administración competente cuando esta así lo requiera), una de las siguientes condiciones: a) b) c)

d)

e)

Poseer acreditación del fabricante a tal fin, donde figure explícitamente el reconocimiento de tal capacidad. Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra los contenidos que se indican en la parte correspondiente del anexo 2 de la ITC. Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial incluya los contenidos que se indican en la parte correspondiente del anexo 2 de la ITC. Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias que se indican en la parte correspondiente del anexo 2 de la ITC. Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya los contenidos que se indican en la parte correspondiente del anexo 2 de la ITC.

Operaciones que pueden realizar los instaladores autorizados de gas Los instaladores de gas, con las limitaciones que se establecen en función de su

categoría, se consideran habilitados para realizar las siguientes operaciones: En instalaciones de gas

a) Montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación de: Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, incluidas las estaciones de regulación y las acometidas interiores enterradas y las partes de las instalaciones que discurran enterradas por el exterior de la edificación. Se exceptúan las soldaduras de las tuberías de polietileno, que deberán ser realizadas por soldadores de tuberías de polietileno para gas. Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos. Instalaciones de envases de GLP para uso propio. Instalación de gas en estaciones de servicio para vehículos a gas. Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas. b)

Verificación, realizando los ensayos y pruebas reglamentarias, de las instalaciones ejecutadas, suscribiendo los certificados establecidos en la normativa vigente. c) Puesta en servicio de las instalaciones receptoras que no precisen contrato de suministro domiciliario. d) Inspección de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, de acuerdo con las condiciones establecidas en el epígrafe 4.1.1.b) de la ITCICG-07. e) Revisiones de aquellas instalaciones en donde lo establezcan las correspondientes ITC. En aparatos de gas

a) Montaje y conexión a la instalación de gas. b) Puesta en marcha de aparatos de gas, mantenimiento y reparación, excepto cuando se trate de aparatos conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW, de vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos o de adecuación de aparatos por cambio de familia de gas, para lo cual los instaladores de gas deberán cumplir adicionalmente los requisitos establecidos en apartado 4 de la ITC-ICG-09.

Categorías de los instaladores autorizados de gas La ITC-ICG-09 establece tres tipos o categorías de instaladores de gas: a)

Instalador de gas de categoría A. Los instaladores de gas de categoría A podrán realizar todas las operaciones señaladas en el apartado anterior, para instalaciones y aparatos.

b)

Instalador de gas de categoría B. Los instaladores de gas de categoría B podrán realizar las operaciones señaladas en el apartado anterior, para instalaciones receptoras y aparatos, limitadas a: Instalaciones receptoras domésticas, colectivas, comerciales o industriales hasta 5 bar de presión máxima de operación, tanto comunes como individuales y cualquiera que sea la potencia de diseño, situación y familia de gas, con exclusión de las acometidas interiores enterradas y las partes de las instalaciones que discurran enterradas por el exterior de la edificación. Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo para suministro de instalaciones receptoras. Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas. Conexión y montaje de aparatos de gas. Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas no conducidos (aparatos de tipo A) y de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive, que estén adaptados al tipo de gas suministrado, con la excepción de las vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos. Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas suministrado, cumpliendo requisitos específicos, según se indica el apartado 2.1.2.

c)

Instalador de gas de categoría C. Los instaladores de gas de categoría C podrán realizar las operaciones señaladas en el apartado anterior, únicamente en instalaciones receptoras individuales que no requieren proyecto ni cambio de familia de gas, y limitadas a: Instalaciones de presión máxima de operación hasta 0,4 bar, de uso doméstico y situadas, exclusivamente, en el interior de viviendas. Conexión y montaje de aparatos de gas. Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas no conducidos (aparatos de tipo A) y de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive, que estén adaptados al tipo de gas suministrado, con la excepción de las vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos. Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas suministrado, cumpliendo requisitos específicos, según se indica el apartado 2.1.2.

6.6.2. Habilitación de empresas instaladoras/mantenedoras de gas

La ITC-ICG-09 define como empresa instaladora de gas “ la persona física o urídica que ejerce las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y control periódico de instalaciones de gas, cumpliendo los requisitos establecidos en esta instrucción técnica complementaria”. Las competencias de las empresas instaladoras de gas serán idénticas a las que hemos indicado en el punto anterior para los instaladores de gas de la categoría correspondiente. Lo que significa lógicamente que, para poder ejercer su actividad en una categoría determinada deberá contar con instaladores habilitados en dicha categoría. El procedimiento establecido por la ITC para la habilitación de dichas empresas es el común que hemos visto en el apartado 1.7 del Capítulo 1 de este libro, con las siguientes particularidades: El reglamento de aplicación que corresponde en este caso, y al que se deberá hacer referencia en la Declaración Responsable del titular o del representante legal de la empresa, es el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos (RD 919/2006) y sus instrucciones técnicas complementarias. La Declaración Responsable deberá incluir para qué categoría va a desempeñar la empresa su actividad y, en su caso, si va a realizar las actividades de puesta en marcha, mantenimiento, reparación y/o adecuación de aparatos. Las empresas instaladoras y las empresas mantenedoras deberán disponer de la documentación, medios técnicos, medios humanos y seguro de Responsabilidad Civil indicados en el Capítulo 1. Las empresas instaladoras de gas deberán cumplir los requisitos comunes que también señalamos en el apartado 1.7 del Capítulo 1 para todas las empresas instaladoras y/o mantenedoras, y además, los siguientes requisitos particulares: Empresas de categoría A:

a) Contar al menos con un instalador de gas de categoría A, contratado. b) El seguro de responsabilidad civil profesional o garantía equivalente deberá ser de un importe mínimo de 900.000 euros por siniestro. Empresas de categoría B:

a) Contar al menos con un instalador de gas de categoría B, contratado. b) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional o garantía equivalente deberá ser de un importe mínimo de 600.000 euros por siniestro. Empresas de categoría C:

a) Contar al menos con un instalador de gas de categoría C, contratado. b) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional o garantía equivalente deberá ser de un importe mínimo de 300.000 euros por siniestro.

6.6.3. Obligaciones de las empresas instaladoras/mantenedoras de gas El apartado 3.12 de la ITC dispone que serán obligaciones de las empresas instaladoras de gas: a) Presentar la declaración responsable. b) Cumplir con las condiciones mínimas establecidas para la categoría en la que se encuentre inscrita. c) Mantener vigente el seguro de responsabilidad civil profesional o garantía equivalente. d) Emplear para la ejecución de los trabajos instaladores de gas de la categoría correspondiente con el tipo de operación a realizar, que podrán ser auxiliados por operarios especialistas capacitados. e) La correcta ejecución, montaje, modificación, mantenimiento, revisión y reparación de las instalaciones de gas, así como la inspección periódica de las instalaciones receptoras de gas alimentadas desde redes de distribución, de acuerdo con las prescripciones reglamentarias. f) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios bajo su directa responsabilidad o, en su caso, bajo el control y responsabilidad del técnico director de obra. g) Emitir los certificados reglamentarios. h) Asistir a las inspecciones iniciales de las instalaciones establecidas por el reglamento, o las realizadas por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento. i) Garantizar, durante un período de cuatro años, las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas y sus consecuencias. ) Mantener un registro de los certificados emitidos, a disposición de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO 7. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

7.1. INTRODUCCIÓN En este capítulo vamos a analizar las condiciones de puesta en funcionamiento, mantenimiento e inspecciones de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Por calefacción entendemos el proceso por el se controla solamente la temperatura del aire de los espacios con carga negativa.

Climatización es la acción y efecto de climatizar, es decir, de dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas. El agua caliente sanitaria (ACS) es agua destinada a consumo humano (potable) que ha sido calentada. Se utiliza para usos sanitarios (baños, duchas, etc.) y para otros usos de limpieza (fregado de platos, lavadora, lavavajillas, fregado de suelos). Normalmente el agua procede de la instalación de agua del edificio.

7.2. NORMATIVA REGULADORA Las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (ACS), se regulan por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en adelante RITE). El RITE se divide en dos partes, la I, sobre Disposiciones Generales, y la II, Instrucciones Técnicas. De las cuatro Instrucciones Técnicas, la III y la IV están dedicadas a Mantenimiento e Inspección. El RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimientoy uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva

construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas .

Bomba de calor para calefacción y agua caliente sanitaria

7.3. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN Según el art. 24 del RITE, para la puesta en servicio de instalaciones térmicas, tanto de nueva planta como de reforma de las existentes, a las que se refiere el artículo 15.1.a) (cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea > 70 Kw) y b) (cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea ≥ 5 kW y ≤ 70 kW), será necesario el registro del certificado de la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique la instalación, para lo cual la empresa instaladora debe presentar al mismo la siguiente documentación: a)

proyecto (> 70 Kw) o memoria técnica (≥ 5 kW y ≤ 70 kW) de la instalación realmente ejecutada; b) certificado de la instalación; c) certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo. Cuando se precise proyecto, este debe ser redactado y firmado por técnico

titulado competente. La memoria técnica será elaborada por instalador autorizado, o por técnico titulado competente. Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado, no precisarán acreditación del cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Una vez comprobada la documentación aportada, el certificado de la instalación será registrado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, pudiendo a partir de este momento realizar la puesta en servicio de la instalación. La puesta en servicio efectivo de las instalaciones estará supeditada, en su caso, a la acreditación del cumplimiento de otros Reglamentos de Seguridad que la afecten. Registrada la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, el instalador habilitado o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, hará entrega al titular de la instalación de la documentación que se relaciona a continuación, que se debe incorporar en el Libro del Edificio: a) el proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada; b) el «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación realmente ejecutada; c) una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía; d) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT-2; e) el certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma; f) el certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo. El titular de la instalación debe solicitar el suministro regular de energía a la empresa suministradora de energía mediante la entrega de una copia del certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

7.4. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable de su adecuado

uso y mantenimiento. Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad con las instrucciones de uso contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica.

Evaporadores de instalación de climatización en nave industrial El titular de la instalación será responsable de que se realicen las siguientes acciones: a) encargar a una empresa mantenedora habilitada, la realización del mantenimiento de la instalación térmica; b) realizar las inspecciones obligatorias; c) conservar la documentación de todas las actuaciones, ya sean de mantenimiento, reparación, reforma o inspecciones realizadas en la instalación térmica o sus equipos, consignándolas en el Libro del Edificio. Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizarán por empresas mantenedoras habilitadas. Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará al representante de la empresa mantenedora una copia del «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica, contenido en el Libro del Edificio. La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instalación térmica sea realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del «Manual de Uso y Mantenimiento», que contendrán las instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética. Será obligación del mantenedor habilitado y del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación

permanente de la documentación contenida en el “Manual de Uso y Mantenimiento” a las características técnicas de la instalación. El mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE será realizado de acuerdo con lo establecido en la IT-3, atendiendo a los siguientes casos: a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío ≥ 5 kW e ≥ a 70 kW. Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, de acuerdo con el «Manual de Uso y Mantenimiento». b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío > 70 kW. Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su mantenimiento de acuerdo con el «Manual de Uso y Mantenimiento». c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea ≥ 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea > 400 kW. Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora. En el caso de las instalaciones solares térmicas la clasificación en los apartados anteriores será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del equipo de energía de apoyo. El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el mantenimiento de sus propias instalaciones térmicas, siempre y cuando, presente ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 37 para el ejercicio de la actividad de mantenimiento. Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formará parte del Libro del Edificio. El titular de la instalación será responsable de su existencia y lo tendrá a disposición de las autoridades competentes que así lo exijan por inspección o cualquier otro requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones en el mismo.

Anualmente, en aquellos casos en que sea obligatorio suscribir contrato de mantenimiento la empresa mantenedora y el director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quedando una copia del mismo en posesión del titular de la instalación, quien lo incorporara al Libro del Edificio cuando este exista. La validez del certificado de mantenimiento expedido será como máximo de un año.

7.5. INSPECCIONES PERIÓDICAS OFICIALES Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma adoptarán las medidas necesarias para la realización de las inspecciones periódicas previstas en este reglamento. Además, podrán acordar cuantas inspecciones juzguen necesarias, que podrán ser iniciales o aquellas otras que establezcan por propia iniciativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el registro de las operaciones de mantenimiento, con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de este RITE a lo largo de la vida de las instalaciones térmicas en los edificios. Las instalaciones se inspeccionarán por personal de los servicios de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o por organismos de control habilitados para este campo reglamentario, o bien por entidades o agentes cualificados o acreditados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. La habilitación como organismo de control, la cualificación o la acreditación de entidades y agentes para la realización de inspecciones técnicas de las instalaciones, obtenidas en una Comunidad Autónoma permitirán la realización de inspecciones técnicas en cualquier parte del territorio nacional. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas velarán por que las inspecciones de las instalaciones térmicas se realicen por expertos cualificados o acreditados independientes de las instalaciones a inspeccionar, tanto si actúan por cuenta propia como si están empleados por entidades públicas o empresas privadas, para lo que podrá establecer requisitos en cuanto a su formación o acreditación, en cuyo caso pondrá a disposición del público información sobre los programas de formación o acreditación. Periódicamente los órganos competentes de las Comunidades Autónomas pondrá a disposición del público listados actualizados de expertos cualificados o acreditados o de empresas o entidades acreditadas que ofrezcan los servicios de expertos de ese tipo para la realización de las inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas. Estos listados deberán incluir mención expresa de que podrán realizarse también por aquellos incluidos en los listados de los respectivos órganos competentes de otras Comunidades Autónomas.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá disponer una inspección inicial de las instalaciones térmicas, con el fin de comprobar el cumplimiento de este RITE, una vez ejecutadas las instalaciones térmicas y le haya sido presentada la documentación necesaria para su puesta en servicio. Según la IT-4 del RITE, serán inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria que cuenten con generadores de calor de potencia útil nominal igual o mayor que 20 kW, excluyendo los sistemas destinados únicamente a la producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW de potencia útil nominal. También serán inspeccionados periódicamente los sistemas de aire acondicionado que cuenten con generadores de frío de potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 kW. Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de 15 años de antigüedad contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de instalación, y la potencia térmica nominal instalada ≥ 20 kW en calor o 12 kW en frío, se realizará una inspección de toda la instalación térmica. Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria cuyo generador de calor posea una potencia útil nominal instalada igual o mayor que 20 kW, se inspeccionarán con la periodicidad que se indica en la siguiente Tabla, en función de la potencia útil nominal del conjunto de la instalación.

Los sistemas de aire acondicionado cuyo generador de frío posea una potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 kW, se inspeccionarán cada 5 años. La inspección de la instalación térmica completa se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad. La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años.

7.6. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL EMPRESARIO Normativa reguladora

R. D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ■


Proyecto (> 70 Kw), por técnico titulado competente, o memoria técnica (≥ 5 kW y ≤ 70 kW) de la instalación, por empresa instaladora autorizada; ■ Certificado de la instalación; ■ Certificado de inspección inicial, cuando sea preceptivo. ■ Reqistro ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma ■

Mantenimiento

Instalaciones de Calefacción,

Por empresa mantenedora autorizada, de conformidad al «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación. ■ Se realizará de acuerdo con la IT 3 ■ En instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío > 70 kW, es necesario firmar contrato de mantenimiento con empresa mantenedora autorizada. ■ En instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea ≥ 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea > 400 kW es necesario firmar contrato de mantenimiento con empresa mantenedora autorizada. El mantenimiento debe realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora.

Climatización y Agua Caliente Sanitaria

■ Se debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formará parte del Libro del Edificio ■ Anualmente el mantenedor autorizado o el director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán un certificado de mantenimiento • Las inspecciones se harán por personal facultativo de los servicios del órgano competente de las CC,AA., por OCA, o por entidades o agentes cualificados por el órgano competente de las CC.AA. Generadores de calor de potencia térmica nominal instalada ≥ 20 kW. a) 20 ≤ P≤ 70, inspección cada 5 años b) P > 70, alimentada por gases y combustibles renovables, inspección, cada 4 años. Por otros combustibles, cada 2 años. Inspecciones

c) La primera inspección por calendario del órgano competente de la Comunidad Autónoma Sistemas de aire acondicionado de potencia útil nominal instalada > 12 kW. Cada 5 años Instalación térmica completa a) Una vez que haya superado los 15 años de antigüedad, la inspección se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío. b) Cada 15 años

7.7. EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS

HABILITADAS Empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios es la persona física o urídica que realiza el montaje y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito del RITE. Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios es la persona física o jurídica que realiza el mantenimiento y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito del RITE. Las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse como empresas instaladoras o mantenedoras de instalaciones térmicas de edificios deberán presentar, previo al inicio de la actividad, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan, una declaración responsable en la que el titular de la empresa o su representante legal manifieste que cumple los requisitos que se exigen por este reglamento, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se comprometen a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. La declaración responsable se podrá presentar utilizando el modelo establecido en el apéndice 4 del RITE. Todo el procedimiento de habilitación como empresa instaladora y/o reparadora, se recoge en detalle en el Capítulo 1.

Requisitos para el ejercicio de la actividad Para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o de mantenedor, las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos y disponer de la documentación que así lo acredita: a)

b) c) d) e)

Disponer de la documentación que identifique al prestador, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las actividades de montaje y reparación de instalaciones térmicas en edificios y/o de mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas en edificios. Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones del sistema. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan derivarse de sus actuaciones, por una cuantía mínima de 300.000 euros. Disponibilidad, como mínimo, de un operario en plantilla con carné profesional de instalaciones térmicas de edificios. En los casos que proceda, la empresa deberá disponer, en función del tipo de instalaciones que se instalen, reparen o mantengan, de personal Certificado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que

f)

se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los manipulan. Para aquellas empresas que trabajen con instalaciones térmicas sujetas a este reglamento y afectadas por el Real Decreto 138/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, la empresa instaladora/mantenedora térmica contará con los medios técnicos, y materiales de la ITC-IF-13, así como con el plan de gestión de residuos y en caso de trabajar con instalaciones térmicas que dispongan de un circuito frigorífico clasificado como instalación frigorífica de nivel 2, deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de su actividad por una cuantía mínima de 900.000 euros, y disponer también de Técnico Titulado Competente.

Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios El carné profesional en instalaciones térmicas de edificios es el documento mediante el cual la Administración reconoce a la persona física titular del mismo la capacidad técnica para desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas de edificios, identificándolo ante terceros para ejercer su profesión en el ámbito del RITE. Este carné profesional no capacita, por sí solo, para la realización de dicha actividad, sino que la misma debe ser ejercida en el seno de una empresa instaladora o mantenedora en instalaciones térmicas. El carné profesional se concederá, con carácter individual, a todas las personas que cumplan los requisitos que se señalan en el artículo 42 y será expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. El órgano competente de la Comunidad Autónoma llevará un registro con los carnés profesionales concedidos y tendrá validez en toda España.

Requisitos para la obtención del carné profesional Para obtener el carné profesional de instalaciones térmicas en edificios, las personas físicas deben acreditar, ante la Comunidad Autónoma donde radique el interesado, las siguientes condiciones: a) Ser mayor de edad. b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre instalaciones térmicas en edificios. b.1)

Se entenderá que poseen dichos conocimientos las personas que

acrediten alguna de las siguientes situaciones:

Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del reglamento. Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del reglamento. Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya como mínimo los contenidos del RITE. b.2)

Los solicitantes del carné que no puedan acreditar las situaciones exigidas en el apartado b.1, deben justificar haber recibido y superado:

Un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre conocimientos específicos en instalaciones térmicas de edificios, impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con la duración y el contenido indicados en los apartados 3.1 y 3.2 del apéndice 3 del RITE. Acreditar una experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa instaladora o mantenedora como técnico. c)

Haber superado un examen ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, sobre conocimiento de este RITE.

Podrán obtener directamente el carné profesional, mediante solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir el requisito del apartado c), por el procedimiento que dicho órgano establezca, los solicitantes que estén en posesión del título oficial de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo contenido formativo cubra las materias objeto del RITE o tengan reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009 o posean una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995 que acredite dichos conocimientos de manera explícita. Los técnicos que dispongan de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del RITE, podrán obtener directamente el carné, mediante solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma y sin tener que cumplir los requisitos enumerados en los apartados b) y c), bastando con la presentación de una copia compulsada del título académico.

CAPÍTULO 8. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

8.1. NORMATIVA REGULADORA Las instalaciones frigoríficas estuvieron reguladas por el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas hasta el 8 de septiembre de 2011. A partir de esta fecha entra en vigor el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias; y el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En el artículo primero de dicho Real Decreto 560/2010 se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 1. Las instalaciones frigoríficas se realizarán por personas físicas o jurídicas habilitadas como empresas instaladoras frigoristas y se conservarán y repararán por personas físicas o jurídicas habilitadas como empresas conservadorasreparadoras frigoristas. 2. Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras frigoristas o empresas conservadoras-reparadoras frigoristas, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se establezcan, una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare que cumple los requisitos que se exigen en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes a este reglamento, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de su actividad se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias. 3. Las empresas instaladoras frigoristas o empresas conservadoras- reparadoras frigoristas legalmente establecidas para el ejercicio de esta actividad en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que deseen realizar la actividad en régimen de libre prestación en territorio español, deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde deseen comenzar su actividad, una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare que

cumple los requisitos que se exigen en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes a este reglamento, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de su actividad se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias. Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado la declaración deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal afectado, de acuerdo con la normativa del país de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa de la Unión Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. La autoridad competente podrá verificar esa capacidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre. 4. Las Comunidades Autónomas deberán posibilitar que la declaración responsable sea realizada por medios electrónicos. No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, esta documentación deberá estar disponible para su presentación inmediata ante la Administración competente cuando esta así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control. 5. El órgano competente de la Comunidad Autónoma, asignará, de oficio, un número de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo. 6. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora frigorista o empresa conservadora-reparadora frigorista, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales. 7. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración competente podrá

regular un procedimiento para comprobar a posteriori lo declarado por el interesado. En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban figurar en dicha declaración habilitará a la Administración competente para dictar resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se inhabilite temporalmente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas. 8. Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado por el interesado al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde presentó la declaración responsable en el plazo de un mes. 9. Las empresas instaladoras o conservadoras-reparadoras cumplirán lo siguiente: a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. b) Poseer los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus actividades en condiciones de seguridad, que se especifiquen en la correspondiente instrucción técnica complementaria. c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por la cuantía que se indique en la correspondiente instrucción técnica complementaria. 10. La empresa instaladora frigorista o empresa conservadora-reparadora frigorista habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de actuaciones no realizadas por ella misma. 11. El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente y declarada mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones realizadas. La autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente informativo al titular de la instalación, que tendrá quince días naturales a partir de la comunicación para aportar las evidencias o descargos correspondientes. 12. En todo caso, el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria será de aplicación con los efectos y sanciones que procedan una vez incoado el correspondiente expediente sancionador.

13. El órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese de la actividad a los que se refieren los apartados precedentes para la actualización de los datos en el Registro Integrado Industrial regulado en el Título IV de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria tal y como lo establece su normativa reglamentaria de desarrollo.

8.2. PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN Una vez finalizada la instalación y realizadas las pruebas de idoneidad de la instalación con carácter previo a la puesta en servicio de la misma, el titular presentará ante el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, la siguiente documentación: a) b) c) d) e) f)

Proyecto o breve memoria técnica, según proceda, de la instalación realmente ejecutada. Las instalaciones de Nivel 2 requerirán, además del proyecto, el certificado técnico de dirección de obra. El certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva (de acuerdo con la IF-15). Certificado de instalación eléctrica firmado por un instalador en baja tensión. Las declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. En su caso, copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y el contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista cuando así esté establecido.

A los efectos del presente reglamento los sistemas no compactos con carga inferior a la indicada en el artículo 2 y las instalaciones por absorción que utilizan Br Li-Agua, deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: a)

Deberán ser instalados, mantenidos o reparados por una empresa instaladora frigorista. La empresa que realice la instalación deberá entregar al titular del sistema o instalación: Un certificado en el que figuren los datos de la empresa instaladora, el fabricante, modelo, año, número de fabricación, carga, denominación y grupo del refrigerante empleado así como las actuaciones realizadas, según el modelo que

figura en el anexo de la IF-15. Manual de instrucciones. En el caso de las instalaciones por absorción con Br Li-Agua, además, la empresa instaladora frigorista entregará la justificación documentada de la idoneidad de las soluciones adoptadas desde el punto de vista energético (solución con menor coste energético). b)

Deberán satisfacer las exigencias establecidas en la reglamentación vigente relativa a equipos a presión en cuanto a diseño, fabricación, protección y documentación que debe acompañar a dichos equipos.

8.3. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN El mantenimiento de las instalaciones frigoríficas así como la manipulación de refrigerante se realizará por empresas frigoristas o por empresas habilitadas de conformidad con lo previsto en el RITE, en el caso de instalaciones que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de ese reglamento, quedando restringida la manipulación de los circuitos frigoríficos y refrigerantes a los profesionales referidos en el artículo 9. El mantenimiento se realizará siguiendo los criterios indicados en la Instrucción Técnica Complementaria IF-14. La manipulación de refrigerantes y la prevención de fugas de los mismos en las instalaciones frigoríficas se realizará atendiendo a los criterios de la Instrucción Técnica Complementaria IF-17, debiéndose subsanar lo antes posible las fugas detectadas. Las reparaciones de las instalaciones frigoríficas se realizará por empresas frigoristas, quedando restringida la manipulación de los circuitos y refrigerantes a los profesionales referidos en el artículo 9.

Las reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los recipientes deberán atenerse a los criterios del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. De toda reparación deberá emitirse la correspondiente certificación que quedará en poder del titular de la instalación. La transformación de una instalación por ampliación o sustitución de equipos por otros de características diferentes requerirá el cumplimiento de los mismos requisitos exigidos para las nuevas instalaciones. A los efectos de determinar la necesidad de elaboración de un proyecto en relación con la modificación de la instalación, se tendrá en cuenta el conjunto de la misma tras la modificación. La modificación de una instalación por reducción o sustitución de equipos por otros de características similares solamente requerirá comunicación al órgano competente de la Comunidad Autónoma y la correspondiente anotación en el libro de la instalación. Se entenderá que un equipo tiene características similares a otro, cuando los indicadores de seguridad y de funcionamiento (presiones de trabajo, temperatura de descarga, retorno de aceite, potencia instalada) de la instalación no varíen significativamente (≤ 2%). El desmantelamiento de una instalación frigorífica deberá ser realizado por una empresa frigorista y los residuos generados deberán ser entregados a un gestor de residuos. Con carácter previo al desmantelamiento, el titular de la instalación deberá comunicar al órgano competente de la Comunidad Autónoma la fecha prevista para el comienzo y fin de las operaciones de desmantelamiento, el nombre de la empresa frigorista que lo llevará a cabo y del gestor de residuos y las actuaciones previstas de tratamiento ambiental de los residuos generados y de descontaminación. Finalizado el desmantelamiento, la empresa frigorista emitirá un certificado de su

correcta ejecución que entregará al titular de la instalación a fin de que este proceda a solicitar la baja, a la comunidad autónoma en la que radique la instalación, en los registros que procedan.

8.4. VERIFICACIONES E INSPECCIONES 1. A las instalaciones se les realizarán periódicamente controles de fugas por una empresa frigorista de conformidad con lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria IF-17. 2. Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una empresa frigorista con la periodicidad y los criterios indicados en las Instrucciones Técnicas Complementarias IF-14 y IF-17. 3. Las instalaciones de Nivel 2 indicadas en el artículo 8 deberán ser inspeccionadas por un organismo de control autorizado de acuerdo con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, al menos cada diez años. Los criterios de inspección se indican en la Instrucción Técnica Complementaria IF-14.

Modelo de boletín de revisión

8.5. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL EMPRESARIO Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.


Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. ■ ■ ■


Instalaciones Frigoríficas

■ ■

■

■

Proyecto o breve memoria técnica, según proceda, de la instalación realmente ejecutada. Las instalaciones de Nivel 2 requerirán, además del proyecto, el certificado técnico de dirección de obra. El certificado de la instalación suscrito por la empresa frigorista y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva (de acuerdo con la IF-15). Certificado de instalación eléctrica firmado por un instalador en baja tensión. Las declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. En su caso, copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil y el contrato de mantenimiento con una empresa instaladora frigorista cuando así esté establecido.

El mantenimiento de las instalaciones frigoríficas así como la manipulación de refrigerante se realizará por empresas frigoristas o por empresas habilitadas de conformidad con lo previsto en el RITE. ■ Las reparaciones que afecten a las partes

Mantenimiento

■

■

sometidas a presión de los recipientes deberán atenerse a los criterios del Reglamento de equipos a presión. Con carácter previo al desmantelamiento, el titular de la instalación deberá comunicar al órgano competente de la Comunidad Autónoma la fecha prevista para el comienzo y fin de las operaciones de desmantelamiento. El desmantelamiento de una instalación frigorífica deberá ser realizado por una empresa frigorista y los residuos generados deberán ser entregados a un gestor de residuos.

Inspección Inicial / Periódica por OCA (IF14) ■ Verificaciones e Inspecciones

Las instalaciones se revisarán, como mínimo, cada cinco años. ■ Las instalaciones que utilicen una carga de refrigerante superior a 3000 Kg. y posean una antigüedad superior a quince años se revisarán al menos cada dos años. ■ Las instalaciones de Nivel 2, al menos cada diez años.

8.6. EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS HABILITADAS Habilitación de empresas instaladoras y/o mantenedoras de instalaciones frigoríficas Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras de instalaciones frigoríficas, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare que cumple los requisitos que se exigen por el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas y por las correspondientes ITC, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos

durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en las respectivas instrucciones técnicas complementarias. Las empresas instaladoras y/o mantenedoras estarán obligadas a realizar las instalaciones, reparaciones o inspecciones periódicas de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, emitiendo las correspondientes certificaciones.

Deberán también disponer del correspondiente libro o registro, manual o por medios electrónicos, en donde se anoten las actuaciones realizadas, indicando al menos: Fecha de actuación. Usuario. Tipo de actuación. Identificación o características de equipo o instalación.

Empresa habilitada en instalaciones frigoríficas: También conocida como empresa frigorista, es la persona física o jurídica que, como una actividad económica organizada, cumpliendo los requisitos establecidos y habiendo presentado la declaración responsable de inicio de actividad, es responsable de realizar la ejecución, puesta en servicio, mantenimiento, reparación, modificación y desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas en el ámbito del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias aprobados por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero. Dependiendo del riesgo potencial de las instalaciones frigoríficas sobre las que las empresas están habilitadas para ejercer su actividad, se clasifican en dos categorías: 1. Categoría de Nivel 1. Cualquier empresa frigorista que puede montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar instalaciones frigoríficas formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los

compresores frigoríficos no exceda de 100 kW, o por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen. 2. Categoría de Nivel 2. Cualquier empresa frigorista que puede montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar instalaciones frigoríficas formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí sin ningún tipo de limitación en lo que se refiere a la potencia eléctrica instalada en los compresores, al tipo de refrigerante utilizado y a que enfríen cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial.

Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial Según dispone el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, los requisitos que deben declarar, cumplir y mantener las empresas frigoristas establecidas en España, así como las establecidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que vayan a ejercer la libre prestación de servicios en España, son los siguientes. Con carácter general: 1. Contar en plantilla, como mínimo, con un profesional frigorista habilitado para montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar las instalaciones. 2. Disponer de un plan de gestión de residuos que considere la diversidad de residuos que pueda generar en su actividad y las previsiones y acuerdos para su correcta gestión ambiental y que, en su caso, si procede, contemplará su inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 3. Disponer, como mínimo, de los siguientes medios técnicos, que se especifican en la Instrucción Técnica Complementaria IF-13: Las botellas de refrigerante se almacenarán en un emplazamiento específico, vallado, ventilado y no situado en un sótano. Si como consecuencia del análisis obligatorio de riesgos del local se determina que la concentración de refrigerante, en caso de fuga del contenedor de mayor carga, es superior al límite práctico admitido indicado en la tabla A del apéndice 1 de la IF-02 será necesario colocar un detector de fugas para el refrigerante en cuestión.

a) Por cada uno de los profesionales frigoristas: Termómetro (precisión ± 0,5 %) con sondas de ambiente, contacto y de inmersión o penetración. Juego de herramientas, en buenas condiciones y que incluya al menos: — — — — — — — — — — —

Corta tubos. Abocardador. Juego de llaves fijas. Llave de carraca, reversible, con su juego completo. Llave dinamométrica. Escariador. Alicates. Juego de destornilladores. Analizador (puente de manómetro) adecuado para los gases a manipular. Peine para enderezar aletas. Mangueras flexibles para la conexión y carga de refrigerante.

Equipo de medida de voltaje, amperaje y resistencia. Equipos de protección individual adecuados al trabajo a realizar. Mascaras de respiración con cartuchos filtrantes (trabajos con R-717). b) Por cada cinco profesionales frigoristas/puesta en marcha: Vacuómetro de precisión. Bomba de vacío de doble efecto. Detector portátil de fugas. Equipo de medida de acidez. c) Por centro de trabajo: Higrómetro (precisión ± 5 %). Equipo de trasiego de refrigerantes. Equipo básico de recuperación de refrigerantes. Equipo dosificador para cargar circuitos de instalaciones de menos de 3 Kg. de carga de refrigerante.

Báscula de carga para instalaciones de menos de 25 Kg. Anemómetro. Tenazas para precintado. Juego de señalizadores normalizados para colocar en las tuberías correspondientes. Equipo para la limpieza de baterías evaporadoras y condensadoras, así como los líquidos adecuados para ello. Equipo de respiración autónoma. d) Por empresa: Manómetro contrastado. Termómetro contrastado. 4. En el caso de que empresas frigoristas realicen actividades de instalación, mantenimiento o reparación de los aparatos y sistemas cubiertos por el artículo 3, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, deberán disponer asimismo del certificado previsto en el Reglamento (CE) n.º 303/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, para lo cual deberá contar con personal certificado de acuerdo al Real Decreto 795/2010 en número suficiente para abarcar el volumen y tipo previsto de actividades y dotado de los instrumentos y procedimientos necesarios para desarrollar dichas actividades. Además, dependiendo de la categoría de la empresa, o lo que es lo mismo del riesgo potencial de las instalaciones frigoríficas sobre las que las empresas frigoristas ejercen su actividad, estas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Categoría empresa frigorista de Nivel 1. (Requisitos específicos) 1. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de su actividad, por un importe mínimo de 300.000 euros (8 de septiembre de 2011). Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía.

Categoría empresa frigorista de Nivel 2. (Requisitos específicos) 1. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de su actividad, por un importe mínimo de 900.000 euros (8 de septiembre de 2011). Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la

garantía. 2. Contar en plantilla, como mínimo, con un técnico titulado con atribuciones específicas en el ámbito competencial a que se refiere el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, que a la vez podrá ejercer como profesional habilitado en instalaciones frigoríficas de categoría Frigorista. 3. Disponer, como mínimo, de los siguientes medios técnicos: a) Sonómetro que cumpla con lo dispuesto en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. b) Medidor de vibraciones para instalaciones con compresores abiertos de potencia instalada unitaria superior a 50 kW.

CAPÍTULO 9. EQUIPOS A PRESIÓN

9.1. INTRODUCCIÓN Aunque el Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, enumera de una manera muy poco clarificadora el objeto del mismo, es decir, los equipos que están dentro de su ámbito de aplicación, luego, en las instrucciones técnicas complementarias, podemos visualizar bastante mejor de qué equipos estamos hablando. Así, en el artículo 1, apartado 2, el Reglamento de Equipos a Presión nos dice que el mismo se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar. A continuación relaciona una serie de equipo, recipientes y tuberías de conexión y conducción, incluidas en el ámbito de aplicación de diferentes normas. Pero como la transcripción de estas normas no nos aporta suficiente luz al respecto, estructuraremos este capítulo en base a las ITC que se incluyen en el propio reglamento: ITC-EP-1 sobre calderas, ITC-EP-2 sobre centrales generadoras de energía eléctrica, ITC-EP-3 sobre refinerías y plantas petroquímicas, ITC-EP-4 sobre depósitos criogénicos, ITC-EP-5 sobre botellas de equipos respiratorios autónomos y la ITC-EP-6 sobre recipientes a presión transportables. A esto, sumaremos, al menos en lo que a pruebas e inspecciones se refiere, a las tuberías de conexión y conducción de cualquier fluido, al tener una periodicidad propia. Sí nos parece importante citar que se excluyen del reglamento aquellos equipos a presión que dispongan de reglamentación de seguridad específica, así como las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o combustibles líquidos o gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de agua motriz de las centrales hidroeléctricas. Cuando hablemos de inspecciones de los distintos equipos, veremos que se clasifican en Nivel A, B y C. Por tanto, como esta peculiaridad afecta a todos los equipos que vamos a ver en los siguientes apartados del capítulo, consideramos importante recoger en esta introducción y aclarar el alcance de cada uno de estos niveles de inspección: Nivel A: Inspección en servicio

Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos.

Las inspecciones de Nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión de la categoría correspondiente a la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I del reglamento para las empresas instaladoras, no siendo necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.

Nivel B: Inspección fuera de servicio

Consistirá, como mínimo, en una comprobación de Nivel A y en una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Las inspecciones de Nivel B serán realizadas por los organismos de control autorizados, debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar. Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión

Consistirá, como mínimo, en una inspección de Nivel B además de una prueba de presión hidrostática. Todos los equipos a presión de las categorías I a IV deberán disponer de la correspondiente placa de instalación e inspecciones periódicas.

9.2. CALDERAS 9.2.1. Normativa reguladora Las calderas, como todo el resto de equipos a presión que vamos a ver en este capítulo, se regulan por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Dentro de estas ITC, la que nos interesa es la ITC-EP-1 sobre «calderas». La presente instrucción técnica complementaria (ITC) se aplica a la instalación, reparación e inspecciones periódicas de calderas y sus elementos asociados (economizadores, sobrecalentadores, etc.), contemplados en el Reglamento de Equipos a Presión. A efectos de diferenciar los distintos tipos de calderas, creemos necesario incluir las siguientes definiciones: 1. «Caldera», todo aparato a presión en donde el calor procedente de cualquier fuente de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías, a través de un medio de transporte en fase líquida o vapor. 2. «Caldera de vapor», la que utiliza como fluido caloriportante o medio de transporte el vapor de agua. 3. «Caldera de agua sobrecalentada», toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura superior a 110 °C. 4. «Caldera de agua caliente», toda caldera en la que el medio de transporte es agua a temperatura igual o inferior a 110 °C.

5. «Caldera de fluido térmico», toda caldera en la que el medio de transporte de calor es un líquido distinto del agua. A efectos de las condiciones exigibles, las instalaciones se clasificarán en función del tipo de caldera en: 1. Clase primera: a) Calderas pirotubulares cuyo Pms x VT < 15.000. b) Calderas acuotubulares cuyo Pms x VT < 50.000. En caso de calderas de fluido térmico, las que tengan un Pms x Vi < 15.000. Siendo: — Pms: La presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar. — Vt: Volumen total en litros de la caldera, más el volumen del sobrecalentador si lo tuviere. — Vi: Volumen total en litros de la instalación completa. 2. Clase segunda: Calderas que igualen o superen los valores indicados en el apartado anterior.

9.2.2. Puesta en servicio de la instalación En función del tipo de caldera que se trate, la instalación requerirá de la siguiente documentación: 1. Calderas de clase primera Las instalaciones deberán ser realizadas por empresas instaladoras de la categoría EIP-2. La instalación se considera de menor riesgo, por lo que solo se requerirá de una memoria técnica de la empresa instaladora, además de: a) Certificado de instalación suscrito tanto por empresa instaladora de equipos a presión habilitada como por su responsable técnico. b) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión o conjuntos. c) En caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado a que se hace referencia en el Real Decreto 222/2001. d) En caso de aparatos usados, se acompañará el acta de inspección periódica de nivel C. e) Si los aparatos carecen de marcado CE, podrán presentarse los certificados de fabricación de acuerdo con reglamentación en vigor en el momento de su

f)

fabricación. Esquema de principio de la instalación, firmado por la empresa instaladora de equipos a presión, en el que se indiquen los parámetros principales de funcionamiento (presión, temperatura,...) y un plano o croquis de la instalación.

2. Calderas de clase segunda La instalación requerirá la presentación de un proyecto, y de los siguientes requisitos: a) b) c) d)

e) f)

Certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial. Certificado de instalación será emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa EIP-2. Declaraciones de conformidad de los equipos a presión o conjuntos. En caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado a que se hace referencia en el Real Decreto 222/2001. En caso de aparatos usados, se acompañará el acta de inspección periódica de Nivel C. Si los aparatos carecen de marcado CE, podrán presentarse los certificados de fabricación de acuerdo con reglamentación en vigor en el momento de su fabricación.

En cuanto a la puesta en servicio, finalizadas las obras de ejecución o montaje, se requerirá la acreditación previa de las condiciones de seguridad de la instalación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, mediante la presentación de la documentación indicada en los párrafos anteriores. Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del emplazamiento, para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de utilización seguras. Los ensayos y pruebas que se realicen deberán ser certificados por un organismo de control autorizado, o por el fabricante. La ampliación o modificación de una instalación, por incorporación o sustitución de nuevos equipos a presión, así como los cambios de emplazamiento de los ya instalados, estarán sujetos a las mismas condiciones requeridas para la instalación de equipos nuevos. Todos los equipos a presión de las categorías I a IV deberán disponer de la correspondiente placa de instalación e inspecciones periódicas.

Sala de calderas

9.2.3. Mantenimiento de la instalación Según el artículo 9 del Reglamento de Equipos a Presión, los usuarios de dichos equipos contemplados por el citado reglamento, deberán realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año. Además de esta obligación genérica, el artículo 12 de la ITC-EP-1 establece estas otras obligaciones: 1. Operación de la caldera. El usuario deberá designar a una persona capacitada para realizar la operación de la caldera, mientras esté en funcionamiento. 2. Mantenimiento de la caldera. El usuario deberá realizar un mantenimiento adecuado de todos los sistemas de la instalación, prestando una dedicación especial a los órganos limitadores o reguladores para que mantengan su fiabilidad, procediendo a la comprobación de su funcionamiento durante las verificaciones. 3. Vigilancia de la caldera. En caso de que se produzca un fallo de alguno de los elementos de control o seguridad, deberá adecuarse el sistema de vigilancia de la caldera, pasando a vigilancia directa, en tanto no se restablezcan las condiciones iniciales y se compruebe el correcto funcionamiento de los elementos averiados. 4. Documentación. Deberá disponerse de la siguiente documentación: a) Libro de la instalación. b) Documentación de la instalación.

9.2.4. Inspecciones periódicas oficiales Según el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión y el anexo I de la ITCEP-1, las inspecciones oficiales de calderas se realizarán con siguiente periodicidad: 1. Inspecciones de Nivel A, anualmente, por empresas instaladoras, o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I del reglamento para las empresas instaladoras. 2. Inspecciones de Nivel B, cada tres años, por OCA. 3. Inspecciones de Nivel C, cada seis años, por OCA. Con respecto a las “calderas de recuperación de lejías negras”, que son calderas de vapor que utiliza como combustible las lejías negras concentradas que se generan en el proceso de fabricación de pasta de papel al sulfato, hay una particularidad en relación a la periodicidad de las inspecciones. Las de Nivel A y B son anuales, y las de Nivel C, cada tres años.


9.3. CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

9.3.1. Normativa reguladora Las centrales generadoras de energía eléctrica, como todo el resto de equipos a presión que vamos a ver en este capítulo, se regulan por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias. La ITC correspondiente es la ITC-EP-2 sobre «centrales generadoras de energía eléctrica». Esta instrucción técnica complementaria se aplica a la instalación, reparación e inspecciones periódicas de todos los equipos a presión incluidos en el recinto de una central generadora de energía eléctrica de una potencia superior a 50 MW y que están contemplados en el Reglamento de Equipos a Presión. Se incluyen las centrales térmicas, hidráulicas, de ciclo combinado, nucleares y las plantas de incineración de residuos sólidos urbanos. Según el artículo 2 de la ITC-EP-2, «Central generadora de energía eléctrica», es el conjunto de instalaciones de proceso y auxiliares, destinadas a la producción de energía eléctrica. A los efectos de su tratamiento por esta ITC, los elementos incluidos en una central generadora de energía eléctrica u otras plantas incluidas en el artículo 1 de esta ITC, se clasifican en: 1. Equipos normales: aquellos cuya temperatura de diseño sea superior a 0 °C y su presión máxima de servicio superior a 0,5 bar. A título orientativo comprenden: a) Calderas (principal y auxiliar). b) Intercambiadores de calor (sobrecalentadores, recalentadores y economizadores). c) Acumuladores, calderines, separadores y otros recipientes en general. d) Tuberías, y accesorios de seguridad y presión. 2. Equipos especiales: los que reúnan algunas de las siguientes características: Aparatos rellenos de resinas o materiales filtrantes, o con recubrimiento interior frágil o higroscópico, tales como neopreno, ebonitado, vitrificado, etc.

9.3.2. Puesta en servicio de la instalación La instalación de centrales generadoras de energía eléctrica requerirá la presentación del proyecto instalación, así como la siguiente documentación:

a)

Declaraciones de conformidad de los equipos a presión y, en su caso, de los accesorios de seguridad. b) Certificación de la ejecución de la instalación, realizada por empresa instaladora EIP-2 y firmada por el técnico titulado competente de la empresa. c) Certificación de la realización de las comprobaciones y pruebas necesarias para asegurarse de que la instalación y sus equipos se adaptan a lo señalado en el Reglamento de Equipos a Presión, a las condiciones señaladas en la ITC-EP-2, al proyecto técnico presentado y de que su funcionamiento es correcto, extendida por un organismo de control autorizado para actuar en el ámbito reglamentario de los equipos de presión.

9.3.3. Mantenimiento de la instalación Según el artículo 12 de la ITC-EP-2, las centrales generadoras de energía eléctrica deberán disponer de un técnico titulado competente responsable del mantenimiento general de la instalación. Además, el usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir y que constituyen el servicio de inspección propio, los procedimientos detallados de inspección y el programa de inspecciones, el cual deberá garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentarios. Además de las inspecciones periódicas indicadas en el Reglamento de Equipos a Presión y en la ITC-EP-2, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones. El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales de unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, etc.) o provocadas por averías, para realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas. El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la dirección de la planta del estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de aquellos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. Expresamente, el servicio de inspección no podrá depender ni de producción ni de mantenimiento. Se deberá disponer de un programa de mantenimiento preventivo que garantice la disponibilidad y fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones incluidas en la

ITC-EP-2. Además de las comprobaciones e inspecciones que expresamente se indican en la ITC-EP-2, deberán realizarse al menos los siguientes controles: a) Control de la corrosión. b) Control de la erosión. c) Controles especiales, en función de las características particulares que puedan presentar ciertos equipos o instalaciones.

9.3.4. Inspecciones periódicas oficiales de la instalación La periodicidad y los agentes competentes de las inspecciones periódicas, serán los fijados en la Tabla 2 del anexo III del Reglamento de Equipos a Presión, en las condiciones que se expresan a continuación: 3 4 5 6

Tabla 2 del anexo III del Reglamento de Equipos a Presión 1. Nivel A: Podrán ser realizadas por el usuario, si dispone de los requisitos señalados en el anexo I del Reglamento de Equipos a Presión para las empresas instaladoras de categoría EIP-2. 2. Nivel B y C: Se podrán considerar los períodos anuales en horas equivalentes de funcionamiento, a razón de 8.760 horas/año y siempre que las horas equivalentes de funcionamiento se consigan en un plazo no superior a seis años para el Nivel B o doce años para el Nivel C. 3. Las inspecciones se realizarán atendiendo a lo indicado en el anexo de la ITCEP-2. 4. La inspección ordinaria de las válvulas de seguridad se realizará durante la parada ordinaria de mantenimiento de las instalaciones o durante las inspecciones periódicas de los equipos a presión, con una periodicidad no superior a seis años. Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado. 5. La presión de prueba hidrostática a la que deban realizarse las inspecciones periódicas de Nivel C será, para cada caso, la que se indica en el artículo 10 de esta ITC. 6. Los equipos definidos en el artículo 3 de esta ITC como especiales, serán considerados incluidos en el artículo 12 del Reglamento de Equipos a Presión, a

los efectos de realización de estas inspecciones periódicas.

Inspección de la instalación Todo equipo, incluido dentro del ámbito de la ITC-EP-2 y que sufra una reparación o una gran reparación, tal y como se ha definido en su artículo 8, deberá ser sometido a las inspecciones y pruebas señaladas en el artículo 9.


9.4. REFINERÍAS DE PETRÓLEO Y PLANTAS PETROQUÍMICAS 9.4.1. Normativa reguladora Una vez más la regulación la encontramos en el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias. La ITC complementaria es la ITC-EP-3 «refinerías de petróleo y plantas petroquímicas». Esta instrucción técnica complementaria se aplica a la instalación, inspecciones periódicas y reparaciones de todos los equipos a presión incluidos en el Reglamento de Equipos a Presión instalados en refinerías de petróleos y plantas petroquímicas. Se excluyen de la presente ITC: a) b) c) d) e)

Las botellas de gas para aparatos respiratorios respirat orios incl inclui uidas das en la ITC-EP-5. Los equipos equipos a presión transportables. transport ables. Los extintor extintores. es. Los oleoductos, gasoductos gasoductos y redes de distribución urbana. urbana. Las tuberías de conducción conducción hacia hacia otra otr a instalación instalación externa, desde el último último dispositivo de aislamiento situado dentro de los límites de la empresa, incluido dicho dispositivo, que deberán cumplir los requisitos del Reglamento de Equipos a Presión Pres ión.. f) Las carcasas o envolv envolventes entes de elementos elementos dinámicos. dinámicos. g) Los equipos equipos a presión del artícul artí culo o 3.3 del Real Decreto 769/1999, relativos a recipientes a presión simples. A los efectos efecto s de lo dispuesto en esta ITC, se entiende por: Refinería de petróleo, el conjunto de instalaciones destinadas al refino, trasiego y almacenamiento de productos derivados. Planta petroquímica, el conjunto de instalaciones de utilizan como materia prima fracciones petrolíferas, elaborados a partir de estos.

de proceso y auxiliares crudo de petróleo y sus proceso y auxiliares que gas natural o productos

Refinería de petróleo Los recipientes a presión, a efectos de la presente ITC, se clasificarán atendiendo a su peligrosidad con los siguientes criterios: 1. Potencial de riesgo. Los recipientes se clasificarán según el producto de la presión máxima admisible (PS en bar) por el volumen (V en m3): Potencial1:Mayor oiguala 1.000. Potencial2:Mayor oiguala 300 y menor de 1.000. Potencial3:Mayor oiguala 25 y menorde300. Potencial4:Mayor oiguala 10 y menorde25. Potencial5:Menor de 10. 2. Características de los fluidos. fluidos. Según las características de los fluidos con los que operan los equipos, se clasificarán: Grupo 1.1: Fluidos inflamables en forma de vapores, líquidos, gases y sus mezclas, a temperatura máxima de servicio. Grupo 1.2: Otros fluidos peligrosos incluidos en el grupo 1 del artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y que no se clasifiquen en el grupo anterior. Grupo 2.1: Gases no peligrosos incluidos en el grupo 2 del artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo (vapor de agua, gases inertes, inocu inocuos, os, aire, ...). ...) .

Grupo 2.2: Otros fluidos no peligrosos que no se clasifiquen en el grupo anterior. 3. Clases de equipos. equipos. Mediante la combinación del potencial de riesgo y de las características de los fluidos, los recipientes de la presente ITC se clasificarán:

9.4.2. 9.4.2. Puesta Puesta en servicio de la instalación in stalación Requerirán proyecto de instalación, las que incluyan recipientes a presión de las Clases 1 o 2 de acuerdo a la tabla anterior. En el art. 4.1 de la ITC-EP-3 se detalla el contenido mínimo que debe incluir el proyecto. Por tanto, las instalaciones que no incluyan recipientes a prensión de las Clases 1 o 2, no requieren proyecto de instalación, y se tramitarán según lo indicado en el apartado 3 del anexo II del Reglamento de Equipos a Presión, según el cual, además de la memoria técnica de la empresa instaladora, se acompañará la siguiente documentación: a) b) c)

d) e) f)

Certificado de instalación instalación suscrito tanto por empresa empresa instaladora instaladora de equipos equipos a presión habilitada como por su responsable técnico. Declaraciones de conformidad conformidad de los equipos equipos a presión o conju conjuntos. ntos. En caso de equipos equipos a presión transportables tra nsportables que se utilicen utilicen de forma permanente en una instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado a que se hace referencia en el Real Decreto 222/2001. En caso de aparatos aparat os usados, usados, se acompañará acompañará el acta de inspección inspección periódica de Nivel C. Si los aparatos aparat os carecen carece n de marcado CE, podrán presentarse los certificados cert ificados de fabricación de acuerdo con reglamentación en vigor en el momento de su fabricación. Esquema Esquema de principio principio de la instalación, instalación, firmado por la la empresa instaladora instaladora de

equipos a presión, en el que se indiquen los parámetros principales de funcionamiento (presión, temperatura,...) y un plano o croquis de la instalación. Las instalaciones de todos los equipos incluidos en la presente ITC serán realizadas por empresas de la categoría EIP-2, prevista en el anexo I del Reglamento de Equipos a Presión. Antes de la puesta en servicio, será necesaria la acreditación previa de las condiciones de seguridad de la instalación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

9.4.3. 9.4.3. Mantenimiento de la instalación inst alación Según el artículo 8 de la ITC-EP-3, el usuario deberá realizar un mantenimiento que garantice la disponibilidad y fiabilidad de todos los elementos de las instalaciones incluidas en la presente ITC. Además, el usuario dispondrá de un Manual de inspección, que contendrá como mínimo la descripción de la organización, el número y calificación de las personas que deben intervenir y que constituyen el servicio de inspección propio, los procedimientos detallados de inspección y el programa de inspecciones, el cual deberá garantizar el cumplimien cumplimiento to de los plazos reglamentarios. reglamentarios. Además de las inspecciones periódicas indicadas en el Reglamento de Equipos a Presión y en la ITC-EP-3, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones. El usuario deberá aprovechar las paradas técnicas programadas (paradas generales de unidades para mantenimiento, cambio de catalizadores, condiciones de mercado, etc.) o provocadas por averías, para realizar inspecciones, comprobaciones o pruebas. El servicio de inspección del usuario mantendrá informada a la dirección de la planta del estado de los equipos o sistemas, debiendo recomendar la puesta fuera de servicio de aquellos en los que se haya detectado que la seguridad exigible no se cumple. Expresamente, el servicio de inspección no podrá depender ni de producción ni de mantenimiento. Además de las comprobaciones e inspecciones que expresamente se indican en la ITC-EP-3, deberán realizarse al menos los siguientes controles:

a) Control Control de la corrosión. corr osión. b) Control Control de la erosión. c) Controles Controles especiales, en función función de las caracterí caract erísticas sticas particulares que puedan presentar ciertos equipos o instalaciones.

Operaciones Oper aciones de mantenim mantenimien iento to en planta petroquímica pet roquímica

9.4.4. 9.4.4. Inspecciones Inspecciones periódicas oficiales oficial es Las inspecciones y pruebas a las que deben someterse los recipientes se realizarán atendiendo a la clasificación expresada en el artículo 3.3 de la presente ITC, por los agentes y con las periodicidades máximas siguientes:

Según el art. 2.4 de la ITC, son «Equipos especiales», los que correspondan a alguna de las siguientes características: a)

Los rellenos rellenos de catalizador o con recubrimiento recubrimiento interior interior frágil o higroscóp higroscópico, ico, tales como refractario, refract ario, vitrificado, vitrificado, ebonitado, ebonitado, esmaltado, etc. b) Los sometidos a temperatura temperat ura de servicio servicio menor menor o igual igual a 0 °C, en sistemas de fluidos no corrosivos.

c)

Los incluidos en instalaciones provisionales, tales como plantas piloto, laboratorios de investigación y control, etc. d) Los sometidos a vacío en los que pueda existir presión en condiciones excepcionales o se realicen pruebas de presión o estanquidad con valores superiores a 0,5 bar. Por lo que respecta a las tuberías que correspondan a unidades de proceso con diámetro superior a DN 50 y cuyo valor de PS.DN > 1.000 deberán ser inspeccionadas, al menos con el Nivel B, por los agentes y con las periodicidades máximas que se indican, no siendo obligatorio realizar la de Nivel C.

Excepcionalmente, las inspecciones de Nivel B y C de esferas o depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo se realizarán conjuntamente y tendrán una periodicidad máxima de diez años. A los efectos de lo indicado en las dos tablas anteriores, se entiende por «Inspector propio», el personal técnico competente designado por el usuario o contratado, con experiencia en la inspección de equipos a presión de refinerías o plantas petroquímicas. Además de las inspecciones periódicas, deberán realizarse cuantos controles, inspecciones o pruebas se consideren necesarios para garantizar la integridad de los equipos e instalaciones. Cuando en las inspecciones periódicas, así como en las inspecciones adicionales realizadas por el usuario, se descubran corrosiones o daños, se deberá seguir su evolución mediante las inspecciones del usuario en las paradas de las instalaciones para decidir, a la vista de la corrosión y del estado del aparato, si procede realizar una reparación.

Inspector propio


9.5. DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS 9.5.1. Normativa reguladora Como en los casos anteriores, la regulación la encontramos en el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias. La ITC complementaria es la ITC-EP-4 «depósitos criogénicos». Esta instrucción técnica complementaria se aplica a las condiciones de instalación y pruebas periódicas de los depósitos criogénicos y sus equipos, con volúmenes superiores a 1.000 litros de capacidad geométrica, destinados a almacenamiento y utilización de los gases criogénicos como por ejemplo: argón, nitrógeno, anhídrido

carbónico, helio, protóxido de nitrógeno N2O, criptón, neón, oxígeno, xenón, etano, etileno, hidrógeno y aire. Se incluyen así mismo, los elementos auxiliares de dichos depósitos como tuberías, válvulas, elementos de control, unidades de vaporiza- ción/gasificación internas o externas al depósito, equipos de refrigeración y equipos de puesta en presión. Se exceptúan de la aplicación de los preceptos de la presente ITC: a) Los elementos de transporte de estos productos (cisternas). b) Los botellones criogénicos para transporte y suministro. c) Los equipos de refinerías y plantas petroquímicas incluidos en la ITC- EP-3. A efectos de esta ITC, en particular, es importante destacar las definiciones siguientes: 1. «Depósito criogénico», conjunto formado por el recipiente, aislamiento, envolventes, soportes, tuberías, válvulas, manómetros, termómetros, niveles, etc., para almacenar líquidos criogénicos. 2. «Líquido criogénico», aquel cuya temperatura de ebullición a la presión atmosférica es inferior a -40 °C, en el caso del CO 2 inferior a -20 °C. 3. «Aislamiento», material que se coloca alrededor del recipiente interior y que reduce el flujo térmico del exterior al interior. Este aislamiento puede, o no, estar en cámaras de vacío. 4. «Envolvente», recubrimiento exterior que existe alrededor del aislamiento para protegerlo y contenerlo. 5. «Equipo de refrigeración», sistema mecánico que produce la refrigeración necesaria para compensar las ganancias de calor a través del aislamiento. 6. «Gas inerte», cualquier gas o mezcla de gases que a temperatura y presión normales (15 °C y 1,013 bar absolutos) no reacciona con otros productos. 7. «Gas oxidante o comburente», cualquier gas o mezcla de gases con oxipotencial superior al del aire. 8. «Propietario», es la persona, física o jurídica, con título de propiedad sobre la instalación. 9. «Utilizador del producto almacenado», es la persona, física o jurídica, que utiliza el producto almacenado. Además, y también a los efectos de la presente ITC, los depósitos criogénicos se clasifican teniendo en consideración los criterios siguientes: 1. Tamaño. En función de la capacidad geométrica total, expresada en litros, de cada

depósito criogénico (compuesto por uno a más recipientes), se clasificará en: a) b) c) d) e) f)

Depósitos de más de 1.000 a 5.000 litros. Depósitos de más de 5.000 a 20.000 litros. Depósitos de más de 20.000 a 60.000 litros. Depósitos de más de 60.000 a 200.000 litros. Depósitos de más de 200.000 a 400.000 litros. Depósitos de más de 400.000 litros.

2. Gas contenido. Según la peligrosidad y características del gas contenido, se establecen tres categorías: Grupo 1.1: Gases inflamables: Etano, etileno e hidrógeno. Grupo 1.2: Gases oxidantes o comburentes: Oxígeno y protóxido de nitrógeno. Grupo 2: Gases inertes: Argón, nitrógeno, aire, anhídrido carbónico, helio, criptón, neón y xenón.

Depósito criogénico de nitrógeno líquido

9.5.2. Puesta en servicio de la instalación Las instalaciones de depósitos criogénicos requerirán la presentación de un proyecto técnico ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

La puesta en servicio de las instalaciones se realizará de acuerdo con lo que se determina en el artículo 5 de Reglamento de Equipos a Presión, y se requerirá la siguiente documentación: a) Certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial. b) Certificado de instalación suscrito tanto por empresa instaladora de equipos a presión emitido y firmado por el técnico titulado competente de la misma. c) Declaraciones de conformidad de los equipos a presión o conjuntos. Previamente deberá realizarse una prueba de estanqueidad y de comprobación del sistema de seguridad con precintado de las válvulas de seguridad. Esta prueba podrá ser realizada por la empresa instaladora o por un organismo de control autorizado.

Unidades de vaporización en depósitos criogénicos

9.5.3. Mantenimiento de la instalación Las obligaciones señaladas en el artículo 9 del Reglamento de Equipos a Presión para los usuarios, entre las que se incluye el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año, corresponden, en los depósitos criogénicos incluidos en esta ITC, a los propietarios de los mismos. No obstante lo anterior, el propietario podrá delegar en el usuario del producto, las funciones de vigilancia y el buen uso de los depósitos criogénicos, mediante instrucciones escritas aceptadas por ambas partes.

9.5.4. Inspecciones periódicas oficiales

Las inspecciones oficiales se harán de conformidad con la Tabla I del anexo III del reglamento:

Inspeccionando un depósito criogénico


9.6. BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTÓNOMOS 9.6.1. Normativa reguladora De nuevo, la normativa reguladora es el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias. La instrucción técnica complementaria que regula estos equipos en concreto, es la ITC- EP-5 «botellas de equipos respiratorios autónomos». Esta instrucción técnica complementaria se aplica a las condiciones de seguridad de las instalaciones de recarga, así como a los requisitos y controles necesarios para el uso de las botellas para respiración autónoma en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie con un contenido de oxígeno inferior al 40 por ciento. A efectos de esta ITC, en particular, se tendrán en cuenta las definiciones siguientes: 1. «Botella de equipo de respiración autónomo», recipiente de fácil manejo, que

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

sirve para almacenar y transportar un fluido respirable, utilizado en actividades subacuáticas y en trabajos de superficie. «Centro de inspección de botellas», establecimiento con los elementos adecuados para realizar las inspecciones periódicas y/o visuales de las botellas y ha realizado el trámite de presentación de documentación establecido en los artículos 4 y 5 de esta instrucción técnica complementaria. «Compresor fijo», máquina de compresión situada en un emplazamiento fijo, que se utiliza para la carga de botellas con un fluido respirable. «Compresor portátil», máquina de compresión fácilmente transportable que, incluyendo los elementos de tratamiento del aire, de control y de seguridad, sirve para la recarga unitaria de botellas de aire comprimido para uso exclusivo de su propietario. «Centro de recarga de botellas», establecimiento que dispone de los medios adecuados para poder ejercer la actividad de recarga de las botellas y ha realizado el trámite de presentación de documentación establecido en el artículo 3 de esta instrucción técnica complementaria. «Inspección visual de botellas», conjunto de verificaciones para comprobar el estado de conservación de la botella y su válvula, evaluando la corrosión interna y el aspecto externo del recipiente. «Mezcla de gases respirables», mezcla distinta del aire atmosférico que puede ser respirada y que cumple los correspondientes requisitos sanitarios. «Zona de recarga», recinto cerrado donde se realiza la recarga de las botellas y donde se encuentra la rampa de carga y los latiguillos para conectar a las botellas. «Rampa de carga», colector receptor del fluido comprimido, incluyendo los correspondientes dispositivos de conexión para el llenado de las botellas, así como los elementos de control y de seguridad. «Válvula de botella», dispositivo que permite o interrumpe el paso del caudal de fluido desde o hacia la botella.

Equipo de respiración autónoma

9.6.2. Puesta en servicio de la instalación

Las condiciones de puesta en servicio de las instalaciones relacionadas con botellas de equipos de respiración autónoma se regulan en los artículos 3, 4 y 5, distinguiéndose entre “centro de recarga de botellas” (art. 3), “centro de inspección periódica de botellas” (art. 4) y “centro de inspección visual de botellas” (art. 5). Vamos a ver los requisitos para cada tipo de centro.

Centro de recarga de botellas: Antes de iniciar su actividad, los centros de recarga de botellas, deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, la siguiente documentación: a)

b)

c) d) e)

El proyecto de la instalación firmado por técnico titulado competente. No requerirán proyecto aquellas instalaciones de recarga de botellas en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión fijos que puedan ser conectados de forma simultánea en la instalación sea £ 25.000. En este caso, deberá presentarse una memoria técnica suscrita por la empresa instaladora. En caso de que se utilicen equipos que solamente requieran de conexión eléctrica para su funcionamiento, de acuerdo con el artículo 4.4 del Reglamento de Equipos a Presión, al no tener la consideración de instalación, la memoria podrá ser suscrita por el titular. Certificado de dirección técnica firmado por el técnico titulado competente de la empresa instaladora. En caso de instalaciones que no requieran proyecto, el certificado de instalación estará suscrito por la empresa instaladora de equipos a presión que la ha realizado. En los centros en los que la memoria, de acuerdo con el anterior párrafo a), pueda ser suscrita por el titular, por no ser considerada como instalación, no será necesaria la presentación del certificado de empresa instaladora. Manual de procedimiento de actuación para la recarga de botellas, indicando, en su caso, las actuaciones para la carga de botellas con presiones distintas a las de tarado de la rampa de carga. Certificado de inspección del centro de recarga emitido por un organismo de control, cuando haya sido establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Una declaración responsable en la que el titular del centro o el representante legal del mismo declare que cumple los requisitos que se exigen por esta ITCEP-05, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en esta ITC-EP-05.

Los centros de recarga de botellas deberán cumplir los siguientes requisitos: a)

Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. b) Tener al personal encargado del funcionamiento del centro, debidamente instruido en el manejo de la instalación y en los requisitos y comprobaciones a realizar para el llenado de las botellas. c) Disponer, para su presentación a requerimiento de la administración competente, de las declaraciones de conformidad «CE» de cada uno de los equipos a presión de la instalación. Los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases respirables, situados en industrias y actividades especializadas de producción, distribución y utilización de gases, se consideran habilitados para realizar la actividad de recarga de botellas. En este caso, deberán comunicar el inicio de la actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma, junto con el Manual de procedimiento de actuación para la recarga de botellas.

Instalaciones de centro de recarga de botellas

Centro de inspección periódica de botellas: Antes de iniciar su actividad, los centros de inspección periódica de botellas, deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, la siguiente documentación: a) Proyecto de instalación del centro de inspección. b) Certificado de dirección técnica firmado por el técnico titulado competente de la empresa. c) Copia de la huella del punzón con la contraseña de rechazo indicada en el anexo

d) e) f) g) h)

II de esta ITC. Identificación del punzón para el marcado que identifique a la empresa, que utilizará para colocar sobre las botellas que haya inspeccionado. Modelo de etiqueta adhesiva de inspección periódica. Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual. Libro registro, manual o por medios electrónicos, de las inspecciones que será diligenciado por el correspondiente órgano competente de la Comunidad Autónoma en que radique. Una declaración responsable en la que el titular del centro o el representante legal del mismo declare que cumple los requisitos que se exigen por esta ITCEP-05, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en esta ITC-EP-05.

Contrasena de rechazo a) Disponer del conjunto de herramientas, maquinaria y elementos necesarios para realizar las pruebas, controles e inspecciones, con indicación de la capacidad de inspección diaria del centro. b) Contar con un técnico titulado competente contratado que será el responsable del control de las botellas que se realice en el centro. c) Tener al personal encargado de las inspecciones, debidamente instruido y formado para efectuar las pruebas y controles en las botellas. d) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros. Los centros de inspección periódica de botellas estarán también habilitados para la realización de las inspecciones visuales de las botellas. Los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases respirables situados en industrias y actividades especializadas de producción, distribución y utilización de gases se consideran habilitados para realizar la actividad de inspección periódica y visual de botellas. En este caso, deberán comunicar el inicio de la

actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma, junto con la documentación exigida en la ITC y una declaración responsable.

Centro de inspección visual de botellas: Antes de iniciar su actividad, los centros de inspección visual de botellas, deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, la siguiente documentación: a) Memoria técnica suscrita por la empresa instaladora. La zona de las pruebas con presión deberá cumplir las mismas condiciones de emplazamiento que se indican en el artículo 12 para la recarga de botellas. En su caso, deberá presentarse un proyecto específico queacredite las condiciones especiales de protección indicadas en el artículo 12.a) de esta ITC. b) Certificado de instalación suscrito por la empresa instaladora que la ha realizado. En caso de necesitar proyecto específico para la zona de pruebas, deberá presentarse el certificado de dirección técnica del citado proyecto firmado por técnico titulado competente. c) Modelo de etiqueta adhesiva que el Centro de Inspección Visual pegará sobre la botella, una vez superada la inspección. d) Libro registro, manual o electrónico, de las inspecciones visuales, que será diligenciado por el correspondiente órgano competente de la Comunidad Autónoma. e) Una declaración responsable en la que el titular del centro o el representante legal del mismo declare que cumple los requisitos que se exigen por esta ITCEP-05, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en esta ITC-EP-05. Los centros de inspección visual de botellas deberán cumplir los siguientes requisitos: a)

Disponer como mínimo de los elementos de trabajo indicados para los centros de inspección periódica de botellas, en el artículo 4.7 de esta ITC, con excepción del equipo de pruebas hidráulicas y de la disponibilidad de técnico titulado competente. b) Tener al personal encargado de la inspección visual, debidamente instruido y formado para realizar las pruebas y controles en las botellas. c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional, con cobertura mínima por accidente de 500.000 euros.

Centro de inspecciones periódicas y visuales de botellas

9.6.3. Mantenimiento de la instalación En la ITC-EP-5 no se recoge ninguna indicación sobre el mantenimiento de las instalaciones recogidas en su ámbito de aplicación, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el art. 9 de reglamento, en el que enumeran las obligaciones de los usuarios, entre las que se incluye realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año; así como utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer de los requisitos de seguridad necesarios.

9.6.4. Inspecciones periódicas oficiales En este punto, diferenciaremos entre las inspecciones y pruebas que hay que efectuar a las propias botellas, y las que se hacen a los centros de recarga e inspección.

Inspección periódica de botellas: Con respecto a las botellas y sus válvulas, las mismas deberán someterse, cada tres años, a las pruebas y verificaciones de inspección periódica que se indican a continuación. Las pruebas y verificaciones a realizar incluirán: a) Identificación de la botella y control de marcas grabadas. b) Inspección visual exterior. c) Inspección visual interior.

d) Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior. e) Prueba hidráulica por expansión volumétrica. f) Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de acoplamiento con la de la botella. Si el resultado de la inspección periódica es positivo, el centro de inspección de botellas dejará constancia del mismo estampando sobre la botella las marcas que establece la norma de marcado UNE EN 1089-1. En el caso de botellas de materiales compuestos, se dejará constancia de la inspección periódica realizada por medio de una etiqueta adhesiva e indeleble situada sobre la botella. Una vez realizadas las pruebas y verificaciones de inspección periódica, el centro de inspección emitirá la correspondiente certificación, identificando la botella y dejando constancia de haber superado cada una de las pruebas y controles a que ha sido sometida. En el certificado se indicará que se ha grabado en la botella el período de vigencia y el punzón —contraseña de la entidad—. En el caso de botellas de materiales compuestos, la información antedicha se colocará en la etiqueta indicada en el punto anterior. Este documento, del que se entregará una copia al titular de la botella, debe guardarse una copia en el centro, como mínimo durante cinco años a contar desde la fecha de ejecución. Todas las inspecciones realizadas deberán anotarse en el Libro de Control de Inspecciones Periódicas. En caso de que la botella no cumpla con los requisitos necesarios para su utilización segura, se procederá a su rechazo. En caso de rechazo, el centro de inspección troquelará, al lado del número de identificación de la botella, el punzón contraseña de rechazo R. En el caso de las botellas no metálicas, se colocará una etiqueta legible e indeleble con la marca. En ambos casos, el centro comunicará al propietario de la botella que proceda a su inutilización inmediata, debiendo advertirle que antes de iniciar el proceso de destrucción debe asegurarse que la botella está completamente vacía.

Inspección visual de botellas: A partir del año siguiente a la realización de la primera prueba de presión estampada por el fabricante, las botellas deberán someterse anualmente a una inspección visual, debiendo realizarse las comprobaciones que se indican a continuación:

a) b) c) d) e)

Identificación de la botella y control de marcas grabadas. Inspección visual exterior. Inspección visual interior. Inspección del cuello de la botella y de la rosca interior. Inspección de la válvula, comprobándose la coincidencia de la rosca de acoplamiento con la de la botella.

La entidad que realice estas inspecciones dejará constancia de la misma sobre la botella mediante una etiqueta adhesiva. Todas las inspecciones realizadas deberán anotarse en el Libro de Control de Inspecciones Visuales. El centro de recarga, previamente al llenado, deberá realizar las comprobaciones siguientes: Identificación de la botella y control de marcas. a)

Comprobación de que se encuentran dentro del período de validez de la inspección periódica y de la inspección visual. b) Comprobación del estado externo de la botella y de la válvula. En el caso de que una botella no cumpla con los requisitos establecidos en la presente ITC, no se podrá realizar la recarga.

Inspección periódica de los centros de recarga y centros de inspección: Los centros de recarga de botellas y los centros de inspección, deberán someterse a una inspección periódica cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en marcha servicio de la instalación, en la que se comprobará que se cumplen las condiciones reglamentarias de la presente ITC y que no se han modificado las condiciones de emplazamiento. La inspección periódica será realizada por un organismo de control. Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular del centro de recarga o de inspección revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora habilitada, el correcto funcionamiento de todos los elemento de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, válvulas de purga, etc.). Del resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de diez años.


9.7. RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES 9.7.1. Normativa reguladora La normativa reguladora es el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias. La instrucción técnica complementaria que regula estos equipos en concreto, es la ITC-EP-6 «recipientes a presión transportables».

La presente instrucción técnica complementaria se aplica a las condiciones de utilización y a los centros de recarga de los recipientes a presión transportables para usos industriales, alimentarios y medicinales, tales como botellas, botellones, botellones criogénicos, cilindros o bloques de botellas incluidas sus válvulas y demás accesorios utilizados para su transporte. Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en la presente ITC: a) Los cartuchos de GLP. b) Los extintores, que se regirán por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. c) Las botellas de equipos respiratorios autónomos incluidas en la ITC- EP-5. A los efectos de esta ITC, es necesario conocer las siguientes definiciones: 1. «Recipiente a presión transportable», término genérico para designar una botella, botellón, botellón criogénico, cilindro o un bloque de botellas. 2. «Botella», recipiente a presión transportable con capacidad no superior a 150 litros. 3. «Bidón a presión o botellón», recipiente a presión transportable soldado con capacidad superior a 150 y menor de 1.000 litros. 4. «Botellón o recipiente criogénico», recipiente a presión transportable aislado térmicamente para el transporte de gases licuados refrigerados cuya capacidad no exceda de 1.000 litros. 5. «Cilindro o tubo», recipiente a presión transportable sin soldadura con capacidad superior a 150 y no superior a 3.000 litros. 6. «Bloque de botellas», conjunto de botellas unidas entre sí, conectadas mediante una tubería colectora y transportadas como un conjunto indi- sociable, con capacidad no superior a 3.000 litros, o en caso de gases tóxicos de 1.000 litros. 7. «Centro de recarga de gases», establecimiento que dispone de los medios adecuados para poder ejercer la actividad de carga de recipientes de gases. 8. «Zona de recarga», espacio donde se realiza la recarga de los recipiente a presión transportable y donde se encuentra la rampa de carga y los latiguillos de conexión.

Bloques de botellas

9.7.2. Puesta en servicio de la instalación Antes de iniciar su actividad, los establecimientos que pretendan realizar la actividad de recarga de los recipientes a presión transportables incluidos en la presente instrucción técnica complementaria, deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación, la siguiente documentación: a) Proyecto de la instalación firmado por técnico titulado. b) El certificado de instalación suscrito por el técnico titulado competente de la empresa instaladora. Este certificado será considerado como de dirección técnica. c) Manual de procedimientos de actuación para la recarga de los recipientes. d) Certificado de inspección emitido por un organismo de control autorizado. e) Una declaración responsable en la que el titular del centro o el representante legal del mismo declare que cumple los requisitos que se exigen por esta ITCEP-06, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de los trabajos se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en esta ITC-EP-06.

Centro de recarga de gases Los centros de recarga de gases deberán cumplir los siguientes requisitos: a)

Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio con cobertura mínima por accidente de 500.0 euros.

b) Disponer de las declaraciones de conformidad «CE» de cada uno de los equipos a presión de la instalación.

9.7.3. Mantenimiento de la instalación En la ITC-EP-6 tampoco se incluye ninguna indicación sobre el mantenimiento de las instalaciones recogidas en su ámbito de aplicación, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el art. 9 de reglamento, en el que enumeran las obligaciones de los usuarios, entre las que se incluye realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año; así como utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer de los requisitos de seguridad necesarios.

9.7.4. Inspecciones periódicas oficiales Los centros de recarga deberán someterse cada cinco años, a partir de la fecha de puesta en marcha servicio de la instalación, a una inspección periódica en la que

se comprobará que se cumplen las condiciones reglamentarias de la presente ITC y que no se han modificado las condiciones de emplazamiento. La inspección periódica será realizada por un organismo de control. Además de las inspecciones indicadas en el apartado anterior, el titular de la instalación revisará o hará que se revise anualmente por empresa instaladora habilitada, el correcto funcionamiento de todos los elementos de control y seguridad de la instalación (válvulas de seguridad, manómetros, presostatos, reguladores de presión, etc.). Del resultado de las revisiones y comprobaciones se dejará constancia escrita mediante un informe, que se conservará a disposición de la autoridad competente durante un período de diez años. En cuanto a la inspección periódica de los recipientes a presión transportables sujetos a lo dispuesta en la presente ITC, se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo.


9.8. TUBERÍAS Y CONDUCCIONES Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia, con todos sus equipos anejos están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de Equipos a Presión, según su artículo 1.2. En el anexo I del reglamento, se recoge la necesidad de proyecto para aquellas

tuberías de las categorías II y III de las referidas en el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. En la Tabla 3 del anexo III del reglamento, se indican las inspecciones periódicas a deben someterse las tuberías.

9.9. EMPRESAS INSTALADORAS Y/O REPARADORAS HABILITADAS Habilitación de empresas instaladoras y/o reparadoras de equipos a presión. Antes de comenzar sus actividades como empresas instaladoras de equipos a presión, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare que cumple los requisitos que se exigen por el Reglamento de Equipos a Presión y por las correspondientes ITC, que dispone de la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en las respectivas res pectivas instrucciones instrucciones técnicas t écnicas complementarias. complementarias. Todo el procedimiento de habilitación como empresa instaladora y/o reparadora, se recoge en detalle en el Capítulo 1. Como particularidades de las empresas que deseen habilitarse como empresas instaladoras y/o reparadoras de equipos a presión, deberán incluir en su declaración responsable los siguientes datos: a)

Indicación, Indicación, en su caso, de la disponibilidad disponibilidad de acreditaciones acredit aciones de la empresa (sistema de calidad, autorizaciones de fabricantes, etc.). b) Indicación Indicac ión de la marca del punzón punzón o tenaza para par a el precintado prec intado de válvulas válvulas de seguridad.

Las empresas instaladoras y/o reparadoras estarán obligadas a realizar las instalaciones, reparaciones o inspecciones periódicas de acuerdo con el Reglamento de Equipos a Presión, emitiendo las correspondientes certificaciones. Deberán también disponer del correspondiente libro o registro, manual o por medios electrónicos, en donde se anoten las actuaciones realizadas, indicando al menos: Fecha de actuación. actuación. Usuario. Tipo de actuación. Identificación o características de equipo o instalación.

Empresas instaladoras Las empresas instaladoras de equipos a presión se clasificarán en dos categorías:

Categoría EIP-1: Con capacidad para realizar instalaciones que no requieran proyecto. Las empresas instaladoras de la categoría EIP-1 cumplirán lo siguiente: a) Disponer Disponer de la documen documentación tación que que identifique identifique a la la empresa instaladora instaladora,, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. b) Disponer Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones condiciones de seguridad. c) Contar Contar con personal contratado contratad o que realice su actividad en condiciones condiciones de seguridad. Tanto los responsables de la empresa como el personal en plantilla que realiza las instalaciones deberán conocer el Reglamento de Equipos a Presión y sus s us instr instruccion ucciones es técnicas t écnicas complementarias. complementarias. d) Disponer Disponer de las acreditaciones acredita ciones del personal para la la realización realización de union uniones es permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación. e) Haber suscrito suscrito un un seguro de responsabilidad civil civil profesional prof esional u otra otr a garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio de al menos 300.000 euros por siniestro.

Categoría EIP-2: Con capacidad para realizar instalaciones con equipos a presión que requieran proyecto, así como las indicadas para la categoría EIP-1. Las empresas instaladoras de la categoría EIP-2 cumplirán lo siguiente:

a) Disponer Disponer de la documen documentación tación que que identifique identifique a la la empresa instaladora instaladora,, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente. b) Disponer Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones condiciones de seguridad. c) Contar Contar con personal contratado contratad o que realice su actividad en condiciones condiciones de seguridad, con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico. Tanto los responsables de la empresa como el personal en plantilla que realiza las instalaciones deberán conocer el Reglamento de Equipos a Presión Pres ión y sus instrucciones instrucciones técnicas t écnicas complementarias. complementarias. d) Disponer Disponer de las acreditaciones acredita ciones del personal para la la realización realización de union uniones es permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación. e) Haber suscrito suscrito un un seguro de responsabilidad civil civil profesional prof esional u otra otr a garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio de al menos 600.000 euros por siniestro.

Empresas reparadoras Las empresas reparadoras deberán cumplir los requisitos establecidos en el punto 1.9 del anexo I del Reglamento de Equipos a Presión para la categoría EIP-2 y se identificarán con las siglas ERP-2. No obstante lo anterior, para los equipos a presión de hasta categoría I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dicha categoría de acuerdo con el artículo 3.2 o la disposición adicional primera, las empresas reparadoras deberán cumplir los requisitos establecidos para las empresas instaladoras de la categoría EIP-1. Estas empresas se identificarán con las siglas ERP-1.

CAPÍTULO 10. INSTALA INSTALACIONES CIONES DE PROT PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

10.1. 10.1 . INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓN N Un incendio es un suceso peligroso que puede producirse en cualquier ámbito: empresa, industria, hogar, y en todos ellos debería disponerse de medidas de prevención y control, pero, en el caso de las empresas es, además, obligatorio por normativa legal: los trabajadores están expuestos a los riesgos derivados de un posible incendio y deben ser protegidos. Los factores de riesgo de incendio en empresas o industrias están asociados a distintas causas, que van desde una manipulación inadecuada de máquinas, materiales, sustancias o productos, hasta factores de tipo técnico, referidos a instalaciones eléctricas defectuosas, mantenim mantenimien ientos tos no realizados, etc. Existen estadísticas que afirman que el 90% de los incendios industriales son causados por 11 fuentes de ignición:

Incendios eléctricos, 19% Roces y fricciones, 14% Fumar, uso de fósforos, 8% Ignición espontánea, espontánea, 7% Superficies calientes, 7% Chispas de combustión, 6% Llamas abiertas, 5% Soldadura y corte, 4% Materiales recalentados, recalentados, 3% Electricidad Electricidad estática, estát ica, 2% La prevención y control de los incendios empieza en la propia fase de diseño de las empresas, en la que se deben tener en cuenta los requisitos legales exigidos a las instalaciones para prevenir la aparición de incendios y para conseguir su extinción

rápida y eficaz, en caso de que se produzcan, y continúa con un adecuado mantenimiento de dichas instalaciones, que deben someterse a una serie de revisiones y controles periódicos establecidos en la normativa legal, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación sobre Prevención de Riesgos Laborales y otras normas específicas del ámbito industrial, en relación con las medidas de emergencia y planes de autoprotección.

En este capítulo vamos a desarrollar la normativa de seguridad industrial que regula la seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (principalmente el Real Decreto 2267/2004), así como aquella que regula la seguridad en otros ámbitos de trabajo que no son el industrial (Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación).

10.2. NORMATIVA REGULADORA La normativa legal nacional que regula las instalaciones de protección contra incendios es, principalmente, la siguiente:

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Protección Contra Incendios. Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y se revisa el

anexo I y los apéndices del mismo. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra Incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios.

10.3. PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS En la puesta en servicio de instalaciones de protección contra incendios vamos a contemplar dos supuestos que podemos encontrar dentro del ámbito laboral, objeto del presente libro: Establecimientos de uso industrial Establecimientos de uso no industrial

10.3.1. Establecimientos de uso industrial Se entenderán como tales, según el artículo 2 del RD 2267/2004: a)

Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de La Ley 21/1992, de Industria, es decir, los establecimientos dedicados a actividades “dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados”.

b) Los almacenamientos industriales, y también los que no sean industriales cuando su carga de fuego total, calculada según el anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ).

c)

Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías.

d)

Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. e) Industrias existentes antes de la entrada en vigor del RD 2204/2004, cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente. No se considerarán como establecimientos industriales regulados por el RD 2267/2004: Las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, de extracción de minerales, actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares. Las actividades industriales, talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, calculada de acuerdo con el anexo I del Real Decreto, no supere 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2), siempre que su superficie útil sea inferior o igual a 60 m2, excepto en lo recogido en los apartados 8 y 16 del anexo III.

a) Proyectos de construcción e implantación Los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o

modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o se reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma requerirán la presentación de un proyecto, firmado por técnico titulado competente, ante los servicios en materia de industria de la Comunidad Autónoma, que podrá estar integrado en el proyecto general de obra, o ser específico; y que deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento de este reglamento (art. 4 del RD), que supone cumplir asimismo con lo exigido por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la orden de 16 de abril de 1998 que lo desarrolla. Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica, firmada también por técnico competente, en los siguientes casos: Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m2. Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y superficie útil igual o inferior a 60 m2. Reformas que, según lo recogido en la disposición transitoria única, no requieren la aplicación del RD.

b) Puesta en marcha del establecimiento industrial El titular de la instalación deberá presentar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de industria, un certificado, emitido por un técnico titulado competente, en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, para registrar la referida instalación. En dicho certificado deberá figurar el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, el número de sectores, y el riesgo intrínseco de cada uno de ellos, así como las características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II del Real Decreto 2267/2004. Además, presentará un certificado de la/s empresa/s instaladora/s habilitada/s, firmado por el técnico/s titulado/s competente, de que todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios, así como el diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de dichas instalaciones cumplen lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre), y en la Orden de 16 de abril de 1998 que lo desarrolla.

Una vez presentados ambos certificados el establecimiento industrial podrá ponerse en funcionamiento (NÓTESE EN ESTE CASO QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS-RD 2267/2004CONDICIONA LA PUESTA EN MARCHA, NO SOLO DE LA PROPIA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS, SINO DE TODO EL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL).

10.3.2. Establecimientos de uso NO industrial Se entenderán como tales todos los establecimientos no incluidos en la definición de establecimiento industrial que hemos recogido en el apartado anterior, y a los mismos se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, que aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), en lugar de lo indicado en el Real Decreto 2267/2004. Es preciso destacar que, además del supuesto general, pueden darse DOS casos particulares: a)

Establecimiento industrial, de un solo titular, en el que coexistan con la zona dedicada a uso industrial otras dedicadas a otros usos para los que sea de aplicación el Código Técnico de Edificación Seguridad en caso de incendio (CTE-SI), o una normativa equivalente. Los requisitos que deben satisfacer las zonas de uso no industrial serán los exigidos por dicho CTE-SI o normativa equivalente, cuando se superen los límites indicados a continuación:

Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2. Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2.

Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas. Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2. Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. Estas zonas deberán, además, constituir un sector de incendios independiente, es decir, al que se acceda desde el espacio exterior seguro, o a través de un vestíbulo independiente. En el caso de no superarse los límites anteriores, hay que entender, de lo dicho por la normativa, que estas zonas se consideraran como zona industrial y, por tanto, no se establecerán distinciones, aplicándose en todo el establecimiento el RD 2267/2004. b)

Edificio compartido por más de un titular , en el que unos sean propietarios de zonas con uso industrial , y otros sean propietarios de zonas dedicadas a otros usos. En estas últimas serán requisitos exigidos por el CTE-SI o normativa equivalente. Por último, indicar que el CTE será de aplicación a: Las obras de edificación de nueva construcción, públicas y privadas, cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y escasa entidad constructiva, que, de forma eventual o permanente, no tengan carácter residencial o público, y que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. Intervenciones en los edificios existentes.

A) Proyectos de construcción Una vez definido lo que se considera edificio, establecimiento, o zona de uso NO industrial, hay que señalar que, como norma general, la construcción de cualquiera de ellos, ya sea obra nueva (pública o privada), o intervenciones en edificios existentes, requerirá la presentación de un proyecto, redactado por técnico competente, con el contenido establecido por el anexo I del Código Técnico de la Edificación (CTE). El proyecto recogerá, entre otras, las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) establecidas por el artículo 11 del CTI, y su correlativo Documento Básico DB-SI. El proyecto podrá sustituirse por una memoria técnica (art. 2 del CTI), cuando se trate de intervenciones en edificios ya existentes. Esta memoria también deberá recoger las exigencias básicas de

seguridad en caso de incendio del CTI. Solo se señala una excepción a la aplicación del CTI, y es en aquellas construcciones de sencillez técnica y escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas (art. 2 del CTI).

B) Puesta en servicio del establecimiento NO industrial El técnico facultativo, director de la ejecución de la obra, deberá emitir, a la finalización de la misma, un certificado de final de obra en el que certifique, entre otras cosas, que la edificación ha sido realizada de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose la misma dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Esto supone, lógicamente, que con este certificado el Director de la ejecución de la obra está certificando también, aunque no lo señale de modo explícito, que la misma cumple con los requisitos exigidos por el Código Técnico de la Edificación, requisitos de seguridad contra incendios (CTE-SI). Este certificado quedará en poder del titular. Asimismo, el titular del edificio, establecimiento o zona de uso NO industrial deberá presentar ante el órgano competente de industria de la Comunidad Autónoma, un certificado de la/s empresa/s instaladora/s habilitada/s, firmado por el técnico/s titulado/s competente, de que todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios, así como el diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de las propias instalaciones, cumplen con lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre), y en la Orden de 16 de abril de 1998 que lo desarrolla.

10.4. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN: REVISIONES PERIÓDICAS El artículo 19 del Real 1942/1993 dispone que los aparatos, equipos y sistemas (y sus componentes) de protección contra incendios, se someterán a diversas revisiones de conservación, las cuales podrán ser realizadas, según los casos, por personal propio del usuario o titular de la instalación, por el fabricante, o por una empresa instaladora o mantenedora. A continuación recogemos en dos tablas (establecidas por el apéndice II del citado RD) los distintos tipos de revisiones y quienes pueden realizarlas:

A)

Operaciones de mantenimiento a realizar por personal propio o por

empresa mantenedora

B)

Operaciones a realizar por el fabricante, empresa instaladora y/o mantenedora autorizada, o el propio usuario o titular si ha adquirido la condición de mantenedor

Las actas de estas revisiones, firmadas por el técnico que ha procedido a las mismas, deberán estar a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma al menos durante cinco años. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y las sustituciones de elementos defectuosos que se hayan realizado.

10.5. RESUMEN ESQUEMÁTICO DE LAS

OBLIGACIONES PARA EL EMPRESARIO

10.6. EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS HABILITADAS El artículo 10 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, establece, como ya hemos visto, que la instalación de aparatos, equipos y sistemas (y sus componentes) empleados en la protección contra incendios deberá ser realizada, con excepción de los extintores portátiles, por empresas instaladoras debidamente habilitadas. Asimismo, el artículo 13 del citado Real Decreto dispone que el mantenimiento y reparación de los citados aparatos, equipos y sistemas (y sus componentes), debe ser realizado por empresas mantenedoras debidamente habilitadas.

10.6.1. Habilitación de empresas instaladoras y de empresas mantenedoras El procedimiento establecido por el Real Decreto 1942/1993 para la habilitación

de dichas empresas es el común que hemos visto en el apartado 1.7 del Capítulo 1, con las siguientes particularidades: El reglamento de aplicación que corresponde en este caso, y al que se deberá hacer referencia en la Declaración Responsable del titular o del representante legal de la empresa es el aprobado por el citado Real Decreto 1942/1993, sus apéndices y sus órdenes de desarrollo (no existen en este caso ITC complementarias). La Declaración Responsable deberá incluir la relación de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios para cuya instalación o mantenimiento está habilitada la empresa. Las empresas instaladoras y las empresas mantenedoras deberán disponer de la documentación, medios técnicos, medios humanos y seguro de Responsabilidad Civil indicados en el Capítulo 1.

10.6.2. Obligaciones de las empresas instaladoras y/o mantenedoras El artículo 12 del Real Decreto 1942/1993 dispone que las empresas instaladoras tendrán las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en el apéndice 1 de este reglamento, relacionadas con la instalación y montaje de equipos, aparatos y sistemas de protección contra incendios, absteniéndose de instalar equipos, aparatos u otros componentes de los sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que le son aplicables. En estos casos deberán poner los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos, y no reanudarán los trabajos hasta que no sean corregidas las deficiencias advertidas. Una vez concluida la instalación, la empresa instaladora facilitará al comprador o usuario de la misma la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalación, necesarias para su buen uso y conservación. Por su parte, el artículo 15 del Real Decreto 1942/1993 establece, por último, que las empresas mantenedoras adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado: a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los plazos reglamentarios, utilizando recambios y piezas originales. b) Facilitar personal competente y suficiente cuando sea requerido para corregir las deficiencias o averías que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento tiene encomendado. c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no

ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente. d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que realicen, sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará al titular de los aparatos, equipos o sistemas. e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas.

10.6.3. Habilitación de usuarios como empresas mantenedoras El artículo 16 del Real Decreto 1942/1993 dispone que el usuario de aparatos, equipos o sistemas, que disponga de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de protección contra incendios podrá adquirir la condición de mantenedor de las mismas presentando la declaración responsable ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

BIBLIOGRAFÍA. REPERTORIO LEGISLATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Capítulo 1. La Reglamentación de Seguridad Industrial: Origen y Situación Actual 1. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 2. RD 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 3. El Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 339/93. 4. La Decisión no 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos.

Capítulo 2. Instalaciones Eléctricas 1. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT-01 a BT-51. 2. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT-01 a 23. 3. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCLAT-01 a 09. 4. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.

Capítulo 3. Aparatos Elevadores 1. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1 “Ascensores”.

Capítulo 4. Productos Químicos Peligrosos y Residuos Peligrosos 1. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-APQ-9 “Almacenamiento de peróxidos orgánicos”. Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y modificaciones posteriores (OM PRE/2317/2002, de 16 de septiembre; el Real Decreto 99/2003, de 24 de enero; el RD 255/2003, de 28 de febrero; el RD 1802/2008, de 3 de noviembre; la Ley 8/2010, de 31 de marzo y el RD 717/2010, de 28 de mayo). Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y modificaciones posteriores (OM PRE/164/2007, de 29 de enero; el Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre; la Ley 8/2010, de 31 de marzo; el Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, y la Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre). Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan lasDirectivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006. Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-8 de Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno. Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, según última redacción dada por el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio. Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Capítulo 5. Instalaciones Petrolíferas 1. Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y sus Instrucciones Técnica Complementarias MI-IP-01 «refinerías» y MI-IP-02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos». 2. Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 «Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación». 3. Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04 «Instalaciones para suministro a vehículos». 4. Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos».

Capítulo 6. Combustibles Gaseosos 1. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 2. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 3. Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria. 4. Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

Capítulo 7. Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 1. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Capítulo 8. Instalaciones Frigoríficas 1. Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de Seguridad para InstalacionesFrigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 2. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Capítulo 9. Equipos a Presión 1. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-EP-1 «Calderas», ITC-EP-2 «Centrales generadoras de energía eléctrica», ITC-EP-3 «Refinerías y plantas petroquímicas», ITC-EP-4 «Depósitos criogénicos», ITC-EP-5 «Botellas de equipos respiratorios

autónomos» y la ITC-EP-6 «Recipientes a presión transportables». 2. Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 3. Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión.

Capítulo 10. Instalaciones de Protección Contra Incendios 1. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Protección Contra Incendios. 2. Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Protección Contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 3. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 4. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 5. Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios.1.Tanques de capacidad no superior a 10 m3 cada cinco años, coincidiendo con la prueba periódica.

OTROS TÍTULOS DE INTERÉS Casos prácticos para la prevención de riesgos laborales. 3 ª ed. Control del estrés laboral El coordinador de seguridad y salud. 3ª ed. El recurso preventivo Escuela de espalda Guía para la integración de los sistemas de gestión. 2ª ed. Implantación de sistemas de gestión de la seguridad vial. La norma ISO 39001 Inspecciones de seguridad y observaciones del trabajo Manejo de cargas. 2ª ed. Manual de primeros auxilios en el trabajo Manual de seguridad vial laboral Manual para la prevención de riesgos laborales en las oficinas. 2ª ed. Manual práctico para la prevención de riesgos emergentes Perito judicial en prevención de riesgos laborales. 2 ª ed. Seguridad en el trabajo. 3ª ed. Seguridad en máquinas

Seguridad Industrial - Antonio Enriquez Palomino Jose

Recommend Documents