Przeworski Adam_Igualdad_Que Esperar de La Democracia

■ ■ Bi bl i ote teca

Qué esperar de la democracia Límites y posibilidades del autogobierno

 Ad  A d am Przew Pr zewo o rs ki

v y y i sigl siglo o veintiuno  / S i \ l edito ed itores res

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Przeworski, Adam Q ué es pe rar de la dem ocracia: límites límites y posibilidades posibilidades del autogobierno . - 15 ed . - Bu enos Aires: Aires: Siglo Siglo V eintiuno Ed itores, 201 2010. 0. 288 p.; p.; 21x14 cm. - (Derec ho y Política Política / dirigida po r Ro berto G argare lla y Paola Bergallo) Bergallo) T radu cido por: Stella Stella M astrang astrangelo elo ISBN 978-987-629-140 978-987-629-140-8 -8 1. Ide olog ías Políticas Políticas.. 2. 2. D em ocracia. I. Stella M astrange lo, trad. II. Título CDD 320.5

 Democracy a n d the L imits im its o f Self-Gover Self-G overnmen nment  t  Título original:  Democracy © 2 0 1 0 , Press Press o f the Universi University ty of Cam bridge © 2 0 1 0 , Siglo Siglo V eintiun o E ditores S. A. ISBN

97 8 - 9 8 7 - 62 9 - 140-8

Im preso en G rafinor / / Lam adrid 1576 1576,, Vill Villaa Ballest Ballester er en el mes de septiembre de 2 0 1 0 H ech o el depósito que m arca la ley 1 1 . 7 2 3 Impreso en A rgentina rgentina / / Made in in A rgent rgentin inaa

 A Joanne Joa nne,, largamente lar gamente demorado.

3. Igualdad

INTRODUCCIÓN

Para que u n a co m unida d se go bierne a sí misma, es ne cesario qu e todos sus miem bros p u ed an ejercer idéntica influen cia en sus decisiones. N ingú n individúo o g rup o p u ed e ser favore cido en razón de sus características particulares. Esta condición no es tan obvia como podría parecer.57 Nótese, ante todo, que la definición de igualdad no supone el deber de  particip ar. En cam bio , sí requiere que (1) to dos los m iem bros ten gan efectivam ente la mism a op or tun ida d de participar y (2) si par ticipan, sus preferen cias tenga n todas igual peso. T ene r “op ortun i dad efectivamente igual” no es lo mismo que tener “derecho a”. Estoy cansado d el lenguaje d e los derechos: un a op ortu nida d efec tivamente igual implica no sólo derechos sino también condicio nes, algunas con dicio ne s m ateriales e intelectuales mínimas, “sala rio decente y lectura”. E incluso si todos tienen esas condiciones m ínimas, es posible qu e las con dicion es individuales sean desigua les. Po r lo tanto , pa ra q ue la influen cia política sea idéntica en un a sociedad desigual, es necesario que la desigualad de condiciones no pu eda transform arse en desigualdad de influencia. Definida de este modo, la igualdad no equivale a anonimato.58 A non im ato significa solamen te q ue los ciudadanos democráticos

57 Agradezco a Jo shu a C ohé n po r ha berm e impulsado a aclarar más este  p un to . 58 Com o h em os visto, la teor ía de la elección social trata igualdad y an on im ato , y a veces tam bié n “sim etría”, com o equivalentes. May

no se distinguen en cuanto ciudadanos por ninguna caracterís tica, incluyendo aquellas que los revelan como desiguales. Se  puede decir “u n h o m b re rico ” o “u n h o m b re a p u esto ”, p ero n o un ciudadano rico o a pue sto. Las cualidades individuales que dan en la pu erta de la po lítica dem ocrática; pa ra la calidad de ciuda dano, todas so n irrelevantes. Pero eso sólo significa p o n er u n velo sobre la de sigu aldad qu e existe en la sociedad. Los ciudadanos democráticos no son iguales, son solamente anónimos. A pesar de su pedigrí igualitario, la democracia nó  puede caracteriz arse p o r la ig ualdad, y n o se caracteriza p o r ella. Incluso el ún ico se ntido en el qu e se pu ed e d ecir qu e la igualdad es el rasgo pre do m inan te d e la dem ocracia -igu alda d ante la leyderiva del an on im ato: la ley tiene qu e tratar a todo s los ciud ada  nos igual p o rq u e éstos son imp osibles de distinguir. Adem ás, in cluso la n o rm a d el anon im ato se pasaba po r alto en los primeros sistemas representativos m edian te un a elabo rada co nstrucc ión in telectual qu e justificaba las restricciones d el sufragio. L a a rgu m en  tación sostenía que el pap el de los repr esen tan tes es pro m ov er el  bien d e to dos, p e ro la capacid ad in telectual d e reco n o ce r el bien com ún y las cualidades mo rales necesarias p ara b uscarlo no son universales. Esas características se pueden reconocer mediante el uso de algun os indicadores, com o la riqueza, la ed ad o el género. Por lo tanto, co nfiar e n ellos pa ra res tringir el sufragio n o viola las normas democráticas. La lógica del argumento es inobjetable,  pero los supuesto s son cuestio nables y, de hech o, h an sido cuestio  nados. Igno rar las distinciones no es anularlas. La dem ocracia fue u n a revolución política, no económica. Y a pesar de las expectativas

llama a esta condic ión “sim etría” y la define co m o sigue: “La seg und a con dición es que cada individuo sea tratado igual en lo que se refiere a su influencia en el res ultad of...]. Esta con dición bien p od ría llamarse an on im ato[...]. U na etiqueta más com ún es igualdad” (1952,  p. 6S1; el resaltado está en el orig in al). Rae (1969, p. 42, ft. 8 ) dice c¡ue anonimato e igualdad están “estrechamente relacionados”, y en otro artículo también se refiere a esta condición como “simetría” (Rae, 1975, p. 1271). Dahl (1989, p. 139) considera el anonimato com o equivalente a la igualdad.

casi universales -tem ore s para unos y esperanzas para otro s-, re  sultó ser c om patible con grados variables, y en ocasiones gran des, de desigualdad económica. Funciona en sistemas económicos en los que la mayoría de los recursos son distribuidos po r los merca  dos, y los m ercados (re)generan desigualdad perpe tuam ente. N o hay ningún sistema político, incluyendo la democracia, capaz de gen erar y m ante ner u na igualdad perfecta en el terren o socioeco nómico. Sencillamente, es difícil redistribuir ingresos. En reali dad, todo el lenguaje político de “redistribución” es anacrónico, evoca los tiem pos an tiguos en los qu e el activo productivo más im  p o rta n te era la ti err a. La ti erra es divisible y puede ser explota da  p o r unidades fam iliares. Pero no hay n ingún otr o insum o p ro du c tivo que se pueda redistribuir con la misma facilidad. En conse cuencia, es posible que haya barreras simplemente tecnológicas  p ara la ig uald ad econ óm ic a. Y co m o ning ún sistem a p olítico es ca  pa z de supera rla s, no debem os culpar a la dem ocra cia p o r n o lo grar lo que ning ún sistema de instituciones políticas pu ed e lograr. Sin embargo, la desigualdad económica tiene maneras de infil trarse en el terreno político. Si las características que se están ig norando afectan diferencialmente la capacidad de ejercer dere chos políticos o si pesa en form a desigual la influencia política de individuos desiguales, se está violando la condición de igualdad  política . Estos argum ento s se desarrollan a continuación.

PEDIGRÍ: ARISTOCRACIA Y DEMOCRACIA

¿Cómo fue que la “democracia” reapareció en el horizonte histó rico y qu é significaba pa ra sus pro po nen tes y opon entes? Como el surgimiento de la democracia en la época m od ern a es el tema del monumental tratado de Palmer (1959 y 1964), aquí no hará falta más que un breve resumen. El punto principal de este auto r es que la democracia no fue una revolución co ntra un sistema existente sino un a reacción contra el creciente po de r de la aristocracia. Lo que minó la monarquía fue la aristocracia: la

dem ocra cia la dejó atrás siguiendo sus pasos. Palm er sostiene que (1) pa ra comienzos del siglo XVIII, el sistem a aristocrático de go  b ie rn o estaba institucio naliz ado en distintos tipos de asambleas, d o n d e la participación estaba reservad a a grup os legalm ente cali ficados (cuerpos constituidos) qu e siem pre inclu ían a la nobleza

dem ocra cia la dejó atrás siguiendo sus pasos. Palm er sostiene que (1) pa ra comienzos del siglo XVIII, el sistem a aristocrático de go  b ie rn o estaba institucio naliz ado en distintos tipos de asambleas, d o n d e la participación estaba reservad a a grup os legalm ente cali ficados (cuerpos constituidos) qu e siem pre inclu ían a la nobleza hereditaria; pero, a'lavez, en diferentes lugares (países, regiones,  p rin cipados, cantones, ciu dades-república) tam b ién participab an m iem bro s del clero, categorías selectas de burg ueses, y en Suecia incluso campesinos. En todos los casos, esos organismos estaban  po líticam en te dom in ados p o r la n o bleza h ered itaria. (2) C on el curso de los siglos, la influen cia política de esos cuerpo s basados en estamentos aum entó. (3) Al m ism o tiem po, el acceso a la no   ble za, com o q u iera que ésta se definie se en los diferentes lugares, se fue ce rra n d o cada vez más: la no blez a se convirtió e n aristocra cia. (4) El sistema aristocrático r esu ltante sufría p o r varias tensio nes, notoriam ente por la tensión en tre el nacim iento y la compe tencia. (5) Un conflicto políticamente crucial se debía a la exclusió n d e los privilegios de pe rson as q u e p ose ían todas las cali ficaciones p ara participar -riqu ez a, talento, p o rte - salvo el naci m ien to. En p alabras de Sieyés (1970, p. 29 ): “Al pu eb lo se le decía ‘cu alesq uiera q ue sean tus servicios, cu alesq uiera qu e sean tus ta len tos, llegarás sólo hasta aqu í; n o su p erará s a o tro s’”. (6) La de mocracia surgió como demanda de acceso a esos cuerpos, no com o un movimiento contra la mon arquía. Po r lo tan to, p ara fines del siglo XVIII “dem ocracia” era u n eslo ga n dirigido co ntra el reconocim iento legal de distinciones de un a situación política heredada. Los demócratas eran los que hacían campaña en conü'a de los aristócratas o la aristocracia. Como ob serva D un n (2003, p. 10): “La dem ocracia fue un a reacción, po r en cim a de todo, no contra la m ona rquía, m uch o m enos con tra la tira nía, sino contra oü'a categoría social relativamente concreta, inicialmente demasiado bien arraigada, pero ya no alineada en fo rm a plausible con func iones sociales, econ óm icas, o incluso polí ticas o militares: la nobleza o aristocracia [...] . D em ócrata e ra u n a etiqu eta en y pa ra el com bate político; y ese com bate se dirigía con tra los aristócratas, o c o m o  mínimo contra la aristocracia”. Así, en 1794, u n jov en inglés se describía a sí m ismo com o “m iem bro de

esa odiosa clase de h om bres llam ados dem ócratas po rqu e desapro  b ab a las distincio nes hereditarias y los órden es privilegiados de cualquier índole” (Palmer, 1964, p. 10). “Si hiciera falta prueba ul terio r d e la com plexión rep ub lican a d e este sistema”, escribía Madison en el número 39 de The Federalista  “la más decisiva podría ha llarse en su absoluta prohibición de los títulos de nobleza”. En Francia, la Asamblea C onstituyente decidió qu e el privilegio aristo crático estaba en conflicto con el princip io m ism o de la soberanía  po p u lar (Fontana, 1993, p. 119). La República (holandesa) de Batavia exigía qu e los votantes ju ra ra n cree r q ue todos los cargos y dig nid ad es her ed itario s eran ilegales. En Chile, el ge nera l O ’Higgins,  prim er D irector d el E stado, abolió en 1818 to dos los signos exterio res y visibles de la aristo cracia (Collier y Sater, 1996, p. 42). Hay u n enigma. Au n cu an do los dem ócratas lucharan c ontra la aristocracia, como sistema de gobierno (en el sentido original de la palabra) o com o po sición social, esa luch a no necesariam ente ten ía qu e c on du cir a la abo lición de todas las dem ás distinciones: u n tipo de distinción p od ría h ab er sido sustituido p or otro. El caso flagr an te es el de la Co nstitució n Po laca del 3 de m ayo d e 1791, di rigida contra los aristócratas, definidos como grandes terratenien tes, magnates, que , bajo el lem a de igualdad p ara la burguesía ru ral en general ( szlachta , que constituía alrededor del 10% de la  población) ,59 conservaba al m ism o tiem po la distinció n legal de la segu nda. Los rasgos sociales qu e p o d ían servir de base a distincio nes legales eran m uchos: p rop ietarios y jorna leros, habitantes del  b u rg o y c am pesin os, hab itantes de localidades diferentes,60 clero y

59 El lem a era: “Szlachcic n a zagrodzie ríxvny w ojewodzié\ que puede traducirse aprox imad am ente com o “U n p eque ño propietario en su ranch o es igual a un señ or”. 60 Palm er (1964) destaca el hech o de que los franceses trataron de errad icar todas las diferencias subnacionales, m ientras que los esta dou nide nse s las rec on oc iero n. Seg ún Rosanvallon (2004, p. 34), la división de Francia e n de pa rtam ento s se hizo con el objeto de crear un a división pu ram en te funcional, que no hiciera referencia a nin gu na re alida d social, política b cultural. Por lo tanto, en Francia, los dem ócra tas fue ro n centralizatlores, y en Estados Unidos, descentralizadores.

fuerzas arm ada s,61 blanco s y neg ros. Sin em ba rgo , los dem óc ratas se volvieron también contra esas distinciones: ‘Todos los privile gios”, afirm aba Sieyés (1970, p. 3 ), “son p o r la natu ra lez a de las co sas injustos, desp reciables y co ntra rios al objetivo sup rem o d e to da sociedad política”. El en em igo dejó de se r la aristocracia p ar a ser la distinción. Así, en el lejano B rasil, los cu atro m ulatos qu e fu ero n colgados y descuartizados tras el fracaso de la co nju ra rep ub lican a de Bahía en 1798 fu ero n acu sados de “de sear las imag inarias ven tajas de u na rep úb lica dem ocrá tica en la que todos serían iguales [...] sin diferencia de color o condición” (Palmer, 1964, p. 513). La Revolución F rancesa em ancip ó a pro testantes y ju d ío s y liberó esclavos, no sólo campesinos católicos. Rosanvallon (2004, p. 121) afirma que “El imperativo de igual dad, necesaria para hace r de cada un o un sujeto de la ley y ciuda dano pleno, implica de hecho considerar a cada hombre despo  ja d o de sus d eterm in an tes particularistas. Todas sus diferencias y distinciones deberían colocarse a cierta distancia”. ¿Pero de dónde provenía ese imperativo de igualdad? Pensando en térmi nos de elección racional  d e la ciencia política  m ode rna, sospecha ríam os qu e los dem ócratas se volvieron e n co n tra de todas las dis tinciones sociales en fo rm a ins trum en tal, sólo p ar a movilizar a las masas contra la aristocracia. Finer (1934, p. 85), por ejemplo, acusa a Mo ntesquieu de “yux tapon er deliberad am en te al Ciuda dan o con todos los po dere s existentes, tan to con el rey com o con la aristocracia: er a u n a antítesis c on ven iente, llamativa y útil; no se  p o d ía p en sar n ad a m ejo r p a ra g an ar el apoyo de to do s lo s h o m   b res”. Hay alg un os h ech o s q u e favorecen esa hipóte sis: en Polo  nia, Tadeusz Koíciuszko hizo promesas vagas a los campesinos  p ara in ducirlos a a d h erir a la in su rrección a n tirru s a en 1794; los miembros de la Convención francesa manifiestamente actuaban “para la galería” llena de gente ordinaria de París; Simón Bolívar 

61 T enía n un status especial, o fu tn os  [en castellano en el original, N. de la T.], en la Constitución cíe Cádiz de 1812  y  lueg o e n varias constituciones latinoam ericanas.

hizo llamados interraciales a fin de reclutar soldados contra Es  paña. No ob stan te, ta m bién es fácil su p o n er que los dem ó cratas realmente creían que todos los hombres son iguales, como afir m aba la Declaración d e Indep enden cia, o que todos los hom bres nac en iguales, com o lo form ulaba la Declaración de D erecho s del Hombre y del Ciudadano. La idea de la igualdad innata cierta m en te p rece dió a los conflictos políticos concretos. Po día en co n trarse ya en el Segundo tratado de Locke (1988), como e l prin cipio del “igual derech o qu e to do hom bre tiene a su Libertad Natural, sin estar sometido a la voluntad o la autoridad de ningún otro homhre”. No tenemos una teoría de la acción según la cual las  personas se m ueven p o r la lógica, hacen cosas p o rq u e n o p u e d e n to lera r co ntra dicc ion es lógicas. Y, sin em barg o, si estamo s dispu es tos a aceptar q ue los seres hum anos p ue de n ser movidos p o r fic ciones, los dem ócratas se habrían vu elto co ntra otras distinciones  p o r la p u ra lógica d e su ideolo gía : lo s aristó crata s n o son distin tos  p o rq u e todos los ho m bres nacen iguales; com o to dos los ho m bres nacen iguales, no pueden ser tratados de diferentes maneras. Ab olir todas las distinciones sería enton ces u n resultado lógico de la luc ha co n tra la aristocracia. El hec ho es qu e los dem ócratas se volvieron co ntra todas las dis tinciones. El único atributo del súbdito democrático es que, en tan to tal, no tiene n ing un o. Simp lemente, carece de cualidades.62  N o son ig uales, n o son hom ogéneos, son anónim os. C om o dijo Rousseau (1964 [1762], p. 129): “El soberano [el pueblo unido] conoce sólo el cuerpo de la nación y no distingue a ning un o de los qu e lo co m p on en ”. Dad o q ue los ciudadano s son indistinguibles, no hay n ad a qu e le p erm ita a la ley distinguirlos. El ciudad ano de m ocrático n o es más que un individuo fuera de la sociedad.

62 Pasquino (1996, p. 31) afirma que esa conce pción fue introd ucid a  p o r H ob b es e n el con tex to de las distin cio nes religiosas: “A la vista d e este tipo de co nflicto [religioso], pa ra Hob bes el or de n político se fun da en un consenso general y se basa en una anatomía de la ciudad com o u na sociedad sin cualidades”.

DEMOCRACIA E IGUALDAD

A pesar de su ped igrí igualitario, la dem ocracia n o se caracteriza n i pu ed e caracterizarse p o r la igualdad. “No deb eríam os d ejarnos atr ap ar p o r las palab ras”, advierte Pasqu ino (1998, pp . 149-150), “la ‘soc iedad sin cu alidad es’ n o es un a socied ad d e iguales, es sim  plem en te u n a sociedad e n la que los privileg ios n o tien en estatu s o recon ocim iento jurídico-institucional.” Co nsideremo s los diferentes significados de igu aldad qu e han aparecido en la ideología democrática. ¿Por qué son o serían iguales las personas? Po drían serlo p o rq ue Dios o la natur alez a las hic iero n así, po rq ue la sociedad o la ley las h ac en así. La igu aldad  p u ed e ser in nata o gen erad a p o r transform acio nes sociales e spon táneas, pe ro tam bién pu ed e ser instituida p o r la ley. Así, la igual da d dem ocrática pod ría ser reflejo de u na igualdad p reexistente en un terreno no político, o po dría ser im puesta po r las leyes. Volviendo a las Declaraciones, su pu nto de p ar tid a e ra la igual da d inna ta de los seres hum anos. La igualdad d em ocrática no es sino el reflejo de una igualdad natural. Sin embargo, las implica ciones de un a igualdad preex istente no se definen . Co m o obser vaba Schm itt (1993, p. 364): “Del hech o de q ue todos los ho m bres son h om bres no se puede ded ucir na da específico sobre m oral ni sobre religión n i sobre p olítica ni sobre e co no m ía”. A un si las per sonas n acieran iguales, po drían distinguirse p o r sus m éritos y és tos pod rían ser reconocidos po r otros. Además, p ara m an ten er el ord en es necesario que en cada m om ento algunas personas ejer zan au to rid ad sob re otras. Co m o dice Kelsen (1988, p. 17): “De la idea d e qu e todos somos iguales, idealm ente iguales, se pu ed e de du cir que nad ie deb ería darle órden es a otro. Pero la experiencia enseña que, si queremos seguir siendo iguales en la realidad, es  preciso, p o r el conü'a rio , qu e aceptem os qu e nos d e n ó rd e n e s”. Por otro lado, aunque todos los seres humanos nacen siendo simp lemen te seres hum anos, la sociedad ge ne ra diferencias entre ellos. De he ch o, si sus pad res son desiguales ellos se vuelven des iguales desde el mo m ento e n que nacen . Para hacerlos iguales de nuevo es necesario recurrir a la ley. Así, Montesquieu (1995, p. 261) observaba que “en el estado de naturaleza, nacen iguales,

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 p ero n o saben cóm o seguir sié ndolo . La sociedad les hace perder igua lda d y n o vuelven a ser iguales salvo p o r las leyes”. Pe ro ¿debe la sociedad ha cer desiguales a las personas? Rosanvallon (1995, p. 149) documenta que, cuando el término “demo cracia” llegó a ser ampliamente usado en Francia después de 1814, significaba la sociedad igualitaria moderna, no los regíme nes políticos asociados con las repúblicas clásicas griega o ro mana, sino lo que Tocqueville llamaría igualdad de condiciones. La tendencia a la igualdad social era inevitable. Tomando un tema del marqués de Argenson, Tocqueville (1961, p. 41) obser vaba que “el desarrollo gradual de la igualdad de condiciones [...] es universal, es duradero, escapa cada día a la intervención humana; todo acontecimiento, así como todo hombre, fomenta su d es ar ro llo ”.63 Si las sociedades m od ern as de b en volverse más iguales o no es un a cuestión compleja. Lo que im po rta aq uí es que no todos esta  b an dispuestos a confiar en la evolu ció n espo ntán ea de la socie dad para la generación de la igualdad política. Robespierre pen saba que “La igu alda d de riq ue za es u n a q u im era ” (cit. en Palmer, 1964, p. 109). Madison {The Federalisi,  núm. 10) enumeraba dife rencias y gradaciones sociales de todo tipo, dando por sentado qu e iba n a per du rar. La mayoría dé los dem ócratas creía, al con trario de Tocqueville, que la ciu dad anía cre a la igualdad, y no que los iguales se vuelven ciudada nos. Pasq uino (1998, p. 109) resum e esa creencia: “Los ciuda dan os no son sim plem ente iguales ante la ley, en el sen tido de qu e la ley no le rec on oc e a nin gu no derechos ni privilegios especiales, sino qu e se vuelven iguales po r la gracia de la ley y p o r la ley m ism a”. Los demócratas adherían a lo qué Beitz (1989, p. 4) llama una co nc ep ció n sim ple de la igu alda d po lítica, es decir, el requisito de qu e las instituciones dem ocráticas den a los ciudadano s oportun i dades procedimentales iguales de influir en las decisiones políti-

63 En un he rm oso pastich e sobre un a visita de Tocqueville a México, Ag uilar Rivera (1999) im agina corno hab ría reaccionado frente a un a sociedad del nuevo m und o ex trem ada m ente desigualitaria.

cas (o igual po d er sob re los resu ltados ). C riticando esa idea, se ñala que la igualdad de la fuerza abstracta qu e los procedim ientos dan a cada participante no implica igualdad de influencia con creta sobre los resultados: esta últim a d ep en de de la distribu ción de los recursos habilitadores. La educación era un instrumento que equ iparía a las personas p ara ejercer sus derechos de ciudada nía. Varias constituciones tempranas (las de las repúblicas italia nas entre 1796 y 1799, la de Cádiz de 1812) establecían sistemas de educación universal y gratuita, a un qu e no obligatoria. Mien tras tanto, la may oría resolvía el pr ob lem a restringiend o los der e chos políticos a los que estaban en condiciones de ejercerlos. Sin embargo, cuando el sufragio se hizo universal y la democracia echó raíces en los países m ás pob res, el pro blem a reap arec ió con más fuerza: masas de person as ad qu iriero n op ortunidad es procedim entales iguales sin disfru tar de las con diciones necesarias para aprovecharlas. La ausen cia de la capa cidad efectiva de ejerc er de rechos políticos formales sigue estando en el corazón de las críti cas a las dem ocracias e xistentes en la realidad. ¿Pu eden las pe rso nas ser políticam en te iguales si son socialm ente desiguales? Pero la igu aldad política no sólo es vu lnerable a la desigualdad social sino también a distinciones políticas específicas. Según Schm itt (1993, p. 372), la de m oc racia es “la ide ntid ad de los do  m inadores y los dom inados, d el go biern o y de los go bernad os, del que manda y el que obedece”. Pero la cuestión es si la facultad misma de go b er n ar n o crea u n a distinción, un a clase política. La “aristocracia po lítica” er a vista com o u n peligro igual qu e la aristo cracia social. Los Antifederalistas temían que si los gobernantes eran otros que los go be rnad os, “la co rrup ción y la tiranía estarán rampantes como siempre han estado cuando los que ejercían el ' po der no sentían mayor con exión con el pueb lo. Esto, adem ás, se ría cierto pa ra los re pr ese n tan tes electos, igual qu e p ara los reyes, los nobles y los obispos” (cit. en Ketcham, 1986, p. 18). Por lo tanto, los dem ócratas se pre oc u pa b an po r la du ración de los m an datos -q u e en cierto m om en to en New Jersey llegaron a ser de apenas seis meses-, sus limitaciones, las restricciones a la capaci dad de los rep resen tantes de d ete rm in ar sus propios salarios y los  procedim ientos de censura.

Pero todos esos son paliativos. La distinción e ntr e los rep res en  tantes y los rep res en tad os es inh ere nte al sistema represen tativo : los qu e form an el Parlam ento son los representantes, no el pu e  blo. Y el m éto d o m ism o d e elegir los represen tantes a través de elecciones en lugar de po r sorteo se basa en la creencia de qu e n o todas las personas están igualmente calificadas para votar. Las elecciones, sostiene M anin (1997), se basan en el sup uesto d e que las cualidades necesarias para gobernar no son universalmente compartidas y de que las personas quieren ser gobernadas por quien es sean m ejores q ue ellas. No es necesario que esas cualida des estén asociadas con distinciones de nacimiento, de manera qu e las elecciones n o son “aristocráticas” en el sentido de l siglo XVIII. Pero so n u n m étod o p ara seleccionar a los que son m ejores que uno y, como lo documenta de manera amplia Manin, tam  bién son y e ran vistas com o u n a form a de reconocer u n a aristo cra cia na tura l del talento, de la razón o de lo que sea qu e los vo tan tes ven com o ind icad or de la capacidad de gobernar. Además, par a ser representadas, las personas deb en estar orga nizadas, y la organización requ iere un aparato pe rm an en te, un a  bu ro cracia asala ria da, u n a m áqu ina de propaganda. P o r eso, como lamentaba Michels (1962, p. 270), algunos militantes se vuelven parlam entarios, bu rócratas partidarios, editores de pe rió dicos, ad m inistradores de las com pañías de seguros del partido , directores de las empresas de pompas fúnebres del partido e in cluso  Parteibudiger  (patrone s d e los bares del partido ). Co m o escri  biría m uch os años después u n com unis ta francés desilu sionado: “La clase trabaja do ra se pierd e adm inistrando sus bastiones imagi narios. Camaradas distinguidos como notables se ocupan de los  basureros m unicipales y las cafeterías escolares. ¿O son notables disfrazados de camaradas? Ya no lo sé” (Konopnicki, 1979, p. 53). En re sum en, la idea d e q ue la igualdad política refleja algún es tado p reex istente, ya sea en la naturaleza o en la sociedad, es in sostenible tan to en el terr en o lógico como en el em pírico. Lógica mente, una igualdad preexistente en otros terrenos no implica igualdad política. E m píricamente, aun cuan do todos los seres hu  manos nacieran iguales, se vuelven desiguales en la sociedad, y aun si las sociedades exp erim entaran un a tende ncia inevitable ha

cia la igualdad, las desigualdades existentes han sido y son sufi cientes p ara reclam ar reme dios políticos. A su vez, la igualda d po lítica instituida po r la ley es efectivamen te m ina d a p o r la desigual dad social. Es igualdad a los ojos del Estado, pero no en la relación directa entre dos personas. Por lo tanto, en ningún sen tido es la form a corre cta de caracterizar la dem ocracia. Si los fun dad ores utilizaron los lenguajes de la igu aldad , fue pa ra justificar o tra cosa, qu e se describe m ejo r com o ig no ran cia de las distincio ne s sociales, ano nim ato.

¿VIOLAN LA IDEOLOGÍA DEMOCRÁTICA LAS RESTRICCIONES DEL SUFRAGIO?

 N o obstante, hay u n hecho qu e p arece m in ar el ano nim ato: las restricciones del sufragio. De hecho, la Declaración francesa de 1789 calificaba su reconocimiento de la igualdad en la siguiente frase: “Los hom bres nacen y p erm an ece n libres e iguales en dere chos. Las distincion es sociales sólo pu ed en fu nd ars e e n la utilidad co m ú n ”. Pero aun qu e los argum entos fue ran retorcidos, los que  p ro p o n ían las re stricciones del voto n o las p resen tab an com o desigualitarias. Co nsiderem os la justificación de esas distinciones qu e p lantea Montesquieu (1995, p. 155), quien partía del principio de que “Bajo la dem ocracia toda desigualdad d eb ería derivar de la na tu raleza de la dem ocracia y del p rincipio m ismo de la dem ocracia”. Su ejem plo era q ue las personas que tienen qu e trabajar para vivir no están preparadas para desempeñar un cargo público o ten drían que descuidar sus funciones. Como lo expresaban los abo gado s de París la víspera de la Revolución: “P or m ás respe to que un o quiera m ostrar po r los derechos de la hu m an idad en general, n o se pu ed e ne ga r la existencia de un a clase de ho m bres qu e, en virtud de su educación y del tipo de trabajo al qu e su po brez a los ha co nd ena do , es [...] incapaz po r el m om ento de participar ple namente en los asuntos públicos” (cit. en Crook, 2002, p. 13). “En esos casos”, con tinua ba M ontesquieu, “la igu aldad de los du da d a-

nos se pu ede suspend er en u na dem ocracia po r el bien de la de m ocracia. Pero lo que se suspen de es sólo la igualdad ap are nte .” El argu m en to ge nérico era que: (1) ia repre sen tación significa ac tua r en el m ejor interés de todos. (2) Para de term ina r el m ejor in terés de todos es necesaria la razón. (3) La razón tiene determi na n tes sociales: no ten er q ue trabajar p a ra vivir (“des interés”), o no estar emp leado o no ser -e n alguna m ed ida - dependiente de otros (“independencia”). Como lo expresó un estadista chileno en 1865, par a ejercer los dere cho s políticos es necesario “tene r la inteligen cia de recon oce r la verdad y el bien, la voluntad de que rerlo y la libertad de ejecutarlo” (cit. en Maza Valenzuela, 1995,  p. 153). A su vez, la afirm ación de qu e lo que se viola es la igual da d a pa ren te se co nstru ía en tres pasos: (1) actuar en el m ejor in terés com ún es con siderar a todos po r igual, de m odo qu e todos están igualmente representados.64 (2) La única cualidad que se distingue es la capacidad de reconocer y buscar el bien común. (3) A na die se le im pide bu scar ésa cualidad, de m ane ra que po tenc ialm en te el sufragio está ab ierto a todos. Los últimos dos puntos son esenciales. Las distinciones legales de situación social son válidas ún icam en te com o indicadores de la capacidad de g ob ern ar y no hay barreras de ningún tipo que im  p id an a las personas ad q u irir esa capacidad y así ser señaladas como relevantes. La Constitución Polaca del 3 de mayo de 1791 ilum ina la distinción e ntr e el régim en censitario dem ocrático y el régimen no democrático de las distinciones legales. En su pará grafo VI afirma que los “diputados a los parlamentos locales [...] deb en ser considerados c o m o   ‘representantes de toda la nación'  (destacado en el original). P ero par a llegar a ser dipu tado de uno de los par lam en tos locales ( seymiki, los qu e, a su vez, elegían dip u tados a la legislatura nacional, o  s ‘-;m) era necesario ser m iembro

64 C on do rc et (1986 [1787], p. 212'> llegab a incluso a afirma r que "Los  propieta rios ti enen el m ism o irie ré s que los no pro pie ta rios en todos los aspectos d e la legislación: sc¡o tie ne n mayo r interés e n las leyes civiles y en las leyes relativas a los im pu esto s. P or lo tan to, no hay  peligro en hacerlo s depositario s y p rote cto res de los in te re ses del resto de la sociedad".

de un g rupo legalm ente definido, la burgu esía ru ral (szlachta) . Al mismo tiem po, sólo los m iem bro s de la  szlachta po dían poseer tie rras que les conferían derechos políticos”.65 Por lo tanto, ése no era un rég im en cen sitario en el sentido d efinido m ás arriba: (1) cerraba el acceso a la política a Cualquiera que n o fuese m iem bro de un gru po legalm ente reco no cido, y (2) cer rab a el acceso a la  burguesía terraten ien te. En realidad, la justificación po laca del privilegio aco rda do a la  burguesía ru ral n o era la razón sino el “respeto p o r la m em oria de nuestros ancestros como fundadores del gobierno libre” (art. II). Simón Bolívar (1969, p. 19) em plea ba el mismo pr incip io e n 1819 cuando ofrecía cargos hereditarios de senador a “los libertadores de Venezuela”, quienes “son acreedores a ocupar siempre un alto rango en la Re púb lica qu e les de be su existencia”. Su celeb rad o dis curso, conocido com o el Discurso de Angostura,  merece atención por que la com binación de llamados a la razón con la aceptación de la desigualdad pasó a ser típica de las po sturas an tidem ocrá ticas en la América española. Bolívar observaba qu e “los más d e los hom bres desconocen sus verdaderos intereses” y sostenía que ‘Todo no se deb e dejar al acaso y a la ve n tura de las elecciones: el pu eb lo se en  gaña más fácilm ente qu e la naturaleza perfecc ionad a p o r el a rte”. Su solución e ra la institución de un Senad o h ereditario: los futuros . senadores “Aprenderían las artes, las ciencias y las letras que ador- nan el espíritu d e u n ho m bre público; desde su infancia sabrían a qué carrera la providen cia los destinaba, y desde muy tiernos eleva rían su alma a la d ign ida d que los esp era ”. Y todavía se atrevía a afir m ar que “De nin g ún m od o sería un a violación de la igualdad po lí tica la creación de u n Se nad o h er ed itar io”.66

65 De ac ue rdo con la ley sobre poblac iones del 18 de ab ril de 1791 todos los residentes en los burg os.debían disfrutar de las mismas  protecciones de la b urgu esía rural (sobre to do el habeos corpus, que e n Polonia databa de 1433), podían ocupar puestos públicos (salvo los obispos) y pos eer y com pra r tierra adyacente a las ciudades, p ero no  partic ipar en los parlam entos lo cale s (Kow ecki, 1991). 66 Lo digo así po rqu e los motivos de Bolívar me pa rece n sospechosos: estaba tratando de abland ar a los futuros senadores pa ra que le concedieran la presidencia hereditaria.

En cam bio, aun cua nd o la reform a del sufragio de 1832 en In  glaterra restringía el derecho al voto mediante criterios de in greso, Seym our (1915) estaba en lo cierto al destacar qu e la con  secuencia fund am ental de la reforma h abía sido abrir a todos la  posibilidad d e ad q u irir derechos políticos reu n ien d o d in ero . Es co no cido el hec h o d e q ue Guizot replicaba a las ob jeciones al cri terio de la riqueza diciendo “¡Enriquécete!” (cit. en Crook, 2002,  p. 32). Según el argu m en to en favor del  suffrage censitaire, la desig ua ldad po lítica se justificaba po r la de las con dicione s socia les, pero no había ninguna ley que prohibiera el ascenso social. P or lo tan to, se p o d ía sostener que la desigualdad política no vio laba la n o rm a d e universalismo. Las restriccion es d e los derecho s políticos basadas en la religión tam bién se revestían d e u n lenguaje universalista, pero no apela  ban a la razón sino a los valores comunes. De Rousseau y K ant a J. S. Mili, todos creían qu e u n gob ierno sólo podía fun cio n ar si se  basaba e n intereses, n o rm as o valores com unes. En A m érica La tina el cem ento qu e d ebía m anten er unidas a las sociedades era el catolicismo: de las 103 con stitucion es latinoam ericanas estud iadas  p o r Loveman (1993, p. 371), 83 p roclam aban el cato licism o com o religión oficial y 55 pro hib ían el culto de otras religiones. M uchos de los ar gu m en tos en favor de restring ir el voto a los católicos se dirigían abiertamente contra el principio de soberanía popular -e l p ueb lo n o deb e cam biar lo que existe por voluntad de Dios-,  pero tam b ién los hab ía pragmáticos. Por ejemplo, en 1853 el p e n  sado r m exican o Lucas Alamán sostenía que “la religión católica merece ser apoyada por el Estado, aun cuando no la considere mos divina, po rq ue constituye el único lazo com ún qu e co nec ta a todos los mex icanos, cu an do todos los demás se ha n r o to ” (cit. en Garg arella, 2005, p. 93, quien tam bién ofrece otros ejem plos). El pr ob lem a más difícil es el de las restricciones al sufragio de las m ujeres. Los prim eros defensores del sufragio fem en ino obser vaban qu e la razón no se distribuye po r líneas de gé ne ro, p ero el  principal arg um en to en con tra de concederle s el d erech o a vota r era que ellas, igual que los niños, no tenían voluntad propia. Y estaban representadas por los varones de su casa y sus intereses debían ser protegidos a través de una conexión no electoral, sino

tutelar. P or lo tanto, el criterio justificativo no era el gé ne ro sino la depe nd enc ia. En realidad, esa justificación se de rrum bó en In glaterra en la década de 1880 cuando un estudio descubrió que casi la m itad de las mujeres vivían en hog ares d o nd e n o hab ía nin  gú n ho m bre, y en adelante sólo el p u ro prejuicio retrasó la exten sión d el sufragio. Pero ¿por qué las m ujeres no eran inde pen dien tes del mismo m odo que lo eran los homb res? Si n o p od ían ten er propiedades estaban legalm ente im pedidas d e calificar pa ra el sufragio, de m a n er a q ue eso violaría la ideología dem ocrática. Pero cuan do sí po dían tener, y tenían, prop iedades a su no m bre, ¿por qué el hecho de ten er propiedades no era un indicad or suficiente? Co ndorcet (1986 [178 5]), q ue de fen día las calificaciones relativas a la pro pie  dad , pe nsab a qu e d eb ía serlo: “Las razones p o r las qu e se cree que ellas de be rían estar excluidas de la fu nc ión púb lica, razones que, sin embargo, son fáciles de destruir, no pueden ser motivo para  priv arla s de un derecho qu e sería tan sencillo de ejercer [vo tando], y que los hombres tienen no por su género, sino por su cualidad de ser razonables y sensatos, lo qu e tienen en com ún con las mujeres”. Y las sufragistas chilenas afirmaban que “Esposas y m adres, viudas e hijas, todas tenem os tiem po y dine ro p ara ded i ca r a la felicida d de Ch ile” (cit. en Maza Valenzuela, 1995, p. 156). Como éste es un problema acerca del cual es fácil caer en ana cronismo s, perm ítanm e procesarlo co n u n ejemplo. Supongamos qu e es en el m ejor interés de todas y cad a un a de las personas eva cu ar un a po blación costera si hay un hu racán inm inente y no eva cua rla si el peligro es rem oto. La decisión corr ecta es bu en a para todos: todos los hom bres, las m ujeres y los niños. La decisión co rre cta sólo pu ed e ser alcanzada p o r las person as capaces de inter  p re ta r los pronósticos del tiem po. Esto excluye a los niños, de m a n er a qu e la decisión debe rá ser tom ada p o r los pad res en el m ejor inte rés de los niños. Sospecho qu e —con algunas d iscusiones acerca de dó nd e trazar la línea divisoria- la m ayoría de las perso nas hoy acep taría este razo nam iento: todas las constituciones con tem po ránea s lo aceptan. ¿Pero p o r qu é e n la toma d e esa decisión d eb en pa rticipa r sólo los hom bres? Si la razón es qu e las mujeres tiene n pro hib ido tomar cursos de m eteoro logía en la escuela, es

tamos de vuelta en P olon ia en 1791. Pero supongam os que sí to m an tales cursos. Ah ora el arg um en to se ría que, aun si tuviesen la misma capacidad de ejercer la razón, siempre seguirían las opi nion es de sus pro tectores m asculinos, inde pe nd iente m en te de las  propia s. Esto, entonces, es o tra suposició n sociológica, igual que las qu e vinculaban la razón con la pro pied ad , el ingreso o la edu cación. Ahora bien, Schumpeter (1942, p. 244) afirmó que si se acepta cualquier distinción, entonces se acepta también el principio de hacer tales distinciones: “El punto más notable es que, dadas las opiniones apropiadas sobre este asunto y otros por el estilo, las descalificaciones basadas e n la po sición económ ica, la religión y el sexo entrarán en la misma clase que otras descalificaciones que todos consideramos compatibles con la democracia”. Sin em  bargo, cada distin ción se basa en un a suposic ión esp ecífica-p o r ejemplo, que los chicos de 12 años no están preparados para vo tar—q u e se vincula con la capac idad de ejercitar la razón. Ho y re chazaríamos, y rechazamos, la mayoría de esas suposiciones, aun que no las que se basan en la edad o la salud mental legalmente garantizada. Además, algunas de el as apenas encubrían los inte reses particulares qu e las m otivaban. Pa ra decirlo e n form a analítica, la desigualdad n o viola el auto go bi ern o si (1) las pr efe ren cias de los exclu idos son idénticas a las de los que tienen d er ec ho a influ ir en las decisiones colectivas, y (2) los que son elegidos p ar a de cid ir están claram ente calificados  p ara hacerlo . Las te orías de la rep resen tación difieren en si con side ran com o ap orte a las decisiones colectivas las preferencias re ales o las ideales; estas últimas, por su parte, están limitadas por algunos requisitos normativos, corno el hecho de incluir preocu  p ación p o r los dem ás, co n sid erar el bien com ún, etc .67 Obvia m en te, esta distinción desa pa rece si todas las personas tienen na turalmente tales preferencias ideales. Si no es así, se hace recaer sob re las instituciones la carga, ya sea de promo verlas edu cand o a

67 Para un tratam iento recie nte de esta distinción, véase Ferejohn (1995) y Sunstein (1995).

los ciudadanos -tema común de Montesquieu a Mili- o bien de tratarlas de alguna manera privilegiada, restringiendo el sufragio o atribuyen do p eso a los votos. Co m o o bs erv a Beitz (1989, p. 35), esta últim a solución -d ef en d id a po r Mili en 185 7- no es injusta si los que no tienen esas preferencias ideales ni las condiciones ne cesarias para desarrollarlas están dispuestos a aceptarla. Además ese sistema, au nq ue desigual, se pu ed e justificar e n térm inos un i versalistas si todos pueden adquirir esas preferencias o las condi ciones p ar a hace rlo. Cu alquiera sea nue stra op inión sobre esta lógica, el resultado fi nal fue qu e el nacim iento fue ree m plazad o p o r la riqueza, la aris tocracia po r la oligarquía. Todavía un os po cos elegidos iban a go  b ern ar en el m ejo r interés de to dos. La sociedad se dividiría en “los ricos, los pocos , los go be rn an tes, y los pob res, los mu cho s, los gobernados”: lo que un representante de Connecticut, Samuel Dana, consideró que era muy apropiado (cit. en Dunn, 2004,  p. 23). El a u to r deí b o rra d o r de la C onstitución Francesa de 1795, Boissy d’Anglas, declaró que “Debemos ser gobernados por los mejores. [...] un país gobe rnad o p or prop ietarios está den tro del orden social, el qu e está do m inado po r no prop ietarios está en es tado de naturaleza” (cit. en Crook, 2002, p. 46). A mediados del siglo XIX, en Colombia, el consenso era: “Queremos una demo cracia ilustrada, u n a dem ocracia en la que la inteligen cia y la p ro  piedad dirijan el d esu no del pueblo: n o qu erem o s u n a dem o cra cia bárbara en la que el pro letarianism o y la ign ora nc ia ahog uen las semillas de la felicidad y lleven a la soc ieda d a la c on fus ión y el desorden” (Gutiérrez Sanin, 2003, p. 185). El derecho de hacer leyes per ten ec e a los más inteligen tes, a la aristocracia de l cono ci m iento, cread a p o r la naturaleza, declarab a en 1846 un constitucionalista peruano, Bartolomé Herrera (cit. en Sobrevilla, 2002, d. 196); el teórico pe ru an o José M aría P an do sostuvo que “un a aristocracia pe rp etu a [... ] es un a n ece sidad im perativa”; el venezo lano Andrés Bello quería que los gobernantes constituyeran un cuerpo de sabios,*  m ientras que el escritor co nserv ado r españo l Do

* En castellano en el original. [N. de laT.l

noso Co rtés yuxtapo nía la soberanía de los sabios a la sob eran ía del pu eb lo (Garg arella, 2005, p. 120). Todavía en 1867, W alter Bagehot (1963, p. 277) advertía que Es preciso reco rda r que u na co m binación po lítica de las clases m ás bajas, com o tales y pa ra sus pro p ios fines, es un m al de la prim era magnitud; que un a comb inación  p e rm an e n te de ellas (ahora que m uchas de ellas tien en el sufragio) las ha ría supremas en el país; y qu e su sup re m acía, en el estado en qu e hoy están, significa la sup re m acía de la ignoran cia sobre la instrucción y del n úm ero sobre el conocimiento. E n los mismos térm inos se presentaban las justificaciones del co lonialismo. Desde las primeras conqu istas españolas, la do m ina ción se justificaba con la afirm ación d e qu e los pue blos inciviliza dos n ecesitaban “p o r su propia naturaleza y en su pr o p io interés, ser colocados bajo la autorida d de príncipes o n acione s civilizados y virtu osos ” (Juan G inés de Sepúlveda, cit. en Young, 1994, p. 59). H asta Cecil R hod es declaró q ue el colonialismo servía a intereses universales: “C uanto m ás del m un do habitemo s, m ejor será para la raza humana” (cit. en Young, 1994, p. 89). Tal vez no fuese un círculo com pleto, p ero era u n círculo. Y de  ja b a u n le gado qu e dio orig en a conflicto s qu e e n m uchos países du raro n más de cien años. Las nuevas distinciones pr o n to fu ero n  percib id as com o p ru eb as de que la dem ocracia n o cum p lía sus  prop io s ideale s. Ni los po bres ni las m ujeres creían q u e los h o m   bres con p ro p ied ades representasen sus may ores inte reses: ib an a luc ha r p o r el sufragio, y el sufragio era un arm a peligrosa.

DEMOCRACIA Y PRO PIEDAD

En u n a soc ieda d d esigual, la iguald ad política, si es efectiva, abre la po sibilidad d e qu e la mayoría iguale po r ley la pr op ied ad o los  beneficios d e su uso. Es éste un te m a central en la historia de la

dem ocra cia, tan vivo y polém ico hoy com o el día qu e se inv en tó el go biern o representativo. Porqu e, a diferencia de la libertad o la felicidad, la propiedad, el tipo de propiedad que se puede usar  p a ra g e n erar in gresos, sie m pre h a sid o y sigue siendo d e u n a m i no ría, y po r eso, el derecho a la pro pied ad tiene q ue chocar con el interé s de las mayorías. De ahí un a tensión e n tre la de m ocra cia y la p ro p ied ad qu e era previsible, y fue prevista. Pa ra esbozar la historia de esa tensión debem os em pezar p o r los  Levellers  o “Niveladores”, quienes, según Wootton (1993, p. 71), fuero n los prim eros demócratas que pensa ron en término s de go  b ie rn o representativo d en tro de u n Estado nacional. A un cuan do ellos lo ne ga ron reiterada m ente y con vehem encia, sus opositores tem ían q ue q uisieran hacer a todo el m un do igual a través de un a red istribu ció n d e la tierra.68 En palabras de H ar rin g ton (1977, p. 460): “Por ‘nivelar’, los que usan la palabra parecen entender: cu an do u n pu eblo, sublevándose, invade las tierras y los patrim o nio s d e los más ricos, y los divide po r igual e ntre tod os”. A lgunos de ellos -lo s q ue se llamaban a sí mismos True Levellers  [Verdade ros Niveladores] o  Diggers  [Excavadores]- realmente establecie ron un a com unidad en tierras comunes. La dem anda d e igualdad económ ica apareció d ura n te la Re volución Francesa en el “Manifiesto de los plebeyos” de Babeuf de 1795. H asta ese m om ento, si bien el go biern o revo lucionario h ab ía con fiscado tierras de la Iglesia y de nobles em igrados, n o fue ron redistribuidas entre campesinos sino vendidas a bu rgu e ses ricos (Fontana, 1993, p. 122). Ba be uf no qu ería igu alar la  p ro p ie d a d , sin o elim inarla: “No p ro p o n em o s dividir las p ro p ie  dades, po rqu e ning un a división igualitaria du raría. P ropo nem os abolir por completo la propiedad privada”. Afirmando que los estóm agos son todos iguales, B abeu f qu ería que cad a u n o colo cara sus productos en un fondo com ún y recibiera de él un a p or

68 E n Am érica Latina la exigencia de un a redistribución d e la tierra ha sido sostenida en forma interm itente, en p articular en México, po r H idalgo y Morelos, y en Uruguay (entonces B anda O rien tal), por Artigas en 1813.

ción igual. P or lo tan to, n ad ie po dr ía aprovecharse de su mayor riqueza o habilidad. F un da m en taba su prog ram a comunista con el princ ipio de le bonheur commu n qu e de be ría con du cir a “la communauté,   comodidad para todos, educación para todos, igual dad, libertad y felicidad para todos” (las citas son de Palmer, 1964, pp. 240-241). Su exigencia de igualdad económica se ba saba en principios morales. Babeuf afirmaba que la igualdad, tanto política como económica, era el desenlace natural de la Ilustración y amba s estaban d en tro tíel espíritu d e la Revolución Francesa. ¿Por qué el hecho o el postulado de que todos los ho m bre s n ace n iguales de bía justificar la igua ldad política pero n o la econó m ica? ¿Por qu é las razon es deb ían ser tratadas como iguales pero los estómagos no? Si Ja lógica no dicta esa distin ción, po de m os sosp ech ar q ue sólo la dictan los intereses.'¿Acaso la com pulsión econ óm ica a ven der los pro pios servicios a otro no ata también la subordinación a otro tanto como el sojuzgam ien to político? P or lo m eno s Ro usseau (1964, p. 154) pensab a que “ningún ciudadano debería ser tan opulento que pudiera comprar a otro, y ninguno tan pobre que se viera obligado a venderse”. Pe ro tam bién po dem os pensar, sóbre bases no m orales sino pu  ramente positivas, que la democracia, por la vía de la igualdad  polític a, d eb e co n du cir a la igualdad económ ic a. En realidad, en algún momento ambas llegaron a estar conectadas por un silo gismo: el sufragio universal, com bina do con el go bierno de la ma yoría, c on ce de el p o d er po lítico a la mayoría. Y como ésta es siem  p re p o b re, confiscará las riq uezas. Posib lem ente ese silogismo haya sido en un ciado p o r prim era vez p o r H en ry Ireton en el de  bate sobre la franquicia en Putney en 1647: “Así [el sufragio mas culino universal] p u ed e llegar a d estru ir la propieda d. Es posible qu e se elijan ho m bre s, p o r lo m eno s la mayor parte de ellos, que no tengan nin g ún interés local o perm an en te. ¿Por qué entonces esos hombres no votarían en contra de toda propiedad?” (cit. en Sharp, 1998, pp. 113-114). Se hizo eco un polemista conservador francés, J. M allet d u Pan , q uie n en 1796 insistía en que la igualdad legal de be co nd uc ir a la igualda d de riqueza: “¿Quieren una repú  blica de ig uales en tre las desiguald ades que los servicios públicos,

las herencias, los matrimonios, la industria y el comercio han in troducido en la sociedad? Tendrán que eliminar la propiedad” (cit. en Palmer, 1964, p. 230).  Nótese que, a pesar de q u e con frecu en cia se lo cita mal -y de eso tam bién yo soy cu lp ab le- ,69 M adison (The Federalist,  núm. 10) creía que esa consecuencia era aplicable a las democracias direc tas, pero n o a las represen tativas. Tras ide ntificar la “dem ocra cia  p u ra” com o u n sistem a de g o b iern o directo, M adison con tin uaba diciendo que “tales dem ocracias n u nc a ha n sido espectáculos de turbulencia y con tención ; n u nc a ha n sido halladas incom patibles con la segu ridad personal o el de rech o de pro pieda d, y en gen e ral su vida ha sido tan breve com o violenta su m u er te” (el resal tado es m ío ). Sin em bargo , “u n a repúb lica, y con esto q uiero d e cir un go bierno en el que func iona el esquem a de representación, abre una perspectiva diferente y promete la cura que hemos es tado buscando”. No obstante, algunas décadas más tarde no se m ostraba tan optim ista: “No es posible disim ular el peligro p ara quienes tienen prop iedades, si no tienen defensa contra un a ma yoría sin propiedades. Los  g ru p o s d e h o m b re s n o son m e n o s arrastrados p o r el interés qu e los individuos [...]. D e ahí la carga de los de rech os d e p ro p ied ad ...”.70 Desde qu e fue a cuñ ado , ese silogismo pasó a do m ina r los tem o res y las esperanzas ligados a la democracia. Los conservadores co nc ue rda n co n los socialistas71 en qu e la dem ocracia, y en par ti cular el sufragio universal, nece sariam ente de be n m inar la pro pie dad. La natura leza interes ada de los retorc idos a rgum entos utiliza dos para restringir el voto los propietarios se hizo evidente: el sufragio e ra peligroso p o rq ue am ena zaría a la pro pied ad. El filó sofo esc oc ésja m es M ackintqsh pr ed ijo en 1818 que “si las clases la

69 El er ro r consistía en elim inar el “tales" de la cita que sigue. Véase, ! po r ejemplo, H anso n (1985, p. 57), o Przeworski y Limongi (1993,  pp. 51-69 ). 70 N ota escrita en algún m om ento en tre 1821 y 1829, cit. en Ketcham (1986, p. 152). 71 Según R osanvallon (2004), esta palabra en particular apareció en Francia en 1834.

 boriosas o b tien en el voto , la consecuencia necesaria d eb erá ser un a animo sidad pe rm an en te entre la opinión y la pro p ied ad ” (cit. en Collini, W inch y Burrow, 1983, p. 98 ). David R icardo estab a dis  puesto a ex ten d er el voto sólo a “la p arte de ellos que n o se p u ed e sup on er que tenga interés en anu lar el derecho a la pro p ied ad ” (cit. en Collini, Winch y Burrow, 1983, p. 107). Thomas Macaulay (1900, p. 263), en su discurso de 1842 sobre los cartistas, resumía vividam ente el peligro q ue rep rese ntab a el sufragio universal: La e sencia d e la C arta es el sufragio universal. Si se n iega eso, no importa mucho qué otra cosa se concede. Si se concede eso, no importa en absoluto qué otra cosa se niega. Si se concede eso, el país está perdido [...]. Mi firm e convicción es qu e, en n ue stro país, el sufragio u n i versal es incompatible, no sólo con tal o cual forma de gobierno, y con todo aquello para lo cual el gobierno existe: es incompatible con la propiedad, y en conse cuen cia, es inc om pa tible con la civilización.  Nueve años m ás ta rde, desde el otro extrem o del espectro p o lí tico, Karl M arx (1952, p. 62) ex presó la m isma convicción de q u e la pro p ied ad privada y el sufragio universal son incom patibles: Las clases cuya esclavitud social la Constitución debe  p erp etu ar, el proletariado , el cam pesinado, la p e q u e ñ a  burguesía , en tran en posesión de p o d er político a través de l sufragio universal. Ya la clase cuyo viejo p o d e r social sanciona, la burguesía, le quita las garantías políticas de ese poder. Ob liga al dom inio político de la burgu esía a acep tar condiciones democráticas, que a cada m om ento  p o n e n en peligro las bases mismas de la sociedad b u r guesa. A unos les exige que no sigan adelante, de la em anc ipac ión po lítica a la social; a los otros, que no re tro ce d an de la restau ració n social a la política. Según Marx, la democracia inevitablemente “desencadena la lu cha d e clases”: los p ob res la utilizan p ara ex pro pia r la riqueza; los

ricos se ven am enazados y la subvierten “ab d ica n do ” el p o d er po  lítico e n favor de las fuerzas arm ad as siem pre o rgan izada s. Así, la combinación de democracia y capitalismo es una forma intrínse camente inestable de organización de la sociedad, “sólo la forma  política de revolució n de la sociedad burguesa, p ero n o su conser vadora forma de vida” (1934, p. 18), “sólo un estado de cosas es pasm ódic o, excepcio nal [...] im posib le com o fo rm a n o rm a l d e la sociedad” (1971, p. 198). La “contradicción fundamental de la Constitución republicana” identificada por Marx no se materializaría si la posesión de pro  pied ad es se expandie se espo n tán eam en te o si los desposeíd os,  p o r alguna razón, se abstuvieran de utilizar sus d erecho s políticos  p a ra confiscar la p rop ie dad.72 P o r o tra p arte, M aie r (1975, p. 127) seña la que “si el observa dor tem ía que la nivelación social conti n u ara hacia la proletarización, enton ces el prog reso de la dem o cracia tiene que aparecer como un a tend encia alarm ante. Porque eso sugeriría [ ...] que todas las dem ocracias deb en ten d er en re alidad hacia la democracia social. Es decir, que el advenimiento del gobierno popular y la expansión del electorado inevitable m ente condu cirán a program as para imp ulsar la ulterior iguala ción social y la redistribución de la riqu eza”. De he ch o, la idea de que la democracia en el terreno político debe lógicamente con d uc ir a la igualdad social y econ óm ica llegó a ser la pied ra f un da mental de la Socialdemocracia. Como observa Beitz (1989,  p. XVI), en la historia, un objetivo principal de los movimientos democráticos ha sido tratar de reparar en el plano político los efectos d e las desigualdades d e la econ om ía y la sociedad. Los socialistas en trar on a las elecciones con fines extrem os. El C ong reso de La Haya de la Prim era Intern acio na l proclam ó: “La organización del proletariado en un partido político es necesaria

72 Jam es Mili, p or m enc iona r sólo uno , desafió a los opositores a “prese ntar un caso, solam ente un caso, desde la prim era pág ina de la historia hasta la última, en el que el pu eb lo de c ua lquie r país haya m ostrad o hostilidad hacia las leyes gen erales d e la prop ied ad , o manifestado el deseo de subvertirlas” (cit. en Collini, Winch y Burrow, 1983,  p . 104).

 p ara asegurar la victoria de la revolu ció n social y su objetivo úl timo, la abolición de las clases”. El primer programa socialista sueco especificaba que “la Socialdemocracia difiere de los demás  partidos en que aspira a transform ar com pletam ente la org aniza ción econ óm ica de la sociedad b urguesa y hac er realidad la libera ción social de la clase trabajadora” (Tingsten, 1973, pp. 118-119). H asta el más refo rm ista de los socialistas, A lexand re M illerand, ad vertía que “el que no admita la necesaria y progresiva sustitución de la pro p ied ad capitalista po r la pro pie da d social no es un socia lista” (cit. en Ensor, 1908, p. 51). Sin embargo, en el camino hacia esos objetivos últimos, los socialistas veían nu m ero sas m edidas ca  paces de reducir las desig uald ades sociales y económicas. El  Parti Socialiste Français, dirigido po r Je an Jaurès, proclamó en, el con greso de Tours de 1902: “El Partido Socialista, rechazando la polí tica de todo o nada, tiene un programa de reformas cuya realiza ción busca de inmediato”, y enumeraba 54 medidas específicas (Ensor, 1908, pp. 345 y ss.). En 1897 los socialdemócratas suecos reclamaban imposición directa, desarrollo de actividades produc tivas estatales y municipales, crédito público, legislación sobre las co ndicion es d e trabajo, seguro co ntra la vejez, la en ferm ed ad y los accidentes, así como los derechos propiamente políticos (Tings ten, 1973, pp. 119-120). La cues tión que p erse gu ía a los socialdemócratas era si, com o lo  p lan teó en 1886 H jalm ar B rantin g, “la clase alta respeta ría la vo lun tad p o p u lar au n c ua nd o exigiera la abolición de sus privilegios” (Tingsten, 1973, p. 361). ¿Había límites a la soberanía popular, ejercida por mayorías electorales? ¿No sería necesaria la revolu ción, como temía en 1905 August Bebel, “como medida pura mente defensiva, destinada a salvaguardar el ejercicio del poder ad qu irido de m od o leg ítimo a través del vo to”? (cit. en Schorske, 1955, p. 43). De tod os m odo s, hay u na c uestión previa que no con sideraban: ¿hay algún ordenamiento político capaz de generar igu alda d econó m ica? ¿Es posible establecer la igualdad po r medio de leyes, aun cuando la clase alta iva acceda a la abolición de sus  privilegios? ¿O es que cie rto grado de desig uald ad económica es inevitable au n qu e todos q uie ran aboliría? ¿Fracasaron los socialde mócratas o hicieron todo lo posiblé?

LA DEMOCRACIA Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Según Dunn (2003, p. 22), la democracia sorpresivamente pasó de ser un programa revolucionario a un programa conservador: El origen de la fuerza política de la idea d e dem ocracia en esta nueva épo ca era su com binación de igualdad so cial formal con un orden práctico basado en la protec ción y reproducción de un sistema cada vez más diná mico de desigualdad económica [...]. En 1750 nadie veía ni p od ía hab er visto la demo cracia como un nom   bre n a tu ra l o u n a fo rm a institucio nal ad ecu ada p ara la  protección efectiva de la riqu eza productiv a. Pero hoy ya lo sabemos. A pesar de las prob abilidade s percibidas po r anticipado , eso es exa ctam ente lo que la dem ocracia re  presentativ a h a dem o strad o a largo plazo. ¿Debemos sorpre nd ern os noso tros también? Mi argu m ento es que el peca do fu e original. En la seg un da m i tad del siglo XVIII la dem ocracia e ra u n a id ea revolucionaria, pero la revolución q ue ofrecía era es trictam en te política. Según m i lec tura, en su origen la democracia era un proyecto simplemente ciego a la desigualdad económica, por muy revolucionario que haya sido en cu an to a lo político. Los argum ento s de base m oral  para la r edistribución o la abolició n d e la p ro p ied ad fueron m argi nales y efíme ros. A demás, al restrin gir el sufragio, las institucion es representativas sustituyeron la aristocracia p o r la oligarqu ía. Sin embargo, es difícil entender la coexistencia del sufragio universal con la distribución desigual de la propiedad. El silo gismo según el cual los pobres usarían su posición de mayoría  para exp ro piar a los ricos fue acep tad o en fo rm a casi univ ersal. Y todavía hoy lóg icam ente tiene sentido. C onsiderem os tan sólo el  ju g u ete favorito de los econom is tas políticos, el m odelo de la m e dian a del votan te (Meltzer y Rjcha rds, 1981): cad a indiv iduo se ca racteriza po r u n a do tación de trabajo o capital y todos pu ed en or denarse del más rico al más pobre. Los individuos votan sobre la tasa de im pu esto qu e se de be aplicar a los ingresos. Las sumas ge

neradas por éste se distribuyen por igual entre todos los indivi duos o se gastan en bienes públicos valorados igua lm ente, d e m a n era qu e la tasa de impuesto es lo único qu e d eterm ina la exten sión de la redistribució n. U na vez decidida esa tasa, los individuo s maximizan las utilidades decidiendo en forma descentralizada cuá nto de sus dotaciones destinarán a la produ cción. El teo rem a de la m ed iana del votante afirma que el equilibrio de la regla de la mayo ría ú nica existe, y es la elección del votante con pr efe ren  cia m ediana, y que el votante con p referencia m ediana es el que  posee ingresos m edianos (en el sentid o esta dístico). Y cu an d o la dis tribu ción de los ingreso s está sesgada hacia la de rec ha , es decir, si el ingreso m ediano es m en or qu e el m edio, com o lo es en todos los países de los que existen datos, el equilibrio de la regla de la m ayoría se asocia con u n alto grado de igualdad de ingreso s a par  tir de los im pu estos y transferencias fiscales, ate m pe rad a sólo p o r las pérd idas del peso m uerto de la redistribución. De todos m odos, la dem an da de igualdad social y econ óm ica  persiste . Las élites ven la dem ocracia en térm in os in stitucio nales,  p e ro lo s pú blicos masivos, po r lo m enos en E uro p a o rien tal y en América Latina, la conciben en términos de “igualdad social y eco nó m ica”. En Chile, el 59% de los que resp on diero n esp eraba n qu e la de m oc racia a ten u ar a las desigualdades sociales (Alaminos, 1991), mientras que en Europa oriental la proporción que aso ciaba la dem oc racia con igualdad social oscilaba en tre el 61% en C heco slovaqu ia y el 88% en B ulgaria (Bruszt y Sim ón, 1991). La ge nte espe ra qu e la dem ocracia produ zca igualdad social y econ ó mica. P or lo tanto, la coexistencia de la dem ocracia y la desigual dad sigue siendo un misterio. Co nsideremos prim ero algunos hechos: (1) Si dicotom izamo s los regím enes políticos en dem ocrac ias y autocracias, descubrimos que la extensión de la desigualdad, me did a po r la prop orc ión de los ingresos del 20% más alto en rela ción co n los del 20% m ás bajo de todos los que percib en ingresos, no difiere m uc h o en tre ellos en cada nivel de ingreso p er cápita.73 73 A quí las democracias son regímenes en los que hay elecciones con algu na oposición, d e la base de datos ACLP. Las autocracias son

Figura 11. Proporción de ingresos del 20% más alto al más bajo (por regím enes e ingreso p er cápita).

PIB/cap

Fpfil. El 95% de las áreas sombreadas son intervalos de confianza. Fuente: Deininger y Squire (1996).

 N ótese qu e alg unas dem ocracias aparecen en países con altos ni veles de ingreso en los qu e no hay autocracias. La par te inc linad a hacia arriba de las democracias ricas se debe a Estados Unidos, qu e es extrao rdinariam ente desigual pa ra su nivel de desa rrollo.74 Análisis estadísticos muestran que las estimaciones de la dife ren cia prom edio e ntre regím enes son pequeñ as y no robustas.

simplem ente no d emocracias. Los datos provienen de D eininge r y Squire (1996) y cubren, con núm eros muy variables de observaciones  p o r país, el p e ríod o p oste rio r a 1960. N o incluye a los grandes exportadores de petróleo. 74 Estados Un idos es el país más desigual, en térm inos de ingreso real disponible, entre 24 democracias de alto ingreso estudiadas por B randolini y Sm eeding (2008, Tabla 2.1).

Tabla 3. Diferencias entre autocracia y democracia en la razón del 20% más alto al 20% más bajo de los que reciben ingresos. Variable n

Observados

Autocracia

Democracia

93

238

10,5

9,19

Diferencia 1,31

Match

3,84

2SLS

-1,25

Heckman 2 Heckman 1

11,27

10,75

0,52 -1,38

Nota: los resultados se basan en d iferente s estimad ores de selecc ión. “Ob servad os” da los me dio s observado s. “M atch” se basa en Imb ens nn match con un match. “2SLS” (regresión con mínimos cuadrados en dos fases) es el estim ador de variables instrum entales. “H eck m an 2 ” es el estimador de Heckman con regresiones separadas para los dos regímenes. “Heckman 1 ” es un estima dor com bin ado con térm inos d e interacción. Los mo delos de selección se basan en el ingreso per cápita y en experiencias pasadas de democracia. Las regresiones de resüitados usan el ingreso per cápita y su cuadrado.

(2) Las distribu cione s del ingreso pa rec en ser asom brosamen te estables en el tiempo. La evidencia más fuerte, aunque para un  p erío d o relativam ente corto , proviene de Li, Squ irey Zou (1997), quienes reg istran qu e a lred ed or de¡ 90% d e la variación total de los coeficientes Gini se exp lica p o r la variación en tre distintos pa íses, al tiempo que son pocos los que muestran alguna tendencia en el tiem po. Los ingresos gan ado s n o o frecen casi nin gu na varia ción d u ra n te el siglo XX (Piketty, 2003). (3) Los aum entos d e la desigualdad p arecen ser m ucho más rá  pid os que sus declin acio nes. En particular, después d e 1982, hubo algunos a um ento s d e la desigualdad espectaculares. En Polonia, do nd e bajo el com un ism o la distribución era bastante igualitaria, la pro po rción del ingreso me dian o al m edio (forma conveniente de caracterizar las distribucion es logn orm ales del ingreso) era de 0,82 en 1986, m ien tras qu e en Mé> ico, en 1989, era de 0,59. En

1995 la misma pro po rció n en Po lonia e ra de 0,62, similar a la del muy desigual México. En Estados Un idos, la desigu aldad del in  greso oscilaba alre de d o r de u n nivel con stante has ta 1970, apro xi m adamente, y despu és aum en tó de m ane ra brusca (Bartels, 2008,  p. 35). Por su p arte, las seríes tem porales más largas m uestran que, si bien e n algun os países dem ocráticos la pa rticipac ión e n el ingreso de los gru p os más elevados declinó, la redistribució n fue  bastante lim itad a.75 P arecería q u e n in g ú n país igualó ráp id a mente los ingresos de mercado sin algún tipo de cataclismo: la destrucción d e la gran pro pied ad como resultado de la ocupación extranjera (japonesa en Corea, soviética en E uro pa o riental), re volucion es (U nió n Soviética} )-guerras o em igra ció n masiva d e los  pobres (N oruega, Suecia). Como el problema es muy candente, abundan las explicacio nes.76 Sólo p u ed o en u m era r variedades genéricas: (1) U n tipo de explicaciones sostiene qu e p o r varias razon es los  po bres n o q u ieren igualar la p ro p ied ad , el ingreso o siquiera las oportunidades. Las razones de esto son diversas: (1.1) Falsa conciencia debido a no comprender la distinción entre p rop ieda d productiva e improductiva. (1.2) Dominio ideológico debido a que los propietarios son dueños de los medios de comunicación (Anderson, 1977). (1.3) Divisiones en tre los pob res p o r religión o raza (Roemer, 2001; Eran k, 2004). (1.4) Los po bre s tienen expectativas de h acerse ricos (Bé nab ou yO k, 2001). (1.5) Mala info rm ació n sob re los efectos de políticas partícula-

75 Estas afirm acio nes no son con tradictorias: la princip al razón d e esa dec linación fue que las gue rras y las crisis económ icas des truyeron grandes fortunas que no p udieron ser acumuladas de nuevo debido al im pue sto a la ren ta progresivo. P ara la diná m ica a largo plazo de la  p a rte d e lo s in gre sos más altos, véanse los artículo s e n A tk in son y Piketty (2007). 76 Varias aparecen en el libro de Bartels (2008), donde, sin embargo, la historia es m ucho más com pleja y m atizada de lo que esta esquem ática lista pued e sugerir.

res incluso entre las personas que defienden normas igualitarias (Bartels, 2008). (1.6) Creen cia de qu e la desigualdad es justa po rq ue es conse cu en cia de los esfuerzos antes qu e de la sue rte (Piketty, 1995). (2) O tra variedad de explicaciones afirm a que, au n cu an do un a m ayo ría apoye n orm as igualitarias, los derecho s políticos form ales son ineficaces con tra la p rop ied ad privada. Aquí de nu evo hay al gunas distinciones importantes: (2.1) Los ricos ocu pa n posiciones de po de r político, qu e utili zan para defenderse con éxito de la redistribución (Miliband, 1970; Lindblom, 1977). La “élite del poder” coincide con la élite económica. (2.2) In de p en d iente m en te de su compo sición de clase, los go  b iern o s d e todos lo s colores partidarios de.ben anticip ar el in te r camb io e ntre redistribución y crecim iento. R edistribuir pro pie  dad productiva, o incluso ingresos, es costoso para los pobres. Enfrentados a la perspectiva de p erde r su propiedad o n o po de r gozar de sus frutos, los propietarios ahorran e invierten menos, re du cie nd o así la rique za futu ra y los futuros ingresos de todos. Esa “dependencia estructural del capital” impone un límite a la redistribució n a un pa ra los gobiernos que qu ieren igua lar los in gre sos (Przeworski y W allerstein, 1988).  N in g u n a d e estas explicacio nes sale incólum e c u a n d o se p re  sentan la evidencia y los argumentos en contra. Personalmente, n o m e convence la afirm ación de que los pobres n o qu ieren vivir mejor, ni siquiera a expensas de los ricos. Por o tra p arte , la rela ción e ntr e red istribució n y crecim iento es teóricam ente discutible y la evidencia empírica es inconcluyente (Baneijee y Dufflo, 2003). Hay m odos de redistribución -los que ado ptan la form a de subsidios a la educación o a la inversión para quienes tienen cré dito limitado- que obviamente fomentan el crecimiento. No obs tante, u na pu ra redistribución del consumo po dría retardarlo. Pero toda esta form a de pensar choca con el incóm odo hech o de qu e m ucho s go biernos ha n sido elegidos con el apoyo de los  pobres, h an q u erid o igualar el in greso y han tratad o de hacerlo . Po r lo tanto, en la m edid a en que fracasaron, debe hab er sido po r razones distintas de no qu erer o no tratar. Como a ho ra nos esta

m os acerc and o a los límites de la dem ocrac ia, es preciso de sarro  llar esta argum entación con cierto cuidado .  N ótese, an te todo, que hay distin tas m aneras de igualar in g re sos. U n a es gravar los ingresos del m erca do pa ra o bien finan ciar el con sum o de los po bres o gastar lo recaud ad o en bienes de con  sum o pú blico valorados igualm ente p o r todos. Esto es lo que h a cen muchos gobiernos, en diversos grados: la redistribución es más amp lia bajo gob iernos d e izqu ierda (para referencias y análi sis, véase Beram end i y A nderson , 200 8). La redistribu ción p o r la vía de im puestos y transferencias (“el fisco”), sin em barg o, n o re  du ce la subyacente desigualdad de la capacidad de g en erar ingre sos. Así se financia el consumo privado o público con escaso efecto sobre el po tencial para gen era r ingresos. Po r lo tanto, esa form a de redistribución debe ser em pre nd ida un a y otra vez, año tras año , sólo pa ra aliviar la des igu alda d d e los ingresos ob tenido s. Y com o es costosa, tanto en térm ino s de incentivos com o en los meros gastos administrativos, se vuelve una solución no perma n en te sino urgente. El segun do m ecanismo es a través de u n a igualación d e los po  tenciales pa ra ob ten er ingresos. Com o los ingresos son gene rados  p o r esfu erzos aplicados a recursos productiv os -y a sea tierra, capi tal físico, educación o habilidades-, para igualar las capacidades de ob tener ingresos debemos pensar en términos de la distribu ción de esos ingresos. ¿Pero cuáles son los recursos qu e p u ed en igualarse en las socie dades m odernas? C uando surgió po r prim era vez la idea de pro   p iedad es iguales, recursos productiv os sig nific aba tierra. La tierra es bastante fácil de redistribuir: basta con qu itársela a un os y dá r sela a otros. P or lo tanto, las reform as agrarias ha n sido frecu entes en la historia del m und o: sólo en tre 1946 y 2000 hub o p o r lo m e no s 175 refo rm ar agrarias con redistribuc ión . Sin em bargo , hoy la distribución de tierras tiene un pap el relativamen te m en or en la gen eració n de la desigualdad de ingresos. En cambio, otros recu r sos produ ctivos se resisten a un a o pe ració n tan sencilla: (1) Los com unistas redistribuy eron capital indu strial colocán  do lo en m anos d el Estado y pro m etiend o qu e los beneficios que no se invirtieran serían distribuidos entre las familias por igual.

Ese sistema gen eró un grado considerable de igualdad, pero -p o r razones en las que no hace falta en trar a q u í- resultó ser dinámica m en te ineficiente: in hib ía la inno vación y el progreso técnico. (2) Alternativamente, se pueden redistribuir títulos de propie dad en form a de acciones. Pero esto tiene sus propios problemas. Uno, que mostró la experiencia checa de privatización, es que  p u e d e n ser, y p ro b ab lem en te serán, reconcen trado s de m odo rá  pido. En general, las personas que son más p obres se los v enden a las más ricas. O tro es que la dispersión de la pro pied ad reduc e los incentivos de los accionistas para monitorear a los administrado res. Se han propuesto varias soluciones a esos problemas, pero nin gu na parece ser muy eficaz. (3) Muchos países igualan el capital humano inviniendo en educación. Pero las personas en contacto con el mismo sistema educativo a dq uiere n diferentes capacidades de gan ar ingresos en fun ción de sus distintos ante ced en tes sociales y económicos. Ade más, com o na ce n co n difere ntes talen tos y com o el uso de éstos es socialm ente beneficioso, se dese ará e du car m ás a las personas más talentosas. (4) Por último, es posible generar capacidades de ganar ingre sos mediante políticas que apunten estrictamente a auijnentar la  pro ductividad de lo s po bres (“crecim iento p ro pobres”), como suavizar las limitaciones del crédito, capacitar para técnicas espe cíficas, subsidiar la infra es tru ctu ra nece saria, con centrarse en las enfermedades a las que los pobres son más vulnerables, etc. Sin embargo, esas políticas requieren un alto nivel de competencia adm inistrativa p ar a d iag nosticar las nec esid ades y dirigir, las políti cas hacia los blancos específicos. • i Así, iguala r los recu rso s prod uctivo s p are ce ser difícil por razo nes pu ram en te tecnológicas, no sólo políticas o económicas. P or últim o, in cluso si se equ ipa rara n los recursos productivos, la igualdad perfecta no puede sostenerse en una economía de mercado. Montesquieu (1995, pp. 151-155) se pregunta: “¿Cómo las leyes establecen la igualdad en una democracia?” -título del capítulo 5 del Libro 5 - y tom a com o pu nto de p artida la igualdad de la tierra. Lueg o c ontinúa:

Si el legislador, cuando hace esa división, no dicta leyes  para m antenerla, hace solam ente u n a C onstitu ción tran  sitoria; la desigualdad en tra rá p o r el costado qu e las le yes no defienden, y la república estará perdida. Por lo tanto, aun cuando la igualdad real será el alma del Es tado, es tan difícil de establecer que un rigo r extrem o en este aspecto no siempre es conveniente. Es suficiente con reducir las diferencias hasta cierto punto, después de lo cual co rresp on de rá a leyes particulares igualar, po r así dec irlo, las desigualdades, m ed ian te los gravámenes que im po ne n a los ricos y la ayuda que con ced en a los  pobres. Recuérdese qu e B abeu f creía que la redistribución de la pro pie dad no resolvería el pro blem a de la desigualdad, “pue sto q ue nin  guna división igual durará nunca”. Supongamos que se han igua lado los recursos productivos. Sin embargo, los individuos tienen capacidades diferen tes, imposibles de ob servar, p ara con vertir los recursos productivos en ingresos. Además, están sujetos a las vici situdes de la suerte. Supongamos que diferentes individuos (o  pro yecto s em p ren d id o s p o r ellos) tie n e n tasas d e re to rn o ligera m ente distintas: algunos p ierd en a razón de -0,02 p o r añ o y otros ganan a razón de 0,02. Después de veinticinco años, el individuo que ge ne ra u n re tor n o del 2% será 2,7 veces más rico q ue el que  pierde 2% al año; y después d e cin cu en ta años (dig am os de lo s 18 a los 68 años de edad), ese múltiplo será de 7,4.77 Por lo tanto, aun qu e se igu alaran los recursos pro ductivos la desig ua ldad volve ría a infiltrarse. El tema -que examinaremos en el próximo capítulo- es hasta qué p u nto las op ciones redistributivas están ríg idam ente limitadas,  porque la lógica de la com petencia electoral obliga a los partidos a

77 El supu esto de q ue las tasas de re torn o an uales están correlacionadas  p ara cad a in div id uo a ló la rgo del tiem po re fle ja el h ec ho de q ue las  personas dif ieren en rasg os no observados que afecta n su capacid ad de utilizar los recursos productivos.

ofrecer y seguir políticas similares, y hasta qué punto es poco lo que los gobiernos pu ed en hacer. Esta cuestión es im po rtante po r qu e afecta nu estro juicio sobre la democracia. Sup ongam os q ue fuera posible red ucir la desigualdad económ ica po r deb ajo d e los niveles existentes en demo cracias desarrolladas sin dism inu ir los ingresos futuros, y qu e n o se está redu ciend o deb ido ú nica m en te a los rasgos institucionales de la democracia, cualquiera que sea n u es tra op inió n so bre ellos. Resulta evidente q ue el ju icio sobre ese intercambio [trade-off¡   dependerá de otros valores a los que tendríamos que renunciar si optamos por la igualdad. Pero no existe tal intercambio. Simplemente, cierto grado de desigualdad eco nó m ica es inevitable. La dem ocracia es im po tente resp ecto d e la desigualdad, pero lo m ismo sucede con cualquier otro o rde na  miento político concebible. Piénsese en Brasil: en los últimos dos siglos ha sido un a colonia, un a m on arquía inde pen dien te, un a re  públic a oligárq uica, u n a dictadura m ilitar populista, u n a dem ocra cia con u n a presiden cia débil, un a dictadura militar de d ere ch a y un a dem ocracia con u n a presidencia fuerte. Y, sin em barg o, hasta do nd e sabemos, la desigualdad perm aneció. H asta los com unistas, que qu erían uravnit   (igualar) todo y qu e efectivamente igu alaron recursos en forma de propiedad pública, tuvieron que tolerar la desigu aldad que surge de las aptitudes y las motivaciones diferen  tes. La bú sq ue da d e igu alda d tiene sus límites. Esto no quiere decir qu e n o debamos hacer nada. A men os que los gob iernos la com batan continuam ente, a m enos que m anten  gan u n pa pe l activo en la pro tección de los po bres y en la transfe rencia d e recursos productivos a los qu e tienen m enos capacidad de g an ar ingresos, la desigualdad tiende a aum entar. Co m o h a de  m ostrado el exp erim ento n eoliberal, cuando los go bierno s dejan de desempeñar ese papel, este aumento puede ser muy rápido. Además, en varias demo cracias la m agnitud d e la desigualdad eco  nó m ica es simp lem ente aterradora. E ntre las con tem po ráneas, la razó n d el 20% m ás alto al 20% bajo, qu e es pro ba ble m en te la m e dida m ás intuitiva de la desigualdad, va de m enos de 6 en Finlan dia, Bélgica, Espa ña y Corea d el Sur a alred ed or del 33% en B ra sil y Pe rú. A un la razón de 6 es demasiado grand e: significa que en un país con un ingreso p e r cápita de 15 000 dólares (más o m enos

el promedio para esos países en 2002, en dólares PPP de 1995), u n m iem bro del 20% más alto tiene u n ingre so d e 27 000 dólares, m ientras que u n m iemb ro del 20% más bajo recibe 4500. La ma yoría de los que respo nd ieron a la encuesta en España y C orea del Su r pen saba q ue esa desigu aldad e ra excesiva. No ob stante, la di ferencia entre muchas democracias latinoamericanas y las euro  peas, más ig ualitarias, es eno rm e. Es v erdad que la dem ocracia en cuentra límites, pero hay muchas democracias que están muy lejos de esos límites.

CERRANDO EL CÍRCULO

La d em ocracia es un m ecanismo que trata a todos los participan tes po r igual. P ero cu ando individuos desiguales son tratados en fo rm a igu alitaria, su influe nc ia en las dec isione s colectivas es des igual. Imaginemos un partido de básquetbol. Hay dos equipos, reglas perfe ctam en te universalistas y un ju ez imp arcial para ad m inistrarlas. Pero un equipo está form ado p o r jug ad ore s d e 1,90 de estatura y el otro por hombres que apenas pasan de 1,50. El resultado del partido está determinado de antemano. Las reglas del ju eg o tratan a todos los jug ad or es po r igual, pero eso sólo sig nifica que el resultado del ju eg o de p en d e de los recursos que cad a u no lleve a la cancha. En un a p en etran te crítica de los “derech os bu rgueses”, Marx (1844) caracteriza esa du alidad en tre reglas universalistas y rec u r sos desiguales del siguiente m odo : El Estado, a su manera, anula las distinciones de naci miento, rango social, educación, ocupación, cuando de clara que el nac im iento, el rang o social, la ed uc ac ión y la ocupación no son distinciones políticas, cuando pro clama, sin considerar esas distinciones, que todos los m iembro s de la nación participan p o r igual en la sobera nía nacion al [...]. Sin emb argo, el Estado pe rm ite que la  pro p ied ad priv ada, la educación y la ocupación actú en a

su ma ne ra, es decir, com o pro pied ad privada, como ed u cación, como ocupación, y ejerzan la influencia de su  p articular naturaleza. Desde ento nces, la m isma dualidad h a sido diagno sticada reitera damente. El presidente del Comité de Redacción de la Constitu ción de la India de 1950, B. R. Ambedkar (cit. en Guha, 2008,  p. 133), veía a la fu tu ra república india en tran d o en u n a “vida de contradicciones”: En la política reconoceremos el principio de un voto  p o r cada h o m b re y u n valor p o r cada voto. En nu estra vida social y econó m ica, en razón de n ue stra estructura social y económica, continuaremos negando el princi  pio de u n valor p o r cada hom bre. ¿Hasta cuándo segui remos viviendo esa vida de contradicciones? ¿Hasta cuánd o continuaremos negando la igualdad en nuestra vida social y económ ica? Si con tinuam os neg ánd ola po r m ucho tiem po, lo haremos al precio d e po ner en peli gro nu estra dem ocracia política ¿Cómo es que la desigualdad socioeconómica se transforma en desigualdad política? ¿No es posible mitigar el impacto de la des igualdad socioeconómica mediante medidas regulatorias o la or gan ización p olítica de ios pobres? Lamentablemente, sabemos muy poco acerca del papel de los recursos no políticos -y m e co ncen tro estrictamente en el din ero en la conformación de los resultados políticos. Una conclusión ge n era l que surgió d e encuestas realizadas en 22 países po r el Na tional Democratic Institute for International Affairs (Bryan y Baer, 2005, p. 3) es qu e “Muy po co es lo que se sabe sobre los de talles del dinero en los partidos polí ticos o en las campañas. Los  p atro nes de ñ n anciam iento de los partidos políticos son extrema damente opacos”. En gran parte, esa falta de conocimiento se deb e a la naturaleza m isma del fenóm eno : d e m anera legal o no, el dinero se infiltra en la política en formas que quieren ser opa cas. Ad em ás, los m ecanism os p o r los cuales los recursos financie

ros afectan políticas concretas son difíciles de identificar, aun cuando se dispong a de la inform ación. Esquemáticamente, se po dr ía pe nsa r qu e el dine ro sesga los re sultados del proce so d em ocrático si (1) los po bres tiene n m enos  probabilid ades d e votar, (2) las co n trib u cio n es políticas afecta n las plataformas que p ro p on en los partidos, (3) los fond os de cam  paña afectan decisio nes burocrátic as o ju diciales, (4) las con tribu ciones políticas afectan el proceso legislativo, (5) en decisiones  burocrátic as o judiciales in flu ye el so b orn o . C onsiderem os esos canales po r separado. Fuera de Estados Unidos, las diferencias de clase -ingreso o educación- en la asistencia electoral son pequeñas. Calculando con los datos qu e pre se nta And uiza Perea (1999, p. 102) p ar a 14  países del oeste de E u ro p a, vem os q u e la d iferen cia p ro m e d io en tre la asistencia del 25% de ingresos m ás altos y el 25% co n los ingresos más bajos es de apenas 6%. La mayor diferencia, en Francia, era del 16,4%. De acuerdo con Norris (2002, pp. 9394), a partir del análisis de datos de 22 países, la diferencia en asistencia entre el 20% más alto y el 20% más bajo era de 9,6,  p ero su m u estra in clu ye a Esta dos U n id os. E n 1996, N orris (2004, p. 174) ag ru p a datos de 31 países, de nu evo in cluy end o a Estados Unidos, y allí la diferencia es del 8%. Pasando de Eu ro pa y sus vástagos más ricos a los países m ás po bre s, d e nuevo encontram os qu e el ingreso no tiene m a y o r i m p a c t o e n   la asis tencia, o nú m ero de votantes. Yadav (2000) ob serv aba que e n la Ind ia los miem bros de las castas reco no cidas y de las tribus regis tradas tenían tasas de asistencia más elevadas que la gente más acomodada durante la década de 1990; hallazgo que confirma Krishna (2008) para aldeas del norte del mismo país. Emple and o datos del A froba róm etro p ara 15 países africanos, Bratton (2008) encontró que los pobres tenían ligeramente mayores  p ro b ab ilid ades de votar q u e los n o po bres. B o o th y Seligson (2008) realizaron un estudio reuniendo los datos de 6 países centroam ericanos más México y Co lomb ia y en co ntra ro n que no hay relación en tre la asistencia y el ingreso. Estados U nido s está claramente del otro lado: según Verba, Schlozman y Brady (1995, p. 190), el 86% de los que tenían ingresos de 75 000 dó

lares o m ás iban a votar, pero de los que tenían ingresos m en o res de 15 000 sólo la m itad asistía. El imp acto d e la educación parece variar más entre diferentes  países. Tanto B ratton (2008) como Booth y Seligson (2008) en  cue ntran qu e las person as educadas tienen algo más d e  prob abili dad es d e votar en sus respectivas regiones. N orris (2002, pp . 93-94) estima qu e la diferencia de asistencia en tre los qu e te rm ina ro n el collegey los qu e d es ertar on de la secun daria es del 9,5%, m ientras qu e su m ues tra de 31 países en 1996 manifiesta una diferen cia del 14% (2004, p. 175). Sin embargo, destaca que la educación no tiene nin g ún efecto sobre la asistencia en Eu rop a occidental. Los datos de And uiza P erea (1999, p. 99) señalan que la diferenc ia de asistencia entre los de educación “superior” y los de “inferior” es de apenas 2,3% en 15 países europeos, y hay 6 países donde la gente con m eno r educación acude a votar en mayor nú m ero que los más educad os. L a m áxima d iferencia en favor de los más ed u cados se da en Suiza, que se destaca de lejos con 19,2%. Los datos de Go odrich y Nagler (2006) m uestran que la diferencia pro m ed io en tre el 25% más alto y el más bajo en cuan to a la edu cació n es de 8,3% en 15 países, sin incluir a Estados Unidos, con Suiza de nuevo m uy lejos con 22,7%. Pero también evidencian q ue p ar a Es tados U nid os esa dife ren cia es de 39,6%. En consecuencia, en conjunto parecería que los más pobres no votan a tasas claram en te m ás bajas qu e las de los más ricos. Es po sible que sea verdad que m uchas personas muy po bres votan -a cambio d e favores clien telares - po r candidatos más ricos que, u n a vez elegidos, buscan su pro pio interés antes qu e el de q uie ne s los eligieron (Bratton, 2008; Gallego, 2009). Por eso, la elevada tasa de asistencia de los pob res n o significa qu e el diner o n o p ese. De he ch o, en 22 países estud iado s p o r Bryan y B aer (2005, p. 13), la m itad de los gastos de ca m pa ña provenía de “fond os pe rso na les”, cualquiera q ue fuese su procedencia, y podem os sospechar que esas contribu cion es n o er an desinteresadas. Sin em bargo , subsiste la cuestión de que , fue ra d e Estados Unidos, la relación en tre la clase y la asistencia es mu y débil. Los efectos d e las con tribuc ion es políticas en las plata form as de los partido s, las decision es d e voto individuales y el pro ceso legis

lativo son difíciles de identificar. Consideremos dos posibilidades diferentes, pero no mutuamente excluyentes. (1) Los grupos de interés particulares, “lobbies”, utilizan las con tribu cion es p olíticas  p a ra influir en las plata form as de los partidos. Sí u n g ru p o de in terés consigue persuadir a todos los partidos grandes de que ad op ten program as de su preferencia, entonces no le preocu pa qu é p artido gan e y no necesita hac er contribuc iones a las campa ñas destina das a influir en los votantes. Además, si u n lobby logra establecer un a relación a largo plazo con un partido, n o nece sita co m pr ar votos legislativos cada vez que aparece en la agen da u n tem a qu e afecta sus intereses. (2) Los cand idatos tiene n p re fe ren  cias diferen tes en relación con las políticas. Los lobbies saben quién es quién. Contribuyen a los candidatos cuya posición los llevaría a ad op tar po líticas favorables a ellos. Los fond os de cam pañ a com   p ra n votos. Los candid ato s ele gid os, m ientras ocu pan su cargo, apoy an las políticas qu e p refieren, y así defie nd en los intereses de algunos lobbies.  (3) Los lobbies co m pran legislación al con tado , es decir, h ace n con tribucion es a los legisladores a cam bio d e sus vo tos sobre d eterm inad os asuntos. Grossm an y H elpm an (2001) in ten tan d istingu ir el pa pe l del di n ero en la co m pra de plataformas y de votos en el con texto d e Es tados Unidos. En su modelo, los partidos maximizan la posibili da d de g anar un a mayoría de los puestos, m ientras que los grupo s de interés especial maximizan el bienestar de sus m iemb ros. Nó tese q ue hay dos clases de votantes: los estratégicos m axim izan los  ben eficios esperados, m ientras qu e los im presionables son in fluenciados favorablem ente po r la prop aga nd a electoral. Los inte reses especiales p ue de n hac er con tribucion es a las cam pañas, los  políticos eligen políticas y los vota nte s votan; no n ecesariam ente en ese orden p orq ue las contribuciones pu ed en desem peña r un  p ap el doble: p u e d e n ser utilizadas al com ienzo de la cam paña  p a ra in d u cir a los partidos a an u n ciar plataform as de acu erd o al gu sto d e los lobbies, o bien pu ed en ser utilizadas desp ués de qu e se ha n an un ciad o las plataformas p ara lograr qu e los votantes se in clinen po r el pa rtido más cercano a éstos. Si hay un solo gru p o de inter és, el resu ltado es que: (1) pa ra influir en sus plataform as, el grupo contribuye a los dos partidos, dando más al que de ante

m an o es su favorito pa ra gan ar. (2.1): Si las plataform as resultantes son iguales, al interés especial le es ind ifere nte qu é par tido gana y ya n o con tribuye más. (2.2) Si las pla taform as resultantes difieren, aporta fondos adicionales para inclinar la elección en favor del que va delante. “En general”, concluyen Grossman y Helpman (2001, p. 339), “las contribuciones sesgan el resultado político ap artán do lo del interés público, influyendo en las posiciones de los partido s y posiblem ente tamb ién m odificando las posibilida des d e cada un o en las elecciones.” El motivo electoral -co ntr ibu  ciones pensadas para inclinar las elecciones en favor del partido cuya posición anunciada es del gusto del interés especial en ma yor m ed ida que las otra s- es más déb il cuan do son varios los gru   pos de interés que com piten p o r la in flu encia, po rq ue cada uno  p u ed e aprovechar el im puls o de las contr ibuciones de los demás. P or últim o, las plataform as reflejan las con tribucio nes y se apar tan del bienestar del votante pro m ed io. Los partidos actúan como si estuvieran m aximizando un prom edio p ond erado de contribu ciones d e cam pañ a y de la suma del b ienestar de votantes estraté gicos. Los estudios empíricos del impacto del dinero están limitados casi exclusivamente a Estados U nido s y ge ne ran resultados diver gentes; con frecuencia, muestran que el dinero no tiene mayores efectos (Stratm an, 2005). La dificultad d e esos estudios es identi ficar la dirección de la causalidad en dos relaciones; (l) ¿ lo s par tidos (los candidatos) ganan porque gastan más dinero o tienen m ás din ero pa ra gastar po rq u e se esoe ra que ganen? (2) ¿Los le gisladores votan en favor de intereses especiales porqué reciben contribuciones de ellos o reciben coatribuciones porque se per cibe qu e sus prefe rencias coinc iden con los intereses de los lobbies? Por último, sabemos que los ganadores gastan más dinero en las cam pañ as que los pe rd ed or es y qu e ios legisladores tienden a vo tar en favor de los gru po s de los que re ciben contribuciones, pero los mecanismos que generan esas correlaciones siguen siendo opacos. La regulación referente a la transparencia, la financiación pú  blic a y la fin ancia ción priv ada difie re m ucho entre los países. Pierre, Svásand y Widfeldt (2000) informan que, hasta 1989, la pro

 porción de los subsidio s estatales en el to tal de in gresos de los par tidos políticos de Europa occidental oscilaba entre el 25,1% en Austria y el 84,2% en Finlandia. Según IDEA (h t t p : / / i d e a . i n t /parties/finance), de 116 países sobre los cuales se disponía de esa información en el año 2002, 75 tenían algún tipo de regula ción del financiamiento político, mientras que 41 no tenían nin guna. 59 tenían provisiones para hacer públicas las contribucio nes a los pa rtido s p olíticos, m ientra s q ue 52 no. L a mayoría de los  países adm ite las con tribu cio nes priv adas, inclu so de quienes tie nen con tratos con el go bie rno (86 las pe rm iten, 27 no ). En cam  bio, en 83 países hay algún p lan d e financiam iento pú blico di recto de los partido s políticos m ientras q ue en 61 n o lo hay. Po r otro lado, en 81 países los partidos reciben tiempo gratuito en te levisión du ran te las cam pañ as electorales y en 34 no. O tra fuen te (http://aceproject.org) informa que 156 países permiten la fi nanciación-privada y 28 no, mientras que 106 ofrecen financia miento público directo, 110 indirecto y 46 ninguno. Nótese que ningun o de los argum entos en con tra del financiamiento público -q u e h ace a los pa rtidos d ep en dien tes d el Estado, que petrifica el sistema del partido, y que provoca apatía en la movilización de m iembros- parece ser real po r lo m enos en el contexto de E uropa occiden tal (Pie rre, S vásand y W idfeldt, 2000). Hasta donde sé, no hay estudios comparativos sobre el efecto de esos regímenes regulatorios en los resultados de la política, aunque se afirma que las financiaciones de campaña no tienen ningún papel importante en algunos países como, por ejemplo, Ho landa, D inam arca o Suecia, m ientras q ue sí lo tiene n en Italia, el Reino U nido y Estados U nido s (Prat, 1999). Y la regu lación no es la única m an era de igualar la influencia política de grup os eco nó m icam ente desiguales. El Campo de ju eg o político p arec e ser más igual en aque llos países en qu e los po bres h an sido organ iza dos por partidos políticos asociados con sindicatos poderosos. Los escándalos d e c or ru pc ión abu nd an: apa rece n valijas llenas de dinero en la oficina del prim er m inistro, los con tratos del go  biern o se con ced en a em presas que tien en a m inistr os del go  bierno com o copropietarios, los tr ato s amistosos son com unes, se descubre que los partidos políticos tienen cuentas en Suiza, los

go biern os locales tien en arreglos sistemáticos de sob orn os con las grandes empresas constructoras, es una lista interminable. Ade más, esos escándalos en m odo alguno se limitan a los países m e nos desa rrollado s o a las dem ocracias jóvenes: los ejemp los da do s  prov ienen d e A lem ania, España, Francia , Ita lia y Bélgica. P ero re ducir el papel político del dinero a casos de “corrupción” sería  p ro fu n d am en te equív oco y p olíticam ente erró n eo . C onceptualizada com o “co rru p ció n”, la influencia del dinero se con vierte en algo anóm alo, fue ra de lo norm al. Se nos dice que cuan do intere  ses especiales sob or na n a legisladores o gob iernos, la de m oc racia se ha c orrom pido. Y entonces no hay nad a que decir cuan do inte reses especiales hac en con tribucio nes políticas legales. Los britá nicos aprendieron a fines del siglo XVIII que “influencia” no es otra cosa que un eufemismo para referirse a “co rru pc ión ”, p ero la ciencia po lítica con tem po rán ea h a preferido olvidar esa lección. Para existir y particip ar e n las elecciones, los partidos políticos n e cesitan d inero ; com o los resultados de las elecciones son im po r tantes pa ra los intereses privados, éstos com pre nsib lem en te bus can h acerse amigos de los partidos e influir en los resultado s d e las elecciones: la lógica de la co m peten cia política es inex orab le. Por último, es de importancia secundaria que los mismos actos sean legales en algun os países e ilegales en otros; las prá cticas d el financiam iento p olítico en Estados Unidos constituirían co rru p  ción e n varias demo cracias. La corru pció n de la política po r el di nero es un rasgo estructural de la democracia en las sociedades económicamente desiguales. Dada la escasez de información sistemática y las dificultades  p ara distinguir el p ap el de diferentes m ecanismos de acceso al di nero en la política, la conclusión sólo puede ser especulativa. Es  posible reg u lar el acceso del d inero a la política h asta cierto  pu nto, p ero éste tiene inconta bles m aneras de infiltrarse en la p o  lítica. La regulación pu ed e red ucir la me dida en q ue la desigual dad política refleja la desigualdad económica, pero no es posible elim inar po r com pleto la influencia de la propied ad privada, la educación o la ocupación. La regulación pu ede em parejar hasta cierto p u n to el camp o de jueg o, p ero es difícil que los actuales ga nado res, los qu e están e n el poder, ado pten un a regulación dise