Produccion Final Derecho Procesal Civil II Uapa Jorge Herrera

Escuela Ciencias Jurídicas Y Políticas Carrera: Licenciatura en Derecho Presentado Por Jorge Herrera

Matricula: 16-9762

Asignatura: Derecho procesal civil ll

Tema: Producción final sobre memorial de Casacion

Facilitador Fernando Ozuna

Fecha 25 de febrero 2019 Santo Domingo Este

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ELABORACIÓN DE UN MEMORIAL DE CASACIÓN, CON TODOS SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. CONSTITUTIVOS.











Tabla de contenido INTRODUCCION ............................................................................................... 4 Objetivo General. .............................................................................................. 5 Objetivos Especifico: ....................................................................................... 5

MARCO TEORICO Concepto.- ...................................................................................................... 6 Síntesis histórica-origen .................................................................................. 6 La casación en el ámbito nacional .................................................................. 7 La casación en la constitución de 1908 .......................................................... 8 La casación en la nueva normativa procesal penal ........................................ 9 Decisión de las cámaras reunidas: ............................................................... 11 Decisión de la cámara civil ............................................................................ 11 Decisión de la cámara penal: ........................................................................ 12 Decisión de la cámara de tierras, ti erras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario: ................................................................................... 12

CONCLUSIÓN ................................................................................................. 13 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 14 ANEXO ............................................................................................................ 16











INTRODUCCION El siguiente trabajo tiene como objetivo principal estudiar, analizar y valorar la Importancia del recurso de casación en la República Dominicana. Encontraremos que la casación: es un recurso extraordinario mediante el cual la parte perjudicada en su derecho persigue la anulación de una sentencia o fallo dictado por un tribunal del orden judicial o de otra instancia judicial prevista por la ley, por ante la Suprema Corte de Justicia, en sus funciones constitucionales de Corte de Casación, a los fines de determinar, sin tocar el fondo del litigio, si la ley fue bien o mal aplicada. Una vez pronunciada esa anulación, la Suprema Corte de Justicia, único tribunal con competencia para conocer de la casación, envía el asunto por ante otro tribunal de la misma categoría o jerarquía de aquel de donde procede la sentencia anulada, para que conozca y falle de nuevo el asunto, salvo excepciones previstas en leyes especiales. En este trabajo es realizado a partir del tema de la Importancia del Recurso de Casación, en la República Dominicana. Metodológicamente esta investigación se realiza a partir part ir del método bibliográfico, analizando las diversas informaciones obtenidas. El cual contiene una hoja de presentación, índice, introducción, propósitos de la investigación, objetivos generales y específicos, desarrollo, conclusión y bibliografía. Utilizamos este método para profundizar en la teoría de varios autores, donde hemos recopilado informaciones previas, dirigidas para obtener conocimientos sobre el Recurso de Casación en la República Dominicana.











Objetivo General. Conocer sobre la Importancia del Recurso de Casación, en la República Dominicana.

Objetivos Especifico: 

Definir los diversos diversos conceptos sobre el Recurso Recurso de Casación Casación en la República Dominicana.

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Identificar cuáles han sido sido los antecedentes históricos, del del recurso recurso de casación, antes de ser aplicado en nuestro país.

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Establecer como está constituido constituido el recurso de casación casación en la República Dominicana.

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Nombrar las las Diferencias Diferencias existentes existentes sobre sobre los Recursos de Casación Casación y de de Apelación.











MARCO TEORICO Concepto El recurso de casación es un recurso un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley la ley o que ha sido dictada en un procedimiento un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, es decir por un error in indicando o bien error in procediendo respectivamente. Su fallo le corresponde a la corte suprema de justicia y, habitualmente al de mayor jerarquía, como el Tribunal el Tribunal Supremo. Sin Supremo. Sin embargo, en ocasiones también puede encargarse del recurso un jurisdiccional jerárquicamente inferior o específico. específico.

Síntesis histórica-origen Este recurso, como dice Calamandrei, remonta sus primeros vestigios en el Sanedrín del pueblo hebreo o en el Aerópago de la antigua Grecia. Sin embargo, el que hoy conocemos y que ha regido en el país, se desdobla en dos entidades que se complementan: la Corte de Casación y el recurso de casación; es de factura revolucionaria, entendiéndose por esto que el recurso de casación es un producto de la obra legislativa de la Revolución francesa, aunque en mérito a la verdad histórica, debe situarse sus inicios en el antiguo régimen cuando el Rey ejercía la justicia retenida que le permitía anular las sentencias de los Parlamentos y avocar el fondo de la causa cuando eran rendidas en violación de sus ordenanzas, lo que hacía a través del Consejo del Rey, primero, y luego, por una sección de éste llamada el Consejo de las Partes. Más tarde en 1578 se dividió en dos secciones: el Consejo de Estado, para los asuntos políticos, y el Consejo de las Partes para los judiciales, que permanecieron autónomos hasta la Revolución5. Pero su verdadero nacimiento con los perfiles actuales hay que situarlo en 1790 cuando la Asamblea Nacional decidió en Francia, que “habría

un Tribunal de Casación junto al cuerpo legislativo, fuera de la organización jurisdiccional, que anulará todos los procedimientos en los cuales las formas













El poder de casación inherente al Rey, a partir de mediados del Siglo XVI, fue utilizado por los particulares que por intermedio del Soberano demandaban la anulación de las sentencias de los parlamentos cuando, además de serles adversas, eran contrarias a las ordenanzas que con carácter legislativo dictaba el Rey. Como se ve, la iniciativa de su ejercicio no permaneció siempre en manos del soberano. El Parlamento, sobre todo el de París, creado por ordenanza de aquél, como un órgano autónomo con función jurisdiccional, sustituyó al Consejo de las Partes, pero, aunque sus decisiones eran inapelables, el Rey conservó la prerrogativa de declarar la nulidad de las sentencias contrarias a su voluntad y de aquellas con carácter reglamentario. Eran las llamadas Arrêts de reglement, cuya eliminación, a consecuencia de la revolución, dio lugar a que en el Título Preliminar, artículo 5, del Código Civil, se consagrara desde su promulgación en 1804, la prohibición a los jueces de fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión. El tribunal creado en 1790 por la Asamblea Nacional, reconocida ya su naturaleza jurisdiccional, tomó el nombre de Corte de Casación, a partir del 28 Floreal año XII (18 de mayo de 1853).

La casación en el ámbito nacional La Constitución de San Cristóbal de 1844 y la adopción por el legislador











toda la isla desde 1825 fue luego asimilada por nosotros voluntariamente en 1845, en los albores de la República. Como se trataba de una copia de los códigos franceses, era obvio suponer que en el Code de Procédure Civile, que fue uno de los códigos adoptados, el recurso de casación debía figurar como una de sus instituciones. Sin embargo, extrañamente, como dice Jacques Boré, la misión de la casación fue ignorada por los códigos napoleónicos que no reprodujeron ni las disposiciones procesales del Reglamento del 28 de mayo de 1738, ni las del Decreto de 1790, entre otras, por lo que desde muy temprano el tribunal de casación debió ejercer su poder de interpretación del espíritu como de la letra de la ley. Es por ello que en los códigos de la restauración que asimilamos brilló por su ausencia el recurso de casación. En cambio, curiosamente, nuestra primera Constitución de 1844 estableció en su artículo 134, el recurso de nulidad contra las sentencias definitivas dadas en última instancia por los tribunales de apelación que, aunque en cierto modo se asemejaba a un recurso de casación, no llegaba a configurar esta institución si se observa que al mismo tiempo ese recurso servía como vía de reformación, ya que la misma Suprema Corte de Justicia tenía competencia para retener el asunto y estatuir sobre el fondo de la cuestión. Ni más ni menos la misma fórmula que usaba el Rey de Francia en el Siglo XVI, en los inicios de la casación. Ese recurso de nulidad podía ejercerse sólo contra las sentencias relativas a procesos que habían recorrido los tres grados de jurisdicción que existían en esa época, siguiéndose el modelo de la Constitución de Cádiz de 1812, que también rigió entre nosotros antes de la ocupación.











Establecido el recurso de casación mediante la fórmula adoptada por la reforma de 1908, la Ley No. 4845 de Organización Judicial y de Procedimiento de Casación, del 2 de junio del mismo año, al reglamentar el ejercicio de esta vía extraordinaria de recurso, expresó que “la Suprema Corte de Justicia tiene

competencia para confirmar o anular los fallos dictados en última instancia y por los tribunales inferiores, sin decidir el fondo”. Esta redacción fue objeto de severas críticas y se le calificaba de contradictoria pues, por un lado proclamaba la prohibición de decidir el fondo y, por el otro, le abría a la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de conocer del mismo al reconocerle que tenía competencia para confirmar la sentencia que le era deferida por vía de la casación. Ello condujo a que el 12 de abril de 1911 se promulgara una nueva ley, esta vez destinada exclusivamente a reglamentar el recurso de casación, con una redacción más depurada y en armonía con el canon constitucional que lo había instituido. Para su mejor comprensión es conveniente resaltar la fórmula empleada por el legislador de 1911 en la Ley No. 4991 de Procedimiento de Casación, que había sido modificada por las leyes Nos. 196 del 14 de octubre de 1931 y 295 del 30 de mayo de 1940. Decía esa ley ya sustituida, lo siguiente: “La Suprema Corte

de Justicia decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última instancia, pronunciados por las cortes de apelación, y los tribunales o juzgados inferiores, y admite o rechaza los medios en los cuales se basa el recurso, pero en ningún caso conoce del fondo del asunto”. La vigente

Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación,











repercusión que sobre la casación ha tenido la puesta en vigor el 27 de septiembre de 2004, de un nuevo Código Procesal Penal, instituido por la Ley No. 76-02, que produjo, a causa de su novedosa visión sobre la casación, la más extendida ablación en el cuerpo de la Ley sobre Procedimiento de Casación, al suprimirle el Capítulo III completo, comprensivo de los artículos 22 al 46 que reglamentaban el procedimiento de este recurso en materia represiva. Ese trámite fue suplantado por los artículos 416 al 424, relativos al recurso de apelación de las sentencias, por reenvío que hace el artículo 427 del mismo Código Procesal Penal, los cuales “se aplican analógicamente”, a la casación,

según ese texto. Conviene destacar, sin embargo, el hecho de que ahora, en virtud de las nuevas disposiciones procesales que conciernen al ámbito penal, lo que constituye una verdadera innovación en el recurso de apelación, es la que atribuye a la Corte de Apelación la facultad, anteriormente prerrogativa exclusiva de la Corte de Casación, de hacer un juicio a la sentencia recurrida, no a los hechos ya comprobados soberanamente por el tribunal de primer grado, y si entiende que es necesario realizar una nueva valoración de la prueba, lo que no puede hacer la Corte de Apelación, ordena la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal distinto al que dictó la decisión, del mismo grado y departamento judicial, para esos fines. Así lo dispone el artículo 422 del Código. Esta fórmula constituye, es evidente, un elemento que conspira no sólo contra la legítima aspiración de la nueva normativa procesal de alcanzar la anhelada justicia pronta y cumplida, sino también contra el principio constitucional,











uso del procedimiento de la apelación, aplicable por analogía al recurso de casación, según el artículo 427 del Código Procesal Penal.

Decisión de las cámaras reunidas: “Las obligaciones derivadas del contrato de transporte marítimo se extienden

hasta el momento en que el consignatario retira la mercancía o es puesto en condiciones de verificar y revisar el estado de conservación de la misma con miras a la recepción formal de los bienes transportados o de hacer las protestas de lugar; que en ese orden ha sido juzgado que las disposiciones del artículo 435 del Código de Comercio son únicamente aplicables al caso en que se trate de una mercancía llegada a su destino y regularmente entregada a su destinatario, y que la fecha de la recepción de la mercancía a partir de la cual corren los plazos del artículo 435 citado, debe entenderse aquella de la puesta en posesión material y no de una entrega simbólica, aunque jurídicamente perfecta, no ha sido realizada en hecho” (Sentencia del 8 de junio de 2005).

Decisión de la cámara civil a) “Según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, todo niño,

niña y adolescente tiene el derecho de formarse su propio juicio, exponer su opinión y ser escuchado en los asuntos de su interés, teniendo en cuenta su edad y madurez, y es norma fundamental consagrada en la aludida Convención Internacional, el interés superior del niño como principio garantista del respeto y satisfacción de sus derechos, lo que faculta a los jueces a modificar la custodia













Decisión de la cámara penal: “Que el artículo 8, numeral 2, literal h, de la Constitución dominicana, expresa: ‘Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa’; (Non bis in ídem)

principio que es uno de los pilares fundamentales en el que se asienta nuestro régimen de derecho, el cual no sólo constituye una exigencia del orden público de superior jerarquía, sino que además representa un imperativo en materia de garantía y seguridad judicial de las personas; que la observancia de este principio de orden constitucional impide que las persecuciones judiciales se renueven de manera indefinida y por ende le da firmeza a las sentencias con autoridad de la cosa juzgada irrevocablemente, impidiendo así la reiteración de una persecución y un nuevo juicio sobre una conducta humana evaluada de modo definitivo por los tribunales del orden judicial; que ese principio, no sólo rige en cuanto a las decisiones de los tribunales nacionales, sino que al ser uno de los valores fundamentales en que descansa la democracia, constituye un valladar infranqueable que impide a los Estados extraditar sus nacionales, cuando ya sus órganos jurisdiccionales internos se han pronunciado, importando poco que aquellos hayan sido descargados o condenados, puesto que la autoridad de la cosa juzgada está vinculada, por un lado con el derecho interno











preaviso, no es una demostración de que el contrato de trabajo concluyó, si real y efectivamente el trabajador se mantiene laborando en la empresa y el recibo de dicha suma de dinero es producto de la llamada “liquidación anual”, que por

razones operacionales o de conveniencia financiera, han instituido algunas empresas en el país, la que no puede ser utilizada uti lizada en desmedro de los derechos de los trabajadores con la simulación de desahucios inexistentes; que no obstante, los valores así recibidos tienen un carácter de anticipos de las indemnizaciones laborales, que sólo pueden ser deducidos del pago que corresponda al trabajador que con posterioridad es objeto de desahucio real por parte de su empleador, o cuando el contrato de trabajo termine por cualquier otra causa con responsabilidad para el empleador”.











Al finalizar este trabajo sus sustentantes sienten la satisfacción del deber cumplido en el entendido que se llenaron las expectativas en torno al mismo, tanto en el contenido como en el cumplimiento de los propósitos planteados. Hemos llegado a la conclusión de que El recurso de casación se clasifica dentro de los recursos extraordinarios, y su objeto esencial es determinar si la Ley ha sido bien o mal aplicada. En principio esa ha sido la filosofía o criterio jurídico que le ha servido de justificación. Se interpone por ante la Suprema Corte de Justicia en sus atribuciones de Corte de Casación en contra de las sentencias, en sentido estricto, en única o última instancia. Esta facultad es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia en virtud de consagrado por nuestra Constitución, "Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley :2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley."., y según las reglas de la Ley en materia de Casación no puede versar sobre el fondo del asunto, que se entiende es competencia de los demás tribunales jerárquicamente inferiores a la Suprema Corte de Justicia, por disposición expresa del art. 1 de la Ley 3726 del día 23 de diciembre del año 1953, sin obviar que el criterio que guía esta separación procesal deriva de que esta jurisdicción











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Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana, 9na. Edición, Edición, preparada por el Dr. Plinio Terrero Peña, Editora Corripio, C. por A., Santo Domingo, 2010.



JOBARD-BACHELLIER, JOBARD-BACHELLIER, M. y BACHELLIER, BACHELLIER, X., La Technique Technique de Cassation, p. 5.



ABREU BURELLI, BURELLI, A. y MEJÍA ARNAL, ARNAL, L., La Casación Casación Civil, Civil, pp. 46 y 47.



CALAMANDREI, Piero, La Casación Civil, p. 21.



ABREU BURELLI, BURELLI, A. y MEJÍA ARNAL, La Casación bajo el antiguo régimen.



LUCIANO P., Rafael, Rol Rol de la Suprema Suprema Corte de Justicia Justicia como Corte de Casación y Unificadora de la Jurisprudencia Nacional.











ANEXO MEMORIAL DE CASACION INTERPUESTO INTERPUESTO POR EL LIC. ANDRES MANUEL CARRASCO JUSTO Y ASOC. CALLE SAN ESTEBAN NO.67, HATO MAYOR.













Suprema corte de justicia de la República, en atribuciones de Corte de casación.

DE LOS

Asunto

Dres. Catalino Vilorio Calderón Calderón y Licda. Leydi jassiela Ramírez.

MEMORIAL DE CASACION CONTRA LA Sentencia No.059-2011, dictada en Fecha 19 del mes de mayo, del año 2011, por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, En funciones de de tribunal de Amparo

RECURRENTE

Licda. Leydi jassiela Ramírez











de domicilio para todos los fines del presente memorial mediante el cual se interpone formal recurso de casación contra la sentencia no.059-2011 , dictada en fecha fecha 19 de mayo Del 2010, 2010, por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo, En funciones de tribunal de Amparo ,en perjuicio de la exponente exponente y a favor de la superintendencia de banco de la republica dominicana (PROUSUARIO), cuya parte dispositiva dice textualmente de la siguiente manera:

FALLA: PRIMERO: declara bueno y valido, valido, en cuanto a la forma, el Recurso de Amparo interpuesto por el LIC. ANDRES MANUEL CARRASCO JUSTO, contra la Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (prousario) de la superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana. cuanto al fondo, el Recurso de Amparo Amparo interpuesto SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto por el LIC. ANDRES MANUEL CARRASCO JUSTO, contra contra la oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Pro usuario) de la











GREISY RIJO GOMEZ Secretaria general











de derechos adquiridos e inherentes a la persona humana o derechos fundamentales de carácter universal, reconocidos y garantizados por la constitución.”

demostrara en este este escrito que la sentencia Atendido: a que la exponente demostrara no.059-2011, d. f. 19-05-11 ( si es admisible )ya que no se ha cumplido con el artículo primero de la ley 437-06 y el artículo primero de la ley 200-04, así como también tampoco se ha cumplido con el artículo 53 de la constitución de la republica de fecha 26-01-10, 26-01-10, con relación a los derechos del del consumidor , además de la violación a la ley 183-02 que crea el reglamento de protección al usuario de los servicios financieros muy muy especialmente en los artículos 52 y 53, literales a, b, c, de ambos artículos 52 y 53 de la ley 183-02 que crea la ley sectorial el reglamento de protección al usuario de los servicios financieros ,el cual es muy claro en su artículo 7 inciso c , el cual han vilado además de otros artículos de su propia ley sectorial

Atendido: a que en nuestras motivaciones también nos apoyamos en la ley











REGLAMENTO DE PROTECCION AL USUARIO DE LOS SERVICIOS FINANCIERO (PROUSARIO). Atendido: a que la información no fue entregada a la parte demandante mediante ninguno de los formatos que establece el artículo 11 de la ley 200-04, sino que fue depositada al tribunal después de emitir el auto no. 577-2011, d. f. 21-03-2011, lo cual impide el recurso jerárquico tal y como establecen el artículos 27 y 28 de la ley 200-04, en tal virtud queda bajo la responsabilidad del tribunal superior administrativo administrativo verificar si si dicha información está completa completa o no tal y como establece el artículo primero de la ley 200-04, así como también también el artículo 53 de nuestra constitución de la republica dominicana de fecha 26-01-10. Atendido: a que para que el recurso jerárquico sea introducido por la parte demandante, en caso caso de no estar estar conforme es necesario que que sea entregado al demandante para si no está conforme incoar el recurso de amparo, como ya está incoado el recurso de amparo es por eso que la exponente tenía que esperar que este tribunal decidiera con relación al informe suministrado por la













comunicación escrita tal y como estable el reglamento reglamento de protección al usuario usuario de los servicios servicios financieros en su artículo 7 inciso c del mencionado mencionado reglamento reglamento , y solo ordena devolver parte de los intereses que cobro fuera de los establecido en el contrato , entendemos entendemos que que debe ordenarse todo todo o nada, nada, es decir decir o comunico, o no comunico y el oficio 230-2011, la superintendencia superintendencia de bancos confirma que el banco león s. a. no comunico ningunas de las alza fuera de las ya establecidas en el contrato , muy por el contrario debió comunicar las bajas de las tasas tal y como establece establece el contratos , ya que el promedio promedio de los intereses estuvo muy por debajo de los intereses convenidos en el contrato











literal b) anterior. Conforme Reglamento dictado por la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos organizará un servicio de reclamaciones a los efectos de recibir las que formulen los clientes bancarios por infracciones de lo dispuesto en el presente Artículo Artículo y en el Artículo 53 de esta esta Ley e imponer las correspondientes sanciones con independencia de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Artículo 53. De la Protección al Usuario. Reglamentariamente, la Junta Monetaria determinará los s upuestos de contratos











del reglamento de protección al usuario de los servicios financieros , además así lo prevé el propio artículo 24 de la ley monetaria y financiera en su párrafo que dice textualmente así : Las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre mercado. Las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado.











RECLAMACION HACE MAS DE UN AÑO TUBO QUE ESPERAR QUE SE VENCIERA EL CONTRATO PARA EMITIR EL OFICIO 230-2011, EJECUNTANDO CON ESA ACTITUD UNA JUSTICIA TARDIA E INCOMPLETA, LO CUAL QUEDA DEMOSTRADO CON ESA ACTITUD QUE SUS FUNCIONES VAN A FAVOR DEL DEL BANCO LEON NO A FAVOR DEL USUARIO USUARIO COMO ES LA FUNCION PARA LO CUAL FUE CREADO PROUSUARIO.

CONCLUCIONES











8.-Corte del banco León s. a., d. f. 20-04-2010.Es Justicia que os pide y se espera merecer, en la ciudad de santo domingo, Distrito Nacional, a los veinte días del mes de julio del año 2011.2011.-

Lic. Leydi jassiela Ramírez Por si y por el

Produccion Final Derecho Procesal Civil II Uapa Jorge Herrera

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