Índice No. 2000 • 1 de marzo de 2015
Fotos portada
: Octavio Góme zy Miguel Dimayu ga
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Televisa se empodera /Jenaro Villamil Sobre las ruinas de la PGR se proyecta la Fiscalía General /Jorge Carrasco Araizaga
NARCOTRÁFICO La Tuta: Corruptor, mediático y uno de los artífices del narco-Estado /Francisco Castellanos y José Gil Olmos
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Y Michoacán seguirá en manos del crimen organizado /Francisco Castellanos y José Gil Olmos
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El fatídico experimento de Peña Nieto /José Gil Olmos
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Los gemelos Flores, testigos clave contra Guzmán Loera /Andrew Kennis
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El Chapo remerece El Altiplano /Anabel Hernández
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Armados en México ...desde hace mucho /J. Jesús Esquivel
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CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro
semanario de información y análisis DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián;
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ESTADOS GUERRERO: la amenaza represiva se cumplió /Ezequiel Flores Contreras
PODER JUDICIAL Un juzgador ligado al poder mediático no puede ser independiente/Jenaro Villamil El Canal Judicial, en descomposición /Jorge Carrasco Araizaga
RECURSOS NATURALES Peña Nieto quiere privatizar hasta el agua /Jesusa Cervantes
INTERNACIONAL VATICANO: México “sobreactúa” en su enojo con el Papa /Francisco Olaso MIGRACIÓN: Cinco millones de indocumentados en el limbo /Eileen Truax La patrulla fronteriza institucionaliza el robo /Luis Chaparro VENEZUELA: Machado: “Urge la transición” /Rafael Croda
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente;
[email protected] ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador.
[email protected] DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062
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PROCESO 2000 /PORTADAS ANÁLISIS
CINE: Selma /Javier Betancurt RADIO: Raquel Tibol en la radio
Por qué otra Constitución /Javier Sicilia Contagio /Naranjo Medina Mora, ¿el “Calígula” de Camus? /Ernesto Villanueva La violencia hacia los residuales /Marta Lamas INE: de mal en peor /Jesús Cantú
ENSAYO Moisés González Navarro, historiador de la contradicción social /Enrique Semo
CULTURA La decepción de Raquel /Renato González Mello El histórico encuentro con Tamayo /Juan Carlos Pereda
/Florence Toussaint
LIBROS: Respuestas /Jorge Munguía Espitia
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VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz
Primer documental sobre el Papa Francisco /Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
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NATACIÓN: La cancelación del Mundial de Natación 2017, medalla al fracaso /Beatriz Pereyra
91 EVENTOS: Y en peligro el Triatlón 2016 y el Preolímpico de Basquet 2015 /Raúl Ochoa y Luciano Campos
Páginas de crítica
ARTE: Raquel Tibol (1923-2015) /Blanca González Rosas
ESPECTÁCULOS
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Palabra de Lector Mono Sapiens /El voto es una tómbola, to-to-tómbola... /Helguera y Hernández
agencia de fotografía EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:
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Televisa se
empodera JENARO VILLAMIL
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l filo de las 23:00 horas del pasado 26 de febrero, el conductor de El Noticiero del Canal 2, Joaquín López Dóriga, asumió las funciones de vocero de la Presidencia de la República y anunció como un hecho el relevo de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sustituyendo a Jorge Carlos Ramírez Marín, e informó que en su lugar “será designada mañana” la senadora con licencia Arely Gómez González Blanco, hermana de Leopoldo Gómez, jefe inmediato de López Dóriga y vicepresidente de Noticias de Televisa. López Dóriga no citó ninguna fuente del gobierno federal. Ni el vocero presidencial Eduardo Sánchez, ni el director de Comunicación Social, David López y me-
nos el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, emitieron mensaje alguno para confirmar esa noticia sobre el primer gran enroque en el gabinete de Enrique Peña Nieto. El anuncio de la designación de la próxima procuradora general, que deberá ser ratificada esta semana por el Senado, coincidió con el mismo proceso para elegir al futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también Televisa juega como parte interesada. De los tres aspirantes, los espacios informativos de Televisa han destacado a Eduardo Medina Mora, exdirector del Cisen, exprocurador, exembajador y amigo desde la infancia de otro potentado de la televisora: Bernardo Gómez, vicepresidente de la empresa, así como exsocio de Alejandro Quintero, creador de TV Promo y vicepresidente Corporativo de Comer-
Medina Mora. El amigo Arely. La hermana
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Germán Canseco
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cialización, artífice del “plan de acción” para llevar a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Seis horas antes del madruguete de López Dóriga, en el salón de sesiones del Senado, Arely Gómez formalizó su sorpresiva solicitud de licencia para irse como subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, en lugar de Mariana Benítez Tiburcio, brazo derecho de Murillo Karam. Benítez se separó del cargo para irse como candidata a una diputación federal plurinominal por el PRI. La senadora Gómez González Blanco fue despedida en medio de aplausos de todas las bancadas del Senado y prodigó su “amistad” a legisladores del PRI, PRD, PAN y a los integrantes de la Comisión de Transparencia, que ella presidió. “Sin duda, lo que acabo de oír en el gran aplauso que le dieron a mi compañera es que hizo amistad con todos los grupos parlamentarios: con el PT, con el Partido Verde Ecologista, con el PRD, con el PAN y, desde luego, hizo amistad con mis compañeras y compañeros de mi partido”, presumió Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI. Gamboa Patrón llenó de elogios a su correligionaria por “tu sonrisa, tu sencillez, tu amabilidad, tu trabajo serio y responsable”, y afirmó que Gómez sabría enfrentar la “enorme responsabilidad” que asumiría.
Las diferencias en Los Pinos El largo silencio oficial frente a la “exclusiva” de Televisa fue la consecuencia de una disputa soterrada en el primer círculo de Los Pinos por la diferencias en el nombramiento de Arely Gómez y lo que se consideró un movimiento “que acarreará muchas críticas” por sus vínculos pre-
La empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean es ambiciosa, teje fino y acaba de incrustar dos de sus tentáculos en las más altas esferas del Estado: Arely Gómez –hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa– sustituirá al procurador Jesús Murillo Karam, cuya defenestración fue anunciada no por el gobierno sino por Joaquín López Dóriga, erigido de facto en vocero de Enrique Peña Nieto. Y Eduardo Medina Mora (amigo de otro de los hermanos Gómez, Bernardo, vicepresidente del consorcio televisivo) está a punto de ocupar una silla entre los ministros de la Suprema Corte, con miras a presidirla. Los poderes Judicial y Ejecutivo son sólo unas estrellas más... 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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cisamente con la empresa de Azcárraga Jean. El argumento principal de quienes defendieron el nombramiento de Gómez es que respondía a la necesidad de tener vínculos con la televisora para difundir información de posturas y adversarios al gobierno de Peña Nieto. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, manifestó sus reservas sobre la pretensión de utilizar a Arely Gómez como “filtradora” de expedientes
PATRICIA DÁVILA
delicados de personajes políticos, según información y testimonios entregados a Proceso. Las diferencias en el “primer círculo” de Los Pinos sobre el futuro de Murillo Karam al frente de la PGR se agudizaron desde la semana pasada. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada, Hugo Ruiz Reynaud, envió un equipo a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para
Actuaciones dudosas, escándalos
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El 4 de febrero siguiente, en conferencia de prensa, el funcionario aseguró que el siniestro había sido producto de una concentración de gas proveniente de los basureros aledaños a la zona. Tres días después, al tratar de corroborar la versión del funcionario, el perito Brian Dunagan, coadyuvante de la PGR y vicepresidente de Integridad Operacional Global de la empresa británica SGS, detectó varias contradicciones: “La explosión –dijo– fue hacia arriba y luego vino la caída. Se trató de una explosión difusa, lenta, horizontal y perfectamente definida, característica de las explosiones de gas; no dejó rastros de fuego ni daño en los oídos.” Eduardo Miranda
l primer caso que puso a prueba a Jesús Murillo Karam como procurador general de la República fue la explosión del 31 de enero de 2013 en el edificio B-2 del Complejo Administrativo de Pemex, en la Ciudad de México. El último: el de los 43 normalistas de Atoyzinapa desaparecidos, que quiso sepultar con su repudiada frase de la “verdad histórica”. Además de esta última, tuvo otras derrotas: la insostenible acusación por lavado de dinero que pretendió fincar a Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el caso del albergue La Gran Familia de Rosa Verduzco, Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán; la puesta en libertad de Rafael Caro Quintero, que irritó al gobierno de Estados Unidos… Como procurador, Murillo Karam también estuvo implicado en escándalos familiares, entre ellos la denuncia penal interpuesta por Alexia Ímaz –hija de Eugenio Ímaz Gispert, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)– contra su exnovio Gerardo Saade Murillo –nieto de Murillo Karam–, quien la golpeaba, según expuso la denunciante. La querella fue retirada súbitamente; meses después salió a relucir el nombre de Gabriela Saade Murillo, hermana de Gerardo, por presunto “tráfico de influencias”.
Gestión errática Los infortunios de Murillo Karam al frente de la PGR se iniciaron cuando tenía un mes al frente de la dependencia. La tarde del 31 de enero de 2013 una explosión en el edificio B-2 del Complejo Administrativo de Pemex cimbró al país. Hubo 37 muertos y más de 100 heridos. Peña Nieto y el exprocurador
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investigar la salida de 2 mil 700 millones de pesos del país por el fraude de Ficrea. Esta operación se realizó sin avisar al titular de la Secretaría de Hacienda. La consecuencia de esta investigación fue la sustitución de Ruiz Reynaud por Abraham Eslava Arvizu, al tiempo que la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio abandonó su cargo para irse a una candidatura a diputada federal por el PRI. Las cinco subprocuradurías de la PGR quedaron así con “encargados de despacho” y el
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Varios científicos nacionales calificaron de inverosímil la versión de Murillo tras analizar sus declaraciones. Consultados por Proceso, varios peritos aseguraron que el estallido del 31 de enero fue producto de un sabotaje o un atentado. Aún no se enfriaba el asunto Pemex cuando, el 26 de febrero de 2013, agentes de la PGR detuvieron a Gordillo, a quien se acusó de dirigir “una organización criminal dedicada al lavado de activos del SNTE”. Asimismo, se le fincaron los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero”.
ADM I NI S TRAC I ÓN P Ú B L ICA equipo de Murillo Karam prácticamente desmantelado. La propuesta de nombrar a la senadora priista Arely Gómez como relevo de Murillo Karam surgió del propio titular de Hacienda, confirmaron las fuentes consultadas por Proceso. Las diferencias sobre este cambio estratégico en el equipo de Peña Nieto coincidieron con las “filtraciones” y rumores sobre la salida de algunos de sus colaboradores para integrarse a las listas de los
y fracasos Sin embargo, la PGR tuvo un revés en septiembre de ese año, cuando el juez federal del Cuarto Distrito en Materia de Amparo del Primer Circuito determinó que no se justificaba la privación de la libertad de Gordillo por esos delitos debido a “deficiencias en la averiguación previa”. La imputación por lavado de dinero y delincuencia organizada no procedió. La defensa de la maestra promovió un amparo, el cual se concedió porque la PGR no acreditó el cuerpo de estos delitos. Otro caso que dejó mal parado a Murillo Karam como procurador fue la repentina liberación de Rafael Caro Quintero la madrugada del 9 de agosto de 2013. El fundador del desaparecido Cártel de Guadalajara, sentenciado por el secuestro y asesinato del agente de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar, dejó la cárcel por orden de la justicia federal. El argumento fue que Camarena no estaba acreditado diplomáticamente como agente de la DEA, aunque operara desde el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. De acuerdo con este criterio, el caso no debió ser atraído por la justicia federal, sino por un juez del fuero local, en particular de Jalisco, donde ocurrió el secuestro y homicidio del agente estadunidense el 7 de febrero de 1985. La puesta en libertad de Caro Quintero provocó el enojo de Washington, que ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su paradero con el fin de extraditarlo: “Nunca vamos a dejar de buscarlo”, dijo el Vijay Rathi, portavoz de la DEA. En medio del desaguisado con Estados Unidos, otro incidente familiar cimbró al procurador Murillo Karam: El 5 de mayo de 2014, otra de sus nie-
200 candidatos del PRI a las cinco circunscripciones plurinominales. En distintas columnas periodísticas se mencionó al propio jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, como candidato plurinominal, rumor que fue negado por el funcionario. Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Sedatu, será candidato a diputado federal. Ahí decidió enviar Peña Nieto al procurador Murillo Karam. Otro enroque es el del secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, quien sustituirá a Eduardo Medina Mora como embajador de México en Estados Unidos. Al frente de la Secretaría de Economía se mencionó a José Calzada, exgobernador priista de Querétaro. Hasta antes de las 15:00 horas del 27 de febrero no había ninguna posición oficial del vocero de la Presidencia sobre estos cambios que se ventilaron en Televisa y en distintos medios impresos. A las 17:00 horas del mismo día, la Mesa Directiva del Senado turnó a la Co-
tas, Gabriela Saade Murillo, hermana de Gerardo, acaparó la atención de los medios. Proceso dio a conocer que la embajada de México en Estados Unidos se ha convertido en un oasis para familiares de importantes políticos y exfuncionarios. Al amparo del entonces embajador Eduardo Medina Mora y ahora aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esa legación se eleva a rango diplomático el tráfico de influencias. Entre el personal “privilegiado” destaca Gabriela Saade Murillo, “consejera” asignada a la representación de la Secretaría de Gobernación en la embajada mexicana. En el inciso correspondiente a México aparecen los nombres de las personas a las cuales Washington les asignó pasaporte diplomático a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No obstante, en la representación de la Secretaría de Gobernación en la embajada negaron que Gabriela Saade Murillo fuera su empleada.
de 2010; las autoridades tardaron cuatro años en atenderlas. Verduzco fue detenida por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte y fue internada en una clínica. Un mes después, Murillo Karam anunció que la PGR a su cargo había determinado la inimputabilidad de Verduzco en razón de su edad: 85 años. En cuanto al caso Ayotzinapa, Murillo Karam quiso cerrar el caso. Declaró que los integrantes de Guerreros Unidos confundieron a algunos de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos con “infiltrados” de Los Rojos, grupo antagónico de Guerreros Unidos, y que por eso trasladaron a 43 de los estudiantes agredidos al basurero de Cocula. Algunos llegaron muertos –dijo–; otros fueron ultimados en ese momento y arrojados al basurero. Ahí, de acuerdo con declaraciones de cuatro de los autores materiales, según el procurador, formaron una pira y los calcinaron con leña, llantas, gasolina y petróleo. Murillo Karam aseguró que esa era la “verdad histórica”. Nadie creyó tal versión, incluidos los peritos del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses y el investigador Arturo Talavera, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Es falso que en el basurero de Cocula, Guerrero, hayan sido incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues no existe evidencia científica de ello. En ese lugar, la PGR montó un show con el fin de apaciguar a los padres de familia y acallar su protesta. Incluso es posible que los restos óseos de Alexander Mora, identificados por la Universidad de Innsbruck, Austria, hayan sido sembrados por esa dependencia”, declaró Talavera. Murillo Karam dejó la PGR sin haber resuelto el caso Ayotzinapa y ahora inicia su nueva encomienda como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de bajo perfil en el gabinete de Peña Nieto. O
Fracaso tras fracaso Un mes después, el 15 de julio de 2014, en Zamora, Michoacán, un operativo conjunto de la PGR, el Ejército y la Policía Federal rescató a casi 600 personas, incluidos 462 menores, de la casa hogar La Gran Familia, que administraba desde hacía 40 años Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa. De acuerdo con Murillo Karam, la detención se realizó luego de una denuncia hecha por padres de familia. El entonces procurador dijo que algunos testigos refirieron que Verduzco y sus empleados impedían a los menores y adultos salir del albergue. Una joven declaró que intentó salir del lugar cuando cumplió la mayoría de edad, pero Mamá Rosa la retuvo durante 13 años más. En ese lapso, añadió, le quitó a sus dos hijas. En su edición del 27 de julio de 2014, Proceso informó que las denuncias contra Mamá Rosa fueron presentadas desde abril
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Archivo Proceso
Leopoldo Gómez. El poder de Televisa
misión de Justicia la propuesta enviada por el Ejecutivo federal para designar a Arely Gómez titular de la PGR. El comunicado del Senado afirmó que “en un oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, se recuerda que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al titular del Ejecutivo federal la facultad de hacer esta designación”. “La recepción de los documentos y el correspondiente turno a Comisiones serán informados al Pleno del Senado de la República durante su próxima sesión ordinaria”, es decir, el martes 3.
Los aspirantes, en el Senado De acuerdo con la ley orgánica, le corresponde al Senado ratificar la propuesta del Ejecutivo para encabezar la PGR, así como elegir por dos terceras partes de los votos al próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde compiten los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y el exembajador Medina Mora. Poco antes que los senadores despidieran a Arely Gómez en el salón de plenos, Medina Mora visitó el recinto legislativo para cabildear en la bancada del PRI. Tuvo un encuentro de 10 minutos con Emilio Gamboa Patrón y ninguno de los integrantes de la bancada hizo declaraciones públicas. El mejor cabildeo a favor de Medina Mora ha venido de la propia televisora. El vínculo entre el exembajador de México
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en Gran Bretaña y Estados Unidos proviene desde su participación en el Consejo de Administración con funcionarios de Televisa en la empresa Crea TV, en 1999, dedicada a “la producción y desarrollo de espectáculos y eventos artísticos de cualquier índole”. Medina Mora es amigo de Alejandro Quintero Iñiguez, exvicepresidente Corporativo de Comercialización del consorcio, y hasta promovió con él la construcción de una capilla guadalupana en la iglesia de San Patricio, en Londres, durante su paso como embajador en Gran Bretaña (Proceso 1999). Medina Mora operó siempre a favor de los intereses del consorcio desde que fue titular del Cisen en el gobierno de Vicente Fox. Él trataba los asuntos más delicados con Televisa y TV Azteca, omitiendo de esta función al entonces subsecretario de Normatividad de Medios, José Luis Durán. Jugó un papel fundamental en el decretazo de 2002 para favorecer a Televisa con la eliminación de los tiempos fiscales de 12.5%. Convenció al entonces titular de Gobernación, Santiago Creel, de abandonar las negociaciones que se realizaron entre 2001 y 2002 para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y favorecer al duopolio televisivo. Y fue fundamental para el encuentro entre Bernardo Gómez, entonces presidente de la CIRT, y la primera dama Marta Sahagún. Como procurador general en la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, Medina Mora tuvo como secretaria particular a Jessica de la Madrid, operadora de Alejandro Quintero en TV Promo y quien
tuvo una relación sentimental con Enrique Peña Nieto. Su paso por la PGR, así como su papel como embajador en Londres y en Washington reforzó los vínculos de Medina Mora con otro de sus viejos conocidos y amigos: el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Su integración al gabinete de Calderón fue en retribución al papel del expresidente en la campaña de 2006 y su influencia en Televisa. Medina Mora también fortaleció su relación con Peña Nieto desde que el actual presidente era gobernador del Estado de México. En 2007, como titular de la PGR, designó a Alberto Bazbaz Sacal director de Control de Procesos Penales. Bazbaz saltaría de esa posición a ser procurador mexiquense, tristemente recordado por su papel en el caso de la niña Paulette. Bazbaz fue defensor de Raúl Salinas de Gortari y le tocó investigar el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, en diciembre de 2004. El actual consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, es también cercano a Eduardo Medina Mora. Arely Gómez González Blanco es hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias del consorcio televisivo. Ambos son nietos del exgobernador de Chiapas Salomón González Blanco y primos de Patrocinio González Garrido, a quien le estalló el conflicto de Chiapas en 1994, como efímero secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas. Egresada de la Universidad Anáhuac, Arely Gómez desarrolló una larga carrera en el Poder Judicial como secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, secretaria particular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, de 2003 a 2004. Televisa la apoyó infructuosamente para integrarse como consejera del Instituto Federal Electoral tras las polémicas elecciones presidenciales de 2006. Calderón la designó en 2007 titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la PGR, a las órdenes de Medina Mora. El 1 de julio de 2010, a tres días de las elecciones para gobernador en 12 entidades, Arely Gómez renunció a la Fepade “para permitir que se designe a un titular más cercano al paradigma de políticas públicas que desea el Ejecutivo federal”, afirmó en su carta de renuncia. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, atribuyó la salida abrupta de Arely Gómez a “diferencias de criterio” sobre el manejo de la fiscalía. Un lustro después, Gómez retorna de manera abrupta a la PGR, ahora como titular. O
Benjamín Flores
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Sobre las ruinas de la PGR
se proyecta la Fiscalía General JORGE CARRASCO ARAIZAGA
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uando Jesús Murillo Karam asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República en diciembre de 2012, su diagnóstico fue que la PGR estaba desmantelada… Dos años y tres meses después, la deja aún peor: desarticulada, sin mandos y con el apremio de convertirse en la Fiscalía General de la República bajo un nuevo sistema de justicia penal. Con excepción del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, la salida de Murillo Karam produjo un auténtico vacío en la procuraduría a pesar de las investigaciones pendientes en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la matanza de civiles a manos de militares en Tlatlaya, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. La salida del procurador, anunciada por Televisa a través de Joaquín López Dóriga la noche del jueves 26, casi 24 horas antes de que se oficializara, estuvo acompañada de la salida de la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, quien será can-
La salida de Jesús Murillo Karam de la PGR no solamente deja un grave vacío en la dependencia en lo que respecta a las investigaciones pendientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la matanza de civiles en Tlatlaya perpetrada por militares, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. Deja a la institución prácticamente desmantelada y plagada de encargados de despacho. Es decir, en ruinas y como puente hacia la construcción de la Fiscalía General de la República. didata a diputada plurinominal por el PRI en las elecciones del 7 de junio próximo. De forma inicial, esa misma versión sostuvo que el reemplazo de Benítez Tiburcio sería la senadora con licencia del PRI Arely Gómez González Blanco, quien en la práctica fungiría como responsable de la PGR, toda vez que en caso de ausencia del procurador, esa subprocuraduría se erige en encargada de despacho. El viernes 27 por la tarde, sin embargo, Peña Nieto propuso al Senado de la República a Arely Gómez como nueva titular
de la PGR. Es la segunda mujer propuesta al frente de la procuraduría después de Marisela Morales en el gobierno de Felipe Calderón. Peña Nieto perfiló así a Arely Gómez como candidata a ser la primera titular de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que va a sustituir a la centenaria Procuraduría General de la República, de acuerdo con la reforma política electoral de febrero de 2014. El propósito, según la iniciativa de ley enviada por el presidente al Congre2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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Los desafíos Paulina Sánchez, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) en el tema de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en México, dice que para la creación de la FGR Arely Gómez debe estar a la altura de las reforma penal y de derechos humanos, al tiempo de construir la autonomía. “Quien vaya a ser el fiscal general de la República debe saber de procuración de justicia y tener la sensibilidad y capacidad de diálogo con otros poderes para ejercer su autonomía de forma inteligente y no comprometer sus decisiones, pero tampoco que lo aísle”, puntualiza. Participante en la evaluación de la secretaría técnica de la implementación de la Reforma de Justicia Penal del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refiere que para ejercer realmente su autonomía la FGR debe desarrollar muchas capacidades técnicas y de políticas públicas. Además, de acuerdo con la ley, la fiscalía fungirá como representante de la sociedad
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so en septiembre del año pasado, es sacar a la procuración y administración de la justicia del ámbito del Ejecutivo Federal para que la FGR sea un ente autónomo transexenal, por lo que el fiscal general durará nueve años en el encargo. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre último, pero aún está en espera de ser aprobada en el Senado. Como secretaria de la Comisión de Justicia de esa cámara, Arely Gómez fue una de las responsables, junto con el presidente de esa instancia, el panista Roberto Gil Zuarth, de que la ley de la FGR no haya sido aprobada en definitiva, hasta ahora, en el actual periodo ordinario de sesiones, que termina el 30 de abril próximo. Además de los casos de graves violaciones a los derechos humanos que tienen al gobierno bajo el escrutinio internacional, la nueva encargada de la PGR deberá tomar el principal pendiente que dejó Murillo Karam: el surgimiento de la FGR en momentos en que, por mandato constitucional, entre en vigor la reforma penal a mediados del próximo año. La ley de la FGR establece como principio la autonomía del fiscal respecto al Ejecutivo Federal, y de manera expresa señala que deberá contar con dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. Por su pertenencia al PRI, que la postuló como senadora, la nueva titular de la PGR, que aún debe ser ratificada por el Senado, y potencial candidata a ser la primera fiscal general de la República, queda en entredicho.
PGR. Relevo
y al mismo tiempo deberá coordinarse con otros poderes estatales o federales para determinar qué delitos son importantes, definir una política criminal y trabajar con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Paulina Sánchez dice que además de gestionar la institución, Arely Gómez debe hacer investigación policial, saber de servicios periciales, de atención a víctimas y de mecanismos de justicia alternativa, como se prevé en la ley de la FGR. Egresada de la carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales por el CIDE, la académica comenta que la FGR estará obligada a hacer investigaciones profesionales. “Aquí va a impactar qué tanto se va a cumplir con la reforma de derechos humanos” de junio de 2011. Las investigaciones policiales tienen que ser científicas para dar certezas, y no por medios ilegales como la tortura o las confesiones obligadas, señala. Respecto a la reforma constitucional penal de 2008 para la entrada en vigor de la justicia adversarial en todo el país a partir de mediados de 2016, dice que el tiempo se está agotando para los cambios profundos que se requieren. Explica: “La creación de la FGR supone un proceso penal en igualdad de condiciones con la defensoría, mientras que los agentes policiales de la propia fiscalía tendrán que probar ante el juez que su investigación respeta los principios constitucionales, como el de presunción de inocencia. Además, se tendrá que capacitar a los ministerios públicos y a los mediadores de justicia alternativa”. Por si fuera poco, la ahora procuradora general propuesta recibirá una PGR desca-
bezada no sólo por la salida de Murillo Karam y Benítez Tiburcio, sino porque áreas sustanciales, como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), están prácticamente acéfalas. La PGR opera ahora sólo con encargados de despachos, empezando por su titular, las subprocuradurías y hasta algunas fiscalías. Como encargado de despacho de la SEIDO estaba hasta hace unos días Jorge Hugo Ruiz Reynaud, luego de que el titular de la subprocuraduría desde el sexenio pasado era Rodrigo Archundia Barrientos, quien oficialmente se hizo cargo de la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, supuestamente responsable de organizar la operación de las vicefiscalías que tendrá la FGR. Pero Ruiz Reynaud también salió de la SEIDO y apenas el 25 de febrero quedó como encargado Abraham Eslava Arvizu, hasta entonces jefe de la Unidad de Asalto y Robo de Vehículos. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales también tiene un encargado. Se trata de Francisco Camberos Hernández. Éste sustituyó al ahora candidato a diputado por el PRI en Yucatán, Cleominio Zoreda Sotelo, quien ya fue secretario general de Gobierno en ese estado durante la gestión de Víctor Cervera Pacheco como gobernador. Lo mismo ocurre en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que tiene como encargada del despacho de asuntos a Eliana García Laguna, desde la renuncia de Ricardo García Cervantes en mayo último.
ADM I NI S TRAC I ÓN P Ú B L ICA En la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la que Arely Gómez fue titular el sexenio pasado y que, según la ley de la FGR, será una de las principales tareas de la nueva institución, apenas la semana pasada se designó a un nuevo titular, Santiago Nieto Castillo, luego de que desde finales del año pasado su anterior titular, Alfredo Orellana, anunció su salida.
Bajo desempeño de la PGR “La PGR está desmantelada. Hay puro encargado de despacho, pero esa es una constante que ha padecido la institución en los últimos 20 años o más, y esa inestabilidad se ha traducido en un desempeño muy bajo”, dice en entrevista el litigante penalista Gabriel Regino García. Añade: Ahora hay una gran cantidad de plazas orientadas al tema netamente administrativo, no al personal sustantivo de investigación criminal, como son las fiscalías. Hay mucha gente que trabaja con nombramientos distintos, con plazas de otras áreas. Así ha sido en las dos últimas décadas y se ha recrudecido en los últimos 10 años, con los gobiernos del PAN y lo que va del actual del PRI.
El gobierno de Carlos Salinas tuvo cinco titulares de la PGR; el de Ernesto Zedillo dos; Vicente Fox, dos: Felipe Calderón, tres; y Enrique Peña Nieto ya lleva dos. En conjunto, 14 procuradores en 26 años, lo que en promedio equivale a un cambio de titular de la PGR cada año ocho meses y medio. Ha sido un periodo de modificaciones en sistemas penales, experimentos y cambios, dice Regino, quien no pone reparos en el perfil de la nueva encargada de despacho de la PGR. Refiere que la mayoría de los procuradores en el país no son penalistas ni policías, ni han tenido funciones semejantes. Cita los casos de Jorge Carpizo, con Salinas; Antonio Lozano Gracia, con Zedillo; y Arturo Chávez, con Fox, quien llegó desde la procuraduría de Chihuahua. A pesar de su experiencia jurisdiccional y administrativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de su paso por la propia PGR como titular de la Fepade y de haber sido secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, Arely Gómez carece de experiencia en la investigación criminal. Sin embargo, tendrá que recomponer la PGR para su operación inmediata y su tránsito hacia la FGR. “Es cierto que Arely Gómez no tie-
ne experiencia investigadora. Ahí vamos a ver de quién se rodea, que son quienes van a operar la procuraduría”, dice Gabriel Regino, abogado penalista, profesor universitario y exsubsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Regino destaca el hecho de que la ahora encargada de la PGR haya trabajado en áreas vinculadas con la administración pública y en áreas muy cercanas al quehacer de la procuraduría. Una de ellas, el Poder Judicial de la Federación (PJF). En particular, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue secretaria de estudio y cuenta, Oficial Mayor y secretaria particular de Mariano Azuela cuando éste era presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal. Gabriel Regino comenta que, al margen de las cuotas de género, Gómez tiene experiencia en el manejo de presupuesto y en la función jurisdiccional, además de que viene del Senado y en particular de la Comisión de Justicia. Pero ahora, dice, tiene que poner orden administrativo en la PGR, además de prepararla para ser transformada en la FGR. El reto inmediato es la capacitación del personal, apunta el exjefe policial.
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Mientras con una mano el gobierno federal colocaba en la PGR al alfil de Televisa, con la otra ofrecía el prototípico show mediático –la captura del capo de moda– a la manera de una operación distracción. Nadie más apropiado para esto último que La Tuta. La trayectoria delictiva de Servando Gómez Martínez, el jefe de Los Caballeros Templarios detenido el 27 de febrero en Morelia, es una muestra de la tragedia de Michoacán. Formado como maestro rural, tomó el camino más corto hacia el poder y el dinero: el narcotráfico. Pronto destacó en La Familia Michoacana y después participó en la fundación de Los Caballeros Templarios, con mucho las organizaciones delictivas más poderosas que hayan asolado la entidad. Pero sin duda la peculiaridad de este jefe criminal fue su facilidad para utilizar medios de comunicación como la televisión y el internet para hacerse propaganda y atacar a sus enemigos.
Corruptor, mediático y uno de los artífices del narco-Estado FRANCISCO CASTELLANOS Y JOSÉ GIL OLMOS
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“Cuando tenía como 19 años se juntó con su esposa y se fue a vivir por Quiroga, donde dio clases, ya que es maestro normalista. Cuando se separó, se fue a vivir al rancho de su papá, llamado Medina, el cual se encuentra a las afueras de Arteaga.
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l pueblo de Arteaga, Michoacán, donde nació y se crió Servando Gómez Martínez, La Tuta, es una tierra de montes áridos y abrojos que por muchos años estuvo abandonada, hasta que la industria minera china descubrió ricos yacimientos de hierro. Cuando ya era maestro rural –de donde le viene su apodo de El Profesor–, Gómez Martínez encontró el más socorrido atajo hacia el poder y el dinero que se conoce en el estado: el narcotráfico. Comenzó con la venta de mariguana y en unos años escaló a la jefatura del grupo criminal más poderoso que ha tenido Michoacán en medio siglo: Los Caballeros Templarios. Extraoficialmente se calcula que en 2013 la banda obtuvo ganancias de 31 mil millones de pesos, tomando en cuenta sus diversos delitos: tráfico de estupefacientes, extorsiones, secuestros y negocios con los empresarios chinos, según se desprende de informes del gobierno de Fausto Vallejo y declaraciones del entonces comisionado para el Desarrollo Integral del estado, Alfredo Castillo. Luis Felipe Gómez Martínez, El Güicho
–hermano de El Profesor, La Tuta o El Viejo–, detenido en agosto de 2014, les contó a fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) cómo Servando cambió los salones de clase por el narcotráfico:
Rubido en la conferencia de prensa
NARC OTRÁ F IC O
Ahí durante dos años cultivó papaya, jitomate y maíz. “Después se fue a trabajar a unos ranchos de maestro y regresó posteriormente al pueblo –prosiguió El Güicho–. Tiempo después me di cuenta que tuvo un problema con una persona de apellido Barragán, quien cuando fue detenido dijo que en un rancho había un sembradío de mota y que era de mi hermano, pero yo creí que era mentira, que lo había dicho para que lo dejaran ir y porque mi hermano le caía mal.” Sin embargo, todo era cierto. Desde 2001 La Tuta se dedicaba al tráfico de drogas, en vez de dar clases en la primaria Melchor Ocampo del municipio de Arteaga. “Yo le dije a Servando que dejara eso, esas cosas, y luego fue cuando me di cuenta que él estaba metido en el narcotráfico”, confesó su hermano tras ser detenido por la Policía Federal en la casa de sus padres, también en Arteaga. La respuesta de Servando fue: “Tengo que seguir en esto, porque ya no me puedo salir”. Servando Gómez Martínez nació el 6 de febrero de 1966. Con su primera esposa, Ana Patiño López, tuvo tres hijos: Luis Servando, Alejandra Sayonara y Huber Gómez Patiño. Según los vecinos de Arteaga, El Profesor creía en la brujería y hacía caso de “guías espirituales” que le revelaban
nombres de traidores, así como los parajes donde podía ocultarse de sus enemigos. No obstante, fue detenido el viernes 27 en Morelia. En un recorrido por las calles de Arteaga se ubican fácilmente la primaria Melchor Ocampo, donde el jefe templario dio clases durante 15 años, y la escuela normal de Arteaga, de donde egresó. En la parte alta de las calles empinadas del pueblo se levanta la casa de su madre, María Teresa Martínez Castañeda, y las de los hermanos Flavio, Aquiles y Luis Felipe Gómez Martínez. Se distinguen porque, en contraste con las modestas viviendas vecinas, abarcan media cuadra cada una. El Güicho sigue dando clases de educación física en Arteaga. El primero en titularse como profesor de primaria fue Luis Felipe, que estudió en el Centro Regional de Educación Normal y en 1987 obtuvo la cédula 1136171. Aquiles siguió sus pasos en el mismo plantel y obtuvo la cédula 2424081 en 1997, pero fue ejecutado el 19 de septiembre de 2014 en el fraccionamiento Los Tulipanes, del municipio de Lázaro Cárdenas. Y Flavio era señalado como administrador de La Tuta. Fue detenido el viernes 27, en Mérida, Yucatán, en un operativo paralelo a la detención de su hermano en Morelia.
La Tuta aparece en el Registro Nacional de Profesionistas con la cédula 1576654, expedida en 1991, con la carrera de profesor en educación primaria. Estudió de 1981 a 1985 en la misma institución que sus hermanos. Información de la Procuraduría General de la República (PGR) indica que su primera incursión en el crimen organizado la realizó en 2001 con una banda denominada La Empresa, dirigida por Carlos Alberto Rosales Mendoza, que después se cambiaría el nombre por La Familia Michoacana. La Tuta llegó a ser uno de sus jefes. Vecinos del pueblo cuentan que los Gómez Martínez “eran hacendados” porque poseían cientos de cabezas de ganado y vendían lácteos y ropa para bebé en una tienda aledaña a su enorme casa. A la entrada del panteón municipal, llama la atención un mausoleo de cemento, pintado de amarillo, con columnas romanas blancas y puertas de cristal esmerilado con dos gallos: un giro y otro colorado, en actitud de pelea. Ahí están los restos de su padre, Luis Felipe Gómez, y de sus tíos Arcadio y Bolívar, lo mismo que de sus abuelos Felipe y María Soledad. Frente al camposanto se localiza el palenque donde La Tuta se jugaba en peleas de gallos parte del dinero que ganaba con las drogas, las minas, las cuotas y las extorsiones a comerciantes y empresarios que vivían en su feudo. Y a un lado está el salón de fiestas El Cepillo, donde el capo citaba a los comerciantes, empresarios, hoteleros y restauranteros para que le entregaran sus “cuotas”. Enseguida, la casa de una de sus amantes, hoy ocupada por las autodefensas, lo mismo que el rancho a la entrada del pueblo.
El capo mediático El capo era escurridizo. Llegó a vivir en cuevas, mantenía un bajo perfil, era hábil para disfrazarse. Grababa sus conversaciones con autoridades y políticos para exhibirlos después. Según el servicio de inteligencia de la Policía Federal, existen cientos de esos audios y videos. El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, declaró que La Tuta se inició desde 2000 en la compra y venta de mariguana, cuando el mercado de la droga en Michoacán era controlado por Amado Cornelio Valencia y Luis Valencia, cabecillas que habían roto con quien fue líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas. Gómez Martínez se puso en contacto con Nazario Moreno, El Chayo, y fue designado jefe regional en el puerto de Lázaro Cárdenas. Fue hacia 2006 cuando El Chayo y Gómez Martínez formaron La Familia Michoacana, y descubrieron el negocio de la extorsión en la región de Tierra Caliente, con tales ganancias e impunidad que les 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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Miguel Dimayuga
permitieron extenderse a otras entidades del país. Tres años más tarde La Tuta ordenó el asesinato de 12 agentes de la Policía Federal asignados a su persecución. Según los expedientes PGR/SIEDO/UEIDCS/283/2009 y PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2009, además de informes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, desde entonces ya desplegaba estrategias mediáticas para desacreditar a funcionarios y proponer públicamente pactos al gobierno federal. Tras el crimen contra los federales, trasladó su centro de operaciones a Tumbiscatío. Desde entonces se le atribuye la contratación de militares de élite kaibiles guatemaltecos y la corrupción de policías municipales de Arteaga, a quienes habría pagado 100 mil pesos mensuales. También como jefe de La Familia Michoacana, en 2010 ordenó ataques simultáneos a instalaciones de la Policía Federal en Guanajuato, Guerrero y Michoacán. Y el año siguiente, junto con los cabecillas Kike Plancarte y El Chayo Moreno, dejó La Familia Michoacana para formar Los Caballeros Templarios, organización que llegó a controlar una buena parte de la entidad, imponiendo incluso autoridades municipales y estatales. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en noviembre de 2011 se reunió con Jesús Reyna, entonces coordinador de campaña del candidato priista Fausto Vallejo, a quien le entregó dinero para su proyecto en pos de la gubernatura. Vallejo ganó. En una ficha de los órganos de inteligencia de Michoacán, elaborado en 2014, se indica: “Servando Gómez Martínez (Arteaga, Michoacán, 6 de febrero de 1966) es el actual dirigente de Los Caballeros Templarios y fue líder de La Familia Michoacana, por debajo de Nazario Moreno González, El Chayo, y de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez. Se graduó en la Escuela Normal de Arteaga, donde obtuvo su plaza como maestro en 1985. “Es uno de los hombres más violentos de Los Caballeros Templarios, al grado de ser capaz de asesinar sólo porque quien le leía las cartas del Tarot le revelaba que supuestamente alguien lo traicionaba. “Fue profesor de primaria, después agricultor, creó centros de ayuda a jóvenes farmacodependientes y luego fue traficante de estupefacientes, según la PGR.” En efecto, La Tuta creó los “centros de rehabilitación” con que los templarios atrajeron a jóvenes para darles cursos de superación personal y de “autorreflexión”, pero en realidad los adoctrinaron con supuestos valores de bienestar y respeto a la familia para transformarlos finalmente en un ejército de sicarios. Las habilidades de Gómez Martínez y
su formación como profesor le ayudaron a constituir una base social para su organización: gente que salió a las calles a defender a Los Caballeros Templarios exigiendo la salida del Ejército y de la Policía Federal del estado. También fue capaz de desarrollar una estrategia mediática para difundir información negativa sobre las fuerzas federales en los medios locales, a través de reporteros que recibieron línea y la siguieron por amenazas o por dinero. En marzo del año pasado, cuando El Chayo Moreno fue abatido, La Tuta tomó el mando de Los Caballeros Templarios. La banda aún tenía presencia en el Estado de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Querétaro y Chiapas. Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), asegura en su libro Historia del narcotráfico en México que, con La Familia Michoacana y con Los Caballeros Templarios, Michoacán “fue el estado pionero en este tipo de privatización de la totalidad de los asuntos públicos municipales” hasta llegar a la “captura del Estado”, es decir, a la “reconfiguración cooptada del Estado”. Fue el único grupo criminal del país, y quizá del mundo, que tenía un representante ante los medios de comunicación, a
través del cual limpiaba su imagen y enviaba mensajes al gobierno federal. Gómez Martínez logró cooptar a autoridades, empresarios y políticos o sus familiares, como sucedió con el hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo (El Gerber), y el hermano del exgobernador Leonel Godoy, Julio César Godoy Toscano. A los dos los grabó de manera clandestina para negociar posteriormente con el poder. En una grabación del 10 de febrero de 2014, el capo dijo que las autoridades no lo agarrarían vivo: “¿Quieren putazos? Putazos va a haber, y va a correr mucha sangre de gente inocente”, amenazó. Pero según la versión oficial, lo detuvieron la madrugada del viernes 27 sin disparo alguno. La captura del capo hizo pasar a segundo plano, de manera natural, la renuncia del procurador Jesús Murillo Karam y el anuncio del nombramiento para sustituirlo de Arely Gómez, hermana del vicepresidente de noticiarios de Televisa, Leopoldo Gómez, propuesta por el presidente Peña Nieto al Senado. . El mismo esquema empleó el gobierno en el caso de la captura de Héctor Beltrán Leyva, El H. Su anuncio, en septiembre del año pasado, desplazó de los titulares, en cierta forma, a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. O
NARC OTRÁ F IC O La aprehensión de Servando Gómez, La Tuta, está lejos de acabar con el crimen organizado que medra y desangra Michoacán. Los negocios ilícitos y jugosos son muchos ahí: producción y trasiego de drogas sintéticas, explotación de la producción minera, extorsión, secuestro… Ya hay varios grupos que se disputan la Tierra Caliente y la calentarán más en los próximos meses con sus feroces disputas.
Y Michoacán seguirá
en manos del crimen organizado
C
on la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, El Profe o El Viejo Feo, la madrugada del 27 de febrero, Los Caballeros Templarios dejan una herencia peligrosa: el surgimiento de nuevos grupos y el regreso de los antiguos cárteles, como el de Sinaloa o Los Zetas, los cuales buscan controlar el territorio de la Tierra Caliente michoacana, estratégico para la producción y trasiego de drogas. Uno de esos nuevos grupos es La Nueva Línea, integrado en su mayoría por extemplarios, quienes se habían refugiado temporalmente en Colima y Jalisco, revelan fuentes de inteligencia de la Policía Federal, habitantes de la región y exintegrantes de las Fuerzas Rurales. La captura de La Tuta, de 49 años, se da en el momento más bajo de percepción ciudadana en torno a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, luego de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y por el estancamiento de la economía. Es una bocanada de aire fresco y un distractor en medio de los duros cuestionamientos que desde la ONU hasta Europa se han hecho al gobierno peñista por la constante violación de los derechos humanos y la espiral de violencia en todo el país. La Tuta –considerado por el gobierno federal “el criminal más buscado de Mé-
FRANCISCO CASTELLANOS Y JOSÉ GIL OLMOS xico”, luego de la detención hace un año de Joaquín El Chapo Guzmán, cabeza del Cártel de Sinaloa– deja una estela de grupos del crimen organizado que se reacomodan para dominar la región michoacana de Tierra Caliente. La captura de Gómez Martínez tuvo lugar en Morelia, informó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, la noche del 27 de febrero. Pero según testigos, el jefe templario fue sorprendido en una casa de la tenencia de Morelos, en las afueras de la capital michoacana. De acuerdo con la versión oficial, la vivienda donde fue detenido La Tuta está en el número 52 de la calle José Araizabal, colonia Oviedo Mota de Morelia, detrás de la Casa de Gobierno. En esa misma colonia hace un año fue capturado otro líder templario: Dionisio Loya Plancarte, El Tío. Gómez Martínez fue detenido luego de varios meses durante los cuales su organización criminal recibiera fuertes golpes y tras de que cayeran otros de sus capos; las autoridades ofrecían por él una recompensa de 30 millones de pesos. Visiblemente delgado, Gómez fue trasladado a la Ciudad de México para rendir declaración en la Procuraduría General de la República (PGR) y luego lo llevaron al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Durante su gestión como comisionado
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, cargo que dejó hace unas semanas, Alfredo Castillo dijo una y otra vez que La Tuta estaba en permanente huida, con su estructura desmantelada; que vivía en cuevas y su detención era cosa de días. Sin embargo Castillo dejó el cargo con La Tuta en libertad, pese a la caída de casi todos sus cómplices.
Harto de los templarios Antes de ser aprehendido, Gómez Martínez había propuesto crear otra organización criminal. El líder de Los Caballeros Templarios, como consta en un audio difundido en las redes sociales, habla de su posible separación de ese grupo e invita a Fernando Cruz Mendoza, El Tena, a formar otro. En la grabación se escucha al líder templario decir: “Ya estoy hasta la chingada, ya no quiero saber nada de Los Caballeros Templarios”. Agrega: “Yo lo invito a usted, Tena, a que formemos un grupo de amigos para trabajar nada más, y que nos cuidemos y cuidemos nuestras áreas”. La Tuta le pide incursionar con sus hombres en la sierra de Aguililla para tomar control de las minas y desterrar a la célula criminal dirigida por El Mocho. En el audio, cuya duración es de poco más de ocho minutos, Gómez revela que por cada tonelada de mineral cobraban 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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hasta tres dólares y añade: “A los mineros hay que verlos con mucho tacto, con mucho respeto (…) Ya les mandamos decir que únicamente les vamos a cobrar a los que vienen de fuera y lo que nos quieran cooperar”, destaca. Explica que, ya abatidos o detenidos cuatro de los cabecillas del cártel, incluido su fundador, Nazario Moreno, El Chayo o El Loco, sólo quedan libres tres de los siete principales objetivos del gobierno federal. “Mi Tena, usted sabe que usted y yo somos hombres de trabajo, somos narcos. Nunca hemos sido bandidos, secuestradores ni ese tipo de cabrones (…) Usted bien sabe cómo El Loco nos inducía a hacer pendejadas que no me apoyaba a contradecirle”, agrega. Gómez manifiesta su desacuerdo en reestructurar a Los Caballeros Templarios, por lo que le sugiere al Tena despegarse de un sujeto al que apodan El Gallito.
Nueva Línea Fuentes de inteligencia y de las Fuerzas Rurales de Tierra Caliente afirman que La Nueva Línea estaría formada por extemplarios que se escondieron temporalmente en Colima, supuestamente protegidos por el gobernador de esa entidad. El pasado 22 de febrero, en la reunión estatal de autodefensas en Ostula, Michoacán, Semeí Verdía, comandante de los Policías Comunitarios de la Costa, le echó en cara a Mario Anguiano, gobernador de Colima, que no les permitían el paso al estado por la protección que él da a Los Caballeros Templarios. Verdía aseguró que tras combatirlos en Michoacán, Los Caballeros Templarios se fueron a Colima donde formaron La Nueva Línea, la cual, según el autodefensa de Ostula, estaría protegida desde su inicio por agentes federales y ahora tendrían su base en Apatzingán. Según información extraoficial, una de las primeras disposiciones de este grupo es el rechazo a la presencia de civiles armados en la ciudad, específicamente los grupos de autodefensa. De acuerdo con un informe del gobierno michoacano –basado en testimonios y al cual se tuvo acceso– hubo una amenaza directa para que los líderes de los antiguos grupos de autodefensa migraran de Apatzingán para salvar su vida. De ahí que algunos exautodefensas huyeran de la población, considerando además la posible alianza del nuevo cártel con la Policía Federal, la cual tiene los nombres y domicilios de todos los antiguos grupos que confrontaron a Los Caballeros Templarios. El nuevo cártel también buscará desplazar a todas las otras células de la Fuerza Rural, como Los Viagras y Los H-3, que se disputaban el control del territorio y el
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tráfico de la droga sintética conocida como cristal. De acuerdo con esa información, el nuevo grupo del crimen organizado debuta así con el control de la ciudad que es epicentro del narcotráfico michoacano. Y no se trata de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sus líderes son michoacanos que se refugiaron también en Guadalajara y ahora regresan. Una de las primeras manifestaciones de su presencia es que volvieron las extorsiones, secuestros, ejecuciones y el cobro de piso en Apatzingán, Parácuaro, Múgica, Arteaga, La Huacana y Lázaro Cárdenas. Según los testimonios vertidos en el documento del gobierno michoacano, en el nuevo cártel habría gente de Los Álvarez –Emilio y Roldán Álvarez Rodríguez y el regidor de Apatzingán, Martín Gómez– quienes se escindieron del CJNG. Otros líderes que controlan Arteaga, Lázaro Cárdenas, La Mira y Guacamayas son los conocidos como La Matraca, El Metro, El Chicano y El Toro. En otros municipios: Ignacio Rentería Andrade, El Cenizo o El Nacho, y El Chanta. También Samer José Servín Juárez; Pablo Magaña Serrato, La Morsa –por quien la PGR ofrece una recompensa de 3 millones de pesos–; La Pantera; El Teco; El Troyano, quien controla la Presa del Rosario, Guanajuatillo; El Alcalde Holanda; y El Niño. Según el informe del gobierno michoacano, al frente de La Nueva Línea estaría Homero González Rodríguez, El Gallito, primo de Nazario Moreno y quien operaba en el Estado de México y se había hecho enemigo de La Tuta.
Recomposiciones A principios de 2013 hubo una serie de reacomodos en los grupos criminales locales tras la captura de José Ángel Carrasco Coronel, El Changel, sobrino del extinto narcotraficante Ignacio Coronel Villareal, Nacho Coronel. El Changel dirigía a la banda criminal La Corona. Según un informe confidencial de las fuerzas federales –al cual tuvo acceso este semanario–, la detención del Changel en las inmediaciones de Culiacán hizo que se rompiera la alianza entre el CJNG y la Federación de Sinaloa, cuyo principal integrante es el Cártel de Sinaloa. Los dos grupos querían el control de Guadalajara y sus municipios conurbados. Esta ruptura impactó en las rutas de Jalisco, Michoacán y Colima, por donde salen la efedrina y el cristal fabricados en los laboratorios michoacanos de Tepalcatepec, Apatzingán y Coalcomán. El informe señala que el conflicto de los autodefensas en Tierra Caliente también abrió la posibilidad del regreso de Los
Zetas a Michoacán, quienes podrían intentar una alianza con el CJNG, con lo que reforzarían sus controles e influencia en las rutas principales de Jalisco, Michoacán y Colima. Un documento de inteligencia militar asienta que dos grupos aprovecharon la debilidad de Los Caballeros Templarios para apoderarse de la Tierra Caliente: Los Gallegos, liderados por el empresario limonero y hotelero Miguel Gallegos Godoy, El Micheladas o El Migueladas; y El H-3 o La Tercera Hermandad, encabezada por Luis Antonio Torres, El Americano. Las dos primeras “hermandades” serían La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. En el informe se indica: “El Micheladas, exjefe templario, ha hecho acuerdos con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, desde 2011, pues Gallegos Godoy es uno de los principales productores de droga sintética en Michoacán y de quien se señala está traficando el producto a través de supuestos autodefensas que operan en Tierra Caliente, utilizando las rutas que se encuentran entre los límites de Jalisco y Michoacán (Tepalcatepec, La Ruana y Buenavista). “Se habla de que sus operadores para tal objetivo son los denominados H-3, que encabeza Luis Antonio Torres, conocido como Simón El Americano, quien es el líder de las autodefensas de Buenavista Tomatlán y que encabeza un grupo armado de aproximadamente mil 200 personas que también denominan autodefensa operativa.” Apenas el pasado enero El Americano tuvo una serie de enfrentamientos con Hipólito Mora –fundador de las autodefensas michoacanas– que lo llevaron a la cárcel, acusado del asesinato de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, y de José Luis Torres Castañeda, El Nino, el 8 de marzo de 2014. En el informe mencionado se lee que El Americano y El Burrillo querían apoderarse de unas huertas propiedad de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, jefe templario detenido en 2011. Al parecer, Mora las tenía en su poder con el argumento de que El Chango Méndez era su compadre y las ganancias eran para mantener a las autodefensas y a las viudas del municipio. Otros de los integrantes de Los H-3 son José y Antonio Méndez Vargas, hermanos del Chango Méndez; Gerardo Serafín, El G-1, exmiembro de Los Caballeros Templarios; y los hermanos Rodolfo y Mariano Serra Santana, de Los Viagras. Con estos grupos –mezcla de exintegrantes de Los Caballeros Templarios, del CJNG y hasta de La Familia Michoacana– es con los que pactó Alfredo Castillo, según el líder histórico de las autodefensas, José Manuel Mireles. Serían los nuevos jefes del crimen organizado en Michoacán, con dominio sobre 72 comunidades de 32 municipios que en algún momento fueron el imperio templario. O
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El
fatídico experimento
de Peña Nieto El infierno que viven los habitantes de Michoacán representa una de las expresiones más palmarias del fracaso del Estado mexicano en lo que atañe a su obligación de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos. En su libro Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, publicado por Ediciones Proceso, el reportero de este semanario José Gil Olmos presenta una detallada investigación sobre los graves problemas que afectan a esa entidad, donde sucesivos gobiernos federales y locales, en muy alta medida coludidos con el narco, han realizado toda suerte de experimentos políticos, policiacos y militares, incluso paramilitares, a fin de contener al crimen organizado. Aquí se adelanta una parte de la introducción de este libro que comenzará a circular en los próximos días. JOSÉ GIL OLMOS
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l 24 de febrero de 2013 un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Parecía una escena sacada de la época revolucionaria, pero ahora se trataba de rancheros que, durante años, habían sido sometidos por Los Caballeros Templarios a un régimen de terror y miedo. Aquellas personas se hacían llamar “Autodefensas”. Y, de pronto, se convirtieron en referente del hartazgo social que existe en el país ante el crecimiento incontrolable del narcotráfico y su cauda de violencia. ¿Pero quiénes eran esos rancheros que protestaban cargando rifles de alto poder? ¿Quiénes los apoyaron con recursos económicos y armas? ¿Por qué se expresaban en esta zona de Michoacán? ¿Qué historia hay en esa región del país para que se diera el fenómeno de las autodefensas armadas? ¿Qué hay detrás de es-
tos hombres fuertemente armados que le hicieron el trabajo sucio al gobierno y limpiaron el terreno de templarios? En Michoacán, el narcotráfico y su evolución es un asunto complejo y con una larga historia, en el que se entrecruzan muchos factores y actores sociales, políticos, económicos y hasta culturales. En más de medio siglo, este fenómeno se ha filtrado hasta las raíces de la sociedad y permeado en la mayor parte de sus gobernantes, incluso de manera directa. En dicha entidad casi todo mundo conoce a alguien que se ha dedicado a este negocio –que empezó siendo un apoyo económico y devino el sustento de todo el estado merced a los millones de dólares generados por el crimen organizado convertido en gobierno. Ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que co-
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cinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo. Se trataba de armar a numerosos civiles de la zona de Tierra Caliente que ya estaban cansados del yugo de Los Caballeros Templarios. Se les daría dinero y protección para que fueran ellos quienes combatieran a los criminales en su propio terreno. Para esto hicieron un pacto con una banda criminal enemiga de Los Templarios –encabezada por los hermanos Juan José y Uriel Farías Álvarez–, que colaboraba con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En noviembre de 2012, habitantes del pueblo de Tepalcatepec vieron al general colombiano Óscar Naranjo llegar al salón Plaza para reunirse con los Farías. Les ofreció su apoyo para los grupos de autodefensas ciudadanos o policías comunitarios. Lo mismo ocurrió en el poblado de La Ruana por esas mismas fechas. Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, revela en entrevista que desde 2012 fue informado por vecinos de este municipio de la formación de un grupo armado que se enfrentaría a Los Caballeros Templarios. Al frente de este grupo estaba Juan José Farías El Abuelo y su hermano Uriel Farías alias El Paisa, quien fuera presidente municipal de Tepalcatepec y uno de los presos de El Michoacanazo acusado con ligas al Cártel de Jalisco. Al principio Valencia dice que pensaba que se trataría de un grupo similar a los Mata Zetas que El Abuelo había organizado cuando estaba con Los Valencia, el primer grupo michoacano de tráfico de cocaína con los colombianos, pero al poco tiempo se dio cuenta de que se trataba de otro proyecto más fuerte y amplio, financiado por el gobierno federal. La estrategia peñista, además, daría lugar al nacimiento de un nuevo grupo del crimen llamado El H3 o Tercera Hermandad, que significaba la tercera generación de narcotraficantes michoacanos. Sus precedentes eran La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Esta banda es el nuevo amo de la delincuencia organizada en Michoacán, protegida por el pacto que concretaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y con el general Naranjo, quien regresó a Colombia a inicios de 2014, una vez que su misión había concluido. Quedarían fuera de este pacto algunos personajes como el doctor José Manuel Mireles, quien se rebeló e intentó hacer de las autodefensas el agente del cambio y de lucha contra el crimen organizado en Michoacán y en todo el país. En castigo fue encarcelado en Sonora.
Autodefensas. Hartazgo Francisco Castellanos
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Estos elementos le dieron forma al escenario que en los últimos años hemos presenciado en el sur de Michoacán y que es similar al de una guerra, con pueblos y ciudades custodiadas por miles de militares y soldados equipados con armas de alto calibre, cascos de acero, chalecos antibalas, camionetas con metralletas en el techo o helicópteros artillados sobrevolando territorios anegados por la violencia de los cárteles, que también se enfrentaron a grupos de autodefensa y policías comunitarios igualmente pertrechados. Al momento de escribir este libro –mediados de 2014– en Michoacán había por lo menos 12 organizaciones legales e ilegales fuertemente armadas dispuestas a disparar en cualquier momento: las policías comunitarias, las autodefensas ciudadanas, los grupos criminales La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, además del Ejército y las policías estatal, municipal y federal. Al observar con detenimiento el paisaje actual de Michoacán podríamos decir que, en esta segunda década del siglo XXI, se desarrolló un conflicto armado o una guerra no convencional, en la cual un ejército de 10 mil militares y policías se enfrentó a diversos grupos armados. Se disputaron el control de un territorio a costa de miles de víctimas civiles heridas, muertas, desaparecidas y algunas comunidades desplazadas. Además, si le damos un sentido histórico a lo que ha acontecido en esta región del país, resalta de inmediato un aspecto de enorme impacto político y social. Hace 200 años, en Apatzingán (el corazón de la Tierra Caliente), los independentistas encabezados por José María Morelos y Pavón promulgaron la Constitución de 1814, que delineó los primeros rasgos de lo que sería el rostro del Estado mexicano. Dos siglos después, en esa misma parte de México se expresa un nuevo actor, un nuevo grupo de poder: el crimen organizado que tiene incidencia directa en las decisiones de gobierno y en las funciones propias del Estado, como son la seguridad, la justicia y el control del territorio, dándole un nuevo perfil a este último. Así, en medio de este conflicto armando, podemos apreciar con claridad el evidente fracaso del Estado mexicano, que ha sido incapaz de dar seguridad a la población de Michoacán y, al mismo tiempo, permitió la formación de un Estado paralelo en un territorio donde el que gobierna es el crimen organizado. Desde 1989, con el nacimiento del PRD y el arranque del gobierno de políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, Michoacán entró a una etapa de continuos conflictos que han cobrado la vida de miles de civiles. Pero la espiral de violencia se acrecentó desde 2006, con la declaración de guerra al narcotráfico lanzada por Felipe Calderón: un fracaso que cimentó las bases para la construcción de un reino de terror por parte de bandas delincuenciales, que a su vez sometieron pueblos y ciudades enteras. Es evidente que en esta región del país se fracturó el Estado y que de las grietas emergieron dos grupos de narcotraficantes con un perfil distinto a los que ya existían en México. Estos grupos tienen rasgos de secta religiosa, un sentido de pertenencia regional y una organización de células estilo paramilitar o guerrilla: se trata de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Al inicio surgieron como una especie de autodefensas, pues en el discurso proponían a los ciudadanos darles la protección que el gobierno no les daba, a cambio de cuotas voluntarias que se convirtieron en obligatorias: En la práctica se trataba de un impuesto cuyo incumplimiento implicaba la muerte. Con la presencia ominosa de estos grupos, en una década la vida cambió para los michoacanos, que dejaron de salir en la noche y se fueron acostumbrando a las extorsiones, secuestros, cobro de cuotas, ejecuciones, desapariciones y amenazas de los delincuentes y sus aliados: los policías estatales y municipales, ediles y legis-
NARC OTRÁ F IC O Eduardo Miranda
ladores, quienes se fundieron con las bandas para establecer una amplia red de poder que traspasaba todas las leyes. Producto de la violencia generada por esta guerra entre las mafias del narcotráfico cada año se cometen 35 mil delitos del fuero común. Así, a partir de 2013 y en 43 municipios surgieron grupos de autodefensa ciudadana, policías comunitarias, rondas comunitarias y, en otros, 50 guardias blancas. Todos estos grupos de autodefensa y bandas de delincuentes cuentan con armas de alto poder a pesar de que el gobierno federal ha realizado varios intentos para desarmarlos. De hecho, a principios de 2014 envió a 10 mil policías y soldados como parte de un operativo de recuperación estatal. La Familia Michoacana primero y luego Los Caballeros Templarios resistieron entonces los embates policiacos y militares y ensancharon su área de influencia hacia otras actividades que resultaron ser mejor negocio que la producción y venta de droga: las extorsiones, cobro de cuotas, secuestros, venta de autos y negocios turbios con empresarios chinos. Todo, a través de la violencia y el terror como los principales métodos de control social y de mercado. Según la información que se desprende de documentos requisados a Los Caballeros Templarios y de declaraciones del exgobernador Fausto Vallejo (PRI), así como de líderes de distintos sectores económicos, las ganancias obtenidas por el crimen organizado entre 2012 y 2014 se estiman en 31 mil 460 millones de pesos por la vía de extorsiones a los mineros, productores de aguacate, empresarios y comerciantes grandes, medianos y pequeños, por “cuotas”, venta de drogas y secuestros. Además de este auge económico, el crimen organizado michoacano se convirtió en cogobierno desde principios de este siglo, controlando de manera absoluta la mayor parte de los 113 municipios e infiltrándose en las instituciones policiacas, municipales y de gobierno del estado. En resumen, el crimen organizado levantó un imperio y una forma de gobierno en Michoacán, haciendo realidad lo que tanto se temía, la formación de un Estado y un gobierno-narco. Los casos más evidentes de esto son la vinculación del exgobernador interino Jesús Reyna (PRI) con Los Caballeros Templarios –que supuestamente le dieron 300 millones de pesos para la campaña a la gubernatura de Fausto Vallejo, que él coordinó en 2011– y también de Rodrigo Vallejo, hijo del mencionado Fausto Vallejo. Desde 2008, Rodrigo ya era jefe de plaza en Morelia para La Familia michoacana y, luego, para Los Caballeros Templarios. Visto a la distancia, de nada sirvió que en 2006 el presidente Felipe Calderón se haya vestido de casaca y quepis militar y, ante las tropas militares destacamentadas en Apatzingán, lanzara una temeraria declaración de guerra contra el narcotráfico. Envió a miles de soldados y policías que no pudieron controlar a ninguna banda sino que, al contrario, avivaron el avispero provocando más de 100 mil muertes, 26 mil desaparecidos y miles de desplazados en todo el país a causa de la violencia en seis años, muchos de ellos en Michoacán. La misma táctica la siguió Enrique Peña Nieto desde que arribó al poder en 2012. Generó el mismo tipo de violencia e inseguridad, lo que provocó decenas de miles de muertes. En 2014 dio un giro y propuso una estrategia que implicaba suplantar de manera ilegal el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Para ello estableció una especie de virreinato bajo la tutela de un “comisionado”, y en ese puesto colocó a Alfredo Castillo, uno de los allegados a Peña Nieto desde que éste gobernaba el Estado de México. Un año después, Castillo presentó su renuncia asegurando que se había logrado la meta de arrancarle el territorio a los Caballeros Templarios y terminado con su estructura. Pero en Michoacán seguía la violencia con enfrentamientos en La Ruana y
Óscar Naranjo y Peña Nieto. El ejemplo
Apatzingán, el índice de asesinatos era de los cinco más altos a nivel nacional y continuaba operando el crimen organizado. El presente libro parte de un intento por responder preguntas elementales: por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente y, al mismo tiempo, desbrozar el confuso panorama de Michoacán. Se pretende dar algunos elementos para entender que se trata de una tierra tradicionalmente productora de drogas (mariguana y opio), en la que ha emergido un actor dentro de un escenario de por sí complejo: se trata de las autodefensas ciudadanas, que llegaron a inspirar a pueblos y comunidades de otros estados a tomar en sus manos las armas para protegerse y, en algunos casos, establecer su propio sistema de justicia. El objetivo es explicar los orígenes de este conflicto armado que, según el investigador Salvador Maldonado Aranda, se encuentra en las políticas neoliberales del expresidente Carlos Salinas de Gortari y en el fracaso de la transición a la democracia de Vicente Fox y Felipe Calderón. Se busca explicar por qué en Tierra Caliente se dio este conflicto armado y por qué surgieron ahí los poderosos cárteles locales de la droga que desafiaron las instituciones de gobierno y justicia, así como sus némesis, las autodefensas auspiciadas por el gobierno federal a través del general colombiano Óscar Naranjo, promotor de las autodefensas en su país. También trataremos de describir el impacto económico y social de este conflicto, que ha generado un escenario similar al de una guerra y ha afectado a la población de todo el estado. Finalmente habremos de dar cuenta del surgimiento de los grupos de autodefensas ciudadanos, de la participación del gobierno peñista a través del general colombiano Óscar Naranjo, quien a pesar de haber dicho públicamente que estos grupos eran un “error y un peligro social armado” participó en su formación y equipamiento, tal como lo aseguran testigos que lo vieron en los pueblos de Tierra Caliente. De esta manera habremos de contar las historias de los principales personajes de esta imbricada historia, de las organizaciones criminales y grupos armados que se disputan el territorio y de las erráticas estrategias gubernamentales a través de entrevistas, reportajes y crónicas de los pueblos sojuzgados por el crimen organizado y de los principales acontecimientos que, en los últimos años, han dado lugar a una lucha sin cuartel, a las batallas de Michoacán. O
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bros prominentes del Cártel de Sinaloa. Dicho ciclo se completó el pasado 27 de enero. Ese día Rubén Castillo, juez de la Corte del Distrito Federal de Illinois, aprobó un acuerdo de reducción de cargos (plea agreement) que los hermanos Flores y la fiscalía habían empezado a gestionar hace dos años. Con base en ese acuerdo, Castillo impuso una condena menos severa contra ellos: 14 años de prisión. Tomando en cuenta que han sido testigos protegidos durante seis años, los gemelos podrían quedar libres en menos de un decenio. Debido a que los hermanos Flores supieron de o participaron en operaciones del Cártel de Sinaloa para llevar droga a Estados Unidos, sus historias y sus testiomonios pueden ser claves en un eventual juicio en Estados Unidos contra El Chapo Guzmán.
De Chicago a México
Los gemelos Flores,
testigos clave contra Guzmán Loera Estados Unidos tiene armado un amplio expediente contra Joaquín El Chapo Guzmán, suficiente para juzgarlo y condenarlo una vez que el gobierno mexicano lo extradite, lo cual no es seguro. Toda la información que la justicia estadunidense tiene sobre el capo proviene sobre todo de una fuente: los gemelos Flores, zares del narcomenudeo en Chicago, enlaces de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, y ahora protegidos por la DEA. ANDREW KENNIS
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HICAGO, ILL.- En 2014, a sus 33 años, los gemelos Pedro y Margarito Flores concluyeron un ciclo: se habían iniciado como narcomenudistas callejeros y ascendieron hasta controlar la más extensa red de tráfico de drogas en esta ciudad; luego, debido a su condición de
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ciudadanos bilingües, jugaron un papel clave en las operaciones de narcotráfico entre Estados Unidos y México. Finalmente se convirtieron en testigos protegidos del gobierno estadunidense, papel en el cual reunieron evidencias cruciales para inculpar en ese país a Joaquín El Chapo Guzmán y a varios miem-
En 2001 la organización de los hermanos Flores, entonces de 22 años, era un eslabón importante de una cadena de abastecimiento de droga que conectaba a los productores de Colombia con los consumidores de Estados Unidos. Eran valiosos en la medida en que garantizaban ganancias tanto al Cártel de Sinaloa como al de los Beltrán Leyva, y justamente ello les permitía ser independientes de ambos. Pero en 2003 las cosas empezaron a ponerse difíciles para Pedro y Margarito Flores. Fiscales federales interpusieron contra ellos una demanda por tráfico de narcóticos en Milwaukee, Wisconsin, a unos 90 minutos en auto al norte de Chicago. Sólo había una senda despejada que podían tomar y ésta apuntaba claramente hacia el sur de la frontera. Los Flores se vieron obligados a retornar a México. La maniobra era lógica dado que la red y el negocio masivo que los gemelos habían construido se sustentaba en sus conexiones familiares en México. Además, su padre, Margarito Flores, había hecho carrera dentro del Cártel de Sinaloa, lo cual posteriormente les permitió a los gemelos tener acceso directo al Chapo Guzmán. Según el acuerdo de reducción de cargos –documento que cuenta buena parte de la historia de los hermanos Flores–, por órdenes del Chapo en mayo de 2005 un avión los transportó a una pista clandestina en Sinaloa. Hombres del cártel los trasladaron luego a un complejo secreto ubicado en una montaña para negociar importantes acuerdos de drogas. Si bien los gemelos lograron eludir a las autoridades estadunidenses al exiliarse y trasladar sus operaciones a ranchos ganaderos mexicanos a miles de kilómetros de Chicago, no pudieron evitar quedar atrapados en la guerra que estalló en 2008 entre los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. En el centro de la violencia
NARC OTRÁ F IC O dada a Estados Unidos mediante una gran variedad de medios de transporte: lanchas rápidas, barcos pesqueros, más Boeings 747, contenedores marítimos, camiones de remolque y hasta un submarino. Los embarques llegaban a suelo estadunidense por Los Ángeles –incluyendo la época cuando los gemelos ya estaban cooperando con las autoridades estadunidenses– y luego eran transportados por carretera hasta Chicago, donde la organización de los Flores siguió recibiendo cientos de kilos de cocaína cada semana. De acuerdo con el FBI, aun durante la época en que sus agentes espiaron al Chapo, la organización de los gemelos manejó una cantidad de narcóticos lo suficientemente grande como para abastecer a mayoristas de todo Estados Unidos. Su amplia red se extendía en el norte hasta Milwaukee; en el oeste, atravesando la frontera canadiense, hasta Vancouver; y en el este hasta Detroit, Cincinnati y Columbus, pasando por Nueva York, Filadelfia y Washington. De improviso, el 30 de noviembre de 2008 agentes estadunidenses enviaron un mensaje urgente a los hermanos Flores: debían salir hacia Estados Unidos y tenían sólo dos horas para hacerlo. El citado acuerdo de reducción de cargos señala que los agentes ayudaron a los gemelos a tomar un avión hacia Chicago. Volaron sin nada más encima que lo que traían puesto.
La droga “sigue y sigue” Antes de que El Chapo fuera arrestado, Jack Riley, entonces jefe de la DEA en Chi-
cago y El Paso y actualmente número tres en las oficinas centrales de la agencia en Washington, dijo a este reportero que la red de los hermanos Flores era “una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas del último siglo” y que sus esfuerzos por recabar evidencias criminales contra Guzmán Loera serían nada menos que “cruciales”. “El día que El Chapo sea capturado o muerto haré una gran fiesta y probablemente me retiraré al día siguiente”, agregó. Guzmán fue finalmente capturado en febrero de 2014. Su extradición a Estados Unidos se ha convertido en un tema sensible. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha hecho declaraciones oscilantes: desde mostrar el 20 de enero disposición para extraditarlo hasta decir el 27 de enero que no habría extradición a Estados Unidos hasta que cumpliera en México su sentencia de 300 años de prisión. A pesar de estos comentarios, la revista Forbes informó el pasado 21 de enero que Estados Unidos, cuyo gobierno rara vez expide una solicitud de extradición que no pueda cumplimentarse, habría enviado en secreto una petición de esta naturaleza a las autoridades mexicanas. Si es concedida, un sinnúmero de cortes federales asentadas en una amplia franja de la geografía estadunidense competirían para llevar al Chapo ante sus tribunales. Mientras todavía encabezaba la división de la DEA en Chicago, Riley le dijo al reportero que si El Chapo era extraditado, “lo más probable es que enfrente su juicio aquí, en Chicago”.
AP photo / Charles Rex Arbogast
se ubicaba la disputa sobre cómo debían dividirse las ganancias derivadas de la lucrativa labor de los Flores. En medio de una atmósfera de desconfianza, Alfredo Beltrán Leyva fue detenido por la policía. Sus hermanos acusaron al Chapo de haber filtrado información a las autoridades, lo cual derivó en el arresto. Sus sospechas los llevaron a declararle la guerra al Cártel de Sinaloa. Los Beltrán Leyva llevaron su venganza a las calles de Culiacán, donde la creciente violencia relacionada con el narcotráfico cobró la vida de 387 personas, muchas presumiblemente inocentes, en ese 2008. El código de “violencia por violencia” pronto se salió de control, poniendo en peligro la vida de toda la familia Flores. Cada cártel en guerra amenazaba de muerte a los gemelos si continuaban haciendo negocios con “el otro”. De nuevo tuvieron que cambiar. Pero esta vez la gran decisión que tomaron fue más allá de un cambio de lugar en su base de operaciones: se convirtieron en informantes de la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA). Los datos de la colaboración de los Flores con la DEA aparecieron durante el juicio contra Ron Collins, uno de su “clientes importantes”. De acuerdo con documentos legales de dicho juicio, un abogado de los Flores hizo el primer contacto con la DEA en abril de 2008. Y el agente especial Matthew McCarthy estuvo en contacto con ambos. De hecho se reunió con ellos en Guadalaja el 6 de agosto y el 6 de noviembre de 2008. Incluso el agente permitió que los gemelos mantuvieran sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos entre abril y noviembre de 2008. McCarthy declaró durante ese juicio que los gemelos “estaban fuera de nuestro control (de la DEA), nosotros no pudimos deternerlos”. El objetivo de la DEA era claro: tener información de las actividades del Cártel de Sinaloa y, sobre todo, recabar evidencia incriminatoria contra El Chapo Guzmán y sus lugartenientes. Y los hermanos Flores cumplieron. Con micrófonos y grabadoras ocultos, registraron conversaciones que El Chapo sostenía con otros miembros del cártel sobre las operaciones del narcotráfico. Así, gracias a los gemelos la DEA supo que la organización de Guzmán Loera operaba una flota de jets Boeing 747 a los cuales les había quitado los asientos. Estos aviones viajaban a Sudamérica con el argumento de que realizaban “misiones humanitarias”. Regresaban al aeropuerto de la Ciudad de México cargados con hasta 12 mil kilogramos de cocaína. La droga era descargada sin que mediara trámite alguno, pues previamente los miembros del cártel habían sobornado a las autoridades. Luego la droga era trasla-
Organigrama del Cártel de Sinaloa
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Miguel Dimayuga
Castillo, el juez del caso de los hermanos Flores, también ha estado a cargo de una serie de asuntos de alto perfil relacionados con el narcotráfico, incluyendo el del hijo de Ismael El Mayo Zambada: Vicente Zambada Niebla, quien también negoció un acuerdo de reducción de cargos. Este acuerdo fue hecho público en abril pasado, después de la detención del Chapo, y reveló que los ofrecimientos hechos por Zambada Niebla a las autoridades de Estados Unidos podrían conducir a su liberación en 2020, tomando en cuenta que ya cumplió cinco años de una sentencia reducida a 10. Pero en el caso de los Flores, el acuerdo al que llegaron con las autoridades judiciales de Estados Unidos ha impactado al resto de su familia. “Yo sabía que una vez que las personas de las que estoy hablando ahora se enteraran de que estaba cooperando, tratarían de matarme a mí y a mi familia”, dijo Pedro Flores, según se cita en el acuerdo de reducción de cargos dado a conocer el pasado 24 de noviembre. Lo que Flores temía cuando empezó a dar información se hizo realidad muy pronto. En 2009 el automóvil abandonado de Margarito Flores, padre de los gemelos, fue descubierto en el desierto de Sinaloa con un mensaje pegado en el parabrisas: “Díganle a esos hijos de la chingada que se callen o les vamos a mandar su cabeza”. El padre de los gemelos viajó en 2009 a México a pesar de que sus hijos le advirtieron que no lo hiciera. Desde entonces está desaparecido. Las autoridades lo suponen muerto. Los fiscales estadunidenses han recurrido a este ejemplo como una prueba de la veracidad de la evidencia recabada por los hermanos Flores. En las dos últimas semanas de enero pasado aparecieron versiones periodísticas sobre una eventual solicitud para extraditar al Chapo hacia Estados Unidos. Ello coincidió con la sesión del 27 de enero de la Corte de Distrito en la que el juez Castillo dictó sentencia contra los hermanos Flores. Pese a la condena, los fiscales y agentes antidrogas lanzaron una serie de cumplidos hacia los gemelos por sus contribuciones “históricas” y “sin precedente”, dignas de una sentencia “benévola”. “Ustedes son muchas cosas, pero no son estúpidos”, les dijo el juez Castillo a los gemelos al pronunciar la sentencia. Y los regañó por no haber aplicado su talento por los cauces de la legalidad. Castillo tocó una tonada diferente a muchas de sus contrapartes encargadas de aplicar la ley en lo que se refiere a la “guerra contra las drogas”, que lleva más de 40 años. “Puedo remontarme a 1987 y la triste
Febrero de 2014. La captura
verdad es que nada realmente ha cambiado. Esto sigue y sigue y sigue…”, lamentó Castillo. Y es que la red de los hermanos Flores fue reemplazada por otra, encabezada por Víctor Manuel Félix Beltrán y Alfonso Limón Sánchez, actualmente prófugos. Los agentes federales creen que están en México. Félix Beltrán, conocido como El LicVic, fue descrito por las autoridades como un experto en la logística para el tráfico de cocaína y presunto encargado de lavar el dinero de esta organización. Sánchez, apodado Chubas, enfrenta cargos por narcotráfico en el sur de California, donde agentes federales dicen que era el principal proveedor de cocaína de la región. “No soy tan ingenuo como para creer que la carretera se cerró por el simple hecho de que ustedes hayan sido arrestados”, comentó sarcásticamente el juez Castillo a los gemelos Flores. Y agregó: “Desafortunadamente la demanda de drogas continúa en esta ciudad. No hay suficientes programas de tratamiento. Uno puede ir al West Side y comprarse un toque… Y eso es triste”. (Traducción de Lucía Luna.) O
ANABEL HERNÁNDEZ
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ace un año Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los dos líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, fue capturado e internado en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Ahí le fueron impuestos el uniforme caqui y el número 3578. Se halla en el módulo 1, en la zona de Tratamientos Especiales, donde están los presos de mayor peligrosidad. Se supone que ahí se aplica un dispositivo de seguridad muy riguroso y el capo –considerado por la administración antidrogas estadunidense (DEA) como el más poderoso del mundo– está aislado del resto de los reclusos. Se supone que está neutralizado. Se supone. Pero en sólo siete meses El Chapo ha violado dos veces el supuesto cerco de máxima seguridad. En julio pasado organizó junto con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –antiguo sicario del Cártel de los Beltrán Leyva– una huelga de hambre masiva en la cárcel. Y el pasado 25 de febrero, tras semanas de organización, formó parte de una nueva rebelión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1.
NARC OTRÁ F IC O Pese a tratarse de un penal federal de máxima seguridad, la cárcel del Altiplano deja mucho que desear: algunos de sus reclusos de mayor peligrosidad, quienes supuestamente están aislados –destacadamente El Chapo Guzmán– mantienen comunicación entre sí y con el resto de los reos, y hasta se dan el lujo de organizarlos, sea para llevar a efecto una huelga de hambre (en julio pasado), sea para escribir y firmar una carta destinada a la CNDH y a la opinión pública. Guzmán Loera y 139 internos más lanzan fuertes quejas contra el director técnico de la cárcel, a quien acusan de corrupción y malos tratos.
“El Chapo”
remece El Altiplano Luis Raúl González Pérez –a la cual Proceso tuvo acceso el día en que fue presentada–, está fechada en febrero de 2015 y en la Oficialía de Partes de la comisión se le asignó el número de folio 19066. Tiene los nombres y firmas de los 140 denunciantes y fue escrita en hojas de block, rayadas, con las mismas características de las que venden en la tienda de la prisión. Según la denuncia, Carmona García –director técnico– es quien realmente gobierna en el penal por encima del actual director general, Valentín Cárdenas Lerma. Los quejosos demandan a la CNDH una investigación sobre la situación interna en el Cefereso: “Es necesario precisar que es precisamente Librado Carmona García quien por encima del Director General realmente gobierna la institución, es quien trafica con prevendas (sic) para los internos a cambio de fuertes cantidades de efectivo, dependiendo del poder económico de cada recluso”, se afirma. La queja fue presentada contra Cárdenas Lerma y Carmona García, así como contra el director de Seguridad y Custodia y demás integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso 1.
Los hechos confirman que El Chapo se mueve, se organiza y suma hasta a sus enemigos, y que la supuesta máxima seguridad de la cárcel no es un impedimento. Germán Canseco
La huelga en la cual participaron más de mil internos (Proceso 1968) tuvo origen en presuntas violaciones a sus derechos: condiciones insalubres, comida podrida, mala atención médica y ningún respeto a los horarios de visita familiar o íntima, entre otros. En su momento el gobierno federal intentó minimizar los hechos. El pasado 25 de febrero, tres días después del primer aniversario de su reaprehensión, El Chapo y 139 presos más del Altiplano sumaron fuerzas y denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presuntos malos tratos y venta de prebendas por parte del director técnico del penal, Librado Carmona García. Entre los quejosos, además del Chapo, están su hermano Miguel Ángel Guzmán Loera; La Barbie; los viejos capos Miguel Ángel Félix Gallardo y Pedro Díaz Parada; Rogaciano Alba; Ramón Alcides Magaña, El Metro; Javier Torres Félix, El JT; así como sus otrora enemigos Héctor Beltrán Leyva; Mario Alberto Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, exlíder del Cártel del Golfo; Teodoro García Simental, exlugarteniente de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana; y Sigifredo Nájera, El Canicón. La queja de 11 cuartillas, redactada a mano y dirigida al presidente de la CNDH,
González Pérez. El destinatario
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a la CNDH La carta enviada
En julio de 2014 el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández, se negó a informar a Proceso sobre la huelga de los internos del Altiplano, pese a que familiares de internos de distintos módulos habían confirmado a la reportera la protesta multitudinaria. Para no reconocer que El Chapo había logrado romper el supuesto cerco de aislamiento, el gobierno federal minimizó el evento. Tras la información al respecto publicada por este semanario, el estadunidense The Washington Post afirmó que un funcionario del gobierno federal, cuyo nombre no mencionó, les habría dicho que ni El Chapo ni La Barbie habían participado en la huelga, y que ésta sólo fue de cien internos. “No hay manera de que ellos hayan participado, porque están totalmente aislados”, habría dicho el funcionario a ese medio. Se tiene confirmado que Guzmán Loera y Valdez Villarreal sí participaron. Ambos están en el módulo uno del área de Tratamientos Especiales, apartada del resto del complejo penitenciario, pero eso no les impidió organizar la huelga de hambre masiva ni tampoco formar parte de la denuncia
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colectiva ante la CNDH, en la cual aparecen sus nombres y firmas.
La lista de quejas También el pasado 25 de febrero, 50 de los firmantes de la queja 19066 presentaron otra ante la CNDH, a la cual se le asignó el folio 19045. A diferencia de la otra, ésta está fechada el 7 de enero, aunque ambas fueron entregadas el mismo día. Los internos, entre ellos Alcides Magaña, Óscar Javier Coronel, Alfredo Ríos Galeana, Rogaciano Alba y Nicolás Andrés Caletre, entre otros, plantean una queja similar, pero enfatizando en la mala atención médica y ofreciendo como pruebas sus propios expedientes. Como antecedente señalan la huelga organizada en julio de 2014. “Durante el mes de julio de dos mil catorce un grupo considerable de internos tomaron la decisión de iniciar una huelga de hambre alegando entre otras cuestiones la infracción a su derecho fundamental a la salud, en virtud de que la atención médica era deficiente”, afirman. Se le indica a la CNDH, como informó este semanario, que sí hubo una negocia-
ción entre los huelguistas y las autoridades. “En ese mismo mes se recibió la visita de una brigada médica enviada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, misma que atendió al total de la población penitenciaria; sin embargo, no hubo seguimiento alguno a los tratamientos recomendados, ya que incluso el medicamento que prescribieron en la mayoría de los casos no lo había…”. Cabe señalar que las dos quejas, aunque entregadas a la CNDH, también están dirigidas a la opinión pública. Su contenido es una ampliación de los reclamos hechos en la huelga de hambre de julio. De acuerdo con la información recabada, pese a la presencia de custodios en todos los módulos, los internos se organizaron durante semanas para presentar la queja colectiva ante la CNDH y la recolecta de firmas concluyó a principios de febrero. Los internos describen a la CNDH sus celdas: de dos metros por tres, un sanitario, lavabo, dos mesas de concreto sin sillas, dos repisas y literas del mismo material. Denuncian que hay sobrepoblación en los módulos y que en vez de dos personas por celda hay tres, por lo cual una duerme en el suelo. Capos, secuestradores y los otros firmantes aseguran que con el trato que les dan, la reinserción social es un imposible. “Es necesario informar a usted (titular de la CNDH) y a la opinión pública que el estado de confinamiento a que estamos sujetos todos los internos de este centro federal es contrario a los derechos que como seres humanos tenemos derecho (sic) por el solo hecho de existir, pues no es posible estar encerrados veintitrés de las veinticuatro horas que tiene el día. “Con veintitrés horas al día encerrados en una estancia de dos por tres es imposible decir que los internos puedan prepararse para una posible reinserción social tal como lo pretenden hacer creer quienes operan este tipo de centros de reclusión.” Señalan además que no hay actividades físicas, educativas ni laborales y no pueden acceder a beneficios para reducir sus sentencias. “Al no haber registro de actividades porque no las hay, al momento de que algún interno solicite una constancia de participación generalmente el Centro lo niega, no porque la persona se niegue a participar sino porque no existen actividades, ello en detrimento del interno al momento de solicitar algún beneficio, lo cual es grave porque se trata de la libertad en muchos casos.”
Miguel Dimayuga
NARC OTRÁ F IC O
“La Barbie”. Uno de los firmantes
Los quejosos solicitan dos horas de patio y la posibilidad de practicar las actividades físicas previstas dentro del funcionamiento del penal. Aseguran que los días de visita familiar o íntima el personal de Seguridad y Custodia no respeta los horarios de ingreso, los familiares son desnudados “ante las miradas lívidas (sic) de oficiales (as)” quienes tocan sus cuerpos, los intimidan e insultan. “Ante lo anterior salta a la vista la razón del porque hasta ahora los familiares no lo han denunciado y la respuesta es simple, por temor a represalias y a que le suspendan la visita.” Agregan que las instalaciones para las visitas familiar e íntima están en malas condiciones: sin agua, con lavabos y sanitarios rotos o tapados, ventanas rotas y puertas sin cerradura. Respecto a la comida que proporciona la empresa Cosmopolitan, aseguran que es poca, de mala calidad y muchas veces en estado de descomposición: “pollo agusanado, carne en mal estado y frijoles acedos”. Una fuente vinculada con la operación de los ceferesos, consultada por Proceso, señala que en promedio la comida de un día de cada preso le cuesta a la federación 170 pesos; y debido a su mala calidad son comunes las enfermedades: salmonelosis y gastroenteritis, sobre todo. Los internos añadieron a la queja un ejemplar de “nota de venta” del penal, donde viene la lista de los 85 productos a los cuales se supone tienen acceso: un block tamaño carta; hojas de colores tamaño carta; repuestos de tinta; un reloj de plástico (venta única); audífonos (venta única); champú, con un costo de entre 11 y 84 pesos; talco a un costo de 22 pesos; crema, 30 pesos; pasta de dientes, 79 pesos; rastrillos, 12 pesos, y papel higiénico tamaño jumbo, por ocho pesos. Los quejosos piden que se aumente el tope de gasto a 664 pesos para comprar en
la tienda de la prisión y acceso a productos de mejor calidad y marcas conocidas, pues las que hay en existencia, dicen, son “dudosas”.
Venta de prebendas Los internos acusan que Carmona García está por encima del director general y es quien “realmente gobierna la institución, es quien trafica con prebendas para los internos a cambio de fuertes cantidades de efectivo, dependiendo del poder económico de cada recluso. “Es el Lic. Librado Carmona García el intocable del régimen, ya que directores van y otros vienen y él se mantiene como tal haciendo contubernios con otros directores y con los recursos producto de los sobornos que de los internos pudientes recibe. “En este lugar se le conoce como el intocable del órgano desconcentrado y la Secretaría de Gobernación, lo cual se podrá apreciar con una somera investigación y supervisión de sus actividades.” Los presos le manifiestan a la CNDH su temor de ser víctimas de represalias una vez que su queja se haga pública. “Sabemos que al salir a la luz pública esta queja, es seguro e inevitable que la institución emprenderá de inmediato acciones de represalia como sometimiento y represión en contra de los abajo firmantes en particular y en toda la población en general, se les responsabiliza de cualquier acto ilegal en contra de nosotros y de nuestras familias.” Y piden una investigación a fondo: “Ante estas anomalías y ante la existencia de una franca violación a los derechos y dignidad humana, solicitamos que bajo los estándares del derecho y la legalidad con la que se desempeña el organismos que usted precide (sic) (CNDH) se realice una investigación rigurosa al interior de este Centro Federal y constatar de que lo aquí
expresado es la realidad de lo que los internos vivimos…”. A principios del pasado febrero, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue jefe de Guzmán Loera en el extinto Cártel de Guadalajara, logró su traslado a la prisión estatal de mediana seguridad en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, siguiendo los pasos de su exsocio Rafael Caro Quintero, ambos acusados del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985. Desde hacía años Félix Gallardo había pedido su transferencia argumentando que su edad y su presuntamente precaria salud ya no lo hacían un preso de peligrosidad. Caro Quintero logró ser trasladado al penal de mediana seguridad en Puente Grande en 2007 y fue liberado en agosto de 2013, con el argumento de un error de procedimiento judicial en su caso. En 1993, primera vez que Guzmán Loera fue detenido, estuvo preso en el penal que ahora se conoce como El Altiplano y en 1995 logró ser trasladado al de Puente Grande. Durante tres años fue minando la seguridad del reclusorio hasta controlarlo con la tolerancia y complicidad de funcionarios federales dentro y fuera del penal. O
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Eduardo Miranda
La iniciativa presidencial para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego a fin de permitirles a los agentes estadunidenses operar armados en territorio nacional no haría sino legitimar una situación que ya existe de hecho. Empleados de la DEA y del FBI confirman que esta práctica se observa desde hace décadas –todo mundo lo sabe pero nadie lo menciona–. Esos funcionarios aseguran que no verían “ningún cambio” si la propuesta de Peña Nieto se aprueba.
Armados en México... desde hace
mucho
J. JESÚS ESQUIVEL
W
ASHINGTON.- Enfáticos y casi descaradamente, funcionarios de la DEA y del FBI sostienen que no verían “ningún cambio” en su manera de operar en México con la iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto, que permitiría la portación de armas de fuego a agentes extranjeros dentro del territorio mexicano. “No cambiaría en nada nuestras operaciones en México”, dice un funcionario de la administración antidrogas estadunidense (DEA). “¿Cuál es la modificación? Es un tema que se agradece, pero no cambia nada”, refiere por su parte un empleado de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ambos fueron consultados telefónicamente por Proceso y pidieron no ser identificados, toda vez que el tema gira en torno de un proyecto de ley que no ha sido refrendado por el Congreso mexicano. La semana pasada Peña Nieto envió al Senado un proyecto de modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuyo marco se permitiría a los
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agentes extranjeros, aduanales y de migración portar armas en territorio mexicano. La decisión de Peña Nieto tomó por sorpresa a la DEA y al FBI pues, admiten, durante años y por medio de los oficios diplomáticos del Departamento de Estado se abogó por que a sus agentes en México se les permitiera portar armas de fuego para su defensa; con más urgencia a raíz de la guerra contra el narcotráfico que lanzó el expresidente Felipe Calderón y mantiene Peña Nieto. “Es una grata sorpresa, sobre todo viniendo del presidente de México”, comenta con tono risueño el funcionario de la DEA. Desde 1973 –cuando esta agencia comenzó a operar en Sinaloa, Guerrero, Sonora y Jalisco– el Departamento de Estado pidió al gobierno mexicano que a sus agentes se les permitiera portar armas de fuego para su defensa. Sin embargo, la respuesta de Los Pinos siempre fue una negativa.
Tema antiguo “Es irónico”, apunta el funcionario del FBI. “Siempre fueron las presidencias priistas las más reticentes a modificar sus leyes para que nuestros agentes portaran ar-
mas; y ahora es justo un presidente que pertenece al PRI quien quiere cambiar las leyes, justo cuando ni siquiera hemos insistido en el tema”, añade el funcionario del FBI, quien operó en territorio mexicano varios años durante el sexenio de Ernesto Zedillo. En la iniciativa turnada al Senado, Peña Nieto argumenta que lo que se busca es reforzar la cooperación con Estados Unidos en materia migratoria y aduanal. En su proyecto e intención de homologar lo que practican Estados Unidos y Canadá, Peña Nieto defiende su pretensión señalando que en la actualidad se debe dar reciprocidad a los métodos de colaboración y trabajo con los dos grandes socios comerciales del país. Los funcionarios de la DEA y del FBI consultados por este semanario sostienen que en términos pragmáticos la iniciativa no es importante: “Lo que nos importa es seguir trabajando y cooperando con México en la lucha contra el narcotráfico por medio del intercambio de información de inteligencia y de operaciones conjuntas transfronterizas”, considera el primero. “Nuestra historia de cooperación se remonta a la época de la Guerra Fría. Since-
NARC OTRÁ F IC O a reuniones con funcionarios, policías o militares mexicanos? “–Sí. “–¿Y lo saben ellos? “–¡Claro! Eso se sabe pero no se admite; así es la regla no escrita en México sobre la relación con los agentes de la DEA. Ni los policías federales ni los militares revisan a los agentes de la DEA; nunca lo hacen cuando se dan las reuniones –aclara González.”
También las usan Pero los agentes federales estadunidenses que operan en México no se limitan a portarlas, también las usan. En el capítulo 3, “Agentes encubiertos”, del mismo libro, Vigil revela, sin decirlo, que mató a un narcotraficante mexicano para defender su vida. El exagente relata detalladamente una “operación encubierta” que llevó a cabo junto a policías federales mexicanos a mediados de la década de los ochenta en Caborca, Sonora, contra el grupo criminal de Rafael Caro Quintero. Vigil relata que antes de ir a un restaurante donde se reunirían con dos narcotraficantes del grupo de Caro Quintero “me acomodé los fajos de billetes en los calcetines y en la cintura para poder enseñárselos a los dos mafiosos. Era un truco. Llegamos al restaurante y al mismo tiempo que nosotros llegaron los dos tipos. “Dentro, ya sentados en una mesa, pedimos algo para comer y nos tomamos unos tragos. Primero cerveza y después unos tequilas, pero pasó una hora, dos horas y ya se estaba haciendo de noche sin que se concretara la operación. “De repente me doy cuenta de que se acerca un policía federal y por la ventana me hace señas de que ya estaban perdiendo la paciencia; casi, preguntando a qué hora comenzaba la acción.
“Justo en ese momento el mafioso que estaba conmigo me dice: “‘Si eres federal te vamos a desplumar aquí mismo’. Yo no me espanté; le dije que cómo me hacía ese tipo de bromas y lo convencí. Pasó otra media hora. Y entonces me dice: ‘Voy al baño’, y se sale. Yo me salí con él porque conozco muy bien a los federales mexicanos y tenía temor de que todo lo echaran a perder. “Llegando al baño se le acerca un policía federal al mafioso y le pone la pistola en el pecho, pero el mafioso saca su pistola y le dispara al federal; le da un tiro y lo mata. “Las cosas pasan como en cámara lenta; el mafioso, a quien yo tenía como a dos metros de distancia, me apunta y me dispara dos tiros. Entonces intercambiamos disparos, él cae y luego los policías federales llaman a la Cruz Roja; ya estaba muriéndose cuando lo subieron a la ambulancia”, concluye el relato de Vigil. Los cambios a la ley que propone Peña Nieto buscan ser un modelo de preinspección migratoria, para realizar revisiones documentales y consultas en las bases de datos, antes de que un pasajero suba a una aeronave y con ello evitar riesgos en este sistema de transporte. Peña Nieto le garantizó al Legislativo que con esto “se beneficiaría a los viajeros”, quienes quedarán libres del sometimiento a inspecciones aduanales y migratorias minuciosas, que implican una pérdida de tiempo totalmente innecesaria. El funcionario del FBI consultado por este semanario afirma que no sabe si los cambios que propone Peña Nieto tendrán beneficios aduanales y migratorios para los mexicanos. “Lo que sí puedo asegurar es que a nosotros y todas las agencias (estadunidenses) que operamos en México nos quitarán alguno que otro dolor de cabeza burocrático. Que, debo decir, ya no ocurren con mucha frecuencia”. www.laopinion.com
ramente en el proyecto del presidente no veo nada que pueda modificar la forma en que hemos venido trabajando y cooperando con nuestras contrapartes mexicanas desde que empezó este tipo de colaboración, hace varias décadas”, acota el funcionario del FBI. Con sus declaraciones ambos dejan ver, diplomáticamente, que sus agentes en México ya portan armas, en tácita violación a la Constitución; la portación de armas de fuego por parte de agentes federales estadunidenses que operan en este país es un secreto a voces. En México actualmente hay 54 agentes de la DEA, distribuidos en varios estados y todos portan armas de fuego, como lo confirman varios agentes y exagentes de esta misma dependencia. No se sabe cuántos agentes del FBI operan en México; ni cuántos de la Agencia Central de Inteligencia; de Inmigración y Aduanas; de Aduanas y Patrulla Fronteriza; de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ni de todas las otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluidas las del Pentágono. De lo que sí se tiene certeza, aunque no se dice, es de que todos están armados. En el libro La DEA en México (Grijalbo), de la autoría del reportero, los exagentes de la DEA Sandalio González y Mike Vigil (ambos trabajaron en México varios años) dan cuenta en sus relatos de cómo ellos mismos y sus compañeros siempre han violado la soberanía mexicana portando armas de fuego, incluso armamento de calibre alto y cuyo uso es “exclusivo del Ejército” mexicano. Entre las fotografías que se publican para ilustrar el libro mencionado hay una que el mismo Vigil le proporcionó al autor. Tomada a principios de 1978 en Hermosillo, se ve al entonces agente antinarcóticos estadunidense portando un rifle R-15 al lado de un soldado mexicano, quien sostiene un machete. Para sustentar el argumento de la portación de armas en territorio mexicano, en este caso de agentes de la DEA, se recogen las preguntas y respuestas de fragmentos del capítulo 7 –“Todos portan armas, pero bien organizados”– del libro La DEA en México. “–¿Los agentes de la DEA que están en México portan armas? –se le pregunta a González. “–Sí, todos. Todos los agentes llevan armas; sólo el personal de inteligencia de las oficinas de la DEA no. “–Los agentes de la DEA que están en México, ¿van armados sólo cuando emprenden una operación encubierta, o siempre andan armados? “–Siempre se porta un arma; aunque no existe un tipo de arma reglamentaria para los agentes de la DEA. “–¿Los agentes de la DEA van armados
Los agentes de la DEA. Omnipresentes
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Reuters
Guerrero: la amenaza represiva se cumplió
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
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HILPANCINGO, GRO.– La noche del 23 de febrero, efectivos de la Policía Federal (PF) arremetieron con todo contra los maestros disidentes que demandaban en Acapulco reconocimiento de plazas y certeza laboral. En la trifulca murió Claudio Castillo Peña, un profesor jubilado que padecía una discapacidad por poliomielitis; además hubo
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106 detenidos, al menos 30 heridos y una decena de desaparecidos. En la brutal represión, según los testimonios recabados por Proceso, los uniformados abusaron sexualmente de cuatro mujeres por lo menos, entre ellas una embarazada. Su intención era, dicen, amedrentarlas para que jamás volvieran a protestar. Los crímenes y excesos de la PF son una muestra de la estrategia de “cero tolerancia” a manifestaciones anunciada des-
de hace meses por el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y funcionarios federales ante la crisis político-social que se vive en la entidad luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, asegura la dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Y agrega: a las autoridades les provoca terror el movimiento social generado por el desconocimiento de más de 20 mil plazas docentes y administrativas en la entidad. Desde el 1 de enero, en un acto público, Ortega Martínez les advirtió a los miembros de las organizaciones sociales que apoyan el movimiento de los padres de normalistas de Ayotzinapa que “no fueran ingenuos” porque hay quienes están dispuestos a dar la orden de reprimir las protestas, las cuales, aseguró, estaban llegando al límite de la tolerancia. El 23 de febrero la amenaza de represión se cumplió. Ese día más de 5 mil integrantes del magisterio institucional y disidente marcharon juntos en la Zona Diamante del puerto de Acapulco, donde bloquearon durante más de seis horas el bulevar de las Naciones para exigir certe-
ES TADOS /GU ER R E R O El del 23 de febrero fue un acto de barbarie contra los maestros disidentes de Guerrero que no debe quedar impune, claman los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. El gremio está indignado por la muerte del profesor Claudio Castillo Peña y por las maestras golpeadas y violadas. Rotas las negociaciones desde ese día, el 27 de febrero un grupo de mentores increpó en Teloloapan al gobernador interino, Gregorio Ortega Martínez: “¡Asesino, lárgate de aquí!”. za laboral, pago de salarios y justicia por el caso Ayotzinapa. Castillo Peña, un emblemático profesor jubilado de 65 años, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y originario de la región de Tierra Caliente pero radicado en el puerto, murió a causa de los golpes de los uniformados federales, quienes también humillaron y violaron a cuatro mujeres, e incluso se lanzaron contra los reporteros. No querían que se grabara la brutal agresión. La protesta comenzó cerca de las nueve de la mañana del 23 de febrero y subió de tono por la tarde, cuando las autoridades estatales y federales se negaron a instalar una mesa de negociación como se habían comprometido por escrito el día 11. El propósito era negociar para evitar que se redujeran las plazas y se regularizara el pago a docentes y trabajadores administrativos con más de 10 años de antigüedad. La reunión se pactó ese día –el 11 de febrero– después de una protesta que incluyó la toma del aeropuerto internacional Juan N. Álvarez. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, se comprometió a seguir analizando la problemática para el 23 de febrero, pero no acudió a la cita “por motivos de agenda”. Eso molestó a los manifestantes, que decidieron tomar nuevamente el aeropuerto. José Antonio Cabrera Méndez, comisario de la PF y jefe regional en Acapulco, declaró: “Al aeropuerto de plano no pasan. Esa es una postura: paso al aeropuerto no hay. No necesitamos la agresión”.
zada a pleno sol. El alumbrado público del bulevar fue interrumpido y apareció un autobús Futura de la línea Estrella Blanca al lado de los manifestantes. De repente se lanzó contra los uniformados y enseguida se desató la represión. “Al principio pensamos que eran compañeros que venían a apoyar, pero el autobús no frenó su marcha y después de que
se dirigió hacia los policías regresó en reversa hacia nosotras. Corrimos sobre el bulevar y todo fue caos y confusión”, asegura una maestra. Otra narra el momento en que los uniformados detuvieron al profesor Castillo Peña, quien alentaba a sus compañeros desde una camioneta blanca de doble cabina, y comenzaron a tundirlo a golpes. “Yo estaba con otra compañera y otro compañero a bordo de la camioneta del sonido junto al profesor Castillo Peña cuando los federales nos rodearon. Comenzaron a romper los vidrios con los toletes y con vulgaridades nos exigían que bajáramos del vehículo.” “Ora sí, pinche viejo, hijo de tu puta madre… Sigue gritando”, decían los policías mientras golpeaban al luchador social, quien murió a causa de “traumatismo torácico provocado por objeto contundente”, según la necropsia. Tenía las costillas fracturadas y las astillas óseas perforaron los pulmones, indica un informe de la Fiscalía General del Estado consultado por Proceso. La noche del mismo 23 de febrero, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo, señaló que el profesor Castillo Peña murió por el “aplastamiento de un neu-
La represión Alrededor de las 19:30 horas, el muro policiaco se mantenía para impedir la toma del aeropuerto. Al frente del bloque magisterial varias mujeres no dejaban de lanzar consignas pese a la caminata reali2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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mático” derivado de un hecho distinto al desalojo. Sin embargo, una profesora, quien pide omitir su identidad, tiene una versión distinta: “Yo vi cómo los federales se llevaron arrastrando a golpes al maestro y me siento culpable porque no pude hacer nada. No pude ni gritarles que lo dejaran y a ellos tampoco les importó que fuera una persona mayor, indefensa”. Ella y otra compañera permanecieron en la camioneta aun cuando los federales intentaron voltearla. Uno de ellos incluso dijo a los otros policías que se detuvieran porque había niños dentro del vehículo. “Yo les dije que no había niños, pero sí una mujer de edad avanzada. Los uniformados respondieron: dejen que se bajen y también pártanles su madre”. Sin embargo, un oficial protegió a las dos mujeres, mientras sus compañeros le insistían que las golpeara. Las dos mujeres bajaron y se dirigieron a la explanada del Fórum Mundo Imperial donde se encontraban otros profesores; incluso entraron al inmueble, propiedad del empresario Juan Antonio Hernández Venegas, para protegerse.
“Parecían perros de caza” Eran 50 personas, entre niños, hombres y mujeres, las que se refugiaron en la cocina. Minutos después llegó un hombre con un grupo de policías federales y ordenó que se las llevaran. Un profesor suplicó que dejaran salir a las mujeres y a los niños, pero los federales lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Uno de los uniformados ayudó al grupo a salir, mientras sus compañeros insistían en que los golpearan. Pero él los
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sacó del Fórum y los llevó del otro lado de la calle, donde se encuentra una tienda de autoservicio de la cadena Chedraui. Ahí se escondieron en los refrigeradores y bodegas. La mujer recuerda que el gerente del local bajó las cortinas para impedir el ingreso a los federales, quienes desde afuera gritaban: “¡Se los va a cargar la verga. Les va a pasar lo de los pinches ayotzinapos!”. La mayoría de los manifestantes pudo escapar del lugar con ayuda de familiares y amigos que llegaron en sus autos. “Nos querían destrozar, parecían perros de caza. Hasta ahora no puedo dormir porque a cada momento recuerdo las horribles escenas, sobre todo la forma como golpearon hasta matar al maestro Claudio Castillo, y la impotencia de no poder hacer nada por él me pone muy mal”, expresa la mujer entrevistada. A pesar de que la razia se enfocó en los hombres, en un principio fueron detenidas varias mujeres. Algunos testigos refieren cuatro casos de violación, pero otros dicen que “fueron más las mujeres violadas”. Una maestra fue encapsulada. Los policías le golpearon la cabeza, le alzaron la blusa y le bajaron el pantalón. “Era indignante ver cómo mujeres policías ayudaban a sus compañeros a someter y desnudar a las profesoras”, señala uno de los testigos. Dice que les golpeaban los glúteos, los pechos y los genitales con sus toletes. Los federales les introducían los dedos en la vagina. A varias se las llevaron a los callejones para violarlas; incluso abusaron de una embarazada, comenta uno de los testigos.
Miguel Dimayuga
Miguel Dimayuga
El bloqueo
Los dirigentes de la CETEG decidieron hacer público el caso de los abusos sexuales porque, comentan, “este tipo de aberraciones no pueden quedar impunes”. No obstante, las afectadas aún no superan el trauma, por lo que no han presentado las denuncias, sostiene Manuel Salvador Rosas, vocero de la Comisión Política de la organización. El mensaje del gobierno federal es claro, dice uno de los entrevistados: “romper el espíritu de las mujeres y debilitar el movimiento a través del terror”. Hasta el momento, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y las autoridades federales que actuaron en conjunto para desalojar a los maestros se muestran indiferentes frente al crimen del profesor Castillo Peña y las maestras ultrajadas. Ortega Martínez incluso celebró la actuación de la PF, pues, dijo, obró con “absoluta pulcritud” al evitar que los manifestantes irrumpieran en el aeropuerto o trataran de boicotear el torneo Mextenis que se celebra en la Zona Diamante del puerto. “Atentaron contra la economía de Acapulco y del estado en general, creando una situación en la que nosotros ya no podíamos seguir manteniendo el clima de tolerancia y sensatez”, expresó Ortega en un comunicado. Con la agresión del 23 de febrero se rompió el dialogo entre autoridades y el magisterio. Cuatro días después, docentes y normalistas increparon al mandatario durante una gira en la cabecera municipal de Teloloapan. “¡Asesino, lárgate de aquí!”, le gritaron más de 200 manifestantes que irrumpieron en un acto oficial. Ortega tuvo que retirarse. Iracundos, los maestros clamaban justicia. O
Ortega Martínez. Intolerancia
Germán Canseco
P ODER JU DIC IA L
Aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Horacio Hernández Orozco delinea su perfil ético y expone sus razones para figurar en la terna conformada por él junto con el exembajador y exprocurador Eduardo Medina Mora y el también magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Y es contundente cuando afirma que un juez que tenga nexos con el poder mediático no puede ser independiente.
Un juzgador ligado
al poder mediático no puede ser independiente JENARO VILLAMIL
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Definitivamente no”, un juez con vínculos en la industria mediática puede ser independiente, sentencia el magistrado Horacio Hernández Orozco, quien comparecerá este lunes 2 ante el Senado de la República, junto con el exembajador y exprocurador general de la República Eduardo Medina Mora y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, como uno de los aspirantes a ocupar el cargo vacante de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La justicia mediática o los juicios paralelos de los medios siempre ponen en riesgo la independencia del juzgador”, argumenta Hernández Orozco en entrevista con Proceso. Y puntualiza: “Lo que hay que procurar es ser impecables en la argumentación, pero si un juez actuó bajo presión mediática es condenable y debemos investigar si algo presionó al juzgador”. Con 50 años de edad, con maestría y doctorado en derecho por la Universidad Panamericana, Hernández Orozco es el más joven de la terna presentada por Enrique Peña Nieto al Senado, pero también el que tiene una de las carreras más sóli-
das en el Poder Judicial desde que inició como secretario de juzgado en 1990, juez de distrito de 1998 a 2001 y magistrado de circuito desde 2001. Para Hernández Orozco, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, uno de los temas fundamentales que se abordarán ante los senadores será el de los derechos humanos, a la luz de casos recientes como el de Rosendo Radilla y la reforma de 2011. También considera muy probable que los senadores aborden lo relativo a los delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada. –¿Cuál es su postura sobre esta discusión, especialmente en torno al delito 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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de desaparición forzada y el antecedente Ayotzinapa? –se le pregunta. –Es una discusión interesante. Hoy estamos en un enfoque que trata de evitar las graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos una cantidad inmensa de tipos penales. En ocasiones, las diferencias entre un delito y otro pueden ser de sólo una coma. “En este sentido, hablar de desaparición forzada puede ser también hablar de privación ilegal de la libertad con alguna finalidad, como en el caso del secuestro, o privatización ilegal de la libertad sin finalidad. Tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de delitos. Hablar de desaparición forzada es un tipo muy específico que guarda puntos en común con otros delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad. “Tenemos resoluciones y defensas de los propios abogados en los casos para determinar cuándo existe o no desaparición forzada. Este delito ahora sale a la palestra por los eventos que todos conocemos.” Durante dos años Hernández Orozco formó parte de la Comisión de Ética del Poder Judicial durante la época del ministro Mariano Azuela como presidente de la Suprema Corte. Para él, la ética en un juzgador se remite a cuatro principios que deben estar siempre presentes: “imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo”. Considera que casos como la revisión del amparo de la profesora Elba Esther Gordillo o el de la Operación Casa Blanca que le tocaron a él como juez constituyen una verdadera prueba porque existió “un interés social, mediático y político muy fuerte” y porque se dan siempre los “juicios paralelos o mediáticos”. “Un juez nunca está aislado de este tipo de presiones. Es un ser de carne y hueso, pero tiene que estar preparado para
enfrentar estos juicios paralelos que se dan en los medios”, explica. –¿Un ministro con vínculos en la industria mediática puede ser independiente? –Definitivamente no. Uno puede tener una relación social con algunos personajes de los medios, pero un juez tiene que saber vivir su independencia y aplicar los cuatro principios éticos: imparcialidad, independencia, profesionalismo y objetividad. –A usted le correspondió también el caso de la Operación Casa Blanca en el que Washington acusó a empleados bancarios mexicanos de blanquear recursos del narcotráfico. Usted como magistrado ordenó la libertad de los imputados. ¿Cuál fue la lección más importante de ese juicio? –Un caso muy importante. Se trató de una operación encubierta, realizada en nuestro país, con agentes infiltrados. ¿Qué resolvimos en esta sentencia? Que no se pueden prefabricar situaciones delictuosas. La función del Estado no es crear situaciones falsas para demostrar un delito. Sentamos las bases para un sistema de derecho procesal sano, de un debido proceso donde el aspecto probatorio sea lo más idóneo, lo más sano. –¿La prefabricación de situaciones delictuosas se emparenta con casos como el de Florence Cassez? –No, porque ahí la diferencia es que no prefabricaron el delito. Se podría pensar en otros asuntos similares, pero en ambos el cuestionamiento correcto debe ser: ¿Cuál es la función de la autoridad? Esa es la pregunta fundamental tanto en el caso Casablanca como en otros. Ese es el tema que atiende la necesidad del debido proceso. –¿Qué posibilidades ve frente al mecanismo para seleccionar al nuevo ministro de la Suprema Corte? –Si hablamos de porcentajes, tenemos 33% de posibilidades. La propuesta del presidente de la República al Senado está formada por tres candidatos. El Ejecutivo federal habrá ponderado nuestras fortalezas. Aquí el punto fundamental es que esta responsabilidad recae ahora en los senadores. Lo que los ciudadanos esperan de ellos es que emitan una decisión razonada, responsable, y que la gente esté enterada del proceso. Es una votación de dos terceras partes de los senadores, lo cual habla de la necesidad de un aval. “La Constitución no les exige a los senadores que razonen su voto, pero no sería mala idea que fundaran los motivos y las razones de su elección ante uno u otro de los aspirantes.”
El peso del exembajador Medina Mora. Cuestionado
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Hasta ahora, organizaciones de derechos humanos, senadores de la bancada del
PRD y una parte de legisladores del PAN han rechazado categóricamente la postulación de Eduardo Medina Mora por distintas razones, pero principalmente porque no llena los requerimientos del artículo 95, fracción V, de la Constitución. Dicho precepto establece como uno de los requisitos para aspirar a ser ministro de la Suprema Corte haber vivido los últimos dos años en el país. Desde noviembre de 2009 Medina Mora vive fuera de México, ya que fue nombrado por el gobierno de Felipe Calderón embajador en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos encabezadas por los centros Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro, Fundar, Indignación y Propuesta Cívica, entre otros, enviaron cartas al Senado en las que argumentan que la candidatura de Medina Mora “evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos” por impulsar a un candidato con un perfil policiaco y protector de intereses corporativos dentro del máximo tribunal. –No podemos evadir el tema de la polémica en torno a la candidatura de Medina Mora. ¿Afecta este proceso de selección el peso mediático y político de su figura? –se le pregunta al magistrado. –No creo que afecte –responde–. Incluso, se publicó un análisis periodístico donde se decía que el embajador tenía una desventaja porque se trataba de un cargo jurisdiccional y no político. Dos de los aspirantes tenemos carrera dentro del Poder Judicial. La Corte también es un cargo político, pero los dos magistrados que aspiramos tenemos esa experiencia política. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser juez con Zedillo, magistrado con Fox y con Calderón, y ahora con Enrique Peña, y ha prevalecido mi carácter jurisdiccional. Tengo una carrera de 28 años. –¿Usted vivió la transición interna en la Suprema Corte? –Así es. Viví una transición muy fuerte en 1988. Fue la primera transformación importante. La Corte se convierte en un tribunal constitucional y no solamente de legalidad. Eso fue un cambio fundamental. Luego me tocarían los cambios del 94, del 99 y del 2011. –¿Es una ventaja la juventud en este tipo de cargos? Usted tiene 50 años frente a una Suprema Corte cuyos ministros tienen un promedio de edad mayor. -Sí. Es una ventaja porque estamos todavía abiertos al cambio. Somos más receptivos y perceptivos al cambio. No significa que los ministros de mayor edad no lo sean. A veces lo que sucede es que se crean hábitos y áreas de confort, y esto genera resistencias al cambio. O
P ODER JU DIC IA L
El
Benjamín Flores
Canal Judicial , en descomposición
El ministro Aguilar. Retos
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
C
on la oposición de la mitad de sus compañeros ministros para que asumiera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Luis María Aguilar tiene una complicación más: las denuncias de acoso sexual y laboral en el máximo tribunal del país. Las quejas no son nuevas. Todas vienen de la gestión del anterior presidente de la Corte, el ministro Juan Silva Meza. Hasta ahora se conocen sólo cuatro: dos en el Canal Judicial y dos más en el área de Comunicación Social. No son las únicas, por lo que la administración de Aguilar ha tenido que iniciar una auditoría extraordinaria ante reiteradas denuncias de esas conductas en distintas oficinas de la máxima representación del Poder Judicial de la Federación (PJF). La Contraloría de la SCJN se ha visto
Recién salido de un arduo proceso de elección, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, tiene como primer reto solucionar convincentemente las denuncias por acoso sexual y laboral contra funcionarios del poder que encabeza, sobre todo del Canal Judicial y del área de Comunicación Social del alto tribunal. Los testimonios de las denunciantes indican que en la mayor instancia de justicia del país siguen pesando más las amistades e influencias que la ley. obligada a emprender la revisión incluso de denuncias que desechó en la anterior administración por considerar que no estaban fundadas. También hay casos que
se dieron como resueltos pero en los cuales las afectadas quedaron inconformes con las resoluciones de las áreas de investigación interna de la SCJN. 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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Eduardo Miranda
Hasta ahora sólo hay un funcionario del Canal Judicial sancionado y dos afectadas han sido reubicadas en otras áreas, lo que ellas no consideran una reparación del daño. Ante las denuncias de esas prácticas, la Contraloría ha tenido que desandar el camino; apenas la semana pasada convocó a una reunión con las denunciantes para escuchar de nuevo los testimonios que ya había conocido y que desechó por considerarlos sin sustento. El contralor, Guillermo Alejandro Posadas Espinosa, ratificado por Aguilar en enero último, revisa ahora lo que dijo ya haber revisado. La presidencia de la SCJN envió sus propios testigos a esa reunión. El caso involucra también a la Unidad de Igualdad de Género, a cargo de Mónica Maccise Duayhe, y a la dirección general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, cuya titular es Leticia Bonifaz Alfonzo, exconsejera jurídica y de asuntos legales del Gobierno del Distrito Federal. El acoso sexual y laboral es una realidad en el PJF y ha sido conocido incluso por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer. En julio del año pasado, la relatora Rashida Manjoo vino a México y se reunió con el entonces presidente de la SCJN. Después, dio una conferencia. Pero en lugar de preguntas, escuchó numerosas quejas de empleadas del Estado mexicano, entre ellas trabajadoras del máximo tribunal del país, que relataron cómo sus denuncias caían en el vacío, incluso en la oficina del entonces responsable de la oficina de Derechos Humanos de la Corte, Carlos Pérez Vázquez, quien en ese momento cabildeaba para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, hicieron públicas sus denuncias Brenda Karina Ornelas Mazatle y Jessica Herrera Vázquez, quienes fueron reubicadas en otras áreas de la SCJN como medida cautelar, luego de iniciar sus quejas contra funcionarios del Canal Judicial. Ornelas Mazatle era la secretaria del director general, Enrique Rodríguez Martínez, y denunció acoso laboral. Herrera Vázquez, entonces productora de televisión, acusó de hostigamiento sexual y laboral al entonces postproductor Marco Antonio Álvarez Borja, el único despedido por las denuncias. En ese encuentro también se hizo público del problema en la Policía Federal (Proceso 1967 y 1970). La llegada del ministro Luis María Aguilar a la presidencia del máximo tribunal no ha sido fácil. Su perfil de juez tradicionalista, con más experiencia administrativa que constitucional, le generó un fuerte bloque opositor. Cinco de los 10 ministros que actualmente integran el pleno de la SCJN se opusieron hasta el límite el 2 de enero pasa-
Silva Meza. Decisiones postergadas
do, cuando Aguilar fue elegido como presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2015-2019. Fueron necesarias 32 rondas de votación durante más de cuatro horas para que fuera designado. El proceso de elección en la SCJN nunca había exhibido tanto la división en el pleno de ministros. El mismo rechazo generó el otro candidato, el ministro Arturo Zaldívar. El presidente saliente, Juan Silva Meza, rompió con el empate al votar por Luis María Aguilar cuando el máximo tribunal ya era objeto de burlas en las redes sociales por la obstinación de los ministros en sus votos.
Justicia incompleta Como exoficial mayor de la SCJN y exconsejero del CJF, donde presidió la comisión de Administración, el ministro presidente Luis María Aguilar tiene ahora el reto de hacer justicia ante sus propios empleados, dice la denunciante Herrera Vázquez. En entrevista, afirma que su queja tardó casi toda la presidencia de Silva Meza para ser gestionada. “Ha sido un proceso muy difícil y doloroso que se ha llevado mucho tiempo”, dice la comunicóloga y exproductora del Canal Judicial, ahora en funciones de almacenista en la videoteca del CJF. En agosto de 2011 denunció a Marco Antonio Álvarez Borja, postproductor del Canal Judicial. Después de dos años y medio, en febrero de 2014, la Contraloría de la SCJN le notificó la resolución de que, en efecto, había sido objeto de acoso sexual por parte de Álvarez Rojas. En un oficio fechado el 4 de febrero de 2014, dirigido al director general del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, la directora general de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría, Paula del Sagrario Núñez Villalobos, asegura que, en una resolución dictada por el entonces ministro
presidente el 6 de enero de ese año, “se determinó que Marco Antonio Álvarez Borja incurrió en falta administrativa y se le sancionó con destitución del puesto e inhabilitación de dos años”. Aunque en abril de 2013 se había reincorporado al Canal Judicial, donde era empleada de base, Herrera Vázquez terminó siendo adscrita a la videoteca del CJF con una “base prestada”, dice. La resolución del expresidente de la SCJN le parece insuficiente, pues además de Álvarez Borja denunció al jefe directo de éste, Marco Antonio Silva, entonces director de Producción, por acoso sexual, así como a otros colaboradores cercanos. “Hacían juegos sexuales delante de mí y se tocaban los genitales cuando me veían”, dice. Señala que fue Marco Antonio Silva el que la envió a trabajar a la casa de Álvarez Borja, “quien cobraba en el Canal Judicial sin presentarse a la oficina”. Relata: “Fue ahí donde me acosó. No me dejaba salir de su casa. Los peritajes psicológicos demostraron que se trata de una persona con esa patología”. Herrera Vázquez también hizo una denuncia penal. Señala que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) clasificó el caso como un acoso sexual agravado. Esa fiscalía de la Procuraduría General de la República intervino porque el denunciado en ese momento era funcionario federal. Herrera Vázquez indica que su acusado es empleado de Televisa, empresa donde también trabajó como reportero el ahora director general del Canal Judicial. “Rara vez se le veía en el Canal Judicial. Era uno más de los amigos de Televisa del director”, comenta. La resolución de la SCJN sólo inhabilitó a Álvarez Borja como funcionario por dos años, pero no se refirió al acoso laboral que también denunció, pues después de interponer su queja ante la Contraloría y
P ODER JU DIC IA L nal está cumpliendo su amenaza: me dijo que adonde fuera iba a ser mi sombra”.
“Denuncias anónimas” A su vez Rodríguez Martínez, quien dirige el Canal Judicial desde agosto de 2007, niega que haya maltrato en su oficina y que el acoso sexual ha quedado comprobado en un solo caso por parte de “una persona que ya dejó de trabajar aquí”. En entrevista, dice que la acusación de su exsecretaria de plano se archivó “porque no hubo elementos probatorios suficientes para acreditar la queja” y asegura que no ha sido llamado a declarar por la Unidad de Igualdad de Género de la SCJN. Dice que las denuncias en su contra, publicadas también por el diario La Jornada, son en su mayoría anónimas, apoyadas en escritos dirigidos a los ministros de la SCJN. “Parece ser un grupo interno que se opone al proyecto del Canal Judicial”, dice. Continúa: “En el extremo, en mensajes en ese periódico hasta han dicho que hay tráfico de droga en el Canal Judicial. Son señalamientos muy bajos. Lo que yo he pedido es que se investigue y el presidente de la Corte me ha dicho que las quejas o inquietudes se canalicen en los procesos internos. Soy el primer interesado en que así sea”. E insiste en que sólo hay una denuncia por acoso sexual, ya resuelta, y que la de hostigamiento laboral fue desechada por falta de pruebas. Sobre el alegado nepotismo, dice que su ahora esposa dejó de trabajar en el Canal Judicial 14 meses antes de la boda; también niega que tenga como empleado a su concuño. Por eso, dice, “lo que pido es que las acusaciones se comprueben. Resulta sospechoso que se revivan estos asuntos cuando se están dando logros en el Canal
Judicial, como el inicio de transmisiones en televisión abierta”. Las quejas contra la dirección general de Comunicación Social de la SCJN también son por hostigamiento sexual y laboral. El titular del área, Carlos Avilés, explica a Proceso que se trata de dos casos denunciados en el área de visitas guiadas a la SCJN. “Hay versiones encontradas de abusos, malos tratos y hasta de acoso sexual, pero están aún bajo investigación de la Contraloría”. Asegura que los hechos denunciados ocurrieron antes de que él asumiera esa dirección, en septiembre de 2013. Comenta que si se comprueba el acoso es grave, pero también si se denuncia de mala fe porque se afecta la reputación de alguien. “Se está volviendo una práctica mandar anónimos, cartas o hacer solicitudes de información tratando de desprestigiar a quienes han tomado decisiones laborales que pudieron afectar a algunas personas. Eso es distinto a las denuncias que se han comprobado, pero muchos casos se han caído porque las acusaciones son falsas”, afirma. En diciembre pasado, al final de la presidencia de Silva Meza, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al entonces magistrado Rafael Zamudio Arias, titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, por hostigamiento sexual y laboral. El CJF dijo que las conductas graves del exmagistrado fueron intentar “besar a sus colaboradoras, tocamientos, llamadas telefónicas nocturnas, insinuaciones sexuales, acercamiento físico y forzamiento para sostener relaciones sexuales en las instalaciones del propio tribunal”. Respecto del maltrato laboral, dijo que Zamudio Arias “atentó contra la autoestima de las y los funcionarios, e incluso provocó daño en perjuicio de la salud de algunos de ellos”, mientras que a otros les daba trato preferencial. Foto: Especial
la Unidad de Igualdad de Género fue excluida de la producción de los programas que tenía. Cuenta que el director general y el abogado del Canal, José Manuel Rodríguez, la presionaron para que no hiciera la denuncia. “Me mandaron llamar a la oficina de Enrique Rodríguez. Primero me dijeron que de qué me espantaba, si ya sabía que la televisión era así. Luego me dijeron que si denunciaba el hostigamiento, ellos iban a negar todo”, refiere. Herrera Vázquez dice que a pesar de la afectación psicológica y económica que tuvo, la resolución del entonces presidente de la SCJN no consideró en ningún momento repararle el daño. La exsecretaria del director general del Canal Judicial, Brenda Karina Ornelas Mazatle, interpuso una denuncia por hostigamiento laboral contra el funcionario pero ésta fue desechada por la Contraloría por supuesta falta de pruebas. “No sé qué quiere el contralor que hagamos. No soy la única que ha recibido maltrato en el canal. A camarógrafos y a mí me hablaba con groserías e insultos”, asegura en entrevista telefónica. Dice que fue secretaria de Enrique Rodríguez Martínez entre 2010 y 2011, a petición de él mismo, para que saliera de la secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte y se fuera al Canal Judicial. Señala que uno de los motivos del enojo del director de Canal fue su negativa a informarle a la Contraloría que su entonces novia y ahora esposa trabaja en el canal, “cuando en realidad sólo cobraba” con el cargo de analista externa. Además, señala que designó como secretaria particular a su cuñada. Fue ella quien le pidió la renuncia luego de que el periódico Reforma publicara en septiembre de 2011 que las hermanas fueron favorecidas por el director del Canal Judicial. Su queja tardó más de un año en sustanciarse. Acudió a la Unidad de Igualdad de Género de la SCJN, que como medida cautelar la adscribió a la Tesorería. Actualmente, está en la subdirección general de Innovación Administrativa del máximo tribunal. Presentó su denuncia en 2011, pero después de casi tres años la Contraloría dio por cerrado el caso. El 27 de junio de 2014 decidió archivar el expediente C.I 75/2012 “por falta de elementos probatorios suficientes”. Pero en el ínterin el oficial mayor de la SCJN, Arturo Pueblita Pelisio, también ratificado en enero pasado por Luis María Aguilar, la recibió molesto luego de que ella le enviara un escrito de queja al entonces presidente Juan Silva Meza. En su nueva adscripción, dice que está aislada, sin trabajo, y se le considera una persona problemática. “El director del ca-
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eredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld. La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales. Los diputados federales prevén un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico debido a que en la Ley Korenfeld se promueve aún más la participación de la iniciativa privada, “misma que cobraría sus costos de extracción y traslado”. Y un peligro más: advierten que ejidatarios y comuneros perderán sus concesiones de agua cuando renten sus tierras. “Lo que buscan los empresarios es el agua, no la parcela”, advierte la especialista e inte-
Peña Nieto quiere
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grante de la agrupación cívica Agua para Todos, Agua para la Vida, Elena Burns. El vocero de esta agrupación y miembro del Comité Independiente de Tecámac, Ricardo Ovando Ramírez alerta también sobre la violación a la Constitución al permitirse que se “suspenda el servicio de agua potable”. “Eso lo intentó (el gobernador) Eruviel (Ávila) en el Estado de México y tuvo que rectificar, porque va contra la Carta Magna”. Detalla que para el caso del Distrito Federal, en el artículo 25, fracción X, de la iniciativa se establece la posibilidad de “suspender o restringir la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”. En el caso de las tarifas, Burns advierte que el consumidor final recibirá un incremento en las mismas debido a la privatización y a que la propia ley obliga a que la tarifa le dé “sostenibilidad financiera” a los prestadores del servicio; es decir la iniciativa privada. Para sostener su dicho recurre al artículo 237de la Ley Korenfeld donde destaca el vocablo “debe”. Esta palabra no da opción, sino que establece como obligatorio cumplir entre otras cosas lo que dicen las fracciones IV, V, VII y VIII: “Propiciar la sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios públicos de agua y su progresiva autosuficiencia; prever ajustes en función de la inflación y los costos; considerar la capacidad de pago del o los usuarios y considerar la productividad económica del agua”.
Focos rojos La Ley General de Aguas que promueve el gobierno federal y cuyo borrador ya se analiza en Cámara de Diputados ha alertado a legisladores de izquierda, quienes para evitar un albazo de la Mesa Directiva presentaron una iniciativa alterna, la cual recoge los planteamientos de una treinte-
na de organizaciones ciudadanas agrupadas en Agua para Todos, Agua para la Vida. La perredista Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, dice en entrevista que el pasado 10 de febrero se pretendía darle primera lectura a la iniciativa elaborada por el Ejecutivo federal, por lo que un grupo de legisladores –entre ellos Luisa María Alcalde Luján y Manuel Huerta– decidieron hacer suya la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. El documento se presentó al pleno el jueves 12 y se turnó a las comisiones de Agua y de Recursos Hidráulicos. Con dicha maniobra Agua para Todos, Agua para la Vida evitó el albazo del gobierno federal, pues ambas propuestas deben ser discutidas en comisiones unidas. Alavez, quien formó parte del grupo de diputados que respaldó la iniciativa ciudadana, alertó sobre la eliminación de la figura de “asignación” en la Ley Korenfeld, pues evidencia la intención privatizadora. En la exposición de motivos del documento gubernamental se argumenta que tener dos figuras –“concesión” o “asignación”– para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, ha generado una “sobrerregulación y dispersión en el régimen jurídico aplicable en su otorgamiento, transmisión, prórroga y extinción”. Por ello, dice, se suprime la figura de “asignación”. “Esto a fin de evitar divisiones conceptuales con figuras innecesarias; se establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas se realiza mediante concesión, incluso en el caso del uso público urbano”. Alavez advierte que el término “asignación” es primordial pues lleva implícita la gratuidad y un fin social del agua para estados y municipios en los casos de “uso doméstico” y “uso urbano”. Recuerda que en Puebla, desde que la gestión del agua está en manos privadas, las tarifas han aumentado hasta 400%. En Aguascalientes todo el proceso está
Eduardo Miranda
REC U RS OS NATU R A L E S
Korenfeld. Su ley
en manos de la empresa española Aguas de Barcelona, asociada con firmas mexicanas. En el Distrito Federal “partes del proceso” las tiene la empresa Suez. “La tendencia en México es entregar todo a los privados mientras en el mundo se va a la inversa, pues este modelo no funcionó”, dice la legisladora y como ejemplo menciona Berlín y París, que luego de 25 años regresaron el servicio a los ayuntamientos, pues las empresas no cumplieron con invertir en infraestructura pero sí aumentaron las tarifas. En el caso de la Ley Korenfeld, dice Alavez, al eliminar la “asignación” para municipios, establecer que un ejidatario pierda su concesión cuando renta su parcela y obligar a funcionarios a que “fomenten” la intervención de la iniciativa privada, el gobierno entrega la “certeza jurídica” que demandan las empresas. Ovando Ramírez detalla que el modelo privatizador se estrenó en 2008 cuando
El derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. Aun así, el gobierno federal presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas cuya finalidad última es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no significará necesariamente un buen servicio y sí una previsible alza en las tarifas. La propuesta federal va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo privatizado fracasó y el servicio hidráulico debió volver al sector público. 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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La Parota. Proyecto destructor
la Ley Korenfeld tiene como objeto beneficiar el fracking. El trasvase es el traslado del agua de una cuenca a otra administración hidrológica; para ello se necesita un acueducto. De acuerdo con la ley hay dos tipos de autorización de trasvase: directo e indirecto. Quien participa en el primero se convierte automáticamente en “concesionario” del agua hasta por 75 años. Lo anterior se sustenta con el artículo 114, cuyo segundo párrafo dice: “La solicitud de autorización de trasvase directo podrá presentarse conjuntamente con la de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales o con posterioridad al otorgamiento de ésta última”. El párrafo tercero completa: “El uso de las aguas nacionales trasvasadas no podrá ser distinto al establecido en el título de concesión, excepto que el cambio se solicite para los usos domésticos y públi-
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el municipio de Huixquilucan le entregó a Aguas de Barcelona gran parte del manejo y cobro del líquido. Burns advierte de los peligros que entraña poner en manos de empresas trasnacionales el manejo del agua. Explica que si una empresa extranjera no obtiene las utilidades establecidas en el contrato, debido a cambios futuros en la legislación mexicana –como ajustes a las normas ecológicas o laborales–, puede demandar a México ante tribunales internacionales, merced a la firma del Tratado de Libre Comercio. “Esto pasó en Buenos Aires y en Bolivia, lo que dio origen a enfrentamientos con la población. La ley Korenfeld es escalofriante”. Los especialistas alertan sobre las acciones que promueve el gobierno en beneficio de la llamada “fractura hidráulica”, proceso mediante el cual se obtiene gas capturado en una roca que debe fracturarse para liberarlo; para ello se requieren millones de litros de agua. En el artículo 178 del capítulo IV del borrador de iniciativa federal, “Uso en generación de energía eléctrica”, se detalla paso a paso lo que se debe hacer para llevar a cabo el llamado fracking. Además, añade Ovando, la ley permite el tráfico de concesiones dentro de una misma cuenca; es decir que si en una zona geográfica se tiene un concesión para uso industrial, esa misma concesión se puede “vender” a una empresa que quiera obtener gas y necesite agua. Las facilidades para obtener el agua necesaria para el proceso del fracking llevó a los legisladores Alavez y Manuel Huerta a considerar esta ley como “secundaria” de la energética. Ambos advierten que la figura de los “trasvases” y su “promoción” en
Infraestructura hidráulica. A extranjeros
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cos urbanos”. El cuarto párrafo sostiene que “la autorización para el trasvase directo podrá prorrogarse conjuntamente con el título de concesión”. Alavez, auxiliada por sus asesores, explicó que de acuerdo con esos párrafos, Armando Hinojosa Cantú –quien participa con más de 50% en la construcción del acueducto Monterrey VI, mediante el cual se pretende llevar agua del río Pánuco a la capital nuevoleonesa– se convierte automáticamente en concesionario del agua. La propuesta federal establece en su artículo 90 que la concesión puede ser de cinco a 35 años y prorrogarse una vez. Es decir que Hinojosa Cantú tendría una concesión del agua hasta 75 años.
Arrebatadas y heredadas Según la propuesta del gobierno, las concesiones se pueden “transmitir”. Excluye de esto las concesiones para uso doméstico. En el caso del uso público urbano, sí procede la transmisión siempre y cuando sea a favor del estado o municipios. La transmisión puede ser temporal, definitiva o parcial por el total de volúmenes concesionados y viene luego la heredad. De acuerdo con el artículo 95 las concesiones se pueden transmitir por “convenio”, “resolución judicial” y por “vía sucesoria”, es decir que se pueden heredar. Incluso se pueden transmitir fuera del distrito en el cual se autorizó. Burns explica que con ello se mantiene la compra-venta que hay en la ley vigente. Alavez sostiene que esto sólo promueve el “tráfico” de concesiones. La transmisión implica que una empresa puede vender su concesión para explotar y usar el agua de un giro mercantil a otro. Pero mientras está la compra-venta de las concesiones del agua, dice la especialista, la propuesta del gobierno abre la
REC U RS OS NATU R A L E S puerta al abuso contra ejidatarios a quienes se les puede arrebatar su concesión cuando renten sus tierras. El artículo 159 de la iniciativa gubernamental establece que “cuando se transmita el dominio de tierras ejidales o de uso común o se otorgue el usufructo de parcelas, a sociedades civiles o mercantiles o a cualquier otra persona moral, dichas personas o sociedades adquirentes conservarán los derecho sobre explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes. Burns alerta sobre el tema debido “a la colusión entre autoridades y notarios en varias zonas de la república que buscan el control de la tierra para lograr el acceso al agua”. Burns y Ovando consideran que se debe mantener la concepción de que el agua es de la nación y no como aparece en la iniciativa del gobierno, que pertenecen al Estado. Reclaman que el modelo de gestión del agua promovido sea mediante enormes proyectos de infraestructura hidráulica –presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores– “cuya construcción y operación serían concesionadas preferentemente a empresas privadas”. Con todas estas obras que se promueven y que serían privadas, concesionadas, la tarifa final que se cobraría llevaría el cos-
to por la obtención del agua de una cuenca hasta la distribución en una ciudad. Con el pretexto de cumplir con el derecho humano al agua se promueven estas obras en la ley gubernamental, dicen los especialistas, pero en realidad lo que se pretende es abrir los espacios para favorecer megaproyectos que se supone abastecerán a “megalópolis” del futuro, añaden. La propuesta ciudadana, en cambio, propone menos construcción y más restauración de cuencas y flujos subterráneos a través de cambios en patrones de consumo, producción y urbanización, junto con obras públicas y comunitarias para gestionar ciclos locales y zonales del agua. En la Ley Korenfeld se tiene incluso todo un capitulo, el número dos, que obliga a los funcionarios estatales y municipales a promover la participación de la iniciativa privada en la gestión del agua y para ello menciona las llamadas asociaciones público privadas (APP). Por ejemplo en el artículo 64 se señala que la “autoridad debe fomentar (…) la concertación y participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos”. Más adelante sostiene que los contratos de APP a los que se recurra deben ajustarse a la reglamentación aplicable.
Los contratos podrán hacerse para “extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas. El prestador de esos servicios será responsable de su actividad”, reza el artículo 65. Pero la Ley Korenfeld prende otras alertas. Manuel Huerta, diputado de Morena, considera más preocupante el artículo 12, donde se faculta al Ejecutivo federal para que determine el “decreto de expropiación, ocupación temporal, total o parcial de los bienes, o su limitación de derechos de dominio en términos de la ley agraria”. Lo anterior va unido, dice, al capítulo llamado “medidas de apremio y de seguridad”, el cual en su artículo 261 sostiene que “para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”. “Sólo en un estado autoritario como el que encabeza Peña Nieto se puede poner en una ley el uso de la fuerza. ¿Qué va a pasar con los manifestantes que están contra Monterrey VI, contra la construcción de la presa La Parota? ¿Se mandará a la fuerza pública, se golpeará y encarcelará a la gente que proteste?”, se pregunta Huerta.
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Bergoglio y Vera. Mensajes electrónicos
México
“sobreactúa” en su enojo con el Papa
FRANCISCO OLASO
El reclamo por el uso del término “mexicanización” por parte del Papa Francisco deja ver que “el gobierno mexicano ha sobreactuado esta cuestión”. Así opina el legislador argentino Gustavo Vera, destinatario del correo electrónico enviado por el pontífice y cuya expresión irritó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Añade: México “tiene 43 estudiantes que fueron masacrados y hay hechos de violencia todos los días”, así que “Francisco no ha descubierto la pólvora cuando habla de ‘mexicanización’ aludiendo a este proceso”. 42
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UENOS AIRES.- El término “mexicanización” –utilizado por el Papa Francisco para advertir sobre el peligro del avance del narcotráfico en Argentina– “no implica una estigmatización hacia el pueblo mexicano, sino que se refiere a un proceso de violencia creciente, producto de que no se combatió eficazmente al narcotráfico, que ha echado raíces bastante profundas”. Quien sostiene lo anterior es Gustavo Vera, legislador argentino y destinatario del mensaje electrónico que el pontífice envió el pasado 21 de febrero y el cual provocó la molestia del gobierno de Enrique Peña Nieto. De hecho, por primera vez desde el res-
IN TE RN AC ION A L /VATI CA N O
Mensaje viral El pasado 21 de febrero el Papa Francisco envió el citado mensaje electrónico a Vera, en el que le dice: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización de la Argentina. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”. Vera es legislador de la ciudad de Buenos Aires por la pequeña organización política Bien Común. Preside la Asociación Civil La Alameda, que lucha contra el trabajo esclavo. La breve misiva del Papa fue publicada en la página web de La Alameda el 23 de febrero. El texto se viralizó de inmediato. El 24 de febrero el gobierno de México protestó ante la Santa Sede. El malestar giraba en torno al uso del término “mexicanización”. El Vaticano negó que la misiva del Papa hubiera tenido una “intención estigmatizante”. “De las más de 200 cartas que hemos recibido de Francisco, sólo hemos hecho públicas cuatro o cinco que considerábamos que eran políticamente importantes”, dice Vera. “En el caso de esta carta, tiene que ver con que La Alameda está llevando adelante una denuncia importante contra agentes de la Secretaría de Inteligencia”, sostiene. A principios de febrero, el legislador presentó una denuncia contra Antonio Stiuso, quien hasta diciembre último fue el hombre fuerte de la inteligencia argentina. Vera acusó al espía de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El gobierno ha vinculado a Stiuso con la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. “La carta de Francisco, dejando de lado la cuestión de la ‘mexicanización’ – puntualiza Vera–, es una carta de respaldo a nuestra organización porque esos agentes de inteligencia tienen conexiones bastante estrechas con el crimen organizado y eso pone a La Alameda en un serio riesgo de vulnerabilidad.”
Vera afirma que el término “mexicanización” es de uso corriente en cualquier debate sobre narcotráfico en Latinoamérica, “del mismo modo que hace 10 o 12 años en México se hablaba de ‘colombianización’, y espero que dentro de seis o siete años no se hable del peligro de una ‘argentinización’”. El embajador mexicano ante el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer, dio por finalizada la polémica después de reunirse el 24 de febrero con monseñor Antoine Camilleri, responsable en activo del Vaticano. Palacios Alcocer se mostró “satisfecho por la respuesta pronta de la Santa Sede y por el contenido de la nota”. La embajada de México ante el Vaticano emitió poco después un comunicado. “La Santa Sede considera que el término ‘mexicanización’ de ninguna manera tendría una intención estigmatizante hacia el pueblo de México y, menos aún, podría considerarse una opinión política en detrimento de una nación que viene realizando un esfuerzo serio por erradicar la violencia y las causas sociales que la originan”, indica el documento.
Síntomas La discusión en torno a la eventual “mexicanización” de Argentina distrajo la atención de otra afirmación del Papa en el correo electrónico enviado a Gustavo Vera. “Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”, escribe el Pontífice en referencia a las reuniones privadas que obispos mexicanos sostuvieron con él y en las cuales le informaron acerca de la grave situación de violencia, inseguridad y pobreza del país. Ello ocurrió durante la visita ad limina apostolorum que la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano (CEM) realizó al Vaticano en mayo de 2014 (Proceso 1959 y 1960) En esas líneas, el Papa no dejó margen para una segunda interpretación. Que el debate se haya circunscrito a la “mexicanización” también favoreció al gobierno argentino. “No es un tema que hay que evaluar, porque hace referencia a un Estado soberano”, dijo el secretario general de la Presidencia de Argentina, Aníbal Fernández –aludía, claro está, a México–. Añadió: “y no creo que su santidad haya tenido vocación de agraviar a nadie”. –¿Por qué el Papa piensa que el país sudamericano va en esa dirección? –se le pregunta a Gustavo Vera. –Porque Argentina tiene síntomas parecidos a los que tenía México hace más de una década. O sea, más de 4 mil pistas clandestinas de aterrizaje. Hoy Argentina, según Naciones Unidas, es el primer consumidor latinoamericano y el tercer exportador mundial de cocaína: hay cocinas de clorhidrato de cocaína; hay un importante tráfico de precursores químicos; hoy tenemos una causa abierta contra cinco altos exfuncionarios del Poder Ejecutivo procesados por tráfico de efedrina para abastecer a cárteles mexicanos que producen pastillas de diseño. Vera refiere que “hay una creciente violencia en los hechos de inseguridad vinculada con el crecimiento del narcotráfico, tanto del consumo como de la producción y del tráfico”. A eso hay que sumar, dice, “un festival del lavado de dinero” y una “Justicia lenta a la hora de ir a fondo con las causas vinculadas con el narcotráfico”. Más allá del revuelo informativo y diplomático, la carta publicada por Vera deEduardo Miranda
tablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano en 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó una nota diplomática a la Santa Sede en la que expresa “su preocupación y su tristeza” por las declaraciones del Papa, y exhorta a crear un “espacio de diálogo” para aclarar este tipo de asuntos. “Yo creo que el gobierno mexicano ha sobreactuado esta cuestión”, comenta Vera en entrevista con Proceso. Y explica: México “tiene 43 estudiantes que fueron masacrados y hay hechos de violencia todos los días. Francisco no ha descubierto la pólvora cuando habla de ‘mexicanización’ aludiendo a este proceso. El término es usado en los debates por los propios periodistas mexicanos”.
Meade. Nota diplomática
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ja en claro que a Francisco le preocupa el avance del narcotráfico en ambos países, donde la complejidad del fenómeno presenta características propias. “Me pregunto por qué no hablar de la ‘argentinización’ del narcotráfico y hacer siempre referencia a otros países que tienen una realidad muy distinta a la de Argentina y no sólo en lo referente al tráfico, consumo y lavado y provisión de precursores químicos, sino por su propia historia”, comenta a Proceso Adriana Rossi, catedrática de posgrado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. “Argentina –explica Rossi– no es un país de cárteles, sino de bandas de narcomenudeo, de producción artesanal para el mercado interno, de tránsito y lavado. Todo en escala menor en comparación con lo que pasa en otras partes del continente. Argentina es hoy en día parte de una red de corredores que van desde las zonas de producción a África, y de allí a Europa”, refiere la especialista. Argentina es también un país de consumo, aunque no de cultivo. “El suelo no es apto para el cultivo de coca. No hay laboratorios sino cocinas de producción de cocaína a partir de la pasta base que ingresa por las fronteras”, señala Rossi. La recurrente presencia de colombianos y mexicanos vinculados al negocio en Argentina se debe a que el país opera como “territorio de resguardo, donde los narcos pueden venir para fugarse de situaciones peligrosas en sus países, para pactar entre organizaciones rivales en un territorio neutral, para lavar dinero, comprar inmuebles, mandar familias para que estén a resguardo de la violencia que podría alcanzarlas”, dice la especialista. “Pero han venido también para establecer negocios poco limpios y en los que la metodología mafiosa prima”, abunda. Para Vera, la discusión semántica en torno a la “mexicanización” de Argentina no es ingenua. “Se trata de desviar el eje de la discusión, tanto en México como en Argentina, que tiene que ver con el crecimiento y la penetración del narcotráfico, que obviamente se produce con la complicidad de sectores corruptos del Estado”, asegura. Añade: “La carta del Papa es breve. Su referencia a la ‘mexicanización’ refleja, a mi parecer, una preocupación legítima, sin querer ser un diagnóstico de lo que pasa en el país en esta cuestión. Puede ser utilizada por aquellos que piden mano dura, presencia de la gendarmería, que son fuerzas federales y no pueden permanecer en un lugar más de un tiempo prudencial, y finalmente pedir presencia militar. Una buena excusa para reprimir a narcos y no narcos y que puede derivar en abusos, violación de derechos humanos, como bien saben mexicanos, colombianos y brasileños.” O
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Cinco millones de indocumen
el limbo EILEEN TRUAX
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OS ÁNGELES, CA.– Faltaban dos días y todo el mundo se preparaba para iniciar los trámites de registro: el 18 de febrero marcaba la entrada en vigor de la Acción Diferida para Padres de Estadunidenses (DAPA) anunciada en noviembre pasado por el presidente Barack Obama con el fin de dar protección migratoria temporal a los progenitores de niños nacidos en Estados Unidos. Y entonces llegó la noticia: una Corte federal aprobó un mandato judicial para detener temporalmente la medida y, con ello, la esperanza de casi 5 millones de personas quedó en pausa. El 16 de febrero Andrew Hanen, juez de la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas, ordenó el bloqueo temporal de la DAPA, la cual establece como prioridad la detención de inmigrantes indo-
cumentados criminales y ofrece protección temporal a quienes no cuentan con antecedentes penales y tienen hijos que son ciudadanos de Estados Unidos. Con el argumento de que el presidente había violado “requisitos de procedimiento” en la ejecución de la acción, Hanen solicitó que la Corte haga una revisión para determinar la constitucionalidad de la medida. Aunque la administración Obama ya apeló, por ahora cualquier medida de alivio migratorio se encuentra indefinidamente detenida. El fallo del juez derivó de una demanda presentada por 26 estados en diciembre pasado para bloquear la aplicación de la DAPA, argumentando que Obama “legisla” desde la Oficina Oval impulsando cambios en la política de inmigración, función que compete únicamente
I NTERNAC I ONAL /M I GRA C IÓ N El freno que le puso un juez texano a la Acción Diferida para Padres de Estadunidenses –que trató de aplicar Barack Obama a fin de dar protección temporal a indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos– le podría salir muy caro a ese país. Los casi 5 millones de posibles beneficiarios de la medida vuelven a la incertidumbre, pero también a la economía informal, desde donde no pagan impuestos. Y deportarlos, señala un estudio, le costaría a Washington unos 50 mil millones de dólares.
tados en al Congreso. En paralelo, legisladores del Partido Republicano en ambas cámaras presentaron un documento en oposición a las acciones del presidente.
Ni se quedan ni se van Mientras las acciones legales de un lado y del otro avanzan, una pregunta está en el aire para los 4.7 millones de posibles beneficiarios de la DAPA: si los estados demandantes y el Partido Republicano logran detener definitivamente la acción ejecutiva, ¿podrían ser deportados? El Centro para el Progreso Americano (CAP) un think tank que aborda temas de inmigración, hizo el cálculo para determinar la probabilidad de que esto ocurra. Sumando el costo del proceso de aprehensión, detención, trámite legal y transporte al país de origen, estimó el costo por cada deportación: 10 mil 70 dólares. La de todos los individuos a los que se pretende revertir la protección migratoria costaría cerca de 50 mil millones de dólares; más que el presupuesto anual de la mitad de las agencias con nivel de secretaría de Estado y más que el PIB anual de al menos 100 países. El CAP concluye: el gobierno estadunidense no tiene recursos para aplicar la ley de inmigración a esa cantidad de personas.
“Es un movimiento político por parte de quienes están molestos con el presidente”, afirma Philip E. Wolgin, director asociado para inmigración del CAP. “Pensamos que el juez se equivocó; más allá del razonamiento legal hay una contradicción en su resolución –un documento de 123 páginas– porque en un apartado apoya la idea de enfocar los recursos en los inmigrantes que representan un riesgo para el país, pero al mismo tiempo dice que quienes se quedan no pueden trabajar legalmente. Es decir, no los vas a deportar, pero no vas a dar el siguiente paso para que se integren a la economía formal del país”. Wolgin recordó que además del costo económico de las deportaciones, otro factor a considerar es el “cuello de botella” en las cortes: más de 400 mil casos pendientes de recibir atención por parte de sólo 260 jueces de inmigración en todo el país. “Sabemos que hay gente que debe esperar hasta tres años para tener una audiencia en una Corte. Si al costo de una deportación sumamos estos tiempos, más el gran golpe a la economía que representaría sacar del país a millones de personas que ya están contribuyendo, resulta claro que la decisión (del juez Hanen) ha sido incorrecta”, dijo Wolgin. “Lo que muestran estas cifras es el contexto, las dos opciones claras que tenemos: incorporar a esos individuos a la economía formal, permitiéndoles ser productivos y ayudar así al país, o continuar hiriendo a la economía y a las familias que viven con el miedo de la separación familiar”, añadió. Otro estudio publicado por el propio CAP en septiembre de 2014 estima que la incorporación de esos 5 millones de beneficiaros de la DAPA a la economía estadunidense representaría para el Estado un ingreso de más de 22 mil millones de dólares en impuestos sobre la nómina en los primeros cinco años; 41 mil millones adicionales para el sistema de seguridad social al cabo de una década y 210 mil millones adicionales de PIB también al cabo de una década.
Efecto dominó En respuesta a la acción de Hanen, el pasado 23 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) solicitó un fallo de emergencia de una Corte Federal para permitir que la DAPA siga adelante. Abogados del gobierno de Obama solicitaron una suspensión del fallo del juez argumentando que su decisión rebasa la jurisdicción de su Corte, dado que causará un “efecto dominó” que impactará áreas fuera del distrito del Sur de Texas, donde el caso fue originado. Además, explica la apelación del DOJ, retrasar los programas de inmigración provocaría una “daño irreparable” a la seguridad nacional y a la gente que sería afectada por los cambios. Josh Earnest, secretario de Prensa de la Casa Blanca, dijo ese mismo día que la administración cree que la suspensión debe ser otorgada porque la resolución del juez hace más difícil para el Departamento de Seguridad Interna la protección del pueblo estadunidense. “Tenemos individuos que seguirán viviendo en las sombras, que seguirán sin pagar impuestos y sin pasar por una revisión de antecedentes, lo cual significa que pueden representar una amenaza para la seguridad pública”, afirmó. Si esta suspensión es aprobada en los próximos días, la administración de Obama podrá continuar con el proceso de aplicación de la DAPA. Días antes de que se anunciara el fallo de Hanen, el Pew Research Center dio a conocer nuevas estadísticas: casi la mitad de los 5 millones de posibles beneficiarios de la DAPA viven en alguno de los 26 estados que presentaron la demanda contra la acción de Obama. Tan sólo entre Texas, Florida, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte reúnen a millón y medio de los posibles beneficiarios. Aun así la medida ha afectado también al 54% restante que vive en estados que no se sumaron a la demanda. Por ejemplo, só2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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lo en California viven 1.2 millones de posibles beneficiarios, 24% del total. Demandas aparte, la más reciente encuesta política del Public Religion Research Institute –realizada el mes pasado– encontró que 73% de sus encuestados a escala nacional piensa que los republicanos en el Congreso deberían dar prioridad a la aprobación de una reforma migratoria integral en lugar de impulsar medidas para dar marcha atrás a las acciones decretadas por Obama. Sólo 17% dijo que los republicanos deben seguir buscando una suspensión.
Alivio para mexicanos Hace 10 años Noemí T. llegó del estado de Guerrero a vivir en la pequeña ciudad de Huntington Park, en el condado de Los Ángeles. Hoy, a sus 25 años, Noemí tiene una hija de tres que es ciudadana estadunidense. Por la televisión, y a través de un evento convocado por la organización Hermandad Mexicana Trasnacional, Noemí supo que había una posibilidad de regularizar su estatus migratorio, pero también de que por el momento esta opción está congelada. “No sé si se va poder, pero para mí sería mucho beneficio”, dice con la voz tímida de quienes imaginan algo que parece imposible. “Pienso que ya no tendría miedo en la calle, preocupada por pensar en que, si me deportan, con quién se quedaría mi hija. Si tuviera papeles podría tener un trabajo y salir libre a la calle. Ahora no tengo seguro, ni de salud ni de trabajo”. Noemí y su esposo J., de 30 años y también indocumentado, ya han vivido el dolor de la separación familiar. J., quien ofrece sus servicios en trabajos de construcción, fue deportado hace dos años. La familia ni siquiera pensó en la posibilidad de volver a hacer su vida en México: J. volvió a Estados Unidos sin documentos tan pronto pudo. “Se regresó por nosotras, porque sabemos que ella –su hija– tiene más futuro aquí; aquí puede ser alguien en la vida. Yo soy de un pueblito que se llama El Embarcadero, cerca de Altamirano. Allá ya nada más queda mi papá; todos mis hermanos ya están acá porque la cosa está bien fea, secuestran, matan. Nosotros sabemos que lo mejor para mi hija es que nos quedemos con ella en su país.” Como Noemí, la mayoría de quienes serían beneficiarios de la DAPA son de origen mexicano. Estimaciones del Pew Research Center indican que aunque los mexicanos son sólo la mitad de la población indocumentada en general, dos terceras partes de los beneficiarios específicos de esta medida –padres de niños estadunidenses– sería de provenientes de México. Esto, en cifras generales, representa 44% de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos. O
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Ser detenido por la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos implica no sólo la deportación a México, sino la pérdida de dinero y pertenencias. A los migrantes capturados en el país vecino los despojan de dinero, celulares y joyas. Y hasta de los anteojos. La recuperación se torna imposible por los trámites tramposos que se les imponen. Se trata, dice una especialista, de una forma adicional de desalentar la migración indocumentada, pues se corre la voz de que las autoridades estadunidenses también roban, lo cual es cierto.
La Patrulla Fronteriza
institucionaliza el robo
AP photo / The Monitor, Gabe Hernandez
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I NTERNAC I ONAL /M I GRA C IÓ N LUIS CHAPARRO
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IUDAD JUÁREZ, CHIH.- Luego de pagarle al coyote y comprar víveres, Carlos aún tenía 224 dólares al cruzar la frontera de Reynosa, Tamaulipas, a McAllen, Texas. Pensaba comer, pagar hospedaje y sobrevivir hasta encontrar un empleo. Pero ahora ese dinero lo tiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Carlos está en esta plaza sin efectivo, sin identificación, sin la “cadenita” que le dio su abuelo… y sin zapatos. La organización No Más Muertes (NMM) –con base en Arizona y dedicada a la defensa de los derechos humanos de los indocumentados– sabe por qué el dinero de Carlos es ahora propiedad del Departamento del Tesoro. En su reciente reporte Despojo: Cómo el sistema de deportación roba a los inmigrantes su dinero y sus pertenencias, detalla qué sucede con lo que cargan los indocumentados al ser deportados en la frontera o dentro del país. “Cuando se siguen los protocolos del Departamento de Seguridad Nacional, gran parte del dinero va a una cuenta pro-
visional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y eventualmente termina en el Departamento del Tesoro”, explica el reporte. Cuando la Patrulla Fronteriza detiene a un indocumentado, pone en una bolsa de plástico sus pertenencias, incluido su dinero, y le dice que tiene 30 días para recuperarlas. El efectivo se le regresa en un cheque girado por las compañías MoneyGram o Financiera Numi o a veces se les entrega en una tarjeta de débito que deben activar marcando un número 1-800. Pero los indocumentados sujetos a deportación duran en promedio 60 días en algún centro de procesamiento en Estados Unidos antes de ser regresados a su país de origen, por lo que su dinero se pierde. El Programa de Defensa e Incidencia Binacional –proyecto de la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción– ha dado cuenta del incremento de denuncias de deportados a quienes les son extraviadas o retenidas sus pertenencias. De acuerdo con los testimonios recabados por el organismo, sólo en los primeros meses de 2014 hubo 165 denuncias por esos motivos en el sector Arizona. Por esos 165 casos, el Departamento del Tesoro “recaudó” alrededor de 35 mil 25 dólares, cifra que la organización calcula como mínima debido a la pequeña muestra, que no representa al total de deportados despojados. Las pertenencias de quienes son detenidos en la frontera son retenidas por la Patrulla Fronteriza 30 días y luego destruidas, detalla el documento. Pero las que tienen valor comercial son vendidas y las ganancias son puestas en una cuenta provisional de la CBP; si éstas no son reclamadas, pasan al Departamento del Tesoro.
Otros beneficiados Pero no sólo el Departamento del Tesoro se beneficia del robo de pertenencias de los migrantes deportados. La investigación de NMM refiere que también hay robo directo por parte de los policías. “Además del robo institucional rampante, los detenidos están en riesgo de ser robados directa e individualmente a lo largo del proceso de aprehensión, transferencia, enjuiciamiento, detención y deportación”, anota el documento. El robo por parte de agentes policiales de Estados Unidos representó 5% de los casos de pérdida de dinero, según el reporte. “Las historias de dinero robado revelan que los inmigrantes están siendo privados de su dinero a lo largo de toda la cadena de custodia, por cuatro instituciones: CBP, el Departamento de Policía, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y las oficinas de los alguaciles de los condados”, detalla.
Además, las empresas como MoneyGram o Financiera Numi también se quedan con el dinero cuando éste es depositado en un cheque de la compañía. Las pertenencias más retenidas y no devueltas –además del efectivo– son los documentos de identidad, celulares y ropa; también se les priva de medicamentos, fotografías, artículos religiosos, joyas, tarjetas de crédito o débito, comprobantes de estudios o lentes graduados. “Hay una razón por la cual las pertenencias de los migrantes no les son devueltas: La criminalización de la migración y un cambio total en el procesamiento de migrantes detenidos”, explica Rocío Meléndez, abogada del Programa de Defensa e Incidencia Binacional en Ciudad Juárez. “Estas acciones son al mismo tiempo una estrategia para desanimar al migrante que busca entrar al país. Se corre la voz de que en este país también van a ser robados”, dice a Proceso. Además la Patrulla Fronteriza, abunda Meléndez, busca que el segundo o tercer intento del migrante por entrar al país sea casi imposible. “Los deportan por fronteras lejanas a su lugar de origen; si eres de Chihuahua te deportan por Reynosa, por ejemplo. Y sin dinero ni documentos es muy difícil o pasará mucho tiempo para que vuelvas a intentar cruzar”, detalla. La abogada asegura que esta criminalización los hace aún más vulnerables al robo y los abusos por parte de las autoridades y los cárteles de la droga. “Actualmente se criminaliza a los migrantes deportados tratándolos como si fueran delincuentes, cuando ninguno ha cometido más que una falta administrativa”, dice. El pasado 9 de enero el gobernador de Chihuahua, César Duarte, afirmó que esta situación, más la falta de comunicación con las autoridades migratorias estadunidenses, incrementa la violencia en esa entidad. “Tenemos un fenómeno adicional que nos preocupa, porque nos genera un verdadero problema: Los repatriados que son exconvictos y cuya presencia no es notificada (…) han generado condiciones de delito, de violencia”, dijo Duarte durante la XXIV Reunión de Embajadores y Cónsules. De acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, para el año fiscal 2014, que comenzó en septiembre de 2013 y terminó en agosto pasado –los últimos datos disponibles–, por este punto fueron deportados 48 mil 616 individuos. De ellos, 29 mil 196 (poco más de 60%) tienen antecedentes penales en Estados Unidos. A escala nacional, según la misma fuente, las autoridades estadunidenses deportaron a más de 315 mil individuos a México en el año fiscal 2014. 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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AP photo /Eric Gay
Patrulla fronteriza. Trampas burocráticas
Meléndez afirma que la mayoría de quienes tienen antecedentes penales entran en ese rubro por sus reingresos a Estados Unidos sin documentos y no necesariamente por haber cometido un delito. “A quienes reingresan al país luego de haber sido deportados una o más veces se les cataloga como ‘criminales’, por eso se inflan esas estadísticas”, dice en entrevista. Un agente encargado de las operaciones en el área de Nuevo México, entrevistado a condición de no revelar su nombre, explica que la Patrulla Fronteriza no tiene responsabilidad en cuanto a las pertenencias de los deportados. “Nosotros seguimos los protocolos; si ellos no pueden recuperar su dinero o sus pertenencias, está fuera de nuestra responsabilidad. No podemos hacer todo por ellos. Lo guardamos (el dinero y pertenencias), lo anotamos en la bitácora, lo entregamos a CBP y lo que suceda después ya no nos compete”, asegura el agente.
Atorado en Ciudad Juárez Carlos, tamaulipeco de 28 años, está en un comedor comunitario a orillas del río Bravo, entre el centro de Ciudad Juárez y El Paso. Ahí el pastor evangélico Jesús Tavizón le da comida y refugio. También unos tenis viejos. Lleva aquí dos meses y no encuentra la manera de regresar a Tamaulipas. “Ya he dado dos vueltas al registro civil para ver si me dan mi acta de nacimiento, pero para todo, hasta para transportarse uno, se necesita dinero, y me quitaron todo”, se queja. Carlos cruzó a Estados Unidos por aquella frontera a mediados de noviembre. Pagó 500 dólares a un par de traficantes de indocumentados quienes lo abandonaron “en la línea”, apenas cruzando el río.
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“Empecé a caminar, ya casi de mañana, iba solo, no iba con ningún grupo, que porque así era más difícil que me atorara ‘la migra’, pero ya cerquita de la carretera me encontraron los de la Border”, relata. Antes de decidirse a cruzar la frontera trabajó como carrocero, remozando automóviles accidentados que alguien más pondría a la venta. Allí juntó unos mil dólares, 500 de los cuales pagó a los coyotes y de los cuales unos 224 tiene ahora el Departamento del Tesoro. “En cuanto me agarraron me quitaron primero las agujetas y luego me vaciaron los termos que traía con agua. Después me vaciaron las bolsas de los pantalones y me dijeron que el dinero que traía, en dólares, lo iban a guardar y después me decían cómo recuperarlo. La cadenita de oro que me dio mi abuelo, con la Virgen de Guadalupe, me la arrancaron, y junto a mis lentes y otras cosas, me dijeron: esto va a la basura, ya no sirve”, cuenta. Una vez procesado en McAllen, le anunciaron que sería deportado por Ciudad Juárez, le entregaron una tarjeta de débito que debía activar llamando a un número 1-800. “Cuando quise llamar no se pudo porque el número nomás trabaja de aquel lado de la frontera”, dice. Además, los 30 días que tenía para recuperar sus pertenencias y su dinero se habían agotado mientras aún estaba en el centro de procesamiento. Por lo pronto Carlos está atorado en Ciudad Juárez, una frontera que describe como “hostil”, donde no conoce a nadie. “No es por ser mala persona, pero es una frontera muy cabrona. De no ser por el pastor nadie te ayuda, y está cabrón no conocer a nadie, ni saber moverse en las calles, y si me agarra la policía, no voy a poder ni demostrar que soy mexicano. Me urge regresar a mi tierra”, dice. O
RAFAEL CRODA
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OGOTÁ.- La destituida diputada María Corina Machado se convirtió en estos días en la figura más visible de la oposición venezolana. Junto con Lilian Tintori y Mitzy Capriles, esposas de los encarcelados dirigentes Leopoldo López y Antonio Ledezma, respectivamente, encabeza las movilizaciones por la liberación de ambos políticos, acusados de alterar el orden público y conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Machado sabe que ella es la siguiente en la lista de adversarios políticos del régimen susceptibles de ingresar a la prisión militar de Ramo Verde, donde están López y Ledezma. De hecho, Maduro le advirtió en público que acabará en la cárcel. La fiscalía ya le imputó en diciembre pasado el delito de “conspiración” para asesinar al presidente y el 20 de febrero sus allegados conocieron una orden de captura en su contra por su supuesta participación en un plan golpista. “Voy a cumplir un año con prohibición judicial de salir del país. La policía política me sigue para arriba y para abajo, intervienen todas mis comunicaciones, amenazan por teléfono a mis hijos, les dicen que van a matar a su mamá”, afirma Machado en entrevista con Proceso. Ante la posibilidad de caer presa, sostiene: “A lo que nosotros debemos tenerle miedo no es a la cárcel, sino a que esta situación en Venezuela continúe y se acelere, y por eso nuestra única opción es luchar”. Y luchar, para ella, es hacer oposición de manera activa la mayor parte del día. Encabeza “plantones” contra el gobierno, denuncia la creciente escasez de productos básicos, se reúne con diputados opositores y el tiempo no le alcanza para hablar de las “atrocidades” del régimen chavista. Es la dirigente opositora más vehemente y crítica del gobierno, el cual la cataloga como integrante de “la extrema derecha fascista”. Ella asegura que su talante opositor llevó a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, a destituirla hace un año como diputada, y que sólo eso está detrás de la acusación formulada por Maduro este mes: conspirar en un plan de golpe de Estado para derrocarlo. “Aquí el único golpista es el Estado. Esa acusación es ridícula. Busca atemorizar y acallar a la oposición”, afirma vía telefónica. –¿Está usted preparada para ir a la cárcel? –se le pregunta. –Nadie puede estar preparado para ir a la cárcel, y mucho menos a las cárceles venezolanas, que son un infierno; pero es peor vivir en la esclavitud y en la humillación permanente.
Machado:
I NTERNAC I ONAL /V ENEZ U E L A
“Urge la transición” Venezuela “está ante el riesgo de una crisis humanitaria y de un caos generalizado. La única manera de evitarlo es que el presidente Nicolás Maduro renuncie”, afirma en entrevista con Proceso María Corina Machado, quien en estos días se ha convertido en una de las principales figuras de la oposición al chavismo. El gobierno no solamente la ubica como representante de un sector de la “derecha fascista”; la acusa de participar en una “conspiración” para dar un golpe de Estado y asesinar al presidente venezolano. Escenario de crisis
Reuters / Carlos Garcia Rawlins
Las denuncias de Maduro sobre un supuesto plan golpista cívico-militar promovido
Machado. Delito de “conspiración”
por Estados Unidos se produjeron el pasado 12 de febrero. Un día antes, el gobernante y sucesor del presidente Hugo Chávez había anunciado la entrada en vigor de un
nuevo sistema cambiario que, en los hechos, implicó una devaluación de hasta 2 mil 600% del bolívar, la moneda nacional. El año anterior la economía se contrajo 4% y la inflación llegó a 68.5 puntos porcentuales, la más alta del mundo. Para este año el Fondo Monetario Internacional espera una caída económica de 7%, mientras economistas independientes anticipan una inflación de tres dígitos. La recesión ya ha causado estragos en el bienestar y la calidad de vida de la población, la cual debe hacer largas colas cada día en los supermercados para conseguir los cada vez más escasos alimentos. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza en Venezuela aumentó 6.7 puntos porcentuales entre 2012 y 2013, al pasar de 25.4% a 32.1% en ese lapso, aunque esas cifras aún no reflejan el impacto social de la recesión de 2014 y la que se anticipa para 2015. Machado sostiene: “Hoy se están muriendo venezolanos porque llegan a hospitales y no hay medicinas ni equipo médico ni personal que los atienda; hoy los padres venezolanos tienen que dejar su trabajo para ir de mercado en mercado a ver si consiguen un litro de leche, y cuando lo consiguen, el litro de leche en la calle les cuesta el equivalente a tres días de salario mínimo, porque el salario mínimo en Venezuela es menos de un dólar por día (al tipo de cambio del mercado liberado)”. Venezuela, agrega, “está ante el riesgo de una crisis humanitaria y de un caos ge-
Maduro. Polarización calculada
neralizado y la única manera de evitar una crisis de esa naturaleza, que nadie quiere y puede tener consecuencias violentas, es que Maduro entienda que por su bien y el del país debe ponerse a un lado”. –¿Debe renunciar? –Debe renunciar. Que se ponga a un lado y facilite la transición. –¿Pero no le parece muy radical esa salida? Ni siquiera en la oposición hay consenso sobre ese planteamiento. –Yo no he escuchado la primera voz de la oposición que no quiere que Maduro renuncie –sostiene. –Los sectores más moderados de la oposición se inclinan por una transición negociada con el régimen. –Es que cualquier proceso de transición implica un diálogo. Yo soy absolutamente partidaria del diálogo, pero lo fundamental es: ¿un diálogo para qué? El diálogo debe ser para la transición a la democracia y no para la estabilización de la dictadura. Machado y los encarcelados López y Ledezma –este último, alcalde de Caracas– son los líderes del ala radical de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), amplia coalición opositora en la que conviven social-
demócratas, socialcristianos, la centroderecha, marxistas y exguerrilleros. En el marco de las protestas estudiantiles de febrero y marzo pasados –cuando hubo 43 muertos, 870 heridos y unos 3 mil detenidos–, Machado, López y Ledezma
apostaron por “la salida” del régimen. El excandidato presidencial de la MUD, Henrique Capriles, privilegió en cambio el diálogo con el gobierno. Para Machado “el diálogo no puede ser un engaño, y eso es lo que fue el diálogo del
La arriesgada estrategia RAFAEL CRODA
de Maduro
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Reuters / Enrique Castro
ta salir lo mejor librado posible de las elecciones legislativas programadas este año. En medio de una recesión económica, desabasto de productos básicos, drástica caída de los ingresos petroleros y una generalizada evaluación negativa de su gobierno, el presidente optó la semana anterior por encarcelar al alcalde opositor
AP photo / Ariana Cubillos
OGOTÁ.- Alexis Alzuru Aponte, doctor en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que lejos de lo que piensa buena parte de la comunidad internacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro tiene un plan coherente en el cual apuesta por un escenario de polarización política que le permi-
de Caracas, Antonio Ledezma, con lo cual arreciaron las críticas internas y el repudio internacional por el uso político del sistema de justicia. “Maduro parece un presidente equivocado, pero no lo es en su agenda. Que yo no esté de acuerdo con su agenda es una cosa, pero de cara a su objetivo él ha sido muy coherente. Su objetivo son las elecciones parlamentarias. Está alineando a su base electoral, invirtiendo en ese sector los pocos recursos del Estado y montó una confrontación para polarizar el país, dividirlo y apostar por una alta abstención en las elecciones que le permita mantener la mayoría legislativa”, considera Alzuru. Sostiene que con la detención de Ledezma, Maduro logró desplazar el debate nacional al terreno político. “Hoy todo el debate en Venezuela y en el exterior es sobre los presos políticos (Ledezma, los exalcaldes Leopoldo López y Daniel Ceballos y decenas de estudiantes detenidos en medio de las protestas sociales) y no sobre la inflación, el desabasto de alimentos”, señala. De esta manera el presidente “está logrando su objetivo, que es polarizar al país”. De acuerdo con las cuentas del académico, la base dura chavista representa entre 18% y 22% del electorado. En cambio, los votantes que rechazan al gobierno y lo responsabilizan de la crisis son entre 60% y 70%, pero este segmento “no está alineado con la oposición”. Dice que la mitad del electorado no está ni con el gobierno ni con la oposición,
Jornadas de protesta
I NTERNAC I ONAL /V ENEZ U E L A y cuando el presidente detiene a Ledezma bajo cargos de participar en una intentona golpista “es posible que ese conglomerado no crea del todo en las acusaciones pero al menos se le genera una duda, y esa duda se puede traducir en abstención. “Una gran abstención hace que el voto duro del chavismo pese más y puede ser suficiente para mantener la mayoría en la Asamblea Nacional (donde hoy el oficialismo tiene 99 de los 164 escaños)”, señala Alzuru. Considera que, en consecuencia con su estrategia, Maduro seguirá con su agenda polarizante destituyendo al diputado opositor Julio Borges, un tema que ya está por debatirse en la Asamblea Nacional, y enviando a prisión a la dirigente opositora María Corina Machado, a quien el presidente ha acusado de participar en el supuesto plan de golpe de Estado en su contra. “Maduro de alguna manera está jugando con fuego, porque un escenario de polarización es muy riesgoso, pero un triunfo electoral le daría un respiro y un tiempo más para manejar una crisis económica y social muy complicada. No se puede desconocer que ha sido hábil para colocar en el foco del país un problema que polariza: el de los presos políticos, para opacar los problemas de la vida cotidiana de los venezolanos, como la falta de alimentos, la inflación, la alta criminalidad”, asegura. Sostiene que la oposición coaligada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “de alguna manera ha mordido el anzuelo y, en vez de bajarle el perfil al discurso polarizante, lo alimenta.
“La oposición debería bajarle el volumen al tema de los presos políticos y subirle el volumen a la crisis económica, porque esta disputa, antes que ser política, es comunicacional, y es por la captura del electorado”, indica el politólogo y maestro en filosofía. De acuerdo con Alzuru, otro factor necesario para la oposición es la unidad, porque en la MUD –donde participa una veintena de partidos– conviven dos bloques: uno encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles y
que promueve una transición pactada con el chavismo, y otro dirigido por López, Ledezma y Machado, cuya apuesta es la reconstrucción del país a partir del colapso del régimen. “Estos dos mensajes confunden al electorado –sostiene– y si no hay un trabajo fuerte de unidad y unificación del discurso, la oposición puede desperdiciar la oportunidad de capitalizar el descontento en las elecciones legislativas (que deberán celebrarse este año, pero cuya fecha está por definir el Consejo Nacional Electoral).” O
año pasado: lo que buscó fue desmovilizar la protesta cívica ciudadana y desarticular la presión internacional con una fachada de diálogo cuando en el fondo no había pretensión alguna de llevar adelante reformas”. López fue detenido en el marco de las protestas de hace un año y sigue encarcelado. Ledezma fue capturado por la policía política el pasado 19 de febrero. La liberación de ambos, y del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue exigida el pasado 24 de febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual además expresó su “profunda preocupación por las denuncias recibidas acerca de la presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios seguidos” contra esos políticos opositores.
División Las diferentes posturas en la MUD son mencionadas por los analistas como el principal obstáculo para que la oposición venezolana capitalice el creciente descontento. Según una encuesta de la firma Datanálisis, la popularidad de Maduro apenas llega a 22.6% y sólo 16 de cada 100 ciudadanos se 2000 / 1 DE MARZO DE 2015
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identifica con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez. Al mismo tiempo, sólo 19% de los consultados dijo sentirse representado por alguno de los partidos de la MUD. De acuerdo con la ley venezolana, en diciembre próximo deberán celebrarse elecciones legislativas para renovar la unicameral Asamblea Nacional, donde el PSUV tiene mayoría. Pero el gobierno ha expresado su intención de cambiar la fecha. Podría adelantarlas, en un intento por evitar que la crisis se agrave y aumente el descontento, o aplazarlas hasta que la economía comience a recuperarse. El Consejo Nacional Electoral, dominado por el oficialismo, anunció el pasado 25 de febrero que en las “próximas semanas” dará a conocer la fecha definitiva de los comicios legislativos, los cuales representan una oportunidad para la oposición. –La MUD no ha logrado capitalizar el descontento. ¿Podrá hacerlo en estos comicios legislativos? –se le pregunta a Machado. –Primero que nada no hay fecha para estas elecciones. Constitucionalmente deberían ser en diciembre, pero este es un régimen que acomoda las elecciones a su conveniencia. En Venezuela estamos viviendo la crisis política, institucional y moral más profunda de nuestra historia contemporánea y estamos frente a un régimen que reprime, persigue, tortura y censura, y que tiene una hegemonía comunicacional total. Y ahora se produce un aceleramiento brutal de la política represiva, con sindicalistas, estudiantes y alcaldes presos. En este contexto estamos luchando los venezolanos. –¿No le parece que las divisiones en la oposición confunden a los venezolanos? –Hay una crisis de los partidos políticos, como la hay en todo el mundo, eso no es exclusivo de Venezuela, pero hoy en nuestro país las cinco figuras que tienen mayor respaldo popular somos dirigentes de oposición, todos cercanos a 50% de aprobación. De modo que, teniendo esas restricciones para comunicar, teniendo una campaña feroz de descrédito, aun así el pueblo mayoritariamente está con los liderazgos de la MUD. –En Venezuela se habla de francas disputas por el liderazgo de la MUD. –Las diferencias son normales en cualquier democracia, y eso de las disputas es uno de los mitos que el régimen intenta propagar. Aquí se ha intentado sembrar terror para dividirnos y paralizarnos, pero tenemos meses luchando a pesar de la represión. El pasado 24 de febrero, en su informe anual sobre el estado de las libertades en el mundo, Amnistía Internacional denunció que en Venezuela se empleó una fuerza excesiva para dispersar las protestas estudiantiles del año anterior, decenas de
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personas fueron detenidas arbitrariamente y 128 fueron sometidas a torturas y malos tratos mientras el gobierno “siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a críticos”. Ese mismo día, en el marco de una protesta estudiantil en la suroccidental ciudad de San Cristóbal, un policía asesinó de un disparo al joven de 14 años Kluivert Roa. Un día después, Machado encabezó las protestas por ese hecho. “Eso lo hacen para paralizar a la población, para que los jóvenes no protesten, para que las madres amarremos a nuestros hijos y no salgan para la calle. Lo que quieren es una sociedad doblegada y no lo van a lograr”, asegura.
De “fina estampa” A sus 47 años María Corina Machado es una novata en la política. En 2010 decidió incursionar en la arena electoral al lanzarse como candidata a diputada por la MUD y fue electa con la mayor votación de esos comicios. Antes de dar ese paso, esta ingeniera industrial y especialista en finanzas había sido ejecutiva y directora de la siderúrgica Sivensa, propiedad de su familia, y fundadora de la ONG Súmate, que en 2004 promovió un referendo revocatorio contra el entonces presidente Chávez. Este la llamaba “burguesita de fina estampa” y la ubicaba –como lo hace hoy Maduro– como uno de los rostros visibles de “la oligarquía venezolana”. Ella dice sentirse orgullosa de su familia y de su labor empresarial. En términos ideológicos considera que “el espectro de izquierda y derecha está totalmente superado y lo que buscamos es una sociedad donde exista auténtica inclusión económica, social y política, con respeto a la propiedad”. Sus principales aliados políticos son Leopoldo López y Antonio Ledezma, del ala socialdemócrata de la MUD y cuyas detenciones han generado una amplia solidaridad internacional. –Hay quienes opinan que estas detenciones han logrado su objetivo de desviar la atención sobre los problemas de desabasto y la crisis económica que hay en el país. ¿Comparte esa opinión? –se le pregunta. –No. La persecución política, la violencia y la represión son políticas de Estado. No son actos de distracción. ¡Por Dios! El objetivo del régimen es aterrorizar a la población y ha demostrado que está dispuesto a hacer todo con tal de preservar el poder. Nosotros pedimos a la comunidad internacional que así lo entienda. –¿Y a la oposición qué le corresponde hacer? –Luchamos y trabajamos por una transición a la democracia en paz y en el marco de la Constitución. Ese es el único me-
canismo y la única ruta en la cual creemos. Nosotros sí creemos en la posibilidad de una transición pacífica. –¿Una transición pacífica, institucional, pudiera comenzar si la oposición obtiene la mayoría de la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas? –No me cabe la menor duda de que vamos a ir unidos a las elecciones legislativas y de que tenemos el apoyo del país para lograr la mayoría en la Asamblea Nacional. –¿Esa, entonces, es una salida? –Es que estamos hablando de una elección para la que no hay fecha, y entonces usted me dirá si éticamente es posible decirle a los venezolanos que aquí no hay nada que hacer hoy, que hay que esperar. Para evitar la violencia o un escenario de conflictividad generalizado tenemos la obligación de presentarle al país una ruta constitucional a la transición que, además, sea oportuna, es decir, que se compagine con las urgencias cotidianas de la población venezolana, con el desabasto, con la falta de medicinas… –¿Esto quiere decir que se necesita una transición urgente? –Creemos en la posibilidad de una transición pacífica y urgente.
Desinterés regional Una queja permanente de la oposición ha sido la inmovilidad de los gobiernos latinoamericanos ante las denuncias de violaciones a las garantías individuales en un país donde todos los poderes del Estado están bajo control del régimen. Según Machado “durante años hemos visto que por razones económicas, ideológicas o geopolíticas, ha habido ya no una cruel indiferencia sino complicidad con el régimen venezolano. Pero Nicolás Maduro cruzó una línea roja y se empiezan a producir cambios en las posturas de la comunidad internacional”. –¿Espera que los gobiernos latinoamericanos jueguen un papel más activo? –Queremos pedir a los gobiernos de América Latina que convoquen con carácter de urgente a una reunión de cancilleres del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para evaluar la situación de Venezuela a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Esto lo pedimos hoy. –¿Y cuando habla de gobiernos indiferentes o cómplices se refiere también al mexicano? –Dígame usted qué gobierno latinoamericano ha tenido una postura firme en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Pero quiero hablarle a los mexicanos, pedirles que alcen su voz y que le hagan saber a su gobierno que es la hora de que los pueblos y gobiernos de América Latina estén al lado del pueblo de Venezuela.
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Apenas unos meses después del golpe de Luis Echeverría contra Excélsior, el 6 de noviembre de 1976 salió a la luz la primera edición de Proceso, semanario fundado por Julio Scherer García. A partir de entonces, durante 2000 semanas sin interrupción, esta revista ha presentado en sus portadas reportajes, entrevistas, investigaciones, reportes gráficos, consignando los desatinos, abusos, excesos y corruptelas de los gobiernos que han cambiado de signos y colores pero no de vicios.
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Las vicisitudes, dramas y tragedias del país, las ilusiones que se quedaron en eso, los hombres del poder político, los multimillonarios, los acontecimientos que cimbraron a la nación, todo lo malo y lo bueno que ha tenido valor periodístico, ha pasado por las portadas de Proceso.
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Varias generaciones de editores, fotógrafos, reporteros y diseñadores han dejado su huella en lo que es ya imborrable: la memoria de las portadas de la revista, inevitables a la hora de contar los tiempos, más borrascosos que gozosos, de los que Proceso ha sido testigo.
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De la Colina del Perro de José López Portillo a la Casa Blanca de la actual pareja presidencial; de la utopía del primer mundo salinista a la frivolidad de Marta Sahagún y su marido el presidente Fox; de la mediocridad de Miguel de la Madrid a la sangrienta guerra de Calderón…
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Los grandes capos del narcotráfico, las elecciones fraudulentas, las falsas heroínas, la violencia brutal en todo el territorio, la televisión en el poder, el triste México de las últimas décadas del siglo XX y los primeros quinquenios del siglo XXI, para todos y todo ha habido lugar en estas primeras 2000 semanas de Proceso. 62
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JAVIER SICILIA
Por qué otra Constitución
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l liberalismo, como buena parte del pensamiento ilustrado, sustituyó la sacralidad que le arrancó a la Iglesia con otras sacralidades. La composición misma del Estado moderno es una copia burda de la manera en que la Iglesia como cuerpo social está constituida: el Presidente –usaré las mayúsculas de la sacralización del poder– sustituyó al Papa, los Senadores a los Cardenales, los Diputados a los Obispos, el Poder Judicial a la Inquisición o al Santo Oficio –o como se le llama ahora, la Congregación para la Doctrina de la Fe–, los ciudadanos al pueblo de Dios, amén de un sinnúmero de héroes que sustituyeron a los santos y de días de asueto que reemplazaron a los días de guardar. La Constitución forma parte también de este imaginario laico. Si a algo podía compararse es a la Biblia. Pero la Constitución, a diferencia del cuerpo institucional de la Iglesia y del Estado, no es equiparable a ella. No es una palabra poética que nos trasciende, ni un texto sagrado e inamovible. A la nuestra, una de las pocas que se aferra a una absurda longevidad, se le han hecho en sus casi 100 años de existencia 574 reformas, señalaron Diego Valadés y Pedro Salazar en una mesa redonda sobre el tema en 2014. El 80% de los artículos, apunta Viridiana Ríos, “ha sido modificado un promedio de cinco veces cada uno” (Nexos hoy, febrero de 2014). Por lo mismo y contra lo que se piensa, la Constitución no determina la ma-
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nera en la que un pueblo se organiza. Al contrario, es la descripción en leyes de la forma en la que un pueblo, en constante movilidad, se organiza, se funda y se refunda. Es, para usar una analogía, lo que la gramática es a la lengua. El pueblo, al igual que la lengua en la que se expresa, es un organismo vivo que a lo largo del tiempo se transforma y genera nuevas relaciones y vínculos. La Constitución, como la gramática en la lengua, da cuenta de ellos. Para entender cómo hablamos hoy en día, ya no usamos la gramática de Nebrija (1492), sino otras, como la Nueva gramática de la lengua española. Quien quisiera seguirla usando estaría destinado a no entender ni entenderse con los otros. Lo mismo sucede con la Constitución. La Constitución de 1917 nació como una respuesta a los cambios profundos que vivía la sociedad en 1910 y que la Constitución de 1857 ya no reflejaba. El caos social que derivó en la Revolución Mexicana era fruto de esa ausencia descriptiva: “Cuando ha llegado un 5 de febrero más –escribió Flores Magón en el 48 aniversario de la Constitución de 1857– y (...) la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita, ¿para qué recibir esa fecha, digna de mejor pueblo, con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto, y al enlutarnos hoy con esa frase fatídica,
protestamos solemnemente contra los asesinos de ella”. El país se decía de otra manera y necesitaba describirse de otra manera. Desde hace décadas algo parecido sucede de nuevo en México. La Constitución del 17, como la del 57 a principios del siglo XX, ha dejado de describir a la nación y sus nuevas relaciones. Las reformas que ha sufrido y que no responden a las transformaciones de la realidad mexicana, sino a las necesidades de los intereses económicos de las oligarquías y de las empresas trasnacionales, la han asesinado de nuevo. De las 574 reformas que se le han hecho, 347, el 60%, se realizaron –vuelvo a los datos proporcionados por Viridiana Ríos– en los seis últimos sexenios, es decir, bajo presidentes neoliberales y ajenos al sentir de la nación: De la Madrid realizó 66, Salinas 47, Zedillo 77, Fox 25, Calderón 110, y Peña Nieto, en lo que va de su mandato, 21. Esas constantes modificaciones y violaciones a la Constitución sólo pueden expresar las desfiguraciones que se le han hecho a la nación y que, como a principios del siglo XX, pero de peor forma, repercuten en dolor, explotación, crímenes y muerte. Hay, por lo mismo, en la inoperancia y en la corrupción de los partidos y los gobiernos, que se amparan en una Constitución muerta, un tufo del caos de 1910; en las crecientes movilizaciones sociales, el sabor de las declaraciones de Flores Magón, y en la emergencia de nue-
AN ÁLI S I S NARANJO
Contagio
vos actores sociales –los pueblos indios y sus autonomías, las mujeres, los estudiantes, los homosexuales, los ecologistas, las víctimas de la violencia, etcétera–, la expresión, como en 1910, de una nueva conformación social que clama por ser reconocida, descrita y protegida mediante un nuevo pacto social. Por eso, antes de un mayor caos y frente a la simulación democrática que nos aguarda, muchas de las partes más conscientes de la sociedad han tomado el camino del boicot electoral y de un nuevo Constituyente que emane no de los aparatos corrompidos del Estado –no fueron ellos los que en 1917 hicieron la Constitución que reemplazó a la del 57–, sino de la gente misma que ha ido construyendo una nueva forma de relacionarse y de defenderse frente al crimen, la corrupción del Estado y la destrucción de una Constitución que ya no la refleja. En medio de la noche –que parece interminable– y de la ignorancia política que no aprende del pasado, esta ardua tarea guarda la reserva moral de la nación en la esperanza de lo nuevo. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés; detener la guerra; liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de la violencia; juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, y boicotear las elecciones. O
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ERNESTO VILLANUEVA
Medina Mora, ¿el “Calígula” de Camus? E
duardo Medina Mora, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es a todas luces ajeno al interés público, y de ser elegido afectaría la independencia de la SCJN y representaría un tiro de gracia a la justicia independiente. Ya el acucioso reportero Jorge Carrasco publicó algunos aspectos de esta polémica de gran relevancia para el país, por lo que expongo cinco razones adicionales, que me permiten sustentar lo que afirmo. Veamos. Primero. Medina Mora es un hombre que ha hecho de la corrupción un modo de vida. En efecto, cuando fue designado como titular del Cisen en 2000, la Auditoría Superior de la Federación revisó la cuenta pública de ese año y le formuló 16 recomendaciones, de las cuales sólo atendió seis y dejó sin solventar 10 en el 2001 –ya en pleno ejercicio de sus funciones–, todas ellas relacionadas con faltas en la compra de equipos y softwares para el propio Cisen, lo que pone de relieve su falta de probidad. (http://www.asf.gob.mx/ trans/Informes/IR2000i/ir2000/Tomos/Tomo2/CISEN.htm. De igual forma, es público que el Cisen tiene tres oficinas, que son de su propiedad; no obstante, durante el tiempo de Medina Mora en este órgano desconcentrado se pagaron, según el documento “Relación de pago por arrendamiento” del Cisen, alrededor de 15 millones de pesos sin que hubiera justificación alguna. Segundo. Medina Mora es un hombre generoso con los recursos del erario y firma contratos suntuosos, innecesarios y ajenos al principio de austeridad del go-
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bierno federal. Así, conforme al contrato Cisen 012/04, anexo 3.1, las tres instalaciones de ese órgano, incluyendo la central ubicada en Camino Real de Contreras número 35, colonia La Concepción, Delegación Magdalena Contreras, no sólo tienen un gimnasio para los agentes operativos, sino también una zona de recreación que incluye ping-pong, canchas de tenis, etcétera, en un espacio de mil 653.94 metros cuadrados. ¿Los agentes y funcionarios
van a trabajar o van a labores de esparcimiento? Tercero. Medina Mora es un mentiroso, poco fiable y enemigo de un sistema democrático de justicia. En su discurso de “presentación a los medios de los resultados de la evaluación hecha al Cisen” en el 2000, Medina Mora afirmó: “Se ha dicho, pero quiero subrayarlo: Desde el primer día de esta administración el Cisen no ha hecho espionaje político”. Los temas del Cisen, agregó, son “el crimen organizado, la subversión, el terrorismo, la seguridad pública, la dinámica geográfica, la contrainteligencia y fenómenos fronterizos y migratorios”. No obstante, el contrato “Cisen/UO/024/07 Anexo técnico para acceder en línea al sistema automatizado de análisis y procesamiento de información legislativa”, que prorroga otros firmados en los tres años anteriores, dispone el espionaje del Congreso de la Unión mediante acceso a claves privadas, reportes y cortes estratégicos de información, análisis de contenidos, perfiles y mapas relativos a senadores y diputados, sin ninguna orden judicial para emprender estas acciones. ¿Cómo puede explicar un Medina Mora que no hace espionaje político que los legisladores son terroristas o un peligro para la seguridad nacional, por citar dos de los temas a los que supuestamente se dedica el Cisen? Paradójicamente, los vigilados son ahora los que deben elegir al vigilante. ¿Cómo puede el Senado elegir como ministro a un violador consumado de la ley como prócer de la administración de justicia federal?
ANÁ L IS IS M A RTA L A M A S
La violencia hacia los residuales Cuarto. Medina Mora es un servidor público irresponsable. En efecto, durante su gestión, su presencia en el país era reducida comparada con sus viajes al extranjero, cuando se supone que las funciones del Cisen no deben ser dirigidas a control remoto, sino que implican una presencia física mucho mayor que la de otro tipo de funcionarios. El hecho es que en su periodo como titular del Cisen, de acuerdo con la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del mismo, Medina Mora gastó 27 mil pesos en viáticos nacionales y 289 mil 414.59 pesos en viáticos internacionales. Quinto. Medina Mora ha sido un enemigo declarado de los derechos humanos al ser titular del Cisen, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, como lo ponen de relieve las recomendaciones de la CNDH bajo los siguientes números: REC 2006:_37, REC 2006_38, REC 2007_65, REC 2008, 050, REC 2008_64 y REC 2009_047, emitidas justamente por reiteradas violaciones a los derechos humanos. ¿Se imagina alguien cómo interpretaría Medina Mora el artículo 1º de la Constitución sobre el fortalecimiento de los derechos humanos, que podrían ser mejor invocados directamente ante los órganos jurisdiccionales? Ello significaría muchos pasos de regresión al pasado autoritario. La cancha está en el terreno del Senado. Esperemos que el sentido común, que cada día es el menos común de los sentidos, gane la partida ante esta propuesta del presidente Enrique Peña Nieto que cada día se parece más al Calígula de Albert Camus, en perjuicio de la comunidad entera. O @evillanuevamx ernestovillanueva. Hushmail.com www.ernestovillanueva.blogspot.com
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n el seno de los debates actuales sobre el quiebre brutal que México está viviendo se escuchan tanto críticas al gobierno y a las figuras políticas como propuestas en torno a “sistemas anticorrupción”, “mecanismos de fiscalización”, “protocolos de seguridad” y similares. En otros países también ocurren horrores y se reflexiona sobre las medidas a tomar ante tragedias violentas, algunas semejantes y otras muy distintas a las nuestras. Hay algunas reflexiones que vinculan los acontecimientos políticos con procesos de la subjetividad y que ofrecen claves interpretativas que podríamos aplicar a lo que está ocurriendo entre nosotros, obviamente guardando las distancias necesarias y buscando los parámetros propios. Una de ellas es la que realiza Bertrand Ogilvie, filósofo y psicoanalista francés, en su libro El hombre desechable / Ensayo sobre las formas del exterminismo y la violencia extrema (2013). Étienne Balibar, quien prologa su libro con una carta-prefacio titulada ¿Cómo pensar en los extremos?, encuentra en Ogilvie una “inversión de la mirada sobre la violencia”. ¿En qué consiste este giro interpretativo? Ogilvie analiza diferentes modalidades de la violencia en el seno de una misma estructura, y asigna diversos umbrales de transformación entre ellas, para inferir si serán histórica o políticamente reversibles. En la reflexión del filósofo, la socialización es la primera violencia irreductible de la condición humana. El sometimiento de un ser humano a cualquiera de las formas y las normas de lo universal (o sea, “de esa universalidad genérica que es la cultura”) nunca es una simple adquisición de valores, sino que siempre es un troquelado o adiestramiento: “una dominación
que hay que hundir en los cuerpos”. Esa primera violencia inevitable atraviesa a todos los seres humanos. La violencia en segundo grado, que es la que quiero comentar, atañe al proceso político que priva tendencialmente a ciertos individuos (y tal vez de manera creciente a una gran masa de ellos) de todo recurso simbólico contra la primera violencia. Según Ogilvie esta segunda violencia funciona como “pérdida” de lo que jamás habrán tenido, lo que constituye una experiencia individual traumatizante y una situación sociológica en la que “se encuentran precipitados todos aquellos que no reciben nada a cambio de la violencia que padecen”. El psicoanalista se refiere en especial a aquellos seres cuya particularidad nunca es objeto de ningún reconocimiento. Esta violencia es más extrema porque precisamente nunca es identificada o representada como tal. Balibar nos recuerda que lo que se consideran las “clases peligrosas” (el “populacho”) son, al mismo tiempo, objeto y agentes de una violencia anónima, que los mantiene fuera de la representación. Ogilvie califica a esas personas excluidas de la representación como un grupo residual que está presente en la escena social y que es “tanto lastimero como amenazador”, pues no dispone de ningún “lugar” que le permita concebirse a sí mismo como una parte del “todo” estatal, como un actor del juego político. No puedo dejar de asociar lo que dice Ogilvie con la ausencia de “lugar” de esos jóvenes paupérrimos, rurales como los normalistas de Ayotzinapa, pero también urbanos, como los que pululan en los cinturones de miseria de nuestras ciudades. ¿Cómo otorgar un “lugar” a ese
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JESÚS CANTÚ
INE: de mal en peor nutrido grupo “residual, lastimero y amenazador” que sigue inserto en una violencia social plena de miseria y falta de oportunidades? Ogilvie habla también de una “violencia sin dirección” que se expresa de manera brutal como una causalidad sin objetivo y que no se inscribe en el orden de la transgresión, y que, por lo tanto, se encuentra fuera de toda negociación. Para el autor, dicha violencia “no es más que la respuesta a la violencia muy particular que las sociedades industriales hacen padecer a sus miembros: no solamente un sometimiento, sino una elisión de toda finalidad (ya sea “¡enriquézcanme!” o el hipócrita “¡enriquézcanse!”). Para contrarrestar la violencia, para prevenirla, Ogilvie propone una “política de la instrucción”, consistente en “una pasión por el conocimiento, por el lazo social, una pasión asociativa” de la que hablaré en otra ocasión. Por el momento quiero concluir con la dura crítica que el escritor hace en relación con el uso equivocado de la violencia “legítima” del Estado, en forma de represión, y que considero debería tomarse muy en cuenta. Señala que la represión que funciona día a día como una contraviolencia preventiva es parte de “la circularidad de reacciones de defensa que no hacen sino intensificar la violencia social, o que añaden la autodestrucción a la destrucción”. Por eso Ogilvie advierte que la violencia estatal llevada al extremo “se dirige preferentemente hacia su propia población y, a fin de cuentas, encuentra su clave en una perspectiva de negación de sus propias condiciones de posibilidad con miras a la formación de un pueblo auténtico, lo que puede llegar hasta el exterminio de sí mismo”. Me da la impresión de que sus palabras, tan ominosas, rozan lo que se perfila que va a acabar siendo uno de nuestros problemas más graves. O
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l Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió en poco más de una semana tres de las demandas de los siete partidos de oposición que abandonaron la sesión el pasado miércoles 18 de febrero: concedió medidas cautelares contra las campañas del PVEM, aprobó los dos puntos de acuerdo cuyo retiro provocó la reacción de los opositores, y propuso a un titular de la Unidad de Fiscalización. Sin embargo, las respuestas no atienden el fondo del problema planteado por los representantes de los siete institutos políticos: el control del PRI y del gobierno sobre la institución, cuya mejor muestra son las soluciones propuestas y su implementa-
ción. Las más claras son las medidas cautelares y la designación del nuevo titular de la Unidad de Fiscalización. La decisión de aplicar las medidas cautelares para retirar los promocionales de los legisladores del Partido Verde relacionados con los vales para medicina fue acordada en la Comisión de Quejas el domingo por la tarde, pero no se notificó a las televisoras sino hasta el martes a las 10 de la mañana, con lo cual la campaña se mantuvo hasta la mañana del miércoles, es decir, casi 60 horas después de tomada. En contraste, cuando se decidió el asunto del promocional del PRD en el que se incluía a Joaquín López Dóriga, la determina-
ANÁ L IS IS ción fue adoptada el sábado por la tarde, y el domingo por la mañana, menos de 24 horas después, ya se estaba acatando. Los consejeros argumentarán que en ambos casos se actuó conforme a lo establecido en el reglamento, lo cual es cierto, pero también lo es que el trato resulta muy desigual, y eso es precisamente aquello de lo cual se quejan los partidos políticos que se retiraron del consejo. En el caso del titular de la Unidad de Fiscalización, la demanda de remover a Alfredo Cristalinas como encargado de despacho tiene su origen en su actuación como fiscalizador de los gastos de las campañas presidenciales, particularmente en lo relacionado con el rebase de los topes de gastos de campaña y el expediente y la resolución del caso Monex. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, defendió frente a los representantes de los partidos políticos que no tenía forma de nombrar a un nuevo titular porque la legislación obliga a conseguir el voto aprobatorio de ocho consejeros electorales y no los tenía. Ese fue uno de los primeros obstáculos que estableció el PRI (Proceso 1999), ya que al colocar a cuatro de los 11 integrantes del consejo con derecho a voto, en automático adquirió el poder de veto. Y la propuesta que hizo Córdova lo muestra con meridiana claridad: Eduardo Gurza Curiel, sin duda, es un experto en la materia, pero también es un fiel servidor priista (al margen de que sea o no militante de dicho partido, es un hecho que su vida en la función pública ha sido al amparo de los gobiernos priistas). De acuerdo con la información disponible, incursiona en el sector público en
1989 como subcontralor y coordinador sectorial en la Secretaría de Gobernación, justo cuando el titular de dicha dependencia era ni más ni menos que Fernando Gutiérrez Barrios. Allí labora hasta el cambio de secretario en 1993, cuando el nuevo gobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, lo nombra coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, donde está hasta 1998. De ahí pasa a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, entonces a cargo del ahora contralor del INE, Gregorio Guerrero Pozas (quien había fungido como delegado de Banobras en Tlaxcala de 1993 a 1997, donde se conocieron); en dicha dependencia logra trascender a Guerrero y a su cambio a la Auditoría Superior de la Federación, y la deja en 2013, para integrarse a la Secretaría de la Función Pública. Su trayectoria no deja lugar a dudas: ha estado vinculado al salinismo y, desde el inicio del sexenio, al actual gobierno federal, y muy probablemente su nombre lo sugirió el actual contralor del INE. Un candidato con ese perfil por supuesto que obtiene la aprobación del PRI y del PVEM, así como el voto favorable de los cuatro consejeros del bloque tricolor; pero es “una fuga hacia adelante”, pues no soluciona el fondo del problema; simplemente se recurre a un cambio de personas, pero se mantiene la línea más allá de posibles cambios formales, y esto podrá confirmarse en el momento en que se realice la fiscalización del actual proceso electoral. Peor todavía, la designación de un titular con este perfil evidencia la captura del órgano electoral por parte del bloque de cuatro consejeros afines al tricolor.
Este control ya se había evidenciado en la integración de los Organismos Públicos Locales (llamados Oples en la jerga electoral mexicana), cuando el bloque de cuatro consejeros marcó la pauta para la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de las 17 entidades e impuso a casi las dos terceras partes de los integrantes (Proceso 1959, 1978 y 1979). Pero hoy tiene dos agravantes: una, el reconocimiento explícito de Córdova de que la disposición de la mayoría calificada de ocho votos aprobatorios para algunos nombramientos afecta negativamente el funcionamiento institucional; y dos, la manifiesta intransigencia del bloque a pesar de la crisis institucional. Por otra parte, los representantes de los partidos seguramente tienen muy en cuenta que el artículo 90 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su párrafo 1: “Cuando el representante propietario de un partido y, en su caso, el suplente no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo General del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate”. No hay disposición expresa en el caso de las comisiones y los comités, con lo cual su ausencia en los mismos no tendría la misma consecuencia; pero en el caso de las sesiones de los consejos (general, locales y distritales) la guillotina pende sobre su cabeza. Córdova y la mayoría de los consejeros reaccionaron ante las acciones de los siete partidos de oposición, mas la crisis persiste y los márgenes de maniobra son cada vez más estrechos. O
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Moisés González Navarro,
historiador de la contradicción social ENRIQUE SEMO
E
l 10 de febrero se apagó la vida fructífera de un historiador que en muchos aspectos fue un pilar de nuestra ciencia en México durante medio siglo. Me refiero a Moisés González Navarro. Su vida es un ejemplo poco común de dedicación incansable a la investigación y a la labor docente. Ha inspirado a varias generaciones de historiadores a través de un inagotable trabajo de enseñanza y formación de investigadores. Ha llenado de hipótesis fecundas todas las etapas de la vida nacional, y a la vez ha escrito cuatro obras monumentales, eruditas, sustentadas en toda clase de fuentes: archivos, hemerotecas, estadísticas y obras de pensadores del pasado, siempre con una aproximación crítica. Conocí a González Navarro en El Colegio de México, al cual estuvo ligado toda su vida. Yo comenzaba mi trayectoria de investigador para una obra que planeaba Daniel Cosío Villegas y que desgraciadamente nunca se escribió: una continuación de la Historia moderna que debía cubrir los años de la Revolución Mexicana. Los dineros no llegaron y en su lugar se iniciaron estudios sobre demografía y maíz. De ese primer encuentro guardo un recuerdo entrañable. Moisés irradiaba una tensión intelectual, un sentido celoso de independencia, una honestidad que a algunos parecía intimidante pero que a mí me atrajo de inmediato y sirvió de base para una amistad que nos unió intermitentemente durante largos años. Se negaba rotundamente a la trivialidad, la pequeñez y la impertinencia. Había una posición moral en constante alerta sobre todo a aquello que pudiera ser ridiculizar valores o ideas importantes. Para Moisés la sociedad mexicana era movida por la contradicción: la lucha de clases, la lucha de castas, la lucha entre religiosos y secularizados. Y muy frecuentemente en sus lienzos de la vida nacional aparecían todos ellos juntos. Son pocos sus libros en los que faltan los marginados, los trabajadores, los campesinos, lo que ahora se llama eufemísticamente clases subalternas. También había un fuerte sentimiento nacionalista
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que se hacía sentir en su manera de ser. Pero creía profundamente en el deber del historiador de guardar la objetividad, en buscar auténticamente la verdad. Al concebir la contradicción como la esencia de la sociedad podía representar las diferentes posiciones y ser al mismo tiempo fiel a sus propios intereses y convicciones. Al trazar todas las peripecias de dichas posiciones y sus exponentes eludía juicios personales. Refiriéndose a la terrible crisis del nacionalismo durante y después de la guerra con Estados Unidos, González Navarro refiere: “Don Lucas (Alamán) escribió el 13 de mayo de 1848 a Monte Leone, en un momento de gran angustia producido por las sublevaciones indígenas, sus temores de que al retirarse el ejército norteamericano –lo que ‘en otras circunstancias sería una felicidad’– se desatara una guerra de castas, ‘siendo de ellas la menos numerosa la blanca. Será la que habrá de perecer, y con ella todas las propiedades que le pertenecen’. En esos momentos críticos Alamán casi llegó a lamentar la salida del ejército de Estados Unidos”.1 He leído la mayor parte de los libros de Moisés. Su enorme obra no es toda del mismo nivel. Siempre rica en información, en detalles poco conocidos, no toda es muy clara. Es posible que un lector lo conozca por una obra que no le guste, pero sus principales libros son un semillero de ideas e información que hasta el día de hoy representan un caudal del cual no podemos prescindir los aficionados a la historia de México y los investigadores que buscan fuentes e ideas nuevas por igual. En una entrevista que le hicieron, decía sobre su formación: “El Centro de Estudios Sociales (del Colegio de México) tenía entonces una inspiración weberiana en sociología, una gran influencia de Harold Laski en ciencia política y de Keynes en economía (…) –Weber, Laski, Keynes–, y en ellas nos formábamos los estudiantes. Karl Marx, en cambio, estuvo ausente. A la distancia, he llegado a pensar que quizá hubiera convenido un cierto 1 Moisés González Navarro. México: el capitalismo nacionalista, CostaAmic Editores, México, 1970, p. 33.
Especial
EN S AYO
González Navarro. Medio siglo de investigación
equilibrio, y que éste se hubiera logrado si hubiéramos tenido como profesor a Wenceslao Roces, marxista español (...) Tuvimos un pequeño equilibrio con Mario de la Cueva que, aunque no era marxista, era una persona muy abierta, con estudios en Alemania y que conocía la obra de Marx”.
Santa Anna no es el dominador de México, sino su hechura Con el tiempo, esa ausencia fue superada con numerosas lecturas. Así, en el prólogo de Anatomía del poder en México, Moisés nos dice: “Este trabajo ha intentado aplicar algunas categorías de Max Weber y de Carlos Marx. En buena parte con base en la sociología weberiana, en 1968 elaboré un ‘tipo ideal’ de caudillos y caciques. A los primeros los consideré con mentalidad urbana, dispuestos a una obra de alcance nacional, partidarios del cambio social, portadores de un programa (…) los segundos tienen una mentalidad rural, su obra es de alcance regional, defienden el statu quo, se expresan en jacqueries y su dominación carismática se transforma en tradicional”. Y continúa: “El carisma, concepto común a ambos tipos de dominación, Marx lo desmitificó antes (…) En efecto, Marx rechaza la obra de Víctor Hugo sobre Napoleón III porque únicamente ve en ése el acto de fuerza de un solo individuo, sin advertir que de este modo, contra su propósito, lo engrandece en lugar de empequeñecerlo, como era su deseo. Marx en cambio cree mostrar que las luchas de clase francesas crearon las circunstancias y las condiciones que ‘permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe…’. Todo eso lleva a un concepto esencial en la obra de Marx: Los hombres hacen su propia historia, pero no arbitrariamente, ‘sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado’”. Hasta aquí la cita. Luego González Navarro demuestra un serio conocimiento de las obras políticas e históricas de Marx y Engels, para concluir: “La lucha de clases propiamente dicha
se acentúa al desaparecer la centralización virreinal que, en algunos casos, la frenaba. Así, los hacendados luchan contra los comuneros, los arrendatarios, los aparceros y los peones libres y los acasillados; los industriales, contra los artesanos y los obreros; y los mineros (quiere decir los dueños de minas), contra los barreteros”.2 Más adelante enfatizará que Santa Anna no es el dominador de México, sino su hechura. Podemos decir que algunas obras de Moisés están claramente dentro de la corriente de la economía sociológica (la Wirtschaftssoziologie alemana) que es una descripción interpretativa de instituciones económicas relevantes, incluyendo hábitos y toda forma de conducta en general, como son el gobierno, la propiedad, la empresa privada, la conducta basada en la costumbre o la conducta racional, para usar las palabras de Schumpeter. La sociología económica –para utilizar el término que Marx, Weber y Durkheim introdujeron– puede ser definida como la perspectiva sociológica aplicada a los fenómenos económicos. O más precisamente, la aplicación de marcos de referencia variables y modelos explicativos de sociología al complejo de actividades relacionadas con la producción, distribución, cambio y consumo de bienes escasos y servicios. Sus grandes exponentes son (en estricto orden cronológico) Carlos Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Joseph Schumpeter, Karl Polanyi, Talcott Parsons y Neil J. Smelser. Hoy día la corriente ha resurgido y conoce un auge, como lo demuestra el libro de Thomas Piketty El capital en el siglo XXI. El uso de métodos inspirados en la sociología económica se manifiesta sobre todo en la obra principal de Moisés González Navarro, elaborada como parte de la monumental Historia moderna de México, dirigida por Daniel Cosío Villegas, seguida de Estadísticas sociales del porfiriato 1877-1910. Este volumen está compuesto de cinco grandes partes. La primera corresponde a 2 Moisés González Navarro. Anatomía del poder en México 1848-1853, El Colegio de México, México, 1977, p. 3.
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lo que el autor llama el “trasfondo humano”, donde aparecen los aspectos más generales de la población: censos, movimiento demográfico, campañas contra endemias y epidemias, abuso del alcohol, agudas carencias en la habitación y programas de inmigración con sus prejuicios raciales. La segunda parte engloba problemas como la consolidación del latifundio a través de la protección de las compañías deslindadoras por el gobierno porfiriano, así como de las corruptelas que desde la Colonia pesan sobre el peón. Y aquí González Navarro nos proporciona un estudio profundo –quizá el mejor que existe– del trabajo compulsivo en México a finales del siglo XIX. Todas sus múltiples formas desfilan ante el lector con el propósito de probar que la ausencia de una estructura legal para la servidumbre de ninguna manera impide la presencia de ésta. Luego el autor pasa a estudiar las huelgas que estallaron durante el porfiriato pese a que eran prohibidas por la ley, al igual que la importancia de la arbitrariedad, los malos tratos, los ceses injustificados y la imposición de multas y trabajos nocturnos como causalidades de la rebelión obrera. La tercera se refiere a la formación de las clases: de un lado los grandes propietarios y del otro la plebe; en medio, la burguesía, que según Bulnes nació con el pecado original de ser hija del presupuesto público y no de una Revolución Industrial. Esta parte aborda con lujo de detalles el desajuste entre precios y salarios, y el desfile de la nueva burguesía representada por el político influyente, el extranjero emprendedor, el técnico de la naciente industria. La cuarta parte, relativa a la instrucción pública, contiene una información amplísima sobre la enseñanza primaria y las políticas del gobierno sobre la educación media y superior hasta llegar a la creación de la nueva Universidad Nacional. En ella también se reflejan las diferencias sociales. La quinta parte aborda diferentes aspectos del uso del tiempo libre sin perder el hilo conductor de los contrastes entre la plebe y los ricos. Se puede decir, sin exagerar, que Moisés González Navarro
ha producido un panorama en el cual se funden en una sociedad de muchos pisos los elementos sociológicos, económicos y culturales en forma orgánica, buscando el todo de la historia social.
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El primer libro de estadísticas históricas de México
El Colegio de México. Su institución
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El tomo sobre Estadísticas sociales 1877-1910 es sin duda el primer libro de estadísticas históricas de México de gran envergadura. González Navarro lo realizó en el marco del Seminario de Historia Moderna de México, dirigido por Daniel Cosío Villegas y patrocinado por El Colegio de México y la Fundación Rockefeller. Su fuente principal fueron los tres censos que cubren los últimos 15 años del porfiriato, 1895-1900 y 1910. Además, se usan las Memorias de las secretarías de Fomento y de Gobernación, y las particulares de los estados. Hay igualmente cuadros sobre los movimientos de población, la criminalidad, los presupuestos de educación, guerra, policía y salubridad. Importante lugar ocupan las estadísticas sobre la propiedad territorial, la relación entre ranchos y haciendas y la enajenación de tierras nacionales por las compañías deslindadoras. Otra materia fundamental de esas estadísticas es la educación primaria, secundaria y profesional, así como las instituciones de la vida cultural: museos, bibliotecas, sociedades científicas y literarias y publicaciones periódicas. He visto a Moisés González Navarro siempre como un historiador apasionado por los grandes problemas de nuestra historia, ajeno a la trivialidad o los vanos florilegios. En el libro México: el capitalismo nacionalista, estudia en forma brillante el desarrollo de la conciencia burguesa en nuestro país durante el siglo XIX, sin la cual no podemos imaginar el surgimiento del capitalismo como modo de producción. En ese propósito weberiano de Moisés González Navarro sale sobrando la pregunta: ¿Qué fue primero, el capitalismo o la conciencia capitalista? No resisto el impulso de citar unos párrafos que reflejan la influencia decisiva del liberalismo capitalista en todo el mundo, a lo largo del siglo XIX, sobre todos los gobiernos, incluso los políticamente más opuestos, como el republicano, el liberal de Juárez y el monárquico y colonialista de Maximiliano. El liberalismo era el zeitgeist, el espíritu de la época, al cual nadie podía escapar, del mismo modo en que el neoliberalismo de nuestra época se ha impuesto más allá de las fronteras nacionales y las orientaciones políticas de los gobiernos. “En dos puntos principales –escribe González Navarro– se pueden observar coincidencias en la legislación republicana y en la monárquica, entre la República y el Imperio (…), la separación de la Iglesia y el Estado (…) Juárez declaró la nacionalización de los bienes del clero el 12 de julio de 1859; Maximiliano confirmó esta disposición el 26 de febrero de 1865. En octubre de ese mismo año el Imperio confirmó la existencia del registro civil establecido por Juárez el 28 de julio de 1859. El propio Juárez decretó la secularización de los cementerios el 31 de julio de 1859; Maximiliano lo confirmó el 12 de marzo de 1865. Por último, Juárez decretó la libertad de cultos el 4 de diciembre de 1860; Maximiliano la confirmó el 26 de febrero de 1865”.3 Prosigue González Navarro: “Intimamente ligado con el problema de la propiedad (de la tierra) está el del trabajo. En el Congreso Constituyente de 1856 se atacó violentamente la ex3 Moisés González Navarro. México: el capitalismo nacionalista, CostaAmic Editores, México, 1970, p. 57.
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plotación de los trabajadores, pero al mismo tiempo se sancionó la libertad burguesa de la igualdad formal de los contratantes en relación al trabajo. Ignacio Ramírez criticó la injusticia de continuar la servidumbre de los jornaleros, pidiendo adelantarse al socialismo concediendo un rédito al capital trabajo… “Maximiliano liberó en 1865 a los peones endeudados y decretó una ley para dirimir las diferencias sobre tierras y aguas de los pueblos.”4
Cristeros contra agraristas Otra obra importante de González Navarro es Cristeros y agraristas en Jalisco. Después de las historias generales sobre la Cristiada de Alicia Olivera y de Jean Meyer a finales de los años 60 y principios de los 70, se cayó en la cuenta de que el tema daba para mucho y comenzó a ser abordado prolíficamente. El primer tomo de la obra de Moisés publicado en el año 2000 es en realidad una historia políticosocial que comprende varias décadas del pasado de Jalisco, como campo de la acción histórica. La tardanza de la solución del problema de la concentración de la propiedad agraria hizo que los interesados, peones, medieros, rancheros y hacendados, se inquietaran, y que la Iglesia católica expusiera su parecer en el debate sobre el problema. De ese modo la Iglesia pasó a formar parte de la cuestión agraria, y ésta del problema religioso vigente, involucrando al Estado y a todas las fuerzas del país. Moisés aprovechó el gran caudal de documentos locales y un gigantesco repertorio de fuentes secundarias que combinó abandonando la cronología tradicional y recurriendo al recuento simultáneo de eventos, vistos por un sujeto imaginario que es el ciudadano bien informado y consciente de su pasado. El libro, escribe Servando Ortoll, “nos invita a reflexionar y a entender lo que aconteció en Jalisco durante la segunda década del siglo XX: Cómo llegaron hermanos a enfrentarse con hermanos; cómo renacieron odios que en apariencia se habían sofocado con el triunfo de los liberales al término de las guerras de reforma; cómo se dieron las alianzas interclase de los tapatíos contra los que ellos veían como sus opresores más brutales; cómo se unieron los curas a los creyentes o cómo los creyentes siguieron a un puñado de párrocos”.5
Indios mayas contra terratenientes blancos Otra obra importante de González Navarro es Raza y tierra: La guerra de castas y el henequén, en la cual llega el turno a las grandes guerras que los campesinos yucatecos, reducidos a una especie de esclavitud, libraron contra los terratenientes, que les adjudicaban la condición de seres inferiores. Relata González Navarro: “A mediados del siglo XIX no se advierte en el interior del estamento indio una aguda lucha de clases (…) De hecho, caciques y maceguales vivían de igual modo, casi sin diferencia alguna. Por todas 4 Op. cit., p. 59. 5 Ortoll, Servando (abril-junio 2013), Reseña de “Cristeros y agraristas en Jalisco” de González Navarro, Historia Mexicana N.4, 2003, pp. 116-121.
esas razones, los caciques eran respetados por sus subordinados. “Precisamente los tres principales jefes de guerra de castas iniciada en Tepich en 1847, Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat, eran caciques (…) Ay y Chi tenían en común haber peleado en las guerras civiles; Chi… pasaba por ser el más sanguinario de todos: búho, gavilán, buitre, águila, zorro, hiena, pantera, tigre, etcétera, son los animales con que le compararon algunos de sus enemigos. Su programa consistía en el total exterminio de los no indios. Ay en cambio se conformaba con expulsarlos de Yucatán. Aunque los tres eran caciques, Cecilio era pobre, Jacinto latifundista, bien relacionado con los más ricos comerciantes de Tecax Mérida y Campeche. Pat, además, no era indio, sino mulato, y (…) según algunos, no participaba del feroz odio de Cecilio contra los blancos…”.6 Más adelante, González Navarro deja claros los objetivos iniciales de la rebelión haciendo hablar a los mayas rebeldes. “Los indios atacantes de Valladolid el 13 de febrero pidieron parlamento y propusieron la reducción de la contribución personal a un real mensual, la devolución de las armas que les habían quitado, el castigo de Vázquez y Trujeque por haberlos engañado, la indemnización por los perjuicios que éstos les habían causado, la reducción del derecho de matrimonio a 10 reales y el bautismo a tres (…) Estas negociaciones abrieron la puerta a las que durante dos años celebraron varios jefes rebeldes con algunos sacerdotes…”.7 Y para cumplir con su concepción de la historia con base en la contradicción y la lucha social, González Navarro refiere la posición del otro lado, el gobierno y los terratenientes: “Justo Sierra O´Reilly pidió el 7 de marzo de 1848 la ayuda de Estados Unidos. Por su parte, Méndez, desesperado ante el avance de los indios, ofreció el 25 de ese mes el dominio y soberanía de Yucatán a Estados Unidos, España e Inglaterra, para que salvaran a la raza blanca de la ferocidad de la aborigen, pero desistió de esta petición el 18 de abril de ese año, después de que fracasó su intento de interesar a Inglaterra…”.8 Hay libros que valen exclusivamente por su valor individual y otros que deben colocarse en una visión metodológica única, orgánica, siempre en movimiento, del tema nacional. Los libros de Moisés González Navarro pertenecen al segundo género. Además hay en él una pasión insaciable por el conocimiento, lo controversial, y muy frecuentemente por el tema que prohíbe lo politically correct, la opinión dominante. Sin importar los terrenos que uno pise, siempre nos encontramos a González Navarro abriendo brecha, empezando caminos, revelando nuevas facetas del riquísimo pasado mexicano o bien acumulando montañas de información sobre temas apenas esbozados. Si a eso agregamos la honestidad, la bondad y el calor humano que siempre lo caracterizaron, se comprenderá que su evocación cauce añoranza. Descansa en paz, amigo. 6 González; Navarro, Raza y Tierra: la guerra de castas y el henequén, El Colegio de México, México, 1979, p. 76. 7 Op. cit. p. 81. 8 Ibidem, p. 85.
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Francisco Daniel
Raquel Tibol llenó como nadie el espacio de la crítica de arte contemporáneo de México en la segunda mitad del siglo XX. Murió el 22 de febrero a los 91 años. Colaboradora del periódico Excélsior dirigido por Julio Scherer García, y fue la encargada de martillear la subasta a la que se convocó a los artistas mexicanos para fundar Proceso. Desde el 6 de noviembre de 1976 hasta el 4 de marzo de 2000, entregó semana a semana su columna “Arte” para este semanario. Con una serie de testimonios de algunos de los más destacados personajes de la vida cultural que compartieron su trabajo, sus compañeros todos de esta revista le tributamos un reconocimiento. 74
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C U LT U R A
Este texto, solicitado a Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es un mosaico donde va desplegando la manera como la crítica de arte incorpora a su análisis tanto el compromiso de su postura de izquierda como su capacidad de percepción del arte contemporáneo, y la evolución de la apología muralística a sus contradicciones. Así se cuenta aquí, por ejemplo, el desencuentro con Siqueiros, que va más allá de una “bofetada” espectacular hasta rastrear sus orígenes en el acercamiento del muralista al Estado.
La
decepción RENATO GONZÁLEZ MELLO
E
n el volumen correspondiente al Arte moderno y contemporáneo de la Historia general del arte mexicano de la editorial Hermes, publicado en 1964, Raquel Tibol se refirió muy elogiosamente a Rufino Tamayo. Era obvio que la búsqueda de ese pintor era contraria a las que tenían la adhesión y el entusiasmo moral de una autora abiertamente comprometida con el proyecto de la pintura mural; pero dos páginas de reflexiones, mucho antes de que rompiera con Siqueiros o se disolviera la Unión Soviética, atestiguan un interés sólido: ...si los realistas inician su búsqueda en el rostro cierto de las circunstancias, Tamayo con un humor sutil, mixtura de Rabelais y Julio Verne, se evade de lo concreto, rompe los cerrojos terrenales y se obsequia a sí mismo la libertad de conquistar un ámbito cósmico, abandonándose a una perplejidad dionisíaca ante lo inmensurable. Llegada a México en los años cincuen-
de Raquel
ta, por invitación de Diego Rivera, Tibol se desempeñó muy pronto como crítica de arte y periodista. El primer oficio lo perfeccionó a lo largo de su vida. Las notas que publicó durante las primeras dos décadas de su labor no son fácilmente accesibles; deberían ser objeto de una selección y recopilación. Esos artículos tempranos están construidos a partir de análisis formales muy rigurosos, pero articulados con las preocupaciones políticas típicas de las izquierdas en aquellos años. Por ejemplo, refiriéndose a un mural de Siqueiros, dijo que (...) se deleita en el trazado de esas líneas curvas, elípticas, espirales (...) Además de ritmos, esas líneas crean términos en el plano, según el vigor o la esfumatura de sus perfiles. Los ritmos y los términos en su conjunto son la armazón, la malla o el esqueleto donde arraigará, crecerá y se consolidará la estructura plástica. Entrelazado con esa reflexión sobre lo que percibía el ojo, incluía siempre una
consideración sobre lo que, en su punto de vista, era el verdadero principio de articulación: la historia (en “Descripción de un mural”. Excélsior, 7 de junio de 1959): Ahí está el mártir amortajado en la bandera nacional junto al llanto de su esposa o de su madre, y están los líderes que tienen conciencia y valor para levantar las banderas de la huelga, hay un pueblo anhelante que los impulsa y los sostiene. Estas vías paralelas, la crítica de arte y el comentario periodístico, crecen cuando Raquel Tibol se incorpora al equipo de la revista Política, donde colabora muy cerca de Manuel Marcué Pardiñas, con responsabilidades editoriales que van más allá del mundo de las artes. En 1964, cuando aparece su volumen en la Historia general del arte mexicano, tiene por fin una oportunidad de presentar su visión mixta de historia política e historia del arte. Retoma de Justino Fernández la idea de que hay formas importantes de continuidad entre las artes de los siglos XIX y XX, pero sin diluir
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las enormes diferencias entre los artistas posrevolucionarios y quienes los precedieron. Muy ágil en su síntesis, le preocupa caracterizar los méritos (o deficiencias) de los pintores a partir de obras concretas; aunque esos méritos suelen estar relacionados con una historia mayor cuyas fuentes están en la tradición liberal. Al referirse a Siqueiros y el mural que pinta con un equipo en el Sindicato Mexicano de Electricistas atribuye al pintor una estética basada en las superposiciones (p. 173): la simultaneidad y la superposición plástica encuentran su correspondencia en la simultaneidad y superposición de significados poéticos y políticos, es decir, forma y contenido indisolublemente unidos. Más aún, en el conjunto de sus murales Siqueiros “ha logrado instantes maestros de intensidad sentimental”, y era un revolucionario, renovador, teórico y polemista que ha entregado al arte una curiosidad trascendente y una saludable inconformidad”. Para otros artistas no regateó la crítica. De Jorge González Camarena, por ejemplo, dijo que “durante mucho tiempo identificó la superioridad del tema con el alambicamiento alegórico”. De este pintor de alegorías monumentales y con frecuencia autoritarias, destacó la pintura de historia en la Cámara de Senadores (p. 194): González Camarena ha levantado un monumento al liberalismo mexicano y a su acción más avanzada: la Revolución de 1910. Muy a tono con lo que se pensaba en aquella década, concluyó su libro asegurando que en el “futuro muy próximo” habría “creaciones superiores” en el terreno de la “integración, etapa culminante en todo proceso artístico colectivo”. Este “proceso maravilloso de reafirmación y optimismo” se iba a nutrir del “ingenio creativo del pueblo”, incorporando las innovaciones en la arquitectura, la escultura y la pintura mural del siglo XX mexicanos. En una historiografía heroica, como la del muralismo mexicano, las mujeres tenían un lugar subordinado. Por eso la memoria pública establece como una anomalía que Raquel Tibol abofeteara en un congreso a David Alfaro Siqueiros (en abril de 1972). Este pequeño incidente ocurrió en un momento doloroso. Aunque Raquel se refirió con frecuencia a “la cachetada”, habló poco de sus motivos más profundos hasta los años noventa. En el coloquio “Otras rutas hacia Siqueiros”, organizado por Olivier Debroise en el Munal, en 1996, lo explicó desde el público, palabras más palabras menos: todos los que estuvimos cerca de Siqueiros sentimos un enorme desconcierto por sus posiciones públicas a principios de los años
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setenta, y eso nos llevó progresivamente a distanciarnos de él. Este comentario lo hizo a propósito de una intervención de Arnoldo Martínez Verdugo, que presentó una versión del informe póstumo elaborado para el Comité Central del Partido Comunista sobre sus desavenencias tardías con Siqueiros. La historia no es un secreto: El 30 de enero de 1971, casi un año antes de la inauguración del Polyforum, el pintor había publicado un Llamado a los comunistas en el que denunciaba las políticas del Comité Central del PCM y elogiaba al presidente Echeverría. Recordó los frecuentes cambios de rumbo que tuvo la política del PCM en los años treinta, cuando desautorizó a Lázaro Cárdenas y luego “terminó por convertirse, virtualmente, en un partido cardenista, un verdadero apéndice de la burguesía en el poder” (Excélsior, 30 de enero de 1971). Siqueiros fue expulsado del Comité Central (no del Partido). Es posible imaginarse el problema de conciencia muy difícil para Arnoldo Martínez Verdugo, que había sido estudiante de pintura en La Esmeralda. (El documento de Martínez Verdugo, “Siqueiros y el Partido Comunista”, pertenece a la documentación del 3er pleno del Comité Central del PCM, y se conserva en el archivo del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista). Tibol publicó en julio de 1970, antes de la divergencia de Siqueiros con el Comité Central, una crítica de sus declaraciones más bien piadosas al entregar un Cristo de la Paz a un representante papal. En diciembre de 1971, cuando Siqueiros había sido excluido del órgano dirigente, emprendió una crítica severa del mural La marcha de la humanidad. La calificó de “mexican curious”. Dijo que mostraba un “ilegítimo matrimonio entre la imagen y la palabra”. Dijo que tenía “efectos tremendistas”. Contrastó desfavorablemente el mural con todos sus murales anteriores. Y años después, reseñando el Congreso de Artistas Plásticos de 1972, de plano lo recordó como un ultra, provocador y asambleísta. Tibol utilizó una expresión nueva para referirse a las alternativas de Siqueiros (Confrontaciones, Ediciones Sámara, 1992, pp. 232-254): (...) se puso a exaltar el arte de Estado. La reflexión de Tibol sobre Siqueiros es semejante al análisis doloroso y lúcido de Carlos Monsiváis sobre Salvador Novo. ¿Por qué aquellos intelectuales no habían entendido la magnitud de la ruptura? ¿Por qué se declararon con tanta franqueza en contra de los estudiantes? Siqueiros, dijo Martínez Verdugo, “vio con desconfianza la potente acción estudiantil y popular”. De un día para otro, Tibol se
TERESA DEL CONDE *
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e puede creer que cuando la persona recién fallecida ha tenido una vida rica, productiva, exitosa y larga, a más de encontrar reconocimiento y loas, como es el caso de Raquel Tibol, su partida va a afectar menos. No solemos tener en cuenta que se forma un hueco y que éste queda tanto en los aspectos emotivos de la nostalgia y el afecto, como en los de la vida profesional. Este breve escrito es un recuerdo que dedico a todos aquellos que sienten, como me sucede a mí, que en cierto modo con ella concluye una época. Yo lamento no haber tenido la oportunidad de rendirle un tributo fúnebre, pues el velorio o despedida fúnebre permite a amigos y conocidos del difunto compartir la pena. En la nota un poco apresurada que dediqué a Raquel el pasado martes 24 en el diario La Jornada no toqué aspectos amistosos, pues me propuse de algún modo revivir uno de sus momentos escriturales a partir de testimonios que ella misma recopiló y transcribió. Es decir, aludí al método por medio del cual expresaba un pensamiento suyo sin valerse de comentarios interpretativos –lo hacía mediante citas de documentos por ella misma rescatados–.
percata de que está muy cerca del terreno donde se difiere del sistema en general, y no sólo de un presidente en turno; y que comparte ese espacio de disidencia con los jóvenes a los que años antes tachó de “esteticistas”. A su indispensable antología de textos de Siqueiros, publicada por Empresas Editoriales en 1969, se iban a sumar en un breve lapso cuatro volúmenes nuevos sobre Siqueiros (dos de ellos traducciones). Pero en 1974 publicó un texto más breve que señala un cambio de dirección claro, desde el título mismo: Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo. No es una antología de documentos: es un largo ensayo en el que analiza un conjunto amplio de obras de Tamayo, y en cambio sólo un mural de cada uno de los muralistas, eligiendo para ello obras más bien marginales. Tal vez sólo Orozco se salvó de un comentario melancólico, nostálgico o malhumorado. Sobre el Hombre radiante de alegría de Tamayo comentó (p.18): ¿Estaban en 1968 los hombres de México radiantes de alegría? ¿En qué parte del mundo había en 1968 [...] hombres radiantes de alegría?.
C U LT U R RA A
Lo que la ausencia arroja Es decir: en todas formas “acarreaba agua para su molino”, como dice el dicho. Hubiera querido decir que mi relación con Tibol, aunque fue predominantemente profesional, tuvo momentos de regocijo, tintes afectivos y sobre todo estuvo cargada de un reconocimiento matizado por mi parte de admiración. Pese a los “tibolazos” que sí llegué a recibir, sobre todo hace tiempo, sí sentí que ella me guardaba simpatía y respeto y eso se manifestaba espontáneamente cuando nos encontrábamos –sin haberlo planificado– en algún sito. Recuerdo ahora con viveza los desayunos que tenían lugar en el Centro Cultural Tlatelolco cuando se inauguraba allí alguna de las exposiciones de la Colección Blaisten o bien cuando conjeturábamos que el encuentro tendría lugar, cosa que ocurrió varias veces, sobre todo, pero no únicamente en el Museo de Arte Moderno. Es obvio que yo supe de Raquel Tibol antes de que ella supiera de mí. Empecé a leerla desde su columna en Excélsior (“Arte y Público”) y la frecuenté en el suplemento de Novedades. Un reportaje suyo en dicho periódico
fue definitivo como antecedente del texto (es una carta a Fernando Benítez) de donde hemos extraído “la cortina de nopal” de José Luis Cuevas (1958) como si se tratara de un manifiesto, cuando que es un relato sobre un supuesto pintor chambista el texto que da lugar a la justificadamente famosa frase. Raquel fue ducha en todos los medios, le encantaba la radio y sus cápsulas siguen escuchándose en el Opus 94 del Imer. Sus incursiones en la televisión fueron múltiples y a varios nos involucró en programas que ella coordinaba para la pantalla chica. Recuerdo la primera vez, cuando me mostró un prendedor muy peculiar que lucía y que tomaba como fetiche: sólo lo usaba al parecer para la televisión. El programa era sobre Nahum B. Zenil y fue cortado de tajo no debido al contenido, sino porque se me salió (a mí que soy tan educada) una mala palabra. Los productores creyeron que era al propósito y todos nos fuimos a la calle. Extraigo de la memoria recuerdos fugaces: como la noche en que Raquel bailó tango a sugerencia de Juan Acha; fue un tango
fenomenal. O la vez que cantó boleros acompañada por la guitarra de Ismael Guardado. La recuerdo en Aguascalientes no una, varias veces, sobre todo cuando se volcó la camioneta que tripularon ella con los jurados de “Arte joven” desde León, Guanajuato. Fuera de unos cuantos moretones, a nadie le sucedió cosa de cuidado, pero a Raquel le recetaron unas inyecciones intramusculares que yo misma le apliqué. Me sucede, ahora que la necesito: se me olvidó lo que estoy haciendo y pensé que ella podía corroborar lo de las inyecciones. La tarde-noche del domingo estuve a punto de llamarle para comentar las posibilidades de Birdman respecto a los Óscares, quería hacer una apuesta porque sabía que a ella le había gustado muchísi8mo Gran Hotel Budapest cuando recibí la llamada compungida de Armando Ponce. O
Pero además rechazó las imitaciones a ciegas de la pintura mural (pp. 6): Un apoyo insistente, y por lo mismo deformante, en lo nacional, ha hecho que cundiera una corriente de exaltación de valores cívicos, un abuso que atribuyó a una reacción defensiva contra el macartismo. Pero acaso lo más sorprendente de Orozco, Rivera, Siqueiros, Tamayo sean sus ilustraciones. A diferencia de otros volúmenes publicados en la colección Testimonios del Fondo de Cultura Económica, como el de Antonio Rodríguez sobre Siqueiros mismo, o el que se dedicó a Silvestre Revueltas, las fotografías del ensayo de Tibol no tienen, a primera vista, una relación obvia con su ensayo. Aunque algunas son detalles de distintos murales, la mayoría retratan viejos muros de adobe descascarados. No parece que fuera una mera decisión de diseño gráfico, como ocurre a veces. La última foto, bajo el colofón del libro, es la fachada de una taquería con un marranito en un perol, un anuncio de Coca Cola y unos graffitis puestos con aerosol y esténcil. Esos muros pelones y desmoronados son el comentario más devastador imaginable sobre lo que había
sido su propia utopía: son los muros sin decoración imaginable (el crédito de las fotos no está en el ejemplar que consulté). No es un adiós definitivo, pero sí un ajuste de cuentas (pp. 5): Considerado desde una plataforma individualista y refinada, el esfuerzo de los maestros mexicanos aparece como un fruto extemporáneo del romanticismo. En cambio, su antología mayor sobre Siqueiros no fue revisada y reeditada hasta 1996. Para mediados de los setenta, Tibol se encuentra escribiendo sobre jóvenes que tienen ideas de intervención política, aunque muy distintas de los muralistas. Sin ceder en sus puntos de vista, tiene bastante paciencia con las críticas de los jóvenes. Sus años en Proceso concluyen este itinerario. Fue la curadora del homenaje a Tamayo por sus setenta años como creador, pero evitó volver a construir un discurso apologético sin cortapisas. Buscó que el catálogo tuviera ensayos de autores muy diversos, reservándose un ensayo sobre la gráfica. Sería largo enumerar el conjunto de sus libros. Tendría que referirme por separado a su trabajo sobre José Clemente
Orozco, y a este respecto valdría la pena reconstruir la Exposición-homenaje de 1979, en la que aparentemente intervino a petición de Fernando Gamboa. La medida en que su posición se enriqueció queda en evidencia con una nota publicada en el aniversario de la trágica muerte de Martha Traba, conocida por la virulencia de su posición contraria a la pintura mural. Sin dejar de lamentar esa negativa, Tibol reconoció el genuino anticolonialismo de la crítica nacida en Argentina (según escribió en Proceso 892, 5 de diciembre de 1993) quien defendió una cultura de la resistencia, capaz de desencadenar un arte regional auténtico, que supiera enfrentarse al arte de consumo. *** Con frecuencia diferimos, a veces de manera pública y estentórea. Nunca pidió explicaciones ni ofreció disculpas. En la historia intelectual no hay buenos y malos, amigos o enemigos; hay problemas que se resuelven y otros que no se podían resolver. O ---------------------------------Nota: Gracias a Víctor Hugo Pacheco, Elvira Concheiro, Rogelio Flores.
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* Crítica de arte, dirigió el Museo de Arte Moderno de 1990 a 2001, es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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Cumpleaños 90 de Tamayo
Curador del Museo Tamayo Arte Contemporáneo desde 1986, Juan Carlos Pereda ha publicado, entre otros, Rufino Tamayo. Catalogue Raisonné. Gráfico 1925-1991 y Tamayo en las colecciones del INBA. Es, como señala en este artículo que Proceso le solicitó, “testigo privilegiado” de una conjunción de personajes que habían sido como “agua y aceite”: Rufino Tamayo y Raquel Tibol.
Cortesía Cristina Gálvez
El histórico
encuentro con Tamayo
JUAN CARLOS PEREDA
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dmirada, respetada, temida, con el tiempo querida, Raquel Tibol signó parte importante de mi vida. El lector disculpará que la aborde desde mi propia persona, pero con el tiempo he ido cobrando cabal conciencia de haber sido testigo privilegiado de un acontecimiento de la cultura de México: la conjunción de dos talentos capitales del siglo XX mexicano, Rufino Tamayo y Raquel Tibol, agua y aceite que juntos dieron un mayor lus-
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tre cultural a los últimos años del milenio. Conocía ya de tiempo a la maestra Tibol cuando nos volvimos a encontrar en el Museo Tamayo, recién lo había recobrado el pintor oaxaqueño de la administración de Televisa, para volverlo patrimonio cultural de México; 1986 no fue un año fácil, pero había que dar consistencia al museo después de las muestras del mainstream con que aquella empresa lo había asociado durante cuatro años de administración. El primer gran proyecto que emprendió el Museo Tamayo bajo la administra-
ción estatal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y con Cristina Gálvez a la cabeza, fue realizar un ambicioso Homenaje Nacional a Rufino Tamayo por sus setenta años de trayectoria artística. Había que hacerlo rápido y bien, por lo que el nombre convocado unánimemente por las autoridades de la SEP y las del INBA fue el de la rigurosa Raquel Tibol. Para lograr la insólita finalidad, sólo el espíritu diplomático y el encanto personal de Gálvez pudo conjuntar a dos temperamentos tan opuestos como fuertes y
C U LT U R A necesarios para el proyecto: el de Olga Tamayo y el de Raquel Tibol, que deberían de trabajar codo a codo para conseguir, en tiempo récord, aquel magno proyecto sobre la obra de Tamayo. Tibol había hecho fama de haberlo visto y conocido todo, su inteligencia, su memoria, su sistemático sentido del deber, su rigor y libertad, consiguieron el deslumbrante programa con el que México honró una de las trayectorias más importantes del arte mexicano del siglo XX. Setenta años de creación fue el punto de unión para que Raquel diera aún más lustre a los años áureos de Tamayo. La crítica de arte, la analista, la historiadora, la poeta, se había interesado sinceramente y de una manera propositiva y viva, crítica y analítica en el trabajo de Tamayo, a quien décadas antes había señalado como un pintor de la burguesía; sin embargo, cambiar de opinión es de sabios y Tibol así lo asumió, no sin antes tener algunas discusiones con Olga, de las que siempre salía airosa. Tibol no necesitó hurgar los archivos de Olga para alcanzar dos libros capitales para la difusión de la obra y la persona de Tamayo: La antología critica de Rufino Tamayo (incluida en la colección Grandes Maestros Mexicanos), en que recogió los textos más significativos escritos sobre el artista en un lapso de cincuenta años, entre 1935 y 1986, en que pone al descubierto su agudo sentido de discernimiento, mismo que la orientó para incluir en ese tomo textos clásicos, dispersos, que no era nada fácil encontrar; generosa con los jóvenes talentosos, reunió a la joven Ingrid Suckaer con el patriarca Luis Cardoza y Aragón, los dos guatemaltecos que más han amado a Tamayo. Ese volumen de 173 páginas reúne lo más granado que se ha dicho sobre el oaxaqueño. Así mismo, la Universidad Nacional Autónoma de México le editó el libro: Textos de Rufino Tamayo, antología de los decires del pintor, que ilustró con la primera selección de viñetas creadas por el artista, desperdigadas por infinidad de publicaciones inaccesibles para el público, todas sacadas de su biblioteca personal. El libro –catálogo de la exposición Setenta años de Creación Artística– fue también un parteaguas en la bibliografía del artista, mismo que, por invitación de Tibol, se engalanó con un diseño y logotipo creado por Vicente Rojo y fotografías tomadas a un Tamayo maduro por Pedro Meyer. Al escribir sobre Tamayo, Tibol convocó a plumas de toda realeza: Octavio Paz, Carlos Monsivais, Jorge Alberto Manrique, Teresa del Conde, Rita Eder, Ramón Favela y la propia Tibol dieron textos para hacer uno de los libros referenciales de la obra y trayectoria del artista. Después de
aquel gran éxito, que se aderezó con conciertos, coreografías de danza contemporánea y un simposio articulado por Tibol, la fama y gloria de Tamayo se actualizó a nivel mundial, y no era para menos, pues la selección abarco 165 óleos, 225 gráficas, 180 dibujos, tres esculturas y 8 murales. Una larga lista de exposiciones de la obra de Tamayo se la encargaron a la maestra: El centro de Arte Reina Sofía en Madrid, la Sala Principal de la Casa Central del Pintor Dependiente de la Unión de Pintores de la URSS en Moscú, el Museo Edvard Munch de Oslo, el Museo del Ermitage en Leningrado, la Staatliche Kunsthalle de Berlín, la Marborough Gallery de Nueva York, todos proyectos que ocurrieron en vida de Tamayo. E incluso, después de su partida, Tibol
trabajó para las muestras antológicas en el Nagoya City Art Museum, que itineró por el Museum of Modern Art de Kamakura, y el National Museum of Modern Art de Kyoto. Finalmente, para concluir su periplo en las curadurías de muestras de Rufino Tamayo, curó la exposición titulada Del Reflejo al Sueño que presentó obras de entre 1920 y 1950, realizada en El Centro Cultural Arte Contemporáneo de la Fundación Cultural Televisa de México, en 1995-96. Cada muestra llevó un texto inédito de Raquel Tibol y de algún o algunos otros invitados en cada ocasión, además de la rigurosa selección de obras pictóricas y gráficas de Tamayo. Este arduo trabajo se reseña en poco espacio y se lee rápido, pero fueron años de un intenso trabajo, de una concentrada dedicación y de un
Manrique: Discrepancias y respeto NIZA RIVERA
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orge Alberto Manrique Castañeda, historiador, académico y también crítico de arte de 78 años, cuya labor fue notable entre la década de los sesenta hasta finales de los noventa, se expresó vía telefónica sobre su colega Raquel Tibol definiéndola como una mujer “valiosa y brava” en la escena cultural mexicana. “Desde luego, la relación de trabajo fue muy cercana, desde que era un jovencito –cuando ella llegó a México en 1953 y yo era un muchacho todavía–, y me interesé en el arte y empecé a conocer de su trabajo. Ya después al laborar coincidimos en muchas cosas, congresos, mesas redondas… para mí fue una mujer valiosa”, dijo el investigador y Premio Nacional de Ciencias y Artes (2005) con un tono de voz fuerte pero con la función del habla menguada debido a problemas médicos que lo hicieron alejarse de la escena pública. “Cuando a veces no coincidíamos en la crítica nos respetábamos, siempre la respeté, era una gente estupenda, muy brava en su trabajo, que nunca pensó que al llegar a México se iba a quedar a hacer una carrera como la que hizo y hacerse mexicana.” –¿Conoció la colección de obra de arte que tenía? –No, no la conocí, fuimos compañeros más que amigos, conocí a Boris Ro-
sen (esposo de Tibol) y platicábamos mucho pero tampoco llegué a ir a su casa, sé que tenía esa colección y debe de ser muy buena porque era en lo que trabajaba. Manrique Castañeda, licenciado y posteriormente doctor en historia por la UNAM, con estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona de París y en la Universidad de Roma, fue académico de la Universidad Veracruzana en Xalapa (1959-1962), profesor del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México (1965-1970), director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM (1974-1980), fundador y director del Museo Nacional de Arte (1982-1983), y director del Museo de Arte Moderno (19871988) del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre sus reconocimientos destacan la Orden al Mérito de la República Italia (1981) y el Premio Universidad Nacional de la UNAM (1992). Entre sus publicaciones se encuentran El geometrismo mexicano (1976, en colaboración), Una mujer en el arte mexicano: Memorias de Inés Amor (1987, en coautoría con Teresa del Conde), coordinador y coautor de Historia del arte mexicano (1982-1983, de 16 volúmenes), y Arte y artistas mexicanos del siglo XX (2000), entre otros volúmenes especializadas en historia del arte publicados en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, y Polonia. O
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El arte de la crítica de arte BLANCA GARDUÑO* aminando al unísono por una senda de silencios y estímulos, el 22 de febrero el dedo flamígero de Raquel Tibol (1923-2015) dejó de alzarse y sus nuevas aportaciones al conocimiento del arte terminaron este día, tras su evolución a los 91 años de edad. Para Diego Rivera, la crítica de arte era “la apreciación de las obras a través de un criterio súper sensitivo en lo estético y absolutamente informado en lo histórico”. Rescato por lo singular y atinada una parte de esta larga conversación con Raquel Tibol titulada “¿Quién critica a los críticos?, realizada por la escritora
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Rosa Carski, directora de la revista Perfiles en el otoño de 1984. La escritora llena de interrogantes sobre el papel del crítico de arte en la sociedad se enfrenta ante el mejor toro para tratar de agarrarle los cuernos. Para resolver dudas sugerí invitar a Raquel Tibol, argentina de origen, nacionalizada mexicana desde 1961. En esa reunión estuvimos la escritora Rosa, su hermana la pintora Leticia Carski y yo. Rosa Carski, sin conocerla en vivo ya que sólo tenía referencias, decide superar los escalofríos ante la personalidad de Tibol “perversamente brillante, con un elevado coeficien-
te intelectual y muy poca indulgencia para los tontos”. La escritora dedica cinco páginas y continúa: “haciendo gala de un magisterial manejo de la palabra y con absoluto dominio de su oficio […] dio cátedra de movimientos artísticos, amplio repertorio de nombres y definió posición ideológica”. Esta entrevista revela aspectos novedosos cuestionados por Carski: “Raquel escribió para los que están dispuestos a estar en la barricada o en la trinchera de lucha. Ganándose la confianza del que lee, se confiesa intermediaria entre el artista, la obra y el público.”
sólido compromiso. Asimismo, articuló, animó y definió la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, de la cual fui coordinador hasta su XV edición y en la que participó como jurado en cinco ediciones con una constante exigencia sobre los demás miembros que ayudó a la vigencia de ese evento, en su momento fue el más aportador y necesario para el conocimiento, difusión y discusión de la pintura joven mexicana. La capacidad de trabajo de Raquel Ti-
bol era impresionante: podía realizar simultáneamente la escritura de textos, la selección de una antología de escritos de diversos autores y la curaduría de dos exposiciones de obra gráfica de Tamayo, en que la selección fue rigurosa y los textos que acompañaron la muestra fueron aportadores y claros, y que terminaron por poner sobre la mesa la necesidad de realizar un catálogo razonado de la obra gráfica del artista, mismo que se realizó con su asesoría. Aquellas exposiciones
habían sido el preludio del Homenaje Nacional a Tamayo por sus setenta años de creación, y se presentaron en la casa de la Cultura de Aguascalientes, el Festival Cervantino en Guanajuato, en la Galería del Estado en Oaxaca, en la primera edición del Festival Cultural de Sinaloa, y fue la muestra inaugural del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Posteriormente fueron presentadas en el Voluntariado de las Casas Reales en República Dominicana y en el Museo Na-
JUDITH AMADOR TELLO
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oetáneos en la investigación del arte mexicano del siglo XX, Raquel Tibol y Alberto Híjar coincidieron también en su militancia política de izquierda. El historiador de arte recuerda que conoció a Tibol en los años sesenta del siglo pasado, cuando él coordinaba el Curso Vivo de Arte, cuya pedagogía revolucionaria fue que realmente era “vivo”. Se realizaban visitas guiadas a objetos y exposiciones. Y se visitaban lo mismo cárceles que hospitales y escuelas. Pidieron entonces orientación a la crítica de arte para que colaborara en el curso en la guía de exposiciones de artistas mexicanos: “Esto dio lugar a que frecuentemente me pidiera algunas de mis diapositivas con las que ilustraba mis conferencias. En especial solía pedirme las de las puertas talladas de madera de la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara, lo cual era una manera de advertir que teníamos relación en nuestras investigaciones históricas, que ella tomaba nota, las apreciaba y cada que nos encontrábamos podíamos mantener conversaciones muy breves pero muy sustanciosas.”
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“En el lado bueno de Híjar narra que Tibol publicó su primer estudio de David Alfaro Siqueiros en la Colección de Arte que coordinaba Pedro Rojas Rodríguez (quien le abrió las puertas en Radio Universidad): “Para mí fue muy revelador. Yo fui muy cercano al maestro Pedro Rojas, trabajé con él en Radio Universidad y tuve una relación entrañable, de modo que así conocí a Raquel, quien contribuyó a consolidar esta serie de libros de arte que después desapareció.” Agrega que Tibol le dejó su sección de artes plásticas en la revista Política (en la cual ella llegó a ser secretaria de redacción), “que con la revista ¿Por qué? eran las dos revistas más connotadas de la izquierda y, bueno, los periódicos y revistas del Partido Comunista Mexicano, que daba bandazos a más no poder”. Híjar entró así de lleno al periodismo, si bien ya había incursionado en l diario El Día. Y Tibol amplió su actividad periodística a la política. Asistió a congresos en Cuba y “tomó po-
sición frente a las tropelías del criminal Estado de Israel”. Junto con su esposo el investigador Boris Rosen, especialista en el siglo XIX, y el historiador Enrique Semo, la columnista de Proceso se pronunció a favor de Palestina. “De modo que Raquel tuvo una permanente posición que, a la par de su intensa actividad como investigadora artística, hizo que su prestigio siempre se inclinara del lado bueno, es decir del lado de la izquierda comunista, para ponerle calificativo y no confundirla con el oportunismo.” En 2007 el Museo Nacional de la Estampa presentó en la exposición Colección Raquel Tibol: Dibujo y gráfica parte del acervo artístico atesorado por la crítica de arte (no se incluyó óleo). Se sabe que las obras fueron un obsequio de artistas, galeristas e incluso algunas instituciones. Híjar dice desconocer que Tibol tuviera una colección pero piensa que puede ser importante. En cambio expresa su sorpresa por el he-
C U LT U R A Tibol se descubre: “Polemizo, hago crónica, echo bronca, respeto un principio ético profesional, no doy el ‘maquinazo’ ni soy profeta, ni sacerdotisa. Soy una comunicadora con todos los riesgos que la comunicación cultural tiene de no estar a la altura del público. Eso sí me da miedo, me sentiría apenada.” Esa entrevista fue muy esclarecedora para mí. ¿Raquel tiene miedo? Era de carne y hueso. No podía creer que la mujer de hierro se apenara. A partir de este encuentro aprendí la manera de convencerla para que tuviéramos diálogos enriquecedores durante 30 años. En esta revista Proceso recibimos gratos comentarios por las exposiciones realizadas en el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Siempre traté de que no me llegara “el tibolazo”. Preparando con Tomás Zurián la ex-
posición que detonó el conocimiento de la pintora Nahui Ollin y a unos días de inaugurar con todo y catálogo, se acercó gritando: “¿Cómo se atreven a realizar una exposición a la ‘p... más p…’ de México?” Tomás y yo temblamos. Estuvimos nerviosos con sus comentarios. Nos arriesgamos y seguimos con el proyecto. Días más tarde fue a ver la muestra a sugerencia de la doctora Teresa del Conde. Nos felicitó por toda la investigación y hoy a distancia vemos los frutos de esa buena muestra. Así me sucedió muchas veces. Varias ocasiones la invité a participar y me pedía le explicara más para “ver si me subo a su tren”. Los últimos años, a larga distancia y con la cercanía de la moderna comunicación, estuvimos trabajando tres proyectos relacionados con Diego y Frida. Y serán estas páginas las que tengan las primicias.
Raquel Tibol y el arte de la crítica de arte nos unió. Realicé la exposición fotográfica Diego y Frida, amores y desamores, con éxito a la fecha. Raquel vio la exposición junto con el maestro José Chávez Morado, de quien también realizó investigaciones sobre su obra, y me dijo: “Blanca ¿por qué no hace lo mismo con Olga y José? Y así fue. Hice la curaduría de Olga y José en lo íntimo, fue enriquecedora. Me comentó: «Habría que contar la vida amorosa del medio cultural”, y así surgieron muchos proyectos más que compartimos, después de narrarme historias de infidelidad entre Fernando y Susana Gamboa, Octavio Paz y Elena Garro y así hasta el infinito. Gracias por todo el legado. O -------------------------------* Crítica de arte, fue directora del Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (1986-2001).
cional de Artes Visuales de Montevideo, Uruguay. A su vez el antecedente de esas muestras en cascada fue la selección de obra gráfica que Raquel eligió para la exposición monográfica formada por cien piezas con que México estuvo representado en la VII Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe en Puerto Rico, en 1985. Raquel honró la muerte de Tamayo con una exposición de obras gráficas que se presentó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Estado de México, en 1991. Hacia fechas más recientes, conversé con la maestra sobre el proyecto de recopilación de sus textos sobre Tamayo, a la que accedió, pero que luego con el recrudecimiento de sus dolencias, pidió dejar para momentos más propicios en que pudiese hacer un exacto recuento y una revisión crítica. La incansable y rigurosa actividad de Raquel Tibol se extendió a la generosa re-
visión de mis textos, que regularmente corregía con amistosa crítica: “Quítese usted esa costumbre de ver a Tamayo como si fuese la Virgen de Guadalupe (me dijo una vez). Usted tiene tradición jacobina en su familia, aprovéchela, hágala suya.” Sus introducciones a los libros: Murales de Tamayo, Tamayo ilustrador y el Catálogo Razonado de obra gráfica de Tamayo, contienen palabras sobre mi trabajo que siempre me motivaran a seguir su ejemplo. O
la izquierda”: Híjar cho de que la investigadora donara su archivo –junto con el de Boris Rosen– documental, hemerográfico y bibliográfico (más de un millón de fojas y más de 8 mil libros) al Museo Soumaya, perteneciente al empresario Carlos Slim, dueño del grupo Carso. El investigador piensa que pudo hacerlo con el afán de que se preserve porque por parte del Estado “nadie hace caso de todos estos acervos”. Híjar remarca que Tibol debe haber reflexionado mucho para tomar la decisión de legar sus acervos a ese museo. Por un lado no hay atención por parte del Estado, muchos prefieren vender a Estados Unidos y ella “por lo menos garantizó que se quedaran aquí”.
Discrepancia sana Se le pregunta también al especialista si alguna vez se confrontó con Tibol en materia de arte. Su colega Laura González Matute consigna en el ensayo “A treinta años de la muerte de Si-
queiros, Alberto Híjar continúa su legado teórico”, una divergencia. Explica al respecto el investigador que se originó durante el Curso Vivo de Arte, coordinado por él durante 20 años, a raíz de una crítica a historiadores y críticos hecha en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP). La escuela se negó a publicar el debate y lo editó Pedro Rojas. Híjar hizo la crítica a la historia del arte moderno dentro de la historia general del arte mexicano. “El punto clave que significaba una posición histórica distinta a la de Raquel fue a raíz de un capítulo en su historia que se llama ‘Al margen de la Academia’.” Detalla que al margen de la academia resultaban artistas como Hermenegildo Bustos, la caricatura política y todos los artistas que no hubiesen pasado por la Academia de San Carlos, que se convertía entonces en el centro de la historia del arte mexicano. Tibol no fue a la conferencia, pero sí su esposo Boris Rosen.
“Ése fue el punto de divergencia, nunca lo discutimos porque eran más nuestros acuerdos y más mi admiración entrañable e intelectual profunda con ella que lo que pudiera separarnos, no tuvimos nunca discrepancias profundas, sino ésta que sí lo es y de la que seguramente ella tomó nota pero nunca lo platicamos.” El historiador coincide con quienes consideran a Tibol como “la crítica de arte”, por antonomasia. Recuerda, por ejemplo, que cuando decidió ocuparse de Rufino Tamayo, hubo asombro: “¡Cómo Raquel, de izquierda y del lado comunista, escribiendo sobre Tamayo!”: “Pues fue para probar que sabía reconocer la calidad artística, independientemente o de manera dialéctica contradictoria con la posición política.” Nunca le importó iniciar un escándalo o lastimar a alguien con tal de dejar las cosas en claro. Sabía que al publicar un nuevo libro quedaría salvo “su enorme prestigio bien ganado”. Y remata el historiador que conserva “un buen recuerdo de una relación poco frecuente pero entrañable y definitiva para mi formación”. O
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Raquel Tibol (1923–2015) BLANCA GONZÁLEZ ROSAS
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l legado cultural que deja Raquel Tibol es muy valioso y no se limita únicamente a su reconocida aportación a la historiografía de la crítica y la historia del arte moderno mexicano. Su legado incluye también una actitud intelectual autónoma y libre que, basada en el trabajo y la investigación constante, le permitió tanto dialogar con el mundo académico como mantenerse al margen de las becas gubernamentales. Mexicana por decisión desde 1961, Raquel Tibol, nacida en 1923 en Basavilbaso, Argentina, llegó a nuestro país en 1953 para trabajar con el pintor Diego Rivera. Sus textos semanales aquí, conocidos como “tibolazos” por la acertada dureza de sus contenidos, son una incomparable fuente de información sobre valores, aconteceres y protagonismos de la escena artística mexicana. Apasionada y contundente en sus apreciaciones, Raquel Tibol destaca también como historiadora del arte. Ya sea en trabajos monográficos, de devenir histórico, de crónica coyuntural o recopilaciones de textos, sus aproximadamente 40 publicaciones rescatan personajes y momentos de notoria relevancia para la comprensión del arte mexicano, tanto moderno como contemporáneo. Además de sus afamados estudios sobre Frida Kahlo, las recopilaciones de textos de Diego Rivera y los numerosos Su broche de oro monográficos dedica-
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y biblioteca personal de aproximadamente 8 mil libros y 12 mil catálogos, podrá consultarse de manera gratuita en la biblioteca del Museo Soumaya en la Ciudad de México. La asertividad que tenía para seleccionar el objeto de estudio, la apasionada eficacia de su manera de comunicar, el pragmatismo que demostraba ante coyunturas adversas y su habilidad para transitar sin concesiones por los circuitos del poder artístico, la convierten en un personaje que no merece ser transformado en leyenda. Por el contrario, su obra y biografía exigen estudios que descubran y analicen las aportaciones que hizo no sólo a la historiografía de la crítica e historia del arte sino, también, al periodismo artístico de México. Miembro del grupo de periodistas que salió con Julio Scherer del periódico Excélsior en julio de 1976, Tibol, según narra Vicente Leñero en Los periodistas, fue “la primera en sugerir la constitución de una empresa” sustentada con la venta de acciones: la revista Proceso. También pragmática, en el contexto de la fundación de este semanario, Raquel organizó una subasta de arte bajo un modelo de negocio que favorecía tanto a la nueva empresa como a los artistas: los beneficios económicos de las obras vendidas serían retribuidos a sus creadores a través de acciones. ¿Fue Raquel la iniciadora en México de subastas de arte sin fines directamente comerciales? Aun cuando lo que más se exalta de su carácter es la agresividad –que provocaba el temor que tantos le teníamos–, Raquel era una persona cariñosa. Dura y contundente, sus afectos o aprobaciones no se manifestaban con caricias. Se manifestaban con cálidas sonrisas, enérgicos regaños y generosas recoBenjamín Flores
Arte
dos a autores consagrados como José Guadalupe Posada o David Alfaro Siqueiros, en su bibliografía sobresalen publicaciones dedicadas a temas coyunturales como las Confrontaciones entre artistas y funcionarios de los sesenta y setenta, y las expresiones gráficas emergentes de los ochenta que ella misma denominó como Neográficas. No sólo se encargó de difundir el conocimiento artístico en la prensa, radio y televisión, también fue una importante protagonista de la escena de las artes visuales a través de su constante participación como jurado en concursos nacionales e internacionales. Otro aspecto de su legado lo constituye su archivo de notas, cartas y documentos mecanografiados. Depositado por ella misma en la Fundación Carlos Slim, este acervo integrado por copias de los artículos hemerográficos, textos de catálogos, borradores, epistolarios y anotaciones personales es un tesoro para todo interesado en historiar la escena mexicana de las artes visuales en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente en fase de catalogación y digitalización, el archivo
mendaciones: “Usted debe leer todo lo que se ha publicado de la exposición que va a criticar, está atendiendo demasiado el mercado”, me dijo alguna vez la maestra. Pragmática, se despidió durante 2014 compartiendo que su partida estaba cerca. Afectiva, nos privilegió a algunos con el regalo de su tiempo y cotilleo sobre exposiciones como Desafío a la estabilidad que, presente de marzo a agosto de 2014 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), la excluyó de su contenido. Seductora, en 2013 le preguntó al periodista Alejandro Ipiña del periódico El País si se veía “guapa” el día de su boda, en 1957, con el historiador Boris Rosen Jélomer. Coqueta, Raquel manifestó siempre un apasionado gusto por los broches o prendedores: “La única joya que me gusta son los broches”, grandes, chicos, ostentosos, discretos, con una enorme piedra o con abigarrados diseños en oro, los broches eran el único adorno que lucía Raquel Tibol. Colocados en la garganta, uniendo el cuello de las austeras blusas que vestía, los broches eran su perdición. Regalados, sumamente apreciados y coleccionados, estos objetos se suman a los misterios que rodean a la famosa crítica de arte: ¿Cuántos son, quién se los regaló? Raquel Tibol, crítica periodística del arte, fue y es algo más que una simple y mediática leyenda: Un ser humano que muchos recordamos con afecto, admiración y enorme gratitud. O
Teatro Por Piedad Teatro Producciones ESTELA LEÑERO FRANCO
N
ada más enriquecedor que conocer desde sus entrañas la forma
Christa Cowrie
C U LT U R A
de ser y pensar de un pordiosero a través de la excelsa escritura de Samuel Beckett. Sumido en la desesperanza pero no en la conmiseración, un viejo sin nombre nos cuenta el recorrido emprendido desde su expulsión de una casa de asistencia hasta su último día oculto en una pequeña barca. Contemplamos sin esperanza la vida de este hombre, que tal vez no podría contárnosla dada su condición, pero que la inteligencia de Beckett y su visión descarnada de la humanidad nos devela. El final, novela corta incluida en sus Textos para nada, es retomada por la directora Ana Graham, actriz y productora también, para llevarla al escenario a la manera de monólogo, sin necesidad de modificaciones. La naturaleza escénica de Beckett hace de este texto una narración llena de imágenes, acciones dramáticas, recorridos emocionales y situaciones netamente teatrales. La habilidad y talento de Arturo Ríos convierten las palabras en vivencias de un personaje en presente que transmite todo un mundo al espectador. Podemos “ver” lo que él está viviendo, los lugares que recorre y la miseria a la que está expuesto. Con la simple descripción de su estado, sin ningún tipo de calificación o valoración, el espectador descubre, a través de la experiencia, a lo que este hombre se enfrenta: un sótano desolado, una estafa, la limosna en la calle o el olor a excremento en su cuerpo. La complicidad de los que observamos y del actuante es inmediata; el silencio, los suspiros, la sorpresa, una que otra risa, el silencio… Todos danzamos a su tempo. Ana Graham ubica al innombrable en una pequeña tabla cuadrada con un banquito atado a su pie; y es ahí, con un mínimo de movimientos
Juan con su madre ciega a través de cintas grabadas y su actual empleo. Muestra un muñeco más pequeño, ejecutando la anécdota, y éste a la vez cuenta la de él mismo más pequeño, hasta llegar a la miniatura. La imaginería y las buenas soluciones escénicas se ven disminuidas por las dificultades actorales del protagonista, que tiene con poca presencia escénica, emocionalidad y matices en el decir. Es una obra donde la sencillez de la narración se combina con la riqueza de los recursos. “El Final”. Tres funciones más Tanto El síndrome de Duchamp como El final, –lo cual va potenciando cada dieron una breve temporada en vez más la carga emocional–, el Galeón del Centro Cultural donde él cuenta al público el del Bosque del INBA. A El final, tránsito de un lugar a otro, detodavía le quedan tres funcioteniéndose en detalles nimios y nes, hasta el jueves 5. O significantes –característico de Beckett–. La directora lleva la historia con sobriedad apoyada con la maravillosa iluminación de Víctor Zapatero. Ella muestra sus capacidades como directora en este su primer trabajo, “Selma” pero dada su experiencia escénica lo hace notablemente. JAVIER BETANCOURT Con El final y El síndrome Duchamp, Por Piedad Teala manera de una misión tro Producciones conmemora secreta, el cometido de quince años de existencia. Enla directora Ava DuVertre sus montajes se encuentran nay era dejar claro que el pro4.48 Psicosis y Devastados de tagonista de Selma (EU, 2014) Sarah Kein, Los baños de Paul no era Martin Luther King, sino Wesker, y El dragón dorado de esta población de Alabama, Roland Schimmelpfennig, entre enclave del Ku Klux Klan, desotras; siempre obras de riesgo de donde se gesta y arranca que dan a conocer las nuevas la marcha hacia Montgomery propuestas de la dramaturgia en 1965. Marcha pacífica que contemporánea. resultó sangrienta cuando la En El síndrome Duchamp, policía trituró a golpes a los espectáculo de Antonio Vega manifestantes sobre el puente; codirigido por Ana Graham, el a raíz del escándalo, el presijuego de perspectivas se da dente Lyndon B. Johnson firma a través de la miniaturización. la ley de derecho al voto que Monólogo interpretado por garantiza la participación a todo Vega y por su sombra permaciudadano sin importar raza o nente, con un certero trabajo color. corporal de Miguel Pérez EnciSelma es el drama de una so. Vega nos cuenta una histobatalla, el general es el doctor ria llena de anécdotas, a veces King (David Oyelowo); no se dispersas, sobre la relación de trata de una biografía donde se
Cine
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cuente la vida de este héroe de los derechos humanos desde pequeño cuando ya entonces se mostraban las señales del futuro campeón de la justicia, como ocurre en el típico biopic de Hollywood. Ava DuVernay, coautora del guión junto con el británico Paul Webb, se apoya en un estilo académico convencional que nunca confunde o compra a su espectador. Pero su experiencia en estudios afroamericanos aporta un enfoque moderno donde la participación colectiva queda en primer plano. El estratega King entiende a su gente y mira hacia el futuro; el grupo es la sustancia que reacciona, lucha, sangra y muere, sin verse o actuar como masa; la directora sostiene la tensión entre individuo–grupo. Notable el trabajo entre ella y Oprah Winfrey, personaje entre tantos que sufre vejaciones sin perder su postura ante la cámara. El preámbulo a la batalla se establece con tres episodios yuxtapuestos: la ceremonia donde Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz en Oslo, nomás como para dar cuenta del prestigio y del calibre del combatiente, seguida del bombazo terrorista en una iglesia bautista donde perecen cuatro niñas, y termina con una entrevista bastante ríspida entre el reverendo King y un presidente Johnson reacio a garantizar el derecho al voto de la población negra. Orden, caos y batalla por un nuevo orden, estructura y ritmo de tres tiempos componen el drama político de Selma. Así se presenta la gran batalla en tres etapas del cruce del puente Edmund Pettus (en honor al confederado de la Guerra Civil, gran dragón de KKK); caos de la represión, estrategia y el cruce del puente hacia la nueva etapa en la historia de los derechos civiles. Selma puede servir de modelo para estudiar la diferencia entre biografía del personaje histórico, y biografía del personaje del drama. El público
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conoce de sobra los datos básicos sobre Martin Luther King, pero el King de la película no puede reducirse a su monumento. Los actores británicos David Oyelowo y Carmen Ejogo (esposa de King) se lucen en un baile de matices emotivos y lingüísticos. Quizá la prohibición de los herederos de M. L. King de utilizar los textos de los discursos originales, permitió este estupendo juego de perífrasis y sonoridades. O
Radio Raquel Tibol en la radio FLORENCE TOUSSAINT
H
ace 32 años que Raquel Tibol fue festejada en Bellas Artes por sus 30 años como crítica. En la sala Adamo Boari se habló de su trayectoria en revistas, periódicos, radio. También de los libros que en ese tiempo sumaban ya extenso catálogo. Su primera incursión en la radio se produjo en Chile, la más larga en la radio mexicana fue para la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participé en aquel homenaje sintiendo el peso, la responsabilidad de hablar de quien ya era un coloso de la
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crítica. Redacté un texto sobre su trabajo radiofónico que quise informativo, me propuse eliminar toda valoración. Una parte del mismo se publicó después en Proceso. Reproduzco aquí unas líneas: “En 1956 Radio UNAM transmitía dentro del programa Índice de críticos una sección de artes plásticas. Esta le fue encomendada a Raquel Tibol. Pedro Rojas era el director de Radio Universidad. Ininterrumpidamente por seis años Raquel Tibol continuó su tarea. En 1962 David Alfaro Siqueiros estaba preso. En su celda sintonizaba siempre el programa de Radio UNAM sobre artes plásticas. Enterada la autora de ello, decidió mencionar cada vez el nombre del pintor como muestra de solidaridad. A Jaime García Terrés, entonces director de Difusión Cultural, dependencia a la cual estaba adscrita la radiodifusora, no le gustó el detalle. Raquel Tibol hubo de dejar su espacio radiofónico. “Pasaron 14 años antes de que lo retomara. En 1976, Fernando Curiel al frente de la estación, el programa La semana cultural contó con los comentarios de artes plásticas de Raquel Tibol. Más tarde lo dejó para iniciar la serie Museos en el aire. Hay en las 176 emisio-
nes del mismo un compendio de datos que las convierten en material de consulta obligada. Destaca la variedad de temas y el seguimiento minucioso de la producción plástica. “Museos en el aire era totalmente producido por Raquel Tibol. Escribía el guión: compendio de una amplia investigación sobre el tema tratado. Se encargaba de la locución. Su voz de agradable timbre, bien modulada y sonora le daba ritmo al texto que se benefició de la entonación justa y de los énfasis precisos. Seleccionaba la música, ponía sus discos para los puentes musicales. El programa era muy sencillo en su formato: duración de 15 minutos, incluyendo tres o cuatro pausas musicales; el resto es la lectura de una sola voz.” Años después de haber dejado de escribir la columna semanal en la revista Proceso, de la cual fue fundadora, regresó a colaborar en una emisora cultural. En agosto del 2010 Raquel Tibol creó 40 cápsulas sobre crítica de arte. El Instituto Mexicano de la Radio fue anfitrión. Los programas se difundieron en cinco de las 18 emisoras del Imer. Hablemos de arte, se tituló la serie, cada una de seis minutos, en las cuales Raquel Tibol hacía el recuento de la plástica del México contemporáneo, usaba anécdotas, pasajes y crónicas
que ella misma había publicado en la revista Proceso o en sus libros. En la radio conjuntó conocimientos y estilo, así promovió el arte mexicano, a sus creadores y al ejercicio de la crítica independiente. O
Libros Respuestas JORGE MUNGUÍA ESPITIA
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uis Felipe Lomelí (1975) da a conocer su segunda novela Indio borrado (Tusquets. Col. Andanzas, México, 2014, 171p.). En ella cuenta la historia de El Güero, un adolescente de la clase baja que vive en Monterrey. Hijo de un taxista violento y una madre sumisa, vive rodeado por el abuso; el temor lo lleva escuchar voces del pasado que le hablan de cómo fueron borradas las culturas originarias. Los escapes que tiene son el trabajo como electricista y su pertenencia a una pandilla, en donde descarga el enojo enfrentándose a otros grupos, hasta que el hastío lo llevará a tomar una decisión drástica para acabar con los atropellos del padre, y evitar ser anulado. En Indio borrado, Lomelí trata sobre la dominación por medio de la violencia. En la sociedad hay grupos y figuras que representan el poder y lo ejercen en la vida cotidiana a través de represiones, censuras, miedos, amenazas… Frente a este oprobio hay varias respuestas; una inmediata e individual que se manifiesta en la rebeldía o en una furia extrema hacia las figuras fuertes. Otra social que, por la falta de una organización, se traduce en una indocilidad que recurre al robo, la agresión, el destrozo, la protesta… Indio borrado es una novela breve escrita con una prosa dura que perturba por sus conclusiones trágicas. O
ES P EC TÁC U L O S
Primer documental sobre el
Papa Francisco COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
C
on una reconocida trayectoria como documentalista, el argentino Miguel Rodríguez Arias filma la primera cinta biográfica no ficticia de su paisano el Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), la cual define como “una película política y laica, no religiosa”, al tiempo que el cineasta acentúa estar “abierto a recibir críticas”. Su largometraje se titula Francisco de Buenos Aires. La revolución de la igualdad y se estrenará el jueves 5 en Argentina. Desde que el Colegio Cardenalicio eligió a Bergoglio como Papa, el 13 de marzo de 2013, el nombramiento le causó mucha sorpresa al cineasta, quien habla con Proceso vía telefónica desde Buenos Aires: “Quise investigar por qué el Colegio Cardenalicio había dado un golpe de timón tan fuerte como para elegir al primer Papa no europeo. Del año 740 hasta 2013 todos los Papas fueron europeos. En la historia de la Iglesia católica nunca hubo un Papa latinoamericano y sobre todo, no hubo ni un Papa jesuita. “Estas excepcionalidades me llamaron mucho la atención y como soy un incansable y un apasionado buscador de his-
Francisco de Buenos Aires. La revolución de la igualdad se titula el documental del cineasta argentino Miguel Rodríguez Arias, quien en entrevista compara al primer Papa latinoamericano con Gandhi, Luther King y Mandela. Según el cineasta, nacido en 1945, el jerarca máximo del mundo católico, cuyo nombre real es Jorge Mario Bergoglio, “posee mucha credibilidad” y “tuvo mucho que ver en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba”. torias, intuí que había una gran historia para rodar un documental.” Rodríguez Arias ha filmado El Nüremberg argentino, sobre el juicio oral y público en 1985 contra los nueve miembros de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983, responsables del terrorismo de Estado que provocaron tortura, desaparición y muerte de miles de personas; Civiles y militares S. A, sobre la participación de los civiles en el golpe de 1976; Buscadores de identidades robadas, en torno al equipo argentino en antropología forense, el cual investiga el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (y que está amenazado de muerte), y José Luis Cabezas, fotógrafo argentino asesinado en 1997.
–¿Qué le interesa demostrar con esta coproducción argentino–italiana? –Justamente la participación política que tiene este Papa. No se basa en la retórica, explica. “Como se ve en el documental, también investigamos cómo le hizo para evitar la invasión a Siria. Habló con los cardenales estadunidenses que lo eligieron para que dialogaran con los que organizan la guerra, que aparte de ser el Departamento de Estado, intervienen los que venden las armas, etcétera. “Les pidió a los cardenales de ese país que le comunicaran a la gente que participa en las guerras que la Iglesia los iba a denunciar. Eso es un hecho concreto, no
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Filmación. Figura en cera
retórica. Prefirieron dar un paso al costado, porque el Papa posee mucha credibilidad. Y tuvo mucho que ver en el acercamiento de Estados Unidos y Cuba.”
Personaje poco conocido Francisco de Buenos Aires es producido por Cine Argentino, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Metrópolis Media en coproducción con 39 Films, en asociación con Darío Lanis LIFI y el productor asociado Barter, Produzioni Multimediali. Se incluyen testimonios de la hermana del Papa, María Elena Bergoglio; Francesca Ambrogetti y Sergio Rubín, autores de El jesuita; Elisabetta Piqué, autora de Francisco, vida y revolución; Silvia Correale, postuladora de Causas de Santos Vaticano; Clelia Luro, amiga del Papa y compañera de monseñor Podestá, quien fue echado de la Iglesia por casarse; el cardenal Jorge Mejía, amigo; Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda; Bruno Ballardini, publicista y escritor; Guillermo Ortiz, coordinador de habla hispana de la Radio Vaticana; el rabino Daniel Goldman y el dirigente islámico Omar Abboud, del Instituto del Diálogo Interreligioso de Argentina; monseñor Dario Viganó, director del Centro Televisivo Vaticano; Óscar Crespo, amigo; Fernando Pugliese, creador del Parque Temático Tierra Santa, Alicia Oliveira, exjueza, y Nello Scavo, autor de La lista de Bergoglio. Rodríguez Arias rememora que el cardenal Bergoglio, quien era arzobispo de Buenos Aires y la autoridad máxima de la Iglesia en Argentina, era poco conocido: “Ni los periodistas sabían cómo era ni cuál era su personalidad ni lo que realizaba porque no daba entrevistas. No quería que se publicitara su labor social, porque ello no era coherente con un sacerdote que cumplía lo que plantea el Evangelio. “Como tengo un archivo de 50 mil horas que gravé de televisión, desde 1930 hasta los últimos acontecimientos ocurridos en Argentina, con el cual hemos hecho programas de televisivos y documentales, me fui a mi propia fuente de datos a buscar
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lo que había del actual Papa, pero la verdad es que nunca me había interesado visualizarlo, y qué bueno que contamos con ese material porque ni el canal del arzobispado tiene archivos de Bergoglio.” El realizador, licenciado en psicología e investigador del discurso de la televisión y el internet, prosigue con emoción: “Bergoglio ofrecía discursos en Plaza Constitución y Plaza Once donde hablaba de la trata de personas y el trabajo de esclavos. En esos lugares es la zona de muchos talleres clandestinos, donde la gente trabaja 20 horas diarias, duerme allí, hay chicos explotados, hay chicas muy jovencitas que trabajan en la prostitución obligadas por mafiosos que se dedican a esas tareas, y Bergoglio como arzobispo trabajaba en esa línea.” En el documental se aprecian esos discursos en los lugares más pobres y el contacto que tenía con la gente. El documentalista expresa que cuando vio el archivo, descubrió a un hombre “que me parecía realmente muy interesante y empecé a comprender por qué el Colegio Cardenalicio había elegido a un Papa tan singular”. Detalla: “Porque este hombre es completamente distinto a los cardenales que uno está acostumbrado a ver, a esos que mantienen una distancia con la gente, que no se ocupan de la tarea social, que andan en auto de lujo con chofer, que se visten con pompa y que se le debe besar el anillo y no la mano. Bergoglio viajaba en colectivo o en Metro, iba a las villas más pobres, tiene una amiga que era la mujer de un obispo que echaron de la Iglesia por casarse (Clelia Luro), y es padrino del hijo de una mujer madre soltera, Alicia Oliveira, la primera jueza echada por el golpe militar del 24 de marzo de 1976, en fin. De todo esto me fui enterando en la medida que iba investigando y realizando las entrevistas. Yo estaba investigando en marzo del 2013, una semana después que lo eligieron Papa y aún no había asumido el puesto.” –En el documental está la discusión de que un jesuita llegó al papado, ¿qué opina usted?
–Hay que investigar por qué la decisión tan fuerte, tan singular del Colegio Cardenalicio. Lo eligieron 90 cardenales, pero ya le venían echando ojo desde el concilio anterior, cuando eligieron a Benedicto XVI, sólo que éste le sacó 40 votos a Borgoglio… “La iglesia estaba pasando por una crisis terminal porque El Vaticano tiene un banco acusado de lavar dinero, se sabe de la corrupción en El Vaticano, el tráfico de influencias y se veía a los cardenales en grandes carros y en departamentos de 500 metros cuadrados, eso no tiene nada que ver con el principio del Evangelio, y todos estos problemas son los que está combatiendo Bergoglio. “Él lo primero que hizo es vivir fuera de El Vaticano, radica en Santa Martha, no deseaba permanecer en una habitación de 300 metros, y formó un grupo de nueve cardenales, conocido como el C9, donde hay padres de Australia, Nueva Zelanda, África; en fin, de continentes que no estaban ni siquiera representados en El Vaticano. Este grupo funciona fuera de El Vaticano y le reportan directamente a Bergoglio. –Pero todavía la corrupción en El Vaticano no se ha modificado. –Es verdad, sigue. Son siglos de políticas muy conservadoras, y lo que hace el Papa es criticar la corrupción dentro de su corporación, lo cual no había pasado nunca. Bueno, Juan XXIII trató de modificar la Iglesia, y lo muestro en el documental. Fue Papa entre 1958 y 1963. Planteaba muchas de las cosas que hace Bergoglio, por ejemplo, el diálogo interreligioso con judíos, musulmanes y protestantes.
Alturas de Francisco Juan XXIII, El Papa bueno falleció antes de terminar el Concilio Vaticano II, recuerda. Pero no deja de lado el nivel intelectual de Francisco: “Los jesuitas es la orden que mejor prepara a sus miembros y se considera la avanzada intelectual de la Iglesia. Encontré a un hombre con una gran formación y aparte con una gran capacidad del manejo del poder. “Estamos frente a una persona de la talla de un Mahatma Gandhi, un Nelson Mandela y un Martin Luther King.” –¿Exagera usted? –No, está produciendo cambios en el mundo. “Tuvimos la suerte de entrevistar a su hermana, María Elena, y nos contó sus orígenes, cómo eran sus padres y cómo los educaron. Sus papás siempre escuchaban ópera con ellos, les enseñaban el sentido de la música, los llevaban al cine a ver
ES P EC TÁC U L O S películas del neorrealismo italiano y los alentaban a leer. Eran cinco hermanos y sólo queda ella y el Papa. La hermana dice que lo más importante, además de la educación, era el ejemplo de los padres, y es lo que él hace, eso pone de manifiesto y deja mal parados a muchos de los líderes del mundo, es un hombre absolutamente coherente en lo que dice y hace, no hay contradicción, y aparte se reconoce como pecador, por ejemplo, que era muy autoritario como arzobispo de Buenos Aires.” La hermana del Papa, María Elena, relata a cuadro: Estaba haciendo las cosas de mi casa con la televisión prendida porque estaba pendiente de la noticia y decía:‘¿Pobre, quién será el desgraciado que le tocó?’, salen a anunciarlo y no hay palabras… Cuando me di cuenta que era él me puse a llorar sólo dos segundos porque empezó a sonar el timbre de la puerta y el teléfono. Más adelante cuenta: Él estaba enamorado de una de las chicas del grupo juvenil de la parroquia San José de Flores. Un 21 de septiembre se iban de picnic para festejar el Día de la Primavera. Pero él pasó a la parroquia a rezarle a la Virgen, y no fue al picnic, entonces, no se le declaro. Él tuvo que elegir entre el amor a Dios y el amor a una mujer. En los 36 minutos y 56 segundos del documental, se aprecian imágenes de
archivo de Bergoglio exponiendo en los juicios de lesa humanidad del 2010. El sacerdote Miguel La Civita comenta que pudo declarar por escrito pero prefirió presentarse personalmente. Rodríguez Arias explica que investigó en Argentina e Italia la posición del Papa con la dictadura: “Entrevistamos al periodista italiano Nello Scavo, autor del libro La lista de Bergoglio, haciendo alusión a La lista de Schindler. Scavo nos cuenta todo lo que investigó y fue lo mismo que indagamos acá. Entrevistamos a sacerdotes que fueron salvados por Bergoglio en esa época. Cuentan que en el Colegio Máximo de San Miguel, que está a 35 kilómetros de Buenos Aires, era donde escondía a la gente para salvarle la vida. Él decía que iba allí a retiros espirituales, mientras preparaba la manera de sacar del país a esas personas. “Aunque hay otra versión, que entregó gente; pero nosotros no encontramos nada de eso… También le reprochan que durante ese tiempo no críticó a la dictadura, pero si lo hubiera hecho no hubiera salvado a nadie. Mataron a muchos sacerdotes y obispos. Fue un proceder para protegerse así mismo y seguir salvando gente.” –¿Qué quiere reflejar con este documental? –Es para que se entienda por qué Ber-
goglio ocupa el lugar que ocupa y cuál es su personalidad. Además, se relatan los dos años de gestión de Bergoglio. Es un documental actual, cuenta cómo fue que impidió la invasión a Siria o cómo fue que se preocupó por el tema de los migrantes en Lampedusa, al sur de Italia. “Aumentó las penas para los pederastras y los sacerdotes, obispos y cardenales corruptos. En mi cinta se muestra cuando dijo ante los periodistas que no puede juzgarse a ninguna persona que sea gay.” Al cuestionarle al director ¿cómo se puede tomar distancia para realizar un documental político y laico al abordar la vida de un Papa?, redondea: “El Papa por supuesto es el líder de la Iglesia, va a misa todos los días y cumple con todos los rituales de esa institución, pero una parte de su vida está dedicada a tareas sociales y políticas de altísimo nivel. Por eso lo van a ver Angela Markel y Barack Obama, entre otros. Busch invitó a Benedicto a festejar el cumpleaños de Busch padre en la Casa Blanca, ese Papa aceptó, pero Bergoglio jamás haría eso.” Además, su posición es objetiva, recalca: “No se compromete ni con uno ni con otro. Acá lo han querido comprometer con la política partidaria y él no hace política partidaria, lo que hace es política. Con mayúsculas.”
Harold Torres,
protagonista de “González” COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
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arold Torres recrea a un joven apellidado González, quien en su desesperación por salir de la crisis económica y liquidar sus deudas se topa con una Iglesia evangélica, manipuladora, y con instituciones financieras en contra del ciudadano común. Es la película González: Falsos profetas (dirigida por Christian Díaz Pardo), donde el actor también es productor, junto con Laura Pino. Los reconocimientos que ha obtenido la historia, cuya proyección en los cines arrancó el 27 de febrero, son: Premio a Mejor Actor para Harold Torres y el español Carlos Bardem, en el Festival Internacional de Cine de Morelia; el Golden Zenith a Mejor Ópera Prima, en el Festival de Cine de Montreal; Mejor Largometraje en el Festival de Ci-
ne de Aguascalientes; Presea de Crítica en el Festival de Cine Mexicano en Durango, y Mención Especial en el Encuentro de Coproducción Iberoamericana del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entrevistado por Proceso, Torres platica que “este tipo de Iglesias en la que se centra el filme han tenido mucho impacto en la vida real, porque tenemos un Estado que ha fallado al incumplir con su deber de proporcionarnos un nivel de vida básico”, asegura: “El ciudadano común trata todos los días de salir adelante; pero se percata que los costos para sobrevivir son mayores a lo que gana. El Estado no cumple con el derecho a la vivienda, el trabajo, la educación ciudadana, y si alguien estudia no se dedica a trabajar de lo que aprendió. Entonces, estas iglesias aparentan escuchar a la gente y se acercan para estafarla. El negocio de la fe es un problema que está creciendo en la sociedad, porque es-
tas instancias religiosas abusan de la ignorancia y hay muchas víctimas de estos negocios. Es un tema del cual no se habla. Igual la Iglesia católica lo hace, con el diezmo.” Torres, quien ha intervenido en cerca de 30 películas, añade que el gobierno debe vigilar a esas instancias porque “ya hay demasiadas, tienen invadida la televisión y la radio. Así se acercan a los feligreses y abusan de ellos”. La productora Laura Pino explica que González no sólo toca el tema social, “también es una cinta entretenida, en el sentido que la puede ver una familia con sus hijos adolescentes que no sólo se quedan con la reflexión del tema de las iglesias, los bancos y el desempleo, porque asimismo desean saber qué pasa con los personajes de esta historia fascinante”. El largometraje, distribuido por Cine Caníbal, se estrenó con 40 copias. O
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AFP photo / Marwan Naamani
La cancelación del Mundial de Natación 2017,
medalla
al fracaso Durante los últimos años, las autoridades deportivas y los gobiernos federal y de Jalisco se ufanaron porque, decían, México sería la sede del Campeonato Mundial de Natación 2017, pero en febrero pasado el sueño se esfumó y salieron a relucir los yerros, pues ese evento –“el más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto”– se había construido con pura saliva. Ahora, además del desprestigio, México tendrá que pagar una multa por desistirse de su realización; peor aún, deja poco margen para que se habilite una nueva sede en tiempo y forma. 88
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BEATRIZ PEREYRA
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a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) renunció a la organización del Campeonato Mundial de Natación Guadalajara 2017 con el argumento de que el gobierno federal no cuenta con recursos económicos en virtud del recorte presupuestal. Sin embargo, en los hechos, el evento se perdió por la indiferencia del director de esta dependencia, Jesús Mena, y del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Las omisiones de ambos funcionarios dieron al traste con el evento internacional deportivo más importante de la administración de Enrique Peña Nieto, quien al inicio de su mandato encargó a Mena que el país fuera sede de este tipo de competencias para posicionarlo como un lugar seguro, atractivo para las inversiones y con ciudadanos capaces de hacerlo.
D E PORT E S /NATA C IÓ N
No obstante, después de que la Federación Internacional de Natación (Fina, por sus siglas en francés) lanzó un ultimátum para que la Conade informara si podía realizar o no el Mundial de Natación, el pasado 18 de febrero la dependencia difundió un comunicado de prensa para informar que México declinaba la realización del evento, en virtud de que en 2015 el gobierno federal recortará el gasto público en 124 mil millones de pesos. “A la fecha, México ha aportado la cantidad de 9.5 millones de dólares, de los 100 millones de dólares que se requerían para la organización. De acuerdo con el contrato firmado con la Fina en 2011, nuestro país deberá pagar 5 millones de dólares por penalización y para no ser sancionado por la Fina”, anunció Conade. El argumento del titular del deporte nacional parecería lógico a simple vista, toda vez que resulta menos oneroso perder 14.5 millones de dólares –alrededor de 217.5 millones de pesos al tipo de cambio actual– que sacar de las arcas gubernamentales los 90 millones de dólares –más o menos mil 400 millones de pesos– que
se proyectaron como presupuesto para el mundial, según consta en el contrato que México firmó en julio de 2011, cuando se le otorgó la sede a Guadalajara. Esta explicación palidece como pretexto si se considera que para 2015 se necesitaban unos 80 millones pesos para comenzar a operar el mundial. De acuerdo con lo planeado, en 2016 se erogaría cerca de 25% de esos mil 400 millones de pesos y hasta 2017 se precisaría la mayor parte de esos recursos (menos de 70%). En el mencionado contrato quedó asentado, además, que México está obligado a pagar otros 2.5 millones de dólares a la Fina en 2015, lo que significa que entre pagos y multa prácticamente se habrá cubierto 18.8% de los 90 millones de dólares. Cuando la Fina eligió a Guadalajara como sede del Mundial de Natación, se proyectó que el costo de organización sería de 90 millones 16 mil dólares, cantidad que quedó sujeta a un incremento de entre 10 y 15% por la fluctuación en el tipo de cambio. El convenio marca que el gobierno federal aportaría 50% del total y el estado de Jalisco la otra parte. En 2011, el director de la Conade en turno, Bernardo de la Garza, entregó a la Fina 3 millones 834 mil dólares. De las arcas del gobierno de Jalisco, que entonces encabezaba el panista Emilio González Márquez, salieron otros 666 mil dólares para completar un pago de 4.5 millones de dólares, entre los que se cuentan 2 millones de dólares que sirvieron para pagar una fianza. Si en el Mundial de Natación todo salía en orden, esa fianza sería devuelta a la Conade. Por el contrario, si ocurría cualquier imponderable, se tomaría dinero de ahí. Como no se realizará el certamen, esos recursos se perdieron. Entre 2013 y 2014, la administración de Jesús Mena entregó a la Fina otros 5 millones de dólares, que sumados a lo otorgado por Bernardo de la Garza y el gobierno de Jalisco asciende a 9.5 millones de dólares, que hasta ahora se le han pagado al organismo internacional.
El fracaso Más allá de lo económico, la realidad es que el Mundial de Natación jamás tuvo pies ni cabeza. En conjunto, la Conade, el gobierno de Jalisco y la Federación Mexicana de Natación (FMN) dieron un sinfín de conferencias de prensa para anunciar que la organización de la justa iba viento en popa para ser la mejor sede de la historia. Ni porque se trataba del “evento más importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto” estas tres partes lograron darle personalidad jurídica al mundial
mediante la instalación del Comité Organizador. Tampoco se creó el fideicomiso donde se depositarían los recursos federales y estatales. Durante más de tres años, de 2011 a la fecha, el Mundial de Natación se construyó con pura saliva. El 5 de noviembre de 2013, Jesús Mena y Aristóteles Sandoval nombraron al presidente de la FMN, Kiril Todorov, como director ejecutivo del Comité Organizador que, legalmente, nunca fue instalado. Asimismo, en varias de las conferencias de prensa donde se informó sobre los “avances” en la organización del mundial, estuvo el mexiquense Ramón Neme Aziz, dueño de la firma Jai Alive Entertainment. Este empresario incluso tomó la palabra en varias ocasiones y en abril de 2013 anunció que “creó una alianza” con la FMN para “tratar temas de comercialización e involucrar a la iniciativa privada”. A pesar de que en distintas ocasiones la Fina presionó a los involucrados para que instalaran el Comité Organizador, jamás fue presentado el organigrama. Nunca fue nombrado el director de mercadotecnia y comercialización, ni el de finanzas y administración ni el director técnico del evento en el que 200 países participarían en natación, clavados, polo acuático, nado sincronizado, clavados de altura y aguas abiertas (estas dos últimas en Puerto Vallarta), además del masters de natación. De acuerdo con lo planificado, en 2013 debió resolverse la reservación y/o compra de alrededor de 2 mil 500 boletos de avión para los atletas participantes, así como para alojarlos. En diciembre de 2014, durante el mundial de Curso Corto, en Doha, Qatar, la FMN instaló un stand para darle difusión al Mundial de 2017. Ahí también estuvieron representantes de las sedes de 2019 (Gwanju, Corea del Sur) y de 2021 (Budapest, Hungría). Según los lineamientos de la Fina, las ciudades sede tienen la obligación de crear planes de comunicación y publicidad, promocionar la ciudad y el país donde se desarrollará el Campeonato Mundial, e informar sobre las justas y el desarrollo del certamen en general. Entre julio y agosto próximos, en Kazán, Rusia, tendrá lugar la edición XVI del Campeonato Mundial de Natación. Al término de éste, Guadalajara recibiría la estafeta como organizador en 2017.
Desfases La Conade y el estado de Jalisco pusieron contra la pared al presidente de la Fina, el uruguayo Julio César Maglione, quien tiene el tiempo en contra para encontrar una ciudad con la solvencia económica y la se2000 / 1 DE MARZO DE 2015 2
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Rafael del Río
Sandoval Díaz. Fallas
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las metas y objetivos. Íbamos al corriente hasta 2014. En enero de 2015, Maglione viajó nuevamente a Guadalajara. Se llenó de indignación cuando, otra vez, escuchó que no existía el fideicomiso ni el Comité Organizador. Dio otro ultimátum: “si para el 10 de febrero no están instalados, me llevo el evento”, advirtió. Pero el dirigente deportivo jamás estimó que de verdad tendría que buscar una nueva sede. Públicamente se descosió en halagos. Dijo que había encontrado buena respuesta de parte de los organizadores para realizar la competencia. “Tuvimos una reunión con el gobernador y aseguró que dará todo su apoyo para que este evento sea muy importante, pues tiene gran trascendencia y nosotros estamos muy conformes con las garantías
El anuncio El 12 de febrero, Julio Maglione dijo a la reportera que el buró de la Fina había otorgado una prórroga a México, a petición de Jesús Mena, para definir si México conservaría la sede del campeonato. Seis días después llegó el anuncio que ha dejado al país a merced del escarnio internacional. El anuncio en torno a la declinación transformó el evento más importante del sexenio en un alivio. Ahora es motivo de festejo el hecho de que nunca se instaló legalmente el Comité Organizador ni se inició la comercialización del Mundial ni Germán Canseco
riedad suficiente para organizar la edición XVII del Mundial de Natación en apenas dos años. “Es algo doloroso para nosotros. Cuando se le dio la sede a México había varios candidatos. Ahora nos quedan sólo dos años para conseguir otra sede, cuando normalmente se concede de cuatro a seis años antes”, declaró Maglione. Aunque la Fina pidió a la Conade, al estado de Jalisco y a la FMN que en 2013 quedara instalado el Comité Organizador y se creara el fideicomiso, les extendió el plazo hasta agosto de 2014. En septiembre de ese año, en otra visita de Maglione a Guadalajara, el presidente de la Fina recibió la misma información: aún no había Comité ni fideicomiso. Llegó el primer ultimátum: para diciembre de 2014 a más tardar debería cumplirse ese compromiso porque, de acuerdo con la programación del evento, “ya existía un desfase importante”. “El Comité Organizador sí se conformó, pero no se dio a conocer porque, ¿para qué lo formábamos si íbamos a tener gastos y erogaciones? Entonces sólo tuvimos un grupo de trabajo integrado por la Conade, la Federación y el estado. El dinero era lo importante, lo otro era un tema sencillo. En los tiempos de nuestro plan no era necesario formar el Comité Organizador hasta después del 10 de febrero”, asegura André Marx Miranda, director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco). –Pero la Fina pidió que se creara en 2013 e insistió muchas veces en su creación. Ese año tenían que garantizarse los boletos de avión y el hospedaje. –Los trabajos se hicieron con ese equipo de trabajo. Nuestro plan comenzó a finales 2013 y fecha por fecha cumplimos
que nos han dado. Hay una serie de factores que indican con claridad que esto va a ser un gran evento”, vaticinó el uruguayo el 14 de enero. Maglione también anunció que el 15 de febrero regresaría a Guadalajara para supervisar la instalación del Comité Organizador. Tan seguro estaba que adelantó como fecha del evento del 15 al 30 de julio. El 29 de enero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció el recorte al gasto público en 2015 como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. El 4 de febrero, en entrevista con el diario Excélsior, Jesús Mena declaró que el Mundial estaba en riesgo. “Yo estaría fuera de la realidad si dijera que no hay problema; por supuesto que hay un foco rojo. Vamos a aprovechar estos días, de aquí al 10 de febrero, para tomar una determinación de hacerlo y cómo hacerlo, revisando este tema de los porcentajes y, por supuesto, que existe la posibilidad de mejor decir que no (organizarlo), si es que las condiciones económicas no son claras para todas las partes”, explicó el funcionario.
Mena. Incumplimiento
DEP O RT E S
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se vendieron los derechos de televisión. En los más de dos años de gestión de Mena al frente de Conade no se negociaron con la iniciativa privada recursos económicos, como declaró el 5 de noviembre de 2013, para que el costo del Mundial no recayera únicamente en las instancias gubernamentales. No haber cumplido con los trámites administrativos le permitió a Jesús Mena y Aristóteles Sandoval zafarse del Mundial cuyo costo antes calificaban como “una inversión y no un gasto”, y se olvidaron de los entre 120 y 140 millones de dólares de derrama económica que, según aplaudieron el 5 de noviembre de 2013, le dejaría al país la organización del certamen. Aristóteles Sandoval calificó la decisión como “oportuna”, puesto que si el gobierno federal no tiene dinero para financiarlo, el del estado de Jalisco menos. “Todavía no resolvemos los problemas de los (Juegos) Panamericanos (Guadalajara 2011) y habernos comprometido con este evento hubiera sido una irresponsabilidad”, zanjó. Hasta ahora, ninguna autoridad deportiva ha informado cuándo ni de qué partida presupuestal saldrán los 7.5 millones de dólares –2.5 millones acordados para 2015 y los 5 millones de multa– que se pagarán a la Fina. Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 deberá revisar si los funcionarios que tuvieron en sus manos la organización del Mundial realizaron las gestiones administrativas pertinentes y si desempeñaron su trabajo a cabalidad para no declinar la realización del campeonato y, de este manera, salvaguardar el buen uso de los recursos federales. “En el pago de la multa puede haber un daño patrimonial. La ASF debe revisar para comprobar que se hizo el trabajo necesario para salvar la sede del Mundial porque esa multa podría ser consecuencia de las omisiones de los funcionarios. La ASF debe hacer una auditoría al desempeño y una auditoría financiera y de cumplimiento para ver si los servidores públicos cumplieron a cabalidad con sus responsabilidades, si agotaron todas los esfuerzos y las acciones para cumplir con el compromiso internacional, siendo si no hay responsabilidad, pero si surge el hecho de que no cumplieron podría haber alguna observación que debe ser aclarada y, si no, habría una infracción”, dice a Proceso una fuente de este órgano. –¿Podría haber una falta administrativa? –Sí, de acuerdo a lo que marca el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. O
peligro Y en
el Triatlón 2016 y el Preolímpico de Basquet 2015
La crisis financiera y la falta de recursos de organismos deportivos y gobiernos estatales han sido invocadas como causas de la cancelación de compromisos mexicanos para organizar torneos internacionales. Lo mismo que ocurrió en el caso del Campeonato Mundial de Natación, se prevé para el Mundial de Triatlón 2016. Por lo pronto, se considera como un hecho que Nuevo León declinará ser la sede del Preolímpico de Baloncesto 2015, anunciado por el presidente Peña Nieto. De acuerdo con altos directivos de organismos internacionales, si no se encuentra alguna otra opción de emplazamiento del torneo dentro de México, ello traerá muy altos costos deportivos y económicos para el país. RAÚL OCHOA Y LUCIANO CAMPOS
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as malas noticias no tienen tope en el seno de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM). Después de que la primera institución se declaró indispuesta para organizar el
Mundial de Natación, con el argumento de que la economía nacional se encuentra en deterioro, quedó también en duda la organización de las competencias internacionales adjudicadas a México, como el Mundial de Triatlón 2016 y el Preolímpico de Baloncesto 2015. En cuanto al escenario de este últi2000 / 1 DE MARZO DE 2015 2
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El anuncio de Peña Nieto
García. Decepción
Internacional de Baloncesto (Fiba) Américas, Alberto García, detalló que el certamen sería celebrado en aquella ciudad a petición del gobernador priista Rodrigo Medina y la directora del Instituto del Deporte de Nuevo León (Inde), Melody Falcó. “El esfuerzo de la sede en el país es de ellos… y nosotros aceptamos sonrientes y contentos”, dijo García en la ceremonia en que Peña Nieto abanderó a la delegación mexicana que participó en los II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanking, China, 2014; a la selección nacional de voleibol varonil que asistió al Campeonato Mundial en Polonia; al representativo femenil del mismo deporte que compitió en el Campeonato Mundial en Italia, y a la selección varonil de basquetbol que disputó el Mundial en España. De hecho, en su quinto informe de labores, el pasado 15 de octubre, el mandatario de Nuevo León confirmó que en agosto sería efectuado el Preolímpico de Basquetbol. Pero todo fue una ilusión fugaz, ya que
Eduardo Miranda
El pasado 6 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto anunció a Monterrey como sede del Preolímpico de Basquetbol 2015, clasificatorio para los Juegos de Río 2016. Ese mismo día, el director general de la Federación
Mexsport / Alejandro Acosta
mo, Monterrey, ya se da por hecho que el gobierno de Nuevo León declinará su realización, prevista para agosto próximo, aun cuando la sede fue otorgada a petición del mandatario estatal Rodrigo Medina. Lo anterior no sólo puede acarrear a México una millonaria sanción económica, sino su desafiliación inmediata de la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba), lo que sería la puntilla para el maltrecho deporte nacional, que no sale de un atolladero cuando ya está sumido en otro. Por lo pronto, un nuevo conflicto se avecina: A partir del presente año todos los certámenes de índole nacional e internacional estarán en manos de los institutos del deporte estatales, obligados a operar sin la mínima experiencia torneos que nunca han preparado. Quedarán, asimismo, comprometidos a utilizar correctamente los recursos, toda vez que las federaciones deportivas dejarán de tener participación directa de los fondos del erario en estos casos. El propósito esencial de esta disposición “es hacer más sencillo y transparente el trámite”, pues las federaciones deportivas son asociaciones civiles que no están obligadas por ley a la rendición de cuentas. La medida ya fue notificada por la Conade a todas las federaciones deportivas nacionales el 6 de febrero anterior. No obstante, el debilitado organismo olvidó precisar que no le corresponde entregar los apoyos económicos, sino que éstos serán canalizados directamente por la SEP.
Padilla Becerra. Pesimismo
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el director general de Fiba para los asuntos en América adelanta a Proceso que Monterrey perderá la sede del Preolímpico. Alberto García asegura estar enterado de que el director de la Conade, Jesús Mena, y el presidente del COM, Carlos Padilla, se reunieron recientemente con Rodrigo Medina, quien les confió que no puede hacer frente al compromiso contraído por el mismo Peña Nieto. Por esa razón, “estamos pensando organizar el Preolímpico en el Distrito Federal”, agrega el director general de Fiba Américas, quien el 3 de marzo sostendrá una reunión decisiva en la Ciudad de México con Mena y Padilla para determinar dónde podría ser. De ser necesario, dice, el plazo se alargará hasta el 10 de marzo, y la fecha será inamovible en virtud de los tiempos que requieren los aspirantes para organizar el certamen en caso de que la Ciudad de México también decline. Alberto García tiene motivos de sobra para sentirse defraudado por las autoridades políticas del país, ya que no es la primera vez que afronta una situación parecida por problemas de esta índole: En 2009, Fiba Américas retiró a Mexicali la sede del Premundial por incumplimientos de pagos, no obstante que su patrocinador especial era el Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado de Baja California. En entrevista con Proceso, reconoce que de cualquier manera la organización del Preolímpico 2015 camina con toda normalidad; tanto así que el sorteo del evento se mantiene conforme a lo previsto: el 25 de marzo, pero advierte que tal vez ya no se efectúe en Monterrey. “De aquí en adelante habrá una serie de cambios, aunque podemos asegurar que el Preolímpico va (a realizarse en México). Hasta este momento nadie me ha dicho que el evento no va”. “Siempre pensamos que lo ideal era realizar el Preolímpico en el Distrito Federal, pero se decidió que fuera en Monte-
DEP O RT E S rrey por la razón de que el torneo lo pidió el gobernador de Nuevo León. De hecho, fuimos a inspeccionar el lugar y –solicitamos– algunos ajustes que hay que hacer a la Arena Monterrey, y estaban dispuestos a hacerlos”, admite. García insiste en que todavía no se ha descartado a México. No en vano, dice, se tomaron algunas previsiones: “Por sí las dudas, tenemos reservadas la Arena de Monterrey y la Arena de la Ciudad de México. Soy optimista en que el evento se quedará en México. Lógicamente depende de la decisión de Conade y el COM, con los que tenemos firmado el contrato”. A la espera de la decisión del gobierno federal, el director general de Fiba Américas refiere que a diferencia del Mundial de Natación, cuya preparación requería 90 millones de dólares, el Premundial de Basquetbol se puede organizar sin ningún problema porque el gasto no sobrepasa siquiera el 10% de lo que implicaba el evento de natación. “Mantengo mi filosofía de apoyo y ayuda al baloncesto de México, como ha sido desde hace muchos años, pero no me gustaría que nos dejen el evento en las manos”, expresa García, para enseguida advertir que, más allá del incumplimiento del con-
trato, las autoridades deportivas mexicanas tendrán que pagar igualmente. “Lo que más me preocupa es que si el evento no se da en México, el basquetbol mexicano se quede fuera de la federación internacional, y en consecuencia tiraría por la borda todo el trabajo que venimos haciendo de más de ocho años. Creo que vamos a encontrarle una solución, y si el dinero no puede venir del Estado, quizá pueda llegar a través de empresas privadas.” –¿Va en serio la sanción económica y desafiliación al baloncesto que se contempla para México en caso de incumplir el contrato? –Eso es seguro, que no le quepa la menor duda a nadie. No es nuestra intención, pero una cancelación del Preolímpico que nos obligue a llevarlo a otro país implica sanciones y penalidades para el deporte en México. No olvide que ya México nos ha dejado con dos o tres torneos en las manos. En consecuencia, el asunto está bien complicado en ese aspecto. “Nuestra organización también se ha beneficiado de muchas cosas, porque igualmente es cierto que se han realizado varios torneos en México, en Cancún, Mérida, Xalapa, Tepic y Chiapas que, de no haberse concretado, quizás no se hubiesen
organizado en otros países. También hay que poner en la balanza las cosas positivas –a la hora de sancionar. Por eso pienso que en nuestra relación con el baloncesto mexicano tenemos de cal y de arena.”
Costos económicos y deportivos El secretario general de Fiba Américas plantea que organizar el Preolímpico costaría menos que la sanción económica que México debería pagar a la Fiba si renuncia a la sede. El evento como tal fue presupuestado hace menos de un año, antes del contrato, refiere, “y en total no llegaba a 7 millones de dólares. Es el costo natural que representa organizarlo en Monterrey, porque en el DF puede costar un poco más, porque los precios de los hoteles resultan un poco más elevados”. –México realizará nuevamente un GP de F1 a partir del presente año, y para ello el gobierno federal se comprometió a pagar 360 millones de dólares por los cinco años del convenio con la Federación Internacional de Automovilismo. En contraste, renunció al Mundial de Natación por falta de dinero. ¿No le parece extraña esa posición? –se le plantea a Alberto García.
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ventanaver.mx
Triatlón. En suspenso
–Aquí hay que evaluar varios aspectos: sin minimizar lo que implica la natación a nivel mundial, la Fórmula 1 es un negocio. Eso, digamos, debe ser tratado de una manera totalmente diferente respecto a un evento prácticamente amateur, como es la natación, en la que muchas veces no se cuenta con patrocinadores como los que a lo mejor tiene la F1, los cuales sirven para que no todo sea un gasto, sino una inversión que luego se recupera. En definitiva, “no se puede comparar un evento de natación, como tampoco un preolímpico de baloncesto con uno de F1. El hecho de tener nuevamente la F1 le dará prestigio a México y le va a permitir mostrar la capacidad de los mexicanos para realizar un acto de esa naturaleza. Las cosas deben medirse no simplemente por lo que cuestan, sino por lo que le reditúan al país… tampoco se puede comparar un Preolímpico de Baloncesto con una carrera de F1. Si me pregunta a mí, me inclino por la F1”. –¿Qué le puede ofrece un preolímpico a México? –Hay una cosa que es fundamental: En estos momentos la realización del Preolímpico de Basquetbol está en duda. Eso es una mala imagen para México. –El día que el presidente Peña Nieto anunció el evento todo parecía muy serio. ¿No fue así? –El evento es en serio. Hay un contrato firmado por Jesús Mena y Carlos Padilla con la federación internacional. Ahora hay un problema económico y vamos a ver qué soluciones encontramos. Sin embargo, asegura que ya tiene tres candidatos dispuestos a recuperar la sede: Argentina, Puerto Rico y Venezuela. “No es un problema de sede. Podemos hacer el evento en cualquier sede dentro del continente sin ningún problema, pero quiero organizarlo en México”.
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–¿El gobierno federal se desentendió del torneo? –No, desde ningún punto de vista. Hemos trabajando hasta ahora con el montaje del mismo. Inclusive tenemos programado el sorteo el 25 de marzo y ya está contratado el lugar donde se va a hacer (Monterrey, en un principio). Todo esto ha sido más que un susto, pero llegaremos a una solución. Hasta el momento, Fiba Américas sólo ha recibido 35% de las garantías para la organización del Premundial. Es decir, aún están pendientes 4 millones de dólares, y en Monterrey aún esperan el torneo Preolímpico de Basquetbol. Manuel Sáenz Rodríguez, presidente de la Asociación de Baloncesto de Nuevo León, desconoce los detalles del Preolímpico y la forma en que la preparación del mismo ha sido manejada por el instituto del deporte estatal y los organizadores. Desconoce los detalles del presupuesto, de los patrocinios y del fideicomiso que debió integrarse para la ocasión. Es decir, ignora asuntos de los que, pareciera, debería estar enterado por tratarse de la cabeza de este deporte en la entidad. Empero, Sáenz expone que el torneo debe efectuarse en Monterrey para evitar que el prestigio del baloncesto en el país se vea afectado. Recuerda que hasta el momento no se cuenta con una federación de la especialidad y que renunciar a la planeación del torneo significaría que no hay apoyo para el deporte. El presidente del basquetbol de Nuevo León avisa además que si el Preolímpico no se efectúa finalmente en Monterrey, no se hará en ninguna otra ciudad de México, toda vez que la cancelación será para el país. Y precisa que en caso de que la Fiba multe al baloncesto local por la cancelación del certamen, la Conade deberá asumir el pago.
El pasado 18 de febrero, el presidente del COM, Carlos Padilla, reconoció que una vez que el gobierno federal declinó celebrar el Mundial de Natación, otros certámenes también corren el riesgo de ser cancelados. El directivo dijo que la SEP ya analizaba si era conveniente realizar competencias como el Preolímpico de Basquetbol, el Mundial de Triatlón 2016, así como el Mundial de Judo Master del próximo año, por los recortes presupuestales. “Hay otros eventos, pero los mundiales son los que más peligran en estos momentos”, puntualizó Padilla, presidente del comité organizador del Preolímpico de Basquetbol. A pesar del pesimismo de Carlos Padilla, el presidente de la Federación Mexicana de Judo, Manuel Larrañaga, afirma que el Mundial Master de la especialidad está firme, tanto que en estos días el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, firmará el contrato con la federación internacional de la especialidad y la federación mexicana. Según Larrañaga, en abril se hará el depósito de la garantía, es decir, 500 mil dólares, como se estipula en el contrato. “En realidad, el evento cuesta el doble, pero no resulta tan oneroso porque las delegaciones participantes vienen pagando sus propios gastos. En este deporte somos gente decente; no somos abusivos. Además, el mundial está programado para 2016.”. El Campeonato Mundial Master de Judo es el último acto clasificatorio de Río 2016. Participan los mejores exponentes del mundo, y los primeros seis lugares obtienen de forma directa su pase a los próximos Juegos Olímpicos. México ganó la sede correspondiente el pasado 24 de enero, y a decir de Larrañaga es el único que hasta ahora no está en riesgo.
PALABRA DE LE C T O R
Se reabre la polémica sobre el boicot electoral De Armando Bartra Señor director:
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e agradeceré publicar los siguientes planteamientos en Palabra de Lector. El 8 de febrero publiqué en La Jornada un artículo donde polemizo con “quienes llaman a no votar o anular el voto para así desfondar el sistema, mientras que otros pensamos que la electoral es parte de una gran batalla cuyo escenario son las calles pero también las urnas”. El día 15, en Proceso, Gilberto López y Rivas polemiza conmigo (Votar o no votar: ¿Es ése realmente el dilema en México?). ¿En torno a qué? No me queda claro. Y es que su artículo en ningún momento llama a no sufragar, anular el voto o boicotear los comicios, que es el asunto central del mío. Más aún, sostiene, como yo, que “no se trata de renunciar (…) a la lucha electoral, ni al partido como instrumento organizativo al servicio de la transformación social”; se declara, como lo hago yo, a favor de “organizaciones sociales unificadas a organizaciones políticas que se ganen el apoyo masivo en las urnas”, y concluye admitiendo que “están en su derecho quienes quieren organizarse nuevamente por esa vía (la electoral), especialmente a las bases de Morena”. Y por si fuera poco, su artículo se llama igual que el mío. Entonces, ¿cuál es la bronca? Todos los de izquierda llamamos a organizar, movilizar y crear poder popular para así refundar a México. Algunos piensan hacerlo sin partidos y sin elecciones. Otros, como yo –y por lo visto Gilberto–, creemos que no hay que “renunciar a la lucha electoral ni al partido”. Así pues, además de impulsar los movimientos, el reto que tenemos quienes no renunciamos es sacar de la inmundicia en que se encuentran a los partidos, a los comicios y en general a la política institucional. El desafío es hacer de estos ámbitos, hoy enlodados, un terreno de lucha. Ahora bien, ¿quién, aparte de Morena, está tratando de construir un partido de nuevo tipo?; ¿quién, aparte de Morena, está planteando una alternativa electoral diferente? Y porque está en ese camino, el Movimiento arriesga, comete errores, reproduce vicios… Lo otro es clamar contra la clase política, y en la práctica dejar la cancha a los personeros de la oligarquía, a los vividores, a los corruptos. Ese es el dilema. No si hay que votar o no hay que votar, sino cómo los que “no renunciamos a la lucha electoral” hacemos del voto un ejercicio democrático, una forma entre otras de poder popular. Entonces el problema no es con Gilberto, que cuando menos en su texto no argumenta a favor del abstencionismo, sino con quienes sin proponer nada para dignificar la política institucional, llaman expresamente a no votar, a anular el voto o a boicotear las elecciones pensando que de esta manera deslegitiman al sistema. Y no lo plantean sólo para Guerrero, donde como están las cosas ciertamente los comicios no deberían realizarse. Ni sólo para estas elecciones intermedias, que como siempre serán comicios desangelados. El anulismo militante generaliza su escepticismo a
todas las elecciones y a todos los candidatos. Además, no es un planteo nuevo: se inauguró en 2006 impulsado por “La otra campaña” del EZLN; se repitió en 2012, y ahora se reactiva con los mismos argumentos. Señalamientos en los que se mezclan críticas muy pertinentes al autoritarismo del régimen y a los desfiguros políticos de las presuntas izquierdas, con descalificaciones de mala fe destinadas a justificar a posteriori las dañinas posturas de quienes se opusieron y se oponen a la participación electoral. Y pese a que en su artículo no llama a no votar, Gilberto retoma algunos de esos argumentos. “Las izquierdas electorales –dice– no se organizaron ni tampoco organizaron a la sociedad para revertir el fraude que venía preparándose”. Suena pertinente la reclamación… pero vista de cerca es insostenible. Y es que para “revertir el fraude” primero tiene que haber fraude. En 2006 y en 2012 nos hicieron fraude porque les ganamos las elecciones o íbamos a ganárselas. Y se las ganamos gracias al activismo de cientos de miles de personas y a base de propuesta razonada, candidato creíble, organización de base y mucha movilización. ¿Que nos quedamos cortos? ¿Que pudimos haber hecho más? ¿Que se pudo haber defendido mejor el triunfo? Es posible. Pero para reclamar con autoridad moral por la forma en que hacen las campañas quienes hacen campañas, por la manera en que defienden los resultados quienes los defienden, primero habría que participar en ellas, ¿no? A menos que se piense que la mejor forma de evitar los fraudes electorales es convocando a no votar, porque así los fraudes ya no serán necesarios. No haber encontrado la manera de revertir el fraude de 2006 y la compra de la elección en 2012 tuvo un altísimo costo en vidas que –estoy seguro– no hubiéramos tenido que pagar con López Obrador en la Presidencia. Quienes trabajamos por un cambio de gobierno nos sentimos responsables por no haber hecho más y por no haberlo hecho mejor. Pero me pregunto cómo se sienten quienes llamando a no votar facilitaron la llegada no de la revolución, sino de Calderón y Peña Nieto. Sean autocríticos, pide Gilberto. Sí. Pero todos. En este debate, la vía para el cambio es la cuestión de fondo. Y al respecto yo he propuesto “una combinación de movimientos y elecciones”. Fórmula simple pero especiosa para la que encuentro inspiración en partidos como el griego Syriza y el español Podemos, así como en procesos de cambio ocurridos en América del Sur. Al respecto, Gilberto demanda un “análisis de mayor calado”, y a continuación enfatiza el papel que en Venezuela, Bolivia y Ecuador tuvieron las “previas
y francas rupturas”, los “movimientos indígenas” y las “revoluciones ciudadanas”. Recordatorio con el que no puedo menos que coincidir, pues constituye la primera mitad de mi fórmula dual. ¿Está Gilberto de acuerdo con la otra mitad? ¿O es que cree que con un “análisis de más calado” se puede escamotear el papel decisivo, no exclusivo, que en la liberación de estos países tuvieron y siguen teniendo las elecciones? Termino por donde empieza Gilberto, por la coyuntura. En el artículo en cuestión sostuve que gracias a la movilización por Ayotzinapa, a la incuestionable legitimidad de sus banderas y al amplio consenso con que contaba y cuenta, en diciembre de 2014 vivimos una para México inédita crisis de Estado, la cual “apuntaba a la caída de la administración y a un reacomodo político que abriera paso al cambio de régimen por la combinación de elecciones y movilización social”. Precisamente el tipo de “revolución ciudadana” que según Gilberto hizo posible el cambio en algunos países del Cono Sur. Pero, para mi sorpresa, lo primero que a Gilberto le parece sin “sustento” del artículo es que yo sostengo que “¡Fuera Peña!” era la “bandera más flameante” del movimiento. Y no, dice él, “¡Fuera Peña!” no era más que “una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas”. ¿Cientos de miles exigiendo una y otra vez en las calles la renuncia del presidente de la República, mientras el mundo entero lo estigmatiza es poca cosa, es una consigna más? Ante esta radical diferencia de apreciación, lo de menos es que enseguida Gilberto confunda mis objeciones al boicot electoral que –asociado a un Constituyente Ciudadano y a una nueva Constitución– planteó la “izquierda eclesial” (los obispos Raúl Vera y Ramón Castro, los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha, y laicos como Javier Sicilia), con presuntas críticas al Congreso Popular que sesionó el 5 de febrero y al que yo nunca me referí. Lo que importa es que, en mi visión de la coyuntura –y por lo visto no en la de Gilberto–, a finales de 2014 estuvimos más cerca que nunca de un quiebre político sustentado en el descontento y la multitudinaria movilización social, que avanzara hacia un gobierno de transición, un nuevo Constituyente y una nueva Constitución, y, con ello, hacia la refundación del país. Lo cual era posible si el presidente y los secretarios nos seguían ayudando con sus torpezas, y si las fuerzas movilizadas y posibles de movilizar se hubieran concentrado en procurar la salida de Peña Nieto. Exigencia que, entre otros personajes menos visibles, planteaba una y otra vez López Obrador (¿será por esto que a algunos no les parece tan “flameante” la consigna?). En esas excepcionales circunstancias, plantear la abstención, el boicot electoral, el Constituyente Ciudadano, la refundación de México o cualquier otra cosa, sin poner en el centro la salida de Peña Nieto, era “darle un respiro”. Y se lo dimos. Ni modo. Colofón. Hay en México un fundado descreimiento en las elecciones, y algunos llaman a abstenerse. Con ese motivo escribí un artículo donde en esencia sostengo que no sufragar, hacerlo en blanco o boicotear los comicios es hacer el juego a los personeros de la oligarquía que se perpetúan electoralmente gracias a sus clientelas y comprando el voto. Gilberto me contestó, pero extrañamente de esto que es el centro de mi ar-
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gumento y de un intenso debate nacional, no dijo nada, absolutamente nada. En cambio, más de dos tercios de su texto son críticas –unas justas y otras injustas– a Morena y a López Obrador, que son quienes bien que mal llaman a movilizarse socialmente y a votar por la izquierda. ¿Cuál es el mensaje? Atentamente Armando Bartra
De Felipe Echenique March Señor director:
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nte la polémica suscitada por las próximas elecciones federales, estatales y municipales, le solicito publicar las siguientes líneas: Los intelectuales orgánicos están escribiendo en contra de lo que podríamos llamar en forma genérica el abstencionismo, y más ruido hacen los vocingleros y burócratas del sistema electoral –que incluye a todos los miembros de los partidos políticos– en la radio, la televisión, el internet y los espectaculares para descalificar –y llenar de culpas pasadas y por venir– a quienes nos proponemos realizar campañas permanentes de abstención, oposición, sabotaje, combate –o como se le quiera llamar– al sistema electoral y su peor resultado: la elección de un grupúsculo no sólo de vividores, sino de verdugos de los intereses de las grandes mayorías y, en consecuencia, de nuestras propias vidas, tal y como lo estamos experimentando ahora. Nadie está obligado a lo imposible y, menos aún, a renunciar al reconocimiento de su propia dignidad. Si no hay partido político o individuos que me pueden representar para que yo y todos los mexicanos tengamos una vida digna, justa, equitativa y en paz, ¿por qué debo votar? La abstención no es sólo una acción, es un derecho humano inalienable e imprescriptible a mantener la dignidad y la razón sobre la mentira, el cinismo, la hipocresía y la estupidez montadas en caballo de hacienda. Mantener mi posición extrema de oponerme al sistema del horror al que nos quieren condenar es un acto no sólo de lucidez, sino de valor extremo cívico-histórico, para decir a quienes se han alzado con los poderes públicos que, a pesar de todas las campañas y acciones que realizan para aterrorizarnos, enajenarnos, acobardarnos, reducir nuestra inteligencia y capacidad de discernimiento y decisión, seguimos vivos y dignos, con la única posibilidad que tenemos: la vía pacífica de abstenernos política y militantemente en los procesos electorales y exhibir la ilegitimidad e ilegalidad con que gobiernan las camarillas que están en los llamados poderes federales, estatales y municipales. Entre todos los partidos políticos no juntan ni siquiera una mayoría relativa de toda la nación. Entonces, ¿cómo gobiernan y dictan leyes? La razón no puede ser vencida por el discurso de la conveniencia de lo menos malo, pues en ello está la renuncia al derecho más inalienable e imperceptible que tenemos los seres humanos de oponernos y resistir a nuestros verdugos. No es instinto de sobrevivencia. Se trata de convicción, de que la dignidad se antepone a lo que pareciera nuestra desgracia y fin manifiesto. Todos los partidos políticos juegan a lo mismo: a exprimir la esperanza; mientras que para los abstencionistas la esperanza está puesta en la recuperación de la dignidad humana. Atentamente Historiador Felipe I. Echenique March
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De Miguel García P. Señor director:
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ucho le agradeceré la publicación de la siguiente reflexión como respuesta a la invitación que nos hace Santiago Cardoso Villegas (Acerca de “Narcisismo y boicot electoral”, Palabra de Lector de Proceso 1999) a reflexionar, como Sicilia, sobre la necesidad del boicot electoral apoyándonos en la idea del narcisismo. Investigando más sobre el mito aludido por Sicilia encuentro que, según Ovidio, Narciso rehusó el amor de la ninfa Eco por amor a su propia belleza. Así, en este caso, el objeto del amor, en especial físicamente, es la propia persona y es lo que Freud entiende como narcisismo primario. Desde este punto de vista, a un narcisista no le interesaría ser un político en busca de votos. El narcisismo secundario sería, para el mismo Freud, aquel en el que el amor corresponde a un objeto amado anteriormente en el que no se encuentra a sí mismo sino que se pierde o niega, y tal vez esta versión corresponda a la de Javier Cercas presentada por Sicilia en su artículo de Proceso 1998. De acuerdo con esta última, el narcisismo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza “por la fe ciega y sin motivo en la propia grandeza, por la necesidad compulsiva de admiración y por la falta de empatía”. Aquí la negación políticamente hablando sería presentarse ante el electorado como lo que no se es justificando así la otra idea, recordada por Javier Cercas, de que “Ovidio niega que Narciso se haya enamorado de sí; en realidad se odia y se desprecia… y muere en cuanto se ve”. Sicilia concluye que “hay una manera de detenerlos, de exhibirlos y ponerlos delante de la fealdad que no quieren ver: boicotear el proceso electoral”. Llegados a este punto, Santiago Cardoso se pregunta si las elecciones sirven para otra cosa que no sea seguir con más de lo mismo y con el engaño del sueño de un cambio. Aquí quiero hacer notar en primer lugar que la compra del voto no hubiera sido necesaria con el voto nulo, blanco o boicoteado; la necesidad de esconder un resultado adverso la hizo necesaria, Narciso se vio a sí mismo y ya vemos lo que está pasando. En segundo lugar, seis años antes de esto, llamados similares como el del subcomandante Marcos le restaron ímpetu a la opción política que hubiera evitado tantas muertes. Con lo anterior no le quiero restar valor a lo que, por lo demás, representa Marcos ni sostener que Morena sea la solución absoluta propuesta por López Obrador, sino enfatizar los cuatro principios expuestos por el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio) y relacionados con “las tensiones bipolares propias de toda realidad social” como la nuestra. Las presento escogiendo brevemente explicaciones del Papa: –El tiempo es superior al espacio: “Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación” (n. 223). –La unidad prevalece sobre el conflicto: “No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna” (n. 228). “Este criterio evangélico nos recuerda que Cristo ha unificado todo en sí: cielo y tierra, Dios
y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad” (n. 229). –La realidad es más importante que la idea: “Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma”… Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad: los totalitarismos de lo relativo, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría” (n. 231). –El todo es superior a la parte: “El modelo no es la esfera en el que no hay diferencias entre uno y otro puntos equidistantes, sino el poliedro que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger lo mejor de cada uno en ese poliedro. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y todas sus potencialidades. Aun las personas que puedan ser cuestionadas por sus propios errores tienen algo que aportar que no debe perderse; es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos” (n. 236) Así pues, si la Constituyente ciudadana propuesta por monseñor Raúl Vera y por Javier Sicilia como la vía electoral son parte de nuestra realidad conflictiva, hay que alegrarnos porque se nos abre un horizonte en el tiempo marcado por la posibilidad de superar nuestros grados o tipos de narcisismo entendidos como una manifestación del pecado original en el que construimos nociones del bien y del mal al margen de Dios, obstaculizando así nuestra evolución cultural orientada a la unidad. Atentamente Miguel García P.
A LOS LECTORES 1. Toda carta dirigida al semanario Proceso deberá contener nombre y firma de su autor, una identificación fotocopiada o escaneada (de preferencia credencial de elector, por ambos lados), dirección y, en su caso, teléfono o correo electrónico. Si el remitente sólo desea publicar su nombre, lo indicará; de lo contrario, el resto de sus datos también podrían ser difundidos. 2. Ninguna carta tendrá una extensión mayor de dos cuartillas, es decir, no más de 56 líneas de 65 caracteres cada una. 3. La correspondencia no incluirá documentos probatorios de lo denunciado; se publicará conforme a su turno de llegada, y podrá ser enviada por correo, entregada personalmente, transmitida por fax (56-3620-55) o dirigida a
[email protected]. 4. La sección Palabra de Lector cierra los miércoles de cada semana.
PALABRA DE LE C T O R
Acerca de Sobre nepotismo, una de las causas del conflicto en el Poli De Rubén Mares Gallardo Señor director:
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a respuesta de Ernesto Lammoglia Ruiz al reportaje Nepotismo, una de las causas del conflicto en el Poli (Palabra de Lector de Proceso 1999) amerita los siguientes comentarios: 1. La línea editorial de Proceso no ha variado con respecto a sus orígenes. Los argumentos de Lammoglia son del tipo aristotélico ad hóminem. 2. Es cierto que Lammoglia estuvo en Canal Once siendo directora general Yoloxóchitl Bustamante, como lo evidencia husserlianamente el periodista Arturo Rodríguez García. Lo mismo, según el artículo de Proceso, ella contrató a su
yerno. Por cierto, no hubo ninguna Conferencia Magistral. 3. Además de nepotismo, la administración anterior se distinguió por crear “un nuevo modelo educativo” que haría del Poli más una Academia Vázquez que acercarnos al MIT, Caltech o al ETH de Zurich. Hay que señalar que ello no es exclusivo de la exdirectora. Al modelo contribuyeron Villa, Parada, Dolores, Rebeca, Fabila y un ex de la Anuies y de la UAM. 4. Amazonismo homérico a ultranza. Los que ejercíamos la crítica a la administración lo hacíamos, o bien por “ser machistas”, o bien por “resentidos” al no concedérsenos un “hueso”. 5. Se entregó el Canal Once a OPMA en lo obscuro de un periodo vacacional. Todo, para satisfacer al capricho de Felipe Calderón.
A propósito de Murat y la justicia
Por segunda vez, pide ayuda a EPN frente a una injusticia por homonimia Señor director:
De Miguel Ángel Tenorio
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Señor director:
e solicito publicar en la sección Palabra de Lector la siguiente carta, dirigida al presidente de la República. Señor presidente: Por este conducto recurro a usted para pedirle su apoyo con el propósito de que se haga justicia y quede en libertad mi hijo Aarón Hernández Martínez, quien acaba de cumplir dos años preso en el penal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, acusado de un delito que no cometió, pues se trata de un caso de homonimia por llevar el mismo nombre que el verdadero delincuente. Aarón y toda nuestra familia nacimos en la ciudad de Manzanillo, donde hemos vivido siempre y nos dedicamos a la venta de frutas y verduras en el Mercado 5 de Mayo, como lo ha atestiguado mucha gente que nos conoce. Mi hijo fue detenido por la Policía Federal en el aeropuerto de Tijuana el 25 de febrero de 2013, con el argumento de que su nombre aparecía en la Plataforma México y tenía dos órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero. Él había viajado a Tijuana para encontrarse con su hermano mayor, mi hijo José Juan, quien había comprado allá una camioneta para utilizarla en nuestro negocio de frutas y verduras y se iban a regresar juntos manejándola hasta Manzanillo. Sin darle oportunidad de aclarar las cosas, y sin siquiera tomar en cuenta que su edad y otras características no coincidían con las del acusado, Aarón fue trasladado a Tlapa de Comonfort, donde ha enfrentado un proceso tortuoso, en el que tampoco se han tomado en cuenta las pruebas que demuestran su inocencia. Los hechos por los que culpan a mi hijo ocurrieron en 2006, cuando un grupo de curanderos llegó a esa región anunciando que curaban todo tipo de enfermedades, y con la promesa de “bendecirles” su dinero, lograron que varios habitantes les entregaran grandes cantidades en efectivo y posteriormente huyeron. De acuerdo con los juicios 85/2008-III y 88/2008-III, derivados de las denuncias presentadas después por cinco de los agraviados, el
Desconozco totalmente la capacidad profesional de Lammoglia, y no me interesan sus consejos y guías. Como Sócrates en la plaza pública de Atenas, proclamo: “Cuántas cosas existen, las que no me hacen falta”. Atentamente Doctor Rubén Mares Gallardo Escuela Superior de Física y Matemáticas-IPN
[email protected]
e escribo estas líneas que en realidad van dirigidas específicamente a la compañera dramaturga Sabina Berman, aunque me gustaría compartirlas con todos los lectores: Después de leer con mucha atención el artículo de Sabina Berman Murat y la justicia (Proceso 1998), aparte de considerar que es excelente, descubro que es un maravilloso texto como para leerse en voz alta, y pienso que a lo
mejor todos los grupos de teatro independiente pueden presentarlo ante su público entre la segunda y la tercera llamadas, contribuyendo con ello a seguir machando por todos lados para algún día moderar esa gran corrupción que nos está destruyendo como país. El texto escrito por la pluma de una dramaturga tiene esa facilidad, que puede ser leído en voz alta y suena bien. Te felicito, Sabina, y ojalá que algunos grupos tomen esta idea. Atentamente Miguel Ángel Tenorio Teléfono: 5355- 2199
monto total de la estafa ascendió a cerca de 1 millón 200 mil pesos. Desde que mi hijo fue llevado a Tlapa de Comonfort, las autoridades cometieron la irregularidad de presentarlo a él solo, como uno de los delincuentes, ante los estafados, lo que predispuso a éstos a afirmar que él fue uno de ellos, pero ni siquiera se le colocó entre varias personas para garantizar un proceso de identificación más confiable. Y ha sido únicamente la afirmación de los agraviados lo que ha mantenido a mi hijo en la cárcel por dos años, pues el resto de los elementos del expediente prueban que él no tiene nada que ver en esos hechos. Según el retrato hablado al que habían dado forma los propios afectados, el “Aarón Hernández Martínez” al que ellos conocieron tenía “entre 35 y 40 años” de edad en 2006, cuando mi hijo tenía apenas 19 años. Asimismo, dijeron que sus rasgos físicos eran de raza negra, presuntamente de nacionalidad puertorriqueña, lo que no coincide con la fisonomía de mi hijo. Además, una joven que trabajó con los curanderos y la persona que les rentó la casa para consultorio declararon ante la juez que el “Aarón” que conocieron en aquel tiempo no es el que ahora se encuentra detenido. Durante este calvario que seguimos viviendo –todavía no se ha dictado la sentencia– hemos recibido apoyo jurídico y económico del gobierno de Colima para mantener la defensa de mi hijo,
pero en los últimos meses no hemos podido ser recibidos por el gobernador Mario Anguiano Moreno para exponerle la situación y pedirle intensificar su apoyo de una manera más decidida. Señor presidente: Como madre me encuentro desesperada por esta situación que nos ha impactado en la familia desde todos los puntos de vista. La injusticia que está viviendo mi hijo ya cobró tres muertes, pues en uno de los viajes de Manzanillo a Guerrero para ir a visitarlo se accidentaron y murieron mi hijo mayor, José Juan; mi hermano y su esposa. También, como consecuencia de su encarcelamiento, mi hijo Aarón, que tiene dos hijos, ya sufrió la disolución de su matrimonio. Este caso, señor Enrique Peña Nieto, ya se lo expuse directamente a usted hace más de un año en una de sus visitas a Manzanillo, pero semanas después una oficina de la Presidencia me contestó a través de una carta que el asunto no es de su competencia. Señor presidente: Ante esta gran injusticia que seguimos viviendo, no nos queda más que insistir ante usted para que nos apoye. Ya sufrimos mucho y, como usted ve, hemos padecido daños irreparables. Como madre sólo me queda apelar a su sensibilidad humana. Espero ver que llegue la justicia para mi hijo. Atentamente María Concepción Martínez Reyes Celular: 045/314-103-2048
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