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JUICIO POLÍTICO AL GOBERNADOR JAVIER DUARTE DE OCHOA OCHOA POR SAQUEO DEL ERARIO PÚBLICO, PÚBL ICO, INEFICIENCIA, DESPILFARRO, CORRUPCIÓN Y EJERCIC EJ ERCICIO IO INDEB INDEB IDO DEL DEL PODER PODER PÚBLICO PÚBL ICO
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JUICIO POLÍTICO AL GOBERNADOR JAVIER DUARTE DE OCHOA OCHOA POR SAQUEO DEL ERARIO PÚBLICO, PÚBL ICO, INEFICIENCIA, DESPILFARRO, CORRUPCIÓN Y EJERCIC EJ ERCICIO IO INDEB INDEB IDO DEL DEL PODER PODER PÚBLICO PÚBL ICO
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ÍNDICE INTRODUCCIÓN……………….…………………………………………………………...…………………. 4 I. EL ATAQUE ATA QUE A LOS L OS ENTES PÚBL PÚBLICOS… ICOS…………8 ………8 1.1 El secuestro y utilización discrecional de las finanzas de las dependencias y organismos
autónomos autónom os estatales…………………............ estatales…………………........................... ........................... ............................ ............................... ..........................……. ...........……... 8 1.2 Falta de liberación de recursos ya presupuestados (existencia de subejercicios)………..9 1.3 Las cuentas públicas consolidadas y el ejercicio como una práctica sistemática en el
gobierno de Duarte…………………………………………………………………………………… 12 1.4 Recursos no entregados a la Universidad Veracruzana……………………………...……… 15 1.5 La deuda a la Universidad Veracruzana, de acuerdo con el observatorio de finanzas
públicas……………………………………………………...…………………………………………. 17 Conclusiones………..……………………………………………… ……………………………………………....... …………………........….…. .….….18 1.6 Conclusiones………..…………………… II. EL ATAQUE A L A FORMA DE GOBIERNO DEL DEL ESTADO, ASÍ COMO A LA ORGANIZACIÓN ORGA NIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS……………………………………………….… 19 2.1 Ilegalidad en el presupuesto de egresos FISM y RAMO 28………………………………...… 20 2.2 Perjuicio a los municipios más pobres del Estado……………………………………..………. 25 2.3 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FAEB………………………….. 25 2.4 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA…………………………………. 27 2.5 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social FISE…………………………………... 28 2.6 Fondo de Aportaciones Múltiples FAM…………………………………………………………. 29 2.7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP………………………………..…… 29 2.8 Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. Seguro Popular…………………………………….. 30
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Conclusión……………………………………………...…………………… ………...……………………………………….... …………………....... ...32 2.9 Conclusión…………………………………… III. LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA SISTEMÁTICA A L AS GARANTÍAS INDIVIDUAL INDIVIDUALES ES O SOCIALES. SOCIALES. 3.1 Negligencia en el cumplimiento de la aplicación expedita de la ley en el caso de las
desapariciones de personas y la atención de las víctimas de desaparecidos…………….……. 33 3.2 La ineficiente administración de los recursos del FASP………………………………………. 34 3.3 Las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al FASP……...……… 36 3.4 El daño y prejuicio a las garantías individuales de los veracruzanos…………………….… 42 3.5 Conclusión…………………………………………………………………………………………. 53 IV. LA VIOL ACIÓN SISTEMÁTICA SISTEMÁTICA A LOS PLANES, PL ANES, PROGRAMAS PROGRAMAS O PRESUPUESTOS, PRESUPUESTOS, ASÍ COMO A LA NORMATIVA APLICABLE A LA RECAUDACIÓN, MANEJO, ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN APL ICACIÓN DE LOS L OS CAUDALES CAUDA LES PÚBL P ÚBLICOS. ICOS. 4.1 Programa Veracruzano de Desarrollo Social………………………………………..………….. 54 4.2 Conclusión………………………………………………………………………………………….. 86 V. EL ATAQUE AL A L EJERCI EJ ERCICIO CIO DEL SUFRAGIO. SUFRAGIO. 5.1 Extorsión de los programas sociales………………………………………………………….… 86 CONCLUSIÓN …………………………………………………………………..……………………………... 93
……………………………………………………………… ……………………………………........ ………........96 FUENTES DE INVESTIGACIÓN …………………………………
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INTRODUCCIÓN
El juicio político es un proceso jurisdiccional –iniciado a partir de una denuncia, que conforme al art.9° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, puede ser
interpuesta por cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad- que sirve para determinar la responsabilidad de parlamentarios u otros funcionarios de elevada jerarquía que, en el ámbito de sus atribuciones, han cometido acciones u omisiones graves 1. Mediante este proceso -durante el cual corresponderá a la Cámara Cámara de Diputados el sustanciar sustanciar el procedimiento actuando como órgano órgano instructor y de acusación por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia (quienes designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos)políticos)- el Congreso de la Unión puede
juzgar la existencia de actos de los cuales pueda desprenderse desprenderse una responsabilidad responsabilidad política y determinar su gravedad para que, posteriormente, la Cámara de Senadores pueda fungir como Jurado de Sentencia e indicar si corresponde sancionar dichos actos de responsabilidad con
destitución y/o inhabilitación .
Con fundamento en en lo dispuesto en los art. 108° a 114° Constitucionales, en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, y en los art. 5° (que establece que “son sujetos de Juicio Político….los Gobernadores de los Estados y los Diputados a las Legislaturas Locales por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las Leyes Federales que de ella emanen” ), 6°, 7° (que determinan que es procedente el juicio político político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho), 9° y 12° de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el presente documento, se exponen las bases jurídicas y los hechos que dan solidez al juicio político promovido por el C. Fidel Robles Guadarrama (Diputado en ejercicio ejercicio de la LXIII Legislatura Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave) en contra del C. Javier Duarte de Ochoa, actual
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Gobernador Gobernado r Constitucional Constitucio nal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
A lo largo de su gestión, Javier Duarte de Ochoa (un político formado en las líneas del PRI, el partido que durante 86 años continuos ha detentado el control del gobierno estatal de Veracruz) ha incurrido en numerosos y constatables c onstatables abusos, arbitrariedad arbitrariedades es y accesos de poder que, sumados sumados a su incapacidad para brindar servicios gubernamentales de calidad, han afectado de forma especialmente dañina los intereses públicos fundamentales de los veracruzanos. Entre las múltiples contrariedades que ha experimentado la población durante su mandato pueden destacarse las siguientes:
•
El incremento incremento irracional irracional de la deuda pública estatal reconocida, y el ocultamiento ocultamiento de una deuda mayor no reconocida.
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El alto número de periodistas asesinados y desaparecidos (10 y 4, respectivamente, en lo que va de su gestión)
•
El incremento en el número de pobres oficialmente reconocidos (según cifras del CONE VAL y de la Cruzad a Nacional Contra el Hambr e).
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El alto número de empleos perdidos y en el empobrecimiento empobrecimiento laboral.
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El elevado y sistemático subejercicio presupuestal.
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El incremento en el número de crímenes y el aumento de la desconfianza de la sociedad.
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Las reiteradas devoluciones de recursos recursos presupuestales a la Federación por no demostrar su ejercicio.
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El mantenimiento las elevadas cifras de mortalidad materna.
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El número de Secretarios de Finanzas cambiados por incapacidad
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conveniencia
políticas. •
El nú me ro de obs er v ac io ne s –no sol ve nt ad as satis satisfa fact ctor oriam iament ente– e– de la Audi Audito torí ría a Superior de la Federación.
•
El daño del del prestigio estatal en materia materia deportiva, devenido devenido de la deficiente organización
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de los Juegos Panamericanos. •
La gran cantidad de mentiras comprobables en los informes oficiales oficiales del gobierno.
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El escan escanda dalo loso so número de fosas clandestinas encontradas en el Estado. Estad o.
•
El alto número de desapariciones de jóvenes.
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La desatenci ón, desprotec ción y abandono aban dono de los migrantes migrantes en su paso por el Estado.
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La profundización del abandono del campo veracruzano.
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El aume aument nto, o, exorbitante exorbita nte e injustificable, injustifi cable, del gasto burocrático. burocráti co.
•
El abandono abandono del desarrollo desarrollo económico.
•
La retención o cancelación de presupuestos en materia de Salud.
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La cancelación de presupuesto para vivienda.
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El deterioro generalizado de caminos y carreteras estatales por Falta de inversión adecuada y oportuna.
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La larga e injustificable i njustificable retención retención de presupuestos para atender los desastres naturales.
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El presupuesto no entregado entregado a la Universidad Veracruzana por más de 5 mil millones de pesos.
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El mayor escándalo de funcionarios públicos ligados al uso electoral de programas gubernamentales.
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La conocida impunidad de funcionarios funcionarios de todos los los niveles de su administración.
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La vulneración de la autonomía del poder Legislativo.
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El deterioro del nivel educativo de los veracruzanos, constatable en los altos índices de analfabetismo y rezago educativo.
Estas afectaciones son algunas de las manifestaciones más claras del daño al interés público y su correcto despacho que generan las acciones y omisiones planeadas del Gobernador Javier Duarte
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públicos, y al art.12 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz De Ignacio de la Llave- son razones que cimientan la pertinencia de un juicio político en su contra, pues todas ellas pueden ser agrupadas dentro de alguna de las nueve categorías de causales -señaladas en el art.13 de la misma Ley de Juicio Político- que dan procedencia al arranque de un Juicio Político. Estas nueve causales son las siguientes: I. El ataque a los entes públicos II. El ataque a la forma de Gobierno del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios III. La violación sistemática a las garantías individuales o sociales IV. La violación sistemática a los planes, programas o presupuestos, así como a la normativa aplicable a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos V. El ataque al ejercicio del sufragio VI. La usurpación de atribuciones VII. Cualesquier acción u omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución Política o a las leyes del Estado, cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el funcionamiento de los entes públicos VIII. Cualesquier acción u omisión que provoque en forma dolosa la suspensión o desaparición de algún ayuntamiento, o la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus ediles IX. Los supuestos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ambas emanan. Este texto está dividido en cinco apartados principales que corresponden a las primeras cinco causales que componen el Juicio Político iniciado por el antes citado, C. Fidel Robles Guadarramaen contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En cada uno de estos ap artados se presentan evidencias duras (datos estadísticos aportados por documentación institucional de diferentes niveles) contra el proceder de Javier Duarte durante su gestión, se hace un
análisis de cantidades por fuentes institucionales, observaciones de la Auditoria Superior de la
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conclusión (apoyada con notas periodísticas en donde se denota lo informada que está la ciudadanía respecto a estas irregularidades, y su interés por que éstas sean denunciadas y castigadas ) de la sanción que debe as asumir umir el gobernador de acuerdo acuer do con lo lo consi consigna gnado do por por la Constitución Const itución Política Pol ítica de los l os Estados Unidos Mexicanos en los artículos que sustentan el Juicio Político.
I. EL ATAQUE AT AQUE A LOS L OS ENTES PÚBL PÚBLICOS ICOS.. 1.1 EL SECUESTRO Y UTIL UTIL IZACIÓ IZACIÓN N DISCRECIO DISCRECIONAL NAL DE LAS LA S FINANZAS DE LAS LA S DEPENDENCI DEPEND ENCIAS AS Y ORGANISMOS AUTÓNO A UTÓNOMOS MOS ESTATALES ESTATAL ES En tribuna, diputados de diferentes grupos parlamentarios han denunciado reiteradamente la falta de transparencia en la administración administrac ión de Javier Jav ier Duarte, la existe existencia ncia de posibles hechos delictivos delict ivos en su manejo de los recursos públicos e irregularidades evidenciadas en medios de comunicación estatales, en estudios realizados por investigadores y expertos universitarios (entre los que resalta el Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana), e incluso en
las
glosas de los Informes presentados anualmente por su propio Gobierno y en las revisiones de las Cuentas Públicas practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); anomalías de tal talla que han llevado a la propia Auditoría Superior a formular denuncias ante la Procuraduría General de la Republica (PGR), y a solicitar a la Contraloría General del Estado el inicio de acciones jurídicas en contra de funcionarios responsables de observaciones graves. Los informes de gobierno, las cuentas públicas anuales y los informes de las cuentas públicas de la ASF de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 reportan que una parte sustancial de los recursos presupuestales y financieros para la mayoría de las dependencias no fueron entregados en los tiempos, en los montos y en las formas establecidas por la propia planeación de los mismos, causando un grave daño a las actividades de las dependencias y a la atención de las necesidades públicas a cargo cargo de servicios gubernamentales gubernamentales a que obligan la Constitución Política del Estado, y las Leyes, los Presupuestos y los Programas tanto federales como estatales.
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de dos líneas principales de argumentación: 1.- La falta de liberación de recursos ya presupuestados, es decir la existencia de Subejercicios en la presente administración. 2.- Recursos no entregados a la Universidad Veracruzana Los hechos que validan dichas líneas de argumentación son los siguientes: a) El hecho de que el tercer trimestre de cada año los recursos liberados son inferiores al 30% de los actualizados. actualizados . b) El hecho de que los recursos autorizados para la UV tanto federales como estatales no han sido entregados en su totalidad c) El hecho de que la Observaciones realizadas por la ASF (Auditoría Superior de la Federación), explicitan las faltas administrativas cometidas por el gobierno de Javier Duarte.
1.2 FALTA DE LIBERACIÓN LIB ERACIÓN DE RECURSOS RECURSOS YA PRESUPUESTADOS PRESUPUESTADOS (EXISTENCIA DE SUBEJERCICIOS) El continuo subejercicio del presupuesto presupuest o se ha convertido converti do en un rasgo característico característic o de la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien, al generar instrucciones o incurrir en omisiones graves ataca el correcto despacho de los intereses públicos a que está obligado por la Constitución y las Leyes de la administración pública gubernamental estatal. El análisis de los informes de gobierno de los años 2012 a 2014 (donde se encontró que para septiembre de cada año, en el tercer trimestre del ejercicio presupuestal, se había liberado sólo una tercera parte de lo autorizado presupuestalmente por el Congreso del Estado), de las cuentas públicas anuales y los informes de las cuentas públicas de la ASF de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 revelan que una parte sustancial de los recursos presupuestales y financieros para la mayoría de las dependencias no fueron entregados en los tiempos, en los montos y en las formas establecidas en la planeación de los mismos; es decir, que sistemáticamente se realizó un gasto menor al gasto presupuestal aprobado. Esto constituye un asalto a las necesidades públicas y a los entes públicos
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estatales y municipales encargados de satisfacerlas, cuyas actividades fueron dificultadas por esta ausencia de recursos. Podemos constatar esta sistemática retención de recursos revisando los Anexos de Inversión de los Informes de Gobierno presentados por el mismo Javier Duarte, que son documentos técnicos que acompañan a los textos principales y que tienen por objeto explicitar las afirmaciones y los datos ofrecidos en materia de inversión pública, en el cuerpo de cada Informe. Estos Anexos de Inversión se encuentra divididos en tres secciones denominadas: Inversión Pública o Inversión para el Desarrollo (Capítulo 6000); Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; Pers onal; y Fondo de Desastres Naturales, en los que se detallan las obras, acciones y los programas emprendidos con los recursos autorizados por las Legislaturas del Estado, así como aquellos obtenidos a partir de diversas gestiones que llevó a cabo el Gobernador del Estado ante la Federación. Para 2014 se agrega Información sobre la inversión en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (Introducción de los Anexos de Inversión de cada año). Anex An exo o de In versi ver sió ó n del Info In form rme e 2011: Este año, el monto destinado para la inversión, con corte al
14 de septiembre, es de 12,807.2 millones de pesos, que comprende recursos por 5,441.6 millones de pesos del Capítulo 6000 Inversión Pública; 2,300.8 millones de pesos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal; y 5,064.8 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales.
Anex An exo o d e Inver In versi si ón d el Info Inf o rme rm e 2012: El monto total destinado para la inversión con corte al 14 de
septiembre es de 17, 631,559.2 millones de pesos. Comprende recursos por 8, 832,387.3 millones de
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pesos del Capítulo de Inversión Pública; 2, 526,343.3 millones de pesos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, y 6, 272,828.6 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales.
Anexo An exo de Inv ersió ers ió n del Info In form rme e 2013: Para este ejercicio se detallan 4,274 obras, acciones y
programas realizados con recursos autorizados por la Legislatura del Estado, así como de recursos obtenidos por diversas gestiones realizadas con la Federación. El monto total destinado a la inversión, con corte al 23 de septiembre es de 21, 900,322.3 millones de pesos, los cuales comprenden 11, 232,780.3 millones de pesos del Capítulo de Inversión Pública; 1, 913,044.9 millones de pesos del Fideicomiso Fideicomis o Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y 8, 754,497.2 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales.
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Anex An exo o d e Inver In versi si ón d el Infor Inf or me 2014: Para este ejercicio se detallan 3,080 obras, acciones y
programas realizados con recursos autorizados por la Legislatura del Estado, así como los obtenidos a través de diversas gestiones realizadas con la Federación. El monto total destinado para la inversión, con corte al 19 de septiembre, es de 20,909,224.0 millones de pesos, los cuales comprenden 12,244,129.6 millones de pesos del Capítulo de Inversión Pública; 1,547,000.0 millones de pesos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, 5,845,731.6 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales y 1,272,362.8 millones de pesos para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCCVERACRUZ2014).
Lo que podemos constatar en estos Anexos es que de 2012 a 2014 en los rubros de Infraestructura para el Desarrollo y FONDEN, el presupuesto autorizado fue de 52, 785,034.10 millones de pesos, sin embargo, para el tercer semestre sólo se habían ejercido 13,883,768.0 millones de pesos, esto es sólo un 26.3%, cuando de acuerdo con la calendarización del ejercicio presupuestal, cuando menos debía haberse ejercido entre el 66 y el 72% del presupuesto, esto es 34, 838,122.5 millones de pesos.
1.3 LAS CUENTAS PÚBLICAS PÚBL ICAS CONSOLIDADA CONSOLIDADAS S Y EL SUBEJERCICIO SUB EJERCICIO COMO UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA EN EL GOBIERNO DEL DEL DR. DUARTE La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) emite cada año la Cuenta Pública Consolidada (en 2014 se denominó Armonizada), en la cual se puede observar el ejercicio completo del Presupuesto para la Inversión Pública. En el apartado denominado Recursos Actualizados y Liberados por Unidad Presupuestal se puede dar seguimiento al final de cada año del ejercicio final del
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presupuesto autorizado para cada ente público, tal y como se indica en el Anexo de Inversión de los Informes de Gobierno. El análisis de estas cuentas da testimonio de constantes faltas en la liberación de altos montos del presupuesto autorizado y, por lo tanto, de los subejercicios en los Recursos de Inversión, pues como se detalla en el siguiente cuadro- en las Cuentas Públicas Consolidadas de los años 2011, 2012 y 2013, fueron actualizados 28,446.50 millones de pesos, pero sólo se ejercieron 14,985.60 millones de pesos, lo cual quiere decir que, a diciembre de esos años, hubo un subejercicio de 13,460.90 millones de pesos.
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Aunado a lo anterior, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha detectado también diversas anomalías en el ejercicio del gasto en Veracruz.
En resumen, podemos clasificar los modos generales de ataque sistemático a las finanzas públicas de cada uno de los entes públicos, identificados por la Auditoría, de la siguiente manera:
1.
RETENCIÓN ILEGAL DEL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA. Identificada al comparar los montos planeados, de acuerdo al calendario de ministración (SEFIPLAN), y el monto reportado en el Informe de Gobierno de ese año.
2.
SUBEJERCICIO EN CADA AÑO FISCAL. Corresponde al monto no liberado al 31 de diciembre de cada año (contrastar con lo dicho en la iniciativa de presupuesto, donde se considera que lo no ejercido es un AHORRO, y no un SUBEJERCICIO).
3.
PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES AMAÑADAS Y VICIADAS QUE GENERAN REITERADAS OBSERVACIONES A LA MAYORÍA DE LOS FONDOS EN LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF (pueden encontrarse abundantes notas periodísticas sobre las auditorías anuales en Veracruz en publicaciones de medios como Letras Libres, en la La Jornada, y en los boletines del OFP y de la UV)
4.
SOLVENTACIÓN TRAMPOSA -que implica devoluciones reales y simuladas de miles de millones de pesos cada año a la tesorería de la federación- QUE DAÑA GRAVEMENTE LAS FINANZAS PÚBLICAS VERACRUZANAS Y LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES MÁS IMPORTANTES DE LA POBLACIÓN.
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1.4 RECURSOS RECURSOS NO ENTREGADOS ENTREGADOS A L A UNIVER UNIVERSIDAD SIDAD VERACRUZANA La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana solicitó, en una Carta Abierta al Gobernador del Estado publicada en la revista Proceso 2, la entrega de recursos federales por 2,400 millones de pesos correspondientes correspondie ntes a ejercicios presupuestales presupues tales que el gobierno estatal no ha liberado a la Institución de 2013 a 2015. Además de ello, el gobierno del Estado ha dejado de liberar a la Universidad Veracruzana los recursos estatales aprobados por el Congreso Estatal de 2013 a agosto de 2015, los cuales suman un total de 2,058.6 millones de pesos, según lo explicó la Rectora Sara Ladrón de Guevara González durante su Segundo Informe de Labores, al exponer esta diapositiva:
El denunciante que interpuso el presente Juicio Político, el Diputado Fidel Robles Guadarrama, ha señalado en varias ocasiones, desde su curul en el Congreso del Estado, la falta de liberación de recursos a la Universidad Veracruzana y a casi todas las dependencias del propio gobierno estatal; sistemáticas dilaciones durante las que se han acumulado más de 13,000 millones de pesos. Esta multianual retención de recursos por parte del gobierno de Javier Duarte ha supuesto para la institución y los universitarios un daño irreparable. La Universidad Veracruzana se sostiene mediante recursos propios que son obtenidos principalmente por cuotas de recuperación que consideran el pago de una serie de trámites y servicios que se establecen año con año en el Tabulador General de Cuotas, y por “aportaciones económicas voluntarias” realizadas por los alumnos para constituir el “fondo 132 de aportaciones al Patronato/Fideicomiso” -el cual es administrado precisamente por un
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patronato o fideicomiso de cada facultad y escuela-. Sin el respaldo de los recursos federales y estatales, la Universidad se ve forzada a subir sus cuotas escolares y hacer obligatorias las aportaciones que en teoría debían ser voluntarias, y aun con estas medidas no es posible lograr el correcto mantenimiento y funcionamiento de la institución. La misma Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana ha expuesto cómo la falta de recursos gubernamentales “ ha limitado significativamente el crecimiento de la matrícula, la diversificación de los programas educativos, la consolidación de la investigación, la creación y recreación artística y deportiva, el mantenimiento y renovación de la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios y talleres, llegando incluso a impedir pagar oportunamente op ortunamente los salarios del personal perso nal universitario 3”
La Auditoría Superior de la Federación reportó para la Cuenta Pública 2013, en la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-4-99009-02-1242 GF-798 4”, que sólo en el rubro de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales y Otros Apoyos Federales los recursos recibidos por el Gobierno del Estado pendientes de transferir a la Universidad Veracruzana hacían un total de 122 millones, 251 mil, 400 pesos, que correspondían a los siguientes programas y proyectos de la Universidad: Ampliación de la Oferta Educativa, Programa de Mejoramiento del Profesorado, Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, Fondo de Aportaciones Múltiples. En este mismo documento la ASF hace la “Solicitud de Aclaración 13-A-30000-02-1242-03-001 para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por los 122,251.4 miles de pesos de los que no acreditó su comprobación o ministración de recursos destinados a la Universidad Veracruzana para el financiamiento de fondos y programas educativos. El gobernador del Estado, en una carta abierta dirigida a la Junta de Gobierno de la Universidad el día 7 de septiembre, dice estar comprometido con la educación superior y señala cifras históricas de recursos presupuestados para la Universidad, sin embargo, ha declarado también que no le debe nada a la Universidad porque lo que lo que el gobierno del estado aporta “generosa y solidariamente” son subsidios que dependen de los recursos disponibles, aunque nunca los entregue completos. 3 4
Declaraciones retomadas en el portal: http://www.latido.comwww.xeu.com.mx/nota.cfm?id=754157 ASF, Cuenta Pública 2013. “Auditoría Financiera y de Cumplimien to: 13-4-99009-02-1242 GF-798”, 9/09/20 15
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1.5 LA DEUDA A LA UNIVER UNIVERSIDAD SIDAD VERACRUZANA, DE ACUERDO CON CON EL OBSERVATORIO DE FINANZAS PÚBL ICAS Como respuesta a la declaración del gobernador respecto a que “el gobierno del Estado no le debe nada a la Universidad Veracruzana”, el Dr. Hilario Barcelata, coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas de la UV, publicó en el Boletín No. 0043 del Observatorio un artículo en el cual analiza las cifras de la cuenta pública y del presupuesto, contrarrestándolas con las declaraciones del gobernador, para de esta manera obtener un monto estimado del adeudo a la Casa de estudios, derivado del incumplimiento de entrega de las transferencias federales y estatales presupuestadas anualmente durante los últimos seis años, el cual es de: 3,989 millones de pesos. El artículo del el Dr. Hilario Barcelata señala que, de acuerdo con las Cuentas Públicas y el Presupuesto de Egresos de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte debió haber entregado a la Universidad Veracruzana 24,260 millones de pesos (11,593.1 de procedencia federal) en el período 2010 -2015; sin embargo, de acuerdo con las declaraciones realizadas públicamente por el gobernador del Estado el día 9 de septiembre septi embre de 2015, sólo le ha entregado a la Universidad Univ ersidad 20,322.4 millones de pesos.
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1.6 CONCLUSIÓN Este evidente y sistemático subejercicio presupuestal en el gobierno sólo puede significar dos cosas: incapacidad extrema para la planeación y/o corrupción. Para alguien con un doctorado en Economía que cuenta con planes financieros y una burocracia experta para su aplicación, como es el caso del Dr. Javier Duarte de Ochoa, tratar de pretextar este subejercicio como resultado de la ingenuidad o la ignorancia, resulta poco creíble. Las declaraciones públicas del gobernador, y la amplia metódica retención de los recursos presupuestados, revelada en los Informes de Gobierno y en las Cuentas Públicas Consolidadas, expresan, más que desconocimiento de la debida aplicación del presupuesto, un deliberado animo de saqueo a las finanzas de los principales entes públicos de Veracruz. En un artículo de Sergio Rincón, agudamente titulado: tit ulado: “Más de 3 mil 145 millones se hacen humo en Veracruz; ASF y PGR van por 29 funcionarios, dicen. 5”; el portal de noticias Sin Embargo hizo públicas las reservas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con respecto a la cuenta pública de 2013 del estado de Veracruz. A inicios de este año, la ASF realizó 183 observaciones en las que reportó que en todos los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y seguridad pública– había irregularidades; irregularidades que llegaban a un monto mayor a los 3 mil 145 millones de pesos (los cuales se desglosan de la siguiente manera: Educación: más de 66.5 millones, Salud: más de 315 millones, Infraestructura Estatal: más de 625 millones, Infraestructura municipal: más de 32.9 millones, Seguridad Pública: más de 260 millones, Escuelas de Tiempo Completo: más de 230 millones, Subsidios para Organismos Descentralizados: más de 2.8 millones , Seguro Popular: más de 1,580 y Medio Ambiente: más de 27.3 millones) y sobre las que, posteriormente, el órgano técnico de la Cámara de Diputados tuvo que emitir recomendaciones por hallar “recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la Tesorería Federal de la Federación”.
Sergio Rincón; Más de 3 mil 145 millones se hacen humo en Veracruz . Sin Embargo, 30 de septiembre de 2015.
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El recuento de las evidencias nos conduce claramente a la conclusión de que el gobierno estatal de Javier Duarte de Ochoa ha cometido actos indebidos de retención de recursos, actos opacos, deliberados y de magnitudes tan altas, que sus efectos dañan profundamente el interés público del Estado de Veracruz, lo cual constituye una causal de juicio Político.
II. EL ATAQUE A TAQUE A L A FORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO COMO A L A ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓ N POLÍTICA Y ADMINI A DMINISTRATIVA STRATIVA DE LOS L OS MUNICIPIOS MUNICIPIOS DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN A DMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERA FEDERALES LES La presente causal exhibe la irresponsabilidad administrativa del C. Javier Duarte de Ochoa en la gestión de las participaciones del Ramo 28 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), uno de los fondos que integran el Ramo 33, ejercido directamente por los municipios. Este Ramo tiene gran importancia sobre el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, y en consecuencia, las respuestas que se puedan obtener mediante el Juicio Político por la ilegalidad manifiesta en el recorte del Presupuesto de Egresos, se tornan más necesarias, puesto que estos recortes perjudicaron los ingresos de los municipios más pobres de Veracruz y afectaron el Plan Veracruzano de Desarrollo en puntos tan delicados y vitales como la gestión del agua. Las líneas de argumentación sobre las que se concentra esta causal son las siguientes: 1.- La ilegalidad en el Presupuesto de Egresos FISM y Ramo 28 2- El análisis de los principales fondos del Ramo 33 3.- La revisión de los Organismos Operadores de Agua (CAEV-SAS) Los hechos que validan dichas líneas de argumentación son los siguientes: a) El análisis del cambio de fórmula mediante la cual se recortaron los recursos (principales
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publicaciones del Observatorio de las Finanzas Publicas) b) Las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF)
2.1 ILEGALIDAD EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FISM Y RAMO 28 De acuerdo con el Boletín 0018 del Observatorio de las Finanzas Públicas, el gobierno gobiern o del Estado redujo los recursos federales del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM del Ramo 33) que entregó este año a los municipios, por lo que 103 de ellos tuvieron que enfrentar un dramático recorte de 960 millones de pesos en conjunto, lo cual tuvo un profundo impacto en el desarrollo municipal, dado que estos recursos se utilizan primordialmente para obra pública. Asimismo entregó menos recursos a los ayuntamientos por el rubro de participaciones (Ramo 28), de manera que 151 municipios recibieron 52.8 millones menos de lo que recibieron el año pasado. La explicación de los recortes presupuestales que dio el gobierno del Estado es que el recorte se debe a que en 2015 se cambió la fórmula con la que se realizó el reparto del FISM. Si esta fuera la razón por la cual se aplicaron estos fuertes recortes a los municipios, se entiende que para el reparto de 2014 se utilizó aún la fórmula anterior a la reforma, lo cual representaría un problema legal de grandes magnitudes, pues significaría que el gobierno del Estado violó la Ley de Coordinación Fiscal reformada, ya que la reforma de esta ley entró en vigor el 9 de diciembre de 2013 (Diario Oficial de la Federación), y en ella ya estaba contenida la nueva fórmula por lo que en 2014 debió aplicarse.
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Si, como alega Duarte, el fuerte recorte respondió a la aplicación de la formula reformada, el fuerte contraste con el 2014 se debería a que durante ese año se siguió aplicándola vieja fórmula, y ello implicaría –según bien señala el Observatorio de las Finanzas Públicas- que durante los tres repartos del FISM en 2014 se aplicó una fórmula que ya no estaba vigente, y que por tanto era ilegal, así que se violó tres veces la ley al repartir los recursos de ese año.
Las irregularidades llegan aún más lejos de esta supuesta triple violación a la ley, pues el gobierno del Estado sostiene que para 2014 utilizó la fórmula vieja viej a (la que estaba vigente antes de la reforma), pero hay documentos oficiales en donde hace constar que utilizó la fórmula nueva. Es decir, que en el Presupuesto de Egresos 2015 el gobierno estatal afirma que para el reparto del FISM-2014 se usó la vieja fórmula, pero en el “Acuerdo del Ejecutivo” de enero de 2014, dice que la que utilizó es la nueva. Lo anterior significa que el gobierno del estado cometió un doble acto de ilegalidad: Uno por haber aplicado una fórmula que ya no estaba vigente; dos, porque miente al decir que el cálculo se hizo con una fórmula que no es la que efectivamente efectivamente se utilizó. Además de las ilegalidades que se concluyen al revisar el desajuste existente entre lo argumentado por el gobierno, lo constado en documentos oficiales y el reparto efectivamente realizado; es necesario señalar que la vertiginosa deducción de
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la fórmula (y ni siquiera únicamente a la aplicación artera del cálculo que se hizo en el triple reparto de 2014), puesto que en el art. 35 de la Ley de Coordinación Fiscal está contemplado que pese a los cambios en la fórmula, las variables (que son las utilizadas por el CONEVAL para la medición de la pobreza multidimensional) consideradas para la distribución del FISM sean las mismas para que el cálculo sólo se tenga que ajustar a la información disponible de cada municipio. En conjunto durante los últimos años el monto del daño a los municipios es de aproximadamente 3,876 millones de pesos, lo cual impacta directamente a los ingresos de los municipios. Dichos datos se corroboran con la información del boletín 0025 del Observatorio de las Finanzas Públicas y del Informe del Resultado de la Fiscalización de las
administración n del Dr. Javier J avier Duarte de Ochoa Cuentas Públ Públ icas . En los cuales se confirma que en la administració se han dejado de destinar los 3,876 millones de pesos antes mencionados lo cual ha ocasionado un gran daño patrimonial a los municipios veracruzanos, v eracruzanos, de esta man manera era pued puede e notarse que el año 2013 es donde se presenta el mayor monto de recursos no destinados tal como se muestra en el siguiente gráfico:
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La magnitud de la reducción del FISM es posible detectarla realizando un análisis por grupos de los municipios, encontrando que el daño económico es mayor en 14 municipios donde los recursos no entregados equivalen a más del 100% se sus ingresos. Si estos recursos hubieran sido entregados, dichos municipios munic ipios hubieran tenido, t enido, al menos, el doble de sus recursos actuales para invertir en su desarrollo.
Lo anteriormente señalado corresponde a los recortes en el el Ramo 33, pero a esto debemos agre ag rega garr el he hecho cho de qu quee las las redu reducci ccion ones es de recu recurso rsoss no c o r r e s p o n d i e r o n sólo sólo correspondió al FISM, sino que también se dieron en las Participaciones Federales, es decir, en el Ramo 28.
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Para el ejercicio fiscal del 2014 el monto por concepto de participaciones federales fue de 7, 637, 034,985 pesos, los cuales disminuyeron en 2015 a 7, 614, 734,738 pesos; lo cual significa una disminución de aproximadamente 22,300,247 pesos. Este impacto de la disminución de las participaciones se puede ver reflejado de manera más desagregada en los municipios, ya que de acuerdo al Boletín del Observatorio de las finanzas públicas 150 municipios recibirán 30,489, 877 pesos aproximadamente menos que el año pasado, aun cuando la base para la distribución de los recursos federales está consignada en el art.7 del Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal, y dicha distribución no ha sido modificada.
2.2 PERJUICIO PERJUICIO A LOS MUNICIPIOS MUNICIPIOS MÁS MÁ S POBRES De acuerdo con la información del CONAPO, descrita en la Cuenta Pública de 2011, de las diez regiones en que está dividido el Estado, las que presentan mayores grados de atraso son cinco: la región de las Montañas, compuesta por 57 municipios, 33 de los cuales (57.9%), presentan grado de marginación muy alto y alto; la región Huasteca Baja, B aja, que cuenta con 18 municipios, 14 de ellos (77.8%) (77. 8%) con muy alta y alta marginación; la región reg ión Capital, con 33 municipios, munici pios, 12 de los cuales (36.4%) presentan muy alta y alta marginación; la región Totonaca, con 15 municipios, 10 con grado muy alto y alto (66.7%); y la región Olmeca, integrada por 25 municipios, 10 de ellos con mayores atrasos (40.0%).
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Atendiendo a estos datos, el hecho de que 107 de los municipios afectados por la disminución de recursos del FISM entre 2013 y 2015 pertenezcan a estas regiones se vuelve particularmente grave. Entre estos 107 casos de recortes, el más duro de todos es el del municipio de Soteapan, el cual en el lapso de 2013-2015 dejo de recibir 170, 000,000 pesos.
2.3 FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA PARA L A EDUCACIÓN BÁSICA BÁ SICA Y NORMAL (FAEB) En el periodo de 2011 a 2013, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, por el concepto de FAEB, se asignaron al Estado aproximadamente 60,296 millones de pesos, y en el transcurso de esos 3 años los montos fueron incrementándose. Durante este lapso la ASF realizó 7 auditorías al FAEB en el estado de Veracruz para la revisión de las cuentas públicas 2011,2012 y 2013. De esta manera de todos los recursos recurs os aportados a Veracruz por concepto del FAEB se auditaron aproximadamente 19,424 millones de pesos. De las 7 auditorías realizadas en estos años, 2 fueron las que se consideraron con dictamen negativo, y de estas se promovieron 12 recomendaciones y 17 pliegos de observaciones, además de 4 solicitudes de aclaración por los siguientes conceptos:
1° Aclaración: El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la
documentación que acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 410, 014,797.56 pesos retenidos y no enterados al ISSSTE, conforme a los objetivos del fondo de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.
2° Aclaración : El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la
documentación que acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 59, 026,755.95 pesos que fueron retenidos y no enterados al IMSS, conforme a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
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3° Aclaración: El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la
documentación que acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 1,651,196,930.00 pesos que fueron retenidos y no enterados al SAT por concepto de ISR, conforme a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal 4° Aclaración: El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la
documentación que acredite el registro contable, ejercicio y la aplicación de los recursos del FAEB por 1, 308, 933,853.01 pesos que fueron retenidos y no enterados al SAR- FOVISSSTE, conforme a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.
De acuerdo con la ASF, durante estos 3 años hubo un daño a la Hacienda Pública de 9,532 millones de pesos. La mayor parte de estos millones, 5,78 de ellos, se perdieron durante 2012, y posteriormente se recuperaron recup eraron 2,315 millones millones de ellos por conceptos de: de: transferencias transferenci as de recursos a otras cuentas bancarias, pago a trabajadores comisionados al sindicato, pago de prestaciones, compensaciones, bonos o estímulos estatales no autorizados por la Federación, y pago de gastos de operación que no corresponden corr esponden con los objetivos obj etivos de fondo. Los restantes rest antes 3,563 millones mill ones no se recuperaron, y son aquellos por los cuales son solicitadas las aclaraciones al gobierno.
2.4 FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA LOS L OS SERVICIO SERVICIOS S DE SALUD SAL UD (FASSA). En el periodo 2011 a 2013, de acuerdo a la ASF, se asignaron al Estado por concepto de FASSA aproximadamente 12,061, 000,000 pesos. Durante este lapso la ASF realizó 7 auditorías al FASSA en el estado de Veracruz para la revisión de las cuentas públicas 2011,2012 y 2013. En total se auditaron aproximadamente 3, 159, 000,000 pesos. De las 7 auditorías realizadas en estos años, 2 fueron las que se consideraron con dictamen negativo, de estas se promovieron 3 recomendaciones y 2 pliegos de observaciones, además de 2 solicitudes de aclaración por los siguientes conceptos:
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1° Aclaración: El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del FASSA 2013, por 325,968, 900 pesos, en los objetivos del fondo, recursos que no habían sido devengados al 31 de diciembre de 2013. 2° Aclaración: El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la
documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Sal Salud ud 2012, por 65,724, 323.53 pesos en los objetivos del fondo, recursos recurs os que no habían sido devengados al 31 de marzo de 2013.
El total de daño a la Hacienda Pública en los 3 años fue de 974,000,000 pesos, de los cuales el año más afectado fue 2013, ya que en este periodo el daño fue por 971,000,000 pesos aproximadamente por conceptos de: recursos no transferidos por SEFIPLAN, remuneraciones a servidores públicos que realizaron funciones distintas al objetivo del fondo, pago de remuneraciones a médicos y enfermeras que no cuentan con la documentación que acredita el perfil de la plaza contratada, y remuneraciones a personas que no fueron localizadas
2.5 FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA L A INFRAESTRUCTURA SOCIAL FISE F ISE En el periodo de 2011 a 2013, de acuerdo con la ASF se asignaron al Estado por concepto de FISE aproximadamente 1,936 millones de pesos, y en el transcurso de los 3 años los montos fueron incrementándose. Durante este lapso la ASF realizó 3 auditorías al FISE en el estado de Veracruz para la revisión de las cuentas públicas 2011,2012 y 2013. A lo largo de tres auditorías (todas las cuales fueron consideradas con dictamen negativo), se auditaron aproximadamente 1,304 millones. Se promovieron 12 pliegos de observaciones, 7 recomendaciones y 1 solicitud de aclaración
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Acl Ac l araci ara ció ó n: El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la documentación
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en la que se pidió que el Estado aclarará la documentación que acredita el ejercicio y aplicación de los recursos no ejercidos al 30 de junio de 2013.
El total de daño a la Hacienda Pública en los 3 años fue de 2,162 millones de pesos, de los cuales el más alto fue 2012, ya que en este año el daño fue por 991 millones por concepto de: recursos no aplicados a los objetivos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal a la fecha de la auditoria; recursos no aplicados a obras, las cuales no cumplieron con el objetivo del fondo, ya que no beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; y recursos no ejercidos a la fecha de revisión. De dicho monto sólo se recuperaron 486 millones, ya que los restantes 505 millones no fueron solventados por los principales conceptos de: obras que no benefician directamente a sectores de su población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; obras que no cuentan con la documentación comprobatoria, y desconocimiento del destino de 452.968 millones.
2.6 FONDO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM FA M En el periodo de 2011 a 2013, de acuerdo con la ASF, se asignaron al estado por concepto de FAM aproximadamente 3,091 millones de pesos. Durante este lapso la ASF realizó tres auditorías en las que auditó 2,020 millones de pesos. Dos de estas auditorías se consideraron con dictamen negativo, negativ o, y de estas se promovieron 7 pliegos de observaciones y 9 recomendaciones. El daño a la Hacienda Pública durante este periodo fue de 3,809 millones, de los cuales se recuperaron sólo 1,970 millones. El caso más sobresaliente de este periodo fue el del 2011, ya que de los 1,370 millones perdidos ese año, sólo se recuperaron 479 millones por concepto de: anticipos de obras no amortizadas; recursos del fondo cuyo destino se desconoce; y penas por incumplimiento en las fechas de ejecución de obra. Los 891 millones restantes no fueron solventados por razón de: subejercicios del DIF, IIEV y UV, al 31 de diciembre de 2011; y subejercicio del DIF,IIEV y UV, al 31 de marzo de 2012.
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2.7 FONDO FONDO DE APORTACIONES PARA LA L A SEGURIDAD PÚBLICA FASP En el periodo de 2011 a 2013, de acuerdo con la ASF, se asignaron al Estado por concepto del FASP 1,064 millones de pesos. En el transcurso de esos tres años los montos fueron incrementándose, y la ASF auditó 573 millones de pesos a lo largo de cuatro auditorías, de entre las cuales, dos se consideraron con dictamen negativo y, por lo tanto, se promovieron 7 pliegos de observaciones, 9 recomendaciones y 1 solicitud de aclaración en 2013. Acl Ac l araci ara ció ó n: El Gobierno del Estado de Veracruz debe aclarar y proporcionar la documentación
que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013 y sus rendimientos financieros por 403,246.00 pesos a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Coordinación Fiscal. El daño a la Hacienda Pública durante este periodo fue de 1,092 millones, de los cuales se recuperaron 355. Los casos más sobresalientes fueron los de 2011 y 2013, puesto que en 2011, de 327 millones faltantes, se recuperaron sólo 97 millones por los siguientes conceptos: transferencias hacia cuentas bancarias donde se maneja otro tipo de recursos y faltantes en las cuentas bancarias del fondo; aplicación de recursos sin cumplir con los requisitos establecidos en la mecánica operativa; falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; y pagos improcedentes o en exceso, o conceptos de obra no pagados y no ejecutados. Durante ese año, $230,779,400.00 pesos no fueron recuperados porque el Gobierno del Estado de Veracruz reportó un subejercicio de los recursos del FASP; mientras que el resto se perdió debido a intereses pendientes de reintegrar por pago de tres facturas, las cuales debieron liquidarse con recursos del FASP 2010. Respecto a 2013 el daño a la Hacienda Pública fue por 410 millones aproximadamente, de los cuales no se tuvo ninguna recuperación. Estos daños a Hacienda se dieron principalmente por los siguientes conceptos: recursos ejercidos sin documentación de respaldo; bienes informáticos pagados no entregados; recursos transferidos a cuentas estatales no reintegradas a la cuenta del FASP; pagos realizados con recursos del FASP sin facturas; porque la SEFIPLAN no realizó el pago a los proveedores conforme a lo convenido de chalecos balísticos y equipo táctico (además el contrato se
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adjudicó de manera directa y no acreditaron la excepción a la licitación); y porque la SEFIPLAN no realizó el pago a proveedores de la adquisición de vestuarios y uniformes.
2.8 RECURSOS RECURSOS FEDERAL FEDERALES ES TRANSFERIDOS TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL ACUERDO DE COORDINACIÓ COO RDINACIÓN N CELEBRADO CELEBRA DO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD SAL UD Y LA ENTIDAD FEDERATIVA. SEGURO POPULA POPULAR R En el periodo de 2011 a 2013, de acuerdo con la ASF, se asignaron al estado por concepto de Seguro Popular (Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y Entidad Federativa) aproximadamente 12,474 millones de pesos, y en el transcurso de los 3 años el crecimiento de los montos fue similar. Durante este lapso, la ASF realizó 7 auditorías al Seguro Popular en el estado de Veracruz, de estas auditorías se generaron 11 pliegos de observaciones y 2 solicitudes de aclaración de diferentes conceptos que correspondieron a los años 2012 y 2013. En 2012 de los 4,148 millones, se auditó una muestra representativa representativ a del 62.4%. (2,589 millones). En este año de las observaciones que realizó la ASF determinaron un daño a la Hacienda Pública de 2,052 millones por los siguientes conceptos: recursos del Seguro Popular 2012 pendientes de transferir por la Secretaría de Finanzas y Planeación al Régimen Estatal de Protección Social en Salud; transferencias de recursos del Seguro Popular 2012 hacia una cuenta bancaria en la que administró los recursos del Seguro Popular 2013, transferencias de recursos del Seguro Popular 2012 a cuentas bancarias pagadoras de nómina y gastos de operación, de las que no se comprobó su ejercicio o reintegración a la cuenta bancaria específica del Seguro Popular 2012; destinación de recursos del Seguro Popular 2012 para el pago de remuneraciones de nómina posteriores a la fecha de la baja de 95 empleados, y no reintegrados en la cuenta bancaria del Seguro Popular 2012; y destinación de recursos del Seguro Popular 2012 para la adquisición de medicamentos que excedieron el precio de referencia autorizado, y medicamentos que no están incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Ese año, de 2,052 millones se recuperaron 1,403 millones, sin embargo, los restantes 649
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aclaración en la que proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del Seguro Popular 2012, en los objetivos del programa, recursos que no habían sido devengados al 31 de marzo de 2013. En 2013, de los 4,508 millones disponibles, se auditó una muestra de 4,486 millones (el 95.1%). En este año, de los 4 pliegos de observaciones realizados por la ASF, se determinaron 2,627 millones como daño a la Hacienda Pública por los siguientes conceptos: No haber transferido los recursos del Seguro Popular al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Veracruz; haber destinado recursos del Seguro Popular 2013 para el pago de remuneraciones de seis servidores públicos que no están directamente involucrados en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular; y haber destinado recursos del Seguro Popular 2013 para la adquisición de medicamentos que excedieron el precio de referencia autorizado, y medicamentos que no están incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
2.9 CONCLUSIÓN La gravedad de todas las ilegalidades cometidas con respecto a la Ley de Coordinación Fiscal y de los ataques a las finanzas de, prácticamente, todos los entes públicos, cobra énfasis al tomar en cuenta que las consecuencias de estas violaciones atrofian las posibilidades de desarrollo del Estado y atacan directamente a los sectores más pobres de Veracruz. Por ley, la fórmula bajo la cual se determina el reparto de los recursos públicos se reforma cada tres años con el objetivo de repartir efectivamente los recursos que requieren para su desarrollo los municipios más pobres; son modificaciones pensadas para entregar más a los más necesitados, no para perjudicarlos –que fue precisamente lo que hizo el gobierno de Javier Duarte-. Con estas acciones el gobierno del estado de Veracruz promueve la pobreza, en lugar de combatirla. Los hechos señalados en esta causal evidencian al gobierno del Estado de Veracruz como un régimen con objetivos radicalmente opuestos al interés público, no sólo de la población de su Estado, sino de todo el país, puesto que estas irregularidades (de más de 5 mil millones de pesos, según detectó la propia Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública de 2012) afectan los rubros de educación, infraestructura, salud, desarrollo y seguridad pública en Veracruz, pero también a Hacienda Pública y a las finanzas de la Federación.
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Por tercer año consecutivo, consecutiv o, el órgano fiscalizador observó en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa desvíos de recursos, subejercicios, dinero federal empleado para fines distintos a los etiquetados, prácticas administrativas y contables amañadas, solventación tramposa y gastos que no beneficiaron directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Los datos expresan por sí solos la pertinencia de que la administración de Javier Duarte de Ochoa sea estrictamente estricta mente revisada durante un proceso de Juicio Político.
III. LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES O SOCIALES. 3.1 NEGLIGENCIA NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA APL APLICACIÓN ICACIÓN EXPEDITA EXPEDITA DE LA LA LEY EN EL CASO DE LAS LA S DESAPARICIONES DESAPARICIONES DE PERSONAS PERSONAS Y LA L A ATENCIÓ A TENCIÓN N DE LAS LA S VÍCTIMAS DE DESAPARECIDOS DESAPARECIDOS La Seguridad Pública es un elemento primordial del sostenimiento institucional, que contribuye de manera directa al desarrollo del país. Es responsabilidad de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios –cada uno dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- operar para proporcionar las condiciones necesarias para la seguridad del ciudadano, su medio y su patrimonio, así como guardar el orden y la paz pública. El gobierno del estado de Veracruz es el encargado de garantizar la seguridad pública de los veracruzanos. Tiene T iene la responsabilidad moral, política y legal de actuar de manera intensiva y efectiva en la prevención de los delitos, en su investigación, persecución y la sanción en los términos y límites marcados por la ley. La presente causal pone a la vista la incapacidad del funcionario Javier Duarte de Ochoa a la
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hora de administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (uno de los fondos del Ramo 33 ejercido directamente para reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad), destinado para el equipamiento, construcción o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia; lo cual es un elemento esencial para el combate a la delincuencia. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha hecho múltiples observaciones al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que amparan la validez y certeza de la presente causal; la cual también es respaldada por numerosos datos tomados de los registros de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Las líneas de investigación de esta causal son las siguientes: 1.- La ineficiente administración de los recursos del FASP 2.- Las Observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al FASP 3.- El daño y prejuicio a las garantías individuales de los veracruzanos. A partir de los hechos expuestos en este apartado se concluye que el gobernador Javier Duarte ha ocasionado daños a la integridad de los veracruzanos mediante su ineficienci ineficienciaa para aplicar los recursos para satisfacer las necesidades de seguridad de la población que permiten las condiciones fundamentales para hacer valer sus derechos humanos.
3.2 LA INEFI INEFICIEN CIENTE TE ADMINI A DMINISTRACIÓN STRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FASP
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El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Distrit o Federal (FASP), tiene como principal objetivo la disminución de la delincuencia, a partir de la correcta aplicación de medidas contra el narcomenudeo y del fortalecimiento del equipo e infraestructura de seguridad. Este fondo es, por tanto, el principal elemento para el combate de la delincuencia, y para la persecución de
la
seguridad
física e integral de las personas.
De acuerdo con los registros de la SEFIPLAN, en el periodo comprendido entre los años 2011 a 2013 el presupuesto asignado del FASP representó 1, 064, 733,190 millones de pesos, de los cuales se tuvo un subejercicio del 57 %. En el año 2011, del presupuesto asignado únicamente se tuvo un avance de 57.6%, dejando un monto sin ejercer de aproximadamente del 42%. En el año 2012, no se ejerció un monto aproximado a los 65.59%, y para el año 2013, se tuvo un subejercicio de 61.33%. Pero si, en vez de atenernos únicamente a los datos aportados por la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), tomamos en consideración los datos registrados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), veremos que los montos del presupuesto no ejercido son incluso mayores, y llegan hasta el 70% de presupuesto no ejercido para el cumplimiento de las metas del Fondo Este manejo indebido de los recursos del Fondo repercute en un agravio a los Derechos Humanos de los ciudadanos de Veracruz, pues al no ejercerse el presupuesto asignado del Fondo debido a que a que se presenta insostenibilidad de la inseguridad en el estado de Veracruz, disminuye la capacidad para cumplir con las metas de disminuir de la delincuencia, debilitar el narcomenudeo y fortalecer el equipo e infraestructura de seguridad.
Las consecuencias de no ejercer el presupuesto para la seguridad pública pueden verse reflejadas en el crecimiento desmedido de los índices de delictivos en el estado de Veracruz: a partir
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del año 2010, el índice delictivo se disparó de manera impresionante. En el año 2010, la incidencia delictiva en Veracruz era de 19, 165 por cada 100,000 habitantes; para el año 2011 incrementó a 22, 829 (3, 664 respecto más que el año anterior); y para el 2013 incrementó hasta hast a 28,101 por cada 100,000 habitantes (4,690 más que en el año 2012, es decir, un 20%). El porcentaje porcentaje de Ocurrencia Ocurrencia de Conductas Conductas delictivas delictivas en Veracruz a partir del año 2011 se incrementó. En este año, las conductas delictivas que más se llevaban a cabo eran el consumo del alcohol en la calle, la existencia de pandillas o bandas y robos o asaltos, sin embargo, a partir del año 2012, se empieza con conductas de secuestro, riñas entre vecinos, venta de drogas y venta ilegal de alcohol. En el año 2013, se dispara el porcentaje de secuestros secuestr os
y homicidios
en el estado, así como robos y asaltos.
3.3 LAS OBSERVACIONES DE DE LA AUDITORIA SUPERIOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) AL FASP. De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, la falta de cumplimiento del presupuesto del FASP, ha provocado que el estado de Veracruz no consume con las metas que estableció en el cuadro de Metas Programáticas y Montos del Anexo Técnico Único. Así en el año 2012, El Gobierno del Estado de Veracruz no contó con la evidencia del cumplimiento de las metas compromiso del Programa con Prioridad Nacional, el cual incluía el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (que consistía en aplicar, al mes de diciembre, evaluaciones de control de
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confianza a 16,718 elementos de seguridad pública, de los cuales únicamente se evaluó a 11,929). Por otra parte, la entidad no implemento el Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría General de Justicia, ni el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL) en CERESOS. En 2012 existía una sobrepoblación en los centros penitenciarios, encentrándose estos por arriba de su capacidad en un 14.9%; mientras que en 2011 estuvieron en 9.1% (ASF, 2012).
Por lo que respecta al 2013, el FASP se distribuyó en 14 de los 17 Programas con Prioridad Nacional (PPN), aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El E l PPN de Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia fueron los programas a los que más recursos se les asignó 119,951.6 miles de pesos, mientras que a los programas PPN de Genética Forense, Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE´s) (CO E´s) y al de Evaluación de los Distintos Programas Progra mas o Acciones se les otorgaron menos recursos, apenas 10,188.0, 6,500.0 y 700.0 miles de pesos, respectivamente.
Para la misma fecha, los programas Nuevo Sistema Justicia Penal, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento y Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza fueron los que ejercieron el mayor presupuesto; e Implementación de Centros de Operación Estratégica (CO'ES), Acceso a la Justicia para las Mujeres, Red Nacional de Telecomunicaciones, Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, Registro Público Vehicular y Evaluación de los distintos Programa y Acciones fueron programas que no ejercieron recurso alguno, respecto de su asignación. Estos datos muestran que el Estado no cumplió con las metas que fueron establecidas en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en este contexto, el nivel de cumplimiento del indicador que mide el porcentaje de eficiencia de las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 fue del 53.0%; para el porcentaje del gasto y metas de profesionalización no se ejerció gasto alguno y, para el caso, del tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones fue del 45%. En 2013, los centros de readaptación social tenían una capacidad de alojamiento de 7,230
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internos, sin embargo, la población que se tuvo fue de 8,053 internos; lo cual representa un 11.4%, de sobrepoblación que evidencia que el Estado no cumplió con las metas que se estableció en el Cuadro de Metas Programáticas y Montos del Anexo Técnico Único.
En 2012 el índice delictivo del Estado registró un aumento general promedio del 6.6% respecto a 2011, y su mayor incremento fue en el rubro de secuestro con un 51.7%. Producto de la dinámica del índice delictivo, el número de internos que ingresaron en 2012 a los centros de readaptación social fue de 6,206 personas; lo que implicó un incremento del 0.6% respecto de 2011. Mientras que en 2013, el índice delictivo del estado fue aún más alto: fue de 9.1 delitos por cada mil habitantes. El delito con más alto porcentaje de variación variac ión del estado de Veracruz es el Secuestro, Secuestr o, ya que del año 2011 a 2012 el número de secuestrados aumentó 64%. Y para el año 2013 el porcentaje de secuestrados aumentó un 6.48%, sin embargo, la cifra incrementó exponencialmente un 53.58% para el año 2014 (Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad Pública, 2014).
La incidencia en este delito ha aumentado considerablemente de los años 2011 a 2014. Ya que en el año 2011 la incidencia de secuestro era de .53, por cada 100,000 habitantes mientras que para 2012 fue de .87, sin embargo, el año 2014 tuvo un incremento de 1.41. Lo cual expresa que año con año una persona más se vuelve propensa a ser víctima de un secuestro.
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En materia de secuestros, hubo un incremento en el número de eventos para el año 2014 con respecto al 2013. Teniendo que en el análisis por municipio, aquel que presenta la tasa más alta de secuestro para el año 2014 es Minatitlán (con 2.45) y el que refleja la tasa más baja es Tuxpan con un total de cero. Por su parte, el municipio de Córdoba pasó de tener una tasa cero en el 2013 a 1.96 en el 2014. La tasa de secuestro en el estado de Veracruz llegó al 1.41 para el año 2014, ubicándose arriba de la tasa nacional que es de 0.86, y ocupando el 6° lugar a nivel nacional.
La ineficiencia del Estado para resolver el grave conflicto de seguridad que representan los secuestros (según el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz se encuentra actualmente en el octavo lugar nacional en materia de secuestros), se ve reflejada en el número de secuestros que se tienen en proceso y los que se tienen sentenciados. En el año 2012, 274 secuestros fueron procesados en el estado de Veracruz, y sólo 133 casos fueron sentenciados. Mientras que para el año 2013, el número de secuestros procesados aumentó en 15.69%, es decir, se incrementó a 317 secuestros, de los cuales solo 139 secuestros fueron sentenciados. La cifra de secuestros procesados siguió creciendo para el año 2014, al registrarse 451 y únicamente 186 secuestros fueron sentenciados.
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De acuerdo con el cuarto Informe de Gobierno del Estado de Veracruz (el de 2014), el presupuesto presupuest o asignado para el el fortalecimiento fortalecimient o de la Procuración de Justica disminuyó en 66.26% del año 2012 al 2014, reduciéndose el presupuesto en Implementación de los centros de operación estratégica y acceso a la justicia para las mujeres; dos recortes presupuestales que han tenido claros efectos en el aumento de secuestros en el Estado (puesto que la operación estratégica es fundamental para combatir este tipo de delito y, porque una importante parte de las víctimas del mismo son mujeres).
Debido a la creciente inseguridad pública que se vive en el Estado de Veracruz, la cifra negra se ha incrementado 47.8% del año 2011 a 2014. En el año 2011, la cifra negra era de 968,561 casos no denunciados y para el año 2012 incrementó a 1, 107,847. De 2013 a 2014 ha sido el periodo de mayor crecimiento, con 26.53% al pasar de 1, 132,045 casos no denunciados a 1, 432,347, respectivamente.
Este crecimiento en la cifra negra ha conllevado un aumento en la percepción de la inseguridad y,
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también, en la desconfianza hacia las autoridades, las instituciones y los mecanismos de procuración e impartición de justicia. Año con año, menos personas denuncian los delitos de los cuales han sido víctimas Sumado a este dramático aumento en la incidencia de crímenes tan violentos como el secuestro, se presenta otra realidad que alarma a los veracruzanos: el hecho de que, en los últimos años, el territorio veracruzano se ha convertido en campo de batalla entre Los Zetas y el cártel del Golfo, así como también de otros grupos criminales que se disputan rutas de tráfico de drogas, personas, y robo de combustible. Aunque su presencia es menor ahora que
hace tres años, la zona comprendida entre Orizaba, Córdoba y Xalapa es aún territorio del grupo criminal “Los Zetas”. Según fuentes del gobierno, después de la detención del Z-40 (Miguel Ángel Treviño) una parte de la estructura de “Los Zetas” quedó suelta -explicó el experto en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope-, pero aun así siguen operando porque la zona es importante para delincuencia organizada dado que forma parte de la ruta de la cocaína y de trata de personas hacia el norte, y porque la extracción de rentas a través de la extorsión, los secuestros y los robos es fácil y prospera. En Córdoba, entre 2010 y 2012 prácticamente todos los comercios pagaban cuota. “M”, comerciante de ropa americana que prefiere salvaguardar su identidad, asegura que “Los Zetas” le cobraban 4 mil pesos mensuales para dejarla operar su tienda. Es más de lo que le pagaba a la empleada. Después de 8 meses cerró por qué no le rendía. “A veces eran los propios municipales quiénes cobraban, destrozaron el comercio en la ciudad”.
En diciembre de 2011, la Marina –con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)– detuvo, justo en un rancho de Córdoba, a Raúl Lucio Hernández Lechuga “El Lucky” o “Z-16”, operador de “Los Zetas” en el centro del país. EU ofrecía un millón de dólares por él y la Procuraduría General de la República otros 15 millones de pesos. En su declaración ministerial, filtrada 5 meses después por el diario Reforma, Hernández confesaba que “Los Zetas” pagaban una nómina de 30 millones de pesos al mes a policías municipales y estatales de Veracruz y que tenían un enlace en el gobierno de Duarte, de apellido Lagos. Según el rotativo, el único alto funcionario con ese apellido es Erick Lagos Hernández, quién todavía ahora sigue siendo el Secretario de Gobierno del Estado. La
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Marina se instaló en la región, los policías municipales de Córdoba fueron reemplazados por el Mando Único. Sin embargo, los índices de delincuencia no han mejorado significativamente.
Claramente, la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico no es un desafío que se viva únicamente en el estado de Veracruz, sino que una batalla experimentada a nivel nacional; sin embargo, es innegable que este panorama se ha vuelto insostenible a nivel estatal. Frente
a este escenario, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se ha mostrado incapaz de garantizar seguridad a la población, Veracruz ocupa los primeros lugares nacionales en secuestros, robos, y personas desaparecidas, des aparecidas, y al gobernador gobernador no se le ve a la altura de las circunstancias. circunstancias.
3.4 EL EL DAÑO Y PERJUICIO A LAS L AS GARANTÍAS GARA NTÍAS INDIVIDUALES INDIVIDUALES DE LOS L OS VERACRUZANOS.
De acuerdo con el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos , todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El art.21, la seguridad pública está
definida como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
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En tanto, la ley que regula este precepto constitucional señala que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor, y que al Estado en su conjunto le corresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto a la legalidad. Pero, contrariamente a lo que dictan estas garantías constitucionales, en Veracruz se ha hecho evidente que las autoridades –especialmente el gobierno estatal- no cumplen con actuar conforme a sus fa facu cultltad ades es pa para ra prot proteg eger er ef efec ectitivam vamen ente te el dere derecho cho que tien t ienen en la lass perso per sonas nas a la se segur gurida idad d int integr egral al y fís f ísica ica..
La seguridad pública (la cual es una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracterizan por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en las que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad) es un derecho QUE ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han podido cumplir, e incluso han contribuido a que sea más difícil lograrlo.
Ante esta evidente incapacidad de las autoridades para proporcionar un ambiente de seguridad pública que garantice el desarrollo pleno de los personas y sus derechos, los ciudadanos han conjuntado fuerzas para consolidar organizaciones civiles, entre ellos el Colectivo por la Paz Región Xalapa, que participan activamente en la creación de redes a favor de la paz que brinden apoyo y solidaridad a deudos y familiares de víctimas, en materia de orientación y gestión, en los aspectos de atención psico-emocional y de Derechos Humanos.
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Además de apoyar a las víctimas, estos colectivos han recopilado datos y han realizado informes, denuncias e investigaciones de gran valor en la lucha por el establecimiento de la seguridad pública. Según el Colectivo por la paz (con datos de la PGR), en Veracruz hay 966 personas extraviadas, sustraídas o ausentes desde 1997 a 2014, 865 de estos casos ocurrieron de 2010 a la fecha (655 fueron de 2010 a 20113) es decir, que el 90% (35% mujeres, 65% hombres) de las desapariciones se presentaron en años recientes (en años que coinciden con la administración de Javier Duarte).
Otro dato alarmante en materia de ineficacia en el combate a las inseguridades es el hecho hecho de que durante la gestión de Javier Duarte, la Procuraduría General de Justicia –ahora Fiscalía General del Estado- ha cambiado tres veces de titular:
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•
El primero procurador fue Reynaldo Escobar Pérez, quien renunció luego de que 35 cadáveres fueran abandonados frente a la plaza comercial Las Américas, un día antes del inicio del décimo décim o primer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia.
•
El segundo procurador fue Amadeo Flores Espinosa, a quien le tocó recuperar las investigaciones por el asesinato de 6 periodistas.
•
El tercer, t ercer, y actual procurador es Luis Ángel Bravo Contreras, Contreras , quien aannte tess se desempeñaba como titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y llegó al cargo en febrero de 2014, y fue rati ratifificad cadoo para ser fiscal fis cal general para los próximos próxi mos nueve años en enero de 2015, a pesar de haber sido acusado acus ado por las madres de desaparecidos desaparec idos de ha habe berlrlas as dejado plantadas plant adas en algunas reuniones de trabajo.
El gobernador Javier Duarte quiere mostrar mo strar a Veracruz como un caso de éxito en la pacificación del país, pero la realidad es que sigue teniendo situaciones muy complicadas. Hay una política de negación permanente de la violencia, dentro de cuya lógica se borran a las víctimas de las estadísticas oficiales y de la cobertura de los medios.
Para mostrar en base a hechos cómo funciona esta política de negación y complicidad de las autoridades, basta tomar uno de los muchos casos de desapariciones que se han dado en Veracruz durante la gestión de Duarte: El 2 de agosto de 2013 patrullas de la policía estatal se llevaron a 20 personas en una comunidad de Atoyac, Veracruz, según acusan las familias. Esas 20 personas nunca fueron presentadas. Los familiares denunciaron la detención de 11 de ellos, pero 15 meses después, no hay ningún n ingún indicio indic io de su paradero. parad ero. En E n los regis r egistros tros de la procurad procu raduría uría no hay nin ningun guna a men menció ciónn a estos levantamientos, y tampoco hay informes sobre el caso en calidad de secuestros; es más,
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al revisar las cifras de Incidencia Delictiva por municipio, no es posible encontrar alguna iniciada en Atoyac en agosto de 2013, a pesar de que en ese mes la PGJ de Veracruz reportó al Secretariado Ejecutivo Nacional que inició 12 averiguaciones previas por secuestro. Las cifras reportadas por la PGJ PG J del Estado no son confiables. “ Las estadísticas delictivas de Veracruz son probablemente las peores del país, compitiendo con las del Estado de México. Las revisiones que realicen son monumentales. En 2013 habían reportado 600 homicidios y de la nada le añadieron 300 más. Se habían comido un número de homicidios similar al que ocurre en Chile en un año. Cada mes deben suceder entre 30 y 40 asesinatos ”,
asevera Hope.
Las denuncias públicas se multiplican. multiplic an. “Estamos en un estado de emergencia, pero Duarte sigue diciendo que Veracruz está seguro, no tiene ningún interés en acabar con esto. El encubrimiento es un delito, ¿no?”, acusa Reyes De la yaqui, desde Pacto Ciudadano (Siscar, 2014).
Otro asunto escabroso durante la administración estatal de Javier Duarte han han
sido los
feminicidios. En 2011 se registraron 11 casos, en 2012, fueron 43 casos y en 2013, se dieron 64 casos, es decir, 118 casos en total; de estos 118 crímenes, la Procuraduría de Veracruz inició sólo 64 investigaciones por feminicidio, de las cuales sólo consignaron 3 con algún delito. Bajo el cargo de Homicidios Dolosos, en 2011 hubo 45 casos de homicidios de mujeres, en 2012, fueron 98 homicidios y en 2013, se contabilizaron 98 casos, 161 casos en total; de los cuales la Procuraduría inició sólo 98 investigaciones en 2013 y sólo en 9 casos hubo consignados. Casos de Feminicidio Feminicidi o de 2011 a m marzo arzo de 2014: 123 son los documentados por la PGJ, mientras que por el Observatorio O bservatorio de Género y Erradicación Erradicac ión de la violencia contra las Mujeres documento 233. Los lugares con mayor incidencia en el delito son: Veracruz, Xalapa, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. De 2011 a 2013 se cometieron 2,088 homicidios de los cuales 363 eran mujeres y 1725 eran hombres. El 70% de los homicidios se concentraron en Xalapa, con 450 personas, Veracruz con 450, Cosamaloapan con 291 y Coatzacoalcos con 262.Hubo en ese mismo periodo 224 secuestros. El 71% de los Secuestros se concentróen Coatzacoalcos con 57 personas, Cosamaloapan con 47, Xalapa con
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30 y Veracruz con 25 personas.
El 11 de marzo de 2014, el gobernador Javier Duarte aseguró que el secuestro en su entidad es un delito erradicado, afirmación de la que tuvo que retractarse dos semanas después, para reconocer que, tal como señalan las estadísticas estadístic as del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre del año 2014 se habían registrado 24 casos de privación de la libertad en la entidad. Entre los fuertes hechos y cifras que en esa ocasión se confrontaron al optimismo infundamentado infundame ntado contenido en las declaraciones de Javier Duarte, se expuso que el número de mujeres desaparecidas en 2014 sumaba 104, sin embargo, el gobierno negó que 23 de esas mujeres hubieran desaparecido en la entidad y que fueran víctimas de secuestro, negación que sustentó basándose en el único hecho de que sus captores no habían pedido ningún rescate. Ante estas declaraciones, la madre de una de las victimas señaló que esas mujeres fueron efectivamente desaparecidas, y que si no se había pedido ningún rescate por ellas, era porque lo que les interesa a sus captores es explotarlas, los recursos
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económicos que le pueden sacar de forma sistemática y continua a sus víctimas. Esta madre incluso aventuro la hipótesis –altamente plausible- de que detrás de las desapariciones de jovencitas en Veracruz hay una amplia red de trata de blancas, porque es muy claro que el importante número de jovencitas desaparecidas desaparecidas comparte un mismo perfil: Son niñas de una cierta edad edad,, agraciadas, agraciadas, con ciertos atributos físicos similares, además de que, en ciertos casos, parecen haber sido raptadas en acciones coordinadas. coordinadas.
En total, desde que Javier Duarte asumió asu mió la gubernatura –en diciembre de 2010–, la Procuraduría Procuradurí a de Justicia de Veracruz ha tomado registro de al menos 104 casos de mujeres desaparecidas en la entidad que, a la fecha, continúan irresueltos. De estos 104 casos, el 35% corresponde a niñas de 11 a 15 años; 15.5% a adolescentes de 16 y 17 años; 27% son jóvenes de 18 a 24 años; y 7% son mujeres de 25 a 29 años. Y según estos mismos registros oficiales, en la gran mayoría de los casos se trata de niñas y mujeres delgadas, de tez blanca o morena clara y cabello largo.
De diciembre de 2010 a diciembre de 2011, en Veracruz se acumularon 14 casos de mujeres desaparecidas, que aumentaron a 31 para 2012, y que nuevamente registraron un incremento en 2013, al acumularse otras 36 desapariciones. Además, de que en los tres primeros meses de 2014, en esta entidad federativa se registraron 23 desapariciones más de mujeres.
Durante este año, destaca el mes de febrero no sólo por ser el que más casos de mujeres desaparecidas registró en Veracruz, con 14 expedientes, sino también porque la gran mayoría de ellas desapareció en una semana. Según los registros de la Procuraduría estatal, durante la última semana de febrero de 2014, en Veracruz desaparecieron seis niñas de entre 11 y 17 años, así como tres jóvenes de 18, 24 y 25 años, cuyo rastro se perdió entre el día 21 y el día 28.
En los últimos 53 meses -lo que va del actual sexenio priista de Javier Duarte- 355 mujeres han sido privadas de la vida en Veracruz, bajo el delito de “homicidio doloso”, según la Fiscalía General del Estado (FGE), ello, sin considerar los tipificados feminicidios, pues a decir de la FGE, se trata de
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una “figura delictiva diferente”.
Según el oficio FGE/UAI/413/2015, obtenido en la plataforma Infomex-Veracruz, en 2011 se cometieron 111 homicidios dolosos contra mujeres, es decir, casi uno cada tercer día, en 2012 y en 2013 se abrieron 98 carpetas de investigación por asesinatos de mujeres por año, mientras que en 2014, la incidencia delictiva de “homicidio doloso” bajó a 37 casos. Y para este 2015, con fecha de corte a abril, la Fiscalía General del Estado apenas contabiliza 6 homicidios dolosos de mujeres. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio del Feminicidio, destacó que Veracruz ocupa el noveno lugar nacional en feminicidios, superado por el Estado de México, Chihuahua, Guanajuato y Morelos, entre otros. En Veracruz, muchas mujeres son encontradas tiradas en bolsas, y eso ya tendría que hacer que la autoridad investigará los bajo la figura de feminicidio y dentro de la lógica de una alerta de género, puesto que estas muertes hacen del Estado uno de los 10 más violentos contra las mujeres en el país. En muchos asesinatos de mujeres es visible la huella del crimen organizado y eso magnifica la gravedad del asunto. as unto. Más del 40 por ciento de los asesinatos asesinat os en el país hoy los comete la delincuencia organizada común; sólo el 30 por ciento a nivel nacional son asesinados por su pareja.
A estos graves atropellos hacia las mujeres se suma una problemática más: El hecho de que el nuevo sistema penal acusatorio prácticamente deja en la indefensión a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, porque la modalidad permite a los agresores enfrentar el juicio, cuando sean denunciados, en libertad, y con ello las víctimas corren el riesgo de continuar sometidas a la violencia e incluso hasta con la posibilidad de ser asesinadas. Con esto se alienta la violencia de género y se echa abajo la ley de acceso a una vida sin violencia.
El 3 de marzo de 2015, el Instituto Veracruzano de las Mujeres demandó dem andó el derecho a las mujeres por una vida libre y segura, y manifestó la preocupación por éstas, ya que en lo que va del año se han registrado 12 feminicidios en el estado de Veracruz. En el marco del 8 de marzo, Día
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Internacional de las Mujeres, el Instituto Veracruzano de la Mujer señaló que “la subordinación estructural y la falta de oportunidades para mujeres se reflejan en las políticas públicas”, ya que las autoridades no ponen seriedad en el apoyo de tener una vida libre y digna en este sexo.
Durante la conferencia de prensa, las mujeres del Consejo Constructivo de este instituto a voz de Rosenda Maldonado Godínez manifestaron que “ la ley no informa sobre las condiciones reales de la violencia en contra de las mujeres, especialmente sobre los feminicidios, desapariciones y trata de mujeres”.
El Estado de Veracruz Veracruz viola la libertad d e expr expresión esión y l a reuni reunión ón de d e asoci asociaciones aciones pacíficas en contra d e periodistas, líderes líderes sociales, estudiantes estudiantes y activi activi stas.
En el Estado de Veracruz se viola v iola el artículo 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, al transgredir el derecho a la libertad de opinión y expresión; así como la libertad de reunión de asociaciones pacíficas. De acuerdo con el artículo 19, las personas tienen derecho a no ser molestadas a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Se vive un clima de extrema violencia generalizada, de persecución, acoso e intimidación a periodistas, líderes sociales, estudiantes y activistas.
Del 1 de enero 2000 al 31 de julio 2013 se han integrado en el Programa de Agravios a Periodistas Periodist as y Defensores Civiles de Derechos Humanos de este organismo nacional un total de 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación.
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Las cifras expuestas exp uestas en la gráfica ponen de manifiesto que del año 2001 a la fecha, las presuntas presu ntas agresiones a los derechos humanos de periodistas, prácticamente, se han triplicado respecto de la primera década. Cabe señalar que la cifra es indudablemente mayor si se toma en consideración aquellos casos registrados registrados por las l as Comisiones Estatales de Derechos Humanos, además de los que no se denuncian. De 2000 a 2010 se ha tenido un incremento paulatino de agresiones en perjuicio de periodistas y medios de comunicación, es que en diversos periodos se ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 85 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo. Igualmente, se ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la comunicación, así como 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación, hechos ocurridos en 24 entidades federativas de la siguiente manera:
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En este contexto, cabe señalar como un dato más que refleja las condiciones de inseguridad en que se encuentran los integrantes del medio periodístico, que desde el 2013 al 2015 la CNDH ha solicitado a diversas autoridades, 74 ocasiones distintas, la implementación de medidas cautelares.
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Las quejas iniciadas en los últimos años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con los casos de homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados a instalaciones de medios de comunicación tienen el común denominador de la falta de efectividad por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para disuadir y evitar evit ar estas agresiones. Así también, se han advertido distintas irregularidades durante la integración de las investigaciones de los delitos cometidos en perjuicio de integrantes de la comunidad periodística, lo que denota una conducta sistemática, consistente en que, aun cuando los agentes del Ministerio Público, a cargo de las averiguaciones previas correspondientes, las inician de forma prácticamente inmediata, al disminuir la presión social producto de la difusión de los sucesos en diversas instancias informativas, incumplen con su obligación de practicar todas aquellas diligencias en la indagatoria, tendentes al esclarecimiento de los hechos, o bien, prolongan injustificadamente el tiempo de la integración, lo que ocasiona la ausencia de resultados para esclarecer los hechos, con la consecuente omisión de garantizar a las víctimas o a sus familiares, así como a la sociedad, el derecho a conocer la verdad sobre los sucesos y las circunstancias de tales violaciones.
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De enero de 2010 a julio de 2013 se documentó, por entidad federativa, que los agravios sufridos por el sector sect or periodístico periodíst ico ocurrieron principalmente principal mente en el Distrito Federal, Veracruz Verac ruz y Chiapas. El récord negro que lleva la administración de Javier Duarte de Ochoa de 12 periodistas asesinados, y cuatro desaparecidos, durante los más de cuatro años de su gobierno, lo coloca como uno de los más máximos gobernantes que ha aportada estos números a la lista de los últimos años (La libertad, 2015).
3.5 CONCLUSIÓN
La administración estatal del Dr. Javier Duarte de Ochoa ha probado ser la más ineficiente y mediocre de los últimos años a la hora de actuar para salvaguardar la seguridad e integridad de los veracruzanos. Al no ejercer más del 57% del recurso del FASP de acuerdo con lo publicado por la SEFIPLAN, su gobierno ha generado una ola de violencia violenc ia sin medida, puesto que no se han hecho las inversiones necesarias para el combate eficaz de la delincuencia, ni se ha adquirido el equipamiento e infraestructura de seguridad necesa necesario rio para la protección física f ísica e integral de las personas en el estado.
La falta de recursos –y de voluntad- para combate a la delincuencia es una violación a las garantías individuales y sociales de las personas, ya que es un derecho innato que a los ciudadanos les corresponde. Sin embargo, los recursos monetarios no se ig igualan ualan al recurso humano perdido perdi do en los últimos años, el cual es irreparable, a los veracruzanos les ha costado su integridad física y moral e incluso la vida el tratar de defender sus derechos.
La gubernatura del Dr. Javier Duarte de Ochoa sse e presenta en los los hec hecho hoss como cruel, sanguinaria y violenta en contra de estudiantes, mujeres, maestros, periodistas y líderes sindicales. Veracruz ocupa los primeros lugares en personas desaparecidas, muertes por asesinato, periodistas
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desaparecidos y asesinados, así como en ataques a estudiantes y feminicidios. Estas realidades comprobables mediante testimonios, documentación, revisión de cifras oficiales e investigaciones académicas- sustentan la pertinencia y urgencia del Juicio Político al gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
IV. LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA A LOS PLANES, PROGRAMAS O PRESUPUESTOS, ASÍ COMO A LA NORMATIVA APLICABLE A LA RECAUDACIÓN, MANEJO, ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN APL ICACIÓN DE LOS CAUDALES PÚBLICOS
4.1 PROGRAMA PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLL DESARROLLO O SOCIAL SOCIAL
El interés de esta causal es exponer las diversas infracciones cometidas en la administración veracruzana, mismas mis mas que resultan relevantes debido a la violación de derechos sociales que se están dando, ya que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos U nidos Mexicanos la planeación pl aneación del desarrollo se establece como el eje que articula las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno, pero también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad. Así, el desarrollo nacional naci onal es tarea de todos, por tal motivo al hablar de transgresión en los planes o programas de desarrollo del gobierno, se concluye que la tarea del desarrollo y del crecimiento no se ha llevado a cabo, puesto que la ruta trazada por el gobierno no se alcanzó.
Las evidencias para señalar el incumplimiento en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y los programas que comprenden dicho plan, durante la gestión del Dr. Javier Duarte de Ochoa son las siguientes: 1.- Análisis de los principales programas sectoriales y los correspondientes indicadores de evaluación. (Tomados como principal fuente el Observatorio de las Finanzas Públicas)
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2.- Presupuesto de cada uno de los programas 3.- Impacto del incumplimiento de los programas sectoriales en los correspondientes sectores delEstado. Además se acentúa el tema sobre la deuda pública como resultado de una incorrecta ejecución del PVD, manifestando que ha tenido mayor prioridad que algunos sectores. Se concluye con los montos de deuda más altos registrados en toda la historia de Veracruz, y con ello se infiere la infracción en el Plan Veracruzano de Desarrollo, ya que el fin de alcanzar el desarrollo, durante dicha administración ha llevado a la quiebra a Veracruz por lo cual debe responder el gobernador.
De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) y la Dirección Direcc ión General de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Finanzas y Planeación, las propuestas de los sectores de la administración pública se encuentran organizadas en grandes temas que se a su vez, están comprendidos en los cuatro ejes del Plan:
1.
2.
3.
Construir Constr uir el Presente Presente para un Mejor Futu ro para Todos 1.1
Combatir el rezago para salir adelante
1.2
Educación de calidad: clave de prosperidad
1.3
Salud: prevención y atención oportuna para todos
1.4
Mejores servicios públicos: vivienda y desarrollo urbano
Economía Econo mía Fuerte Fuerte para el Prog reso d e la Gente Gente 2.1
Inversión para generar más empleo
2.2
Empleo para la Gente: trabajo, previsión social y productividad
Consolidar un Veracruz Sustentable 3.1
Agua: recurso estratégico
56
3.2
4.
Medio Ambiente: patrimonio presente
Gobierno y una Admin istración Eficiente Eficiente y Transpare Transparente nte 4.1
Seguridad pública para vivir tranquilos
4.2
Finanzas públicas orientadas al desarrollo
4.3
Protección civil: veracruzanos a salvo y seguros seguros
De dichos ejes se desprenden los principales objetivos del PVD:
•
Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y la marginación, por medio de diversos programas sociales que, en conjunto, aumenten los niveles de bienestar de quienes habitan en poblaciones con alto rezago social.
•
Potenciar los recursos disponibles a favor de municipios, localidades y personas que presentan menores índices de desarrollo humano; focalizar y priorizar la atención a la mejora de capacidades y oportunidades de los veracruzanos con mayores desventajas.
•
Ampliar la cobertura de de servicios públicos de calidad, infraestructura infraestruct ura regional para para detonar zonas metropolitanas y el equipamiento urbano para desarrollo municipal.
•
Recuperar en el corto plazo el orden de las finanzas públicas estatales y construir constr uir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico acelerado.
Para poder llevar a cabo los objetivos mencionados durante esta administración se optó por un sistema de planeación más amplio, denominados programas multianuales o programas sectoriales, los cuales son ejecutados por las dependencias y pueden involucrar a más de una dependencia del poder ejecutivo.
De los 17 programas sectoriales propuestos durante 2011-2016, los de mayor relevancia en los últimos años de dicha administración y para nuestro análisis correspondiente han sido los siguientes:
57
1.
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas
2.
Programa Veracruzano de Educación
3.
Programa Veracruzano de Procuración de Justicia
4.
Programa Veracruzano de Seguridad Pública
6.
Programa Veracruzano de Desarrollo Social
7.
Programa Veracruzano de Salud
De esta manera, realizando un análisis de los ejes rectores rec tores del plan, se encuentra que de acuerdo al Boletín 0039 del Observatorio de las Finanzas Públicas son 3 los ejes rectores en los que se observa el mayor número de programas con indicadores incumplidos: Construir el presente un mejor futuro para todos, Economía fuerte para el progreso de la gente y un Veracruz sustentable, tal como se muestra en el siguiente gráfico.
Dichos ejes son los mismos que contienen los 7 programas sectoriales antes mencionados, y para su realización se destinaron 12,004 millones de pesos, para aplicarse a 118 programas cuyos objetivos, finalmente, no se cumplieron.
De acuerdo con el Observatorio de las Finanzas Publicas el eje rector A ”Construir el presente un mejor futuro para par a todos” agrupa los programas orientados orienta dos al desarrollo social ejecutados por el DIF,
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Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Sedesol Sedes ol e Instituto de Espacios Educativos entre otros. Es el eje que congrega a las dependencias más ineficientes ya que de los 76 programas que ejecutaron, en 44 de ellos (86% del total) no se cumplieron el 72% de los objetivos propuestos. Esto significa que los 7,866 mdp que se ejercieron para la realización de estos programas se convirtieron en un brutal desperdicio.
Programa Progr ama Veracru Veracru zano zano d e Educación
Los objetivos del programa Veracruzano alineados a los objetivos del plan fueron los siguientes:
•
Mejorar la calidad del servicio servic io educativo educativ o en todos los tipos y modalidades incrementando su equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia.
•
Ampliar la cobertura y la atención a la demanda potencial de los tipos y modalidades educativos con criterios de equidad, particularmente donde la entidad se encuentra por debajo del promedio nacional.
•
Incrementar el número de de docentes que participan en oportunidades de formación continua y profesionalización de acuerdo con el nivel educativo en el que laboran así como capacitar y actualizar al personal de apoyo a la educación.
Dichos objetivos estaban orientados hacia el cumplimiento de las siguientes metas del PVD:
•
Reducción del analfabetismo analfabetis mo del 11 a 7 por ciento (atender anualmente 42 mil jóvenes y adultos).
•
Cobertura en preescolar y educación secundaria igual a la m media edia nacional.
•
Incorporar 700 escuelas de educación básica al modelo de escuelas de tiempo completo.
•
Simplificar y eficientar los procedimientos procedimien tos para la incorporación incorporaci ón de instituciones instituci ones particulares al Sistema Educativo Estatal.
•
Crear un Sistema Estatal que articule los esfuerzos institucionales en materia de formación continua y capacitación de los docentes y directivos de educación básica.
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•
Infraestructura: Infraestructur a: ampliar el equipamiento de planteles educativos, educativ os, con tecnologías de la información y la comunicación.
•
Consolidar el Sistema Estatal de Deporte.
De acuerdo a las Cuentas Publicas de 2011-2014, el presupuesto ejercido en programas del sector educación del año 2013 al 2014 tuvo una considerable disminución alrededor de 3,230 millones de pesos. Por lo que se puede observar en 2013 se tuvo el mayor recurso, sin embargo en dicho año también se tuvieron las mayores observaciones de la Auditoria Superior de la Federación, esto de acuerdo a las publicaciones del Observatorio de las Finanzas Públicas, en donde se menciona que de 7 estados, Veracruz, ocupó el primer lugar respecto al monto de las observaciones alrededor de 11,992 (mdp).
Dentro de dichas observaciones destacan los recursos no devengados de la Cuota Social y la Aportación Solidaria que la federación transfiere al estado para el funcionamiento del Régimen Estatal
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FASSA (otra vez el sector salud) y 233 millones del Programa de Escuelas de tiempo completo.
De la Aud Au d ito it o ri a Financ Fin anc iera ier a 13-A-30000-14-0735 que realiza la ASF al programa de Escuelas de Tiempo completo se tiene que resaltar la solicitud de Aclaración por 68, 416,777.91 416,777.91 pesos pes os para que el Gobierno del Estado de Veracruz aclare y proporcione la autorización presupuestal y normativa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Educación Pública para ejercer recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio fiscal 2013 en 2014.
Además de la observación observac ión de un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 233, 626,971. 626,971.44 44 pesos peso s más los intereses generados por no integrar los recursos devengados al 3 de diciembre de 2013, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. No se tuvo evidencia documental y normativa de la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaria de Educación Pública para ejercer dichos recursos en 2014. Como se puede observar el comportamiento del presupuesto de la Universidad Veracruzana fue inestable, ya que el presupuesto autorizado de 2012 a 2013 disminuyó alrededor de 10 mdp, aunque aumentó hasta 176 mdp en 2014.Sin embargo, el presupuesto importante es el liberado y este tuvo un comportamiento decreciente en los últimos años. Los recursos presupuestales no se liberaron en forma, ya que sólo se recobraron el 18% del presupuesto autorizado por el congreso en 2012, el 16% en 2013 y acentuar el año 2014 puesto que solo se liberaron alrededor del 5.11%. La inversión autorizada en el presupuesto de 2014 para la realización de 22 obras de infraestructura ubicados en 8 municipios fue de: 176,187.3 mdp y sólo fueron liberados, entre el periodo del 1° de enero al 19 de septiembre de 2014 un total de 9,070.5 mdp. Esto representa una violación a los planes, programas y presupuestos, así como la violación de la normatividad aplicable al manejo, administración y aplicación de los caudales públicos.
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La rectora de la Universidad Veracruzana informó que la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) adeuda 4 mil 828.2 mdp en subsidios estatales y federales desde 2013 al 2015.En 2013 quedaron pendientes 867.9 mdp; en 2014, 894.3 894. 3 mdp, y en 2015, 2 mil 058 mdp, dio a conocer la rectora rector a Sara Ladrón Ladr ón de Guevara.
Añadió que requieren sus recursos para mejorar la operatividad de la institución: “Los subsidios son recursos que la sociedad en su conjunto destina a través de nuestros gobiernos para la educación universitaria de calidad, la falta de estos subsidios serían la extinción de la Universidad Veracruzana”. Una de las evidencias de lo mencionado se presenta en el anexo de inversión del segundo informe de gobierno, en el que se puede observar que sólo se llevaron a cabo 7 obras en 2 municipios, en cada una de ellas el presupuesto liberado del total autorizado es mínimo; en una de las obras ni siquiera fue liberado, como es el caso de la construcción del aula para teatro y danza en la unidad de Artes de la región de Xalapa.
Asimismo y de acuerdo con las publicaciones en el Observatorio de las Finanzas Públicas el gobierno de Veracruz sufre un dramático mal endémico: el subejercicio presupuestal. Es decir, no gasta en tiempo y forma el dinero autorizado para obras y acciones necesarias para el desarrollo, por lo que
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en 2013 el gobierno estatal no gastó un total de 5,947 millones de pesos mdp que ya tenía autorizados para su ejercicio, de los cuales 3,103 mdp, es decir, más de 50% lo concentraron 7 dependencias: 1.- Secretaría de Infraestructura y obras con un subejercicio de 2,181 mdp 2.- Secretaría de Educación de Veracruz con 995 mdp. 3.- Secretaria de Salud con 902 mdp 4.- Secretaría de Desarrollo Social con 443 mdp 5.- Secretaría de Seguridad Pública con 293 mdp 6.- Secretaría de gobierno con 252mdp 7.- Secretaria de Medio Ambiente con 227 mdp de subejercicio.
Programa Veracruzano d e Salud Salud
El programa Veracruzano de Salud tiene como principales objetivos: 1.
Disminuir la ocurrencia de la mortalidad materna en el Estado, con una tendencia a la baja durante el periodo 2011- 2016.
2.
Detener el avance y desarrollo del sobrepeso, obesidad y enfermedades ligadas a la mal nutrición en la población veracruzana.
3.
Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad sin desembolso y sin discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel, médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.
4.
Mejorar el nivel del componente de salud en el Índice de Desarrollo Humano en los 15 municipios veracruzanos con menor IDH.
5.
Ampliar los servicios integrales dirigidos a los adultos mayores para la detección, promoción, prevención y control de las enfermedades crónicas y prevenibles.
Para cumplir con los objetivos planteados en el Programa Veracruzano de Salud se han presupuestado 31,553 millones de pesos aproximadamente para el lapso de 2013 a 2015.
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Del año 2013 a 2014 el presupuesto para el programa de salud aumentó 19.9%, al pasar de 9,379 mdp a 11,243 mdp, respectivamente. Sin embargo, del año 2014 a 2015 el presupuesto disminuyó 2.8%, teniendo t eniendo una pérdida de 312 mdp.
Esta caída del presupuesto ha ocasionado el incumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas, pues de los 57 programas de salud, 23 de ellos no han cumplido con la meta de los indicadores; el que tiene más indicadores no cumplidos en el sector salud es el programa estatal de vacunación, con 6 indicadores y sólo un indicador con meta cumplida.
Otro de los programas con más indicadores no cumplidos es el a de atención médica de primer y segundo nivel. Es importante mencionar que esto implica que el gobierno no está cumpliendo con su función de otorgar consultas generales ni de especialidad, así con la disminución de mortalidad hospitalaria en el servicio de pediatría y de servicios de cirugía.
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Otros indicadores con los que incumple el gobierno del Estado son: La disminución de la mortalidad materna, la prevención y Control de Cáncer, así como la Prevención y Control del VIH/SIDA e ETS. De esta manera la caída del presupuesto del programa veracruzano para la salud y la falta de cumplimiento de los objetivos de los programas tienen como consecuencia el deterioro de la salud en el estado, pues éste ocupa los primeros lugares en defunciones maternas y mortalidad infantil, y los últimos lugares en esperanza de vida al nacer.
La ineficiente administración del gobierno en el presupuesto para los programas en salud deja sin cumplir el 54% de las metas en cuanto a la detección de diabetes mellitus, no importándole el impacto al no ejercer el presupuesto en salud.
Respecto a la esperanza de vida al nacer, Veracruz se encuentra dentro los últimos cinco estados, con un valor aproximado de 74 años de vida, comparando este valor con otras entidades se tiene que en el Distrito Federal esta variable es de casi 76 años, por lo que con las cifras presentadas hasta 2013 por la Secretaría de Salud (SS) se puede inferir que los objetivos de la gestión de Duarte 2011-2016 en materia de salud están muy lejos de alcanzarse Salta a la vista el hecho de que Veracruz es uno de los estados con mayores problemas de salud pública, lo cual se refleja r efleja de manera dramática en el valor que alcanza la “Esperanza de Vida”, el número númer o de defunciones, la tasa de mortalidad materna, las muertes por causa de la detección detecc ión tardía de diabetes mellitus y el elevado número de muertes infantiles y de menores de cinco años. El deterioro de las finanzas en salud refleja claramente el desinterés del gobierno por el bienestar de las personas. Sin duda el reto es enorme y es necesario enfrentarlo de inmediato, para lo cual se requiere mayor atención en el presupuesto destinado a salud pública y mejorar la eficiencia en los sistemas que prestan servicios de salud pública. La salud ayuda al desarrollo y su precariedad puede inferirse como la causa del rezago social que vivimos, ya que la calidad de vida de de las personas impacta impact a en la capacidad capac idad productiva de éstas, teniendo como consecuencia la pobreza del estado.
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Los principales objetivos del programa veracruzano de Desarrollo Social alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo son:
1.
Disminuir la marginación, el rezago social y la vulnerabilidad en el estado con especial énfasis en las localidades y los municipios con altos niveles de pobreza.
2.
Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.
3.
Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el desarrollo social de los veracruzanos.
4.
Ampliar la atención que se otorga a los migrantes veracruzanos y a sus familias para brindarles seguridad y promover el desarrollo de las localidades y municipios de origen.
5.
Disminuir los regazos sociales de la población indígena para tener mejores oportunidades de desarrollo en sus comunidades.
El presupuesto para cumplir con los objetivos planteados en el programa veracruzano de desarrollo social ha sido de 4,987 millones de pesos para el lapso 2013 a 2015. Dicho presupuesto ha ido disminuyendo en los últimos cuatro años. En 2013 el presupuesto fue de 2,056 millones de pesos y en 2014 pasó a 1,725 millones de pesos, disminuyendo en total un 16.1%. Este presupuesto se redujo aún más para los años 2014 a 2015, de 1, 725 millones de pesos a 1,205 millones de pesos, lo que representó una reducción del 30.1%
El presupuesto de los programas en Desarrollo Social tiene un comportamiento similar al presupuesto del plan veracruzano de desarrollo social, por lo que a partir del año 2013, el presupuesto disminuyó 194 millones de pesos. Asimismo se tiene que los programas en Desarrollo social cuentan con 41 indicadores para llevar a cabo los objetivos planteados anteriormente, sin embargo, únicamente 11 indicadores cumplieron con sus objetivos y 30 no cumplieron, es decir, más del 73 por ciento de los indicadores incumplió.
El programa con mayor número de indicadores no cumplidos fue el de Fomento y Apoyo a la
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economía familiar, dado que cuenta con 8 indicadores de los cuales c uales ninguno logró con su objetivo, como c omo se observa en el siguiente cuadro.
Es importante resaltar que el programa de Fomento y Apoyo a la Economía familiar no cuenta con un presupuesto para lograr los objetivos de los indicadores, pues desde el año 2011 no tiene registrado ningún tipo de recurso.
Por otra parte, uno de los objetivos del Programa veracruzano de Desarrollo Social es Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza; sin embargo, Veracruz ocupa el tercer lugar con mayor crecimiento de la pobreza, únicamente por debajo de Morelos y del Estado de México, mientras que estados como co mo Durango y Nayarit han logrado disminuir en más de 11% el nivel de pobreza Respecto a la pobreza extrema, el estado ocupa el sexto lugar con mayor crecimiento, un crecimiento aproximado de 22.15% para los años de 2012 a 2014, por lo que Veracruz se encuentra únicamente por debajo de los estados de Chihuahua, México, Morelos, Morelos , Hidalgo y Oaxaca, de acuerdo con las estadísticas presentadas por CONEVAL:
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Crecimient Crecim iento o d e la Pobreza Extrema Extr ema (2012-201 (2012-2014) 4)
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Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de 2010 de la CONAPO, el grado de rezago social que se encontraba en el estado era alto, por lo que Veracruz se ubicó dentro los primeros 10 estados en el contexto nacional, con exactitud el 4° lugar. Yucatan Campeche
Por lo que se puede concluir que la caída en el presupuesto del programa veracruzano de desarrollo social s ocial ha provocado el incremento desmedido de la pobreza y pobreza extrema en el estado de Veracruz, así como el alto índice de rezago social y carencias en bienestar económico, alimenticio y de vivienda. Se puede deducir que los objetivos en mejorar la calidad de vida de las personas no han sido cumplidos.
Programa Veracru Veracru zano zano de Segur Segur idad Públ Pública ica
Los principales objetivos del Programa veracruzano de seguridad pública, alineados al programa veracruzano de desarrollo son los siguientes: 1.
Destinar los medios administrativos y legales necesarios para fortalecer a la Secretaria de Seguridad Pública como dependencia responsable de garantizar los derechos de la población a la vida, a la libertad, a la integridad física, al patrimonio, al orden y la paz públicos.
2.
Disminuir la comisión de delitos a través de un enfoque preventivo y de proximidad, entre las dependencias encargadas de la Seguridad Pública y la población de Veracruz.
3.
Incrementar la vigilancia de lugares públicos rescatados, en un esquema de coordinación con otros órdenes de Gobierno y la Sociedad.
4.
Incrementar la población beneficiaria, a través de acciones de vinculación social que permitan obtener retroalimentación e información para prevenir y combatir la delincuencia.
5.
Mejorar la capacidad y los niveles de confiabilidad de los cuerpos policiacos.
6.
Incrementar la coordinación y cooperación con las instancias competentes, en el combate de la delincuencia.
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Optimizar e incrementar los recursos relacionados a la infraestructura, equipamiento con
7.
tecnología de punta, así como tecnologías de la información
y Comunicaciones Comunicacio nes (TIC`S)
en el área de Seguridad Pública. Mejorar los sistemas de información sobre la criminalidad y las acciones de Seguridad
8.
Pública. 9.
Actualizar y optimizar la infraestructura de radiocomunicaciones.
10.
Regular y controlar los servicios de seguridad privada en el Estado de Veracruz.
Para lograr los objetivos planteados en el programa veracruzano de seguridad pública, del año 2013 a 2015 se han presupuestado 6,186 mdp. Sin embargo, el presupuesto ha disminuido 24.2 por ciento del año 2014 a 2015, al pasar de 3,437 mdp en 2014 a 2,604 mdp en el 2015.
Aunque el presupuesto para el programa veracruzano de seguridad pública creció de manera exponencial del año 2013 a 2014, el presupuesto de programas en seguridad pública disminuyó para los mismos años, al pasar de 4, 282 millones de pesos en el 2013 a 3,653 millones de pesos para el 2014.
Los programas con mayor perdida en su presupuesto fueron Seguridad Estatal y Planeación estratégica, prevención y Operativos especiales contra la delincuencia. El presupuesto de Seguridad
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Estatal disminuyó 2,405 millones de pesos, al pasar de 2,895 mdp en 2013 a 490 mdp en el 2014. El programa de planeación estratégica disminuyó 80 mdp su presupuesto. Al realizar un análisis durante el periodo 2010-2014 se encuentra que el estado de Veracruz se ubicó dentro las primeras cinco entidades con el mayor gasto promedio por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 303.8 mdp, muy por encima del gasto de estados como Colima y Aguascalientes con 98 y 99.7 mdp respectivamente.
De acuerdo con el Observatorio Observatori o de las Finanzas Públicas, a lo largo de este periodo la entidad ha incrementado de manera constante el gasto de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, aumentando en 51% dicho gasto, al pasar de 3 mil 044 a 4 mil 623 millones de pesos en el período de referencia. Pero las estadísticas respecto a homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos no han disminuido notablemente.
Por lo que se puede ver reflejada la ineficiencia del gobierno del estado en administrar los recursos para la seguridad pública, esto debido al incremento desmedido de los indicadores delictivos, con lo cual se observa la falta de cumplimiento de los objetivos del plan veracruzano de seguridad pública viéndolo únicamente como un deseo muy alejado de la realidad.
Así en cuanto al número de secuestros, el estado no sólo no redujo este indicador, sino que lo aumentó en 127, lo que implica que de 17 delitos de este tipo que se cometían en 2010 aumentó a 144 en 2014. Mientras que en otras entidades se presentaron reducciones importantes, como en el caso de Chihuahua, donde este tipo de delito se redujo de 130 a tan solo 8 para 2014 (disminuyendo en 122). Asimismo destacan destaca n los casos de Coahuila donde la reducción reducci ón fue de 75 y de Durango donde de 79 secuestros que se cometían en 2010 en 2014 únicamente ocurrieron 10 Mientras que en lo que respecta al robo de vehículos con violencia el estado ocupó la sexta posición entre las entidades que incrementaron este tipo de delitos durante el periodo 2010-2014. De esta manera, de 892 robos que se cometían en 2010, en 2014 se cometieron 1,206. En cambio, en 15 entidades el robo de vehículos con violencia se redujo hasta 80%, de esta manera en Chihuahua
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los robos disminuyeron en 5 mil 877 y en Nuevo León de 5 mil 268 a 928.
Asimismo, de acuerdo con el cuarto informe de gobierno del Estado de Veracruz (2014), el presupuesto asignado para el fortalecimiento de la Procuración de Justica disminuyó 66.26% del año 2012 al 2014, reduciendo el presupuesto en Implementación de los centros de operación estratégica y acceso a la Justicia para las mujeres, lo cual se puede ver ligado con el aumento de los secuestros en el Estado de Veracruz, y la falta de solución a los casos delictivos, lo cual ha provocado que se incumpla el derecho de proteger la libertad de las personas. De esta manera los altos niveles de delincuencia e inseguridad en el Estado de Veracruz se dejan ver de igual manera en el incremento de homicidios y de la privación de libertad de expresión de periodistas.
Programa Progr ama Veracru Veracru zano zano d e Proc Procuradu uraduría ría de Justici Jus tici a
Los principales objetivos del programa planteados fueron los siguientes:
1.- Asegurar que la procuración de justicia sea pronta, eficaz y expedita. 2.- Aumentar la cobertura de atención a las víctimas del delito 3.- Garantizar el apego irrestricto al derecho, en los servicios que otorga la Procuraduría General de Justicia. 4.- Garantizar que en los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia se respeten los derechos derechos humanos. humanos. Para poder llevarlos a acabo de acuerdo con las cuentas públicas del 2011 al 2014 el presupuesto se incrementó proporcionalmente año con año, siendo en 2014 el año con mayores recursos.
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Sin embargo, pese al aumento en el presupuesto en varios de los indicadores de los programas en materia de procuraduría de justicia no se cumplieron las metas propuestas.
Los indicadores también pueden sustentarse con las declaraciones en los medios por ejemplo; La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su Recomendación 14/2015, dirigida al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el caso de tres personas víctimas de desaparición forzada por policías estatales, el 7 de enero de 2014. Los cuerpos de dos de ellas fueron encontrados sin vida 12 días después, luego de un supuesto enfrentamiento armado con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado; del de la tercera víctima, nada se sabe. Tras su investigación, este organismo nacional encontró elementos que evidencian la detención arbitraria y la desaparición forzada de los tres agraviados, vulnerándose con ello sus derechos a la libertad personal, integridad, seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a un trato digno.
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Por ello, el gobernador deberá garantizar el inicio de la correspondiente Carpeta de Investigación Investigac ión por el delito de desaparición forzada en el caso de la persona que aún está desaparecida, y se instrumenten medidas para su búsqueda y localización, así como se deberá extraer de la reserva la Investigación Ministerial número 2, y darle seguimiento para que se aporten mayores datos de prueba y lograr su debida integración.
Una vez determinada e identificados los probables responsables, se haga lo conducente. Además, deberá emitirse una circular dirigida a todos los Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, para que pongan sin demora a los detenidos a disposición del Agente del Ministerio Público que corresponda, en cumplimiento de lo que establece el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno veracruzano deberá reparar los daños ocasionados a los familiares de las víctimas, incluyendo la compensación que corresponda y la atención médica y psicológica que requieran hasta restablecer su salud física y emocional; para ello solicitará apoyo a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito, en términos de la Ley General de Víctimas.
En su momento, la Comisión Nacional solicitó medidas cautelares al gobernador de la entidad, con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad física y seguridad personal de los familiares de las víctimas, brindándoles la protección eficaz y oportuna que requirieran. Esta recomendación, que ya fue debidamente notificada al Gobierno del Estado de Veracruz, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx .Este solo es uno de los casos por mencionar.
Programa Progr ama Veracruzano Veracruzano d e las Finanzas Finanzas Públ Públ icas
Los principales objetivos del programa veracruzano de las finanzas públicas alineados a los objetivos del PVD fueron los siguientes: 1.- Aumentar los ingresos públicos del Estado 2.- Incrementar el ahorro público a través de la contención del gasto corriente, asegurando
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recursos para el desarrollo social, bajo criterios de disciplina, eficacia y eficiencia. 3.- Lograr que se destinen mayores recursos, tanto públicos como privados, al gasto de capital en los distintos sectores de la economía, a fin de generar condiciones para el crecimiento y el desarrollo del Estado. 4.- Establecer un sistema de planeación estatal moderno y democrático, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes Sectores y regiones de la Entidad. 5.- Mantener los niveles de transparencia fiscal del Gobierno del Estado, a través del portal electrónico de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Para poder llevar a cabo los mencionados objetivos y el cumplimiento de las metas del PVD, el presupuesto para dicho programa es el que se muestra en el siguiente gráfico.
No obstante, la ampliación del presupuesto para dicho programa se puede inferir que los objetivos en materia de finanzas públicas no se cumplieron, tal como lo demuestran los indicadores. Por ejemplo el Programa Esfuerzo Recaudatorio ya que de sus 4 indicadores solo 1 se cumplió. cumpli ó.
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Además, este incumplimiento de los objetivos en materia de finanzas también se ve reflejado en los escenarios de los últimos años en el estado. De esta manera se tiene en primer lugar lo analizado por el Observatorio de las Finanzas Públicas quién alude que Veracruz no está transparentando sus finanzas públicas públic as como señala la “Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
Asimismo, de acuerdo con el “Consejo Nacional Armonización Contable” (CONAC) el gobierno del estado ha incumplido con la obligación de publicar la información financiera en sus sitios de internet que permitirían una homologación en los gastos e ingresos de cada entidad y así facilitar la contabilidad y la rendición de cuentas.
Dicha obligación se encuentra contenida en el título V de la citada ley, específicamente en el artículo 56, donde se señala que la información financiera de los gobiernos estatales deberá
difundirse en sus páginas de Internet. Asimismo, de acuerdo con el artículo 57, la Secretaría de Finanzas y Planeación debe publicar en su página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todas las dependencias de gobierno del estado y a sus unidades de transparencia correspondientes .
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Veracruz no ha cumplido con publicar la información financiera que a continuación se señala:
Con esto se señala que el objetivo 5 del programa veracruzano no se ha cumplido, ya que el nivel de transparencia en la SEFIPLAN no se ha llevado a cabo. En otro punto los resultados de la gestión de las finanzas públicas del gobierno del estado muestran una considerable fragilidad estructural. Como lo señala las publicaciones del observatorio el incumplimiento de Veracruz no es cosa menor, ya que de acuerdo con el artículo 84 el incumplimiento de estas disposiciones pueden ser sancionadas incluso con pena corporal, tal como lo señala el artículo 86. Éste dispone la imposición de una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley, los cuales señalan lo siguiente:
II. Cuando de manera dolosa: a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o b)
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Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley.
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente.
Por otra parte, en 2014 el gobierno del estado mostró un desequilibro importante en el Presupuesto de Egresos, ya que destinó el 55% del total, esto es 52,102 millones de pesos (mdp), a cubrir el Gasto Corriente, es decir, gasto para operar el gobierno o gasto de administración, donde el rubro más importante lo constituyen las erogaciones destinadas al pago de sueldos y salarios de la burocracia, lo que representa el 36.5% (3,615 mdp).
DEUDA PÚBLICA
El asunto de la deuda pública del estado debe considerarse desde que el Congreso de la Unión reformó la Constitución Federal para que estados y municipios puedan contratar deuda pública que les permita obtener recursos para liquidar su deuda ya existente. Hasta antes de esta reforma eso era imposible, porque sólo podían contraerse obligaciones financieras financ ieras para la realización de inversión pública.
Esta restricción tenía como propósito garantizar que el endeudamiento generase un impacto positivo en el desarrollo económico, puesto que la creación de obras públicas fomenta el crecimiento económico y posibilita el mejoramiento del bienestar social. La abrumadora carga financiera que representa la deuda pública para estados y municipios ha
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puesto a muchos de ellos al borde del incumplimiento parcial de pagos, es decir, a un paso de la quiebra técnica y suspensión total de pagos. Ante esta circunstancia, los legisladores federales decidieron facilitar el camino a gobernadores y presidentes municipales para que puedan resolver el problema de sus elevados pasivos por la vía más fácil, comprometedora e irresponsable: la “reestructura de deuda” que no es otra cosa que contratar deuda nueva para pagar deuda vieja, lo cual es un mecanismo por al cual se recurre cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para pagar la deuda.
Como se ha venido presentando en los últimos años en el estado, además de lo que ostenta el observatorio de las finanzas públicas. La deuda pública del gobierno del Estado de Veracruz de los últimos dos años se contrató sin observar las disposiciones legales de la Constitución Federal en la materia y por lo mismo, es inconstitucional.
Los argumentos que se presentan son los siguientes:
Municipios 1.1.- La Cons Cons titu ción Federal Federal establece en su artículo 117º que los Estados y los Municipios sólo pueden contratar obligaciones financieras o créditos para destinarlos a inversiones públicas productivas . Es decir, establece un principio de exclusividad para el uso de los
recursos obtenidos mediante financiamiento. 2.- La Constitución del Estado de Veracruz dice en su artículo 73º que el Gobierno del Estado puede recurrir al endeudamiento directo y utilizarlo para inversiones públicas prod uctivas y para cubri r un déficit imprevisto en la Hacie Hacienda nda .
Este precepto entra en contradicción con lo establecido en la ley suprema del país, puesto que faculta al gobierno estatal, a contratar deuda para un destino que no está previsto en la Constitución Federal, por lo que, estaría incurriendo en un acto de inconstitucionalidad.
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El Código Financiero del estado de Veracruz confirma esa contradicción porque en su artículo 316º señala que: “… los recursos derivados de operaciones de financiamiento podrán destinarse a cubrir un déficit en la Hacienda del Estado, generado por situaciones de la economía nacional o estatal, o suscitadas por algún acontecimiento futuro e incierto que altere la planeación financiera original del Estado .” (Por cierto, este párrafo fue adicionado el 17 de septiembre de 2010)
El Decreto 289 del 4 de agosto de 2011 , el Congreso de Veracruz autorizó al Ejecutivo del Estado la contratación de créditos que servirían para pagar la deuda vigente en ese momento, consistente en dos grandes rubros: a) La deuda a empresas que realizaron obras, prestaron servicios o vendieron bienes al gobierno y a las cuales no se le pagó en su momento, por un monto de 17,400 millones de pesos (mdp).
b) La deuda bancaria que tenía el gobierno estatal con varias instituciones financieras, por un monto de 12,600 mdp.
El decreto mencionado señala que la contratación del endeudamiento sería destinado a inversiones públicas productivas , como si el pago de los adeudos mencionados fuera una
inversión pública productiva, pero no lo es. Una inversión pública productiva es un gasto en un activo fijo, ya sea que se compre, se construya o se le dé mantenimiento.
Pero el pago de un adeudo en ningún caso es una inversión pública productiva. producti va. Así lo establece el artículo 316 del Código Financiero del estado , que señala que las inversiones públicas productivas son: “…la ejecución de obras, contratación de servicios, adquisición de bienes y (…) la rehabilitación de bienes que generen un aumento en la capacidad o v ida útil de los mismos, siempre que con la operación de dichos activos se genere, directa o indirectamente, un incremento en los ingresos públicos del Estado”.
Esto significa, por tanto, que el decreto también contraviene al Código Financiero.
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La Constitución del Estado de Veracruz, en materia de deuda pública, contraviene el Principio de sup remacía remacía constituc ional, al que debe someterse y el cual está expresado de manera clara y
complementaria, en cuatro artículos de la Constitución Federal :
•
Artíc Ar tícu u lo 133º. “ Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a rreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pes ar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”
•
Artíc Ar tícu u lo 41º. “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”
•
Artíc Ar tícu u lo 128. “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta protesta de guardar la Constitución y las leyes que de d e ella emanen.”
•
Artíc Ar tícu u lo 135. “ La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas apro badas por la mayoría de las legislaturas le gislaturas de los Estados.”
Por todo lo anterior, el observatorio menciona que la contratación de los créditos al amparo de la Constitución del estado de Veracruz y del decreto analizado serían inconstitucionales y un último elemento de razonamiento por el cual confirmaría la inconstitucionalidad de la deuda pública de Veracruz es que:
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La iniciativa iniciativ a de reforma constitucional presentada recientemente por los diputados del PRI para limitar el endeudamiento de los estados propone agregar a la fracción VII del artícu lo 117º, un inciso d) en donde se faculta a los estados y municipios a “…realizar operaciones de refinanciamiento y reestructura; siempre y cuando, las realicen bajo condiciones d e mercado”.
Si la constitución federal no prohibiera la contratación de deuda estatal para pagar deuda, no tendría sentido esta reforma constitucional que se está proponiendo. Es decir, la iniciativa de reforma constitucional confirma la inconstitucionalidad de la deuda pública de Veracruz.
Así de acuerdo al Observatorio de las Finanzas Públicas en 2013, la enorme deuda pública acumulada por el gobierno de Veracruz Veracru z ha creado un profundo hueco a las finanzas públicas estatales estatal es al generar pagos por los créditos contratados cada vez más grandes.
Ya que en 2010 el monto del pago por intereses y amortización de la deuda fue de 581.5 millones de pesos (mdp), para 2011 esa cantidad se cuadriplicó pasando a 2,140.3 mdp. Para 2014 fue de 3,890.9 y para 2015 alcanza la escandalosa suma de 4,769.8 mdp, es decir, que de 2010 a 2015 el pago de la deuda se volvió ocho veces mayor
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Lo anterior significa que durante el período 2010-2015 se habrán pagado de manera acumulada acumul ada 16,136.2 millones de pesos, de los cuales apenas 3,290.6 millones (el 20%) corresponden a una reducción de la deuda, siendo que sólo representan el monto que se ha destinado al pago de amortización. En cambio se han destinado 12,845.6 millones al pago de intereses y comisiones, esto es el 80% del total de lo destinado al pago de deuda
Esta irracional estrategia de pagos es resultado de la quiebra financiera del gobierno que en 2011 lo obligó a contratar deuda para pagar deuda, por lo que esta pérdida de su capacidad de pago provocó que durante algunos años únicamente pudiera liquidar los intereses de la deuda, y realizar amortizaciones muy reducidas, comparadas con las destinadas al pago del servicio de la deuda. Por esto el observatorio también puntualiza que Veracruz está inmerso de manera muy profunda y preocupante en este problema ya actualmente ocupa el 4º lugar entre los estados más endeudados del país. Debido a que su deuda pública públic a alcanza un valor de 40,953 mdp mdp lo cual representa 8% del total nacional. Ello como ya se dijo es producto de una política financiera que ha hecho un uso excesivo e indebido de los créditos, lo que ha conducido a que en tan sólo los últimos cinco años se duplicara su valor, creciendo en un monto de 19,453 mdp, lo que implica un incremento del 90%.
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Aunado a lo anterior en una de sus últimas publicaciones del Observatorio, el pasado 24 de agosto de 2015 se exhibe que el tamaño de la deuda es de por lo menos 72,933.3 mdp, sin considerar: “pasivos laborales”, “pasivos de pensiones”, “laudos laborales, “cuentas de orden”, “préstamos quirografarios”, quirografar ios”, “garantías de pago oportuno” y los pagos por “contratos para la prestación de servicios” que si bien la ley no considera deuda, si son montos que obligatoriamente debe pagar el gobierno año con año por la prestación de ciertos servicios, lo que los convierte en un pasivo en la práctica presupuestal.
Deuda a prov pr oveedores: eedores: $ 3, 623, 623, 822,6 822,612 12 pesos compuesta por: •
Proveedores prestadores prestadores de servicio: servic io: 685.4 millones de pesos
•
Contratistas por pagar: 870.5 millones
•
Aportaciones y participaciones: participaci ones: 940.7 millones
•
Retenciones y contribuciones: contribuci ones: 1,127 millones
Además de que se le debe a Empresarios hoteleros como Servicios de hospedaje de la cumbre
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Tajin, Asociación de Hoteles y moteles del Norte de Veracruz, Hotel Rio Vista INN Poza Rica, el Consejo coordinador empresarial del Norte de Veracruz beneficiarios de apoyo a adultos mayores de 70 años y atletas de alto rendimiento sin recibir becas mensuales.
A los beneficiarios de Becas de Pronabes y 8 galardonados del premio estatal de la juventud, así como al Alcalde de Soconusco el cual se manifestó en la Secretaria de Finanzas por el pago del Fondo Metropolitano y contratos de 70 grupos musicales durante la administración. Así también el director general de Sprotees manifiesta que no han cumplido con los pagos de los juegos centroamericanos centroamerica nos que les ofrecieron ofrecieron a través de la agencia Prodem por la cantidad de $ 9, 000,000 000,000 de pesos monto que se pagaría el 3 de Enero de 2015.
Por su parte, el apoderado Legal Clank de Chihuahua exhibe un adeudo de $118 mdp, el director menciona que por tal motivo redujeron su planta laboral y tienen adeudos con sus proveedores. De esta forma, si se le suma dicha cantidad a la expuesta por el observatorio podemos inferir que el adeudo es de aproximadamente 76,557 mdp.
Por otra parte se tiene que la ASF en noviembre de 2014 interpuso 6 denuncias ante la PGR por funcionarios públicos. De acuerdo con la ASF Veracruz fue el estado que más recursos desvío en el con un monto observado de 7 mil millones de pesos, que equivale al 17.3% de sus recursos federales. De lo anterior se advierte que los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, incumplieron los compromisos compro misos adquiridos con co n la Federación en el sentido de reintegrar en su totalidad los recursos federales para programas específicos y destinados a otros distintos a los originalmente establecidos.
CONCLUSIÓN Retomando el objetivo de desarrollo para esta administración, a través del alineamiento de
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programas sectoriales, podemos decir que el mismo estuvo muy lejos de cumplirse, lo que se vio reflejado en las múltiples estadísticas presentadas en esta causal, debido a las graves faltas presentadas y comprobadas solo queda esperar que realmente se haga cumplir la ley por las violaciones de todos los actores que han llevado a Veracruz a la quiebra, además es necesario que los servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz respondan por el endeudamiento endeudamiento que han realizado de manera ilegal.
V. EL ATAQUE AT AQUE AL EJERCICI EJ ERCICIO O DEL SUFRAGIO 5.1 EXTORSIÓN EXTORSIÓN DE LOS L OS PROGRAMAS PROGRAMAS SOCIALES SOCIAL ES La presente causal busca dar a conocer la estrecha relación que existe entre los afiliados a los programas sociales y a los partidos políticos, para de esta manera dar a conocer como las necesidades de la población veracruzana, la llevan a dar su voto al partido en el poder, el cual amenaza con quitar la ayuda brindada sino se realiza el voto a su favor.
Manteniendo como antecedentes lo ocurrido el 18 de abril de 2013, cuando funcionarios del Gobierno de Duarte protagonizaron uno de los mayores escándalos político-electorales que se haya vivido hasta ahora el sexenio de Peña Nieto, excepto el del fraude electoral del propio presidente. Cuando cincuenta y siete funcionarios públicos, encabezados por el propio gobernador, fueron señalados pública y legalmente como delincuentes electorales al evidenciarse un operativo electoral priista que involucró a los 3 órdenes de gobierno.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por el PAN fueron sorprendidos en reuniones funcionarios estatales, federales y municipales, miembros de sindicatos, de la iniciativa privada de organizaciones gremiales ligas al PRI, los cuales fueron grabados en videos y audios preparando un extenso operativo electoral con el uso criminal de programas sociales y recursos públicos; estos videos fueron exhibidos en todos los medios nacionales y fue reportada como noticia internacional
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relevante.
Los funcionarios señalados como responsables intelectuales y materiales son:
FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTATALES
Javier Duarte d e Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Salvador Manzur Díaz, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, Ex Presidente Municipal Constitucional de Boca del Rio, Ver. (Hasta el martes 12 de marzo de 2013), Pablo Anaya Rivera, Secretario de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la la Llave (Hasta el 7 de marzo de 2013), Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz (en ese momento). Raúl Zarrabal Ferat, Secretario de Comunicaciones del Estado de Veracruz (Hasta el 12 de marzo
de 2013), Sergio Pazos Navarrete, Titular de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) del Gobierno del Estado de Veracruz, Iván Hillman Chapoy, Delegado de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Veracruz (CONAGUA), Ranulfo Márquez Hernández, Delegado de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz, Felipe Sosa Mora , Subdelegado de la Secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz.
Mariano Molina Ramírez , Coordinador Regional de Atención Ciudadana del Programa
Oportunidades de la SEDESOL Boca del Río, César Perdomo Buenrostro, Funcionario de SEDESOL en el Municipio de Boca del Rio, Ver., Raúl Raúl Ramos Ramos Vicarte, Director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, Dr. Ramón Ramón Ferrari Pardiñ o , Director del Consejo para el Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan, Juan Carlos Fernández Ruiz, Director de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria Agropecuaria (COVECA), Ricardo Landa Cano, Presidente del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de Veracruz
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Sergio Sergio Lira Escobar , Subdirector de Administración de Comercialización Agropecuaria (COVECA), Vicente Benítez González, Subsecretario de Desarrollo Social en el Estado de Veracruz, Omar Velásquez Jácome, Representante Regional del Gobierno del Estado de la Zona Conurbada, Arman Ar man do L óp ez Rosad Ro sad o , Presidente del Comité Organizador de los Festejos por el 25 Aniversario
de la Fundación de Boca del Río, Arman Ar mand d o Zavariz Zavar iz Vid aña , Director académico del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV).
Teresa Sánc Sánchez hez Segura, Segur a, Coordinadora de la zona 5 del Cobaev en Boca del Río, Miguel Sosa Ruiz,
Secretario académico de la UV en la Región Veracruz-Boca del Río, Lui s Gabriel Retolaza Vives Vives , Encargado de la Coordinación de Vinculación Vinculac ión Municipal del Ayunta Ayuntamiento miento de Boca del Río, Fernando Cruz, Encargado de la Delegación de Tránsito de Boca del Río, José Ricardo Ruiz Carmona,
Director General del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Metropolitano. Rodolfo Rodol fo Sánchez Galván Galván , Dirección de Proyectos y Construcción de SAS metropolitano, Anto An to ni o Sánch Sánch ez Molina Molin a, Director de Administración y Finanzas del SAS (Sistema de agua y Saneamiento
Metropolitano), Carlos Robles Saldaña, Director del Sistema Desarrollo Integral de la Familia (Rubro: (Rubro: Direcciones y Areas Operativas), Anto An to ni o Ferr ari Cazarín , Director General de Colegio de Bachilleres del Estado Veracruz, Ál varo var o Cánd id o Capetil Capet il lo Hernánd Hern ánd ez, Director General del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), José Roberto Ramos Suárez, Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del gobierno del estado de Veracruz, (SEDECOP, Representación de Zona Centro)
Funcionarios del Ayunt amiento amiento d e Boca del Rio Ans An s elmo elm o Es tan día Co lo m, Presidente Municipal Constitucional de Boca del Rio, Ver., Juan Carlos Utrera García, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Boca del Río, Jesús Manuel Maza Saavedra o Manolo Maza, Síndico del Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., Julián Juli án Sosa Cabrera,
Regidor Noveno del Ayuntamiento de Boca del Río, Rafael Tejeda Martínez, Regidor 10 del Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., David Rivera Cortes, Regidor 9º Suplente PRI del
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Ayuntamiento de Boca del Río, Cristina Arr oyo Martíne Martínezz, Regidor 7º del Ayuntamiento de Boca del Rio, Veracruz, Viviana Karin a Cano Cano Hernánd Hernánd ez, ez, Regidora Décimo Segunda del H. Ayuntamiento de Boca del Río.
Rafael Rafael Tejeda Martín ez, Regidor 10 del H. Ayuntamiento de Boca del Río, Vícto Víctorr Carrill o Méndez,
Titular del Área de Servicios Municipales en Boca del Río, Ver., Sergio Flores Sosa, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Boca del Río, Carlo Carlo s Israel Uscang a Sánch Sánch ez, Director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., Francisc o Vilaboa Nieto, Director de Fomento Deportivo Municipal de Boca del Río, Ver., Jacobo Vázquez Vázquez Castro Castro , Director General de Catastro del municipio de Boca del Río, Ver.
V er., Erika Carlo Carloss Rodríguez Rod ríguez Pitalúa, Director de Educación del H. Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., Mikel Hermid Hermid a, Dirección de Tesorería del Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., Auro Au ro ra Delg ado Huerta, Directora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río, Ver., Juan Ju an Carlos Carlos Domíng uez Lascares, Subdirector de Desarrollo Social de Boca del Río, Basilio González Oliveros, Oficial
Mayor del Registro Civil del Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., Manuel Bravo Carrizosa, Coordinador de Trabajo T rabajo Social del DIF de Boca del Río, Ana Lili Li li a Sald Sald aña Ort iz, Directora del Teatro Gutiérrez Barrios en Boca del Río, Sofía Secc ión de la a colonia Ejido Sof ía Prieto Valenci a, Presidenta de Sección Primero de Mayo Sur del Municipio de Boca del Río.
Estructur Estruc tura a del PRI PRI (Muni (Muni cipal cip al y Estatal) Estatal) Silvestre Viv eros Zarate, Delegado Distrital del PRI en el XXII Distrito Electoral con Cabecera en
Boca del Rio, Ex Encargado de la Representación Regional de Cosoleacaque del Gobierno del Estado, Jorge Jor ge Reyes Reyes Leo , Dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Boca del Río, José Jos é Ángel Zarate Vill Villegas egas, Secretario Asuntos Electorales de la CNOP, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, Dante Fernando Arteaga Restrepo , Presidente del Frente Juvenil del PRI en Boca del Río, Rosa María Adriana Mendoza, Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional
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Sindicatos René Palencia Góngora, Líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
sección 32 del Estado de Veracruz, Roberto Castellanos Chargoy, Secretario de Organización de la Región 8 Sección 32 del SNTE, Benito Requejo Gutiérrez, Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado. Aso As o ciaci ci aci on es Civil Civ il es Marcos Marcos Orduña Alcoc er, Presidente del Consejo de Empresarios Veracruzanos AC (Cevac), José Luis Gordillo , Presidente de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río, Alfr Al fr edo Ferrari Robles , Presidente en Adelante para Boca del Río, A.C., Supervisor Afiliación de la J.S.V
Xalapa en REPSS
Ex Funcion Funcion arios Públic Públic os Fidel Herrera Beltrán , Ex Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ricardo Sandoval Aguilar, Ex director de Administración de la Secretaría de Salud, Alejan Al ejan d ro Contreras Uscanga, Ex Dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI en Boca del Rio, Ex síndico
del Ayuntamiento de Boca del Río, Juventino Torres Cruz Cruz, Ex director de Gobernación de Boca del Río, Mario Fernánd Fernández ez Palma Palma, Ex regidor con la Comisión de Protección Civil del ayuntamiento de Boca del Río.
Otros Oscar Trinidad Ortiz, Representante del Ing. Raúl Zarrabal Ferat Iniciativa Privada
Fernando Vázquez Rigada, Director de PCN Consultores, Humberto Hernández Mikel ,
Empresario, Raúl Mir anda Cazares Cazares , Dueño de “Comercio Al Por Menor de Abarrotes”, Miguel Ángel Enríquez Enríq uez González, Director de “Grupo surtidor” al Servicio del Constructor,
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José Domingo Domínguez Hernández, Propietario de “Construcción” en Minatitlán, Veracruz de
Ignacio de la Llave. La serie de grabaciones realizadas entre el 3 de febrero y el 7 de abril 2013 ampliamente difundidas vía redes sociales revelan los mecanismos de operación electoral fraudulenta planeados con la intervención personal de funcionarios de todos los niveles de gobiernos priistas para usar programas sociales federales, como Oportunidades, Adultos Mayores y Liconsa, se cuenta con ellos como argumento de resguardo de la presente causal, así como el análisis del municipio munici pio de San Andrés Tuxtla donde infiere que la mayoría de los afiliados al PRI son s on los que se encuentran en los programas progra mas sociales, donde se ha realizado extorsión de los mismos.
De acuerdo con las declaraciones de los funcionarios la red de corrupción de la administración priista estuvo encabezada por el gobernador. A continuación se transcriben los audios de las reuniones: (se cuenta con los vid eos publicados por el PAN y la transcripci ón de 9 audios audios y videos comp rende 13 hojas de grabación y 110 110 páginas de las las q ue estoy seleccionando l os párrafos párrafos para incluir en el escrito)
El PAN, basado en estos audios presentó una Denuncia de Hechos ante el IFE el 25 de abril de 2013 y una Denuncia Penal ante la PGR, sin que existan evidencias de que se le haya dado seguimiento a las mismas negoció un adendum al Pacto por México y ganó el municipio de Boca del Río, en lo que parece una negociación de las denuncias por acuerdos políticos político s nacionales y estatales aceptados por el PAN. (Se tiene el do cument o de denun cia de d e hechos ante el FEPADE FEPADE)) De esta manera el uso de los programas sociales en las elecciones de 2013, con las formas tal y como fueron explicadas explicad as en los videos de Boca del Río, se usaron en muchos municipio munic ipio de Veracruz. Tal es el caso de San Andrés Tuxtla, donde se pudieron grabar videos similares s imilares y también tambié n se hicieron las denuncias pertinentes por el Partido del Trabajo. Los recursos legales fueron desechados sin entrar en el fondo de los hechos. (contamos con los videos, la transcripción de los mismos y con videos que muestran el efecto del uso de los programas tanto en la movilización de las beneficiarias al cierre de campaña como los resultados electorales donde participaron las beneficiarias en proporciones mucho mayores a la participación ciudadana y que benefició al PRI).
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Debido a lo antes expuesto se realizó un estudio a los padrones de beneficiarios de los partidos sociales y a los padrones de los partidos electorales del municipio de San Andrés, encontrando que respecto al Programa de Oportunidades --mismo que es una de los principales programas, debido a que articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud--, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema. Bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades, de las 11,735 personas beneficiarias, 734 se encuentran afiliadas a algún partido político se encontró que el mayor número de personas afiliadas y que son beneficiarias de dicho partido lo tiene el PRI con un 26.3% de personas. Finalmente, en lo que respecta al Programa de pensión a adultos mayores, mayore s, se tiene que un 13.28% de las personas beneficiarias se encuentran afiliadas a un partido, lo que equivale a 334 personas, siendo en este caso el Partido Movimiento Ciudadano quien mantiene el mayor porcentaje igual a 26.4, seguido del PRI con 25.5%.
CONCLUSIÓN En este punto, cabe aproximar algunas conclusiones de acuerdo al Art. Ar t. 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Reformado mediante DECRETO DOF: 10/02/2014) ,
donde se hace alusión de las sanciones aplicadas al sujeto de Juicio Político -en este caso, el ciudadano Javier Duarte de Ochoa- cuando se determina que ha cometido violaciones graves a esta constitución y a las leyes federales que de ella emanan; o que ha realizado un manejo indebido de fondos y recursos federales (manejo que en este caso fue puntualizado en las causales expuestas a lo largo de este texto).
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Las sanciones correspondientes a un funcionario cuyas acciones hayan sido encontradas, durante un Juicio Político, atribuibles a responsabilidad política por haber afectado el interés público consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funcio nes, empleos, empleos, cargos cargos o co misiones d e cualquier naturaleza naturaleza en en el servicio pú blico .
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación la cámara de senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicara la sanción correspondiente mediante media nte resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Con respecto a esto, el Art. 47 de la Ley de LEY Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Última reforma publicada el 24 de diciembre de 2013) hace mención de lo siguiente: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así co mo de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
Obligaciones no desempeñadas ante lo expuesto en cada una de las causales, destacando violaciones a: •
Ley de Coordinación Fiscal art. 34
•
Inconstitucionalidad Inconstituci onalidad de la deuda deuda en Veracruz violando específicamente específicam ente art. 117 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos donde específica el uso de contratar deuda y amparándose en art. 73 de la Constitución de Veracruz.
•
Ley General de Contabilidad Gubernamental. Títul i ncumplimiento to de publicar Título o V art. 56 , por el incumplimien
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de cada entidad y así facilitar la contabilidad y la rendición de cuentas.
En base a todo lo expuesto a lo largo de este trabajo, el lector puede constatar la solidez de la denuncia interpuesta por el C. Fidel Robles Guadarrama contra el C. Javier Duarte de Ochoa, para dar inicio a un Juicio Político en el cual, siguiendo los procedimientos parlamentarios de la Declaración de Procedencia y del Juicio Político, y la debida normatividad aplicable al sujeto acusado, se evalúen las acciones y los efectos de la gestión del gobernador de Veracruz. En consonancia con las definiciones y con las disposiciones legales que determinan la validez de un Juicio Político, quien interpuso este proceso es un individuo, pero los intereses en juego durante el proceso no se limitan al plano privado, sino que son un asunto público. En este caso no hay un ciudadano solo a la espera de respuestas, sino que, están a la expectación todos los veracruzanos afectados por los actos de Javier Duarte durante este periodo gubernamental.
FUENTES DE INVESTIGACIÓN La mayor parte de las fuentes utilizadas en el presente estudio son documentos oficiales: los Informes del Gobernador, las Cuentas Públicas Consolidadas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, los Informes de la Auditoría Superior de la Federación, los Informes del CONEVAL, etc. Además de retomar estos documentos oficiales, este texto respalda sus aseveraciones con investigaciones periodísticas, análisis de expertos (tomando principalmente los trabajos del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, y de economistas como el Dr. Hilario Barcelata Chávez, coordinador del OFP, el Dr. Javier Arias Hernández y el Lic. Alejandro Soto Domínguez), e investigaciones propias sobre las finanzas estatales y municipales veracruzanas, todo lo
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cual brinda una visión crítica y sólidamente fundamentada. Fuentes Fuent es Causal 1: 1.
Cuentas Públicas 2011,2012 y 2013:http://www.veracru 2013 :http://www.veracruz.gob.m z.gob.mx/finanzas/files/2 x/finanzas/files/2012/07/tf17 012/07/tf17-cta-pub-consolid-
2011.pdf ,http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/07/tf17-cta-pub,http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/07/tf17-cta-pub-
consolid-
-
2012-final.pdf
y
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2013/07/tf17-cta-pub-consolid-2012-final.pdf
2.
Anexos de Inversión 2011,2012 y 2013: página 8 Anexo de Inversión del I Informe de Gobierno, correspondiente al ejercicio 2011). http://www.veracruz.gob.mx/programadegobierno/files/2012/11/2informe_Anexo_Inversion.p df
3. http://www.sinembargo.mx/30-09-2015/1502618} 4.
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-subsidia-a-la-uv-de-manerasolidaria-pero-no-le-debe-nada-duarte- 178908.html#.VgwH_Zf2p_l
5.
https://www.uv.mx/veracruz/me https://www.uv.mx/veracruz/medicina/transp dicina/transparencia-2/ arencia-2/ , Informe Financiero de la Licenciatura en Medicina General 2014: http://www.uv.mx/veracruz/medicina/files/2015/01/medicinaGeneral2014.pdf
6.
Tabulador de Cuotas por Servicios Administrativos y Académicos 2015: http://colaboracion.uv.mx/rept/files/2015/02/041/Tabulador- Cuotas-2015.PDF
7.
http://www.uv.mx/transpar http://www.uv.mx/transparencia/bu encia/buscador-tematico scador-tematico/finaciera-infp /finaciera-infpublica/apo ublica/aportaciones/ rtaciones/
8.
1Facultad de Medicina – Región Veracruz. Aportaciones, patronatos y fideicomisos consultado el 29 de septiembre de 2015 http://www.uv.mx/veracruz/medici http://www.uv.mx/veracruz/medicina/aporta na/aportacionescionespatronatos-y-fideicomisos/
95
Fuentes Causal 2: 2:
17 Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana: http://www.uv.mx/ofp/
1.
Gaceta legislativa, 12 de diciembre de 2013. No.6 Anexo II, págs. 78- 82. http://www.legisver.go http://www.legisver.gob.mx/gaceta/ b.mx/gaceta/ gacetaLXIII/GACETA6.pdf gacetaLXIII/GACETA6.pdf
2.
Gaceta Oficial No. 514 del 31 de diciembre de 2013, Anexo II págs., 29-35. http://www.veracruz.gob.mx/desarr ollosocial/files/2014/10/tf01-decpresto-egre-2014.pdf
3.
Gaceta Oficial del 30 de enero de 2014, Págs. 4-15 http://www.veracruz.gob.mx/fin http://www.veracruz.gob.mx/finanza anza s/files/2014/02/tf31-ia-adrm- fortamundf33- a%C3%B1o-2014.pd
4.
Gaceta Legislativa No. 67 del 29 de diciembre de 2014. http://www.legisver.gob.mx/gac eta/ gacetaLXIII/GACETA67.pdf
5.
Boletín 26y 18 del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana.
6.
Informe del Resultado de la Fiscalización de las Cuentas Públicas. Auditoría financiera y de cumplimiento GF-324 y GF-453. http://www.asf.gob.mx/Tran http://www.asf.gob.mx/Trans/Inform s/Inform es/IR2012i/Documentos/Auditorias/ 2012_1210_a.pdf
7.
http://www.asf.gob.mx/Trans/Inform es/IR2013i/Documentos/Auditorias/ 2013_0905_a.pdf
8.
Gasto Federalizado de Veracruz Ramo general 33 2011,2012 y 2013
9.
Fiscalización de la cuenta pública de la Comisión del Agua del Estado
de
Veracruz
2011,2012
http://www.orfis.gob.mx/informe2011/tomo2.html
y
2013.
96
http://www.orfis.gob.mx/informe2012/Tomo%20II.html http://www.orfis.gob.mx/in http://www.orfis.gob.mx/informe2013 forme2013/TOMO%20III /TOMO%20III.ht .ht ml 10.
Informe de obras de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz 2011,2012 y 2013. http://www.caev.gob.mx/d http://www.caev.gob.mx/difusion-2/o ifusion-2/obras/ bras/
11.
Fiscalización de la cuenta pública del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz, Boca del Río y Medellín Ver.2011,2012 y 2013 http://www.orfis.gob.mx/i http://www.orfis.gob.mx/informe20 nforme2013/archivos/TOM 13/archivos/TOMO O %20V/VOLUMEN%2015/019%20Sistema%20de%20 Agua%20y%20Saneamiento%20Metropolitano%20d e%20Veracruz,%20B oca%20del%20R%C3%ADo%2 0y%20Medell%C3%ADn.pdf http://www.orfis.gob.mx/in http://www.orfis.gob.mx/informe2012 forme2012/TomoV/Volum /TomoV/Volumen%2029/1 en%2029/14SAS%20METROPOLITANO.p 4SAS%20METROPOLITANO.p df
12.
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Fuentes Causal 5: 1.
Documento físico de denuncia de hechos ante el FEPADE
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Padrón de beneficiarios: beneficiarios : http://www.sedesol.gob.mx/e http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_ s/SEDESOL/Padron_de_Bene de_Beneficiarios ficiarios
3. 4.
Transcripción de videos : desde el 3 de febrero 2013-7 de Abril 2013 Programas Programas involucrados lista de videos
99
5. 6.
Corre Sedesol 7 funcionarios http://www.jornada.unam.mx/2013/04/19/politica/013n1pol Videos compra de votos del programa Prospera: https://www.youtube.com/watch?v=q f1HRhlKDMw https://www.youtube.com/watch?v= Uj9ttPjYav0 https://www.youtube.com/watch?v= DZ7JkeV8MUI https://www.youtube.com/watch?v=4 Y4khzX-x_0 https://www.youtube.com/watch?v=A YiEVPyXQ2s https://www.youtube.com/watch?v=I 7DukqAbOPA
