JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL - COMENTARIOS Y ANOTACIONES
JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL COMENTARIOS Y A NOTACIONES
El principio de preclusión: su incumplimiento supone vulner vul neración ación al debido proceso CAS. Nº 5396-2006 LIMA NORTE SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
Demandante Demandado Materia Fecha de Res. Fecha de publicació publicaciónn Pronunciamiento Base legal
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Dante Demetrio Rojas Matías Beatriz Aldana Denegri Aldana Variación de tenencia 07/11/2007 01/12/2008 Fundada Código Procesal Civil artículo 189º, 460º
Resumen:
En el presente caso, el señor Dante Demetrio Rojas Matías interpone recurso de casación contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de Lima Norte que revoca la sentencia de primera prim era insta instanci nciaa que declar declaraa fun fundada dada la deman demanda da sobr sobree vari variació ación n de tenen tenencia cia y refo reformán rmándola dola la declara infundada. El actor denuncia contravención de las normas que garantizan el debido proceso proc eso al al haberse haberse cons considera iderado do los los medios medios probat probatorio orioss presenta presentados dos por por la deman demandada dada,, a pesar de habérsele declarado rebelde y de haber concluido la etapa postulatoria. Al respe respecto, cto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justici Justiciaa de Lima, decla declara ra fundado el recurso de casación y nula la resolución de vista, por considerar que efectivamente se ha vulnerado el debido proceso, así como la igualdad procesal al valorar la prueba present presentada ada de manera exte extemporáne mporáneaa por la parte par te declarada de clarada rebeld r ebelde. e.
RESOLUCIÓN CAS. N° 5396-2006 LIMA NORTE Variación de Tenencia. Lima, siete de noviembre del dos mil siete.LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa c ausa número cinco mil trescientos noventa y seis guión dos mil seis, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia;
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MATERIA DEL RECURSO: Se trata en el presente caso del recurso de casación interpuesto por el demandante Dante Demetrio Rojas Matías a fojas mil dieciséis, contra la resolución de vista, de fecha quince de agosto del dos mil seis, expedida por la Segunda Sala Civil de Lima Norte que revoca la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda sobre variación de tenencia y dispone que se varíe la tenencia y régimen de visitas fijado a favor de la menor Gabriela María Alejandra Rojas Denegri, en los puntos uno y dos del acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, mediante acta de conciliación número cero veinticinco guión dos mil uno, el día veintiocho de marzo del dos mil uno ante el Centro Iberoamericano de Conciliación y Negociación, con lo demás que contiene; y, reformándola la declararon infundada, y dispusieron que la madre continúe con la tenencia de la menor Gabriela María Alejandra, debiendo cumplir estrictamente con el régimen de visitas acordado en el acta de conciliación; ordenaron que las referidas partes, reciban apoyo psicoterapéutico y orientación en el manejo de su situación de paternidad en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, por un tiempo no menor de un año y que la menor reciba apoyo integral por igual tiempo en la misma Institución. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha dieciséis de mayo del dos mil siete, ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, respecto del agravio referido a que la demandada se encuentra en estado de rebeldía, sin embargo, se han considerado los medios probatorios presentados por la misma, quien afirma que en su recurso de apelación ofreció pruebas, lo cual resulta falso; y CONSIDERANDO: Primero: Que, habiéndose declarado procedente el recurso de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso correspon-
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de señalar que, el debido proceso está referido al respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, por el cual se posibilite que toda persona pueda recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional efectiva, en un procedimiento legal con la observancia de las reglas procesales establecidas para procedimiento y a través del cual las instancias jurisdiccionales emitan pronunciamiento debidamente motivado con arreglo a ley;
Segundo: Que, asimismo el derecho a la prueba es un elemento del debido proce- 207 so, que posibilita a todo sujeto procesal que pueda utilizar los medios probatorios que resulten necesarios para acreditar los hechos que le sirven de fundamento a su pretensión, respecto a ello el autor Reynaldo Bustamante Alarcón ha señalado que “El derecho a probar tiene como contenido esencial al derecho a que admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios, ofrecidos por los sujetos procesales legitimados para ello, conforme a los principios que lo inspiran y delimitan”... Asimismo “el derecho a probar resultaría inútil e ilusorio si el juzgador no actuara los medios probatorios previamente admitidos....de no actuarse un medio probatorio validamente admitido causándose agravio a una de las partes el derecho a probar se vería afectado”.- (Obra
El derecho fundamental a probar y su contenido esencial, En: Priori Posada Giovanni y Bustamante Alarcón Reynaldo. Apuntes de Derecho Procesal, Ara: Lima, 1997, página 63-95);
Tercero: Que, a su vez en aplicación de los Principios de Vinculación y Formalidad que se encuentran contenidos en el artículo nove- 208 no del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las normas procesales contenidas en el citado Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario, siendo ello así, corresponde señalarse que nuestro sistema se rige por el Principio de Preclusión en cuanto a la oportunidad en que deben de ofrecerse los medios probatorios, y que se limita a la etapa postulatoria del proceso, salvo disposición distinta del citado Código Procesal a tenor de lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y nueve del referido cuerpo legal,
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estableciéndose como excepción lo dispuesto en el artículo trescientos setenta y cuatro del glosado dispositivo procesal, en cuanto permite la presentación de medios probatorios extemporáneos en los escritos de apelación o de absolución de agravios sólo en los procesos de conocimiento o abreviados, y siempre que estén que estén referidos a: la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso y cuando se trata de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad -normas procesales de aplicación supletoria a tenor de lo dispuesto en el artículo ciento ochenta y dos del Código del Niño y Adolescente-;
Cuarto: Que, conforme se advierte en el caso de autos la demandada al no haber cumplido con contestar la demanda fue declarada rebelde, aplicándosele a su parte la presunción relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda de naturaleza Juris Tamtum a tenor de lo dispuesto en el artículo cuatrocientos sesenta del Código Procesal Civil, sujeta a la valoración del Juzgador en cuanto a las pruebas presentadas por la parte no rebelde y a las actuadas en el proceso, siendo que en la Audiencia Única se fijaron como puntos controvertidos: a) Determinar si al demandante le asiste el derecho de pretender la variación de la tenencia de la menor y, b) Determinar las circunstancias de la variación de la tenencia y el peligro de la integridad de la menor bajo la custodia de la madre, habiéndose admitido sólo los medios probatorios de la parte demandante, más no de la demandada al haber sido declarada rebelde; Quinto: Que, por escrito de fojas ochocientos sesenta y tres, la demandada adjuntó copia de una acta de ocurrencia de fecha veintiocho de mayo del dos mil cuatro, levantada por mandato del Décimo primer Juzgado Civil de Familia Tutelar de la Corte Superior de Lima, siendo que el referido medio de prueba al ser presentado de modo extemporáneo, cuando ya había concluido la audiencia única, se había emitido el informe
social del equipo técnico, así como los informes psicológicos de ambas partes procesales no fue admitido por el A Quo, no habiendo sido además valorado por el juzgador en la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda a favor del actor, siendo que si bien referido medio probatorio tampoco fue calificado por el Ad Quem ya sea admitiéndolo o rechazándolo sin embargo, la citada instancia valoró expresamente el contenido del mismo, tal como se advierte de la motivación desarrollada en el numeral tres punto cuatro de la sentencia de vista, habiendo incluso emitido pronunciamiento distinto al juzgador, revocando la sentencia que declara fundada la demanda y reformándola la declaró infundada, lo que permite concluir que se ha incurrido en afectación al debido 209 proceso al darse la oportunidad de que una de las partes pueda suministrar un medio probatorio extemporáneo, no haberse admitido tal medio de prueba y, sin embargo ha sido objeto de análisis por el Ad Quem en la sentencia de vista, no permitiendo con ello el debate contradictorio que le correspondía tener derecho a la otra parte procesal, incurriendo con ello en vulneración a la igualdad procesal que les corresponde a las partes legitimadas que intervienen en un proceso;
Sexto: Que, en consecuencia corresponde declarar la nulidad de la sentencia de vista por adolecer de nulidad insubsanable a tenor del artículo ciento setenta y uno del Código Procesal Civil, correspondiendo que la Sala califique el referido medio probatorio con arreglo a ley; Séptimo: Que, siendo así al verificarse la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso corresponde ampararse el presente recurso de casación; Octavo: Que, de conformidad con la parte resolutiva del dictamen fiscal y a tenor de lo dispuesto en el numeral dos punto uno del inciso segundo del artículo trescientos noventa y seis del glosado dispositivo procesal, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Dante Demetrio Rojas Matías, CASARON la resolución impugnada y,
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en consecuencia NULA la resolución de vista emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima Norte de fecha quince de agosto del dos mil seis, corriente a fojas mil seis; ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho, teniendo en cuenta lo expuesto en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El
Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Dante Demetrio Rojas Matías contra Beatriz Aldana Denegri Ayala sobre Variación de Tenencia; y los devolvieron. Vocal Ponente señor Castañeda Serrano.SS. TICONA POSTIGO, PALOMINO GARCÍA, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA, VALERIANO BAQUEDANO
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a presente casación trata sobre variación de tenencia. Pues, se entiende por tenencia al derecho de uno de los padres a mantener en su esfera de acción al menor, ejerciendo respecto de él, todos los atributos inherentes a la patria potestad, los que están suspendidos con relación al otro padre. El artículo 8º del actual Código de Niños y Adolescentes, Ley Nº 27337, establece que “cuando los padres están separados de hecho, la tenencia de los niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos tomando en cuenta el parecer del niño y adolescente. De no existir acuerdo o si éste resulta perjudicial para los niños, la tenencia la resol�erá el juez especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento”.
Sobre el régimen de visitas, el artículo 89º de la norma antes citada, dispone que
Se entiende por visitas el hecho de estar en compañía de los hijos durante determinadas horas del día, determinados días de la semana y en el hogar en el cual viva en compañía del padre que ejerce la tenencia sobre el menor o menores(1). Otro de los temas de que trata el caso bajo comentario es el de la rebeldía. Esta figura jurídica se encuentra regulada en el artículo 458º del Código Procesal Civil, en efecto, dicho artículo señala que: “Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válidamente ésta no lo hace, se le declarará rebelde”.
Así mismo, el artículo 461º establece cuáles son los efectos de la declaración de rebeldía: “La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, sal�o que:
“el padre o la madre que haya sido impedido o limitado de ejercer el derecho de visitar a 211 su hijo podrá interponer la demanda corres- 1. pondiente acompañando la partida de nacimiento para acreditar su entroncamiento. Si el caso lo requiere podrá solicitar un régimen 2. pro�isional.”
Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; La pretensión se sustente en un derecho indisponible:
–––––––––– (1) GUZMÁN NAPURI, Cristian. Tenencia y régimen de visitas. En: El Peruano 14.04.99. Pág. B-6, B-7. Revista de Derecho.
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3.
Requiriendo la ley que la pretensión de- que consiste en la extinción del derecho a mandada se pruebe con documento, éste realizar un acto procesal, por haberse dejado pasar la oportunidad de verificarlo o por hano fue acompañado a la demanda; o
4.
El juez declare, en resolución motivada, que no le producen con�icción.”
Tal como lo señala la norma, para que se declare la rebeldía, tienen que configurarse los siguientes elementos: 1) �ue haya transcurrido el plazo legal para contestar la demanda sin que el demandado lo haya hecho y 2) �ue haya sido notificado válidamente. Configurados estos elementos, la ley genera la presunción de que el demandado no la ha contestado por su propia voluntad configurándose así la categoría de rebelde, la misma que debe ser notificada. La finalidad de esta figura consiste en tratar de conciliar el derecho del demandante a ver solucionado el conflicto que ha llevado al Órgano Jurisdiccional, aunque el demandado no conteste la demanda, o, más aún, no se apersone al proceso. En ese sentido, una vez declarada la rebeldía, el proceso continúa y sigue su curso normal, respetándose todos los derechos con los que cuentan las partes, incluyendo al rebelde, a quien se le notificarán todos los actos procesales que se realicen en el transcurso del proceso. El demandado declarado rebelde, puede incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre. Es decir que si se incorpora luego de haber transcurrido la etapa postulatoria del proceso, no podría presentar sus medios probatorios a pesar que sean absolutamente pertinentes y desvirtúen de modo claro los hechos y medios probatorios del demandante. Ello en virtud del principio de preclusión
berse realizado otro incompatible con aquél. Al respecto Couture señala que el principio de preclusión es aquél principio procesal según el cual el proceso de divide en etapas, cada una de las cuales supone la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla. Así mismo, Chiovenda nos ilustra diciendo que el proceso avanza cerrando estadios precedentes sin que se pueda retroceder. Con respecto al derecho a probar, éste consiste en la exigencia de que los hechos materia de controversia estén demostrados por medios probatorios aportados por las partes u ordenados por el juez, no pudiendo éste reemplazarlos con el solo conocimiento privado que tenga sobre tales hechos(2). Por el principio de preclusión en materia probatoria se establece que la prueba no puede ofrecerse ni actuarse en cualquier momento, sino en el indicado por el ordenamiento jurídico procesal. Transcurrido el plazo correspondiente la prueba será extemporánea, y por lo tanto, carente de validez, debiendo ser declarada inadmisible. En ese sentido, de acuerdo al artículo 189º CPC, establece que los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición distinta. El tema principal del caso materia de análisis consiste en que se admitieron los medios probatorios de la parte demandante, más no de la demandada al haber sido declarada rebelde, pues en la sentencia de vista el A-quem no admitió la copia de un acta de ocurrencia de fecha 28 de mayo del año 2004, por ser extemporánea; sin embargo, la citada instancia
–––––––––– (2) HINOSTROZA MINGUES, Alberto. La Prueba en el Proceso Civil: 2002, p. 56.
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valoro expresamente el contenido de dicha prueba tal como se advierte de la argumentación de la sentencia desarrollada en el numeral 3 punto 4 de la misma, que declara fundada la demanda y reformándola la declaró infundada, acto jurídico que permite concluir que se ha incurrido en afectación del principio y garantía constitucional del debido proceso al permitir que una de las partes pueda suministrar medios probatorios extemporáneos.
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Llegado a este punto, podemos concluir que el proceso civil se gobierna por etapas y principios siendo uno de ellos el principio de preclusión, según el cual los medios probatorios se presentan en su oportunidad debida, es decir en la etapa postulatoria salvo excepciones establecidas en la ley. En ese sentido, permitir el ofrecimiento y actuación de pruebas extemporáneas, constituye una violación al principio y garantía del debido proceso.
