LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA (ENCA) Es una entidad de descentralizada, autónoma, (acá podemos notar que la propia Constitución no tiene una idea clara de la clase de entidad de que se trata pues una entidad autónoma no puede ser al mismo tiempo descentralizada) con personalidad jurídica y patrimonio propio del Gobierno Central de Guatemala, encargada organización, dirección y desarrollo de los planes de estudio agropecuario y forestal de la Nación a nivel de educación de enseñanza media. La ENCA se rige por su propia Ley Orgánica, Dto. 51-86 del Congreso de la República y sus reglamentos; también esta bajo la cobertura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, sin que esto afecte su autonomía. Artículo 79.- Enseñanza agropecuaria. Se declara de interés nacional el estudio, aprendizaje, explotación, comercialización e industrialización agropecuaria. Se crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la Escuela Nacional Central de Agricultura; debe organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuario y forestal de la Nación a nivel de enseñanza media; y se regirá por su propia ley orgánica, correspondiéndole correspondiéndole una asignación no menor del cinco por ciento del presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura. Vemos que necesita de que el Gobierno Central le asigne un presupuesto quedando esta bajo la observancia y de cierto modo bajo las ordenanzas o rdenanzas del mismo desde el momento que se regula que se encuentra bajo la cobertura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, esta demás “indicar sin que esto afecte su autonomía” ya que sabemos que el Ministerio es parte del
Ejecutivo y por ende existirá una presión política clara. Fue fundada el 17 de septiembre de 1986, pertenece al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La ENCA se organiza de la siguiente manera: Consejo Directivo. Dirección General. Unidades Administrativas y Técnicas.
LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) Es el organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Su funcionamiento está normado únicamente por lo que establece la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte (Decreto No. 76-97 del Congreso de la República de Guatemala), sus reglamentos y estatutos. Es un o rganismo autónomo de acuerdo con lo establecido en el Art. 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estando exonerada del pago de toda clase de impuestos igual lo estarán todos los órganos que la integran, también a lo establecido en el Art. 91 de dicha Carta Magna, se le asignará una parte del presupuesto dedicado al deporte, al decir que el Gobierno Central le asignara un presupuesto es acá donde encontramos influencia del mismo. Su domicilio es el departamento de Guatemala y su sede la ciudad capital. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es una entidad totalmente apolítica y no podrá permitirse en el seno de la misma ninguna discriminación por motivo de etnia, color, sexo, religión, filiación política o posición económica o social. Artículo 91.- Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la
promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación Artículo 92.- Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA La Universidad de San Carlos de Guatemala, la regula el Artículo 82 de la Constitución Política y la regula como una institución autónoma, con personalidad jurídica propia y tiene el carácter de única Universidad estatal a la que le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la educación en todas sus manifestaciones. Es obligación de la Universidad de San Carlos, promover por todos los medios la investigación en todas sus esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala se rige por su Ley Orgánica, por sus estatutos y reglamentos que ella emita. El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, corresponde AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, integrado por: El rector magnifico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien lo preside. Los decanos de las facultades. Un representante del colegio profesional, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponda a cada facultad. Un catedrático titular de cada facultad. Un estudiante por cada facultad. A la Universidad de San Carlos de Guatemala, de conformidad con el Artículo 184 de la Constitución Política, le corresponde una asignación privativa no menor del cinco por ciento del presupuesto general de Ingresos Ordinarios del Estado, debiendo procurar un incremento presupuestario adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico, es acá donde encontramos la influencia del gobierno central pues es el, el que le asigna un presupuesto y el consejo superior universitario esta dispuesto a ceder en cuestiones políticas y demás, a cambio de que se le asigne un mayor presupuesto, al no tener el poder de autofinanciarse es donde pierde su autonomía ya que esta a dispocision del Gobierno Central y siempre busca quedar bien con el mismo.
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS La Constitución Política de la República de Guatemala, establece, en su Artículo 100, que "La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es UNA ENTIDAD AUTÓNOMA con personalidad jurídica, patrimonio y funciones
propias; goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada." Esta institución se encuentra regulada por su Ley Orgánica y tiene la facultad de autoreglamentarse la que le corresponde a su máxima autor idad que es su Junta Directiva que es un órgano colegiado. Aunque la Constitución de la República, establece la autonomía de esta institución podemos establecer que no constituye una verdadera autonomía. El Decreto 295 del Congreso de la República, contiene la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siendo sus órganos superiores los siguientes: La Junta Directiva. La Gerencia. El Consejo Técnico. La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se encuentra integrada p or los siguientes miembros: a. Un propietario y un suplente nombrados por el Presidente de la República, mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Economía y Trabajo. b. Un propietario y un suplente nombrados por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, de entre cualesquiera de sus miembros, con la única excepción de los que lo sean Ex-oficio. Si alguna de las personas designadas deja de tener la calidad de miembro de la Junta Monetaria, ésta debe hacer el nuevo nombramiento que proceda por lo que falte para completar el respectivo período legal. c. Un propietario y un suplente nombrados por el Consejo Superior de la Universidad autónoma de San Carlos de Guatemala. d. Un propietario y un suplente nombrados por el Colegio oficial de médicos y cirujanos. e. Un propietario y un suplente nombrados por las asociaciones o sindicatos patronales que estén registrados conforme a la ley. f. Un propietario y un suplente nombrados por los sindicatos de trabajadores que estén registrados conforme a la ley. La Gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se encuentra integrada: a. Por un Gerente, quien es el titular de la misma. b. Uno o más subgerentes, quienes deben actuar siempre bajo las órdenes del primero y son los llamados a sustituirlo en sus ausencias temporales, según en el orden que lo indique el reglamento. La Gerencia es el órgano ejecutivo de la institución y, en consecuencia, tiene a su cargo la administración y gobierno del mismo, de acuerdo con las disposiciones legales, y debe también llevar a la práctica las decisiones que adopte la junta directiva sobre la dirección general del Instituto de conformidad con las instrucciones que ella le imparta. Hay que tomar en cuenta que de conformidad con el Artículo 1o. del Decreto No. 545 del Presidente de la República, los nombramientos de gerente y subgerentes corresponde hacerlos al Presidente de la República y el Artículo 183 literal s de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Consejo Técnico debe estar integrado por un grupo de asesores, de funciones consultivas, quienes, bajo su responsabilidad personal, deben sujetar su actuación a las normas científicas más
estrictas y modernas que regulen sus respectivas especialidades. Artículo 100.- Seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado por el artículo 88 de esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias; goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del instituto. Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, proceden los recursos administrativos y el de lo contencioso-administrativo de conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social.
LA JUNTA MONETARIA (JM) Es la autoridad máxima del Banco de Guatemala. Sus funciones son determinadas por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, así como, tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaría y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Según el Art. 132 de la CPRG y Art. 13 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, establecen que la Junta Monetaria se integra con los siguientes MIEMBROS: a. El Presidente, quien también lo será del Banco de Guatemala, nombrado por el Presidente de la República y por un período establecido en la Ley; b. Los Ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación; c. Un Miembro electo por el Congreso de la República de Guatemala; d. Un Miembro electo por las Asociaciones Empresariales de Comercio, Industria y Agricultura; e. Un Miembro electo por los Presidentes de los Consejos de Administración o Juntas Directivas de los Bancos Privados Nacionales; y f. Un Miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estos tres últimos miembros durarán en sus funciones un año. Todos los miembros de la Junta Monetaria, tendrán suplentes, salvo el Presidente, a quien lo sustituye el Vicepresidente y los ministros de Estado, que serán sustituidos por su respectivo viceministro. El Vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también será nombrado por el Presidente de la República, podrá concurrir a las sesiones de la Junta Monetaria, juntamente con el Presidente, con voz, pero sin voto, excepto cuando sustituya al Presidente en sus funciones, en cuyo caso, sí tendrá voto. El Presidente, el Vicepresidente y los designados por el Consejo Superior Universitario y por el Congreso de la República, deberán ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria
preparación y competencia en materia económica y financiera. Podemos notar que existe una influencia clara del Gobierno Central ya que es el Presidente de la Republica es quien nombra al Presidente y Vicepresidente estos siempre quedaran ligados al Ejecutivo y a disposición del mismo, también los Ministros, antes mencionados y un miembro del Congreso conforman la junta Monetaria pudiendo denotar que la misma nada tiene de autónoma. Los actos y decisiones de la Junta Monetaria, están sujetos a los recursos administrativos y al de lo contencioso-administrativo y de casación. Artículo 132.- Moneda. Es potestad exclusiva del Estado, emitir y regular la moneda, así, como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras, estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema, la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá por su Ley Orgánica y la Ley Monetaria.
EL MUNICIPIO El Artículo 253 de la Constitución Política, preceptúa que los municipios son instituciones autónomas, y corresponde entre otras funciones las siguientes: A. Elegir a sus propias autoridades. B. Obtener y disponer de sus recursos. C. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Como es normal en las entidades llamadas autónomas se le deja facultad a su órgano de dirección a efecto que puedan emitir sus propias ordenanzas y reglamentos. El gobierno de los municipios es ejercido por un Consejo Municipal, el cual queda integrado con el Alcalde, los Síndicos y Concejales, los que son electos directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos. Queda establecido también, dentro del Artículo 257 de la Constitución Política que el ejecutivo debe incluir anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, UN D IEZ POR CIENTO, es acá donde vemos influencia del gobierno central ya que el Consejo Municipal necesita el apoyo del Gobierno Central y a cambio debe ceder en lo que el mismo le ordene, podemos notar que un municipio donde el Alcalde pertenece al mismo partido del que quedo en el poder, tiene mayor apoyo y reconocimiento que uno de un partido que no quedo en el gobierno central. Así, encontramos la tendencia de la Constitución Política de la República de Guatemala a la Descentralización no a la autonomía pues siempre existe un grado de influencia del Gobierno Central del Estado de Guatemala quien tiene el poder para actuar en todas las entidades ya sea descentralizadas o autónomas pues de una manera un otra estas quedan ligadas y necesitan el reconocimiento y apoyo del mismo ya sea en lo económico, político, técnico, etc. Artículo 253.- Autonomía Municipal. Artículo 254.- (Reformado por el Artículo 35. del Acuerdo Legislativo 18-93) Gobierno municipal.
Artículo 255.- Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de la Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios. Artículo 257.- (Reformado por el Artículo 37. del Acuerdo Legislativo 18-93) Asignación para las Municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el P resupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restante podrá utilizase para financiar gastos de funcionamiento. Queda prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos.
