Historia Economica Espa__a Siglos X-XX Licenciatura Economia Uned.ocr

,

Francisco Comín Mauro Hernández y Enrique Llopis (eds.) H

is t o r ia e c o n ó m ic a de

E

spaña

SIG LOS X -X X

Crítica

PRÓLOGO El libro que el lector tiene ante sus ojos es una obra muy poco común: una historia económica de España desde la Edad Media hasta la actualidad. Des de luego, existen manuales semejantes, pero o bien no abarcan todo este arco cronológico, o bien form an parte de obras de historia general, en las que, por tanto, lo económico es sólo una faceta. Es, además, una obra de autoría colectiva. Hoy en día nadie se atrevería a redactar en solitario un manual de historia económica de España desde la Antigüedad, como lo hizo Jaume Vicens Vives (1959). Resulta casi imposible para un solo autor abarcar los conocimientos actuales en esta materia. Como esfuerzo colectivo de un amplísimo panel de colaboradores planteó Miguel Artola la Enciclopedia de historia de España (1988), que incluía un tomo dedicado a Economía y Sociedad', en el que grandes especialistas abordaban el estudio de la población, la agricultura, la industria, el comercio, las finan zas y la Hacienda pública a lo largo de toda la historia de España. Natural mente, existen manuales sobre la historia económica de las edades moderna y contemporánea, y sólo uno de medieval, pero no sobre todas en conjunto. Para el medievo existe la Historia económica y social de la España cristia na en la Edad Media de Charles Dufourq y Jean Gautier-Dalché (1993). En los últimos años se han publicado dos manuales de historia económica de la España moderna: el dirigido por Agustín González Enciso (1992), y el de Al berto Marcos Martín (2000), España en los siglos xvi, xvn y xvm: Economía y Sociedad. Existen asimismo textos dedicados a la España contemporánea. Sin duda, el más completo es el de Gabriel Tortella (1994), El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos xix y xx, que combi na una amplia información e interpretaciones muy perspicaces; en este libro prima el enfoque sectorial (población, agricultura, industria, etc.) al abordar los temas, mientras que la cronología se organiza en dos grandes etapas, el si glo XIX y el xx. Obra de especialistas no españoles son los libros del británico Joseph Harrison (1980) y del francés Albert Broder (2000), ambos con el título Historia económica de la España contemporánea. Un esfuerzo apreciable de editar materiales didácticos fu e realizado en la UNED, que siempre ofreció textos propios a sus alumnos, primero las recopilaciones de lecturas dirigidas por J. Hernández Andreu y después el Manual de historia económica mundial

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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA

de España, de F. Simón Segura, con sucesivas reediciones. Los capítulos eco nómicos redactados por Jordi Palafox para el libro con J P. Fusi (1997), Es paña: 1808-1996. El desafío de la modernidad, constituyen también un magní fico manual para este período. Más recientemente, Gonzalo Anes (1999) ha dirigido una Historia económica de España. Siglos X I X y x x , patrocinada por la Real Academia de la Historia, con colaboraciones de historiadores y eco nomistas del mayor prestigio; aquí, el siglo XIX se aborda sectorialmente, mien tras que el siglo x x se presenta por períodos. Para la historia de la economía del siglo XX se dispone del sintético análisis de García Delgado y Jiménez (1999), Un siglo de España. La economía. Todas estas obras —y otras que sería largo citar— han constituido, sin duda alguna, valiosos apoyos para la docencia; y lo seguirán siendo. Pero las cir cunstancias de la enseñanza de la historia económica de España en las univer sidades españolas han cambiado: las asignaturas han pasado a tener una duración cuatrimestral, mientras que los textos más completos estaban conce bidos para asignaturas anuales. La solución obvia era recortar los temarios y centrarlos en la época contemporánea —de ahí el éxito de los textos sobre los siglos XIX y XX— , pero la renuncia a cubrir los períodos medieval y moderno implica un sacrificio difícil de justificar. Se hacía necesario un auténtico ma nual que cubriera las edades medieval, moderna y contemporánea, con capí tulos o lecciones de extensión ajustada, y que pueda ofrecerse como material de estudio a los estudiantes de prim er ciclo de las facultades de Económicas, Empresariales, Historia y Humanidades. Ese fue precisamente nuestro objeti vo: un texto que pueda explicarse en un cuatrimestre, de dimensiones abarcables, claro en sus explicaciones, acompañado de abundantes materiales de apoyo y escrito pensando más en los alumnos que en los profesores. Una vez convencidos de la necesidad de redactar un manual, los editores nos planteamos cómo orientar el texto, subsanando carencias que encontrá bamos en muchas de las obras actualmente en las librerías. La principal de estas carencias era, a nuestro entender, el escaso peso que se otorgaba a la historia de España en las épocas medieval y moderna. Dedicar páginas y es fuerzos a explicar la naturaleza y los problemas de la economía en la España de esos períodos no es una mera cuestión de aderezar la historia de la moder nización económica en los siglos X IX y XX. Ni siquiera se trata de presentar an tecedentes relevantes —aunque los haya— de esa modernización. Los períodos previos a la industrialización son importantes en sí mismos; como poco por que permiten presentar a nuestros alumnos economías que se rigen por lógicas distintas de las del mercado, aunque sin excluirlo. También, cómo no, porque en el caso de España, son precisamente la época medieval y los comienzos de la modernidad los períodos en que las sociedades peninsulares, que se desen volvían entonces en lo que hoy es territorio español, mostraron un mayor dinamismo y desempeñaron un papel más importante en la economía mundial No en vano son precisamente estas épocas las que más han atraído la aten ción de destacados historiadores económicos extranjeros, en una larga nó mina que arranca de Julius Klein o Earl J. Hamilton. y

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Asimismo, decidimos presentar los temas de acuerdo con una periodización basada más en los ritmos del cambio económico que en las fronteras convencionales de la historia política. Pretendimos además que todos los ca pítulos se abordasen con esta ordenación cronológica. Con ello ganábamos en la presentación de las distintas facetas de la economía en su contexto tem poral, sin grandes idas y venidas del pasado al futuro, y donde, por ejemplo la desamortización de Madoz, la ley de ferrocarriles de 1855 y las normas sobre bancos de emisión y sociedades de crédito se integrasen en los años que las vieron nacer, junto con el desarrollo industrial o el lento crecimiento agrario del período. Otra de las preocupaciones que guiaron la redacción de la obra fu e el con ciliar la perspectiva nacional que suele dominar este tipo de textos con una atención expresa y lo más detallada posible a la diversidad de las evoluciones regionales. Y ello no tanto por un afán erudito, de contentar a todos o de sin gularizar la obra, sino porque nos parece indudable que esa diversidad regio nal ha sido y es una de las características más notorias y de más peso en la historia económica europea y también española. Como lo es, aún hoy, en nues tra economía. La voluntad de hacer un texto didáctico nos llevó a buscar colaboraciones que no sólo fueran rigurosas, sino también claras y bien escritas. La impor tancia que damos a los apoyos al texto — cuadros numéricos, gráficos y ma pas— está también ligada a esta aspiración. Todos ellos están concebidos para aportar valor añadido a la explicación, en algunos casos contando con datos inéditos, pero siempre pensando en documentar e ilustrar los argumentos que se van exponiendo. Desde el primer momento pensamos que este objetivo sólo podía abordar se de modo colectivo, tanto en las labores de edición como en la autoría de los textos. En la autoría, porque sólo de este modo podíamos garantizar un ni vel de contenidos actualizado y riguroso para cada período; basta examinar la nómina de colaboradores para comprobar su valía. Pero ofrecer un texto homogéneo exigía un trabajo de edición que desbordaba la capacidad de una sola persona. De manera que este es un manual negociado: primero entre los tres editores y después con los autores. A éstos se les sugirió inicialmente un guión para su capítulo, que pudieron modificar según su criterio, aunque siem pre con la aquiescencia de los editores. Con aquel guión pretendíamos que en todas las lecciones se analizasen todos los acontecimientos y procesos econó micos rele\>antes a la vez que evitar reiteraciones y solapamientos. También se trasladó a los autores la orientación de la obra —índice, estructura crono lógica, atención a la diversidad regional— y otras instrucciones que, en gene ral, han seguido al pie de la letra. Una de ellas era la conveniencia de situar la evolución de la economía española en el contexto internacional y, en par ticular, en el europeo. Se les pidió también que no se limitaran a la mera des cripción de los hechos —aunque sin descuidarla—, sino que resaltaran sus interpretaciones económicas. Otro objetivo era actualizar los conocimientos que se imparten a los alumnos. Los textos que fuim os recibiendo demostraron

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que muchas de tales instrucciones eran innecesarias, pues los autores no hu bieran querido hacerlo de otro modo. A síh e m o s tratado de escribir un ma nual que incorpore los inmensos avances que la investigación en la historia económica de España ha tenido en las últimas décadas. Somos conscientes de que, si los investigadores siguen trabajando al ritmo de estos años, los días de este manual están contados. Por eso prevemos ya realizar reediciones suce sivas, para evitar el anquilosamiento del texto. Lo que nosotros vimos como una necesidad — la autoría colectiva— se ha acabado convirtiendo en una virtud. En este manual no hay una visión mono lítica de la historia económica de España; desde luego, no hemos buscado in terpretaciones únicas, ni hubiera sido posible lograrlas. Cada autor ha tenido libertad total para presentar su interpretación del período que le ha corres pondido analizar. Pero los editores han discutido con ellos los aspectos más polémicos, con el fin de que el estudiante tenga una visión plural pero pon derada, alejada de los tópicos más asentados o de interpretaciones muy sugerentes, pero aún no consolidadas en la disciplina. Así, lo que para algunos pudiera ser un pasivo —la diversidad de enfoques en los distintos capítulos—, es para nosotros uno de los activos importantes de la obra, pues ahuyenta las visiones monolíticas y los análisis repetitivos. Eso exige, es cierto, una labor de edición. Primero en la selección de los autores, cuya sintonía generacio nal, de formación y trayectorias investigadoras y docentes, facilitó la armoni zación de los textos. Luego, velando cuidadosamente porque los conceptos quedasen explicados al aparecer por primera vez, las diferencias de interpre tación quedasen subrayadas cuando existiesen y los planteamientos incompa tibles o inconsistentes quedasen descartados. Además, los diversos autores han leído y discutido los capítulos colindantes, coordinando contenidos, fron teras e interpretaciones. Salvados los posibles escollos, la diversidad de en foques proporciona un rico filón para la enseñanza de la historia económica de España. Los editores de este libro, por nuestra parte, somos de sobra conscientes de que si a alguien debemos manifestar agradecimiento es a los autores, que respondieron con entusiasmo a nuestra propuesta. La calidad de la obra ha dependido, únicamente, de su trabajo. Debemos agradecerles su formalidad en cumplir con los plazos y restricciones impuestos, su disposición a atender a sugerencias no siempre fáciles de digerir, y el rigor con que abordaron la tarea. De ellos es el mérito que pueda tener esta obra. Un texto de estas características tiene que prescindir necesariamente de algo del aparato crítico que caracteriza a las monografías académicas. No obs tante, la bibliografía es más que una parte de ese aparato. Constituye un ele mento esencial en la docencia, pues entre lo que debemos transmitir a nuestros alumnos está la explicación de cómo trabajamos los historiadores económi cos, cuáles son los textos esenciales en cada materia y en qué tipo de datos y procedimientos asentamos nuestras afirmaciones. Por tanto, no hemos querido renunciar a la bibliografía ni a las notas, aunque figuran aparte del texto. Hay que advertir, no obstante, que en la fa se inicial de preparación del proyecto

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se dieron instrucciones a los autores para que redujeran lo más posible las referencias bibliográficas. Más adelante, algunos colaboradores reclamaron márgenes más amplios para introducir notas y bibliografía. Eso entrañó algu nos desequilibrios en el volumen de obras citadas para los distintos períodos, pero, en este caso, la responsabilidad es exclusivamente de los editores. Esta Historia económica de España, siglos x-xx es, pues, fruto de un esfuer zo meditado y prolongado de muchos especialistas. Indirectamente, representa también el resultado de largos años de docencia acumulados por los autores y editores. Pero ese esfuerzo sólo valdrá de algo si el manual pasa la prueba de fuego de la docencia. Corresponde ahora a los profesores y estudiantes de historia económica decidir si el texto que les ofrecemos les resulta útil. Si así fuera, los editores nos daríamos por muy satisfechos. F

r a n c is c o

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(Universidad de Alcalá) H e r n á n d e z (UNED) (Universidad Complutense)

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M E n r iq u e L

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Madrid, mayo de 2002

1. LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES (c. 1000-c. 1450) H il a r io C a s a d o A l o n s o Universidad de Valladolid

En la historia económica española, la época que transcurre entre el año 1000 y la segunda mitad del siglo xv es cuando se sientan las bases sobre las que descansarán las estructuras y el desarrollo posteriores hasta principios del si glo X I X : el Antiguo Régimen. Una economía en la que predominaba de forma abrumadora — en la generación de renta y en la dedicación del trabajo— el sec tor agrario; las manufacturas tenían una cierta importancia a nivel local o comarcal, pero en muy pocas ocasiones sus producciones abarcaban mayores ámbitos; el sector terciario carecía todavía de contornos definidos, ya que el comercio y las finanzas no habían alcanzado aún suficiente grado de especia lización. Todo ello en un marco económico en el que el mercado estaba muy poco desarrollado; mal definidos los derechos de propiedad, especialmente res pecto a la tierra, principal factor de producción. En este marco eran frecuen tes las limitaciones a la libre transmisión de la tierra, que estaba en gran parte amortizada y vinculada; las instituciones políticas intervenían de continuo en la actividad económica; existían monopolios corporativos; y los instrumentos monetarios y los medios de pago eran poco utilizados. Ello se acompañaba de una estructura social jerarquizada y corporativa, en la que el rango de los indi viduos estaba determinado por su pertenencia a un determinado cuerpo o es tamento, caracterizado por el disfrute o carencia de determinados privilegios. Lo que no impedía que en los momentos de crecimiento económico hubiera una relativa movilidad social. Políticamente, por el predominio de la nobleza mili tar y la aristocracia eclesiástica, que apoyaba y gobernaba con el monarca, con una organización territorial muy desigualmente centralizada, en la que junto a provincias o regiones donde la autoridad real se ejerce sin ningún tipo de cor tapisas, se pueden encontrar instituciones o fueros propios y específicos. Pero la evolución de la Península Ibérica desde el siglo xi hasta finales del siglo xv es ante todo la historia de unos territorios en continua expansión geo

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gráfica y militar: la Reconquista. Ésta ha marcado la trayectoria histórica de España y Portugal en la Edad Media: en lo político fue la que conformó las diversas entidades de condados y reinos peninsulares. A lo largo de este perío do, vemos cómo se mezclan los rasgos de individualización de los diferentes territorios junto con otros que nos hablan de asimilación y unificación entre ellos, que en muchos momentos comparten un mismo ideal político-religioso, tienen parecidos intereses económicos, semejantes comportamientos sociales y rasgos culturales, y, cómo no, las alianzas y las apetencias geoestratégicas de sus respectivos reyes. Estamos ante unas Españas medievales —ya que todos los monarcas medievales de la Península Ibérica aceptaron dicha denomina ción, al considerarse herederos de la Hispania romana— que políticamente son independientes, pero que, si exceptuamos a la derrotada Al-Andalus, tuvieron muchos rasgos comunes. Por ello, a lo largo del proceso reconquistador, some tido a múltiples vaivenes, los diferentes territorios peninsulares se agruparon en dos grandes entidades políticas (las coronas de Castilla y de Aragón), acom pañadas por los reinos menores de Portugal, Navarra y el musulmán de Grana da. A fines del siglo xv, con el matrimonio de los Reyes Católicos, la conquis ta de Granada y la posterior incorporación de Navarra, se formaron en gran medida las fronteras de la España actual. Pero la Reconquista no fue únicamente una expansión militar, estuvo acompañada de un avance repoblador. La ocupación y, sobre todo, la puesta en explotación de los nuevos territorios ganados a los reinos musulmanes trajo consigo la progresiva implantación del sistema feudal, con el consiguiente ascenso de la nobleza guerrera y la aristocracia religiosa, así como la reorga nización del espacio, cuyas consecuencias en el poblamiento, los paisajes agrarios, las estructuras de la propiedad, las diversidades lingüísticas, la topo nimia, etc., han perdurado hasta nuestros días.1

1 .1 .

E

x p a n s ió n c r is t ia n a y fo r m a c ió n d e l f e u d a l is m o en la

I b é r ic a ( in ic io s

P en ín s u l a

d e l s ig l o x i - s e g u n d a m it a d d e l s ig l o x iii)

A partir de principios del siglo x i y hasta mediados del siglo x i i i , los terri torios cristianos del norte de la Península Ibérica experimentaron un constante crecimiento económico. Dicha expansión es, en muchas de sus manifestacio nes, muy semejante a la que en esos mismos años se estaba produciendo en el resto de Europa occidental, aunque la singularidad peninsular — sólo pare cida, en parte, a algunos territorios de la Europa central y oriental— es que, junto al desarrollo económico e institucional, se produjo un crecimiento terri torial. Feudalización y Reconquista van a cobrar significado a partir del siglo X I, aunque ya habían comenzado a manifestarse antes, a pesar de su inferioridad militar y económica respecto del Al-Andalus de los Omeyas, pues desde el si glo VIII hasta principios del siglo x i , los reinos musulmanes españoles fueron la zona más rica, culta y esplendorosa de toda Europa. Así, vemos cómo desde

LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES

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mediados del siglo vm en las zonas montañosas del norte y este de la penín sula, pobres y de estructuras socioeconómicas arcaicas, los cristianos preser varon su independencia y se organizaron. Un primer reino en formarse fue el de Asturias, que se extendió progresivamente hacia el País Vasco y Galicia, y se presentaba como el heredero del desaparecido reino visigodo de Toledo. En los Pirineos se formaron diversos condados, nacidos bajo la influencia carolingia, pero luego independientes. En el siglo x se sumaron otras entidades: el reino de Pamplona y el condado de Castilla. Pero al consolidarse se reorganizaron y cambiaron sus estructuras econó micas. Asistimos al lento, pero progresivo, paso de unas sociedades muy po bres, con estructuras sociales de tipo tribal y que conservaban algunos rasgos semejantes a los de los pueblos prerromanos, a otras más complejas. Todo ello es fruto de los cambios acaecidos como consecuencia del comienzo del pro ceso repoblador, inicialmente de los valles de las montañas del norte de la pe nínsula y de los Pirineos, posteriormente de las regiones de la Meseta al norte del Duero. Aquí la colonización fue llevada de manera espontánea, aunque impulsada por el poder monárquico, condal y de las comunidades monásti cas, participando en ella tanto los colonos indígenas que bajaban de las monta ñas cantábricas y pirenaicas —en algunos aspectos superpobladas— como los refugiados mozárabes. Se formó una sociedad de pioneros que ponían en ex plotación los nuevos espacios agrarios, tomaban posesión de la tierra median te diferentes fórmulas jurídicas (presura, aprisio), y que al mismo tiempo or ganizaban el poblamiento, bien restaurando las antiguas estructuras visigodas o bien creando otras nuevas. El resultado fue un cada vez más complejo hábitat de aldeas, villae, castra, casales, solares, civitas, urbes, castella, burgos, etc., cuyas toponimias han perdurado hasta hoy día. Alrededor de cada uno de los núcleos se organizaban las pequeñas explotaciones agrícolas, notándose una intensificación de las labores cerealícolas y vitícolas, aunque en el paisaje agrario lo que seguía predominando eran los bosques y las zonas de pasto, lo que sin duda benefició a las actividades ganaderas. Sin embargo, estamos ante una economía de mera subsistencia, de autoconsumo y muy autárquica, en la que los mercaderes que traficaban entre las diversas zonas cristianas o con AlAndalus eran escasísimos y la moneda apenas circulaba. A esta economía de débil desarrollo correspondía una sociedad que, aunque es desconocida, presentaba rasgos de una gran diversidad, en gran medida fru to de los cambios que estaban produciéndose en su seno. Coexistían una alta nobleza de guerreros, heredera de la antigua nobleza visigoda, junto con otra recién formada merced a la primera expansión militar (milites, caballeros, caballers), y con nobles de menor rango (infanzones en Castilla, castlans en los condados orientales). A su lado una heterogénea masa de campesinos, en la cual encontramos pequeñas comunidades que conservaban rasgos tribales, pequeños propietarios libres y otros campesinos dependientes de un señor y con un estatuto jurídico de semilibres. Dentro de esta diversidad ya se aprecia ba una clara tendencia, que marcará la evolución de los siglos siguientes, a una cada vez mayor jerarquización de la sociedad y, por lo tanto, de la riqueza.2

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Frente a esta sociedad cristiana nos encontramos con Al-Andalus, la España bajo dominio islámico, que ocupaba la mayor parte de la Península Ibérica y dis frutaba de una economía próspera — al menos en la época del califato Omeya de Córdoba (929-1031)— , basada en una agricultura desarrollada, donde des tacaban los métodos de irrigación; en una artesanía muy diversa, donde el influ jo de las técnicas y gustos orientales era palpable; y en un floreciente comercio, ya que los territorios andalusíes actuaron como intermediarios entre la Europa cristiana, África y Oriente Próximo. Por ello no nos debe extrañar que las ciudades de Al-Andalus fueran las más pobladas de Europa. Así, aunque la falta de fuentes hace difíciles los cálculos, se habla de que en el siglo xi Toledo te nía 37.000 habitantes, Granada 25.000, Málaga 17.000, Almería 27.000, Zara goza 17.000, Valencia 15.650, Sevilla 83.000 y la capital, Córdoba, superaría los 200.000 habitantes. Semejante esplendor económico iba acompañado por una fortaleza y estabilidad monetaria.3

Reconquista, repoblación y reorganización del espacio Este panorama comenzó a cambiar a partir de principios del siglo XI dando lugar a la conformación del feudalismo en la Península Ibérica, tal como per maneció en sus grandes rasgos hasta finales del Antiguo Régimen, a comienzos del siglo X IX . El hecho trascendental de la historia medieval española y portu guesa es la presencia de la continuada expansión militar. La fragmentación política de Al-Andalus en diferentes reinos de Taifas, unida a la consolidación de los reinos cristianos, con su correspondiente empuje económico, político, ideológico y , en consecuencia, guerrero dieron la victoria a los cristianos.4 Las etapas de la Reconquista pueden seguirse en el mapa 1.1: Del Duero al Mondego y Tajo, los valles del prepirineo y gran parte de la Cataluña nueva (¡030-1085). Supone la conquista de las Extremaduras por tuguesas, leonesas y castellanas, mientras que la mayor presencia musulmana en el valle del Ebro dificulta el avance de los reinos navarros, aragoneses y del condado de Barcelona. Debilidad reconquistadora como consecuencia de la contraofensiva almorávide (1086-comienzos del siglo xa). Los reinos cristianos apenas consiguieron avanzar hacia el sur, e incluso tuvieron muchas dificultades para consolidar sus posiciones anteriores, en parte debido a su debilidad demográfica. La renovación de la Reconquista (primera mitad del siglo Xl¡). Ocupación del valle del Ebro con la toma de importantes ciudades, abundantemente po bladas de musulmanes, que en gran parte permanecen sobre dichos territorios, y de las zonas montañosas de Teruel y Castellón. En el sector central y occidental se produjeron los avances del Tajo a Sierra Morena y el Alentejo portugués. El gran avance de la Reconquista (1212-1266). Superados ciertos momen tos de debilidad, como consecuencia de la invasión almohade, durante la segun da mitad del siglo xn va a producirse la mayor ocupación de tierras, quedando reducido Al-Andalus al territorio del reino de Granada. Por el oeste Portugal

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concluyó su conquista con la toma del Algarve, Castilla con la ocupación del valle del Guadalquivir y del reino de Murcia, mientras que los reyes de Ara gón, ahora unidos dinásticamente con los condes de Barcelona, conquistaban Valencia y las islas Baleares. Desde el punto de vista económico, más importante que el proceso recon quistador fue la subsiguiente puesta en explotación de los nuevos espacios, ya que marcó el devenir futuro y las características del feudalismo hispánico. La repoblación adoptó diversas modalidades en función de su diferente cronolo gía, las dificultades acaecidas, las formas de concesión por parte de la autori dad real y las estructuras demográficas y económicas preexistentes.5 Así, las zonas comprendidas entre el Duero y el Tajo se repoblaron, ante la carencia de hombres y la necesidad de defender la frontera, mediante la conce sión de amplios territorios y grandes privilegios (fueros) a determinadas villas, que en ese momento se crean y se fortifican, y a algunas ciudades preexisten tes. Todo movido por el deseo de atraer población del norte, de refugiados del sur (mozárabes) e incluso, cuando éstos fueron insuficientes, de gentes de otros reinos europeos: los francos. Eso dio lugar a las Extremaduras portuguesa, leonesa y castellana, donde se formó una sociedad y una estructura agraria en la cual, junto a los pequeños propietarios de variada condición jurídica, nobles de diverso tipo y eclesiásticos, aparecen grandes extensiones de terreno de pro piedad colectiva (montes, pastos comunales, baldíos), objeto de la apetencia de la nobleza en los siglos sucesivos. Todo ello en un hábitat en el que se mez claban las numerosas y pequeñas aldeas con la presencia de las villas (Sego via, Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Soria, Coimbra, Lamego, etc.) que se comportaban como señores colectivos de los territorios que les habían sido asignados.6 La repoblación de las zonas del Tajo a Sierra Morena y el Alentejo adoptó otras formas. Aquí el problema fundamental con que tropezaron los reyes de Castilla y Portugal fue la ocupación de amplísimos territorios, muy próximos a los grandes núcleos musulmanes y, en consecuencia, muy peligrosos. Atraer allí a pobladores cristianos resultaba complicado, por lo que la opción más ventajosa fue su concesión a las grandes órdenes militares, que en esos mo mentos nacían en la Península Ibérica (Santiago, Alcántara y Calatrava) o en otras partes de Europa (Hospitalarios y Templarios), junto con algunos gran des monasterios cistercienses, como el de Alcobaga. Todo ello determinó un poblamiento en el que los núcleos habitados eran menos numerosos y se encon traban muy distanciados entre sí, al tiempo que grandes superficies de terreno, ante la carencia de población, tuvieron que dedicarse a pastos, aprovechados por los rebaños trashumantes que en los meses de invierno bajaban del norte. En el valle del Ebro la problemática repobladora en esos mismos años pre sentó rasgos diferentes. En un primer momento, se fue construyendo toda una línea de castillos para proteger los centros urbanos a los que se dota de privile gios (fueros). El gran salto se prudujo al ocupar las villas y las ciudades ribe reñas del Ebro (Tudela, Zaragoza o Tortosa) o las comarcas situadas más al sur, a las que los monarcas otorgaron determinados privilegios para atraer a la


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población cristiana de los Pirineos y especialmente de otras partes de Europa: los francos. Junto a ellos, a los señores laicos y eclesiásticos se les concedie ron amplios territorios y castillos, e, incluso, campesinos con el fin de poner en explotación tales territorios. Pero la diferencia de la repoblación de estas zonas, respecto a lo que ocurrió en Castilla y Portugal, fue que los monarcas de Navarra, Aragón y Cataluña se encontraron con una abundante población musulmana a la que permitieron, en virtud de pactos de capitulación, perma necer en sus tierras, aunque se procuró que fueran menos numerosos en las ciudades y en las grandes villas: los mudéjares. Por esa razón, el hábitat conti nuó siendo a grandes rasgos muy semejante al de época andalusí, lo que no quita para que la fundación de determinados monasterios introdujera noveda des poblacionales y agrarias.7 El impulso reconquistador a partir de 1212 puso en manos de los coloni zadores cristianos grandes espacios para repoblar. Sin duda suponía un gran reto: para ocupar y poner en explotación las ricas y extensas tierras conquista das no disponían de suficientes reservas demográficas, por lo que no es extraño que permitieran la permanencia de las poblaciones musulmanas. Los monar cas castellanos y aragoneses procedieron a distribuir las tierras y los campesi nos entre los poderes nobiliarios y eclesiásticos, que les habían auxiliado en las campañas militares, y aquellos colonos que quisieran asentarse allá. Es el sistema denominado de «repartimientos» y «repartiments», mediante el cual dividían en diversos lotes lo que correspondía a cada uno de los beneficiarios en cada una de las distintas ciudades y villas. En un principio, aunque las aris tocracias nobiliaria y eclesiástica fueron las más beneficiadas, el reparto al canzó también a numerosos campesinos cristianos que recibieron bienes y que, naturalmente, intentaron aplicar sus esquemas económicos, sociales, po blacionales y lingüísticos a las estructuras islámicas que se encontraron. Esto dio lugar a una estructura agraria donde predominaban la pequeña y mediana propiedad, junto a grandes posesiones (véase el mapa 1,2).8 Pero, mientras la población musulmana continuó siendo muy numerosa en los reinos de la corona de Aragón, no ocurrió lo mismo en Castilla. La suble vación de los mudéjares de Andalucía y Murcia en 1264 produjo su expulsión de las ciudades y su masiva marcha al norte de Africa, lo que —unido al retor no de colonos cristianos a las tierras del norte— alteró el primitivo esquema diseñado por los monarcas. Si en los primitivos repartimientos la nobleza, las órdenes militares y la aristocracia eclesiástica habían salido claramente bene ficiadas, en la estructura agraria predominaban los pequeños y medianos pro pietarios. Las nuevas circunstancias de finales del siglo xui y de los siglos sucesivos hicieron que la nobleza y la Iglesia aumentaran su poder económico con la ocupación de nuevas tierras y, sobre todo, con la concentración de las existentes. De ahí que, hoy día, se considera que el origen del latifundismo an daluz no hay que atribuirlo tanto a los repartimientos originales por parte del rey, sino a los acontecimientos posteriores que a lo largo del Antiguo Régimen frenaron la colonización y alteraron la situación de aquellos territorios en fa vor de la gran propiedad.9

apa

1.2.

La

repoblació n

de

A ndalucía en

el

siglo

x iii

F u e n te : M. González Jiménez y A. González Gómez, en Angus Mackay y David Ditchburn, eds. (1997), Atlas de la Europa Medieval, Madrid, Cátedra.

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Este largo proceso de Reconquista, en el que la lucha militar, la obtención del botín de guerra y la reafirmación ideológica frente al «infiel» desempeñan un gran papel, condicionó la evolución de las sociedades ibéricas de los si glos x i al x i i i . Si en un principio éstas estaban muy poco jerarquizadas, exis tiendo una fuerte movilidad social, con el paso de los años las diferencias jurí dicas y económicas se incrementaron. Estamos, pues, al igual que en el resto de los países europeos, aunque con dinámicas algo diferentes, ante una progresiva señorial izac ión de la sociedad, caracterizada por el peso cada vez mayor de la nobleza y la aristocracia religiosa. A lo largo de estos siglos la nobleza no sólo reforzó su peso económico, sino que adquirió un estatus jurídico propio y una conciencia de diferencia respec to del resto de la sociedad. Originariamente conformada en el siglo xi como el grupo surgido en tomo al servicio de los monarcas, siguió desempeñando tales prerrogativas públicas, pero a ellas sumó las que le daban sus cada vez mayo res posesiones, los honores, el poder y el botín que le otorgaban las conquistas militares. Estamos ante io que algunos autores han denominado con el apelativo de «la industria de la guerra», que permitía a los nobles no sólo enriquecerse, adquirir mayores poderes o multiplicarse — incluso con la incorporación de nuevas familias o personas por el servicio de las armas— , sino dar forma a su estatus jurídico hereditario. Este estatus llevaba consigo privilegios honorí ficos, fiscales y judiciales, como no pagar impuestos, tener tribunales propios o llevar determinados símbolos externos de su pertenencia a la nobleza. Dentro de ésta hubo diferentes niveles que iban, según sus funciones y rique zas, desde la pequeña nobleza (infanzones, fijosdalgo, infangoes, castlans, ca valiers) hasta la alta nobleza, que cada vez se constituía como un grupo más cerrado. En el siglo x i i i el grupo nobiliario estaba ya en gran medida configu rado con sus diferentes escalas y en las que sus miembros se agrupaban en di versos linajes y permanecían unidos por los parentescos artificiales que crean los lazos feudo-vasalláticos. Hecho que no impedía que se produjeran luchas internas y que, merced a esta «economía de guerra», se incorporaran nuevos personajes y familias. Al mismo tiempo, las peculiares condiciones de la Reconquista fueron las que en gran medida configuraron el marco jurídico-institucional agrario. La no bleza, a la que hay que sumar la aristocracia eclesiástica y los grandes conce jos, constituían el grupo de los señores. Aunque con grandes diferencias entre territorios peninsulares — según las diversas modalidades de repoblación; la mayor o menor flexibilidad de los poderes feudales, de acuerdo a las diferen tes disponibilidades de mano de obra agrícola; o la correlación de fuerzas entre nobleza y monarquía— , el régimen de propiedad de la tierra en la Espa ña medieval vino marcado por la evolución hacia el binomio gran propiedad feudal y pequeña explotación familiar campesina. Tal régimen se basaba en la distinción entre aquellos que poseían el dominio directo de la tierra —el dere cho a percibir rentas— en manos de los señores, y los que tenían el dominio útil —el derecho a cultivar las tierras, que era transmisible— en manos de los campesinos, junto con toda una serie de limitaciones que impedían la libre

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disposición de dichos bienes: la vinculación de la propiedad eclesiástica, el mayorazgo, las reglamentaciones colectivas señaladas en las ordenanzas mu nicipales, etc. Pero los señores eran, al mismo tiempo, la máxima autoridad judicial y, en ocasiones, política, dentro de sus territorios. Esto permitía que los titulares de la propiedad territorial, los señores, utilizaran dichas prerro gativas para imponer a los campesinos deberes y obligaciones que revelan su capacidad coercitiva de naturaleza extraeconómica. Éstos iban desde la suje ción personal al no poder abandonar el predio que cultivaban, hasta el disfrute de determinados privilegios — en la corona de Aragón y Navarra tenían el mo nopolio del homo, fragua y molino del lugar— , pasando por tributos de diver sa índole: prestaciones en trabajo para reparar caminos, puentes, castillos o trabajar en las tierras señoriales, sustentar al señor cuando iba de visita, perci bir rentas a los campesinos que morían sin descendencia, etc. Aquí los campe sinos castellanos y portugueses disfrutaron, en términos generales, de mejores condiciones que los de la corona de Aragón — en especial en Cataluña— , don de la menor movilidad de su población hacia los territorios del sur hizo que se vieran sometidos a mayores presiones señoriales.1Q

El desarrollo urbano La Península Ibérica gozaba de una gran tradición urbana que se remonta a la época romana y que cobró nuevo auge con la ocupación musulmana. La Re conquista de los siglos XI al x n i acrecentó el número de ciudades, otorgando al fenómeno urbano una importancia sin comparación en el resto de la Europa medieval, si exceptuamos Italia. Si en otras partes el crecimiento demográfico, el aumento de la producción agrícola y artesanal, el auge de los intercambios y de la circulación monetaria fueron los factores del renacimiento de las ciu dades en esos mismos siglos, en los territorios peninsulares hay que sumar la repoblación.11 Como hemos visto, los monarcas y, en ocasiones, los señores, con el fin de asegurar la ocupación de las nuevas tierras, entregaron a las ciudades y villas, ya existentes o creadas ex nihilo, extensos espacios bajo su autoridad, al tiem po que les otorgaron amplias prerrogativas políticas. De ahí que el fenómeno urbano sea el que estructure el espacio ibérico. En Castilla y Portugal cada una de ellas tenía su propio término municipal {alfoz, termo, tierra)', a partir del sur del Duero éstos eran de gran extensión y englobaban una multitud de aldeas sometidas a su jurisdicción. En Navarra y Aragón ocurrió algo pareci do, cuando se procedió a la repoblación de los espacios en tomo o al sur del Ebro. Las conquistas del valle del Guadalquivir, Murcia, el Algarve, el Alentejo, Valencia y Baleares acrecentaron aún más el protagonismo del fenómeno urbano en las Españas medievales. Estas zonas contaban con numerosas y po bladas ciudades desde la época romana, que la ocupación musulmana ayudó no sólo a mantener, sino a incrementar. Los monarcas cristianos mantuvieron esta red, transformando apenas sus planos y sus funciones, ya que la población


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musulmana en muchos casos no abandonó sus posesiones, por lo que la nueva configuración urbana se mezcló con la ya existente de época andalusí, dando lugar a una mezcla de pobladas villas junto con múltiples alquerías distribui das por su jurisdicción. Pero, al mismo tiempo que estructuran el espacio, las villas y ciudades se erigían en centros políticos. Todas disponían de su propia jurisdicción, plas mada en sus respectivos fueros, furs, ordenanzas municipales y ordenagoes. Las competencias de estos municipios abarcaban todas las cuestiones que in teresaban a la vida local, gozando en general de bastante autonomía. Por ello a lo largo de toda la Edad Media uno de los elementos que marcaron la vida urbana fue la lucha por el control de las instituciones municipales (concejo, concelho, consell, consello, cabildo) por parte de las oligarquías locales y la nobleza. A través de dicho dominio imponían sus propios intereses de clase no sólo sobre el conjunto de los habitantes de las ciudades, sino también a los territorios bajo su jurisdicción. Este deseo de estructurar el espacio por parte de los poderes públicos es el que explica la urbanización de otras zonas peninsulares, donde frente al poblamiento disperso los monarcas crearon ciudades y villas nuevas (puebla, pola, villa real, pobla, vilanova). Esto resulta muy marcado en la España atlántica, donde en los siglos xn y x m se fundaron múltiples localidades en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, como Tuy, La Coruña, Ribadeo, Santander, Laredo, Aviles, Llanes, Bilbao, Fuenterrabía, Guetaria, Motrico, Vitoria, etc. Política que también se aprecia en el reino de Navarra en las fun daciones de Estella, Puente la Reina o Laguardia. Pero el fenómeno se hizo extensivo a otras partes de la Península Ibérica, donde todos los monarcas cris tianos crearon villas nuevas, generalmente de plano regular, para controlar determinados territorios. Al igual que el resto de la Europa medieval, el fenómeno urbano español se vio impulsado por el desarrollo de las actividades artesanales y mercantiles. Este proceso es muy evidente en la evolución de las ciudades y villas que se extienden a lo largo del Camino de Santiago, desde Pamplona y Jaca hasta el valle del Duero y Galicia. A todas ellas afluyeron forasteros, que formaban barrios específicos, se dedicaban al comercio o la artesanía y disfrutaban de privilegios: los francos. Pero el surgimiento a partir del siglo x i i de calles y habitantes, con un marcado carácter artesanal y comercial, es generalizable a otras partes como Cataluña, Aragón, Navarra, Castilla y León y el norte de Portugal. Su máximo desarrollo se alcanzó en la segunda mitad de la centuria siguiente, cuando muchas ciudades amplían su plano con la aparición de barrios nuevos — arrabales— fuera de las primitivas murallas. En muchas de ellas se levantaron en esos años nuevas cercas de mayor extensión para englobarlos y dejar incluso terreno a futuras ampliaciones (véase el mapa 1.3). En el caso de los núcleos urbanos de tradición andalusí (como Lisboa, Toledo, Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia y otras), de plano irregular y con barrios diferencia dos según sus actividades económicas o residenciales, la ocupación cristiana mantuvo dicho paisaje y similares funciones: sustituyeron las mezquitas por

1.3.

El

camino

de

S a n t ia g o

F u e n te : M. Artola, dir. (1988), Enciclopedia de historia de España, Madrid, Alianza, vol. VI.

M apa


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iglesias, cambiaron de nombre a las instituciones, segregaron a los habitantes de acuerdo con sus creencias religiosas, donde estaba el zoco apareció la plaza del mercado, heredaron las actividades artesanales, etc. De ahí que muchas de estas ciudades siguieran siendo las más pobladas de toda la Península Ibérica.

La expansión económica La Reconquista y la repoblación no hubieran podido realizarse si durante los siglos xi, XII y x i i i no hubiera habido un constante crecimiento económico. La documentación disponible no permite cuantificarlo ni precisar sus fluctuacio nes, pero en todos los territorios peninsulares hubo claros signos de auge. El progreso agrícola se manifestó en primer lugar en el continuo movi miento roturador y deíorestador, que fue más intenso en las comarcas al norte del Duero y en los valles pirenaicos, donde la presencia humana había sido tra dicionalmente menor. Pero la ocupación de nuevas tierras, ganadas al bosque y zonas de erial y pasto, se produjo también en otros territorios. Igualmente, este impulso económico se aprecia en el perfeccionamiento del utillaje agríco la, donde el arado romano sigue siendo el apero fundamental, pero cuya reja era cada vez más de hierro; en el empleo del yugo; en la mayor utilización de bueyes y vacas como animales de tiro; y en el aumento de los molinos hidráu licos. El paisaje agrario estaba caracterizado fundamentalmente por las «tierras de pan llevar», ya que los cereales (trigo, cebada, avena, mijo, centeno y otros de inferior condición) eran la base fundamental de la alimentación humana y ani mal. Todo ello complementado por el viñedo, que en determinadas zonas, como Cataluña, La Rioja, Navarra y Andalucía, ocupó grandes espacios, ya que mu chos monasterios allí instalados impulsaron nuevas plantaciones. El principal problema que encontró la viticultura para su desarrollo, al igual que con los olivos, fue la carencia de brazos, ya que son cultivos muy absorbentes de mano de obra en determinados momentos. Junto a ello, en torno al núcleo de pobla ción aparecen multitud de pequeñas parcelas dedicadas a huertas, a la plan tación de leguminosas, de lino y de cáñamo. El paisaje se completaba con la existencia de pastizales, baldíos y montes, cuyo tamaño variaba según las re giones de la península, las condiciones ecológicas o las modalidades repobla doras, y cuyo aprovechamiento era frecuentemente comunal, abierto a todos los vecinos, por lo que suponía una importante fuente de ingresos complementa rios para las familias campesinas. Pero la ocupación del valle del Ebro, Valencia, Andalucía, Murcia y Balea res supuso la incorporación a las economías cristianas de territorios de una larga y próspera tradición agrícola. La continuidad de mano de obra mudéjar permitió que se mantuvieran las prácticas y las técnicas más adelantadas de los agrónomos de Al-Andalus. Es la agricultura de huerta y vega, poblada de nume rosas acequias y canales de riego, con una gran variedad de cultivos: horta lizas, árboles frutales — incluso con la introducción de algunos nuevos, como el naranjo y el limonero a partir del siglo xi— , la morera, la caña de azúcar, el

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arroz, diversas leguminosas, etc. Sin embargo, el aún lento crecimiento del comercio no permitió que estos núcleos se especializaran y sus producciones dieran lugar a intercambios a gran escala, como ocurrió a partir del siglo XV. Otro de los elementos fundamentales de la economía rural en estos siglos fue el aumento de la cabaña ganadera: bueyes, caballos, cabras y, especial mente, ovejas. La Reconquista supuso para los colonos cristianos la ocupación de grandes superficies de pasto y monte, que no pudieron dedicarse a la agri cultura, ya que se carecía de suficiente mano de obra. Esto, unido a la economía de guerra que practicaban todos los bandos, con frecuentes razzias y profun das incursiones en territorio enemigo, más los determinantes ecológicos de las tierras de clima mediterráneo de inviernos fríos, hizo que la opción económica más rentable fuera la ganadería extensiva ovina. Al igual que en otros países mediterráneos (Grecia, los Balcanes, Italia y sur de Francia), ésta requería que los rebaños se desplazaran en busca de pastos según las épocas del año. Es el origen de la gran trashumancia española y de la Mesta, cuya importancia es trascendental en la historia económica de España (véase el mapa 1A). La trashumancia alcanzó mayor auge en Castilla, donde, desde mediados del siglo XII, los grandes propietarios de ovejas (nobles, monasterios, órdenes militares, miembros de las oligarquías municipales) obtuvieron de los monar cas muchos privilegios para pastar libremente sus rebaños. Para poder garanti zar la calidad del ganado se necesitaban buenas hierbas, lo que obligaba a los rebaños a recorrer grandes distancias — superiores incluso a ochocientos kiló m e tro s-e n tre los pastos de invierno, los invernaderos, en la Mancha y Extre madura, y los de verano, los agostaderos, en las montañas cantábricas. Para organizar esta trashumancia y solventar los posibles conflictos, los propieta rios y pastores se agruparon en diversas juntas de ganaderos según los distritos de León, Segovia, Soria y Cuenca. De cada uno de ellos partían las diversas vías pecuarias: las cuatro grandes cañadas que llevan su nombre. Con la incor poración de Murcia y Andalucía en el siglo xin el radio de la trashumancia se extendió a dichos territorios, aunque allí se crearon también cañadas de menor amplitud. Pero tal movimiento de ovejas suponía una enorme complejidad: había que proteger los rebaños, garantizar su libre circulación, impedir que cañadas y pastos fueran ocupados por los agricultores, defenderse frente a las ciudades y señores que querían cobrar impuestos por el paso del ganado, etc. De ahí que las diversas agrupaciones de ganaderos se reunieran en una gran institución, el Honrado Concejo de la Mesta, que debió de nacer en esta pri mera mitad del siglo xm y que Alfonso X reconoció en 1273, dándole los primeros de una larga serie de privilegios que disfrutó a lo largo de su historia. En dicho documento estableció que al frente de la Mesta estuviera un alcalde entregador mayor, nombrado por el rey, encargado con otros alcaldes entregadores a su mando de organizar los desplazamientos de los rebaños, recorrer las cañadas, juzgar los conflictos entre los ganaderos y los agricultores, hacer cumplir los privilegios reales y recaudar el pago a la corona del impuesto de servicio y montazgo en razón de la regia protección que disfrutaban. Tal tributo — unido al procedente del comercio y de la exportación de la lana— fue una

1.4.

L as

rutas

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es t a

¿

*

i

F u e n te : J. Vicens Vives (1959), Historia económica de España, Barcelona, Vicens Vives (basado en J. Klein).

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t

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de las principales fuentes de ingresos de la Hacienda Real, por lo que no es extraño que ios monarcas apoyaran a la Mesta, Esto junto con el aumento de la demanda de la lana merina —merced a la introducción de las nuevas técni cas de hilado del cardado, del uso de la rueca, la rueda de hilar y del molino batanero en la industria textil europea a partir de mediados del siglo xiv— hizo que aumentaran en gran medida los rebaños de esta especie, que se impu so sobre otras razas, como la oveja churra destinada a la producción de carne y de lana de menor calidad. Eso supuso el completo triunfo de la Mesta, cuyo dominio se extendió hasta la crisis del Antiguo Régimen. En Aragón no se llegó a tal grado de complejidad organizativa. Se practicó la trashumancia entre los pastos veraniegos de los Pirineos y los de invierno del valle del Ebro y del noroeste del reino de Valencia, pero su recorrido era menor y el número de ovejas también. Surgieron diversas asociaciones de ga naderos, siendo la más poderosa la Casa de Ganaderos de Zaragoza, existiendo otras casas en Jaca, Huesca y Tarazona, y agrupaciones en Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca, que recibieron diversos privilegios a lo largo del siglo x i h . Pero, a diferencia de la Mesta castellana, en Aragón no formaron una asocia ción común. El desarrollo agrícola y ganadero vino acompañado por el del artesanado, aunque es más difícil de estudiar ante la penuria de fuentes documentales. El crecimiento urbano en los territorios cristianos, palpable a partir del siglo xu, impulsó en villas y ciudades el aumento del número de artesanos y menestra les, que se concentraban en calles y barrios específicos. La principal actividad artesanal fue la fabricación de los tejidos de lana, la pañería, localizada en ciudades como Toledo, Ávila, Cuenca, Segovia y Zamora en Castilla, Lisboa, Oporto y Coimbra en Portugal, Pamplona y Tudela en Navarra, Zaragoza, Al barracín y Tarazona en Aragón. Sobre todas ellas destaca Barcelona, que des de ese siglo y, sobre todo, en el xm se convierte en el gran centro textil lanero y del cáñamo, con una producción destinada no sólo al mercado interior, sino también a la exportación. Junto a la producción textil eran importantes en esta época la de la madera, el cuero, los metales, la alfarería y la confección de ropa. La conquista en el siglo xm de Andalucía, Murcia y Valencia supuso la incorporación de las tradiciones y las técnicas islámicas en la artesanía, aun que en algunos sectores hubo rupturas. Elaboraciones típicas de Al-Andalus, como la seda, los cordobanes, los tapices, la talla del marfil, el jabón, el perga mino y el papel, la cerámica vidriada, o la obtención y refino del azúcar de caña, continuaron y se emularon por maestros mudéjares y cristianos. Parte de estos productos eran de lujo y su destino fueron los mercados europeos, donde no era raro encontrar en los ajuares reales y nobiliarios telas de seda, alfombras, cajas de marfil y cerámica de procedencia española. El comercio fue otro de los sectores que cobró nuevo impulso en los reinos cristianos durante los siglos xn y xm. Si en la centuria anterior se habían nota do los primeros síntomas de este renacimiento con la ampliación de mercados y el nacimiento de centros urbanos, el protagonismo de los intercambios exte riores continuaba aún en manos de Al-Andalus. Sus mercaderes, musulmanes,

LA ECONOMÍA EN LAS ES PAÑAS MEDIEVALES

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mozárabes y, especialmente, judíos, eran los intermediarios en los intercam bios de los productos procedentes de Asia, Oriente Medio y el norte de Africa con Europa. A ello hay que añadir, como hemos dicho, los tráficos generados por la exportación de productos de lujo realizados por la floreciente artesanía andalusí. Pero, a lo largo del siglo x i i i , gran parte de este comercio pasará pro gresivamente a manos de los reinos cristianos peninsulares, cuya importancia es cada vez más destacable. Varias son las manifestaciones de dicho crecimiento: la creación de centros comerciales de importancia regional y nacional; la proliferación de ferias y mercados; y el desarrollo monetario. Aunque es muy difícil rastrear documen talmente el desarrollo del comercio interior, es indudable que durante el siglo X ll comenzaban a destacar una serie de ciudades que canalizaban los intercambios mercantiles de un mayor radio, actuando como redistribuidores de productos de orígenes diversos y, a veces, muy lejanos. Los casos de Coimbra, Lisboa y Oporto en Portugal; Toledo, León, Burgos, Valladolid en Castilla; Pamplona, Estella y Tudela en el reino de Navarra; Zaragoza, Calatayud, Teruel, Daroca, Tortosa, Vic y Barcelona en la corona de Aragón eran algunos de sus polos, en los que se constataba el aumento de intercambios y mercaderes, ya que crecie ron los impuestos que se cobraban sobre los tráficos (portazgos, peajes, peatges). Las conquistas del siglo x i i i sumaron a esta red las de las ciudades del Algarve, Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares. Este auge comercial vino acompañado de la proliferación de privilegios de ferias y mercados francos por parte de los monarcas o de algunos señores no bles y eclesiásticos. Las primeras fueron creadas para reunir en un determina do período del año —coincidiendo con una festividad {feria, en latín) y cuya duración era de una o varias semanas— a todos aquellos comerciantes que quisieran acudir atraídos por la protección que se les prestaba y la inexistencia de impuestos. Los segundos eran de menor alcance, uno o dos días semanales, siendo su ámbito de influencia menor, ya que sólo acudían compradores y vendedores locales. Si el siglo xn fue el primer momento de creación de estas instituciones mercantiles en todos los reinos peninsulares, la centuria siguien te será, junto con el siglo xv, la que registre el mayor número de concesiones. De 1220 a 1302 unas 40 en Castilla; 38 en Portugal entre 1255 y 1299; en tor no a 20 en el siglo x i i i en Aragón; y más de 10 en Cataluña. Signo evidente del deseo de los poderes públicos de favorecer el comercio, así como del dinamis mo de la economía en esos siglos. Un tercer indicador del desarrollo del comercio es el aumento de la circu lación de la moneda metálica, premisa e instrumento básico para la realiza ción de los intercambios. Hasta mediados del siglo xu la acuñación de moneda era un asunto fundamentalmente de los reinos musulmanes de Al-Andalus, ya que la llegada del oro africano estaba en gran medida bajo su control. Eso se traducía en el prestigio de que gozaban sus monedas (dinares; doblas, dir hems) en toda Europa; de ahí que las primeras acuñaciones de los reyes espa ñoles (morabetinos, dineros) se hicieran a imitación suya con los ingresos metálicos que obtenían del cobro de los tributos de sumisión de los reyes mu

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sulmanes, las parias. Con las campañas bélicas del siglo xm y el crecimiento comercial de esos años las cecas aumentaron en número y producción. Sin embargo, el parón de la Reconquista, a partir de mediados de dicho siglo, su puso el final de los botines de guerra y, consiguientemente, el encarecimiento de la plata y el oro. De ahí que muchas monedas, como el maravedí, se depre ciaran y pasaran a ser simples monedas de cuenta y que se multiplicaran las alteraciones monetarias, en un claro anticipo de las crisis monetarias e infla cionarias de los siglos siguientes. El desarrollo del comercio interior en los reinos cristianos peninsulares hizo que sus mercaderes fueran adoptando en el siglo xn y, sobre todo, en el xm las funciones de intercambio internacional que hasta esos momentos desem peñaban las ciudades andalusíes. Si ya antes había empezado a ocurrir en las villas y ciudades a lo largo del Camino de Santiago, ahora comienzan a perfi larse diversas áreas mercantiles de nivel internacional. En Portugal el prota gonismo lo tuvo Lisboa, foco de atracción de mercaderes franceses, ingleses e italianos. En la corona de Castilla estaba, por un lado, la zona que se desarro lló en torno a ios mercaderes de Burgos, que empezaban a perfilarse como los grandes intermediarios y comerciantes de toda la mitad norte de la península, conectando las tierras del interior con las de la costa, Aragón y Navarra. A su vez, los traficantes de los puertos cantábricos se organizaron en 1296 en una corporación, la Hermandad de la Marina de Castilla. Todo ello explica la pre sencia de castellanos negociando a lo largo de ese siglo, pero especialmente en su segunda mitad, en Flandes, Inglaterra y Francia. Por su parte, la incor poración del valle del Guadalquivir a Castilla reforzó el peso del puerto de Sevilla, lugar de salida de numerosos productos muy demandados por Euro pa y que atrajo a numerosos mercaderes genoveses, merced a las generosas concesiones de privilegios por parte de los monarcas castellanos. Ante el de sarrollo del comercio interior y exterior no es extraño que Alfonso X comen zase a establecer las bases de una nueva fiscalidad con la creación de impues tos que gravaban su actividad (la alcabala y el almojarifazgo), cuya vida duró varios siglos. Pero el mayor éxito comercial a escala internacional fue, sin duda, el de Barcelona. A partir de finales del siglo xi comenzó a destacar dentro de todo el sector oriental de la Península Ibérica. Por una parte, numerosos mercaderes extranjeros, de Pisa, Génova, Sicilia, Alejandría y otros lugares del Mediterrá neo realizaban allí sus negocios, contando con la protección de las autoridades políticas. Eso la convirtió en un foco fundamental en las relaciones que se establecían entre Al-Andalus, el norte de África, Italia y el resto del Medi terráneo. La conquista de Valencia y Baleares reforzó dicho papel, ya que los mercaderes catalanes heredaron el tráfico de sus puertos con el resto de Euro pa. Al mismo tiempo, a lo largo del siglo xm los comerciantes barceloneses dieron el salto al exterior. Al igual que estaban haciendo sus competidores písanos, provenzales, genoveses o venecianos, fundaron a lo largo de todo el Mediterráneo factorías y colonias mercantiles, dotadas de sus propias autori dades, con el fin de negociar mejor y de canalizar los intercambios entre todas


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las áreas. Todo ello amparado e impulsado por los monarcas y las autoridades municipales de Barcelona, que, a imitación italiana, crearon un organismo en cargado de regular el comercio internacional: el Consolat de Mar. Estamos, pues, en los inicios del gran imperio mercantil catalán, cuyo momento más es plendoroso se produjo en la primera mitad del siglo xiv.12

1,2. L a

c ris is b a jo m e d ie v a l

A partir de finales del siglo x i i i el panorama económico de los reinos cris tianos peninsulares comenzó a mostrar toda una serie de cambios que prefi guraban una nueva etapa. La desaparición de la industria de la guerra, como consecuencia del final del proceso de la Reconquista, supuso un giro radical respecto a épocas anteriores. Nobles, órdenes militares, oligarquías municipa les y los propios reyes se vieron desprovistos de una fuente de ingresos muy importante: el botín de guerra. Por otro lado, las campañas militares conferían una cierta fluidez a la sociedad, al permitir ascender socialmente a través del servicio de las armas y la ocupación de las nuevas tierras. Igualmente, el de sarrollo del comercio marcó la aparición de nuevos elementos sociales y eco nómicos en un mundo que seguía siendo fundamentalmente rural. Estamos, pues, ante el nacimiento de una nueva época, que como todo tiempo nuevo vino acompañado por crisis y convulsiones, pero también de reconversiones y oportunidades. Estos tiempos de turbaciones fueron parecidos en todas partes de Europa occidental. Sus principales manifestaciones (hambres, pestes, guerras, luchas dinásticas, crisis religiosa, cambios de las mentalidades e instituciones, etc.) también fueron semejantes. En cambio, en la Península Ibérica nos vamos a encontrar con unas enormes diferencias internas en cuanto a la cronología, ca racterísticas y duración de la crisis. Mientras que en algunos sectores y regiones la recesión fue muy breve, en otros fue más intensa y, sobre todo, más tardía. Esto marcará las peculiaridades de las salidas de la crisis entre los diferentes reinos cristianos. Mientras que Portugal y Castilla comenzaron a remontar la depresión a partir de principios del siglo xv, Navarra, Cataluña y Aragón esta ban plenamente insertos en ella y, por su parte, Valencia se recuperó velozmen te de la recesión alcanzando uno de los momentos más esplendorosos de su historia. Hay, pues, unas enormes divergencias, cuya consecuencia en el plano geopolítico fue el nacimiento de dos potencias hegemónicas: Portugal y, sobre todo, Castilla, que serán las que dirijan la expansión del siglo xv, incluso más allá de los espacios europeos. Pero tal poderío marcó también la evolu ción de España en los tiempos futuros, ya que el peso demográfico, económi co y político de Castilla se impondría sobre los otros reinos peninsulares.

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La depresión bajomedieval como reconversión del sistema feudal La crisis bajomedieval ha sido desde hace muchos años objeto de estudio y de controversia entre los historiadores de múltiples países. No es de extra ñar, ya que la profundidad y, sobre todo, la extensión de la depresión por am plias partes de Europa es la primera nota que debe destacarse. Estamos ante lo que se ha venido llamando la gran fractura medieval, «el otoño de la Edad Media». Las explicaciones que a la magnitud de dicho fenómeno se han dado son diversas y, en muchos aspectos, enfrentadas. Por un lado, está la interpretación que podemos denominar «malthusiana», que sostiene que la crisis demográfica vino motivada por la convergencia de factores naturales (clima, peste) que actuaron sobre una población de economía muy pobre en recursos, débil tecno logía y con una producción estancada. Se había llegado, pues, a una situación límite que estalla con la crisis. La caída del número de habitantes serviría para restablecer el equilibrio entre población y recursos. Otros autores, cuyo máxi mo representante es Guy Bois, prefieren buscar la explicación en factores estructurales de la dinámica de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Para ellos, el crecimiento extensivo propio del sistema feudal ha cía que la productividad del trabajo fuera declinante, haciendo que llegado a un punto cayeran la renta y la producción. Cuando esto sucedió, los nobles, para hacer frente a la crisis de sus rentas, aumentaron la presión señorial, co locando al campesinado más allá de ios límites de la subsistencia y haciendo que su situación fuera muy débil para enfrentarse a las inclemencias climáti cas o epidémicas. Recientemente, S. R. Epstein ha formulado la crisis de los siglos xiv-xv conforme a los nuevos postulados e implicaciones de la teoría de los costes de transacción (de información y localización, de negociación y de cisión, de aplicación de contratos) en el funcionamiento de la economía. En su opinión, fue una «crisis de integración» producida por el desarrollo de los mercados y del comercio a lo largo del siglo xm, que acrecentó la necesidad de disminuir los costes de transacción en la actividad económica. Para ello era imprescindible el fortalecimiento y la centralización de los estados, el naci miento de la fiscalidad estatal, la integración jurisdiccional de los territorios y la especialización de determinadas áreas y producciones. En este proceso la Peste Negra actuaría como un factor exógeno, que intensificaría las presio nes a las que ya antes se veían sometidos los diferentes grupos sociales para aumentar la integración de los mercados y la centralización de las estructuras políticas. Según Epstein, esto explicaría las diferencias entre las regiones de Europa y las salidas diversas que se dieron a la crisis.13 Sin embargo, todas las interpretaciones coinciden en señalar que la crisis de los siglos XIV y xv supuso una reconversión del sistema feudal, en la que la nobleza y la aristocracia eclesiástica permanecieron en el poder, aunque sus fuentes de renta y sus formas de dominación se modificaron. En la explicación de la evolución histórica a partir de esos momentos hay que tener, pues, en


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cuenta cuestiones como la centralización de las instituciones políticas, la fiscalidad del Estado y, sobre todo, el papel cada vez más importante del merca do y de los comerciantes. Independientemente de las explicaciones globales, al igual que ocurre con otros hechos de la historia económica, hoy se comprueba que la crisis bajome dieval tiene muchas y diversas manifestaciones y, sobre todo, que éstas difie ren a escala territorial. Así, frente a las interpretaciones tradicionales, que han analizado lo que ocurría en Inglaterra o Francia y han extendido sus razona mientos al conjunto de Europa, hoy se están primando los análisis regionales. Según ellos, vemos que mientras en Normandía o Inglaterra la crisis fue de gran intensidad, en Lombardia los efectos de las pestes negras y de la recesión fueron pasajeros, y la recuperación muy rápida. Es, también, el contraste en la evolución divergente de la economía de las diferentes potencias comerciales del Mediterráneo: Florencia frente a Pisa o Génova frente a Barcelona. La crisis bajomedieval en la Península Ibérica está en gran medida por inves tigar. Sin embargo, se pueden avanzar algunas cuestiones. En primer lugar, la explicación malthusiana, basada en la falta de tierras suficientes para explotar, es muy difícil de aplicar a toda España. SÍ antes de la Peste Negra en algunas regiones, como Navarra, Asturias, Galicia y parte de Cataluña, se aprecian al gunos síntomas de agotamiento del terrazgo, esto no se puede aplicar al resto, donde precisamente ocurría lo contrario: abundancia de tierras como conse cuencia de las conquistas del siglo x i i i y falta de brazos. Especialmente en An dalucía y Murcia, donde las sublevaciones de 1264 produjeron la expulsión de grandes contingentes de población mudéjar. También hoy se relativiza la tesis de que la partida de gente del norte para repoblar las tierras del sur produjo en el siglo X IV la crisis en aquellos territorios, al alterar las relaciones sociales y provocar una caída de las rentas señoriales, ya que, como hemos visto, no fue tanta la población que se desplazó a Andalucía o Valencia.14 Por el contrario, lo que cada vez aparece más claro es la desigualdad espacial del impacto de la crisis de los siglos xiv-xv en la Península Ibérica. Así, tendríamos zonas, como el norte de Portugal, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, y algunas regiones de ambas mesetas y de Cataluña, donde la crisis agraria fue muy fuerte, mien tras que en otras no. En Andalucía, Murcia y Valencia la crisis fue un ciclo cor to dentro de una larga expansión. Junto a ello, hay territorios, como Aragón o Baleares, que son casos intermedios. Diferencias regionales y por reinos que son igualmente aplicables a los comienzos de la recuperación, a sus ritmos, a las correspondientes reconversiones y a las salidas de la crisis bajomedieval.

Las manifestaciones de la crisis Si desde finales del siglo x i i i , como hemos apuntado, había indicios de cri sis en los diferentes reinos peninsulares, éstos se hacen más palpables durante la primera mitad del siglo Xiv. Se habla de condiciones climáticas más difíci les, de carestías y hambrunas, con las consiguientes pestes y epidemias, lo que

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supone una clara fractura respecto de lo que había venido sucediendo en la de mografía desde el siglo xil. A este cúmulo de desgracias se sumó la llegada de la gran Peste Negra que entre 1348-1351 asoló Europa. A España llegó por las costas mallorquínas y se difundió rápidamente por toda la península, lle gando a afectar al propio monarca castellano Alfonso XI, que murió mientras sitiaba Gibraltar. A este gran azote se sucedieron otras oleadas, como las de 1361-1364 y 1371-1374, y brotes posteriores durante el siglo xv, Al hambre y a la peste se sumaron las guerras como otra manifestación de la crisis demo gráfica. Las guerras civiles de Portugal, Castilla y Aragón, unidas a los enfren tamientos entre los distintos reinos cristianos y las banderías nobiliarias, debi litaron aún más a una población ya de por sí bastante afectada. Resulta muy difícil poner en cifras la depresión demográfica, dadas la caren cia de fuentes estadísticas y las diferencias regionales del proceso. En Cataluña y Aragón se calcula que a lo largo del siglo xiv y la primera mitad del siglo xv la población se redujo en un tercio. En Mallorca y Valencia las pérdidas fue ron menores, entre un 10 y un 20 por 100, ya que su recuperación fue más temprana. En Navarra, el reino con mejor documentación, la población que te nía antes de la Peste Negra era de unos 10.590 fuegos (hogares), cifra que no se superará hasta el siglo xix.15 En Castilla las carestías no comenzaron a notarse de forma grave hasta los años 1331-1333, sumándose a ellas la gran Peste Negra y los desórdenes bélicos de mediados del siglo xiv. Si al principio las zonas más afectadas fueron las norteñas y el valle del Duero, en el último tercio del siglo las golpeadas fueron Andalucía y Murcia. Lo que está claro es su rápida recuperación demográfica; se estima que si en 1300 había en Castilla tres millones de habitantes, a finales del siglo X V eran ya cuatro. En Portugal la población parece estancarse desde principios del siglo xiv (1,5 millones de habitantes), llegando a su nivel más bajo a mediados de dicha centuria (1 millón de habitantes), y no parece producirse un cambio de tendencia hasta mediados del siglo X V , cuando comienza una rápida recuperación demográfica que per mitió que en 1500 se alcanzasen las cifras de 1300. El reino nazarita de Gra nada también se vio afectado por la gran Peste Negra, pero da la impresión de estar más densamente poblado que el resto de la península, ya que a finales del siglo xv tenía 300.000 habitantes, unos 10 habitantes por kilómetro cuadrado y de los cuales la mitad residían en ciudades o villas de mayor o menor enti dad. Esto se explica por la continua llegada de población musulmana y judía que huía de los reinos cristianos y que palió las pérdidas ocasionadas por las pestes. En toda la Península Ibérica la crisis demográfica vino acompañada, como en otras épocas históricas, de la aparición de despoblados, del abandono de tierras marginales, de alzas de precios y salarios, y de alteraciones moneta rias (véase el mapa 1.5). La depresión bajomedieval tuvo, también, su vertiente social y política. Por un lado, es la crisis y transformación de la nobleza. Ante la caída de la renta feudal la nobleza reaccionó aumentando las exacciones señoriales sobre el campesinado, con la apropiación de tierras de la Iglesia y de los concejos, con la imposición de las rentas jurisdiccionales, el recurso a las banderías y

LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES M apa

1.5. Los

d e s p o b la d o s d e N a v a r r a en l o s s ig lo s x iv y

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xv

Limites de los valles y sectores Límites de los m e rinda de s C ocien te s d e deserciones:

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M ás de 6 0

Fu ente: P. Iradiel, S. Moreta y E. Sarasa (1989), Historia medieval de la España cristiana, Madrid, Cátedra (basado en M. Berthe).

robos, y con el asalto del patrimonio real apoyando las guerras civiles, que en estos años se extienden por todos los reinos peninsulares. En este contexto no es extraño que surgieran por doquier levantamientos y luchas sociales, que en ocasiones adoptaban la forma de enfrentamientos verticales (campesinos con tra señores, pecheros de las ciudades contra patriciado urbano), pero también horizontales (violencias contra musulmanes y, sobre todo, matanzas de judíos). Aunque de nuevo con notables diferencias entre regiones y reinos, en térmi nos generales se puede decir que la nobleza salió vencedora de la crisis, aun que debió modificar sus fuentes de riqueza y sus formas de poder. Desde este momento, las haciendas nobiliarias — especialmente las de la alta n o b le z a pasaron a depender menos de los ingresos derivados de las rentas territoriales, mientras cobraban importancia otros tributos no relacionados generalmente con la propiedad de la tierra: los dei señorío jurisdiccional y la denominada «renta feudal centralizada». En los dos casos su origen son concesiones de

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la autoridad real. En el primero, es la donación de la autoridad política y jurí dica sobre todos los habitantes de una zona, un valle, un pueblo o una villa, lo que supone administrar justicia, cobrar tributos, nombrar oficiales y agentes de su autoridad señorial, intervenir en la designación de los cargos locales, man tener el orden público, percibir impuestos, exigir servicios militares cuando se requiera, etc. En el segundo, son las concesiones de los ingresos que teórica mente debía de cobrar el Estado y que eran enajenados en favor del noble, in corporándose a su patrimonio familiar.

Los contrastes peninsulares de la crisis bajomedieval Como hemos mencionado ya, en los años comprendidos entre finales del siglo xm y 1450 la crisis presentó en la Península Ibérica grandes diferencias regionales en cuanto a características, cronología y vías de salida de la depre sión. Mientras que en Castilla se hacían sentir los primeros síntomas de la cri sis a finales del siglo xm, tocando fondo en torno a las décadas de 1360-1380, Cataluña vivía entre 1276 y mediados del siglo xiv su momento de apogeo in dustrial y comercial. Lo mismo se puede decir del final de la crisis. Si a finales del siglo XIV algunos territorios del valle del Duero y de Andalucía comenza ban a crecer de nuevo, impulso que se generaliza al conjunto del reino de Cas tilla a partir de 1420-1430, en ese mismo período Cataluña, Aragón, Navarra y Granada se hundían económicamente. Valencia y Portugal iniciaban, por su parte, su expansión a lo largo del siglo xv. Estamos, pues, ante un panorama histórico plagado de contrastes, que marcaron a partir de finales del siglo xv la dinámica económica y política de los tiempos modernos.

a) La rápida recuperación de la crisis en Castilla y Portugal Castilla vivió el período que va entre finales del siglo xm y aproximadamen te 1450 como un tiempo de crisis, pero, sobre todo, de profundas mutaciones. Sus territorios salieron fortalecidos demográfica, económica y políticamente, lo que la convirtió en la potencia hegemónica de la península y una de las de mayor ritmo de crecimiento de Europa. Frente a lo que tradicionalmente se ha afirmado, los modernos estudios constatan que el gran desarrollo de Castilla en el siglo XVI sentó sus bases en el crecimiento económico que se manifestó en algunas comarcas castellanas a finales del siglo xiv y se generaliza en el con junto de los territorios a partir de la década de 1420-1430. Así pues, los descu brimientos en el Atlántico y la llegada de metales preciosos de América desde fines del xv no fueron la causa única de la prosperidad española, sino que vi nieron a acelerar el ritmo de un ascenso que arrancaba de décadas anteriores (véase el gráfico 1.1). Si el parón de la Reconquista de finales del siglo XIII produjo las prime ras convulsiones en las estructuras castellanas, no será más que a partir de la

LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES G r á f i c o 1.1. E v o l u c i ó n H eredades

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de la r e n t a d e la t i e r r a . de la ca ted r a l de

B urgos (fanegas

de pan)

1.000

900 800 700 600 500 400 300 2 00

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o

F u e n t e : H, Casado Alonso (1991), «Producción agraria, precios y coyuntura económica en las diócesis de Burgos y Palencia a fines de la Edad Media», Shidia Histórica, IX.

década de 1340 cuando los azotes de hambres, pestes y guerras se ceben en al gunos de sus territorios. La guerra civil de mediados del siglo xiv agravó aún más la crisis, ya que la nobleza, privada de los botines de guerra, pugna y se subleva por conseguir nuevas fuentes de rentas. Tales luchas forzaron a la mo narquía a entregar tierras y villas de su propio patrimonio, el realengo, a ins taurar nuevos impuestos y a devaluar la moneda. La gran beneficiaría de este estado de cosas fue la nobleza, que afirmó su hegemonía con el triunfo de la dinastía de los Trastámara tras el asesinato de Pedro I a manos de su hermanastro Enrique II en 1369: económicamente con trolaba los medios de producción, las tierras y los rebaños; consiguió genero sas concesiones reales de villas y señoríos jurisdiccionales y, sobre todo, par tes cada vez más sustanciosas de los nuevos impuestos; socialmente impuso su modelo cultural y sus ideales caballerescos; políticamente controlaba el poder, mediante la concesión de cargos en la administración real y en las ciudades. Pero este proceso de oligarquización de la sociedad castellana alcanzó también al mundo urbano. El grupo dirigente de las ciudades y villas —al que los historiadores se refieren como patriciados u oligarquías urbanas— era cada vez más cerrado, acaparando los cargos municipales, lo que les permitía una ma yor intervención sobre las finanzas ciudadanas. La otra cara de la moneda es la

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situación del común, los pecheros. Campesinos y artesanos vieron cómo se degradaban sus condiciones de vida y de trabajo, lo que provocaba fuertes re sistencias y luchas sociales en diversas regiones. Sin embargo, la temprana salida de la crisis en amplias zonas de Castilla, con su consiguiente expansión económica, hizo que en el siglo xv hubiera aún una relativa movilidad social, manifestada en algunas capas del campesinado, los labradores ricos, y sobre todo en las ciudades. El crecimiento del comercio propició el ascenso de una «burguesía» de comerciantes y grandes artesanos, que pugnaban con las vie jas familias de la oligarquía urbana por el poder municipal.16 La crisis bajomedieval en Castilla supuso la racionalización de su economía. Las sucesivas convulsiones trajeron consigo un fortalecimiento y una centra lización del Estado. Reforzamiento de las instituciones reales que no es en absoluto incompatible con el auge de la nobleza. La clave de esta aparente pa radoja está en la consolidación de la nueva fiscalidad real, que había nacido en el siglo xm y es propia ya de las monarquías del feudalismo de Estado y que en sus grandes trazos perdurará durante los siglos xvi y xvn. Básicamente gi raba sobre dos tipos de tributación. Las rentas ordinarias estaban compuestas de los ingresos de las aduanas, de las salinas, de los derechos de pasto, etc., y, sobre todo, de las alcabalas y tercias. La alcabala era una tasa equivalente al teóricamente 10 por 100 del valor de las transacciones comerciales; las tercias eran las dos novenas partes del diezmo eclesiástico, que desde 1430 habían sido donadas a perpetuidad por los papas a los monarcas castellanos. Su peso den tro de la Hacienda Real era importantísimo, ya que alcabalas y tercias suponían a fines del siglo xv el 80 por 100 de los ingresos ordinarios. De ahí el interés que tenían para la corona, pero también para los nobles y los grupos dirigentes de las ciudades, que aspiraban a hacerse cargo de su recaudación, lo que logra ron a lo largo del siglo xv. Pero para exigir dichos impuestos era forzosa la existencia de un poder central, con todo un complejo número de instituciones, leyes y letrados; en otras palabras, era necesaria la centralización de la monar quía. Pero, al mismo tiempo, ya que dichos tributos recaían sobre la producción (agraria y manufacturera) y sobre el comercio, interesaba que la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio y las finanzas se desarrollasen. En suma, que se produjera una racionalización de su economía, para que ésta estuviera más integrada en los circuitos internacionales.17 Aunque tales fenómenos se produjeron gradualmente y hubo grandes di ferencias regionales, conviene destacar los más importantes y novedosos. En algunas zonas, como Andalucía, desde las primeras décadas del siglo xv era apreciable el impulso de las dedicaciones ceralísticas y oleícolas, buscando la comercialización de sus productos en los centros urbanos, e incluso su expor tación (véase el gráfico 1.2). Parecidas razones explican en otras partes el de sarrollo del viñedo y el arroz o de determinadas plantas industriales como la rubia o el lino. Pero lo más destacable fue el triunfo de la opción ganadera trashumante. El abandono de tierras y la disminución de la población favore ció a la Mesta, que aumentó incesantemente sus privilegios.18 Por otro lado, los cambios en la tecnología textil acaecidos desde mediados del siglo xiv, y

LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES G r á f i c o 1.2. L a

p r o d u c c ió n d e c e r e a l e s en

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A n d a lu c ía O c c id e n t a l .

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Fuente; M. A. Ladero y M. González (1979), Diezmo eclesiástico y producción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilla, Universidad de Sevilla.

la aparición de nuevas pautas de consumo textil por parte de las clases altas de la población europea, promovieron la demanda de lana merina procedente de Castilla y, en menores cantidades, de Aragón. Desde finales del xiv, pero espe cialmente a partir de la década de 1420, la lana merina penetró masivamente en los centros textiles de Flandes, Francia e Italia. El resultado fue un constan te aumento del número de ovejas trashumantes, lo que favoreció a los grandes propietarios de rebaños, pero igualmente a los mercaderes exportadores de lana — encabezados por los burgaleses— . Para organizar su comercio interna cional, éstos fundaron colonias mercantiles y consulados en el extranjero: en Flandes se constituyó la nación castellana en Brujas en 1414, a la que se le concedió el privilegio del consulado en 1428; en Normandía aparecieron co lonias estables en los puertos de Harfleur y Ruán desde 1364, obteniendo el consulado a mediados del siglo xv; los condes de Bretaña les otorgaron dicho privilegio en Nantes en 1430; en La Rochela ya aparece una comunidad mer cantil estable desde 1424; por esos mismos años existía, igualmente, otra en Londres; y en Burdeos desde mediados de siglo. Tal situación se extendió también a lo largo y ancho de los principales puertos del Mediterráneo en esta primera mitad del siglo xv, cuando asistimos al establecimiento de cónsules de castellanos y vascos en Barcelona en 1388, en Génova en 1421, en Marse-

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lia en 1438, en Trápani en 1442, en Pisa en 1448, en Sicilia en 1421, y así su cesivamente. 19 El desarrollo de ciertos sectores de la agricultura y, especialmente, de la ganadería trashumante ovina impulsó la artesanía. La existencia de una red ur bana, que se hizo más densa y compleja como consecuencia de la reordena ción del poblamiento a causa de la crisis del siglo xiv, facilitó la recuperación de las actividades manufactureras. Aunque es muy difícil de rastrear, su evolu ción sí que puede observarse en el caso de la industria textil. Aquí, al igual que lo acontecido en otras partes de Europa, desde principios del siglo xv, junto al desarrollo de centros textiles urbanos tradicionales (Cuenca o Tole do), creció una industria rural fuertemente conectada con los mercaderes de las ciudades. Estamos ante el nacimiento de la industria a domicilio — deno minada con la expresión alemana del verlagssytem o la inglesa del putting-out system— la cual organiza su producción en pequeños talleres familiares (en el campo o en la ciudad), cuyos trabajadores son propietarios las más de las veces de los instrumentos de trabajo (telares, ruecas, peines de cardar, etc.) y al tener una economía mixta (campesina y manufacturera) producen con me nores costes salariales. Pero lo que singulariza al sistema de encargo a domici lio era la figura del mercader-empresario (el Verlager), un comerciante o gran fabricante de la ciudad que se encargaba de entregar la materia prima a los di ferentes talleres familiares, donde la transforman y, posteriormente, la recoge pagando a cada uno de ellos por pieza realizada. Podía ocurrir que todo el pro ceso de fabricación se hiciera a través de este sistema de subcontratación en el medio rural, pero lo más frecuente era que las labores más especializadas (el teñido o el acabado de los tejidos) se realizasen en la ciudad. Esto permitía aumentar la producción, ya que, aunque los paños fabricados eran de calidad media o baja, sus precios de venta los hacían asequibles a amplias capas de la población. Se creaba, pues, una relación campo/ciudad que perduró en Europa hasta el siglo xix. Esto comenzó a aparecer en las comarcas de Segovia, Ávila, Ciudad Real, montes de Cameros, Palencia, la sierra de Córdoba, e incluso en la propia Cuenca, aunque el gran desarrollo de este sistema vino a partir de mediados del siglo xv.20 Donde más evidente se hizo la recuperación económica de los territorios de Castilla fue en el sector mercantil y financiero. Por un lado, en el desarrollo del comercio interior, manifestado en el continuo aumento de los intercambios, que se reflejaba en el alza de los ingresos de los impuestos municipales que recaían sobre ellos, en la liberación del mercado monetario y bancario que hizo Juan II en 1435 y, sobre todo, en la proliferación de privilegios de mercados francos y ferias. Muchas de ellas eran de ámbito local o comarcal, pero otras comenzaban a erigirse en punto de unión entre mercaderes de diferentes partes de la península y de Europa. Son las ferias generales, entre las que empezaban a descollar las de Medina del Campo fundadas a principios del siglo xv. Se desarrollaban durante dos épocas del año (mayo y octubre) y duraban cin cuenta días, sirviendo de conexión para intercambiar productos de todo tipo de los pequeños y medianos comerciantes de ambas mesetas con los de los

LA ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES G r á f i c o i . 3. E v o l u c i ó n P ortazgo,

de las rentas del portazgo de e t c ., d e

Pa l e n c i a

41 y de la b a r r a ,

B u r g o s ( m r s .)

H Patencia I

Burgos

F u k n të : H. Casado Alonso (1991), «Producción agraria, precios y coyuntura económica en las diócesis de Burgos y Palencia a fines de la Edad Media», Studia Histórica, IX.

grandes mercaderes italianos, aragoneses, valencianos, flamencos, ingleses y portugueses y los comerciantes internacionales castellanos, liderados por los burgaleses. De ahí el éxito de tales ferias, que culminarán, según avance el siglo xv, con su transformación en ser el gran centro de negociación de las letras de cambio y otros valores: las ferias de pago (véase el gráfico 1.3).21 En el crecimiento de los intercambios interiores comenzaron a perfilarse, desde finales del siglo xiv, las diversas áreas y polos comerciales que perdura rán en los dos siglos siguientes. Por un lado, estaba la zona oriental de ambas mesetas y la cornisa cantábrica con localidades como Toledo, Cuenca, Valladolid, Segovia, Soria, Cuéllar, Castrojeriz, Medina del Campo, Santander, Laredo, Castro Urdíales, Bilbao, Deva y San Sebastián. Sus comerciantes, patrones de barcos y marineros, con los mercaderes de Burgos a su cabeza, iban a poner en relación los diferentes mercados interiores y éstos con el exterior. Por otro lado, estaba el polo de Sevilla, que inició un espectacular despegue en estos pri meros años del siglo xv, pasando de 15.000 habitantes en 1385 a 40.000 en 1490. A ello contribuyó, sin duda, el asentamiento de una numerosa colonia de mercaderes italianos, principalmente genoveses, pero también florentinos, toscanos y milaneses. La formación de estos polos comerciales trajo como consecuencia la paulatina inserción de la economía castellana en los circuitos

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mercantiles internacionales. No es extraño que estas zonas de Castilla fueran las que antes salieron de la crisis bajomedieval y en su crecimiento arrastraron al resto de los territorios .22 El impulso de los intercambios interiores vino acompañado por el desarrollo de redes de comercio exterior en Europa por parte de los mercaderes caste llanos. Surgidas en los siglos xn y xm, a partir de principios del siglo xv co menzaron un espectacular despegue que duraría hasta finales del siglo xvi. A los mercados tradicionales de la fachada atlántica europea, sumaron los portugueses y los de los puertos del Mediterráneo, donde penetraron con bar cos, mercaderes y mercancías desde finales del siglo xiv. Si en un principio, como hemos visto, su principal negocio fue la exportación de lana merina, la creación de colonias mercantiles castellanas en el extranjero, el conocimiento de las diferentes plazas, más el dominio de las nuevas técnicas mercantiles italianas y flamencas (la letra de cambio, la contabilidad por partida doble, el seguro marítimo, la compensación de pagos en las ferias), les permitió diver sificar actividades, mercados y productos. Al comercio de la lana añadieron el de otras materias primas (hierro, colorantes, vino, aceite, azúcar, pieles) de ori gen castellano y extranjero, y diversas manufacturas como las sedas italianas, los paños ingleses, los lienzos y paños flamencos, las obras de arte, etc. En suma, un comercio que cada vez se hacía más diverso, reflejo de una econo mía como la castellana cada vez más compleja y de ninguna manera colonial o periférica.23 Portugal fue otro reino peninsular donde los síntomas de una temprana re cuperación de la crisis bajomedieval se apreciaron antes de 1450. Al igual que su vecina Castilla, la recesión arranca de finales del siglo xm, aunque algunos autores afirman que no se produjo antes de 1330. independientemente de esta polémica, es indudable que la segunda mitad del siglo xiv fueron años de pro funda crisis, provocando fuertes desajustes territoriales al acelerar los des plazamientos de población del interior a las zonas costeras. A ello se sumaron las luchas civiles que a lo largo del siglo enfrentaron a los habitantes de las vi llas con la nobleza del interior, el norte contra el sur, a la nobleza cortesana con la nobleza territorial. El resultado final fue el triunfo del poder central del monarca, al que apoyaron ciertos sectores de la nobleza y las ciudades de la costa. De Lisboa, Setúbal, Aveiro, Oporto, Vila do Conde o Viana do Castelo partió la reorientación de la economía y la consiguiente salida de la crisis. El elemento fundamental vino de la mano del desarrollo del comercio, que im pulsó en dichas zonas una agricultura basada en la producción de materias pri mas para la exportación y, sobre todo, en aprovechar su situación geográfica en medio de las rutas que, como consecuencia de la apertura del estrecho de Gibraltar a partir de mediados del siglo xm, se estaban estableciendo entre las ciudades mediterráneas y los puertos del Canal de la Mancha. Al igual que Se villa, Lisboa fue residencia de muchos mercaderes extranjeros (flamencos, in gleses y franceses y, especialmente, genoveses y florentinos), que convivían con una cada vez más numerosa «burguesía» local. El crecimiento demográ fico es indicador de su recuperación económica, ya que su población en 1147


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era de unos 5.000 habitantes, en 1250 de 14.000, en 1400 de 35.000, en 1450 de 50.000 y en 1525 de 65.000. Este impulso comercial, unido a la emergencia de un fuerte sentimiento nacional fraguado en las guerras contra Castilla de finales del siglo xiv, explica el interés de los monarcas portugueses por la búsqueda y conquista de nuevos mercados. Fueron los comienzos de la expansión atlántica portuguesa, que se inició con la conquista de Ceuta (1415), Madeira (1418) y las islas Azores (1427-1431) y que continuó a lo largo de todo el siglo xv con la exploración de la costa africana, hasta concluir con la llegada a la India. En todas estas tierras implantaron una economía colonial, y así vemos que desde los años 1420-1430 lo que primó fue la producción de mercancías exportables como el azúcar, el vino, los cereales y la planta tintórea del pastel, amén de la captura de esclavos y la búsqueda del oro africano.24

b) La tardía y diferenciada crisis bajomedieval en los territorios de la corona de Aragón, Navarra y Granada /' En la corona de Aragón, la crisis bajomedieval adoptó unos comporta mientos muy diferenciados, tanto territorial como cronológicamente. El pe ríodo que va entre 1276 y mediados del siglo X I V supuso los años de su mayor apogeo económico, cultural y político dentro de Europa. Aunque la hegemo nía de la expansión correspondió a Cataluña, fueron también momentos de prosperidad para Aragón, Valencia y Baleares. La plasmación más notable de dicho esplendor fue la creación de un imperio mediterráneo. En el último cuarto del siglo xiii y durante la primera mitad de la centuria si guiente asistimos a un espectacular desarrollo comercial de la corona de Ara gón. Partiendo de las bases anteriores, los mercaderes de las ciudades costeras, de Mallorca y, sobre todo, de Barcelona extendieron una tupida red comercial por Europa. Sus mercaderes aparecían desde Bizancio, Siria y Alejandría has ta Londres y Brujas, pasando por Lisboa y Sevilla, pero fundamentalmente dominaban el Mediterráneo occidental: son las rutas que unían las costas italianas, Cerdeña y Sicilia con el norte de África, el reino musulmán de Gra nada, Provenza y el levante español. Traficaban con paños catalanes, hierro, madera, lana, oro, trigo aragonés y siciliano, algodón, esclavos, tintes, especias y sederías. Eran, pues, junto con sus rivales genoveses, písanos, venecianos o amalfitanos, los intermediarios de Africa y Asia con Europa. Tal desarrollo comercial no afectó por igual a todos los territorios de la corona de Aragón, lo que introdujo grandes distorsiones territoriales entre sus zonas del interior y las de la costa, ya que la economía del interior, aunque creció, entró en depen dencia de los intereses barceloneses.25 Junto con el florecimiento comercial, hubo una expansión imperialista. Los monarcas aragoneses participaron activamente en la política mediterránea a la búsqueda de conquistas territoriales para satisfacer sus intereses dinásticos y los de la nobleza y el patriciado urbano. En 1282, después de diversos vaive

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nes, incorporaron Sicilia; en 1326 Cerdeña; de 1311 a 1390 el ducado de Atenas y Neopatria; en esos mismos años intervinieron en Túnez; y pugnaban con Castilla por el reino de Murcia. Se estaban gestando, pues, las bases de la po lítica mediterránea de los sucesivos reyes de Aragón y, más tarde, de los Austrias y Borbones españoles (véase el mapa 1.6). El crecimiento mercantil vino acompañado por el desarrollo industrial. Las necesidades del comercio y de la guerra impulsaron la construcción naval y la metalurgia. Pero el sector con mayor desarrollo fue el textil: la pañería de Barcelona, Gerona, Vic, Perpiñán, Tortosa, Valencia y Mallorca; y los tejidos de algodón de Valencia. Este panorama empezó a cambiar a partir de mediados del siglo xiv. Los cambios en la coyuntura internacional mostraron la fragilidad de las bases del crecimiento económico aragonés y, sobre todo, del comercio catalán. En los años centrales de dicho siglo se advertían ya indicios negativos de descenso demográfico y disminución de la producción agrícola: las malas cosechas —desde el prim er mal any de 1333 la sucesión de carestías y hambrunas es constante— ; las plagas de langosta; los problemas en el abastecimiento de ali mentos en las ciudades; las subidas de precios; las fuertes epidemias; la agudi zación de la presión nobiliaria; la destrucción de los campos por las guerras; la reseñorialización de la sociedad — especialmente en Cataluña y Aragón—; los levantamientos campesinos, como el largo conflicto de los payeses de remensa, etc. Esta recesión agraria influyó en el sector artesanal, ya que cayó la de manda de bienes manufacturados con las consiguientes distorsiones entre pre cios y salarios. Pero a ello se- sumaron motivaciones de orden internacional y problemas de avituallamiento de materias primas para los centros de fabrica ción. La crisis del comercio catalán, la inseguridad en el transporte y la guerra civil provocaron tal estado de cosas que engendró numerosos levantamientos sociales, de los cuales los más importantes fueron los tumultos contra las ju derías en 1391 y, sobre todo, el conflicto de la Biga y la Busca que estalló en Barcelona a partir de los años 1428-1429. A estas calamidades se unieron las luchas civiles y la crisis financiera y monetaria en que se vieron inmersos gran parte de los territorios de la corona de Aragón. Eran continuas las devaluaciones monetarias, que distorsionaban precios y salarios, arruinando a muchos sectores sociales. Las guerras internas y externas en que se vieron inmersos los monarcas, sumadas al descenso de mográfico y de la producción, hundieron las finanzas reales, municipales y de las Generalitats. Ante ello, recurrieron al endeudamiento mediante la venta de títulos de deuda pública de diversa índole, que cada vez fueron más onero sos para dichas haciendas y que se convirtieron en un problema endémico de muy difícil solución, además de actuar como factor de desinversión para la agricultura, el comercio y la artesanía.26 El comercio catalán comenzó a manifestar algunos problemas desde los años finales del siglo xiv, pero todavía continuaba siendo muy competitivo a escala internacional. A ello habían contribuido la política de la ciudad de Bar celona y del Consolat de Mar al construir un nuevo arsenal, para mejorar la

1.6. E xpansión

m e d it e r r á n e a

de

la

corona

de

A ragón

F u e n te : M. Artola, dir. (1988), Enciclopedia de historia de España, Madrid, Alianza, vol. VI.

M apa

46


calidad y el tonelaje de los barcos, así como la difusión de las nuevas técnicas mercantiles que en estos años se estaban innovando en el Mediterráneo: la letra de cambio, la contabilidad por partida doble y el seguro marítimo. Pero a par tir de las décadas de 1420-1430 y de forma acusada desde 1450 los mercaderes catalanes entraron en crisis ante la competencia internacional —-acompañada de guerras— que les presentaron venecianos, florentinos y genoveses. Fueron perdiendo progresivamente los mercados orientales y, más tarde, los occiden tales. Para agravar sus males, tuvieron también que hacer frente a la rivalidad de los mercaderes de Burgos y de Portugal, y de los barcos gallegos, vascos y andaluces, que penetraban imparablemente en el Mediterráneo desde finales del siglo X I V . No ha de extrañarnos, pues, el hundimiento demográfico de Bar celona, que de aproximadamente 50.000 habitantes que tenía en 1340, quedó reducida a unos 28.500 en 1497 (véase el gráfico 1.4).27 La crisis catalana fue aprovechada por otras ciudades, como Palma de Ma llorca y, sobre todo, Valencia, que pudieron mantenerse parcialmente alejadas de las tensiones políticas, de las luchas civiles y de los problemas monetarios de la corona de Aragón. La primera pareció recuperarse a partir de 1405, pero fue de manera tan lenta que sus efectos apenas se notaron en el resto de las islas Baleares. La situación de Valencia indica un fuerte crecimiento a partir de los años 1412-1420. Su población pasó de 26.000 habitantes en 1361, a 36.000 en 1418 y a 70.000 en 1489, que la convertían en la urbe más populosa de la Península Ibérica en esos años. Tal dinamismo, que no debe de ser generaliza do a todo el reino de Valencia, hay que explicarlo a partir de las transforma ciones que en su economía impulsó la crisis de la segunda mitad del siglo xiv y que se manifestaron a partir de los años 1412-1420. Su agricultura se movía entre el autoconsumo y la comercialización — cuya mejor expresión fue la difusión del cultivo de la caña de azúcar— , lo que permitió a determinadas comarcas iniciar la recuperación. Pero el liderazgo de la expansión económica lo asumieron los comerciantes de la ciudad de Valencia, que aprovecharon la crisis de Barcelona para atraer hacia allí las corrientes del comercio interna cional. Desde estos años iniciales del siglo xv, fue Valencia la plaza en que se asentaron numerosos mercaderes y financieros extranjeros: flamencos, alema nes, portugueses, castellanos y, sobre todo, italianos (florentinos, lombardos, venecianos y genoveses). El desarrollo del comercio impulsó la artesanía lo cal, especialmente de la industria sedera. Esta inserción internacional es, pues, la que explica la temprana prosperidad de Valencia, pero a la postre engendró también su futura fragilidad.28 El pequeño reino de Navarra, encajonado en los siglos xu y xm por los otros reinos cristianos y privado de salida directa al mar, se vio muy afectado por la crisis bajomedieval, cuyas manifestaciones —carestías, pestes, despo blaciones, tensiones sociales, luchas políticas— comenzaron a producirse a partir de finales del siglo xm y se prolongaron más allá de 1450. Ello hizo que se desarticulara social y territorial mente, con la consiguiente debilidad polí tica, que favoreció la intromisión de sus poderosos vecinos: Francia, Castilla y Aragón.29

É

1.4. El m o v im ien to

del

p u erto

de B a r c e l o n a , 1390-1504

F u en te: Elaboración a partir de M. del Treppo (1972), IMercanti catalani e I ’espansione della corona d ’Aragona nel secolo w, Nápoles, Arte Tipográfica.

G ráfico

L as

c o r o n a s , reinos y pr o v in c ia s

p e n in s u l a r e s

en

1450

M. Artola, dir. (1988), Enciclopedia de historia de España, Madrid, Alianza, vol. VI.

1.7.

F uente:

M apa


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Una situación de parecida fragilidad es la del reino nazarita de Granada. Aunque en el siglo xiv conoció un período de prosperidad económica —aumen tó su población, se desarrolló la agricultura de regadío, creció la artesanía de la seda y la cerámica dorada, hubo un auge de los intercambios interiores y exteriores merced al impulso de los puertos de Almería y, sobre todo, de Mála ga y a la presencia de numerosos mercaderes italianos, valencianos y catala nes— y cultural —la Alhambra de Granada— , la fragilidad de sus estructuras políticas y los cambios en la economía internacional la empujaron a la deca dencia durante el siglo xv.30

A mediados del siglo xv las Españas medievales presentan un panorama muy diferente al del año 1000. A lo largo de estos siglos, desde el punto de vista económico y social, se habían ido conformando las características del feuda lismo. Este proceso significó una ruptura respecto a lo anterior. Y ello tanto en los primitivos núcleos de resistencia de las montañas norteñas, de economía atrasada, estructuras sociales de tipo gentilicio y aisladas políticamente; como Al-Andalus, que conocía en los momentos del califato de los Omeyas su edad dorada, convertida en una de las zonas más prósperas de Europa. Desde el siglo XI se asistió al progresivo auge de la nobleza militar y la aristocracia eclesiástica, que impusieron su sistema económico, social y político, valién dose para ello de los fenómenos de la Reconquista y la repoblación, pero tam bién integrando corrientes e influjos provenientes de otras partes de la Europa occidental. Todo ello acompañado por un crecimiento de la economía, una transformación del paisaje y un desarrollo urbano. A partir de esos momentos, los reinos cristianos peninsulares están perfectamente insertos en el contexto europeo, aunque conserven matices peculiares. La crisis de los siglos xiv y xv reforzará aún más el sistema feudal, conformando las características de la eco nomía y la sociedad española, que a grandes rasgos perdurarán hasta finales del Antiguo Régimen (véase el mapa 1.7). En 1450 la historia de la Península Ibérica es la de los cinco reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada. Sus fronteras estaban prácticamente fi jadas y en el futuro sólo conocerán leves retoques. La instauración de la dinas tía de los Trastámara en Castilla en 1369, en Aragón en 1412 y en Navarra en 1425 fue creando las bases de la posterior unidad dinástica de los Reyes Católicos. Pero esta unión bajo un mismo monarca no significó la homogeneización de los territorios peninsulares. Las divergencias seguían siendo muy grandes aun dentro de cada uno de los reinos. Las salidas a la crisis bajomedieval indicaban los nuevos rumbos de la economía para los tiempos moder nos, en los que el desarrollo del comercio y el incipiente capitalismo marca ron la pauta. Como hemos visto, también la propia crisis resultó muy desigual de unas zonas a otras, por lo que la racionalización de la economía se efectuó de forma diferente. Portugal y, sobre todo, Castilla serán las que encabecen la ex pansión del siglo xv, impulsando los nuevos rumbos atlánticos que comenza ban a imponerse en la economía mundial.

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LECTURA RECOMENDADA J. A, Sesma Muñoz (1995), «Producción para el mercado, comercio y desarrollo mercantil en espacios interiores (1250-1350): el modelo del sur de Aragón», en VVAA,, Europa en los umbrales de la crisis ( l 250-1350). XXI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, pp. 205-246.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA La única obra general que trata específicamente la historia económica de la España medieval es la de Charles E. Dufourq y Jean Gautier Dalché (1993), Historia econó mica y social de la España cristiana en la Edad Media, Barcelona, El Albir (edición original en París, A. Colin, 1976), pero está superada en algunas de sus partes. Sin embargo, todas las obras generales de Historia Medieval de España dedican aparta dos a las cuestiones económicas, siendo las más importantes las de José Luís Martín (1993), La España medieval, vol. II de J. Tuscll, dir., Manual de historia de España, Madrid, Historia 16; Paulino Iradiel, Salustíano Moreta y Esteban Sarasa (1989), Historia medieval de la España cristiana, Madrid, Cátedra; J. M. Mínguez y F. J. Fernández Conde (1995), Las sociedades feudales, vols. I y II de Historia de España, Madrid, Nerea; D. Menjot (1996), Les Espagnes medievales, 409-1474, París, Hachette; y la más reciente de J. Carrasco, J. M. Salrach, J. Valdeón y M. J. Viguera (2002), Historia de las Españas medievales, Barcelona, Crítica. Sobre historia medieval de Portugal, véanse: J. Serräo y A. H. Oliveira Marques, dirs. (1990), Nova historia de Portugal, vols. Ill y IV, Lisboa, Presenta; J. Mattoso, dir. (1997), Historia de Portugal, vol. II: A monarquía feudal (1096-1480), Lisboa, Edito rial Estampa, La mejor interpretación sobre la evolución del feudalismo en la Península Ibérica sigue siendo la de José Ángel García de Cortázar (1988), La sociedad rural en la España medieval, Madrid, Siglo XXI.

2. EL SIGLO DE LA HEGEMONÍA CASTELLANA (1450-1590)1 B a r t o l o m é Y u n C a s a l il l a Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Aunque con notables disparidades regionales, los territorios peninsulares asistieron en el siglo xvi a uno de los períodos más expansivos de su historia. El crecimiento económico era en parte una mera prolongación, tras las dificul tades del siglo X I V , de la Reconquista y repoblación de la época medieval, pero introdujo también importantes novedades. Sin ellas sería inexplicable una vita lidad que ha justificado a menudo el hablar del «Siglo de Oro», término quizá ajustado desde la óptica cultural, pero mucho más dudoso desde la económica. Los motores de tal expansión fueron, por un lado, un aumento de la produc ción agraria y de la población, y por otro, el desarrollo de las ciudades, basado en el empuje de la industria, el comercio y las actividades financieras que, se gún algunos autores, había dado lugar a la formación de un sistema urbano. Esta fue la base del poderío político de la corona de Castilla — sin duda el área más dinámica económicamente— , que, inserta en el complejo sistema patrimo nial de los Austrias, se habría de convertir en una potencia hegemónica dentro de la Cristiandad y en la columna vertebral del mal llamado Imperio español. Por eso, usando la palabra en un sentido amplio, podemos decir que fue, en más de un sentido, un muy largo siglo de hegemonía castellana. Si hasta la década de 1970 los historiadores pensaban que tal crecimiento se había dado en el contex to de una economía arcaica, dependiente y poco desarrollada, la investigación de los últimos años permite ahora contemplar este período con otros ojos.

2.1. En

LOS ORÍGENES DE LA EXPANSIÓN CASTELLANA

(1450-1504)

Superadas, no sólo en la corona de Castilla, sino en buena parte de Europa, las secuelas de la Peste Negra y la crisis del siglo xiv, se inició una nueva fase de extensión de los cultivos y de repoblación interior. La emigración desde las

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zonas del norte hacia el sur fue una de sus características fundamentales. Ob viamente, uno de los componentes de la expansión habría de ser el crecimiento demográfico. Pero, al mismo tiempo, fue fruto de una convergencia de factores de tipo internacional e interno, e incluso de cambios importantes en las relacio nes sociales. Sin esos factores no se explica no ya sólo el crecimiento, sino so bre todo sus características y, en particular, la expansión oceánica de que vino acompañado. Sin embargo, la coyuntura económica de los distintos territorios peninsulares había de ser muy distinta, especialmente en el caso de Cataluña.

Las economías españolas en el contexto internacional Desde mediados del siglo xv, con fuertes diferencias según las regiones, se asiste en buena parte de Europa a una nueva fase de crecimiento económico. Como recordaban los historiadores en la más pura vena malthusiana, la rccesión demográfica iniciada a mediados del siglo xrv había dado paso a la abundan cia de tierra cultivable y la reclusión de los cultivos en las áreas más fértiles; éstas trajeron consigo un aumento de los rendimientos medios por superficie y por habitante que, sin duda, actuaron como un primer impulso al crecimiento poblacional. Lo que solían olvidar los neomalthusianos era que en tal proceso concurrían factores de tipo institucional y social. Así, los cambios en las for mas de tenencia de la tierra, que permitían un acceso más flexible a ésta, y el desarrollo de los mercados locales y las actividades auxiliares (industria do méstica, actividades de acarreo y transporte) estaban dotando a las economías campesinas de una mayor flexibilidad y resistencia a las malas cosechas, a la vez que mejoraban las condiciones de vida y la capacidad de reproducción de las familias. Por otro lado, además del dinamismo en la agricultura, la expansión es el fruto de una recomposición de las redes de comercio internacional, alimenta da por el aumento de la demanda de los grupos privilegiados (aristocracia no biliaria y eclesiástica, patriciados urbanos). Detrás de estos cambios en la de manda estaban en buena medida factores culturales como las nuevas formas de sociabilidad, urbana y aristocrática, propias del Renacimiento. En esas redes comerciales renovadas habría de encontrar la Península Ibérica un creciente protagonismo. Ya desde la primera mitad del siglo, la caída de los precios en oro supuso una revalorización de éste que, combinada con las dificultades de abasteci miento del metal precioso, incitarían la penetración de los intereses genoveses en la península. Los genoveses buscaban aquí las remesas de oro tradicional mente procedentes del centro de África. A partir de 1460 esa necesidad de me tales preciosos vendría a mitigarse en parte con el descubrimiento de las mi nas alemanas y la progresiva mejora de los sistemas de pago (uso creciente de la letra de cambio, coordinación de las ferias internacionales). Pero la expan sión de los intercambios no haría sino reforzar el interés por la moneda de ca lidad. La creciente demanda de azúcar y otras especias por parte de las clases

EL SIGLO DE LA HEGEMONÍA CAS TELLANA

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acomodadas europeas actuaría en el mismo sentido; fue el azúcar, por ejem plo, lo que atrajo el interés por las Canarias. La consolidación de la ruta que hacía pasar por Gibraltar el comercio cada vez más intenso entre Italia y Flandes tuvo asimismo repercusiones importantes sobre el papel de la península en el comercio internacional. Con una Cataluña inmersa en dificultades económicas y políticas, la ruta que unía el Mediterráneo central con el Levante español se habría de reorientar hacia Mallorca e Ibiza, a cuyo favor jugaba la producción y el comercio de sal hacia el norte de Europa. Ya en tierra firme, Valencia liga ría su empuje y el desarrollo de industrias como la de la seda a la pujanza de estos tráficos. Al tiempo, se dinamizaba el comercio sevillano y del conjunto de la costa del sureste andaluz, desde donde los vinos, el aceite y otros pro ductos servían de base a una relación que daba pie al establecimiento de una colonia creciente de genoveses, cada vez más interesados en el Atlántico. De su mano cobraron impulso la banca, las técnicas comerciales y el crédito en general en la corona de Castilla. Este mismo comercio enlazaba por Lisboa y las costas cantábricas con el tráfico del norte. De los puertos santanderinos, vizcaínos y guipuzcoanos salían productos como el hierro (aún elaborado en las ferrerías locales) o la lana cas tellana; allí se dejaba además una parte de la producción mediterránea. Y por allí se conectaba con la costa oeste de Francia, con Inglaterra, de donde cada vez más se importaban paños; con Flandes, de donde empezaban a llegar los paños finos que estaban cambiando la economía flamenca, y las obras de arte que tanto calaron entre la nobleza castellana. Los resultados eran visibles. Este comercio revitalizó muchas áreas coste ras, con efectos directos e indirectos que resultaban a la vez evidentes y selec tivos. Valencia conoció un período de esplendor urbano sin precedentes, que la convirtió, con 70.000 habitantes en 1489, en la ciudad más poblada de la monarquía. Sevilla se fue definiendo como el gran puerto atlántico, con un nota ble desarrollo del artesanado. Entre los efectos indirectos del comercio del norte se cuentan los viajes que intentaban bordear África en busca del oro, el azúcar y las especias, y que de paso servían para explorar los bancos de pesca. Bur gos, en el norte, capitalizó el tráfico cantábrico, y su prosperidad estuvo en el trasfondo de la expansión de las reuniones feriales de Castilla la Vieja que, cada vez más y a golpe de privilegios, estaban promocionando príncipes y nobles (Medina del Campo, Medina de Rioseco y Villalón). No es extraño que ciuda des como Barcelona, que habían quedado al margen de estos grandes flujos, conocieran problemas. Y ello pese a que el tráfico terrestre con el sur de Fran cia —el comercio de azafrán, el del pastel, etc.— ejercía todavía allí, como también en Zaragoza, efectos positivos. Toda esa confluencia de fuerzas se tradujo en la expansión descubridora que habría de llevar a América. La búsqueda de especias y oro, la explotación pesquera del norte de África, por la que tan interesados se mostraron los no bles andaluces, y la ocupación de las Canarias prepararían el salto de 1492. Al servicio de este paso quedaron los fabulosos avances culturales y técnicos que el Renacimiento (entendido como movimiento en el que confluyen culturas

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diferentes) puso a disposición de los marinos andaluces: los progresos en la cartografía, que tanto debían a los judíos de la escuela medieval mallorquína y a los matemáticos árabes; el uso de la imprenta, con lo que conlleva de repro ducción más precisa de cartas náuticas y portulanos; la brújula, de remotos orí genes chinos; la carabela, auténtica maravilla de la navegación ibérica y sín tesis en cuestión de velocidad, autonomía y maniobrabilidad de distintos tipos de embarcación del norte y del sur de Europa, hicieron posible el progresivo conocimiento de vientos y corrientes que desembocó en el viaje de Cristóbal Colón. Pese a todo, seria un error explicar lo que estaba sucediendo exclusivamente en función de estímulos externos. Como en toda Europa, las raíces del creci miento eran endógenas. Tenían que ver con el campo y también con las ciuda des, así como con el cambio social e institucional.2

El crecimiento desde dentro: raíces económicas y sociales El impulso de las economías ibéricas fue consecuencia de la abundancia de tierras cultivables y de las posibilidades que éstas brindaban de cara a la ex pansión demográfica y a la movilidad de la población, así como de importan tes transformaciones de tipo social e institucional. Durante el siglo xv se mantuvo e intensificó la corriente de repoblación hacia el sur, donde la abundancia de tierra y el dinamismo comercial seguían ejerciendo un fuerte atractivo. Las consecuencias de la repoblación eran par ticularmente perceptibles en Andalucía, en alguna de cuyas comarcas cobraba fuerza una economía agraria basada en los grandes latifundios, que encontra ban en estos recién llegados y en los emigrantes temporales la mano de obra necesaria. O en Valencia, donde se experimentó un notable aumento de los efec tivos demográficos y de la producción agraria. Más al norte, la necesidad de brazos (a la que no son ajenas las corrientes migratorias aludidas) y el deseo de acrecentar la renta señorial llevaba a mu chos nobles y señores de vasallos a implantar en sus señoríos fórmulas de ce sión de la tierra muy beneficiosas para el cultivo. En Galicia abundaban los foros, una modalidad de cesión enfitéutica, a muy largo plazo; en el valle del Duero era frecuente que los grandes señores no sólo impulsaran ferias y mer cados locales, sino también que alentaran un intenso proceso de repoblación interior o que cedieran en enfiteusis grandes extensiones a las comunidades ru rales, unas veces espacios de monte o por cultivar, otras veces en lotes a repar tir entre los vecinos. En la corona de Aragón, en cambio, con unas relaciones sociales basadas en un poder señorial casi incontestado, la reacción de algunos fue un mayor control de la población campesina, sobre todo en las comunida des moriscas, e incluso se llegó a una radicalización de las imposiciones seño riales que en Cataluña estaría detrás del conflicto remensa. En este contexto, y ante el tirón del comercio internacional, se entiende la expansión de la ganadería, y en particular de la Mesta, en la que ya es notorio

BL SIGLO DB LA HEGEMONÍA CASTELLANA

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el peso de los nobles e instituciones eclesiásticas entre los grandes propietarios de rebaños. La cabaña ovina trashumante pudo pasar de uno a tres millones de cabezas entre 1400 y 1500, al tiempo que recibía de los reyes crecientes privi legios sobre el uso de cañadas y pastos.1 También las ciudades tuvieron su protagonismo. Organizadas como sóli dos señoríos urbanos y bien delimitados sus derechos y espacios jurisdiccio nales, fueron beneficiarías e impulsoras de la expansión rural. Desde las ciu dades, e incluso desde villas de segunda fila en ocasiones, se reglamentaron mercados y se crearon espacios de comercio que, aunque establecían restric ciones a los tráficos a larga distancia, implicaban beneficios para la producción de su entorno, en particular cultivos como el viñedo. Las ciudades se aprove chaban de la expansión de los cultivos y de la concentración de renta agraria que patricios y particulares bombeaban hacia ellas a través de diezmos y arrendamientos de sus propiedades cercanas. Este incremento del ingreso tuvo como manifestación más visible el esplendor urbanístico y el embellecimiento arquitectónico de muchas ciudades en esta época. Para poder alimentar a una población en aumento, los núcleos urbanos recurrían a complejos sistemas de abastecimiento que mezclaban la compra con la coerción. Como resultado de todo ello, en su seno se desarrolló asimismo el artesanado y el comercio. Cuenca, Córdoba, Toledo, Valencia, Segovia, Granada o Zaragoza empezaban a destacar, ya en 1500, como centros industriales importantes. Valladolid, Gra nada, Salamanca y otros concentraban servicios universitarios y burocráticos. Sevilla, Medina del Campo, Burgos, la misma Valencia o Zaragoza y Barcelona —pese a los problemas— daban cobijo a actividades comerciales y financie ras. El sector de la construcción floreció en todas ellas al hilo de la demanda de casas y palacios y del crecimiento demográfico.4 De este modo, resultaba evidente el crecimiento de las áreas del interior. En Castilla, sobre todo, la malla de señoríos urbanos era especialmente densa en el valle del Duero, y en la Meseta en general, y enlazaba fluidamente con las áreas costeras. En la corona de Aragón y Navarra, la red estaba mucho más polarizada, y centros como Pamplona — un núcleo secundario para los niveles castellanos— , Zaragoza, Valencia y Barcelona sobresalían sin solución de continuidad respecto de las áreas rurales. Ciertamente, merece la pena subrayar la notable convergencia de las energías del interior peninsular con el desarro llo de la periferia y de las zonas costeras. Pero no es menos claro que el modelo de desarrollo urbano —y de crecimiento económico en general— tuvo un so porte decisivo en las áreas del interior.

El marco social e institucional de la expansión: rasgos comunes y diversidad El crecimiento económico era también fuente de desequilibrios sociales. La creciente importancia de los mercaderes y hombres de negocios en una so ciedad basada en el privilegio, o el aumento del número de pobres y desarrai gados al hilo de la mayor movilidad poblacional y de las rigideces del sistema

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productivo, introducían tensiones importantes en aquellas sociedades. Con todo, el crecimiento no parece haber desestabilizado el sistema social y políti co de los distintos reinos, sino que, por el contrario, bien pudo actuar como un sedante de conflictos, por lo menos hasta comienzos del siglo xvi. En Castilla, las estructuras señoriales y el predominio social de la aristo cracia no parecen haber sufrido merma. El acceso a nuevas fuentes de renta, sobre todo en las etapas de guerras civiles (en especial alcabalas y rentas enaje nadas de la corona), no sólo modernizó sino que incluso fortaleció la economía de las grandes casas, evitando el deterioro del ingreso señorial. En idéntico sentido actuó la difusión del mayorazgo, una institución que se convirtió en la forma dominante de la propiedad nobiliaria hasta fines del siglo xvm. El ma yorazgo agrupaba una serie de bienes, sobre todo tierras y derechos señoria les, que debían heredarse en bloque dentro de un linaje, prefiriendo el varón a la hembra, y el mayor al menor —de ahí su nombre— . De estos bienes y sus rentas el heredero podía disfrutar, pero no disponer: ni para venderlos o repar tirlos entre sus hijos o, teóricamente, ni siquiera hipotecarlos. Constituía, junto con la propiedad eclesiástica, una forma de propiedad vinculada o amortiza da, es decir, apartada de los mercados de bienes. Como es fácil comprender, entrañaba una garantía de continuidad para las familias aristocráticas. En Castilla, los linajes nobiliarios más importantes, los que habían de regir los destinos del país durante la Edad Moderna, los Mendoza, los Enriquez, Velas co, Pimentel, Ponce de León y otros, estaban ya formados a fines del siglo xv. El patriciado urbano, a menudo ligado a las grandes familias nobles a través de lazos de clientelismo local, reforzaba su poder merced a sus riquezas cre cientes y su fuerza en el manejo de privilegios propios o el gobierno de las instituciones municipales. En Aragón y Valencia, una aristocracia más débil económicamente — el escaso desarrollo del aparato fiscal de la monarquía no permitía aquí el acceso a fuentes de renta centralizada— sedimentaba su for taleza sobre la base de su enorme peso jurisdiccional y el dominio de las comu nidades moriscas. La expansión de la renta señorial, en parte a costa del realengo, chocaría con la fortaleza creciente de las ciudades y la corona, en particular tras la su bida al trono de Isabel y Fernando. Pero el resultado de esa situación sería un nuevo equilibrio que, a su vez, habría de marcar las características de los dis tintos sistemas fiscales de cada reino. En Castilla, contra lo que se ha repetido a menudo, los Reyes Católicos apenas si alteraron la relación de fuerzas entre los distintos sectores de la so ciedad. La presión de las Cortes y el propio interés les llevaron a revisar las cesiones de rentas y territorios de realengo realizadas por monarcas anteriores a favor de algunos nobles, así como a fijar las formas de cobro de los impues tos. También promovieron la emisión de una moneda estable; tras su introduc ción en Valencia, el reino más próspero, mandaron acuñar en Castilla una mo neda de oro, el excelente (similar al ducado veneciano, por lo que acabaría recibiendo ese mismo nombre), y más tarde el principal en Cataluña, de ca racterísticas similares. Estas acciones, al decir de J. Vicens «la única medida

EL SIGLO DE LA HEGEMONÍA CASTELLANA

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de unificación económica», permitieron una cierta estabilización en el seg mento de las monedas de alto valor. Al mismo tiempo iniciaron una reforma de la moneda menuda, imprescindible para las transacciones al por menor. Pese a tales actuaciones, Isabel y Fernando fueron incapaces no ya de res catar muchas de las fuentes de renta enajenadas con anterioridad, sino incluso de introducir reformas fiscales de sustancia. Atenazados por el poder de las ciudades, lograron posponer las reuniones de Cortes y mantuvieron proce dimientos de actuación que les daban ciertas ventajas a la hora de votar los servicios (los impuestos que debían aprobar las Cortes). Con todo, lejos de una reforma hacendística en profundidad, que hubiera chocado con multitud de privilegios, debieron conformarse con la revalorización de las rentas de al cabalas, almojarifazgos y similares para atender a los gastos. Una revaloriza ción que, por otra parte, venía propiciada por el crecimiento económico; no es extraño que los ingresos de la corona crecieran en este período. La guerra de Granada, sin embargo, mostró bien a las claras las limitaciones de este proce so, con una monarquía que daba grandes pasos en lo referente a la centrali zación del sistema logístico, pero dependía en lo económico de caballeros, aristócratas, grandes instituciones eclesiásticas y ciudades cuyo apoyo debía luego recompensar.5 En Aragón y Navarra, el equilibrio de poder era un obstáculo aún más efi caz para las reformas del sistema hacendístico y fiscal. Tanto en el reino de Aragón como en Navarra o Valencia y Cataluña, los procedimientos de reu nión y desarrollo de las sesiones de Cortes actuaban a favor del reino, ya que los monarcas dependían del servicio, que no se votaba hasta que se hubieran atendido las quejas de los procuradores. Además, en todos estos reinos, aunque no de la misma forma, el gasto era controlado por las diputaciones de Cortes, lo que limitaba la capacidad del rey para disponer de los fondos. De este modo, la unión —puramente patrimonial— de las coronas de Cas tilla y Aragón no introdujo grandes cambios en lo que se refiere a los sistemas hacendísticos. Por razones obvias, los distintos reinos mantuvieron su indepen dencia institucional, mientras que el equilibrio de fuerzas en cada uno de ellos tan sólo permitía tímidos pasos hacia un sistema que permitiera a los reyes movilizar los recursos de un modo mínimamente eficaz. Por lo que se refiere al monarca de Castilla, habría de ser, junto al de Francia, uno de los príncipes más poderosos de la Cristiandad; pero ese hecho no responde en absoluto a una modernización de largo alcance del sistema fiscal, en el sentido que mu chas veces se ha supuesto bajo el rótulo de Estado moderno. Es más, la propia organización política, basada en el sistema de gobierno colectivo a través de los Consejos, instituciones que tenían un fuerte componente judicial y que ha bían de velar, no tanto o no sólo por el gobierno del reino, sino por el mante nimiento de sus leyes y costumbres, sirvió de freno a la creación de un Estado fiscalista eficaz a la hora de recabar recursos de los súbditos.


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2.2.

E

l c r e c im ie n t o e c o n ó m ic o en su a p o g e o

(1504-1575)

Tales fueron las claves de una expansión económica que tendría como es cenario el conjunto peninsular y que se ha prestado a diversas caracterizacio nes. Hay quien la ha considerado —incluso en el caso de Castilla, sin duda el territorio más dinámico— como una expansión sobre las bases de una eco nomía arcaica y poco desarrollada. Partiendo de una visión similar y subra yando, además, la importancia del sector exterior y el comercio de materias primas, I. Wallerstein llegó a hablar de una «semiperiferia» de la economía mundial, cuya función habría sido la de servir de puente al comercio con América, o, más específicamente, de estación de tránsito de metales preciosos y materias primas de las Indias a Europa y de productos industriales desde ésta al Nuevo Mundo.6

El crecimiento y sus frenos Sin duda, hay bases históricas para esas caracterizaciones. Es obvio que, comparada con las agriculturas del norte de Europa (por ejemplo, con los Paí ses Bajos, donde se asistía ya a los progresos de la labranza convertible), los sistemas agrarios peninsulares no parecen haber generado avances sustanciales en las formas de cultivo y, por tanto, en los rendimientos de la tierra. La rota ción de cultivos de año y vez, o al tercio, parece haber predominado en la pe nínsula. En algunas áreas de Murcia, Granada, Valencia y Aragón se desarro lló el regadío, y cobraron importancia actividades alternativas orientadas a la producción de materias primas para la industria, como la producción de seda o azúcar. Incluso en la cornisa cantábrica se asiste a la tímida difusión de pro ductos nuevos, como el panizo —un cereal de calidad inferior— , y el cultivo del azafrán progresa en Aragón. Pese a todo, la idea habitual entre los historiadores del período es que esta es una agricultura con grandes deficiencias, en la que los útiles de labranza (arado romano, sistemas de atalaje, etc.) apenas si evolucionaron, en la que el crecimiento de la producción dependía en su mayor parte de la extensión de la superficie cultivada y en la que las técnicas de abonado (excrementos del ga nado, principalmente ovino) casi no habían cambiado. Una agricultura presi dida por el creciente peso de las reglamentaciones de las comunidades rurales y, en consecuencia, por rigideces productivas que obstaculizaban cambios im portantes. Unas comunidades rurales —de aldea o de valle— que constituían la pieza clave de la economía agraria: gestionaban los recursos comunales (pastos y bosques, derechos, y a veces tierras de labor), cruciales para la eco nomía campesina, pero también regulaban la actividad productiva (fechas de las labores, introducción de cultivos nuevos), y a través de los concejos podían canalizar recursos financieros, repartir las contribuciones, o negociar con las autoridades, fueran señoriales o de la monarquía. Todo ello dentro de la tónica


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dominante de una gran diversidad de los sistemas agrarios que hay que rela cionar tanto con el predominio de distintas formas de tenencia de la tierra como con la gran diversidad de ecosistemas. Una impresión similar, de atraso general compatible con focos aislados pero pujantes de progreso, produce la evolución del sector exterior y el papel que se atribuye a la península en los mercados internacionales. Las cifras dis ponibles, cada vez más afinadas, demuestran un crecimiento de las exportacio nes de materias primas, entre las que destacan la lana o la seda en bruto, que parece cuadrar con la imagen de una economía de exportación. Y no se trataba sólo de estos productos: otros, como el hierro, se habían empezado a exportar a partir de la década de 1530 como materia prima —mineral en bruto— y no como bien elaborado; la exportación de aceites y vinos andaluces parece ha ber aumentado a lo largo del siglo x v l Encaja ahí la descripción que hizo Ra món Carande en su momento de unas ferias de Castilla cuya función básica era servir de trampolín a la salida de materias primas en general, así como para la importación de manufacturas. En cuanto a éstas — la otra cara de la moneda— también se ha subrayado su creciente entrada en Castilla a medida que la riqueza de los grupos privilegiados, las formas de sociabilidad renacen tistas y la incipiente vida cortesana impulsaban el consumo de productos de alta calidad e incluso suntuarios. Tales flujos parecen haber conducido a una balanza comercial deficitaria, como denunciaron claramente algunos teóricos de la época. Luis Ortiz, en su famoso Memorial de 1558, planteaba la necesidad de limitar las importaciones de productos industriales. Y, si bien la suya es una teoría de fuerte componen te bullonista (se trata de evitar la salida de oro y plata), implicaba ya un paso importante hacia la construcción de una teoría de la balanza comercial. En todo caso, sabemos que detrás de esta situación no había sólo mecanis mos de tipo comercial, sino también de carácter monetario y financiero, algo que tampoco escapaba a los tratadistas. Los préstamos contratados por la mo narquía — llamados asientos— con los banqueros u hombres de negocios ex tranjeros alimentaban también el déficit. Muchos de los asentistas —como se llamaban a los banqueros que hacían asientos— operaban mediante el proce dimiento de arrendar rentas cuyos frutos —es el caso de la renta de la seda de Granada— se sacaban del país para atender la demanda de centros industriales en Italia o Flandes. Otros intentaban repatriar sus capitales mediante la com pra de materias primas que, vendidas luego en sus países de origen, multipli caban sus beneficios. Estos mismos circuitos y la sólida y promiscua implan tación de las redes financieras y comerciales internacionales en centros como Sevilla o Medina del Campo servían para canalizar los productos extranjeros hacia el incipiente mercado americano, en una red a cuya agilidad contribuía la corriente de oro (hasta 1550-1560) y plata (desde la década de 1560 en adelante). En el caso de Sevilla, cuyo tráfico con América conoció una notable expansión (véase el gráfico 2.1), factor clave fue la concesión del monopolio de los tráficos con América, que debían pasar necesariamente por la Casa de Contratación, establecida allí en 1503. A la Casa se le encomendaba el control

G rá fic o

2.1.

T o n e la je s db lo s t r á f i c o s d l S e v i l l a c o n A m é ric a (EN TONELADAS DE ARQUEO =

2,83

M3)

Idas + Retornos

Curva anual ponderada F u e n t e : P. C h a u n u (1983 ).

______ Media móvil d e 5 años

Media móvil de 13 años


61

del comercio, la organización de las flotas, el cobro de los derechos fiscales y hasta la vigilancia de la emigración a las Indias. En cuanto a Medina, su feria de pagos —de cincuenta días de duración, empezando en mayo— se insertaba ya desde fines del xiv en una triple esfera de intercambios: comarcales, in terregionales e internacionales. En esta última faceta, en Medina —como en las cercanas y coordinadas ferias de Villalón y Medina de Rioseco- - se contrata ban y se efectuaban pagos coordinados con las ferias de Flandes y de Italia. Así, en las ferias se concentraban tanto las mercancías —paños, especias, joyas, lana, etc.— , y dineros —en metal o en forma de letras— , como los agentes especializados en su manejo: comerciantes, banqueros, asentistas, «hombres de negocios» todos. Instrumentos esenciales en dicho proceso fueron obviamen te el desarrollo de los medios de pago, el uso cada vez más frecuente y ágil de las letras de cambio, del endoso, de la contabilidad por partida doble, que los hombres de negocios castellanos parecen haber aprendido de los italianos.7 En este contexto, además, se ha encajado y explicado el alza de precios que se experimenta en los reinos peninsulares y sus consecuencias. La llamada «revolución de los precios», un proceso de inflación que, sin embargo, apenas si alcanzó el 2 por 100 de media anual y que se prolongaría durante todo el siglo (véase el gráfico 2.2) se relacionó en su momento por E. Hamilton con la llegada masiva de metales preciosos. Pero, según las cifras que aportaba el propio Hamilton, las remesas de metales habrían sido más cuantiosas desde la década de 1560 en adelante, lo que cuadra con el hecho de que los precios cre cieran más en esta segunda mitad del siglo.8 En realidad, esta tesis no es tan original, pues ya fue apuntada en la época por pensadores de la llamada «es cuela de Salamanca», como el navarro M. Azpilcueta o el sevillano Tomás de Mercado, que reflexionaron sobre otros muchos aspectos de la economía del momento. Argumentaban que el aumento de la moneda en circulación no sólo habría sido la causa del aumento de precio en los productos castellanos, sino también de la pérdida de competitividad de las manufacturas españolas en comparación con las extranjeras. Este fenómeno, junto con el encarecimiento de los salarios, y en general de los costes de producción, estaría en la base de la ruina de una industria ya de por sí muy débil, y supuso además un obstáculo para el desarrollo del capitalismo en España. Otros autores, como P. Vilar y J. Nadal, han formulado otra explicación para el alza de los precios. A partir de una crítica metodológica basada en las mismas cifras del historiador norteamericano, han llamado la atención sobre el hecho de que los incrementos relativos de los precios fueron mucho más in tensos hasta 1560 que en la etapa posterior. Ello implica que crecieron más en el momento en que entraban menos metales preciosos y que, por tanto, se deben buscar otras explicaciones. Según estos historiadores, la clave habría estado en el rápido crecimiento de la población y la demanda, más rápidos que el de la producción y la oferta.9 Pero, como se ve, también en este caso la ex plicación encaja en la visión de una economía muy poco eficiente y en el carácter «subdesarrollado» que algunos historiadores todavía hoy predican de la economía española en general y de la economía castellana en particular.10

62


G r á f i c o 2 .2 . L a l l e g a d a d e m e t a l e s p r e c i o s o s ( o r o y p l a t a ) Y EL ALZA DE LOS PRECIOS Valor en pesos (450 maravedís) de los tesoros americanos 8 .000.000

índice de precios -

1.000

7.000.000 6. 000.000

-

100

5.000.000 4.000.000

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Precios en Castilla

F u e n t e : Hamilton (1975) y Nadal (1959).

¿Crecimiento y desarrollo? Parece, sin embargo, evidente —con independencia del debate que susci taría rectificar esa imagen— que no debemos conformarnos con examinar las facetas más pesimistas de las economías peninsulares. Según cálculos de J. Nadal, la población peninsular habría pasado de unos 4,7 millones de habitantes en 1530 a 6,6 en 1590. Ello implica una tasa de cre cimiento cercana al 0,6 por 100 anual, una cifra considerable para el modelo de poblaciones estables que se suele predicar para el Antiguo Régimen. De hecho, ese crecimiento es incluso más rápido que la media europea, que fue del 0,3 por 100 anual entre 1500 y 1600.11 Un estudio por regiones de la evolución demográfica (véase el cuadro 2.1) y de las estructuras económicas apunta en el mismo sentido. Para ello, hay que remitirse siempre en sociedades preindustriales a la agricultura, y a los facto res que determinan el reparto de la renta agraria entre las comunidades rurales, los señores y los campesinos particulares. A este respecto, resulta fundamental conocer las formas de tenencia y explotación de la tierra, así como el peso y características de la renta señorial. Por último, debe tenerse en cuenta el papel

63

EL S I G L O D E LA H E G E M O N ÍA C A S T E L L A N A

C uadro 2 .1 . D is t r ib u c ió n

r e g io n a l d e la p o b l a c ió n e s p a ñ o l a en e l s ig l o x vi

Regiones

Miles de habitantes

Tasa de crecimiento anual

1530

1591

Andalucía Asturias Castilla la Nueva Castilla la Vieja Extremadura Galicia León Murcia País Vasco y Navarra

762 81 614 1.049 305 263 503 74 268

1.067 133 1.145 1.254 451 504 633 115 296

0,55 0,82 1,03 0,29 0,64 1,07 0,38 0,73 0,16

Corona de Castilla

3.919'

5.598

0,59

Aragón Cataluña País Valenciano

255 251 273*

310 364 360

0,32 0,61 0,45

Corona de Aragón

779

1.034

0,47

España continental

4.698

6.632

0,57

* Cifra de 1565-1572. F uent e ; Nadal (1984), cuadro 9.

de las relaciones campo/ciudad y cómo contribuyen a insertar las economías rurales en las redes comerciales que suelen tener como focos principales las ciudades. A partir de estos datos, aunque no siempre cuantificables, puede tra zarse un panorama verosímil de los niveles de desarrollo de las distintas eco nomías peninsulares. El crecimiento demográfico es, por ejemplo, evidente en toda la cornisa cantábrica y Navarra, donde, pese a ser ya una región de emigrantes, la pobla ción pasa de unos 612.000 habitantes en 1530 a 933.000 en 1590 (un aumento del 0,7 por 100 anual). Apenas si conocemos la evolución de la producción agraria, pero los indicios son claros. El crecimiento demográfico sostenido no puede sino revelar una expansión que tuvo bases distintas según las comarcas. En unas, la difusión del mijo generó cambios que parecían anunciar la intro ducción del maíz del siglo xvu. En otras, la clave fue un peso creciente de la comunidad campesina como organizadora del espacio (compatible a menudo con formas de poblamiento disperso), que llevó a avances cada vez más rápi dos hacia el minifúndismo y la propiedad en enfiteusis; en algunas, la creciente complementariedad entre el cultivo de los valles y el aprovechamiento silvo-

64

H IS T O R IA E C O N Ó M I C A D E ESPAÑA

pastoril de las laderas y montañas (con el consiguiente desarrollo de la gana dería), y, sobre todo en el País Vasco, en la consolidación de la propiedad ple na campesina en torno a los caseríos. Obviamente, detrás de todo ello estaban las condiciones ecológicas propias de la España atlántica: lluvias abundantes y repartidas a lo largo del año, abundancia de recursos forestales y praderas naturales. Fue precisamente ese dinamismo agropecuario, con el incremento de las emigraciones temporales y la intensificación de los intercambios a peque ña escala con la Meseta, lo que explica que el crecimiento se mantuviera pese a la expansión de los foros que pesaban sobre la producción campesina (a veces creados en el propio proceso roturador) y que serían la base de la forma ción de una hidalguía rural cada vez más poderosa. Más al sur, en la Meseta castellana, el crecimiento es también evidente. De los 2.470.000 habitantes que tenían León, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Extremadura en 1530, se pasó a 3.480.000 en 1590 (0,6 por 100 de incremen to medio anual). Las series de diezmos disponibles son más que expresivas: aunque el crecimiento parece haber sido más lento al norte del Duero, donde la onda expansiva había empezado mucho antes y, consecuentemente, conoce ría síntomas de agotamiento con anterioridad, en el arzobispado de Toledo o en la tierra de Cáceres, por ejemplo, la producción de cereal llegó a doblarse entre las primeras décadas de siglo y los años setenta. Tal evolución responde a sistemas agrarios muy diversos. En las zonas de montaña la ganadería era clave: las villas se dotaban de ordenanzas para pre servarla e incluso se daban pasos hacia'el sistema de campos cerrados, aunque siempre combinados con el cultivo de las áreas más cercanas a los pueblos. La llanura, en cambio, era el reino de los campos abiertos y del cultivo comuni tario, principalmente orientado hacia el cereal y el viñedo. Por todas partes, la comunidad rural (el pueblo, la aldea, el concejo) era la protagonista funda mental de la organización del espacio. Además, a veces se integraba en redes más amplias de poblamíento y aprovechamiento en forma de comunidades de villa y tierra, que reglamentaban el uso del suelo o establecían formas manco munadas de aprovechamiento de pastos. Este modelo dominaba en áreas ca racterizadas por un cierto minifundismo, a menudo compensado por el cultivo a pequeña escala de tierras baldías y concejiles, y el ascenso cada vez más vi sible de un grupo de labradores acomodados, pero también de la propiedad eclesiástica y nobiliaria. Es precisamente el predominio de la propiedad de los privilegiados, junto con el mayor peso de la ganadería ovina, lo que marca el cambio a medida que se avanza hacia el sur. Así, en la Meseta sur y Extrema dura, un poblamiento más concentrado se correspondía con una mayor impor tancia de la gran propiedad, ya fuera nobiliaria, eclesiástica (de catedrales o monasterios) o de órdenes militares. Esa gran propiedad podía ir acompañada o no de jurisdicción señorial sobre los lugares. Y si en toda la Meseta la renta señorial tenía en alcabalas y tercias — impuestos reales que habían sido muy a menudo cedidos o vendidos a particulares— uno de sus pilares fundamenta les, en las regiones más al sur la propiedad de tierra y el ganado, buena parte de él enrolado en la Mesta, aportaban el grueso del ingreso señorial.

EL S IG L O DE LA H E G E M O N ÍA C A S T E L L A N A

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Pero ias diferencias no radicaban sólo en los sistemas agrarios. Como se ha indicado, una de las claves de la pujanza de esta zona era el desarrollo urbano. Las ciudades, sobre todo en la Meseta norte, se acercaban ya a la formación de una malla densa de relaciones que apuntaban a una incipiente espeeialización. Con un poblamiento bien jerarquizado y relativamente bien repartido —menos equilibrado al sur del Sistema Central—, estos núcleos no eran sólo centros de crecimiento industrial y comercial, sino mercados muy activos de productos agrarios sobre los que se superponía una red de ferias y centros de in tercambio de gran importancia.12 Más al sur aún, en Andalucía y Murcia, la situación no era menos dinámica y diversa. La expansión de la producción está más que comprobada a través de las series de diezmos de ambas áreas. Aquí, la diversificación productiva, mu chas veces en función de la exportación, el desarrollo del viñedo y el olivar (sobre todo en Andalucía) y la producción de seda (en Murcia y en Granada), era un rasgo característico. Atracción para inmigrantes del norte, tierras de frontera por colonizar aún en muchas zonas, las grandes agrovillas del sur y las grandes ciudades, como Córdoba o Sevilla, eran los polos de crecimiento de una población que pasó de 800.000 habitantes en 1530 a 1.200.000 en 1590 (0,7 por 100 de incremento medio anual). Las claves: la abundancia de tierra disponible, la combinación de minifundio funcional -pequeñas explotacio nes en arriendo cuyos excedentes de trabajo se empleaban en los latifundios— con gran propiedad que requería mano de obra y, desde luego, en muchas áreas de sierras del antiguo reino de Granada, la explotación de la población campesina, buena parte de ella morisca. Los moriscos eran aún en algunos lu gares los impulsores del regadío o el cultivo del azúcar o la morera. Además, abundaban aquí las extensas superficies de baldíos: tierras sin labrar, propie dad en teoría del monarca, pero con frecuencia dedicados a la ganadería, a costes muy bajos, mediante aprovechamiento comunal. Por su parte, las ciuda des eran mercados importantes para la producción agraria. No quiere decir todo esto que no tuviera importancia la reglamentación concejil, pero, al con trario que en la mitad norte de la península, ésta se superponía muchas veces a la gran propiedad nobiliaria y eclesiástica e incluso se tenía que replegar ante procesos de adehesamiento —cierre de zonas de pasto— promovidos por los grandes propietarios. El adehesamiento a su vez estaba relacionado con la alimentación de ganado, ovino sobre todo, por lo que su empuje se vinculaba a la exportación y a la protección de la Mesta o de mestas locales surgidas en el siglo xv. También en el caso de Cataluña el crecimiento está comprobado: el demo gráfico se cifra en un 0,75 por 100 de media anual, y la producción agraria pudo muy bien triplicarse en determinadas comarcas a lo largo del siglo. Aun que también en Cataluña la comunidad rural estaba presente en multitud de as pectos, la expansión aquí seguramente se debió más a un tipo de explotación, como el mas, que, cada vez más sólido y extenso, se habría de convertir en motor de la agricultura en muchas comarcas. Desaparecidos los malos usos señoriales motivo de la rebelión remensa, la clarificación de los derechos de

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H IS T O R IA E C O N Ó M I C A DE ESPAÑA

propiedad alentó a una minoría de campesinos acomodados (los masovers que habían salido ganando de la revuelta) a realizar mejoras en instalaciones y ca pacidad productiva, al tiempo que la cesión en enfiteusis de parte de las tierras reforzaba las pequeñas explotaciones y se creaba una reserva importante de mano de obra. Como ha indicado P. Vilar, la sentencia arbitral de Guadalupe, que zanjó el conflicto campesino en Cataluña en 1486, había supuesto «la con sagración de un equilibrio nuevo».'3 Este equilibrio modificó las formas de la renta señorial, que experimentó una cierta expansión, al menos hasta media dos de siglo, sobre la base de los ingresos derivados del tercio diezmo, la par tición de frutos, los laudemios —los cánones pagados por los enfiteutas— y los censos generados por la cesión del dominio útil. En el trasfondo del creci miento estaban sistemas hereditarios como el que, basado en la reserva del patrimonio para el hijo mayor (hereu), garantizaba la indivisibilidad de la ex plotación campesina. Ligada a ello, la creciente variedad de cultivos (viña, pa nizo, legumbres, cáñamo, azafrán), en algún caso dirigidos a la comercializa ción. Sobre esta base, la intensificación de los lazos comerciales con Francia y Aragón y la formación lenta, pero sostenida, de una red comercial en torno a Barcelona, junto con la emigración francesa, impulsaron un crecimiento sóli do y equilibrado. Un proceso similar se dio asimismo en Valencia. Con un mayor peso de la comunidad — al menos en lo que se refiere a su función como eslabón en la transferencia de una parte de la renta al señor—, la agricultura valenciana consiguió, sin embargo, una notable flexibilidad. Parece haberse asistido a una expansión de la enfiteusis, a menudo unida a la colonización de tierras e intro ducción de cultivos comerciales. Tanto en las tierras de secano como en la huerta, y sobre todo en ésta, el resultado fue la difusión de cultivos como la mo rera (orientada a la producción de seda), el almendro, la vid (a veces para pasas), el olivo, la caña de azúcar. Estos productos se encaminaban muchas veces al mercado de la populosa e industriosa capital del reino o hacia la ex portación. La flexibilidad de la agricultura, más marcada aún entre la pobla ción morisca, contribuyó en todo caso a un incremento de la renta feudal, ba sada en regalías y derechos derivados de la jurisdicción, incluidos monopolios de pesas y medidas. Tal flexibilidad era de nuevo la clave de una expansión agraria (véase el gráfico 2.3) y de un incremento demográfico que se debió mo ver entre el 0,25 y el 0,41 por 100, dependiendo de las cifras que tomemos como referencia, entre 1510 y 1609. Esas cifras, así como el mantenimiento de una capital tan populosa, no se entienden por otra parte sin la importación de trigo —que no hacía sino alentar aún más las exportaciones citadas— pro cedente de Castilla y del Mediterráneo.14 Menos dinámico, pero también expansivo, el reino de Aragón vio aumen tar su población a una tasa del 0,35 por 100 de media anual. La existencia de tierra por cultivar, la presencia de una minoría morisca muy activa en las ta reas agrícolas, en particular en la producción de regadío, y la fijación de for mas de cultivo por parte de las comunidades rurales, que a este respecto eran tan importantes aquí como en Castilla, permitieron una expansión sustentada

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G r á f i c o 2 .3 . P r o d u c c i ó n Va l o r de

a g r a r ia e n el r e in o d e

67

V a l e n c ia .

d e lo s a r r e n d a m ie n t o s del c a b il d o c a ted r a licio

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en el cereal y en la ganadería ovina, pero también en cultivos industriales como el azafrán, la seda o el olivo. Sin embargo, las estructuras agrarias ara gonesas eran más rígidas. El poder incontestado de los señores podía llegar incluso a coartar las posibilidades de movilidad de la mano de obra, aunque no a impedirla, como muestra la evidente emigración hacia Valencia. Con una red urbana escasamente desarrollada y apenas articulada en torno a Zaragoza, el engarce entre economía urbana y rural — débil ya de por sí en la época— era muy escaso. Más aún, buena parte de la producción rural comercializada empezaba ya a orientarse a la exportación extrarregional o internacional, a manos de una minoría de poderosos comerciantes zaragozanos; era el caso de la lana o el azafrán y en forma de contrabando, de los caballos. En suma, en toda la península contemplamos economías regionales activas y dinámicas. Es cierto que abundaban los frenos y las inercias, pero eran evi dentes —a esta escala también— las fuerzas que impulsaban el crecimiento y que, en algún caso, apuntaban transformaciones de entidad. El análisis de las ciudades y las actividades urbanas en su conjunto obliga a reflexionar. Es bastante dudoso, como lo es asimismo para otras áreas de

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HIST O RIA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

Europa, que las ciudades ibéricas hubieran llegado a conformar un sistema urbano, si por éste entendemos una red de núcleos con fluidos intercambios de bienes y servicios capaces de determinar la especialización productiva de cada uno de ellos. La fragmentación del mapa institucional que imponía el mosaico de señoríos urbanos con fuerte proyección espacial —extensos alfoces o comu nidades de villa y tierra— obstruía dicho proceso y contribuía a una compartimentación de los mercados y las relaciones económicas que lo hacían inviable. Además, el mapa urbano presentaba notables discontinuidades y vacíos, como se deduce de la visión regional ya apuntada. Si Castilla siguió alimentando una red repartida y sólida, en Aragón, Valencia y, quizá menos, en Cataluña, la macrocefalia de sus capitales se incrementó, en detrimento de la existencia de polos secundarios. Pero la fuerza y dinamismo del hecho urbano es innegable. Es de destacar que los índices de urbanización aumentaron e incluso que lo hicieron de tal forma que, para 1600, España (o mejor, la corona de Castilla) estaba —si nos atenemos a los cálculos, discutibles pero orientativos de De Vries— entre las tres áreas más urbanizadas de Europa: tan sólo los Países Bajos (Holanda y Bélgica), Italia y Portugal (país que requeriría algunas matizaciones) alcanza ban por esas fechas porcentajes de población viviendo en núcleos de más de 10.000 habitantes superiores a los de España.15 El hecho de que algunas ciu dades, sobre todo las andaluzas, tuvieran un fuerte componente agrario obliga a tomar estas cifras con cautela a la hora de concluir de aquí un desarrollo co mercial y artesanal, pero el fenómeno es muy sintomático. Y lo es tanto más cuanto que el desarrollo urbano se experimentó en el interior y no sólo en las áreas periféricas vinculadas al comercio exterior, como es la norma en países de economía dependiente dentro de una economía-mundo. Es evidente, por otra parte, que el desarrollo urbano de algunas regiones, como el valle del Duero, estuvo íntimamente unido a la expansión de las industrias y los servi cios, como se deduce de la composición de la población activa. Es más, ciuda des como Segovia (paños de lana fina), Córdoba (industria de la lana, la seda y los cueros), Toledo, Granada, Valencia (textiles de seda) y, aunque de trayec toria más corta, Cuenca (paños de lana), experimentaron procesos de creci miento industrial e incluso de cierta especialización en los segmentos medioaltos de la demanda que contradicen una visión demasiado pesimista.16 El desarrollo de fórmulas organizativas como el verlagssystem demuestra asimis mo una cierta flexibilidad y capacidad de adaptación que tampoco cuadra con dicha visión. Industrias que dependían sobre todo de circuitos locales, como la construcción —tan importante en la época— , crecieron asimismo. Incluso la revolución de los precios, un fenómeno en el que concurren fac tores muy diversos, se podría ver como una consecuencia, entre otros factores, de un aumento en la circulación monetaria vinculado a la creciente división del trabajo y al desarrollo urbano. Más aún, la entrada de oro y plata permitió a Carlos V y Felipe II mantener la ley de las monedas —su contenido metáli co— en niveles muy estables, lo que contribuyó a agilizar los intercambios al por mayor entre los distintos reinos. Esa calidad de la moneda contrasta con

EL S IG L O D E LA H E G E M O N ÍA C A S T E L L A N A

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las manipulaciones del siglo siguiente, aunque no estaba reñida con periódi cas crisis de liquidez, dadas las violentas convulsiones de una economía como aquella y los mecanismos de especulación y extracción (saca) de moneda del reino. Ciertamente, no se debe estudiar el comercio interior a partir tan sólo de estas consideraciones. Aparte de los problemas derivados de la salida de moneda de oro y plata —prohibida por ley, pero autorizada a los asentistas con frecuencia a partir de mediados de siglo— , cabe recordar que las transac ciones de menor entidad se realizaban en vellón, una moneda fraccionaria con cobre, y que también en este segmento del sistema monetario había muchos problemas.17 Cabe concluir que esa política monetaria, que ha llevado a consi derar a Carlos V un «campeón de la moneda sana», estaba en relación con la necesidad de mantener el valor de ésta de cara a obtener asientos de manos de banqueros extranjeros. Pero no es menos cierto que, comparada con la situa ción de comienzos de siglo, la agilidad del sistema monetario, pese a las con vulsiones, debió contribuir a facilitar los intercambios, o al menos no generó obstáculos adicionales. Las ferias de Castilla se consideran hoy no sólo como el eje sobre el que se articulaba el mecanismo importación-exportación, sino como un circuito rela tivamente bien sincronizado que alentaba y articulaba intercambios interiores cada vez más dinámicos (véase el gráfico 2.4). La banca castellana — sin duda la más fuerte del conjunto peninsular— mantuvo una posición subordinada respecto de las redes financieras extranjeras, genovesas en particular, muy favorecidas por sus ventajas comparativas en la transferencia internacional de fondos vital para los Austrias. Pero no es menos cierto que, mirado en perspectiva, el desarrollo del sector financiero — insepa rable, por cierto, del comercio— es muy notable. Ambas actividades se articu laban en torno a empresas familiares y en sistemas clásicos de asociación en tre mercaderes (compagnia a la italiana sobre todo). No podía ser de otro modo, dada la necesidad de reducir riesgos y costes de transacción en un mun do extremadamente incierto y de altos costes de información y gestión. Los casos particulares que conocemos, los de los Salamanca de Burgos, los Ruiz, los Bernuy, los Espinosa y otros que intuimos, demuestran una vitalidad y un progresivo encumbramiento. Su propia habilidad y conocimiento de las téc nicas empresariales de la época, la contabilidad por partida doble, el seguro, el manejo de letras de cambio en sus técnicas más refinadas, como el endoso, es asimismo reveladora.18 El hecho de que muchas de estas familias terminaran abandonando el mundo de los negocios, invirtiendo en tierras o rentas y persi guiendo el ennoblecimiento, no sólo debe considerarse como parte de una es trategia coherente — ¿a qué más aspirar en una sociedad donde la aristocracia era la clase dominante?— , sino que no debe impedirnos reconocer el empuje de dichas actividades durante la mayor parte del siglo. Por otro lado, ese aban dono de los negocios ocurriría tarde o temprano en toda Europa, hasta en em porios mercantiles como Génova u Holanda. En definitiva, la economía española, y la castellana más concretamente, se presenta en un panorama de luces y sombras en el que no caben los extremos.


70 G rá fic o

2 .4 .

R itm o e s ta c io n a l d e l a c o n t r a t a c i ó n y pago d e m e rc a n c ía s e n M e d in a d e R io s e c o , 1546-1580 ( d is tr ib u c ió n p o r c e n t u a l )

Cuaresmé de VHtalón %

ftecuilta de M.de Riosejco

&

Mayo de M.del Campo

“t, ■ S. Juan r

de Vilkrton

Cantidades pagadas contratadas

F uentr: B. Yun Casaíilla (1987).

Si era un hecho la exportación de materias primas y la importación de produc tos manufacturados, con el consiguiente déficit de la balanza comercial, difí cilmente esto justifica hablar de una economía periférica o, como se ha dicho más recientemente, «subdesarrollada». Si la agricultura no experimentó cam bios revolucionarios, su capacidad expansiva y su eficiencia a la hora de ali mentar una población creciente, y alentar el desarrollo de la industria y el comercio, es asimismo evidente. Lo que no quiere decir que el crecimiento tuviera sólo consecuencias positivas. Veamos, pues, la cuestión desde otra perspectiva.

E L S IG L O D E LA H E G E M O N ÍA C A S T E L L A N A

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Crecimiento y sociedad en la España de los Austrias El crecimiento económico actuó como un factor positivo para la reproduc ción de las relaciones sociales, pero también como fuente de desequilibrios. Al hilo de la expansión comercial y agraria se fortaleció un grupo de hom bres de negocios y de patricios locales, una auténtica oligarquía urbana que dominaba los ayuntamientos de las ciudades y cuya ascensión social es visible en multitud de aspectos. Fueron ellos quienes construyeron bellos palacios y estudiaron en las universidades más prestigiosas. Algunos adquirieron rentas, tierras y señoríos. Familias de la nobleza local sedimentaron sus lazos con la aristocracia y el matrimonio trabó cada vez más un conglomerado de podero sos de origen diverso en el que, desde luego, preocupaba la pureza de sangre (lo que no impedía la presencia en estas oligarquías de descendientes de judeoconversos). El fortalecimiento del poder urbano, su importante papel en la re caudación de impuestos y en la gestión y regulación de la economía fueron al tiempo causa y consecuencia de tal proceso. Por otro lado, no pocos artesanos se beneficiaron también de esta expansión. El número de gremios se multiplicó en todas las ciudades y el celo por sus ordenanzas e incluso, a fines del siglo, por los estatutos de limpieza de sangre, se incrementó. Algunos de estos gremios, dependiendo del funcionamiento de sus redes de solidaridad, de las cofradías en que se organizaban a veces, debie ron resistir bien el alza de los precios y el dinamismo de una economía que era siempre un reto. Ni siquiera faltan procesos de concentración de la actividad que demuestran una respuesta positiva por parte de un segmento del artesana do. Pero la situación variaba mucho de unas ciudades a otras. Para acceder a un oficio en una economía en que lo importante era la formación y conoci mientos de la mano de obra, se precisaba de un adiestramiento, lo que daba ventajas a las dinastías de artesanos que se formaban en muchas ciudades. Esto dejaba fuera a muchos otros: gentes venidas del campo, jornaleros (em pleados en trabajos temporales que no siempre precisan de formación, como los de empleos inferiores de la construcción), asalariados de todo tipo, que, al contrario de lo que indicó Fíamilton, vieron disminuir sus jómales en términos reales corroídos por la inflación. Trabajaban por un jornal que apenas si crecía, o se depreciaba, con relación al coste de las subsistencias. Eran éstos los que —en un mercado laboral tan rígido— nutrían la nube de pobres, mendigos o vagamundos que en algunas ciudades y en algunas parroquias, como las de Santisteban o la Magdalena de Valladolid, pueden haber llegado al 30 por 100 de la población y que tanto inquietaban a las autoridades de la época.19 Muchos de ellos venían del campo. También allí el impacto del crecimien to era dispar. Un sector de la población rural se benefició de las mayores po sibilidades de comercialización campesina, del uso —y abuso, a menudo per mitido— de tierras comunales y baldías, de la diversificación del producto agrícola que les hacía más resistentes a las siempre inciertas cosechas. Pero del estrato más bajo del campesinado salían también los pobres de las ciudades.

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H IST O R IA E C O N Ó M I C A D E ESPAÑA

El aumento de la renta de la tierra, sobre todo desde la década de 1540 y siempre con cronologías e intensidades muy diversas según regiones, castigó a los pequeños cultivadores que redondeaban sus ingresos arrendando tierras de otros. El aumento de la población y la fragmentación por herencia de su ma gro terruño disminuyeron sus disponibilidades y capacidad productiva, lo que con frecuencia les llevaba al endeudamiento {a menudo mediante censos consignativos, especie de préstamos hipotecarios), tan denunciado por los trata distas de la época. Las malas cosechas y las epidemias, que pronto desembo caban en crisis de mortandad, castigaban inmisericordes a este sector de la sociedad.20 Quizá fueran algunos sectores del clero y las instituciones eclesiásticas en general los grandes beneficiados del proceso. Según cálculos muy aproximativos, la renta de los obispos de Castilla se duplicó entre 1530 y 1566, creciendo por tanto más deprisa que los precios. No todos supieron adaptarse a una economía de presupuestos cambiantes, pero muchos conventos, parroquias, hospitales y cabildos se beneficiaron de la inflación, del aumento de la renta de la tierra, del tirón de los diezmos y, por supuesto, de la ampliación de sus patrimonios por compra y por donación de quienes querían misas por su alma, pasar a la posteridad por fundaciones, o cumplir con una religiosidad que predicaba el uso de las riquezas de la tierra para acortar el tiempo del Purgatorio y acceder al Paraíso. El negocio no cesaría, sino más bien al contrario, después del concilio de Trento. Las órdenes regulares se beneficiaron además de su condición de refugio de segundones y mozas no casaderas —venidas a novicias y monjas- , vástagos del patriciado y la aristocracia, lo que desviaba no pocas rentas y bienes hacia estos conventos y monasterios. Curiosamente, pero de manera lógica, el crecimiento no benefició —o no lo hizo como sería de esperar a las familias de la vieja aristocracia. Las razones son complejas, pero tienen que ver sobre todo con el hecho de que sus economías, a diferencia por ejemplo de las empresas actuales, hacían del gasto la variable independiente, a la cual había que intentar adaptar un ingreso muy inelástico, presa a menudo de fórmulas medievales. En efecto, la dinámica familiar de las grandes casas nobles imponía una política matrimonial —pieza esencial en el sistema de estrategias de poder e influencia— que convertía las dotes de las hijas en una partida de gasto esencial e irrenunciable. Las relacio nes internas de los linajes nobiliarios obligaban asimismo a crear nuevos feudos donde colocar sus miembros, a financiar carreras para los segundones, a limar asperezas internas mediante políticas expansivas o a afrontar eternos y enma rañados pleitos por herencias. El poder de la aristocracia dependía a su vez de su prestigio, y también de su capacidad de ayudar al monarca cuando era liamada y sin importar el precio. Era difícil adaptar el ingreso señorial a semejante tren de gastos. Los aristócratas andaluces obtenían una parte importante de sus entradas por tierras cedidas a renta revisable, cuyo producto se adaptaba con facilidad a la inflación, pero no era este el caso de otras casas nobles, ni aun siéndolo salvó a algunas de los problemas. El ingreso en forma de alcabalas encabezadas (con-

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EL SIG L O D E LA H E G E M O N ÍA C A S T E L L A N A

C u a d ro

2.2.

C o m p o sic ió n d e l in g r e s o d e l o s c o n d e s d e B e n a v e n te EN EL PARTIDO DE MaYORGA DE CAMPOS

(1566) Total en maravedís

%

Rentas enajenadas (alcabalas y tercios) Señorío jurisdiccional y tierras cedidas en enfiteusis Tierras y montes de propiedad plena cedidos en arrendamiento

1.043.275 176.415

74 12,5

191.781

13,6

Total

1.411.171

Partidas

100

F u e n t e : B. Yun C asalilla (1987).

gelado en sus valores nominales durante buena parte del siglo) o el derivado de tierras cedidas a perpetuidad o en enfiteusis (magro y difícil de revisar por la oposición de villas y lugares), ambas partidas muy importantes en el total de sus entradas (véase el cuadro 2.2), necesariamente había de crecer más des pacio que los precios, y todavía más que las necesidades de las familias aristo cráticas. El endeudamiento, materializado en fórmulas muy complejas a veces, se empezó a notar ya en las primeras décadas del siglo y, desde la década de 1530 sobre todo, adoptó la forma de censos consignativos. De los Pimentel en Castilla a los duques de Gandía en Valencia, o los condes de Fuentes y los duques de Ribagorza, por citar sólo alguno, de Aragón, pasando por algunas familias catalanas, como los D ’Alentors o Sentmenat, que también tenían pro blemas — pese al sistema de partición de frutos que les garantizaba una cierta adaptación a la coyuntura en alza—, muchas familias estaban fuertemente en deudadas hacia mediados de siglo y vieron cómo la monarquía ponía sus ma yorazgos en administración para evitar males mayores. El crecimiento, así, amenazaba con trastocar no pocas de las reglas del jue go social. En todo caso, parece haber producido en conjunto una concentra ción creciente de la renta que, sin duda, acabaría afectando al consumo y al conjunto de la economía de los territorios peninsulares.21

2.3.

I n s t it u c io n e s

y c r is is

El reparto de la riqueza y la evolución de la economía estaban fuertemente influidos por los sistemas institucionales. Y éstos, a su vez, son inseparables del proceso de inserción, muy diverso, de cada uno de los reinos en el sistema político de los Austrias. La guerra, no sólo por sus exigencias en el plano fis cal, se convirtió en un hecho clave para entender la historia de los territorios peninsulares.

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Guerra, monarquía y sistemas fiscales La inclusión de los reinos ibéricos en el sistema patrimonial de los Austrias contribuyó a multiplicar los frentes de conflicto que, a la postre, habían de pesar sobre sus economías. El enfrentamiento constante con Francia, la con tención del Turco tanto en el Mediterráneo como en el continente, las guerras religiosas en Alemania y después en Francia y, finalmente, la rebelión de los Países Bajos y la guerra con Inglaterra se convertirían en una fuente de exi gencias financieras sin precedentes. El mismo reforzamiento del poder del mo narca obligaba a consolidar una administración que funcionaba bajo el criterio del patronazgo y la concesión de mercedes —dones o recompensas materiales o simbólicas— y que forzaba a transferencias de rentas y a pactos a menudo costosos, no sólo en lo económico, con las fuerzas sociales de los diversos territorios. Y no todos los reinos estaban en disposición de atender a las exi gencias de la monarquía. No era sólo cuestión de la entidad de las necesidades. La política de los Austrias en el mundo exigía movilizar recursos de unos territorios a otros, lo que podía chocar tanto con la idea, muy asentada en la época, de que el dinero de cada reino debía gastarse en ese reino, como con las dificultades de encon trar redes financieras eficientes a la hora de trasvasar y adelantar fondos. Unos fondos que debían reembolsarse a partir de ingresos que necesariamente —dado el carácter imprevisible del gasto y la inexistencia de presupuestos— habían de ser entradas ciertas y conocidas con anterioridad. Había reinos con constituciones políticas muy restrictivas al respecto. En los Países Bajos el traspaso de fondos, no ya entre estados sino incluso entre provincias, podía ser francamente complicado. En la corona de Aragón, en Nápoles o en Sicilia, los procedimientos y composición de las Cortes hacían muy arduo crear nuevos impuestos estables, previsibles y manejables, que per mitieran atender al gasto y crecieran al ritmo de éste. Castilla quizá fuera el territorio más adaptado a las necesidades de los Austrias. Pero hoy sabemos que ni siquiera aquí eran las Cortes tan dóciles a la hora de aprobar impuestos o de acrecentar los existentes como se ha pensado, y que la oposición a la sali da de fondos del reino que no fuera para fines propios del rey era la misma que en otros territorios. Por otra parte, Castilla, a la altura de 1520, no dispo nía de redes financieras suficientemente desarrolladas como para solucionar el problema técnico de la transferencia y cambio de moneda. No podemos saber a cuánto ascendían las necesidades de la monarquía en su conjunto. El mismo gasto es difícil de calcular. Todo ello coincidía además con el arranque de lo que algunos han llamado la «revolución militar»; un dis cutido concepto que, en todo caso, nos remite a gastos crecientes en armamen to, sistemas logísticos o soldados sobre el terreno. Ciertamente, Castilla pasaría a convertirse en la columna vertebral del Im perio. Pero no fue un proceso automático o fácil. Todavía en la década de 1550 castellanos y flamencos se disputaban la prioridad en los sacrificios realizados


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en servicio de la monarquía, Y es que, si las posibilidades de Castilla eran mu chas, tampoco faltaban los obstáculos.22 En Cataluña tan sólo se tenía el servicio, votado por las Cortes, cuyo aumen to fue muy lento a lo largo del siglo. Y lo mismo ocurriría en Aragón, Valencia o Navarra. En ocasiones, además, el servicio era relativamente inseguro, dada la forma de votación y cobro, y la gestión por parte de instituciones locales obstruía la libertad de manejo por la corona. Castilla contaba con las Indias. Pero éstas no arrojaban un ingreso abun dante y fácil de manejar. Hasta 1550 el peso de los tesoros americanos en los ingresos de la monarquía apenas si superaría el 10 por 100 del ingreso ordina rio. De los datos disponibles se desprende que, con excepción de los momen tos clave de las décadas de 1570 a 1590, raramente pasaron del 15 por 100, si bien es cierto que en algunos momentos de bonanza alcanzarían el 25 por 100. Por suerte para el rey de Castilla, éste disponía no sólo de los servicios vo tados en Cortes, sino también de otras rentas, principalmente de las alcabalas y otros impuestos sobre el comercio, como los almojarifazgos y las rentas de las salinas, así como de ingresos aportados por el clero, como las rentas de los maestrazgos de las órdenes militares, la bula de la Cruzada (predicada y re caudada por los clérigos en los distintos reinos), y el subsidio eclesiástico (ne gociado con no pocas tensiones con la Congregación de eclesiásticos) (véase el gráfico 2.5). Sin embargo, tales partidas de ingreso planteaban no pocos problemas. Por un lado, eran muy imprevisibles, por cuanto estaban sometidas al sistema de arrendamiento. Es decir, la facultad para recaudar se concedía a un particular, un grupo de personas, o a instituciones como gremios u otras, por un procedi miento semejante a una subasta, a cambio de una cantidad de dinero. El frau de en la recaudación estaba a la orden del día, a veces con la connivencia de los poderes locales. A lo que se sumaba que el camino que iba de la recaudación a las cajas de la Hacienda Real era tortuoso y difícil. Como en toda Europa —es el caso del servicio por ejemplo— , no es extraño que quedara en manos de las autoridades locales una buena porción de lo recaudado. Tampoco era infre cuente que una parte de las rentas estuviera empeñada en juros (títulos de deuda sobre las rentas reales, con intereses que oscilaron entre el 14 y el 3 por 100), ni que existieran libranzas (pagos temporales a cargo de las rentas) que nada tenían que ver con la gestión del impuesto: pagos a particulares, ayudas de costa, cantidades dadas en merced. Unos y otras absorbían, ya en la propia fuente fiscal, una parte importante del dinero recaudado. Muchas rentas —era frecuente en las alcabalas y tercias— estaban enteramente enajenadas a seño res de vasallos, institutos eclesiásticos, funcionarios o miembros de las oligar quías locales. Todo ello no sólo limitaba el líquido percibido y disponible, sino que daba lugar a sistemas de gestión y recaudación muy dispersos e incontro lables. El sistema en su conjunto hacía que el ingreso fuera muy impredecible, lo que, a su vez, era un obstáculo para la colocación de la deuda (juros). No es extraño, pues, que el mecanismo financiero se basara en el arrendamiento par cial de ciertas partidas, algunas de las cuales, como la renta de la seda de

G

r á f ic o

2 .5 . L a s

fin a n z a s de la

H

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C a s t i l l a ( f.n

F u en t e : I. A. A. Thompson (1981), apéndice, cuadro A.

m il l o n e s d e d u c a d o s )

EL S IG L O DE LA H E G E M O N ÍA C A S T E L L A N A

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Granada o los maestrazgos, ya habían caído en manos de los grandes asentis tas genoveses y alemanes, los únicos preparados para afrontar el gran reto que esperaba a la monarquía. El arrendamiento de las alcabalas y otras rentas permitió un aumento del ingreso bruto (antes de deducidos gastos de gestión, situados y libranzas) que se mantuvo incluso en términos reales. Ello no impidió momentos de tensión ni evitó el constante fantasma de la quiebra. En 1538 se efectuó lo que Carande denominó la «petrificación de las alcabalas», mediante el recurso al encabeza miento general, por el que las Cortes se avenían a entregar unas cantidades que quedarían fijadas durante largos períodos a cambio de un reparto entre las ciu dades, que llevarían a cabo la recaudación. El encabezamiento debía hacer más previsible el ingreso, y permitir así consolidar la deuda generada por los asien tos, que antes debía saldarse mediante el recurso a los tesoros americanos,23 No sería más que un simple retoque en un sistema que no rompía con algu nas de las lacras más importantes del sistema de movilización de recursos. Castilla estaba aún muy lejos de la revolución financiera, ya de por sí incom pleta, que se daría en Holanda desde los años 1550. Así, entre 1538 y 1561, el valor de las alcabalas y de las rentas en general creció por detrás de los pre cios, al tiempo que las oligarquías urbanas reforzaban su poder y el rey queda ba cada vez más en manos de los asentistas genoveses, el polo financiero del sistema. Bien es cierto que sin ellos tampoco se entendería que un país como Castilla tuviera tal protagonismo en el sistema de movilización de recursos de los Austrias. Todo ello, en un contexto de gastos crecientes, y casi siempre acuciantes, daría lugar a situaciones de crisis que se manifestaron tanto en procesos traumáticos de consolidación de la deuda —hoy se ha demostrado lo desajustado del término de bancarrota para referirse a las suspensiones de pa gos decretadas por Felipe 11 en cuatro ocasiones entre 1557 y 1596—,24 como en incautación de cargamentos de metales preciosos de Indias destinados a particulares y otras medidas similares. El resultado sería una escalada intermi tente pero imparable de emisión de juros, que tuvo efectos corrosivos sobre la economía castellana. Por un lado, según muchos autores, drenaban capitales que hubieran podido invertirse en actividades productivas; por otro, ejercían un efecto redistributivo inverso, al dirigir a las bolsas de los más ricos y pode rosos — los que podían comprar juros y garantizar su cobro— lo recaudado con impuestos que a menudo gravaban el consumo de los más pobres; final mente, contribuían a mantener alta una presión fiscal que cuando no recaía so bre los alimentos lo hacía sobre la producción y la comercialización. Asimis mo, desde la década de 1540 se generalizó el recurso a medios extraordinarios que pasaban en su mayoría por la enajenación y venta del dominio real: la venta de jurisdicciones (señoríos o villazgos), de alcabalas y títulos de noble za, de tierras baldías (vendiéndolas o consagrando legalmente usurpaciones anteriores), o de cargos públicos (sobre todo oficios de regidor, equivalentes a concejal), se convirtieron en expedientes frecuentes, a veces previo el subter fugio legal correspondiente, para afrontar los gastos corrientes y el aumento de la deuda.

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Si el sistema hacendístico aguantó mal que bien las exigencias del empera dor Carlos V, sus debilidades salieron irremisiblemente a la luz durante el reina do de Felipe TI. Con gran tensión entre el monarca y las ciudades, el encabeza miento general se hubo de revisar en 1561 y 1575, elevando la carga fiscal del reino en concepto de alcabalas. Durante estos años se sucedieron los expe dientes extraordinarios introducidos durante el reinado de su padre: la venta de jurisdicciones y rentas reales, la perpetuación de baldíos y concejiles, la emisión de juros y, con ello, la expansión de la deuda. Igualmente sintomático, tanto de las deficiencias del sistema como de la contribución de los distintos sectores, era la creciente importancia de las contribuciones de la Iglesia, iden tificada con las empresas de la monarquía, pero no siempre dispuesta a honrar sus compromisos sin resistencias y tensiones. A las partidas ya citadas se aña dió en 1571 el excusado (el diezmo de la casa mayor dezmera de cada circuns cripción, que la Iglesia cedía a la corona), y lo aportado por los clérigos se multiplicó por cuatro (de menos de 100 a 400 millones de maravedís) entre las décadas de 1550 y 1570, cuando aportaban ya una muy considerable porción de los ingresos brutos previstos del rey en Castilla (véase el gráfico 2.5b). En realidad, detrás de todo ello estaba el hecho de que la política imperial no sólo no había venido acompañada de un saneamiento de la Hacienda Real —-rescate de rentas enajenadas de manera inadmisible, reducción de los pri vilegios locales que permitiera racionalizar los sistemas de cobro y recau dación—-, sino que se basaba en presupuestos y alianzas, sobre todo con el patriciado urbano y la aristocracia, que más bien alimentaban esa situación. Incluso las contribuciones eclesiásticas no dejaban de tener su contrapartida en los flujos de donaciones que el ambiente contrarreformista, ligado a la guerra y a la política de la monarquía católica, alimenta por estos años. Ya en la década de 1580, en pleno esfuerzo para la Armada Invencible, el reino atravesaba una coyuntura muy complicada. Para buscarle una salida, aparte de proseguir con los medios extraordinarios mencionados, las Cortes aprobaron un nuevo tipo de servicio, el llamado de los «millones», que acabó forzando a más expedientes extraordinarios y, a la larga, a la imposición de si sas (cantidades detraídas en el momento de la venta) sobre los artículos de consumo popular. En el camino, no sólo se había producido un incremento de las imposiciones de la corona, sino también un aumento de la deuda de las haciendas municipales, que hipotecaban sus bienes o rentas para adelantar las cantidades comprometidas con el rey. La deuda de los ayuntamientos a su vez revertía en más sisas e impuestos sobre el consumo, como único método de pagar tanto las cantidades transferidas al rey como los réditos de la deuda contraída. En suma, los problemas hacendísticos de los Austrias mayores vinieron de muchos frentes. Desde luego, en la base estaba el gasto militar a que obliga ban los compromisos internacionales de la monarquía —exteriores a la penín sula, pero no a la corona— . La factura se incrementaba por la necesidad de recurrir a la intermediación financiera de los asentistas; como el negocio era incierto y oscilante, éstos aplicaban elevadísimas comisiones y primas de ríes-

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go. Pero ni Carlos I ni Felipe II podían prescindir de sus banqueros alemanes y genoveses. A ello se añadía la imposibilidad de construir una Hacienda equili brada y con ingresos estables. Incapaces de involucrar de igual modo a todos los territorios y menos a los sectores sociales más acaudalados, los monarcas hubieron de conformarse con drenar recursos de donde más fácil resultaba: eso acabó significando la corona de Castilla y las actividades productivas, ya fuera directamente por vía de impuestos o indirectamente a través de la deuda y los expedientes extraordinarios. Las consecuencias — incluso a muy largo plazo— tal vez sean difíciles de cuantificar, pero resultaban visibles en toda Castilla a medida que el siglo se acercaba a su fin.

Hacia la quiebra: crisis y resistencias (1575-1590) Hacia los años setenta parece estar cambiando ya la coyuntura económica. Por esas fechas tocaron techo las series del diezmo eclesiástico referidas a To ledo, Valencia, el valle del Duero o la Baja Andalucía. Ciudades industriales importantes, como Cuenca y más tarde Córdoba, dejaron de crecer. Lo mismo ocurrió con las que, como Salamanca, Valladolid o Granada, habían desarro llado una economía de servicios. Los problemas del sistema ferial habían pre cipitado la decadencia demográfica de Medina del Campo ya desde la década de 1570. Otras ciudades, como Toledo o Segovia, topaban también con proble mas. Ciertamente, la situación no era general. Sevilla, en pleno segundo ciclo atlántico, seguía creciendo. Era el caso de Barcelona que, desde 1550 y con independencia de la evolución del número de habitantes, estaba presidiendo un proceso de reordenación de la red urbana que habría de tener efectos posi tivos.25 Pero la crisis urbana era ya más que evidente. En esas circunstancias, las malas cosechas y las epidemias de finales de si glo, probablemente las más agudas de toda la Edad Moderna, precipitaron una crisis que en algunas regiones dio paso a la recesión. Las causas de esta situación son complejas y objeto de controversia entre los historiadores. La historiografía tradicional relacionaba el declive económi co con el código de valores imperante: aspectos como el desprecio al trabajo propio de una sociedad aristocrática, la falta de capacidad e iniciativa mercan til, etc. Tal interpretación está en parte justificada por la avalancha de textos arbitristas que achacan la crisis a estos factores. También ha sido tradicional, sobre todo por lo que a Castilla se refiere, responsabilizar al creciente peso de la fiscalidad sobre las actividades productivas. Un correcto planteamiento del tema exige ir mucho más allá. Todo lo ex puesto hasta aquí demuestra que los españoles de la época no diferían mucho ni en cuanto a espíritu comercial ni en cuanto a capacidad para los negocios de sus coetáneos europeos. Es más, los ideales aristocráticos, magníficamente descritos por B. Bennassar, deben entenderse más que como un dato aislado como síntoma de un sistema más complejo que incluye realidades económicas y sociales diversas. Por otra parte, no es menos cierto que, considerada la car

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ga fiscal en relación con la riqueza del reino, no parece que absorbiera más del 9 por 100 del PIB, lo que no resulta una cantidad desmesurada para lo habitual hacia 1590-1600. Hoy se impone la idea de que el fenómeno de la crisis y recesión se debe entender como el resultado de la confluencia de factores diversos. Es evidente que algunas regiones estaban alcanzando el techo de su expansión agraria y que los rendimientos decrecientes, debidos a la extensión de los cultivos hacia tierras cada vez peores, entraban en contradicción con el crecimiento demo gráfico, creando una tensión de tipo malthusiano que era especialmente grave en las ciudades. El aumento de la renta de la tierra (tanto por el alza en la tasa de la renta por superficie como por la extensión de las áreas dadas en arrenda miento, debido a la ampliación de patrimonios eclesiásticos y nobiliarios) cas tigaba a su vez a muchos campesinos y redujo su capacidad de resistencia eco nómica cuando llegaron los malos tiempos. La desviación de la inversión hacia juros y censos —que sería incluso ma yor de lo que se ha pensado si consideramos la expansión de la deuda de los mayorazgos y las ciudades— o la adquisición de rentas, jurisdicciones o títulos de nobleza, actuaría en el mismo sentido. F. Braudel acuñó la expresión «trai ción de la burguesía» para referirse a este fenómeno y a sus manifestaciones a escala europea. La denominación es muy discutible, porque implica dar por supuesto que existía una burguesía, que ésta tenía un papel histórico que nece sariamente pasaba por la inversión industrial y comercial y, más aún, que en otras condiciones ese capital se hubiera invertido en dichas actividades. Con todo, no es menos cierto que una parte considerable de la riqueza del reino es capaba con extrema facilidad de los circuitos productivos. La misma forma de gestión de los mayorazgos, que pese a lo que se ha repetido hasta la saciedad era perfectamente compatible con las mejoras productivas, imponía criterios en conjunto poco favorables a la hora de afrontar los problemas con que se enfrentaban las economías peninsulares. Lo mismo podría decirse de las eco nomías eclesiásticas, cuyas pautas de gestión venían marcadas por las priori dades de los servicios del culto o en su caso de los asistenciales. De ellos vivía además una nube de clérigos cada vez más nutrida. Por lo que se refiere al peso de la fiscalidad, también exige una argumenta ción más sutil. Ni las cifras que se han utilizado dan cuenta de la carga fiscal en sentido amplio, ni aquélla se debe considerar en términos similares a los actuales. Por ejemplo, conviene considerar la deuda pública —juros y en al gún caso también censos, de los ayuntamientos, por ejemplo— como una car ga, más que como deuda. En muchas ocasiones, como cuando se compensaba con juros a los dueños de tesoros de Indias secuestrados por la Hacienda, o cuando se consolidaban de modo forzoso las deudas derivadas de asientos, libranzas impagadas o hasta sueldos, se trataba de operaciones impuestas por parte de la corona. Todo indica, por otro lado, que el peso de las alcabalas, y desde luego después de los millones, se descargó sobre las economías urbanas, dando lugar a sisas sobre el consumo de productos a menudo básicos —carne, vino, aceite— , lo que no sólo disminuía la demanda de artículos industriales,

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sino que —más olvidado pero no menos importante— encarecían el sustento de la familia artesana y de oficiales y aprendices y, con él, los costes de repro ducción de los talleres. Esta situación se daba además justo cuando el tirón de los precios del trigo afectaba a los mantenimientos, y en el contexto de merca dos muy fragmentados por razones institucionales. Por otra parte y por lo que a Castilla se refiere, se ha de poner también en la balanza otra fiscaiidad no incluida en las cifras al uso. La derivada de los impuestos municipales creados para atender las necesidades de compra de jurisdicciones, tierras baldías, rentas, oficios públicos, etc., con las que villas y lugares, e incluso ciudades, intentaban responder a los procesos de enajena ción de la corona. A los ayuntamientos a veces no les quedaba más remedio que comprar lo que la Hacienda sacaba a subasta: si no adquirían su jurisdic ción podían pasar a convertirse en señorío, con la incertidumbre que entraña ba; o si no pujaban por los baldíos, un forastero, o un Vecino poderoso, podría hacerse con ellos y excluir de su uso al resto. En otras muchas operaciones, en cambio, eran los intereses de la minoría oligárquica que dominaba el ayunta miento los que entraban enjuego: comprar el privilegio de villazgo significaba hurtarse al dominio de otro ayuntamiento más poderoso, o amortizar oficios de regidor impedía que posibles competidores ingresasen en el ayuntamiento. En Aragón, donde la presión por este concepto parece haber sido menor, se percibe, sin embargo, que los señores descargaban sus deudas particulares so bre los vasallos, que con frecuencia son obligados a hacerse cargo de los cen sos impuestos sobre las rentas señoriales en los lugares. La misma venta de tierras concejiles o baldías, de uso comunal en muchos casos, afectó a algunas áreas, como el valle del Duero, trastocando los componentes de una agricultu ra de fuerte componente comunitario que había sido un motor importante por su capacidad productiva y de crear excedentes demográficos.26 Estos problemas salieron con fuerza a la luz, aunque no faltaron adaptacio nes e incluso factores positivos en esta segunda mitad del siglo. El segundo ci clo de la economía atlántica y la expansión de los intercambios con América desde 1560 (véase el gráfico 2.1) no sólo creó estímulos, aunque mal aprove chados, a la exportación hacia el mercado americano, todavía pequeño pero emergente. Además, abarató algunas materias primas e incrementó la circula ción monetaria y animó la economía sevillana. La ruptura del eje comercial con Amberes, a raíz del levantamiento de los Países Bajos en la década de 1560, se vio compensada por una reorientación del comercio hacia el sureste y, en especial, hacia Italia. Durante esos años se percibe un mayor potencial de la banca castellana, a medida que las familias de hombres de negocios se han fortalecido en el mundo mercantil. La política de los Austrias no dejaba tam poco de tener efectos positivos, a menudo olvidados, como son los derivados del creciente gasto realizado en suelo peninsular y orientado tanto a la renova ción del armamento y las flotas como al abastecimiento de todo tipo de mate riales para los ejércitos. En Cataluña se daban pasos decisivos hacia la conso lidación de una red comercial de fuerte componente costero, que se articula en tomo a Barcelona.27

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Y, sin embargo, todo ello no es suficiente para evitar las crisis y resolver los desajustes del tejido productivo. Las razones quizá no sean sólo económi cas en el sentido más estricto del término, sino políticas y sociales. La rela ción entre la corona y las ciudades, aunque de conflicto permanente, había dado como resultado un creciente peso de aquéllas en el plano fiscal. Este po der, junto a la venta de jurisdicciones, no hacía sino fragmentar aún más el mapa económico del reino, cada vez más sujeto a normativas locales. Aunque en algunos aspectos eran aprobadas por la corona, tales medidas respondían casi siempre a los intereses de las oligarquías de cada lugar y tenían un cierto carácter disuasorio respecto del exterior. El mismo fenómeno estaba llevando a una consolidación de las prácticas restrictivas de gremios y corporaciones, que hacían valer así su papel fiscal, ya que constituían la cuadrícula sobre la que se derramaban muchos impuestos encabezados. Con ello reforzaban a unos gremios cada vez más a la defensiva respecto de mejoras productivas que exi gían una cierta flexibilidad. El resultado era una economía cada vez más rígi da, mercados muy fragmentados, sujetos a elevados costes de transacción, y una industria que difícilmente podía responder a los cambios en la demanda, el gusto y la distribución de la renta. El propio proceso político había entrelazado las relaciones entre la corona y la aristocracia de tal modo que los mayorazgos se habían sedimentado como unidades de movilización de recursos para la guerra. El resultado no era sólo la amortización de la tierra que tanto criticarían los arbitristas o los ilustrados**^ del siglo xvm, sino también la preservación de fórmulas de gestión que, si bien más flexibles de lo que se pensaba hace años, eran poco proclives a las mejoras productivas. Poco a poco la aristocracia fue habilitando vías de supera ción de sus problemas de liquidez que implicaban una reducida inversión, vías que cobrarían plena vigencia en el siglo xvn. El mismo efecto tenía el aumen to de la riqueza de los eclesiásticos, la otra cara de un proceso por el que la Iglesia se había convertido — incluso en el plano fiscal, como hemos visto— en el pilar básico de la política internacional. Todo ello implicaba problemas de tipo estructural en cuyo contexto las di ficultades e insuficiencias del sistema productivo adquieren una dimensión claramente menor de lo que se ha sostenido a menudo. Pero sobre ello parece haber actuado también la propia evolución de la economía internacional. El aumento de la circulación monetaria, los avances en las técnicas comerciales y de pago, y la consecuente integración de los circuitos de comercio, incrementa ron la competencia en los mercados internacionales. A finales de siglo, el mo delo de crecimiento polinuclear, incluso disperso, salido de la crisis medieval parecía estar dando paso a otro mucho más polarizado y en el que la compe tencia entre los distintos países era más intensa. Por lo que a España se refiere, la presencia de productos industriales procedentes del norte de Europa había ido creciendo cada vez más durante la segunda mitad del siglo. El segundo ci clo atlántico y la expansión de la economía minera en América supusieron asi mismo una avalancha de mercaderes de otros países que se veían obligados a canalizar sus productos hacia la península, al objeto de intercambiarlos por el


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preciado metal, base de sus beneficios. Ello implicaba, por añadidura, una cre ciente competencia para las industrias castellanas y españolas en general. La economía española —o la suma de las distintas economías regionales— se enfrentaba así a retos de calibre considerable. Presa de rigideces que tenían profundas raíces institucionales y sociales, había de afrontar el reto de la pre sión demográfica en un contexto de productividad agrícola decreciente, el del aumento de la renta de la tierra al tiempo que aumentaba la superficie sujeta a ella, el de la rigidez de los mercados y la insuficiencia en el proceso de cons trucción de una red urbana, el de la escalada fiscal sobre el consumo en un es cenario de costes industriales crecientes, el de la desinversión y la orientación del ahorro en dirección contraria a la actividad productiva. Y todo ello en el escenario de una economía internacional cada vez más competitiva que pro yectaba sobre la península intereses crecientes y hacía de ésta el área más dis putada de las redes de comercio internacional Ciertamente, y éomo resultado de su diversidad institucional y de condi ciones ecológicas, las distintas economías regionales iban a reaccionar de modo diverso. Pero hacia 1590 la crisis, entendido el término no como depresión, sino como una situación de dramatismo intenso que había que encarar con to-% dos los medios disponibles, era evidente y el fantasma de la recesión era, en algunas áreas, algo más que un espectro. Las reacciones serían diversas y de ahí que la evolución económica de las distintas regiones peninsulares, aunque cada vez más interdependiente, fuera muy diferente a lo largo del siglo xvu.

LECTURA RECOMENDADA John H. Elliott (1995), «España y su imperio en los siglos xvi y xvn», en J. H. Elliott (1995), España y su mundo, 1500-1700, Madrid, Alianza (trad, de A. Rivero), pp. 26-49.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Bartolomé Bennassar (1983), Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Casti lla y su entorno agrario en el siglo xvi, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid. Sin duda constituye la mejor monografía de historia urbana y del entorno rural de las ciu dades castellanas. Especialmente interesante por el fino análisis de las implicaciones entre economía, sociedad y mentalidades. La obra clásica sobre la Hacienda de Carlos V es la de Ramón Carande (1987), Carlos V y sus banqueros. Barcelona, Crítica, 3 vols. [1.a ed. 1943-1967], que aborda, desde la perspectiva de la Hacienda, el estudio de la sociedad y la economía castella nas del siglo X V I. Pese a los avances posteriores a su primera publicación, sigue siendo uno de los trabajos cumbre sobre la historia económica de España. J. Ignacio Fortea Pérez (1990), Monarquía y Corles en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II, Salamanca, Cortes de Castilla y León, anali-

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za exhaustivamente las relaciones entre la corona y las Cortes, con especial incidencia en los aspectos fiscales. Una de las obras más representativas de la revisión reciente del problema de la organización política y el entramado de poder de la época. Felipe Ruiz Martín (1990), Pequeño capitalismo gran capitalismo. Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Barcelona, Critica. Excelente monografía sobre el capi talismo mercantil castellano y sus lazos con el mundo de los grandes negocios y del comercio internacional. Complejo planteamiento sobre los vínculos entre comercio y finanzas a través del análisis de las relaciones con Italia de la familia de los Ruiz. La obra de David Vassberg (1986), Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «pode rosos» y campesinos en la España del siglo xvt, Barcelona, Crítica, brinda una equili brada descripción sobre el campo y las actividades rurales de los reinos peninsulares en el siglo xvi. Por último, Pierre Vilar (1979-1988), Cataluña en la España moderna, Barcelona, Crítica, 3 vols. [1.a ed. en fre c e s 1962], es la monografía aún no superada sobre la historia de Cataluña en la épocamoderna. De gran interés no sólo para el estudio del siglo xvi, sino también de los posteriores y, en particular, para el xvm,

3. LAS RAÍCES DEL ATRASO ECONÓMICO ESPAÑOINCRISIS Y DECADENCIA (1590-1714) B artolom é Y un C a sa u lla Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Si el XVI se ha considerado el siglo del esplendor y la expansión, la visión tradicional sobre el siglo xvn es diametralmente opuesta. Tiempo de derrota y decadencia, necesariamente habría de considerarse también siglo de recesión y desastre económico. Más aún, si ya desde los escritos de E. Hobsbawm, el xvn era el siglo de la «crisis general» en Europa, España se convirtió, junto a Italia, en paradigma del proceso, un caso claro de crisis con recesión. A ello se suma ba la percepción —evidente para él en los estudios de E. Hamilton y P. Chaunu— de que no era sólo un fenómeno peninsular, sino una crisis del Imperio colonial (recesión también), que habría afectado al conjunto del país. En su interpretación, este hecho habría sido esencial, pues de la crisis y del agarrota miento de la economía que implicaba se habría derivado el retraso en los orí genes del desarrollo capitalista peninsular. Al «Siglo de Oro» habría seguido así el «Siglo de Hierro», un período difícil en el que, además, la guerra y sus secuelas (destrucción, fiscalidad, conflictividad social y política) habrían mar cado la trayectoria de la economía europea en general y muy particularmente la de España.1 Con todo, esa visión de conjunto tan negativa sobre el xvn europeo ha cambiado, y también, aunque quizá en menor grado, algunas de las consideraciones habituales sobre la economía española en esta centuria.

3 .1 .

E l s i g l o x v ii en E u r o p a . D e l a « c r i s i s g e n e r a l » a la g e n e ra liz a c ió n de la s tra n sfo rm a c io n e s

Ya desde hace unas décadas diversos historiadores plantearon, desde pers pectivas diferentes, una revisión del concepto de «crisis general» y de sus causas.2 Como resultado, la idea que tenemos hoy del siglo xvn europeo es mucho más matizada y, se podría asegurar, cada vez menos pesimista.

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Ni siquiera Hobsbawm negó las facetas positivas de la crisis. Por el con trario, para él, este fue asimismo el siglo de los «orígenes del capitalismo». Habiéndose adaptado a los problemas económicos del siglo de manera diver sa, los distintos países de Europa se situaron en posiciones diferentes (con especial ventaja para Inglaterra) de cara al desarrollo económico que habría de llevar a la industrialización y el capitalismo moderno. Por esa misma razón, consideraba también el siglo xvn como una época de transformaciones. Y es precisamente el concepto de transformación el que — liberados cada vez más de la necesidad de debatir sobre la existencia o no de una «crisis general» que se había venidS^dentificar con «recesión»— más han enfatizado los trabajos recientes sobre el período. Esa revisión ha sido paralela a la experimentada por el concepto de industrialización y a la tendencia a verla como un proceso mucho más lento y acumulativo, basado no tanto en cambios técnicos, sino también en transformaciones organizativas previas, que se habría dado en mu chas áreas de Europa y no sólo en Inglaterra. Ello implicaba una doble revi sión del siglo xvn: por una parte, la crisis ha pasado a ser cada vez más una crisis-transformación (más allá del concepto de crisis-recesión); por la otra, se tiende a ver que dichas transformaciones, si bien no idénticas e iguales en in tensidad en todos los países, fueron lo suficientemente profundas en todo el continente como para poner a muchas economías —y no sólo a la inglesa— en la rampa de lanzamiento de un crecimiento de nuevo cuño. En sintonía con todo ello, son muchos los estudiosos que han hecho hin capié en la importancia y generalidad de los cambios experimentados, dentro —por supuesto— de un contexto menos expansivo que el del siglo xvi, y des de luego que el del xvm. Frente al viejo concepto de «revolución agraria» im pulsada por la aristocracia inglesa en el setecientos y que desembocaría en la mecanización agrícola, se resalta ahora la importancia de los cambios agrarios que sobre la base de adaptaciones de tipo organizativo más que sobre la intro ducción de mejoras técnicas, habrían impulsado en el siglo xvn los yeomen (medianos labradores ingleses). Y tales cambios habrían sido paralelos a avan ces importantes en las formas de comercialización al por menor, así como en la industria, que serían decisivos en el proceso de formación del mercado. Con criterios parecidos se ha llamado la atención sobre las mejoras en la produc tividad agrícola y en los transportes, experimentadas en Francia durante este siglo, así como sobre la responsabilidad que en el cambio agrario habrían de tener los fermiers en algunas áreas del país. También por lo que se refiere a las Provincias Unidas y a Bélgica se han constatado no sólo avances importantes en la renta per cápita, sino procesos de diversificación industrial y cambios que anuncian un desarrollo protoindustrial sobre cuya base se habría de cimen tar la industrialización. Incluso para Italia, algunos autores han enfatizado la importancia de los reajustes y transformaciones productivas, hasta hablar de un «equilibrio dinámico» que generaría una «fase de crecimiento que se conti núa hasta hoy».3 Si las transformaciones son evidentes en las distintas economías regionales —y en las relaciones entre ellas—, no menos lo son a escala general. Ya hace

LAS R A ÍC E S D EL A TR A SO E C O N Ó M I C O ESPAÑOL

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algún tiempo J. De Vries llamó la atención sobre el surgimiento en el siglo xvn de un nuevo modelo de desarrollo urbano. Éste habría significado el paso de un tipo de ciudad de cuño medieval, cuya fuerza se basaba en buena medida en la jurisdicción y el poder político sobre su entorno, a la formación de una red urbana en la que primaban los lazos comerciales a larga distancia, lo que supondría el desarrollo de las ciudades costeras y la creación de un sistema sobre el que se de desarrollar la industrialización. En el mismo plano general, se ha discutido la existencia y dimensiones de una crisis de la economía atlántica. A la idea de una crisis en el imperio español en América que habría incidido en Europa, se contrapusieron desde muy pronto otras visiones. No es sólo que la economía minera no atravesase una reccsión tan intensa como se había pensado. Es también que la propia economía americana habría experi mentado, según algunos, una especie de reconversión interna (y no tanto uña recesión que, desde luego, es evidente en el plano demográfico) que reforzó las relaciones entre las distintas regiones, independizándolas cada vez más de los lazos con España. Además —y más importante para lo que a nosotros nos interesa— es evidente que la crisis de los imperios español y portugués vino acompañada de la expansión inglesa y holandesa e incluso de la forma ción de modelos de explotación colonial muy diferentes. Así pues, más que ante una crisis-recesión de la economía atlántica (y colonial en general) estaría mos ante un proceso de relevo y de cambio en el funcionamiento de los impe rios coloniales que implicaba un desplazamiento hacia el norte del centro de gravedad económica. Un hecho éste que ya fue invocado por F. Braudel hace tiempo y que, mirado desde la perspectiva de lo que conocemos del siglo xvi —marcado por el predominio de un modelo de crecimiento polinuclear—, su ponía también el paso progresivo hacia un modelo más jerarquizado de creci miento comercial.4 Todos estos cambios de acento e interpretación obligan a no pocas recon sideraciones del caso español. ¿Hasta qué punto es correcta la idea de crisisrecesión como hecho predominante? ¿Cuál fue el carácter, magnitud y distri bución espacial de las transformaciones experimentadas en la economía? ¿En qué medida y de qué modo la evolución de la economía interior debe ponerse en relación con las transformaciones en el contexto general europeo y mun dial? Estas y otras cuestiones, que arrancan de lo expuesto en el tema anterior, deben abordarse para comprender cabalmente la evolución de las economías peninsulares en el siglo xvn.

3.2.

C

r is is , r e c e s ió n y r ig id e c e s in s t it u c io n a l e s y p r o d u c t iv a s

La idea de una crisis-recesión, como reverso económico de la decadencia política, ha presidido la visión tradicional del siglo xvn. Años de investigación han documentado además muchas de sus facetas. Pero semejante imagen no se presta a una explicación sencilla, ni responde del todo a la realidad. O no a toda la realidad. Por el contrario, ya desde fines del siglo xvi, se hacen habi

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tuales en los documentos y las reflexiones de los contemporáneos términos como «postración» o «decadencia», y abundan las llamadas a la necesidad de «restauración». Todo ello evoca una conciencia evidente del declive. Al mis mo tiempo, si por un lado las dificultades de la economía española en su con junto han sido avaladas por la investigación reciente, no menos reiteradas son las advertencias en cuanto a la necesidad de introducir matices de tipo regio nal, e inclesBátisespecto de las dificultades de hacer un diagnóstico simple de una situación que habría de marcar la historia de España hasta el siglo xx.

Los «males de España» y los arbitrios para su remedio Cuando a principios del siglo xvn Juan de Mariana hablaba de los «males de España» se estaba refiriendo a una realidad compleja y profunda que venía de atrás. La última década del siglo xvi había sido especialmente difícil. La creación del servicio de millones y las dificultades agrarias e industriales habían coincidido con una serie concatenada de malas cosechas y epidemias. La crisis de mortandad de 1599, muy probablemente la peor de toda la época moderna según los cálculos disponibles, dejó a Castilla postrada. El ciclo de peste en que se inscribe (1596-1602) azotó a buena parte de la península y, en particular, a las zonas más densamente pobladas del interior (véase el mapa 3.1).5 A ello se sumaron las pérdidas provocadas por la expulsión de los moriscos en 1609: aunque hay discrepancias sobre las cifras de afectados, como ocurre con la ex pulsión de los judíos de 1492, los efectos fueron desastrosos en muchas locali dades de Aragón y Valencia; en este reino, donde, por otra parte, la recesión demográfica había empezado ya para esas fechas, según ha demostrado J. Ca sey, se habla de más de un cuarto de la población total. El cambio de siglo presenció la eclosión de una literatura arbitrista cada vez más pesimista y crítica. Incluso obras literarias, como el Quijote de Cer vantes, o el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, respiran un espíritu de autocrítica que estará presente en multitud de facetas de la época. Y, si bien este tipo de introspección colectiva no fue exclusivo de España, adquiriría aquí tintes especialmente intensos y dramáticos. Desde la obra cumbre de M. Gon zález de Cellorigo, Memorial de la política necesaria y útil restauración de la República de España (1600) en adelante, una larga lista de expertos en diver sas materias se dedicaron a diagnosticar las causas de la «declinación» y a pro poner métodos (arbitrios) para su remedio. De ahí que conozcamos a estos autores con la denominación, algo peyorativa, de arbitristas. Los diagnósticos y remedios que ofrecían pueden ser políticos y sociales: a veces implicaban una reforma constitucional, generalmente en términos de restauración de un orden pasado. Y podían, igualmente y de manera indisociable, ser de tipo económico y fiscal. En ocasiones proponían un único arbitrio que debía servir para llenar las arcas de la Hacienda, aliviar los males de los labradores o lograr que los te soros de Indias fructificasen sólo en España. Pero junto a estos remedios —a veces disparatados— había diagnósticos certeros y propuestas sensatas.

3.1.

La

d ifu sió n

de la

peste

de

1596-1602 en el i n t e r i o r

p e n in s u la r

F u r nt e : V. Pérez Moreda (1980), Las crisis de mortalidad en la España interior (,siglos xvi-xix), Madrid, Siglo XXI.

Mapa

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Así, los hay —muchos— que predican contra la diversidad de figuras fis cales, contra la multitud de impuestos locales y contra su incidencia sobre los más pobres y sobre las actividades productivas. Solían pedir algunos el esta blecimiento de contribuciones únicas y simples, la derogación de aduanas en tre reinos y regiones; y eran muchos los que criticaban las manipulaciones monetarias que tanto incidirían en la vida económica. No faltan los que pre dicaban una contención del gasto militar y cortesano o los que veían los males en las mercedes del rey a particulares o en la dependencia de banqueros extranjerosiY los había que abogaban por la creación de una red de erarios públi cos — m&cla de bancos y pósitos— que enjugasen el déficit, acabasen con los juros e independizasen al rey de los extranjeros. Para muchos, la necesidad de reformas iba más allá, y partía de una crítica a la realidad socioeconómica. Los problemas, decían, arrancan de la despobla ción (relacionada a veces con la emigración a Indias, como hace Cristóbal Pérez de Herrera), de la pobreza, la carestía y la debilidad de una clase media (los «medianos»), de las técnicas de cultivos rudimentarias, de las formas de propiedad de la tierra, de la amortización eclesiástica, de la inversión impro ductiva en juros y censos, de los prejuicios contra el trabajo manual, la esca sez de ahorro.,Y por ello predicaban la contención en la creación de institutos religiosos, la suspensión de la venta de baldíos que empobrece a los campesi nos (M. Caxa de Leruela), la promoción de obras de regadío y navegación flu vial, la promulgación de leyes antísuntuarias, etc., el desarrollo de la industria e incluso, en clara línea mercantilista (Sancho de Moneada), la prohibición de sacar materias primas y la necesidad de defender el mercado peninsular y americano.6 La tasa del grano — precios máximos oficiales para los cereales panificables, vigentes de forma permanente desde 1539— fue también objeto de con troversia entre los arbitristas. Mientras algunos (M. de Soria) la defienden como medio de arbitrar entre los intereses opuestos de agricultores y consu midores, otros más perspicaces (M. Fernández de Navarrete) desvelan lo inútil y dañino de la norma para los cultivadores: en los años fértiles deben vender barato por la abundancia de la oferta, y en los estériles no pueden resarcirse vendiendo más caro. El resultado era la falta de incentivos para los producto res. Con todo, hay razones para dudar de que la tasa se aplicara de forma ge neralizada y estricta, aunque sin duda su existencia permitía a las autoridades exigir su cumplimiento cuando consideraban que los precios se desbordaban más allá de lo permisible.

Política reformista y Hacienda La magnitud y variedad de las criticas y arbitrios formulados era tal que no debe extrañar que la política de reformas se abriera paso ya desde fines del reinado de Felipe II y, desde luego, desde la época del duque de Lerma, valido de Felipe III. Se plasmó en la creación de Juntas que intentan agilizar el pro

LA S R A ÍC E S D E L A T R A SO E C O N Ó M I C O ES PA Ñ O L

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ceso de toma de decisiones y entre las que destaca, ya en 1618, la Junta Gran de de Reformación, o en la petición de informes a instituciones tan relevantes como el mismísimo Consejo de Castilla. Pero ese reformismo llegaría a su punto culminante durante el reinado de Felipe IV y, más en particular, durante la etapa de valimiento del conde-duque de Olivares, entre 1623 y 1643. El va lido — al contrario que algunos de los arbitristas— ligaba la necesidad de re formas a la aplicación de una política de reputación que pasaba por la guerra y el conflicto. Según él, había que limitar las mercedes de la corte, promulgar leyes contra el consumo suntuario e incluso revisar la propiedad de rentas rea les por p a r a d e nobles y particulares en general. Vinculado a su proyecto de Unión de4\rmas, que implicaba un compromiso mutuo de defensa entre los distintos territorios de la monarquía, concibió todo un plan de redistribución de la carga fiscal entre Castilla —sobre la cual recaía el grueso de las cargas de la Hacienda— y los otros reinos. Y al tiempo que re vitalizaba la Junta de Re formación, impulsó un plan de erarios que sirvieran para enjugar el déficit de la Hacienda, abolir los millones e independizar a la corona de los asentistas extranjeros. Obviamente, muchos de sus proyectos y medidas —la cacareada contención de las mercedes o los intentos de crear impuestos únicos que libe raran al rey de la dependencia de las ciudades— le valdrían la animadversión de los nobles y la oposición de las Cortes, por cuanto atentaban contra privile gios y redes de intereses muy arraigados.7 Es evidente, sin embargo, que la política reformista no implicó cambios profundos y que estuvo jalonada de fracasos: la propia caída de Olivares en 1643, ya lo fue en cierto sentido. La contradicción entre guerra y reforma, entre cambio programado y necesidades perentorias, era evidente. Después de una etapa de paz a comienzos de siglo, que no sirvió sino para alentar aún más el fortalecimiento de las Provincias Unidas y la entrada de productos extran jeros en los circuitos de comercio hispanoamericanos, la vuelta a la guerra puso las cosas muy difíciles. Mientras persistiera la necesidad de financiar las campañas militares, poco se podía hacer para sanear la Hacienda, prescindir de los asentistas o de las oligarquías urbanas y reducir el monto creciente de la deuda. El sector exterior habría de ser decisivo. Hacia 1620 empezaba a tocar te cho el segundo ciclo de la economía atlántica. A los problemas de tipo demo gráfico y el agotamiento de algunos yacimientos en las indias, se vinieron a sumar otros factores. La recomposición de la economía colonial y la forma ción de circuitos más cerrados en sí mismos en el comercio americano, e in cluso la creciente importancia de la conexión asiática merced al galeón de Manila, llevaron a una reducción de las remesas de plata llegada a Sevilla. La creciente intromisión de mercaderes extranjeros en ese comercio, incluso a tra vés de factores —agentes— en la propia Sevilla, y la capacidad de Holanda e Inglaterra de esquivar los embargos de comercio contribuyeron a ese drenaje de metales preciosos. Dadas las necesidades de liquidez creciente por parte de la corona, esto constituía un problema de enorme gravedad. Durante algún tiempo su dependencia respecto de los banqueros genoveses se hizo aún ma

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yor y su sustitución por marranos portugueses (judeoconversos, mayoritariamente lisboetas) no solucionaría del todo los problemas. Al mismo tiempo, esa situación obligaba a afianzar el pacto (en algunos términos poco favorable al reino) con las Cortes y, más en particular, las ciudades y oligarquías urbanas, que se opondrían a aquellas reformas que implicaran una reducción de su po der. El fracaso de la Unión de Armas y las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640, y de Nápoles y Sicilia en 1647, dejarían claras las dificultades de la polí tica de reparto fiscal. Algunas medidas, como el establecimiento de la media annata (impuesto creado en 1631 sobre la transmisión de rentas y títulos) o la revisión la pertenencia de ciertas rentas enajenadas en manos de particula res, estiman llamadas a desencadenar la oposición de la nobleza cortesana, cla ve para el gobierno de la monarquía. En una coyuntura crítica, en la que ciuda des e industrias atravesaban por problemas, con una agricultura cada vez más palpablemente en crisis y con una población rural en descenso, las posibilida des de incrementar las contribuciones (que, al fin y al cabo, de eso se trataba) eran cada vez más remotas. Hacerlo al tiempo que se introducían reformas que afectaban a pactos institucionales decisivos era, sencillamente, imposible.8 No es extraño que esta situación llevara a la caída de Olivares. Ni tampoco que las medidas hacendísticas de urgencia fueran la tónica dominante. Las ventas de cargos, jurisdicciones y rentas reales se multiplicaron. De los prime ros, por ejemplo, se duplicó y hasta triplicó el número de regidurías (conceja lías) en los ayuntamientos urbanos, al objeto de venderlos. En cuanto a seño ríos o jurisdicciones —también llamadas ventas de vasallos—, que se vendían normalmente en detrimento del realengo, baste decir que entre 1626 y 1668 se enajenó la jurisdicción de 275 localidades en la corona de Castilla, habitadas por más de 200.000 personas. A las alcabalas, cuyo rescate pidieron en vano no pocos tratadistas, se añadieron otras figuras impositivas que, como los recién creados «cientos», entraron también en este circuito de ventas. Las primeras y tímídas manipulaciones monetarias (1599 y 1617) se vieron ensombrecidas por la espiral de cambios introducidos en las monedas entre 1621 y 1680. Las bancarrotas — cuatro generales en el reinado de Felipe IV, más alguna par cial— se entremezclaron con las tomas de cargamentos remitidos de Indias para particulares (a cuyos propietarios se «compensaba» a veces conjuros). El recurso a nuevos expedientes se incrementó: las confiscaciones de juros, la media annata sobre oficios y juros (reteniendo los intereses debidos o parte de ellos), el invento del papel sellado, obligatorio para los documentos de carác ter público, son buenos ejemplos de ello. Poco a poco se consolidó también la costumbre de establecer «donativos» (generales o particulares), esto es, canti dades solicitadas al reino, a una ciudad u organismo por parte de la corona previa negociación de la forma de pago y de los arbitrios necesarios para su recaudación. Desde 1626 se procedió asimismo a la creación de los «cientos», gravámenes sobre las transacciones comerciales —parecidos a la alcabala, con la que se arrendaba a menudo—, con valor inicialmente de un 1 por 100, pero que se acumularían hasta sumar un 4 por 100 en 1665. Y, por supuesto, se continuó con la votación y gestión de los servicios de millones, cada vez más

LA S R A ÍC E S D EL A T R A S O E C O N Ó M I C O ESPA Ñ O L

G r á f i c o 3 .1 . E v o l u c i ó n

df . l o s p r e c i o s e n l a s e g u n d a m it a d d e l s i g l o

93 xvn

(PREMIOS DF, LA PLATA E ÍNDICES DE PRECIOS) Premio de la plata sobre el cobre (en %)

Premio de la plata F u f .n t e : J.

Índice de precios (1671-1680 = 100)

............ Precios Andalucía

Precios Valencia

Viccns Vives (1959).

dependientes de la Comisión de Millones y que constituirían lo que, en pro piedad, se puede llamar la Hacienda del reino.9 La Hacienda de la monarquía hispánica siguió asentada sobre tres pilares: los servicios de los asentistas — ahora cada vez más genoveses y portugue ses— que garantizaban los traslados de dinero allí donde las campañas milita res lo requiriesen, la fiscalidad que recaía fundamentalmente sobre la corona de Castilla y la plata de Indias como garantía última del sistema. Lo cierto es que la incapacidad para construir fuentes estables, previsibles y saneadas de ingresos llevó a la espiral de expedientes extraordinarios que cobraron enorme dimensión en tiempos de Felipe IV. Resulta casi imposible determinar el volu men de unos ingresos tan diversos en sus fuentes —hacienda del rey, hacienda del Reino en Castilla, haciendas forales, Indias— y modalidades — impuestos, enajenaciones, deuda a corto y largo plazo, monopolios, donativos— , Tampoco por el lado del gasto es más fácil dar datos precisos. Lo que sí conocemos, desde los pioneros trabajos de A. Domínguez Ortiz, es el marasmo financiero, los crecientes agobios y el caos en la gestión. De ahí que fuera necesario re currir cada vez más a los expedientes extraordinarios, pese a que se sabía a ciencia cierta que socavaban las bases mismas de la economía y, por tanto, de la futura recaudación fiscal.

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H IS T O R ÍA E C O N Ó M I C A DE ESPAÑA

Entre tales expedientes, merecen mención aparte las manipulaciones mo netarias, que presentaban dos facetas distintas, aunque de efectos similares. Por un lado, las emisiones de moneda de vellón — en principio una aleación de cobre y plata, que acabó siendo puro cobre—, inicialmente modestas y lue go masivas. Mientras que en la moneda de plata resultaba difícil manipular el valor facial, pues se apreciaba en función del contenido metálico, con el ve llón podía hacerse, y convertir cada nueva emisión en una fuente de ingresos extraordinarios. El resultado fue que la moneda mala acabó expulsando a la buena de plata deôs mercados interiores (en el exterior no la admitía nadie). Eventualmente, #sto debía redundar en la devaluación del vellón con respec to a la plata, como ocurrió: al margen de los valores faciales, se impuso un premio de la plata para los pagos hechos en moneda buena. Esta prima llegó a superar el 200 por 100 en algunos momentos (véase el gráfico 3.1). A las emi siones, se sumaban los resellos, con los cuales la Hacienda manipulaba di rectamente — con un troquel— el valor facial del vellón, duplicándolo o tri plicándolo cuando necesitaba fondos (pues las eecas retenían la diferencia) o recortándolo en la misma proporción cuando le convenía. Se imagina fácil mente el caos monetario que tales manipulaciones, reiteradas permanente aunque imprevisiblemente hasta 1680, generaron. Y se imagina asimismo el problema que implicaba, de cara a retener la moneda de plata en España, el hecho de que se tuviera que saldar una balanza comercial claramente desfavo rable en monedas de plata (la única aceptada por los comerciantes extranjeros) de valor creciente con respecto al vellón (por el que se regían los intercambios internos).

El lastre de las estructuras sociales Si la reforma fiscal se vio abortada por la combinación de necesidades pe rentorias de fondos y encastillamiento de los grupos de poder en sus posicio nes de privilegio, la reforma de las estructuras sociales y políticas que habían llevado a la crisis ni siquiera pasó de los renglones de los tratadistas. Por lo que a la aristocracia se refiere, su postración financiera no hizo sino agravarse. La vida cortesana, imprescindible además en un sistema que hacía de la cercanía al rey, de la ostentación y de las demostraciones de poder, la fuente principal de influencia, mercedes y rentas, no hizo sino incrementar las necesidades de gasto. Y el mismo efecto tuvo la cada vez mayor importancia de las estrategias matrimoniales como clave del juego político y de influencias. A ello contribuía la estrecha implicación de las grandes casas — los Benavente, Osuna, Béjar, etc.— en el gobierno de la monarquía, como virreyes, gene rales o ministros, con los gastos crecientes en que incurrían en tales misiones. El resultado era la pervivencia e incluso el agravamiento de las crisis periódi cas de liquidez, a medida que pasaba el tiempo y se asistía al descenso de los ingresos extraordinarios debido a la recesión económica. El caso de los du ques de Feria es significativo al respecto (véase el gráfico 3.2).

LAS RAÍCES DF.L ATRASO ECONÓMICO ESPAÑOL G rá fic o

3.2. Los

in g re so s de l a c a s a de F e ria ,

Ingresos nominales

1620-1670

Alcabalas

95

(m ile s d e d u c a d o s )

............. Dehesas

F u e n t e : C h. Ja g o (1982).

Sin embargo, esa situación de crisis de ingresos, que se dio en otros mu chos países de Europa, la afrontaría la aristocracia de modos diversos. Muchos recurrieron, por ejemplo, a las mercedes derivadas del servicio a la monarquía y el ingreso extraordinario que éstas representaban. Se combatirían, asimismo, obteniendo de la corona permisos para imponer censos sobre bienes del mayo razgo: como eran teóricamente indisponibles, resultaba muy difícil ejecutar las hipotecas en caso de impago. Posteriormente, podían solicitarse nuevas autorizaciones reales para reducir o subrogar esos censos que pesaban sobre los mayorazgos, o bien reducciones generales de los tipos de interés, como las decretadas en 1563 (a 7,14 por 100) y 1621 (al 5 por 100). Semejantes medi das sólo podían ser balones de oxígeno en el corto plazo, pero permitían a las casas aristocráticas sortear los agobios de liquidez sin necesidad de recurrir a mejoras dirigidas a aumentar la productividad de los recursos productivos bajo su dominio. A lo sumo, lo que se registraría es un incremento de la pre sión nobiliaria en la gestión de sus patrimonios y recursos, que ha permitido a algunos autores utilizar los términos poco claros de «reseñorialización» e in cluso «refeudalización».10 El patriciado urbano experimentó asimismo un proceso de cambio y refor zamiento. Aunque hoy está clara la existencia de un cierto grado de movilidad en los oficios municipales (regidurías), es evidente que en el siglo xvn se asis

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tió a la consolidación de unas oligarquías urbanas complejas, cuyas ramifica ciones se proyectaban tanto sobre el gobierno local como sobre otros centros de poder e influencia: cargos estatales y eclesiásticos, control de patronatos y puestos de gran influencia social, escribanías y otros oficios públicos. Tales eran las bases del pbder de unas minorías muy dinámicas internamente y cada vez más ennoblecidas e imbuidas de expresiones aristocratizantes que iban desde la adquisición de señoríos a la vinculación de sus patrimonios en mayo razgos.11 La perpetuación del sistema fiscal basado en los millones, los donati vos y otras formas impositivas que daban lugar a sisas administradas por los munícipes y que implicaban un alto grado de autonomía en la recaudación re forzaban, obviamente, el poder de estas oligarquías. Más aún, los mecanismos de gestión de este tipo de servicios actuaban en idéntico sentido: para recau dar el monto de los servicios, el rey autorizaba la creación o aumento de sisas sobre el consumo, y pedía una cantidad adelantada. Ésta se aprontaba normal mente imponiendo censos sobre los bienes de propios, cuyos intereses se pa gaban luego con el rendimiento de éstos, o la recaudación de sisas. Pues bien, quienes prestaban ese capital —y luego cobraban los intereses— eran a menu do miembros de esas mismas oligarquías urbanas o instituciones ligadas a ellas. Esto resultaba no sólo en un notable control financiero de los municipios por parte de estas oligarquías, sino en que el dinero recaudado por vía de sisas que recaían sobre los consumidores más modestos— o los frutos del patri monio municipal acababan yendo a parar a los bolsillos de los más pudientes. Y en el mismo sentido jugaba el creciente control de las oligarquías sobre los propios y tierras baldías, o incluso las jurisdicciones adquiridas por las ciuda des y villas. La consecuencia en definitiva era la pervivencia del sistema insti tucional articulado en torno al poder municipal (si bien éste se vio perjudicado por las enajenaciones) y una relación de dependencia muy estrecha entre los municipios — las ciudades castellanas en particular— y la corona. Una depen dencia que no excluía conflictos entre ambos, al contrario, pero que ayuda a explicar también el poco interés de las ciudades por introducir cambios que pudieran trastocar ese equilibrio de poder. Parecidos motivos podrían explicar la creciente moperancia de las Cortes; es más, hay autores que subrayan cómo la desaparición de las Cortes de Castilla en 1665, año en que dejan de convocar se en sesión ordinaria para aprobar servicios, más que un gesto de absolutismo por parte de la monarquía, habría sido una solución promovida por las ciu dades que, para esas fechas, habían establecido las relaciones de la corona en otro plano —el que pasaba por las maniobras a través de la Comisión de Mi llones y, sobre todo, por la negociación directa y su protagonismo en la recau dación de estos y otros servicios— y que temían cualquier cambio que se pudiera generar en las reuniones de Cortes.12 En el mismo orden de cosas, también las instituciones eclesiásticas verían reforzado su poder. El aumento de las donaciones para fundar monasterios, patronatos, obras benéficas, capellanías o memorias de misas era consecuen cia del fervor religioso de la Contrarreforma (véase el gráfico 3.3). Los estre chos lazos del clero con la aristocracia y el patriciado urbano, y su propia

L.AS R A ÍC E S D E L A T R A S O E C O N Ó M I C O E S PA Ñ O L

......

Fundaciones

97

Capital total

Fuente: J. M. López García, dir. (1998).

fuerza económica, no hicieron sino prestarle un vigor renovado. No es extraño que durante estos años, y pese a que también algunas atravesaron por crisis y problemas de liquidez, muchas de estas instituciones vieran aumentar sus pa trimonios de manera notable e incluso que fueran capaces de redondear sus posesiones agrarias, sus patrimonios urbanos o sus carteras de préstamos en forma de censos o juros.13 De este modo, el alcance de la política reformista habría de ser muy corto. En todos los reinos peninsulares, y en particular en Castilla y Aragón, se di fundirían unos valores de tipo nobiliario y aristocrático cada vez más defini dos y sólidos, que junto a los estatutos de limpieza de sangre, llevarían a una cerrazón creciente de muchos cuerpos institucionales (ayuntamientos, gremios, etcétera), al tiempo que se reforzaba el desprecio a los valores relacionados con el trabajo. Se siguieron desarrollando formas de inversión rentista, como la compra de estados señoriales y jurisdicciones, la adquisición de oficios, juros, censos y rentas, y, desde luego, el poder y la influencia sustituirían a la inversión y el riesgo en la gestión de los grandes patrimonios. Ello, al tiempo que se reforzaban las jurisdicciones particulares, ya fueran de los municipios, la aristocracia, el patriciado urbano o las instituciones eclesiásticas, y que se extendían cada vez más las propiedades amortizadas y vinculadas.

98


Las reformas, aunque se dieron, no supusieron cambios radicales, ni en la organización de lS&haciendas de los distintos reinos, ni en la estructura social —que visiblementecaminaba hacia una mayor rigidez—■, ni en el sistema de valores sociales, ni en los presupuestos de gestión de sus patrimonios por par te de los grupos sociales más poderosos. Las consecuencias serían evidentes.

Crisis, recesión y reajustes No parece que los tratadistas de la época fueran descaminados. La despo blación, los problemas del campo y de las ciudades han sido perfectamente documentados por la investigación histórica más reciente. Ello tampoco debe ría extrañar si tenemos en cuenta la rigidez de las estructuras sociales y su cla ra repercusión en la economía. Y es que existían todos los ingredientes para que, golpe a golpe, la crisis se convirtiera en una recesión. Las cifras de diezmos son concluyentes. En Castilla la Vieja, Valencia o Toledo, regiones para las que contamos con datos muy agregados (véase el gráfico 3.4) y significativos, el derrumbe de la producción de cereal es más que evidente y pudo implicar una contracción productiva de hasta el 80 por 100. En otras zonas, el fenómeno quizá fuera menos perceptible, pero no dejó de estar presente. Es interesante subrayar que esta contracción de la producción de cereal no parece haberse compensado por una expansión simétrica de otras actividades agrarias. Si en algunas áreas, como la Tierra de Medina en Casti lla, La Rioja o Andalucía, se comprueba una cierta expansión del viñedo, es evidente que ésta no pudo ser de magnitud similar al retroceso de los cultivos de alimentos y piensos. Tampoco a escala general puede considerarse que se compensara, durante esta primera parte del siglo, con el avance en determi nadas regiones de cultivos como el maíz. La otra actividad dominante en las áreas rurales, la ganadería (sobre todo ovina) no sólo atravesó también dificul tades, sino que difícilmente pudo remontar por sí sola los problemas de una economía de subsistencias. Si en ésta la medida del éxito era la capacidad de alimentar personas, la expansión ganadera más bien implicaba un uso bastante menos intensivo del espacio agrario. Así, aunque pudiera reportar importantes ingresos a unos cuantos ganaderos (e incluso una cuota creciente de la renta nacional), suponía siempre y en todo caso mayor pobreza para una buena par te de la población española. En otras palabras, aun admitiendo la hipótesis —no probada— de que la extensión de las tierras de pastos y la ganadería ovi na incrementaran su aporte en términos de renta per cápita, difícilmente —ha bida cuenta además de la creciente concentración de la cabaña ganadera— podía llegar a ser un factor de mejora económica.14 La evolución demográfica y, en particular, la evolución de la población rural constituyen quizá la prueba más clara de que ni siquiera estas transforma ciones llevaban a una mejoría. De hecho, el derrumbe productivo se tradujo en un descenso de la población rural, como revelan las series de bautismos de di versas zonas de la península. Aunque de intensidad diferente según las regio-

LA S R A ÍC E S D E L A TR A SO E C O N Ó M I C O ES PA Ñ O L

G

r á fic o

3 .4 . D i e z m o s

99

y p r o d u c c ió n a g r a r ia en d iv er sa s r e g io n e s .

B ase 100

en

1 6 4 0 - 1 6 4 9 ( ín d ic e s

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120 100 80 60 40 20

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Castilla y León Extremadura

Valencia Toledo

Galicia (Marinas)

F u e n t e : Elaboración del autor con datos de García Sanz ( 1997); Yun (1990); Sebastián (1991); Marcos Martín (1989); Saavedra (1996); Casey (1983); López Salazar y Martín Galán (1981); Rodríguez Grajera (1990).

nes, el declive es, sin embargo, de una claridad palmaria (véase el gráfico 3.5). Es cierto que la situación en Galicia y Andalucía podría ser interpretada como de estancamiento o, a lo sumo, de lenta recesión, mientras que las de Cata luña, el País Vasco y Navarra muestran tan sólo quiebras más localizadas con una mayor capacidad de recuperación. Con todo, la crisis demográfica es una auténtica recesión en la España interior, particularmente en Castilla la Vieja, en Extremadura y en Castilla la Nueva, donde tan sólo a partir de las décadas centrales del siglo se percibirá una cierta y relativa recuperación. Aunque no se debiera hacer de ello un razonamiento universal —sobre todo a escala local— es obvio que existe una relación circular entre la evo lución de la población y la producción agraria. Como ha predicado la visión más malthusiana de la economía — que tampoco se debiera tomar a rajata bla— , si el descenso de la población a causa de los golpes secos de las gran des mortandades llevaba a una disminución de la producción de subsisten cias, ésta no hacía sino acelerar el retroceso demográfico, creando un círculo

1 00


G rá fic o

3.5.

I n te r io r y p e rife ria en E spaña: b a u tiz a d o s en l a s á r e a s r u r a le s ,

1585-1800,

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— Castilla la Vieja y León Galicia ■■ , Andalucía

F u e n te : Y un (

1600-1609,

Castilla la Nueva ............. Extremadura País Vasco y Navarra Cataluña

1999).

vicioso, de sentido inverso al círculo virtuoso que había operado durante la centuria anterior. Ante la crisis, cabían varias respuestas. Una era sencillamente replegar los cultivos a las zonas más fértiles, lo que permitía obtener mejores rendimien tos por hectárea y por activo, y dedicar las tierras abandonadas a la explota ción ganadera, más extensiva, y al aprovechamiento del monte. También cabía apostar por las mejoras —como ocurrió en algunas agriculturas del noroeste europeo— , mediante la intensificación agraria. Tales mejoras podían venir por la vía de cambios en las rotaciones de cultivos y el acortamiento de los barbe chos — introduciendo nuevos cultivos complementarios a los cereales, como legumbres—, la estabulación del ganado y la producción de piensos y pastos —con la consecuente mejora en la disponibilidad de abono— , la extensión del regadío y, en general, la orientación de la actividad agraria hacia formas más especializadas que mirasen más a la demanda de los mercados. No todas estas vías de mejora se adaptaban del mismo modo a las condiciones medioambien tales de las distintas áreas peninsulares, pero obviamente todas ellas exigían inversiones considerables —en capital y mano de obra—, y la seguridad para quien las hiciera de que iba a poder disfrutar de los beneficios de lo invertido. Y todo ello dependía sobre todo de factores de tipo social.

LA S R A ÍC E S D EL A T R A S O E C O N Ó M I C O ESPA Ñ O L

101

La solución que dio la aristocracia a su crisis de liquidez mediante la bús queda de mercedes tendría como consecuencia limitar las inversiones produc tivas y el interés por la renovación agraria. Ciertamente y al contrario de la vi sión tradicional al respecto, esas mejoras existieron y se percibían ya desde fines del siglo xvi. No pocos nobles se endeudaron precisamente para sanear sus mayorazgos y seguían de cerca la gestión de sus estados. Pero el resultado global de la situación es el opuesto. Dado que el mayorazgo aristocrático esta ba sujeto a los requerimientos del rey (de quien podría decirse que tenía la lla ve del arca, a través de los permisos para hipotecar o enajenar), y que además los bienes vinculados eran — teóricamente al menos— inalienables incluso en caso de bancarrota, las inversiones en mejoras estaban muy por debajo de lo que la situación general exigía. Y ello tanto más cuanto que los ingresos alter nativos por la vía de las mercedes, sumadas a las reducciones de los tipos de interés que disminuían el lastre de las deudas, hacían cada vez más innecesa rio esforzarse en esas mejoras. A los nobles, igual que a las oligarquías urba nas que amayorazgaban sus patrimonios cada vez con más frecuencia, les era más rentable concentrar sus esfuerzos en obtener rentas o defenderlas por es tas vías del favor político, en vez de invertir en la producción o sanear la ges tión. A medida que crecía la propiedad vinculada, el efecto general de esta tendencia se amplificaba. El hecho de que buena parte del ingreso de muchas casas procediera de gravámenes sobre la producción (tercias y diezmos) y la circulación de mercancías o de los repartos fiscales (alcabalas) cuya percepción estaba garantizada por la jurisdicción, alimentaba aún más esa situación. Y el mismo efecto tenían, por lo que a los señores se refiere, formas de cesión del dominio, como la enfiteusis, que separaban a la aristocracia del proceso productivo. La extensión de las manos muertas eclesiásticas, igualmente inalienables, tenía efectos similares. Como en el caso de la nobleza, no es del todo cierto que algunas instituciones religiosas — conventos, monasterios o cabildos cate dralicios— no intentaran introducir mejoras como forma de encarar la rece sión. Casos como el de los jesuítas de Villagarcía de Campos, que introducen mejoras y regadíos en los cotos de su dominio, son bien significativos al res pecto. Pero la intensidad y efectos de ese proceso parecen haber sido muy li mitados en la mayor parte de las regiones. La garantía que implicaba la amor tización, y, en muchas áreas, el predominio de tipos de ingresos y formas de propiedad de la tierra (diezmos, enfiteusis, juros, censos) similares a las de la nobleza actuaban en el mismo sentido. Como consecuencia, una parte impor tante de las rentas acumuladas en manos del clero salía de los circuitos pro ductivos y se orientaba hacia el servicio eclesiástico, el consumo suntuario e incluso el atesoramiento (del que son buena muestra la orfebrería litúrgica que albergan los museos catedralicios aún hoy, tras las desamortizaciones del xix). Sólo una pequeña parte de la renta acumulada por monasterios, conventos, iglesias y catedrales en mejoras productivas. En una situación similar se encontraba el patriciado urbano. No es que no se dieran respuestas positivas a la crisis, que sin duda las hubo muy diversas

102 G


r á fic o

3 .6 . R f.n t a

d e la t ie r r a en n u e v e c o r t ijo s d e

J af .n , 1 5 8 1 - 1 6 8 0

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Elaboración del autor a partir de datos de L. J. Coronas Vida (1994).

según los casos y las regiones. Pero en muchos casos este era un grupo social que, habiendo acumulado extensas propiedades — a veces también vinculadas en mayorazgos—, prefería métodos de aprovechamiento extensivo, como la ganadería, cuya capacidad de generar rentas para el conjunto de la sociedad rural era muy limitada. El afianzamiento de estas oligarquías en los ayunta mientos —con la posibilidad de acceder a mercedes regias y de aprovechar en beneficio propio rentas fiscales, terrenos comunales y bienes de propios— no hacían sino acentuar aún más las formas de gestión que descartaban las mejo ras productivas. Del otro lado de la sociedad rural, una nube de pequeños y medianos cam pesinos se encontraba prácticamente imposibilitada para introducir tales mejo ras. Las estrictas reglamentaciones comunales —tras de las que había no po cos intereses— las hacían casi inviables en muchas regiones. La escasez de medios técnicos y la pobreza de buena parte de la población rural, la pulveriza ción y dispersión de la propiedad campesina en muchas comarcas a causa del sistema de herencia basado en la partición del patrimonio entre los herederos, el creciente endeudamiento campesino, impedían o dificultaban seriamente los cambios. Es cierto que se dieron en alguna medida, y esta fue una de las claves de la recuperación en algunas regiones. Pero también lo es que las con

L A S R A ÍC E S D EL A TR A SO E C O N Ó M I C O ESPA Ñ O L

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diciones ecológicas de muchas zonas, sobre todo en el árido interior peninsu lar, eran poco propicias a un desarrollo a gran escala de lo que Joan Thirsk ha llamado la «agricultura alternativa»: aprovechamientos a pequeña escala basa dos en el policultivo, en actividades de granja (gallinas, cerdos, pichones, pe queños hatos de ganado ovino), y en el aprovechamiento de recursos de montes, pastos y bosques. Así las cosas, las consecuencias eran casi inevitables, pero además se vol vieron en contra de sus principales responsables: la aristocracia señorial, y las oligarquías y el clero terratenientes. El descenso de la población y de la de manda de tierras, junto a su creciente concentración, explican la caída de la renta de la tierra en la mayor parte de la península (véase el gráfico 3.6). Esa situación venía a incentivar aún más la inversión en censos consignativos, e incluso en juros, de muchas instituciones y propietarios particulares. Y, al mis mo tiempo y dada además la caída de los precios de los productos agrarios, el resultado era un estancamiento y en muchas ocasiones un descenso del ingre so ordinario de muchos nobles e instituciones.

El declive de la red urbana y comercial La crisis del campo tuvo su correlato en las dificultades de las ciudades y la quiebra de las actividades urbanas. Ciertamente, el siglo xvn presenciaría la eclosión de Madrid como centro urbano por excelencia; pero no es menos evi dente la crisis de las economías ciudadanas. Núcleos como Segovia, Valladolid, Córdoba, Toledo e incluso Sevilla experimentaron una drástica reducción de sus efectivos demográficos. En aquellas áreas donde se ha podido recons truir, como Castilla la Vieja, es evidente que el descenso de la población urbana — sin duda el indicador más aproximativo— fue incluso más fuerte y se pro longaría más en el tiempo que el de la población rural.'5 Obviamente, detrás de todo ello estaba el derrumbe de las actividades ur banas en general y de las industriales en particular. De hecho, si la industria de paños de Segovia resistió hasta la segunda década del siglo y la seda de To ledo, más mal que bien, también aguantó, la industria de la lana de Córdoba se precipitó por una pendiente desde la década de 1580. Otras ciudades, como Salamanca o Valladolid, que respiraba de nuevo durante el corto regreso de la corte entre 1601 y 1606, y que habían basado parte de su impulso en funciones de tipo administrativo y educativo, se derrumbaron y despoblaron. El asenta miento de una corte estable en Madrid, la concentración allí de los resortes de poder y la importancia creciente de éstos para las economías aristocráticas, aceleraron la emigración a la capital del Manzanares de una parte importante de la nobleza. Ello supuso además que la concentración de rentas procedentes del campo, que tanto había potenciado el consumo y la industria de las ciudades, se trasladaría ahora a un punto único. La macrocefalia madrileña —a la que se ha llegado a culpar de la decadencia del interior— es así inevitable y tiene su otra cara en el menor dinamismo de las ciudades de su entorno (véase el

1 04


G r á f i c o 3 .7 . B a u t i z a d o s castellana,

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F u e n t e : Yun (1999).

gráfico 3.7). El sistema urbano salido en Castilla de la crisis del siglo xv y cuyo potencial expansivo se había cimentado sobre el dinamismo de las ciuda des del interior y sobre una malla repartida de núcleos fuertemente relacio nados, se había venido abajo. En el interior de Castilla, la única área donde se habían dado conatos de formación de una red urbana consistente, un centro macrocefálico y cuya expansión se debía en buena medida a la acumulación de rentas de naturaleza política se sobreimponía a un conjunto muy débil de ciudades.16 Las razones de ese proceso son evidentes. No se trata sólo de que las ciu dades hubieran visto desmoronarse, a raíz de las ventas de jurisdicciones por la corona, el señorío urbano sobre el que se había asentado buena parte de su poder.17 El fenómeno hay que ligarlo además a la rigidez creciente de las in dustrias urbanas, que se ha relacionado con prejuicios religiosos plasmados en los estatutos de limpieza de sangre, pero que era también la derivación lógica de un sistema fiscal que implicaba la necesidad de sostener a los gremios, pues constituían la cuadrícula sobre la que reposaba la recaudación de muchos impuestos. Igualmente negativa fue la incapacidad de las ciudades para conso lidar los circuitos agrourbanos surgidos en el siglo anterior y que alimentaban

[.AS R A ÍC E S D E L A T R A S O E C O N Ó M I C O ES PA Ñ O L

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la especialización de la producción. Tampoco la dinámica fiscal castellana fa voreció la consolidación de las actividades industriales y el comercio. El peso creciente de las sisas (derivadas de los millones, los donativos y, cada vez más, de expedientes fiscales de todo tipo) sobre el consumo de productos bási cos tenía un doble efecto negativo al que ya nos hemos referido en el tema an terior: sobre el consumo de productos industriales y sobre el coste de mante nimiento de los talleres artesanos. De este modo, se creaba una situación muy difícil para unas manufacturas que tenían que competir con industrias extran jeras más flexibles y eficaces. Los cambios operados en el funcionamiento del mercado interior apuntaban también en ese sentido. La concentración en casi un único punto, Madrid, de buena parte de la demanda de productos industriales abarataba costes de información y distribución para productores lejanos, lo que incrementaba la competitividad de mercaderes y fabricantes extranjeros, restando cuota de mercado a las manufacturas españolas. El afianzamiento en ciudades importantes, como Sevilla, de una poderosa colonia de mercaderes extranjeros que casi estaban obligados a tomar dicho mercado para garanti zarse el acceso a la plata y las especias, potenciaba el papel de ésta como dis tribuidora de productos manufacturados no sólo hacia América, sino también y como efecto lateral hacia el interior peninsular. La enajenación de jurisdicciones y la venta de oficios relacionados con el funcionamiento de mercados locales, con la consiguiente fragmentación del mapa mercantil, el desarrollo de barre ras de entrada a escala local cada vez más sólidas y el aumento de los costes de transacción restaban flexibilidad a las redes de comercialización interior por las que circulaban los productos locales, con el consecuente impacto en la industria peninsular. Por si fuera poco, el recurso por parte de la corona a las manipulaciones monetarias creaba una incertidumbre crónica y potenciaba la aversión al riesgo de los agentes económicos.18 En este contexto se entiende la huida de las actividades industriales o la re ducción de éstas a ámbitos estrechos sobre los que se pudieran proyectar sus redes de influencias personales y familiares. Y se entiende asimismo que se acelerara el abandono de las actividades comerciales de la nobleza y los patriciados urbanos castellanos, cuya participación había sido de tanta importancia en el siglo xvi. Aunque su impacto estaba muy concentrado, la recesión y los cambios que se experimentarían en el comercio americano durante estos años no dejarían de influir en la economía doméstica. Si ya a fines del siglo xvi el impacto de la demanda colonial sobre las industrias castellanas era muy pequeño, la remode lación de los circuitos coloniales y la intromisión creciente de los mercaderes extranjeros no haría sino aflojar aún más esos lazos. Por otra parte, la entrada de mercaderes del norte en esos tráficos y la avidez con que éstos buscaban la pla ta de las colonias reforzaban el papel de las exportaciones de productos indus triales que —a través de Sevilla o por el mero contrabando— realizaban estos países. Más aún, las necesidades de productos del norte —no ya sólo industria les, sino también de otros, como el cobre para la acuñación de monedas de ve llón, o el pescado salado— fortalecían aún más su dominio de esos circuitos.19

1 06


Por otra parte, industrias urbanas que habían sido muy dinámicas, como la de la construcción — orientada además a la producción de bienes de larga du ración— , dejan de dinamizar sectores decisivos del artesanado. No es extraño que la crisis de las ciudades suponga asimismo un incremento cada vez mayor del peso relativo de un sector terciario muy peculiar, dominado sobre todo por la expansión del servicio doméstico. El número de criados de una casa era un auténtico baremo de prestigio y simbolo de poder para sus dueños. Este tipo de actividades de servicios, especialmente desarrollado en la capital, tenía sustancialmente menos efectos multiplicadores sobre el conjunto de la econo mía que la industria. Basta considerar todo lo anterior para entender la complejidad de la situa ción. Ciertamente, ya desde fines del X V I , la crisis (que derivaría en recesión en algunas áreas) se combinaba con ciertos procesos de reajuste y adaptación: expansión del viñedo y la ganadería en algunas zonas, producción de cereales menores y legumbres, primeros pasos en el cultivo del maíz, etc. Pero, al mismo tiempo, dos cosas son evidentes: ni estos cambios podían, por el momento, compensar los efectos negativos de la crisis, ni sus efectos eran iguales en todas partes. De ahí precisamente que se empezaran a notar diferencias regionales importantes. Así, mientras que la población rural de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Extremadura mostraba una clara tendencia negativa durante las tres primeras décadas del siglo, otras regiones, como Cataluña, Galicia, el País Vasco y Navarra, más bien parecían asistir a un cierto estancamiento con osci laciones más o menos intensas (véase el gráfico 3.5). Tales reajustes, sin em bargo, parecen estar aún muy lejos de compensar la recesión que afectaba a buena parte de Castilla, que desde hacía casi dos siglos venía siendo la loco motora que tiraba de la economía española.

3 .3 .

L

a r e c u p e r a c i ó n y l a s n u e v a s b a s e s d e l c r e c i m i e n t o 20

Como reflejan las series de producción y población, la segunda mitad del siglo xvn contemplaría una nueva fase de recuperación, aunque muy diferen ciada según las regiones. Esta recuperación habría de cuajar, andando el tiem po, en un nuevo modelo de expansión general.

Entre el estancamiento y la recuperación Desde 1650 el cambio de coyuntura demográfica era un hecho en muchas villas y lugares (véase el gráfico 3.5). Es muy temprana en Galicia, Andalucía y el País Vasco y Navarra y desde 1650 se percibió con claridad en los datos de Cataluña. Para esas fechas la recesión demográfica —más profunda y dura dera— había tocado fondo en la España interior. Aunque de manera más lenta, Extremadura, Castilla la Vieja y León y Castilla la Nueva vieron también cómo sus campos se volvían a reanimar.

LA S R A ÍC E S D E L A T R A SO E C O N Ó M I C O E S PA Ñ O L

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Ese hecho se percibe asimismo en las series de diezmos de cereales, que experimentan una clara tendencia al alza desde mediados de siglo o incluso antes (véase el gráfico 3.4). En Valencia, la producción global casi llegó a du plicarse entre la década de 1640 y la de 1690, y lo mismo cabe decir de las se ries catalanas y de las disponibles para la Galicia atlántica. De manera menos consistente debido a las dificultades de las últimas décadas del siglo, esa recu peración se percibe también en Toledo y Extremadura y es muy clara en Casti lla la Vieja y, en especial, en áreas como la Tierra de Campos o en Segovia.21 No menos explícitas — aunque con más complicaciones de tipo metodoló gico e interpretativo— son las estimaciones disponibles sobre la actividad comercial de distintos núcleos estratégicos. En efecto, hacia 1650 se estaban constituyendo en zonas dispersas por la geografía peninsular una serie de encla ves dedicados al transporte interior y la arriería; son muchas villas manchegas, o lugares como Villarramiel en la Tierra de Campos, San García en Segovia, La Bañeza en León, y otros muchos, cuya población empezaba a crecer y que vivían de poner en relación las grandes áreas del comercio regional. Se perci be asimismo un nuevo impulso en el comercio marítimo (a veces ligado a cir cuitos exteriores) y de cabotaje. Bilbao y, sobre todo, Barcelona anunciaban ya lo que será la expansión comercial de sus respectivas regiones en el siglo xvm. En Barcelona se asiste a la formación de una red que, con bases en el comer cio litoral levantino, estaba rebasando ese marco para proyectarse hacia el co mercio con Andalucía, e indirectamente, hacia el tráfico americano. Al com pás de esa red se percibe también un aumento del comercio de cabotaje en el sureste andaluz.22 A su vez, la coyuntura recesiva del tráfico americano dio paso a un panora ma de luces y sombras. Lo dicho anteriormente nos habla de efectos laterales muy tenues, pero evidentes. Pero sabemos además, gracias a los estudios de J. Everaert, M. Morineau y H. Kamen, que la coyuntura de estos años no es tan mala como parecía a la luz de los trabajos de E. Hamilton y de P. Chaunu. Basta considerar las cifras de metales preciosos llegados a Europa recopilada por M. Morineau (véase el gráfico 3.8) para constatar, más que una recesión, una fase de estancamiento titubeante e incluso un balance positivo si compa ramos los niveles de 1600 y 1700. Más aún, en esos años se estaba producien do un cambio en la composición del tráfico, con la expansión creciente del co mercio de coloniales como el cacao y el tabaco, que tendría efectos positivos para los beneficios comerciales.23 También en las finanzas, sin duda el punto más débil de la economía pe ninsular desde fines del siglo xvi, se percibe una creciente importancia de sagas de banqueros y asentistas españoles, que sustituyen a italianos y portugueses en los asientos. Este reemplazo se vio favorecido por la pérdida de presencia en Europa de la monarquía Habsburgo, lo que reducía las necesidades de finan ciación. Como resultado, la monarquía se mueve en circuitos más estrechos y gana independencia respecto a los banqueros extranjeros.24

S0 8 I - I 081. 008 L-96S I

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Por estimación □ O América española

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L A S R A ÍC E S D EL A T R A S O E C O N Ó M I C O ESPA Ñ O L

1 09

El papel de las políticas económicas Es obligado preguntarse por las razones de esta diferenciada recuperación económica. ¿Hasta qué punto estamos ante las consecuencias de las reformas derivadas de una política económica renovadora o más bien ante cambios rela tivamente autónomos de la economía peninsular? Ciertamente, si ya en el reinado de Felipe IV se percibe un reformismo más o menos consistente, éste es aún más claro en el de Carlos II (1665-1700), aunque el desconocimiento del reinado haya oscurecido los cambios. Se trata de un movimiento que, si bien no cuajó en un plan programático de reforma —era imposible en un reinado sometido a continuos relevos de facciones en el poder— , constituye una inquietud presente tanto entre los gobernantes como en no pocos tratadistas y hombres de práctica de la altura de F. Martínez de la Mata o el catalán N. Feliu de la Penya. El primero escribe desde Andalucía —cabeza de puente de los mercaderes extranjeros— y propugna principios de claro signo mercantilista, encaminados a combatir la presencia de los pro ductos europeos en los mercados de España y sus Indias. Interesa resaltar que estos autores no escriben exclusivamente pensando en el rey o sus ministros, sino que dirigen su mensaje al conjunto de la sociedad; además, no se quedan sólo en la teoría, sino que dedican dinero y esfuerzos, como hizo Feliu de la Penya, a llevar a la práctica sus ideas, actuando en el seno de la Junta de Co mercio de Barcelona, financiando proyectos o costeando la venida de técnicos extranjeros. Las medidas adoptadas resultaban de una pertinencia notable a la luz de los problemas fundamentales de la economía española. Por un lado, se intentó reducir el gasto de la Hacienda castellana, aprovechando el fin de las campa ñas exteriores resultado de las sucesivas derrotas que precedieron al tratado de Westfalia (1648) y la paz de los Pirineos (1659), con Francia. Las medidas di rigidas a centralizar la recaudación, agrupar rentas para un mejor control y combatir el fraude eran el único modo de racionalizar la Hacienda, incluso por encima de las corruptelas y arbitrariedades locales que estaban detrás de las dificultades del comercio y la industria. Igualmente, se procuró reducir los im puestos en forma de sisas sobre los bienes de primera necesidad e incluso tras ladar la carga fiscal a productos como el azúcar o el tabaco, con lo que se in tentaba atajar el problema de la demanda de productos industriales y el de los costes de producción de los talleres artesanos, al tiempo que se pretendía des plazar la carga de la fiscalidad a sectores de rentas más altas, cuya demanda de productos considerados de lujo era por tanto más inelástica.25 Sin duda, la contribución fundamental desde el punto de vista de la política de la monarquía debió de ser la reducción de las necesidades de financiación, como resultado de la renuncia a la intervención militar fuera de la península. Pero aunque debería haber reducido la presión fiscal sobre los súbditos espa ñoles, aún está por demostrar que tal reducción se diera. Buena parte de las rentas estaban privatizadas, y otras cedidas a las ciudades, que habían contraído

110


importantes deudas que requerían del mantenimiento de las sisas o reparti mientos para pagar los réditos. La propia corona, sin duda con ménos agobios, pudo aprovechar para sanear sus cuentas. La reforma monetaria se plasmó sobre todo en las medidas de 1680, que supusieron el último resello del vellón, reduciendo su valor facial a la mitad, o incluso menos, dependiendo de los tipo de moneda; en 1686 se completó el paquete con una devaluación de la moneda de plata. Tales operaciones tuvie ron, como sería de esperar, un efecto negativo inmediato por cuanto creaban y reproducían la incertidumbre entre los agentes económicos. Pero, al mismo tiempo, permitieron la eliminación de moneda falsa y una mayor adecuación entre las monedas de plata y de vellón — acabando con el premio que recaía sobre los pagos en vellón— logros ambos que sirvieron para hacer más flexi bles las relaciones internas del sistema monetario, dotarlo de estabilidad y mi tigar la desconfianza hacia los medios de pago; en otras palabras, se redujeron riesgos e incertidumbres y se aminoraron los costes de transacción. En el mismo sentido cabe interpretar la creación de la Junta de Comercio y Moneda en 1679, una institución encargada de fomentar la industria y el co mercio y de aprobar ordenanzas mercantiles y a la que se dotó de jurisdicción y funciones de arbitraje en estas materias, con lo que se pretendía clarificar el marco legal de los negocios e incluso imponerse a los intereses locales y a las barreras de entrada erigidas por éstos en defensa de sus intereses. El fomento de la inmigración de artesanos extranjeros no era sino un intento de poner en marcha un proceso de sustitución de importaciones (a menudo se trataba de alentar la incorporación y difusión de técnicas productivas que estaban detrás de los productos importados) que pasaba por reconocer que, en una economía como aquella, el factor productivo decisivo, más que el capital fijo, lo consti tuía la mano de obra ,y su pericia y conocimientos técnicos. Así, de entre las muchas iniciativas, no faltan algunas bastante particulares (y por ello expresi vas), como la instalación en Madrid de un maestro de abanicos romano en 1683, o el traslado de un pañero flamenco en tareas de enseñanza del oficio, o de un cristalero de la misma nacionalidad para montar una fábrica en San Martín de Valdeiglesias.26 Cabe, sin embargo, dudar de la efectividad real de tales medidas. O, mejor dicho, de que éstas fueran responsables de la tenue recuperación que hemos descrito. Y es que, a menudo, más parecen actos aislados que parte de una po lítica de reforma en profundidad. Por otra parte, las resistencias a la hora de aplicar las decisiones de política económica fueron tales que las hicieron poco operativas. El fracaso y desaparición hasta el siglo xvm de la Junta de Comercio y Moneda (o, en su caso, de algunas de las juntas provinciales, como la de Barcelona), las resistencias de muchos gremios a la llegada de ex tranjeros o el que se abortaran muchas iniciativas de renovación industrial son buena prueba de ello.

LA S R A ÍC E S D E L A T R A S O E C O N Ó M I C O ES PA Ñ O L

111

Una recuperación que nace en ios campos Más bien parece, por sus características y las áreas en que se centra la re cuperación, que ésta es sobre todo consecuencia de reajustes económicos es casamente relacionados con la política económica y cuyos límites se explican, sin duda, por la rigidez institucional y la falta de cambios en las relaciones sociales. A menudo se ha hecho hincapié en la importancia del reajuste entre recur sos y población. El descenso de ésta, se ha repetido, habría llevado a una re ducción de la superficie cultivable a áreas más fértiles, abandonando tierras marginales puestas en cultivo cuando la presión demográfica había exigido aumentar la producción de alimentos a cualquier precio. Esto implicaba mayo res rendimientos de la tierra y el trabajo, a la vez que un aumento de la dispo nibilidad de pastos, que permitían alimentar más ganado, y, por tanto, obtener más abono, un input clave en las explotaciones agrarias. Pero tampoco cabe dar a este tipo de reajustes una validez general. Hacia el siglo xvn se habían afianzado ya derechos de propiedad muy estrictos que podían dar lugar a rigi deces y que llevaban, por ejemplo, a fórmulas de aprovechamiento que, aun siendo las más rentables para los propietarios, no conducían a mejoras produc tivas. Hay que pensar que, junto a ese tipo de reajustes, se dieron transforma ciones más complejas. Veamos algunas de ellas. A lo largo del siglo se consolidó un grupo de labradores acomodados, auténtica «aristocracia campesina», que —de manera similar a lo ocurrido en Francia— se convertiría en uno de los impulsores de la expansión. Reforzadas sus propiedades de tierna y ganado por la crisis, capaces de acceder con venta ja al arrendamiento de tierras de eclesiásticos cada vez más amplias y a renta más baja, dotados de capitales suficientes para invertir en ganado, aperos y sa larios, ellos serían los protagonistas de una nueva dinámica expansiva de los cultivos y la ganadería orientados en buena medida a la comercialización. En algunas áreas levantinas fueron ellos los favorecidos por un aumento de los establecimientos de tierras en enfiteusis que creaban condiciones especial mente propicias a la expansión y diversificación de los cultivos.27 En muchas áreas se experimentaría una di versificación del producto agra rio y una mejor combinación entre agricultura y ganadería que tendría efectos positivos. En Galicia se asiste al avance del maíz y lo mismo ocurre con otros pro ductos cada vez más frecuentes que, combinados con el trigo, progresan en los valles gallegos, asturianos y cantábricos en general (véase el cuadro 3.1). El maíz —cultivo de origen americano que penetra con fuerza a partir de la dé cada de 1630— no sólo ofrecía mayores rendimientos por unidad de simiente, sino que permitía introducir rotaciones más cortas —tres cosechas cada dos años combinando con nabos y trigo o centeno— e inicialmente al menos, es capaba en parte a los diezmos, lo que suponía que los campesinos retenían una parte mayor del producto.28 Las ventajas que se derivaban de ello para las

112 C u a d r o 3 .1 .

H IS T O R IA E C O N Ó M I C A DE ESPAÑA

La

p e n e t r a c ió n d e l m a íz en l a s

R ía s B a j a s ,

a t r a v é s df.

LAS EXISTENCIAS DE GRANOS EN LOS INVENTARIOS NOTARIALES DE LOS GRANEROS CAMPESINOS ( 1 6 0 0 - 1 6 6 9 ) (PORCENTAJES DE INVENTARIOS EN QUE SE MENCIONAN)

Período

Trigo

Centeno

Mijo

1600-1619

14

4 3 ,7

4 0 ,4

1630-1639

15,1

1 8 ,2

29

1660-1669

5,1

11

Maíz

3 2 ,2

Cebada 1,8 5 ,5

8 3 ,9

F u e n t e : R. Villares et al. (1990).

economías campesinas han llevado a algunos autores a hablar de una «revolu ción del maíz» en este período. Incluso en la árida Castilla, la creciente importancia de la producción de legumbres y cereales menores orientados a la alimentación del ganado podría haber tenido efectos similares. En Andalucía, se expandió la producción de cebada orientada a la alimentación del ganado, al tiempo que se extendía el olivar y el viñedo, ligados a un consumo y comercialización crecientes, como se deduce de su difusión en las cercanías de los grandes mercados y los cen tros de comercialización hacia el exterior. El resultado, en algunas comarcas, fue una perceptible mejora de los rendimientos de la tierra. Un proceso simi lar, con la importancia creciente del mestall (morcajo, mezcla de trigo y cen teno), del centeno y las leguminosas y del viñedo, se da en algunas áreas de Cataluña. Y lo mismo ocurre en Levante, con la expansión del maíz y los avances del arroz, el cáñamo, el lino o el viñedo y otros productos comercializables. Aunque con fuertes diferencias según las áreas, el resultado era un aumento de la productividad agraria, un reparto estacionalmente más equili brado del producto agrícola, una ampliación del espectro de recursos dispo nibles y un avance de la comercialización campesina. Todo ello contribuía a incrementar la versatilidad de las economías campesinas, a dotarlas de mayor resistencia frente a las crisis de mortandad, al crecimiento demográfico de al gunas áreas y, en definitiva, a una etapa de recuperación o incluso de cierta prosperidad.29 Además, dichos cambios vinieron acompañados de una incipiente especia lización comarcal de la producción; un fenómeno casi microscópico todavía, pero que tendrá sus repercusiones. En la España interior, áreas como La Rioja o la Tierra de Medina iniciaban un tímido proceso de especialización en el vi ñedo que tuvo su contrapunto en la dedicación al cereal de la Tierra de Campos o en la extensión de la ganadería en Salamanca o Extremadura. En Cataluña, mientras el Vallés asistía al avance del mestall, la viña y los cultivos industria les, el Bajo Llobregat barcelonés se orientaba hacia él trigo, las leguminosas, los productos de huerta y los forrajes. Aunque se trata de áreas que no siempre mantienen entre sí una complementariedad cerrada, es claro que esta especia-

LAS R A ÍC E S D EL A T R A S O E C O N Ó M I C O ESPA Ñ O L

1 13

lización en función de ventajas comparativas era un factor de incipientes avan ces en la productividad. Los cambios venían ligados asimismo a una mayor movilidad de la mano de obra que tuvo indudables efectos positivos, sobre todo por lo que implicaba de un uso estacional más intenso del trabajo campesino. La expansión del oli var en combinación con el trigo en algunos municipios andaluces suponía un empleo más intenso y mejor distribuido a lo largo del año de la mano de obra. Y el hecho era especialmente evidente —precisamente por sus dimensiones menos locales— cuando se trataba de movimientos intercomarcales, derivados de cambios en los cultivos de signo diferente. Así, la expansión del maíz, con sus efectos sobre el crecimiento demográfico en Galicia, daba pie a emigra ciones estacionales cada vez más intensas — los gallegos que bajan como se gadores o buhoneros—, que estarían detrás de la expansión productiva de la Meseta castellana e incluso de Andalucía. El resultado no era sino una utiliza ción más intensiva de la mano de obra gallega — que tiene menores etapas muertas a lo largo del año— y una expansión productiva en comarcas como la Tierra de Campos, donde, sin embargo, no se había producido un crecimiento demográfico previo. La intensificación de las relaciones entre distintas áreas se percibía asimis mo en el relanzamiento de los intercambios interiores. En muchas villas como las citadas se fueron creando auténticas nebulosas de labradores, arrieros y tra ficantes que animaban el tráfico interior. Es el caso de los arrieros de Castilla la Vieja, que prosperan en los negocios del abastecimiento de Madrid. Incluso las migraciones estacionales favorecían un tráfico al por menor cada vez más importante. Las ferias y mercados locales, sobre las que se articulaba un autén tico tráfico ruralizado, cobraron nueva importancia desde finales de siglo. Se trata —otra vez hay que apresurarse a indicarlo— de fenómenos de escasa consideración, pero que anuncian un proceso que ganará en intensidad en el curso del siglo xvm. Incluso en la misma actividad industrial había cambios dentro de una tóni ca general de contrastes. En algunas ciudades, como Córdoba, Segovi a, Valen cia o Palencia, se perciben innovaciones relativamente bien definidas.30 El ma yor relajo fiscal de algunas zonas rurales y la debilidad de las corporaciones propició un cierto desplazamiento de la actividad industrial hacia las áreas rurales. Nuevos núcleos industriales, como Ampudia o Béjar, parecían estar tomando el relevo a los centros más refractarios a las innovaciones. Se trata, en algunos casos, de núcleos donde una primera flexibilidad normativa y la iniciativa señorial sirven de base a la atracción de inmigrantes conocedores de técnicas ya experimentadas en otros países. Centros productivos, como Bar celona y sus áreas circundantes, experimentaron asimismo cambios positivos para la expansión del textil y lo mismo ocurría en alguna de las ciudades que, como Valencia, estaban llamadas a impulsar la industria en el siglo siguiente.31 En suma, aunque tenue y titubeante, la recuperación económica derivada de reajustes y adaptaciones, que tanto se subraya hoy para el conjunto de Euro pa, parece haber estado también presente en la Península Ibérica.

114


El centro, la periferia y los límites de la recuperación También como en el resto de Europa el crecimiento o la capacidad de recu peración productiva no serían iguales en todas las regiones. Más aún, como en el conjunto europeo, el dinamismo corresponde sobre todo a las áreas del lito ral. Pero en el caso español las diferencias eran tales que habrían de marcar los límites y posibilidades del conjunto de nuestra economía hasta, por lo me nos, el siglo X IX . Como hemos indicado, el dinamismo de las zonas costeras y su protago nismo en la conformación del nuevo sistema urbano estaba vinculado al de sarrollo del comercio internacional. Pero es obvio que existen otros factores explicativos de índole más local o regional que nos ayudan a entender la mag nitud y alcance del fenómeno. El dinamismo demográfico y productivo, reflejado en las series de bautis mos y diezmos, que experimenta la España atlántica es un hecho explicable. Se trata de una amplia franja donde predominan ecosistemas propicios a la existencia de un amplio espectro de recursos naturales (a los cereales, la gana dería vacuna y a una amplia gama de formas de aprovechamiento del monte, se ha venido a sumar el maíz). A ellos se añadía la posibilidad cada vez mayor de obtener ingresos adicionales — a menudo en metálico— merced a la emi gración estacional y el comercio al por menor que la acompañaba. En áreas como el País Vasco o Santander todo ello se superponía al tráfico con madera, lana y otros productos, e incluso a la producción de hierro que se comerciali zaba hacia el exterior Se entiende así que esta fuera una zona capaz de sobre ponerse con facilidad a los embates de la crisis. Se trataría de un crecimiento de base rural, sin apenas expansión urbana, pero muy notable, sobre todo en términos de recuperación demográfica, si lo comparamos con lo ocurrido en las áreas del interior. Aunque con diferencias y plasmado en modelos diversos, algo similar ocurre en la costa oriental andaluza, en Valencia o en Cataluña. Aquí, el efecto dinamizador de las redes comerciales y de sus vinculaciones con el comercio ex terior se percibirá con una fuerza cada vez mayor. En estas zonas, sin romper todavía con las características de una economía de subsistencia, se asistió a un mayor desarrollo de una agricultura comercializada. Productos como la pasa malagueña, dirigida a la exportación, la barrilla murciana y valenciana, el aceite mallorquín o el vino y los aguardientes catalanes actuaban ya a fi nales de siglo como dinamizadores de las economías locales. La cesión de la tierra en plazos largos y el pago de la renta en metálico, con la posibilidad que ello implicaba de cara a introducir mejoras o cultivos de rentabilidad en el me dio plazo y orientados al mercado, parece haber constituido un hecho funda mental en algunas áreas de Cataluña, Valencia o Alicante. Al mismo tiempo, en muchas de estas áreas, a menudo por efecto de sus contactos con el exterior, se empiezan a sentar los cimientos de un incipiente desarrollo industrial. En Cataluña, y más concretamente, en la ciudad de Barcelona, una cierta flexibi

LA S R A ÍC E S DEL. A T R A S O E C O N Ó M I C O ES PA Ñ O L

115

lidad de la organización gremial estaba permitiendo un nuevo impulso en la producción de paños de lana. En Valencia se estaban poniendo las bases del desarrollo de la sedería y de otras industrias, como la del papel. En torno a ambas ciudades — desde luego, en torno a Barcelona— se comenzaban a esta blecer los cimientos para el desarrollo de una red comercial y urbana, todavía de proyección regional. Sobre la base de la transferencia de bienes y servicios entre las dos capitales y las áreas circundantes, se tejerían los hilos de la cre ciente influencia que ambas urbes tendrían en el siglo xvm.32 Por supuesto, esas transformaciones surgían también en el interior, donde, como hemos visto, tampoco faltaban los mecanismos de reajuste y adaptación. Pero no es extraño que éstos actuaran de modo más lento y entrecortado. Con ecosistemas mucho menos variados en cuanto al espectro de recursos disponi bles que en la España atlántica, era impensable un proceso de intensificación agraria como el experimentado allí. La fuerte concentración de la propiedad y el hecho de que buena parte de las tierras más fértiles hubiera caído en manos de los grandes propietarios nobles y eclesiásticos en régimen de mayorazgo y de amortización llevaba a sistemas de explotación extensiva poco propicios al aumento de la producción y la población. El arrendamiento de la tierra a pla zos muy cortos (de cuatro años a menudo) y el pago en especie limitaban los incentivos a la introducción de mejoras o a la diversificación de la producción. La macrocefalia madrileña empezaba a mostrar su lado negativo. La concen tración de rentas en la capital, combinada con la fuerte polarización de la ren ta, propiciaba más el consumo suntuario de productos extranjeros y la deman da de servicios poco cualificados, empezando por los de criadas y criados. Al mismo tiempo, la demanda de productos básicos — alimentos, sobre todo trigo, cordero y vino—- era satisfecha en buena parte por perceptores de rentas o grandes propietarios con lo que sus estímulos sobre los productores directos, si bien muy claros en las cercanías de la capital y en algunas comarcas especia lizadas en abastecerla, eran menores de lo que cabría pensar en la larga distan cia. El efecto negativo de las enajenaciones de rentas, jurisdicciones, baldíos y oficios, y de los intereses locales proyectados tanto sobre la percepción de im puestos como en la erección de barreras de entrada seguía estando presente. Ello no sólo limitaba la flexibilidad de las redes mercantiles — importante de cara a una mayor rapidez de los reajustes en el proceso de formación del mer cado interior— , sino que obstaculizaba las innovaciones industriales. En este último sentido, es interesante contraponer, a los casos de Béjar o Ampudia antes citados, el de Córdoba, donde fracasaron los intentos de renovación. La alta concentración de la demanda de determinados bienes — en particular los de tipo suntuario— en Madrid, con lo que ello implicaba de desarrollo de inte reses mercantiles y grupos de presión ligados a la importación, contribuía a hacer aún más firmes los obstáculos a la renovación industrial del interior. Incluso otros polos de potencial desarrollo económico, como Sevilla o Cádiz (a donde se trasladaría el monopolio del comercio con América en 1717), habían generado inercias difíciles de salvar. Los mercaderes de la Carrera de Indias, encerrados en sus privilegios, habían encontrado una buena vía de be-

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPAÑA

116 C u a d ro

3.2,

E s t r u c t u r a d e l c o m e rc io d e C á d iz c o n l a A m é ric a e s p a ñ o la

(1686)

( N u e v a E s p a ñ a y T i e r r a F irm e , en m illo n e s d e l i b r a s )

Lienzos

Paños

Sedas

Mercería

Cera

Francia F1andes Inglaterra Holanda Hamburgo Génova España

10.004 320 380 570 2.186

2.740 347 3.700 2.120

1.440

2.359 1.980 868 260

500 160 1.332 666

Total

13.460

F uente:

8.907

1.000 5.366 1,200

1.590

8.956

7.057

2.658

Quincalla

160 80

240

Varios

Totales

400 375 1.200

17.043 2.807 6.280 5.176 2.206 7.331 2.400

1.975

43.303

M. Morincau (1985).

neficio en la exportación de productos extranjeros e incluso en el contrabando. No es extraño que, pese a la relativa recuperación del tráfico, éste no experi mentara cambios estructurales importantes. Los productos extranjeros se guían copando la parte del león en las mercancías exportadas, y de entre los españoles predominaban abrumadoramente las materias primas y los produc tos agrarios del entorno sevillano y gaditano (véase el cuadro 3.2). De este modo, los efectos dinamizadores sobre la economía andaluza resultaban muy pobres. Y ello tanto más cuanto que el beneficio comercial —lícito o ilícito— en escasa medida se orientaba hacia la inversión productiva,33 Conviene preci sar además que los datos sobre llegadas de metales preciosos recabados por Morincau y a los que antes nos hemos referido como un indicador de un si glo xvn menos recesivo en el comercio con América (véase el gráfico 3.8) se refieren, en realidad, a metales llegados al conjunto de Europa y que, aun ad mitiendo un balance más optimista para la parte española, ésta no necesaria mente siguió un curso tan ascendente en la segunda mitad del xvn. Se explica así que la recuperación productiva fuera mucho menos clara y sostenida en el interior del país. No es que no se produjera, de hecho, hay cla ros síntomas. Es más, es probable que estemos ante avances importantes en términos de rendimientos y productividad del trabajo campesino. Pero no es extraño que la recuperación demográfica de las áreas rurales fuera mucho más lenta. Como tampoco lo es que las ciudades —otrora centros dinámicos e importantes— apenas si experimentaran aumentos en el número de pobladores. Todavía en 1750 muchas de ellas no habían recuperado las tasas de desarrollo de los sectores secundario y terciario alcanzadas en la segunda mitad del si glo XVI. Aunque no se debe considerar el único factor, es evidente que a ello contribuiría también el cambio experimentado en las redes de comercio inter nacional. El desarrollo de los transportes, de los medios de pago y de las redes mercantiles en general había producido una situación muy diferente a la del

LAS R A ÍC E S D EL A TR A SO E C O N Ó M I C O ESPAÑOL

1 17

siglo XVI. Si bien caben dudas sobre la aplicabilidad de los esquemas centrosemiperiferia-periferia al estilo de L Wallerstein, es evidente que la competen cia entre las diversas áreas económicas de Europa se había incrementado y eso hacía más difícil recuperar el terreno perdido para aquellas que, como España, habían experimentado un retroceso visible en la producción manufacturera. La postración política y el fracaso en el proceso de construcción de un Es tado sólido y eficiente desde el punto de vista fiscal, administrativo y militar contribuían asimismo a esa situación. La expansión de otras potencias en dife rentes enclaves americanos (Portugal en el Río de la Plata, Inglaterra en Ja maica, Francia en la Isla de la Tortuga, Holanda en Curasao) y el desarrollo de la piratería hacían cada vez más difícil el comercio en el área. El reconoci miento en la paz de Westfalia de los asentamientos holandeses, que se haría extensivo a los ingleses en 1670 y a los franceses en 1697 (paz de Rijswick) son sintomáticos de cómo la decadencia política empezaba a pasar factura a los intereses españoles en América.34 Algunas de las potencias extranjeras eran ahora capaces de desarrollar un comercio directo no menos nocivo para los intereses españoles. Al mismo tiempo, la postración de la marina hacía im posible la construcción de una política mercantilista de signo proteccionista de la más mínima eficiencia. El Imperio colonial español demostraba ser a fines del siglo xvn una compleja maquinaria que implicaba elevados costes de pro tección para la corona, buenos beneficios para un grupo de particulares que se aprovechaba del comercio (a menudo ilegal) y del desempeño de cargos (con frecuencia de manera corrupta), pero pocos efectos positivos para el conjunto de la economía peninsular.

3.4.

R

e f l e x io n e s f in a l e s : h a c ia u n n u e v o m o d e l o

DE CRECIM IENTO ECONÓM ICO

Considerado todo lo anterior, es evidente que el siglo xvn supuso un cam bio trascendental en la historia económica de España, de la misma manera y aunque no exactamente en el mismo sentido en que lo había supuesto en la de otros muchos países europeos. Agotado a fines del xvi y descompuesto entre 1600 y 1650 un modelo de crecimiento basado en el dinamismo del interior castellano, se asistía ahora a un crecimiento caracterizado por el empuje de las zonas del litoral que se prolongaría hasta el siglo xx. Bien es cierto que tam poco la cronología de la crisis y la recuperación es idéntica para todos los sec tores y todos los territorios peninsulares. Ello no suponía la atonía económica del interior, ni que la suerte de las regiones españolas en el proceso de indus trialización estuviera ya echada en 1700. Pero sí que se empezaban a marcar sutiles diferencias que son esenciales para entender lo que ocurriría en los si glos siguientes. La «crisis», que, evidentemente, fue una crisis-recesión en muchas áreas, presentó asimismo características de la crisis-adaptación que hoy se subrayan en otros países de Europa.

1 18


Como en Inglaterra, también en España se asistió a una serie de cambios de tipo fiscal que apuntaban hacia una mayor centralización y hacia el aprove chamiento creciente de los impuestos sobre la importación y el consumo de productos coloniales, desde el azúcar, al cacao o el tabaco. El sector agrario asistiría al fortalecimiento de una minoría de labradores, muy similar a los yeo men y fermiers a los que tanta importancia se da en el desarrollo agrícola de Inglaterra y Francia. Como en el resto de Europa, donde cada vez más se tien de a desligar el cambio agrícola del concepto de capitalismo agrario basado en grandes explotaciones, se experimentaron también aquí cambios derivados de la difusión de nuevos cultivos, como el maíz o determinadas plantas industria les. Un hecho éste que cuadra con la visión de crecimiento acumulativo y gra dual, basado en pequeños avances, que hoy se reconoce en las economías preindustriales. Y, como en otros países, se percibe el desarrollo de las áreas del litoral. Al mismo tiempo, estos cambios diferían de los experimentados en Francia o Inglaterra en cuanto a su intensidad. La reforma fiscal fue un mero proyecto que no derivó en un sistema tan centralizado como el inglés. Los cambios en los cultivos apenas si habían traspasado las fronteras de áreas muy determina das y reducidas. La recomposición de la red urbana y el relevo hacia un creci miento impulsado desde la periferia parecen haber sido más lentos que en los citados países. Todavía hacia 1700 cabía hablar de modelos regionales de cre cimiento e incluso la capacidad de las redes litorales de dinamízar el creci miento de las zonas del interior parece muy limitada. Las trabas instituciona les a la relación entre el interior y las costas y las deficiencias del sistema de transporte — en algún caso, como en la relación entre la cornisa cantábrica y la Meseta, por razones de orografía— jugaban asimismo en contra de tal inte gración. El comercio colonial apenas si había adquirido la fisonomía típica, caracterizada por el peso creciente de las exportaciones de productos indus triales y la importación de materias primas, de los imperios mercantilistas de la segunda mitad del siglo xvn y del siglo xvm. Puede que el xvn no responda a los criterios del «siglo de la recesión». Lo fue, desde luego, el de la «decadencia», siempre que por tal entendamos la cri sis y desintegración (consumada más tarde en la paz de Utrecht) de una mo narquía compuesta y supranacional y el paso a un segundo plano en el con cierto internacional. Lo que está claro, desde el punto de vista económico, es que España no fue un caso extraño en el conjunto europeo. Y lo que está claro también es que, dentro de esa tónica, el dinamismo de los cambios fue muy li mitado, y, en consecuencia, se ensanchó la notable distancia respecto de otros países donde estaban actuando de modo más veloz y ágil. Todo ello explica que la ulterior convergencia con algunas de esas economías europeas habría de resultar un proceso muy lento y costoso.

LA S R A ÍC E S D E L A TR A SO E C O N Ó M I C O ESPAÑOL

119

LECTURA RECOMENDADA Pierre Vilar (1966), «El tiempo del Quijote», en P. Vilar (1966), Crecimiento y de sarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español, Barcelona, Ariel (trad, de E. Gíralt), pp. 332-346.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Antonio-Miguel Bernal (1992), La financiación de la Carrera de Indias (14921824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, Fun dación el Monte-Tabapress, es un exhaustivo y detallado estudio sobre las redes credi ticias que alimentaban el comercio americano en la época moderna. La obra clásica de Antonio Domínguez Ortiz (1960), Política y Hacienda en la Es paña de Felipe IV, Madrid, Editorial Derecho Financiero, es un excelente libro que aúna claridad y rigor en el estudio de los mecanismos básicos de la Hacienda de Felipe IV Aunque algo superado por obras posteriores, tiene todavía el interés de la obra pionera y de fácil lectura sobre un tema complicado por naturaleza. John H. Elliott (1990), El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona, Crítica, ofrece una monumental biografía del estadista que alumbra cuestiones esenciales de la política de reformas y de las implicaciones políti cas y sociales de la economía de la época. Una excelente monografía es la del equipo dirigido por José Miguel López García (1998), El impacto de la corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moder na, Madrid, Siglo XXI, que trata un tema de debate reciente, como es el impacto del crecimiento madrileño sobre la economía española. Henry Kamen (1981), La España de Carlos //, Barcelona, Crítica, es una mono grafía aún no superada sobre la época de Carlos II, que plantea la economía del reinado en una perspectiva de estancamiento y recuperación y aborda las principales cuestio nes de la historia económica, social y política del periodo. Vicente Pérez Moreda (1980), Las crisis de mortalidad en la España interior, si glos xvi-xix, Madrid, Siglo XXI. Riguroso y, en su día, innovador estudio sobre las crisis de mortalidad y su incidencia en la evolución demográfica y económica de la Es paña interior. Bartolomé Yun Casalilla (1987), Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos, 1500-1800, Salamanca, Junta de Castilla y León, es un estudio de carácter regional en el que se intenta establecer un puente entre el desarrollo político y social y la evolución de la economía a escala local.

4. EXPANSIÓN, REFORMISMO Y OBSTÁCULOS AL CRECIMIENTO (1715-1789) E n r iq u e L l o p is A g e l á n Universidad Complutense

4 .1 .

C a m b io s p o lític o s

y

tr a n s f o r m a c io n e s en l a e c o n o m ía e u ro p e a

La entronización de la dinastía borbónica, tras morir sin descendencia Car los II, y la guerra de Sucesión (1705-1714) comportaron cambios relevantes en las estructuras políticas españolas. Una vez dominados los territorios de la corona de Aragón, Felipe V suprimió sus Cortes, fueros y privilegios e impuso nuevas contribuciones a los reinos que se le habían opuesto en la contienda. Se eliminaron también las aduanas entre las coronas de Castilla y Aragón; con ello desapareció un importante obstáculo para la formación de un espacio eco nómico unificado peninsular. Por otro lado, Inglaterra, Holanda y Austria acep taron un Borbón en el trono de España a cambio de despojarle de sus posesio nes europeas. El Imperio colonial quedó intacto, pero los ingleses obtuvieron ciertos privilegios mercantiles (navio anual de «permiso» y autorización para introducir esclavos negros) que facilitaron el crecimiento del contrabando en las Indias. En materia de organización gubernamental, el cambio de dinastía trajo consigo la aparición de los ministros del rey. Aunque no fueron suprimi dos los consejos (Castilla, Indias, Hacienda, etc.), sí desapareció el tradicional «gobierno por Consejo» de los Austrias. El creciente protagonismo de los mi nistros y el desarrollo de ciertas estructuras administrativas fortalecieron el poder real y centralizaron y agilizaron la toma de decisiones gubernamentales; asimismo, el mayor margen de iniciativa de los ministros facilitaría el diseño y la aplicación de políticas reformistas. La recuperación económica, aunque con diversa cronología e intensidad, había comenzado en la segunda mitad del siglo x v i i en casi toda España. La guerra de Sucesión y las malas cosechas del intervalo 1708-1711 sólo frena ron o interrumpieron transitoriamente dicha recuperación.

122


A escala europea, las diferencias económicas entre los distintos territorios tendieron a ampliarse desde la segunda mitad del siglo xvn. España formó parte del grupo de países de pobre crecimiento entre finales del siglo xvi y las postrimerías del xvm. Ahora bien, sólo en algunas zonas de la Europa noroccidental, la urbanización, la mayor regularidad y el incremento del comercio exterior, la elevación de la productividad agraria, el desarrollo de la protoindustria y la formación de nuevos mercados de fuerza de trabajo generaron creci mientos de cierta magnitud y sentaron las bases de sus posteriores procesos de industrialización. ¿En qué posición quedó España dentro de las transformaciones de la eco nomía europea? Excepto en Inglaterra y Holanda, la productividad por hora de trabajo en las agriculturas de los demás países descendió casi ininterrum pidamente entre 1500 y 1800; en España, esa caída fue bastante intensa. Por otro lado, el crecimiento económico de la Europa noroccidental en el siglo xviu se basó en buena medida en un uso más intensivo del factor trabajo, fenómeno relacionado con la denominada «revolución industriosa».1 La economía espa ñola aprovechó poco esta importante vía de crecimiento económico. Nuestro país perdió, pues, posiciones con respecto a las naciones de la Europa noroc cidental; ahora bien, en la España del setecientos avanzó algo el grado de urbanización, los tráficos mercantiles internos y externos se intensificaron, las manufacturas se expandieron y el consumo por habitante de bienes duraderos y semiduraderos, al menos entre los grupos de rentas medias y altas, no dismi nuyó. Además, algunas zonas de la España mediterránea, sobre todo Cataluña, sí tuvieron un crecimiento económico de naturaleza similar, aunque de menor intensidad, al de las regiones del noroeste europeo. En definitiva, si la compa ración se efectúa con el conjunto de Europa, el balance del setecientos no re sulta demasiado desfavorable para nuestro país.2

4.2.

C

r e c im ie n t o d e l a p o b l a c ió n y r e g ím e n e s d e m o g r á f ic o s

Tras la crisis de la primera mitad del siglo xvn, la población española ha bía tendido a recobrarse desde la década de 1650. En la España mediterránea, en Galicia y en el litoral cantábrico, la recuperación fue relativamente tem prana y/o vigorosa. En estas áreas, los máximos demográficos de finales del quinientos o de comienzos del seiscientos ya se habían superado antes de 1700. Por el contrario, en la mayor parte de los territorios de la España interior, la recuperación demográfica fue tardía, lenta y titubeante. En esas zonas, hacia 1700 aún no se había recobrado el número de habitantes de finales del siglo xvi. Entre 1591 y 1700 la población española creció, pero a una tasa muy exigua (véase el cuadro 4.1). El balance demográfico del siglo xvm fue más favorable que el del xvn. La población española aumentó desde unos 7,7 millones hacia 1700 hasta unos 11 millones hacia 1800.3 Creció, pues, al 0,36 por 100, tasa algo inferior a la de la población europea (0,45 por 100). Ahora bien, para valorar el crecimiento

EX PAN SIÓ N , R E F O R M IS M O Y O B S T Á C U L O S A L C R E C IM I E N T O

C u ad ro

Año

1591 1700 1752 1800 1815 1860

4.1.

T r a y e c to r ia de l a p o b la c ió n e sp a ñ o la ,

123

1591-1860

Población (en millones)

Período

6,8 7,7 9,4 11,0 11,0 16,4

1591-1700 1700-1752 1752-1800 1700-1800 1800-1815 1815-1860 1800-1860

Tasa de crecimiento de la población (en %)

0,11 0,38 0,33 0,36 0,00 0,89 0,67

F u e n t e : Pérez Moreda (1 9 8 8 ), y elaboración propia.

de los efectivos humanos de nuestro país en el setecientos, conviene tener en cuenta que: 1) España tenía una densidad de población baja (unos 15,4 habi tantes por kilómetro cuadrado hacia 1700, frente a los 43,2 de Italia, los 40 de Francia o los 21,6 de Portugal); 2) el balance demográfico del seiscientos había sido relativamente negativo para nuestro país; y 3) el número de españoles, pese a que el modelo de crecimiento económico no registró profundas altera ciones, aumentó mucho más velozmente en las seis primeras décadas del si glo XIX que en el xvm (véase el cuadro 4.1).4 En consecuencia, la expansión demográfica del siglo xvm cabe calificarla de modesta. En el conjunto de España, la población creció algo más rápidamente en la primera mitad del siglo xvm que en la segunda. Sin embargo, en varias regio nes, como se constata en el cuadro 4.2, la expansión fue mayor después de 1750. Aunque los bautismos no permiten conocer con precisión los movi mientos de la población en el corto plazo, sí posibilitan, en cambio, determi nar sus tendencias a largo plazo y estimar las variaciones de su tamaño.5 El cuadro 4.26revela que, durante el siglo xvm, la población creció bastante más en la España mediterránea, excepto Mallorca, que en el resto del país. Entre la primera y la última década del setecientos el número de bautismos se multipli có por más de dos en Murcia7 y en Valencia, y creció por encima del 80 por 100 en Cataluña. Las dos Castillas, La Rioja, Galicia y el litoral cantábrico, salvo Asturias, constituyeron las áreas en las que el impulso demográfico tuvo menor fuerza. A la hora de valorar el escaso crecimiento de la población en Galicia y en la mayor parte de la cornisa cantábrica, hay que considerar que esos territorios fueron los que habían obtenido los mayores incrementos de habitantes en el siglo xvn. Las densidades de población de partida, el margen para extender las labores y las posibilidades de sustituir los cereales tradicio nales por otros cultivos más rentables o con mayores aportaciones calóricas por unidad de superficie (maíz y patata), de intensificar los cultivos mediante la ampliación de los regadíos y de participar en los tráficos exteriores son al-


124

C u ad ro

4.2.

B a u ti z a d o s e n d i v e r s a s re g io n e s . N ú m e ro s ín d ic e (BASF.

Décadas

1700-1709 1710-1719 1720-1729 1730-1739 1740-1749 1750-1759 1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1799

Décadas

1700-1709 1710-1719 1720-1729 1730-1739 1740-1749 1750-1759 1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1799

100: 1700-1709)

Galicia

100,0 99,4 107,6 112,7 108,2 117,1 128,5 124,1 132,9 135,0

Extrema dura

100,0 97,9 112,9 108,9 117,3 128,1 128,8 134,1 139,6 148,9

Cantabria País Vasco Navarra

La Rioja

Castilla la Vieja

Castilla la Nueva

100,0 99,6 102,5 104,4 106,5 108,6 115,0 127,8 129,4 138,6

100,0 91,2 102,4 99,3 100,7 104,1 104,5 99,4 104,7 112,5

100,0 98,2 116,1 110,7 111,6 118,7 124,1 126,8 135,7 -

100,0 91,5 105,8 104,6 104,6 107,8 114,5 114,3 115,2 129,4

Andalucía Cataluña

Valencia

Mallorca

Murcia

España

100,0 98,3 112,4 113,2 120,7 132,2 140,5 . 143,0 143,8 -

100,0 97,7 119,3 135,4 139,1 160,8 181,3 191,8 190,9 209,9

100,0 106,1 94,0 102,3 107,7 101,3 116,3 116,5 107,8 111,0

100,0 113,3 127,5 139,4 144,7 157,0 171,5 167,3 177,0 177,7

100,0 98,1 110,7 114,0 116,4 126,6 135,8 138,1 141,7 152,8

100,0 94,2 103,9 101,1 97,9 108,9 115,4 110,0 118,5 123,6

100,0 95,5 102,9 109,9 114,0 116,3 119,0 122,1 124,3 129,0

100,0 100,3 108,5 118,3 120,0 138,1 148,9 155,6 158,8 181,6

Nadal (1984); Carmona (1990); Lanza (1991); Ikerketak (1985); Series inéditas alave sas elaboradas por Luis María Bilbao y Santiago Piquero; Fernández de Pinedo (1973); Inchausti (1980); Vargas y Ponce (1982); Arizcun (1987); Salinas (1992); García-Sanz (1985); Floristán (1982); Gurría (2001); Reher (1991); Llopis, Melón, Rodríguez Cancho, Rodríguez Grajera y Zarandicta (1990); Tello (1997b); Ardit (1991); Segura y Suau (1986); Lemeuníeur (2002); Chacón y González Ortiz (1978-1979); López García (1981); Cremades (1978-1979); Sánchez Baeza (1983). Fuente:

gunos de los factores que explican los contrastes en la magnitud del creci miento de la población en las distintas regiones españolas. Desde finales del siglo xvi las zonas costeras han tendido a concentrar un creciente porcentaje de los habitantes de nuestro país. En 1591 el interior reu nía al 56 por 100 de la población y las zonas litorales el 44 por 100. Dos siglos después, la distribución en el espacio de los efectivos humanos era bastante diferente: en 1787 el interior absorbía al 38 por 100 y la periferia al 62 por 100.

E X P A N S IÓ N , R E F O R M iS M O Y O B S T Á C U L O S A L C R E C IM I E N T O

12 5

Es decir, el interior, en las postrimerías del siglo xvm, ya había perdido la he gemonía demográfica y, también, la económica. Las cifras del cuadro 4.2 muestran que el impulso demográfico prosiguió en bastantes regiones, y a veces con fuerza, en la última década del siglo xvm. Entre 1780-1789 y 1790-1799, los bautismos crecieron un 14,4 por 100 en Cataluña, un 12,3 por 100 en Castilla la Nueva, 11 por 100 en Valencia, un 7,4 por 100 en La Rioja y un 6,7 por 100 en Extremadura. A finales de los siglos xvi y xvm los núcleos de más de 10.000 habitantes reunían alrededor del 14 por 100 de la población española. Por tanto, apenas hubo avances en el grado de urbanización entre ambas fechas. La casi comple ta estabilidad a escala nacional esconde agudos contrastes regionales: en Andalucía, Castilla la Vieja, León, Extremadura y Navarra, la población urba na perdió peso relativo; en cambio, sucedió lo contrario, aunque con intensi dades bastante diferentes, en Aragón, Asturias, Baleares, Castilla la Nueva, Cataluña, Galicia, Murcia, Valencia y País Vasco. En la Europa noroccidental, la tasa de urbanización se incrementó de manera significativa entre 1600 y 1800. Los datos demográficos apuntan a que el crecimiento económico espa ñol del setecientos tuvo un carácter marcadamente rural en la mayor parte del territorio. No obstante, Madrid, por la concentración de rentas y por su alto ni vel de consumo de bienes y servicios, y algunas ciudades del litoral, por la magnitud de sus flujos mercantiles, generaron importantes estímulos sobre las actividades productivas de sus respectivas áreas de influencia. El crecimiento demográfico del setecientos fue consecuencia, ante todo, de una elevación de la natalidad propiciada por una cierta mejora de la situación económica. Por su parte, la tasa de mortalidad siguió siendo bastante alta en la mayor parte del país. Aunque había aumentado algo desde 1650, la esperanza de vida al nacer era muy reducida en la segunda mitad del siglo xvm: entre veinticuatro y veintiséis años en el conjunto de España. Tampoco disminuye ron la frecuencia y la intensidad de las crisis de mortalidad con respecto al si glo xvn. La peste desapareció, pero se agudizaron la extensión y la gravedad de otras enfermedades epidémicas como la viruela, el paludismo o la fiebre amarilla. Además, la escasez de subsistencias, a veces asociada a algún brote epidémico, continuó provocando notables alzas periódicas de las defunciones, sobre todo en el interior. A escala nacional, el movimiento de la población continuó dependiendo mucho más de los saldos vegetativos que de los movimientos migratorios. En el siglo xvm la emigración definitiva a América fue reducida. En cambio, las migraciones internas sí tuvieron importancia, y fueron en parte responsables de los diferenciales regionales en el crecimiento de la población y del mayor tamaño de bastantes ciudades. La expansión de Madrid absorbió una parte considerable de los excedentes demográficos generados en las dos Castillas. Por otro lado, el rápido crecimiento de la población de Murcia y Valencia se sustentó en los saldos vegetativos, pero también en la corriente inmigratoria procedente de Aragón y La Mancha; asimismo, la expansión demográfica ca talana obedeció en parte a los inmigrantes franceses. Galicia, Asturias, Canta

126


bria y Canarias constituyeron las zonas de más intensa emigración, tanto tem poral como definitiva. En las regiones del noroeste y norte de España, muchos aldeanos, ante la insuficiencia de sus ingresos familiares, se vieron obligados a desplazarse anualmente a la Meseta o más al sur a fin de obtener rentas sala riales en las tareas de recolección. Además, la emigración neta definitiva de gallegos hacia otros territorios españoles y hacia Portugal ascendió a unas 6.000 personas anuales en la segunda mitad del siglo xvm. Entre otros factores, la fecundidad estaba condicionada por la tasa de celi bato definitivo y por la edad media a la que las mujeres contraían sus primeras nupcias. En España, la tasa de celibato definitivo fue alta en los siglos xvn y xvm. En 1797 eran célibes, en los grupos de edades entre 40 y 59 años, el 17,4 por 100 de los varones y el 17,2 por 100 de las mujeres. La elevada tasa de celibato se compensaba, en la mayor parte de las regiones, con un modelo matrimonial relativamente temprano. Aunque la edad media al contraer las primeras nupcias tendió a elevarse en los siglos xvn y xvm, ese incremento fue menor en España que en la mayoría de países europeos. Durante la segun da mitad del setecientos, en nuestro país, por término medio, los hombres se casaban a una edad de veinticinco años y las mujeres de veintitrés. En la España del setecientos coexistían tres regímenes demográficos: el primero, dominante en la España interior y Andalucía, caracterizado por un modelo matrimonial precoz y por elevadas tasas de natalidad (cercanas o supe riores al 40 por 1.000) y mortalidad (próximas o superiores al 35 por 1.000); el segundo, hegemónico en la España húmeda, por el alto porcentaje de célibes, por un modelo matrimonial tardío, por la débil fecundidad (tasas de natalidad del 34,7 y del 32,5 por 1.000 en Cantabria y Guipúzcoa, respectivamente, a finales del siglo xvm) y por una mortalidad reducida (tasas del 30,7 y del 27 por 1.000 para las mismas provincias y fechas); y el tercero, muy extendi do en el área mediterránea, por un modelo matrimonial relativamente tempra no, por la escasa importancia de las segundas nupcias, por la mayor duración de las uniones conyugales, por la débil pero progresiva elevación de la fecun didad y por una mortalidad de tipo intermedio. En Galicia, las regiones cantá bricas y Canarias el crecimiento de la población se controlaba, principalmente, mediante el matrimonio tardío, la extensión del celibato y la emigración; en cambio, la mortalidad constituía el principal mecanismo regulador del tamaño de las poblaciones de Andalucía y de la España interior. Pese al crecimiento del número de habitantes en el siglo xvm, la caracte rística más destacada de la demografía de nuestro país seguía siendo la esca sez de efectivos humanos: hacia 1800 la densidad de población no alcanzaba los 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa penuria de hombres y mujeres respondía en buena medida a la pobre dotación de recursos agrarios del terri torio español, pero también a factores históricos.8

EX P A N S IÓ N , R E F O R M IS M O Y O B S T Á C U L O S A L C R E C IM I E N T O

4 .3 .

R o t u r a c io n e s

127

y s u s t it u c ió n e in t e n s if ic a c ió n d e c u l t iv o s

Las vías de crecimiento agrario En el siglo xvm el producto agrario aumentó en España. Las fuentes dispo nibles no permiten precisar la cuantía de tal incremento. No obstante, existen indicios de que tal alza fue de una magnitud similar a la de la población, aun que a escala comarcal o provincial se produjeron algunas disparidades en la evolución de esas dos variables. Las explotaciones campesinas, que generaban en esta época un porcentaje muy elevado del producto agrario, recibieron diversos estímulos y presiones para incrementar sus cosechas y esquilmos: por un lado, las variaciones en los precios y en los costes incrementaron la rentabilidad de determinadas activi dades; por otro, el mayor número de bocas y la elevación de las rentas territo riales les obligó a intentar expandir sus ingresos agrarios y/o no agrarios. En la primera mitad del siglo xvm, período en el que los precios agrícolas se mantuvieron relativamente bajos, el incremento de las cosechas fue, ante todo, consecuencia de la presión demográfica. No obstante, en algunas zonas, como en Tierra de Campos, el alza del producto cerealista precedió al incremento de la población y constituyó la respuesta de los cultivadores de la comarca a los estímulos procedentes de ciertos mercados, sobre todo del de Madrid. Ade más, la rentabilidad de la producción de lana fina fue bastante elevada en dicha primera mitad del siglo xvm. Por consiguiente, los estímulos mercantiles no fueron ajenos al movimiento ascendente de las cosechas y esquilmos durante las primeras décadas del setecientos. Debido a restricciones medioambientales, tecnológicas, institucionales y/o políticas, el deseo o la necesidad no eran condiciones suficientes para el in cremento de la producción agraria. En la España seca, que abarcaba más del 85 por 100 del territorio nacional, la intensificación de cultivos sólo resultaba posible mediante la aportación de mayores cantidades de abono por hectárea labrada y/o mediante el regadío. La aridez y los bajos rendimientos agrícolas determinaban una densidad ganadera reducida y, por tanto, unas disponibilida des de estiércol insuficientes. Por otra parte, la ampliación de los regadíos, al menos en la mayor parte de la España seca, se enfrentaba a importantes obs táculos físicos, financieros, mercantiles e institucionales. De hecho, la superficie irrigada registró un aumento insignificante en los territorios interiores. Al no poder reducirse los períodos de barbecho, el incremento de la producción sólo podía lograrse mediante la sustitución de los tradicionales cereales por culti vos arbóreos o arbustivos más rentables, fundamentalmente el olivar o la viña,9 o mediante la roturación de pastizales o zonas boscosas. El aumento de la pro ducción de vino y aceite se veía limitado por el ritmo expansivo de los merca dos internos y externos y por los costes de transporte, especialmente elevados en las tierras del interior. En ese contexto, era casi imposible que el peso de la

128


oleicultura y de la viticultura registraran un aumento notable en el conjunto de la España seca. De hecho, en las dos Castillas, Extremadura, Aragón y Anda lucía, un elevado porcentaje de las tierras de labor, a menudo por encima del 80 por 100, se dedicaba al cereal. En definitiva, en la España interior el creci miento agrícola tenía una estrecha relación con el impulso roturador encami nado a expandir las sementeras de granos. Y ese impulso, durante el siglo xvm, fue débil en la mayor parte de las dos Castillas, Extremadura y Andalucía. España, por su orografía, constituye una de las naciones europeas con ma yor porcentaje de terrenos improductivos. Ahora bien, nuestro país, sobre todo su mitad meridional, se hallaba todavía escasamente colonizado a comienzos del siglo xvm, por lo que el margen para extender los cultivos era amplio. De hecho, entre 1815 y 1840, sin el estímulo de unos precios elevados y sin mejo ras técnicas significativas, la superficie labrada se incrementó considerable mente. Las agriculturas tradicionales precisaban conservar ciertos equilibrios entre cultivos, pastizales y zonas boscosas; sin embargo, el área total de super ficie agraria productiva no era una constante: a través de diversas intensidades de aclarado de montes y bosques se podían ampliar los pastizales y/o los apro vechamientos forestales. Por consiguiente, los rompimientos, si iban acompa ñados de este tipo de actuaciones, no tenían por qué mermar las disponibilida des de alimentos para el ganado y reducir el flujo de esquilmos forestales. En definitiva, los factores medioambientales no constituyen el principal factor ex plicativo, al menos en la mayor parte del territorio nacional, del modesto avance de la superficie labrada en el siglo xvm. Las roturaciones estaban sometidas a una minuciosa regulación institucio nal. En la corona de Castilla, los rompimientos no podían transgredir la legis lación mesteña y, en teoría, habían de ser autorizados por el Consejo de Casti lla; además, en numerosas ordenanzas locales se establecían límites a la extensión de los cultivos. En el siglo xvm se dirigieron al Consejo de Castilla 959 peticiones para roturar algo más de 100.000 hectáreas. Durante el sete cientos, la ampliación de la superficie labrada necesaria para alimentar al ma yor número de bocas hubo de ser superior a los 2,5 millones de hectáreas.10 Por tanto, el Consejo de Castilla sólo controló una pequeña parte del proceso roturador. Ello en absoluto significa que los cultivadores directos pudieran efectuar los rompimientos sin ningún tipo de restricciones. La extensión de cultivos estuvo muy condicionada por los intereses de los grupos e instituciones que controlaban la reserva de tierras susceptible de ser labrada con un mínimo de provecho. En la Cataluña Vieja (al este del río Llobregat) y en Galicia, los poseedores de dominios útiles relativamente im portantes, dueños de masías en el primer caso y «señores medianeros» en el segundo, controlaban buena parte de dicha reserva. Payeses y «señores media neros» estaban interesados en subestablecer a nuevos productores agrarios en los terrenos incultos (ya que éstos pagarían censos o foros bastante más eleva dos que los que ellos satisfacían) y, por ende, en ampliar la superficie culti vada; además, los dueños del dominio eminente, a menudo señores laicos en la Cataluña Vieja y los monasterios en Galicia, eran favorables a las roturacio

EX PA N SIÓ N , R E F O R M IS M O Y O B S T Á C U L O S A L C R E C IM IE N T O

12 9

nes, ya que solían percibir una parte de los diezmos. En la Cataluña Nueva, la despoblación había permitido a los señores hacerse con el dominio completo (eminente y útil) de grandes extensiones de tierras yermas. Como poseedores de derechos decimales, aquéllos estaban interesados en la colonización del territorio, que favorecieron mediante la cesión de lotes de tierra en enfiteusis a pequeños productores. En buena parte de la España interior, la reserva de tierras potencialmente cultivables pertenecía principalmente a los municipios,11 que estaban casi siempre controlados por las oligarquías locales o por los señores (en los nú cleos de señorío). A diferencia de Cataluña, en las dos Castillas, Extremadura y Andalucía no era frecuente que la nobleza laica participase en el reparto de la masa decimal. Además, los señores, cuya principal fuente de ingresos consis tía en las rentas territoriales, estaban interesados en frenar los rompimientos en suelos concejiles, ya que una apreciable extensión de cultivos les peijudicaría en tanto que oferentes de productos agrícolas y en tanto que rentistas. Los grandes ganaderos trashumantes y estantes también eran partidarios de mini mizar las roturaciones de comunales y baldíos a fin de preservar los pastos permanentes. Es lógico, pues, que, en extensas zonas del interior peninsular, la ampliación de la superficie cultivada fuese bastante moderada en el siglo xvm: aquí los grandes propietarios territoriales laicos y los poderosos ganaderos es tantes y trashumantes contaban con suficiente fuerza para controlar los rompi mientos en los terrenos concejiles. Esos grupos tenían intereses diversos (y, a veces, antagónicos), pero coincidían en su deseo de evitar que se ampliasen notablemente las labores en las tierras públicas. Cabe hablar, incluso, de la existencia de un «frente antirroturador» que logró un éxito relativo en la de fensa de sus intereses hasta el estallido de la guerra de la independencia. Ello no significa que el «grifo» estuviese completamente cerrado: las autoridades municipales permitieron algunos rompimientos a fin de impedir un recrude cimiento de las tensiones sociales; además, hubieron de aplicar, aunque a me nudo de manera incompleta y parcial, diversas medidas sobre repartos de te rrenos concejiles durante los reinados de Carlos III y Carlos IV En algunas zonas de Castilla la Vieja, las rentas enajenadas de la monar quía, principalmente alcabalas y tercias, constituían la primera rúbrica de los ingresos de los señores. Éstos, en tales áreas, adoptaron políticas favorables a la colonización del territorio. De ahí que el margen para extender los cultivos, a comienzos del setecientos, no soliese ser amplio en estas zonas de señorío. Por su parte, el alto clero secular (obispos y cabildos), cuya financiación dependía en buena medida de los diezmos, se mostró favorable a las roturaciones. El potencial roturador se aprovechó, pues, en desigual medida en las dis tintas regiones españolas como consecuencia, ante todo, de los diversos inte reses de los grupos e instituciones que tenían capacidad para decidir o para influir decisivamente sobre los usos de las tierras donde podían extenderse las labores.

130


Las agriculturas de los territorios del interior Durante el siglo xvm el crecimiento agrícola en la España interior fue me diocre. El cuadro 4.312 refleja ese fenómeno en algunas zonas de la Meseta septentrional y en La Rioja. En buena parte de Castilla la Vieja y León, el pro ducto cerealista por habitante era, a finales del siglo xvm, parecido o algo in ferior al de las postrimerías del xvn (compárense los índices del cuadro 4.2 y los del cuadro 4.3). Un balance similar o peor se registró en buena parte de Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía. Por otro lado, el crecimiento del producto cerealista no fue, ni mucho menos, sostenido; es más, el bache de los años sesenta fue muy profundo y luego, al menos en varias zonas, no llegaron a recobrarse los niveles de producción de los cincuenta. En la España interior, la expansión del viñedo fue, probablemente, aún más débil que la de ios cereales. En La Rioja, la producción de vino sólo aumentó un 13 por 100 de 1690-1699 a 1790-1799. Los resultados de la viticultura andaluza fueron parecidos o peores. No obstante, el viñedo tendió a concen trarse en ciertas zonas que reunían unas condiciones relativamente favorables para este cultivo. Asimismo, el olivar tuvo un crecimiento exiguo en Anda-

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Anua!

Media móvil de 7 años

F u e n t e : Libros de Fábrica de las Iglesias de San Nicolás, San Martín, San Juan y Santo Domin

go de Arévalo, Archivo Diocesano de Ávila.

131

E X P A N S IÓ N , R E F O R M IS M O Y O B S T Á C U L O S A L C R E C IM I E N T O

C uadro 4 .3 .

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L a R i o j a . N ú m e r o s í n d i c e ( b a s e 1 0 0: 1 6 9 0 - 1 6 9 9 )

Segovia Décadas

Palencia y Valladolid

Trigo

Trigo, cebada y centeno

Trigo

1690-1699 1700-1709

100 89

100 92

1710-1719

106

109

94

1720-1729

104

110

109

1730-1739

107

10 3

118

125

Ávila


Trigo

100

10 0

100

100

100

107

104

115

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132

141

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14 8

1 16

126


1740-1749

10 5

102

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91

1 08

1750-1759

132

125

132

137

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154

1760-1769

92

89

91

101

90

109

1770-1779

10 8

101

113

120

112

12 5

1780-1789

125

116

-

-

109

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1790-1799

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-

-

96

113

León Décadas

La Rioja

Trigo

Trigo cebada y centeno

Trigo

Trigo cebada, centeno y avena

Vino

1690-1699

100

1700-1709

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100 104

1 00

100

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1720-1729

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1740-1749

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101

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1750-1759

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141

118

117

111

1760-1769

130

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89

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1770-1779

124

108

117

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1780-1789

139

118

116 122

123

108

1790-1799

-

-

116

126

113

F u e n t e : García Sanz (1977); Marcos (1989); «Libros de Zilla del Campo de Paxarcs», Archivo de la Catedral de Ávila; Sebastián (1992); Ibáñez (1992).

lucía, Castilla la Nueva y Extremadura. Existen indicios, pues, de que en el si glo xvm aumentó el peso de los cereales en el producto agrícola del interior de la corona de Castilla. El precio de los cereales se mantuvo en niveles relativamente bajos desde mediados de los ochenta del siglo xvn hasta finales de los veinte del xvm. En-

132 G

r á fic o

H IS T O R IA E C O N Ó M I C A DE ESPA Ñ A

4 .2 . R enta

de las t ier r a s a r re n da d a s por el c a bild o

DE LA CATEDRAL DE ZAMORA EN DOCE LOCALIDADES, 1 6 8 3 - 1 8 4 0 (FANEGAS DE «PAN MEDIADO»)

F ukntc : Á lv arez V á z q u e z (1987).

tonces se inició un movimiento alcista en el que se produjeron, como puede observarse en el gráfico 4.1,13 dos importantes aceleraciones: la de los años sesenta y la del período 1787-1805. En la segunda mitad del siglo xvm el pre cio del trigo, debido a las dificultades de la oferta para expandirse al ritmo de la demanda, creció más que el índice general de precios. Como las roturaciones no progresaron tan velozmente como la demanda de labrantíos, la renta de la tierra aumentó de manera notable en el siglo xvm: un 105,8 por 100 en el oriente leonés entre 1674-1681 y 1790-1797, un porcentaje similar o algo superior en diez localidades del norte de Ávila entre 1674-1681 y 1785-1792 y un 53,1 por 100 en doce pueblos zamoranos entre 1686-1694 y 1780-1788.14 Salvo en este último caso, en que el movimiento alcista tocó te cho en la primera mitad de los años cincuenta (véase el gráfico 4.2), en la ma yor parte de Castilla la tendencia ascendente de la renta se prolongó hasta los ochenta o comienzos de los noventa. En tierras abulenses, la renta tuvo un cre cimiento relativamente gradual hasta 1779 e intenso en la primera mitad de los años ochenta (véase el gráfico 4.3). Aunque pocas veces se rebasaron los niveles de finales del siglo xvi, la cuantía de las rentas territoriales colocó, después de 1750, a numerosos cam pesinos de las dos Castillas, Extremadura y Andalucía en una situación muy


G r á f ic o 4 .3 . R en t a de

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1707-1841 (fanegas)

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. Total

F u e n t e : Cartas Cuentas anuales de la Mesa Capitular de la Catedral de Ávila, Archivo de la Catedral de Ávila y Archivo Histórico Nacional, Clero, libros 775-800.

difícil, o incluso insostenible. Era frecuente que la renta de la tierra absorbiera entre el 20 y el 30 por 100 del producto agrícola bruto. Si a ello le añadimos el diezmo, esas dos cargas representaban a menudo más del 50 por 100 del pro ducto agrario neto campesino (producto agrario bruto menos la simiente y los reempleos en la propia explotación). La presión sobre los pequeños produc tores era especialmente intensa: por un lado, la tasa de la renta de la tierra so lía ser inversamente proporcional al tamaño de las parcelas arrendadas; por otro, aquéllos tuvieron que recurrir en bastantes ocasiones al subarriendo para poder acceder al uso de fincas rústicas. Este último problema adquirió una especial magnitud en Extremadura y Andalucía. El incremento de la renta de la tierra provocó una acentuación de las des igualdades en la distribución personal del ingreso y una creciente polarización social. Muchos pequeños productores agrarios se vieron obligados a obtener mayores ingresos complementarios, lo que se tradujo en una elevación de la oferta de mano de obra y en un apreciable descenso de los salarios reales en el mundo rural. Esta caída, cierto abaratamiento del transporte, el crecimiento de los intercambios y la fuerte revalorización de los cereales favorecieron la ex pansión de las rentas de la capa de campesinos acomodados, integrada mayo-

134


ritariamente por medianos y grandes arrendatarios. Sin embargo, el ascenso de este grupo social se vio dificultado por la fuerte elevación de la renta de la tierra y por la estrechez del mercado de fincas rústicas. En Aragón, el crecimiento agrario tuvo un carácter fundamentalmente ex tensivo. El ritmo bastante vivo de las roturaciones se vio facilitado por la débil colonización de buena parte del territorio hacia 1700. En el siglo xvm avanzó algo el grado de especialización comarcal: trigo y vino en las tierras llanas y en los somontanos; olivar y morera en el Bajo Aragón, y ganado trashumante en las zonas pirenaicas y en las serranías turolenses. La especialización triguera fue impulsada por la creciente demanda catalana. Por otro lado, las obras en el Canal Imperial de Aragón permitieron reorganizar y ampliar el regadío en los pueblos de la Ribera entre Zaragoza y Tudela.

La ganadería Sobre la ganadería disponemos de menos información que sobre la agri cultura. Diversos datos sugieren que las actividades pecuarias se expandieron en la España del setecientos alentadas por el alza de las exportaciones de lana fina, por las mayores necesidades de fuerza de tracción animal y por el creci miento del consumo de carne. No obstante, desde mediados del siglo xvm, la escasez relativa de pastizales y la evolución favorable de los términos de inter cambio para los oferentes de cereales frenaron o paralizaron la expansión pecuaria. En el cuadro 4.4 se refleja el número de cabezas de las distintas especies ganaderas contabilizado en las diversas regiones de la corona de Castilla a mediados del siglo xvm. La ratio cabezas vacunas/cabezas lanares era de 2,2 en Galicia, de 5,7 en Andalucía, de 6,4 en Extremadura, de 7,3 en Castilla la Vieja, León y Asturias y de 23,4 en Castilla la Nueva y Murcia. Estas cifras revelan que la importancia relativa de las cabañas vacunas era mucho mayor en las zonas húmedas que en las secas y que la cría de ganado bovino alcanza ba proporciones especialmente reducidas en Castilla la Nueva y Murcia, re giones donde más había avanzado la sustitución de muías por bueyes en las la bores agrícolas. El grado de concentración espacial del vacuno era bastante elevado: Galicia, Asturias y León acaparaban el 61 por 100 del total de cabezas de la corona de Castilla. La ganadería de los territorios áridos o semiáridos estaba centrada en la especie ovina, pero la cría de ganado vacuno tenía una importancia apreciable en Extremadura y, sobre todo, en Andalucía. Los datos de densidad pecuaria apuntan a que el PIB ganadero por unidad de superficie era más del doble en la España húmeda que en el resto de la de Castilla. El número de cabezas ovinas trashumantes era de unos 2,1 millones en 1708, de 3,5 en 1765 y de más de 3,5 millones a finales del siglo xvill. Los precios de la lana fina, impulsados y sostenidos por la creciente demanda ex terna, se mantuvieron en niveles relativamente altos durante casi todo el sete cientos. Las exportaciones medias anuales de lana fina se multiplicaron por 2,3

13 5


C

uadro

4.4.

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1750

Número de cabezas (en miles) Región o regiones

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Cabrío

Vacuno

Cerda

Caballar

Mular

Asnal

Galicia Castilla la Vieja, . León y Asturias Castilla la Nueva y Murcia Extremadura Andalucía

2.011

634

920

584

98

12

1

8.864

1.475

1.207

897

145

67

183

3.960 1.341 2.510

1.085 555 1.437

169 210 439

232 414 602

38 27 93

108 8 32

179 77 202

Corona de Castilla

18.686

5.186

2.945

2.729

401

227

642

Peso de todas las cabañas y densidad ganadera Peso (en miles de qrn.)

Galicia Castilla la Vieja, León y Asturias Castilla la Nueva y Murcia Extremadura Andalucía Corona de Castilla

Densidad (qm./km2)

5.044

171

9.335

81

3.144 1.935 4.090

32 47 47

23.548

63

F u e n t e : García Sanz (1994b).

entre 1701-1724 y 1765-1789. Por su parte, el precio, en promedio anual, de la lana fina aumentó, entre 1693-1699 y 1765-1784, cerca o por encima del 50 por 100. El coste medio anual por cabeza de los pastos invernales creció bastante menos: en tierras cacereñas, sólo un 21,9 por 100 de 1690-1699 a 1765-1784. Por consiguiente, los términos de intercambio fueron favorables para los ganaderos trashumantes en el siglo xvm,15 Ahora bien, para bastantes de aquéllos la prosperidad no se prolongó durante toda la centuria. Los en frentamientos por los pastos invernales tendieron a hacerse más encarnizados a medida que se expandieron las labores y las cabañas ovinas, tanto las estantes como las trashumantes, Los grandes perdedores de ese conflicto serían los pe queños y medianos ganaderos serranos (sorianos, abulenses, segovíanos, cameranos). Por tanto, el fuerte crecimiento de la trashumancia del setecientos fue acompañado de la polarización de las explotaciones ovinas: las grandes, cuyos dueños a menudo poseían un título nobiJiario y residían en Madrid, tuvieron

136

H IS T O R IA E C O N Ó M I C A D E E SPA Ñ A

una fuerte expansión, mientras que, desde los años sesenta, ocurría lo contra rio con muchas de las cabañas serranas. La intensa demanda exterior de lana fina no sólo benefició a las explota ciones trashumantes: una parte considerable y creciente de los vellones que se remitía hacia distintos puertos europeos procedía de cabañas estantes. Entre 1750 y 1789 las exportaciones medias anuales de lana fina lavada ascendie ron a algo más de 400.000 arrobas. Ese volumen no podría haberse alcanzado con el concurso exclusivo de los rebaños trashumantes: la aportación de los vellones provenientes del ganado ovino estante hubo de ser, como mínimo, del 25 por 100.

Las agriculturas de las regiones periféricas En la mayor parte de la España interior, el crecimiento agrícola mantuvo un elevado grado de dependencia con respecto al ritmo de extensión de los cultivos (crecimiento de tipo extensivo). Tanto en la España húmeda como en la España mediterránea, esa relación fue más débil. En Galicia y el litoral can tábrico, la difusión del maíz y la subsiguiente intensificación de cultivos cons tituyeron, desde las primeras décadas del siglo xvn, los principales factores determinantes del crecimiento del producto agrícola. En Galicia, la expansión agraria, que se había iniciado poco antes de 1650, prosiguió, como se aprecia en el cuadro 4.5,'6 hasta la sexta década del si glo xvm, si bien bastante debilitada; en la Galicia atlántica, donde antes y más intensamente se había difundido el maíz, el crecimiento se detuvo hacia 1730. Después de 1760 el estancamiento constituyó la característica predominante en el conjunto del agro gallego, aunque la expansión todavía se prolongó algu nas décadas más en las comarcas cantábricas y en algunas zonas del interior gracias al avance del maíz y/o a la introducción de la patata. La subdivisión de las explotaciones y la generalización del subforo (que comportó un aumento considerable de las cargas sobre los cultivadores direc tos) hicieron cada vez más difícil el mantenimiento y la reproducción de bue na parte de las economías campesinas. No obstante, lograron alcanzar ciertos equilibrios gracias a la difusión del maíz y de la patata, a la comercialización de parte de los esquilmos del ganado y a la obtención de mayores ingresos complementarios mediante una participación más intensa en la industria rural y en los flujos migratorios. Las transformaciones de la agricultura gallega per mitieron elevar la producción por unidad de superficie, sostener a un mayor número de habitantes e incrementar las rentas de los «señores medianeros», pero no originaron un alza de la productividad del trabajo. En Asturias y Cantabria, tras el bache del periodo 1690-1745, el producto agrario creció hasta después de 1800. La privatización de la propiedad y/o del usufructo de los terrenos concejiles, a través de ventas, usurpaciones o sim ples ocupaciones, contribuyó a posibilitar ese salto productivo. En la zona holohúmeda del País Vasco, hacia 1700 el maíz ya tenía tanta importancia como

EX P A N S IÓ N , R E F O R M IS M O Y O B S T Á C U L O S A L C R E C IM IE N T O

C u a d r o 4 .5 . A r r e n d a m i e n t o s d e c i m a l e s

en

137

m etá lic o d e fla c ta d o s

POR EL PRECIO DEL TRIGO. NÚMEROS ÍNDICE (BASE 1 0 0 : 1 6 9 0 - 1 6 9 9 )

Galicia (91 localidades)

Valencia (112 localidades)

1690-1699

100

100

1700-1709

108

107

1710-1719

109

110

1720-1729

120

106

1730-1739

108

106

1740-1749

126

137

1750-1759

130

159

1760-1769

148

1770-1779

128 112

1780-1789

129

184

1790-1799

127

192

Década

190

F u e n t e : Eiras (1982) y A r d i t (1989).

el trigo. En esta área, después del estancamiento del período 1690-1730, el producto agrario aumentó, aunque no de una forma rápida, hasta las décadas finales del siglo xvm. El crecimiento se logró mediante la ampliación de la su perficie labrada y la difusión de formas de cultivo más intensivas en terrenos ocupados hasta entonces por castañares, manzanales y cereales tradicionales. La agricultura de la España húmeda no obtuvo unos resultados brillantes en el siglo xvm. No obstante, en esa zona de nuestro país ya se habían rebasa do los niveles máximos de producción de finales del quinientos o de comien zos del seiscientos bastante antes de finalizar este último siglo. Ahora bien, el crecimiento del producto agrario de estos territorios septentrionales no fue acompañado ni de una elevación de la productividad del trabajo, ni de un pro ceso de urbanización, ni de una fuerte intensificación de los flujos mercanti les. Sin embargo, las pequeñas explotaciones familiares se vieron cada vez más forzadas, en su afán por lograr su supervivencia, a participar en creciente medida, como oferentes, en los mercados de bienes y servicios y en los de fuerza de trabajo. Fueron las agriculturas mediterráneas las que registraron transformaciones y procesos expansivos más intensos. En Cataluña, País Valenciano y Murcia, el crecimiento del producto agrícola no sólo respondió a la extensión de las la bores, sino también a la sustitución y, a veces, a la intensificación de cultivos. En Cataluña, ya desde la segunda mitad del siglo xvn, la viticultura, orientada hacia la obtención de vinos de baja calidad y, sobre todo, de aguardientes, constituyó el principal motor de los cambios agrarios. La expansión vitícola catalana se vio propiciada por unas formas de tenencia y de cesión de las fincas rústicas que facilitaron la movilización de fuerza de trabajo y de tierra, por la existencia de amplias zonas yermas o boscosas donde podían plantarse viñe

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dos, por los lazos mercantiles del Principado con la Europa atlántica, por la relativa cercanía al mar de las explotaciones agrarias y, sobre todo, por la de manda exterior de caldos y aguardientes. Ahora bien, la opción vitícola en oca siones fue fruto de la escasez de tierras apropiadas para los cereales y de la insuficiencia de abono; es decir, de la inviabilidad de otras alternativas. En la Cataluña Vieja, los payeses, ante la creciente demanda de tierras ori ginada por la presión demográfica y por los estímulos mercantiles, solieron ceder una parte de sus dominios útiles, los cuales estaban siendo explotados de un modo poco intensivo, a campesinos, que en su inmensa mayoría no era propietaria o no poseía suficiente tierra para mantener a su familia, a través de contratos de aparcería o de rabassa marta. Estos últimos, que tenían un carác ter enfitéutico y cuya duración venía determinada por el período de vida de las cepas, resultaban muy apropiados para movilizar la mano de obra necesaria en los procesos de plantación de vides. La larga duración del contrato y la esta bilidad de la renta contribuyeron a que muchos campesinos mal dotados de tierra se decidieran a plantar vides y a convertirse en rabassaires. Como buena parte del viñedo se estableció en terrenos que nunca habían sido sembrados de granos, la superficie cultivada aumentó de manera apreciable. El producto agrícola de las comarcas de especialización vitícola se elevó considerablemente, tanto por el uso de más tierra como por la mayor rentabili dad de dicho cultivo. En las áreas litorales y preiitorales de Cataluña, aunque en proporciones más modestas que la producción de vino, también se incre mentaron las de aceite, almendras, avellanas, seda en bruto, algarrobas, cáña mo, gualda, zumaque y arroz. El déficit de cereales de Cataluña aumentó a medida que progresó la espe cialización vitícola (y también la manufacturera) de diversas comarcas. Ello obligó a incrementar las importaciones de granos de Aragón y de distintas áreas de Europa y del norte de África, pero también estimuló la ampliación de las labores en las áreas apenas colonizadas de la Cataluña occidental. Por con siguiente, la expansión vitícola impulsó la especialización agraria de las dis tintas zonas del Principado y la creación de un mercado regional. En Cataluña, la renta feudal y la renta de la tierra aumentaron en el si glo xvm, lo que acabó socavando los pilares de la expansión agraria. Por otro lado, los términos de intercambio, desde los años ochenta, empeoraron para las regiones oferentes netas de artículos especializados y demandantes netas de productos de primera necesidad. En suma, el margen para el crecimiento del sector primario catalán era ya bastante estrecho a finales del siglo xvm. El notable dinamismo de la agricultura valenciana del setecientos fue fruto del intenso proceso roturador, del aumento del regadío, del laboreo más inten so de los suelos y de la difusión de cultivos mercantiles de alta rentabilidad. En las tierras del interior, aparte de los rompimientos, la creciente presencia de viñedos, olivares y algarrobos constituyó la novedad más sobresaliente. De hecho, las exportaciones valencianas de vinos y aguardientes aumentaron en el siglo xvm. No obstante, las zonas litorales fueron las que registraron un ma yor progreso agrario. La ampliación de los regadíos, la reducción del períme


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tro de las albuferas y la fabricación de suelos agrícolas en zonas pantanosas o de marismas permitieron reducir o eliminar los barbechos, introducir nuevos cultivos y favorecer la especialización y el desarrollo de una agricultura más orientada al mercado. De hecho, cobraron un creciente protagonismo el arroz, la morera, el maíz, las leguminosas, las hortalizas, las plantas forrajeras e in dustriales y la barrilla. La extensión del terrazgo dedicado al arroz originó fuertes tensiones sociales, ya que el paludismo tendía a convertirse en endé mico en las áreas donde dicho cultivo adquiría cierto relieve. Las cifras del cuadro 4.5, que recogen los diezmos de cereales y vino de 112 localidades, sesgan a la baja el crecimiento de la producción agraria del País Valenciano, ya que el peso relativo del resto de cultivos aumentó de ma nera significativa. En cualquier caso, en la agricultura valenciana del setecien tos pueden distinguirse tres fases: dos de crecimiento lento (1700-1735 y 1775-1800) y una de crecimiento rápido (1735-1775). En el País Valenciano, la renta de la tierra aumentó en el siglo xvm. Ahora bien, ese fenómeno no fue general y no podemos precisar su intensidad. Sí se conoce mejor el fraccionamiento de las explotaciones agrarias inducido por el fuerte crecimiento demográfico y por el sistema de herencia. Numerosas pe queñas explotaciones campesinas registraron desequilibrios financieros, se en deudaron y tuvieron que ofrecer más frecuentemente su fuerza de trabajo a los labradores acomodados y/o que incrementar su participación en actividades manufactureras. Amplios sectores de la burguesía urbana, cada vez más inte resados en la tierra, aprovecharon esas dificultades para adquirir el dominio útil o la propiedad de fincas rústicas. La burguesía urbana solía ceder sus tierras, bajo diversas formas contractuales, a pequeños cultivadores. Sin em bargo, en absoluto adoptó una posición pasiva y distante con respecto a los problemas agrarios; de hecho, fomentó y encabezó las revueltas antiseñoriales de finales del siglo xvm y de los primeros años del xix. Desde comienzos de los tiempos modernos, la agricultura canaria estuvo integrada por dos subsectores claramente diferenciados: uno volcado hacia la producción de artículos destinados a ios mercados de la Europa atlántica, América y África, y el otro orientado a atender la demanda regional de subsis tencias. Los vinos, tanto las selectas malvasías como otros caldos de menor calidad (vidueños), venían siendo la principal rúbrica de las exportaciones ca narias. Sin embargo, el oporto, desde el último cuarto del siglo xvn, desplazó a las malvasías de su principal mercado, el británico. También los caldos de inferior calidad y los aguardientes canarios hubieron de afrontar la creciente competencia de los vinos y destilados españoles y portugueses en los merca dos americanos y africanos. La expansión del subsector orientado a satisfacer la demanda interna de alimentos constituyó la respuesta a la disminución de las exportaciones de cal dos y a la menor rentabilidad de la viticultura. En el siglo xvm aumentó, sobre todo, la producción de papas y millo, que a menudo se logró mediante un policultivo intensivo en el que se alternaban el trigo, las leguminosas, el millo y las papas. La expansión de este subsector permitió sostener un crecimiento

140


demográfico bastante intenso, pero tuvo escasos efectos de arrastre sobre una economía muy integrada en el mundo atlántico y en la que sólo los servicios marítimos, el comercio exterior y la agricultura de exportación podían impri mirle un fuerte dinamismo. En definitiva, las agriculturas de las distintas regiones siguieron trayecto rias diversas en el siglo xvm, pero en casi todas ellas el crecimiento se detuvo o se desaceleró en las últimas décadas de esta centuria, lo cual tuvo una estre cha relación con el deterioro de las condiciones de acceso de buena parte de los cultivadores directos a labrantíos y pastizales; es decir, con el nivel alcan zado por la renta de la tierra, el margen para el crecimiento agrario, mientras se mantuviese la obligación de pagar diezmos, era pequeño. Se precisaban, pues, profundas reformas institucionales que generasen cambios en las rentas y tributos satisfechos por los productores directos para poder entrar en una nueva fase de auténtico crecimiento agrario.17

4.4.

E l REFORMISMO AGRARIO ILUSTRADO

En el reformismo económico borbónico del setecientos influyeron un cierto cambio de actitudes y prioridades de los gobernantes, las presiones sociales, la difusión de las nuevas corrientes europeas de pensamiento económico y algu nas viejas ideas de los ensayistas españoles de los dos siglos precedentes. Los gobiernos borbónicos comenzaron a destinar recursos de la Hacienda y a re nunciar al cobro de ciertos tributos para fomentar la expansión de determinados sectores o para contribuir a mejorar determinadas infraestructuras. El reformis mo económico dieciochesco alcanzó su plenitud en el reinado de Carlos III, pero ya en la época de Felipe V y de Femando VI se aprecian ciertas diferen cias con respecto a la política económica que habían aplicado los Austrias. Los ilustrados españoles anhelaban construir una sociedad de pequeños y medianos labradores que gozasen de estabilidad en el usufructo de la tierra (en el caso de no ser propietarios, a través de las garantías que los contratos de cesión de las fincas les otorgasen). A esta «sociedad ideal» debía llegarse sin alterar los mecanismos de distribución del producto y, en general, sin poner en cuestión los pilares básicos del orden estamental. La colonización de tierras, la liberalización del comercio de granos, la re gulación de los contratos agrarios, los repartos de terrenos concejiles y la mo deración de los privilegios de las cabañas trashumantes constituyeron los asuntos principales abordados por la reforma agraria ilustrada. En 1767 se puso en marcha el proyecto de «Nuevas poblaciones de Sierra Morena», que constituyó la empresa colonizadora de mayor relieve. Para Pa blo de Olavide, figura fundamental de este proyecto, los principales objetivos eran: 1) fundar una sociedad agrícola «modelo»; 2) mejorar la seguridad en el camino real entre Madrid y Andalucía; y 3) poblar unos «desiertos». Aunque se rellenaron algunos vacíos demográficos y las nuevas poblaciones redujeron algo la inseguridad en ciertas travesías, los resultados de la política coloniza


141

dora fueron poco satisfactorios. Su relativo fracaso obedeció, entre otras razo nes, a su elevado coste. La pragmática de 11 de julio de 1765 autorizó, aunque con importantes restricciones, el comercio de reventa de granos y suprimió la tasa sobre dichos productos. Tal reforma se efectuó en un contexto de fuerte elevación del pre cio del trigo, de agudización de los problemas de abastecimiento de este cereal y de polémica doctrinal y política entre partidarios y detractores de una cierta liberalización del mercado de cereales. En Castilla la Vieja y León, el nivel medio de los precios del trigo había aumentado un 33 por 100 de 1746-1750 a 1760-1764 y se había situado muy cerca de la tasa (28 reales la fanega de trigo). En otras regiones, donde los niveles de precios eran más elevados, la cotización promedio del trigo superaba la tasa. Para lograrse un mínimo grado de observancia de aquélla, era preciso que los precios de mercado sólo supera sen a los precios oficiales máximos de manera esporádica; de modo que, en realidad, el gobierno tenía dos opciones: o eliminaba la tasa, o elevaba nota blemente los precios legales máximos de los granos. La reforma de 1765 del comercio de cereales cabe interpretarla como un compromiso entre un grupo de ilustrados, que gozaba del apoyo de Carlos III, por un lado, y las autoridades de las ciudades y los principales beneficiarios de las restricciones existentes para revender y almacenar cereales (importantes co secheros y, sobre todo, grandes rentistas laicos), por otro. Los primeros lograron que se eliminara la tasa y que se autorizara el comercio de reventa, pero los se gundos consiguieron imponer algunas medidas que limitaron el alcance de la reforma: los mercaderes de granos tenían que inscribirse y llevar libros de con tabilidad, no podían constituir compañías y estaban obligados, caso de que lo solicitasen las autoridades, a vender a los pueblos de la comarca a los precios vi gentes. Por tanto, quienes disfrutaban de una situación oligopolista en los mer cados impidieron la entrada del «gran comercio» en las compraventas de gra nos, y las autoridades de las urbes consiguieron preservar ciertos instrumentos para intervenir en situaciones de escasez. Además, los detractores de la reforma evitaron su plena aplicación, ya que la administración central carecía de capa cidad operativa suficiente, sobre todo cuando no contaba con la colaboración de las autoridades locales, para hacer cumplir las medidas gubernamentales. En realidad, aunque prohibido por las leyes, el comercio de reventa de granos a pequeña escala venía siendo tolerado antes de 1765. La reforma de este año, pese a sus limitaciones, provocó ciertos cambios en el funcionamiento de los mercados de granos: por un lado, la liberalización animó a distintas per sonas a participar o a participar más activamente en el comercio de reventa; por otro, la supresión de la tasa estimuló los almacenamientos, lo que hubo de traducirse en una distribución temporal algo menos desigual de la oferta de granos. En Castilla la Vieja y León se registraron esas pequeñas modificacio nes, y es probable que lo mismo aconteciese en otras regiones. A medida que aumentó la presión de la población sobre los recursos, las condiciones de acceso a la tierra de numerosos cultivadores directos (arrenda tarios, aparceros, enfiteutas y colonos) tendieron a empeorar. Los gobiernos

142


ilustrados adoptaron diversas medidas a fin de paliar este problema, pero nada hicieron para reducir la elevada porción del terrazgo agrario amortizado o vinculado, principal factor determinante de la carestía de la tierra y del usu fructo de la misma. Los gobiernos intentaron poner remedio a la situación de miseria de numerosos cultivadores directos con diversas actuaciones en tres campos: el régimen de tenencia de la tierra, la explotación de los patrimonios territoriales públicos y los privilegios mesteños. La relativa escasez de tierras y el aumento de la renta elevaron el número de desahucios. Las autoridades pretendían favorecer la estabilidad de los arren datarios y colonos en el disfrute de sus tenencias y respetar los derechos de los propietarios, objetivos que no eran plenamente compatibles. De ahí que la política ilustrada fuese titubeante en este ámbito, si bien la mayor parte de las disposiciones favorecieron a colonos y arrendatarios. En Galicia, la renova ción de los foros, en un contexto de fuerte presión de la población sobre los labrantíos y, en cambio, de percepción de rentas relativamente reducidas por parte de los propietarios del derecho eminente, se tornó en un tema muy con flictivo, sobre todo desde mediados del siglo xvm. La duración de los contra tos de foro era larga, pero no indefinida: a menudo por tres «voces» (o vidas de los cultivadores) o por tres vidas de «señores reyes» (o papas) más veinti nueve años. El litigio se resolvió a favor de ios foreros: una Real provisión de 1763 ordenó a la Audiencia de Galicia no tramitar las demandas de despo jos presentadas por los propietarios del dominio eminente, muchos de ellos monasterios, en tanto no se resolviera el «Expediente sobre foros» que pendía en el Consejo de Castilla, el cual no llegaría nunca a tramitarse íntegramente. En consecuencia, los contratos de foro, de facto, pasaron a tener un carácter indefinido. Ahora bien, en la Galicia de mediados del siglo xvm, la mayor parte de la tierra era explotada no por foreros, sino por subforeros. Por consi guiente, los «señores medianeros», dueños de importantes dominios útiles, constituyeron los principales beneficiarios de la Real provisión de 1763. Los ilustrados pensaban que el potencial productivo de las tierras muni cipales no estaba siendo plenamente aprovechado, entre otras razones por la escasa superficie que los labrantíos ocupaban en aquéllas. Ahora bien, la refor ma de los sistemas de aprovechamiento de los patrimonios territoriales públi cos obedeció, ante todo, a la aguda conflictividad social. En la primera mitad de los años sesenta, el nivel medio de las cosechas fue relativamente pequeño y el precio del trigo aumentó de manera considerable, lo que generó graves problemas de abastecimiento urbano y, por ende, creó condiciones favorables para el estallido de motines de subsistencias en distintas ciudades; además, la crisis agraria estaba ocasionando graves dificultades a muchos pequeños culti vadores que- se convertían en demandantes netos de cereales en años de cose chas cortas. El problema no era meramente coyuntural: un elevado porcentaje de pequeños productores agrarios, sobre todo de la mitad meridional, se halla ba mal dotado de labrantíos y pastizales y accedía a éstos en unas condiciones muy onerosas. La principal respuesta de los gobiernos ilustrados a este pro blema consistió en el reparto de tierras municipales.

EX P A N S IÓ N , R E F O R M IS M O V O B S T Á C U L O S A L C R E C IM I E N T O

143

En realidad, la primera iniciativa en este ámbito correspondió al corregidorintendente de Badajoz, quien ordenó entregar en arrendamiento tierras mu nicipales a los vecinos del lugar, teniendo los pobres preferencia sobre los ha cendados. Poco tiempo después, la Real provisión de 2 de mayo de 1766 hizo extensivo a toda Extremadura lo mandado por el corregidor de Badajoz. Esta norma establecía que los baldíos, las tierras concejiles y las tierras labrantías propias de los pueblos se dividieran en suertes, se tasasen por labradores peri tos y se repartiesen en arrendamiento «entre los vecinos más necesitados, atendiendo en primer lugar a los senareros y braceros». En 1767 se acordó am pliar los repartos a Andalucía y La Mancha, primero, y a todo el reino, poco después. Tanto por la oposición de los «poderosos» locales como por las difi cultades que tenían muchos braceros y senareros para poner en explotación las suertes recibidas, las prioridades de los repartos de tierras municipales no tar daron en ser modificadas. La Real provisión de 26 de mayo de 1770 dispuso el siguiente orden de preferencia: 1) los labradores de una, dos y tres yuntas; 2) los braceros y senareros; 3) los labradores de más pares de yuntas, en pro porción a las tierras que necesitasen y pudiesen cultivar; y 4) si aún sobrasen tierras, se subastarían y se admitirían las pujas de los forasteros. Las oligarquías locales aplicaron de una manera incompleta y, con frecuen cia, bastante arbitraria las disposiciones sobre repartos; es más, en algunos pueblos lograron impedir que se pusieran en práctica. Sin embargo, las citadas reales provisiones permitieron intensificar las roturaciones en los años setenta y paliar la crítica situación de no pocos pequeños cultivadores. A medio y lar go plazo, los efectos de las medidas adoptadas por los gobiernos de Carlos III sobre reparto de tierras municipales fueron importantes: por un lado, en bas tantes pueblos, después de la guerra de la Independencia, aún se siguieron dis tribuyendo terrenos concejiles de acuerdo con la Real provisión de 26 de mayo de 1770; por otro, estas disposiciones entrañaron el reconocimiento por par te del gobierno de las deficiencias de los tradicionales sistemas de explotación de los patrimonios territoriales públicos y, por tanto, generaron un ambiente más favorable para la privatización de la propiedad o del usufructo de aquéllos. En cualquier caso, las roturaciones en tierras concejiles progresaron a ritmo bastante lento hasta 1808 debido a la fortaleza política que aún conservaban los grupos partidarios de minimizar la extensión de los cultivos. Al acaparar una porción notable del terrazgo productivo en condiciones de privilegio, la Mesta constituía uno de los principales estorbos para la construc ción de la sociedad rural «ideal» de los ilustrados de pequeños y medianos productores agrarios, No es extraño, pues, que éstos elevaran el tono de las críticas a los privilegios de esta institución. Por otro lado, a medida que los pueblos padecían una creciente escasez de recursos agrarios, su animadver sión a las prerrogativas mesteñas se intensificó. La legislación ilustrada re cortó, aunque no eliminó el derecho de posesión, que ímpedía que el ganado trashumante pudiera ser desahuciado de unos pastos, excepto cuando no se satisficiesen las rentas correspondientes o cuando el dueño de las hierbas de mostrase que las necesitaba para sus propios rebaños. Diversas disposiciones,


144

promulgadas entre 1761 y 1771, establecieron un sistema de tasación y repar to de los pastos de propios y arbitrados entre los vecinos de cada municipio; de modo que los ganaderos trashumantes perdieron sus posesiones en tales pastizales y sólo pudieron participar, desde entonces, en las subastas organiza das para arrendar las hierbas sobrantes en las dehesas de propios y arbitradas. Las grandes cabañas trashumantes no se vieron demasiado afectadas por estas medidas, ya que sus rebaños solían invernar en extensas dehesas de particu lares o de instituciones eclesiásticas; sin embargo, los pequeños y medianos rebaños serranos cada vez encontraron mayores dificultades para contratar los pastos invernales que precisaban. Por otro lado, el aparato judicial mesteño, elemento esencial para la observancia de los privilegios del ganado trashu mante, fue desmantelado en parte; en 1782 el número de alcaldes mayores entregadores se redujo de cuatro a dos. En síntesis, el reformismo ilustrado no eliminó los principales estrangulamientos de la agricultura española, pero favoreció que las ideas pudieran circu lar con alguna cortapisa menos, y su relativo fracaso permitió constatar la ne cesidad de afrontar algunos problemas, que los gobiernos de Carlos Til habían eludido, para superar los escollos que perturbaban el crecimiento económico. Sin duda, el liberalismo español, que apenas podemos vislumbrar en los textos anteriores a la guerra de la Independencia, se engendró, al menos en buena medida, en el seno de la corriente ilustrada.18

4.5.

U

n a m o d e r a d a e x p a n s ió n m a n u f a c t u r e r a

La política industrial y las empresas manufactureras concentradas A comienzos del siglo xvm la actividad industrial en nuestro país, sobre todo en las regiones del interior, seguía siendo muy débil. El consumo nacio nal de manufacturas de calidades media-alta y alta era atendido en un porcen taje notable o elevado mediante importaciones. Ese desolador panorama se modificó en el setecientos: la producción industrial se incrementó apreciablemente, los Borbones hicieron importantes esfuerzos para promover el desarrollo de las manufacturas nacionales y aparecieron nuevas formas de organizar las actividades transformadoras. Sin embargo, España seguía teniendo un sector manufacturero reducido hacia 1800, la política industrial de la monarquía co sechó pocos éxitos y muchas de las nuevas actividades transformadoras fue ron efímeras o sucumbieron durante la crisis del Antiguo Régimen. Ese pobre balance a escala nacional contrasta con los resultados obtenidos por Cataluña: la transformación de un segmento de la pañería y el desarrollo del sector al godonero crearon unas nuevas formas de organización mercantil y empresarial que favorecieron la incorporación de maquinaria, primero, y la adopción del sistema fabril, después de 1825; en otras palabras, la industrialización decimo nónica catalana se apoyó en las realizaciones manufactureras del setecientos.

EX P A N S IÓ N , R E F O R M IS M O Y O B S T Á C U L O S A L C R E C IM IE N T O

145

La política borbónica de apoyo a la industria nacional se instrumentó a tra vés de diversos tipos de medidas: se crearon empresas manufactureras esta tales y mixtas, se concedieron franquicias y exenciones a algunos fabricantes, se elevó el grado de protección al sector, se fomentó y promovió la importación de técnicos extranjeros, se liberalizaron parcialmente determinados procesos productivos y se procuró la dignificación social de los oficios artesanales. En el siglo xvm aparecieron nuevas formas de empresa manufacturera con centrada, tanto de titularidad pública o mixta como privada. Dos fueron los principales motivos que indujeron al Estado a constituir manufacturas concen tradas: sustituir importaciones y colocar bajo control público a sectores estra tégicos (industria militar) y a sectores en los que lo fundamental era la obten ción de productos de gran calidad destinados a los grupos de rentas elevadas (tejidos de lujo, tapices, porcelanas, espejos y cristales). La Real Fábrica de Paños de Guadalajara, que se puso en marcha en 1719 con el concurso de trabajadores holandeses, constituyó la empresa manufactu rera de mayor dimensión en la España de siglo xvm. A finales de esta centuria, la Fábrica de Guadalajara tenía abiertas unas 200 escuelas de hilar que emplea ban a unas 20.000 personas y que se distribuían por buena parte del territorio castel lanomanchego; además, intramuros del establecimiento trabajaban cerca de 4.000 operarios. También fueron importantes las inversiones estatales en las reales fábricas de Brihuega (paños), San Fernando (paños) y Sevilla (tabaco). Casi todas las empresas manufactureras estatales o mixtas tuvieron problemas técnicos y or ganizativos y, sobre todo, comerciales y financieros. Hasta 1797, según las es timaciones de F. Cabarrús, la Hacienda empleó 180 millones de reales en el sostenimiento de la Real Fábrica de Paños de Guadalajara. En realidad, la su pervivencia de estas empresas, nada competitivas y de elevados costes, depen día de la capacidad de la Hacienda para financiar sus déficit. Al margen de las empresas manufactureras estatales y mixtas, la monar quía otorgó el título de «fábrica real» a algunos establecimientos industriales privados de cierto relieve, concesión que solía ir acompañada de determinados privilegios y exenciones fiscales. Se constituyeron, pues, empresas industria les privadas privilegiadas. Los Borbones prohibieron la importación de algunas manufacturas ex tranjeras, pero los derechos arancelarios sobre los productos industriales fo ráneos se mantuvieron en niveles moderados hasta 1782 (entre el 5 y el 15 por 100). En 1770 Carlos 111 autorizó a la Junta de Comercio a revisar las ordenan zas gremiales. Se pretendía flexibilizar las exigencias técnicas y productivas con el propósito de facilitar la introducción de innovaciones y de ampliar el margen de maniobra de los fabricantes. En junio de 1787 se autorizó a los fa bricantes de tejidos a utilizar los telares que quisiesen, con independencia de lo prescrito por las ordenanzas gremiales correspondientes. En 1789 se facultó a aquéllos a modificar el ancho, el número de hilos y el peso de los tejidos, así como a utilizar las máquinas y procedimientos que considerasen oportunos.

146


Pese a que perdieron algunas prerrogativas, los gremios, a finales del siglo xvm, seguían condicionando el funcionamiento de buena parte de las actividades manufactureras urbanas, sobre todo a través de la regulación laboral y del con trol de la calidad de la producción. En la España de la segunda mitad del setecientos, las empresas manufactu reras concentradas, pese a la notable dimensión de algunos establecimientos, sólo generaban un porcentaje muy pequeño del producto industrial. La mayor parte de las actividades transformadoras seguía llevándose a cabo en modestos talleres urbanos, agremiados o independientes, y rurales. La política industrial borbónica tuvo una influencia relativamente pequeña en la evolución de este tipo mayoritario de actividades transformadoras. Pueden distinguirse, grosso modo, tres tipos de manufacturas rurales: las orientadas a satisfacer las necesi dades familiares y/o locales o comarcales; las que trabajaban para mercados más amplios (y, a veces, lejanos), pero nada o apenas penetradas por el capital comercial (kaufsystem), y las que producían para mercados extensos y mante nían un notable grado de dependencia mercantil y/o financiera con respecto a los comerciantes-fabric antes (verlagssystem). En España, este último tipo, el sistema de trabajo rural por encargos, estaba menos desarrollado que en otros países de la Europa occidental.

Distribución espacial y sectorial de las actividades manufactureras Aunque las actividades manufactureras seguían distribuyéndose de un modo bastante disperso por todo el país, ya en el siglo xvm comenzaron a concen trarse, como puede constatarse en el cuadro 4.6, en la parte septentrional de la costa mediterránea, especialmente en Cataluña. De acuerdo con el peso relativo de la población activa industrial en 1797, la regiones españolas pueden dividirse en tres grupos: 1) Valencia y, sobre todo, Cataluña constituían los territorios con un mayor desarrollo manufactu rero; 2) Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Navarra, Andalucía, Aragón, Mur cia y Baleares integraban la España de desarrollo manufacturero intermedio; y 3) País Vasco, León, Galicia, Extremadura, Asturias y Canarias formaban la España de menor desarrollo industrial. Es probable que el indicador elegido sesgue a la baja la posición del País Vasco y Galicia: en el primer caso, por la especialización en sectores relativamente poco intensivos en mano de obra (siderometalurgia), y en el segundo porque un porcentaje especialmente ele vado de las actividades transformadoras era realizado por campesinos a tiem po parcial (que en los censos aparecen como activos agrarios). Hacia 1750 los artesanos profesionales de la corona de Castilla se distri buían sectorialmente del siguiente modo: el 50 por 100 en el textil y en el cur tido de cueros, el 25 por 100 en la construcción y en la transformación de la madera, el 10 por 100 en la metalurgia y el 15 por 100 restante en las indus trias extractivas y en las alimenticias. El textil era el sector industrial más im portante en la corona de Castilla y, también, en la de Aragón.


C

uadro

4.6.

D

is t r ib u c ió n se c t o r ia l de l a

Agricultura Regiones

Personas

%

Cataluña Valencia Castilla la Nueva Castilla la Vieja Navarra Andalucía Aragón Murcia Baleares País Vasco León Galicia Extremadura Asturias Canarias

115.321 156.103

52,01 63,53

191.112

España

«

p o b l a c ió n a c t iv a

Industria

»

en

147

1797

Servicios

%

Personas

%

Total

55.631 47.126

25,09 19,17

50.770 42.496

22,90 17,29

221.722 245.725

53,86

60.184

16,96

103.535

29,18

354.831

222.775 42.091 363.946 113.940 76.454 30.605 52.974 111.736 185.262 85.308 60.616 27.038

62,69 63,55 60,94 62,47 59,15 54,60 66,41 66,09 68,82 69,34 71,56 52,20

57.160 10.472 93.635 28.344 19.966 8.137 10.983 18.185 28.517 11.743 6.142 2.843

16,08 15,81 15,68 15,54 15,44 14,51 13,76 10,75 10,59 9,54 7,25 5,48

75.407 13.660 139.567 40,098 32.836 17.310 15.805 39.139 55.398 25.972 17.939 21.914

21,22 20,63 23,37 21,99 25,40 30,88 19,82 23,15 20,58 21,11 21,18 42,31.

355.342 66.223 597.148 182.382 129.256 56.052 79.762 169.060 269.177 123.023 84.697 51.795

1.835.310

61,30

459.277

15,34

699.234

23,36

2.993.821

Personas

F u e n t e : L lo p is (2 0 0 1 b ).

El textil La producción textil española aumentó en el siglo xvm, pero siguió apega da, salvo excepciones, a sus procedimientos técnicos tradicionales. Pese a la aparición y fuerte expansión de la industria algodonera en Cataluña, el lanero continuó siendo el subsector del textil que más aportaba al PIB. En aquél, la competencia extranjera era fuerte en los paños de calidades media-alta y alta. En la primera mitad del siglo xvm el aumento del número de habitantes y la capacidad de consumo relativamente elevada (con respecto a otros periodos) de amplios sectores de la población rural (rentas territoriales moderadas) y urbana (bajos precios de los granos) indujeron un aumento de la demanda de paños de calidades media-baja y baja. Después de 1760 el deterioro de la si tuación de las economías campesinas y el encarecimiento de los cereales deter minaron una ralentización del crecimiento de la demanda de tejidos económi cos de lana. Por otro lado, el aumento de los precios de la principal materia prima contribuyó a empeorar la situación de la industria pañera orientada a atender las necesidades de los grupos de rentas más bajas. En cambio, la de

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manda de tejidos de lana de calidades media y media-alta tuvo un crecimiento apreciable en el último tercio del siglo xvm. Fuera de Cataluña, Segovia, Béjar y Alcoy se hallaban entre los centros laneros más destacados de la España del setecientos. En la primera de esas ciudades, la organización de las actividades pañeras estaba en manos de un gru po no muy numeroso de fabricantes (89 en 1751) que, en la mayor parte de los casos, sólo poseían talleres de perchado y tundido y que recurrían a los ser vicios de artesanos de los oficios de la propia urbe y de mujeres (hilado) de núcleos rurales cercanos para realizar casi todas las tareas que integraban el ciclo productivo lanero. Aunque con altibajos, la producción pañera de la ciu dad de Segovia tendió a crecer entre 1715 y 1800: el promedio anual se elevó de unas 120.000 varas en la segunda década del siglo xvm a unas 270.000 en 1794-1798. Los paños segovianos eran adquiridos por gente acomodada, pero no opulenta. Se vendían por todo el interior peninsular, si bien sus principales mercados se hallaban en la submeseta norte. De los propios fabricantes segovianos partió la idea de manufacturar paños superfinos. Con el apoyo de la monarquía se constituyó la Real Fábrica de Pa ños Superfinos de la Compañía, empresa que funcionó entre 1763 y 1779 y que tuvo problemas de gestión y, principalmente, comerciales. Un fabricante destacado, L. Ortiz de Paz, logró que se le otorgasen diversos privilegios fisca les, que se le exonerase de la jurisdicción de la fábrica común y que se le con cediese plena libertad para manufacturar todo tipo de paños y para emplear cualquier procedimiento técnico. En la fábrica de Ortiz de Paz, la producción anual llegó a superar las 50.000 varas. Béjar pudo dar el salto a la fabricación de paños de mayor calidad gracias al mecenazgo local, a la llegada de maestros flamencos y a la previa implanta ción de algunos comerciantes de la comarca en varios mercados urbanos, so bre todo en el de Madrid. En la producción de paños finos, la regulación del proceso productivo quedó en manos exclusivamente del gremio de fabricantes y el acceso a éste dependía del capital invertido en las actividades textiles y no de la pertenencia a un oficio. En el siglo xvm Alcoy se convirtió en el mayor centro productor de tejidos de lana del país. El número medio anual de varas manufacturadas pasó de 49.611 en 1716-1724 a 418.288 en 1789-1797. Los pelaires-fabricantes fi nanciaban y dirigían la mayor parte de los procesos de producción y comer cialización. Alcoy estaba especializada en la fabricación de paños baratos, pero en el setecientos también se labraron cantidades relativamente importan tes de paños de calidades media y media-alta. Varios factores favorecieron el desarrollo de la producción textil lanera de Alcoy en eJ siglo xvm: 1) los pri vilegios concedidos por la monarquía a la «fábrica de paños» de dicha ciudad; 2) la capacidad mostrada por los fabricantes para introducir las innovaciones técnicas que requería la adaptación a los nuevos gustos de los consumidores (especialmente en el tintado) y para reducir las regulaciones gremiales; 3) la desaparición de las aduanas entre la corona de Castilla y la de Aragón; 4) la di versificación de los mercados (aparte del regional, tenían importancia el an-


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daluz, el madrileño, el murciano, el americano y el del ejército); y 5) la crea ción de una red comercial por parte de la propia «fábrica de Alcoy». La industria linera tenía un carácter doméstico, rural y disperso. Pequeños talleres dedicados a transformar dicha fibra se distribuían, pues, por la mayor parte de la geografía española. La producción de tejidos de lino alcanzó espe cial importancia en Galicia, sobre todo después de 1750. Las crecientes ne cesidades de ingresos complementarios de muchos campesinos y la mayor ca pacidad de absorción de los mercados internos y de los coloniales generaron condiciones favorables para la expansión de la lencería gallega. En la década de 1770 se redujeron los derechos sobre las importaciones de lino a través de diversos puertos del noroeste. Fue entonces cuando se inició la fase de mayor esplendor de la industria linera gallega. La industria sedera tenía un tamaño bastante más reducido que la lanera y la del lino, y un carácter marcadamente urbano. Valencia se convirtió en el si glo xvm en el mayor centro textil sedero español. La ciudad levantina llegó a contar con 3.500 telares dedicados al labrado de la seda. Sin embargo, la in dustria sedera valenciana fue acumulando un creciente atraso técnico con res pecto a la francesa y la italiana: el telar de Vaucauson apenas se utilizaba en nuestro país a finales del siglo xvm. Los principales centros sederos del inte rior peninsular, sobre todo Toledo, redujeron sus niveles de actividad en la se gunda mitad del siglo xvm, ya que no pudieron competir con Valencia debido al mayor coste de aprovisionamiento de la materia prima y a las cargas fiscales más pesadas.

El textil en Cataluña La industria textil catalana del setecientos merece una atención singular por la magnitud de su desarrollo, por el destacado papel que éste tuvo en la poste rior industrialización de dicha región (que fue pionera en nuestro país) y por el indiscutible liderazgo que el Principado ejerció en la industrialización de los subsectores algodonero y lanero españoles. En el siglo xvm aparecieron nuevas e importantes oportunidades para los fabricantes catalanes de textiles en el mercado regional, en el nacional y en el americano. Los tráficos intrarregionales de tejidos se incrementaron debido al fuerte crecimiento de la población catalana, la elevación de la renta por habitan te (lograda mediante un uso más intensivo de los factores tierra y trabajo) y el proceso de especialización comarcal inducido por el desarrollo vitícola. Las ma yores oportunidades en el mercado español surgieron como consecuencia de la supresión de las aduanas interiores y de la expansión económica y demográfica de nuestro país durante el setecientos. Además, el crecimiento de la demanda americana y la liberalización del comercio colonial dieron más facilidades para el acceso de los productos industriales catalanes a los mercados ultramarinos. En el sector textil lanero, las mayores oportunidades mercantiles estaban apareciendo para los centros orientados hacia la fabricación de géneros de ca

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lidades media y media-alta. En los tejidos baratos y muy baratos, las produc ciones locales gozaban de un notable grado de protección natural derivada de los altos costes del transporte; en los tejidos de lujo, la competencia extranjera era muy fuerte. Sólo Igualada, Sabadell y, sobre todo, Tarrasa lograron explo tar de manera intensa dichas oportunidades, lo cual fue posible gracias a que los fabricantes lograron eludir (igualada) o desmantelar (Tarrasa) el tradicio nal sistema gremial que dificultaba o impedía, entre otras cuestiones, la con tratación de trabajadores foráneos en algunas fases del proceso productivo, es pecialmente en las operaciones de tejido. Eran algunos miembros del gremio de pelaires quienes adquirían la materia prima y coordinaban el ciclo produc tivo. En Tarrasa, el gremio de pelaires pasó a estar formado exclusivamente por los fabricantes; por su parte, el de tejedores fue desmantelado a mediados del siglo xvm. El hilado y las operaciones de tejido siguieron efectuándose por encargo, pero las labores preparatorias y las de ultimado de los paños ten dieron a concentrarse en las instalaciones de los fabricantes. Estos fueron des vinculándose de las tareas concretas del proceso de trabajo y centrándose en las tareas de organización y dirección. En la pañería vallesana la penetración del capital mercantil fue escasa. En este caso, por tanto, la industria moderna no fue fruto de la transformación del verlagssystem. El éxito de la industria textil lanera de Igualada, Sabadell y Tarrasa también se basó en el establecimiento de su propia red de distribución, la cual eliminó intermediarios y redujo los costes de comercialización y mejo ró, por ende, la competitividad de sus géneros. La intervención del Estado tuvo una apreciable influencia en el desarrollo de la industria algodonera catalana, sobre todo en sus primeras fases. Desde finales del siglo xvn se habían puesto de moda en Europa y en las colonias americanas los tejidos estampados de algodón de procedencia asiática. Los fa bricantes europeos de géneros de lana y seda presionaron y lograron que en muchas partes de Europa se prohibieran las importaciones de tejidos asiáticos. En España, esa medida se adoptó en 1717; además, en 1728 se vedó también la introducción de las telas estampadas en Europa. Las autoridades pretendían promover la sustitución de importaciones. Las primeras fábricas de indianas catalanas se limitaban al estampado de telas, que era una actividad típicamente urbana y concentrada. No es extraño, pues, que la industria algodonera catalana se localizara al principio casi ex clusivamente en Barcelona. Los empresarios, desde finales de los años trein ta, comenzaron a ocuparse también de las operaciones de tejido, que solían efectuarse de manera concentrada en los mismos edificios donde se llevaba a cabo el estampado. Hasta finales del siglo xvm el hilo empleado en las fábri cas de indianas catalanas siguió siendo mayoritariamente de importación: en 1784, el procedente del extranjero aún suponía el 75 por 100 del total. En Cataluña, el Estado promovió el desarrollo de la industria algodonera mediante la concesión de franquicias, que solían incluir diversos privilegios y exenciones fiscales, a algunos de los fabricantes pioneros. Después de 1750 se mitigó el intervencionismo estatal en dicho sector. Al tratarse de una industria


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nueva, la toma de decisiones de los fabricantes de algodón no se vio restringi da por las reglamentaciones gremiales. En la segunda mitad del siglo xvm la industria algodonera catalana tuvo un desarrollo muy rápido. De hecho, hacia 1800 ya era el sector manufacturero que más aportaba al PIB del Principado. No puede sorprender, por tanto, que la mecanización de la hilatura se iniciase en Cataluña en los años ochenta, poco después que en Inglaterra; no obstante, en el Principado sólo se utiliza ban pequeñas máquinas accionadas manualmente o por caballerías y su difu sión no alcanzaba el vigor que en Inglaterra. El creciente volumen de tejidos manufacturados por las fábricas de india nas catalanas fue absorbido por los mercados regional, colonial y, sobre todo, nacional. Este último fue el pilar primordial para la expansión de la industria algodonera en la segunda mitad del siglo xvm. No obstante, a raíz de la liberalización del comercio colonial y del aumento de los tráficos con las Indias, algunas fábricas, sobre todo las de mayor tamaño, prestaron una creciente atención al pintado de lienzos, tejidos que se adaptaban mejor a las pautas de consumo en los territorios americanos. Por consiguiente, el peso del mercado colonial para las fábricas de indianas se incrementó en el periodo 1778-1796. El fuerte crecimiento de las actividades textiles catalanas se vio favorecido por su proximidad a una importante ciudad portuaria (Barcelona) bien provis ta de diversos servicios, por la tradición manufacturera del Principado y por las redes comerciales ya existentes'en la primera mitad del setecientos; ahora bien, el éxito relativo de las industrias de bienes de consumo de Cataluña en el siglo xvm se basó, ante todo, en su pertenencia a una economía regional clara mente expansiva y cada vez más orientada hacia el exterior, y en el incremen to de sus ventajas comparativas fruto del propio auge manufacturero y de su concentración en unos cuantos centros (amplia oferta de factores especializa dos y mayores facilidades para difundir las innovaciones técnicas).

La siderometalurgia y la construcción naval En el siglo xvm se registró una clara expansión de todo el sector siderometalúrgico: siderurgia tradicional, fundiciones militares de hierro colado, acerías, fabricación de hojalata, siderometalurgia ligera (fanderías) y transfor mados mecánicos. En ese movimiento expansivo participaron todos los distri tos históricos de la siderurgia tradicional, que se hallaban ubicados en la fran ja septentrional del país. La producción de hierro foijado y colado pasó de 11.000 tm en 1700 a 26.800 en 1780. El hierro colado, aunque minoritario, fue ganando posiciones: hacia 1700 representaba el 5 por 100 y en 1780 el 12,5 por 100. La actividad siderúrgica tradicional se efectuaba en pequeñas forjas y ferrerías locales y se hallaba bastante concentrada en Vizcaya y Guipúzcoa. Las ferrerías vascas, hasta bien entrado el siglo xix, permanecieron fieles al horno bajo y al «método directo» de producción. Como las necesidades de capital

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circulante de la siderurgia tradicional tenían cierta enjundia y el hierro forjado vasco tendió a venderse en mercados cada vez más amplios y lejanos, los ferrones aumentaron su dependencia con respecto a los grandes comerciantes bil baínos en la esfera financiera y en la comercial; es decir, el verlagssystem se difundió en la siderurgia vasca. En el incremento de la producción de hierro influyeron tanto factores de oferta como de demanda. Las exportaciones a Europa, especialmente las des tinadas al mercado británico, desempeñaron un papel relevante en la recupera ción de la siderurgia vasca en la primera mitad del siglo xvm. Ahora bien, la demanda colonial y, sobre todo, la nacional constituyeron el estímulo más in tenso y sostenido para la expansión de este sector industrial Los crecimientos agrario y urbano, la ampliación de los medios de transporte terrestre y maríti mo y los programas estatales de construcción naval elevaron la demanda de hierro de un modo apreciable. Además, la política prohibicionista en materia siderúrgica y los mayores esfuerzos del Estado para evitar el contrabando en trañaron incentivos adicionales. Ante la presión de la demanda, los productores volvieron a poner en fun cionamiento instalaciones que habían quedado inactivas durante la crisis del siglo xvn, construyeron otras nuevas y trataron de mejorar los procedimientos técnicos. En las ferrerías vascas, aparte de otras transformaciones menores, se llevó a cabo un proceso de integración técnica (instalación de los martinetes junto a los hornos) que permitió reducir costes, en especial de combustible. El crecimiento de la nueva siderometalurgia (hierro colado en altos hor nos) se efectuó mediante la multiplicación del número de instalaciones de ti tularidad y gestión estatal que trabajaban casi en exclusiva para atender la demanda militar. La producción española de hierro foijado y colado tocó techo hacia 1780. El encarecimiento del carbón vegetal, la sustitución del prohibicionismo por el proteccionismo y la puesta a punto del pudelado por Cort hacia 1784 (que constituyó el espaldarazo definitivo para la moderna siderurgia del alto horno al carbón mineral) colocaron a la siderurgia española en dificultades. La construcción naval fue otro de los sectores industriales que mayor cre cimiento registró en el siglo xvm. La creación de los arsenales de El Ferrol, Cádiz y Cartagena fue clave para el fomento de la marina; además, los astille ros, principalmente los vascos y catalanes, aumentaron sus niveles de activi dad para atender a la creciente demanda de navios originada por la revitalización de los tráficos marítimos y por el incremento de la cuota de buques nacionales en los servicios de transporte de nuestro comercio exterior, Es indudable que en el siglo xvm se registró un resurgimiento de las activi dades manufactureras; ahora bien, para valorar los logros alcanzados en esta centuria, debe tenerse en cuenta que: l) en la España interior, los niveles de producción industrial de finales del setecientos apenas superaban a los de las postrimerías del quinientos; 2) con respecto a la mayor parte de naciones de la Europa occidental, el atraso manufacturero de nuestro país, cuando menos, no disminuyó en el siglo xvm; y 3) casi todas las empresas industriales estatales

EXPANSIÓN, REFORMISMO Y OBSTÁCULOS AL CRECIMIENTO

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fueron desmanteladas durante la crisis del Antiguo Régimen o, incluso, antes de ésta. De modo que sólo podemos hablar de un modesto avance en el terre no industrial en la España del setecientos.19

4 .6 .

C

r e c im ie n t o d e lo s t r á f ic o s y c a m b io s en la o r g a n iz a c ió n

DEL COMERCIO

El comercio interior En el transcurso del siglo xvm el comercio interior tendió a crecer; ade más, progresaron los tráficos interregionales e incluso se esbozaron algunos procesos de especialización productiva. La expansión del comercio interior fue propiciada por los crecimientos agrario y manufacturero, por la mayor estabilidad monetaria, por el aumento de la producción campesina orientada hacia el mercado, por la elevación de las rentas territoriales, por el incremento del número de personas cuya subsistencia dependía principalmente de un jor nal percibido en metálico, por los efectos derivados de la expansión de los in tercambios con Europa y América, por la leve mejora de los transportes, por algunos cambios institucionales introducidos a raíz de la guerra de Sucesión y por la difusión de nuevas formas de comercialización. Las infraestructuras del transporte no cambiaron sustancialmente en el si glo xvm, pero sí se produjeron algunas mejoras. Aunque de manera tímida, el Estado comenzó a asumir responsabilidades en este ámbito. En 1761 se pro mulgó la Instrucción de Caminos, que preveía la puesta en marcha de un plan radial de carreteras pavimentadas. Las construcciones avanzaron mucho más lentamente que lo planeado. Pese a ello, mejoraron las conexiones de la Mese ta norte con los puertos de Bilbao y Santander, los accesos a Andalucía desde Castilla y las vías que unían Madrid con Francia, Cataluña y Valencia. Las nuevas infraestructuras permitieron prescindir de las acémilas y emplear carre tas en algunos tramos de la red vi aria donde los flujos de mercancías eran bas tante intensos (en el puerto de Guadarrama, en Orduña y en la carretera de Reinosa a Santander). Ello posibilitó una cierta reducción del coste del trans porte terrestre. Aunque el número de carreteros y arrieros profesionales aumen tó, un porcentaje muy elevado del acarreo de mercancías era efectuado por campesinos a tiempo parcial. De modo que la oferta y el precio del transporte registraban intensas oscilaciones estacionales. Asimismo, el Estado planeó la construcción de varios canales, si bien las realizaciones fueron escasas. El Canal de Castilla pretendía unir el norte de la provincia de Segovia con Santander. El primer tramo, de unas veinticinco le guas (de Paredes de Nava a Alar del Rey), se inauguró en 1792. El Canal de Castilla atrajo actividades industriales: en sus orillas pronto se instalaron vein ticinco establecimientos manufactureros. En el valle del Ebro prosiguieron las obras en el Canal Imperial de Aragón y se concluyó el Canal de Tauste.

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Las aduanas entre la corona de Aragón y la de Castilla fueron suprimidas entre 1708 y 1714. Ello incentivó los flujos interregionales de mercancías y, en especial, facilitó la penetración de productos manufactureros levantinos (tejidos de seda) y, sobre todo, catalanes (paños de lana y aguardientes) en los mer cados de la España interior. En 1717 se decretó el traslado de las aduanas del Ebro al mar y a la frontera con Francia. Esta medida pretendía reducir el con trabando, ya que desde las provincias exentas se introducían de forma ilegal numerosas mercancías extranjeras al interior del país. Sin embargo, la monar quía, tras constatar la intensa resistencia de amplios sectores de la población vasca a dicho traslado, decidió, en 1722, que las aduanas regresaran al Ebro. El número de ferias y mercados creció en el siglo xvm, pero en buena par te de ellos el volumen de transacciones era reducido. Aunque algunas ferias seguían teniendo cierta importancia, quedaban muy lejos los tiempos en los que habían sido un elemento básico del comercio interregional y exterior de la corona de Castilla. En el siglo xvm comerciantes al por mayor y tiendas ten dieron a acaparar una cuota creciente del total de intercambios. Los comer ciantes de la periferia, especialmente los de origen catalán, ocuparon un papel cada vez más destacado en los tráficos internos. La apertura de tiendas en los centros mercantiles españoles de cierto relieve constituyó el principal ins trumento empleado por los comerciantes catalanes para participar más inten samente en las transacciones interregionales. El grado de integración de los comerciantes catalanes instalados fuera del Principado, en sus respectivas so ciedades locales, fue pequeño: aparte de su escasa proclividad a los enlaces matrimoniales con miembros ajenos a su comunidad de origen, sus estable cimientos solían estar bastante especializados en la venta de manufacturas cata lanas y en la canalización de productos desde sus lugares de residencia a Ca taluña. Esta región inició, pues, la captura del mercado nacional bastante antes de su industrialización. Las actividades mercantiles urbanas también estaban organizadas, al me nos en parte, de manera corporativa. Los Gremios Mayores reunían a pañeros, joyeros, sederos, lenceros y merceros. Los cometidos de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, pese a su origen corporativo, acabaron desbordando los límites establecidos por sus actividades tradicionales. En 1763 se formó la Compañía General de Comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que pronto adquirió una gran dimensión y participó en importantes activida des mercantiles, industriales y financieras. Los propios Cinco Gremios Mayo res de Madrid gestionaron diversas empresas manufactureras (entre otras, las fábricas de lana de Cuenca y Ezcaray, algunas fábricas sederas e incluso la Real Fábrica de Paños de Guadalajara). Aunque el crecimiento de Madrid en el siglo x v i i i fue relativamente mo desto, la capital de la monarquía se consolidó como el mayor centro de consu mo del país. A finales del setecientos, en Madrid se consumían anualmente cerca de un millón de fanegas de trigo, dos millones y medio de arrobas de carbón, alrededor de diez millones de libras de carne, cerca o más de 100.000 arrobas de aceite y unas 500.000 arrobas de vino. El aprovisionamiento de


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Madrid fue uno de los motores fundamentales de la revitalización de los trá ficos internos. El crecimiento del comercio exterior permitió que distintos puertos penin sulares dispusieran de una oferta más variada de productos, lo que constituyó un incentivo para los tráficos entre ellos y, también, para los intercambios con las plazas del interior. En muchas ocasiones, el abaratamiento del trans porte terrestre dependió más de que los flujos de mercancías se efectuaran en las dos direcciones de un mismo circuito que de la mejora de las infraestructu ras viarias.

El comercio exterior En el siglo xvm, el comercio exterior de nuestro país creció notablemente. Ello fue resultado de la expansión de la demanda internacional, de la capa cidad de respuesta de algunos sectores autóctonos a las oportunidades apareci das en los mercados foráneos y, también, de diversos cambios institucionales que afectaron principalmente a la organización de los tráficos coloniales. En el setecientos, la economía atlántica registró un fuerte dinamismo. Espa ña, pese a poseer extensos dominios en América, no pudo organizar un autén tico sistema atlántico de intercambios. Éste se basaba en la circulación de es clavos, de las mercancías producidas por éstos, de los artículos necesarios para su manutención y de los bienes y servicios adquiridos con los beneficios del trabajo esclavo. España carecía de la potencia mercantil y de las infraes tructuras necesarias para organizar un intenso comercio triangular entre Euro pa, África y América; además, tampoco disponía de suficiente capacidad para evitar el contrabando en sus dominios americanos. Los Borbones intentaron recuperar el control sobre el comercio con las In dias, perdido, al menos en buena medida, durante la crisis del siglo xvn. En 1717 y 1718 se prohibió la entrada de mercancías indianas que arribasen por mano de extranjeros; asimismo, se dispuso que los navios que participasen en la Carrera de Indias fuesen de construcción nacional o, cuando menos, propie dad de españoles; además, se hicieron esfuerzos para regularizar y mejorar el funcionamiento del sistema de flotas y galeones. Desde 1680 Cádiz venía ac tuando como auténtico eje central del comercio colonial. El traslado oficial de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz se llevó a cabo en 1717. La monarquía autorizó la creación de varias compañías privilegiadas para explotar en régimen de monopolio el comercio con determinadas zonas de sus dominios americanos. Estas concesiones pretendían recuperar el control de los intercambios con aquellas áreas en las que el contrabando era especialmen te elevado y que se hallaban en una posición marginal dentro de la tradicional organización de los tráficos coloniales. En 1728 se creó la Compañía Guipuzcoana de Caracas, empresa que se dedicó a la importación de tabaco, pieles y, sobre todo, cacao. Luego se constituyeron la Compañía de La Habana, la de Comercio de Barcelona y la de San Fernando, todas ellas de menor importan

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cia que la Guipuzeoana. Entre 1738 y 1778, las reales compañías absorbieron, aproximadamente, el 20 por 100 del comercio con América. Los llamados decretos de «libre comercio» constituyeron la reforma insti tucional más importante en la esfera de los tráficos coloniales. En 1765 se au torizaron los intercambios directos con las islas del Caribe a nueve puertos (Santander, Gijón, La Coruña, Sevilla, Cádiz, Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona); en 1770 esa prerrogativa se extendió a los tráficos con Campeche y Yucatán; en 1774 se desbloqueó el comercio colonial entre Nueva España, Tierra Firme, Santa Fe y Perú a través del Pacífico; en 1778 se facultó a Palma de Mallorca, Tortosa, Almería, Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires a participar en el «libre comercio»; y, además, en 1789 se sustituyó la provisión de negros a través del sistema de asiento o licencia individual por la libre introducción en registros sueltos. El objetivo prioritario de los decre tos de «libre comercio» no era otro que el de incrementar los ingresos fiscales en un momento de fuerte elevación de los gastos de defensa y en el que ya resultaba evidente el fracaso de la reforma tributaria en la metrópoli. Ello no era óbice para que aquéllos también persiguiesen impulsar los intercambios con las colonias y las actividades productivas en los entornos de los puertos habilitados. En el período del «libre comercio», los tráficos con las colonias america nas aumentaron notablemente, pero los especialistas ofrecen estimaciones di ferentes sobre tal incremento. Pese a la habilitación de diversos puertos espa ñoles, Cádiz, después de 1778, siguió acaparando, en el comercio colonial, más del 70 por 100 de las exportaciones y más del 80 por 100 de las importa ciones. Esta ciudad atlántica albergaba una numerosa colonia de comerciantes extranjeros, pero también abundaban los oriundos de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Burgos. Los mercaderes españoles asentados en Cádiz eran principalmente comisionistas en los tráficos de reexportación de produc tos coloniales y europeos. Al margen de Cádiz, Barcelona concentraba el 43,4 por 100 del comercio de exportaciones a las Indias, Málaga el 18,1 por 100, Santander el 17,2 por 100 y La Coruña el 11 por 100. Los metales preciosos siguieron constituyendo la primera rúbrica de las importaciones procedentes de las colonias americanas: aquéllos supusieron el 77,6 por 100 en 1747-1778 y algo menos del 60 por 100 en 1778-1796. Ahora bien, a Cádiz y, desde 1765, a otros puertos españoles arribaron crecientes cantidades de tabaco, cacao, azúcar, productos tintóreos y cueros. Las partidas que más contribuían, a finales del siglo xvm, a la exportación de mercancías nacionales a las colonias eran los tejidos, los aguardientes y vinos y las manu facturas de hierro. La expansión del comercio con las Indias fue también resultado del dina mismo económico de algunas colonias americanas, especialmente del de Nue va España. El auge de la minería de plata, al que contribuyó la mejora en el suministro de mercurio por parte de las minas de Almadén, constituyó el prin cipal motor del crecimiento económico de Nueva España. Gracias a un con junto de medidas financieras, organizativas y técnicas, adoptadas en su mayor


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parte entre las décadas de 1740 y 1780, la producción media anual de mercu rio de las minas de Almadén pasó de poco más de 4.000 quintales en 17001709 a casi 19.500 en 1790-1799. La producción de plata de Nueva España, en promedio anual, se elevó desde 5,2 millones de pesos en 1700-1709 hasta 21,6 en 1800-1809. Además, el mercurio, a través de la plata, contribuía in directamente a incrementar la recaudación de la monarquía gracias a los efec tos inducidos sobre los ingresos fiscales generados por un amplio conjunto de actividades relacionado con el sector minero. El incremento de los ingresos de la monarquía en Nueva España fue espectacular: de 28 millones de pesos en 1700-1709 se pasó a 178 en 1790-1799. El virreinato de Nueva España se convirtió, pues, en el sostén financiero del Imperio español. En términos macroeconómicos, el comercio colonial tenía un peso reducido en la economía española. Probablemente, las exportaciones a las Indias no su ponían mucho más del 1 por 100 del PIB de nuestro país. Ahora bien, los es tímulos del comercio colonial se concentraban en un número reducido de zonas de la periferia española, sobre todo en Cataluña y en el litoral andaluz: aquí las reformas institucionales y la expansión de los intercambios con las Indias sí supusieron un impulso de cierto relieve para el crecimiento económico. El nuevo Reglamento del comercio colonial de 1778, al considerar como géneros nacionales las mercancías acabadas en España, redujo las posibilidades expor tadoras de ciertas industrias autóctonas. En cualquier caso, la participación de los productos nacionales en las exportaciones a las Indias aumentó significati vamente en el siglo xvm: del 5,5 por 100 en 1686 se pasó al 30-50 por 100 en la etapa de «libre comercio». La influencia de los intercambios con América sobre las economías de la Es paña interior no fue grande, pero tampoco insignificante: por un lado, la mayor oferta de productos coloniales estimuló y facilitó los tráficos entre la periferia y los territorios interiores; por otro, las mercancías americanas contribuyeron a modificar los modelos de consumo, sobre todo los de las poblaciones urbanas. Pese al veloz crecimiento de los intercambios con las Indias, el valor del co mercio con Europa, a finales del siglo xvm, continuaba superando al ameri cano: entre 1784 y 1796 Europa absorbió el 64 por 100 de las exportaciones españolas y América el 36 por 100. La creciente demanda europea de materias primas (lana) y de productos alimenticios de origen mediterráneo (vinos, aguardientes, pasas, almendras) constituyó una de las secuelas de la aceleración del movimiento expansivo de las economías de la Europa noroccidental. En 1792 la lana suponía el 30,6 por 100 del valor total de las exportaciones al extranjero, el aguardiente el 15,8 por 100, el vino el 13,9 por 100 y las pa sas el 7,2 por 100. Las manufacturas sólo representaban el 3,7 por 100, los ali mentos el 49,0 por 100 y las materias primas el 47,3 por 100. En esa misma fecha, las principales partidas de las importaciones del extranjero (excluidas las reexportaciones) representaban los siguientes porcentajes: 15,2 por 100 el algodón hilado, 14,9 por 100 los tejidos de lino y cáñamo, 10,7 por 100 el tri go y la harina de trigo, 9,7 por 100 los tejidos de lana y 7,7 por 100 el bacalao. En este caso, las manufacturas acaparaban el 59,9 por 100, los alimentos el


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29,9 por 100 y las materias primas el 10,2 por 100. Por consiguiente, la com posición del comercio con Europa evidencia el escaso desarrollo industrial de España y su especialización en el sector primario. Los mercaderes extranjeros siguieron controlando un porcentaje considerable de los tráficos de nuestro país con el exterior, pero la participación de los comerciantes españoles en ta les intercambios tendió a aumentar en el siglo xvm. En suma, el comercio exterior tuvo un papel relativamente modesto en el crecimiento de la economía española en el siglo xvm, pero resultó vital para el dinamismo de algunas zonas de la periferia: por un lado, incentivó la espe cialización en cultivos más rentables y el desarrollo de actividades manufactu reras y mercantiles sujetas a rendimientos crecientes; por otro, la mayor varie dad de la oferta de productos europeos y coloniales en los puertos estimuló los intercambios entre éstos y las tierras del interior y, por ende, facilitó el aprovisionamiento de alimentos de primera necesidad, cuya producción solía tener rendimientos decrecientes, a las ciudades costeras.20

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Una vez finalizada la guerra de Sucesión, la política exterior borbónica pronto se marcó como objetivo prioritario la recuperación de parte de las po sesiones perdidas en el tratado de Utrecht, principalmente las italianas. En la segunda mitad del siglo xvm la acción exterior de la monarquía persiguió, ante todo, generar las condiciones para explotar de un modo más intenso y efectivo su monopolio de comercio con las Indias. Ambas políticas conllevaron un in cremento sustancial de los gastos militares. El intento de establecer un mayor control sobre las posesiones americanas obligó a reforzar la armada: ésta con taba con 7 7 buques en 1 7 5 8 , 1 1 9 en 1 7 7 4 y 1 6 7 en 1 7 8 7 . España volvió a ser una potencia marítima en el siglo xvm, pero ello exigió que el Estado dedicase un volumen importante de recursos a la marina. Desde 1 7 7 0 los gastos de defensa casi siempre se situaron cerca o por encima del 6 0 por 1 0 0 del gasto total de la monarquía. Por consiguiente, la defensa constituyó, con una enor me diferencia, el principal destino de las rentas de la monarquía y la evolu ción de los gastos del ejército y de la marina determinaron básicamente el vo lumen de recursos que precisaba reunir la Hacienda. Desde hacía mucho tiempo, los castellanos venían reclamando un reparto más equilibrado de las cargas fiscales entre las coronas y los reinos peninsula res de la monarquía española. La derrota de la corona de Aragón en la guerra de Sucesión generó una coyuntura favorable para que esa vieja petición fuese atendida. Sin embargo, Felipe V no estableció el mismo sistema fiscal en las dos coronas peninsulares. Una vez concluido el conflicto dinástico, la homo logación tributaria se circunscribió al establecimiento de nuevas contribucio nes de cupo en los reinos aragoneses a modo de «equivalentes» a las rentas provinciales castellanas. Los cupos eran proporcionales al número de vecinos,


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y los diferentes reinos gozaron de autonomía para organizar la recaudación de los «equivalentes». Estos fueron denominados de diversas maneras: catastro en Cataluña, equivalente en Valencia, talla en Baleares y única contribución en Aragón. No obstante, en la corona de Aragón los cupos fueron atendidos con impuestos directos que gravaban el producto o la renta. Como en la de Castilla predominaban los tributos que recaían sobre el consumo o la circulación de mercancías, los contrastes entre los sistemas fiscales de los distintos territorios peninsulares, tras los decretos de Nueva Planta (conjunto de medidas adopta das durante e inmediatamente después de la guerra de Sucesión para lograr un mayor grado de centralización política, administrativa y fiscal), no sólo no se redujeron, sino que se incrementaron. Además, las provincias exentas, Navarra y Canarias, mantuvieron sus propios sistemas e instituciones fiscales. En los años veinte y treinta, la monarquía no introdujo modificaciones sus tanciales en el sistema tributario, ni en las prácticas recaudatorias. Los ingre sos ordinarios de la Hacienda aumentaron bastante más lentamente que los gastos. En 1739 la deuda ascendía a más del doble de los ingresos medios anuales. El 21 de marzo de ese año el Estado decretó la suspensión de pagos. Supuestamente, dicha medida tendría que haber ido seguida de una política de contención de gastos. No fue así: España mantuvo un conflicto naval en ultra mar con Inglaterra entre 1739 y 1748. Fue entonces cuando quedó patente que la monarquía precisaba elevar de manera considerable sus ingresos ordinarios y que, por ende, resultaba indispensable la introducción de profundas reformas hacendísticas. La llegada a la Secretaría de Hacienda de José Campillo, pri mero (1741-1743), y del marqués de la Ensenada, después (1743-1754), resultó decisiva para la cristalización de un auténtico proyecto reformador. Este pro yecto constaba de dos puntos esenciales: la administración directa de las ren tas y el establecimiento, en la corona de Castilla, de una contribución única que sustituyese a los numerosos impuestos que integraban las rentas provinciales. La mayor parte de los tributos se hallaban arrendados o encabezados. Des de 1742, pese a la tenaz resistencia de los arrendadores de contribuciones, se fueron poniendo en administración directa las rentas provinciales de los dis tintos territorios castellanos (salvo las de Madrid). Con el nuevo procedimien to se logró una apreciable elevación de los ingresos en los primeros años, pero esa mejora pronto se vio limitada por el crecimiento de los gastos que al Esta do le ocasionó la gestión y recaudación de las rentas provinciales. En cual quier caso, la administración directa contribuyó al nacimiento de una Hacien da pública capaz de gestionar la fiscalidad. En los años cuarenta, los aceptables resultados de los «equivalentes» en la corona de Aragón, las desigualdades de índole territorial y sectorial del siste ma tributario castellano, el bajo rendimiento de las rentas provinciales y, sobre todo, la necesidad del Estado de disponer de más recursos generaron un clima favorable al surgimiento de propuestas de reforma de la imposición en la coro na de Castilla. El decreto de 10 de octubre de 1749 ordenó sustituir las rentas provinciales por una única contribución, que quedó definida como un tributo general y proporcional a las utilidades de los súbditos. Los privilegios fiscales

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de la nobleza y el clero no desaparecían del todo, pero quedaban severamente recortados. Ahora bien, como se temía que la recaudación bajase de manera sensible en el período de rodaje del nuevo sistema tributario, máxime cuando todavía no se habían efectuado las averiguaciones sobre la renta y la riqueza de los castellanos, el gobierno optó por posponer la entrada en vigor de la contri bución única hasta que concluyese la elaboración de los catastros en las pro vincias castellanas. En 1756 ya se disponía de la información necesaria para poner en marcha la reforma —el minucioso catastro llamado de Ensenada, hoy una rica fuente para los historiadores— y al año siguiente se recibió un breve papal que autorizaba al Estado a imponer la contribución única al clero. Sin embargo, el gobierno tampoco se atrevió entonces a aplicar la reforma impo sitiva. El 1760 Carlos III ordenó estudiar de nuevo el asunto, lo que obligó a reelaborar los datos catastrales. En 1770 se mandó reemplazar veinte tributos por la contribución única, pero esta disposición no llegó a ponerse en práctica. En 1776, por fin, el gobierno, ante la tenaz y firme oposición del clero y de la nobleza, abandonó definitivamente este proyecto de reforma impositiva. Para intentar elevar los ingresos ordinarios, la Hacienda recurrió entonces a peque ñas reformas administrativas, a la imposición de recargos, a la revisión al alza de los encabezamientos (en realidad, la administración directa sólo funcionó en los núcleos de mayor tamaño) y, sobre todo, a la adopción de diversas medidas tendentes a incrementar los superávit de las cajas americanas y a elevar los rendimientos fiscales del monopolio del comercio con las Indias. El fracaso de la reforma tributaria y la política aplicada en materia hacen dística tuvieron importantes implicaciones. Por un lado, los ingresos de la mo narquía se hicieron cada vez más dependientes de las colonias americanas: el porcentaje medio anual de las rentas del Estado que cabe atribuir a la sobe ranía sobre los territorios ultramarinos (transferencias fiscales y parte de las rentas de aduanas y del tabaco) ascendió al 12,4 por 100 en 1763-1783, al 25,3 por 100 en 1784-1793 y al 26,1 por 100 en 1794-1804. América resulta ba cada vez más necesaria para el equilibrio financiero del Estado, pero el mantenimiento de las posesiones en ese continente y el intento de explotar de manera efectiva el monopolio comercial comportaban gastos crecientes, mien tras que la expansión económica en la metrópoli, derivada de la intensifica ción de los tráficos con las Indias, no generaba una base imponible suficiente para sufragar los costes de la política de defensa en los dominios ultramarinos. Por otro lado, al no aumentar sustancialmente los ingresos de la Hacienda, ésta hubo de recurrir al crédito en gran escala para financiar los conflictos bélicos y, sobre todo, tuvo enormes dificultades posteriormente para pagar los réditos y las amortizaciones correspondientes, lo que acabaría generando un vo lumen descomunal de deuda. Los ingresos ordinarios medios anuales de la Hacienda española fueron de 454,1 millones de reales en 1763-1770, de 437,1 en 1771-1779 y de 617,6 en 1780-1789. Pese a su crecimiento en los ochenta, el Estado hubo de recurrir a los ingresos extraordinarios para financiar la guerra contra Inglaterra de 17791783. En el verano de 1780, cuando se hallaban bloqueados los tráficos con


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América, el Estado emitió un nuevo tipo de deuda, los vales reales, títulos endosables y renovables cada año, que tenían un plazo de amortización de veinte años, que devengaban un 4 por 100 de interés, y a los que se les otorgó poder liberatorio para ciertos intercambios de elevada cuantía y para el pago de im puestos. En 1780-1782 las emisiones de vales reales ascendieron a 452 millo nes de reales. Además, los atrasos de Tesorería tendieron a hacerse más volu minosos. En 1788 la deuda superaba ya los 2.000 millones de reales, pero aún más preocupante resultaba la creciente incapacidad de los ingresos ordinarios para financiar los gastos de la monarquía. En la segunda mitad del siglo xvm las frecuentes guerras navales con Ingla terra interrumpieron los tráficos ultramarinos en varias ocasiones y, por ende, provocaron problemas transitorios de liquidez a la economía española. De ahí que gobernantes y economistas pensaran en la emisión de billetes de banco como medio para paliar las perturbaciones monetarias. Por otro lado, en 1781, tras la segunda emisión de vales reales, la cotización de estos títulos cayó. En tonces cobró mayor interés el proyecto de creación de un banco nacional que, entre otros cometidos, regulara el valor de los títulos de la deuda mediante la compra y la venta de éstos. El Banco Nacional de San Carlos fue erigido a tra vés de la Real cédula de 2 de junio de 1782. Las funciones de la nueva insti tución, aparte de la de reducir los vales reales a metálico, serían: atender los gastos corrientes de la monarquía en el extranjero, servir suministros al ejército y a la marina, emitir billetes, admitir depósitos, adelantar fondos a la Hacien da y facilitar crédito a corto plazo al sector privado; además, al Banco de San Carlos se le adjudicó el monopolio de extracción de plata. De modo que se le asignaron numerosos cometidos, pero en poco tiempo su función de presta mista del Estado primaría sobre el resto. Entre 1783 y 1790 eL Banco de San Carlos obtuvo reducidos beneficios. Los suministros al ejército y la marina arrojaron cuantiosas pérdidas, pero, en contrapartida, los rendimientos netos de las operaciones de exportación de plata fueron elevados. En 1783 se realizó la primera emisión de billetes de banco: 52 millones de reales. Pese a los esfuerzos del gobierno para favorecer su acep tación entre el público, en 1788 había muy pocos billetes en circulación. Desde finales del siglo xvn los banqueros y los hombres de negocios espa ñoles habían logrado atender las necesidades de liquidez del Estado. En este cometido destacaron los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que con frecuen cia adelantaron importantes sumas de dinero a la Hacienda. En los años sesen ta y setenta, la presión del Tesoro sobre los Cinco Gremios llegó a ser tan in tensa y los atrasos tan elevados que la institución prestamista se mostró reacia a incrementar su crédito al Estado. Aparte de sus operaciones crediticias con la Hacienda, los Cinco Gremios funcionaron como banco de giro, de depósi tos, de préstamos y de inversiones. El auge del comercio, sobre todo del exterior, originó un aumento de la de manda de crédito y de seguros. Madrid, Cádiz, Barcelona y Bilbao constituían las principales plazas financieras. Todas ellas tenían cambios abiertos para sus giros y libranzas con París, Londres, Amsterdam y Hamburgo. Todavía la ma

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HISTORIA ECONÓMICA DE ES PAÑI A

yoría de los banqueros estaban vinculados al mundo del comercio, pero algu nos se fueron desvinculando lentamente de esta actividad y especializándose en las finanzas. Diversos comerciantes-banqueros se asociaron para crear compa ñías de seguros o bancos comerciales o de depósitos. En el mundo rural, los censos o censales, amortizables o perpetuos, siguie ron constituyendo el instrumento crediticio más habitual. A mediados del si glo xvm, la cuantía de ios censos ascendía en toda España a unos 2.900 millo nes de reales. En la corona de Castilla, el tipo de interés máximo de los censos se redujo al 3,3 por 100 en 1705 (anteriormente era del 5 por 100) y al 3 por 100 en 1750. En la segunda mitad del siglo xvm se formalizaron contratos de censo a tipos inferiores al 3 por 100, lo que indica que el interés de mercado no se hallaba por encima del máximo oficial. Como la demanda de crédito rural aumentó en el siglo xvm, la moderación del interés de los censos hubo de res ponder a la canalización de una parte importante del ahorro, especialmente del de las instituciones eclesiásticas, hacia este tipo de actividad crediticia. En la corona de Aragón, el tipo de interés máximo de los censales también se fijó en el 3 por 100 en 1750, pero en este caso el punto de partida era el 5 por 100, lo que revela la segmentación de los mercados de crédito rural. Los pósitos eran almacenes de granos pertenecientes a instituciones públi cas (habitualmente, ayuntamientos) o a fundaciones pías. En 1751 había en España 6.236 pósitos, de los que sólo 649 se hallaban ubicados en la corona de Aragón. En los núcleos rurales, dichos almacenes prestaban cereales a los agri cultores, con bastante frecuencia para efectuar la sementera, y facilitaban pan cuando este producto escaseaba. En las ciudades, los pósitos participaban en el aprovisionamiento de trigo y harina a panaderos y tahoneros, sobre todo en los períodos de crisis de subsistencias. Entre 1751 y 1773 se crearon 1.854 nuevos pósitos en España, 1.065 en la corona de Aragón y 789 en la de Castilla. En teoría, al comprar en momentos de abundancia y bajos precios, y vender o prestar cuando se registraba escasez y carestía, los pósitos debían distribuir más uniformemente en el tiempo la oferta de granos. Sin embargo, sólo consi guieron suavizar la fuerte inestabilidad de los precios del trigo y de la harina. El relativo fracaso de estas instituciones cabe atribuirlo a su insuficiente dota ción de recursos y a sus crónicos problemas financieros. Los pósitos solían re gistrar pérdidas de cierto calibre debido a las subvenciones al pan en los años de escasez, a su deficiente gestión, a los problemas de conservación de los gra nos y a las dificultades para renovar sus existencias. Sólo el Pósito de Madrid, al recibir periódicamente fondos de la Hacienda, pudo mantener una intensa y persistente política de subvención al pan en las décadas finales del siglo xvm.21

4 .8 .

La

e c o n o m ía

e s pa ñ o l a en v ís p e r a s d e la

R

e v o l u c ió n f r a n c e s a

Hacia 1789 el panorama de la economía española no daba pie al optimis mo: el elevado nivel de las rentas territoriales había situado a un notable por centaje de explotaciones agrarias muy cerca de los umbrales de invíabilidad;


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el producto cerealista venía creciendo, desde los años sesenta, más despacio que la población en numerosas zonas del interior; la pauperización de sectores bastante amplios de las sociedades rural y urbana estaba ocasionando dificul tades a las actividades manufactureras orientadas a satisfacer las necesidades de los grupos de rentas más bajas; y, además, la Hacienda había acumulado un nivel de deuda preocupante, sus ingresos mantenían un apreciable y creciente grado de dependencia con respecto a las remesas de las Indias y a las rentas de las aduanas originadas por los tráficos coloniales (unas y otras muy vulnera bles a los conflictos bélicos en ultramar), y no se vislumbraba ningún conjun to de medidas que pudiera situar a la monarquía en condiciones de atender sus obligaciones mínimas, fundamentalmente las defensivas, sin verse obligada a recurrir al crédito. En suma, la economía española había tocado techo o estaba cerca de alcanzarlo. Sin embargo, no todo era sombrío en el panorama de nuestra economía en vísperas de la Revolución francesa: la expansión prose guía en algunas regiones (por ejemplo, en Cantabria y Asturias); en la perife ria, el comercio exterior y las actividades asociadas a él no sólo resistían, sino que estaban creciendo a buen ritmo; los niveles de consumo de bienes durade ros y semiduraderos de los grupos de ingresos medios y medios-altos no dis minuyeron en la segunda mitad del siglo xvm, ni tan siquiera en la España in terior; y, por último, la burguesía, tanto la rural como la urbana, se había fortalecido económica y socialmente en la segunda mitad del siglo xvm y al gunos sectores comenzaban a desarrollar un proyecto político independiente y progresivamente alejado de las ideas que cimentaban la sociedad del antiguo régimen. En definitiva, la economía y la sociedad españolas, pese a sus varia dos y profundos problemas, tenían una cierta capacidad para afrontar los tiem pos plagados de dificultades que siguieron a la Revolución de 1789, aunque no para facilitar un profundo cambio institucional sin graves traumas y en un breve período de tiempo.

LECTURA RECOMENDADA Ángel García Sanz (1996), «La reforma agraria de la Ilustración: proyectos y re sultados. El precedente del arbitrismo agrarista castellano», en Á. García Sanz y J. Sanz Fernández, eds., Reformas y políticas agrarias en la historia de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pp. 161-200.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA El capítulo 9 del libro de Alberto Marcos Martín (2001), España en los siglos xv¡, xvn y xvm. Economía y Sociedad, Barcelona, Crítica, ofrece una completa y actualiza da síntesis de la evolución de la economía española en el siglo xvm. El libro de Gonzalo Anes (1970), Las crisis agrarias en la España moderna, Ma drid, Taurus, constituye un clásico en la historia agraria española y sigue siendo una obra de obligada consulta para el estudio de los precios y de las crisis agrarias.

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El trabajo de Juan Helguera (1996), «Empresas y empresarios manufactureros en la España del siglo xvm», en E Comín y P, Martín Aceña, eds., La empresa en la his toria de España, Madrid, Civitas, analiza las viejas y, sobre todo, las nuevas formas de organización empresarial de las manufacturas en el siglo xvm. El trabajo de Jaume Torras (1992), «Redes comerciales y auge textil en la España del siglo xvm», en M. Berg, ed., Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona, Crí tica, estudia el desarrollo de las redes comerciales y su papel en el crecimiento de la industria textil catalana. El artículo de Carlos Marichal (1997), «Beneficios y costes fiscales del colonialis mo: las remesas americanas a España, 1760-1814», Revista de Historia Económica, XV (3), examina la contribución de los ingresos fiscales de las colonias americanas a la financiación de la monarquía española en el periodo 1760-1814.

5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1790-1840) E n r iq u e L l o p is A g e l á n Universidad Complutense

5 .1 .

F ases d e l c re c im ie n to y c o n d ic io n a m ie n to s in te rn a c io n a le s

Carlos 1ÍI había fallecido en diciembre de 1788. En la fase final de su reina do, el crecimiento económico, sobre todo el agrario, había tendido a desa celerarse. Las reformas ilustradas, cuyo vigor hacía tiempo que venía amino rándose, no habían logrado eliminar los principales estrangulamientos de la economía española, en especial las adversas condiciones de acceso a la tierra de amplios sectores de la población rural. España padeció una fuerte inestabilidad política y económica durante el prolongado período de transición del Antiguo Régimen al sistema liberal. No obstante, entre 1790 y 1840 la economía de nuestro país atravesó dos fases muy distintas: 1790-1813 y 1814-1840. La primera estuvo caracterizada por la tendencia al estancamiento, las violentas crisis agrarias y el agudo movimiento alcista de los precios; la segunda, por un notable crecimiento del PIß, aunque convulso y distribuido sectorial y regionalmente de un modo bastante desi gual, y por una severa deflación. No obstante, conviene recordar que la etapa 1814-1840, a la que D. Ringrose denomina, con razón, «las décadas olvida das», es una de las peor conocidas de nuestro desarrollo económico moderno y contemporáneo. Los acontecimientos internacionales condicionaron de manera importan te la dinámica y las transformaciones de la economía española en la última década del siglo xvm y en las primeras del xix. En Europa, la Revolución francesa desencadenó fuertes tensiones políticas que acabaron desembocando en guerras prácticamente ininterrumpidas hasta la definitiva derrota de Napo león en 1815. España no pudo permanecer neutral y se vio involucrada en cos tosos conflictos bélicos, unas veces contra Francia y otras contra Inglaterra,

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que originaron un fuerte desequilibrio de las finanzas públicas, una profunda crisis del comercio colonial y la acentuación del declive politico de nuestro país en América. En 1808 la invasión del territorio peninsular por el ejército fran cés provocó el desmoronamiento del Estado del Antiguo Régimen y propició que los liberales, por primera vez, alcanzasen un notable protagonismo políti co y que se llevasen a cabo importantes reformas económicas «desde abajo». Aunque los absolutistas recuperaron el gobierno poco después de finalizar la guerra de la Independencia, ello no entrañó que se volviese a la situación an terior a 1808 y que se pudieran revertir la mayoría de los cambios económicos registrados en el transcurso del conflicto bélico contra las tropas napoleónicas. Por otro lado, durante las décadas analizadas en este capítulo se completó la industrialización de Gran Bretaña y, desde allí, a través de diversas vías, se difundió hacia algunas regiones del noroeste de la Europa continental. Todo ello tuvo importantes repercusiones sobre la producción y el consumo de pro ductos industriales en nuestro país: 1) la mejora de la calidad y, sobre todo, el abaratamiento de las manufacturas británicas y de otros países de la Europa continental estimularon el incremento del contrabando, máxime en un perío do en el que la debilidad del Estado español impedía que pudiera ser combatido con un cierto grado de eficacia; y 2) después de la guerra de la Independencia, la brecha tecnológica entre lo nuevo y lo viejo había alcanzado una notable magnitud en varios sectores, lo que alentó o forzó a grupos de empresarios de ciertas industrias, sobre todo a los del textil algodonero catalán, a plantear se la mecanización de alguna fase del proceso productivo y/o la introducción de cambios organizativos en sus firmas. Además, la difusión de la industriali zación y el ritmo más vivo de crecimiento económico moderno determinaron que la demanda de importaciones de minerales, aceites, vinos y frutas de los países de la Europa noroccidental tendiera a aumentar. Por su situación, carac terísticas de su subsuelo y dotación de recursos agrarios, España reunía condi ciones favorables para atender a parte de esta nueva demanda externa. Una vez finalizadas las guerras napoleónicas, España tampoco logró la es tabilidad política; ahora debido principalmente a problemas de índole interna. Por un lado, el Estado absolutista, reacio a promover auténticas reformas fis cales que eliminasen los privilegios del clero y de la nobleza, carecía de los recursos necesarios para afrontar el problema de la deuda y los levantamientos independentistas de las colonias americanas e incluso para proveer los pocos servicios ordinarios que venía proporcionando antes de 1808. Por otro lado, los liberales no tenían suficiente fuerza política para construir por sí mismos el nuevo Estado. No es extraño, pues, que la transición del régimen absoluto al liberal durase más de tres décadas: el cambio político se inició en la guerra de la Independencia, maduró en el trienio liberal y cuajó definitivamente en el transcurso de la primera guerra carlista, 1833-1840.1

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL

5.2.

T ie m p o s r e v u e l t o s ,

16 7

1790-1808

Estancamiento económico y crisis agrarias Hacia 1790 la economía española había llegado prácticamente a un techo productivo cuya superación era difícil sin acometer reformas institucionales de cierta entidad. La expansión agraria se hallaba casi bloqueada por el debili tamiento de las economías campesinas debido principalmente a la escalada de la renta de los labrantíos, a la estrechez de los mercados de la tierra y a las fuertes restricciones impuestas por el «frente antirroturador» a la extensión de los cultivos en terrenos concejiles. En un contexto de estancamiento agrario, las manufacturas y ios servicios tenían un margen bastante estrecho para seguir progresando, tanto por el elevado peso del sector primario en el PIB y en la ocupación como por la inviabilidad de que partes del país, aunque estuviesen ubicadas en el litoral, dependiesen completa o casi completamente del exterior para el suministro de alimentos básicos2 y para la adquisición de sus produc tos industriales y de sus servicios; es decir, el agro condicionaba fuertemente la trayectoria del resto de sectores de la economía española. En la década de 1790 la renta de la tierra flexionó a la baja en casi todas par tes. El producto de los arrendamientos de las heredades del cabildo de Zamora en doce localidades cayó, en fanegas de pan mediado, un 16,7 por 100 de 17821786 a 1794-1798.3 La renta en especie de las tierras arrendadas por la catedral de Ávila descendió un 3 por 100 entre 1793 y 1802 (véanse los gráficos 4.2 y 4.3).4 Ese mismo fenómeno, con mayor o menor intensidad, se registró en Se govia, en Tierra de Campos y en prácticamente todas las áreas castellanas para las que se dispone de información.5 También en otros territorios peninsulares la renta de la tierra comenzó a caer por estas mismas fechas; por ejemplo, en Cataluña, región en la que el descenso fue aún más acusado que en Castilla. La caída de la renta de la tierra fue fruto del empeoramiento de la situación de numerosos productores agrarios y, en algunos casos, de la resistencia de los arrendatarios y colonos a pagarla. Al margen de las causas de este fenómeno, el descenso de la renta de la tierra no bastó para detener el deterioro de buena parte de las economías campesinas en los años finales del siglo xvm y en los primeros del xix: por un lado, la cuantía del descenso resultó insuficiente en la mayoría de las ocasiones; por otro lado, los resultados obtenidos por las explo taciones agrarias se vieron afectados por la inestabilidad económica general y por las adversas condiciones meteorológicas en un porcentaje relativamente elevado de años. De hecho, 1790-1808 fue uno de los períodos en los que la morosidad en el pago de la renta de la tierra alcanzó mayores proporciones. Actuando sobre una economía agraria debilitada, la mayor frecuencia re lativa de malas cosechas provocó, sobre todo en el interior, la repetición, cada pocos años, de agudas escaseces de alimentos y de fuertes elevaciones de los precios de los cereales (véase el gráfico 4.1).

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Las cotizaciones absolutas y relativas de los granos registraron bruscas al teraciones en los años finales del siglo xvm y en los primeros del xix. Entre los años agrícolas 1789-1790 y 1807-1808 el coeficiente de variación de los precios medios anuales del trigo ascendió al 16,2 por 100 en Barcelona, al 17,6 por 100 en Tolosa, al 22,6 por 100 en Valencia, al 25,8 por 100 en Zarago za, al 31,0 por 100 en Pamplona y al 49,6 por 100 en Rioseco.6 La intensidad de las fluctuaciones interanuales de los precios de los granos fue, pues, mucho menor en las localidades del litoral o próximas a él, donde había posibilidad de importar estos productos a costes no prohibitivos, que en los núcleos aleja dos de la costa. Estas fuertes oscilaciones iban acompañadas de una intensa tendencia alcista: entre 1773-1788 y 1789-1807, el precio medio anual del tri go se elevó un 55,3, un 60,4, un 64,0 y un 81,0 por 100 en Barcelona, Valen cia, Pamplona y Rioseco, respectivamente. En consecuencia, el crecimiento de los precios fue algo o bastante más vigoroso en las tierras del interior que en las áreas litorales. En Palencia, entre 1785-1789 y 1803-1807, el índice de precios de la ali mentación se elevó un 60,5 por 100,7 el de la vivienda un 9,7 por 100, el del vestido un 9,1 por 100 y el del combustible y el jabón un 76,3 por 100. En las urbes castellanas, el fuerte encarecimiento de las subsistencias provocó un im portante deterioro de los términos de intercambio para los oferentes de manu facturas y servicios. Aunque de manera menos acusada, este mismo fenómeno también se estaba registrando en las ciudades costeras. Aparte de esta notable alteración de los precios relativos, las actividades no agrarias se vieron negati vamente afectadas por las bruscas variaciones interanuales del gasto familiar en bienes y servicios no imprescindibles, ocasionadas por las fuertes fluctua ciones del coste de las subsistencias. El resultado final fue una acusada ines tabilidad de los niveles de actividad económica, que afectó de una manera especialmente intensa a los asalariados, tanto del campo como de la ciudad. Entre 1794 y 1815 la población española permaneció estancada o disminu yó ligeramente. Este pobre balance demográfico obedeció a la caída de la na talidad y de la nupcialidad, y al incremento de la mortalidad catastrófica, lo que, a su vez, era consecuencia, al menos en buena medida, del estancamiento económico y de las violentas crisis de subsistencias. La sobremortalidad, tam bién en ocasiones, respondió, en su totalidad o en parte, a factores epidémi cos. El paludismo, la disentería y la fiebre amarilla, con un grado de incidencia territorial diverso, contribuyeron a la elevación del número de defunciones. Sin duda, la peor crisis de subsistencias fue la de 1803-1805. Ya en 1802 las cosechas habían sido escasas en bastantes localidades de la España inte rior. Peores serían las de los dos años siguientes. El gobierno, que en 1790 ha bía vuelto a prohibir la reventa de cereales, recurrió a la tradicional política de registros y requisas y, en consecuencia, las autoridades locales pudieron obli gar a las personas con granos sobrantes a venderlos a los precios vigentes en el mercado más próximo. Por otro lado, los pósitos, en teoría, debían de paliar la escasez utilizando sus reservas para abastecer de trigo a ciudades y villas y para prestar semillas a los labradores necesitados. Sin embargo, la capacidad


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operativa de estas instituciones se había reducido apreciablemente debido a que el gobierno les había impuesto diversas exacciones y les había obligado a que le prestasen sumas de cierta consideración; además, como consecuencia de las crisis agrarias precedentes, las solicitudes de moratoria de los deudores de los pósitos se habían multiplicado. Al fracasar las tradicionales medidas para afrontar estas situaciones y al agravarse la escasez de alimentos en el interior, las autoridades recurrieron a las importaciones de granos y a la incautación de una parte de los diezmos para garantizar un mínimo de abastecimiento a las poblaciones. Sin embargo, los trigos extranjeros llegaron demasiado tarde a la mayor parte de las localidades del interior. El promedio del precio del trigo en los años agrícolas 1803-1804 y 1804-1805 superó al de los años agrícolas 1798-1799/1802-1803 en un 163,1 por 100 en Ávila, en un 125,1 por 100 en Córdoba, en un 124,7 por 100 en Toledo, en un 119,4 por 100 en Rioseco, en un 84,2 por 100 en Jaén, en un 44,9 por 100 en Valencia, en un 36,1 por 100 en Zaragoza y en un 31,2 por 100 en Pamplona; en Barcelona, en cambio, el precio medio del bienio 1803-1804/1804-1805 fue ligeramente inferior (un 0,75 por 100) al del quinquenio precedente. La crisis de mortalidad de 1804 alcanzó una notable intensidad en el inte rior peninsular; en ella, la escasez de alimentos desempeñó un papel funda mental, si bien los factores epidémicos no estuvieron ausentes (el paludismo y, posiblemente, algún tipo de disentería estival contribuyeron a elevar el nú mero de defunciones en varias zonas). En realidad, desde la peste de finales del siglo X V I , ninguna otra crisis había alcanzado una magnitud similar o su perior a la de 1804. En este año, por ejemplo, falleció el 13 por 100, cuando menos, de la población de diecinueve localidades segovianas. Aunque el descenso de las cosechas fue muy intenso en algunos años, los niveles medios de producción agraria no registraron una brusca contracción en las dos décadas que precedieron a la guerra de la Independencia. No obs tante, la inestabilidad y el estancamiento económicos agudizaron el malestar social y la lucha por la tierra. En Cataluña y en Valencia, los ingresos señoria les, en buena medida debido a la conflictividad social, tendieron a la baja des de la última década del siglo xvm.

El endeudamiento de la monarquía Entre 1793 y 1808 España estuvo casi permanentemente en guerra con Francia (1793-1795) o con Inglaterra (1796-1802 y 1804-1808). Estos conflic tos contribuyeron al deterioro económico y provocaron un fuerte desequilibrio de las finanzas de la monarquía. Los costes inmediatos de las guerras con Francia e Inglaterra ascendieron a unos 5.300-5.500 millones de reales. La monarquía financió esos gastos ex traordinarios gracias al incremento de las remesas de las Indias, con «donati vos y préstamos», con parte del producto de la desamortización de 1798, con pagarés, con préstamos obtenidos en el exterior y con la emisión de vales rea

170


les. En realidad, un elevado porcentaje de los desembolsos ocasionados por tales conflictos bélicos fue atendido con créditos, La deuda aumentó desde 2.019 millones de reales en 1788 hasta 7.473 millones en 1808. Las emisiones de vales reales ascendieron a 512 millones de reales en 1794, a 452 en 1796 y a 800 en 1799. La caída de la cotización de esos títulos comenzó en 1794 y se intensificó a raíz de la voluminosa emisión de 1799. En 1805-1807 los vales reales se adquirían por poco más de la mitad de su valor nominal. El gobierno intentó, sin éxito, reducir la cantidad de vales reales en circulación. En 1798 se creó la Caja de Amortización, organismo al que se le otorgaron importantes recursos: el producto de diversos impuestos y arbitrios y el importe de la desamortización de los bienes de las obras pías, hospitales, hospicios, casas de misericordia, memorias, cofradías, patronatos de legos y otras instituciones de caridad (Reales decretos de 19 de septiembre de 1798). Con tales medios, la Caja debía comprar vales reales, pagar los intereses de los que aún circulaban y satisfacer las rentas concedidas como indemnización a las instituciones cuyos bienes habían sido desamortizados. La Caja de Amor tización (y su sucesora, la de Consolidación) supuso el primer ensayo serio de gestionar la deuda con la finalidad de mantener y, si fuera posible, incrementar la capacidad de endeudamiento del Estado. Sin embargo, las urgencias de la Hacienda frustraron esta tentativa: la Caja sólo destinó unos 340 millones de reales a la amortización de vales, mientras que dedicó más de 1.000 a cubrir los déficit o las obligaciones del Estado. La Hacienda de la monarquía hispánica estaba integrada por la de la me trópoli y por las de las colonias. En la última década del siglo xvm y en los primeros años del xix, el sistema fiscal de la metrópoli dio claras muestras de su insuficiencia y de su elevado grado de rigidez: los nuevos tributos, las reformas de los ya existentes y los recargos generaron más malestar que re cursos. En el subsidio extraordinario de 300 millones de reales de 1800, los pueblos, que debían aportar 200 (los 100 restantes correspondían a los consula dos), sólo entregaron 136 en dos años y medio. La contribución de la fiscalidad metropolitana, ordinaria y extraordinaria, a la financiación del incremen to del gasto público originado por las guerras contra Francia e Inglaterra fue mínima o nula. De hecho, los ingresos fiscales por habitante, en términos rea les, disminuyeron durante el reinado de Carlos IV. Por el contrario, las remesas de las Indias, aunque con fuertes fluctuacio nes, tendieron a aumentar en términos absolutos y relativos en este período. Ello fue fruto del crecimiento económico de las colonias (principalmente de Nueva España), del establecimiento de nuevas figuras tributarias y de la mayor capacidad recaudatoria de los virreinatos americanos. La contribución de Nue va España, en forma de «situados» a las colonias del área caribeña y de remesas a la península, tuvo particular importancia. A finales del siglo xvm y comien zos del xix los ingresos obtenidos por la monarquía en Nueva España alcanza ron un nivel desconocido hasta entonces. Especialmente voluminosa y lesiva para la economía novohispana resultó la consolidación de vales reales de 1804. Entre 1788 y 1810 Nueva España aportó alrededor del 75 por 100 del total


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de las remesas remitidas a la metrópoli. Si a los excedentes fiscales de los virrei natos agregamos la parte de las rentas generales procedente de los derechos aduaneros correspondientes a los tráficos con las Indias y otros ingresos que la monarquía lograba merced a la soberanía que ejercía sobre la América his pana y sobre Filipinas, obtenemos la contribución de las colonias a las rentas de la Hacienda española, la cual representó cerca o más del 25 por 100 en los años noventa, el 40 por 100 en 1802-1804 y alrededor del 50 por 100 en 18081811. Por consiguiente, la defensa del monopolio mercantil en las Indias ten dió a ser un asunto cada vez más prioritario para el Estado español. Mantener las colonias resultaba vital para la monarquía absoluta, pero España tenía me nos capacidad que otras potencias europeas para soportar un fuerte incremento de los gastos defensivos. Pese al creciente flujo de recursos procedentes de las tesorerías america nas, la Hacienda española tenía enormes dificultades para financiar el gasto público. Prácticamente agotada la capacidad para colocar deuda en el interior, el gobierno recurrió a la captación de recursos de distintas instituciones públi cas y privadas (pósitos, propios de los concejos, Iglesia, agrupaciones de co merciantes) y a la búsqueda de dinero en el exterior. Como el Estado no podía prescindir del recurso al crédito y el Banco de San Carlos se mostraba incapaz de reducir el volumen de vales reales en circu lación, las autoridades hubieron de adoptar otras medidas para intentar evitar que su capacidad de endeudamiento continuara menguando. La ya menciona da desamortización de 1798 proporcionó a la Hacienda, hasta 1808, 1.653 mi llones de reales, cifra nada desdeñable si se compara con lo aportado por la desamortización de Mcndizábal de 1836 a las arcas del Estado liberal; sin em bargo, sólo un pequeño porcentaje de esos 1.653 millones se destinó a la re ducción de la deuda. Por consiguiente, la desamortización de 1798 no consi guió rehabilitar el crédito de la monarquía española, que, para intentar frenar el deterioro de sus finanzas, logró que el pontífice autorizase en 1806 la venta de la séptima parte de los bienes de las instituciones eclesiásticas españolas. Sin embargo, muy pocos activos del clero, en buena medida por la labor obstruc cionista de la Iglesia, se vendieron en 1807 y en los primeros meses de 1808. En consecuencia, esta disposición desamortizadora tampoco sirvió para resta blecer el crédito público.

La inestabilidad del comercio colonial Las guerras, especialmente las mantenidas con Inglaterra, perturbaron el comercio exterior, sobre todo los tráficos con América. Entre 1784-1796 y 1797-1801 los promedios anuales de exportaciones y de reexportaciones a las Indias (véase el cuadro 5.1) descendieron un 73,9 y un 92,6 por 100, respectivamente. Inglaterra consiguió, pues, impedir casi por completo el flujo comercial entre España y sus colonias. En 1797 el gobierno, ante el desabaste cimiento de los mercados indianos, autorizó, mientras durase el conflicto, el

172 C

uadro

HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 5 . 1 , E x po r ta c io n es

e im po r t a c io n e s , r ee x po r t a c io n e s y sa l d o

DE LA BALANZA DE MERCANCÍAS ( 1 7 8 4 - 1 8 2 0 ) . M

ed ia s a n u a l e s a p r ec io s c o r r ie n t e s

( en

m ill o n e s de r e a l e s )

Exportaciones Período

1784-1796 1797-1801 1802-1804 1805-1807 1808-1814 1815-1820

Importaciones

Total

Extranjero

América

Total

Extranjero

América

583,9 486,4 941,8 565,9 531,2 511,3

374,8 431,9 662,1 522,3 419,2 405,2

209,2 54,5 279,7 43,6 112,0 106,1

709,7 808,3 1.536,1 811,0 952,4 690,7

560,0 742,0 1.180,8 793,2 880,7 587,7

149,7 66,3 355,3 17,8 71,7 103,0

Reexportaciones Período

1784-1796 1797-1801 1802-1804 1805-1807 1808-1814 1815-1820

Saldo

Total

Extranjero

América

Total

Extranjero

América

375,9 59,8 313,2 64,7 133,8 116,9

142,1 42,4 153,2 51,3 97,9 79,4

233,8 17,4 160,0 13,4 35,9 37,5

-125,7 -321,9 -594,3 -245,0 -421,2 -179,4

-185,2 -310,1 -518,7 -270,9 -461,5 -182,5

59,5 -11,8 -75,6 25,9 40,3 3,1

.

F u e n t e : P rados d e la E sc o s u ra (1993).

comercio directo de los países neutrales con las colonias americanas. El mono polio comercial de España en las Indias, que nunca había sido completo en la práctica, registró una fuerte erosión en estos años. Por su parte, las importa ciones de América, en promedio anual, también descendieron de manera acu sada de 1784-1796 a 1797-1801, aunque su caída fue menor que la de las ex portaciones y reexportaciones a dicho continente. Entre 1802 y 1804, breve intervalo de paz, el comercio con América alcanzó cifras muy elevadas, en parte porque entonces se efectuaron operaciones aplazadas en los años precedentes. Sin embargo, las reexportaciones a las Indias no recobraron el nivel anterior a las guerras, lo que revela el declive económico y político de España en Amé rica. Durante la segunda guerra naval con Inglaterra (1805-1808), los flujos mercantiles con el Nuevo Mundo se situaron en promedios aún inferiores a los registrados en los años del primer conflicto bélico con dicho país. Por tan to, el comercio colonial entró en una fase de declive acelerado y prácticamente ininterrumpido desde 1797. El hundimiento de los tráficos con las Indias tuvo un efecto contractivo sobre la economía de algunas ciudades portuarias (Má laga, Sevilla, Barcelona, Santander, La Coruña y, principalmente, Cádiz) y so bre los sectores que colocaban una parte apreciable de su producción en los


] 73

mercados americanos (vinícola, aguardientes, oleícola, papelero, siderúrgico y textil). Debido a la carestía del carbón vegetal, a la creciente competencia de la producción foránea, a la reducción de los niveles de protección tras el arancel de 1782 y al descenso de la demanda estatal, la industria siderúrgica vasca había dejado de expandirse bastante antes de concluir el siglo xvm. La irregu laridad, primero, y el desplome, después de 1804, de las exportaciones a Amé rica también contribuyeron a la decadencia de las ferrerías del País Vasco. En Cataluña, el comercio con América estaba estimulando la expansión in dustrial más de manera indirecta que directa: a través de la formación de capital y de su influencia en el crecimiento de la renta por habitante. América, incluso después de los decretos de libre comercio, constituía un mercado secundario para la industria algodonera catalana. La crisis del comercio colonial obligó a Cataluña a centrarse aún más en el mercado interior. Fue entonces cuando los empresarios de este sector tuvieron que hacer mayores esfuerzos para mejorar la calidad y abaratar la hilatura de algodón, ya que en el mercado español, donde el poder adquisitivo de buena parte de los consumidores era bastante bajo, los tejidos de algodón de Cataluña tenían que competir con los extranje ros, que a menudo eran introducidos de contrabando, y con las tradicionales industrias linera y lanera. El hundimiento del comercio colonial sí perjudicó gravemente a otros sectores de la industria catalana: construcción naval, pin tado de lienzos, papelero, producción de medias, sombrerero, sedero, curtido, encajes y puntas, metal y fabricación de aguardientes. El cuadro 5.1 muestra que las guerras con Inglaterra afectaron mucho me nos al comercio con Europa que con América. No obstante, el mayor volumen de tráficos se alcanzó en el breve intervalo de paz. Es probable que parte del alza de las importaciones de los primeros años del siglo xix obedeciese a las cuantiosas compras de cereales en el exterior en 1803 y 1804. Aunque las cifras del cuadro 5.1 están expresadas en reales corrientes, el comercio con Europa no parece registrar una contracción en la década anterior a la guerra de la In dependencia; es más, las exportaciones a ese continente registraron un ba lance bastante positivo en este período. Es cierto, sin embargo, que el déficit de la balanza de mercancías aumentó considerablemente desde 1797. Resulta probable, pues, que el equilibrio de las cuentas externas, pese a que el nivel medio de las remesas americanas siguió siendo alto en estos años, exigiese exportaciones netas de plata ya antes de 1808. En cualquier caso, los proble mas de la balanza de pagos serían mucho más graves desde el estallido de la guerra de la Independencia. En síntesis, el estancamiento, las violentas crisis de subsistencias, la ines tabilidad, el intenso movimiento inflacionista, el fuerte incremento de la deuda y la crisis del comercio colonial caracterizaron la evolución de la economía española durante el reinado de Carlos IV (1788-1808). Ante la insuficiencia de sus ingresos ordinarios y ante la necesidad de evitar el completo derrumbe del crédito público, la monarquía absoluta promulgó diversas disposiciones que provocaron tensiones en el seno de los propios grupos dominantes. Aparte


174

de las primeras medidas desamortizadoras, las incautaciones de diezmos, el establecimiento de nuevas exacciones (por ejemplo, el noveno decimal) y la autorización a los poseedores de mayorazgos y vínculos para enajenar los patrimonios de éstos,8 limitaron los tradicionales privilegios de la nobleza y, sobre todo, del clero y, por ende, minaron los cimientos de la sociedad del Antiguo Régimen. Los conflictos no eran, por supuesto, de carácter exclusi vamente «horizontal» (entre grupos con similar rango económico y social). En Cataluña y Valencia, los nuevos hacendados encabezaron a menudo la re sistencia ai pago de diezmos y otros derechos feudales. Por otro lado, la crisis colonial y el deterioro financiero del Estado indujeron una creciente orienta ción de las inversiones del capital comercial hacia los bienes inmuebles. No es extraño, pues, que las críticas a la amortización y a la vinculación arreciasen antes de 1808. Además, la crisis social agraria se estaba traduciendo en un incremento de la resistencia de los campesinos al pago de los diezmos, de los derechos feudales y, menos frecuentemente, de la renta de la tierra y de los ré ditos de los censos. En 1808, en suma, el crecimiento económico se hallaba prácticamente bloqueado, los grupos dominantes no conservaban la cohesión de antaño y la conflictividad social había alcanzado una considerable magni tud. En ese contexto, resulta lógico que el vacío de poder ocasionado por la ocupación francesa desencadenase profundas alteraciones políticas, económi cas y sociales.9

5 .3 .

L as

c o n s e c u e n c ia s d e la g u e r r a d e la

In d e p e n d e n c ia

Tanto para España como para sus colonias, la guerra de la Independencia tuvo importantes consecuencias en los ámbitos económico, hacendístico, polí tico y social. Los primeros gobiernos liberales y la Constitución de Cádiz de 1812 fueron resultado, al menos en buena medida, del proceso histórico abier to por la situación política excepcional generada por el avance de los ejércitos napoleónicos a través de la Península Ibérica y por el levantamiento popular contra los mismos y contra unas autoridades nacionales que no habían reac cionado ante la ocupación francesa tras los sucesos registrados en Madrid el 2 de mayo de 1808. En la América hispana, el vacío de poder propició fuertes convulsiones políticas que acabaron desembocando en los levantamientos independentistas. En el terreno social, las libertades que muchos españoles dis frutaron durante el conflicto bélico modificaron las mentalidades y las actitu des de amplios sectores de la población. En el transcurso de la guerra, los campesinos, aprovechando el hundimien to del Estado absolutista, cuestionaron y subvirtieron la vieja organización económica y social del Antiguo Régimen: 1) la defraudación en el pago del diezmo se incrementó y generalizó; 2) las ordenanzas locales dejaron de ser respetadas y se ocuparon y roturaron grandes extensiones de terrenos conceji les; 3) el impago de derechos señoriales se incrementó notablemente; y 4) los privilegios mesteños fueron abiertamente transgredidos. Además, durante el

LA CRISIS DHL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL

175

conflicto bélico, los ayuntamientos, las juntas provinciales y las diputaciones promovieron repartos y ventas de tierras concejiles y, en ocasiones, legitimaron usurpaciones incontroladas de aquéllas. Estas iniciativas respondían a la nece sidad de los ayuntamientos de obtener fondos con los que financiar los gastos extraordinarios ocasionados por el conflicto bélico, pero también a las presio nes sociales en un contexto en el que los viejos grupos dominantes no tenían fuerza suficiente para frenar las roturaciones en terrenos municipales. El re sultado fue una notable alteración en los usos de los recursos agrarios, sobre todo de los concejiles, y en el reparto del producto agrario. Muchos de esos cambios, y esto es lo más importante, resultaron irreversibles pese al retorno al poder de los absolutistas en mayo de 1814. La guerra de la Independencia fue bastante costosa para nuestro país, entre otras razones porque hubo que financiar a los dos ejércitos contendientes. Los gobiernos de Cádiz y, también, los de Madrid recaudaron mucho menos de lo necesario para afrontar los gastos provocados por el conflicto bélico, sobre todo la alimentación y el equipamiento de las tropas regulares y de las guerri llas. Unas y otras se aprovisionaron sobre el terreno mediante requisas y prés tamos forzosos, pagando, cuando lo hacían, con recibos que serían a la larga de difícil o imposible cobro. La Junta Central y el Consejo de Regencia dependieron financieramente de las contribuciones ordinarias de Cádiz y Sevilla, de algunos empréstitos y en especial de las remesas americanas. Durante la guerra, la Hacienda central sólo recaudó unos 1.500 millones de reales, de los que unos 600 procedieron de las tesorerías americanas. Las remesas de Indias alcanzaron valores muy elevados entre octubre de 1808 y febrero de 1811, pero declinaron con rapidez a partir de esta última fecha debido a los conflictos bélicos desencadenados en diversos territorios de la América hispana. La Junta Central, primero, y las Cortes de Cádiz, después, intentaron im poner una contribución extraordinaria de guerra. Estas iniciativas fracasaron estrepitosamente. Los liberales, ya en los años de la guerra de la Independen cia, trataron de establecer el monopolio fiscal del Estado y de introducir prin cipios hacendísticos modernos, como el de generalidad y el de capacidad de pago. El 13 de septiembre de 1813 las Cortes de Cádiz aprobaron la contribu ción directa. Con ello se pretendía aplicar la disposición constitucional que consideraba a la contribución directa proporcional a la riqueza como eje cen tral del sistema tributario. El establecimiento de este nuevo impuesto entrañó la abolición de las rentas provinciales y sus agregadas, de las tercias reales, de las rentas estancadas y de la contribución extraordinaria de guerra. Se tra taba, como es lógico, de implantar un nuevo sistema fiscal en consonancia con los planteamientos doctrinarios del liberalismo. Este intento de reforma tribu taria de las Cortes de Cádiz fracasó de manera rotunda. La inexistencia de una estadística de la riqueza y de una administración fiscal operativa, la inestabili dad política y, sobre todo, el rechazo social, comprensible habida cuenta de los agravios generados por los arbitrarios repartos de las cuotas10 y de las re quisas y préstamos forzosos a los que seguían sometidos los pueblos, hicieron

176

H IS T O R IA E C O N Ó M I C A DF, ESPAÑA

prácticamente inviable la puesta en vigor de la nueva normativa fiscal. De he cho, el caos hacendístico imperaba en los primeros meses de 1814. La guerra de la Independencia originó un fuerte deterioro de las finanzas del Estado. En esos años, sólo los atrasos reconocidos sumaron unos 6.300 millones de reales. En 1815 la deuda superaba los 12.000 millones, cifra que era alrededor de veinte veces superior a los ingresos ordinarios anuales de la monarquía. Los acreedores reconocidos de la Hacienda no podían confiar en que ésta atendiera adecuadamente sus compromisos financieros. En peor si tuación se hallaban quienes habían sido obligados a entregar dinero o víveres a los ejércitos y no habían obtenido ningún recibo acreditativo. No es extraño, pues, que algunos liberales propusiesen el reparto de baldíos y comunales a los campesinos en compensación de los suministros efectuados a las tropas. Durante la guerra, aparte de las requisas y de los préstamos forzosos, el funcionamiento del sector agrario se vio afectado por las destrucciones, los robos, las perturbaciones en los flujos comerciales y la elevada íncertidumbre; además, las cosechas de 1811 y 1812 fueron bastante cortas en buena parte del territorio peninsular, lo que originó una crisis de mortalidad de notable magnitud e intensidad en 1812. Las cabañas, especialmente las trashumantes, fueron objeto de frecuentes robos y confiscaciones. Aunque las exacciones de guerra fueron más intensas sobre el sector agra rio, la industria y el comercio también las padecieron. Además, al tratarse, de unos sectores muy sensibles al aumento de la íncertidumbre, resulta lógico que los niveles de actividad en las manufacturas y en los servicios se reduje ran globalmente durante los años del conflicto bélico, si bien éste también brindó la oportunidad de obtener beneficios extraordinarios a ciertos manufac tureros y negociantes. Entre 1805-1807 y 1808-1814 el promedio anual de exportaciones descen dió un 6,1 por 100, mientras que el de importaciones aumentó un 17,4 por 100. El déficit medio anual de la balanza de mercancías, durante la guerra de la In dependencia, ascendió a 461,5 millones de reales, cifra que sólo fue superada en el intervalo 1802-1804 (véase el cuadro 5.1). Por tanto, España hubo de ex portar, en términos netos, cantidades importantes de metales preciosos cuando las remesas americanas cayeron con rapidez desde 1811. Durante la guerra de la Independencia, el comercio con América se recu peró algo con respecto a los años de la segunda contienda naval con Ingla terra, pero en absoluto recobró la intensidad de los años anteriores a 1796. Además, los conflictos independentistas en la América española generaron un nuevo e importante problema que la metrópoli tuvo que afrontar con muy po cos recursos y que acabaría traduciéndose, al cabo de poco tiempo, en la pér dida de las colonias continentales del Nuevo Mundo. La economía española obtuvo, como era previsible, unos resultados negati vos entre 1808 y 1814. Ahora bien, la herencia de la guerra de la Independen cia presenta luces y sombras: por un lado, el cambio político subsiguiente a la ocupación francesa y al hundimiento del Estado absolutista modificó la rela ción de fuerzas entre partidarios y detractores de roturar grandes extensiones

LA C R IS IS D F L A N T IG U O R É G IM E N Y LA R E V O L U C IÓ N L IB E R A L

17 7

de terrenos concejiles, lo que abrió una nueva fase de crecimiento agrícola ba sada en una intensa colonización que se prolongaría hasta mediados del si glo xix; por otro lado, bastantes explotaciones agrarias sufrieron importantes robos y destrucciones durante el conflicto bélico, las sublevaciones independentistas en diversas partes de América amenazaban la soberanía de España sobre sus colonias y, sobre todo, el volumen de la deuda aumentó cerca de un 60 por 100 de 1808 a 1814. La pérdida de las colonias continentales y el fuer te endeudamiento del Estado condicionarían la evolución de la economía es pañola en la primera mitad del siglo xix."

5 .4 .

L as

in s titu c io n e s e c o n ó m ic a s l i b e r a le s

La formación de las instituciones económicas liberales fue fruto del impul so de los políticos, los economistas y los ciudadanos de esa ideología tendente a crear un marco favorable para el desarrollo de la economía de mercado en nuestro país, pero también de los intereses, las presiones y la capacidad ne gociadora de diferentes grupos sociales que adoptaron actitudes diversas y cambiantes ante los distintos proyectos de los gobiernos liberales. De ahí que las nuevas instituciones no siempre se ajustaran a las ideas defendidas por los propios políticos liberales y a las prescripciones de los economistas clásicos. La construcción del Estado liberal constituyó un proceso prolongado que se inició durante la guerra de la Independencia y que cuajó definitivamente en el transcurso de la primera guefra carlista (1833-1840). La parte fundamental del cambio institucional se llevó a cabo entre 1836 y 1840; sin embargo, aquél no se había completado, ni mucho menos, al concluir el conflicto bélico: la reforma tributaria se aprobó en 1845; la desamortización civil y las leyes bancarias y ferroviaria se promulgaron en el «bienio progresista»; y la ley de minas en 1868. Tras el fallecimiento de Fernando VII en 1833, la monarquía trató de im pulsar una reforma institucional muy moderada. Sin embargo, la movilización popular, alentada por el escaso alcance del cambio político y el malestar gene rado por la incapacidad del ejército ísabelino para derrotar a los carlistas, hizo fracasar dicho plan. La regente, a raíz de los movimientos juntistas de 1835 y 1836, hubo de entregar el poder a los liberales progresistas, quienes convoca ron elecciones a Cortes Constituyentes y procedieron al definitivo desmantelamiento de las instituciones del antiguo régimen. Ahora bien, pese a la indudable ruptura política, los gobernantes liberales promovieron entonces un cambio institucional más moderado del que habían impulsado en las Cortes gaditanas (1812-1813) y en el «trienio liberal» (1820-1823). En esa actitud de mayor prudencia pudieron influir las lecciones extraídas de los fracasos políticos pre cedentes y el convencimiento de que la consolidación del nuevo régimen re quería contar con una base social más amplia, sobre todo con la aceptación del sistema liberal por parte de sectores de la nobleza laica. De hecho, los gobier nos de la segunda mitad de los años treinta intentaron llegar a diversos acuer


dos con la nobleza acerca de ciertos aspectos esenciales de la reforma liberal. La titularidad de la propiedad particular sobre la tierra constituyó el asunto fundamental de la transacción entre los liberales y la nobleza, pero también fue objeto de negociación el tratamiento que se iba a dar a los viejos títulos de la deuda, a las rentas enajenadas de la corona y a los derechos decimales de los seglares. El Estado liberal garantizó la reconversión de los viejos juros y se comprometió a indemnizar a los perceptores laicos de rentas reales y de dere chos decimales abolidos. Los títulos y derechos de la nobleza fueron respeta dos, si bien ello no fue óbice para que ésta corriera la misma suerte que otros acreedores de un Estado que atendía deficientemente o, incluso, desatendía sus compromisos financieros. El funcionamiento de una economía de mercado exige la liberalización de los mercados de bienes y servicios y de factores de producción. Los ilustrados ya habían iniciado la reforma del régimen agrario tradicional en la segunda mitad del siglo xvm, pero el mercado de la tierra, esencial para la asignación de recursos en aquella economía, seguía estando aplastado por el elevado peso de las fincas rústicas que aún se hallaban amortizadas o vinculadas. Dos de los aspectos más destacados de la reforma agraria liberal lo cons tituyeron el establecimiento de unos nuevos derechos de propiedad privada sobre la tierra y el gran volumen de fincas rústicas que pasó de manos de la Iglesia, el Estado, los municipios, las órdenes militares y otras instituciones a poder de particulares. En el proceso de formación de la propiedad privada capitalista de la tierra (a menudo denominada «propiedad perfecta» por los liberales de la época), las desamortizaciones, la abolición del régimen señorial y la desvinculación de patrimonios fueron piezas esenciales; ahora bien, en ese proceso también desempeñaron un papel relevante las medidas, en especial el decreto de 8 de junio de 1813,12 que eliminaron las trabas para el libre uso y disfrute de las fincas rústicas por parte de sus dueños: la facultad de cercamiento de cual quier tipo de predio, la supresión de las «servidumbres colectivas», la liberali zación de los contratos agrarios y la derogación de la mayor parte de los privi legios mesteños.

Privatización y desamortización de tierras municipales La privatización de las tierras públicas, que fue el elemento de la reforma liberal que más contribuyó a modificar la distribución de la propiedad territo rial en el siglo xix, se llevó a cabo a través de repartimientos, usurpaciones y ventas públicas. Aunque la desamortización civil no se pondría en marcha legalmente hasta 1855,13 el proceso privatizador de tierras públicas se inten sificó a raíz de la guerra de la Independencia, si bien los cambios políticos determinaron que su evolución presentara un marcado carácter cíclico. Los li berales eran decididos partidarios de privatizar las tierras del Estado y de los ayuntamientos. Así, las Cortes de Cádiz, a través del decreto de 4 de enero de

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1813, ordenaron la reducción a propiedad particular, a favor de los vecinos de cada pueblo, de los patrimonios territoriales de los municipios, con la única excepción de los ejidos (tierras de uso comunal junto a los núcleos de pobla ción). Los ayuntamientos, con la aprobación de la diputación provincial corres pondiente, debían distribuir las tierras municipales de acuerdo con las siguien tes prioridades: 1) se entregarían porciones de baldíos a los acreedores de la Hacienda; 2) con el resto de los baldíos y con los terrenos de propios y arbi trios se formarían pequeños lotes que se donarían a los oficiales retirados, a los soldados licenciados y a los civiles que hubiesen participado en partidas guerrilleras; y 3) si aún quedasen tierras por asignar, éstas se repartirían por lotes entre los vecinos que las solicitaran y que no fuesen propietarios.14 Con la desamortización municipal, las Cortes de Cádiz pretendieron, además de desarrollar su programa privatizador y de reducir la deuda, recompensar a quienes habían empuñado las armas contra los franceses y facilitar el acceso a la propiedad territorial rústica a un sector de la población rural. Por consi guiente, la reforma proyectada tenía un importante contenido social. Durante la guerra de la Independencia, la privatización de tierras munici pales tuvo escasa relación directa con el citado decreto de 4 de enero de 1813: aquélla fue consecuencia casi siempre de las ocupaciones y roturaciones in controladas de fincas y de los repartos o ventas promovidos por ayuntamien tos, juntas provinciales y diputaciones. Tres factores impulsaron el proceso privatizador en estos años: 1) los partidarios de minimizar los rompimientos en terrenos concejiles (ganaderos estantes y trashumantes y grandes propie tarios de fincas rústicas) ya no contaban con suficiente poder para contener las iniciativas roturadoras de los campesinos; 2) la desconfianza de los acree dores de la Hacienda acerca de que ésta pudiera devolverles las cantidades que les adeudaba; y 3) las graves dificultades financieras de los municipios para hacer frente a las demandas y a las exacciones de los ejércitos. En las dos restauraciones absolutistas de 1814 y 1823, el proceso privatiza dor de tierras públicas se ralentizó, pero no se paralizó completamente. Si guieron vendiéndose baldíos y realengos con el propósito de destinar los fondos obtenidos a pagar a los acreedores del Estado. Durante el trienio liberal se vol vió a poner en vigor el decreto de las Cortes de Cádiz de 4 de enero de 1813, pero hubo muy poco tiempo para poder aplicarlo. Por otro lado, distintas nor mas, desde 1816, dieron facilidades para legalizar las roturaciones arbitrarias en terrenos concejiles. Entre 1814 y 1835 la actividad legislativa en materia de desamortización municipal fue intensa y otorgó un amplio margen de maniobra a los ayunta mientos para promover ventas o repartimientos de tierras concejiles. Las oligar quías locales eran partidarias en numerosos casos de mantener los tradicionales sistemas de explotación de los bienes municipales: por un lado, su influencia en los ayuntamientos les permitía adjudicaciones ventajosas en los arrenda mientos de terrenos de propios y arbitrios; por otro lado, la magnitud de sus pa trimonios pecuarios las convertía a menudo en el grupo más beneficiado por los aprovechamientos comunales en tierras públicas. Es lógico, por tanto, que

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las oligarquías locales con bastante frecuencia fuesen reacias a la desamorti zación de las fincas municipales. Sin embargo, la intensa presión de los cam pesinos y la crisis financiera de los ayuntamientos doblegaron en no pocas ocasiones la resistencia de las oligarquías locales a introducir modificaciones en los sistemas de propiedad y/o explotación de las fincas concejiles. Según las estimaciones de G. Rueda, de los 19,9 millones de hectáreas de tierras desamortizadas entre 1798 y 1924, 6,8 lo fueron a través de repartos, ocupa ciones ilegales y ventas a censo. A su vez, de esos 6,8 millones de hectáreas privatizadas al margen de las subastas públicas organizadas por el Estado, un porcentaje muy elevado estuvo integrado por fincas municipales que se desa mortizaron entre 1808 y 1855. En suma, antes de la desamortización civil de Madoz de 1855 se privatizó una parte considerable de los patrimonios territo riales concejiles, proceso denominado «desamortización silenciosa».

La desamortización eclesiástica José Bonaparte, las Cortes de Cádiz y las Cortes del trienio decretaron la supresión y/o la reforma de las órdenes religiosas. Los bienes de los monaste rios y conventos suprimidos fueron aplicados al crédito público. Sin embargo, las restauraciones absolutistas comportaron la derogación de esas medidas re volucionarias y la devolución de los bienes desamortizados a sus antiguos dueños. En el trienio liberal se desamortizaron bienes del clero por un modesto valor de 100 millones de reales. Con carácter definitivo, la desamortización eclesiástica se inició en 1836, a raíz de la movilización popular que forzó la aceleración de la reforma política. En ese año, Juan Álvarez Mendizábal, tras haber suprimido la mayor parte de conventos y monasterios en 1835, ordenó la desamortización de los patrimo nios del clero regular; en 1841, B. Espartero amplió la desamortización a los bienes del clero secular. La necesidad de sostener el crédito público, imprescin dible para lograr los recursos suficientes con los que hacer frente a la insurrec ción carlista, fue el factor desencadenante de la desamortización eclesiástica de 1836, pero ésta también constituyó una pieza esencial de la reforma de la Iglesia y un útil instrumento para incrementar y consolidar el grupo de propie tarios de tierra y, por ende, para ensanchar la base social del liberalismo. El ritmo de las ventas de los bienes desamortizados al clero fue lento en los primeros años, pero se avivó a partir de 1839. De 1836 a 1844 se enajenó, aproximadamente, el 60 por 100 de las posesiones que la Iglesia conservaba en 1835. Como las fincas del clero pudieron pagarse en metálico o en títulos de la deuda (en el caso de los bienes del clero secular, al menos el 10 por 100 tenía que satisfacerse en metálico) y estos últimos se computaron a valores por en cima de los de mercado, la desamortización eclesiástica permitió reducir el volumen de deuda (entre 4.600 y 5.300 millones de reales), pero aportó canti dades relativamente modestas de numerario al Erario público (unos 500 millo nes de reales).

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En el caso de las tierras cedidas a censo o a foro (o mediante otros contratos de carácter enfitéutico), lo que se ponía a la venta en los procesos desamortizadores era el dominio eminente; es decir, el derecho a percibir una renta. Como los liberales deseaban erradicar el sistema de propiedad compartida, todavía bastante extendido en Galicia, Asturias, Cataluña y Valencia, los de cretos de 6 de abril y 5 de mayo de 1836 otorgaron facilidades a los censatarios y foreros para que ejerciesen el derecho de redención y se hiciesen con la ple na propiedad de las fincas que usufructuaban. La separación de dominios sólo desapareció cuando el censatario o forero adquiría el dominio eminente y po seía el dominio útil (es decir, no había enajenado este último). Esta situación era poco frecuente en Galicia, ya que el subforo se hallaba bastante difundido. En algunas zonas de Cataluña, la redención de censos se producía al tiempo que se suscribían nuevos contratos de tipo enfitéutico para roturar bosques y superficies yermas. Por consiguiente, la desamortización, al menos en algunas regiones, no liquidó completamente la propiedad compartida. En Galicia, el viejo problema foral seguiría siendo un importante foco de tensiones sociales durante la segunda mitad del siglo xix y las primeras décadas del xx.

La abolición del régimen señorial La pervivencia de los señoríos era incompatible con el sistema político li beral. Las Cortes de Cádiz, medíante el decreto de 6 de agosto de 1811, incor poraron a la nación los señoríos jurisdiccionales, lo que unificó la condición jurídica de los españoles y les colocó bajo la autoridad exclusiva del Estado. La cuestión jurisdiccional planteaba pocas dudas, pero el tratamiento que debía darse a los heterogéneos derechos señoriales sobre la tierra constituía un asun to complicado y polémico. El origen de los derechos señoriales sobre la tierra era muy diverso. Algu nos señoríos se habían constituido en la época de la Reconquista, y los reyes, aparte de conceder la jurisdicción de una determinada zona, habían otorgado derechos sobre las tierras a un noble con el propósito de que asentara colonos en ellas. Otros señoríos se fundaron en áreas ya repobladas, y los monarcas cedieron a menudo a los titulares de aquéllos sus derechos sobre las tierras baldías. También los señores consiguieron en ocasiones el reconocimiento efectivo de derechos sobre tierras, casi siempre concejiles, mediante el uso abusivo del poder que les otorgaban sus prerrogativas jurisdiccionales y/o el apoyo que con frecuencia les prestaba la corona. Asimismo, los señores, a veces, compraron fincas rústicas ubicadas en municipios donde ejercían la jurisdic ción. En suma, los derechos de los señores sobre la tierra tenían un origen y una naturaleza muy variados. Con frecuencia no resultaba, pues, nada sencillo dis tinguir entre señorío jurisdiccional y señorío solariego o territorial. La solución final que se adoptó en el conflictivo tema de los señoríos resul tó bastante favorable para la nobleza. La ley de 26 agosto de 1837 obligaba a los señores a presentar los títulos cuando se estuviesen dirimiendo sus derechos

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de propiedad territorial en lugares en los que hubiesen ejercido jurisdicción; ahora bien, esta norma facultaba a los señores a legalizar sus derechos probato rios en juicios instructivos en los que los pueblos no podían intervenir y en los que se otorgó validez a los fallos de los tribunales del Antiguo Régimen. Ello, junto a la corrupción de los funcionarios de la justicia y a la comunidad de in tereses, al menos en bastantes regiones, entre la nobleza y la nueva burguesía profesional, hizo posible que remotos y dudosos derechos señoriales sobre la tierra se transformasen en derechos de plena propiedad privada sobre la misma. No obstante, en Valencia y en otras zonas de la corona de Aragón, el conflicto acerca de los derechos señoriales sobre la tierra no se dilucidó mayoritariamen te a favor de las casas nobiliarias. En general, éstas no resultaron demasiado fa vorecidas en tales litigios cuando las cesiones enfitéuticas eran predominantes (es decir, cuando los cultivadores directos poseían el derecho de usufructo de la tierra) y los grupos rurales intermedios tenían un peso social considerable.

La supresión de los mayorazgos y los diezmos La ley de 11 de octubre de 1820 suprimió todos los vínculos. A fin de im pedir drásticos recortes en los patrimonios de algunas familias nobiliarias que se hallaban fuertemente endeudadas, se limitó de modo transitorio la plena disposición para enajenar la mitad de los bienes del vínculo o mayorazgo, quedando reservada la otra mitad para el heredero. Tras su anulación en la se gunda restauración absolutista, esta norma volvió a entrar en vigor mediante el decreto de 30 de agosto de 1836. La desvinculación permitió que una nota ble porción de la propiedad territorial nobiliaria pudiera ser objeto de transac ción. En Murcia, la desvinculación de patrimonios originó un intenso proceso de compraventa de fincas rústicas y constituyó el episodio más importante del proceso de liquidación de la propiedad feudal. Hacia 1840 la reforma agraria liberal aún no se había completado: por un lado, el volumen de propiedad amortizada seguía siendo importante; por otro, la libertad de cercar fincas rústicas todavía no era plena en todas partes y las «servidumbres colectivas» no habían sido erradicadas, al menos no de modo completo, en algunas zonas. Sin embargo, entre 1808 y 1840 el régimen agra rio había registrado notables modificaciones: varios millones de hectáreas de tierras municipales habían sido privatizadas, la desamortización eclesiástica se hallaba definitivamente en marcha, los viejos derechos señoriales sobre la tierra habían sido transformados en numerosos casos en derechos de propie dad privada plena, los vínculos y mayorazgos habían sido suprimidos y las cortapisas para que los propietarios pudieran usar y disfrutar con entera liber tad de sus fincas rústicas habían sido eliminadas o reducidas sensiblemente. En definitiva, la «propiedad perfecta» había avanzado de modo notable y el mercado del factor tierra se había activado y desarrollado. En el Antiguo Régimen, el diezmo constituía, con bastante diferencia, el tri buto más oneroso que recaía sobre los productores agrarios. Su reducción o eli


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minación era indispensable para llevar a cabo una profunda reforma fiscal que posibilitara a la Hacienda incrementar de manera sustancial la recaudación. El diezmo fue reducido a la mitad durante el trienio liberal y definitivamente supri mido en 1841. La disminución de la masa decimal, tanto por el incremento de la defraudación como por la disminución del porcentaje a satisfacer al 5 por 100, ocasionó cambios de notable magnitud en la distribución del producto agrario.

La libertad de comercio e industria El ya citado decreto de 8 de junio de 1813 proclamó la libertad total en el comercio de productos agrarios. Tras el restablecimiento del absolutismo se retomó a la situación anterior: libertad de comercio, pero no de almacenamien tos. Sin embargo, el sistema de abastecimiento de víveres ya no podía ser el de finales del siglo xvm: la guerra de la Independencia había apuntillado a los pósitos, cuya situación financiera ya era crítica en 1808. Después del conflicto bélico, ni la Hacienda central, ni las haciendas locales pudieron reponer los fondos que precisaban para su funcionamiento. Muchos pósitos no desapare cieron, pero su actividad fue muy escasa desde los primeros años del siglo xix. La quiebra del sistema tradicional de abastos hizo inevitable la liberalización del mercado de granos. Las leyes tuvieron que acabar reconociendo estas nue vas realidades: el Código de Comercio de 1829, promulgado en un período absolutista, autorizaba implícitamente el comercio de reventa de granos. De modo explícito, en enero de 1834 el gobierno liberalizó completamente las compraventas de trigo, harina y demás granos y semillas nacionales. Hasta 1840 la legislación de signo liberal prestó menos atención a los te mas industriales que a los agrarios. Las Cortes de Cádiz se limitaron a aprobar la libertad de establecimiento de fábricas. Dos decretos, uno de 1834 y otro de 1836, abolieron la obligatoriedad de agremiación para poder ejercer un ofi cio. En diciembre de 1836, tras el movimiento juntista de ese año, el gobierno volvió a poner en vigor el decreto de las Cortes de Cádiz que consagraba la li bertad de industria. La normativa liberal sobre el mercado de trabajo fue relativamente escasa. El decreto de 27 de septiembre de 1767 ya había liberalizado los salarios. Sin embargo, las intervenciones de las autoridades municipales en los asuntos la borales no desaparecieron del todo. En el mercado de crédito rural, los tradicionales censos consignativos y censales, cuyo tipo de interés máximo lo fijaba la monarquía, fueron dejando paso, a distinto ritmo en las diferentes regiones, a las obligaciones y a otras formas crediticias que eran objeto de un menor grado de control y regulación por parte de las autoridades y que colocaban a los prestamistas en una posi ción más favorable. En suma, hacia 1840 aún quedaban restos de las viejas instituciones del Antiguo Régimen, pero, en España, el proceso de transición hacia una econo mía de mercado ya se encontraba en una fase bastante avanzada.15

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5 .5 .

H IST O RIA E C O N Ó M I C A DE ESPAÑA

L a y

H a c ie n d a

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c a r l is t a

Al restaurarse el absolutismo en 1814, la situación de la Hacienda era crítica. Por un lado, el déficit alcanzaba proporciones gigantescas. En 1815 los ingre sos y los gastos ordinarios de la monarquía ascendieron a 350 y a 850 millones de reales, respectivamente. En las últimas décadas del siglo xvm y en los pri meros años del xix un elevado porcentaje de las rentas de la Hacienda se había basado en la soberanía que España ejercía sobre extensas áreas del continente americano. El agravamiento de la crisis colonial a raíz del conflicto con los franceses se tradujo en la práctica desaparición, desde 1814, de las remesas de las Indias y en un acusado descenso de la renta de aduanas. El sistema tribu tario de antes de la guerra, que había sido restablecido por el decreto de 23 de junio de 1814, resultaba, pues, claramente insuficiente. Por otro lado, la deuda reconocida por el Estado había aumentado desde cerca de 7.200 millones de reales en 1808 hasta más de 12.000 en 1815. La reforma tributaria y la reduc ción de la deuda constituyeron los temas hacendísticos que concitaron la atención de políticos y economistas entre 1814 y 1845, Ni absolutistas, ni li berales consiguieron, en parte por la inestabilidad y en parte por sus desacier tos, enderezar los problemas de la Hacienda. Para resolver la profunda crisis de las finanzas públicas se hubiese precisa do: 1) una profunda reforma del obsoleto sistema fiscal que eliminase los pri vilegios tributarios de la nobleza y el clero y que gravase adecuadamente las actividades económicas generadoras de renta; y 2) un crecimiento económico que posibilitase un incremento sustancial de las recaudaciones. Los gobiernos absolutistas no deseaban acometer una reforma fiscal de este tipo, en tanto que los liberales no gozaron, hasta después de concluida la primera guerra carlista, de la estabilidad política necesaria para abordar un proyecto de esa envergadura. Después de la guerra de la Independencia, la monarquía tenía un fuerte dé ficit fiscal y, además, disponía de muy poco margen para recurrir al crédito dada la gran desconfianza de lo’s inversores sobre su capacidad para amortizar la deuda y abonar los intereses de ésta. Los gobiernos de la primera restaura ción absolutista pretendían introducir cambios en la fiscalidad para paliar la escasez de recursos de la Hacienda, pero sin cuestionar los privilegios tributa rios de la nobleza y el clero. Esos dos objetivos eran incompatibles; de hecho, entre 1814 y 1817 varios ministros de Hacienda fracasaron en tal cometido quimérico. Por fin, Martín de Garay, quien había sido nombrado ministro de Hacienda en diciembre de 1816, consiguió, en 30 de mayo de 1817, que se aprobase una auténtica reforma fiscal. Ésta contenía dos importantes noveda des: 1) la sustitución de las rentas provinciales y de los equivalentes por una contribución general de 250 millones de reales repartida provincialmente por el tradicional sistema de cupos, pero distribuida a escala local según la renta estimada a los contribuyentes; y 2) el establecimiento de un derecho de puer tas en los puertos habilitados para el comercio exterior y en las principales


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ciudades. Se trataba, por tanto, de un sistema mixto de contribuciones (contri bución directa sobre el mundo rural e indirecta sobre el urbano) en el que se recortaban drásticamente los privilegios fiscales del clero y de la nobleza. No es extraño, pues, que estos grupos reaccionasen, y que Garay fuese cesado y desterrado en septiembre de 1818: había transgredido flagrantemente los lími tes que los absolutistas habían fijado a la reforma fiscal. El plan de Garay tenía otra dificultad nada desdeñable: el reparto local de la contribución directa re quería que se catastrase la riqueza de los contribuyentes, tarea ingente y difí cilmente abordable por una administración que disponía de muy pocos recur sos y que había de afrontar la resistencia de las oligarquías a la modificación de los tradicionales procedimientos de efectuar las derramas vecinales. Pese a la fuerte oposición, la reforma fiscal de Martín de Garay comenzó a aplicarse y empezaron a confeccionarse unos cuadernos generales de la riqueza de los pueblos. Tras cesar a Garay, Femando VII encomendó la cartera de Hacienda a uno de los colaboradores de éste y no derogó la reforma fiscal de 1817. Tal vez porque la monarquía no veía otra alternativa para obtener los recursos necesarios que evitasen su quiebra financiera. Martín de Garay también abor dó el tema de la deuda, pero en este caso su plan sí quedó en suspenso tras ser destituido. En 1820 los liberales heredaron un sistema fiscal cuestionado y que fun cionaba de un modo bastante deficiente y una deuda de 14.021 millones de reales, de los cuales 7.206 correspondían a intereses impagados y a otros atra sos de tesorería. Los liberales del trienio eran conscientes de la impopularidad de la contribución directa y de que carecían del suficiente apoyo político para emprender una profunda reforma fiscal. De ahí que la propusieran y que ba sasen su plan hacendístico en los empréstitos exteriores y en la desamor tización. En septiembre de 1820 se redujeron a la mitad los cupos de la contribución directa y al año siguiente el diezmo se fijó en el 5 por 100 del producto agrario bruto. Se trataba de minorar las cargas de los contribuyentes en un momen to en que la deflación les exigía realizar mayores esfuerzos para cumplir con sus obligaciones tributarias. No obstante, los liberales del trienio no podían, ni querían, renunciar a la reforma fiscal. Para el presupuesto de 1821-1822, J. Canga Argüelles, partidario de una transformación gradual del sistema im positivo, propuso un plan fiscal en el que la contribución directa y los consu mos constituían sus principales novedades. Pese a ser destituido, su plan fue aprobado, aunque apenas llegó a aplicarse. No obstante, la reforma tributaria de Canga Argüelles vino a reforzar la idea, ya presente en el plan Garay, de establecer un sistema mixto de contribuciones. Va abandonándose progresiva mente, pues, la primitiva idea de los liberales españoles de basar el sistema tri butario en un único impuesto de carácter directo. Entre 1820 y 1823, el total de débitos suscritos por los gobiernos liberales se elevó a 2.724 millones de reales, de los que 2.613 correspondieron a prés tamos extranjeros. Por consiguiente, los déficit presupuestarios del trienio se financiaron fundamentalmente a través del recurso al crédito exterior.

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En 1823 el primer gobierno de la segunda restauración absolutista abolió no sólo las innovaciones fiscales del trienio, sino todas las que habían sido intro ducidas desde 1808. De modo que quedaron restablecidas las rentas provincia les y los equivalentes. Como los ingresos fiscales eran claramente insuficientes para afrontar los gastos públicos, Luis López Ballesteros, quien estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda entre diciembre de 1823 y septiembre de 1832, rescató e introdujo la contribución de paja y utensilios, la de frutos civiles, los derechos de puerta y el subsidio de comercio. Sin embargo, el déficit fiscal se guía siendo muy abultado y el Estado apenas poseía margen para recurrir al crédito, sobre todo a raíz de que los gobernantes de la segunda restauración absolutista repudiasen la deuda exterior de las Cortes del trienio y dejasen de abonar casi completamente los intereses de la deuda interna. López Balleste ros, para evitar la quiebra financiera del Estado, no tuvo más remedio que re cortar drásticamente los gastos públicos. Y para ello se elaboró el presupuesto del Estado para el ejercicio mayo de 1828-abril de 1829. Éste ha sido conside rado el primer presupuesto de la administración española,16 pero su implan tación fue consecuencia del fracaso de la reforma hacendística de 1824 y no el resultado del desarrollo de la misma. Para ejecutar el presupuesto de 18281829, el Estado sólo atendió los gastos consignados en él; es decir, la Hacien da no se hizo cargo de los voluminosos atrasos de tesorería, lo que entrañó una bancarrota parcial de notable magnitud. El repudio de la deuda exterior de 1824 y los cortes de cuentas de los pre supuestos permitieron, pese a que el volumen de títulos amortizados fue muy pequeño, reducir los débitos reconocidos por el Estado desde los más de 13.000 millones de reales en 1820 a sólo 4.750 millones en 1830. Como re sultaba muy difícil atender a los gastos corrientes, obtener dinero para necesi dades menos apremiantes, como las del servicio de la deuda, constituía una utopía. Todo ello, como es lógico, encareció notablemente la financiación del Estado a partir de entonces. Pese a la desatención del servicio de la deuda y a los esfuerzos de austeri dad de los gobiernos, el desequilibrio financiero del Estado se agravó desde 1830. Fernando VII se vio obligado entonces a reconocer la deuda del trienio para obtener algo de dinero en el extranjero. En la «década ominosa», los em préstitos exteriores ascendieron a unos 2.860 millones de reales, por los que se pagaron intereses cercanos o superiores al 10 por 100. Además, la degrada ción financiera obligó, en 1831, a suspender la práctica presupuestaria, que cons tituía uno de los elementos esenciales del sistema de López Ballesteros. Tras recuperar el poder después del fallecimiento de Fernando VII, los li berales no pudieron realizar la reforma del sistema tributario. Dos problemas apremiantes determinaron tal postergación: la urgente necesidad de allegar fondos para financiar la guerra carlista y para proceder a un cierto arreglo de la deuda a fin de evitar el desplome del crédito público. En este último ámbito, el proyecto del conde de Toreno consistía en canjear las dos terceras partes del nominal de la vieja deuda exterior, al que previamente se le rebajaba un 40 por 100, por deuda pasiva, que no rendía intereses, ni tenía fecha de amortización;

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además, los réditos devengados y no satisfechos se consolidarían en deuda diferida, que sólo se transformaría en deuda activa tras doce años. El arreglo de Toreno de 1 8 3 4 fue un fracaso: la Hacienda sólo logró pagar los intereses de la deuda activa durante algo más de un año. En esas condiciones no era posi ble realizar nuevas emisiones de deuda. Mendizábal recurrió a la desamortización eclesiástica y a unas operaciones de conversión de deuda para reducirla y, por ende, mejorar la situación del crédito público. Esas medidas permitieron minorar la deuda reconocida por el Estado de 1 0 . 6 4 4 millones de reales en 1 8 3 4 a 5 . 6 9 1 millones en 1 8 4 0 . La financiación de la guerra carlista se efectuó con anticipos de acaudala dos y del Banco de San Femando, con algunos empréstitos y con la conver sión de deuda de 1 8 3 6 que pretendía reducir los débitos del Estado, pero tam bién obtener algunos recursos. En definitiva, el legado hacendístico recibido por los gobiernos liberales después de la primera guerra carlista cabe calificarlo de desastroso: la deuda y las cargas financieras del Estado seguían siendo elevadas, la monarquía espa ñola se había ganado una pésima reputación en los mercados financieros inter nacionales y el sistema fiscal resultaba trasnochado y claramente insuficiente para atender las funciones mínimas del llamado Estado «guardián»: la defen sa, el orden interno, la representación exterior, la justicia y, en su caso, las in fraestructuras económicas.17

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L a

e c o n o m ía

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entre 1 8 1 5 y

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CRECIMIENTO Y CRISIS SECTORIALES

Tradicionalmente, los especialistas han valorado de un modo bastante ne gativo los resultados obtenidos por la economía española en el período 18151 8 4 0 . En 1 9 8 8 Carreras señalaba que la etapa 1 7 9 0 - 1 8 3 0 fue desastrosa para la economía española y que en esos años la separación con respecto a Europa aumentó considerablemente. En 1 9 9 4 Tortella afirmaba: «De 1 8 0 0 hasta 1 8 4 0 (final de la primera guerra carlista) hubo contracción económica». Pérez Pica zo, más recientemente, indicaba que la economía española tuvo un débil cre cimiento económico hasta 1 8 4 0 . Sin embargo, investigaciones regionales y sectoriales recientes inducen a ofrecer una imagen algo más optimista.18 No obstante, si bien el PIB debió de crecer entre 1 8 1 5 y 1 8 4 0 a una tasa cercana o algo superior al 1 por 100 (bastante más rápidamente, pues, que en el antiguo régimen), también se registraron graves crisis sectoriales, la productividad del trabajo no se elevó de manera significativa y la renta por habitante de nuestro país se retrasó frente a la de las naciones de la Europa occidental.

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Un fuerte impulso roturador El crecimiento económico del período 1815-1840 tuvo un carácter marca damente agrícola, sobre todo cerealista. Aunque carecemos de datos directos sobre la producción de granos en este intervalo, varios indicios apuntan a que aquélla registró un aumento considerable desde 1814. En primer lugar, el periodo 1815-1840 fue uno de los de más veloz creci miento demográfico de todo el siglo xix. Suponiendo que el tamaño de la pobla ción española en 1815 fuese el mismo que en 1797, el número de habitantes de nuestro país habría crecido al 0,89 por 100 entre 1815 y 1860 (véase el cua dro 4.1). Como no parece que la expansión demográfica fuera más intensa en los cuarenta y cincuenta que en los veinticinco años precedentes, es bastante probable que la población española creciera a una tasa superior al 0,75 por 100 de 1815 a 1840. Además, este fuerte aumento del número de habitantes se debió, ante todo, al auge de la natalidad, lo que resultaría difícil de explicar en ausencia de una coyuntura económica bastante favorable. Por otro lado, el di ferencial de crecimiento demográfico entre la periferia y el interior, donde la cerealicultura tenía un peso relativo mayor, fue significativamente menor entre 1815 y 1840 que en el siglo xvm o en la segunda mitad del xix. En segundo lugar, estudios locales y testimonios de contemporáneos sugie ren que la superficie cultivada aumentó considerablemente desde la guerra de la Independencia hasta mediados de siglo. Resulta bastante verosímil que la extensión de las labores se ampliase en tomo al 50 por 100 en la primera mi tad del ochocientos. Las roturaciones fueron especialmente intensas en la mitad meridional, la zona menos colonizada del país. Ahora bien, todas las re giones, incluso las que tenían un margen pequeño para extender las labores, como Galicia19 o Cantabria, participaron en ese proceso. En Cataluña, territo rio de especialización vitícola, también se registró un aumento considerable del área cultivada. En tercer lugar, a pesar del notable crecimiento de la población y, por ende, de la demanda de labrantíos, la renta de la tierra no recuperó los niveles de 1790 ni en las tierras del interior,20 como evidencian los gráficos 4.2 y 4.3, ni tampoco en Cataluña. Eso fue posible por el fuerte aumento de las disponibili dades de terrenos de labor. En cuarto lugar, antes de la guerra de la Independencia, la periferia se abastecía, en un porcentaje significativo, con trigo extranjero. El 5 de agosto de 1820 las Cortes prohibieron la importación de cereales y harinas. Pocos años después, el interior era capaz de cubrir el déficit de granos de la periferia y de exportar ciertas cantidades de trigo y harina, sobre todo a Cuba. Como el consumo por habitante de trigo, pese a la presencia algo mayor de la patata en la dieta de los españoles, no descendió de manera sustancial, la producción nacional de cereales panificables debió de crecer a una tasa algo superior a la de la población. Por consiguiente, resulta bastante probable que las cosechas de cereales panificables aumentasen a una tasa por encima del 1 por 100.

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En quinto lugar, el aumento de los tributos en metálico en los años veinte y treinta, aunque claramente insuficiente para corregir el fuerte déficit del Esta do, obligó a los campesinos a comercializar mayores cantidades de productos agrarios y, por ende, a intentar incrementar sus cosechas. En sexto lugar, la formación del mercado nacional de cereales se inició en la segunda mitad de los veinte y avanzó a buen ritmo en las dos décadas si guientes. Pese a que la red de carreteras registró escasas mejoras en las cuatro primeras décadas del siglo xix, el coste del transporte terrestre, gracias a la mayor regularidad e intensidad de los flujos de mercancías y a la existencia de retornos, se abarató considerablemente en algunos itinerarios. Ello facilitó el comercio interregional de granos. Ahora bien, los progresos en la articulación de un mercado nacional de cereales no hubieran sido posibles sin un incre mento notable de los excedentes trigueros en las zonas del interior. En definitiva, los testimonios a favor de la hipótesis de un crecimiento con siderable de la producción de granos son numerosos y sólidos. La expansión cerealista fue consecuencia, ante todo, de la «agricolización» de las tierras concejiles derivada de las roturaciones ilegales, de los repartos vecinales de fincas de labor y de la venta de parcelas a censo. Es decir, esta privatización de tierras municipales, antes de la desamortización civil de 1855, hizo posible la conversión en terrenos de labor de una enorme superficie de pastizales y de zonas montuosas. Por el lado de la demanda, la expansión agrícola se vio esti mulada por el rápido crecimiento demográfico, por la prohibición de importar cereales y legumbres y por la fuerte protección otorgada a los granos naciona les en el mercado cubano. Los factores medioambientales fueron determinantes en las reducidas pro ductividades de la tierra y del trabajo en la agricultura española, en la casi nula participación de ésta en la primera revolución agrícola, en los bajos nive les de PIB por kilómetro cuadrado y, en general, en la divergencia económica de nuestro país con respecto a la Europa occidental. Casi todos los suelos es pañoles tenían importantes déficit de nutrientes y de agua, lo que impedía que las nuevas técnicas agronómicas, que eliminaban el barbecho mediante rotacio nes de cosechas y la aplicación de mayores cantidades de abono por hectárea cultivada, pudieran prosperar en la mayor parte de comarcas de nuestro país. Teniendo en cuenta las condiciones medioambientales y las restricciones tecnológicas existentes entonces, las únicas vías de crecimiento agrario para la España seca, que ocupaba más del 80 por 100 del territorio nacional, eran: 1) la extensión de los cultivos; 2) la sustitución de cereales por cultivos arbus tivos y arbóreos de mayores rendimientos por unidad de superficie;21 y 3) la intensificación de los cultivos mediante la irrigación y la aplicación de mayo res cantidades de estiércol a los suelos.22 La España seca constituía, a comien zos del siglo X I X , un territorio escasamente poblado en el que las posibilidades roturadoras seguían siendo bastante amplias, sobre todo al sur del Tajo. Ade más, el hundimiento del Antiguo Régimen, como se ha mostrado, facilitó que el campesinado, a través de ocupaciones, repartos y compras a censo, pudiera acceder a más tierras públicas y extender las labores. En cambio, las planta

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ciones de viñas y olivos, la ampliación de los cultivos intensivos y las obras de irrigación, que requerían inversiones de cierta magnitud, se vieron frenadas por la incertidumbre generada por la inestabilidad política e institucional, por el hundimiento del comercio colonial y por el crecimiento todavía relativamente lento de la demanda europea de vinos, aceites, frutos secos, frutas frescas y productos hortícolas. En suma, las condiciones medioambientales, tecnológicas, mercantiles y sociales favorecieron que, en la mayor parte de España, el creci miento agrario se basase fundamentalmente en la extensión de las labores, sin que la estructura de los cultivos, los rendimientos por unidad de superficie y la productividad del trabajo registrasen variaciones de cierta entidad. No obstante, desde la segunda mitad de la década de 1820 o la de 1830, en casi todas las zonas del litoral mediterráneo cobraron algo más de ritmo la sustitu ción de cultivos tradicionales por otros más rentables y la ampliación de los regadíos, procesos alentados por la aceleración del crecimiento de la deman da, sobre todo de la europea, de vinos, aceites, frutas y hortalizas.23 La expansión de las actividades agrícolas de carácter mercantil también se vio obstaculizada por el intenso proceso deflacionista, de ámbito internacio nal, posterior a las guerras napoleónicas. Los índices de precios al consumo cayeron un 45,8 y un 47,2 por 100 de 1811-1817 a 1824-1830 en Palencia y Barcelona, respectivamente. A partir de 1830 los precios iniciaron una lenta recuperación: entre 1824-1830 y 1834-1840 se elevaron un 18,3 por 100 en Palencia y un 10,7 por 100 en Barcelona. Los precios evolucionaron de una manera bastante similar en España y en los países de la Europa occidental de 1790 a 1840. La deflación en absoluto puede ser considerada como un sínto ma inequívoco de retroceso de la actividad económica (algunos de esos países europeos registraron un importante crecimiento económico entre 1815 y 1840), si bien resulta indudable que el fuerte descenso de los precios desincentivó las inversiones. Los productores de vinos, aguardientes y otros artículos especializados de la agricultura mediterránea atravesaron dificultades hasta la década de 1830. Los términos de intercambio habían evolucionado de manera desfavorable para esas mercancías en las décadas finales del siglo xvm y en los primeros años del xix. El hundimiento del comercio colonial afectó de un modo bastan te intenso a la viticultura catalana: por un lado, los precios de los aguardientes y vinos de baja calidad se redujeron entre un 50 y un 60 por 100 entre 18161820 y 1831-1835; por otro lado, las exportaciones de vino a través del puerto de Vilanova i la Geltrú cayeron de unos 16.000-20.000 hectolitros a finales del siglo xvm a 8.000 hectolitros en 1818. Sin embargo, la especialización vitícola de la agricultura catalana prosiguió y se consolidó después de 1815: pese a la caída de los beneficios, el viñedo seguía siendo más rentable que los culti vos alternativos. Además, los precios de los vinos de calidad sólo disminuye ron entre un 34 y un 43 por 100 de 1816-1820 a 1831-1835. Estimulada por el incremento de la demanda europea desde mediados de los veinte, la viticultu ra catalana recobró en pocos años su antaño dinamismo, aunque ahora el pro tagonismo recaía en los vinos de calidad y no en los aguardientes. En las pos


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trimerías de la década de 1830 ya se embarcaban anualmente en Vilanova i la Geltrú unos 50.000 hectolitros. En realidad, la crisis de la viticultura catalana del primer cuarto del siglo xix fue de rentabilidad y no de producción, ya que buena parte de las tierras roturadas en esa región entre 1808 y 1825, que no fueron pocas, se plantaron de vides. En general, los resultados de la agricul tura de la España mediterránea tendieron a mejorar a partir de 1825-1830, a medida que se incrementaron las exportaciones de productos primarios a In glaterra y Francia. Las cabañas ovinas, sobre todo las trashumantes, y las caprinas registraron una fuerte contracción. El número de cabezas lanares ya se había reducido considerablemente durante la guerra de la Independencia debido a las matan zas y a las masivas exportaciones de merinas a diversos países europeos. Ade más, los privilegios mesteños, que ya habían sufrido una apreciable erosión desde la época de la Ilustración, dejaron prácticamente de respetarse a raíz del conflicto con los franceses: se roturaron numerosas dehesas de puro pasto y porciones considerables de vías pecuarias y el derecho de posesión se convirtió en papel mojado. Aunque la Mesta, mediante la cédula de 2 de octubre de 1814, fue restablecida en la plenitud de sus privilegios, éstos siguieron siendo inob servados por los pueblos. Todo ello se tradujo en un encarecimiento de los pastizales y en complicaciones para los desplazamientos de los rebaños. Ahora bien, las cabañas ovinas sufrieron un golpe aún más duro cuando las lanas sajonas, a partir de finales de la década de 1810, conquistaron, en pocos años, la hegemonía en los principales mercados europeos y, por ende, desplazaron a las castellanas de ese papel estelar que éstas venían manteniendo desde la se gunda mitad del siglo xv. De hecho, el precio medio anual de las lanas finas castellanas descendió más de un 50 por 100 de 1816-1818 a 1825-1830, lo que originó fuertes pérdidas en estas cabañas. No puede sorprender, pues, que el número de ovejas trashumantes descendiera desde unos 4 millones a finales del siglo xvm a sólo 1,1 en 1838. Cuando la Mesta fue formalmente suprimida en 1836, la actividad trashumante había registrado un desplome de carácter irreversible. En cambio, las cabañas ovinas estantes se recuperaron parcialmen te en los treinta debido a la cierta reanimación del mercado interior lanero. Pese a la profunda crisis de las cabañas lanares y caprinas, más que de de presión de la ganadería española hay que hablar de reestructuración de la mis ma. Aunque casi todas las actividades pecuarias se vieron afectadas por la «agricolización» de los usos del suelo, el rápido crecimiento de las necesi dades de fuerza de tracción animal, resultante de la extensión de los cultivos y del incremento de los intercambios, incentivó un empleo más intensivo de los montes y bosques como fuente de pastizales, la utilización de ciertas semillas de granos que proporcionaban una paja más apropiada para la alimentación de las muías, y la siembra, al menos en algunas zonas, de mayores cantidades de cereales para el sustento de los animales de trabajo. Ello hizo posible que el ganado de labor, sobre todo el mular, tuviera un notable crecimiento en la pri mera mitad del siglo xix. No obstante, no todas las cabañas orientadas al su ministro de fuerza de tracción se expandieron. Las vacunas padecieron una

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crisis, si bien ya en los años treinta se estaban recuperando arrastradas por la fuerte demanda de ganado de tiro. En síntesis, el sector agrario, a partir de 1815, tuvo un considerable creci miento basado en el uso de bastante más tierra, que seguía siendo un factor re lativamente abundante en buena parte del país. En cambio, por razones insti tucionales, políticas y mercantiles, no se dieron condiciones favorables, hasta los años treinta, para que en las zonas mediterráneas se sustituyese la cereali cultura por cultivos arbustivos o arbóreos de mayores rendimientos y para de sarrollar una agricultura intensiva mediante la ampliación de los regadíos.24 El modelo de crecimiento agrario de estos años, si bien temporalmente permitió incrementar las disponibilidades de recursos por activo, no conllevó un alza apreciable de la productividad del trabajo a medio y largo plazo, ya que la fuerte expansión demográfica acabó reduciendo la dotación de labrantíos y pastizales por ocupado a unos niveles muy similares a los de partida. El uso de bastante más tierra sí posibilitó incrementar considerablemente el número de habitantes y, por tanto, de consumidores, lo que constituyó un estímulo para la expansión de ciertas industrias y servicios.

Luces y sombras en las manufacturas Entre 1815 y 1840 la población aumentó a un ritmo bastante vivo y, ade más, el consumo por habitante de bienes duraderos y semiduraderos se elevó algo, tanto en la periferia como en el interior. Por tanto, la demanda nacional de manufacturas tuvo un comportamiento bastante dinámico en ese período. La industria creció probablemente tanto o más que la agricultura, pero no pre sentó un balance satisfactorio, al menos en comparación con otros países europeos. Por un lado, la inestabilidad política e institucional y el contrabando generalizado tuvieron graves secuelas sobre algunas ramas industriales. Por otro lado, la mala dotación de recursos hídricos y, sobre todo, de carbón mine ral entorpeció el desarrollo fabril. Además, salvo en Cataluña, las carencias de mano de obra especializada, técnicos y capitales constituían un problema para el desarrollo de no pocos sectores mineros e industriales. El subsuelo español era rico en plomo, cobre, hierro y mercurio. Sin em bargo, salvo en este último caso, la extracción masiva de minerales mediante técnicas modernas no se inició en nuestro país hasta la segunda mitad del si glo X IX . Ello obedeció a obstáculos institucionales, a la falta de técnicos, em presarios y capitales españoles, y a la estrechez del mercado interno derivada del escaso desarrollo industrial. La ley de minas de 1825 otorgó a la corona el dominio eminente sobre todos los recursos del subsuelo, reservó a la Hacienda la explotación de los yacimientos más ricos y no facilitó a los particulares la obtención de concesiones con suficientes garantías y por períodos prolonga dos de tiempo. Este marco legal desincentivaba, como es lógico, las grandes inversiones privadas. Pese a ello, la minería del plomo comenzó un proceso de crecimiento de cierta entidad a partir de los años veinte. En 1817 se había deses

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tancado el plomo (el estanco de esta mercancía se había establecido en 1748). Primero se explotaron los yacimientos de la Sierra de Gádor y de las Alpujarras; luego comenzó a extraerse plomo de la zona de Cartagena. Sólo en el distrito de Adra se censaron 20.720 obreros en 1839. Hasta mediados del si glo XIX el sector del plomo estuvo esencialmente en manos españolas. Los resultados obtenidos por los diferentes tipos de actividades transfor madoras y por los distintos sectores industriales fueron muy dispares. Los li berales cerraron o vendieron, tanto por razones doctrinarias como por motivos pragmáticos, la mayor parte de las Reales fábricas, establecimientos que so lían registrar cuantiosas pérdidas y cuyos productos, debido a su falta de com petitividad, sólo podían venderse en mercados cautivos. Ello provocó, por ejemplo, una importante contracción de las actividades transformadoras en Castilla la Nueva. En cuanto a las industrias tradicionales, cabe establecer una división entre las notablemente y las poco o nada afectadas por el desarrollo fabril y por el contrabando. Las primeras, como la vieja pañería o la lencería, registraron una considerable recesión, mientras que las segundas, pese a no experimentar progresos técnicos de relieve, se expandieron, en mayor o menor medida, alentadas por el crecimiento de la demanda. Por otro lado, la mecani zación, la centralización de la fuerza de trabajo y la realización de una parte importante del proceso productivo en naves industriales constituyeron fenó menos circunscritos, en este período, a unos pocos subsectores manufacture ros: el algodonero, el lanero, el siderúrgico y el harinero. La moderna industria harinera, de notable importancia dentro del conjunto de actividades fabriles decimonónicas, creció con rapidez: su producción se cuadruplicó entre 1825 y 1844. Ello fue consecuencia del desarrollo triguero, de la expansión del consumo nacional y de la reserva de los mercados me tropolitano y colonial a los productores españoles, cuyos establecimientos se localizaban en las provincias de Palencia, Valladolid y Santander. En 1824, cuatro años después de que se prohibiese la importación de harinas en España, se estableció un arancel que prácticamente impedía que las de origen nortea mericano accediesen al mercado cubano. El crecimiento y la modernización de la industria harinera se vieron perturbados por factores institucionales: hasta 1831 la construcción de nuevas fábricas y las propias actividades fabriles estu vieron prohibidas en el sector, excepto para las Reales fábricas que habían sido levantadas en el siglo xvm. En 1831 el gobierno autorizó la edificación de fábricas de harinas en aguas del Canal de Castilla a la empresa adjudicataria de su explotación. Más tarde, la libertad industrial, la desvinculación y la de samortización eclesiástica permitieron a los empresarios cántabros adquirir viejos molinos y transformarlos en fábricas. Éstas, que sumaban cerca de cuatro decenas en 1840, incorporaron la maquinaria del denominado «sistema inglés». Aunque su etapa de máximo crecimiento y transformación se produjo en el segundo tercio del siglo xix, el textil, cada vez más centrado en Cataluña, fue el sector de la industria española que registró una modernización de mayor entidad entre 1815 y 1840. En las últimas décadas del siglo xvm, muchos es

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tablecimientos catalanes habían combinado el pintado de lienzos extranjeros, bastantes de los cuales eran posteriormente remitidos a América, y la fabrica ción y/o estampado de tejidos de algodón. Desde 1797 la crisis del comercio colonial obligó a los empresarios a priorizar la fabricación de tejidos de algo dón, el principal género de consumo en el mercado español. En éste, donde el poder adquisitivo de buena parte de los demandantes era bajo, las manufac turas de algodón catalanas tenían que competir con los tradicionales tejidos de lino y lana nacionales y con la industria extranjera que a menudo introducía sus géneros de contrabando. De modo que había incentivos para mejorar la calidad y abaratar la hilatura del algodón. Ello, junto a un decreto de 1802 que prohibió la importación de hilados extranjeros, aceleró la mecanización de la industria algodonera catalana. No obstante, muy pocas empresas reunían el hilado y el tejido bajo un mismo edificio (la segunda operación seguía teniendo un carác ter doméstico) y las máquinas empleadas en la hilatura eran del tipo jenny o water-frame accionadas con caballerías o con ruedas hidráulicas. Por consi guiente, antes de 1808 la industria algodonera ya había iniciado el proceso de mecanización y había orientado sus actividades hacia el mercado español. Después de la guerra de la Independencia, el panorama de la industria al godonera catalana era sombrío: aparte de la deflación y de la inestabilidad política e institucional, la crisis colonial se había profundizado y había dcsestructurado las relaciones exteriores del Principado, y el contrabando había aumentado. Ante ese cúmulo de dificultades, los empresarios algodoneros res pondieron con la intensificación de la vía modemizadora emprendida en los años anteriores a la guerra y con la defensa aún más acérrima de un sistema prohibicionista, que también propugnaban que se hiciera extensivo a la cerea licultura española. Entre 1815 y 1835, sin menospreciar otros progresos técni cos, los avances en la mecanización de la hilatura (difusión de la jenny y de la bergadana, la mayor parte de las cuales eran movidas por caballerías, y el em pleo creciente, aunque todavía no mayoritario, de la mule y, en menor medida, de la throstle o continua) constituyeron el aspecto esencial de ese proceso modemizador y, además, generaron las condiciones que hicieron posible la adopción del vapor. La primera máquina de esta moderna energía fue insta lada, en 1833, por la empresa Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía. La destrucción de la fábrica Bonaplata dos años después ralentizó la difusión del vapor. En 1840 apenas se habían instalado diez máquinas. Por otro lado, como las ventas iban a destinarse casi exclusivamente al mercado nacional, los algodoneros catalanes eran conscientes de que la buena marcha de sus empresas requería alcanzar un pacto con los propietarios y productores agrarios españoles basa do en la reciprocidad; ahora bien, la aceptación del prohibicionismo cerealista por parte de los empresarios algodoneros no habría tenido lugar si éstos no hubieran estado convencidos de la capacidad de la agricultura española para abastecer de trigo a Cataluña en unas condiciones mínimamente aceptables y del potencial de crecimiento del mercado interno. A pesar de que la industria algodonera catalana atravesó momentos de graves dificultades entre 1815 y 1826, la estrategia de los empresarios de este

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sector cosechó resultados satisfactorios a medio y largo plazo. Aunque el vo lumen de contrabando se mantuvo en niveles altos hasta 1840, el prohibicio nismo,25 los progresos en la formación del mercado nacional y los cambios técnicos y organizativos permitieron a la industria algodonera alcanzar un notable crecimiento en la segunda mitad de los veinte y en los treinta y senta ron las bases para la plena consolidación del sistema fabril en Cataluña. Es más, el sector algodonero se convirtió en el principal motor del despegue in dustrial de dicha región en el segundo tercio del siglo xix. Parte de la expansión de la industria algodonera se logró mediante la susti tución del consumo de tejidos de lana y, sobre todo, de lino por el de géneros de algodón. No obstante, la producción textil lanera, entre 1815 y 1840, se expandió en los centros que antes lograron mecanizarse y que consolidaron su previa especialización en géneros de calidad media-alta, los menos afectados por la competencia algodonera. Esos centros fueron Alcoy, Béjar, Ezcaray, Antequera (algo después) y, sobre todo, Tarrasa y Sabadell. Dado que el Vallés se fue configurando como el principal centro productor de la industria lanera española, ésta, aunque no de una manera tan intensa como la algodonera, tam bién se «catalanizó». Este proceso de concentración en el espacio de la activi dad lanera fue impulsado por la oferta relativamente abundante de factores es pecializados, por las posibilidades de aprovechar una red comercial que ya se hallaba extendida por casi todo el territorio peninsular, por las facilidades cre diticias y mercantiles derivadas de la proximidad a Barcelona y por las ven tajas derivadas de su cercanía a la industria algodonera (efecto emulación y difusión tecnológica). La moderna industria lanera catalana también se hallaba en una situación difícil después de la guerra de la Independencia. La necesidad de hacer frente a la competencia extranjera obligó a los empresarios del sector a mejorar la calidad y reducir los costes. Y ello les indujo a apostar por la mecanización y por el sistema de fábrica. Hacia 1820 se recuperaron los niveles de producción de preguerra y en las dos décadas siguientes crecieron con cierta rapidez. La mecanización estaba avanzando en la preparación de la hilatura, en la hilatura y en parte de las operaciones de acabado. En cuanto al vapor, su introducción, alentada por la escasez de recursos hídricos del Vallés, se registró en 1833, casi al mismo tiempo que en la industria algodonera, si bien su importancia fue secundaria hasta 1850. En realidad, las bases estructurales y organizativas del sistema de fábrica se habían establecido en los años veinte: generalización del uso de la energía hidráulica (pese a la escasez de agua), empleo de máqui nas en diversos procesos, utilización de naves industriales y desarrollo por parte de las empresas de redes comerciales propias. En consecuencia, hacia 1840 la moderna industria lanera catalana no estaba demasiado rezagada en el terreno tecnológico y organizativo con respecto a la industria algodonera. En calidades media-alta y alta, los tejidos extranjeros poseían una impor tante cuota en el mercado nacional antes de 1808. Desde los años veinte, la moderna industria lanera catalana fue desplazando a la foránea y a los centros nacionales especializados en el labrado de paños de cierta calidad, como Se-

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govia, en los mercados peninsulares. Además, en Tarrasa y Sabadell se fabri caban, aunque en cantidades menores, géneros más baratos, que competían con ciertos productos de las industrias laneras tradicionales catalana y españo la. Con todo, el dinamismo de la demanda era menor que en el sector algodo nero; de ahí que el crecimiento de este último fuese netamente superior al de la moderna industria lanera catalana en el segundo cuarto del siglo xix. Alcoy constituía el mayor centro lanero español a comienzos del siglo xix. Allí, la industria lanera comenzó a mecanizarse antes de concluir el setecien tos (con la introducción de algunas sencillas máquinas de cardar e hilar), pero ese proceso no tomó auténtico cuerpo hasta comienzos de los años veinte. Después de 1814 la pañería alcoyana tendió a especializarse en prendas bara tas que se vendían fundamentalmente en la España meridional. Aunque no tan importante como la del distrito vallesano, Alcoy logró conquistar una posición de cierto relieve en el nuevo mercado de tejidos de lana. Los niveles de actividad de casi toda la tradicional industria lanera, tanto urbana como rural, y de la lencería disminuyeron, en mayor o menor medida, ante la oferta de tejidos de creciente calidad y de precios cada vez más bajos de las industrias mecanizadas, sobre todo en las prendas de algodón. El derrumbe de la industria lanera de la ciudad de Segovia resultó espectacular: antes de la guerra de la Independencia funcionaban unos 500 telares, mientras que en 1833 quedaban en activo menos de 30. La industria del lino tenía un carácter doméstico y rural y se hallaba bastan te extendida por buena parte de la geografía nacional, si bien era especialmente importante en Galicia. La pérdida del mercado colonial, el contrabando, el esta blecimiento de derechos sobre la importación de lino, el estancamiento técnico y la creciente competencia extranjera y de los tejidos de algodón determinaron, desde 1814, una profunda y progresiva decadencia de la lencería gallega, lo que contribuyó al desequilibrio de las economías campesinas y a la intensifica ción de la corriente emigratoria de dicha región a partir de los años treinta. Dentro del mediocre crecimiento manufacturero en la España decimonóni ca, la metal-mecánica presentó unos resultados aún menos satisfactorios que los obtenidos por los sectores productores de bienes de consumo, sobre todo por el alimentario y el textil. Pese a la riqueza de minerales de nuestro subsuelo, el de sarrollo metalúrgico se veía obstaculizado por la deficiente dotación de carbón de piedra y por la escasa magnitud y el lento crecimiento de la demanda interna. La fase recesiva de la siderurgia, iniciada hacia 1780, se prolongó hasta 1820. Entonces comenzó una recuperación; en 1844 ya se habían superado los niveles máximos de producción de la segunda mitad del siglo xvm. Pese a ello, durante las cuatro primeras décadas del siglo xix España hubo de recurrir a las impor taciones para atender una parte considerable del consumo nacional de hierro. La moderna industria siderúrgica española surgió bajo el amparo del aran cel de 1826, de signo marcadamente proteccionista. Éste pretendía apuntalar a la siderurgia tradicional, que se hallaba en franco declive; en cambio, ayudó a que se diera el salto a la siderurgia integral y a la progresiva implantación del sistema indirecto (fases de fusión y refino).

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La primera etapa de la moderna siderurgia española, cuyo ciclo coincidió con el segundo cuarto del siglo xix, tuvo por escenario Andalucía. Las moder nas factorías férricas malagueñas surgieron inicialmente para atender las ne cesidades de flejes y aros de la industria tonelera, pero pronto se orientaron, especialmente a raíz del descenso de los niveles de actividad de las ferrerías vascas durante la primera guerra carlista (1833-1840), hacia la fabricación de hierros menos elaborados que gozaban de una mayor protección arancelaria. Los modernos establecimientos siderúrgicos andaluces (dos en Málaga y uno en Sevilla) estaban dotados de hornos altos de fusión, de hornos de pudelado y de trenes de laminación, pero sus instalaciones eran relativamente modestas y utilizaban carbón vegetal en el proceso de fusión. El crecimiento de la moderna siderurgia andaluza se vio obstaculizado por graves problemas tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta: en primer lugar, el mercado español era demasiado reducido para poder rentabilizar las inversiones que requería el uso de la moderna tecnología; y, en segundo lugar, el aprovisionamiento de car bón mineral resultaba demasiado caro. De ahí que se empleara carbón vegetal, obtenido en las serranías cercanas, en la fusión, pero con ello en absoluto se logró un combustible a precios competitivos. En el refino se utilizaba hulla extranjera, que era gravada con unos derechos arancelarios de cierta conside ración; Manuel Agustín Heredia, la figura empresarial clave en el desarrollo siderúrgico malagueño, batalló, sin éxito, en la Junta de Aranceles para conse guir que se redujesen los derechos sobre los carbones foráneos. En resumen, el período 1815-1840 vino marcado en el terreno industrial por cierto crecimiento de la demanda interna, por unos altos niveles de contraban do, por unos balances manufactureros bastante dispares a escala sectorial y territorial, por los inicios de la mecanización y el establecimiento de las bases del sistema fabril en el textil catalán, por una orientación casi en exclusiva de las actividades manufactureras hacia el mercado nacional, por el declive de las industrias tradicionales obligadas a competir con los productos de las modernas fábricas españolas y extranjeras y por el nimio desarrollo de la metal-mecánica.

La formación del mercado nacional y el comercio exterior Como ya se ha apuntado, los flujos interregionales de mercancías tendie ron a aumentar a partir de los años veinte. Ello fue propiciado por el creci miento de la producción y del consumo nacionales, por el avance en el proceso de especialización regional, por el establecimiento de una política prohibicio nista en algunos sectores fundamentales, por la liberalización de los tráficos internos (decretos de 8 de junio de 1813, de 26 de febrero de 1824 y de 20 de enero de 1834) y por la disminución del coste del transporte terrestre en algu nos itinerarios. La intensidad y la dirección de los movimientos interregiona les de mercancías registraron algunos cambios de relieve debido al diferente ritmo de crecimiento de los distintos sectores y a las modificaciones introduci das en la política arancelaria. Así, por ejemplo, los excedentes trigueros y

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harineros eastellanoleoneses, que antes de 1808 se canalizaban mayorítariamente hacia el mercado madrileño, tendieron a enviarse en crecientes propor ciones, después de la guerra de la Independencia, hacia el puerto de Santan der, desde donde se remitían al litoral mediterráneo, sobre todo a Cataluña, y a Cuba. Simultáneamente se registró un cambio en las aportaciones relativas de las diversas zonas del interior al abasto de trigo de Madrid: varias zonas castellanomanchegas ganaron terreno a costa de otras castellanoleonesas. Pese a los ciertos progresos de la carretería, España, antes del ferrocarril, estaba en una situación mucho peor que Francia (nación aún más extensa y continental) en el transporte interior: 1) la densidad de carreteras era muy su perior en este último país; y 2) Francia contaba con unos 4.500 kilómetros de canales de navegación y con más de 7.000 kilómetros de ríos navegables, mientras que las cifras españolas eran insignificantes en esos dos campos. Las inversiones en infraestructuras terrestres fueron muy reducidas en la España del primer tercio del siglo xix: la red caminera se amplió en 2.070 kilómetros entre 1800 y 1814, en 830 entre 1815 y 1834 y en 4.770 entre 1835 y 1854. La crisis financiera del Estado fue responsable de esa magra mejora de las in fraestructuras viarias en un período en el que la demanda de transporte terres tre estaba aumentando a un ritmo bastante rápido. Entre 1815 y 1840 la evolución del comercio exterior vino marcada por la pérdida de las colonias americanas y por el incremento de los intercambios con los países de la Europa occidental. El primer fenómeno originó un fuerte descenso de los intercambios con el Nuevo Mundo, sobre todo de las exporta ciones. De modo que el tradicional superávit en la balanza comercial con América prácticamente desapareció después de 1814 (véase el cuadro 5.1) y el índice de cobertura de las exportaciones se redujo del 82,3 por 100 en 17841796 al 62 por 100 en 1826-1827. Ahora bien, la pérdida de las colonias no afectó con la misma intensidad al comercio exterior de las diferentes regiones marítimas de nuestro país. Desde finales de los años veinte, los tráficos de Cataluña con América se recuperaron gracias a la penetración de los produc tos de dicha región en los mercados de Brasil y Uruguay y al movimiento as cendente de las importaciones de algodón en rama procedentes de Brasil y Estados Unidos. En cambio, el comercio de intermediación gaditano entre América y Europa se hundió irreversiblemente. La reducción de los intercam bios con el Nuevo Mundo no sólo obedeció a la emancipación de las colonias: tras producirse ésta, el no reconocimiento de los nuevos estados durante un período prolongado contribuyó a la pérdida de influencia de España en el con tinente americano. Las colonias habían sido muy importantes para la Hacienda y para el creci miento económico de algunas zonas de la periferia, pero no para la evolución del conjunto de actividades productivas del país, ya que los vínculos comer ciales entre el interior y las indias siempre fueron escasos. Según Leandro Prados, la renta nacional cayó, probablemente, menos de un 6-7 por 100 como consecuencia de la pérdida de las colonias. Ésta constituyó un contratiempo importante, pero no una catástrofe para la economía española. Aunque no con

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siguió rellenar el hueco dejado por las colonias continentales, Cuba se convir tió, tras Francia y Gran Bretaña, en nuestro tercer cliente y proveedor.26 En términos reales, el promedio anual del total de exportaciones cayó casi un 25 por 100 de 1784-1796 a 1815-1820. El grado de apertura exterior de nuestra economía disminuyó apreciablemente en el primer cuarto del siglo X IX , si bien, en mi opinión, no tanto como ha apuntado Prados de la Escosura.27 España, en buena medida gracias a su dotación de recursos y a su proximi dad a la Europa que se industrializaba y que incrementaba su capacidad de compra con cierta rapidez, pudo, desde mediados de los años veinte, remontar poco a poco la crisis de su comercio exterior. Ahora bien, la expansión de la demanda europea de productos españoles fue bastante más rápida después de 1840 que entre 1815 y 1840. Ello obedeció a la progresiva liberalización de los intercambios en el viejo continente, a la superación de un determinado umbral en la renta por habitante de nuestros principales clientes y a la aceleración del crecimiento de aquella en Gran Bretaña y Francia. En este último país, el PIB por habitante creció al 0,55 por 100 entre 1803-1812 y 1825-1834 y al 1,45 por 100 entre 1825-1834 y 1855-1864. En Gran Bretaña, esa misma variable cre ció al 0,44 por 100 de 1800 a 1830 y al 1,27 por 100 de 1830 a 1850. Por otro lado, la tendencia claramente favorable de los términos de inter cambio para España, que se prolongó hasta las últimas décadas del siglo X IX , evitó que el desequilibrio en la balanza comercial alcanzara dimensiones aún mayores. Entre 1815 y 1840 el aceite de oliva, el vino (en particular, el de Jerez) y el plomo incrementaron su peso en las exportaciones; en cambio, perdieron posi ciones la barrilla, el aguardiente y, sobre todo, la lana. En cuanto a las impor taciones, prácticamente desaparecieron las de granos (desde 1825) y disminu yeron, pese al contrabando, las de tejidos de algodón y lana. Después de 1825 las principales rúbricas eran los productos coloniales, los tejidos de lino y cá ñamo, el bacalao y el algodón en rama. La pérdida de las colonias también tuvo un fuerte impacto sobre las balan zas de servicios y transferencias. El descenso del comercio con el Nuevo Mun do fue acompañado del desplome de los servicios de transporte, de los servi cios financieros y de los seguros marítimos, actividades en las que España obtenía una porción notable de los beneficios de su sistema colonial. Entre 1784 y 1796, en promedio anual, la plata americana exportada ascendió a 321,5 mi llones de reales y las remesas privadas de metales preciosos procedentes de las colonias se elevaron a 355,1 millones. De 1815a 1820, también en medias anuales, el déficit de la balanza de pagos fue de 179,4 millones de reales y las remesas privadas de plata sólo alcanzaron los 134,4 millones. Después de 1820, éstas siguieron descendiendo. Por otro lado, las importaciones de capitales no tuvieron apenas importancia hasta 1840. Consiguientemente, las remesas americanas, desde 1814, ya no eran suficientes para equilibrar las cuentas externas españolas y, por ende, nuestro país, a partir de entonces, hubo de ex portar, en términos netos, cantidades relativamente importantes de metales preciosos, lo que alimentó las tensiones deflacionistas.

200


En definitiva, la pérdida de las colonias generó un importante déficit en la balanza de pagos, originó una reducción del grado de apertura de nuestra eco nomía y desencadenó una profunda reestructuración de los intercambios con el exterior. A comienzos de los años cuarenta Europa concentraba más del 75 por 100 de nuestro comercio de importación y exportación.

Moneda y banca Hasta después de 1840 circularon monedas muy diversas. Este fue uno de los ámbitos en que más se demoró la implantación de las nuevas instituciones liberales. Los billetes emitidos por el Banco de San Carlos, primero, y por el de San Fernando, después, tenían una importancia mínima en la circulación monetaria; de modo que el volumen de numerario dependía casi por completo de las disponibilidades de metales preciosos. La economía española padeció una aguda escasez de numerario fruto de las exportaciones de metales preciosos para saldar el abultado déficit de la ba lanza de pagos, pero también de la política monetaria aplicada por los gobier nos absolutistas. Los cambios oficiales infravaloraban a la moneda española de plata; de ahí que ésta tendiese a ser atesorada o exportada y que un impor tante volumen de monedas francesas y portuguesas circulasen en nuestro país tras la guerra de la Independencia. Durante el trienio, los gobernantes reduje ron los derechos de importación de metales preciosos, incrementaron los pre cios a los que las casas de moneda adquirían el oro y la plata y prohibieron la circulación de moneda francesa. En 1823 los absolutistas fijaron el precio de las pastas en los niveles de 1820. Al año siguiente, ante la alarmante reduc ción de las acuñaciones, volvieron a elevar los precios a los que las casas de moneda compraban los metales preciosos; sin embargo, al autorizarse de nue vo la circulación de moneda francesa, el volumen de acuñaciones fue muy pequeño entre 1824 y 1833. De hecho, el valor del metálico exportado superó con creces al del de las monedas acuñadas. La escasez de numerario se palió algo en los años finales del reinado de Fernando VII debido a la merma del dé ficit de la balanza comercial. Durante la Regencia de María Cristina fracasa ron los intentos de reforma monetaria: el conde de Toreno intentó que se deva luase la moneda española, reduciendo la ley de la de plata, y que se prohibiese la circulación de la moneda francesa. Los graves problemas monetarios de los veinte condicionaron la política comercial. En realidad, el prohibicionismo tenía dos objetivos de naturaleza muy distinta: reservar el mercado nacional a los productores autóctonos de ciertos sectores y reducir el déficit de la balanza comercial y, por tanto, miti gar la escasez de medios de pago. El desarrollo bancario fue escaso en las primeras décadas del siglo xix de bido, entre otras razones, a que la demanda privada de servicios financieros no registró un fuerte incremento. El Banco de San Carlos, que ya se hallaba en práctica suspensión de pagos a comienzos del ochocientos, tuvo una larga

LA C R IS IS D E L A N T I G U O R É G IM E N Y LA R E V O L U C IÓ N L I B E R A L

201

agonía. Sin embargo, el Estado precisaba ínstrumentalizar una potente institu ción financiera para atender ciertas urgencias y para intentar solucionar la larga crisis de los vales reales. En 1829, por fin, se fundó el Banco de San Fernando tras llegarse a un acuerdo entre el Estado y los accionistas del Banco de San Carlos. Éstos renunciaron a sus créditos contra aquél a cambio de acciones del nuevo banco y aceptaron percibir un real por cada ocho que se les debía, pero a otros acreedores del Estado aún les fue peor. El Banco de San Femando emi tió billetes en pequeñas cantidades y descontó letras al sector privado, pero su finalidad primordial consistió en financiar a corto plazo al Tesoro,28

5.7.

U n BALANCE DEL PERÍODO

1815-1840

En resumen, entre 1815 y 1840, pese a la inestabilidad política e institucio nal, la pérdida de las colonias, la profunda crisis financiera del Estado y la de flación, la economía española creció, probablemente, a una tasa algo superior al 1 por 100. Teniendo en cuenta la dotación de recursos y las restricciones tecnológicas existentes entonces, nuestro país, en teoría, tenía, cuando menos, tres vías fundamentales de crecimiento económico: 1) proseguir el proceso de colonización del territorio; 2) especializarse en la oleicultura, la viticultura, las frutas y las hortalizas, cultivos en los que las agriculturas mediterráneas tenían ventajas comparativas; y 3) explotar bastante más intensamente la ri queza minera. En realidad, la expansión económica, al menos hasta 1830, se basó casi exclusivamente en la incorporación de más tierra y más mano de obra a las actividades agrarias. Este crecimiento extensivo pudo conllevar ini cialmente una ligera elevación de la productividad del trabajo, ya que la canti dad de recursos agrarios por activo es probable que aumentase algo como con secuencia de las modificaciones registradas en los aprovechamientos de las tierras concejiles a raíz de los cambios políticos y sociales que tuvieron lugar durante la guerra de la Independencia; sin embargo, el notable crecimiento del número de familias rurales determinó que el volumen de labrantíos y pasti zales por activo retornase pronto a una situación similar a Ja de comienzos de siglo. De modo que la mera colonización del territorio no podía conducir, a medio plazo, a un aumento sustancial de la productividad del trabajo en la agricultura y de la renta rural por habitante, pero sí de la población y del nú mero de consumidores. Por su parte, la especialización en los cultivos arbusti vos y arbóreos típicamente mediterráneos se veía limitada por el insuficiente crecimiento de la demanda, tanto de la interna como de la externa. Desde fina les de los veinte, la recuperación de las exportaciones y el crecimiento del co mercio interregional permitieron una mayor especialización agraria. No obs tante, esta vía de crecimiento no pudo cobrar auténtico empuje hasta que no se avivó el ritmo de desarrollo del mercado interno y, sobre todo, no alcanzó ma yor vigor la demanda europea de productos españoles. Y todo ello no aconte cería hasta después de 1840. En cuanto a la minería, su desarrollo dependía del concurso de técnicos, empresarios y capitales foráneos y, principalmente,

202


de las necesidades de plomo, hierro, cobre y cinc de los países de la Europa occidental. Por lo que respecta a las posibilidades de desarrollo industrial, la pobre do tación de recursos hídricos y carboníferos, el retraso tecnológico, los bajos niveles del PIB por habitante y por kilómetro cuadrado, la pérdida de las colo nias y la relativa carestía del transporte limitaron la expansión de las activida des manufactureras, sobre todo de las metalúrgicas y de las de transformación de productos metálicos, e indujeron a las empresas a orientarse casi exclusiva mente hacia el mercado español. Pese a las restricciones, Cataluña logró, du rante los veinte y los treinta, sentar las bases de su industrialización. En definitiva, el crecimiento económico, especialmente hasta 1830, tuvo un carácter muy tradicional: se basó, ante todo, en el uso de más tierra y de más fuerza de trabajo. Ahora bien, el ritmo de expansión de las labores agríco las y la tasa de crecimiento de la población fueron netamente superiores a las que tuvieron lugar en otras fases históricas anteriores e incluso posteriores. Como la expansión productiva de después de la guerra de la Independencia tuvo un carácter tan tradicional y las posibilidades colonizadoras eran relativa mente amplias en el interior, es probable que el diferencial de crecimiento en tre la periferia y aquél fuese, de 1815 a 1840, inferior a los registrados en el siglo xvm y después de 1840.

LECTURA RECOMENDADA Alex Sánchez (2000), «Los inicios del sistema fabril en la industria algodonera ca talana, 1797-1839», Revista de Historia Económica, 18 (3), pp. 485-523.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA En su libro, Josep Fontana (1979), La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, Bar celona, Crítica, sintetiza otros trabajos suyos sobre la crisis de la Hacienda y el desmo ronamiento del Antiguo Régimen durante el reinado de Fernando VII. En el libro de Irene Castells y Antonio Moliner (2000), Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845), Barcelona, Ariel, se analizan, en pocas páginas, las transformaciones políticas registradas en nuestro país entre el estallido de la Revolución de 1789 y la consolidación del Estado liberal. En el trabajo de Ángel García Sanz (1985), «Introducción. Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800-1850)», en Á. García Sanz y R. Garrabou, eds.,

Historia agraria de la España contemporánea, 1: Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelona, Crítica, se examina la formación de las institucio nes agrarias liberales. En el trabajo de Leandro Prados de la Escosura (1993), «La pérdida del Imperio y sus consecuencias económicas», en L. Prados de la Escosura y S. Amaral, eds., La in dependencia americana: consecuencias económicas, Madrid, Alianza, se trata de me dir el impacto de la pérdida de las colonias americanas sobre los ingresos fiscales, el comercio exterior y el PIB.

6. EL DIFÍCIL ARRANQUE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1840-1880) P e r e Pa s c u a l y C a r l e s S u d r iâ Universidad de Barcelona

6 .1 .

E spaña a n te

l a

in d u s t r ia l iz a c ió n

e u r o p e a

: retos y

r e s p u e s t a s

1

El 3 1 de agosto de 1 8 3 9 los generales Espartero y Maroto sellaban en Vergara el fin de la primera guerra carlista en el territorio vasco-navarro. Los focos de resistencia de los partidarios de Carlos María Isidro en el Maestrazgo y en Cataluña quedarían sofocados a principios del verano de 1 8 4 0 . España ponía así punto final a casi cincuenta años de guerras exteriores e interiores práctica mente ininterrumpidas. En esas cinco décadas se habían producido cambios decisivos en el desarro llo económico de la humanidad de los que España se había visto forzosamente alejada. Las innovaciones tecnológicas y organizativas surgidas en Gran Bre taña a finales del siglo anterior se habían difundido por el continente tras el fin de las guerras napoleónicas en 1815. Las noticias de esos cambios habían lle gado a España, pero los intentos de introducirlos aquí habían sufrido los efec tos de la inestabilidad política y de las guerras. La paz abría una época de gran des oportunidades para el desarrollo económico por la vía de la adopción de tecnologías que permitían considerables aumentos de la productividad y la mo vilización productiva de recursos hasta ese momento sin explotar. Para que ese desarrollo fuera posible, sin embargo, debían darse una serie de condiciones económicas e institucionales. De hecho, esos condicionantes serían los que aca barían determinando el grado de desarrollo económico de España y el ritmo de mejora de los niveles de vida de los españoles durante esta primera fase de la industrialización. El estudio de este período lo vamos a iniciar con una referencia a la evolu ción de las principales magnitudes económicas para pasar, posteriormente, al análisis más detallado de los distintos factores que la determinaron.


204

Ritmos de crecimiento y pautas de transformación estructural El cálculo de las principales macromagnitudes económicas presenta serias dificultades, derivadas de la precariedad de las estadísticas disponibles. Las primeras estimaciones realizadas muestran, para estos años, unas tasas de creci miento económico incompatibles con lo que vamos sabiendo sobre el estan camiento del sector agrario.2 El cuadro 6.1 recoge, a título meramente orientativo, las elaboradas por Angus Maddison, que tienen la ventaja de permitir una comparación directa con otros países y el inconveniente de no ajustarse plena mente a nuestros límites temporales. El primer elemento que destaca es el ca rácter moderadamente expansivo del período. Entre 1850 y 1890 el producto total español habría aumentado a un ritmo del 1,7 por 100 anual, mientras la renta por habitante habría mejorado en un 60 por 100. Si añadimos a ello que el período 1840-1850, para el que Maddison no ofrece datos, fue sin duda tan to o más expansivo que el inmediatamente posterior, deberemos concluir que estas cuatro décadas fueron favorables al desarrollo económico, aunque lo fueran con moderación. Entre 1850 y 1890 España creció a mayor ritmo que algunas grandes eco nomías europeas, pero más lentamente que otras. Las distancias respecto de Alemania y Gran Bretaña aumentaron, aunque disminuyeron respecto de Fran cia. El retraso español era, a la altura de 1890, significativo: el producto por habitante equivalía a menos de la mitad del de Gran Bretaña y era un 25 por 100 inferior a los de Francia y Alemania; España superó los niveles italianos en la época en que Italia se constituyó como país unitario. Una tendencia positiva no implica un desarrollo uniforme. Como puede observarse en el gráfico 6.1 —elaborado sobre las cifras de L. Prados de la Es cosura—,3 entre 1850 y 1868 el crecimiento fue más o menos estable, aunque

C u a d ro 6 .1 . C r e c im ie n t o

d e l p r o d u c t o in t e r io r b ru t o to ta l y po r h a b it a n t e

(1850-1890) PIB total (millones $ de 1990)

España Francia Gran Bretaña Alemania Italia

PIB por habitante ($ de 1990)

1850

1890

Tasa de incremento anual (%)

1850

1890

Tasa de incremento a n u a l(%)

16.949 60.685 60.479 29.449 40.900*

32.802 94.176 143.477 70.648 51.707

1,7 1,1 2,2 2,2 1,2

1.147 1.669 2.362 1.476 1.467*

1.847 2.354 4.099 2.539 1.631

1,2 0,9 1,4 1,4 0,5

* Cifra de 1870. F u e n t e : M a d d iso n (1995).

205

EL D IFÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R I A L IZ A C IÓ N

G r á f i c o 6 .1 . V a r i a c i o n e s

d e l p r o d u c t o in t e r io r b r u t o ,

1850-1880

(EN PORCENTAJE RESPECTO A LA TENDENCIA)

quedan reflejados los efectos de la mala cosecha de 1856-1857. La caída de 1867-1868, en cambio, fue mucho más intensa y la recuperación no se alcanzó hasta 1872. Los años posteriores conocieron agudas fluctuaciones —hubo dis minuciones del producto en un año del 9 por 100 e incrementos del 15 por 100— , que son características de las economías atrasadas, con una agricultura fuertemente condicionada por los avalares climatológicos. El peso decisivo de la agricultura en la economía española queda patente en el cuadro 6.2. La población activa dedicada a la agricultura era, aproximada-

C u a d r o 6 .2 .

D

i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l d e l a p o b l a c i ó n a c t iv a

Agricultura y pesca

Industria

Servicios

1860

6 3 ,5

17,3

1 9 ,2

1887

6 4 ,7 4 9 ,2

17,1 2 7 ,8

2 3 ,0

Año

España España Francia Gran Bretaña Alemania Italia F uente:

(po r c en ta jes)

1870

18,1

1870

2 2 ,7

4 2 ,3

3 5 ,0

1870

4 9 ,5

2 8 ,7

2 1 ,8

1870

6 2 ,0

2 3 ,0

1 5 ,0

Pérez Moreda ( 1 9 8 4 )

y

Maddison ( 1 9 9 1 ) .

206


C uadro

6.3.

P roducto

in t e r io r b r u t o r e g io n a l

Producto interior bruto (miles de (%) millones de pías, de 1986)

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-León Castilla-La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja

(1860)

Población (1857) (miles de habitantes)

(%>)

PIB/habitante (índices) España España = 1 sin Madrid - 1

388 104 38 27 14 27 205 131 239 138 65 106 172 34 34 54 20

21,6 5,8 2,1 1,5 0,8 1,5 11,4 7,3 13,3 7,7 3,6 5,9 9,6 1,9 1,9 3,0 1,1

2.927 881 525 263 234 214 2.083 1.203 1.652 1.247 707 1.777 476 381 297 414 174

18,9 5,7 3,4 1,7 1,5 1,4 13,5 7,8 10,7 8,1 4,6 11,5 3,1 2,5 1,9 2,7 1,1

1,1 1,0 0,6 0,9 0,5 1,1 0,8 0,9 1,2 1,0 0,8 0,5 3,1 0,8 1,0 1,1 1,0

Total

1.795

100,0

15.455

100,0

1,0

Total (sin Madrid)

1.623

Fuente:

14.979

1,2 1,1 0,7 0,9 0,6 1,2 0,9 1,0 1,3 1,0 0,8 0,6 0,8 1,1 1,2 1,1

1,0

Álvarez Llano (1986) y Nicolau (1989), recogidos en Germán y otros (2001).

mente, dos tercios del total, y la situación no parece haber variado entre 1840 y 1880. El indudable incremento en términos relativos del producto de las ac tividades manufactureras se debió, básicamente, a la mejora de la producti vidad industrial, pues no aumentó el porcentaje de la población ocupada en el sector secundario. Hay que subrayar, no obstante, que no cabe identificar agri cultura con atraso ni industria con modernización, porque dentro de ambos sec tores convivían formas de producción y de organización muy distintas. Esta época se caracterizó en Europa por un avance de las actividades industriales en el producto total; en España, este proceso fue lento y tardío, así que no debe extrañar que fuera el país con menor proporción de la población activa ocupa da en la industria (véase el cuadro 6.2). Como es natural, ni la actividad económica ni sus cambios se distribuían de forma uniforme por el territorio español. Las diferencias venían de lejos y se mantuvieron, aunque con cambios, durante esta primera fase de la industria lización. Las estimaciones regionales del producto son todavía menos precisas

E L D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

207

que las de carácter nacional y hay que tomarlas a título meramente indicativo. El cuadro 6.3 muestra que, dejando al margen el caso atipico de Madrid, la actividad estaba muy concentrada en Andalucía, Cataluña y Castilla-León, y que, en términos por habitante, eran Cataluña, Cantabria, Andalucía y el País Vasco, las regiones con mayor desarrollo. En el otro extremo, Canarias, Gali cia y Asturias aparecen como las menos desarrolladas. Tales apreciaciones no coinciden plenamente, como veremos, con los testimonios disponibles sobre las innovaciones introducidas en diversos ámbitos productivos.

La población y el bienestar económico El crecimiento no consiguió sacar a España de la cola de Europa en as pectos esenciales del bienestar económico, como el régimen demográfico. El crecimiento de la población española fue el menor entre los países de nuestro entorno (véase el cuadro 6.4), pero más grave resulta el que este hecho se de biera a una tasa de mortalidad notablemente más elevada. La esperanza de vida de un español nacido en 1870 era muy inferior a la de los ciudadanos de otros países de Europa occidental, con excepción de Italia. Esta elevada mortalidad surgía, en parte, de la persistencia de súbitas mortandades, relacionadas, en unos casos, con la aparición de enfermedades epidémicas (el cólera ocasionó 240.000 muertos en 1853-1855 y 120.000 en 1885) y, en otros, con la escasez de alimentos. España sufrió recurrentes crisis de subsistencias en 1847, 18561857, 1868 y 1882, con graves repercusiones en la mortalidad local y regional. Pese a la importancia de estos fenómenos, la razón básica de la elevada mortalidad española era la altísima tasa de mortalidad infantil y juvenil. Hacia 1860, 40 de cada 100 nacidos vivos morían antes de alcanzar los 11 años, y ello no mejoró hasta la primera década del siglo xx. Naturalmente, esta situación era un reflejo de unas deficientes condiciones de vida y de la carencia de ser vicios médicos y sociales. Otro indicador de esas mismas carencias lo cons tituye la altura de los varones españoles a los 19-20 años, que pasó de 1,62 metros para los quintados en 1855 (y nacidos en 1835) a 1,60 metros para los quintados en 1895 (nacidos en 1876). En medio de estas dificultades, los movimientos migratorios, tanto exterio res como interiores, fueron poco importantes. Entre 1860 y 1880 salieron ha cia América unas 325.000 personas, pero la tasa de retorno fue muy elevada; en algunos períodos se registraron saldos migratorios positivos. Los movimien tos internos fueron esencialmente intrarregionales, con la única excepción de Madrid, que recibió un flujo moderado de inmigrantes de las regiones vecinas. En conjunto, la distribución territorial de la población varió poco en estos años. Los españoles siguieron viviendo esencialmente en núcleos rurales. Hacia 1860 sólo un 22,5 por 100 de la población habitaba en municipios de más de 5.000 habitantes. La precariedad de la vida de los españoles de mediados del siglo xix queda también patente en los indicadores referidos a la educación. Hacia 1870 úni-

208

C


uadro

6.4.

España

E v o l u c ió n

d e la p o b l a c ió n e in d ic a d o r e s d e d e s a r r o l l o h u m a n o

Francia

Gran Bretaña

Alemania

Italia

1850 34,0 1880 45,2

1852 24,4 1880 28,5

Población (millones)

1857 15,5 1877 16,6

1850 35,8 1880 37,7

1850 20,8 1880 29,7

Tasa de crecimiento anual (%) *

0,3

0,3

Número medio de hijos por mujer, 1875 Esperanza de vida al nacer, 1870 (años) Población alfabetizada, 1870 (%) Población en edad escolar escolarizada, 1870 (%) índice de desarrollo humano (1DH), 1870

1,2

0,9

España

Francia

4,64

2,60

0,5

Gran Bretaña Alemania

3,35

3,98

Italia.

4,50

33,7

42,0

41,3

36,2

28,0

30

69

76

80

21

26

41

35

42

16

0,219

0,400

* A ju sta d a a los cam b io s de fronteras. F u e n t e : N a d a l (1984); M itchell (1998); Livi-B acci

0,496

0,397

0,187

(1990); C rafts (1997).

camente el 30 por 100 de la población española podía considerarse alfabetiza da y tan sólo asistía a la escuela una cuarta parte de los niños en edad escolar. Estos niveles eran muy inferiores a los de los países de nuestro entorno, con la excepción de Italia (véase el cuadro 6.4). Si consideramos el índice de de sarrollo humano (IDH), que combina la renta por habitante con la esperanza de vida e indicadores educativos, la situación española de 1870 aparece muy alejada de los estándares de los países más desarrollados de Europa, y sólo li geramente superior a la italiana.4 6 .2 .

E

l e s t a n c a m ie n t o d e l a p r o d u c t iv id a d a g r a r ia : u n a t r a s o d e c is iv o

Los efectos de los cambios institucionales: el nuevo orden agrario En la España de mediados del siglo xix, la tierra era un factor de produc ción fundamental. Por consiguiente, la reforma agraria liberal tuvo una im portancia decisiva en la determinación del crecimiento económico. Pero algo

EL D IFÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

209

no cambió. La posesión de la tierra —monopolizada por la nobleza y por la Iglesia— era muy sesgada en la España del Antiguo Régimen, y su distribu ción se caracterizó también por un reparto muy desigual después de la refor ma. Ésta tuvo por objetivo primordial conseguir la plena consolidación de la propiedad privada de la tierra a través de diferentes líneas de actuación: di solución del sistema señorial, abolición del mayorazgo, desamortizaciones y supresión del diezmo. La disolución del régimen señorial tuvo consecuencias importantísimas. En general, los campesinos de aquellas zonas del país — el norte y el noreste de España— que poseían la tierra en enfiteusis (o formas análogas: foros, rabassas, censos reservativos) se convirtieron en propietarios; sucedió lo mis mo en la Meseta septentrional castellana y en la meridional hasta la línea del Tajo. Por el contrario, en la mitad meridional de España — La Mancha, Extre madura y la totalidad de Andalucía— , las grandes casas de la nobleza logra ron privatizar enormes patrimonios rústicos. Esto respondía, de hecho, al pacto implícito en el que se fundamentó la abolición del sistema señorial, consisten te en garantizar la integración de la nobleza en la nueva clase terrateniente. En cualquier caso, el resultado fue la confirmación de un reparto muy desigual de la tierra en todo el país, pero con unas diferencias de escala considerables. En la mitad septentrional de España, los «grandes propietarios» pasaron a poseer, a lo sumo, unos centenares de hectáreas; en la meridional — la España del latifundio— , tal concepto se relaciona con la propiedad de millares de hectáreas. Las desamortizaciones se dividen, a su vez, en dos vertientes: la desamor tización de las tierras de ambos cleros (el regular y el secular) y la de las tierras concejiles y comunales. El trasiego de fincas a que dio lugar tuvo sus momen tos álgidos durante los períodos de 1 8 3 6 - 1 8 4 9 , 1 8 5 5 - 1 8 5 6 y 1 8 5 9 - 1 8 6 7 (véase el cuadro 6 . 5 ) . La privatización de las tierras de manos muertas — que en Es paña tenían una extensión insólitamente elevada— no contribuyó a equilibrar la desigual distribución de la propiedad anterior a la reforma. En el caso de la propiedad eclesiástica, los estudios existentes muestran que los compradores fueron, mayoritariamente, medianos y grandes labradores que disponían de re cursos para aprovechar tal oportunidad. Los campesinos que hasta entonces habían cultivado esas tierras continuaron desposeídos. En general, siguieron vinculados al cultivo de tales predios como arrendatarios a corto plazo, aun que en peores condiciones que antaño debido a la liberalización del mercado. Para contrarrestar, en alguna medida, estas disposiciones desfavorables a los campesinos sin tierra, los liberales consideraron — en las Cortes de Cádiz, durante el trienio liberal y todavía en 1 8 3 9 — el reparto gratuito de gran parte de las cuantiosas tierras de propiedad comunal y municipal. Pero cuando se hizo la desamortización civil, se perdió esa posibilidad. En efecto, en 1 8 5 5 la ley de desamortización general de Pascual Madoz dispuso la venta — en públi ca subasta y a pagar en metálico en el plazo de catorce años— de los bienes raíces, censos y foros que quedaban por desamortizar de la Iglesia, beneficen cia y de instrucción pública; de las tierras de propios, de los municipios; y de

210 C

uadro


6 .5 .

P roducto

d e la d e s a m o r t iz a c ió n d e t ie r r a s , c e n s o s y fo r o s

( 1 8 3 6 - 1 8 9 5 ) ( m il l o n e s

Tierras de la Iglesia

Tierras de propios

de reales)

Otras fincas

1 8 3 6-1849

3 .8 2 0

1 855-1856

323

160

283

1859-1867

1 .2 7 6

2 .0 2 9

1868-1895

s .d .

s .d .

Total tierras

Censos y foros

Total ingresos p or ventas

Ingreso medio anual

3 .8 2 0

635

4 .4 5 5

3 4 2 ,7

767

175

9 41

912

4 .2 1 7

222

4 .4 3 9

9 4 1 ,4 5 5 4 ,8

s .d .

2 .8 7 6

s .d .

2 .8 7 6

1 0 6 ,5

s.d.: sin datos. F u e n t e : Fontana (1973) y Nadal (1975).

las tierras comunales de cualquier especie. En este caso, se estableció que la Iglesia sería indemnizada mediante la entrega de deuda consolidada del 3 por 100 intransferible, por importe del producto obtenido de la enajenación de sus bienes, y que los municipios recibirían un volumen de deuda equivalente al 80 por 100 del valor en venta de sus tierras. El Estado se reservaba el importe del 20 por 100 de los propios y de la totalidad de las tierras comunales. Se es tableció que estos fondos se dedicarían, en primer lugar, a financiar el déficit presupuestario, y que el sobrante se dividiría por mitad y se invertiría en la amortización de deuda pública y en la financiación de obras públicas; es decir, básicamente, en las subvenciones que se pensaban otorgar a las compañías ferroviarias. Por lo que a la enajenación de comunales se refiere, la ley admitió la posibilidad de algunas excepciones: los montes y bosques que el poder eje cutivo creyera inoportuno desamortizar y otros terrenos de aprovechamiento común que, a petición de ayuntamientos y diputaciones provinciales, el go bierno resolviera eximir.5 Esta postrera etapa desamortizadora favoreció, de nuevo, a los medianos y grandes propietarios que pudieron ampliar aún más sus posesiones. Los efectos negativos sobre las condiciones de vida de los campesinos y pequeños propie tarios fueron intensos, ya que la privatización de las tierras de uso común les privó de recursos (pastos, leña, caza) que, hasta entonces, les habían permitido complementar sus escasos ingresos. Por otro lado, la privatización de los co munales —salvo algunas masas forestales de alguna provincia castellana y de zonas de alta montaña que quedaron exceptuadas— propició la ampliación de la superficie cultivada e implicó un notable retroceso de las masas boscosas y la sustitución de las especies forestales autóctonas (encinas y robles) por coniferas de más rápido crecimiento. Los pinares resultaron, sin duda, más rentables para sus dueños, aunque ello comportó la introducción de algunas especies poco adecuadas a las condiciones edafológicas del país.6 La abolición del régimen señorial y la desamortización crearon una clase terrateniente rentista y, en elevadas proporciones, absentista. La gran mayoría

E L D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

211

de los nuevos propietarios, ante la presencia de un enorme número de campe sinos sin tierra y sedientos de ella, optó por ceder sus propiedades en grandes y pequeños arriendos. El predominio de la cesión de tierras en contratos a muy corto plazo y la tendencia al alza de los precios agrarios y las rentas de terminaron que la inversión en mejoras agrarias fuera prácticamente nula. En consecuencia, la productividad por activo agrario tendió a permanecer estan cada a largo plazo. De la mencionada distribución de la propiedad territorial se derivaron otras implicaciones negativas. La más importante fue, sin duda, condenar a la gran masa de la población activa agraria —los jornaleros— a un bajísimo nivel de renta y a una situación crónica de desempleo estacional.7

Extensión y especialización La expansión de la superficie cultivada desempeñó un papel fundamental en el crecimiento del producto agrario entre 1840 y 1880, y fue posible gra cias a las desamortizaciones, especialmente la de bienes comunales. Esto trajo consigo la regresión de las superficies forestales y de las tierras dedicadas a pastos permanentes, lo cual, por otro lado, limitó enormemente la subsistencia de las ganaderías tradicional y trashumante, así como la producción de lana, carne y leche. Además, la evolución de la agricultura española estuvo sumamen te condicionada por la política comercial y por la construcción de la red ferro viaria. Entre 1820 y 1868 imperó la prohibición a la importación de cereales — salvo en las crisis de subsistencias— , y en los años posteriores una política altamente proteccionista. El ferrocarril contribuyó a abaratar el transporte, facilitó la integración del mercado interior e impulsó procesos de especializa ción de la producción.8 • El crecimiento agrario estuvo estrechamente relacionado con la expansión de la producción cerealista. Paralelamente, aumentó la cabaña de animales de tiro (caballos y mulos), que proporcionaban fuerza motriz al sector agrícola y a los servicios de transporte en los centros urbanos y en las áreas rurales. En consecuencia, la producción de cereales pienso (cebada y avena) experimentó un incremento mayor que la de cereales panificables. A mediados de siglo, el cultivo cerealista ocupaba, en las dos Castillas, Extremadura, Aragón y Murcia y en muchas provincias andaluzas, más del 80 por 100 de la superficie agrícola. En la década de 1880 el sistema del cereal acaparaba en tomo al 77 por 100 de la superficie total cultivada (véase el cuadro 6.6). La producción cerealista se caracterizó por la per vivencia de métodos de cultivo ancestrales. Apenas hubo cambios técnicos: la mecanización fue prác ticamente inexistente; las mejoras en el instrumental agrícola, anecdóticas; la utilización, en proporciones significativas, de abonos minerales y químicos no se desarrolló hasta comienzos del siglo xx. En 1888 el barbecho todavía equi valía al 44,8 por 100 de la superficie dedicada al sistema del cereal. Esta superficie permanecía, mayoritariamente, improductiva, dado que se hallaba poco generalizada la siembra de plantas leguminosas o de abonos verdes en


212

C uadro

6.6.

E structura

d e l u s o d el s u e lo a g r íc o l a en

E spaña

(1860

y

1888)

(MILLONES DE HECTÁREAS)

1860

%

1888

%

8,0 6,5

42,6 34,6

Sistema del cereal: - superficie sembrada - barbecho

s.d. s.d.

Total sistema del cereal

12,9

80,7

14,5

77,2

2,1 1,0

13,1 6,2

3,0 1,3

15,6 7,2

Superficie agrícola total

16,0

100,0

18,8

100,0

Bosques privados y públicos Terreno improductivo

29,0 5,5

s.d. s.d.

Superficie total

50,5

50,5

Viña y olivar Otros cultivos

s.d.: sin d a t o s . F u e n t f .: G a r ra b o u y S anz (1985).

los barbechos. Entre 1830 y 1880, la productividad permaneció estancada (véa se el cuadro 6.7), mientras que los rendimientos por unidad de semilla sem brada oscilaban en ciclos de una duración decenal, en función de los avatares climatológicos. Las fluctuaciones intcranuales de los rendimientos (y de las cosechas) continuaron siendo amplias, dado que con frecuencia superaron el 40 por 100 respecto de la producción media del período y, en ocasiones, el 60 por 100. Los periódicos hundimientos de la producción conllevaron la persis tencia de las crisis agrarias. Las alzas del precio del trigo fueron intensas en 1835, 1847, 1857, 1868 y, todavía, en 1882. En tales circunstancias se autori zaba la importación de choque de cereales, pero las entradas de trigos extran jeros no fueron suficientemente ágiles para evitar las hambrunas en muchas regiones españolas. Además, la operatividad de tales importaciones se vio mermada por el problema del transporte hasta la década de 1860. Aunque parezca paradójico, estas carestías no impidieron que algunos tra tadistas de la época especularan con la posibilidad de que España se convirtie ra en exportador privilegiado de trigos y harinas a la Europa del Norte. Esta quimera quedó en nada. Entre 1850 y 1879 las exportaciones de trigo y harina (reducida a trigo) se cifraron en 2,4 millones de toneladas, la mayoría de ellas enviadas a Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, las importaciones sumaron 3 mi llones de toneladas, con lo que, de hecho, hubo un déficit neto.9 La omnipresencia del cultivo cerealista coexistió, en algunas regiones peri féricas, con una diversificación agraria, impulsada por la demanda exterior. La

EL D IFÍC IL A R R A N Q U E DE LA IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

C u a d r o 6 .7 .

213

P r o d u c c ió n y re n d im ie n to s d e t r ig o , c e re a le s , v in o y a c e it l (1 8 0 0 -1 8 6 0 )

Superficie sembrada (miles de ha) 1800

Trigo Cereales Viña Olivar

1860

Producción (miles de qm)

Rendimientos (qm/ha)

1800

1860

1800

I860 5 ,8 0

2 .9 0 0

5 .1 0 0

1 8 .3 0 0

2 9 .5 9 0

6 ,3 1

6 .1 0 0

9 .0 0 0

3 9 .5 0 0

5 5 .7 5 0

6 ,4 7

6 ,2 0

400

1 .2 0 0

3 .8 5 0

1 0 .3 0 0

9 ,6 2

9 ,0 0

859

690

1 .4 4 0

1 ,6 7

F u h n te: M ille t (2 0 0 1 ).

viticultura fue, sin duda, la gran protagonista de esta intensificación. La espe cialización vitícola alcanzó gran extensión en Cataluña y, en menor medida, en el País Valenciano, potenciada por la expansión de las exportaciones vitíco las a Ultramar a partir de comienzos de la década de 1830. También registró un notable desarrollo en algunas provincias andaluzas, cuyos caldos de calidad —los finos jerezanos y los vinos negros y dulces de Málaga— se exportaron preferentemente hacia el mercado inglés. Por otro lado, la expansión de la de manda urbana interna potenció cierto desarrollo del cultivo de la vid en algu nas provincias castellanas (Valladolid, Palencia, La Rioja), así como en algunas zonas de Galicia. La edad de oro de la especialización vitícola se registró en la década de 1870, a raíz del boom exportador de vinos a Francia, cuando la fi loxera provocó el hundimiento de la producción francesa. Esta expansión de la demanda externa determinó que el cultivo de la viña no sólo se incrementara en las zonas tradicionalmente vitícolas, sino que también se desarrollara en pro vincias —como alguna de las manchegas— hasta entonces decantadas hacia el cultivo de cereales. Esta coyuntura duró poco. En los años finiseculares, la filoxera arrasó gran parte de la viña española, lo que dio paso a una larga crisis. El olivar alcanzó la condición de cultivo especializado en algunas zonas del país bajo el impulso de la demanda exterior. Los mayores avances de este cultivo arbóreo se concentraron, a mediados del xix, en las regiones andaluza (especialmente en Córdoba y Sevilla) y catalana (principalmente en Tarrago na), y, en menor medida, en el País Valenciano y Baleares. La expansión de las exportaciones de aceites y la tendencia alcista de los precios alcanzaron su cumbre en la década de 1870, mientras que el último cuarto de siglo fue una época de crisis para el olivar español. Finalmente, hay que citar el auge, a par tir de mediados de siglo, de las exportaciones de naranjas, cuyo cultivo se en contraba muy concentrado en el País Valenciano. Un aprovechamiento intensi vo de los recursos hídricos y la disponibilidad de tierras de aluvión de gran calidad posibilitaronTa coexistencia de los naranjales con multitud de cultivos hortícolas y arrozales. Esto propició el desarrollo de una agricultura de altos

214

H IST O R IA E C O N Ó M I C A D E E SPA Ñ A

rendimientos, caracterizada por un abundante uso de abonos y unos esmera dos métodos de cultivo, muy intensivos en trabajo. Este tipo de agricultura in tensiva se desarrolló también en determinadas zonas del litoral catalán (el Maresme, el Baix Llobregat). En otras comarcas de Cataluña, como en el Baix Camp — en secanos de suelos pobres— se registró la expansión del cultivo es pecializado del avellano, también bajo el impulso de demandas externas. En cualquier caso, la expansión de los cultivos especializados —más intensivos que el cultivo cerealístico tradicional— fue bastante limitada. En 1888 la vid y el olivo sólo ocupaban el 15,6 por 100, y los otros cultivos —entre los que se contaban los intensivos de tipo hortícola— el 7,2 por 100 de la superficie agrí cola, respectivamente. Pese a su modestia, el avance de estos cultivos explica, en sumo grado, los escasos progresos de la productividad agraria durante el último tercio del xix.10

Las causas de la pobreza agraria: ¿la tierra o los hombres? Esa agricultura cerealista que absorbía gran cantidad de recursos (tierra, fuerza humana de trabajo y fuerza de tracción animal) y que aportaba la ma yor parte del producto agrario explica los reducidos niveles de productivi dad. El hecho de que los parámetros productivos de la agricultura española se situaran, a finales del xix, entre los más bajos de la Europa occidental revela un atraso indudable y el fracaso de las expectativas auspiciadas por la reforma agraria liberal.11 Tal situación se ha intentado explicar atribuyendo la res ponsabilidad última a las condiciones naturales que se dan en España. Es in negable que el clima de la mayor parte de la península no permitía la adopción del sistema de la new farm ing inglesa que se difundió por el norte de Europa, es decir, la alternancia del cultivo de cereales y plantas forrajeras, y el consi guiente desarrollo de la ganadería estabulada. Pero la única limitación que im ponía la escasa pluviosidad y el relativamente bajo nivel de humedad — salvo en la cornisa cantábrica— era que la intensificación de la agricultura no se podía basar simplemente en la adopción mimética de la vía que seguían los países de la Europa atlántica.12 La intensificación agraria, en las condiciones edafológicas y climáticas de España, se podía haber fundamentado en otros objetivos. En primer lugar, conseguir un aprovechamiento intensivo de las aguas superficiales y subterrá neas, con objeto de combatir la aridez del país; en segundo lugar, propiciar el desarrollo de los cultivos especializados de tipo arbustivo y arbóreo (viña, oli vos, almendros, avellanos), que ofrecían buenos rendimientos en suelos po bres y con bajos niveles de humedad; y, en tercer lugar, limitar el monocultivo cerealista, impulsando el desarrollo de explotaciones agrarias con mayores niveles de diversificación con objeto de limitar el grado de desempleo estacio nal, y aumentar la productividad de la población activa agraria. Evidentemen te, la expansión sostenida de cultivos especializados como la viña y el olivar exigía, además, mejorar los procesos de elaboración del producto. Había que

CL D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E LA I N D U S T R IA L IZ A C IÓ N

215

mejorar los métodos de vinificación y destilación de los caldos y de molienda, prensado y refino de los aceites adaptándolos a las exigencias de la demanda, así como renovar y ampliar las redes de comercialización. Este modelo de crecimiento agrario no era impensable ni inasequible en la España de la segunda mitad del xix. Existía el precedente del desarrollo de la agricultura catalana durante el siglo xvm que, ante la imposibilidad de adap tar el cambio agrario noreuropeo, registró una notable intensificación por una vía distinta: la especialización en cultivos arbustivos y arbóreos, y, en especial, en la vid. Paralelamente, se consiguió un aprovechamiento relativamente inten so de las aguas superficiales y subterráneas —mediante presas y acequias en los ríos y a través de minas, pozos y norias— , que posibilitó el desarrollo en algunas zonas de una horticultura muy intensiva. Un proceso semejante tuvo lugar en el País Valenciano a lo largo del siglo XIX. Las marinas se con virtieron en feraces huertas, y en las comarcas montañosas y secas del interior de la región, el cereal retrocedió ante el avance del cultivo de la viña, el algarro bo y el olivo.13 Evidentemente, este tipo de agricultura —adaptada a las condiciones edafológicas del clima mediterráneo-—requería un nivel relativamente elevado de inversión. Tales inversiones podían fragmentarse en multitud de pequeñas ini ciativas —presas en los ríos, pozos, minas— , aunque era indispensable la rea lización de grandes obras hidráulicas: pantanos y canales destinados a irrigar grandes superficies. Esto requería un fuerte desembolso de capitales que sólo podían realizar sociedades anónimas (es el caso del canal de Urgell) o el Esta do. El gran problema de la agricultura española del siglo xix fue la escasa in versión que recibió, tanto de los particulares como del Estado. ¿Por qué la inver sión en el sector agrícola fue ínfima? En lo referente al Estado, veremos de inmediato que sus posibilidades financieras se vieron estrechamente limitadas por la resistencia que encontró al incremento de la presión fiscal y al mero cumplimiento de las normas fiscales. Un hecho, este último, que fue especial mente patente en el caso de la contribución agrícola y pecuaria. Por otro lado, el propio Estado decidió dedicar sus escasos recursos a fomentar las inversio nes ferroviarias frente a cualquier otra alternativa, incluidas las obras hidráuli cas.14 Los grandes propietarios agrarios también apoyaban esta opción, ya que pensaban que la nueva red de transportes mejoraría la comercialización de sus productos y, por ende, las rentas que obtenían de sus tierras. En cuanto a la inversión privada, las razones de su debilidad hay que bus carlas en la propia estructura de la propiedad surgida de la reforma liberal. Las expectativas de que esta reforma propiciara el desarrollo de una burguesía agraria emprendedora —que invirtiera en mejorar la productividad de sus ex plotaciones con objeto de maximizar sus beneficios— pronto se desvanecie ron. La nueva clase terrateniente optó, mayoritariamente, por ceder la mayor parte, o la totalidad, de sus tierras en grandes y pequeños arrendamientos a corto plazo para poder ajustar la renta a las variaciones de los precios agrarios y de la tierra. En estas condiciones, los campesinos no iban a dedicar ni su esfuerzo ni su dinero a introducir mejoras de las que sabían que no podrían

216


beneficiarse. Y tampoco lo harían los propietarios. El prohibicionismo (y la elevada protección arancelaria después), en el contexto de una constante ex pansión de la demanda interna, propició que el precio de los cereales experi mentara un alza sostenida, entre 1850 y 1880, y aún mayor fue la de la renta de la tierra.15 Evidentemente, este tipo de relaciones contractuales auspiciaban el predominio de un cultivo de ciclo anual, como el cereal, que no requería apenas inversiones ni demandaba la adquisición de inputs externos. Sin nece sidad de realizar inversión alguna, esta agricultura cerealista de bajísima pro ductividad proporcionaba ingresos crecientes a la clase terrateniente, pero condenaba a los campesinos a muy bajos niveles de renta y a un aprovecha miento deficiente de su capacidad de trabajo. No debe extrañarnos, pues, que los pocos cambios registrados en los usos de la tierra se dieran, esencialmente, en zonas de predominio de la propiedad familiar y allí donde predominaran contratos de arrendamiento más estables {rabassa moría).

6 .3 .

E s t a d o , in f r a e s t r u c t u r a s y

c a p it a l e s

El fiasco de la reforma fiscal y sus consecuencias A principios del siglo XIX coexistían en España sistemas fiscales distintos según los territorios. En el caso de la antigua corona de Castilla se trataba de un conglomerado de rentas de origen medieval que se superponían unas a otras. En su conjunto, era un sistema difícil de gestionar y que ofrecía bajos in gresos. La reforma tributaria del ministro de Hacienda Alejandro Mon, que contó con el asesoramiento y colaboración de Ramón Santillán, promulgada por ley de 23 de mayo de 1845, tuvo por objetivos la unificación fiscal del país y la modernización de los ingresos del Estado, introduciendo los principios tributarios liberales: legalidad, suficiencia y generalidad. Se esperaba que la reforma — en conjunción con la drástica reducción de la deuda en circulación de resultas de las desamortizaciones— permitiera alcanzar el equilibrio presu puestario. El nuevo sistema fiscal era mixto. Estaba constituido por impuestos directos (la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, la contribución in dustrial y de comercio y el derecho de hipotecas y sucesiones), indirectos (las aduanas y el impuesto de consumos, que gravó la comercialización de vino, carne, aceite y jabón), y estancos, que continuaron reducidos a los monopolios del tabaco, de la sal y de las loterías. Pronto quedó claro que no se conseguiría recaudar lo establecido por la ley de 1845. La resistencia de las clases propietarias a pagar debidamente los im puestos directos resultó políticamente insalvable. Esto determinó que carecie ra de sentido la confección del catastro de la riqueza rústica. En la discusión y aprobación anual del presupuesto se establecía la cantidad que los propietarios estaban dispuestos a pagar, y dicha suma se distribuía por el sistema de cupos. Primero, a nivel provincial, y después, municipal. Por último, las corporacio-

EL D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E L A IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

C u a d r o 6 .8 .

217

E s t r u c t u r a d e l o s in g r e s o s o r d in a r io s y d e l g a s t o f u n c i o n a l d e l

E s ta d o e sp a ñ o l (1 8 5 0 -1 8 8 0 ) (e n po r centajes )

In g r e s o s o r d in a r io s Territorial Industria Utilidades Derechos e inmuebles y comercio reales

29

4 4 4 4 5

3

3

4

22

5

4

3

4

1 8 5 5 -1 8 5 9

22 22

1 8 6 0 -1 8 6 4

20

1 8 6 5 -1 8 6 9

21

1 8 7 0 -1 8 7 4 1 8 7 4 -1 8 8 0

1 8 5 0 -1 8 5 4

Timbre Aduanas Consumos Tabacos

Loterías

Otros ingresos

1

1

5

12

12

14

7

1

2

5

13

6

14

7

0

2

5

12

9

16

9

25

2

2

5

10

5

15

7

30

11

2

13

8

22

12

11

12

7

20

22 21

Gasto funcional

Defensa

Servicios generales

Servicios económicos

Pensiones

Educación

Servicio de la deuda

Otros gastos

1 8 5 0 -1 8 5 4

25

31

6

10

1

15

12

1 8 5 5 -1 8 5 9

22

26

9

8

1

21

13

1 8 6 0 -1 8 6 4

26

22

11

6

1

22

12

1 8 6 5 -1 8 6 9

18

20

8

6

1

38

9

1 8 7 0 -1 8 7 4

25

16

6

6

1

39

7

1 8 7 4 -1 8 8 0

27

19

8

6

1

28

11

Fuente;

Comín (1988 y 1996).

nes locales recaudaban el cupo que se les había asignado sobre la base de unos censos (amillaramientos y matrículas industriales) elaborados por los propios municipios. No debe sorprender, en consecuencia, que entre 1850 y 1879 la contribución territorial y de inmuebles y la industrial y de comercio sólo apor tasen un 21 por 100 y un 3,8 por 100 de los ingresos ordinarios, respectiva mente (véase el cuadro 6.8). La aceptación de este statu quo obligó en 1851 al ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo, a tratar de conseguir el equilibrio presupuestario a base de reducir las cargas financieras de la deuda de una manera extremadamente heterodoxa: por vía de «arreglo». Decretó la conversión forzosa de todas las deudas existentes —a intereses del 4 y 5 por 100— por la nueva deuda con solidada al 3 por 100 y la reducción a la mitad de los cuantiosos intereses im pagados. Semejante malabarismo hacendístico tuvo sus costes: suscitó las iras de los tenedores británicos de deuda española y determinó el cierre, durante años, de la Bolsa de Londres a la cotización de todo tipo de valores españoles. Pese a tan drásticas medidas, el ansiado equilibrio presupuestario duró poco. Primero, la presión popular obligó a suspender, eventualmente, el cobro del

218 C u a d r o 6 .9 .


E v o l u c i ó n d e l s a l d o p r e s u p u e s t a r io d e l E s t a d o e s p a ñ o l ,

DL LA MAGNITUD DF. LA DEUDA EN CIRCULACIÓN Y DE LA PRESIÓN FISCAL (1 8 5 0 -1 8 8 0 )

Liquidación de los presupuestos (totales quinquenales en millones de ptas. corrientes)

O)

(2)

Ingresos ordinarios

Gasto público

(1 -2 )

D euda/P IB

Ingresos /PIB

(%)

(%)

1 8 5 0 -1 8 5 4

1 .6 8 3

1 .7 6 6

-8 3

6 7 ,1

1 8 5 5 -1 8 5 9

2 .1 0 9

2 .3 3 3

-2 2 4

5 4 ,0

1850

6 ,0

1860

7 ,1

1 8 6 0 -1 8 6 4

2 .6 0 5

3 .3 1 7

-7 1 2

4 6 ,0

1 8 6 5 -1 8 6 9

2 .6 8 0

3 .5 3 1

-8 5 1

5 4 ,6

1 8 7 0 -1 8 7 4

2 .7 0 4

3 .7 4 2

-1 .0 3 8

9 4 ,6

1870

6 ,1

1 8 7 5 -1 8 7 9

3 .6 9 0

3 .9 4 3

-2 5 3

1 2 6 ,2

1879

7 ,7

F u e n t e : C o m ín (1 9 8 8 y 19 9 6 ).

impuesto de consumos durante el bienio progresista (1854-1856), lo que trajo consigo, de nuevo, el déficit. Después, la moderada política expansiva del gas to público practicada por los gobiernos de la Unión Liberal acarreó unos défi cit presupuestarios crecientes a lo largo de la década de 1860 y condujo, una vez más, a la Hacienda española al borde de la suspensión de pagos (véase el cuadro 6.9). El régimen surgido de la revolución de 1868 (la «Gloriosa») here dó esta situación, con el agravante de que para satisfacer las reivindicaciones populares se tuvo que prescindir de nuevo del cobro del impopular impuesto de consumos. Como ya había sucedido en el bienio progresista, esto ocasionó un fuerte descenso de la recaudación y un incremento del déficit. El ministro de Hacienda Laureano Figuerola y el grupo de «economistas» vinculados a la revolución pensaban que la liberalización del sistema eco nómico procuraría un aumento de la base imponible a medio plazo y, consi guientemente, un incremento de los ingresos, y que la implantación de un impuesto sobre la renta ayudaría a conseguir el anhelado equilibrio presupues tario. Mientras tanto, los acuciantes problemas financieros se resolvieron a base de ingresos extraordinarios como la venta de algunos ricos yacimientos mineros de propiedad pública (como Río Tinto), o mediante empréstitos con onerosas contrapartidas, como el formalizado con los Rothschild a cambio del monopolio de comercialización del mercurio de Almadén.16 Estos recursos pronto se agotaron y también se desvanecieron las expecta tivas de otorgar mayor progresividad al sistema fiscal, puesto que el impuesto personal que intentó implantar Figuerola fue imposible de cobrar. La suspen sión de pagos resultó inapelable a partir de 1872. Esta situación de bancarrota trajo consigo la imposibilidad de seguir financiando el déficit de manera orto-

EL D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E L A IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

219

doxa; es decir, mediante la negociación de la deuda en los mercados financie ros. La subsistencia del Estado exigió otorgar el monopolio de emisión de mo neda fiduciaria al Banco de España —por decreto de 19 de marzo de 1874 promulgado por José Echegaray, otro destacado miembro de la escuela «econo mista»— a condición de que éste proporcionara al Tesoro los créditos necesa rios para financiar el déficit, respaldados con depósitos de deuda pública en las arcas del banco emisor.17 El hecho de prescindir de los mercados financie ros creó las condiciones para un nuevo «arreglo» de la deuda. Fue iniciado por Pedro Salaverría en 1876 al disponer, unilateralmente, una reducción de los intereses, y lo culminó Juan Francisco Camacho, quien decretó en 1882 la conversión forzosa de la deuda en circulación, consistente en reducir a la mi tad su valor nominal y aumentar un punto el tipo de interés (que pasó del 3 al 4 por 100). La reforma fiscal del liberalismo intentó modernizar el sistema tributario español y poner fin al caos hacendístico anterior, pero su aplicación resultó un fracaso sin paliativos. El déficit presupuestario se tomó crónico.18 Esto plantea la cuestión de si tal desequilibrio se debió a un gasto público excesivamente elevado, o si, por el contrario, debe achacarse a que se recaudaba poco. La pre sión fiscal no registró cambios considerables entre 1850 y 1880 (osciló entre el 6 y el 7,5 por 100 del PIB), mientras que el gasto público creció —salvo en el período de 1857 a 1864— a una tasa anual acumulativa algo superior al 2 por 100. Por tanto, podemos inferir que el gasto público aumentó algo por encima del PIB — excepto durante el primer quinquenio de la década de 1870. Parece incontrovertible que los problemas de la Hacienda española no pueden atribuirse a prodigalidades en el gasto. Más bien al contrario. El servicio de la deuda y los gastos de los ministerios militares y de servicios generales (Asuntos Exteriores, Justicia, Gobernación) acapararon proporciones elevadísimas del gasto total, mientras que los recursos dedicados a los ministerios que propor cionaban servicios económicos (Fomento, Comercio, Agricultura) y educación sólo significaron un 8 y un 1 por 100, respectivamente (véase el cuadro 6.8). En el activo de la actuación del Estado cabe anotar el esfuerzo realizado por impulsar la realización de algunas infraestructuras (ferrocarriles y carreteras), y en el pasivo, la persistencia de las lacras sociales que ya hemos visto: una mortalidad excesiva y una tasa de analfabetismo insólitamente elevada, origi nadas, entre otras cosas, por los reducidos gastos en educación y sanidad, del Estado y de los municipios. El permanente desequilibrio del sector público tuvo otras consecuencias. La presión que ejercía el Estado sobre los mercados financieros del país a fin de conseguir recursos conllevó una elevación de la tasa de interés, que se si tuó, casi permanentemente, por encima del 6 por 100, un nivel muy superior al vigente en otros países de Europa — entre el 3,3 y el 4,5 por 100—, que in cidió muy negativamente sobre la inversión privada en los sectores produc tivos. A partir de 1874 la financiación del déficit a través del Banco de España no contribuyó a cambiar esta situación. El Banco consiguió, gracias al mono polio en la emisión de billetes, acaparar una proporción elevadísima del saldo

220


total de las disponibilidades líquidas situadas en cuentas corrientes que, en elevadas proporciones, se convertían en crédito aí Estado,19

Debilidad del ahorro interno y entradas de capital extranjero Dada la estructura productiva de España a mediados del siglo xix, la mag nitud del ahorro interno estaba determinada, en gran parte, por la acumulación de capital generada en el sector primario, y dentro de éste, en la agricultura cerealista dominante. Sin embargo, esa acumulación no se tradujo, como ya hemos visto, en inversión en esas actividades. Tampoco la clase terrateniente mostró una propensión significativa a invertir en otros sectores. Todo indica que entre los grandes propietarios españoles del interior subsistió la tradición —heredada del Antiguo Régimen— de gastar las rentas agrarias en consumo suntuario y servicio doméstico. Esto beneficiaba al sector de la construcción y a las artesanías de lujo, pero, evidentemente, restaba capitales a otros sectores productivos. La situación era distinta en las regiones periféricas. Una larga tradición mercantil junto con una agricultura más diversificada, un nivel apreciable de comercialización del producto agrario y un notable comercio de ex portación de productos agrícolas —vinos, harinas, aceites, naranjas— propi ciaban que el ahorro acumulado en las zonas rurales y el derivado del propio comercio se invirtiera, en alguna proporción, en la financiación del sector in dustrial y en las grandes empresas que promovieron la construcción de obras públicas: ferrocarriles y canales. Estas zonas más dinámicas estaban vincula das al movimiento mercantil de los puertos de Bilbao y Santander, en el Can tábrico; de Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Málaga, en el Mediterrá neo; y de Cádiz, en el Atlántico. El comercio de exportación de vinos y otros productos agrarios a Ultramar y a algunos países europeos generó elevados beneficios que se repartieron entre propietarios, navieros y comerciantes, quie nes, en un entorno más dinámico, invirtieron no sólo en la ampliación de sus negocios, sino también en otras empresas y sectores. Estas mismas regiones fueron, además, receptoras de capitales acumulados por muchos emigrantes (los indianos) que regresaron enriquecidos al país. Ta les entradas de capital y el goteo de las remesas más modestas de dinero de los emigrantes contribuyeron a incrementar las disponibilidades de capital y a po tenciar la inversión. Pese a ello, las disponibilidades de capital no dejaron de ser escasas. En consecuencia, el tipo de interés del dinero se mantuvo en cotas relativamente elevadas y, ocasionalmente, el incremento de la demanda de ca pital —para financiar la construcción de los ferrocarriles, por ejemplo— pro vocó profundas crisis financieras. Las limitaciones de la acumulación interior de capitales se vieron agravadas por la lentitud con la que se formó un sistema financiero moderno. El Banco de San Fernando, constituido en 1829 en susti tución del quebrado Banco de San Carlos, imitó a su predecesor y estuvo vin culado, casi en exclusiva, a la financiación del Estado. En la década de 1840 surgieron las primeras sociedades anónimas bancarias dedicadas a la financia-

22 1

EL D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

C u a d ro

6.10.

O rig e n y e v o lu c ió n

(1851-1880)

1851-1860 1861-1870 1871-1880 F u e n te :

( to ta le s

d e la s

in v e r s io n e s e x t r a n je r a s

en España

d e c e n a le s , f,n m i l l o n e s d e f r a n c o s c o r r i e n t e s )

Francia

Bélgica

Gran Bretaña

Alemania

311,0 541,1 217,2

11,3 60,3 43,5

3,3 8,5 213,4

14,0

Broder, Chastagnaret

y

Témine (1985).

ción privada: el Banco de Isabel II, en Madrid, y los bancos de Barcelona y de Cádiz. El primero entró en dificultades al poco tiempo, en 1847, y tuvo que ser absorbido por el de San Fernando. Esta crisis, que coincidió con una a ni vel internacional, indujo a los gobiernos a dificultar la apertura de nuevos ban cos y a controlar las operaciones del Banco de San Fernando, (la ley bancaria de 1849). La situación cambió en el bienio progresista con la aprobación en 1856 de nuevas leyes de bancos de emisión -que establecía la libertad de esta blecimiento de éstos, con la limitación de uno por plaza— y de sociedades de crédito. A su amparo, se crearon hasta 18 nuevos bancos de emisión y 35 socie dades de crédito. A partir 1864 la mayoría de estas entidades sufrieron serias dificultades como consecuencia de la crisis de las compañías ferroviarias y de la generalizada desconfianza entre los ahorradores. El Banco de España absor bió, cuando se le concedió el monopolio de emisión en 1874, la mayoría de los bancos de emisión subsistentes. Sólo los de Barcelona, Tarragona, Reus, Bilbao y Santander se mantuvieron como entidades independientes. En con junto, los niveles de intermediación financiera alcanzados fueron muy modes tos en comparación con otros países, y son una buena muestra del atraso del mercado de capitales.20 La debilidad del ahorro interno se compensó, en parte, con la entrada de capital extranjero. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los inversores internacionales sólo apreciaban tres tipos de activos: la deuda pública, los ferrocarriles y la explotación de recursos mineros. La cercanía de España res pecto de los países europeos avanzados la situó en una posición privilegiada como receptora de tales inversiones (véase el cuadro 6.10). El «arreglo» de la deuda de Bravo Murillo en 1851 ahuyentó al capital británico, que se abstuvo de invertir en España durante tres lustros. Esta ausencia la aprovechó la banca francesa para promover las grandes compañías ferroviarias españolas a través de varias sociedades de crédito: el Crédito Mobiliario Español, vinculado al Credit Mobilier francés y a los hermanos Péreire; la Sociedad Española Mer cantil e Industrial, bajo control de los Rothschild; y la Compañía General de Crédito en España, impulsada por financieros franceses de menor entidad. Para estos grupos, la construcción de los ferrocarriles españoles fue un gran nego cio. Trajeron al país enormes sumas de capitales que, en gran parte, volvieron a salir enseguida para pagar las masivas importaciones de material ferroviario,

222


que gozaron de una total franquicia arancelaria desde la Real orden de 31 de diciembre de 1844. Esta fue la primera normativa ferroviaria, aunque, como veremos, las grandes inversiones extranjeras no empezaron hasta la ley de ferrocarriles de 1855.21 Las importaciones de capital en la minería no alcanzaron dimensiones apreciables hasta después de 1868. En años anteriores, los yacimientos astu rianos de hulla atrajeron algunas empresas extranjeras. Es el caso, por ejemplo, de la Cié. Royale Asturienne des Mines —de capital belga— que acabó levan tando en Avilés una fundición de cinc, o de un grupo británico que construyó un alto horno en Mieres, el cual pasó de inmediato a manos de capitalistas franceses. El capital inglés (The Fortuna Lead) y francés (La Cruz) tomó posi ciones a mediados de siglo para explotar los yacimientos de plomo jiennenses. Pero no fue hasta la entrada en vigor de la ley de minas de 1868 cuando se aceleró Ja inversión de capitales ingleses y franceses en los distritos de Lina res y La Carolina, así como en el de Cartagena. Este proceso pronto se hizo extensivo a los yacimientos de plomo de la vertiente septentrional de Sierra Morena, donde destacó la Société Minière et Metallurgique de Peñarroya. Paralelamente, la compañía británica Tharsis Sulphur se constituyó en 1866 para explotar el yacimiento onubense de piritas de cobre de la cuenca de Rio Tinto; poco después, la venta, por parte del Estado, de los mejores criaderos del distrito propició la formación de The Río Tinto Co. Ltd. Otras compañías de capital inglés y francés adquirieron y explotaron cotos en la zona. El interés por los minerales de hierro vizcaínos con bajo contenido de fósforo —más aptos para los nuevos procesos siderúrgicos, como el Bessemer— propició, también a partir de la década de 1870, la formación de multitud de empresas mineras, promovidas por importantes grupos siderúrgicos británicos, france ses, belgas y alemanes: The Orconera Iron Ore Co. Ltd. y la Cié. Franco-Belge des Mines de Somorrostro fueron las más destacadas. En este caso, sin embar go, hubo una presencia importante de empresas mineras de capital vasco. En suma, la inversión de capital extranjero hizo posible que España dispu siera de una red ferroviaria relativamente densa hacia 1880, que contribuyó a abaratar los costes de transporte. En el sector minero posibilitó la explotación, a gran escala, de los ricos yacimientos plúmbicos, cupríferos y férricos con que contaba España. La producción de plomo, piritas de cobre y de mineral de hierro se exportó en su mayor parte, igual que los beneficios obtenidos por las grandes compañías mineras de capital extranjero. Los efectos positivos fueron la creación de puestos de trabajo en las cuencas mineras y el incremento de la capacidad importadora del país. En la medida en que esto permitió aumentar las compras al exterior de materias primas, combustible y bienes de equipo benefició el desarrollo del sector industrial.22


223

Los ferrocarriles, el gran espejismo Aunque los primeros proyectos fueron tempranos (1829), la construcción de los ferrocarriles españoles se retrasó respecto de otros países europeos, y avanzó con suma lentitud desde la primera normativa de 1844 hasta la ley ferroviaria de 1855. En estos años se puso de manifiesto que la iniciativa pri vada autóctona no era capaz de aportar el capital necesario para tender, en un plazo razonable, una red ferroviaria de cierta consideración; en cambio, hubo una intensa especulación en torno a los proyectos ferroviarios. En esta prime ra etapa, sólo se construyeron algunos trayectos iniciales de lo que habían de ser las grandes líneas. En Cataluña, los primeros tramos de las tres grandes líneas que partirían de Barcelona hacia Valencia, Zaragoza y Francia, y de otra línea entre Reus y Tarragona; en Madrid, el primer tramo, hasta Aranjuez, de la futura línea hacia el Mediterráneo; en Valencia, un tramo en dirección a la Meseta castellana; en Jerez, el corto ferrocarril de esta población al Puerto de Santa María; y en Asturias, el ferrocarril carbonero de Langreo a Gijón, Pronto se evidenció que sin una decidida acción del Estado — al igual que había sucedido en la mayoría de los países europeos— y sin la cooperación del capital extranjero no se dispondría de una red ferroviaria lo suficientemen te densa. Las expectativas acerca de una amplia participación del capital ex tranjero sólo se concretaron cuando el gobierno progresista aprobó una nueva ley de ferrocarriles (1855), que confirmó el régimen de concesión de las líneas por 99 años, otorgó seguridad a las empresas concesionarias y clarificó la polí tica de subvenciones. Unida a la ya citada ley de sociedades de crédito de 1856, que eliminó las cortapisas a la penetración de las financieras extranjeras, permitió emprender con firmeza la construcción de la red ferroviaria. Estas disposiciones y las moderadas subvenciones estatales fueron suficientes para que se consti tuyeran las dos grandes compañías de capital francés —Ferrocarriles de Ma drid a Zaragoza y a Alicante (MZA) y Caminos de Hierro del Norte de España (Norte)— que, junto con otras menores nacionales y extranjeras, dieron un impulso decisivo a la construcción de la red. La longitud de vía férrea en ex plotación pasó de menos de 440 kilómetros en 1855 a 5.076 kilómetros en 1866; la urgencia en la construcción y la idoneidad del trazado (en forma ra dial con centro en Madrid) han sido punto de polémica entre los historiadores (véase el cuadro 6.11). En 1869 alrededor de un 60 por 100 del producto líqui do invertido en la construcción de los ferrocarriles españoles era extranjero. El capital autóctono consiguió, pues, llevar a cabo la construcción de algunas líneas. Entre estas realizaciones destacan las empresas ferroviarias catalanas, que construyeron una red de 723 kilómetros; además, el capital catalán tuvo una destacada participación en la financiación de compañías ferroviarias en otras regiones.23 La red ferroviaria cumplió, sin duda, la función «política» de integración del país que tenía encomendada. La cuestión a dilucidar es hasta qué punto se cumplieron también las expectativas «económicas» existentes en tomo a su


224

C uadro

6.11.

E v o l u c ió n d e l a l o n g it u d d e l a r e d f e r r o v ia r ia e s p a ñ o l a ( e n k il ó m e t r o s )

Vía ancha

Via estrecha

Longitud Crecimiento anual de la red

1850 1865 1875

28 4.756 5.840

315,2 108,4

Longitud Crecimiento de la red anual

76 254

17,8

Total Longitud Crecimiento anual de la red

28 4.832 6.094

320,3 126,2

F u e n t e : G ó m e z M e n d o z a (1 9 8 9 b ).

construcción, que eran muy dispares. El ferrocarril había de ser, para unos, un instrumento para facilitar las exportaciones de cereales, vinos y minerales y, para otros, un medio de transporte para la conquista del mercado interior. El ferrocarril implicó, efectivamente, una reducción sustancial del precio de los transportes: de un 50 por 100 entre Valladolid y Barcelona, por ejemplo. El ahorro social fue, sin duda, mayor en España que en otros países europeos (véase el cuadro 6.12); aunque su magnitud pueda ser discutida.24 En cual quier caso, se frustraron las expectativas de que la producción cerealista de la España interior pudiera competir en los mercados europeos. La aportación efectiva del ferrocarril al desarrollo de las exportaciones durante este período se redujo a un aprovechamiento más intenso, en las regiones del interior, de la excepcional coyuntura exportadora de vinos a Francia (a raíz de la filoxera en este país) y al fomento de la explotación de los yacimientos de plomo de algu nas provincias andaluzas (Córdoba y Jaén) y de Badajoz. En cambio, el ferro carril fue un elemento decisivo en la integración del mercado interior, tanto de los productos agrarios como de los manufacturados.25

C u a d r o 6 .1 2 .

E s t im a c io n e s d e l a h o r r o s o c ia l d e r iv a d o D E L T R A N S P O R T E F E R R O V I A R IO D E M E R C A N C Í A S E N D IV E R S O S PAÍS ES

Ahorro social expresado en % de la renta nacional

Inglaterra y Gales Estados Unidos Francia Alemania Bélgica España

1865 1859 1872

4,1 3,3 5,8

1865 1878

2,5 1i,8

F u e n t e : O ’B r i e n ( 1 9 8 3 ) y G ó m e z M e n d o z a ( 1 9 8 2 ) .

1890 1890

11,0 8,9

1890 1912 1912

5,0 4,5 18,5

6 .1 .

R ed

f e r r o v ia r ia

de

ancho

n o r m a l

, 1 8 4 8 -1 8 7 5

Fuente:

Adaptado de F. Comín, P. Martín Aceña, M. Muñoz y J. Vidal ( 1 9 9 8 ) , 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, Madrid, Anaya, (Los editores agradecen a Miguel Muñoz las facilidades para la realización de este mapa.)

M apa

2

vols.

226


Los efectos hacia adelante de los ferrocarriles (o forward linkages ejer cidos sobre los sectores que utilizan los servicios del transporte ferroviario) se vieron, sin duda, limitados por las elevadas tarifas. Las fusiones y absorcio nes derivadas de la crisis del sector ferroviario desde 1866, condujo a las dos grandes compañías francesas, Norte y MZA, a repartirse el control de la red. En 1875 estas empresas decidieron no competir en la captación del tráfico en aquellas ciudades donde entroncaban sus líneas: de hecho, establecieron un control monopolístico sobre el transporte entre el interior y la periferia. Las tarifas aplicadas dependieron, pues, de que las compañías consideraran más o menos elástica la demanda de transporte con relación al precio. Los dirigentes de la compañía del Norte mantuvieron la dudosa convicción de que tal demanda era inelástica y de que convenía a la empresa establecer tarifas muy elevadas con objeto de maximizar el ingreso. Los gestores de MZA opinaban de dife rente modo y adoptaron una política de precios más moderada. En todo caso, está claro que las tarifas relativamente elevadas redujeron el alcance del ahorro social de los ferrocarriles y, por ende, sus efectos con respecto a la integración del mercado interior y a la competitividad de las exportaciones españolas. Los efectos hacia atrás generados por la construcción de los ferrocarriles (o backward linkages, derivados de las demandas ejercidas sobre los sectores suministradores) fueron muy escasos, debido a la existencia de la franquicia arancelaria a las importaciones de material, y quedaron básicamente reducidos a la demanda generada por los amplios contingentes de obreros ocupados en la construcción de las líneas, así como a la demanda de madera y de carbón. El movimiento de tierras, construcción de obras de fábrica y colocación de la vía significaba en tomo al 50 por 100 del coste de construcción. La conveniencia de tal exención a las importaciones de locomotoras, material rodante, etc., en la primera fase de construcción de la red no ha sido objeto de discusión, por que no había en España una industria de construcción de material ferroviario. El debate se ha centrado en torno a si la desgravaeión a la importación de carriles constituyó una oportunidad perdida para desarrollar la industria side rúrgica autóctona o fue una opción racional de la política industrial. La estruc tura del coste de construcción de algunos ferrocarriles catalanes entre 1848 y 1865 evidencia que los carriles, soportes y pernos significaban alrededor del 10 por 100 del coste de construcción de las líneas. Por ello, la utilización de carriles producidos en España hubiera implicado un aumento de entre el 3 y el 5 por 100 del coste de construcción y de entre el 2 y el 4 por 100 del producto líquido invertido — cargas financieras incluidas— por kilómetro de vía. Esto avala la tesis de que tal exención arancelaria supuso un ahorro de costes muy limitado frente al estímulo potencial que podría significar la demanda ferro viaria para el desarrollo de la industria siderúrgica española.26

EL D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R I A L IZ A C IÓ N

227

G r á f ic o 6 .2 . E x p o r t a c io n e s e im p o r t a c io n e s , 1 8 3 5 -1 8 8 0 ( M I L L O N E S D E P E S E T A S C O R R IE N T E S )

cococO'^t^í-'^-'^-^ttotnLr>LnLncDCjD(Dr^h--h-r^r^ c o c o c o c o c c c o o o c ó o o c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o c o o o c o c o

Exportaciones

F uente:

6.4.

Importaciones

Prados (1986) y Tena (1989).

E s p a ñ a e n e l m u n d o :, e l e s t í m u l o e x t e r i o r

En términos generales, el período 1840-1880 se caracterizó por un creci miento muy considerable del comercio exterior (importaciones más exporta ciones, que fue, sin duda, mucho más rápido (del 4,5 por 100 anual) que el del PIB (1,7 por 100 anual). Se produjo, pues, una apertura de la economía espa ñola al exterior. El porcentaje que el comercio exterior significaba sobre el producto total se dobló probablemente en estos años. La evolución de exporta ciones e importaciones pasó por diversas fases (véase el gráfico 6.2 y el cua dro 6.13). Hasta 1854-1855 el crecimiento fue significativo, pero moderado. Desde ese momento hasta 1864, importaciones y exportaciones siguieron ritmos distintos, destacando de forma notable el incremento de las primeras, en un auténtico boom importador vinculado a las construcciones ferroviarias y a las entradas de capitales exteriores para su financiación. Desde la segunda mitad de la década de 1860 la situación tendió a normalizarse, aunque el ritmo de crecimiento de las dos magnitudes manejadas es superior al registrado an tes de 1855. Como es natural, el saldo de la balanza comercial muestra un signo negativo en los años de la gran expansión importadora. También cabe señalar que la relación real de intercambio (precios de las exportaciones/precios de las

228 C u a d r o 6 .1 3 .

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPA Ñ A

E v o l u c ió n d e l c o m e r c io e x t e r io r e s p a ñ o l , 1 8 4 0 -1 8 8 0

(M ILLONES DE PESETAS CORRIENTES, MEDIAS ANUALES)

Exportaciones Importaciones Saldo Relaciones reales (millones de ptas.) (millones de ptas.) (millones de ptas.) de intercambio (1845-1849=100) 1 8 4 0 -1 8 4 4

1 3 5 ,7

1 4 3 ,9

-8 ,2

1 8 4 5 -1 8 4 9

1 5 6 ,4

1 6 2 ,3

-5 ,9

1 8 5 0 -1 8 5 4

1 5 2 ,9

1 8 7 ,0

3 4 ,1

147

1 8 5 5 -1 8 5 9

2 8 6 ,7

3 3 2 ,4

- '4 5 , 7

226

1 8 6 0 -1 8 6 4

2 8 7 ,8

4 8 5 ,1

- 1 9 7 ,3

185

1 8 6 5 -1 8 6 9

3 5 2 ,3

4 1 8 ,1

-6 5 ,8

191

1 8 7 0 -1 8 7 4

4 7 3 ,0

4 7 8 ,9

-5 ,9

184

1 8 7 5 -1 8 7 9

5 2 7 ,9

5 0 1 ,0

2 6 ,9

210

100

F uente: P ra d o s (1 9 8 6 ) y T ena (1 9 8 9 ).

importaciones) evolucionó positivamente para España, en especial hasta fi nales de la década de 1850. Posteriormente se mantuvo, en medio de fuertes fluctuaciones.

El estímulo de la industrialización europea: las nuevas exportaciones El proceso de industrialización que estaban experimentando las grandes economías europeas, en especial Gran Bretaña y Francia, generó una demanda exterior de materias primas y de alimentos. España estaba excelentemente si tuada para aprovecharla. Entre el 50 y el 60 por 100 de las exportaciones espa ñolas se dirigían a estos dos países. A una distancia considerable se encontra ba el mercado colonial cubano (entre un 15 y un 20 por 100). Los principales productos de exportación variaron a lo largo del período, reflejando el cambio estructural en las economías clientes de España (véase el cuadro 6.14), Destaca el afianzamiento del vino como principal producto: tanto el vino común como el Jerez aumentaron su presencia en los mercados exte riores hasta representar una cuarta parte de todo lo exportado por España. Asi mismo, aumentó la exportación de metales y de minerales. Cronológicamente, fue el plomo el primer producto mineral que encontró mercados masivos en el exterior. Se exportaba en barras después de una primera fusión y era empleado para tuberías de agua y de gas, así como en la metalurgia del oro y la plata. Su demanda estaba relacionada, pues, con la fuerte urbanización de los países más desarrollados. La expansión productora empezó en la década de 1820 y tuvo su centro neurálgico en las provincias de Almería y Murcia, aunque se extendió también a las de Granada, Jaén y Córdoba. La exportación fue aumentando desde las 25.000-30.000 toneladas anuales de la década de 1840

FI. D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N C u a d r o 6 .1 4 .

E x p o r ta c io n e s

229

P r in c ip a l e s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c ió n r im p o r t a c ió n ( p o r c e n t a j e s )

Vino

Aceite

1 8 4 2 -1 8 4 3

1 2 ,1

7 ,0

6 ,3

5 ,2

0 ,5

6 8 ,9

1 8 4 6 -1 8 4 9

2 3 ,5

7 ,5

7 ,0

6 ,6

3 ,5

5 1 ,9

( m e r c u r io 7 ,2 )

1 8 5 0 -1 8 5 4

2 7 ,7

4 ,6

9 ,0

5 ,1

2 ,8

5 0 ,5

( h a r in a 8 ,9 )

1 8 5 5 -1 8 5 9

2 6 ,0

6 ,5

1 ,1

8 ,1

2 ,9

2 ,6

5 2 ,8

( h a r in a 9 ,6 )

1 8 6 0 -1 8 6 4

2 6 ,2

5 ,0

2 ,7

8 ,7

2 ,6

2 ,7

5 2 ,1

( h a r in a 7 ,6 )

1 8 6 5 -1 8 6 9

2 7 ,8

7 ,3

1 ,7

8 ,2

1 ,8

3 ,0

5 0 ,2

( h a r in a 5 ,5 )

1 8 7 0 -1 8 7 4

2 9 ,9

3 ,6

7 ,4

8 ,3

1 ,5

2 ,8

4 6 ,5

(p a sa s 5 ,7 )

1 8 7 5 -1 8 7 9

2 6 ,6

2 ,2

1 1 ,1

1 0 ,9

1 ,3

2 ,4

4 5 ,5

(p a s a s 5 ,3 )

Im p o r ta c io n e s

Azúcar

Bacalao

Minerale!?

0 ,3

Tejidos

y cacao

Plomo

Maquinaria

Lana

fibras

Corcho

Otros

Carbón

Otros

( m e r c u r io 7 ,6 )

y manufacturas textiles hierro

1 8 4 2 -1 8 4 3

2 6 ,6

8 ,6

1 4 ,2

5 ,0

7 ,3

0 ,9

3 7 ,4

(c u e ro s 7 ,2 )

1 8 4 6 -1 8 4 9

2 4 ,4

8 ,7

1 2 ,6

4 ,5

1 7 ,0

2 ,2

3 0 ,6

(c u e ro s 5 ,9 )

1 8 5 0 -1 8 5 4

1 9 ,6

3 ,7

1 6 ,4

3 ,7

1 6 ,6

2 ,3

3 7 ,7

(m a d e ra 3 ,5 )

1 8 5 5 -1 8 5 9

1 2 ,7

3 ,9

1 0 ,7

5 ,0

1 1 ,9

1 ,8

5 4 ,0

( tr ig o 7 ,1 )

1 8 6 0 -1 8 6 4

1 0 ,7

2 ,9

9 ,0

1 6 ,8

1 1 ,5

1 ,9

4 7 ,2

(m a d e ra 3 ,3 )

1 8 6 5 -1 8 6 9

1 0 ,5

2 ,9

6 ,9

4 ,4

1 3 ,3

2 ,3

5 9 ,7

( tr ig o

1 8 7 0 -1 8 7 4

6 ,8

3 ,1

4 ,8

5 ,3

1 9 ,6

3 ,2

5 7 ,2

(m a d e ra 3 ,2 )

1 8 7 5 -1 8 7 9

6 ,2

3 ,0

6 ,8

8 ,4

1 7 ,6

3 ,4

5 4 ,6

(m a d e ra 3 ,9 )

1 0 ,6 )

F u en te: P rad o s (1982).

hasta las 100.000 toneladas que se registraron en los primeros años de la déca da de 1870. La exportación de otros minerales no empezó a ser relevante hasta que la ley minera de 1868 convirtió las concesiones mineras, hasta entonces tempo rales, en cesiones a noventa años, sólo condicionadas al pago de un canon al Estado. La década de 1870 registró así un auge minero en el que cobraron pro tagonismo, además del plomo, el cobre y el hierro. En el caso del cobre, la ex pansión exportadora hay que relacionarla con la entrada de dos empresas de capital británico en la explotación de los riquísimos yacimientos de la provin cia de Huelva: Tharsis, en 1866, y Río Tinto, en 1873. Las piritas onubenses, ricas en azufre, permitían obtener, además de cobre, ácido sulfúrico, producto esencial en la industria química. Las exportaciones de piritas aumentaron de unas 250 toneladas anuales en la década de 1860 a 1.500 a finales de la déca da de 1870. En lo referente al hierro, finalmente, su papel fue todavía modesto, aunque ya empezaron las exportaciones de mineral vizcaíno, que alcanzarían su esplendor en las décadas posteriores a 1880. El mercurio era un producto tradicional de exportación de España gracias a la relevancia de ios yacimien tos de Almadén. El peso de este producto en la exportación global descendió

230

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E E SPA Ñ A

muy acusadamente (de un 7,5 por 100 en la década de 1840 hasta un 2,5 por 100 en la de 1870). Pese a ello, el control de la producción siguió suscitando conflictos políticos y económicos, a los que ya hemos aludido.27 En definitiva, las exportaciones de vinos y minerales fueron las grandes protagonistas de la expansión del comercio exterior español. Los productos tradicionales de exportación, como el aceite y muy especialmente la lana, per dieron peso específico, aunque siguieron siendo partidas importantes. Las ex portaciones de lana se vieron gravemente afectadas tanto por la desaparición de los privilegios de la Mesta como por la aparición en el mercado internacio nal de otros productores mucho más eficientes. En el caso del aceite, se trata de una caída relativa, ya que las cantidades exportadas tendieron a aumentar, aunque con fuertes fluctuaciones. La exportación de harina y de trigo estuvo relacionada con la reserva del mercado cubano y sólo circunstancialmente con las ventas a los países del norte de Europa.

Las importaciones: tecnología y materias primas Los cambios en la estructura de las importaciones reflejan con claridad los avances del proceso de industrialización y también sus limitaciones, y fueron mucho más drásticos que los que acabamos de observar para las exportacio nes. Destaca la pérdida de peso de las importaciones de alimentos, en especial de los coloniales y del bacalao, que obedeció a dos fenómenos diferentes: uno, los cambios en la composición de la demanda vinculados al incremento de la renta disponible; y, dos, la sustitución de importaciones por productos nacio nales. Este fue el caso del azúcar, cuya producción se desarrolló con fuerza en la península, y más claro aún en los tejidos. El desarrollo de la industria textil moderna en España permitió, en un contexto de fuerte protección, una reduc ción muy significativa de las adquisiciones de tejidos extranjeros. Este efecto sería todavía más notable si estas cifras recogieran las entradas de tejidos de contrabando, que se redujeron de manera notable desde mediados de siglo. Como contrapartida, hubo un incremento de las entradas de materias primas industriales y de maquinaria. Las importaciones de algodón en rama, primero, y de hilaza de cáñamo y lino, después, acompañaron la disminución de las im portaciones de los tejidos respectivos. Por otro lado, la nueva industria y los ferrocarriles utilizaban el vapor y, por tanto, el carbón mineral como fuente energética básica. Los elevados costes de extracción y de transporte del com bustible nacional favorecieron la importación de carbón, sobre todo británico, para el consumo en las zonas industriales de la periferia.28 En lo referente a la maquinaria y a las manufacturas de hierro en general, el proceso fue más complejo. La nueva industria importaba la mayor parte de las máquinas que utilizaba, cuya complejidad técnica quedaba fuera del alcance de los producto res nacionales. El caso del ferrocarril es algo distinto, por la franquicia arance laria otorgada a las compañías concesionarias, tanto para el material fijo como para el rodante. Esto explica que las importaciones de productos metálicos

EL D IFÍC IL A R R A N Q U E D E LA IN D U S T R I A L IZ A C IÓ N

231

fueran especialmente elevadas en el momento de auge de las construcciones ferroviarias (1860-1866), De los efectos de esta medida para el desarrollo de la industria sidero-metalúrgica nacional hablaremos más adelante. Si durante este período hubo restricción al crecimiento a causa de una insu ficiente capacidad de importar, debió de ser poco relevante. Los sectores más modernos de la economía española crecieron con rapidez y no parece que su frieran cortapisas en su desarrollo por falta de acceso a la tecnología o a las materias primas exteriores. La entrada de capital extranjero suplió ampliamen te la relativa debilidad de las exportaciones de mercancías en el suministro de oro y divisas. Si el crecimiento no resultó más intenso, debemos achacarlo al comportamiento del sector de mayor peso en la economía del país: la agricul tura cerealista tradicional, cuya productividad tendió a permanecer estancada, y también a la debilidad de la inversión productiva que ya hemos analizado.29

La política comercial: los intereses y las razones Para proteger la producción nacional frente a la competencia exterior, los gobiernos recurrían a la prohibición de importar y a imponer aranceles que el comprador debía satisfacer al Estado en la aduana correspondiente. La polí tica comercial exterior tenía así dos aspectos: era un instrumento de protec ción para los productores nacionales y era también un medio de procurar in gresos al Estado, en el caso de que la protección se produjera a través de los aranceles. Por otro lado, resulta evidente que cualquier medida proteccionista o librecambista beneficia a unos ciudadanos a costa de otros. Sin embargo, puede argüirse que, sin una cierta protección inicial, determinadas actividades que exigen aprendizaje nunca llegarían a desarrollarse, por lo que un país atra sado no proteccionista quedaría limitado a la exportación de productos prima rios no manufacturados. Estos y otros argumentos fueron utilizados en el de bate decimonónico sobre la política comercial exterior. El punto de partida era un sistema muy cerrado que se apoyaba en la prohibición de importar un gran número de artículos; este sistema prohibicionista, heredado del Antiguo Régi men, fue revalidado por los liberales en 1820. En parte, debido a las propias necesidades de la Hacienda pública y, en parte, como consecuencia de la difu sión de las ideas librecambistas, sucesivas disposiciones (aranceles de 1841 y 1849) fueron reduciendo las prohibiciones y permitiendo la importación de muchos productos, a cambio del pago de fuertes aranceles. La adopción de esas medidas impulsó la formación de grupos de presión que intentaban defender, ante las instituciones del Estado, la protección o el librecambio. Tras la revolución de 1868 se reformó radicalmente el sistema arancelario. Bajo la batuta de un economista prestigioso, Laureano Figuerola, el Ministerio de Hacienda revolucionario implantó un arancel que pretendía una regulación genérica del comercio que a la larga no debería contemplar medidas protec cionistas y que se limitaría a recaudar un arancel de carácter fiscal (el 15 por 100). Sin embargo, de forma transitoria, se admitía que determinados produc

232


tos, fuertemente protegidos hasta entonces, mantuvieran, durante un cierto nú mero de años, un arancel más elevado (del 30 por 100), para dar tiempo a los productores españoles a adaptarse a la competencia extranjera. La progresiva rebaja de estos derechos extraordinarios había de tener lugar en 1875, 1878 y 1881 en aplicación de la base 5.a del llamado «arancel Figuerola». La ley su primió, eso sí, de forma inmediata, las prohibiciones subsistentes a la impor tación (como la de cereales y harinas) y el derecho diferencial de bandera, que protegía la flota española al imponer derechos arancelarios inferiores a los pro ductos transportados por barcos nacionales.30 La nueva regulación y, especial mente, la amenaza de aplicar las rebajas arancelarias previstas desataron una fuerte oposición entre los defensores de los intereses proteccionistas. Durante la década de 1870 el debate fue vivísimo. Los proteccionistas consiguieron la suspensión de la rebaja correspondiente a 1875, realizada por el primer go bierno de A. Cánovas en la Restauración, aunque quedó abierta la posibilidad de conceder a determinados países reducciones sobre la tarifa establecida me diante la firma de tratados de comercio. En conjunto, se pasó de un sistema prohibicionista a un sistema moderada mente proteccionista. Puede defenderse que la protección a determinadas in dustrias que incorporaban nuevas tecnologías y formaban trabajadores podía resultar beneficiosa a largo plazo. Sin embargo, la protección indiscriminada y permanente — sobre todo a la producción cerealista— que se aplicaba en Es paña tenía efectos muy negativos. Permitía el mantenimiento de actividades que no aportaban beneficio alguno al crecimiento general y perjudicaban a los consumidores y a otros sectores. Incluso en los sectores más modernos, prote ger todos los productos desincentivaba la especialización y podía dificultar la obtención de economías de escala y la adopción de algunas mejoras técnicas. En cualquier caso, la política arancelaria sólo es uno de los factores que condicionan el crecimiento económico de un país, ya que existen otros mucho más importantes: desde la capacidad de iniciativa de sus empresarios y traba jadores hasta la existencia de infraestructuras adecuadas o de un sistema fiscal eficiente. El crecimiento económico y la modernización conseguidos en estos años centrales del siglo xix ni se debieron, sustancialmente, al progresivo des mantel amiento del prohibicionismo ni fueron severamente obstaculizados por el mantenimiento de fuertes niveles de protección. 6.5. Un

DESARROLLO INDUSTRIAL ENDÓGENO V LIMITADO

El crecimiento industrial y sus límites El período que va de 1840 a 1880 marca el arranque del desarrollo industrial de España. Con retrasos y limitaciones, lo cierto es que el sector industrial ex perimentó un crecimiento considerable y que se implantaron en España la ma yoría de las grandes innovaciones técnicas surgidas en Europa en las décadas anteriores. Si el crecimiento industrial resultó débil para impulsar una trans-


C uadro 6 .1 5 . C

r ec im ien t o d e l pr o d u c t o in d u st r ia l

Conjunto de la industria (Carreras) Total

Años

(tasas

233

anuales)

índices sectoriales (Prados) Total

Alimentaria

Textil

Siderurgia

Minería

5 ,2

1 842-1850

6,0

1850-1861

3 ,9

4 ,2

2 ,4

3 ,4

3 ,3

1861-1870

0 ,5

1,2

0,2

4,1

2 ,5

2 ,3

1870-1880

2 ,9

4 ,3

5 ,4

2,6

6 ,4

4 ,5

1850-1880

2,8

3 ,3

2 ,7

2 ,9

4 ,2

4,1

F uente:

Carreras (1984) y Prados (1995).

formación profunda de la economía española en su conjunto — es decir, un proceso completo de industrialización— , ello no debe atribuirse al desconoci miento de aquellas innovaciones ni a la ausencia de iniciativas para aplicarlas. Las estimaciones disponibles muestran que hubo tres etapas bien distintas (véanse el cuadro 6.15 y el gráfico 6.3). Entre 1840 y 1861, el crecimiento de

■ ^ mi Dr ^ c D' i - f Oi Oh ' Cn T- c o i n C Q C O C O O O C Ó C O C O O O C O W O O O O D O

Carreras (1990)

F u en te:

Carreras ( 1990) y Prados (1995).

l O

C

D

c o m

u o

i O

N

. f - h

- r ' - r ' '

ooc oe ocoooc oc oDOc oooco Prados (1995)

234 C uadro


6.16.

N

i v e l e s df , i n d u s t r i a l i z a c i ó n p o r h a b i t a n t e

( G ran B retaña = ( en

100) y

c r e c im ie n t o d el pr o d u c t o in d u st r ia l

ta sa s d e c r e c im ie n t o a n u al)

Crecimiento del producto industrial

Niveles de industrialización p or habitante

España Francia Gran Bretaña Alemania Italia F uente:

1830

1860

1890

1850-1880

20/23 66 100

19/21 64 100 40 14

2 3/26

2,8/3,3 1,3 2,7 4,3 2,2

64 100 60 16

Prados (1988) y Mitchell (1998).

las actividades industriales fue indudable; se trata del período básico de in troducción en España de las innovaciones desarrolladas en otros países. Entre 1861 y 1868 se observa una fase de estancamiento que cabe relacionar con la crisis algodonera derivada de la guerra civil estadounidense (1861-1865) y con la crisis agraria y financiera de 1864-1866. El crecimiento reaparece en una tercera fase, durante el sexenio revolucionario y los primeros años de la Restauración, impulsado por el subsector alimentario, la siderurgia y la mine ría. El crecimiento industrial español fue más intenso que el experimentado por la mayoría de los países europeos. Esto no implica, sin embargo, que Es paña se convirtiera en un país industrializado. El nivel de industrialización por habitante, pese a mejorar, siguió muy alejado de los que acreditaban los países líderes (véase el cuadro 6.16).

Los bienes de consumo: alimentos y tejidos La industria española se caracterizaba, en estos años, por la preeminencia de la producción de bienes de consumo. En concreto, eran las industrias ali mentarias y textiles las que aportaban la mayor parte de la actividad. Los datos fiscales indican que en 1856 estos dos sectores representaban, respectivamente, un 56 y un 24 por 100 de la contribución industrial total. En 1879 la situación se había alterado algo (las proporciones eran ahora del 42 y del 29 por 100), pero su hegemonía persistía.31 Dentro de las industrias alimentarias, la parte del león correspondía a la molienda de granos y de aceitunas. Sin duda, esta era la actividad manufacturera más importante de las sociedades tradicionales y siguió teniendo un papel fundamental durante todo el siglo xix. Las innova ciones productivas en este ámbito fueron de muy corto alcance. En el caso de la harina, destaca la creación de una serie de fábricas modernas de amplia capa cidad que, básicamente, se situaron a lo largo del Canal de Castilla (provincias

E L D IF ÍC IL A R R A N Q U E D E L A IN D U S T R I A L IZ A C IÓ N

235

de Palencia y Valladolid) y en Cantabria. Estas fábricas producían, esencial mente, para el consumo de las grandes ciudades o para la exportación. Sin em bargo, hacia 1880 la mayoría del trigo se molía aún en molinos tradicionales. Los cambios fueron todavía menores en la producción de aceite, donde la innovación fundamental de la época — la prensa hidráulica— se difundió con gran lentitud, aunque con mucha más intensidad en las regiones especializadas en la exportación de aceite de calidad (Valencia y Cataluña) que en las gran des áreas productoras andaluzas, apegadas todavía a la producción de aceite de baja calidad con técnicas tradicionales. La misma lentitud en la moderniza ción técnica se observa en otras producciones, como las conservas o las pas tas, a pesar de las importantes transformaciones de los países más avanzados. En la mayoría de estos casos, las limitaciones del mercado interno aparecen como la causa última de la escasa entidad de los cambios, aunque no hay que olvidar problemas tecnológicos y de acceso a inputs esenciales. Unos niveles de renta y de urbanización muy bajos implicaban una estructura de la demanda muy tradicional en la que tenían poca cabida los alimentos elaborados.32 El segundo gran apartado dentro de las industrias de consumo lo constitu yen las textiles, que fueron, sin duda, las manufacturas que experimentaron una modernización más intensa y las que dieron lugar a auténticos procesos de industrialización en algunas zonas. El subsector textil de mayor importancia y el más dinámico fue el algodonero, pero los demás (lana, seda, lino-cáñamo) experimentaron también transformaciones relevantes. La industria algodonera fue protagonista destacada de la primera revolución industrial en Gran Breta ña y también en los países europeos que, con mayor o menor retraso, siguie ron sus pasos. España no fue una excepción y fue este subsector textil el que experimentó cambios técnicos y organizativos más profundos y de mayor im pacto sobre la economía en su conjunto. La producción de tejidos de algodón se había iniciado en Cataluña en el siglo xvm. En las primeras décadas del ochocientos, la pérdida del mercado colonial impulsó a los empresarios del sec tor a adoptar las innovaciones técnicas inglesas, las únicas que podían permi tirles —mediante la reducción de costes— la conquista del mercado interior. Este cambio implicaba la sustitución del sistema tradicional de hilado —que realizaban trabajadores rurales en sus casas— por auténticas fábricas en las que se instalaban máquinas de más de doscientos husos. El proceso cobró nueva dimensión cuando, en 1833, José Bonaplata y sus socios inauguraron en Barcelona una gran fábrica de hilados y tejidos movida por la fuerza del vapor. Pese a que esta fábrica pionera fue incendiada en 1835, todos los componentes para una transformación radical estaban presentes. Sólo la guerra civil carlis ta, que asoló Cataluña entre 1833 y 1840, retrasó el estallido industrial. Las dimensiones del desarrollo de la industria algodonera durante este pe ríodo son muy notables. El mejor indicador es el consumo de algodón en rama, que pasó de 5,6 millones de toneladas anuales en 1839-1843 a 40,7 mi llones de toneladas en 1879-1883, con un incremento anual acumulativo del 5 por 100. La hegemonía catalana en el sector fue casi absoluta. Aunque hubo fábricas de alguna importancia en Málaga, Alcoy, Mahón y otras locali

236


dades, entre todas ellas no llegaron en ningún momento a alcanzar siquiera el 10 por 100 de la producción total. El crecimiento no fue continuo. La guerra de Secesión estadounidense (1861-1865) supuso el cese de las exportaciones de algodón bruto del principal proveedor mundial, con el consiguiente efecto so bre el sector manufacturero en toda Europa. De hecho, esta misma cesura separa dos fases diferentes en la historia de esta industria en España. La pri mera estuvo presidida por el recurso a la máquina de vapor. Sin embargo, hacia la década de 1870 la carestía del carbón forzó el retorno a la fuente energética tradicional: el agua. Esto fue posible gracias a la introducción de la turbina hidráulica, que permitía convertir la fuerza del agua en energía mecánica de forma mucho más eficiente que la antigua rueda. Las nuevas fábricas se insta laron en los cauces de los ríos, especialmente el Ter y el Llobregat, y tomaron la forma de colonias industriales, con viviendas para los obreros y servicios complementarios integrados en el centro fabril. Hacia la década de 1880, en una nueva fase de franca expansión, el sector se dividía entre las fábricas a vapor «del llano» y las hidráulicas «de la montaña». La nueva configuración implicó también el claro predominio de las empresas de ciclo integral, que realizaban el hilado, el tejido y, en muchas ocasiones, el acabado.33 Entre 1840 y 1880 la producción algodonera española se multiplicó por siete, mientras que el producto nacional bruto no pudo hacerlo por más de dos. Aunque tuvieran el mercado interior reservado por el efecto de aranceles proteccionistas, ¿dónde hallaron los fabricantes de tejidos de algodón los mer cados para ampliar a tal ritmo la producción? La respuesta radica en el in cremento de productividad derivado de la mecanización y en la consiguiente re ducción de los precios. Efectivamente, los precios de los tejidos de algodón disminuyeron, entre 1841-1845 y 1876-1880, en un 60 por 100, mientras que los del trigo, que podemos utilizar como referencia, se habían elevado ligera mente en el mismo período. Esto significa que un agricultor castellano o anda luz había acrecentado su capacidad adquisitiva de estos tejidos de una forma muy notable, aunque no hubieran aumentado sus ingresos monetarios. Es el conocido efecto renta de la caída del precio de un bien.34 La reducción de los precios relativos hizo posible que los nuevos géneros de algodón desplazaran del mercado a los antiguos tejidos de manufactura lo cal y a los ingleses introducidos de contrabando. Centros textiles regionales con siglos de tradición entraron en una decadencia irreversible de resultas de este proceso de sustitución. Los géneros de algodón —más baratos— sustitu yeron a los de lana de calidad inferior y, especialmente, a los de lino. La deca dencia de la tradicional industria del lino gallega y de los núcleos textiles ex tremeños son buenos ejemplos de este fenómeno. En definitiva, el desarrollo de la industria algodonera en esta primera fase de la industrialización se debió al proceso de cambio tecnológico y organizativo del propio sector y a la mejo ra de los transportes; por tanto, no fue una consecuencia del desarrollo general del país o de otras razones ajenas al sector mismo. La mecanización y expan sión del textil algodonero tuvo importantes efectos sobre la economía catalana en su conjunto. Además de servir de acicate para los cambios en otros sectores


237

textiles, estimuló el desarrollo y la modernización de otras actividades, desde la producción y reparación de maquinaria hasta la industria química de tintes, sin olvidar el comercio y la navegación. En definitiva, fue la industria algodo nera la que actuó como sector líder y propició, en estos años, la transforma ción de Cataluña en una sociedad industrial de nuevo cuño. El segundo sector textil en importancia era la industria lanera. Aunque su desarrollo no fue tan espectacular en términos cuantitativos como el de la al godonera, también experimentó una drástica transformación en las formas de organización, estructura y tecnología. El crecimiento de la producción de teji dos de lana en este período es difícil de cuantificar debido a la coexistencia de una manufactura tradicional dedicada al consumo propio o a la comerciali zación local y una industria moderna dotada de medios mecánicos. Para esta última, puede estimarse que la producción se dobló entre 1856 y 1879, pero es seguro que en ese lapso de tiempo la producción tradicional se redujo de for ma notable. De hecho, los cambios en la industria lanera fueron, en gran par te, consecuencia de la importante expansión de la algodonera. Como hemos indicado, los tejidos de algodón —mucho más baratos— competían directa mente con los de lana de inferior calidad. Esto explica que los únicos núcleos laneros que consiguieron resistir fueran aquellos que, además de mecanizarse, se especializaron en tejidos de calidad media o media-alta. Los de mayor éxito fueron Tarrasa y, especialmente, Sabadell, pero también se consolidaron, en ma yor o menor medida, Alcoy, Béjar, Antequera y Palencia, más centrados en géneros de menor calidad. Según datos fiscales de 1879, Cataluña acogía el 63 por 100 de la pañería; Castilla la Vieja-León y el País Valenciano, el 11 por 100 cada una; y Andalucía, en torno al 5 por 100. El caso de Sabadell, convertida en el centro lanero más importante de Espa ña, permite observar que el desarrollo industrial no siempre estaba relacionado con el establecimiento de grandes empresas fabriles. En este caso, la flexibilidad fue la clave. La mayoría de los fabricantes sabadellenses no disponían de locales ni de máquinas de vapor propios; alquilaban unos y otras, y centraban sus es fuerzos en la producción y la venta. La densidad fabril que pronto adquirió la ciudad permitía una gran fragmentación del proceso productivo entre empresas especializadas en cada una de las diversas fases, extremadamente ágiles para adaptarse a las variaciones de la demanda. Esa misma densidad ofrecía a empre sarios y trabajadores un mercado de mano de obra muy activo que aseguraba, a la vez, trabajo a los obreros y flexibilidad en sus plantillas a las empresas. En definitiva, quedó organizado un distrito industrial que confería a las empresas que lo integraban ventajas muy significativas respecto a otros competidores.35

La industria pesada y los bienes intermedios Una de las innovaciones trascendentales de la primera industrialización británica fue la introducción en la siderurgia de un nuevo sistema que permitió disponer de hierro barato. La clave de estos cambios fue la sustitución del car

238


bón vegetal por el mineral, mucho más barato. A excepción de algunas inicia tivas aisladas, en España no se introdujo el procedimiento de alto horno para la producción comercial de hierro hasta la década de 1830. Con anterioridad, la producción se hacía, exclusivamente, en pequeñas herrerías y forjas (fargas) distribuidas por todo el territorio, aunque con una notable concentración en el País Vasco, al calor de la gran disponibilidad de mineral de hierro y de una tradición secular. Los primeros altos hornos al carbón vegetal fueron encendi dos en Marbella, en 1829, por una empresa de notable dimensión, que pronto dispuso también de instalaciones de afino mediante carbón mineral en el puer to de Málaga. En los años siguientes, aprovechando en parte las dificultades que la primera guerra carlista impuso a los productores vascos, surgieron nue vas fábricas en El Pedroso (Sevilla) y en la propia Málaga. En la década de 1840 la hegemonía andaluza en la siderurgia española era muy notable, con un 85 por 100 de la producción total de 1844. La ventaja de estas instalaciones se basaba en la cercanía al mineral de hierro y en el adelanto en la adopción de los nuevos procedimientos productivos. Sin embargo, su dependencia del carbón vegetal representaba una debilidad muy significativa. Con la tecnología de la época, obtener una tonelada de hierro re quería siete toneladas de carbón y tres de mineral de hierro; era obvio que la localización óptima debía darla la disponibilidad de carbón barato, esto es, de carbón mineral. Los primeros intentos en las zonas mineras de León y de As turias se dieron ya en estos años, pero no se consolidaron hasta la década de 1850. Las empresas de mayor éxito fueron las ubicadas en Mieres y en La Felguera, en plena cuenca hullera central asturiana. En poco tiempo, las fábricas andaluzas quedaron absolctas y en la década de 1860 tuvieron que ser abando nadas. La falta de carbón mineral explica también la lentitud de los empresa rios vascos en reaccionar a los cambios en un mercado en el que habían tenido una presencia dominante. El primer alto horno al carbón vegetal no se encen dió en el País Vasco hasta 1849, y el primero con combustible mineral se inau guró en 1865. De hecho, el despegue de la siderurgia vizcaína sería cosa de la década de 1880, cuando las exportaciones por mar de mineral de hierro facili taron la llegada de retornos de carbón inglés a bajo precio.36 En conjunto, el desarrollo de la siderurgia española fue relativamente mo desto en comparación con otros países. Hacia 1880 se producían unas 100.000 toneladas anuales, mucho menos que en Francia o Alemania (entre 2 y 2,5 mi llones) y que en Bélgica o Austria (700.000 y 450.000, respectivamente). Se ha argüido que una parte de esta situación hay que atribuirla a la política para la construcción de la red férrea. En Francia y en Alemania, la demanda generada por los ferrocarriles (raíles, sobre todo, pero también máquinas de vapor) fo mentó el desarrollo de sus respectivos sectores siderúrgico y metalúrgico. En España, las compañías ferroviarias fueron agraciadas por el Estado con una exención total de aranceles para el material que precisaran y, en consecuencia, éste se importó en su casi totalidad. El debate sobre la cuestión ha sido muy vivo.37 Como ya hemos indicado, la producción de los carriles en España no hu biera comportado grandes incrementos de los costes para las compañías ferro-

EL D IF ÍC IL A R R A N Q U E DE L A IN D U S T R IA L IZ A C IÓ N

239

viarias, y el efecto final de una política protectora hubiera permitido, probable mente, adelantar dos décadas la expansión siderúrgica de la década de 1880. Si la siderurgia tuvo un desarrollo modesto, algo parecido ocurrió con la industria metalúrgica. Las pocas empresas de alguna dimensión existentes en este ámbito se dedicaron, prioritariamente, a las construcciones metálicas (puentes, estaciones, mercados, etc.) y, de manera subsidiaria, a las construc ciones mecánicas (maquinaria), para las que tenían graves problemas tecnoló gicos y de dimensión del mercado. Además, la política arancelaria fue, en este caso, contraria a la producción autóctona, ya que gravaba más los materiales a emplear (hierro) que el producto final. El primer desarrollo de la industria química moderna respondió a las de mandas de la manufactura textil. Se trataba de encontrar productos limpiado res y blanqueadores artificiales que sustituyeran a los de origen natural, cada vez más caros. El eje principal de las innovaciones fue el ácido sulfúrico, ele mento básico en la producción de carbonato sódico (sosa) y de cloruro de cal. Ambos servían como blanqueadores para el textil, pero también se utilizaban en la producción de jabones, vidrio y papel. España contaba con una situación privilegiada para producir ácido sulfúrico, ya que las piritas de Huelva fueron, durante todo el siglo, la materia prima fundamental para este propósito a esca la mundial. Sin embargo, el desarrollo de la industria química española fue muy limitado. España exportó la materia prima, las piritas, e importó los pro ductos elaborados con ella, la sosa y los derivados del cloro. La razón se en cuentra, de nuevo, en la debilidad de la demanda interior. Sólo el sector textil proporcionaba pedidos de alguna consideración. La debilidad de la demanda de jabón, vidrio o papel impidió alcanzar el umbral mínimo que hubiera hecho económicamente viable una industria autóctona.38 Sólo al final del período aparecieron iniciativas de cierta envergadura en el sector. Y por otras vías. En 1872 entró en funcionamiento la fábrica de Galdácano (Vizcaya) de la Socie dad Española de la Dinamita, filial del trust Nobel, que hacia 1880 era la em presa química más importante de España. El desarrollo que estaba teniendo la minería vasca explica la inversión.39 Todas las innovaciones industriales reseñadas tenían un factor común fun damental: el consumo de carbón mineral. De hecho, el carbón mineral fue la fuente energética básica de la primera revolución industrial. No sólo era clave en los procesos de fusión de metales (hierro, plomo, etc.), sino también en la química (producción de ácido sulfúrico), la generación de fuerza (máquinas de vapor fijas y móviles) y la iluminación (gas de hulla). La disponibilidad de carbón marcaba así de forma muy significativa las posibilidades de un país de avanzar por la senda de la industrialización. La dotación carbonífera de España no era mala. Existían dos grandes áreas en las que se encontraban hu llas y antracitas: la cuenca astur-leonesa (Asturias, León y Palencia) y la de Sierra Morena (Córdoba y Sevilla); y otras dos con reservas de lignito, carbón de inferior calidad: las del Bajo Aragón (Zaragoza y Teruel) y del prepirineo catalán (Barcelona). Sin embargo, estos yacimientos presentaban serios pro blemas de explotación tanto geológicos (capas de mineral estrechas e inclina

240


das) como de localización en zonas montañosas de difícil acceso. Así las cosas, ya en la década de 1860, el carbón español resultaba más caro que el británico en todos los puertos del Atlántico sur y del Mediterráneo. Sólo unos elevados derechos a la importación imponían un cierto equilibrio. En 1882, después de un fuerte descenso de los fletes y de una cierta reducción de la protección arancelaria, la hulla inglesa resultaba más barata que la asturiana en casi todos los puertos de España. El carbón nacional sólo podía consumirse en lugares del interior cercanos a las minas o en instalaciones establecidas a pie de las mismas. Su uso principal fue, en consecuencia, la fusión de hierro y otros metales. La producción aumentó de forma muy notable: de 34.000 toneladas anuales de 1841-1845 a 650.000 a finales de la década de 1870, pese a lo cual sólo cubrió, aproximadamente, la mitad del consumo. La provincia con mayor producción fue en todo momento Asturias, que aportó en torno al 60 por 100 del total. Las limitaciones del subsuelo español en lo referente al carbón signi ficaron un serio inconveniente en esta primera fase de la industrialización. En 1865 el carbón (nacional o importado) costaba en Cádiz o Barcelona entre tres y media y cuatro veces más que en puerto inglés. En 1880 la situación había mejorado ligeramente, pero el multiplicador se situaba entre 2,5 y 3. La cares tía del carbón afectaba de forma directa a todos los sectores modernos y de forma indirecta al conjunto de las actividades económicas.40

6 .6 .

C

o n c l u s io n e s .

L os

l ím it e s d e l a p r im e r a in d u s t r ia l iz a c ió n

España experimentó, en estos años, un crecimiento económico considerable que, en parte, se explica por el retraso acumulado en las décadas anteriores. El sector agrario siguió siendo el fundamental. La estructura de la propiedad sur gida del desmantelamiento del viejo orden feudal configuró el predominio de la gran propiedad en muchas zonas de España. El exceso relativo de mano de obra y las preferencias de los propietarios impusieron —en esas zonas— un creci miento de carácter extensivo con bajos niveles de inversión y de productividad, que implicaba una baja capacidad adquisitiva de los trabajadores agrarios. El nuevo sistema fiscal, implantado en 1845, no proporcionó los ingresos suficientes para que el Estado pudiera proveer adecuadamente servicios funda mentales, como educación, sanidad, carreteras, etc. Tampoco pudo evitarse el déficit público, cuya financiación redundó en elevados tipos de interés, que se guramente desalentaron la inversión privada. La construcción del ferrocarril se realizó con retraso, pero con notable intensidad y fuerte contribución de capitales foráneos. Su aportación al crecimiento fue menor de la esperada, en parte, porque no encontró suficiente demanda para sus servicios y, en parte, porque se construyó con materiales extranjeros. El incremento de la demanda exterior de vinos y minerales procuró recur sos para la importación de materias primas y maquinaria que tuvieron efectos positivos para la modernización del país. La política comercial siguió una sen da de progresiva liberalización, aunque manteniendo fuertes niveles de protec-


241

ción. En el sector industrial se introdujeron las innovaciones fundamentales de la época, pero su crecimiento se vio decisivamente limitado por la estrechez del mercado interior y por la carestía del carbón, agente energético fundamen tal. En definitiva, la etapa de 1840-1880 constituye un período de notable cre cimiento y de importantes transformaciones, pero lastrado por la persistencia de algunos rasgos estructurales negativos: los principales, sin duda, fueron una agricultura atrasada y un Estado económicamente débil.

LECTURA RECOMENDADA Jordi Nadal (1992), «El fracaso de la revolución industrial en España. Un balance historiográfico», en J. Nadal, Moler, tejer y fundir. Estudios de historia industrial, Ariel, Barcelona, pp. 306-327.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Los dos libros esenciales sobre el desarrollo económico de España en los años centrales del siglo xix son, sin duda, los volúmenes ya clásicos de Jordi Nadal (1975), El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, Ariel; y de Gabriel Tortella (1973), Los orígenes del capitalismo en España: banca, industria y ferrocarriles en el siglo xix, Madrid, Tecnos. Estos trabajos presentan perspectivas complementarias. El libro de Nadal es esencialmente un estudio sobre los orígenes de la industria moderna en España con especial dedicacióna los llamados sectores líderes (textil algodonero, siderúrgico y minero). Tiene la ventaja adicional de referirse tam bién a otros temas (población, papel del Estado) y de proponer una interpretación de conjunto. El trabajo de Tortella está más centrado en los aspectos financieros del de sarrollo del período y en el impacto de la construcción de los ferrocarriles. También presenta interesantes hipótesis interpretativas sobre el desarrollo económico español de aquellos años. Con posterioridad a la publicación de estas obras de referencia ha habido apor taciones muy interesantes sobre sectores o aspectos concretos. En el ámbito de la Ha cienda pública y, en general, del papel del Estado es esencial el trabajo de Francisco Comín (1988), Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), Ma drid, Instituto de Estudios Fiscales, vol. I. El estudio del sector agrario ha concitado el interés de los historiadores económi cos. El libro editado por Ramón Garrabou y Jesús Sanz (1985), Historia agraria de la España contemporánea, 2: Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Crítica, recoge algunos de los estudios más significativos. Resulta especialmente interesante la sínte sis introductoria al volumen escrita por los propios editores bajo el título, «La agricul tura durante el siglo xix: ¿inmovilismo o cambio?». Finalmente, el libro de Leandro Prados de la Escosura (1988), De imperio a na ción. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Madrid, Alianza, aun que rebasa el ámbito temporal del presente capítulo, presenta para estos años una inte resante perspectiva crítica respecto a algunas aportaciones de J. Nadal y G.Tortella, en el marco de una aproximación metodológica innovadora que ha permitido el desarrollo de una viva polémica.

7. CRISIS Y RECUPERACION ECONOMICA EN LA RESTAURACIÓN (1882-1913) J o rd i M a lu q u er d e M otes Universidad Autónoma de Barcelona

7.1. De

LA GRAN DEPRESIÓN A LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA

A la muerte de Alfonso XTI, en 1885, asumió la jefatura del Estado la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. En 1902 Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad y comenzó un reinado que se prolongaría hasta 1931. Du rante los más de treinta años que van de 1882 a 1913 se mantuvo vigente la Constitución de 1876. En 1890 se aprobó una ley que restablecía el sufragio universal masculino. El marco institucional permaneció, durante todo el perío do, perfectamente estable, mientras se alternaban en el gobierno conservadores y liberales, sin otra incidencia que las experiencias renovadoras de A. Maura (1907-1909), en una línea de descentralización política, y de J. Canalejas (19101912), que orientó su acción a reducir las tensiones sociales. En cuanto a las instituciones que encuadran la actividad general, los derechos y garantías de los ciudadanos y de las empresas, apenas cabe destacar la labor de ordenación y codificación del derecho privado a través del nuevo Código de Comercio de 1885 y del Código Civil de 1889. La estabilidad interior fue alterada por los movimientos nacionalistas en las colonias. Las guerras de independencia de Cuba (1895-1898) y de las Filipi nas (1896-1898) desembocaron en la guerra contra los Estados Unidos (1898), y ésta en el tratado de París, que liquidó los restos del viejo Imperio colonial. Concluida la soberanía sobre las Filipinas, el gobierno decidió retirarse del Pacífico y convino la venta de las islas Palaos, Marianas y Carolinas a Alema nia por 25 millones de pesetas (1899). El fracaso colonial y la humillación de la derrota alimentaron una reacción antiindustrialista y fuertemente crítica hacia la economía de mercado, sobre todo entre intelectuales y escritores —la generación del 98—, que se sumó a posiciones tradicionalmente aislacionistas y de rechazo al progreso y a la modernización.1 Una corriente minoritaria, en

244


cambio, se identificó con J. Ortega y Gasset y su diagnóstico liberal y aperturista, sintetizado en el lema «Europa, la solución». Tras el fin del Imperio, quedaban algunos enclaves en África. Un acuerdo internacional de 1901 reconoció el dominio español de Guinea Ecuatorial. La Conferencia de Algeciras de 1906 definió las zonas de influencia de España y Francia en Marruecos. La guerra de Meljlla de 1909, origen último de la Se mana Trágica de Barcelona, precedió al tratado franco-español de 1912, que delimitó los respectivos protectorados y asignó a España el área del Rif, en el norte, y las de Ifni y Tarfaya, en el sur.

La población y la actividad económica La población de España aumentó algo más de tres millones de habitantes entre 1882 y 1913, con una tasa de crecimiento anual del 0,56 por 100, prácti camente la misma que entre 1800 y 1882, y muy baja en comparación con el resto de la Europa occidental. De todos modos, el crecimiento resultó bastante mayor entre 1900 y 1910, con una tasa del 0,72 por 100 (véase el cuadro 7.1). La distribución por edades revela una casi absoluta ausencia de cambios en las pautas demográficas. Las proporciones de los menores y de los ancianos sobre el total de habitantes no se modificaron prácticamente. Aun así, el tamaño re lativo de la población en edad de trabajar (la comprendida entre 15 y 64 años) disminuyó algo, debido, sin duda, a la emigración exterior. La estabilidad de la estructura demográfica se debe a unas tasas vitales también muy estables. La tasa de natalidad era francamente alta y sólo mostraba una clara tendencia descendente en las regiones más avanzadas (Cataluña y Baleares). La tasa de mortalidad seguía siendo muy elevada y alcanzaba, so bradamente, el valor más alto del occidente europeo. La mortalidad extraor dinaria, típica del antiguo sistema demográfico, casi desapareció, aunque la última gran epidemia de cólera, en 1885, todavía causó unas 120.000 defun ciones. Las guerras de 1895-1898 provocaron cerca de 55.000 muertes entre los miembros del ejército español y un corto número de bajas civiles.2 La

C

uadro

7 .1 .

La

p o b l a c ió n e s p a ñ o l a y su d is t r ib u c ió n po r g r u p o s d e e d a d

Población ele hecho Años

De 0 a 14

De 15 a 64

De 65 y más

%

%

%

Habitantes

índice

1877

1 6 .6 2 2 .1 7 5

100

3 2 ,5

6 3 ,3

4 ,2

1887

1 7 .5 4 9 .6 0 8

106

3 3 ,4

6 1 ,5

1900

1 8 .5 9 4 .4 0 5

3 3 ,5

6 1 ,3

5,1 5 ,2

1910

1 9 .9 2 7 .1 5 0

112 120

3 3 ,9

6 0 ,6

5 ,5

F uente : N i c o l a u (1989).

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA R E ST A U R A C IÓ N

C u a d r o 7 .2 .

P o b la c ió n

a c t iv a y ta s a d e a c t iv id a d

Años

Millares de activos

Tasa de actividad

1877 1887 1900 1910 1920

7.158,2 6.997,1 7.438,1 7.547,8 7.838,1

43,1 39,8 40,0 37,8 36,6

F uente:

245

Nicolau (1989).

principal explicación de los elevados índices de mortalidad reside en la muy fuerte mortalidad infantil y juvenil. Sólo desde el comienzo del siglo xx se experimentó un descenso decidido de la tasa de mortalidad, que pasó de un promedio anual de 30,5 defunciones por mil habitantes en 1882-1886 a otro, todavía muy elevado, de 22,7 en 1909-1913. La actividad económica de la población aumentó todavía más despacio que la población en edad de trabajar y mucho más lentamente aún que la pobla ción total. Por este motivo, disminuyó de forma perceptible la tasa de activi dad, que es la proporción de activos sobre el total de la población (véase el cuadro 7.2). La distribución sectorial de la población activa tampoco muestra transformación estructural de ningún tipo. No hubo modificaciones importan tes en lo que atañe al predominio masivo del empleo agrario en el total de los activos (véase el cuadro 7.3). El porcentaje de ocupados del sector secundario incluso descendió, de forma ligera, pero continua. En términos absolutos, el aumento fue casi imperceptible: el censo de 1910 registraba apenas 50.000 acti vos más empleados en industria y construcción que el de 1887. La dismi nución de la tasa de actividad de la población y la permanencia de dos tercios de los activos en el sector primario sugieren un incremento muy importante del subempleo y del desempleo encubierto en el campo español. La dotación de capital humano, según los niveles de alfabetización de la población, era francamente baja. Sin embargo, experimentó una mejora gra dual (véase el cuadro 7.4). Entre 1900 y 1913 se efectuó un apreciable esfuer-

C

uadro

7 ,3 .

D is t r ib u c ió n

s e c t o r i a l d e l a p o b l a c i ó n a c t iv a

Años

Primario

Secundario

Terciario

1887 1900 1910

65,3 66,3 66,0

17,3 16,0 15,8

17,4 17,7 18,2

F u e n te :

Nicolau (1989).

246

C

uadro


7 .4 .

N

iv e l e s d e a l f a b e t iz a c ió n

d e l a p o b l a c ió n

Años

Población alfabetizada *

1877

3 1 ,6

1887 1900

3 7 ,0 4 3 ,4

1910

5 0 ,4

* P o r c e n ta je s o b r e el to ta l d e h a b ita n te s d e 10 y m á s añ o s.

F uente; E stim a c ió n p ro p ia c o n d a to s d e N ic o la u (1989).

zo inversor, con ia casi duplicación del presupuesto dedicado a instrucción pública, y se crearon numerosos centros de enseñanza técnica, industrial y co mercial en todo el territorio, así como escuelas de ingenieros industriales en Bilbao y Madrid. El escaso crecimiento de la población está relacionado con las difíciles condiciones de vida en el campo y con la importante emigración exterior. La salida de emigrantes creció intensamente a partir de 1882, bajo el impacto de factores de expulsión — crisis agrícola y pecuaria— y de atracción — fuerte demanda de trabajo en Cuba, a causa de la abolición de la esclavitud (1880) y del crecimiento de la exportación azucarera, y en Argentina, por motivo de la expansión triguera y ganadera— . Desde entonces, y hasta 1913, el saldo mi gratorio neto acumulado habría supuesto una salida cercana al millón de habi tantes. La mayor parte de la emigración se dirigió a países latinoamericanos, principalmente Argentina, seguida por Cuba y Brasil, así como por Argelia y Francia. Los emigrantes en el exterior, en su mayoría hombres jóvenes, llega ron a suponer algo más del 15 por 100 de la población activa española. La evolución de la población total marca pautas regionales muy desigua les. La dinámica de 1877 a 1910 distingue un grupo de regiones septentrionales muy poco expansivas, con Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Baleares, y otro de crecimiento intenso, que incluye a las islas Canarias, País Vasco, Madrid, Murcia y Extremadura (véase el cuadro 7.5). Las regiones con menor crecimiento coinciden con las que generaron mayor emigración en 1901-1910, aunque también registraban balanzas migratorias negativas otras de tipo medio, como Andalucía, e incluso de gran expansión, como Murcia y Extremadura. En cambio, sólo Canarias, Cataluña y Madrid te nían saldos migratorios positivos. Para el conjunto del período 1877-1910, los principales focos de atracción de inmigrantes fueron Madrid y Barcelona. En 1910 la provincia de Madrid albergaba un 39,8 por 100 de naturales de otras provincias y la de Barcelona un 27,5 por 100. También Vizcaya y Guipúzcoa recibieron contingentes de alguna consideración. Las zonas de mayor expul sión fueron Castilla y León y Galicia. En 1900, las regiones con elevados índices de calidad de vida estaban en el norte, especialmente Cantabria, Baleares, País Vasco, Navarra y Asturias.

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA R E S T A U R A C IÓ N

C

uadro

7 .5 .

Pautas

247

d e m o g r á f ic a s d e l a s r e g io n e s

Tasa de crecimiento (porcentajes) (1877-1910)

Saldos migratorios (miles de personas) (1901-1910)

Indice físico de calidad de vida * (1900)

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja

0,46 0,19 0,52 0,37 1,40 0,77 0,31 0,62 0,53 0,65 0,89 0,33 1,19 0,94 0,08 1,23 0,23

-175 -4 8 -2 3 -1 2 13 -1 5 -183 -1 6 32 -41 -1 2 -138 72 -2 7 -3 0 -6 -2 0

15,6 29,1 63,8 67,3 41,6 74,5 44,5 22,5 54,3 37,2 7,7 53,3 41,1 15,7 64,2 66,3 42,7

España

0,55

-581

36,2

*

ín d ic e c o m p u e s to q u e in c o r p o r a e s p e r a n z a d e v id a , m o rta lid a d in fa n til y a lf a b e tiz a c ió n .

Fuente: N ic o la u (1 9 8 9 ), Z a p a ta (2 0 0 1 a ) y D o m ín g u e z y G u ija rro (2000).

Presentaban un reducido crecimiento y producían un flujo de emigración sus tancial. Por el contrario, correspondían niveles de vida muy bajos a las regio nes meridionales: Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Las mejoras en los indicadores de salud, no obstante, aparecen poco relacionadas con el desarrollo económico de las regiones.3

Ritmos y fases de crecimiento económico La evolución del PIB, que traduce la actividad económica del país, presen ta dos etapas claramente diferenciadas (véase el gráfico 7.1). La primera se extiende hasta 1895 y está caracterizada por la depresión, que se acompañó por una suave deflación, al quedar ociosas cantidades crecientes de recursos. Las tasas de crecimiento fueron muy bajas e incluso negativas por varios años. A partir de 1896 un claro cambio de tendencia inició una etapa de moderada recuperación. Habida cuenta de la extraordinaria estabilidad de los precios in teriores, si se considera el conjunto del período, no es de extrañar que las tasas


248

«nîflONojaiorMnîflioNaoíOrwnîflioNaiííOr«« t B t t 0 0 ( o C 0 ( ß C 0 ® C 0 r o < D t D W C 0 < ö W 0 ! ) ® 0 ) f f l w o ) ® o ) o ) ö > ® ® 0 ) u ) ö > ®

PIB nominal

PIB (medias móviles)

F u e n te : E la b o r a c ió n p r o p ia c o n d a to s d e P ra d o s (1 9 9 5 ).

de aumento de la producción en términos nominales y reales fueran muy cer canas y, además, bastante bajas; un poco por encima del 1 por 100 anual. La debilidad del crecimiento español se pone de manifiesto si se compara con el comportamiento de las economías más cercanas (véase el cuadro 7.6). Aunque el crecimiento de la población fue muy poco dinámico, el PIB per cápita apenas mejoró medio punto porcentual anual (véase el cuadro 7.7). Sin embargo, cuando se descompone el período en fases sucesivas, aparecen con claridad la caída de la década de 1880, un intervalo de estancamiento y un crecimiento moderado desde 1895. El gráfico 7.2 pone de manifiesto esa suce sión de etapas y, en especial, la intensidad del descenso entre 1883 y 1890. Al comienzo del período, la renta per cápita española estaba por encima de la ita-

C u a d r o 7 .6 .

Ta sa s

d e c r e c im ie n t o d el

PiB r e a l

(1 8 8 2 -1 9 1 3 )

Italia España Portugal F u e n te :

Estimación propia con datos de Bardini, Carreras y Lains ( 1 9 9 5 ) .

1,89 1,06 1,64

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA R E S T A U R A C IÓ N

249

w « ' í -di0fcl0®0 3s D0 f f l a OC0 ' r mC» N n 30iin0t5D ' í i í ) < o N ( Ba O iO C0 *N0a5)0f0)l0)f )fO0l fri f0«l5noi OOOOÖQQo OT -aao) Ti--iN -fTfB-l f f l C0 »«) «JcooocoiC0 oooBcoa) £Oi
F uente:

PIB nomina) por habitante

m

PIB real por habitante

Elaboración propia con datos de Prados (1995) y Nicolau (1989),

liana, pero ya en 1896 se produjo el adelantamiento. A partir de 1900 el ingre so medio de los italianos se distanció aún más decididamente. Comparando con la media simple del PIB de los cuatro mayores países de Europa (Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia), España experimentó una fuerte divergencia durante la gran depresión, de 1883 en adelante; el valor más bajo de la renta relativa se situó en 1896 (véase el gráfico 7.3). Por otro

C u a d r o 7 .7 .

T asas de crecim ien to d e l

PIB

p er c á p ita *

Nominal

Real

1 882-1913

0 ,6 0

0 ,5 8

Años

1 883-1890

-2 ,0 9

1890-1895

0 ,0 7

- 0 ,8 5 0 ,6 4

1895-1913

1 ,7 4

0 ,9 8

* Los valores anuales del PIB corresponden a medias móviles centradas de cinco años. Estimación propia con datos de Prados (1995).

F uente:


250

N « t » i? N < ? ® 9 ," W B t i n O N B O > O r - o i n ' t l O « N f f l a O r ( M n OOOOOOCOO&OOCÓCOOÍOJOiOroOaJO^CDOOOOOOOOOQ^-' a) f f l B®®a) a3©««o5«i a5«si cocoi ) t t O) «0) 0>o>oi f f l f f l äi O) 0) ^T-^f f l O) PIB per cápita (4 países = 100) F uente;

Elaboración propia con datos de Prados ( 1995).

lado, si se compara el PIB per cápita con un conjunto de 22 países desarrolla dos, España se situaba en una posición media-baja, que tendió a empeorar y cedió el paso a Italia, Suecia y Austria antes de 1913.4 Cualesquiera que sean los datos utilizados, las comparaciones muestran un ritmo de crecimiento len to de la economía española.

Los desequilibrios regionales En este período se acentuó la polarización territorial del desarrollo eco nómico (véase el cuadro 7.8). La crisis deprimió el PIB de las regiones especia lizadas en la agricultura. A su vez, la debilidad de las rentas agrarias, a través de la caída de la demanda interna, repercutió negativamente en sus produc ciones no agrarias. Por el contrario, salió reforzado el crecimiento ya anterior mente activo en Cataluña, alrededor del sector textil y de otras industrias de bienes de consumo. Al mismo tiempo, se formó un segundo foco industrial en el País Vasco, con la minería y la siderurgia como sectores pautadores. Cata luña, País Vasco y Cantabria eran en 1901 los únicos territorios cuyo PIB per cápita, convertido en índice de disparidad regional, superaba el promedio. La capitalidad del Estado y la concentración de los servicios de la administra-

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN C uadro

7.8.

Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-León Castilla La Mancha Cataluña Valencia Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja España

D is t r ib u c ió n

251

r e g io n a l d e l a s a c t iv id a d e s p r o d u c t iv a s

PIB

Índice de disparidad regional

Exportaciones

Grado de apertura

Coeficiente de intensidad industrial

Patentes

1901

1901

1910

1910

1900

1897

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.903,1 578,7 363,1 154,3 144,1 216,7 1.295,9

0,89 1,04 0,94 0,80 0,67 1,27 0,91

298,6 28,9 8,8 15,1 11,3 43,9 41,4

15,7 5,0 2,4 9,8 7,8 20,3 3,2

0,90 0,54 0,84 0,46 0,13 0,87 0,44

40 11 5 4 2 8 6

738,8 1.846,3 869,3 380,2 810,2 1.034,9 255,3 194,1 453,9 108,9

0,88 1,53 0,90 0,71 0,65 2,22 0,73 1,01 1,25 0,90

81,6 302,4 160,6 16,3 61,5 7,5 50,2 7,5 115,4 3,8

11,0 16,4 18,5 4,3 7,6 0,7 19,7 3,9 25,4 3,5

0,63 3,00 0,85 0,43 0,24 0,97 0,51 0,80 4,91 0,86

5 357 55 1 6 86 9 4 54 2

11.348,0

1,00

1.254,7

11,1

1,00

655

Notas: (1 y 3) Miles de pesetas corrientes. (2) Cociente entre producto y población. (4) Porcenta je de las exportaciones sobre el PIB. (5) Cociente entre cuota de contribución industrial y pobla ción. (6) Patentes solicitadas por residentes en cada región. F u e n t e : Estimación propia con datos de Álvarez Llano (1986), Prados (1995), Martín Rodríguez (1990), Tena (1989), Maluquer de Motes (1997), Parejo (2002) y Ortiz-Villajos (1999).

ción, así como su función de centro de las redes de transporte por carretera y ferrocarril, están en la base de la todavía más privilegiada posición de Madrid. Otras regiones, sobre todo Aragón y Navarra, recibieron efectos de impulso (spread) de sus vecinas, a través de la demanda de productos agrarios y de la atracción de fuerza de trabajo, con aumento de valor de su producción prima ria y reducción del desempleo. Todo ello definió una auténtica «escapada» del cuadrante nororiental de la península.5 Los datos del comercio internacional de las regiones no muestran una clara asociación entre exportaciones y crecimiento económico. Valencia, Murcia y Andalucía tenían economías bastante abiertas y exportadoras, pero con una incidencia escasa sobre sus niveles de desarrollo (véase el cuadro 7.8); las ventas exteriores de cítricos y de minerales contribuían poco, todavía, a su

252


crecimiento. País Vasco, Cantabria y Cataluña, en cambio, conjugaban su lide razgo industrial con una ya notable proyección exportadora. Los coeficientes de intensidad industrial son muy contundentes al definir la polarización de la industria en el País Vasco (4,9) y Cataluña (3,0), puesto que ninguna otra re gión alcanzaba el promedio español. Al mismo tiempo, el potencial de inno vación tecnológica, medido por las patentes solicitadas por los residentes en las regiones el año 1897, aparece mucho más concentrado todavía en Cataluña, con cierta presencia, asimismo, en Madrid, Valencia, País Vasco y Andalucía. Este registro anticipaba el renovado impulso industrial de la economía catala na en las décadas posteriores.

Tiempo de estabilidad Desde el período anterior, la economía española, como sucedía en la mayo ría de los países europeos, había iniciado una etapa de estabilidad monetaria que se prolongó hasta 1913: en cuarenta años, el nivel general de precios no se alteró de modo significativo. Desde 1882-1884 los precios de consumo evolu cionaron muy levemente a la baja. A partir de 1894-1896 se elevaron de forma muy tenue. La caída de los precios agrarios de la primera mitad del período se registró, fundamentalmente, al nivel de los precios percibidos por los agricul tores, pero no se llegó a trasladar, o lo hizo en muy pequeña medida, a los pre cios pagados por los consumidores. También en esto la economía española se ajustaba a la pauta continental europea. Las variaciones de precios a corto pla zo, asimismo, fueron de muy débil entidad. Se experimentaron alzas puntuales y muy ligeras, que parecen relacionadas con cosechas deficientes. El giro de la política comercial, primero con restricciones a la importación de cereales y después con un nuevo arancel proteccionista, motivó un perceptible incremen to de los precios en 1891 y 1892. La financiación de las guerras coloniales y la depreciación exterior de la peseta, en fin, son las causas del aumento continuo del período 1897-1902. Todo ello, sin embargo, dentro de una tónica de modera ción. Además, después de cada pequeño brote inflacionista se registró una de flación que devolvió la estabilidad a los precios de consumo. En lo que se refiere a las transacciones internacionales, la imagen general del período es también de notable estabilidad cambiaría. El tipo de cambio de la peseta con respecto al franco y a la libra esterlina se depreció entre 1882 y 1913, pero sólo en un 5,5 por 100. No obstante, la cotización exterior de la peseta atravesó por dos fases distintas. Desde 1882 hasta 1895 predominó, en efecto, la estabilidad, aunque ya se había registrado un deterioro puntual en 1892. Pero el ciclo de las guerras coloniales motivó grandes perturbaciones. La peseta sufrió una muy intensa depreciación en 1898 y, tras una breve recu peración, volvió a desvalorizarse de un modo importante en 1901-1904, para iniciar después una apreciación gradual pero muy consistente.

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN

7.2.

253

L a INTERVENCIÓN DEL ESTADO

La política macroeconómica se planteó los objetivos siguientes: el equili brio exterior en cuanto a la inserción de la economía española en la economía internacional, a través de la política comercial; la estabilidad en la cantidad de dinero, el nivel general de precios y la divisa, a través de la política monetaria; y el equilibrio presupuestario, mediante la reforma del régimen de ingresos y gastos del Estado. Pero las políticas aplicadas estuvieron sometidas a un doble condicionamiento. Por un lado, las consecuencias de la tercera guerra carlista y de las guerras coloniales sobre la Hacienda y el endeudamiento que provo caron. Por otro lado, un contexto internacional de creciente nacionalismo eco nómico y de refuerzo del proteccionismo comercial.

La política comercial Al comienzo del período se adoptaron medidas para compensar los efectos negativos de la liberalización y el déficit comercial con el extranjero a través de un régimen de intercambio desigual, de preferencias a las exportaciones es pañolas a las colonias y de discriminación del azúcar y otros productos colo niales en España.6 La más importante fue la ley de relaciones comerciales de 1882, que estableció un desarme arancelario sobre las mercancías españolas a su entrada en las islas hasta eliminar cualquier derecho en 1891. Como los im puestos sobre las mercancías extranjeras en sus aduanas se mantuvieron muy altos, y aún se elevaron en un 20 por 100 en Cuba (1890), las Antillas se con virtieron en un mercado reservado para la metrópoli, sujeto en algunos ramos a un auténtico monopolio. A finales de la década de 1881-1890 se produjo un gran cambio en la polí tica comercial con el retorno al proteccionismo. El viraje del régimen arance lario estuvo precedido, casi impuesto, por el reforzamiento del proteccionismo en países importantes en los intercambios españoles, como Alemania (1879), Italia (1887), Estados Unidos (arancel McKinley, 1890) y Francia (arancel Méline, 1891). Especialmente grave fue la ofensiva proteccionista francesa, en gran parte orientada contra la entrada de vinos españoles en su país. El tránsi to al proteccionismo se reforzó en diversas secuencias. En diciembre de 1890 se incrementaron fuertemente los derechos a la importación de trigo y harina, así como de otros cereales, ganado y, sobre todo, carne. El día 31 de diciem bre de 1891 se aprobó el arancel Cánovas, que elevaba las tarifas de aduanas. En 1895 la protección agrícola se amplió con una nueva subida de los aran celes sobre el trigo y la harina. En 1896 se dio fin al régimen de casi completa libertad de importación de material ferroviario, vigente desde 1855. En 1906 el arancel Salvador consolidó el aumento de las tarifas de una forma general.7

254


La política monetaria Desde 1868, con la creación de la peseta por L. Figuerola, España había adoptado un patrón monetario bimetálico, basado en una relación fija entre el oro y la plata igual a la que tenía Francia y los restantes miembros de la Unión Monetaria Latina. La relativa escasez del metal, junto con la progresiva desva lorización de la plata, motivó la suspensión de las acuñaciones de oro. La caída de la peseta y la pérdida acelerada de las reservas condujo, en 1883, a la sus pensión del canje en oro de los billetes del Banco de España; aunque se con servó la convertibilidad plata, su valor de mercado bajaba de forma continua, y se situó por debajo del valor nominal o facial de las monedas. En los años siguientes, el desequilibrio en la balanza de pagos —debido entre otras cosas al pago de la deuda exterior— produjo una salida masiva de oro. Dado que el valor de la plata se mantuvo en descenso, España había optado, de hecho, por un sistema fiduciario, con tipos de cambio flexibles. Esto sucedía justo cuando la mayoría de los países avanzados adoptaba el patrón oro y con él, por tanto, un régimen de tipos de cambio fijos. La renuncia al patrón oro pudo aislar a España de la economía internacional, aunque resultaba prácticamente inevita ble por las imperiosas exigencias de financiar la deuda pública y, además, ve nía a ser la más racional de las opciones disponibles.8 La oferta monetaria creció de una manera importante, principalmente a causa del alza de la emisión de billetes. Una ley de 1891 amplió el límite de emisión de 750 a 1.500 millones de pesetas. Hasta 1897 el aumento de la circu lación fiduciaria no fue desproporcionado y, además, resultó en gran parte neutralizado por la disminución del dinero metálico. La emisión de billetes es tuvo motivada por el aumento del gasto del Estado; los ministros de Hacienda, en la imposibilidad de hacerle frente con la recaudación de los impuestos, re currieron a los préstamos del Banco de España, que implicaban un aumento paralelo de la base monetaria. La monetización directa del déficit público, de todos modos, fue casi siempre limitada. En consecuencia, las presiones inflacionistas resultaron tenues y la peseta se depreció levemente frente al franco o a la libra esterlina. Así pues, la política monetaria tuvo un carácter moderado puesto que la oferta monetaria se ajustó a la demanda de dinero por el sector privado, salvo cuando las necesidades de financiación del Estado, como ocurrió en el año 1898, condujeron a un gran aumento. El resultado fue una aguda de preciación de la peseta. Pero desde 1899 la emisión se contuvo y, entre 1901 y 1906, el total de billetes en circulación se contrajo, porque el Estado amortizó gran parte de los créditos y la deuda en poder del Banco de España. De esta manera se logró reducir el nivel general de precios. En los meses finales de las guerras coloniales, a mediados de 1898, el dese quilibrio exterior provocó un auténtico derrumbe de la cotización exterior de la peseta. Pero las medidas estábilizadoras de Raimundo Fernández Villaverde en 1899 y de sus continuadores en el Ministerio de Hacienda consiguieron restablecer gradualmente los niveles perdidos. La emisión de billetes y la flexi-


255

bilidad del tipo de cambio no se utilizaron con arbitrariedad, excepto cuando los inmensos gastos de las guerras lo exigieron. En ausencia de circunstan cias excepcionales, la política monetaria estuvo dirigida por el objetivo de la estabilidad y fue muy moderada.

La política presupuestaria Las actuaciones principales de los gobernantes en el ámbito de los impues tos y del gasto público tuvieron carácter de intervenciones de urgencia ante graves desequilibrios presupuestarios. Su finalidad principal se limitó a sanear una Hacienda especialmente dañada a consecuencia de la implicación en distin tas guerras. El descenso de la recaudación a partir de 1882 y, de nuevo, des de 1886 refleja la caída de las rentas agrarias, con una continua reducción hasta 1892 y una leve recuperación entre 1893 y 1897. Sólo a partir de 1898-1899 los resultados de la reforma de Villaverde, combinados con el crecimiento del PIB, permitieron acrecentar los recursos de un modo gradual. La presión fiscal fue baja y sólo aumentó ligeramente al final del período (véase el cuadro 7.9). Los intentos de reforma del sistema tributario, con vistas a aumentar la recau dación, chocaron con la resistencia de los contribuyentes. Vista la política de gasto que se mantuvo a lo largo del siglo xix, se comprende la razón de las auténticas revueltas fiscales que suscitaron los intentos de ampliar la tributa ción. La ciudadanía demostró serias dudas acerca de la capacidad y de la volun tad de los gobernantes para proceder a una selección óptima de la composi ción y del monto global del gasto del Estado. Los resultados presupuestarios marcan dos fases (véase el gráfico 7.4). En tre 1882 y 1895, predominaron los déficit anuales, aunque generalmente de pequeña cuantía, porque la gestión presupuestaria se dirigía a la búsqueda del equilibrio. La moderación presupuestaria posterior, obligada en parte por la reducida recaudación tributaria durante la crisis agraria, se quebró por los conflictos de 1895-1898. Las guerras coloniales forzaron a los gobernantes a conseguir recursos con que hacer frente al enorme incremento del gasto. Se

C u a d r o 7 .9 .

P re s ió n f is c a l ( p o r c e n ta je d e lo s in g re s o s o r d in a r io s d e l E s ta d o SOBRE EL

Años

PIB) %

Años

1882

8 ,8

1900

9 ,2

1885

8 ,8

1905

9 ,0

1890

9 ,4

1910

9 ,9

1895

9 ,3

1913

1 1 ,4

F uente : Estimación propia con datos de Comín (1989) y Prados (1995),

%

256 G


r á f ic o 7 . 4 .

S aldo

pr esu pu est a r io , 1 8 8 2 - 1 9 1 3

( m il l o n e s

de pesetas)

-50

-100

-

W f O ^ i n í D N C O O l O T - W C O í i O t D N C O O O i - W í O t L n c O N c O O l O i - W C O

S

F uente:

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Elaboración propia con datos de Comín (1989).

introdujeron recargos transitorios sobre ciertos impuestos, pero no se modificó el sistema tributario, salvo en lá creación de un nuevo impuesto que gravaba el consumo de petróleo y el alumbrado de gas y electricidad en 1898. A pesar de ello, entre 1895 y 1898 se produjeron inmensos déficit públicos, que el presu puesto del Estado no registraba porque los gastos de guerra corrieron a cuenta de los presupuestos coloniales, que se contabilizaban en cuentas separadas, con troladas por el Ministerio de Ultramar. Las necesidades de las guerras obligaron a emitir varios empréstitos, que movilizaron masivamente el ahorro nacional. No se recurrió prácticamente en ningún momento a la deuda exterior. Los ejercicios de 1896 a 1898 se cerraron con saldos ficticios en el presu puesto del Estado, por no estar contabilizados los gastos de las guerras colonia les. En 1899, tras la derrota, el superávit presupuestario alcanzó un asombroso 12,7 por 100 de los ingresos totales del Estado. Desde entonces, los sucesivos gobiernos consiguieron saldos activos en sus cuentas presupuestarias hasta 1908; es decir, durante diez años seguidos. Se trata del más largo período de estabilidad financiera de la historia de la España contemporánea. Esto fue posible gracias al plan de liquidación y estabilización de Fer nández Villaverde de 1899-1900, que afrontó con gran éxito la situación de virtual bancarrota del Estado tras la paz de París al tener que asumir España la deuda de guerra. La intervención tuvo la doble finalidad de consolidar y re fundir los impuestos y rebajar las obligaciones de gasto, para lograr el equili-

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN G r á f ic o

7.5.

G asto

del

1882-1913 ( m i l l o n e s

E stado,

257

de pesetas)

05OJ Oj CÄOooooooooo^- ' r - T- TAc öoöcoÄos oi oCTj f 5f i dj CTj ai S C0«)0)«ia3t0C0lOC0a31tlC0tDIOMa5®lO0)O50)O)0)0)O)0)O)OJtt®Ol» ' í l f

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Fuente:

Elaboración propia con datos

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Millones de p esetas

Comín

(1 9 8 9 ).

brío presupuestario. La principal aportación de Villaverde desde el lado de los ingresos fue la introducción de la contribución sobre las utilidades de la rique za mobiliaria. Constaba de tres tarifas que gravaban los rendimientos del tra bajo, del capital y de las sociedades anónimas, respectivamente. Con la intro ducción de este impuesto se completó el sistema tributario establecido por A. Mon en 1845. Por otro lado, redujo la carga de la deuda mediante la asimi lación de la deuda colonial al 6 por 100 y de la deuda exterior en manos de españoles a la deuda interior al 4 por 100.9 El presupuesto equilibrado y el ex traordinario rigor en la gestión cumplían, además, una función de disciplina ante la propia administración pública y de orientación a todos los agentes eco nómicos en un sentido de compromiso estricto con el saneamiento, con el fin de reducir la incertidumbre. La actuación de Villaverde no constituyó, quizá, una reforma fiscal innovadora pero sí un instrumento de disciplina pública que contribuyó decisivamente a la rápida superación de la profunda crisis en que se sumía la economía española tras la derrota de 1898. En España, el gasto público era inferior al 10 por 100 del PIB. En otros ca sos, como Alemania, Francia o Italia, suponía una proporción más elevada pero se mantenía por debajo del 15 por 100. La evolución del gasto del Estado fue descendente entre 1887 y 1893, para comenzar a elevarse después; sólo a partir de 1898 superó el máximo de 1885 (véase el gráfico 7.5); en términos

258


w f fQl o- »i -Ot -i T -w con « J’to ionc sp icN p ai n 3 cf of iaO 3 c' -n ícvnoo '>f 0i )nci núcN» o0 ü 5 aOi O O^ > ía M 5 0m 0 0t i0n0i0D0 N QQ - in-

cooocóoococooooooooooocQCQaocooooocoo>a>a>a>cno>cna>o>0)0>a>

Deuda pública

F uente:

Elaboración propia con datos de Comín (1989).

relativos al PIB o a la población, aumentó muy poco en todo el período hasta 1909. Como ya hemos visto, el conjunto del gasto público (incluyendo el pre supuesto extraordinario de 1896 y los presupuestos coloniales) registró aumen tos extraordinarios en los años 1895-1898. En efecto, las guerras de Cuba, de Filipinas y contra los Estados Unidos supusieron un coste directo cercano a los 3.500 millones de pesetas, que, sumado a los costes financieros, ascendería a un total aproximado de 4.650 millones de pesetas. En valores del año 2002, esas cantidades equivaldrían a 7.750 y 10.300 millones de euros. En relación con los niveles de renta y con el presupuesto del Estado, el coste directo de las guerras coloniales alcanzó casi el gasto público ordinario acumulado durante los cuatro años de 1895 a 1898 y cerca del 40 por 100 de la renta nacional es pañola de cualquiera de esas anualidades. El gasto total, incluyendo los costes financieros, se elevó todavía un 33 por 100 más. El grueso de las atenciones de gasto correspondió a los servicios generales y a la defensa y, sobre todo, a la deuda pública; sólo este último capítulo, for mado por los pagos por intereses y amortización, absorbió el 37,7 por 100 de los gastos del Estado en promedio para el conjunto del período. Consecuen temente, las disponibilidades para infraestructuras y servicios económicos re sultaban muy escasas. Dado que la mayor parte de la deuda tenía su origen en las guerras anteriores y las del período, queda claro que los gastos militares

1


259

C u a d r o 7.10. D e u d a t o t a l d e l E s t a d o , e n p o r c e n t a j e s o b r e e l PIB

Años

%

Años

%

1882 1885 1890 1895

115,5 73,3 82,8 84,8

1900 1905 1910 1913

119,7 108,3 88,3 76,7

Fuente:

Estimación propia con datos de Comín (1989) y Prados (1995).

eran un componente importante del gasto del Estado. Se trata de un comporta miento casi depredador que explica, por sí solo, la debilidad del crecimiento económico. En consecuencia, la inversión pública sufrió una persistente paráli sis, a muy bajo nivel, hasta el impulso final del gobierno largo de A. Maura.10 La deuda pública en circulación experimentó un gran descenso desde 1882, en más de una tercera parte de su monto (véase el gráfico 7.6), gracias a la conversión del ministro de Hacienda Juan Francisco Camacho, que buscó la re ducción de la deuda que se arrastraba desde el fin de la tercera guerra carlista (1868-1876) y de la primera guerra de Cuba (1868-1878). La disminución del principal se logró a cambio de elevar el tipo de interés del 3 al 4 por 100. Ade más, unificó las diferentes clases existentes en deuda amortizable al 4 por 100 y deuda perpetua, interior y exterior, al 4 por 100. Al coincidir esta conversión con una fuerte crisis de la Bolsa de París, muchos tenedores extranjeros ven dieron sus títulos a inversores españoles, lo que facilitó una considerable na cionalización de la deuda. Desde 1884 hasta 1894 la deuda en circulación se elevó ligeramente a causa de los déficit presupuestarios. Entre 1894 y 1900 el endeudamiento del Estado creció aceleradamente, nada menos que en un 42,3 por 100. Al término de las guerras coloniales, el Estado se enfrentaba a una si tuación de segura insolvencia. Sin embargo, las reformas de Villaverde consi guieron una rápida liquidación de los efectos de los conflictos. Desde 1899 hasta 1909, sin interrupción, el superávit anual se aplicó a la reducción del en deudamiento, cuya cuantía descendió de forma continua entre 1901 y 1913. La disminución de la carga de la deuda, a medida que se procedía a amortizar la, se reforzó a causa del crecimiento económico que limitó su peso relativo (véase el cuadro 7.10). Aun así, el volumen del endeudamiento alcanzaba pro porciones extraordinarias si se tiene en cuenta el limitado nivel de los recursos públicos. En 1900 alcanzaba un importe trece veces superior a los ingresos del Estado y en 1913 todavía suponía una proporción de casi siete veces los recur sos públicos del ejercicio. La magnitud del endeudamiento del Estado a lo lar go del siglo xix aparece como una de las causas mayores de la debilidad del crecimiento y del retraso en la modernización de España.


260

7.3.

L

a dem a n d a y la oferta ag reg a da s

La evolución de la economía española estuvo muy fuertemente condicio nada por la demanda interna. Sólo algunos países de pequeñas dimensiones, y con ventajas absolutas en la producción de ciertos bienes — como Bélgica, Suiza y Dinamarca— , lograron un proceso de crecimiento vinculado a las ex portaciones, Pero la trayectoria de la economía, y su grado de éxito, dependió también del potencial de crecimiento asociado a la estructura del sistema pro ductivo, al cambio estructural y a los niveles de la productividad.

El lastre del reducido consumo privado El débil crecimiento de la población y, por tanto, del número de consumido res no permitió un aumento del consumo semejante al de la mayoría de los paí ses europeos, con una demografía más expansiva. Los bajos niveles de la renta per cápita, y la modestia de su incremento en términos reales, tampoco contribuyeron a elevar sustancialmente las cantidades de bienes y servicios demandados. Hacia 1890 Lucas Mallada se dolía de que «por todas partes, sea labriego o artesano, el bracero español se halla peor vestido, peor alimentado y peor albergado que cualquier otro europeo de igual condición social». El consumo privado nacional es, en cualquier época y circunstancia, el compo nente principal de la demanda interna. Su importancia sobre el total del PIB se situó por encima del 80 por 100 durante este período. Sin embargo, esta ratio, que refleja la propensión media a consumir del sector privado, resultó algo más elevada en la primera mitad del período. La demanda de manufacturas, además de corta, también resultó muy fluctuante. La disminución de las rentas medias, durante la primera mitad del pe ríodo, implicó una ampliación del porcentaje de las mismas destinado al con sumo de alimentos, lo que suponía una reducción de la demanda de bienes industriales. A la inversa, cuando se elevaron los ingresos por habitante, a par tir de 1898, la demanda relativa de alimentos básicos, como el pan, disminuyó, mientras que se incrementó el porcentaje de renta gastado en los bienes con una demanda más elástica a la renta. Por ello, desde 1898 aumentaron más que proporcionalmente las compras familiares de alimentos superiores (carnes frescas, frutas, azúcar), artículos manufacturados (calzado, textiles, medicinas, libros), bienes de consumo duradero (los primeros aparatos de uso doméstico y vehículos para el transporte personal y familiar), y ciertos servicios (elec tricidad, telefonía, educación, ocio). Ese incremento del consumo privado, en fin, indujo una di versificación productiva. Si se emplean los datos del valor añadido bruto (VAB) sectorial por activo (véase el cuadro 7.10) como indica dores de renta por habitante, se comprueba, de todos modos, que la inmensa mayoría de los habitantes de la España rural no podía aspirar, en ningún caso, al consumo de esos bienes superiores. Los mercados de alimentos de calidad,


261

bienes manufacturados y servicios modernos eran accesibles tan sólo, en el mejor de los casos, a una parte pequeña del escaso tercio de los españoles ocupados en el sector moderno de la economía. El bajo nivel del gasto del Estado, que ya hemos visto, sugiere una escasa incidencia del consumo público sobre la actividad económica. El elemento más peculiar de la evolución de la economía, por el lado de la demanda, fue la trayectoria de la inversión. La inversión fija o formación bruta de capital fijo (FBCF) agrupa los gastos de estructuras y equipos productivos que realizan las empresas y la administración pública, así como las compras de viviendas y edificios tanto de las familias como de las empresas. El nivel relativo de la in versión se situó alrededor del 6 por 100 de la renta nacional desde 1882 hasta 1898, con una tendencia descendente. Pero a partir de 1899 se elevó a un por centaje mayor de la renta, en torno al 8 por 100, y mantuvo una tendencia ascendente en el resto del período. La evolución de la demanda externa se concreta a través de las exportacio nes netas, que son el saldo de exportaciones e importaciones de bienes y ser vicios más las rentas netas procedentes del exterior; es decir, el saldo de la ba lanza por cuenta corriente. Una vez más, el comportamiento de esta variable obliga a distinguir dos subperíodos, aunque quedan dudas acerca de los años en que se produce el cambio dentro de la década de 1891-1900, a causa de las anomalías de la estadística de comercio exterior en los años 1895-1898.11 En la primera parte, el saldo exterior en términos de contabilidad nacional parece haber tenido permanentemente signo negativo. Por el contrario, en la segunda parte, desde 1899, la balanza por cuenta corriente se habría cerrado con saldos positivos todos los años. El superávit exterior contribuyó al incremento de la demanda agregada.

Transformaciones en la estructura de la oferta El sector de más importancia al comienzo del período era el primario (véa se el cuadro 7.11), pero su participación en el PIB disminuyó apreciablemente entre 1885 y 1900. Desde 1889 el VAB del sector servicios sobrepasó a la agricultura. Por su parte, el VAB industrial fue el componente más dinámico

C uadro

7.11.

C o m p o sic ió n ( en

sec t o r ia l del

PIB a l

c o st e de lo s factores

po r c en ta jes)

Años

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

1882 1913

43,7 35,0

14,5 21,6

5,8 5,7

36,0 37,7

F urnth:

Prados (1995).


262

C u a d r o 7.12. P r o d u c t i v i d a d p o r a c t i v o

Años

1882 1890 1900 1910

Agricultura (2) (1) 828 726 687 778

100,0 87,7 83,0 94,0

Industria (2)

(1)

1.946 2.029 2.841 2.934

100,0 104,3 146,0 150,8

Servicios (2)

0)

2.950 3.343 3.538 3.622

100,0 113,3 119,9 122,8

Total (1)

(2)

1.293 1.326 1.442 1.584

100,0 102,6 111,5 122,5

Notas: (1) En pesetas de 1882. (2) índices (1882 = 100). F u f n t e : Elaboración propia con datos de Prados (1995) y Nicolau (1989).

del PIB, como consecuencia del desarrollo y la modernización crecientes de la industria española, pero su peso estaba todavía lejos de los otros dos sectores. Dentro del secundario, el cociente entre el VAB de las industrias de bienes de consumo y el de las de bienes de producción permaneció inalterado a lo largo del período, en un valor superior a 5, que situaba a España en el primer esta dio de la industrialización, según la tipología de W. Hoffmann. La estructura industrial, por tanto, corresponde a un proceso de crecimiento lento y con es casas transformaciones. Las ramas de servicios que más crecieron fueron aquellas fuertemente rela cionadas con el resto de la economía. Destacan, por encima de todo, los servi cios de crédito y transporte y comunicaciones. En cambio, el servicio doméstico aparece en franca retirada. La productividad de los activos del conjunto de la economía y de los distintos sectores constituye una variable muy reveladora de la dinámica del crecimiento económico (véase el cuadro 7.12). La produc tividad del trabajo permaneció estancada en la década de 1880 y registró mo destos incrementos en las dos décadas siguientes, lo que explica la debilidad del crecimiento. La desagregación por sectores deja fuera de toda duda el obstáculo que su ponía el sector agrario para el crecimiento. La productividad del trabajo en el primario retrocedió fuertemente hasta 1900 y no logró recuperar el nivel de partida — sin duda, ya muy bajo— ni siquiera en 1910. En esta última fecha, el producto por activo de los dos tercios de los españoles empleados en la agricultura apenas superaba la cuarta parte del producto por activo de indus tria y construcción, y la quinta parte de los empleados en el terciario, en el caso de que los datos sean fiables. Los datos de industria y construcción muestran un dinamismo mucho mayor que los servicios, si bien en 1910 todavía se mantenían en niveles absolutos inferiores. La expansión económica, aunque lenta, tenía un indudable contenido de modernización.12

CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN LA RESTAURACIÓN G r á f i c o 7 .7 . M

a cro m a g n it u d e s d el se c t o r a g r a r io ,

(números

ín d ic e ;

263

1880-1913

1 8 8 3 = 100)

c o c o c o c o c O c o a ) c o o 3 c o o ) 0 ) 0 ) o i ® o ) a ) a ) 0 ) ö ) o g g o o a o o o O T - ^ T - f -

öococoQ3cooocococooocoooiocoa)fl>o)0)OJO)o>

4 F uente: E laboración

7.4.

VAB agrario

m

Productividad

propia con dalos de Prados (1995) y Nicolau (1989).

LA G R A N D E P R E S IÓ N . A G R A R IA

La trayectoria del sector primario aparece definida por el signo del estan camiento, que respondía a dos secuencias temporales de signo contrapuesto (véase el gráfico 7.7). En términos reales, ambos movimientos resultarían par cialmente suavizados por los efectos de la evolución de los precios. La primera mitad del período registró una caída importante y continua: el VAB agrario des cendió en un 28,3 por 100 entre 1882-1884 y 1894-1896 y la productividad del trabajo en un 30,3 por 100. La segunda parte, en cambio, conoció una pau latina recuperación que condujo el VAB y la productividad a los niveles inicia les en 1911-1913. La productividad del trabajo, en términos reales (véase el cuadro 7.12) no recuperó el nivel de partida. Sólo desde 1900, año en que la po blación activa agraria en España alcanzó su máximo histórico, comenzó la salida del factor trabajo del sector y con ella el crecimiento de la productivi dad de forma consistente, aunque muy lenta.

264


La crisis agrícola y pecuaria Desde la década de 1870, la producción y las exportaciones de trigo de Es tados Unidos, Canadá, Argentina, Australia o la India aumentaron a un ritmo muy elevado, a la vez que descendieron los precios y, también, los costes del transporte terrestre y marítimo. Algo semejante ocurrió con los aceites, el arroz, la carne o la lana, con producciones muy crecidas y a costes bajos. El mercado internacional de productos primarios registró importantes incremen tos en las transacciones y descensos de los precios que repercutieron negativa mente sobre las economías europeas. La crisis se hizo patente en España con cierto retraso, ya entrada la década de 1880, y alcanzó su punto álgido en 1895. Su incidencia se produjo a través de la caída de los precios agrarios y, con ellos, de las producciones, las ventas y las rentas del sector. Desde 1891, además, también decayeron la producción, las ventas y los precios del vino, por el fuerte descenso de la demanda externa. La presión de los agricultores por una nueva regulación del comercio exterior, conjugada con demandas semejantes de los lobbies industriales, culminó con el retorno al proteccionismo. Esta respuesta defensiva consiguió aumentar los precios de las importaciones y contenerlas, a lo que colaboró la depreciación de la peseta. Al mismo tiempo, se dieron desplazamientos en el uso de la tierra mediante la introducción de otros apro vechamientos como las legumbres, los tubérculos y el viñedo. En zonas aptas para ello, se extendieron cultivos especializados más remuneradores y más com petitivos en el mercado europeo.

La crisis en el sector de los cereales Las entradas crecientes de cereales ultramarinos provocaron los excesos de oferta, la caída de su precio y la pérdida de los mercados de la periferia para los productores de la España central y meridional. Entre 1880 y 1895 el des censo de los precios en los mercados mayoristas, cercano a un 30 por 100 de promedio, comprometió la supervivencia de las explotaciones marginales, que debieron reducir el área sembrada o abandonar el cultivo. Las importaciones de trigo suponían porcentajes reducidos de la producción total, pero alcanzaban una proporción considerable de la producción final vendida en el mercado, puesto que una parte importante del producto era retenida en el sector para simiente y autoconsumo de los campesinos. También resultó muy afectado el sector olivarero, por la caída de la demanda, de los precios y de la rentabili dad, a causa de la competencia de aceites más baratos en usos industriales (petróleo o breas) y alimentarios (de girasol y de soja). La oleicultura había comenzado a adaptarse a las exigencias de calidad para el consumo humano en Cataluña y Aragón, lo que mitigó allí su impacto, pero muy poco en la gran región productora, Andalucía, que sufrió la crisis con severidad. La crisis agrí cola se trasladó además a otros subsectores, como el del arroz, por mecanis-


265

mos idénticos: el aumento de las importaciones de origen ultramarino y la caída de los precios y de la rentabilidad de las explotaciones. La producción y la ex portación de grana o cochinilla, empleada como colorante, fue desplazada por las anilinas artificiales, lo que hizo caer estrepitosamente los precios y las can tidades vendidas en las islas Canarias. La ganadería gallega, en fin, perdió sus mercados exteriores en Gran Bretaña desde mediados de esa década de 1880. Durante los años 1882 a 1891, la viticultura fue la gran excepción, puesto que no sólo no sufrió la crisis, sino que precisamente entonces culminó su eta pa de mayor prosperidad, a causa del notable aumento de la demanda externa. El motivo fue la caída de la producción de Francia, primer exportador mundial de vino, por la plaga de la filoxera en sus viñas, y el crecimiento continuo de sus compras exteriores y de los precios. Sin embargo, la tendencia se invirtió en 1891 tras la recuperación de la producción francesa y, simultáneamente, la invasión filoxérica de los viñedos españoles. Entre los cultivos que se ex pandieron durante aquellos años apenas destaca la producción de naranjas en Valencia.

La salida de la crisis La segunda mitad de la década 1890 registró un claro cambio de tendencia. El final de la crisis se alcanzó gracias a las medidas de protección arancela ria desde finales de 1890, que ya hemos analizado. El consiguiente sosteni miento de los precios agrarios facilitó la recuperación a partir de 1891 y, sobre todo, de 1896. Mayores ventas, y a precios más elevados, restablecieron gra dualmente la producción y la rentabilidad de la agricultura del cereal. Los progresos de la red ferroviaria también colaboraron a una mejor articulación del mercado interior: la ganadería gallega compensó con creces la pérdida del mercado británico con la expansión de las ventas en el centro de la península y en las regiones mediterráneas. La superficie sembrada aumentó y los rendimientos mejoraron algo a partir de 1897. Se extendió el área sembrada de plantas para piensos, más que de ce reales panifieables. Entre los años de 1891 y 1900 la producción de trigo y de maíz creció casi un 50 por 100. Además, se produjo un segundo ciclo expan sivo del arroz, con ampliación de la superficie cultivada e introducción de me joras en el cultivo. En general, aumentó el empleo de fertilizantes químicos y mejoró el equipo agrario, pero estos progresos fueron muy limitados. Se tra taba, en gran parte, de fenómenos de recuperación del crecimiento potencial aplazado por la crisis: se mantuvieron, pese a las reformas, los bajos niveles de productividad y el evidente atraso tecnológico. El sector cerealista no presentó señales de modernización, salvo algunas mejoras en el uso del suelo y aún de limitado alcance regional. Se mantenía plenamente un cultivo extensivo, con rotaciones trienales e incluso más relaja das, en las amplias extensiones del sistema cereal de Castilla y León, CastillaLa Mancha, Extremadura y Andalucía. La alternancia bienal, de año y vez, se

266


introducía con mucha lentitud. Sólo en Navarra, La Rioja y Aragón, así como en las regiones mediterráneas, los barbechos habían sido desplazados, en su mayor parte, por sistemas de rotación anual. Uno de los mayores expertos de la época estimó los rendimientos medios del trigo en nueve quintales métricos por hectárea y añadió que «este promedio puede y debe duplicarse desde el momento en que el cultivo sea más inteligente y se enriquezca la tierra admi nistrándole las materias fertilizantes que necesite». La crisis agraria bloqueó la incipiente mecanización del sector que se ha bía iniciado anteriormente. La importación de maquinaria agrícola descendió a partir de los años 1883-1885. La depreciación de la peseta aumentó los pre cios interiores de las importaciones, que se redujeron hasta cifras muy bajas en 1894-1898. Sólo desde 1899 volvieron a ascender para superar el nivel de partida en 1904, y aumentar después ya con mayor rapidez. Tras más de diez años de muy escasas compras exteriores, la recuperación cambió poco un ba lance muy modesto: la adopción de tecnologías mecánicas para siembra, culti vo y recolección de cereales (locomóviles, trilladoras o arado con tractores) había alcanzado una difusión mínima. La salida de la crisis se logró a través de una reacción proteccionista, que elevó el coste de la vida, e impidió las transformaciones estructurales del cam po español que hubieran aumentado su eficiencia. El pequeño tamaño de las explotaciones agrarias formaba uno de los mayores obstáculos a la moderniza ción, ya que no alcanzaban el umbral de rentabilidad necesario para el empleo de las tecnologías modernas. Los elevados precios de la energía para el uso de la maquinaria —carbón, petróleo— tampoco contribuían a ello. La propia po breza del agro estaba en la base de la ausencia de una trama de servicios de re paración y de mantenimiento en los pueblos, imprescindible para la mecaniza ción. Los bajos salarios bloqueaban toda innovación ahorradora de trabajo. Pero la causa básica de la reacción proteccionista y conservadora estuvo, seguramen te, en el fuerte consenso social acerca de la necesidad de retener en el campo una parte de la mano de obra que empezaba a emigrar al exterior de forma masiva.'3

Los nuevos caminos de la especialización Los principales cambios en la salida de la crisis se realizaron al margen del sistema cereal, por la vía de nuevas especializaciones agrarias, y permitie ron alcanzar posiciones altamente competitivas en el mercado alimentario europeo. Otros productos agropecuarios orientados al mercado interior, algunas producciones forestales y, aún dentro del sector primario, las capturas pesque ras consiguieron avances muy notables. Un análisis limitado a la agricultura interior y desconocedor de los progresos de la especialización ha conducido a interpretaciones sesgadas y excesivamente negativas. La imagen, real, de un profundo atraso agrario contrasta con una situación de liderazgo en diver sos segmentos de la exportación agraria. La propia especialización agravó, en apariencia, la trayectoria a corto plazo del sector. Una parte de las tierras más


267

fértiles fue dedicada a los nuevos cultivos a costa de los cereales. Además, las mismas plantaciones arbóreas exigían un largo tiempo antes de proporcionar resultados. Desde la plantación hasta el inicio de la producción del olivo pasan entre ocho y diez años; el naranjo empieza a fructificar a los ocho años de plantado y, por ello, requería de una financiación más que notable. Lo que era producto de una gestión agraria innovadora, dirigida a seleccionar produccio nes más remuneradoras, contribuyó a deprimir a corto plazo las cifras agre gadas de producción agrícola. El ejemplo más destacado de esta expansión correspondió a los cítricos. La producción valenciana de naranjas aceleró su crecimiento; entre 1900 y 1913 las exportaciones se duplicaron, desde unas 300.000 hasta unas 600.000 tone ladas. La ribera del Júcar, en torno a Alcira y Carcagentc, constituyó el foco central del proceso, junto con la Plana y el Bajo Segura. El desarrollo citrícola se realizó a través de la transformación de secanos gracias a la perforación de pozos para la extracción de agua, instalación de motores de riego —pequeñas máquinas de vapor y, desde comienzos del xx, motores de gas pobre y bombas eléctricas— y construcción de embalses, así como al elevado consumo de abonos con el fin de colmar la exigencia de nutrientes que presenta el cultivo del naranjo. A partir de 1898 alcanzó una escala considerable el uso de abonos nitrogenados y, sobre todo, del sulfato amónico inglés. La baja del precio de la naranja, gracias a la mayor eficiencia productiva, se conjugó con aumentos rá pidos de la producción y de la exportación. La viticultura, en cambio, atravesó una etapa de grandes dificultades por la pérdida del mercado francés. La destrucción de vides en España, a causa de la filoxera, suavizó el derrumbe de los precios y de la rentabilidad de las ex plotaciones que se precipitó sobre la viticultura a raíz del descenso de expor taciones y precios, cuando se recuperó la producción en Francia. Pero, a la vez, exigió cuantiosas inversiones para su replantación con cepas americanas, resistentes al insecto, y la producción de mosto disminuyó a la mitad entre los períodos de 1888-1892 y de 1909-1913. Muchas de las zonas plantadas en la época de la expansión fueron definitivamente abandonadas. La viticultura re cuperó sus dimensiones anteriores al boom artificiosamente provocado por la plaga en el país vecino. La introducción de nuevos métodos de cultivo y de elaboración transformó entre 1897 y 1913, aunque de forma lenta, la olivicul tura: plantaciones de mejores variedades, métodos más perfectos de recogida de la aceituna, mejor procesamiento y envasado de los aceites. La producción y las exportaciones comenzaron a mejorar significativamente a partir de 1900. A menor escala, la producción y la exportación de frutos secos, en especial almendra —Alicante, Mallorca— y avellana —Campo de Tarragona—, alcan zaron una rápida expansión. Siguieron caminos semejantes otras producciones hortícolas y frutícolas (cebollas, patatas, guisantes, pimientos, espárragos, tomates, plátanos), espe cialmente de primores, en las huertas de la costa mediterránea —Mataré, delta del Llobregat, Castellón, Villarreal, Valencia, Denia, Gandía, Orihuela, Murcia, Adra, Motril, Málaga— , del valle del Ebro —Calatayud, Tudela, Logroño,

268


Haro— y de las islas Canarias — Tenerife, Gran Canaria, La Palma— . Tam bién registraron importantes avances ciertas producciones forestales, como la madera y el corcho. Uno de los procesos innovadores de mayores proporcio nes radicó en el cultivo de la remolacha azucarera. La producción de azúcar de caña cubría en 1882 tan sólo el 30 por 100 del consumo español. La introduc ción de la remolacha, sobre todo en la década de 1890, permitió el autoabastecimiento al comienzo del siglo xx, pese a que el consumo se había duplicado hasta alcanzar las 100.000 toneladas.14 La provincia de Granada fue adelan tada de esta transformación y, una vez consolidado el cultivo, compartió con Zaragoza la mayor producción: conjuntamente, superaban la mitad del total. En distintas áreas con dotación adecuada de tierras y riego se desarrollaron cultivos forrajeros para la producción de carne de calidad con destino a los mercados urbanos. En la cornisa cantábrica, las condiciones climáticas, la aso ciación con la ganadería y un intenso abonado, proporcionaban rendimientos elevados en el cultivo del maíz, el centeno y la patata. En Cantabria, la espe cialización en la ganadería de vacuno para leche promovió nuevas técnicas con estabulación e introducción de razas más productivas, así como la exten sión de cultivos forrajeros a costa de la superficie dedicada al cereal. Asturias y Cantabria, además, introdujeron nuevas razas de vacuno y desarrollaron producciones de lácteos. La producción pesquera, en fin, más que duplicó su valor y alcanzó a situarse al nivel de Alemania o Francia.15

7 .5 .

L a le n ta c o n tin u id a d

de

la in d u stria liz a c ió n

Desde la última década del xix tomó cuerpo un nuevo ciclo de industria lización en el mundo, desencadenado por las innovaciones en los sectores químico, farmacéutico, eléctrico y automovilístico, y por los procesos de pro ducción en cadena. Las industrias de esta «segunda revolución industrial» se caracterizaban por el elevado contenido científico de su tecnología y eran mu cho más exigentes en conocimiento, lo que colocaba en mala posición a las poblaciones, «pobres e ignorantes», de la Europa del sur.16 España no tenía las mejores condiciones para participar en esa segunda industrialización. Por un lado, la dotación de capital humano era escasa, tanto en términos de educa ción básica de la población, como en formación de técnicos y científicos y aun en iniciativa y capacidad empresarial. Por otro lado, los recursos energéticos estratégicos en la nueva fase de crecimiento de la economía mundial eran me diocres y muy caros (caso del carbón) o, simplemente, inexistentes (como el petróleo). Finalmente, tampoco se llevó a cabo una intensa política industrial. En efecto, las medidas del gobierno se limitaron al apoyo directo a sectores específicos. Además de las barreras arancelarias, se adoptaron otras medidas en la misma dirección, tales como la discriminación tarifaria en las colonias a partir de 1 8 8 2 , la suspensión de la franquicia a la importación de material ferroviario en 1 8 9 6 o la prioridad en las compras de la administración pública (ley de construcción de la escuadra de 1 8 8 7 , ley de protección a la industria


269

nacional de 1907, segundo programa naval de 1908, de Maura). Este tipo de apoyos proteccionistas, al precio de alejar a la industria de la disciplina de cos tes que supone la competencia externa, puede ser entendido a la vez como causa de su baja competitividad y como intervención defensiva de urgencia por este mismo motivo. En cambio, las acciones de «nueva» política industrial, a través del apoyo a las tareas de formación y de I + D o del soporte a la exportación, prácticamente no existieron.

Ritmos de crecimiento y niveles de productividad industrial El crecimiento industrial se ralentizó con respecto a las décadas anteriores y también frente a la pauta dominante en Europa. Esta evolución estaba influida por el clima recesivo internacional y la escasa expansión del PIB y de la po blación española, relacionado, todo ello, con la depresión agraria, las guerras coloniales y la emigración exterior. Los índices de la producción industrial (véase el cuadro 7.13) señalan tres fases. Una primera fase de debilidad de 1882 a 1890, que corresponde a la crisis agraria. La evolución de las industrias de bienes de consumo fue vacilante, a causa de la caída de las rentas agrarias y del aumento de la competencia exterior. La ley de relaciones comerciales de 1882, con las rebajas arancelarias a los productos españoles vendidos a las co lonias, aportó una solución parcial. De 1885 a 1891 el porcentaje de la expor tación de textiles de algodón pasó del 3 al 13 por 100 de la producción. Otros sectores, como el del calzado, alcanzaron participaciones también destacadas en el mercado colonial. La siderurgia logró, en cambio, un comportamiento muy-expansivo y exportador. En la segunda fase, la década de 1890, se regis tró el mayor crecimiento industrial, que cabe relacionar con los efectos favora bles a corto plazo del arancel de 1891 y, asimismo, con la depreciación de la peseta. Las propias guerras de 1895-1898 ampliaron la demanda para el equi pamiento del ejército. Asimismo, la recuperación de la demanda, favorecida por el restablecimiento del ingreso agrario y de la renta per cápita en el medio urbano, apoyaron esta expansión. Sin embargo, el cierre gradual de ciertos mercados por medio de aranceles proteccionistas, sobre todo el italiano en 1887, trasladó a la industria siderúrgica, por otro camino, la misma situación de debilidad de ventas y de crisis de sobreproducción al comienzo de la dé cada. En la tercera fase, el ritmo de la expansión se moderó entre 1900 y 1913, debido a la ausencia del estímulo competitivo de las importaciones, a causa del carácter excesivamente protector del arancel, pero también como re sultado de la carga de las deudas de guerra de 1895-1898, que forzaron la po lítica deflacionista de Villaverde. El comportamiento de las industrias regionales consideradas en el cuadro 7.13 fue más expansivo que el del conjunto del sector. Cataluña y el País Vasco, las únicas regiones con una clara especialización industrial de su tejido pro ductivo, evolucionaron de forma distinta. Cataluña se acompasó a la evolución del sector en España, aunque mostrando un mayor dinamismo. El País Vasco,

270

H IST O R IA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

C u a d r o 7 .1 3 . Í n d i c e s

d e p r o d u c c ió n in d u s t r ia l

(tasas

d e c r e c im ie n t o ,

EN PORCENTAJES)

Años

1883-1912

España

España

Cataluña

País Vasco

Andalucía

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 ,8 4

1 ,4 9

2 ,4 2

2 ,1 9

2 ,3 5 4 ,9 4

1882-1890

1 ,5 5

0 ,71

1,82

3 ,8 0

1890-1900

2 ,6 0

2 ,4 6

3 ,3 9

1 ,9 2

1,81

1900-1913

1,66

1 ,2 8

2 ,7 5

0 ,6 9

2 ,6 3

F u e n t e : (1) Carreras (1984); (2) Prados (1995); (3) Maluquer de Motes (1994); (4) Carreras (1990); (5) Parejo (J 997).

en cambio, registró una notable aceleración desde 1882, relacionada con el despegue de la siderurgia, que se debilitó a partir de 1890, y que pareció ha berse agotado entre 1900 y 1913, con una tasa muy inferior a la española. An dalucía también presentó, entre 1882 y 1890, una evolución positiva —a pesar de la depresión agraria— gracias a la gran importancia de la minería, para de bilitarse en la década de 1890, y recuperarse entre 1900 y 1913. La productividad del trabajo en la industria española se situaba, en los años 1910-1913, en el 69 por 100 de la británica. Esa productividad española era superior a la de Italia (46 por 100) y cercana a la de Suecia (69 por 100), Fran cia (73 por 100), Bélgica (74 por 100) y Suecia (69 por 100), pero inferior a la de los países líderes, que eran el Reino Unido (100 por 100), Suiza (82 por 100) y Alemania (81 por 100).

La estructura industrial España comenzó pronto el proceso de industrialización en algunas zonas, pero después progresó muy lentamente en todo el país. El resultado fue que, a comienzos del siglo xx, poseía una estructura industrial bastante completa, pero débil y desequilibrada espacialmente. La escasa articulación de los distin tos procesos regionales de industrialización produjo una fuerte concentración espacial y sectorial con intensidades muy dispares. La composición sectorial de la industria revela algunas desviaciones respecto del patrón continental de industrialización. La extracción de minerales metálicos era, quizá, el sector más sobredimensionado. La minería de hierro, plomo y cobre situó a España en posición destacada en el mercado mundial de estas materias, lo que contrasta con la reducida entidad del beneficio de los metales. En cambio, aparecen con índices muy bajos, en términos comparativos, la minería energética y, en ge neral, la industria pesada. Los sectores intensivos en capital y en tecnología, entre los que se encontraban los más dinámicos a nivel internacional entre

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA REST A U RA C IÓ N

271

1882 y 1913, estaban infrarrepresentados en la base industrial española. Por el contrario, alcanzaban dimensiones — siempre relativas al total— mayores las industrias productoras de bienes de consumo, muy singularmente los sectores textil y agroalimentario.

El sector energético La extracción de hulla y antracita, principalmente en las cuencas de Astu rias y León, se multiplicó por cuatro entre los períodos 1882-1888 y 1912-1913, con el apoyo de las medidas proteccionistas. Sin embargo, la demanda interna fue muy superior y obligó a importar mayores cantidades de Gran Bretaña, pero en proporción ligeramente decreciente respecto del consumo interior. También el abastecimiento de petróleo dependía del exterior. Por tanto, la balanza energética fue deficitaria en algo más de la mitad del consumo inte rior. Esta circunstancia, común a las economías mediterráneas europeas, im plicaba un doble freno al crecimiento. Por un lado, suponía costes energéticos superiores a los de la mayoría de los países del continente. Por otro lado, obli gaba a aplicar una parte sustancial de las divisas disponibles a la importación de inputs energéticos y, por tanto, a desviarlas de otras utilizaciones, como las compras de materias primas y bienes de equipo. También explica la relativa especialización de la industria en producciones poco intensivas en energía; es decir, en la industria ligera. La carestía del carbón, a su vez, impulsó el em pleo de la energía hidráulica de forma directa — que reducía costes y econo mizaba divisas— mediante el empleo de la turbina. La reducción de la dependencia energética exterior y de los costes de la in dustria sólo fue posible con la electricidad. Las poblaciones españolas incor poraron muy tempranamente el alumbrado eléctrico. En 1914, por ejemplo, Madrid tenía más abonados por 100 habitantes que Chicago, París o Roma. Pero sólo desde los primeros años del xx alcanzó importancia la hidroelectricidad como alternativa energética, una vez resuelto el problema técnico del transporte de fluido eléctrico a largas distancias. El desarrollo hidroeléctrico alivió los límites que la escasez de energía imponía al crecimiento económico. El sector movilizó grandes iniciativas e inversiones extranjeras, especialmente para la explotación de los ríos de alta montaña. En 1914 F. S. Pearson y la Bar celona Traction, Light and Power Co. inauguraban el gran embalse de Tremp, con la presa más alta de Europa. Al mismo tiempo, un grupo empresarial vas co, articulado en torno al Banco de Vizcaya, cuyas piezas más importantes fueron Hidroeléctrica Ibérica, Electra de Viesgo, Hidroeléctrica Española y Sevillana de Electricidad, controlaba una buena parte de los mercados vasco, asturiano, valenciano, madrileño y andaluz, además de ostentar una presencia importante en Portugal.

272


G r á f i c o 7 .8 . E x p o r t a c i ó n

d e m in e r a l e s ,

1 8 8 2 -1 9 1 3 ( ín d ic e s ; 1 882 = 100)

220

200

180 160

140

120 100

80

g O ^ CV J CO O) O) O) O) O) índice compuesto

F uente:

Elaboración propia con datos de Carreras (1989).

La minería metálica La extracción de minerales metálicos constituyó una industria importante entre 1882 y 1913. Salvo un corto período de desaceleración, que coincidió con las guerras coloniales, su producción se expandió hasta el máximo de 1913 (véase el gráfico 7.8).17 Las industrias extractivas fueron uno de los pilares de la exportación y, por tanto, de la capacidad de importar de la economía es pañola. Destacaron dos grandes regiones mineras. Por una parte, el área meridional, integrada por Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y, sobre todo, Anda lucía. A pesar de la primacía mundial en la producción de cobre y, durante bastantes años, de plomo, los efectos de impulso a la industrialización fueron allí muy reducidos. El incremento del empleo en las minas aparece como la única contribución significativa a la economía regional, puesto que el procesa miento metalúrgico se realizaba ya en los mercados de destino. Los beneficios se repatriaron, asimismo, hasta los países europeos de los que procedía el ca pital de la inmensa mayoría de las empresas mineras, La otra gran región mi nera se situaba en la fachada septentrional y correspondía a los yacimientos de mineral de hierro de las montañas cantábricas y vascas. La industrialización de la minería vizcaína, que explotó minas de gran pureza, también descansó

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M IC A EN LA R E ST A U RA C IÓ N

273

en tecnología y capitales extranjeros, sobre todo británicos. No obstante, las empresas vascas extrajeron, entre 1876 y 1913, más de la mitad del mineral y capturaron alrededor del 60 por 100 de los beneficios del sector.

Las industrias básicas El producto de las industrias básicas creció algo más que el conjunto del sector, a causa del arranque de sus ramas principales. En la siderurgia, la abun dancia, los reducidos costes de extracción y la elevada riqueza metálica del mineral de hierro de Vizcaya favorecieron la localización del que pasó a ser el principal centro siderúrgico del país, con los dos tercios del total del lingote producido en España durante el período. En 1880 se puso en marcha la fábrica de San Francisco, en Sestao, y en 1882 otras dos grandes empresas, La Vizcaya y Altos Hornos de Bilbao. Esta última obtuvo, en 1885, lingote de acero por el procedimiento Bessemer, mediante el primer convertidor instalado en la pe nínsula. En 1888, por su parte, se encendió el primer horno Martin-Siemens. La fusión de ambas, junto con La iberia, dio lugar al nacimiento en 1901 de Altos Hornos de Vizcaya. La siderurgia vasca empleó carbón británico, de superior calidad y menor precio que el asturiano, gracias a los bajos fletes de los retornos de buques mineraleros a Gran Bretaña. Se especializó en aquellos productos semielaborados de reducido consumo de carbón, como lingote, carril, vigas o barras. Las fábricas asturianas, de Mieres y La Felguera, perdieron la hegemonía lograda en la etapa anterior y debieron optar por la fabricación de laminados y otros productos que requerían más combustible. En 1898 comenzó a operar el nuevo foco siderúrgico cántabro, con la fabricación de lingote de acero en los Corra les de Buelna, y en 1902 con la creación de Nueva Montaña Quijano, de San tander. En 1907, con un mercado interior altamente protegido, las empresas acordaron reducir la competencia y distribuir el mercado mediante la cartelización en la Central Siderúrgica de Ventas. El crecimiento de la siderurgia desde finales del siglo xix se debió, funda mentalmente, al incremento de la demanda debido a la política protectora y a la expansión de la metalurgia y las construcciones mecánicas, así como a la fabricación de material de transporte y eléctrico, tanto en el propio País Vasco y en Asturias, como en Barcelona, Valencia, Valladolid, Zaragoza y otros nú cleos industriales. El desarrollo de una muy amplia y diversificada metalurgia, la disponibilidad de energía eléctrica y la abundancia de chatarras, así como la demanda de aceros especiales y ferroaleaciones por la industria mecánica, dio pie al nacimiento de un foco electrosiderúrgico en Barcelona con tres acere rías dotadas de hornos Martin-Siemens: Torras (1899), Altos Hornos y Herrería de Nuestra Señora del Carmen (1899) y Material para Ferrocarriles y Cons trucciones (1908). En cualquier caso, las comparaciones internacionales rele gan al consumo siderúrgico español, como indicador del tamaño de la meta lurgia, a niveles muy bajos.

274


La industria química moderna comenzó su andadura en España a finales del siglo X IX . Su característica más visible fue la diversidad de procedimientos y producciones, desde ácidos y sales minerales hasta productos farmacéuticos. El problema para el desarrollo de esta industria fue que, hasta mediados del xx, predominaron la carboquímica y la electroquímica, ramas para las que la dota ción de recursos española era muy mediocre. Además, era una industria exi gente de trabajo altamente cualificado e investigación aplicada, factores del todo ausentes en el país. El giro proteccionista, con el empleo creciente de fer tilizantes artificiales en la agricultura y otros productos básicos, apoyó el lanzamiento de unas pocas grandes empresas, como Unión Española de Ex plosivos (1896), Electro-Química de Flix (1897), la Sociedad Española de Carburos Metálicos (1897) o Solvay (1903) y la expansión de Cros, convertida en sociedad anónima en 1904. Al cierre del período, el sector químico estaba integrado por pocas empresas, de dimensiones relativamente pequeñas y muy diseminadas, y ocupaba un espacio muy limitado en el conjunto de la indus tria española. Otra industria básica surgida entonces fue la del cemento artificial, me diante la nueva tecnología del homo rotatorio. La primera fábrica fue la de la sociedad Tudela Veguín (1899), en las cercanías de Oviedo, y luego Cementos Rezóla (1901), Asland (1904) y Cementos Portland (1905), a las que siguieron unas pocas más. Se trataba de una industria muy intensiva en capital, cuyo rá pido desarrollo estuvo relacionado con las obras de infraestructuras, especial mente con la construcción de centrales eléctricas y pantanos, así como con la ampliación de los puertos marítimos.18

La industria de bienes de consumo La industria de bienes de consumo más desarrollada era la textil, sobre todo el subsector algodonero y, también, el lanero. Ambos estaban caracteriza dos por una fuerte concentración territorial: en 1900 el 82 por 100 de la pro ducción se localizaba en Cataluña. Durante el período 1882-1891 esta indus tria se enfrentó a una mayor competencia exterior y a las consecuencias de la crisis agraria sobre el consumo interior. La producción aumentó escasamente, gracias a las exportaciones a las colonias. Después, bajo el impulso de la recu peración de la renta y el efecto de la depreciación de la peseta, la expansión se mantuvo y las exportaciones superaron el impacto negativo de la pérdida de los mercados coloniales en 1898. En la víspera de la primera guerra mundial, la industria algodonera española era la quinta más importante de Europa por su producción —sólo por detrás de los cuatro grandes: Reino Unido, Alema nia, Francia e Italia— y la séptima por sus exportaciones. El subsector algodonero llevó a cabo profundos cambios, racionalizando los procesos de producción, mejorando la estructura de costes, invirtiendo en nuevos equipos y tecnología y buscando adecuar la producción de forma flexi ble a los cambios en la demanda. La principal vía de la reestructuración fue la

C R ISIS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA R EST A U R A C IÓ N

275

localización de las actividades fabriles en nuevas áreas geográficas con costes más reducidos, básicamente en energía, mano de obra y fiscalidad, por medio de la construcción de las grandes colonias industriales junto a los ríos Llobregat y Ter. La introducción de la turbina hidráulica buscaba el ahorro de com bustible, a la vez que una ubicación que permitiera la reducción del coste del trabajo, por las diferencias en el nivel de los precios de consumo con la aglo meración barcelonesa. Las dos mayores fábricas de este tipo de motores en España — la gerundense Planas y la barcelonesa La Maquinista Terrestre y Marítima— tuvieron a los algodoneros como sus principales clientes, con unas ventas próximas a las 300 unidades y a los 35.000 caballos de vapor durante todo el período. Además, en las distintas ramas textiles se adoptaron las nuevas tecnologías disponibles: hiladoras continuas, telares mecánicos y, en el género de punto, telares redondos y rectilíneos de fronturas o cottons. De estos años data la más importante aportación española a la tecnología industrial, el sistema Casablan cas de grandes estirajes en el hilado del algodón. La densidad del textil en Ca taluña promovió intervenciones de apoyo a los factores competitivos por enti dades públicas y privadas: servicios a las empresas, investigación y desarrollo, diseño, formación y capacitación profesional. Todo ello reforzó la concentra ción del sector frente a otras áreas productoras, fundamentalmente Alcoy, Béjar y Antequera. La inevitable adaptación al mercado interior, de bajo nivel de consumo y muy fluetuante, se efectuó mediante la fuerte diferenciación de productos, lo que era, a la vez, causa del menor tamaño de la empresa, de la más baja productividad y, en suma, de la menor competitividad frente a los países más desarrollados. También la industria del calzado alcanzó una notable transformación. El desarrollo moderno del sector se inició en Cataluña, gracias al volumen de la demanda interna, de modo que, para 1900, Barcelona y, en menor medida, Sitges acaparaban dos terceras partes de las empresas con uso de alguna tec nología mecánica. Pero ya había despegado un foco emergente en Baleares, con fábricas en Palma e Inca en Mallorca, y Mahón y Ciudadela en Menorca. El mercado colonial, destino de una parte importante de la producción hasta poco después de 1898, fue un factor de ampliación de la demanda y de estímu lo a la mecanización, sobre todo en Baleares. Un tercer centro de producción, de dinamismo creciente, se ubicó en Elda y en Elche, dentro de la provincia de Alicante. El consumo nacional de calzado de piel era muy bajo y variable, en función de los resultados del año agrícola. Por ello, la industria del zapato es tuvo condicionada, del mismo modo que la textil, por el tamaño reducido y la gran variabilidad del mercado, lo que dio ventaja a las empresas de cortas di mensiones y producción diversificada. Esto desincentivó la cspccialización y la producción de grandes series e imposibilitó la competitividad internacio nal. Los bajos salarios contribuyeron a desalentar la mecanización y a dar ventaja a las nuevas áreas productoras frente a la aglomeración barcelonesa. También la industria agroalimentaria se desarrolló apreciablemente; asi mismo, la crisis agraria colaboró a los desplazamientos regionales de esta in-

276


dustria. Las importaciones de trigo del exterior favorecieron el desarrollo de la industria molturadora junto a los centros consumidores del litoral, particular mente en Barcelona, con daño para las empresas castellanas y aragonesas, perjudicadas, asimismo, por una mayor carestía en el interior de los productos energéticos que se importaban por vía marítima. El cambio tecnológico con tribuyó a esta «migración industrial»: entre 1880 y 1894 se construyeron en Barcelona 35 fábricas harineras por el sistema austrohúngaro de cilindros. Bar celona, Madrid, Valencia y Guipúzcoa, gracias a la superioridad de la deman da sobre las regiones cerealeras, concentraron las fabricaciones de alimentos vinculados al cereal, como pasta y galletas. Asimismo, surgieron nuevas industrias de la alimentación. Entre 1882 y 1898 se instalaron 18 grandes fábricas de azúcar de remolacha, 10 de ellas en la fértil vega de Granada y otras en Zaragoza y en Navarra. Otra rama de la industria alimentaria que conoció una notable expansión en el periodo fue la fabricación industrial de quesos, mantequilla y leche condensada y en pol vo, radicada en Asturias y Cantabria. Simbólicamente, Nestlé se instaló en Cantabria a principios del XX. Los cambios del sector agrario y el aumento de la demanda externa, sobre todo británica, alimentaron la industria de conser vas vegetales, en particular de frutas y hortalizas, con localización preferente en La Rioja, Murcia y Navarra. El sector fabril prácticamente nació en Galicia con la industria de conservas de pescado en la década de 1880 y alcanzó un notable desarrollo en todo el período, con base en sus ventas exteriores: de seis fábricas en 1882 a 82 en 1905. A su alrededor se formó un complejo pesquero-industrial, con astilleros especializados en la construcción de pes queros y fábricas de envases de madera y de metal. Asimismo, otras produc ciones agrarias, como la naranjera y hortofrutícola, dieron lugar a la creación de empresas dedicadas al envasado de sus productos, como serrerías, madera y papel seda, envases metálicos, cartón o recipientes de vidrio.19

1 .6 . El.

MODESTO APOYO DE LOS SERVICIOS

El desarrollo del sector terciario se ajustó al del conjunto de la economía, tanto en lo que se refiere al empleo como al VAB generado (véanse los cua dros 7.3 y 7.11). Las ramas que alcanzaron mayores tasas de crecimiento, y también transformaciones estructurales significativas, fueron transportes y co municaciones y crédito. En el ámbito de los transportes y comunicaciones, se completaron las redes existentes y se registraron grandes innovaciones, aunque con muy modesto desarrollo, entre las que destacaban el empleo de vehículos a motor de combustión interna y el teléfono. En lo que respecta al sistema fi nanciero, más allá del nacimiento de un grupo de nuevas instituciones de cré dito, lo más destacable fue el acercamiento entre la banca privada y las gran des empresas industriales, especialmente en el caso de los sectores nuevos.

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN LA REST A U RA C IÓ N

277

C u a d r o 7.14. L o n g i t u d d e l a r e d f e r r o v i a r i a ( k i l ó m e t r o s )

Años

Vía ancha

Via estrecha

1882 1913

7.411 11.424

442 3.927

F uente:

Gómez Mendoza (1989).

Transportes y comunicaciones Entre 1882 y 1913 prosiguió la ampliación y modernización de las redes de transportes y comunicaciones. El sistema de vía ancha se densificó con la construcción de líneas transversales, que completaban las troncales, en la dé cada de 1880 y primeros años de la siguiente. Al mismo tiempo, se extendió la red de vía estrecha (véase el cuadro 7.14). El tráfico de mercancías por ferro carril confirma la gravedad de la caída de la actividad motivada por la crisis agraria. El output ferroviario, medido en toneladas transportadas por kilómetro de red, descendió desde 1883 hasta 1887 y no recuperó los niveles perdidos hasta 1895 para crecer después gradualmente pese al incipiente transporte por carretera. La construcción de carreteras avanzó apreciablemente, aunque la longitud disponible en 1913 era muy reducida en términos internacionales. Desde 1882 se construyeron unos 24.000 kilómetros de nuevas carreteras del Estado, con lo que se alcanzó una red de unos 45.000 kilómetros. La inversión pública se debilitó a partir de 1885, debido al impacto de la crisis sobre la Hacienda. La difusión del automóvil fue muy lenta en comparación con los países europeos avanzados. Hasta 1913 sólo se habían matriculado algo menos de 75.000 vehícu los, la mayoría dedicados al transporte de mercancías. Más de la mitad del parque móvil estaba concentrado en tres provincias en esa fecha: Barcelona con 20.400, Valencia con 11.243 y Madrid con 9.760.

C u a d r o 7.15. F l o t a m e r c a n t e

Buques de vela

1881 1913

Número ( 1)

Tonelaje (2)

1.803 301

313,4 47 ,4

Total

Buques de vapor Número (1) 354 603

Tonelaje (2)

Número ( 1)

Tonelaje (2)

248,4 781,9

2.157 904

561,8 829,3

Notas: (1) Número de buques. (2) Miles de toneladas de registro bruto (TRB). F u e n t e : Gómez Mendoza (1989).

278


C u a d ro 7 .1 6 . T r á f ic o

Alemania Gran Bretaña Francia F uente:

p o st a l in t e r io r : n ú m e r o de ca r t a s per c á pit a a l a ñ o

1880

1913

12,2 34,4 13,2

48,0 38,7 35,1

Italia España Portugal

1880

1913

3,9 4,0 3,0

9,2 7,7 5,6

Bahamondc (1993).

La flota mercante prácticamente completó su modernización, de la vela al vapor, que se había iniciado en la etapa anterior. Entre 1882 y 1913 el total de navios matriculados descendió a poco más de una tercera parte, pero su to nelaje total creció en cerca de un 60 por 100, sobre todo entre 1900 y 1913; en particular, a partir del apoyo de la ley de protección a las industrias y cons trucciones marítimas de 1909. Al cierre del período, la marina mercante espa ñola tenía casi el 95 por 100 de su tonelaje en barcos a vapor y ocupaba la undécima posición mundial. Las mayores empresas del sector eran, en 1913, las navieras Sota y Aznar, con buques que acumulaban 148.279 toneladas de registro bruto, y Transatlántica, que alcanzaba las 107.902. Los navieros de Bil bao sumaban 207 buques y 401.243 toneladas de registro bruto, mientras que las cifras de Barcelona, segundo puerto, ascendían a 83 buques y 176.853 toneladas de registro bruto. Las navieras vascas aprovecharon para expandirse el tráfico exportador de menas locales, pero también el comercio con América y el de cabotaje (véase el cuadro 7.15). El teléfono, como la electricidad, se introdujo en España en 1881, fecha muy temprana, por la Sociedad Española de Electricidad. Pero su desarrollo fue lento a causa de la baja renta per cápita y del caos legislativo y tecnológico que suscitó la intervención reguladora de los gobiernos central y locales. En 1914 tan sólo había 32.200 abonados; es decir, 0,2 aparatos por 100 habitan tes. Una sola empresa concesionaria, la Compañía Peninsular de Teléfonos, al canzó dimensiones razonables, con más de la mitad del total de abonados. Su fortaleza estaba en Barcelona y la densa red catalana, además de Bilbao-Vitoria y Madrid. En 1909 construyó la doble conexión con Francia, por Irún y Portbou, uniendo, por fin, la red del noreste peninsular con Europa. La modestia del consumo postal y la lentitud de su progresión en España (véase el cuadro 7.16) muestran la escasa modernización de la economía española en la víspera de la primera guerra mundial.

La nueva banca mixta En Cataluña, el período se inició con un auténtico boom bancario, conoci do con el nombre de la «febre d ’or». En efecto, en contraste con la atonía del decenio precedente, durante los últimos meses de 1881 y primeros días de 1882

C R IS IS y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M IC A EN LA R EST A U R A C IÓ N

279

fueron creados numerosos institutos financieros. El proceso estuvo concentra do en Barcelona, sede de la mayoría de las nuevas entidades, y tuvo un carác ter fuertemente especulativo, nada relacionado con la actividad industrial, que apenas demandaba créditos bancarios, pero sí descuentos comerciales. Desde el comienzo de 1882, a la vez que se hundía la Bolsa de París, los valores ban carios catalanes iniciaron una pendiente descendente, prolongada durante años, que motivó la desaparición de la mayoría de las nuevas instituciones. En el resto de la década, como también en la siguiente, los pocos bancos catalanes supervivientes, y también los de Madrid, registraron reducciones en casi todas las partidas del activo. En el País Vasco sucedió lo contrario. La estructura in dustrial de la región y las nuevas oportunidades de inversión, alrededor de la minería, la siderurgia, la metalurgia y la construcción naval, crearon un gran espacio para la intermediación financiera y, a la vez, propiciaron importantes volúmenes de ahorro. A partir de 1899, tuvo lugar una marcada renovación del sector bancario, al calor del aumento del ahorro privado y de las rentas y las inversiones empre sariales, así como de la repatriación de capitales tras la pérdida de las colo nias. Surgieron nuevas entidades, como Banco Hispano Americano (1900), Ban co de Comercio (1901), Banco de Vizcaya (1901), Banco Español de Crédito (1902) y Caja de Pensiones y de Ahorros de Barcelona (1904), la mayoría de las cuales desarrollaron una actuación propia de banca mixta, con mayor im plicación en la promoción y gestión de empresas, sobre todo en sectores como electricidad, siderometalurgia, azucareras, transportes, seguros y servicios urbanos.20

7.7.

L

a s r e l a c io n e s e x t e r io r e s

A pesar del retorno al proteccionismo, España no se aisló durante la época. El mito del aislamiento de la economía española desde la aprobación del aran cel de 1891 viene enteramente desmentido por los hechos. El comercio inter nacional de mercancías creció bastante más que la población o el PIB y las partidas de invisibles de la balanza de pagos parece que registraron notables incrementos. Las conexiones de la economía española con la economía inter nacional experimentaron una intensificación indudable.

El comercio internacional Los registros de la época y las estimaciones recientes muestran que el co mercio de exportación español aumentó más en el subperíodo 1895-1913 que en los trece años precedentes (véase el cuadro 7.17). El grado de apertura muestra que el modelo de desarrollo seguido por el país no puede ser califica do de cerrado. Dicha apertura de la economía fue sustancialmente mayor desde 1891, en plena vigencia de los aranceles proteccionistas (véase el cuadro 7.18),

280


C u a d r o 7 .1 7 .

T a s a s d e c r e c im ie n t o d e l a s e x p o r t a c io n e s ( e n p o r c e n t a j e s )

1882-1895

1895-1913

C ifr a s o fic ia le s

0 ,4

2 ,2

U4

C i f r a s e s tim a d a s

1 ,4

3 ,0

2 ,3

F uente:

1882-1913

Estimación propia con datos de Tena (1989).

que antes. Los datos sobre el saldo de la balanza comercial son contradicto rios: mientras que las estimaciones recientes arrojan un superávit para casi la totalidad del período, los datos oficiales muestran déficit permanentes, lo que resulta más acorde con la pauta plurisecular del comercio exterior español.21 Las exportaciones de la agricultura especializada —mediterránea y cana ria— tuvieron una evolución muy expansiva, del mismo modo que la minería metálica. El proceso de industrialización europeo demandaba grandes cantida des de materias primas y alimentos y bebidas de mayor calidad. Francia y Gran Bretaña fueron los principales mercados de las exportaciones, entre las que se deben contabilizar, además de minerales, vino y aceite — con variaciones muy intensas en sus niveles— , naranjas, frutas y hortalizas. En las importacio nes, en cambio, alimentos y materias primas, como carbón o algodón, suponían un monto mucho menor que las manufacturas y bienes de equipo. La balanza comercial agraria fue siempre, y muy ampliamente, favorable, lo que contri buyó a financiar las compras exteriores estratégicas para el crecimiento. La composición del comercio de exportación traduce el bajo nivel de de sarrollo. Las ventas exteriores procedían de bienes en cuya producción el país disponía de ventajas comparativas absolutas, por razones de clima y dotación

C u a d r o 7 .1 8 .

E x p o r t a c io n e s , g r a d o d e a p e r t u r a y s a l d o d e l a b a l a n z a c o m e r c ia l

Exportaciones (millones de pesetas)

Grado de apertura *

Saldo comercial (millones de pesetas)

1882

7 6 7 ,8

1 5 ,2

6 0 ,5

1885

7 6 6 ,1

1 5 ,6

7 0 ,6

1890

8 7 6 ,3

2 0 ,7

3 1 ,5

1895

9 1 5 ,1

1 8 ,6

2 0 7 ,7

1900

1 .2 2 2 ,4

2 1 ,7

1 3 3 ,2

1905

1 .2 7 8 ,8

2 1 ,5

7 3 ,3

1910

1 .2 5 4 ,7

1 9 ,8

1 6 3 ,1

1913

1 .5 5 2 ,5

2 3 ,2

-2 8 ,3

* Porcentaje de la suma de importaciones y exportaciones en el PIB. Estimación propia con l o s datos de Prados ( 1 9 8 6 y 1 9 9 5 ) .

F uente:

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M IC A EN LA R EST A U R A C IÓ N

281

de recursos. Sin embargo, las exportaciones de tales productos se efectuaban sin procesamiento alguno, como pulpa de albaricoque o cítricos, y sólo en destino se transformaban en zumos, mermeladas o confituras. En aquellas pro ducciones en las que existían competidores importantes, como el vino y el aceite de oliva, los principales destinos fueron justamente Francia e Italia, países con excedentes, donde se empleaban en mezclas o eran directamente reexportados bajo marca propia, pese a que se lograron avances graduales en la apertura de mercados. Las exportaciones de manufacturados se apoyaron en los mercados colo niales, especialmente entre 1882 y 1898. De todos modos, la pérdida de las colonias no implicó la desaparición inmediata de estas ventas, a pesar del trato preferencial que recibieron en las islas los artículos norteamericanos. La ba lanza comercial española con Cuba se mantuvo muy favorable después de la independencia. Además, se incrementó la presencia comercial en nuevos mer cados de América Latina, en parte por la depreciación de la peseta y también por la influencia en las pautas de consumo de una numerosa inmigración espa ñola en aquellos países.

Rentas, transferencias e inversiones exteriores Las carencias tecnológicas prácticamente aseguraban la existencia de défi cit permanente en asistencia técnica o royalties. Además de la balanza tecno lógica, también la rúbrica relativa a las rentas de inversión tuvo que presentar grandes déficit anuales, a causa de los pagos motivados por el servicio de la deuda exterior en manos de no residentes y de los beneficios de las sociedades extranjeras, ferroviarias y mineras principalmente. Los beneficios por venta de mineral de hierro de Vizcaya entre 1876 y 1913, por ejemplo, se descomponen entre 313 millones de pesetas de beneficios autóctonos y 204 de beneficios extranjeros.22 La inversión extranjera directa pudo ascender en este período a más de 2.000 millones de pesetas, dedicadas en su inmensa mayoría a la constitución de sociedades. Francia se mantuvo, con mucha diferencia, como primer país in versor (véase el cuadro 7.19). España siguió recibiendo, por tanto, importantes volúmenes de inversión extranjera, si bien los destinos de la misma apuntan dos ciclos claramente diferenciados. La primera década parece haber conocido la culminación y, también, el fin del ciclo minero ante el agotamiento de las reservas y la madurez del sector. La segunda década dio comienzo a un nuevo ciclo de inversión extranjera, que tomó fuerza desde 1899, dirigido hacia las industrias eléctrica y química, así como a algunos sectores de los servicios como el transporte urbano, la banca y los seguros. Este tercer ciclo, tras el de los ferrocarriles y el de la minería, no llegó a alcanzar la magnitud de 1881-1890. La mayor novedad en el sector exterior fue la recepción de un grueso vo lumen de remesas y otras transferencias de emigrantes en el exterior, especial mente de Argentina, la Cuba independiente, Francia y México. Entre 1899 y


282

C uadro

7.19.

O

r i g e n d e i ,a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a

( e n MILLONES DE FRANCOS ANUALES)

1881-1890

¡891-1900

1901-1913

Francia Bélgica Gran Bretaña Alemania Otros

43,7 4,4 22,7 1,0

16,1 6,9 7,3 7,6 0,4

33,1 12,0 12,6 3,8 -

Total

71,8

38,3

61,5

-

F u e n t e : B ro d c r (1976).

1913 pudo ascender a unos 2.000 millones de pesetas, cantidad que duplicaba la inversión extranjera o los retornos desde las antiguas colonias en los mis mos años. Colaboraron a precipitar este flujo de envíos desde los países de acogida distintos factores. En primer lugar, la acumulación creciente de emi grantes en las áreas de destino desde 1882. En segundo lugar, la baja cotiza ción de la peseta y la perspectiva de apreciación tras el fin de las guerras, lo que constituía una oportunidad excepcional para situar con ventaja los ahorros en España. El tercer factor fue el traslado del ahorro de los españoles residen tes en las colonias — la llamada «repatriación de capitales»— con motivo de la inseguridad de la situación de preguerra y, más todavía, de posguerra. La ortodoxia de la política económica, en cuarto lugar, tras las reformas de Villaverde generó expectativas fundadas de estabilidad y crecimiento económico. Por último, en quinto lugar, los indultos del gobierno español en 1901 libera ron de toda sanción penal a los prófugos y desertores que durante varias déca das habían emigrado clandestinamente para eludir el servicio militar y, con ello, favorecieron su retorno. La importancia de las transferencias generadas por los emigrantes entre 1898 y 1913 no era algo excepcional en términos in ternacionales, puesto que Italia alcanzó a recibir un flujo quizá aún mayor en relación con el tamaño de su PIB en las mismas fechas. En cambio, la aplica ción de este gran aporte de recursos procedentes del exterior sí fue distinta. Mientras que en Italia sustentó un primer «milagro» económico, en España apenas sirvió para neutralizar el impacto negativo del despilfarro de recursos causado por las guerras coloniales.23

7.8.

C

o n c l u s ió n

:

u n a b r e c h a q u e se e n sa n c h a

El período se abre con la crisis financiera de 1882, que coincide con el arranque de una prolongada depresión agraria. A lo largo de esta etapa, la in dustrialización se difundió en la mayor parte de Europa al tiempo que las

C R IS IS Y R E C U P E R A C IÓ N E C O N Ó M I C A EN L A R EST A U R A C ÍÓ N

283

economías más desarrolladas consumaron una serie de transformaciones que integraban una «segunda revolución industrial». En términos comparativos, España avanzó muy lentamente. La población creció poco, a causa de los ele vados niveles de la mortalidad. Al tiempo, disminuyó la proporción de los ha bitantes de entre 15 y 64 años — población en edad de trabajar— y, aún más, la tasa de actividad. La alfabetización, aunque mejoró, se mantuvo muy baja y la formación especializada, prácticamente inexistente. La composición por sectores de actividad correspondía a una sociedad masivamente agraria. El cambio estructural del empleo, a favor de las actividades modernas, apenas se había iniciado en 1913. La producción total de bienes y servicios cayó durante la primera mitad del período, por causa de la crisis agraria, y creció entre 1895 y 1913, sin com pensar suficientemente el retroceso anterior. El balance global es de moderada expansión y de creciente retraso frente a la pauta europea. La actuación de las autoridades económicas se orientó en una dirección proteccionista, con la que se pretendía preservar un tejido productivo fuertemente dañado por la crisis agraria y sus efectos sobre el conjunto de la economía, y estabilizadora, ante las tensiones de todo orden causadas por la financiación de un Estado endeu dado por las guerras. El incremento de la inversión privada a partir de 1899 y de la capacidad de financiación exterior, gracias a los recursos procedentes de las colonias perdi das, de una inversión extranjera acrecentada y, principalmente, de las remesas y otras transferencias privadas de los emigrantes españoles en el exterior, se acompañó de un notable impulso de la agricultura intensiva, de algunos secto res industriales y de los transportes y la banca. Pero la recuperación fue lenta a causa de una muy baja inversión pública, fuertemente condicionada por las deudas de guerra, y de un consumo privado reducido, muy variable y poco ex pansivo. La inmensa mayoría de los españoles sobrevivía con dificultades en un me dio rural atrasado e ineficiente y conseguía niveles de renta per cápita muy ba jos. El sector agrario no alcanzó a generar un volumen de ahorro significativo ni a crear mercados de bienes de capital y de consumo amplios. La dotación de infraestructuras era deficiente y escasa y apenas mejoró a lo largo del perío do. El mediocre contexto de oportunidades económicas y la pobreza e ines tabilidad de los mercados resultaron, a su vez, en la debilidad del tejido pro ductivo y en la escasez de iniciativa empresarial. Todo ello se concretaba en la pobre calidad del patrón de crecimiento y, por lo mismo, en la incapacidad, no ya de acortar, sino ni siquiera de mantener las distancias con los países europeos avanzados, en lo que atiende a los niveles de bienestar de la población.

LECTURA RECOMENDADA Pedro Tedde Lorca ( 1999), «La economía española en torno al 98», en P. Tedde, ed., Economía y colonias en la España del 98, Madrid, Síntesis.

284


ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Para una presentación más amplia, en particular acerca del coste y del impacto de las guerras coloniales y de la evolución posterior de la economía española, véase Jordi Maluquer de Motes (1999), España en la crisis de 1898. De la Gran Depresión a la modernización económica del siglo xx, Barcelona, Península. Acerca del giro de la política económica, José María Serrano Sanz (1987), El vi raje proteccionista de la Restauración. La política comercial española, 1875-1895, Madrid, Siglo XXI. Sobre la crisis agraria, Ramón Garrabou y Josep Pujol (1988), «La crisis agraria española de finales del siglo xix: una etapa del desarrollo del capitalismo», en Garrabou, ed. (1988), La crisis agraria de fines del siglo XIX, Barcelona, Crítica. Las trans formaciones en la agricultura en D. Gallego Martínez (1986), «Transformaciones técni cas de la agricultura española en el primer tercio del siglo xx», en Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco, eds. (1986), Historia agraria de la España contemporánea, 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960), Barcelona, Crítica. Para la banca pri vada, P. Tedde de Lorca (1974), «La banca privada española durante la Restauración (1874-1913)», en P. Schwartz, ed. (1974), La banca española en la Restauración. I: Política y finanzas, Madrid, Banco de España.

8. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS (1914-1936) F r a n c is c o C o m ín U niversidad de A lcalá

8 .1 . U n CONTEXTO POLÍTICO SIMILAR A EüROPA

En el período de entreguerras se sucedieron situaciones políticas muy dife rentes. A la crisis de la monarquía de la Restauración, que ya venía de antes de 1914, le siguió una dictadura, tras el golpe de Estado del general M. Primo de Rivera, en septiembre de 1923. Tras la dimisión del dictador, en enero de 1930, se inició un período de transición, en el que se formó el gobierno Berenguer (la llamada «dictablanda») y, después, en febrero de 1931, el gobierno del almirante Aznar, de apenas dos meses. Después de las elecciones municipales de abril de este año, ganadas en las ciudades por los partidos republicanos, Alfonso XIII abdicó y se formó el primer gobierno provisional de la Segunda República; en octubre, M. Azaña pasó a presidir el gobierno, de centro izquier da. En diciembre de 1933 las elecciones legislativas fueron ganadas por la de recha, y comenzó el segundo bienio (llamado «negro») de la República. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 radicalizó los gobiernos de izquierda. En julio de 1936 una sublevación militar desencadenó la guerra civil. La quiebra del régimen de la Restauración era ya perceptible en 1918. Las causas fueron el fraccionamiento de los partidos y el personalismo de los líde res, la intromisión del rey en el proceso político, el renovado protagonismo del ejército, la aparición de partidos ajenos al tumo — de signo socialista, regionalista y republicano— y la inestabilidad social agudizada por la primera guerra mundial. La crisis de aquella democracia parlamentaria no puede, empe ro, explicarse sólo por factores políticos. Aquél era un sistema político propio de una economía atrasada. El crecimiento económico del siglo xx minó sus bases sociales; adquirieron mayor relevancia las clases medias urbanas (más cultas, más democráticas, más secularizadas), los trabajadores y sus sindicatos,


286

y con ellos los partidos de izquierdas y los regionalistas. Los desórdenes eco nómicos y las huelgas —originados por la coyuntura bélica y por el ejem plo de revoluciones exteriores— agravaron la crisis de aquel régimen político. La descomposición política y social en la posguerra mundial era tal que el golpe de Primo de Rivera apenas encontró resistencia. Después, la connivencia del rey con la dictadura convenció a la mayoría de los españoles — incluso a muchos monárquicos— de que la democracia era imposible sin la República. Consecuentemente, en 1931 la Segunda República llegó como la solución de mocrática al declive de la monarquía dictatorial. La fragilidad del segundo experimento republicano hundía sus raíces en las difíciles circunstancias co yunturales y en los desequilibrios estructurales y sociales, más que en la per sonalidad de los políticos —de derechas y de izquierdas— que se enfrentaron con aquella situación. Tampoco en lo político fue España una excepción en un contexto europeo en el que las crisis de las democracias parlamentarias, amenazadas por los ex tremismos de izquierdas y de derechas, allanaron el camino a los regímenes autoritarios y los frentes populares. Las trabas a la democratización no fueron privativas de España, aunque quizá sí fueron aquí más resistentes. Durante la Restauración, los regímenes políticos italiano, alemán o francés no eran muy distintos de la monarquía constitucional española. La dictadura de Primo de Rivera no fue un experimento extraño en la Europa de entreguerras, como tampoco lo seria la Segunda República. Pero más allá de los procesos polí ticos formales, España se retrasó en su modernización social; aspectos cru ciales como la laicización, la movilidad social y la educación generalizada se difundieron más lentamente, como consecuencia del atraso económico, pero también de los lastres sociales y el conservadurismo político. La neutralidad durante la primera guerra mundial impidió que se aplicaran las reformas eco nómicas que en otros países europeos contribuyeron a la cohesión social. Ese desfase en la modernización social explica que la cultura política de los espa ñoles adoleciera de poco democrática. Los movimientos políticos y sociales apelaban más a la demostración de fuerza que a las urnas, como demuestran el golpe de Primo de Rivera, las insurrecciones durante la Segunda República y el levantamiento militar de Franco. La ausencia de unas sólidas y amplias cla ses medias está, desde luego, en la base de esos comportamientos políticos.1

8.2.

C

o m p o r t a m ie n t o y e s t r u c t u r a d e l a e c o n o m ía e s pa ñ o l a

(1914-1936)

La economía española se comportó bien durante la guerra mundial y la déca da de 1920; en efecto, entre 1913 y 1929, el PIB por habitante pasó del 80,4 al 82,9 por 100 del correspondiente a Europa occidental; España creció en la fase 1913-1920, mientras que el PIB por habitante caía en Europa; en el subperíodo 1920-1929, la economía española creció menos que la europea (el 2,5 frente al 3,5 por 100). Después, en la crisis de la década de 1930, el PIB por habitante español retrocedió hasta el 73,7 por 100 en 1933. En el conjunto del

F,L P E R ÍO D O D E E N T R E Ü U E R R A S

287

período, por tanto, España perdió terreno frente a Europa en términos de PIB. No obstante, si analizamos los índices de desarrollo humano, que junto al PIB per cápita incluyen variables sociales como la educación y la esperanza de vida, entonces las cosas marcharon mejor para España, cuyo nivel pasó, entre 1913 y 1933, del 76,3 al 84,7 por 100 de la media de Europa occidental. Nues tro país, en efecto, avanzó considerablemente en estos indicadores entre 1913 y 1933: la esperanza de vida aumentó de 41,7 a 50 años; la alfabetización me joró del 52 al 74,9 por 100, y la eseolarización del 27,5 al 37,4 por 100.2 Los ciclos de la economía española coincidieron con los europeos, aunque con diferente intensidad sectorial; en el corto plazo, estuvieron marcados por las cosechas, y en el largo plazo, por la coyuntura internacional. Como en el resto de Europa, la economía española del período de entreguerras operó en un contexto caracterizado por la acentuación del intervencionismo, el corporativismo y el proteccionismo exterior. En la posguerra mundial, la demanda de consumo fue insuficiente y la industria española se vio amenazada por la so breproducción; de ahí que los empresarios apoyaran la cartelización oficial propuesta por la dictadura de Primo de Rivera; al igual que hicieron algunos sindicatos como la UGT, de filiación socialista. También en los años treinta la demanda agregada fue inferior a las posibilidades de producción, y los gobier nos republicanos plantearon otras medidas intervencionistas y proteccionistas. Asimismo, igual que en Europa, la política económica española puso en cues tión el sistema liberal y de mercado, tanto bajo la dictadura de Primo de Rivera como en la República. Por tanto, se distinguen dos ciclos, que coinciden con los europeos. El pri mero fue el ciclo bélico, con la fase alcista de 1913-1920 (salvo en los países beligerantes), cuando España conoció una coyuntura excepcional que alentó un notable crecimiento económico, seguida de una fase de estancamiento en 1921-1923. El segundo ciclo comenzó con el notable crecimiento económico entre 1924 y 1930, y finalizó en la moderada crisis de 1931-1934, que duró poco, pues ya en 1934 y 1935 se apreció una recuperación económica. Vea mos estos ciclos.

Una prosp erid a d engañosa durante e l ciclo d e la guerra m undial

Entre 1914 y 1920, afloró en España, como en todos los países neutrales, una prosperidad en los negocios relacionados con el exterior; cuando finalizó la conflagración, la economía española volvió a evidenciar sus ineficacias y problemas tradicionales, pero acrecentados por los desajustes en la produc ción, en los transportes y en la distribución de la renta generados por la guerra mundial. Sin participar en la misma, la actividad económica se vio seriamente afectada. Como país neutral, España se benefició de una protección coyuntural de la competencia internacional y de la pujante demanda exterior. Este es uno de los escasos períodos en que la balanza comercial y de servicios presentó un superávit (que pasó del 1,1 al 6,5 por 100 del PIB entre 1914 y 1919), que per-

288


G r á f ic o

8.1. PIB

co •<*• w T - =- T 0

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(PIBcf) 1929 = 100)

a c o st e de factores

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reales;

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3

T - T- - r - - i M l M C M ( M C J C M C M O J W C V J C O Í O C O C » > C O C O 0 3 0 3 0 3 0 5 0 ) 0 3 0 ) 0 3 0 0 ) 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 0 5 0 3 0 3

PIBcf

Fuente;

Prados d e

y pr o d u c t o a g r a r io

la

Agricultura, silvicultura y pesca

Escosura ( 2 0 0 2 ) .

mitió la nacionalización de activos españoles en manos de extranjeros (la deu da exterior y las acciones de ciertas compañías, como las ferroviarias y mine ras) y una acumulación de reservas de oro y divisas. Las empresas españolas favorecidas por la coyuntura extraordinaria tuvie ron altos beneficios, pero apenas invirtieron; entre 1915 y 1919 la formación bruta de capital fijo creció en términos monetarios, pero su participación en el PIB se estancó en el 7,4 por 100. En términos reales, disminuyó tanto la inver sión pública como la privada. No ocurrió, por tanto, la industrialización por sustitución de importaciones; bien es cierto que la producción de maquinaria y de material de transporte creció, pero partía de niveles muy bajos. Contraria mente, las empresas exportadoras pasaron por serias dificultades, debido a la perturbación de los mercados internacionales. Las abundantes sociedades anóni mas constituidas entre 1916 y 1920, al calor del auge en los negocios, son un indicador engañoso de una fase alcista un tanto decepcionante. Entre 1914 y 1920 el PIB per cápita apenas creció al 0,6 por 100 anual. En términos reales, aumentó la producción de la agricultura y de los servicios, pero cayó la produc ción industrial y, sobre todo, la construcción (véanse los gráficos 8.1 y 8.2). Ante la rigidez de la oferta, el aumento extraordinario de la demanda exte rior de alimentos y productos básicos generó un fuerte proceso inflacionista; el

EL PERÍODO D E E N T R E G U E R R A S G rá fic o

289

8.2 . P r o d u c c i ó n d e l a i n d u s t r i a , c o n s t r u c c i ó n y s e r v i c i o s ( í n d i c e s r e a l e s ; 1 9 2 9 = 10 0 )

—

F uen te:

Industria

—-#— Construcción y Obras Públicas

— ,¡

Servicios

Prados de la Escosura (2002).

deflactor del PIB casi se dobló entre 1915 y 1920, como muestra el gráfico 8.3. Se planteó el problema de las subsistencias y el gobierno intentó controlar las exportaciones y los precios para que el mercado interior no quedase desabas tecido. El Ministerio de Abastecimientos fracasó, y la escasez y la inflación provocaron huelgas y conflictos sociales: en mayo de 1916, se planteó la pri mera penuria grave de alimentos y en julio se realizó una huelga general; en agosto de 1917, hubo otra huelga general revolucionaria en toda España y la conflictividad siguió en los años siguientes. Todo ello trajo consigo aumentos de los salarios entre 1917 y 1920 (véase el gráfico 8.3). Como España no par ticipó en la guerra, no se intervinieron las industrias, pero se creó una comi sión para preparar la movilización de las empresas privadas, por si España se veía involucrada en el conflicto. Tras la paz de Versalles, la economía española volvió a sufrir la competen cia exterior. No hubo, empero, una profunda crisis global; el PIB real no cayó, ni en 1921, por la deflación de precios de estos años. La producción agraria sí que se redujo en 1921 y 1923, mientras que la industrial se estancó hasta 1924; pero el buen comportamiento de la construcción y los servicios compensó esas crisis sectoriales. En 1920 volvió el déficit en la balanza comercial (2,6 por 100 del PIB). La sobreproducción industrial y agraria en la economía mundial

290


Salarios reales en la industria

— m— Beneficios reales

Precios

F u e n t e : Maluquer de Motes (1989).

empeoró la situación de las empresas españolas, cuyas instalaciones y maqui naria adolecían de una obsolescencia técnica, por la ausencia de inversiones, y física, por la sobreutilización durante el período bélico. Además, los fuertes aumentos de l o s costes, entre ellos l o s salariales (por e l alza de salarios y la jornada de ocho horas), impedían a las empresas españolas ser competitivas, incluso en el interior del país. Esto implicó el notable aumento de las importaciones en 1919 y 1920 (has ta un 13,3 por 100 del PIB). No hay que extrañarse, por tanto, de que se apro base el arancel Cambó en 1922. No obstante, ese mismo año se aprobó una ley de autorizaciones para celebrar tratados comerciales, y a los países que los fir maron se les aplicó la columna segunda del arancel, que era menos proteccio nista que la primera, de aplicación general. Los tratados explican la notable recuperación de las importaciones en 1923 y 1924. Aunque no tanto, también se recuperaron las exportaciones, que habían descendido del 14,7 al 6,0 por 100 del PIB entre 1919 y 1922. Como veremos, la minería metálica comenzó a perder mercados exteriores, mientras que la minería del carbón se convirtió en el sector extractivo principal, gracias a la protección del Estado; tras la guerra, los productos de la agricultura mediterránea se convirtieron en la principal mercancía de exportación. La superproducción generó preocupación entre los empresarios, acrecentada por los conflictos sociales de la posguerra; particularmente en las zonas más

EL P E R ÍO D O D E E N T R E G U E R R A S

291

industriales, como Cataluña, donde en marzo de 1919 hubo una huelga gene ral, seguida en agosto por un cierre patronal. Esta eonflietividad social, exten dida por todo el país, generó inestabilidad política y avances en la legislación social, como la implantación de la jomada de ocho horas en octubre de 1919, y la creación del Ministerio de Trabajo en 1920. La otra cara de la moneda fue la represión política, como la ilegalización de la CNT en 1920. La inestabili dad social pervivió en los años siguientes; otra huelga general en la minería vizcaína, en 1922, se complicó con asesinatos significativos en 1923, Toda esta agitación social inhibió la actividad económica y preparó el ambiente para el golpe militar de Primo de Rivera.

El ciclo económico y político (1924-1936) El crecimiento económico entre 1924 y 1930 fue rápido, pues el PIB per cápita aumentó al 2,5 por 100 anual, impulsado por la demanda de inversión. Los sectores que más influyeron fueron la industria junto a la construcción y, en menor medida, los servicios; la agricultura, que ya venía creciendo desde 1914, contribuyó menos. La década de 1920 no escapó a los altibajos anuales provocados por el ciclo agrario, que seguía marcando la evolución del PIB; las

G r á f i c o 8 .4 . I n v e r s i ó n

p r iv a d a y p ú b l i c a

Fuente; Prados de la Escosura (2002).

(I n d i c e s

c u á n t ic o s ;

1913 = 100)

292


G r á f i c o 8 .5 . C o m p o n e n t e s d e l a f o r m a c i ó n b r u t a

df

c a p i t a l fijo (F B C F )

(en p o r c e n ta je s )

Maquinaria y equipo — Mí— Otras construcciones

f

Material transportes Viviendas

F uf.ntp .: Prados de la Escosura (2002).

buenas cosechas de 1925, 1926 y 1927 impulsaron la demanda de consumo y de inversión. La producción industrial, por su parte, pautó el ciclo a medio plazo. Desde el lado de la demanda, el consumo privado cayó del 82,5 al 75,7 por 100 del PIB entre 1923 y 1930; el consumo público disminuyó aún más. La inversión en capital fijo fue, sin duda alguna, el elemento más dinámico del período: su participación en el PIB pasó del 8,2 al 16,7 por 100. Crecieron tanto la inversión pública como la privada; pero aquélla lo hizo antes y con mayor intensidad, gracias a las grandes inversiones del presupuesto extraordi nario de obras públicas, puesto en marcha en 1926, y los gastos de las cajas especiales —entre las que destacaron la ferroviaria, las confederaciones hidro gráficas y los firmes especiales. Sectorialmente, la inversión aumentó más en la construcción, tanto en viviendas como en obra pública; también destacó la adquisición de maquinaria (véanse los gráficos 8.4 y 8.5). La balanza de mercancías y servicios fue deficitaria entre 1923 y 1930; no obstante, el déficit comercial se redujo hasta 1926 por la notable caída de las importaciones (que habían sido altas en 1923 y 1924) y el moderado aumento de las exportaciones. Después de 1926 las importaciones volvieron a aumen tar hasta el máximo de 1929, incrementando de nuevo el déficit comercial con el exterior. Alguna sustitución de importaciones debió de lograrse hasta 1926,

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS G r á h c o 8.6. C o m e r c i o

e x t e r io r

Exportaciones

F uente:

( en

p o r c e n t a je s d el

— m— Importaciones

293

P IB )

Saldo comercia)


cuando el déficit comercial sólo fue del 0,6 por 100 del PIB. El auge posterior a esa fecha —y la evolución de la divisa— llevó el desequilibrio exterior al 2,9 por 100 del PIB en 1929 (véase el gráfico 8.6). No parece que, dados esos valores del déficit comercial, el sector exterior fuese una restricción al creci miento económico durante los años veinte. Sobre todo, considerando el aumen to de la inversión extranjera, todavía por cuantificar. Este crecimiento de los años veinte se logró sin ninguna tensión inflacionista, como puede verse en el gráfico 8.3. El proteccionismo y el intervencionismo contribuyeron, aparentemente, a favorecer el crecimiento económico y el desarrollo de la empresa industrial moderna en España, durante los anos veinte. Pero fueron más importantes los fondos acumulados durante la primera guerra mundial, y otros factores como las ayudas del Estado, la favorable coyuntura internacional, la expansión del comercio exterior y las inversiones extranjeras. Asimismo, en el aumento de la inversión privada durante los años veinte fue determinante la pacificación so cial impuesta por la fuerza y la represión durante la dictadura. El directorio militar (que era el primer gobierno de Primo integrado sólo por militares) im puso la censura previa, disolvió las Cortes, y reprimió a los sindicalistas de la CNT (el PSOE y la UGT no ofrecieron resistencias); se persiguió a los repre sentantes de la «vieja política», es decir, a los parlamentarios de la última fase

294


de la Restauración. Hasta mayo de 1925 no se levantó el estado de guerra, y en diciembre de ese año el dictador nombró el directorio civil, incorporando civiles al gobierno. Primo de Rivera controló la situación política hasta 1929, pues no hubo conflictos abiertos salvo algunos intentos de sublevación. En 1929 ya hubo conatos de huelga general y una sublevación militar fracasada. Ante la pérdida de apoyo, Primo dimitió en enero de 1930. Fue este un año de incertidumbre, por las manifestaciones y sublevaciones antimonárquicas, y de cambio en la política económica. La Segunda República coincidió con la crisis internacional de los años trein ta. En España se presentó tarde; hasta 1931 no cayó el PIB a precios corrien tes; aunque en pesetas constantes, la crisis habría que adelantarla un año. La crisis fue leve y corta, pues sólo duró hasta 1933, pues en 1934 ya se había recuperado el nivel de 1930. En esto influyeron las buenas cosechas de 1932 y 1934, y el crecimiento del sector servicios. El error Argíielles —que es como se conoce a la paralización de la política expansiva de gasto en 1930— reper cutió negativamente sobre algunos sectores, pero apenas afectó al PIB. Más que por el cambio de política fiscal, la crisis se explica por la caída de la in versión y de las exportaciones de mercancías: la formación bruta de capital fijo (FBCF) disminuyó del 16,7 al 11,8 por 100 del PTB en 1931, con respecto al año anterior; en ese nivel permaneció hasta el inicio de la guerra civil. Los componentes de la inversión que más cayeron fueron la construcción de vi viendas y la adquisición de material de transporte. La inversión en obra pública y en maquinaria descendió menos. La inversión pública cayó bruscamente en 1930, por el error Argüelles, aunque el presupuesto extraordinario de 1926 ya había sido paralizado por el propio ministro que lo había puesto en marcha, José Calvo Sotelo. Pero con la República, la inversión pública creció intensa mente, hasta el descenso de 1935. Por el contrario, la inversión privada cayó fuertemente en 1931 y 1932, y luego se estancó. Por su parte, las exportacio nes se redujeron del 7,5 al 4 por 100 del PIB entre 1931 y 1935, y ya no se recuperaron. El notable descenso de las importaciones entre 1929 y 1931 casi logró el equilibrio comercial exterior, pero luego, aunque las importaciones si guieron cayendo (salvo en 1932), el déficit exterior aumentó al ser aún mayor la caída de las exportaciones. Las demandas de consumo privado y público impidieron que la crisis de los treinta fuera más intensa en España. El consu mo privado aumentó del 75,7 al 85,5 por 100 del PIB entre 1930 y 1932; por su parte, el consumo público aumentó del 9,7 al 11,7 por 100 del PIB entre 1931 y 1933. Durante el primer bienio republicano, el descenso de la inversión privada estuvo determinado por la conflictividad social y las desfavorables expectati vas de los empresarios, pues se promulgó una legislación que aumentaba los costes salariales (subidas de salarios y política social), ponía en cuestión la propiedad agraria, y amenazaba con el control obrero de las fábricas. Con la proclamación de la República, la inseguridad jurídica fue un problema para los negocios. En mayo de 1931 se quemaron conventos en Madrid; se aproba ron medidas para evitar la fuga de capitales; y se mataron guardias civiles, en

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

295

diciembre, en Castilblanco. Las sublevaciones anarquistas y las huelgas revo lucionarias se agravaron en 1932; se enconó el problema religioso (disolución de la Compañía de Jesús, retirada de crucifijos de las escuelas) y el autonómi co: en el tiempo transcurrido entre el apoyo por los alcaldes a un nuevo Esta tuto para el País Vasco y la aprobación del Estatuto de Cataluña, tuvo lugar el pronunciamiento fracasado del general Sanjurjo (agosto de 1932); a finales de año, se aprobaron la reforma agraria y el impuesto sobre la renta. El año de 1933 comenzó con la matanza de Casas Viejas, y en abril, la ley de congre gaciones religiosas apartó a la Iglesia de la enseñanza. Tras el triunfo de las derechas, que reformaron las reformas del primer bienio, la conflictividad se agravó en 1934. En abril comenzó la huelga de campesinos, y en octubre se con vocó una huelga general, que desembocó en una sublevación en Barcelona y Asturias, de manera que el gobierno decretó el estado de guerra y suspendió el Estatuto de Cataluña. La represión que siguió sofocó los conflictos sociales hasta el triunfo electoral del Frente Popular, en febrero de 1936. Como habían hecho las derechas en 1934, el Frente Popular también concedió una amnistía política, además de otra laboral, para la readmisión de los obreros despedidos en la huelga de octubre de 1934. Comenzaron las ocupaciones de tierras en Badajoz y los actos de violencia. La sociedad española se había polarizado en dos bandos. Las tensiones que generó ese enfrentamiento explican la suble vación del general Franco en 1936.3

La estructura sectorial de la economía A pesar de los innegables avances, la modernización de la población, la so ciedad y la economía españolas aún no se había logrado cuando estalló la guerra civil en 1936. En el período de entreguerras, España era un país en transición demográfica. Entre 1914 y 1935, las tasas brutas (por 1.000 habi tantes) evolucionaron así: la de natalidad cayó de 29,8 a 25,7; la de mortalidad disminuyó de 22,1 a 15,7; consecuentemente, el crecimiento natural de la población aumentó de 7,7 a 10,0; también descendió la mortalidad infantil de 151,8 a 109,4. El avance es claro, pero las cifras todavía nos muestran un régi men poblacional atrasado, que no ha completado la transición demográfica. El movimiento migratorio exterior (transoceánico) tuvo signo negativo entre 1916 y 1930, salvo en 1918 y 1921; durante la República, por el contrario, la inmi gración neta fue alta, aunque decreciente; la explicación está en la crisis in ternacional y en las expectativas creadas por el régimen republicano entre los trabajadores del exterior. En 1930 la tasa de actividad (población activa/pobla ción total) seguía estando en el 36,6 por 100, siendo destacable la baja tasa de actividad de las mujeres (sólo el 9,1 por 100). La población agraria descen dió del 66 al 45,5 por 100 de la población activa entre 1900 y 1930. Los economistas de la época estimaron que, entre 1923 y 1935, la produc ción agraria cayó del 51 al 40 por 100 del PIB, la industrial aumentó del 30 al 34 por 100, y los servicios pasaron del 10 al 26 por 100. Es decir, que todavía

296

H IS T O R IA E C O N Ó M IC A D E ESPA Ñ A

G r á f i c o 8 .7 . E s t r u c t u r a

del

c o n su m o p riv a d o (en p o rc e n ta je s )

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Otros gastos Vestido y otros artículos personales

Vivienda , Alimentación

F u e n t e : P ra d o s d e la E sco su ra (2002).

en la Segunda República, la población y la producción agrarias seguían siendo fundamentales. Los ciclos agrarios marcaban la evolución de la economía en su conjunto. Así lo expresaba Antonio Flores de Lemus: «La coyuntura espa ñola en lo que tiene de específicamente español, irradia en los campos». Esa dimensión de la agricultura y de las industrias agroalimentarias es corroborada por la magnitud del consumo de alimentos, que cayó del 47,8 el 44 por 100 del PIB entre 1923 y 1935. Los gastos en vestido y vivienda seguían en importan cia, pero a mucha distancia. Si a esos tres componentes se añade el gasto en bienes de consumo duradero, quedaba muy poco margen para los servicios (véase el gráfico 8.7).4 Respecto al sector servicios (sobre el que apenas sabemos nada), cabe de cir que cuatro de ellos significaban entre el 76 y el 68 por 100 del valor añadi do del sector (según datos para 1914 y 1935). Se trataba del comercio, la vi vienda, la administración pública y el transporte. Los servicios profesionales son los que más progresaron en este período. La hostelería se desarrolló en la década de 1920 y sufrió intensamente la crisis de los treinta (véase el gráfi co 8.8). El sector financiero también ganó importancia, como veremos. En cuanto a la estructura de los precios, los distintos sectores marcaron unos mismos ciclos a medio plazo, pues todos evolucionaron como el deflac-

EL P E R Í O D O DE E N T R E G U E R R A S

. . Oíros servicios ¡i, Vivienda

— Profesionales — ■ —. Comercio

„— Hostelería — 4 — Transporte

297

— ^— Administración pública

FuENTt: Prados de la Escosura (2002).

tor del PIB. Lo más destaeable fue que el nivel de los precios agrarios era bas tante inferior a los precios industriales y del sector servicios.

8.3.

L as

m o d e r a d a s t r a n s f o r m a c io n e s d e l se c t o r a g r a r io

Producción y productividad De los avances de la agricultura tenemos los indicios siguientes. En primer lugar, crecieron la superficie cultivada y el valor de producción; entre 1900 y 1931 la producción agraria creció a una tasa anual comprendida entre el 1,1 y el 1,4 por 100, mientras que la población sólo lo hacía al 0,8 por 100. Du rante la primera guerra mundial y la Segunda República, el producto agrario aumentó por encima del PIB; por el contrario, en los años veinte, la agricultura progresó menos. En esta década, la industria y los servicios tiraron de la eco nomía. El índice de la producción agraria muestra que las variaciones anuales de la cosecha eran muy amplias, por la evolución del clima, y marcaban los ciclos del PIB. No en vano, la agricultura era el mayor sector.

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En segundo lugar, cambió la estructura del producto agrario, pues se exten dieron más los cultivos leñosos (viñedo, olivar, almendro, algarrobo) e inten sivos (frutales, cultivos de huerta, plantas industriales) que el resto; la super ficie dedicada a cereales y leguminosas se redujo (del 79 al 75 por 100 de la superficie agraria, entre 1901 y 1931), por el avance de aquellos cultivos más intensivos. El peso de los cereales se explica por el entorno natural de la España seca. En 1931 la producción de cereales era el 40 por 100 de la agraria, muy parecida a la de principios de siglo; si se restan los reempleos, la producción final de cereales era del 30 por 100. Hubo además una reasignación de la pro ducción de los cereales, desde los panifieables hacia los piensos. Ello obede cía al ligero aumento de la producción ganadera (pasó del 27 al 30 por 100 del producto final agrario), que se desplazó a favor de las especies productoras de carne y leche, y del ganado mular, por la mayor utilización del trabajo ani mal. Esos cambios en la estructura productiva fueron originados por el aumento de la demanda urbana (derivada de la urbanización) y de la demanda exterior. En tercer lugar, la agricultura abasteció el mercado interior y volvió a ser el principal proveedor de divisas. El mercado nacional fue el impulsor del de sarrollo agrario; los productos comercializados en el interior crecieron más que la producción agraria. Pero el sector primario estuvo más abierto al exte rior que los demás sectores. Los artículos agrarios se convirtieron, desde 1914, en el principal renglón de exportación, de manera que, en 1931, sólo la naran ja y la almendra representaban el 23 por 100 de las exportaciones totales, y el vino y el aceite, el 21 por 100. Las importaciones de trigo, tan frecuentes has ta 1922, fueron entonces prohibidas, por lo que desaparecieron de la balanza comercial, salvo en 1928, 1929 y 1932, cuando fueron autorizadas por la pre visión de malas cosechas; sólo la primera vez acertaron los gobiernos, pues en los otros dos años las cosechas fueron excelentes. El superávit de la balanza agraria fue el principal soporte de la financiación exterior de la economía española. Esto reflejaba la competitividad exterior de los productos agrarios mediterráneos. El proteccionismo, vigente desde el siglo xix, afectó a la redis tribución de la renta — entre productores y consumidores de productos agra rios— y al mantenimiento de los campesinos en el sector, pero no tanto a la reasignación de la superficie agraria, dadas las escasas alternativas técnicas ofrecidas por las tierras de secano, que sólo podían dedicarse a pastos, cerea les, viñedos y olivares. La protección sí que contribuyó a la expansión de la agroindustria y de los cultivos suministradores (azúcares, alcoholes, harinas, aceites vegetales, y carnes y pescados para conservas y congelados); éste fue unos de los sectores que mayores transformaciones productivas y tecnológicas introdujo en el medio rural. En cualquier caso, la crisis de los años treinta consolidó la introversión de la agricultura española.5 En cuarto lugar, la productividad de la tierra y de los trabajadores agrarios creció gracias al mejor aprovechamiento del medio natural, que no ofrecía muchas posibilidades en las tierras de secano. El crecimiento anual de la pro ductividad del trabajo en la agricultura se situó entre el 1,5 y el 1,9 por 100. Estos avances nacían de una organización más eficiente de la producción agra-

En n ú m e r o s

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8. 1 . S u p e r f ic ie a g r a r i a

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1930.

F u e n t e : D. Gallego (1993), «Pautas regionales del cambio técnico en el sector agrario español (1900-1930), Economía, 2, apéndice 6.

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F u e n t e : D. Gallego (1993), «Pautas regionales del cambio técnico en el sector agrario español (1900-1930), Economía, 2, apéndice 6 .

Mapa


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ria, la introducción de los abonos artificiales, la adopción de nuevos aperos, de sistemas de riego y de maquinaria moderna, y, también, de la emigración de cier tos excedentes de mano de obra (con una productividad muy baja) del campo a la ciudad y, en menor medida, al extranjero. La distribución geográfica del progreso técnico fue muy desigual (véanse los mapas 8.1 y 8.2); en conse cuencia, regionalmente, variaron mucho los rendimientos por hectárea (mayo res en la periferia que en el interior) y por trabajador (mayores en el norte que en el sur), que dependían mucho de las condiciones ambientales y del uso del suelo, en el primer caso, y de factores sociales e institucionales (la propiedad), en el segundo. En los años 1929-1933, la producción por hectárea en el norte cuadruplicaba la del interior, y la producción por empleado en el norte casi duplicaba la de Andalucía.6 El uso de abonos artificiales (químicos y minerales) explica las nuevas ro turaciones practicadas, a costa de eriales y barbechos; esto supuso una reduc ción de pastizales, que fue suplida por la mayor producción de cereales pienso. Esos abonos, empero, se utilizaron más intensamente en los nuevos cultivos de regadío. Las otras innovaciones técnicas —mecanización, semillas, etc.— fueron modestas comparadas con las de la década de 1960, aunque resultan relevantes si se cotejan con el menor avance técnico del siglo xix. Los factores que favorecieron el progreso técnico fueron el proteccionismo, las mejoras en los transportes, la urbanización y la industrialización de algunas zonas, el aumento de los costes laborales, el crecimiento de los precios relativos de cier tos productos intensivos, el descenso del precio de los inputs externos, y el fo mento del Estado. La mecanización (segadoras, trilladoras y tractores) avanzó significativamente en las décadas de 1920 y 1930, con el objetivo de discipli nar, más que de sustituir, a la mano de obra, dada la conflictividad del campo. La adopción de motores de bombeo (eléctricos y de explosión) para captación de aguas, más que las grandes obras públicas, permitió la extensión del rega dío. No obstante, la energía animal aún suponía el 95 por 100 de las disponibi lidades energéticas de la agricultura española. En suma, la mecanización no se retrasó apreciablemente en España con respecto a una Europa (si se exceptúan Inglaterra y Prusia) que encontró serias dificultades para la mecanización agraria a gran escala entre 1917 y 1936, debido a la hostilidad de los jornale ros. La abundancia de mano de obra, los altos aranceles, los minifundios, y el bajo capital humano fueron obstáculos para la mecanización. Con todo, la im portación de maquinaria (motocultivos, segadoras y trilladoras) aumentó entre 1925 y 1929, pero luego cayó drásticamente hasta 1932, sin apenas recuperar se después; esto tuvo que ver con la crisis económica y con la legislación la boral en el campo. También se difundieron las innovaciones biológicas: el uso de anticriptogámicos (azufre y sulfato de cobre), la incorporación de nuevas razas ganaderas y la reorganización de la producción de leche y carnc; la inno vación de semillas autóctonas y la importación de semillas extranjeras, y el mayor cuidado de los cultivos. Todo ello permitió, entre 1905 y 1935, duplicar los rendimientos de cultivos tales como las patatas, los nabos, el maíz, el trigo y el centeno.

302


Así pues, las mejoras de la productividad en la agricultura española no fue ron excelentes, pero sí acordes con las características del medio natural y con una economía en la que el desarrollo de los demás sectores era también mode rado. No se puede culpar a la agricultura de ser un freno a la industrialización en este período. Ni es cierta la argumentación inversa, pues el atraso español tampoco se puede explicar únicamente por el adverso medio ambiente y por el escaso desarrollo de la industria. El hecho es que, junto a las restricciones am bientales, hubo obstáculos de tipo social en el mundo rural que impidieron alcanzar el crecimiento potencial, dados el medio natural y la tecnología dis ponibles. Estos obstáculos eran más evidentes en las zonas más polarizadas socialmente, y sin unas clases medias que cohesionaran la economía y la po lítica, como era la España del sur. En el período de entreguerras, empero, el lastre de la agricultura sobre el crecimiento económico se diluyó parcial mente. La demanda urbana adquirió mayor peso, restando relevancia a la demanda rural, que también aumentó, tanto la de consumo como la de inver sión. En este caso, la demanda de abonos y maquinaria favoreció el desarrollo de la industria nacional, además de permitir un aumento de la productividad, limando las restricciones impuestas en el siglo X IX por la escasez de agua y de nutrientes.

La reforma agraria de la Segunda República La reforma agraria de 1932 fue una de las políticas estructurales que más pasiones y tensiones levantó durante la Segunda República: tanto o más que la reforma religiosa, la regional, la laboral, la militar o la tributaria. Todas juntas, llegaron a ser explosivas. A la reforma agraria se le hizo responsable de la guerra civil y de haber defraudado a los obreros y campesinos. Su historia debe entenderse en el contexto de un régimen republicano que trataba de asen tarse en un clima de reacción —desde la izquierda y la derecha— e inestabili dad política, y que había creado unas grandes expectativas entre los jornaleros y los campesinos. Había un gobierno reformista dispuesto a acabar con los obs táculos al crecimiento económico y a lograr la estabilidad social. El país, ade más, se enfrentaba a una situación de crisis económica — española e interna cional— en la que el desempleo era más estructural y agrario que coyuntural e industrial. La inestabilidad social del régimen republicano era alarmante, por que los trabajadores tenían mayores posibilidades de presión - las frecuentes huelgas— y de negociación — desde unos ministros de Trabajo o de Hacienda socialistas hasta una legislación favorable— , y porque propietarios y empresa rios no tardaron en mirar con mucho recelo las reformas republicanas, y en oponerse a ellas con todo tipo de medios. En estas condiciones, la reforma agraria no se planteó sólo como una cuestión ideológica (el agrarismo de iz quierdas y centro) y política (ganar adeptos al régimen republicano y reducir la conflictividad en el campo), que sin duda lo era, sino también como un ins trumento económico, para lograr un incremento de la productividad y de la


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eficiencia económica, así como también una mayor equidad a través de la redistribución de la riqueza; es decir, de la renta de la tierra. Siendo la cuestión de la eficiencia importante, el detonante de la reforma fue la inestabilidad política: las huelgas y las invasiones de fincas eran fre cuentes y violentas; y, según Manuel Azaña (1997), la agitación no era obra de comunistas — como decía la propaganda de derechas— , sino de campesinos hambrientos. Evidentemente, el gobierno no quería limitarse a controlar las ocupaciones a tiros, sino introduciendo mejoras sociales. El gobierno Azaña se encontraba ante un problema de discrepancia entre la eficiencia privada y la social de la propiedad agraria. La distinción entre la ganancia de eficiencia - —aparentemente incierta— y la mejora en la distribución de riqueza —que era obvia— no era tan nítida como presuponen los historiadores que cuestio nan la oportunidad y las posibilidades de la reforma agraria en un contexto de atraso económico. Los economistas y los ingenieros que prepararon el proyec to conocían bien las restricciones ambientales en la agricultura española, pero también los condicionantes sociales derivados de la estructura de la propiedad. Los latifundistas buscaban maximizar los beneficios de su explotación, y mu chos lo lograban; pero eso no maximizaba el bienestar social, que era el ob jetivo que perseguían los políticos y los reformadores sociales. El extendido paro agrario estructural justificaba, por sí solo, una reforma encaminada a reducirlo. Así se ganaría en tranquilidad y justicia social y, además, aumenta ría la masa salarial, que siempre impulsaría la demanda de consumo. Los prin cipales economistas —tanto A. Flores de Lemus como F. Bemis, que conocían las reformas centroeuropeas— eran partidarios de la reforma agraria. Habla mos de economistas moderados, como lo era Azaña en la política; pero en aque lla situación, la resolución de los problemas del paro y de la tensión social, así como del crecimiento económico, exigía medidas como las tomadas por el go bierno provisional de la República y la reforma agraria. La Comisión Técnica Agraria (de la que formó parte, por cierto, Flores de Lemus), que preparó el proyecto, propuso una reforma general y urgente, aprobada por decreto, para que tuviera efectos rápidos sobre la estabilidad so cial y política. Pero el gobierno Azaña —más atento a las garantías parlamen tarias— decidió que una reforma tan trascendente había de tramitarse en las Cortes; la negociación y discusión parlamentaria desbarató la racionalidad del proyecto de los técnicos y, sobre todo, retrasó su aplicación. La reforma agraria de la Segunda República pretendía rectificar la revolución liberal del siglo xix, y no simplemente instalar campesinos en la tierra. De hecho, incluyó varias leyes y decretos. La primera y fundamental fue la ley de bases para la reforma agraria, de septiembre de 1932, que pretendía asentar jornaleros y pequeños propietarios en parcelas públicas. Para conseguir esas tierras, se preveía la con fiscación de fincas de la grandeza (sin indemnización) y la expropiación de latifundios de más de 250 hectáreas (aunque la extensión variaba según el cultivo), de las fincas sistemáticamente arrendadas y de las insuficientemen te cultivadas; la ley establecía que sólo se expropiarían tierras de labor. El reparto de tierras no sólo llevaba aparejada una utilización más intensiva del

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factor trabajo, sino también del capital (ganado, abonos). La transferencia de tierras a los campesinos se hizo, además, sin coste para el Estado, pues hasta 1936 sólo afectó a tierras de los grandes de España. La nueva situación era, probablemente, mejor que la anterior, porque lo que perdieron los nobles —en términos subjetivos— tuvo que ser menor de lo que ganaron los jornaleros y campesinos (siempre que la utilidad marginal del dinero fuese decreciente en los años treinta, lo que parece más que probable). Los campesinos recibieron tierras y medios de producción suficientes para mantener una economía fami liar. El coste por colono varió en función de las indemnizaciones o la renta, de la calidad de la finca y de los créditos concedidos al campesino para adquirir aperos, simiente, abonos y ganado de labor. La segunda pieza de la reforma agraria fueron los decretos sobre laboreo forzoso (1931) y sobre intensificación de cultivos (noviembre de 1932). Este último fue una respuesta de Azaña a la conflictividad en Extremadura, desa tada por el desahucio de yunteros. Con estas leyes se pretendía corregir el desempleo agrario, provocado por la menor oferta de tierras derivada de la disminución de la renta, el aumento de la inseguridad y, también, por la apli cación de la llamada «ley de términos municipales» (que otorgaba prioridad a los vecinos para acceder al empleo agrario en su localidad). En este caso, el problema estuvo en la financiación, cuando la intensificación de cultivos se amplió a los jornaleros, que carecían de medios de producción. El Instituto de Reforma Agraria — IRA, encargado de gestionar la reforma— y el Servi cio de Crédito Agrícola disponían de fondos, pero, para recibir las ayudas, los campesinos tenían que haber invertido antes en abonos y semillas, lo que era difícil porque no tenían dinero. Aquí se echaba en falta la creación del Banco Nacional Agrario, inicialmente previsto en la ley. La situación engendró la desesperación de los afectados, que desembocó en episodios como los de Casas Viejas y los incendios de cortijos en la provincia de Cádiz (verano de 1933), desencadenados ante la tardanza en la concesión de esos créditos. El tercer grupo de normas agrarias trató de revisar la reforma liberal rea lizada en el siglo xix: el decreto de abolición de prestaciones señoriales de noviembre de 1933; los decretos de 1931 sobre revisión de rentas; las leyes de 1935 sobre arrendamientos, redención de foros y rabassas morías. La ley de reforma de 1932 ordenaba acabar con las pervivencias feudales: hasta junio de 1936 se abolieron treinta y seis prestaciones señoriales aún vigentes. Los de cretos de julio y octubre de 1931 permitían revisar los contratos de arrenda miento para reducir la renta y aplazar su pago. Abundaron los pleitos de pro pietarios por el retraso de los cobros, y los arrendatarios consiguieron rebajas que superaban el 20 por 100. Con estos decretos afloraron los problemas de arrendamientos especiales, como eran los de rabassa moría y los foros. La rabassa moría era un arrendamiento enfitéutico, extendido en Cataluña, para el cultivo de la vid; los propietarios habían aprovechado la plaga de la filoxera de finales del siglo xix para cancelar los contratos y reemplazarlos por otros a corto plazo. En 1934 este problema creó grandes tensiones sociales y un con flicto de competencias, ya que el Parlamento catalán aprobó una ley que per

EL PERÍODO DE ENTREGUFRRAS

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mitía el acceso a la propiedad del rabassaire, pero el Tribunal de Garantías Constitucionales la declaró inconstitucional en junio. También en Galicia hubo conflictos con la redención de foros. Eran también contratos a largo plazo, pero los foreros subarrendaban parcelas a subforeros que pagaban una renta superior, debido a la presión sobre la tierra originada por el crecimiento de la población. La ley de arrendamientos de marzo de 1935 acabó con la incertidumbre, pues fijaba el tiempo del contrato en cuatro años, no ponía límites a la renta, prescindía de cualquier tribunal de arbitraje y facilitaba los desahu cios de los arrendatarios para el cultivo directo. El cuarto componente de la política agraria republicana consistió en medi das para reglamentar el empleo en el campo, a través de los decretos y leyes de 1931 sobre términos municipales, sobre jurados mixtos y sobre jornada de ocho horas. En 1931 se aprobaron unas bases de trabajo que aumentaron los salarios para la recolección de esa cosecha, a la vez que restringían el uso de maquinaria agrícola. Ello supuso una reducción de la productividad y un in cremento de los costes salariales, que no se pudieron trasladar a precios por la crisis; los beneficios y las rentas del sector cayeron. Estas disposiciones de F. Largo Caballero afectaron negativamente a los pequeños y medianos cam pesinos, que se pusieron del lado de los latifundistas. Durante el primer bienio, los propietarios agrarios reaccionaron ante esta legislación con obstrucciones a su aplicación y reduciendo la demanda de trabajo; el incumplimiento de la ley de términos municipales está más que probado, lo mismo que las trabas a la constitución de los jurados mixtos. Esto ocasionó gran parte de las huelgas, más que las demandas salariales. La conflictividad agraria llegó a su cénit en 1932, con el mayor número de huelgas y jornadas perdidas. La agitación frenó la mecanización, pues hubo casos de ludismo cuando la maquinaria era utili zada para frenar las reivindicaciones de los jornaleros. El obstruccionismo de los propietarios se agudizó tras el triunfo electoral de las derechas a finales de 1933. De hecho, los salarios nominales en la agricultura cayeron un 30 por 100 en 1934. En tal situación, se convocó una huelga general de los trabajado res de la tierra, ante la que el Consejo de Ministros reaccionó declarando la recolección de la cosecha un «servicio público nacional». La reforma agraria no redistribuyó la renta significativamente ni disminuyó el desempleo estacional agrario; al contrario, contribuyó a aumentarlo. Esto sucedió con otras reformas de la República, como la tributaria: suscitaron de masiadas expectativas, a favor y en contra, contribuyendo a encrespar los con flictos sociales, sin obtener grandes resultados prácticos, por su moderación. El cambio político de 1931, empero, exigía estas medidas que, dada su escasa magnitud, tampoco tuvieron grandes secuelas sobre la actividad eco nómica. De hecho, la producción agraria en los años treinta no decayó, sino que aumentó, contribuyendo a moderar la crisis industrial. La reforma fracasó porque no logró sus objetivos de reducir el paro agrario y pacificar el campo, pues que avanzó muy lentamente debido a restricciones políticas y económi cas. Antes de 1936 sólo se asentaron por el reparto de tierras, como máximo, 12.260 campesinos (una cuarta parte de ellos temporalmente); además, hasta


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octubre de 1 9 3 3 , por la intensificación de cultivos, se asentaron temporalmente unos 4 0 . 0 0 0 campesinos. Para tener resultados, hubieran debido dedicarse más recursos económicos, pero ni siquiera se agotaron los fondos del IRA que, hasta 1 9 3 5 , sólo había gastado un 3 5 por 1 0 0 de lo presupuestado; así pues, no hubo restricción económica, sino política. Rechazada la estrategia de asenta mientos masivos y rápidos —propuesta por la Comisión técnica— fue imposi ble convencer a los jornaleros de que las promesas de los políticos tardarían en cumplirse. Asimismo, los terratenientes tuvieron más tiempo para obstacu lizar y paralizar la reforma. Sin los recursos legales puestos por los grandes de España, la reforma hubiera ido algo más rápida; pero no fue lo determinante de los retrasos. Los instrumentos para la aplicación de la ley se implantaron en pocos meses: el Registro de fincas expropiables, las Juntas provinciales y el Censo de campesinos beneficiarios. La explicación radica en que el Consejo ejecutivo del IRA actuó con moderación, porque la ley de reforma obligaba a tomar las máximas precauciones legales, y a resolver individualmente cada caso de incautación; las fincas debían inscribirse en el Registro y habían de res petarse los plazos para las reclamaciones de los propietarios. También se respetaron las restricciones técnicas: no se podían expropiar tierras de pastos ni forestales, ni asentar a campesinos que no contasen con los medios impres cindibles para el cultivo. El golpe definitivo a la reforma llegó con el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1 9 3 3 . El gobierno paralizó la reforma: si las primeras expropiaciones se aprobaron en julio de este año, la última se realizó en septiembre de 1 9 3 4 . A partir de entonces se recurrió a las ocupaciones temporales de fincas, y al asentamiento de pequeños propietarios. Con la entrada de la derecha de Gil Robles (CEDA) en el gobierno, en octubre de 1 9 3 4 , el IRA anuló las expropiaciones realizadas y excluyó fincas del Re gistro. Paradójicamente, la ley de reforma agraria de 1 9 3 5 , más conservadora nominalmente, aceleró el asentamiento de campesinos: en medio año, se mul tiplicó por cuatro la tierra entregada. Esta intensificación de los asentamientos engrosó el número de descontentos con la República. Después de febrero de 1 9 3 6 el Frente Popular seguía empeñado en una reforma agraria moderada, pero trató de aplicarla con más energía para evitar el boicot de los terratenientes. Entonces éstos optaron por la guerra civil, al no poder frenar de otra manera la acción reformista del gobierno.7

8.4 .

N a c io n a lis m o , in te rv e n c io n ism o , in v e rs ió n e x t r a n j e r a y

c re c im ie n to

in d u s t r ia l

El nacionalismo y el intervencionismo corporativo Las dictaduras y las democracias en la Europa de entreguerras fueron muy intervencionistas en el terreno industrial. El apoyo a los sectores en crisis, los intentos gubernamentales de controlar la sobreproducción mediante los cárte-

EL PERÍODO DE ENTREGÜERRAS

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les y el corporatívismo fueron generales; la lucha contra el desempleo durante los treinta adoptó formas diversas, predominando las políticas proteccionistas y de dinero barato. En España, el proteccionismo, el intervencionismo, el nacionalismo eco nómico y el corporatívismo de la dictadura de Primo de Rivera fueron más retóricos que prácticos. La prueba es que el comercio español no disminuyó durante los años veinte, sino que, al contrario, fue uno de los factores del cre cimiento; por otro lado, pasada la coyuntura de la primera guerra mundial, apenas se nacionalizaron activos españoles en manos de extranjeros, mientras que, por el contrario, las entradas de capital foráneo adquirieron un relieve no table. Por su parte, la Segunda República no suprimió los mecanismos inter ventores, sino que los aumentó; particularmente, en lo que se refiere a la pro tección frente al exterior y al control obrero de las empresas. La diferencia fue que, durante el primer bienio republicano, la política económica fue reformis ta, procurando contentar a los votantes de centro-izquierda, pero sin apartarse del corporatívismo pluralista. Durante la dictadura de Primo de Rivera y el llamado «bienio negro» (1934-1935), en cambio, los beneficiarios del inter vencionismo fueron las grandes empresas y los grupos de presión tradiciona les. El intervencionismo durante la República no fue menor que en la Dictadu ra: las cajas especiales no desaparecieron, sino que cambiaron el nombre; los comités paritarios se convirtieron en los jurados mixtos; se continuó con el control de cambios, etc. Desconocemos las cuantías de los auxilios públicos y, por tanto, los efectos de las leyes de fomento sobre el crecimiento. Las trabas legales impuestas al crecimiento económico, tanto por el corporativismo dictatorial como por el intervencionismo republicano, fueron muchas, pero no disponemos todavía de estudios sobre los resultados. Los políticos españoles, como los europeos, creían que los cárteles ayudaban a solucionar las crisis y a reducir las rivalidades na cionales e internacionales. La ley de fomento de las industrias nacionales de marzo de 1917 apenas tuvo aplicación, por los excesivos trámites exigidos para obtener sus subvenciones y facilidades, y por carencia de fondos presu puestarios y crediticios, pues hasta 1921 no se creó el Banco de Crédito Indus trial. Aquella ley potenciaba la Comisión Protectora de la Producción Nacional (1908), que fue el antecedente corporativo del Consejo de Economía Nacio nal, creado en 1924 para «dirigir» la actividad económica. Durante la guerra mundial, la minería del carbón se convirtió en la principal industria extractiva, debido a la protección arancelaria y a la obligación impuesta por el Estado a determinadas industrias y servicios de consumir carbón nacional, como era el caso de los ferrocarriles y de las empresas navieras que tuvieran concesio nes o subvenciones del Estado; en 1922 se obligó a las compañías ferroviarias que recibiesen anticipos a consumir un cupo del 70 por 100 de carbón nacional. Asimismo, durante la guerra mundial, se volvió al régimen de tasas (precios máximos) para ciertos productos (cereales, azúcar, legumbres, carbones) y servicios (los alquileres); se prohibió la exportación de algunos artículos y se creó el Ministerio de Abastecimientos en 1918, con amplias competencias,

i*

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como controlar las acumulaciones especulativas de los productos básicos. El nacionalismo industrializador fue promovido por la Revista Nacional de Eco nomía. No se llegaron a intervenir las empresas, pero se crearon unas comisio nes militares para estudiar la posible movilización de las industrias, en caso de que España entrase en el conflicto. En la posguerra, se aprobaron tanto la ley de ordenación productiva como el arancel de 1922, obra de E Cambó, y se promovió el apoyo del Estado a las grandes compañías, en especial de las ferroviarias. Primo de Rivera profundizó la estrategia de apoyo a la producción nacio nal, con el Real decreto del 30 de abril de 1924 sobre nuevo régimen de auxi lios para favorecer la creación y el desarrollo de empresas industriales. Asi mismo, consolidó la reglamentación de la producción y la comercialización de los productos: en 1926 se estableció el Comité Regulador de la Producción Nacional, con la facultad de autorizar la constitución de empresas industriales y la ampliación o traslado de las ya existentes; se establecieron numerosos or ganismos interventores (su número se calcula en 270) en los que estaban re presentados los intereses de la producción nacional. La legislación laboral y social avanzó durante la primera guerra mundial por el empuje de los sindicatos y las huelgas. La jornada mercantil de diez ho ras fue aprobada en 1918, y la jornada de trabajo en la industria de ocho horas en 1919; en este año, se aprobó el seguro de retiro obrero obligatorio y la adhesión a la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Un paso impor tante fue el establecimiento del Ministerio del Trabajo en 1920. En 1922 se aprobó la nueva ley de accidentes de trabajo y se ratificaron varios convenios internacionales, como los relativos al empleo de las mujeres antes y después del parto, al seguro obligatorio de maternidad y al paro forzoso. En el ocaso de la Restauración, las autoridades seguían recurriendo al ejército para imponer el orden público, pero comenzaron a buscar vías de reforma y de concertación con los trabajadores y los empresarios. Esta legislación apenas se llevó a la práctica por la oposición de los patronos. Durante la dictadura de Primo de Rivera se estableció la Organización Corporativa Nacional (1926), que se ba saba en comités paritarios locales, con representación de empresarios, obreros y gobierno. En estos comités colaboró el sindicato UGT, aunque no la CNT anarquista. Las patronales, aunque inicialmente algunas se mostraron favora bles, se opusieron a ellos desde 1927. El contrato de trabajo fue regulado por primera vez en 1926. Durante la Segunda República, la ley de 21 de noviem bre de 1931 amplió las cuestiones reglamentadas de los contratos de trabajo y limitó las posibilidades del despido. Esto supuso una mejora para los trabaja dores, pero introdujo una mayor rigidez en el mercado de trabajo. La ley de jurados mixtos (1931) cambiaba el nombre a los comités paritarios y modifi caba la representación en los mismos a favor de los sindicatos, que controla ron el mercado laboral.8

EL P E R Í O D O D E E N T R E G U E R R A S

Industrias d e r e d

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M inería

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M a n u fa c tu r a s

F uf.ntf .: Prados de la Escosura (2002).

La evolución de la producción industrial Durante la guerra mundial y la posguerra, la industria española creció a una tasa anual del 1,1 por 100, mayor que la europea; en la década de 1920, lo hizo al 5 por 100; entre 1929 y 1935, la crisis industrial implicó una caída anual del 1,6 por 100, menos intensa que en Europa. España no acusó la de presión industrial hasta 1931, año que coincidió con una pobre cosecha. El suelo de la crisis industrial se presentó en 1933, también un mal año agrícola. La depresión de las industrias de consumo durante los años republicanos fue menos rigurosa que en las de bienes de equipo, gracias a la mejora de las ren tas agrarias y salariales del bienio republicano-socialista. La construcción marcó los mismos ciclos, pero fueron más intensos; particularmente, durante la crisis de los años treinta, cuando la construcción cayó a un ritmo anual del . 4,9 por 100. Las industrias mineras suponían el 6 por 100 del valor añadido industrial (VAI) durante la primera guerra mundial, pero después disminuye ron,al 2,5 por 100. La producción de carbón conoció una crisis estructural desde la posguerra, a pesar de la protección pública, que se agudizó desde 1930. Por su parte, la minería no energética sufrió intensamente la depresión internacio nal. Las industrias de red sufrieron una crisis en la posguerra, y luego se recu peraron del 4 al 14 por 100 del VAI entre 1920 y 1935; destaca la industria

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A lim en ta ria

— • —

Textil

C o n fe c c ió n

.. ..* ...... F o re s ta l

F u bnte : Prados de la Escosura (2002).

eléctrica que se desarrolló incluso durante la crisis de los años treinta (véase el gráfico 8.9). La principal industria era la manufacturera, que creció del 89 al 92 por 100 entre 1914 y 1919; luego decayó hasta el 83 por 100 del VAI en 1933. Desta ca la agroindustria, productora de alimentos, que suponía el 38 por 100 del va lor añadido de las manufacturas (VAM) en 1915; en la década de 1920, dismi nuyó su importancia al 30 por 100 en 1929, pero se recuperó hasta el 39 por 100 en 1932. La industria textil seguía en importancia, pero disminuyó del 22 al 14 por 100 del VAM entre 1923 y 1927; luego se recuperaría al 17 por 100 en 1932. La industria forestal era cíclica y su participación en el VAM cayó del 7 al 3 por 100 entre 1914 y 1918; para luego recuperarse al 11 por 100 en 1929, y caer al 9 por 100 en 1935. La industria de la confección y el calzado tuvo un comportamiento más estable, pero su importancia decayó del 11 al 8 por 100 entre 1914 y 1935 (véase el gráfico 8.10). En las industrias básicas, avanzaron los transformados metálicos y la quími ca, cuyas participaciones en el VAM pasaron del 5 al 12 por 100 y del 3 al 7 por 100, respectivamente, entre 1914 y 1935 (véase el gráfico 8.11). Eran sec tores modernos que doblaron su participación, contribuyendo a la moderni zación de las manufacturas. Las industrias metálicas básicas redujeron ligera mente su participación en el total, del 5 al 4 por 100. Estas industrias básicas


G r á f ic o 8 .1 1 .

E s t r u c t u r a d f. l a

311

in d u s tr ia m a n u f a c tu re r a , 2 (ln p o rc e n ta je s)

Q u ím ic a

— • —

M etá lic a b á s i c a

F u e n t e : Prados de la Escosura (2002).

y de bienes de equipo experimentaron unos ciclos más intensos que las de bienes de consumo; se beneficiaron del ciclo alcista de la primera guerra mun dial, sufrieron la crisis de la posguerra, crecieron durante los veinte, y tuvie ron problemas durante los años treinta, con la excepción de las químicas y, parcialmente, los transformados metálicos. Dentro de la industria de bienes de equipo, la evolución más errática fue la del material de transporte, que cayó del 5 al 1 por 100 del VAM, entre 1913 y 1935; no obstante, había llegado a suponer el 10 por 100 en 1927; la causa está en su dependencia de los pedi dos públicos. Sobre todo, la industria de construcción de material ferroviario experimentó un auge sin precedentes entre 1924 y 1928, por los pedidos fi nanciados por el Estatuto Ferroviario (1924) y la Caja Ferroviaria (1926). El cambio de la política ferroviaria en 1930 arrastró al sector a la crisis. Algo parecido sucedió con los astilleros, cuya producción disminuyó desde 1932, debido al descenso de la demanda pública, pero también de la privada, por la caída del transporte naval. Con todo, la dimensión de estas industrias depen dientes de los gastos públicos era pequeña; y su profunda crisis en los años treinta apenas influyó en las macromagnitudes (véase el gráfico 8.12).

312

G


r á f ic o

8.12.

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Fuente:

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M aterial d e t r a n s p o r t e


La actividad empresarial y las multinacionales La evolución de la inversión dependió de los beneficios obtenidos y de las expectativas empresariales, muy influenciadas por los acontecimientos políti cos. En la primera guerra mundial, los beneficios empresariales aumentaron entre 1915 y 1918, pero la inversión apenas creció; por el contrario, cuando los beneficios totales cayeron entre 1919 y 1921, la inversión privada se in crementó; los empresarios estaban recuperando el tiempo perdido durante la guerra, cuando habían sobreutilizado sus equipos productivos y no habían po dido importar bienes de equipos (véanse los gráficos 8.3 y 8.4). Entre 1922 y 1929 crecieron tanto los beneficios como la inversión; aquéllos siguieron cre ciendo en 1930, pero ésta no. Al proclamarse la República ambas variables cayeron hasta 1933 y se recuperaron en los dos años siguientes. En la década de 1920, por tanto, las empresas de capital español invirtieron en las nuevas industrias, así como en los sectores tradicionales. Se crearon empresas en el sector eléctrico (Saltos del Duero, Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, Saltos del Alberche), en el de abonos químicos (Energía e Industrias Aragone sas, Sociedad Ibérica del Nitrógeno), en la construcción (Compañía Valenciana de Cementos Portland, Huarte y Malumbres) y en los transportes (los metros de Madrid y Barcelona, Iberia, Transmediterránea). Pese a los innegables avan-


313

ces, las empresas españolas tenían un tamaño pequeño, unas estructuras orga nizativas atrasadas y una gestión poco profesionalizada; predominaban las empresas familiares, las sociedades colectivas eran pocas y aún eran menos las sociedades anónimas. En 1930 sólo cotizaban en Bolsa 182 sociedades, concentradas en ciertos sectores: 47 pertenecían al sector eléctrico, 20 al ferro viario, 75 a otros sectores industriales y el resto al sector servicios. Apenas se había desarrollado la organización científica del trabajo; el patemalismo empre sarial, dominante como forma de gestión en las empresas españolas, prefirió la escuela de las relaciones humanas. Asimismo, se crearon bastantes empresas mediante inversiones extranjeras y la cesión de patentes o de marcas. Sirvan los ejemplos de Danone, Coca-Cola, Hero, Philips, Michelin, Robert Bosch, Babcock & Wilcox, IBM y Solvay. La economía española estaba bastante internacionalizada antes de la guerra civil. Los capitales extranjeros controlaban o participaban en muchas de las grandes empresas ferroviarias, manufactureras, mineras y de servicios. De hecho, las principales multinacionales ya estaban instaladas en España antes de 1936. La inversión extranjera ha sido estimada en unos 4.100 millones de pesetas. En los años republicanos apenas hubo inversiones extranjeras destacables; no obstante, ante la dificultad de repatriar el capital y los beneficios, algunas grandes empresas (como Pirelli o Canadian Light and Power Company) reinvirtieron sus ganancias. La inversión extranjera directa estuvo impulsada tanto por la estrategia de expansión de las multinacionales como por la política eco nómica nacionalista y proteccionista de la dictadura de Primo de Rivera y de la República, que favorecía la compra de artículos elaborados en España y acon sejaba cambiar, al menos, el nombre de las filiales. Pero las multinacionales no instalaron fábricas de ciclo completo, sino meros talleres de montaje o de enva sado, importando las piezas. Su estrategia consistía, primero, en crear sucursa les de venta y, luego, en establecer fábricas de ensamblaje, como sucedió en la industria química y farmacéutica (Bayer, Schering, Boeringher) y en la automovilistica (Fiat Hispania, General Motors). En este sector, se contaban en 1936 siete casas constructoras nacionales, de las que sólo Hispano-Suiza tenía alguna importancia. La inversión directa de compañías extranjeras contribuyó a modernizar el tejido empresarial y a promover el crecimiento económico en los años veinte; pero moderadamente, porque las fábricas instaladas no eran com pletas y no hubo una cesión generalizada de tecnología, salvo casos aislados como la creación de CASA en 1923 para la fabricación de aviones Breguet.

Las industrias de red y los servicios públicos Los servicios públicos de red (ferrocarriles, teléfonos, petróleo) se desarro llaron notablemente. El ferrocarril seguía siendo el único medio capaz de movi lizar grandes volúmenes de mercancías y pasajeros; la carretera y el automóvil constituían una competencia creciente (como muestra el avance de la matriculación de vehículos), pero todavía no se habían generalizado en España antes

314

H IST O RIA E C O N Ó M IC A DE ESPAÑA

de 1936. Durante la primera guerra mundial, los ferrocarriles sufrieron una grave crisis y las compañías reclamaron ayudas, que los gobiernos no tardaron en conceder, aumentando las tarifas en 1918, y librándoles anticipos reinte grables (desde 1920) para adquirir material rodante y mejorar los salarios. Posteriormente, el Estatuto Ferroviario de 1924 estableció la financiación pú blica de la adquisición de material para las compañías, realizada por la Caja Ferroviaria desde 1926. La contrapartida a esas ayudas fue una mayor inter vención de las compañías por parte del Estado, y la obligación de comprar el material a empresas españolas. Hasta la guerra civil no se planteó la naciona lización de las redes por el Estado; de hecho, la incautación provisional de las líneas Madrid-Cáceres-Portugal y Andaluces, con la constitución de una com pañía mixta en 1936, vino obligada por su situación de quiebra. En efecto, el incremento de la demanda de transporte, las subvenciones públicas y la apli cación del Estatuto Ferroviario garantizaron beneficios a las concesionarias durante los años veinte. El cambio de política ferroviaria desde 1930 y la cri sis económica llevaron a las compañías a una situación difícil. La renovación de equipos obsoletos — financiada por el Estado— alimentó el auge de la industria de construcción de material ferroviario. Las principales empresas suministradoras de máquinas de vapor fueron la Maquinista Terrestre y Marítima, Babcock & Wilcox, Euskalduna y la Sociedad Española de Cons trucción Naval (SECN); los coches fueron fabricados fundamentalmente por la SECN, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles y Macosa. El atraso tecnoló gico de estas empresas les impidió suministrar los elementos de tracción eléc trica, que hubieron de importarse. Cuando finalizaron los pedidos de buques de la ley de reconstrucción de la escuadra, de 1908, los grandes astilleros (La Naval y Euskalduna) se habían reconvertido a la construcción de locomotoras y coches; pero cuando se acabaron también los pedidos de la Caja Ferroviaria en 1930, las empresas de construcción de material ferroviario entraron en una profunda crisis. Durante la Segunda República, las ayudas ya no fueron dirigi das a adquisiciones de material a la industria nacional, sino a la electrifica ción, a aumentar los salarios y a realizar obras intensivas en trabajo. La dictadura de Primo de Rivera estableció en 1924 el monopolio de telé fonos, y su gestión fue cedida a la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), sociedad privada cuyo principal accionista era la ITT norteamerica na. El nacionalismo económico de la Dictadura sólo se plasmó en el nombre de una compañía con mayoría de capital extranjero. No obstante, financieros españoles, con el apoyo de la ITT, crearon Standard Eléctrica, que suministró a Telefónica equipos, aparatos y cables fabricados en España. La política nacio nalista sí fue efectiva en 1928, cuando se creó el monopolio de petróleos en España, cuya gestión se arrendó a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos SA (CAMPSA), creada y participada por los principales bancos del país. Previamente, se habían confiscado los activos de las tres compañías extran jeras que actuaban en España en la distribución de hidrocarburos, lo que origi nó un conflicto diplomático. Los resultados para la Hacienda de la creación de CAMPSA fueron buenos, como demuestra el aumento de la recaudación por

E L P E R ÍO D O D E E N T R E G U E R R A S

315

el monopolio de petróleos; pero, probablemente, tuvo efectos adversos sobre la rigidez de los mercados y el crecimiento económico.9 En definitiva, la política nacionalista alimentó a unas cuantas empresas de invernadero, que se desvanecieron en cuanto se les cortaron los pedidos públi cos. Hay varias causas que explican este fracaso de la política industrial: el re ducido tamaño del mercado interior, la pobreza presupuestaria del Estado, y la cultura empresarial cooperativa y proteccionista. Ésta fue común a los países europeos, pero tuvo peores efectos en España, porque era un país pequeño, el proteccionismo fue integral, se tendió a evitar la competencia en el mercado interior, y la política de fomento no tuvo la intensidad ni la continuidad nece sarias. Los estrechos mercados internos impidieron el éxito de las políticas proteccionistas, porque no garantizaban una demanda suficiente para aprove char las economías de escala de las nuevas industrias. La carencia de tecno logía propia y la dificultad de adquirirla también limitó el crecimiento indus trial. El nacionalismo económico aconsejó a las multinacionales la creación de filiales y sucursales en España; algunas de las inversiones directas sólo trata ban de burlar la ley que impedía importar productos terminados y acogerse a los beneficios de las leyes de fomento. Finalmente, la industria española no dependía más que en otros países de la demanda estatal. Al contrario, la dife rencia con Europa fue que España no se embarcó en un programa de grandes gastos militares para favorecer esas industrias de construcciones metálicas, ni durante la primera guerra ni en los años treinta. La política militarista de los gobiernos españoles fue tardía y poco intensa, pese a la prolongada guerra co lonial en Marruecos. Antes de 1936 los gastos militares no fueron suficientes para impulsar la industria, ni siquiera la de defensa. Cuando se desencadenó la guerra civil, ambos bandos hubieron de comprar la mayor parte del material bélico en el exterior, pagándolo con créditos, con productos nacionales y con oro, y poner en marcha, precipitadamente, una incipiente industria de guerra.10

8.5.

L

a s

r e s is t e n c ia s a

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r e f o r m a s t r ib u t a r ia s y

el

d é f ic it

p ú b l ic o

La neutralidad durante la primera guerra mundial y la crisis política de la Restauración retrasaron el crecimiento del sector público; en España, no se rea lizaron las reformas tributarias que se difundían en el exterior, a pesar de que desde 1909 se presentaron proyectos modernizadores en las Cortes. El déficit público se agravó durante la primera guerra mundial y los conflictos de Marrue cos; entre 1913 y 1915 pasó del 0,5 al 5,4 por 100 del PIB, porcentaje que se mantuvo hasta 1919. Después, el déficit del Estado se redujo en relación al PIB, hasta alcanzar el equilibrio en 1930. En la República, el déficit público volvió a crecer, hasta suponer el 1,6 por 100 del PIB en 1933. Estos déficit de la Dictadura y la República fueron pequeños para causar efectos globales serios. Si a los gastos del Estado se añadieran los de los entes locales y de los organismos autónomos (las cajas especiales, entre las que destacó la ferro viaria), entonces tendríamos un déficit mayor —tanto en la Dictadura como en

316

G

r á f ic o

H IST O R IA E C O N Ó M I C A D E ESPA Ñ A

8.13.

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F u e n te : C o m ín (1 9 8 9 ) y P ra d o s (2 0 0 2 ).

la República— porque las cajas especiales se financiaron con deuda, y los mu nicipios pudieron gastar y endeudarse más desde el Estatuto municipal de 1924. En el período de entreguerras no se practicaron políticas keynesianas en España, como tampoco hicieron los principales países europeos. Los déficit surgían a pesar de la intención de los ministros de Hacienda de equilibrar los presupues tos (véase el gráfico 8.13). El gasto público creció moderadamente en España entre 1913 y 1935 (del 10,5 al 12,4 por 100 del PIB), mostrando una Hacienda en moderada transi ción hacia el Estado del bienestar. Algunos años, ei gasto superó el 13,5 por 100, como en 1915, 1921 y 1933. Los ministros españoles de Hacienda y de Fomento acogieron las ideas que circulaban por Europa sobre las nuevas fun ciones económicas y sociales del presupuesto; pero estos gastos apenas se de sarrollaron antes de 1923, por la crisis parlamentaria de la Restauración y por la carencia de recursos, que impidieron aprobar los diferentes proyectos de obras públicas presentados por los ministros de Fomento. El presupuesto de gastos experimentó un moderado cambio estructural: decayó el gasto en defensa y deu da pública, y aumentaron los servicios económicos; los gastos en educación, pensiones y vivienda, por su parte, apenas crecieron. Esto muestra el lento avance del Estado providencia en España. El régimen de Primo de Rivera aprobó un pJan de obras públicas, en el presupuesto extraordinario de 1926. El

E L P E R ÍO D O D E E N T R E G U E R R A S

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propio ministro de Hacienda que lo había creado, José Calvo Sotelo, retiró su aplicación al cuarto ejercicio (en 1930), pese a que su duración prevista eran diez años. Así pues, la política deflacionista de ese año fue iniciada por el propio Primo de Rivera. Durante la Segunda República, se ejecutaron varios programas de obras públicas para aliviar el problema del paro y para construir escuelas. Dada la escasez de los recursos asignados y la discontinuidad de los programas, sus efectos multiplicadores no fueron grandes, aunque, sin duda, beneficiaron a determinadas industrias. A pesar de la creciente influencia económica del Estado en España, los ci clos seguían dependiendo de las decisiones del sector privado. La demanda a través del gasto público tenía un límite en la pobreza de la Hacienda española y en la aversión al déficit de los ministros de la época. Algunas industrias resul taron beneficiadas por la política industrial, pero tenían poco peso en el PIB. La finalización de los pedidos públicos, en 1930, llevó a la crisis a esos sectores industriales, ante la ausencia de demanda privada y su escasa competitividad in ternacional. No obstante, la inestabilidad política influyó más sobre las deci siones de los agentes económicos privados que los modestos cambios en la política fiscal y monetaria. El Estado actuó anticíclicamente en la Segunda República, como muestra el aumento de la inversión pública frente a la priva da y la reducción de los tipos de interés. Probablemente, la economía espa ñola necesitaba todavía más inversión pública, pero era mucho más decisivo restablecer la confianza empresarial, progresivamente deteriorada desde los últimos tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera y con la política laboral y de reformas estructurales de los primeros gobiernos republicanos. Algunos políticos sabían que para reanimar la economía española había que «dar con fianza a los empresarios», «crear una atmósfera de paz», «garantizar la propie dad», «fomentar el capitalismo» y, finalmente, «suscitar las iniciativas pri vadas»; eran palabras de Jaume Carner, ministro de Hacienda en 1932. Esto es lo que pedían, precisamente, los empresarios y las organizaciones patronales. No se logró y la inestabilidad política y social fue un grave condicionante de la acción de las empresas en estos años republicanos, como lo había sido desde 1917 hasta 1923. Si el Estado carecía de medios fue porque no se adoptaron los avances europeos en la tributación, a pesar de que, desde 1909, varios ministros de Ha cienda presentaron proyectos de reforma, siguiendo las directrices marcadas por Antonio Flores de Lemus. La «reforma tributaria silenciosa» es la expre sión con la que Fuentes Quintana (1976) bautizó al conjunto de proyectos, dictámenes, memorias y consejos redactados por Flores de Lemus entre 1906 y 1936, cuando fue asesor de los ministros de Hacienda, de distinto signo po lítico. Como las Cortes fueron incapaces de aprobar esas reformas, ni un pre supuesto del Estado desde 1914 hasta 1919, la recaudación se estancó, y la presión fiscal cayó del 9,9 al 6,3 por 100 entre 1913 y 1918, el nivel más bajo desde mediados del siglo xix. Entre los proyectos de reforma tributaria que fracasaron, destacó el plan económico y financiero de Santiago Alba, presen tado en 1916; tampoco salieron adelante los proyectos de González Besada


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(1918) y Bugallal (1919) para establecer un impuesto sobre el volumen de ventas, ni los de Bugallal (1920), Cambó { 1921) y Bergamín (1922) para im plantar un impuesto complementario sobre la renta, Entre 1920 y 1933 la pre sión fiscal aumentó del 7 al 12,3 por 100 del PIB, gracias a las reformas fis cales, entre las que destaca la de abril de 1920, siendo ministro de Hacienda Gabino Bugallal, que modificó la tarifa III de la contribución de utilidades, estableciendo un tributo sobre los beneficios de sociedades. Durante la gestión de Calvo Sotelo, aumentó la presión fiscal porque, a pesar de que sus reformas tributarias fueron rechazadas por Primo de Rivera, implantó el monopolio de petróleos. Otro tanto sucedió con las reformas tributarias republicanas, entre las que sobresale la de Jaume Camer, que estableció el impuesto complemen tario sobre la renta en 1932. Entre los planes de Flores de Lemus destacaban —además del impuesto de sociedades establecido en 1920— la reforma de las haciendas locales y la introducción del impuesto sobre la renta. La reforma de la Hacienda local —intentada desde 1910— no pudo llevarse a la práctica hasta el Estatuto mu nicipal de 1924, ya en el Directorio militar de Primo de Rivera, y esto permi tió aumentar el gasto de los entes locales. Por otro lado, la introducción de la contribución complementaria sobre la renta (intentada por primera vez en 1910) hubo de esperar hasta 1932. Ya Calvo Sotelo había elaborado un ante proyecto del impuesto sobre rentas y ganancias de 17 de noviembre de 1926, y abierto una información pública para que las entidades y particulares dirigie ran sus mociones a la comisión creada al efecto. Poco después, dicha comi sión, nombraba en abril de 1927 y presidida por Flores de Lemus, emitió un dictamen en el que, estando de acuerdo en lo fundamental con el anteproyecto, se establecía una estrategia de implantación del tributo más lenta, pero más pragmática. Su importancia radica en que sirvió de inspiración a Camer, cuya reforma fue moderada y gradual, pues adoptó el impuesto cedular sobre la renta, que mantenía las contribuciones de producto (la territorial rústica y ur bana, la de industria y comercio, y la de utilidades de la riqueza mobiliaria) al tiempo que establecía una contribución complementaria sobre los ingresos to tales de los contribuyentes que superasen las 100.000 pesetas anuales. Si, en 1932, las Cortes españolas asumieron la imposición personal fue por las ex cepcionales circunstancias políticas de la República, y por la moderación del proyecto. Esta reforma de Carner, empero, no recogió los importantes cam bios en la tributación europea, que venían proponiendo los economistas es pañoles desde principios de siglo.11

8

.6 .

L a su b o rd in a c ió n

d e la

p o lític a m o n e ta ria

Tras el abandono del patrón oro, la financiación de la guerra y la recons trucción posbélica —mediante emisiones de deuda, préstamos bancarios y monetización del déficit— alimentaron en los países beligerantes un proceso inflacionista y una inestabilidad en las divisas mucho más intensos que en


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España. En los años veinte, los principales países europeos volvieron al patrón oro, sin ninguna coordinación internacional y con unas paridades superiores a la cotización de las divisas en el mercado. La crisis de 1929 obligó a muchos de ellos a abandonar el patrón oro, con la excepción de Francia, cuya estrate gia de no devaluar fue imitada por las autoridades españolas. España nunca in gresó en el patrón oro y careció de los instrumentos para desarrollar una polí tica monetaria moderna. El Banco de España era de capital privado, el mayor del país, y operaba con clientes particulares, además de financiar a la Hacienda. A pesar de tener el monopolio de emisión de billetes desde 1874, carecía de las competencias propias de un banco central. Sus balances determinaban las magnitudes bancarias y monetarias globales; la dimensión de sus cuentas corrientes revelaba el subdesarrollo bancario. En 1914 los billetes del Banco en manos del público ascendían al 60 por 100 de la oferta monetaria, y las cuentas corrientes al 26 por 100. En 1920 las cuentas corrientes alcanzaban el 42 por 100 de la oferta monetaria; pero sólo el 28 por 100 correspondía a la banca privada; el resto, al Banco de España. En 1913 este banco todavía apor taba el 66 por 100 de los activos totales del sistema financiero. Una parte im portante de la cartera del Banco de España estaba constituida por deuda públi ca y por préstamos comerciales y personales. Por su parte, la banca privada dedicaba la mitad de su cartera a financiar al sector público, e invertía más en efectos comerciales que en valores industriales, que sólo representaban en tor no al 25 por 100 de su cartera de valores, entre 1923 y 1934. Dada esa estruc tura de los activos, es improbable que la banca privada impulsase proyectos industriales de envergadura, con la notoria excepción de los bancos vascos. Los bancos comenzaron a adquirir dimensión nacional, pues expandieron sus oficinas y sucursales por la geografía española. En 1919 se creó el Banco Cen tral, que enseguida se convirtió en uno de los grandes. Los pequeños fueron adoptando la forma de sociedades anónimas, como la banca López Quesada, el Urquijo y el Pastor, el Popular. En 1928 se creó la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Otro signo del atraso de la banca radicaba en que sus in versiones estaban todavía muy centradas en los títulos públicos, y en que su volumen seguía siendo reducido. El crecimiento de los bancos mixtos hizo que el Banco de España fuese re duciendo sus relaciones directas con los particulares. Con la ley de ordenación bancaria de 1921, Cambó quería convertir al Banco de España en un auténti co banco central, pero no le confió la gestión de la política monetaria, sino que la retuvo en manos del Ministerio de Hacienda. En consecuencia, las variables monetarias siguieron evolucionando al dictado de la política fiscal. La llamada «ley Cambó» tampoco definió los instrumentos monetarios, pues no permitía las operaciones de mercado abierto, ni establecía coeficientes legales de caja; además, la facultad de fijar los tipos de descuento oficiales era compartida por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, la ley de I. Prieto de 1931 no modificó los aspectos operativos de la política moneta ria de la ley Cambó; sólo trató de que el gobierno controlase en mayor medida al instituto emisor. El Banco de España no controló la evolución de los tipos

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de interés oficiales, porque el Ministerio de Hacienda los manipuló a su anto jo, con dos objetivos: los aumentó para defender la cotización de la peseta, y los rebajó para facilitar la colocación de la deuda pública y reducir sus cargas financieras. Resalta la excepción de que, en 1932 y 1935, los ministros de Ha cienda abarataron el dinero con el fin de favorecer la expansión de la demanda agregada y de combatir la crisis. El Banco de España, por su parte, fue reacio a modificar los tipos de interés oficiales, ya que su objetivo, como banco priva do que era, se centraba en incrementar su volumen de créditos para maximizar los beneficios. Durante la primera guerra mundial, la base monetaria se expandió, sobre todo, gracias a las excepcionales entradas de oro; entre 1919 y 1923 los cré ditos del Banco de España al Tesoro, para financiar los déficit, fueron el prin cipal factor de creación de la base monetaria. Después, las operaciones del Tesoro siguieron influyendo, junto a los créditos con garantía de valores, los descuentos y redescuentos, y el sector exterior. El déficit público se financiaba con esos préstamos del Banco de España al Tesoro y también mediante la deu da pignorable, suscrita por los bancos, que era un activo líquido, pues era automáticamente redescontable en el Banco, lo que implicaba el aumento del encaje bancario, en la forma de cuentas corrientes en el Banco de España. Esto era un obstáculo para el control de la base monetaria, pero sus efectos infla cionistas fueron, en realidad, pequeños, porque la mayor parte de la misma no fue pignorada; es decir, fue conservada en las carteras de los bancos, debido a que aseguraba una alta rentabilidad. Por otro lado, las variaciones de la base monetaria (que está constituida por los pasivos monetarios del Banco de Es paña), es decir, el dinero legal en manos del público —los billetes y monedas en circulación— más las cuentas corrientes del Banco de España) no fiieron seguidas siempre por movimientos paralelos en la oferta monetaria (M I, que es la base monetaria más las cuentas corrientes de los bancos privados), por que los coeficientes de caja y de efectivo fluctuaron ampliamente; aún se dis tanció más la evolución de las disponibilidades líquidas (M2, que es MI más los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro de las instituciones financieras) (véase el gráfico 8.14). El Banco de España tampoco ejercía la función de prestamista en última instancia, como se demostró a menudo: en diciembre de 1920, por ejemplo, cerró sus puertas el Banco de Barcelona, ante la indiferencia del Banco de Es paña. Durante la crisis bancaria de 1923-1924, las dificultades de liquidez pro vocaron el cierre de siete bancos; el Banco de España argumentó que los problemas de los bancos no eran de su incumbencia, ni siquiera cuando la crisis llegó al Banco Central; aunque finalmente Primo de Rivera obligó al goberna dor a descontar letras del Central. Por otro lado, el Banco de España se resis tió a utilizar sus reservas metálicas para mantener la cotización exterior de la peseta, un objetivo del control de cambios practicado entre 1928 y 1932. Estos hechos revelan que el Banco de España no era un auténtico banco central; no pasaba de ser un banquero del Estado y un instituto emisor. Por su parte, los bancos oficiales también eran de capital privado, y se crearon para financiar la


.4 —

B a s e m o n e ta r ia

......■ ... - O fe rta m o n e ta r ia , M1

321

D isp o n ib ilid ad e s líquidas, M2

F u e n t e : M a rtín A c e ñ a (1 9 8 9 ).

industria, las exportaciones y los entes locales, ante los fallos de la banca pri vada en esos sectores; el Banco de Crédito Industrial se creó en 1921, el Banco de Crédito Local en 1926 y el Banco Exterior en 1928; también se establecie ron otros organismos oficiales como la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero (1920) y el Servicio Nacional de Crédito Agrícola (1925).12

8.7.

E

l sec to r

e x t e r io r

Del proteccionismo arancelario a los contingentes En los años veinte, España no era la nación más proteccionista del mundo, pese a lo que dijera un informe de la Sociedad de Naciones. A los tratados co merciales firmados tras la ley de autorizaciones de 1922 —que fueron respeta dos por la Dictadura— se les aplicó la tarifa segunda, que rebajaba la protec ción nominal de la primera columna del arancel Cambó. Esto contribuyó a! crecimiento del comercio exterior durante los años veinte. Por su parte, durante la Segunda República, España no se distinguió precisamente por sus políticas proteccionistas frente a la crisis importada, en comparación con las agresi-

322 G


r á f ic o

8 .1 5 .

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r o t e c c ió n a p a r e n t e

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r e c a u d a c ió n d e a d u a n a s

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p o r c e n t a je s)

Protección aparente

F uente:

Comín (1989) y Prados de la Escosura (2002).

vas estrategias de «empobrecer al vecino» de otros países europeos, basadas en los contingentes y las devaluaciones competitivas. Con todo, los danos del proteccionismo fueron mayores en los países pequeños, donde había menos competencia en el interior, como fue el caso de España. El comercio internacional tenía mayores restricciones después de la pri mera guerra mundial, pues los países europeos aumentaron su protección. La protección aparente (porcentaje de la recaudación de aduanas en el valor de las importaciones) también aumentó en España. En 1914 era del 17,7 por 100; tras caer hasta 1920, la protección aumentó al 24,7 por 100 en 1926 (véase el gráfico 8.15). En la época del Directorio civil, ese porcentaje cayó hasta el 20,9 por 100 en 1930, pero durante la crisis de los arios treinta volvió a aumentar al nivel de 1926. Pero esa protección no impidió que la favorable coyuntura internacional impulsase el crecimiento económico durante la Dictadura ni que la depresión internacional afectase a España durante la República. Al igual que ocurrió con el mundial, el comercio exterior español creció, pero menos que antes de 1914. De hecho, el coeficiente de apertura —el porcentaje de las importaciones y exportaciones dentro del PIB— aumentó del 23,4 al 24,1 por 100 entre 1913 y 1920; pero desde el arancel Cambó se redujo drásti camente y, tras una recuperación en 1923-1925, comenzó un declive hasta el

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16,9 y el 9,3 por 100 en 1929 y 1935, respectivamente; es decir, que en los años treinta la importancia del comercio exterior se redujo a casi la mitad. Los años de la guerra mundial fueron excepcionales, lo que explica que, entre 1914 y 1919, la balanza comercial se saldase con unos superávit reseñables (pasaron del 3,8 al 6,5 por 100 del PIB). El resto del período de entreguerras mostró un déficit de esa balanza, que creció hasta el 5,0 por 100 del PIB en 1923; cayó al 0,6 por 100 en 1926, y volvió a aumentar hasta 1929. En la crisis posterior, los déficit comerciales fueron menores. En los años de in tenso crecimiento, las importaciones aumentaban más que las exportaciones, por la buena coyuntura internacional y los tratados comerciales, y porque el cre cimiento español exigía mayores importaciones. Los años de 1923 a 1925 vie ron crecer las exportaciones, por la recuperación de las economías europeas y, sobre todo, por los tratados comerciales firmados a partir de la ley de auto rizaciones de 1922. Esa política de tratados fue mantenida por el Directorio militar, por lo que el arancel Cambó no fue, en la práctica, tan proteccionista como indicaba su columna primera. La ley de autorizaciones fue derogada en julio de 1927, aunque sin afectar a los tratados ya firmados. El aumento de las exportaciones españolas permitió financiar parcialmente el crecimiento eco nómico de los años veinte. La crisis internacional repercutió, desde 1931, sobre las exportaciones españolas, que cayeron drásticamente, debido a varios facto res: el fin de la política de tratados, el aumento de los costes de producción, el descenso de la renta de los países importadores, las políticas proteccionistas y, particularmente, la evolución del tipo de cambio de la peseta. La conferencia de Ottawa de 1932 afectó seriamente a los exportadores de cítricos españoles, al reservar el Reino Unido su mercado a los productos de la Commonwealth. La industria conservera gallega se vio afectada por los impagos de los países latinoamericanos debido a la crisis de 1929. Esta depresión también asestó un duro golpe a la minería murciana de exportación, del plomo fundamentalmen te, en manos del capital extranjero. La caída de las importaciones, de capital agravó la escasez de divisas, que alarmó a los ministros de Hacienda de la Re pública. En España también se introdujeron los primeros contingentes a las importaciones, para combatir esta crisis, pero fueron menos utilizados que en otros países.13

El tipo de cambio de la peseta Tratándose de una economía pequeña, la cotización de la peseta dependía de la evolución de las divisas frente a las que se cambiaba, como queda claro en el gráfico 8.16. Hasta que se estabilizó el franco francés —de hecho, en 1926, y de derecho, en 1928— la peseta se apreció (es decir, cayó el tipo de cambio) con respecto al mismo. Hasta 1926 los franceses colocaron sus capitales a cor to en otros países, entre ellos España, debido al proceso inflacionista francés y a la rápida depreciación del franco; cuando Poincaré estabilizó el franco, los franceses repatriaron sus dineros. Después, la peseta se depreció hasta 1932.

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G

r á f ic o


8 .1 6 .

T ip o d e

c a m b io d e l a peseta

F u e n t e : Martín Accña (19 8 9).

Luego, entre ese año y 1935, el tipo de cambio de la peseta frente al franco prácticamente no se movió, por lo que puede decirse que, de hecho, España ligó su divisa a la de Francia, que fue uno de los pocos países que permaneció en el patrón oro. Por otro lado, el Reino Unido volvió al patrón oro en 1925, y las medidas estábilizadoras para revaluar la libra hicieron que la peseta se de preciase (aumentó el tipo de cambio) entre 1919 y 1925. Desde ese año hasta 1927 la peseta se apreció con respecto a la divisa británica, para volver a depre ciarse entre 1928 y 1931. Cuando Inglaterra dejó el patrón oro en este último año, la peseta se apreció frente a la libra, hasta 1934. La Comisión del patrón oro fue creada durante la Dictadura para preparar la entrada de España en el patrón oro, que Primo de Rivera anhelaba por moti vos de prestigio. Elaboró un excelente informe, en 1929, en el que explicaba la evolución del curso de la peseta, utilizando la teoría del poder adquisitivo, que era la dominante entonces. Por ello, dicha Comisión —encabezada por Flo res de Lemus— culpaba de la depreciación de la peseta al expansionismo pre supuestario de Calvo Sotelo desde 1927, argumentando que el déficit público había sido financiado con deuda pública pignorable, que había incrementado la oferta monetaria y los precios interiores; ello condujo a un descenso del poder adquisitivo de la moneda y, por tanto, a la depreciación de la peseta. Por el contrario, según dicha Comisión, la apreciación previa de la peseta frente


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a la libra se explicaba por una política monetaria menos expansiva, seguida en 1925 y 1926. Esta hipótesis contribuye, en efecto, a explicar la evolución de peseta en esos años, pero no sirve para los años treinta, porque también hubo política fiscal expansiva, y la peseta se apreció frente a la libra. Las explicaciones son más complejas y hay que buscarlas en el mercado de divisas. La cotización de la peseta mejoró entre 1925 y 1926 porque el déficit comercial fue bajo, porque aumentó la importación de capitales a largo plazo (por los altos tipos de interés españoles) por las expectativas alcistas de la pe seta (generadas por las declaraciones del dictador sobre el retomo de la peseta al patrón oro a la paridad de 1868 y por la mejoría económica y militar desde 1925) que atrajeron también capital extranjero a corto, y, como hemos dicho, por la situación de las divisas de otros países europeos. En cambio, entre 1927 y 1932 la peseta se depreció, pese a los intentos de defender su cotización, mediante el control de cambios, por parte de todos los ministros, desde Calvo Sotelo hasta Indalecio Prieto. Esa depreciación se explica tanto por el creci miento del déficit comercial como por la reducción, desde 1929, de las impor taciones de capital a largo. Asimismo, la inestabilidad que acompañó a la caída de la Dictadura promovió la salida de capitales de España, proceso que se ace leró con la llegada de la República. A partir de 1927 quedó patente que los planes económicos de Calvo Sotelo no estaban firmemente financiados, por el fracaso de sus reformas tributarias, y que la Dictadura comenzaba a perder apoyos políticos y empresariales y a incumplir sus compromisos. Estas noti cias llevaron a los especuladores a una postura bajista y a retirar sus fondos de España, ya que sus expectativas de revaluación de la peseta no se confirmaron. La depreciación de la peseta frente al franco solamente se frenó a partir de 1932, precisamente cuando el ministro de Hacienda J. Carner decidió dejó flo tar la divisa, y frente a la libra en 1931. Las razones de esa apreciación fueron el abandono del patrón oro y las devaluaciones competitivas que se estaban realizando en otros países, así como la repatriación de capitales y la entrada de capital a corto en 1934 y 1935, debido al cambio de color de los gobiernos republicanos.14

8. 8 .

E

c o n o m ía

y

fr a c a so

de

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r e g ím e n e s

p o l ít ic o s

Hubo ciertas pautas comunes en las políticas económicas europeas. Las ideas de la ortodoxia financiera clásica, centrada en el patrón oro y en el equilibrio presupuestario, se mantuvieron en vigor durante el período de entreguerras, aunque las circunstancias obligaron a abandonar estos principios, dejando flo tar las divisas y aumentando el gasto presupuestario y el déficit. La política monetaria predominó entre los instrumentos aplicados, tanto para acabar con la inestabilidad de la posguerra como para combatir la crisis de los años treinta. Las heterodoxias vinieron más de las políticas reguladoras y de comercio ex terior, pues en las épocas de crisis se difundió el proteccionismo, el control de cambios y la cartelización de la producción, asi como las ayudas públicas a las

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empresas. También avanzaron los seguros sociales y la legislación laboral, dentro de las nuevas tendencias corporativas. En este sentido, los años com prendidos entre 1914 y 1936 son más importantes de lo comúnmente aceptado en la formación del Estado benefactor. No obstante, las ideas imperantes so bre los límites del Estado, el equilibrio presupuestario y el patrón oro obstacu lizaron los avances en esa dirección. También crecieron la regulación de los mercados y la empresa pública, particularmente con las operaciones de salva mento bancario e industrial. La política económica aplicada en España no fue muy diferente, salvo en la graduación y en la especificidad de las medidas. En los años veinte, la política económica española se miró más en el espejo de Italia, mientras que en los años republicanos fue Francia el país que más influ yó sobre nuestros políticos. El aceptable comportamiento de la economía española, en términos compa rativos con Europa, tiene su principal explicación en el atraso. El predominio del sector primario, que en las fases de auge lastraba el crecimiento económi co, también amortiguaba las crisis industriales; la agricultura, en suma, deter minaba las oscilaciones de la producción total. Hay que resaltar, empero, que España no aprovechó todas las ventajas de su atraso ni los problemas de otras economías europeas; es decir, que la convergencia entre 1913 y 1935 fue, pro bablemente, inferior a la potencial. El apoyo del Estado a las empresas —a través de la protección y las ayudas presupuestarias—, así como la oligopolización de los mercados y la corporativización de la economía anegaron la competencia e impidieron la innovación técnica de la industria española. Pero están por analizar los efectos concretos sobre el crecimiento, porque eí inter vencionismo y el nacionalismo durante la dictadura de Primo de Rivera fueron más retóricos que prácticos; compárese con el fascismo de Mussolini o el na cionalsocialismo de, Hitler. Una política de defensa de la competencia —y una menor protección exterior— hubiese favorecido más el crecimiento económico, pero esos no eran los vientos que soplaban entonces en Europa, volcada a favor de los oligopolios, el corporativismo, el nacionalismo y el proteccionismo.15 De hecho, en España, esas políticas intervencionistas y nacionalistas, así como el esfuerzo presupuestario del Estado, fueron menores que en Europa. La explicación radica en que, al no participar España en la primera guerra mundial, no se introdujeron las reformas tributarias que hubieran permitido aumentar los gastos, ni se impulsó la industria básica relacionada con la de fensa, y el nacionalismo fue menos exacerbado. Asimismo, al no sufrir grandes crisis industriales ni bancarias, ni un grave desempleo coyuntural, el Estado español no se vio en la necesidad de emprender grandes intervenciones de sal vamento empresarial ni voluminosas obras públicas. Por otro lado, en España el descrédito del libre mercado no se tradujo tanto en un incremento del ta maño del presupuesto del Estado como en una mayor regulación e interven cionismo. El nacionalismo alentó el creciente intervencionismo de la política económica en España, pero las ideas nacionalistas calaron más profundamen te, en la práctica, en los países que sufrieron las guerras o tuvieron regíme nes auténticamente fascistas, algo que no puede decirse de la dictadura de

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Primo de Rivera. En suma, las circunstancias obligaron menos*a los gobiernos españoles a adoptar políticas tan intensamente intervencionistas como las del régimen de Franco tras la guerra civil. El problema principal era que España tenía una economía atrasada y, por tanto, requería profundas reformas estruc turales que las clases dirigentes españolas no consintieron; las medidas de la Segunda República en este sentido radicalizaron unas posturas políticas, tanto en las derechas como en las izquierdas, que engendraron una guerra civil. A este respecto, se tiende a pensar que el fracaso de la Segunda República originó ese conflicto armado. Si así fuera, el peso de la responsabilidad no po dría recaer en las políticas coyunturales, ya que las políticas monetaria, fiscal y de protección exterior fueron similares a las aplicadas en otros países europeos. Por otro lado, las políticas estructurales eran las aconsejables en aquellas circunstancias para conseguir el desarrollo económico y el pleno empleo, y, desde luego, la equidad y la estabilidad social. Estas reformas eco nómicas — la agraria o la fiscal-— crearon fuertes tensiones, a pesar de que fueron moderadas; lo mismo ocurrió con otras reformas políticas — la religiosa, la militar, la territorial— . Todas ellas eran necesarias para transformar social mente el país. En cualquier caso, hay que recordar que la Segunda República no fue un período homogéneo, y que los gobiernos de derechas del segundo bienio paralizaron las reformas. Las circunstancias históricas, más que los personajes, fueron determinan tes para el fracaso republicano. La Segunda República se instauró en un mo mento en el que, en primer lugar, estallaba la crisis económica internacional más grave del siglo y, en segundo lugar, cuando los autoritarismos se difun dían por Europa. Además, el régimen republicano surgió por una razón obvia: el fracaso previo de la monarquía, en sus versiones parlamentaria de la Res tauración y autoritaria de la dictadura de Primo de Rivera. La conflictividad social, los fracasos militares y la crisis económica explicarían el alzamiento de Primo de Rivera en 1923, con la aquiescencia de Alfonso XIII. Cuando esta dictadura colapso, arrastró consigo a la monarquía. Los motivos del fracaso de Primo de Rivera no sólo fueron de tipo económico, pero es cierto que la res tricción de las libertades políticas sólo podía compensarla la bonanza econó mica. Las promesas dictatoriales no pudieron cumplirse: no se pudo adoptar el patrón oro, ni mantener una política expansiva de gasto público que prolongase el crecimiento económico. El descontento social se manifestó cuando impor tantes núcleos empresariales — como los catalanes— retiraron el apoyo al dictador, y en el malestar de las clases populares. El régimen cayó a raíz de unas elecciones municipales, en las que los partidos republicanos ganaron en la mayoría de las ciudades. Así pues, si la República fracasó, también lo había hecho antes la monarquía. Los factores que provocaron la caída de estos regímenes políticos fueron los mismos: el atraso económico, la ausencia de unas clases medias, la frag mentación política y la carencia de mecanismos del Estado para reducir la ines tabilidad social, distintos de la fuerza de la policía y el ejército. En cualquier caso, la República fracasó menos por la presunta torpeza de los ministros de

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la coalición republicano-socialista, que por el hecho de que aquellas reformas eran difícilmente aplicables. A las mismas se opusieron radicalmente los grupos organizados (propietarios, Iglesia, militares, patronos), sin que las medidas del gobierno republicano-socialista contentasen a las clases sociales poten cialmente favorecidas por las reformas, tales como trabajadores y campesinos. La República sucumbió también por problemas estrictamente políticos como la excesiva fragmentación de los partidos, la predilección de algunos grupos sociales por las manifestaciones callejeras y revolucionarias antes que por la labor parlamentaria, y porque los grandes partidos recurrían a las insurreccio nes contra el propio sistema político cuando las urnas no les eran propicias.16 En definitiva, si la democracia no pudo establecerse en España en los años treinta fue porque existían unas estructuras económicas, sociales y políticas atrasadas, por las grandes desigualdades socioeconómicas y por el contexto internacional de crisis de las democracias. En primer lugar, el principal sector económico, que era la agricultura, no proporcionó estabilidad social, sino todo lo contrario. El abundante número de jornaleros en las zonas de latifundio hacían de la reforma agraria una exigencia para la sociedad española. Esas mismas leyes agrarias pusieron a los pequeños propietarios en contra de la República. Los latifundistas y terratenientes gozaban de un desproporcionado poder económico, social y político, no existían unas amplias clases medias y asalariadas que contrarrestasen ese poder y que buscasen en la estabilidad democrática la garantía del orden y de la propiedad. En segundo lugar, el sin dicalismo —más de origen agrario que industrial— tenía un objetivo más re volucionario que económico, pues las reivindicaciones laborales se subordina ban a las luchas políticas, con el objetivo, precisamente, de desestabilizar la «democracia burguesa». En tercer lugar, la República surgió de una ruptura de las instituciones (en la forma de Estado), y con una exigencia de responsabili dades a ios políticos del régimen previo, y hubo importantes cambios entre los políticos y los funcionarios, lo que afectó seriamente a la administración del Estado; además, la confrontación entre la opción republicana y la monárquica fue otro factor de conflicto. Como cuarto factor, las estructuras sociales eran atrasadas por la deficiente enseñanza pública y privada (en manos de la Iglesia hasta 1931), y la parcialidad de los medios de comunicación; los militares tenían un poder desproporcionado, que no estaban dispuestos a perder; los pa tronos se resistían a incorporar en sus empresas los avances de la legislación social y laboral, y se sintieron amenazados por el control obrero. Por último, no se dio una solución adecuada a la cuestión de los nacionalismos. A estos factores habría que añadir, finalmente, el desfavorable contexto eco nómico internacional, con una Europa en crisis, y adverso entorno político, por la oposición de los gobiernos británico y norteamericano a la República. Las medidas republicanas perjudicaban a las multinacionales, y las políticas reformistas podían contagiarse a países vecinos. Por otro lado, los ejemplos de los regímenes totalitarios (fascistas y comunistas) y los frentes populares eran demasiado cercanos para no suscitar la emulación de los partidos más extre mistas. Asimismo, fue determinante la intransigencia de los terratenientes y los


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industriales, que boicotearon la legislación y que reprimieron (sobre todo des de 1934) a los campesinos y trabajadores que se habían destacado en las rei vindicaciones previas. Esta es la interpretación de Josep Fontana, quien sostie ne que la República no fracasó por la aplicación de una política económica que no era equivocada ni revolucionaria. Los gobiernos republicanos de cen tro izquierda, de 1931-1933, y del Frente Popular, pretendían hacer una am plia reforma, pero de ninguna manera una revolución. Sus proyectos eran más «adecuados y coherentes» que los propuestos desde la extrema derecha (la Fa lange) y la extrema izquierda (el Partido Comunista). Si no pudieron realizarse fue porque el gobierno actuó siempre dentro de la legalidad y no quiso utilizar la fuerza para imponerlos, y por las resistencias que encontraron en España y en la diplomacia internacional. Un liberal como Azaña (1986) reconoció que en una situación como aquella era imposible atenerse al «liberalismo tradicional». Fue de los pocos políticos europeos que, en los años treinta, se dieron cuenta de que era precisa una mayor intervención del Estado para resolver los pro blemas económicos y sociales. En definitiva, la República constituyó una espe ranza frustada por las circunstancias económicas, políticas e internacionales.17

LECTURA RECOMENDADA Mercedes Cabrera y Fernando del Rey (2002), El poder de los empresarios. Polí tica y economía en España (1875-2000), Madrid, Taurus, capítulo 5, «Tiempos de dirigismo, tiempos de confrontación (1923-1936)», pp. 203-240.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA En el libro dirigido por Enrique Fuentes Quintana (2001), Economía y economis tas españoles. La modernización de los estudios de economía, Barcelona, Galaxia Gutemberg, en el volumen 6, se encuentran interesantes trabajos sobre los principales economistas, la política económica y la evolución de la economía española en este período. La aportación de Francisco Comín (2001), «Hacia la economía dirigida y protegida, a pesar de las críticas de los economistas (1907-1935)», es un complemento de este capítulo, porque se centra en las ideas y las políticas económicas del período de entreguerras. En el libro de Jordi Palafox (1992), Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española (1892-1936), Barcelona, Crítica, se encuentra una cuidada interpretación de la economía española. En los libros de Francisco Comín (1988), Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), Madrid, Ins tituto de Estadios Fiscales, 2 vols., y Pablo Martín Áceña (1984), La política monetaria en España, 1919-1935, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, hay un análisis detallado de las políticas fiscal y monetaria, respectivamente.

9. GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO (1936-1959) C

B a r c ie l a L ó p e z Universidad de Alicante

arlos

Hay motivos sobrados para integrar en un mismo capítulo el período de la guerra civil (1936-1939) con los veinte años siguientes. La mayoría de los es pecialistas coinciden en hablar de una posguerra especialmente dura, que a menudo parecía más una prolongación de la guerra que el arranque de una etapa de paz. En efecto, los vencedores, que ya plantearon la guerra como ex terminio del enemigo, desplegaron al finalizar la contienda una durísima y prolongada represión contra los vencidos. De esta forma, a las pérdidas hu manas derivadas del conflicto, se sumaron las miles de víctimas de la repre sión, los encarcelamientos, las depuraciones y el exilio. Unas pérdidas que, además del sufrimiento humano, tuvieron gravísimas repercusiones sociales y económicas. El régimen franquista desarrolló una política sistemática de anulación de los avances sociales y políticos alcanzados durante la Segunda República, res taurando el viejo orden social. Su alineamiento con las potencias fascistas y su práctica política revelan a las claras el carácter del régimen, más allá de dis quisiciones teóricas sobre su naturaleza. Ese régimen, pero también la pecu liar amalgama ideológica en que se sustentaba y los largos cuarenta años en que su sombra cubrió España son las tres acepciones en que suele emplearse el término franquismo. La primera década franquista, caracterizada como la de la autarquía, cose chó un fracaso sin paliativos en su intento de convertir a España en una poten cia imperial y militar, ignorando la lamentable situación real del país y adop tando un modelo económico con el Estado como protagonista. La mayoría de los españoles, castigados por las calamidades de la guerra, se vieron sumidos en una larguísima depresión que empeoró hasta límites hoy difíciles de imaginar sus condiciones de vida y trabajo. A ello se añadía la ausencia de los más ele mentales derechos democráticos.


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En contraste, tras la segunda guerra mundial, los países de Europa occiden tal llevaron a cabo un intenso programa de cooperación política y económica que facilitó una rápida reconstrucción y una prosperidad sin precedentes. Es paña, sometida al último régimen fascista, se vio excluida de este proceso y privada de sus beneficiosos efectos. Sólo a finales de los años cincuenta, la crí tica situación de la economía española y los favorables condicionamientos exteriores derivados de la situación política internacional facilitaron el final del proyecto autárquico, abriendo las puertas al desarrollo de los años sesenta.1

9 .1 .

La

e c o n o m ía e s p a ñ o l a d u r a n t e l a g u e r r a c iv il

Los orígenes del conflicto Se ha afirmado con frecuencia que la guerra civil española de 1 9 3 6 a 1 9 3 9 tuvo fundamentalmente motivos socioeconómicos. Entre ellos se alude siem pre al atraso económico de España, al bajo nivel de renta y a su desigual dis tribución, y al consiguiente bajo nivel de vida, e incluso la miseria, de amplios sectores de la población, en especial en el campo. Aun sin negar cl peso de tales factores, la explicación parece insuficiente. En efecto, a la altura de 1 9 2 9 , nada hacía presagiar que España estallaría en un terrible conflicto en 1 9 3 6 . Es verdad que nuestro país estaba relativamente atrasado; sin embargo, su situación no era de una pobreza extrema que hiciera inevitable un proceso revolucio nario. Por el contrario, junto a un sector agrario dominante, en la economía es pañola se habían desarrollado unos sectores industrial y de servicios que, en conjunto, duplicaban en importancia al primario. Por otro lado, la agricultura atrasada coexistía con otra agricultura avanzada, especializada y vinculada a los mercados internacionales. La guerra civil fue un conflicto en el que, ade más de los intereses económicos, chocaron dos visiones muy distintas de la organización social y en la que factores como la democracia, la religión, el pa pel del ejército y la organización territorial del Estado tuvieron una importan cia decisiva. Además, las libertades políticas conquistadas con la República alentaron entre los españoles la esperanza de una sociedad más justa. Fue esta esperanza democrática, defraudada por la reacción de los poderosos que se opusieron a ceder en lo más mínimo en sus privilegios, lo que explica el esta llido de la guerra. Sin pretender que la división territorial inicial de España, al comenzar la guerra, refleje las preferencias de la población, no deja de ser signi ficativo el hecho de que las zonas agrarias más atrasadas y más pobres se unie ran al «Alzamiento Nacional» — como se denominó la sublevación militar—, y que las regiones más avanzadas, las ciudades más populosas y europeas fueran las que hicieran frente al fascismo.

G U tR R A CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

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Economías de guerra La falta de datos dificulta conocer con exactitud la evolución de la econo mía española durante la guerra civil. Sabemos que la producción sufrió los inevitables reveses característicos de toda contienda, pero más importante que conocer con gran precisión el retroceso productivo es entender los profundos cambios en la organización económica de las dos zonas en que quedó dividido el país. Esto resulta particularmente importante en la zona republicana, aunque los acontecidos en la llamada «zona nacional» tuvieron más trascendencia a largo plazo, dado que fue este bando el que venció en la guerra. En la zona re publicana se desataron un conjunto de movimientos políticos disgregadores que tuvieron un efecto debilitador incuestionable y que fueron una de las cau sas de la derrota militar. Desde una óptica puramente territorial, la República quedó fragmentada, debido a la diversidad de poderes regionales: desde las autonomías constitucionales de Cataluña y el País Vasco hasta los Consejos Re gionales que se crearon en Aragón, Asturias y León, cuya coordinación entre ellos y con el Estado central no fue, precisamente, modélica. Por otra parte, muchas de las antiguas instituciones fueron suprimidas u ocupadas y transfor madas por fuerzas políticas y sindicales de carácter revolucionario. Lo mismo sucedió con muchas explotaciones agrarias y con empresas industriales y de servicios que fueron colectivizadas. En resumen, en la zona republicana coe xistieron, con las dificultades que ello implicaba, desde sectores de la burgue sía, incluidos los nacionalistas vascos y catalanes y parte del clero, hasta movi mientos revolucionarios anarquistas o comunistas. «Ganar la guerra para hacer la revolución», lema de estalinistas y socialistas, frente al «hacer la revolución para ganar la guerra», consigna de los anarquistas y troskistas, representaban la contradicción en el seno de las fuerzas republicanas de izquierdas que acabó desembocando en él enfrentamiento militar entre ellas. Por su parte, los repu blicanos moderados no deseaban la revolución ni antes ni después de la guerra. La República tuvo que hacer frente a otros muchos problemas. Además del desorden interno, la falta de apoyo internacional se tradujo en grandes dificul tades para obtener todo tipo de abastecimientos, desde armamento hasta pro ductos alimenticios. Todo ello provocó una falta generalizada de suministros en la zona republicana, casi desde las primeras semanas de la guerra, que re percutió en el nivel de consumo de la población y las empresas. Dentro de este panorama general de descenso productivo, llama poderosamente la atención el caso de la industria vasca. En el País Vasco no había tenido lugar ningún proce so revolucionario, ni ningún enfrentamiento social interno como en Cataluña, Asturias o Aragón. Sin embargo, la actividad económica, en especial la gran industria bilbaína, quedó prácticamente paralizada semanas antes de que las tropas franquistas entraran en una ciudad donde las instalaciones industriales estaban intactas. Es cierto que el aislamiento del País Vasco respecto de la zona republicana y de la navegación marítima dificultaron extraordinariamente los abastecimientos de carbón asturiano e inglés, suministro neurálgico para la

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industria. Sin embargo, no hay que olvidar otro factor: la actitud indiferente hacia la República por parte de algunos sectores del nacionalismo vasco, que consideraban el conflicto civil como algo ajeno. En conclusión, la actividad económica de la zona republicana sufrió, además de las dificultades propias de toda contienda bélica, las derivadas del proceso de división interna y de la fal ta de apoyo internacional. En la zona nacional las cosas fueron muy distintas. La aparente fragilidad económica de la zona inicialmente sumada a la sublevación —nula implanta ción en zonas industriales o de producción de materias primas, fracaso en la mayoría de las grandes ciudades, carencia de recursos financieros— se vio so bradamente compensada por el auxilio del exterior. Se trató del incondicional apoyo de la Italia fascista y del más medido y germánico, pero fundamental en el plano militar, de la Alemania nazi y de la cobertura territorial del Portugal de Salazar, de gran importancia estratégica. A todo ello se unió una actitud neutral, la «no intervención», de las potencias occidentales, que no podía ocultar las claras antipatías británicas hacia la República, las preferencias de las grandes empresas norteamericanas por el bando franquista y el activísimo apoyo de la Iglesia católica a la sublevación. Además, la zona nacional no sufrió los problemas de disgregación interna de la República. Aunque en las filas de los sublevados se alineaban fuerzas políticas heterogéneas —falangistas, jonsistas, tradicionalistas, monárquicos, conservadores— , algunas de ellas autoproclamadas revolucionarias, lo cierto es que todas tenían un interés común que las cohesionaba: el rechazo a la Re pública y la vuelta al antiguo estado de cosas. El ejército se convirtió pronto en la principal fuerza que unificó, con disciplina de hierro, las filas nacionalis tas. El 1 de octubre de 1936 el general Francisco Franco, tras una serie de astutas maniobras políticas y favorecido por la muerte accidental de sus dos principales rivales, se convertía en jefe del Estado, asumiendo todos los pode res. El objetivo de la victoria militar, por encima de cualquier otra considera ción, se convirtió en el elemento cohesionador de todas las fuerzas integradas en el «Movimiento». La organización, una disciplina militar sin concesiones que se impuso a toda la sociedad y, sobre todo, el auxilio exterior, hicieron que los problemas de abastecimiento de los sublevados fueran mucho menores que los que atenazaron a la zona republicana. Se ha insistido, en muchas ocasiones, en la ventaja que suponía para la Re pública el control de las zonas industriales de cara a la actividad bélica. Sin negar su importancia, no resultó decisiva. España, en su conjunto, y la zona republicana, en particular, carecía en 1936 de una industria de armamento mo derno significativa. Es verdad que algunas industrias metalúrgicas podían transformarse en industrias bélicas, como ocurrió incluso con fábricas de ju guetes metálicos. Sin embargo, se requería tiempo y tecnología y, en cualquier caso, existían importantes limitaciones. Podía improvisarse una fábrica de mu niciones, pero no era fácil poner una industria civil a ensamblar tanques o aviones. En este sentido, resultó incomparablemente más importante que la base industrial republicana, el envío inmediato, por parte de Italia y Alemania,

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO

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de grandes cantidades de armamento muy moderno con las correspondientes tropas y personal especializado a los nacionales. Lo decisivo no era el poten cial industrial genérico, sino la posibilidad de disponer de forma inmediata de armamento abundante y moderno. De poco le sirvió a la República su indus tria para impedir el paso del estrecho de Gibraltar a los nacionales apoyados por la aviación fascista. Por otra parte, y esta es una cuestión en la que no se ha reparado, los nacionales controlaron muy pronto un sector industrial de gran interés militar: la industria conservera gallega y navarro-riojana de la que sa lieron gran parte de las raciones que nutrieron los frentes de batalla. Por otra parte, los problemas y el declive productivo industrial de la zona republicana dieron rápidamente paso a una espectacular recuperación de la producción, tan pronto se produjo la entrada de las tropas nacionales. En algu nos casos mediante la imposición de un régimen de terror, como en Asturias, en otros con la cooperación de los empresarios, como en Vizcaya, el cambio se operó de forma muy rápida. El objetivo de la victoria militar no impidió que las autoridades del bando nacional dejaran claro desde el principio qué tipo de organización social busca ban. Durante la guerra se fueron promulgando toda una serie de disposiciones destinadas a liquidar las reformas de la República, en particular las medidas de carácter social y la reforma agraria. Igualmente, se procedió a intervenir en la economía, estableciendo diversos organismos encargados de controlar la pro ducción, la distribución y el consumo de productos. En 1937 se creó el Servi cio. Nacional del Trigo (SNT), organismo al que se encomendó, inícialmente, la regulación del mercado triguero, pero que terminó rigiendo casi todo el sec tor agrario durante el franquismo. Si el sector real de la economía sufrió un fuerte impacto, no fue menor el experimentado en el campo monetario y financiero. España quedó dividida en dos zonas monetarias, con dos pesetas distintas que evolucionaron de forma diferente. Por su parte, la fragmentación económica interna de la zona republi cana tuvo su reflejo también en el terreno monetario. Junto a la peseta legal de la República, circularon multitud de monedas emitidas por las diversas autori dades autonómicas, territoriales y locales, convirtiendo la zona republicana en un mosaico monetario. Como es obvio, se paralizaron los pagos, los intercam bios y los créditos entre las dos zonas. En la zona republicana surgieron pronto graves dificultades para sostener la cotización de la peseta a causa del déficit comercial y de la falta de crédito exterior.2

El coste de la contienda Una de las cuestiones de mayor interés al tratar este período es el coste de la guerra y su financiación. La realidad era a este respecto del todo paradójica. Parecería que, desde el punto de vista de su reconocimiento internacional y del crédito, el gobierno legítimo de la República estaría en una posición mucho más sólida que la de los militares sublevados. En la práctica, las cosas fueron

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totalmente a la inversa. Los sublevados recibieron el apoyo abierto y provo cador de las potencias fascistas. Frente a ello, las potencias democráticas se escondieron de modo vergonzoso tras la declaración de la «no intervención». Tras esta falsa neutralidad se ocultaban las claras simpatías del gobierno inglés hacia Franco, se daba un nuevo paso en la política de no contrariar a Alemania, y se manifestaba el temor, por parte de los grandes círculos finan cieros y económicos mundiales, a una propagación de la revolución bolchevi que en España. Lo cierto es que, exceptuando la Francia del Frente Popular y la URSS, la República se encontró aislada en el ámbito internacional. Otros apoyos como el de México, moralmente importantes, carecieron de una ver tiente material significativa. Las Brigadas Internacionales, ejemplo de heroica solidaridad con la democracia española, carecían del apoyo oficial y de la or ganización y equipamiento militar de las unidades italianas y alemanas que combatían con Franco. Esta débil posición política de la República tuvo su tra ducción en el plano financiero. La República careció de crédito externo para hacer frente al pago de los suministros de material militar. En estas circuns tancias, sólo podía adquirir armamento pagando al contado, lo que no era po sible dado el déficit exterior. La única salida era recurrir a las reservas de me tales preciosos y de divisas del Banco de España. Hay que subrayar que esta medida planteó algunos problemas de legalidad, ya que el Banco de España era una sociedad privada. En cualquier caso, el oro, la plata y las divisas del Banco fueron utilizadas para adquirir en Moscú y París los suministros milita res. En 1938 estos fondos estaban agotados y sólo quedó el recurso al crédito que quisiera conceder la URSS. Para entonces, la suerte de la guerra estaba decidida. En total se gastaron unos 750 millones de dólares, de los que 715 eran las reservas del Banco. En contraste, la zona nacional gozó de unas buenas posibilidades de finan ciación. Es verdad que los sublevados, y su recién creado Banco de España, carecían de unas reservas de divisas como las de la República. Sin embargo, esto no constituyó un grave problema: las divisas eran sólo un medio para obtener pertrechos militares. Aunque los sublevados carecían de divisas, disfru taron directamente de la ayuda militar del Eje. La República tenía medios de pago pero, incluso así, necesitaba tiempo para comprar las armas y para su su ministro, y países dispuestos a venderlas, lo que no fue siempre fácil. En este sentido, la ventaja de los sublevados fue notable. Alemania e Italia proporcio naron una ayuda militar abundante e inmediata que fue decisiva para el triunfo de Franco. La ayuda italiana ascendió a unos 430 millones de dólares, a lo que habría que añadir el coste del, eufemísticamente, denominado Cuerpo de Tro pas Voluntarias. La ayuda económica alemana fue cuantitativamente menor, aunque estratégicamente fue decisiva (Legión Cóndor). Se crearon una serie de empresas (HISMA Ltda. y ROWAK) que canalizaron los envíos alemanes y las exportaciones españolas de minerales y alimentos hacia Alemania. De esta forma, los nacionales fueron pagando, durante la guerra, una buena parte de los suministros bélicos alemanes, convirtiéndose Alemania en el primer país importador de productos de la España franquista.


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Paralelamente, los nacionales decretaron la obligación de entregar el oro y los valores extranjeros en manos de particulares, y recibieron diversas contri buciones y créditos privados de españoles y extranjeros (bancos, empresas y particulares). En total, los nacionales dispusieron de cifras similares a las de los republicanos para la financiación de la guerra, aunque al finalizar el con flicto el gobierno se encontraba fuertemente endeudado. En conjunto, como sucede en todas las guerras, España sacrificó en su contienda civil unos recursos muy valiosos, con un alto coste de oportunidad para un país atrasado. A todo ello hay que añadir los daños materiales provocados por la guerra, la irrepa rable pérdida de vidas y un sufrimiento que se prolongó, durante décadas, por el carácter dictatorial e inclemente del régimen que se impuso al finalizar el conflicto. La guerra civil española provocó considerables destrucciones materiales y, lo que es más grave, la muerte de cientos de miles de personas. Sin lugar a du das, lo más importante de las pérdidas humanas fueron todas y cada unas de las propias víctimas y el dolor y la desesperación de sus familias, marcadas de manera indeleble. No obstante, también cabe el análisis de esas pérdidas des de el punto de vista del capital humano y de sus repercusiones para el aparato productivo del país. De entrada hay que destacar que las pérdidas de población activa fueron relativamente importantes. Conforme a los cálculos más recien tes podemos situarlas en tomo a un 4 por 100, cifra sensiblemente superior a la sufrida por Italia (2 por 100) o Francia (3 por 100) como consecuencia de la segunda guerra mundial. La guerra trajo otra serie de secuelas demográficas importantes. A los fa llecidos durante la contienda hay que añadir las muertes provocadas por la represión posbélica. El exilio, que afectó al menos a unos doscientos mil espa ñoles, y el encarcelamiento de otros trescientos mil, completaban un panora ma desolador. En conjunto, un duro golpe para la economía española, mucho más notable si tenemos en cuenta que la represión y el exilio se cebaron, par ticularmente, en los grupos sociales mejor preparados del país. Además, el cli ma de terror que se extendió sobre los vencidos hizo que muchos españoles perdieran sus oficios, sus bienes o sus carreras profesionales, sufriendo una especie de muerte como ciudadanos. La figura del maestro depurado y des terrado por sus ideas, que tenía que ganarse la vida dando clases particulares, recuerda la ignominia del régimen. Las pérdidas materiales derivadas de la contienda no fueron tan importantes como las humanas. En 1939 la producción agraria había caído en un 20 por 100 y la industrial en un 30 por 100. España se hallaba sin reservas de oro y sin divisas, y con un sistema monetario colapsado. Las mayores pérdidas hay que situarlas en las infraestructuras, en particular las ferroviarias, y en los me dios de transporte. En su conjunto, unos daños sensibles, aunque claramente inferiores a los causados por la segunda guerra mundial en los países europeos (véase el cuadro 9.1). Sin embargo, pese a que las pérdidas materiales fueron muy inferiores, la posguerra española fue mucho más larga y profunda que la de los países


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C u a d r o 9 .1 .

C o m p a ra c ió n d e l a s d e s tru c c io n e s físic a s p o r l a g u e r r a d e E sp añ a y

l a s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l (e n p o r c e n t a j e )

Energía eléctrica

Porcentaje de m aterial dañado sobre stock inicial

Francia Italia Grecia España

Disminución de cabaña animal

(•)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-7 6 -50 -8 2 -3 4

-6 5 -5 7 -91 -4 0

-7 3 -7 6 -7 3 -2 3

-2 ,8 -5 ,4 -3,1 -0 ,9

-2 7 -2 6 -5 6 -1 6

-2 5 -3 2 -3 9 -2 6

-11 - 14 -4 9 -1 0

Porcentaje de viviendas destruidas

Proporción de muertes sobre población

(8)

(9)

-1 ,4 -3,1 -0 ,9 -2 ,2 -7 ,0 -18,9

-8 -5 -21

- 0,5 - - 4 - 1,1 -- 1,5 - 2,7 - - 4

Notas: (I) Locomotoras. (2) Vagones de carga. (3) Flota marina mercante. (4) Potencia eléctrica instalada. (5) Caída en la producción de electricidad. (6) Equina. (7) Bovina. (8) Total. (9) Activa. F u e n t e : J. Catalan (1995), La economía española y la segunda guerra mundial, Barcelona, Ariel, 55.

europeos. El nivel de la renta nacional y de la renta per cápita de 1935 no se recuperó hasta entrados los años cincuenta. El consumo de la población, in cluido el de productos de primera necesidad, se hundió de forma dramática, y el hambre se cebó en millones de españoles. Se ha afirmado que los decenios de 1930 y 1940 constituyen la única fase en que se ha producido un retroceso en los niveles de bienestar de la población en los últimos 150 años. La evolu ción de España contrasta, no ya con la de los países europeos más desarrolla dos, sino incluso con los del sur de Europa. Así, mientras que Italia, Grecia o Yugoslavia duplicaban su producción industrial entre 1946 y 1950, en España se registraba un modestísimo aumento del 10 por 100.3 Evidentemente, esta mala situación económica no afectaba a todos los es pañoles por igual. Durante los años cuarenta, los salarios reales de los trabaja dores experimentaron un descenso notable y generalizado (véase el cuadro 9.2), pero los beneficios de los grandes propietarios agrarios, de las empresas y de

C u a d r o 9 .2 .

E v o lu c ió n d e lo s s a l a r i o s n o m in a le s

y

re a le s en C a ta lu ñ a

( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ( 1 9 3 6 = 100)

1939 1940

Salarios nominales 100 122 Salarios 48 43 reales

1941 1942

1943

1944

1945 1946 1947 1948 1949 1950

144

155

161

194

209

254

271

297

309

368

-

28

39

71

72

55

50

60

66

65

F u e n t e : C. Molinero y P. Ysás (1985), «Patria, justicia y pan». Nivell de vida i condicions de

treball a Catalunya, 1939-1959, Barcelona, La Magrana.


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la banca se incrementaron. La guerra se prolongó, también, en el ámbito laboral. Los puestos de trabajo vacantes por la represión y el exilio fueron ocupados por los vencedores de la contienda, personas que a menudo carecían de una adecuada cualificación profesional. Los aprobados «patrióticos» en los estu dios y la reserva de puestos de trabajo en la administración fueron una prácti ca normal.

9 .2 .

A u t a r q u ía

e in t e r v e n c io n is m o

Profundizar en las razones de esta prolongada crisis económica es el obje to de las siguientes páginas. Lo primero que es importante tener claro es que los vencedores de la guerra, con el mismo dictador a la cabeza, tenían ideas propias sobre la situación de la economía española y sobre la forma de lograr el desarrollo del país. El general Franco, que nunca pecó de modestia, llegó a afirmar: «Anuncio que la experiencia de nuestra guerra tendrá que influir se riamente en todas las teorías económicas defendidas hasta hace poco como si fueran dogmas». En realidad, como tendremos ocasión de ver, las revoluciona rias teorías económicas del franquismo constituían un batiburrillo de viejos e incoherentes planteamientos, cuya aplicación provocó un grave caos económi co. Ni que decir tiene que la teoría económica, en cambio, quedó intacta.

Principios económicos del régimen autárquico ¿Cuáles eran los planteamientos económicos del franquismo? Los dirigen tes del régimen partían del diagnóstico de que España se encontraba, antes de la guerra, en una situación de atraso económico, y en particular industrial, como consecuencia de la incapacidad del sistema económico capita lista-liberal, del fracaso de la iniciativa privada y de la falta de orden en el sistema productivo. Los «excesos» del sistema democrático (a Franco le gustaba decir que no ha bía que confundir la libertad con el libertinaje) estaban en la base del fracaso de España y era necesario corregirlos mediante la autoridad. Correspondía al Estado, a un Estado fuerte, «totalitario», la tarea de sacar a España de su atra so y convertirla en un pais industrial. Conviene subrayar que para estos «nue vos» economistas el desarrollo era, por encima de todo y a costa de todo, la industrialización del país. A ese objetivo industrializador tenían que sacrificar se todos los demás. Encontramos, de esta forma, uno de los rasgos más carac terísticos de la política económica del nuevo Estado: el intervencionismo y el dirigismo estatal. Como la libertad económica había conducido al atraso y al enfrentamiento social, se imponía una fuerte autoridad que ordenara y regu lara estrictamente la actividad económica. Según las nuevas autoridades, este desarrollo tenía que conseguirse persiguiendo las mayores cotas posibles de autoabastecimiento, con miras a la meta final de la autarquía. Se entendía que un país que quisiera ser militar y políticamente fuerte, y cabeza de un Imperio,

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tenía que ser económicamente autosuficiente. No podía depender de otros paí ses y, menos, de otras potencias rivales. De aquí se deriva otra de las carac terísticas del franquismo: la subordinación de la economía a la política. Es decir, la economía se contemplaba no como un fin (proporcionar bienestar material a la población), sino como un medio para alcanzar otros objetivos considerados más importantes: convertirse en una gran potencia militar e im perial. Este objetivo llevaba aparejado, inevitablemente, un fuerte nacionalis mo económico. Resultaba impensable que un país pudiera convertirse en una gran potencia si su economía estaba controlada por países extranjeros. Por otra parte, se consideraba que lo importante para un país era producir, no im portaba tanto a costa de qué, sino el conseguir los objetivos cuantitativos que se marcaran. Este planteamiento, en el que primaba la búsqueda de soluciones técnicas para maximizar la producción, soslayando o ignorando las solucio nes económicas óptimas, dio pie a lo que se ha dado en llamar «mentalidad ingenieril». Podemos hablar, en este sentido, y como otro rasgo característico, de una política de producción. Finalmente, otro elemento fundamental del ideario franquista era el referente a la organización de la producción. Se par tía, como en todo lo demás, del rechazo al sistema democrático y liberal. Se consideraba que la producción y el sistema productivo y, en consecuencia, las relaciones laborales tenían que estar supeditados al interés superior de la na ción. Todos los agentes implicados en la producción debían prescindir de sus intereses particulares y someterlos al interés nacional. Empresarios y obreros, fundidos en la misma categoría de «productores», tendrían que organizarse en un mismo sindicato vertical que, bajo la autoridad del Estado, tendría como misión el aumento de la producción, a la vez que armonizaría los intereses de empresarios y trabajadores. En definitiva, los rasgos básicos de la nueva eco nomía política del franquismo eran la búsqueda a ultranza de la industriali zación, en un marco de autarquía económica y bajo la dirección totalitaria del Estado. En realidad, no había casi nada de nuevo en los planteamientos económi cos del franquismo. Sí que podemos decir que el franquismo llevó hasta el lí mite algunas tendencias que ya se habían venido manifestando en la economía española y, en parte, en la economía mundial, y que imitó o adoptó plantea mientos económicos en boga en los países totalitarios de Europa. Así, el pro teccionismo era un elemento casi permanente de toda nuestra historia econó mica que se había reforzado durante el primer tercio del siglo XX. Lo mismo podemos decir del nacionalismo económico propugnado con fuerza durante la época de Primo de Rivera, al igual que los planteamientos corporativistas. No eran ideas nuevas, la novedad radicaba en su carácter extremista. La protec ción habría de llegar a ser integral y conseguir la autarquía sometiendo toda la organización económica al dictado del Estado. El franquismo adoptó, sobre la marcha, y para cubrir sus carencias doctrinales, algunos elementos e insti tuciones desarrollados por las dictaduras nazi y fascista. La aversión a la de mocracia, la organización totalitaria del Estado, el partido único, el militarismo, la importancia de la propaganda, el control de los medios de comunicación, el


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aparato represivo y, obviamente, la estética de las camisas oscuras y los brazos en alto. En esta línea, la influencia italiana fue mayor y algunas instituciones como el INI o el INC tienen claros precedentes en el IR1 y en la política de co lonización. Asimismo, hay que señalar que en la defensa de estos plantea mientos coincidían toda una serie de fuerzas políticas y sociales de gran peso en el país y que conformaban el bando nacional. El corporativism o, la con dena del liberalismo («el liberalismo es pecado») y la aversión al exterior eran elementos sustanciales del pensamiento de la Iglesia, del tradicionalismo car lista y del conservadurismo, en general. El nacionalismo, la primacía de la autoridad y la regulación eran, igualmente, ideas muy arraigadas entre los mi litares. Por encima de todo, estos grupos estaban unidos en la idea de la defen sa de la propiedad y de los viejos privilegios sociales, religiosos, políticos y económicos.

Agricultura: intervención y mercado negro La evolución del sector agrario español durante los años cuarenta presenta unos resultados desoladores. Cayeron de forma sustancial la producción agra ria, las disponibilidades alimenticias y el consumo. Los años cuarenta queda ron en la memoria colectiva de los españoles, y en la historia, como los años del hambre. El sector agrario, como toda la economía, se vio sometido a una intensa in tervención estatal ya desde el comienzo de la guerra. Conviene recordar que, precisamente, una de las causas de la sublevación militar de 1936 fue la reac ción de los grandes propietarios contra la reforma agraria de la República. De inmediato, el nuevo Estado promulgó una serie de normas que dejaban sin efec to la reforma y devolvían las tierras a sus antiguos propietarios. A estos efectos, se crearon organismos como el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra y el Servicio de Recuperación Agrícola. Pero en realidad el desmantelamiento de la reforma agraria y la recuperación de las tierras los rea lizaron de manera espontánea —y a menudo violenta y represiva— los anti guos propietarios al compás del avance de las tropas nacionales, sin atenerse a ningún procedimiento legal. En este proceso, los propietarios se adueñaron de medios de producción y ganado, propiedad de las colectividades y los campe sinos. Obviamente, tampoco podían quedar en pie otros aspectos de la obra re formista republicana: se prohibieron los sindicatos campesinos, se derogó la legislación que limitaba las jornadas de trabajo y regulaba los salarios, y se im puso el sindicalismo vertical mediante las denominadas Hermandades de Labra dores y Ganaderos. Éstas se encargaron, junto a la Guardia Civil, de restaurar el orden en el campo. Todo ello supuso el sometimiento total de los campesi nos, que vieron evaporarse las garantías y mejoras que habían conquistado con la República. El Estado franquista impuso como sustituto de la distribución de tierras de la República la denominada colonización agraria. Encomendada al Instituto

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Nacional de Colonización, que habría de alcanzar una gran presencia en el campo español, la política de colonización buscaba fundamentalmente trans formar tierras de secano en regadío y, colateralmente, el asentamiento de co lonos. Su finalidad no era distribuir la propiedad, sino incrementar la pro ducción. Se enmarcaba así en los planteamientos autárquicos del régimen y enlazaba con la tradición regeneración!sta y con la política de bonifica del fas cismo italiano. El proyecto colonizador fue acompañado de una política hi dráulica, de construcción de grandes obras, concretadas en el denominado Plan Peña, directamente inspirado en los trabajos técnicos realizados durante la República. La obra colonizadora durante los años cuarenta se saldó con un enorme fracaso. No se construyeron las grandes obras, las superficies puestas en riego fueron inapreciables y, obviamente, el número de colonos asentados fue insig nificante. Las causas de este fracaso fueron varias. Los grandes propietarios se negaron a realizar cuantiosas inversiones en un proyecto muy costoso y de resultados inciertos, máxime cuando existía la alternativa de seguir explotando sus tierras al modo tradicional, aprovechando las grandes ventajas que ofrecía la abundancia de mano de obra barata y los lucrativos precios del mercado ne gro. Los ambiciosos planes colonizadores chocaban, además, con la escasez de las materias primas necesarias para las obras. Hay que subrayar la incon gruencia de solicitar de los propietarios grandes inversiones en la agricultura cuando, simultáneamente, se mantenía una política de bajos precios oficiales (de tasa), negativa para el sector. La intervención del Estado fue también muy intensa en la ordenación de la producción. El Servicio Nacional del Trigo quedó encargado inicialmente de ordenar y regular el mercado triguero, pero terminó desempeñando un papel decisivo en la evolución del conjunto de la agricultura durante todo el fran quismo. Las autoridades diseñaron un proyecto de intervención «totalitaria» para conseguir el autoabastecimiento alimentario, objetivo fundamental del ré gimen. El Estado fijaba las superficies de cultivo, las cantidades de producto que los campesinos debían entregar a los organismos de intervención y a qué precios. Igualmente, se ordenaba la distribución, se racionaba el consumo y se fijaban los precios finales de los productos. El comercio exterior quedaba totalmente controlado y muchos productos básicos fueron clasificados como comercio de Estado. La intervención llegó a límites grotescos, como la de declarar obligatorio el «espigueo» (la rebusca de espigas tras la siega). La ma raña legislativa y la creación de organismos interventores nutridos por una enorme y mal preparada burocracia fueron paralelos al hundimiento de la pro ducción y con ella el hambre y el mercado negro (véase el gráfico 9.1). La fal ta de alimentos apareció nada más acabar la guerra y, lejos de resolverse, se fue agravando conforme transcurrían ios años cuarenta. El gobierno encontró también, muy pronto, la justificación a esta situación: los danos provocados por los «rojos», la pertinaz sequía, la actuación de los especuladores, la falta de ganado de labor y de fertilizantes, y el aislamiento internacional de España. Cualquier cosa menos reconocer la responsabilidad del gobierno y su política

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO G r á f i c o 9 .1 . T r i g o c o m e r c i a l i z a d o

en

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e l m e rc a d o n eg ro , seg ú n d a to s o fic ia le s

( en p o r c e n t a j e )

Porcentaje que representa el mercado negro: ................ sobre la cosecha comercializada F uente:

sobre la producción

C. Barciela (1986).

de intervención. Los historiadores, en cambio, coinciden en que la causa funda mental de la crisis agraria y el hambre de los cuarenta radica en el carácter del régimen y su vinculación a las potencias fascistas, en una política eco nómica que buscaba, ante todo, la industrialización y en la aberrante política de intervención en el propio sector agrario. Debe tenerse en cuenta que, a pe sar del hambre, Franco ordenó exportar alimentos a las potencias del Eje y renunció a comprarlos en el exterior. La escasez llegó a ser dramática, y sólo gracias al crédito argentino, reforzado con el Protocolo Franco-Perón de 1947, y norteamericano, se logró salvar una situación del todo insostenible a finales de los años cuarenta. Sin embargo, no debe pensarse que todo fue negativo y que todos los espa ñoles resultaron perjudicados por la política agraria del nuevo Estado. Perjudi cados resultaron los pequeños campesinos obligados a entregar sus productos a los organismos de intervención a precios de tasa. Gravemente perjudica dos resultaron los asalariados del campo sometidos a penosas condiciones de vida y trabajo. Perjudicadas, igualmente, quedaron las clases trabajadoras de las ciudades, principales víctimas del hambre y del estraperlo. Sin embargo,

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para los grandes propietarios fue una buena época: restituyeron y reforzaron sus antiguas propiedades, se erigieron en dueños y señores de las relaciones laborales en el campo y se enriquecieron con el mercado negro. De hecho, du rante los años cuarenta, se produjo un importante proceso de acumulación de capital que sirvió para financiar el sector industrial y, posteriormente, en los años cincuenta, el propio desarrollo agrario. Desde el punto de vista de la mayoría de la población cabe hablar, en resu men, de un fracaso sin paliativos del proyecto agrario del franquismo durante los años cuarenta. La autarquía se mostró como un objetivo inalcanzable, ade más de absurdo en términos económicos. Paradójicamente, sólo gracias a las importaciones de trigo argentino y norteamericano, España se salvó de una total catástrofe alimentaria. Tras haber propugnado la autarquía y cantado las excelencias de nuestro país, el fracaso condujo a las autoridades a cambiar su discurso.4

La industria: el modelo totalitario del INI La guerra civil no originó daños significativos en las instalaciones indus triales del país. En 1940 la producción industrial era un 14 por 100 inferior a la del 1935. A pesar de ello, el sector industrial conoció una recuperación va cilante y extraordinariamente lenta: en 1950 no se habían recuperado aún los niveles de producción de 1935. Así, la larga posguerra, más que la guerra mis ma, supuso una interrupción sin precedentes en el lento, pero sostenido, pro ceso de industrialización de España desde mediados del siglo xix. Tampoco esta etapa resiste la comparación con lo sucedido en otros países europeos. Al gunas naciones neutrales duplicaron su producto industrial y los países belige rantes, que habían sufrido daños mucho más graves (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido), lo incrementaron en un 50 por 100. Mientras que España tar dó quince años en recuperar la producción prebélica, Alemania tardó cuatro años, Francia seis, Italia cuatro y el Reino Unido tan sólo dos. Con razón la década de 1940 ha sido bautizada como «la noche de la industrialización es pañola». La evolución global de la industria encubre, no obstante, importantes dife rencias por sectores. Las preferencias del régimen por la industria pesada, base de la industria militar, hizo que el crecimiento de la producción de bienes intermedios y de inversión fuese muy superior al crecimiento de la producción de bienes de consumo. La industria ligera sufrió el abandono y el desinterés del gobierno. A pesar del hambre, la industria alimentaria quedó privada de apoyo oficial, y no recuperó los niveles de producción de 1935 hasta los años sesen ta, en claro contraste con Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Francia y Holanda. El fracaso industrial en la España de los años cuarenta es particularmente llamativo si pensamos que el régimen tenía como principal objetivo la indus trialización del país. No obstante, conviene recordar que esa industrialización


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era un objetivo intermedio, ya que lo que realmente se buscaba era el reforza miento militar, que permitiría alcanzar el fin último de convertir a España en una gran potencia y restaurar su poder imperial. De ahí el interés de Franco por entrar en la segunda guerra mundial, convencido de que la segura victoria del Eje le permitiría recuperar Gibraltar y adueñarse de las colonias francesas en el norte de África. A este objetivo imperial se supeditaron todos los demás y, en consecuencia, se abandonó la agricultura y los sectores industriales no vinculados a las industrias pesadas y militares. Por lo demás, las autoridades franquistas consideraban fracasado el siste ma económico liberal-capitalista, basado en la iniciativa privada. En su lugar, correspondía al Estado la tarea de industrializar el país. La política industrial aspiraba así a incrementar la producción sobre la base de los recursos propios que, como veremos, Franco consideraba casi ilimitados, despreciando los cri terios económicos de especialización, costes, ventajas comparativas y compe titividad exterior. Los principios de la política industrial del franquismo que daron reflejados en la promulgación de tres leyes básicas. La de protección de nuevas industrias de interés nacional (1939), la de ordenación y defensa de la industria (1939) y la de creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941. Con las dos primeras, el gobierno se dotó de los instrumentos para regu lar estrechamente la iniciativa industrial privada, tanto nacional como extran jera. La primera ley introducía la figura de las empresas de interés nacional, cuya declaración implicaba la obtención de privilegios económicos, y la se gunda limitaba seriamente las inversiones extranjeras en España. El marco legal resultante canalizaba los recursos hacia los sectores vinculados al logro de la autarquía y el equipamiento militar, al margen de cualquier cálculo eco nómico de rentabilidad, sustituyendo el mercado por una burocracia poco preparada y con un gran margen de decisión. El rechazo de la inversión ex tranjera, de inspiración ultranacionalista, resultaba un planteamiento muy poco inteligente para un país necesitado de capitales y atrasado tecnológica mente. Todo ello implicó un marcado descenso de la competencia interior y la aparición de un «mercado político» en el que los empresarios intentaban com prar tratos de favor de los organismos interventores. Por su parte, el INI nació como un instrumento para la intervención directa del Estado en la economía. Muy significativo resulta el nombre que inicial mente se pensó para este organismo: Instituto Nacional de Autarquía. El naci miento y la historia del INI están unidos al ingeniero naval, militar y amigo de Franco, Juan Antonio Suanzes, que lo presidió veintidós años. Suanzes era uno de los principales inspiradores de los planteamientos antiliberales, nacio nalistas, autárquicos, industrialistas y militaristas dominantes. Junto al com ponente nacional, el Instituto tenía claras influencias del fascismo italiano. Mussolini había creado un organismo, el ÍRI, al que se había encomendado la tarea de alcanzar la autarquía y el desarrollo de una gran industria militar, ne cesaria para nutrir los planes imperialistas del fascismo en Europa meridional y África. El INI se configuró como un holding de empresas de capital público, dependiente directamente de la presidencia del gobierno. Además de sus so

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HISTORIA ECONÓMICA DLi ESPAÑA

ciedades, el INI colaboró y participó con la iniciativa privada en otras empre sas. El Instituto tuvo un papel fundamental en la evolución industrial de España y, en lo que concierne a los años cuarenta, su actuación fue determinante, ya que Suanzes fue ministro de Industria y Comercio y presidente del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) entre 1945 y 1951, años en que se fra guaron los principales proyectos del INI. El Instituto se planteó, inicialmente, una actuación muy ambiciosa que afectaba a todos los sectores industriales. Sin embargo, en la práctica, terminó centrándose en la producción de energía, bienes intermedios y material de transporte. A finales de los años cuarenta, el INI tenía cuarenta sociedades con un capital de 7.000 millones de pesetas. El Instituto controlaba totalmente la industria del automóvil, producía el 75 por 100 de los fertilizantes nitrogena dos, más del 50 por 100 del aluminio, un 25 por 100 de la refinación de petró leo, un 17 por 100 de las fibras textiles artificiales, un 8 por 100 de la energía eléctrica y otro tanto de la construcción naval. Aunque resulta imposible referirse, ni siquiera someramente, a cada una de las empresas del INI, debe mencionarse al menos una de ellas, la más signifi cativa por volumen de inversiones y carácter estratégico: la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO). España, como es conocido, carece de yacimientos pe trolíferos y su dependencia de los suministros exteriores es total. A ENCASO se le encomendó la tarea de producir combustibles líquidos y lubricantes, utili zando materias primas nacionales. En ausencia de petróleo, se recurrió a intentar obtenerlos a partir de pizarras bituminosas y de lignito, algo que, para lograr el deseado autoabastecimiento, exigía inversiones multimillonarias y una tec nología de la que España carecía. En medio de las previsibles dificultades, hasta 1952 no se consiguió iniciar la destilación de combustible a partir de pizarras, a un precio varias veces superior al petróleo de importación. El pro yecto se saldaba así con un costosísimo fracaso y fue abandonado. ENCASO representó el ejemplo más llamativo de lo absurdo del ideal autárquico, aun que desgraciadamente no fue el único. También en la producción eléctrica, el objetivo de incrementar la producción se frustró por la propia política autárquica que dificultaba la importación de cemento y equipos, y ponía trabas a la presencia de empresas extranjeras, impidiendo la llegada de las nuevas tec nologías. En conjunto, la evolución de las sociedades del INI durante los años cua renta muestra las carencias de la política industrial y más aún del conjunto de la política económica del nuevo Estado. Así, ni siquiera los ingentes recursos financieros que el Estado canalizó hacia el Instituto bastaron para sacar ade lante los ambiciosos proyectos del INI. El estrangulamiento financiero no te nía remedio dada la extrema debilidad de la Hacienda pública y la imposibili dad de recurrir a la autofinanciación, vistas la baja rentabilidad y las pérdidas de la mayor parte de las empresas. La dependencia tecnológica de Alemania e Italia, principales socios de España durante la segunda guerra mundial, fue otro factor distorsionador, especialmente grave tras su derrota en la contienda (véase el cuadro 9.3).

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO C uadro

9.3,

F in a n c ia c ió n

del

IN I

en

1941-1950 ( m i l l o n e s

Fondos propios Fondos procedentes del Tesoro

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

(1)

(2)

0,50 52,70 210,20 80,60 244,40 439,00 388,60 447,70 346,90 1.227,60

0,50 53,20 263,40 344,00 588,40 1.027,40 1.416,00 1.863,70 2.210,60 3.438,20

0,60

4,20 10,40 55,20 17,00

d e pt a s. c o r r ie n t e s)

Fondos ajenos

Autofinanciación (1)

347

(2)

0,60 0,60 0,60 0,60 4,80 15,20 70,40 87,40

Créditos del Banco de España (1) (2)

172,90 257,30 -2 9 4 ,6 0

172,90 430,20 135,60

Totales (I)

(2)

0,50 52,70 210,80 80,60 244,40 439,00 392,80 631,00 659,40 950,00

0,50 53,20 264,00 344,60 589,00 1.028,00 1.420,80 2.051,80 2.711,20 3.661,20

Notas: (1) Del año. (2) Acumulado. Fuente: S. Esteban (1973), «La financiación de las inversiones del INI», en C. Albiñana, La empresa pública industrial en España: el INI, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

En definitiva, el fracaso del INI era el de toda una política industrial que ig noraba, cuando no despreciaba, las más elementales reglas de la economía. Los escasos recursos disponibles se asignaron ineficientemente, se incurrió en altos costes de oportunidad y se dificultó el desarrollo de las empresas privadas. La política de sustitución de importaciones mostró a las claras su incoherencia: para poner en marcha proyectos que favorecieran la autarquía era imprescindi ble importar una amplia gama de productos y tecnologías, dado el atraso indus trial español. Tampoco se pudo garantizar el suministro necesario de combusti bles y electricidad, el motor de la industria. Finalmente, el marco proteccionista y los privilegios concedidos a las empresas del INI hicieron que éstas crecie ran sin disciplina de costes y sin exigencias de competitividad internacional. En conjunto, podemos decir que el estancamiento industrial de España (véa se el cuadro 9.4), durante los años cuarenta, se debió a las incoherencias y errores de la política autárquica. El convencimiento de Franco de que Alema nia ganaría la guerra le llevó a alinear nuestro país con el Eje, e incluso a in volucrarse en el conflicto enviando tropas, la División Azul, a luchar con los alemanes contra la URSS. Este alineamiento volcó las relaciones económicas de España hacia ios países del Eje, y postergó la vinculación económica con los aliados con los problemas subsiguientes, cuando acabó la guerra con la victo ria, inesperada para Franco, de los países democráticos. El clima de terror y represión que vivió el país fue otro factor que dificultó la recuperación indus trial. Los mejores intelectuales, científicos y técnicos españoles se habían mos trado partidarios de la República. La represión y el exilio privaron a nuestro


348

C u ad ro

94.

T asa de crec im ie n to d e l p ro d u c to in d u s tr ia l esp añ o l por s e c to re s

(1935-1950) Tasas medias de crecimiento anual acumulativo Sector

Energía Minería y primera transformación del mineral Química Transformación de metales Industrias de consumo

1935-1940

¡940-1945

1945-1950

1940-1950

-4,1

3,7

11,4

7,5

0,1 -7,3 1,4 -7,7

-2,7 3,2 -3,6 2,1

7,4 18,0 7,7 0,5

2,2 10,4 1,9 0,8

E. Morellá (1992), «El producto industrial de posguerra: una revisión (índices sectoriales, 1940-1958)», Revista de Historia Económica, X (1).

F uente:

país de un capital humano escaso y muy valioso. La represión política fue mu cho más intensa y duradera que en cualquier otro país de Europa occidental tras la guerra. Su desproporción llamó incluso la atención de un personaje tan siniestro como H. Himmler, el jefe de la Gestapo nazi. Durante su visita a Madrid, en 1940, tuvo conocimiento de la dureza represora del régimen y coincidiendo con su estancia se ejecutó a destacados dirigentes republicanos. Himmler manifestó que consideraba innecesaria tanta dureza, y que era mejor para el país una política de integración de los trabajadores. Los problemas energéticos fueron, igualmente, determinantes en el estan camiento industrial. Es cierto que los años cuarenta conocieron dificultades generalizadas de abastecimiento. Sin embargo, en el caso de España, estas di ficultades se multiplicaron como consecuencia de la política autárquica y del alineamiento de Franco con el Eje. Los países aliados utilizaron los suminis tros de combustibles (y también de alimentos) como arma de guerra. En la medida en que Franco seguía abasteciendo de alimentos y materias primas (sobre todo wolframio) a los alemanes, los aliados restringían los suministros energéticos. La escasez de energía fue otra de las lacras de los años cuarenta. El frío acompañó al hambre en millones de hogares españoles, las empresas soportaron frecuentes cortes de suministro eléctrico y las calles de las ciuda des se llenaron de unos curiosísimos artilugios: los gasógenos, pequeñas fá bricas de gas adosadas a los coches como fuente de energía. Como en el sector agrario, también en la industria se generó un amplio mercado negro. La escasez de productos, unida al racionamiento, a los cupos y a las licencias para crear empresas o para importar productos, hicieron que prosperara un mercado clandestino en el que podía comprarse casi de todo. La escasez de algunos productos hizo que sus precios fueran muy elevados. Re sultaba así mucho más lucrativo obtener una licencia de importación que es merarse en la producción.


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Finalmente, hay que señalar otra causa del estancamiento: el descenso de la productividad del trabajo. Este descenso obedeció a un conjunto de factores directamente vinculados con la política económica. Las dificultades para im portar maquinaria y recambios provocaron un grave deterioro de las instala ciones industriales. El caos y la carestía de los transportes dificultaron el nor mal suministro de las empresas. Por último, también incidió negativamente la pérdida de capital humano y la política laboral del franquismo, que provocó el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el descenso de los salarios rea les. Para el conjunto de la industria, los salarios reales se mantuvieron duran te los años cuarenta por debajo del 75 por 100 de su nivel en 1935 y el nivel salarial de la preguerra no se recuperó hasta 1956. En definitiva, veinte largos años de sufrimiento para los trabajadores españoles.5

La Hacienda del primer franquismo Al finalizar la segunda guerra mundial, los países europeos se encontraron con la ingente tarea de la reconstrucción. El término reconstrucción requiere, no obstante, algún matiz. Se trataba, en efecto, de reconstruir materialmente unos países asolados por la guerra. Desde un punto de vista social, sin embar go, se precisaba algo más. Los desastres de las dos guerras mundiales y de la gran depresión, y la expansión del sistema comunista y de la izquierda en los países europeos occidentales obligaba no ya a reconstruir el antiguo orden so cial, sino a construir uno nuevo que garantizase un futuro de paz y prosperi dad económica sobre unas bases democráticas. Esta tarea exigía un papel muy activo del Estado no sólo en el terreno eco nómico sino también, en los campos político y social, propiciando una mayor igualdad. En este sentido, el desarrollo de un fuerte sector público y de una Hacienda próspera tendría un papel fundamental. En España, por el contrario, se asiste durante la guerra y el primer franquis mo a un proceso totalmente inverso. Si bien es cierto que en algunos aspectos, en particular en el represivo, el Estado franquista fue un Estado fuerte, desde el punto de vista económico se caracterizó por su reducido tamaño y la ineficiencia. Los gobernantes franquistas confiaron en el poder coercitivo del Estado y creyeron que podían dirigir la economía mediante la febril promulgación de disposiciones interventoras. Paralelamente, dejaron languidecer la Hacienda pública. La elección resultaba plenamente coherente, ya que el fortalecimiento de la Hacienda era imposible sin una reforma fiscal, y cualquier reforma choca ba con los intereses de los grupos sociales económicamente dominantes, que habían dado su apoyo a la sublevación militar. Dadas estas condiciones políti cas, la reforma fiscal resultaba impensable. Ya durante la guerra las autoridades franquistas habían dejado clara su voluntad de zanjar la obra reformista de la República. En este sentido, es muy significativa la orden de 2 de marzo de 1939, por la que se eximía a la Iglesia católica de la contribución territorial, inaugurando así el pago por el decidido apoyo de la Iglesia a la sublevación.

350


Al acabar la guerra civil, la Hacienda española presentaba, junto a los pro blemas tradicionales derivados del atraso respecto de los patrones europeos, los derivados de las deudas de guerra y de las necesidades de la reconstrucción. Una reforma tributaria que permitiera un sustancial incremento de los ingre sos resultaba imprescindible e inaplazable. De hecho, ya durante la guerra se había intentado aumentar el ingreso mediante el establecimiento de una con tribución especial sobre los beneficios extraordinarios de guerra (ley de 5 de enero de 1939). José Larraz, el primer ministro de Hacienda del franquismo, intentó una reforma fiscal que permitiera resolver tan compleja y contradictoria situación. Se enfrentaba a un arcaico sistema impositivo en el que las viejas figuras tri butarias (consumos, derechos reales, contribución territorial, contribución in dustrial, impuesto del timbre) desempeñaban un papel fundamental y en el que el elevado peso de ingresos como las rentas de tabacos y la lotería mostraban el subdesarrollo fiscal del Estado. Lo mismo sucedía con la contribución com plementaria sobre la renta, un impuesto moderno que, sin embargo, recaudaba cifras irrisorias. En esta tesitura, la reforma de Larraz resultó decepcionante. En primer lugar, Larraz renunció a modernizar la composición y estructura de los ingresos, y se limitó a establecer un nuevo tributo, la contribución de usos y consumos, que en realidad no era un nuevo impuesto, al estilo del moderno impuesto sobre el volumen de ventas, sino una mera reordenación de los nu merosos impuestos de consumo. Junto a ello, procedió, como en tantas otras ocasiones en nuestra historia, a elevar los tipos de casi todos los impuestos, aumentando, con ello, la injusticia fiscal. Además, suprimió la contribución excepcional sobre los beneficios extraordinarios de guerra, lo que revela, más allá de las dificultades de gestión de ese tributo, la falta de voluntad política para gravar a los que se habían enriquecido a consecuencia del conflicto. Con una situación tan crítica desde el punto de vista del ingreso, Larraz tenía que organizar cuidadosamente los gastos del Estado. Sus prioridades fueron el pago de los atrasos de la guerra, el reforzamiento del ejército y de las fuerzas policiales, el apoyo económico a la Iglesia (volvieron al presupuesto los sueldos de los curas y las transferencias para la construcción de iglesias), la recons trucción, las obras públicas y, sólo en último término, los gastos económicos y sociales. Ello se tradujo en un peso abrumador de los gastos en defensa, que alcanzaron el 40 por 100 del presupuesto entre 1940 y 1946, y una disminu ción del gasto en educación, pensiones e infraestructuras, Nada extraño, habi da cuenta que hasta 1946 no se licenció a la mayoría de los soldados reclutados para la guerra civil. Con toda razón se ha afirmado que la guerra se prolongó presupuestariamente durante toda la década de 1940. A pesar del carácter restrictivo de los gastos, la insuficiencia de los ingre sos provocó la aparición de cuantiosos déficit presupuestarios que se financia ron con recursos al Banco de España y con la emisión de deuda pública pignorable, lo que tuvo importantes efectos inflacionistas que se extendieron hasta los años cincuenta. En definitiva, a través de la inflación la Hacienda se volvía a nutrir de recursos de los más débiles económicamente. Para colmo de males,


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durante los años cuarenta, el fraude fiscal alcanzó niveles muy elevados, que agudizaron la injusticia de un sistema tributario que ya de por sí hacía caer su peso sobre los más desfavorecidos. A finales de los años cuarenta la relación entre gasto público y renta nacional se situaba al mismo nivel que a comien zos de siglo. Al adoptar una política fiscal tan retrógrada, el Estado renunciaba a impulsar el crecimiento económico y la industrialización del país, y reducía en la práctica sus pretensiones totalitarias, condenándose a regular mucho por que podía gastar poco. A pesar de la penuria de la Hacienda y de las perentorias necesidades del país se hizo muy poco, durante los años cuarenta, por modernizarla y fortale cerla. A la fracasada reforma de Larraz, siguieron otros tímidos intentos que no cambiaron nada. Los años cuarenta presentan, en definitiva, en sus tonos más oscuros, los vicios tradicionales de la imposición española: regresividad, insuficiencia, mala administración, financiación inflacionista, amnistías y mo ratorias fiscales. Con razón esta década ha sido considerada, también en la fa ceta hacendística, como una de las peores de la historia de España.6

Política monetaria y bancaria La rigidez de la política fiscal condicionó, de manera muy directa, las posi bilidades de actuación de la política monetaria. Al acabar la guerra civil se planteaban, en este terreno, dos grandes problemas: restaurar la unidad mone taria y eliminar el exceso de medios de pago. Alcanzar estos objetivos reque ría unificar el dinero legal y bancario de las dos zonas, desbloquear los activos y pasivos de las entidades de crédito y corregir el desequilibrio patrimonial del Banco de España. La unificación monetaria se consiguió mediante tres medidas fundamenta les. Por una parte se confirmaron dos disposiciones adoptadas durante la guerra: la anulación de los billetes puestos en circulación por las autoridades republicanas después del 18 de julio de 1936 (fecha de la sublevación militar) y el canje a la par, por moneda nacional, de los billetes republicanos anteriores a dicha fecha. A ello se añadió el reconocimiento, a la par, de los saldos de los depósitos existentes en las instituciones de crédito a 18 de julio de 1936. Para los incrementos posteriores a esa fecha, se aplicaron unos descuentos basados en el diferencial de inflación entre la zona republicana y la nacional. Todas es tas medidas causaron graves perjuicios a los españoles de la zona leal. Se anu laron 13.251 millones de pesetas de dinero legal y 10.536 millones de dinero bancario, cuya retirada de la circulación evitó la híperinflación, pero ocasionó un nuevo e irreparable daño económico a los vencidos. Con todo, una adecuada corrección del exceso de medios de pago, que amenazaba con desatar una inflación descontrolada, exigía un amplio y coor dinado programa de política monetaria, política fiscal y política de rentas. Sin embargo, como ya hemos visto, la política fiscal se caracterizó por su pasivi dad y por su falta de ambición y rigor. La política de rentas, por su parte, se

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limitó a un estricto control salarial y una fracasada política de control de pre cios y beneficios. En estas circunstancias, la política monetaria se vio someti da a las exigencias que se derivaban de la política fiscal, perdiendo totalmente su autonomía. Así, aunque a partir de 1939 el Tesoro emitió una serie de empréstitos para drenar liquidez, tal objetivo distó mucho de alcanzarse, ya que simultáneamente, y para financiar el déficit, se emitió deuda pública pignorable y se practicó una pasiva y permisiva política de bajos tipos de interés. La situación del Banco de España tras la guerra era extraordinariamente delicada. A la total pérdida de las reservas metálicas, se unía el enorme endeu damiento del gobierno y una emisión de billetes que sobrepasaba con mucho los límites marcados por la ley. Dado que la realidad se resistía a ajustarse a las leyes, el gobierno franquista optó por modificar el marco legal, adaptándolo a la nueva situación. Así, quedó suspendido el límite de circulación fiduciaria y el sistema de garantías metálicas, se otorgó pleno poder liberatorio a los billetes del Banco de España, se anuló el límite del recurso del Tesoro al Banco y se facultó al instituto emisor para comprar y vender valores de la deuda pública. Es decir, se ponía al Banco de España y al sistema financiero, con su capaci dad de emitir dinero, al servicio de las necesidades del Tesoro. Es evidente que los potenciales riesgos inflacionistas de esta nueva ordenación eran muy altos, ya que cualquier incremento de la deuda pública podía determinar direc tamente la expansión monetaria. Concluida la guerra, la unificación de las cuentas y balances de los dos Bancos de España — el nacionalista de Burgos, y el republicano que siguió en Madrid— planteaba problemas muy complejos, especialmente la pérdida de las reservas de oro y la ingente deuda gubernamental. La ley de 13 de marzo de 1942 liberó al Banco de una buena parte de sus obligaciones que aparecían cifradas en dinero republicano y aplicó las reducciones al saneamiento del ac tivo. Aun así, fue necesaria todavía la emisión de un título de deuda especial de 4.437 millones de pesetas para cubrir el desequilibrio entre el activo y el pasivo del Banco. En 1946 se promulgó la ley de ordenación bancaria, que supuso el aumen to del control del Banco por el Ministerio de Hacienda, el mantenimiento de la separación entre la vertiente interna y externa de la autoridad monetaria, la marginación de la política monetaria y la permanencia de unos tipos de interés bajos e invariables. El sistema financiero quedó sometido a una intensa regula ción, pero, a cambio, la banca privada obtuvo una serie de privilegios que le permitieron un espectacular desarrollo. El sistema de pignoración automática de la deuda proporcionó a la banca un canal casi ilimitado de crédito del Ban co de España. En concreto, a finales de 1952 la banca había dispuesto de 15.579 millones de pesetas. Los efectos inflacionistas de esta política fueron especialmente importantes entre 1941-1943 y entre 1945-1947. Por otra parte, el mantenimiento del statu quo garantizó a la banca unas condiciones de mo nopolio. En esta situación, y con el estímulo gubernamental que supuso el es tablecimiento del sistema de empresas de interés nacional, la banca privada logró una penetración y un control decisivos en el sector industrial.7


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Política de cambios de un régimen aislado La política de cambios exteriores, elemento fundamental de la política mo netaria, muestra con claridad los planteamientos autárquicos del régimen y la anomalía que supuso el franquismo también desde un punto de vista económi co, En efecto, ya durante la guerra, se creó un organismo, el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), con plenas competencias en cuanto al control y compraventa de divisas. De esta forma, se privaba al Banco de España de unas facultades esenciales, que se traspasaban al Ministerio de Industria y Comer cio, separando, artificiosamente y contra toda lógica económica, la política monetaria interior de la exterior. El IEME monopolizaba el depósito y el comercio de todas las divisas. Cual quier transacción y pago exterior tenía que contar con la autorización y la con cesión de las correspondientes divisas por parte del IEME. La tenencia privada de divisas estaba prohibida y los exportadores estaban obligados a entregarlas al Instituto, todo ello, por supuesto, al tipo de cambio oficial. En definitiva, con este sistema el gobierno pretendía tener un control absoluto del comercio exte rior. El monopolio del IEME, unido a toda una serie de medidas comerciales, como los contingentes, las licencias y el comercio de Estado, permitió que sólo se pudiera importar o exportar aquello que el gobierno considerara adecuado. Durante los años cuarenta la política cambiaría sobrevaloró extraordinaria mente la cotización de la peseta, La razón de esta sorprendente medida era fundamentalmente política, ya que, para Franco igual que para Mussolini, la cotización de la peseta era una cuestión, más que económica, de prestigio in ternacional. Las aspiraciones imperiales casaban mal con una moneda débil. Para Franco, devaluar la peseta en relación con la libra era una humillación equiparable a la presencia británica en Gibraltar. No obstante, las relaciones económicas, por mucho que el franquismo se empeñase en ignorarlas, termina ban imponiéndose de manera inevitable. La sobrevaloración del tipo de cam bio perjudicó las exportaciones y alimentó el deseo de importar cualquier tipo de bien. Para evitar el colapso exterior, la regulación y el control se hicieron muy estrictos. Es muy significativo que la principal norma reguladora en este campo llevara el nombre de ley de delitos monetarios (véase el gráfico 9.2). En 1948, para intentar moderar los negativos efectos de la política cambia ría, las autoridades adoptaron con carácter transitorio (que duraría hasta 1959) un sistema de cambios denominados «especiales». Los cambios especiales te nían como objetivo facilitar las exportaciones e importaciones que el gobierno consideraba convenientes, mediante la aplicación de tipos de cambio diferen tes, más favorables. Igualmente, se buscaba frenar las exportaciones e importa ciones indeseables, mediante tipos que las penalizaban. Este sistema provocó la aparición de un complejísimo catálogo de cambios múltiples, con tipos distintos según los productos, que dificultó el normal desenvolvimiento del comercio exterior y que dio pie a todo tipo de corrupciones y de tratos de fa vor. Por lo demás, dejaba en manos de una burocracia poco capacitada un ins-


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G

r á f ic o

9 .2 . C o t i z a c i ó n

o f i c i a l y l i b r f . df , l a p e s e t a r e s p e c t o a l a l i b r a ,

1 9 4 0 -1 9 5 9 (pesetas /

l ib r a e s t e r l in a )

Cambio oficial (1) intervenido (compra)

_________Libre (2). Cotización media en Tánger

F u en te: M artín A ceñ a (1989).

truniento crucial para el desarrollo económico del país. La única repercusión favorable del sistema de cambios múltiples fue que, en conjunto, el tipo medio de cambio tendió a devaluarse, facilitando con ello el comercio exterior.8 9.3. E l

fr a c a so

de

l a a u t a r q u ía

Las causas del fracaso La evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica. No hay posible comparación entre la crisis posbélica en los países europeos y la que sufrió España. En nuestro país, la crisis fue más larga y más profunda. El hundimiento de la producción y la escasez se tradujeron en una caída dra mática del nivel del consumo de los españoles. Los productos de primera ne cesidad quedaron sometidos a un riguroso racionamiento y pronto surgió un amplio mercado negro; las cartillas de racionamiento para productos básicos no desaparecieron hasta 1952. El subconsumo, el hambre, la escasez de car bón, el frío en los hogares, los cortes de luz, la carencia de agua corriente y las enfermedades fueron los rasgos que dominaron la vida cotidiana. Lejos que daban las altisonantes proclamas imperiales y los eslóganes franquistas: «Ni


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un español sin pan, ni un hogar sin lumbre». A elio hay que unir unas condicio nes laborales penosas, «una nueva etapa de esclavitud para los trabajadores», en palabras del alcalde franquista de Sabadell. Suprimida la libertad sindical y declarado delito de lesa patria la huelga, el nuevo nacionalsindicalismo nació como un instrumento para el sometimiento de los trabajadores. Por el contra rio, los empresarios mantuvieron una cierta autonomía y, de hecho, fueron los patronos los que tomaron el control del aparato sindical y no al revés. Los pa tronos reforzaron su posición al ser convertidos en «jefes de la empresa». Las autoridades franquistas se vieron desbordadas por los problemas eco nómicos e intentaron proporcionar una justificación de la gran crisis que sufría el país. El hambre se achacaba a la mala situación del sector agrario como consecuencia de las destrucciones de la guerra, la escasez de ganado de labor y fertilizantes o de la sequía (se acuñó el tópico «pertinaz sequía»). Incluso se llegó a responsabilizar a las acciones guerrilleras de los maquis. Siempre causas ajenas a la propia acción gubernamental. Pero, sin duda, el principal culpable que buscó el régimen para justificar el desastre económico fue el aislamiento internacional, resultado de la derrota de los aliados fascistas del general Franco en la segunda guerra mundial. Conviene subrayar la contradicción de que un régimen que había defendido a ultranza la autarquía, es decir, el rechazo a la cooperación internacional, sostuviera más tarde que la causa de sus problemas económicos era el aislamiento internacional y que la autarquía había venido im puesta desde el exterior. En la actualidad, todos los investigadores que han analizado seriamente la crisis de los años cuarenta coinciden en rechazar la explicación oficial. En su lugar, se muestran de acuerdo en resaltar la responsabilidad del régimen fran quista por su orientación política y por la propia política económica desarro llada. J. Catalan ha demostrado que ni los daños de la guerra ni la exclusión de España del Plan Marshall pueden explicar la magnitud de la crisis y que hay que referirse a las propias decisiones políticas y de política económica del ré gimen. Con relación a la autarquía, los investigadores han destacado la incues tionable vocación autárquica del régimen. Se podrían llenar cientos de páginas con textos en los que los dirigentes franquistas defienden el modelo autárquico. Basten como ejemplo dos declaraciones del propio general Franco. En 1937, en plena guerra, afirmaba: «La España liberada tiene riqueza, medios, trabajo, orden y entusiasmo para vivir así años, lustros, siglos». Y en 1938: «España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para ase gurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada». Las quejas del régimen sobre el aislamiento internacional de España, a partir de 1945, tampoco encajan bien con la hostilidad de Franco respecto a los aliados durante la segunda guerra mundial, así como su decidido apoyo a las potencias del Eje. Sus lamentos por la exclusión de la ONU en 1946 olvi dan el altivo portazo que Franco dio a la Sociedad de Naciones en 1939. Claro que entonces el dictador estaba convencido de que el futuro del mundo estaba en manos de la Alemania nazi.

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Por lo demás, la defensa de la autarquía suponía una aberración desde el punto de vista económico. Para un país pequeño como España, pretender un desarrollo basado en el mercado interior y en sus propios recursos revelaba una ignorancia palmaria de los más elementales principios económicos, de las ventajas derivadas de la especialización, de las pérdidas de las economías de escala, de la relajación en los costes, de la imposibilidad material, en definiti va, de producir de todo. Claro que Franco, en 1939, decía que España poseía «en sus yacimientos oro en cantidades enormes y pizarras y lignitos en canti dad fabulosa, aptos para la destilación que pueden asegurar nuestro consu mo». La orientación autárquica supuso también la renuncia voluntaria a las oportunidades que brindaban a los países neutrales la especialización y la dotación de factores productivos como consecuencia de la guerra mundial. A diferencia de lo que ocurrió durante la primera guerra mundial, España ape nas obtuvo en esta ocasión beneficios de su neutralidad. Igualmente absurda resultaba la pretensión de intervenir de manera totali taria, y hasta en sus más mínimos detalles, en la actividad económica, lo que incluía la fijación de los precios de los productos, las cantidades que debían producirse, lo que podía importarse y exportarse, su distribución y su consu mo. Todo ello exigía el desarrollo de una enorme burocracia dotada de un po der arbitrario. Durante los años cuarenta se promulgó una prolija legislación reguladora de la actividad económica y se crearon multitud de organismos in terventores. Algunos, como la Comisaría General de Abastecimientos y Trans portes, el Servicio Nacional del Trigo o el Instituto Nacional de Industria, go zaron de un gran poder y marcaron decisivamente la evolución de la economía española. El que concedieran, a un determinado empresario, un cupo mayor o menor de materias primas o una licencia de importación, podía hacerle rico. El que le asignaran un elevado cupo de entrega obligatorio de un producto a pre cio de tasa podía suponer su ruina. En estas condiciones era mejor tener ami gos que ser un buen empresario. Todo ello, en definitiva, se tradujo en una pésima asignación de los recursos productivos. Fruto inevitable de esta situación fue un amplísimo mercado negro en el que se podía adquirir cualquier producto si se tenía dinero para pagarlo a los elevados precios del estraperlo, como se denominó a este circuito. El mercado negro permitió el fulgurante enriquecimiento de los que, protegidos por el po der político, vendían bienes escasos y muy demandados. Para la mayoría de los españoles, sometidos a un racionamiento totalmente insuficiente, el recur so al estraperlo fue tan inevitable como costoso. La dureza de la política laboral tenía sus límites, incluso para un régimen como el del general Franco, enemigo declarado de las clases trabajadoras. La política represiva, las malas condiciones de trabajo y un rígido sistema salarial terminaron provocando efectos negativos para el propio sistema productivo. Dejando a un lado la falta de incentivos para el trabajo, la escasez de alimen tos y las largas jornadas laborales, en ambientes con frecuencia insalubres, provocaron la aparición de enfermedades y el debilitamiento de la salud de los trabajadores, lo que afectó seriamente a la productividad del trabajo.


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Se ha destacado ya la ignorancia en materia económica de las autoridades franquistas como una de las causas de la crisis. Es conveniente insistir en que los dirigentes franquistas ignoraron el concepto de coste de oportunidad y despreciaron los cálculos económicos sobre la rentabilidad de las inversiones, como demuestran a las claras los faraónicos proyectos industriales del INI. Hicieron gala igualmente de un grave desconocimiento de las repercusiones negativas que tenía la vía de un desarrollo inflacionista, algo que es visible en la política monetaria y cambiaría. Tampoco demostraron ser buenos historia dores económicos. Su diagnóstico de que España era un país fracasado econó micamente en 1936, que la causa de ese fracaso era el liberalismo del siglo xrx y que había que volver a la España imperial, a la España del Cid, de los Reyes Católicos y de Felipe II era un verdadero disparate. Finalmente, hay que destacar la unanimidad con que esta nueva doctrina económica era aprobada por todas las fuerzas del régimen. La autarquía, el gran sueño económico del franquismo, no sólo era defendida por el dictador. Ade más de sus socios nazis y fascistas, la autarquía era defendida por los militares que ocupaban ministerios y altos cargos (como la presidencia del INI), por los economistas oficiales como H. Paris Eguilaz, Antonio Robert o M. Fuentes Irurozqui, por destacados representantes de la burguesía y por la Iglesia. Muy pocas voces se alzaron contra unos planteamientos que, pretendidamente, ha brían de alumbrar un «nuevo orden económico» en Europa. En definitiva, no caben dudas respecto a la directa y crucial responsabilidad del régimen fran quista en la grave crisis económica que sufrieron la mayoría de los españoles durante los años cuarenta.9

La guerra fría y el amigo americano Así pues, a finales de los años cuarenta, la situación económica de España resultaba insostenible. Sometidos a una dictadura que era condenada interna cionalmente, la mayoría de los españoles habían padecido diez años de graví simas carencias, que hoy resultan difíciles de imaginar, con el agravante de que no se veía el final de tan largo túnel. El modelo autárquico había colapsado mostrando su falta de racionalidad, y la economía española, castigada por una política incoherente, se mostraba incapaz de salir de la grave y larga crisis en la que estaba instalada. Fue, precisamente, la relación económica interna cional, cuya necesidad negaba la autarquía, el punto más débil de la econo mía española. Las exportaciones habían caído a niveles sin precedentes, limi tando extraordinariamente la capacidad de importar. El rechazo a la entrada de capitales extranjeros y el mantenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado completaban el crítico panorama del sector exterior. Sólo gracias a la ayuda argentina, en 1947, y a la norteamericana, en 1948, se pudo salir, momentánea mente, del aprieto. En contraste, los países de Europa occidental, aun arrastrando los graví simos daños sufridos por la guerra, conocían una etapa de gran dinamismo

358


económico. La recuperación avanzaba con mucha rapidez y, lo que es más im portante, con una voluntad decidida de aunar esfuerzos y cooperar. España permanecía al margen de estos avances integradores, pagando las consecuen cias de la permanencia de Franco en el poder. Sin embargo, en la política internacional se estaban produciendo ima serie de cambios que acabarían favoreciendo claramente al régimen. Como es co nocido, los dos principales aliados de la segunda guerra mundial, Estados Unidos y la URSS, se fueron distanciando hasta acabar en un claro enfrenta miento: la llamada «guerra fría» y su política de bloques. La tensión crecien te desembocó en 1950 en un grave conflicto: la guerra de Corea. Un aspecto fundamental del enfrentamiento fue el desarrollo, por parte de Estados Uni dos, de una.política de alianzas militares tendente a crear un cinturón defensi vo en tomo a la URSS, cuyo mayor exponente fue la OTAN. España, desde un punto de vista geoestratégico, tenía un indudable interés para Estados Unidos y el régimen de Franco se caracterizaba, entre otras cosas, por su acreditado anticomunismo. Además, otros países europeos, particularmente Gran Bre taña, deseaban normalizar las relaciones económicas con nuestro país. De este modo, los factores militares y económicos empezaron a pesar más en la esce na internacional que el carácter ilegítimo y dictatorial del régimen. En 1947 algunos sectores de la administración norteamericana empezaron a considerar que la política de aislamiento seguida contra España había sido perjudicial para su país, pues había generado un sentimiento antinorteameri cano que resultaba muy inconveniente en el caso de un conflicto bélico inter nacional. A partir de ese momento fue creciendo en Estados Unidos el sector favorable a normalizar las relaciones políticas y económicas con España. En el denominado lobby español destacaban los militares, para quienes las razo nes estratégicas pesaban más que cualquier otra cosa, los sectores más conser vadores del país, incluidos los católicos, y los grupos económicos interesados en exportar al mercado español. No obstante, el proceso de acercamiento fue lento, ya que otros muchos sectores y el propio presidente de Estados Unidos no olvidaban el origen y la historia del régimen de Franco. En 1949 España recibió un crédito del National City Bank de 25 millones de dólares, para la compra de alimentos. No cabe exagerar la trascendencia de esta ayuda en las circunstancias que atravesaba el país. En 1950 se aprobaba otro crédito de 62,5 millones de dólares y, lo que es más importante, se normalizaban las re laciones diplomáticas entre ambos países, con lo que se abrían las puertas para la reincorporación de España al concierto internacional. En 1951 y 1952 se concedieron nuevas ayudas, a la vez que se negociaba un acuerdo entre España y Estados Unidos. Finalmente, el 23 de septiembre de 1953, ambos países fir maban los Pactos de Defensa y Ayuda Mutua. En esencia, a cambio de una ayuda económica que se puede estimar en unos 1.523 millones de dólares hasta 1963, España cedía terrenos para la instalación de bases militares norteameri canas. La ayuda consistía fundamentalmente en créditos, unos 1.100 millones de dólares, y el resto eran donaciones. Parte de la ayuda se destinó a financiar la construcción de las bases militares y los gastos administrativos de los nortea


359

mericanos en nuestro país. La ayuda obligaba a la adquisición de productos y excedentes norteamericanos, y los proyectos de inversión, financiados con cargo a la misma, tenían que recibir la aprobación del gobierno norteamerica no. En resumen, podemos decir que la ayuda no era tan voluminosa como la que habían recibido los países europeos con el Plan Marshall, que estaba con dicionada y que se había obtenido con fuertes contrapartidas desde el punto de vista de la soberanía nacional. Fue el precio que España tuvo que pagar por la ilegitimidad del régimen y por la permanencia de Franco en el poder. Desde un punto de vista estrictamente económico, y dada la situación de gravísima escasez de divisas que padecía España, la ayuda resultó fundamental. Todavía más importante que la ayuda económica en sí misma, fue el respaldo político que recibió el régimen con la firma de los tratados, que eliminó las incertidumbres sobre su futuro y mejoró las expectativas empresariales.10

Los tímidos comienzos de la «reforma» del franquismo Con la firma de los pactos, y como complemento a la ayuda, las autorida des españolas se comprometían a desarrollar un plan de liberalización que in cluía la estabilización de la peseta, con la adopción de un tipo de cambio rea lista, el logro del equilibrio presupuestario, el desmantelamiento del aparato intervencionista y la liberalización del comercio exterior. El tímido o nulo cum plimiento de este programa complementario limitó, primero, el desarrollo de la economía española y cerró, después, sus posibilidades de crecimiento. Al compás de las negociaciones con Estados Unidos habían ido surgiendo, dentro del propio régimen, voces que reconocían el fracaso de la política autárquica e intervencionista y apuntaban la necesidad de un giro liberalizador en la política económica. Entre 1948 y 1951, en efecto, se empezaron a notar los primeros cambios, aún muy tímidos, en la política económica autárquica. El más importante de todos fue la adopción de un sistema de cambios múltiples que, si bien seguía pecando de todos los defectos de una intervención total y arbitraria, permitió un proceso de devaluación de la peseta aproximando la co tización oficial a la del mercado libre de Tánger. El cambio de gobierno de 1951 confirmó las nuevas tendencias. Salieron del gobierno ministros partidarios de la vieja política autárquica, como Suanzes, y entraron otros como M. Arburúa (Comercio), R. Cavestany (Agricultura) y F. Gómez de Llano (Hacienda), par tidarios de las reformas. Estos cambios reflejaban, en definitiva, lo que algu nos grupos empresariales y financieros estaban demandando: una flexibiíización del corsé intervencionista, sin cuestionar en modo alguno la continuidad del sistema político. Los ministerios de Hacienda y Comercio y el Banco de España se fueron convirtiendo en los núcleos más activos y proclives a las reformas. Sin embar go, las resistencias fueron muchas y muy fuertes. Entre los que recelaban de las reformas estaba el propio general Franco, que veía cómo sus geniales «teo rías económicas» tenían que ser arrumbadas. En estas circunstancias, resulta

360


ba muy difícil la victoria de los partidarios de las reformas. El resultado fue un constante forcejeo, una sucesión de amagos aperturistas y de reacciones involucionistas que se tradujeron, a la postre, en el incumplimiento del progra ma de reformas. No obstante, desde 1951, se llevaron a cabo algunas medidas tendentes a limitar la intervención estatal en la economía y a recuperar el sis tema de mercado. Se dieron algunos pasos para abandonar el proyecto autárquico y recuperar una senda de crecimiento económico basada en la paulatina integración internacional, aprovechando las posibilidades de especialización productiva. Todo ello avanzando hacia un marco de estabilidad monetaria in terna y externa y de aprovechamiento de la financiación exterior. Los nuevos objetivos económicos se situaban, en definitiva, en las antípodas del proyecto autárquico. Como ya hemos indicado, no se avanzó mucho en el cumplimiento de este programa. Las reglamentaciones económicas se relajaron, pero no desapare cieron. Los organismos interventores, creados durante la guerra y la autarquía, permanecieron, cambiaron muy lentamente y siguieron teniendo un peso de terminante en la economía. El gobierno llevó a cabo una insuficiente, por no decir inexistente, política fiscal y monetaria para conseguir la necesaria estabi lización. La Hacienda pública, en ausencia de una reforma fiscal que la sacara del siglo X IX , seguía encorsetada por la grave insuficiencia de recursos. Se siguió recurriendo a la deuda, al Crecimiento de la oferta monetaria y, en defi nitiva, a la inflación que, entre 1953 y 1957, resultó muy intensa. En estas cir cunstancias, tampoco fue posible la estabilización del cambio exterior de la peseta. Por otra parte, aunque se intentaron algunas medidas para flexibilizar el rígido sistema de cambios, autorizando un limitado mercado de divisas en la Bolsa de Madrid en 1950 y en las de Bilbao y Barcelona en 1954, el sistema siguió sometido a un estrecho control estatal.

Nueva política agraria Pese a todo, bastó la combinación de una nueva situación internacional con una política económica tímidamente liberalizadora para que la economía espa ñola experimentara una rápida recuperación durante los años cincuenta. La agricultura, impulsada por la «nueva política agraria» del ministro Cavestany y por los benéficos efectos de la mayor integración de España en el mercado mundial, conoció una fase de notable auge. La «nueva política agraria» con sistió, básicamente, en el desmäntelamiento parcial del sistema intervencio nista y en la paulatina apertura al sistema de economía de mercado, aunque con fuerte presencia del Estado. Se adoptaron medidas tendentes a fomentar el desarrollo y la modernización dél sector agrario, como el plan de intensifica ción, la concentración parcelaria, la nueva política colonizadora, la repoblación forestal, el desarrollo técnico y la formación de los agricultores, lo que supo nía, en definitiva, el comienzo de un flujo de ayudas económicas del Estado hacia el sector agrario.

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO C u a d ro

9.5.

361

In d ic a d o re s de l a e v o lu c ió n de l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o la

(1931-1959). Períodos

M e d ia s q u in q u e n a le s

Superficie índice cultivada (miles de ha)

Producción (miles de tm)

índice

Rendimientos (qm/ha)

Trigo

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

4.557 3.972 4.214 4.341

100 87 92 95

4.364 3.177 3.907 4.452

100 73 90 102

9,5 8 9,2 10,2

Cebada

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

1.895 1.553 1.587 1.522

100 82 84 80

2.394 1.819 1.904 1.804

100 76 80 75

12,6 U,7 12 11,9

Maíz

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

435 365 388 414

100 84 89 95

709 460 650 795

100 65 92 112

15 13 17 19

Viñedo

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

1.439 1.399 1.483 1.542

100 97 103 107

19.756 (I> 16.132 <» 17.624 (l) 18.239 <»

100 82 89 92

13,7 <2> 11,5 (2) 12,7 12,7 <2>

Olivar

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

1.903 1.993 2.059 2.127

100 105 108 112

349 331 345 344

100 95 99 99

1,83 1,66 <3> 1,67 1,61 (3>

Patata

1931-1935 1945-1949 1950-1954 1955-1959

441 361 354 373

100 81 80 84

5.010 2.715 3.775 4.245

100 54 75 84

114 75 106 114

Notas: (1) Miles de hectolitros de mosto. (2) Hectolitros por hectárea. (3) Quintales de aceite por hectárea. F u e n t e : Elaboración propia. Datos primarios: Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura.

Todo ello favoreció un proceso de desarrollo que se tradujo en la recupera ción de. las producciones y del consumo alimenticio. Las cartillas de raciona miento desaparecieron, así como la lacra del hambre, aunque hasta los años sesenta no se recuperarían los niveles alimenticios, en cantidad y calidad, alcan zados durante la República. Los cincuenta pueden considerarse como los años dorados de la agricultura tradicional, en los que el sector vivió una incuestio

362

HISTORIA ECONÓMICA D E ESPAÑA

nable prosperidad sostenida en algunos equilibrios fundamentales. El primero de ellos fue el equilibrio entre la oferta y la demanda de productos agrarios de primera necesidad, basado en la tradicional trilogía mediterránea. En segundo lugar, se manifestó una clara adecuación entre los medios de producción dis ponibles y el sistema de agricultura tradicional y, finalmente, la existencia de mano de obra abundante y barata garantizó la estabilidad del mercado de tra bajo. Todo ello, con una política exterior proteccionista y con crecientes apo yos del Estado, permitió el sostenimiento de las pequeñas y medianas explota ciones y la acumulación de beneficios en manos de los grandes propietarios. Sin embargo, hay que señalar que esta situación ni era conveniente para el país ni era estable a largo plazo (véase el cuadro 9.5). Además, la política agraria mostró pronto claras tendencias conservadoras. En lugar de profundizar en las reformas y en la liberalización del sector, favo reciendo la especialización productiva y propiciando un paulatino ajuste de la oferta a los cambios en la demanda, se ancló en la protección de los viejos intereses. El SNT, organismo que defendía a los grandes propietarios cerealis tas, siguió ocupando un lugar central en la política agraria.11

El protagonismo de la industria El sector industrial fue el principal protagonista de la recuperación econó mica de los años cincuenta. La tasa media de crecimiento acumulativo del producto industrial, entre 1950 y 1958, se situó en torno al 8 por 100, una tasa cuatro veces superior a la de los años cuarenta y similar a la de los países del sur de Europa. El Estado desempeñó un papel clave en la expansión industrial de los cincuenta, a través de diversas medidas de apoyo y protección, y de fuertes inversiones públicas. La apuesta por los sectores básicos como la química, los transformados metálicos y la energía continuó siendo la tónica dominante. Igualmente, continuó el relativo abandono de las industrias de bienes de con sumo. Entre las industrias básicas, destaca por su expansión la siderurgia, sector que mostró un gran dinamismo y altas tasas de crecimiento. A partir de 1957, con la entrada en actividad de ENS1DESA, la empresa emblemática del INI en esta década, el crecimiento se aceleró de forma notable. Igualmente, el Instituto invirtió grandes recursos en la producción de aluminio (ENDASA), maquina ria (FYPESA, SACA), material de transporte (CASA, La Maquinista), vehícu los industriales (ENASA), automóviles de turismo (SEAT) y construcción na val (Empresa Nacional Bazán). La expansión económica de los años cincuenta se vio estimulada por una serie de factores estrechamente vinculados a los cambios en la política eco nómica. Algunos de estos factores desempeñaron, no obstante, un papel am bivalente, ya que, si bien inicialmente favorecieron el crecimiento, a la larga terminaron originando serios problemas. El rasgo más característico de la po lítica económica fue el proteccionismo. Tanto la producción agraria como la industrial gozaron de altos niveles de protección arancelaria durante los años

GUERRA CIVIL Y PRIMER FRANQUISMO G rá fic o

9.3.

363

Ín d ic e s s e c to r ia le s d e l a p ro d u c c ió n in d u s t r i a l e s p a ñ o la en

1940-1958 (1958 = 100)

Energía Alimentación

...... Minería _____ T e x t i l

Química Otras

........... Metal

F u e n t e ; Morellá (1992).

cincuenta. El excesivo proteccionismo brindado al sector agrario, que facilitó su recuperación, hizo que los cambios iniciados en tomo a 1951 fueran menos intensos y más lentos de lo deseable. Los precios de la mayor parte de los pro ductos agrarios no eran internacionalmente competitivos y la producción no se ajustó con agilidad a los cambios de la demanda. Para el sector industrial, una agricultura con los rasgos que hemos señalado suponía, sin duda, un elemento retardatario que frenaba su expansión. A pesar de ello, no debe olvidarse que los beneficios acumulados en la agricultura financiaron la expansión industrial y la futura modernización del propio sector agrario. Igualmente, las grandes re servas de mano de obra agraria permitieron un flujo constante de trabajadores hacia el sector industrial y el mantenimiento de bajos niveles salariales. El proteccionismo industrial favoreció, indudablemente, la expansión del sector. No obstante, la persistencia de altos y generalizados niveles de protec ción facilitaron un crecimiento que no se ajustó a las exigencias de calidad y costes del mercado internacional. Por otra parte, su carácter generalizado hizo que las iniciativas industriales no tuvieran en cuenta las ventajas comparativas de nuestro país. Las fuertes inversiones públicas fueron otro de los motores de la industria. Sin embargo, la elección de los sectores en los que se invirtió se realizó, en

364


muchas ocasiones, sin atender a criterios de rentabilidad económica, producién dose una mala asignación de los recursos, por lo que su viabilidad a largo plazo y en un marco competitivo quedaba cuestionada (véase el gráfico 9.3).12 La lenta, pero continuada apertura de España hacia el exterior fue, sin duda, la clave del progreso económico. Su principal efecto fue romper los estrangulamientos productivos provocados por la escasez de una amplia gama de bienes, como consecuencia de la política autárquica. Junto a las importaciones de productos, España se benefició también de las entradas de capital extranje ro y de las transferencias de tecnología. La recuperación de la agricultura, que se tradujo en una situación de equilibrio de la balanza comercial agraria, liberó asimismo capacidad de compra exterior para el sector industrial. Igualmente, esa creciente integración facilitó las exportaciones españolas. La cercanía a una Europa en fuerte proceso de crecimiento permitió la salida de emigrantes, cu yas remesas de divisas constituyeron otra fuente fundamental de capacidad exterior de compra. Los ingresos procedentes de un turismo europeo, que co menzaba a ser masivo, completan el cuadro de ganancias.

Los lím ites de la «liberalización»

Sin embargo, la persistencia de la política proteccionista se tradujo en altos costes productivos y en deficiencias en la calidad y, por tanto, en un lento cre cimiento de las exportaciones. Las carencias del sistema educativo y de la in vestigación científica y técnica en nuestro país, así como la inadecuada estruc tura productiva, organizativa y financiera de las empresas españolas, incidieron en el mismo sentido. En síntesis, se puede afirmar que los cautelosos pasos que España dio, a partir de 1951, para abandonar la política autárquica e inte grarse en el contexto europeo fueron los elementos decisivos de su recupera ción. En sentido contrario jugaron todos aquellos elementos que defendían la vieja política y que obstaculizaron la liberalización. A mediados de los años cincuenta, el impulso liberalizado!- estaba agotado y se evidenciaba la necesidad de nuevas y más profundas reformas. A pesar del aumento de la producción, la mayoría de la población seguía sufriendo unos ni veles de vida inferiores a los de los tiempos de la República. En 1956 tuvo lugar un episodio de gran trascendencia, que refleja, de manera muy nítida, los peli gros de adoptar medidas de política económica cuando se carece de suficientes conocimientos. Ese año, y ante el descontento, que ya se hacía público, de los trabajadores por las penosas condiciones de vida, el ministro de Trabajo, J. A. Girón de Velasco, decretó unos considerables aumentos salariales. Las empresas recurrieron al crédito bancario para hacer frente a las subidas. Los bancos, que tenían en sus carteras abundantes títulos de deuda, recurrieron a su pignoración en el Banco de España para recuperar sus niveles de liquidez, con lo que se pro dujo una expansión espectacular de la masa de dinero en circulación que, a su vez, alimentó un fuerte proceso inflacionista que evaporó los aumentos salaria les peijudicando, de paso, la competitividad exterior de la economía española.


365

La cuestión es que no resultaba posible un crecimiento saneado de la econo mía si no se abordaba la reforma y la modernización de la Hacienda. Y era aquí, en el terreno de los privilegios fiscales, donde más difíciles resultaban los cam bios, pues las resistencias de los poderosos eran más férreas. Como a finales de los años cuarenta, también en los cincuenta, fue la crisis del sector exterior la que impuso las reformas. Las reservas internacionales pasaron de 224,5 millo nes de dólares en 1955, a 155,3 en 1956 y 96,8 en 1957. A finales de dicho año, en definitiva, se había agotado la capacidad de compra de España en el exterior.

9.4.

A ntes

d e

l a

e s t a b il iz a c ió n

En 1957 una renovación del gobierno dio entrada a algunos ministros cons cientes de la difícil situación de la economía y proclives a las reformas. Alberto Ullastres, en Comercio, y Mariano Navarro Rubio, en Hacienda, aglutinaron a los principales artífices del diseño de un nueva política económica de signo li beralizados un reducido grupo de economistas encabezado por Joan Sarda.13 Las dificultades que tenían que vencer los reformistas eran innumerables: con seguir que la economía dejase de estar subordinada a fines políticos, crear una mentalidad antiinflacionista, acabar con los planteamientos ultranacionalistas y liquidar la creencia de que el prestigio de España radicaba en un tipo de cam bio sobrevaluado. Al conjunto de medidas económicas impulsadas por el gobierno de 1957 se le ha denominado la «preestabilización». En síntesis, estas medidas buscaban, por una parte, frenar el proceso inflacionista, para lo que se emprendió una reforma fiscal tendente a incrementar los ingresos y reducir los gastos buscando el equilibrio presupuestario. Ello permitiría llevar a cabo una política moneta ria restrictiva, frenando el crecimiento de la oferta monetaria y de los precios. Por otra parte, se intentó alcanzar el equilibrio exterior mediante la devaluación de la peseta, la reforma del sistema de cambios y la creación de un mercado libre de divisas. La reforma fiscal de 1957 constituyó un éxito a corto plazo, desde el punto de vista del aumento de los ingresos. Sin embargo, no modificó la estructura impositiva, que siguió anquilosada en los viejos tributos, de ma nera que siguió caracterizándose por ser insuficiente para las exigencias de un Estado moderno, por ser regresiva e injusta y por el alto nivel de defrauda ción. El incremento de los ingresos, unido a la ordenación de los gastos, per mitió que el Estado no tuviera que recurrir a la emisión de deuda en 1958. El saneamiento financiero del Estado «parecía» alcanzado. Paralelamente, se puso en marcha una política monetaria de carácter res trictivo elevando los tipos de redescuento y fijando límites cuantitativos al mismo. Igualmente, se dieron instrucciones a la banca privada para que frena ra el volumen de crédito. No obstante, quedaba abierta la espita, aunque más angosta, de la pignoración de la deuda como forma de crear liquidez. En lo que concierne al equilibrio exterior, el nuevo gobierno adoptó medi das verdaderamente cruciales. Procedió a devaluar la peseta y a suprimir el

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sistema de cambios múltiples, lo que, a su vez, supuso la creación de un mer cado libre de divisas. Sin embargo, como en el caso de la reforma fiscal, tam bién las reformas cambiarías fueron tímidas e insuficientes. El principal pro blema fue que el tipo de cambio fijado con la devaluación, 42 pesetas por dólar, seguía sobrevalorando nuestra moneda. El gobierno optó por defender este tipo de cambio, mediante el establecimiento de un sistema de primas y re tornos que suponía, en definitiva, la vuelta a un sistema de cambios múltiples y un significativo paso atrás en la política liberalizadora. Fracasada la refor ma, el deterioro del sector exterior de la economía española parecía impara ble. El déficit de la balanza de pagos provocó un descenso dramático del volu men de reservas exteriores y una fuerte caída en la cotización de la peseta. En 1959 España estaba en una situación de virtual suspensión de pagos interna cionales. No había reservas ni para adquirir los productos más indispensables. A pesar de su fracaso, el «programa» económico de 1957 planteaba medi das que, de haberse adoptado con más decisión, podrían haber culminado con éxito. Para ello habría sido necesario proceder a una devaluación más in tensa, acompañada de la liberalización del comercio y de las inversiones ex tranjeras. Lo cierto es que, en 1959, España se encontraba en una situación de prácti ca bancarrota. Se trata de uno de los momentos más cruciales de nuestra recien te historia. La alternativa de profundizar en las reformas económicas, sanean do el sector público, reduciendo la intervención y liberalizando la economía era la única que podía sacar a nuestro país del colapso. Sin embargo, eran muy pocos los responsables políticos y altos funcionarios que comprendían cabal mente la complejidad de la situación y las medidas que había que adoptar. La mayor parte de los políticos, empezando por el propio general Franco, eran partidarios de continuar con el modelo económico intervencionista y temían que la liberalización socavara los cimientos del régimen. El sector liberalizador contó con el apoyo decisivo de Estados Unidos y de los organismos económicos internacionales. Se ha repetido en numerosas ocasiones la anéc dota según la cual Franco, agarrotado ante una situación crítica y frente a las propuestas liberalizadoras que le formulaban sus ministros aperturistas, terminó cediendo muy a su pesar, autorizando el programa estabilizador de 1959. «Haga usted lo que le dé la gana», dijo el dictador a su ministro de Hacienda. Su ins tinto de supervivencia resultó más fuerte que sus principios económicos.

LECTURA RECOMENDADA Josep Fontana (1986), «Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo», en J. Fontana, ed., España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica.

GUERRA CIVIL Y PRIMF.R FRANQUISMO

367

O R IE N T A C IÓ N B IB L IO G R Á F IC A

Carlos Barcicla, M.a Inmaculada López, Joaquín Melgarejo y José Antonio Miran da (2001), La España de Franco (1939-1975). Economía, Madrid, Síntesis. Es una de las más recientes obras de síntesis sobre la economía del período franquista. Recoge los resultados más destacados de las investigaciones publicadas hasta el año 2001. Contiene una actualizada y completa bibliografía. Jordi Catalan (1995), La economía española y la segunda guerra mundial, Barce lona, Ariel, es un estudio muy completo de la evolución de la economía española du rante la autarquía en el contexto europeo. Analiza las pérdidas de oportunidades deri vadas de la política económica del franquismo y las ventajas que otros países neutrales obtuvieron al participar activamente en el comercio internacional durante la segunda guerra mundial. Manuel-Jesús González ( 1979), La economía política del franquismo (¡940-1970). Dirigismo, mercado y planificación, Madrid, Tecnos. A pesar de que han transcurrido más de veinte años desde su publicación y del gran número y elevada calidad de las investigaciones posteriores sigue siendo una obra clave por su agudeza analítica. Un clásico sobre el período. Pablo Martín Aceña y Francisco Comín (1991), INI: 50 años de industrialización en España, Madrid, Espasa Calpe. Aunque de carácter sectorial, ya que está dedicada exclusivamente al estudio del INI, se incorpora a esta bibliografía seleccionada por tratar en profundidad la apuesta económica fundamental del régimen franquista: la in dustrialización autárquica, en la que el INI jugó un papel central. Ángel Viñas, J. Viñuela, F. Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florensa (1979), Política comercial exterior en España (1931-1975), Madrid, Servicio de Estudios del Banco Exterior de España. Publicado el mismo año que el libro de González supone también un hito en la historiografía sobre el franquismo. Contiene un minucioso y excelente análisis de la política comercial exterior del franquismo, pone en evidencia los errores y contradicciones de la misma y sus costes para la economía española.

10. LOS AÑOS DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO (1959-1975) José

M.a S e r r a n o

S anz y E va P ard o s U niversidad de Zaragoza

En el período comprendido entre 1959 y 1975 se experimentó el proceso de crecimiento más intenso e ininterrumpido en la historia de España. El pro ducto interior bruto aumentó, en términos reales, a una tasa anual superior al 7 por 100 a lo largo de quince años seguidos. Este crecimiento fue posible gracias al retorno de España a la escena económica internacional, tras los dos decenios de aislamiento autárquico, que le permitió aprovechar la expansión en los países desarrollados, que tampoco tenía precedentes. Al amparo de unas economías con mercados en auge, excedentes de financiación, disponibilidad de tecnología y demanda de mano de obra, se produjo un proceso de conver gencia real que acercó la renta por habitante española a la europea. El creci miento español fue muy intenso, pero en modo alguno un caso insólito; cier tos países periféricos y otros centrales experimentaron procesos equivalentes o, cuando menos, comparables. Si el crecimiento es el rasgo que mejor define este período, será apropiado dedicarle una atención particular para conocer sus determinantes y los com' piejos procesos de cambio estructural que incorpora, cuando se examina con visión de largo plazo. Afortunadamente, la teoría del crecimiento proporciona un marco analítico adecuado para ordenar las explicaciones. Sin embargo, la teoría suele hacer abstracción de los factores institucionales, de manera que tiende a quedar oculto o ensombrecido su decisivo papel en el resultado final de una economía. En particular, cuando el Estado y las instituciones interfie ren abiertamente en los procesos asignativos —como era el caso en los años que estudiamos— es imposible entender lo ocurrido sin una explicación deta llada de estas cuestiones. La política económica del franquismo fue interven cionista e introdujo algunas rigideces y servidumbres que afloraron y tuvieron serias consecuencias cuando se manifestó la crisis de mediados de los setenta, que coincidió además con el ocaso y crisis del régimen dictatorial. Entonces se

HISTORIA ECONÓMICA DE F.SPAÑA

370

pudieron apreciar mejor las sombras del desarrollo económico de los sesenta que subyacían en las brillantes luces del indudable aumento en el bienestar ma terial de los españoles. El capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero se estudiarán los impulsos al crecimiento proporcionados por el Plan de Estabilización de 1959. Después, en el segundo, se analizará el proceso de crecimiento y cambio es tructural asociado al mismo. A continuación, en el tercero, se explicará dicho crecimiento, a partir de un sencillo marco analítico. Y, finalmente, se examina rán las principales limitaciones del mismo, derivadas de la política económica del período.

■1 0 .1 .

E l d e l

: la aper tu ra a l

p u n t o

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p a r t id a

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E s t a b il iz a c ió n

e x t e r io r

En la segunda mitad de los cincuenta, el modelo autárquico mostró claros síntomas de agotamiento, manifestado en los desequilibrios interior — infla ción— y exterior —déficit de la balanza de pagos— . La expresión más acaba da del colapso fue el agotamiento de las reservas de divisas a mediados de 1959. Ante tal situación, el régimen acabó por aceptar una reorientación de la política económica, a fin de evitar que el colapso del modelo autárquico lleva ra a la caída de la propia dictadura. La pieza clave del cambio fue el Plan de Estabilización y Liberalización de 1959, que significó el inicio de la normali zación de la posición internacional de España, un esfuerzo estabilizador y una simplificación del intervencionismo. El Plan de 1959 — «la semilla del de sarrollo», en expresión de E. Fuentes Quintana— contenía medidas en tres ámbitos. Primero, se aplicaron las políticas coyunturales, encaminadas a lo grar una estabilización de la economía española, pues la inflación se había convertido en un problema crónico, debido a la ausencia de una disciplina mo netaria, sometida a la financiación de los déficit presupuestarios del Estado y de los organismos autónomos. En este ámbito de la política fiscal y monetaria, se limitó el gasto público y las emisiones de deuda y, además, se elevó el tipo de interés; se realizó, en suma, una operación estábil izadora clásica. Segundo, se adoptaron medidas liberalizadoras de la capacidad de actuación de los agentes económicos; aquí se suprimieron múltiples organismos interventores de los años de la autarquía y se simplificaron los trámites administrativos que debían cumplir los empresarios privados. Finalmente, la política de apertura exterior fue, sin duda, la más decisiva desde la perspectiva del desarrollo de los años siguientes; por ello le dedicaremos una atención especial. Antes diremos que las medidas coyunturales tuvieron éxito: los precios se frenaron de inmediato, a medio plazo la inflación se redujo respecto de la precedente y el déficit presu puestario desapareció. En cuanto a la liberalización interna, aunque supuso un paso en la dirección correcta, fue bastante tímida y no sólo no se profundizó sino que, en pocos años, se construyó otra maraña de instrumentos interven cionistas, no tan rígida ni tupida como la de la autarquía, pero claramente dis-

LOS AÑOS DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO

371

torsionadora de los procesos asignativos dei mercado; se volverá a ello en el último apartado de este capítulo.

La apertura comercial al exterior La política económica de sector exterior tuvo, desde 1959 hasta los co mienzos del siglo XXI, una triple dimensión: la integración en organismos de cooperación económica internacional; la tensión hacia la apertura en las rela ciones comerciales y financieras, y la búsqueda de lazos monetarios estables. Esa orientación comenzó en 1959 y se acentuó de forma decisiva después de 1975. En conjunto, constituye el haz de acciones de política económica más consistente, homogéneo, y acaso acertado, de la historia económica reciente en España. Como resultado, una economía aislada ínstitucionalmente, protegi da en lo comercial y financiero, y con una moneda inconvertible se transfor mó, en cuarenta años, en otra integrada en los principales esquemas de coope ración internacional —y entre ellos, en la Unión Europea, el más exigente de todos— , extremadamente abierta y con una moneda, el euro, compartida con sus socios europeos. El compromiso con estos objetivos, visto en perspectiva, ha sido tan continuado que los propios agentes económicos han podido adap tarse a ellos sin traumas. Aquí nos centraremos en los primeros compases de este proceso, los que van de 1959 a 1975. La integración en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ya en 1958, abrió una ruta que después se siguió en ,1959 con la entrada en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE, transformada des pués en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE) o el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, antecedente de la actual Organización Mundial de Comercio, OMC) en 1963 (provisional en 1960). La filosofía de todas estas organizaciones ha sido la liberalización de los intercambios y el aumento de la cooperación, más allá de algunas difi cultades pasajeras, y la presencia en las mismas era una garantía que impedía el retomo a viejas opciones aislacionistas. Además, proporcionaron un impul so decisivo para la apertura en el momento más difícil, el inicial. Tal impulso consistió, por un lado, en legitimar el cambio de política económica con una asistencia técnica que reducía la oposición de ciertos sectores del régimen franquista y, por otro, en proporcionar cobertura financiera a la operación, me diante ayudas y préstamos en divisas por un total de 544 millones de dólares, para atender posibles desequilibrios de la balanza de pagos. El compromiso con la apertura se manifestó también a través del reiterado empeño en la integración europea, pues ya en 1962 España fue el primer país en solicitar, mediante una carta oficial, la apertura de conversaciones para es tablecer una asociación que pudiera desembocar en la integración plena. El carácter dictatorial del régimen político era, sin embargo, un obstáculo insal vable para la integración y el gobierno tuvo que conformarse con un objetivo menos ambicioso: un proceso negociador para estrechar la cooperación estríe-

372


tamente comercial, que desembocó en el muy importante Acuerdo Preferen cia! de 1970. La apertura comercial se fue realizando de un modo que se puede calificar de gradual y prudente. Tras el Plan de Estabilización, se aprobó un nuevo aran cel en 1960, visto en la historiografía como un cierto retroceso respecto al «es píritu» del 59. Tal afirmación no puede sostenerse sin matices, importantes en sí mismos. Ciertamente la protección arancelaria era en 1962 mayor que en 1958: pasó del 7,3 al 12,9 por 100 en términos nominales y del 14,2 al 26,1 por 100, medida como protección efectiva. Pero la protección anterior al 59 no estaba en las tarifas sino, principalmente, en los controles directos sobre las importa ciones, mucho más restrictivos para el comercio. De manera que se sustituyó una protección vía cantidades por otra vía precios, más flexible y causante de menores distorsiones. A comienzos de 1959 el comercio liberalizado (importa ciones que entraban con el único requisito de satisfacer el arancel) era un 9 por 100 del total, y el resto estaba sometido a cuotas, comercio de Estado o acuer dos bilaterales. Al final del período, en 1973, el comercio liberalizado alcanzaba ya el 80 por 100 del total, un porcentaje que siguió creciendo lentamente. En cambio, el comercio con cuotas y el de Estado casi habían desaparecido, aun que subsistió el bilateral por los problemas de convertibilidad monetaria con los países del este de Europa, entonces bajo sistemas comunistas. En otros sentidos, el arancel de 1960 supuso una considerable puesta al día para la política comercial española, pues se hizo según la nomenclatura de Bruselas y mediante derechos ad valorem, que sustituyeron a la anterior clasi ficación autóctona —que hacía difíciles las negociaciones con otros países— y a los derechos específicos, opacos y complejos de gestionar. Por otra parte, los compromisos internacionales imponían acudir a las rondas negociadoras del GATT y esto contenía en sí mismo un germen de liberalización futura, como en efecto ocurrió. El primer episodio liberalizador motivado por com promisos internacionales, tras el arancel de 1960, fue la participación de Es paña en la ronda Kennedy del GATT (1964-1967), a la cual acudió ya como miembro de pleno derecho. España era considerada entonces como «país en situación especial», junto a Grecia, Portugal, Turquía e Israel, y podía hacer ofertas selectivas, sin la aplicación del principio de reciprocidad con los países desarrollados. Las reducciones arancelarias acordadas representaron para Es paña, en promedio, un 18 por 100 y entraron en vigor escalonadamente entre 1968 y 1972. El segundo episodio fue la firma, en 1970, del Acuerdo Preferencial con la Comunidad Económica Europea; como resultado del mismo se formó una segunda columna en el arancel español para los productos origina rios de los países miembros, con reducciones del 25 al 60 por 100 de la tarifa y ampliaciones de cupos, que fueron entrando en vigor progresivamente hasta finales de 1976. Hubo también algunos reforzamientos de la protección meno res aunque significativos, como la introducción del impuesto de compensación de gravámenes interiores o la desgravación fiscal a la exportación, una subven ción apenas encubierta a las ventas hacia el exterior, aunque en conjunto la dirección de la política comercial fue claramente liberalizadora.1


373

La cooperación monetaria y financiera La experiencia del aislamiento monetario mantenido en los años cuarenta y cincuenta, con secuelas negativas como los reiterados problemas de finan ciación, convenció a las autoridades franquistas de la necesidad de buscar re ferencias exteriores estables para la peseta. Por eso, la declaración de conver tibilidad de las divisas de las principales naciones europeas en diciembre de 1958 fue un estímulo decisivo en la apertura de 1959, ya que entrañaba una amenaza de mayor aislamiento para España. La integración de la peseta en el sistema de Bretton Woods proporcionó esa referencia internacional hasta me diados de los setenta, cuando aquel sistema monetario internacional quebró. De manera que el Plan de Estabilización marcó un punto de inflexión en las relaciones financieras con el exterior. Un tipo de cambio más realista y some tido a la disciplina del FM1, así como la convertibilidad, hecha efectiva en 1961, constituyeron la vertiente monetaria de la apertura. Todo ello se com pletó en el terreno financiero con una moderada liberalización de las inver siones extranjeras, realizada en el mismo mes de julio de 1959, que también resultó fundamental. La liberalización financiera fue prudente y se centró en las entradas de ca pital a largo plazo, mientras las salidas quedaron muy restringidas. A corto plazo no se facilitaban ni unas ni otras. Esto era bastante normal en los países occidentales de la época y coherente con la existencia en España de un siste ma financiero extremadamente intervenido y con escasa presencia de entida des extranjeras. Además, el sistema de paridades fijas parecía exigir, en los países periféricos, un férreo control de cambios para evitar movimientos es peculativos a corto plazo potencialmente desestabilizadores. Por otro lado, la necesidad de ahorro para financiar el proceso de desarrollo llevaba a restringir cualquier salida de capitales. No obstante, se estableció la libertad de inversión directa en muchos sectores, dentro de ciertos límites, y se relajaron las autori zaciones en los demás casos, además de permitirse la libre retirada al exterior de los rendimientos obtenidos. Ambas actuaciones ilustran la dirección de la po lítica española en la cuestión: compromiso en lo monetario y cambiario para insertarse en la economía occidental y apelación al capital extranjero de largo plazo como factor de desarrollo. La política de control de cambios se gestionaba a través del instituto Espa ñol de Moneda Extranjera (IEME) hasta 1969, cuando se dividió entre el pro pio IEME y el Banco de España, con la atribución a este último de las compe tencias sobre las divisas y los movimientos de pagos exteriores. En 1973 se suprimió el IEME y sus funciones se encomendaron al Ministerio de Comer cio: transacciones invisibles y autorización de inversiones extranjeras. Existía un monopolio estatal sobre la tenencia de divisas y su comercio, y estaban prohibidas a los residentes las operaciones con no residentes que implicasen movimientos de divisas, salvo que estuviesen expresamente autorizadas. El principio era muy restrictivo y la liberalización consistió en ir ampliando y

374


flexibil izando pausadamente el campo de las operaciones autorizadas. Esto exi gió una normativa cada vez más prolija para contemplar una casuística que crecía en progresión geométrica con el aumento de las relaciones económicas exteriores. Tal complejidad no contribuyó a la eficacia de la nueva normativa. En cuanto a las relaciones monetarias con el exterior, el panorama a finales de los cincuenta era tanto o más desolador que en los ámbitos comercial o fi nanciero. La peseta no era convertible, su cambio se hacía a través de un com plejo sistema de cambios múltiples, con tipos ad hoc , y se encontraba al margen de los dos grandes mecanismos de cooperación monetaria internacional, la Unión Europea de Pagos y el Fondo Monetario Internacional. El punto de par tida para los cambios monetarios fue también el Plan de Estabilización de 1959. La moneda española permaneció en el sistema de Bretton Woods entre julio de 1959 y enero de 1974. En esa fecha entró en régimen de flotación, como resultado del hundimiento del sistema monetario internacional estableci do en la posguerra mundial. En esos quince años, la peseta estuvo, por prime ra vez en su historia, vinculada formalmente a un patrón cambiario exterior. A pesar de su novedad, la disciplina fue una experiencia razonablemente bien asumida por la peseta. En la década de 1960 se produjo una sola modificación de la paridad, la devaluación de noviembre de 1967, cuando se pasó de 60 a 70 pesetas por dólar, siguiendo a la libra esterlina. Los primeros setenta, en cambio, fueron años turbulentos tras la declaración de la inconvertibilidad del dólar en oro, en el mes de agosto de 1971, y la peseta se vio arrastrada por la inestabilidad subsiguiente hacia una progresiva apreciación frente al dólar: en diciembre de 1971 cotizaba a 64 pesetas y a partir de febrero de 1973 a 58. De manera que la peseta acabó su trayectoria en Bretton Woods con una ligera apre ciación, en términos nominales, respecto del tipo de cambio inicial de 60 pese tas por dólar; además, se había acumulado un importante volumen de reservas exteriores. A partir de enero de 1974 la peseta pasó a un régimen de flota ción sin compromisos exteriores, aunque con frecuentes intervenciones para estabilizar su cotización.

L os fr u to s d e la liberalización: el fin a l de la restricción externa al crecim iento

La política de inserción de España en la economía internacional, comenza da en 1959, dio pronto frutos en un contexto exterior expansivo y fue una cla ve decisiva del crecimiento de aquellos años. Desde una posición de atraso, las importaciones son imprescindibles para absorber tecnología y modernizar la estructura productiva; pero la capacidad para vender a otros mercados es muy reducida cuando los productos exportables se limitan a los primarios, y sin divisas no se pueden pagar las importaciones. La financiación del comercio exterior se puede convertir de ese modo en una restricción al crecimiento del resto de la economía, como había ocurrido en España antes de 1959. La apertura permitió salvar tal escollo en la década de 1960, porque la eco nomía pronto se benefició de las divisas recibidas por la inversión extranjera,

LOS AÑOS DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO C u a d ro

10.1.

L as c u e n ta s d e l s e c to r e x te rio r

375

(1964-1975)

( m illo n e s d e p e se ta s c o r r ie n te s )

Balanza comercial

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Fuente:

-78.300 -122.900 -140.200 -127.200 -134.100 -163.300 -165.200 -142.300 -193.400 -259.000 -480.400 490.800

Balanza Balanza de servicios de transferencias

44.367 51.685 60.467 53.206 61.952 66.155 90.534 118.143 130.321 155.984 155.897 158.155

19.249 21.594 25.124 27.393 31.338 37.233 46.124 53.713 55.839 82.046 65.869 65.641

Total balanza corriente

-14.684 -49.621 -54.609 -46.601 -40.810 -59.912 -28.542 29.556 -7.240 -20.970 -258.634 -267.004

Saldo neto de inversión extranjera directa

4.687 6.957 7.717 10.933 10.029 13.103 12.482 12.335 14.101 18.787 15.704 12.513

Elaborado a partir de J. A. Alonso (1988), «El sector exterior», en García Delgado, dir.

(1988).

el turismo y las remesas de emigrantes españoles que pudieron acudir a tra bajar a otros países europeos (véase el cuadro 10.1). El turismo generaba la mayoría del saldo de servicios, mientras que las remesas de emigrantes repre sentaban la casi totalidad de la de transferencias. Con esos recursos, las im portaciones de bienes y servicios crecieron de forma espectacular en los años sesenta, doblando su peso en el PIB: del 6,6 por 100 en 1960 al 13,8 por 100 en 1973, antes del aumento de los precios del petróleo (véase el gráfico 10.1). Las exportaciones, en cambio, apenas ganaron cuota en el PIB, pues del 6,2 sólo ascendieron al 7,7 por 100, entre aquellas fechas. No hubo, sin embargo, problemas para financiar ese desequilibrio comercial y, antes de la crisis de mediados de los setenta, las reservas españolas de divisas eran sólidas. Cuando el desarrollo se hubo consolidado, pudo cambiar la estructura exportadora española y las ventas de manufacturas sustituyeron a los productos agrícolas. Entonces, en un segundo momento que cabe fechar a finales de los setenta, co menzaron a crecer las exportaciones y el sector exterior tendió a normalizarse. Hasta 1973 las entradas de divisas por turismo, inversión extranjera y remesas de emigrantes superaron a los ingresos por exportaciones; desde ese ano no volvió a suceder. Ya en 1985, antes del nuevo impulso al sector exterior aso ciado a la integración en la Comunidad Económica Europea, las entradas por exportaciones doblaban a la suma de los otros tres conceptos; después las co sas han continuado en la misma dirección.

376


G r á f i c o 1 0 .1 .

G rado

de a pe r t u r a de la ec o n o m ía española

( e x p o r t a c io n e s

E IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN PORCENTAJE DEL

E x p o rta c io n e s (X) / P IB

F uente:

10.2.

Im p o rta c io n e s (M ) / P IB

_ _ _

PIB)

X + M / P iB

Serrano Sanz ( 1 9 9 7 ) .

C r e c im ie n t o

e c o n ó m ic o

y

c a m b io

e s t r u c t u r a l

Tres lustros de convergencia Si la economía española se había caracterizado en los años cuarenta por la recesión y el estancamiento, y en los cincuenta — «el decenio bisagra» en expresión de J. L. García Delgado— había comenzado un tímido crecimiento, ahogado, sobre todo, por las necesidades insatisfechas de importaciones de inputs intermedios y bienes de capital, los sesenta supondrían un cambio ex traordinario, pues experimentaron un crecimiento notable y sin paliativos, supe rior al 7 por 100 anual en promedio. Lógicamente, la economía no creció todos los años a una tasa estable, sino que se produjeron ciclos con fases de acelera ción y fases de ralentización. En síntesis, a comienzos de los sesenta el creci miento fue muy rápido; se hizo más suave desde 1964 —aunque tuvo peores resultados en 1967 y en 1970— , y acabó con renovados bríos en los primeros setenta. En el segundo semestre de 1974 ya era evidente la crisis y el año 1975 marcó el fin del fuerte proceso de crecimiento de la economía española (véase el gráfico 10.2). Como consecuencia de todo ello, la producción total del país

377

LO SA N O S DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO G r á fic o

10.2.

P ro d u c to in te r io r b r u to

r f . a l. T a s a s d e v a r ia c ió n

in te r a n u a l

(e n p o r c e n ta je )

13 -

11

-

9 -

7 -

5 -

3 -

1

-

0

--

S O) F u e n t e : O C D E (1999), N ational Accounts. Main Aggregates, París, OCDE.

se multiplicó por 2,5 en los tres lustros que median entre 1959 y 1974, mien tras que en los veinticinco años siguientes no conseguiría duplicarse. La población española también experimentó un incremento apreciable en estos años, con tasas cercanas o superiores al 1 por 100 anual en todos ellos; en términos absolutos, aumentó en más de cinco millones de habitantes, hasta alcanzar los 35 millones en 1975. A pesar del dinamismo demográfico, el in cremento de la producción fue tan elevado que se tradujo en un crecimiento de la renta por habitante superior al 6 por 100 anual, que dobló la renta real pro medio de cada español entre el comienzo y el final del período: de 4.132 euros a 8.726 euros (en pesetas del año 2000, de unas 688.000 a 1.452.000). La economía mundial, incluidos los países desarrollados, y en particular los europeos, también vivió en los sesenta un crecimiento rápido y sostenido sin precedentes, que ha llevado a hablar de una «edad de oro» de la economía occidental. Entre 1960 y mediados de los setenta, los países que hoy constitu yen la OCDE crecieron a una media anual del 4,9 por 100, que tampoco se ha vuelto a alcanzar posteriormente. Así pues, el caso español no debe sorpren der en exceso, porque no fue una experiencia única: hubo más «milagros económicos» en la Europa de los cincuenta y los sesenta, aunque Japón fue el caso paradigmático, con un crecimiento cercano al 10 por 100 anual. No obs tante, España acumuló un diferencial positivo con respecto al conjunto de las economías desarrolladas, con cifras parecidas a las de algunos países del sur de

378


Europa, que partían asimismo de niveles bajos. En este sentido, la teoría del crecimiento predice que habrá un componente de convergencia, de manera que los países con menores niveles de renta per cápita crecen a tasas más al tas, tendiendo a alcanzar a los más avanzados. Con un PIB mayor, la tasa de crecimiento se va moderando, como también parccc corroborar la experiencia española, que habría sido parte de un fenómeno de convergencia de ciertos países atrasados respecto de la Europa central y del norte. La renta por habi tante española pasó de apenas un 60 por 100 de la comunitaria en 1960 (que supone el mínimo de la serie en el siglo xx) a un 80 por 100 en 1975. Un cam bio tan importante no sólo refleja un aumento de las disponibilidades materiales de los ciudadanos, sino también profundas alteraciones en el modo en que los bienes y servicios son producidos y consumidos.

Una nueva configuración sectorial El crecimiento del PIB per cápita suele ir acompañado de determinadas transformaciones estructurales que favorecen su continuidad. La economía es pañola no fue una excepción, y registró un intenso cambio estructural entre I960 y 1975, plasmado en fuertes variaciones de la estructura sectorial de la producción y el empleo. La transformación estructural contribuyó al aumento de la renta per cápita, porque los recursos se trasladaron desde una agricultura con bajos niveles de productividad hacia los servicios y la industria, con pro ductividades mucho mayores. En aquel período, todos los sectores, excepto el agrícola en algunos años, mantuvieron tasas de crecimiento positivas, que fueron especialmente elevadas en la industria, donde rondaron el 10 por 100 y, además, resultaron más estables. El valor añadido bruto en el sector agrario y pesquero apenas creció en términos reales, mientras que el de los servicios se duplicó, el de la construcción se multiplicaba por 3,6 y el producto indus trial por cuatro. Con estas variaciones, ya puede suponerse cuál fue el rasgo más destacado en las transformaciones de la estructura productiva española del período: la desagrarización. La participación del sector agrario en el valor añadido bruto nominal total se hundió desde casi un 22 por 100 hasta un 9 por 100 en 1975. Al mismo tiempo, la industria mantenía su peso en el 30 por 100, mientras lo ganaba la construcción y sobre todo los servicios, que pasaron a aportar la mitad de la producción (véase el cuadro 10.2). En estas variaciones nominales tuvieron mucho que ver las evoluciones diferentes de los precios por sectores, en particular el comportamiento inflacionista de los servicios en contraste con una mayor contención en los precios industriales. Por ello, si se redefinen las proporciones sectoriales en términos reales se mantiene la pérdi da de peso en la participación de la agricultura, pero no hay aumento en el sector terciario y sí en la industria, algo que justifica la caracterización de esta etapa como un período de industrialización. Por ramas de actividad también se produjeron cambios notables en la dis tribución de la producción, tanto en la industria como en los servicios. La pri-

LOS AÑOS DR CRECIMIENTO D E L FRANQUISMO Cuadro

1 0 .2 .

D is t r ib u c ió n s e c t o r ia l d e l p r o d u c t o y d e l a p o b l a c ió n o c u p a d a

Producción (precios constantes) 1959

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

379

21,6

1975

Producción (precios corrientes)

Población ocupada

l 959

1975

1959

1975

29,9 5,9 42,7

9,4 30,1 10,3 50,1

13,7 18,2 7,0 61,1

6,9 28,3 9,9 54,8

42,0 19,8 6,8 31,4

23,2 24,4 9,8 42,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

F u e n t e : F u n d a c ió n BBVA (1999).

mera se diversificó y ganaron peso las industrias básicas, como material de transporte, productos metálicos —convertido en el primer sector industrial— y minerales y metales; en el extremo contrario, hubo importantes descensos en aquellos más tradicionales, como textil y calzado, que perdió la primera posición, energía o alimentos y bebidas. En los servicios se produjo el fenó meno contrario, con una estructura cada vez más concentrada en beneficio de algunas ramas como servicios comerciales y servicios públicos, que conjunta mente pasaron a representar más de un tercio del sector. Si en términos de producción real la mayor parte de las pérdidas de la agri cultura fueron captadas por la industria, en el empleo el trasvase se produjo claramente desde el sector agrario a los servicios. En términos netos, apenas existió aumento del empleo a lo largo de los tres lustros que nos ocupan, pues sólo se crearon 1.200.000 nuevos puestos de trabajo, que representaban un 10 por 100 de incremento. Así pues, lo decisivo fueron los trasvases entre sec tores, especialmente desde la agricultura, donde se perdieron dos millones de empleos, hacia el resto. Esta desagrarización fue incompleta, pues dejó una población ocupada en el sector todavía más elevada que la de otros países europeos y por eso siguió más allá de 1975. La otra cara de la moneda fue la creación de casi la misma cantidad de empleos en el sector terciario, de mane ra que éste superó al agrario como principal empleador en la economía espa ñola. En el empleo, la terciarización fue el reverso de la desagrarización. En el resto, cerca de medio millón de nuevos empleos surgieron en la construcción y casi otro millón en la industria. En términos porcentuales, el empleo agríco la descendió desde el 42 por 100 del total a sólo el 23 por 100, el industrial creció desde el 20 al 24 por 100, la construcción desde aproximadamente el 7 al 10 por 100, y los servicios ascendieron del 31 al 43 por 100.

380


La industria, epicentro de la modernización La industria creció, en términos reales, por encima de los otros sectores mientras que su ritmo de creación de empleo fue inferior; esto revela que fue el sector con mayores aumentos de productividad y, en consecuencia, aquel en el que radicó la modernización. De manera que le dedicaremos una atención particular. Si importantes fueron los trasvases de recursos entre los grandes sectores productivos, no lo fueron menos las transformaciones en el uso de factores pri marios y bienes intermedios, con efectos sobre las relaciones intersectoriales y el modelo de crecimiento alcanzado. Los cambios más decisivos tuvieron lu gar en el sector clave de esta etapa, la industria. Como símbolo de los primeros, y a consecuencia del fuerte grado de capitalización que vivió la industria, se dieron importantísimos aumentos de la productividad que redujeron las nece sidades del factor trabajo para un objetivo dado de producción en un 6,3 por 100 anual acumulado. Se elevó de forma significativa el peso relativo de los inputs intermedios para cada nivel de producción y se sustituyeron importa ciones de productos finales por otras de bienes intermedios en los mismos sec tores. Además, se produjeron intensos procesos de sustitución entre inputs in termedios (a favor de los químicos, el petróleo, la energía eléctrica, las fibras sintéticas y los transportes no ferroviarios, y en detrimento de los tradiciona les, como la madera, el corcho, el carbón y las fibras textiles naturales), que continuaron más moderadamente en los setenta. Las industrias químicas, de construcción de maquinaria, productoras de energía y metálicas tuvieron un papel clave en el proceso de cambio técnico. Los. cambios en la demanda intermedia fueron más intensos que en la produc ción y en la demanda final, y fueron precisamente los inputs de estos sectores, además de los alimenticios, los que experimentaron un mayor crecimiento. Y ello precisamente en un periodo de profunda transformación tecnológica, en el cual los bienes intermedios desempeñaron un papel fundamental como difusores de la misma. Una particularidad del crecimiento industrial de aque llos años sesenta, que tuvo importantes consecuencias cuando llegó la crisis, fue que los sectores más expansivos tanto en la demanda intermedia como en la final fueron los de menor capacidad de generación de empleo: el proceso ahorrador de trabajo fue especialmente acusado en los sectores energético, químico, siderometalúrgico y de maquinaria, y más débil en las manufacturas ligeras como alimentos, textil y calzado. Todas estas transformaciones acabaron por configurar una economía tec nológicamente más compleja, más dependiente de los inputs intermedios y energéticos y con mayor trabazón —también tecnológica— entre los distintos sectores productivos, aunque con escasa capacidad para la generación de em pleo. Por otro lado, la producción de sectores clave en el suministro de inputs intermedios mencionados no creció al mismo ritmo que la de muchos sectores de demanda final, y esto provocó una creciente dependencia de las importa-


381

ciones de bienes intermedios, expresión de las más estrechas relaciones con el exterior.2

10.3. La

e x p l ic a c ió n d e l c r e c im ie n t o

La fuente de la convergencia El aumento de la renta o producto por habitante puede lograrse bien me diante el incremento de la población que realiza actividades productivas (el número de empleados sobre la población total), bien con el aumento de los rendimientos o productividad por trabajador (la relación entre el PIB y el nú mero de empleados). Es decir, la renta por habitante puede definirse como el producto de ambos componentes: (PIB/ Población) = (Empleo / Población)

x

(PIB /Empleo)

La tasa de variación del producto per cápita se puede descomponer en la suma de varios factores con un significado económico claro, cuyos comporta mientos conviene separar porque tienen orígenes y consecuencias diferencia dos. La descomposición puede incluso desagregarse más: (PIB /Población) — (Población de 16 a 64 años/ Población) X (Población activa/Población de 16 a 64 años) X (Empleo / Población activa) x (PIB/Empleo) De este modo, la tasa de variación del PIB per cápita es igual a la suma de varias tasas de crecimiento: de la proporción de personas en edad de trabajar, de la tasa de actividad, de la tasa de empleo y de la productividad del trabajo. Va rias influencias determinan esas variables, desde los factores demográficos hasta la productividad, que es la principal a largo plazo, por lo que insistiremos en ella. En esta etapa, la población en edad de trabajar en España aumentó a un rit mo del 0,8 por 100 anual, mientras que la población total lo hizo al 1 por 100; la tasa de actividad no varió (aunque hubo cambios internos por un leve des censo de la masculina y un aumento de la femenina, que aun así siguió siendo inferior a la existente en los países más desarrollados) y la tasa de empleo cre ció al 0,8 por 100, más que duplicando el ritmo de aumento de los quince países que ahora componen la Unión Europea. En conjunto, las variables relaciona das con la disponibilidad de mano de obra sólo pudieron afectar ligeramente al fuerte crecimiento final de la renta por habitante. El componente que más puede contribuir al crecimiento económico es el aumento de la productividad, que no tiene los límites evidentes que impiden la expansión de los otros factores. En efecto, hay límites de tipo demográfico,


tural y social para el aumento de la tasa de ocupación, pero además ésta 3 se incrementará con ampliaciones en la capacidad de producción, que, a vez, dependerán del rendimiento de la mano de obra empleada. Es decir, i la productividad del trabajo es la clave del crecimiento. Precisamente, en España la mayor aportación al crecimiento en este período vino de una acusada mejoría en la productividad por empleado, que aumenm 6,4 por 100 anual, muy por encima del empleo y, prácticamente, ai misritmo de la renta por habitante. Esta fue la fuente de convergencia con >s países europeos que en esta etapa sólo alcanzaban incrementos de la pro¡tividad del 4,4 por 100 y con Estados Unidos, donde apenas progresó un or 100 anual; en relación con este último país, líder tecnológico del momense pasó de una productividad que partía de un 30 por 100 a un 53 por 100. nuevo, como en la evolución general de la renta per cápita, los mayores inmentos tuvieron lugar en los primeros años sesenta, se frenó la aproximan en la segunda mitad del decenio y a principios de los setenta volvieron i vez los ritmos rápidos de acercamiento, hasta el comienzo de la crisis. Aunque ya se ha dicho que la productividad del trabajo es la clave para la tinuidad del crecimiento, su predominio en la España de los sesenta fue apabullante (y mantenido en las décadas siguientes) que requiere explica rles particulares. Si el aumento en el número de empleados sobre el total de ¡oblación sólo contribuía en un 2 por 100 al aumento del producto per cápita añol en los sesenta, hasta un 98 por 100 del crecimiento de la renta por ha rnte se debía a la progresión de la productividad del trabajo. Con distintos ios, la preponderancia de la productividad frente al empleo como factor lícativo del crecimiento caracterizó también al resto de países europeos en poca, en contraste con lo sucedido en la economía japonesa y, sobre todo, la norteamericana. Pero la creación de empleo en España fue especialmenlobre, incluso en comparación con sus vecinos, como prueba la emigración gida por éstos, que incluyó a muchos trabajadores españoles. Una primera explicación podría radicar en que las empresas españolas no iieron elegir técnicas con una combinación que garantizara el empleo de a la población, y de cualquier cualificación, porque estaban condicionapor el tipo de productos que fabricaban y por la competencia externa, esialmente dados los superiores niveles de productividad de Estados Unidos, ha llegado a afirmar que el crecimiento económico en España se realizó en tra de la dotación de recursos disponibles, puesto que el factor productivo > abundante era el trabajo, mientras que se incorporaron técnicas de proeión intensivas en capital, por la vía de la imitación, sustituyendo algunas isadas por otras mejores procedentes de los países avanzados. Estas.eran icamente intensivas en capital porque respondían a sus propias dotaciones toriales. Otra razón adicional sería el funcionamiento de unos mercados de tores productivos, en particular el de trabajo, plagados de rigideces como secuencia de unas regulaciones muy estrictas que, entre otras distorsiones, rataron en términos relativos el capital; de ello se hablará más adelante.

E! papel

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383

El papel del capital Para entender qué hay detrás del avance espectacular de la productividad del trabajo en la España de los años sesenta y primeros setenta, y poder ana lizar la evolución de sus determinantes, debe tomarse como punto de partida la teoría neoclásica del crecimiento para, posteriormente, hacer referencia a las teorías de crecimiento endógeno que la han corregido o ampliado. La teoría hace depender el aumento de la renta por trabajador de dos elementos: en primer lugar, del nivel de capital por trabajador en la economía, es decir, la acumulación de factores productivos; y, en segundo lugar, del progreso técni co, es decir, el uso más eficiente de la misma cantidad de factores, que se con sigue con la incorporación de tecnologías más avanzadas y adecuadas, pero también con mejoras en la organización. Comenzaremos por evaluar la capita lización de la economía española en el período, para después pasar a considerar su contribución y la del progreso técnico al crecimiento económico descrito. La ratio capital/empleo se ha considerado tradicionalmente el determinante fundamental del crecimiento, suponiéndose una relación positiva entre ambas variables. Al inicio del período, la economía española estaba infracapitalizada, y en consecuencia, la productividad del trabajo era muy baja en comparación con otros países; recordemos que se trataba, en gran medida, de una economía agraria. En la España de los años sesenta se suavizaron algunos estrangulami entos que habían impedido previamente que aquella economía atrasada se capitalizase y consiguiera un aparato productivo más moderno y eficiente. El intenso proceso de capitalización fue posible gracias al progreso técnico incor porado en nuevos bienes de capital a través de las importaciones que comen zaban a liberalizarse, y a la creciente presencia de empresas de capital extran jero, con gran capacidad de crear e incorporar progreso técnico. Todo ello propició la introducción de técnicas más intensivas en capital. Por otro lado, el encarecimiento del trabajo respecto del capital (a través de la política de inter vención en el sector bancario y de financiación de la Seguridad Social, que encarecía los costes salariales) favoreció la sustitución del primero por el segundo. En la práctica, el despido de trabajadores era tan caro que resultaba prohibitivo. Según algunos autores, el franquismo cambió salarios bajos y ausencia de libertades sindicales por seguridad en el empleo. Finalmente, el cambio estructural conllevaba el aumento del peso de la industria y los servi cios en el PIB, que eran sectores más intensivos en capital. El resultado fueron elevadas tasas de crecimiento del stock de capital, en el sector privado y en el público, que modernizaron tanto el aparato directamen te productivo como las infraestructuras de uso colectivo, imprescindibles para el funcionamiento de las empresas. El stock neto de capital creció en términos reales a una tasa anual situada alrededor del 7 por 100, porcentaje casi idéntico al ritmo de crecimiento del capital privado, que suponía prácticamente el 90 por 100 del total. Este predominio abrumador se redujo levemente en el período,

384


porque el capital público progresó más rápidamente, superando varios años tasas de crecimiento del 9 por 100. Con incrementos tan fuertes en ambas ca tegorías, después de 1965 se consiguió duplicar el stock de capital de la econo mía española en tan sólo diez años. Una acumulación tan intensa y duradera no tenia precedentes ni se ha vuelto a repetir; es más, en el decenio posterior a 1975 apenas aumentó, como resultado de la crisis. Pero, mientras se mantuvo, provocó cambios fundamentales en la estructura productiva y en la capacidad de crecimiento. Aunque el stock de capital privado aumentó notablemente en todos los sec tores productivos, los ritmos fueron muy diferentes, generando una tendencia hacia un mayor peso del capital residencial y, sobre todo, de los servicios des tinados a la venta, cuyo stock alcanzó a ser un quinto del total, sólo por debajo del industrial. Esa diferente evolución de la capitalización entre sectores, en con junción con los cambios en el empleo, determinó las transformaciones en la productividad del trabajo. En los servicios, el notable aumento del empleo re dujo el impacto que podría haber tenido el fuerte salto en su capitalización; aun así el aumento medio anual del 3,9 por 100 en su productividad del trabajo superó los avances del resto de Europa (3,3 por 100), y la OCDE (sólo 1,6 por 100). En la agricultura, los incrementos de productividad fueron más altos pero no extraordinarios, a pesar de la pérdida acelerada de empleos; el crecimiento medio anual del 5,2 por 100 fue inferior al europeo; el gran aumento en su ratio capital/trabajo sería posterior. Fue el sector industrial el que consiguió incrementos más notables de la productividad —incluso a pesar de los aumen tos en el empleo— , con tasas del 7,7 por 100 (8,3 por 100 para las manufactu ras) sólo inferiores a las de Japón, y que superaron en más de dos puntos a la media europea y en casi cinco a la de la OCDE. En 1975 la productividad apa rente del trabajo más elevada correspondía todavía al sector de servicios para la venta, pero estaba perdiendo rápidamente su ventaja, en especial frente a la industria, cuyos niveles ya representaban el 90 por 100 de la misma, cuando en 1960 no llegaba a la mitad. La fuerte capitalización, partiendo de niveles realmente bajos, fue uno de los factores responsables de los elevados aumentos de productividad de la economía española en los sesenta y primeros años setenta. No obstante, la im portancia de su aportación debe relativizarse, porque otros componentes recla man un papel incluso más relevante.3

La productividad total de los factores Los análisis del período muestran que la acumulación de capital y trabajo no son las únicas, ni siquiera las principales, explicaciones del crecimiento eco nómico en gran número de países. Hay una parte importante del aumento de la producción que no es atríbuible a la incorporación de unidades adicionales de capital o trabajo, sino a una utilización más eficiente de estos factores. Esta mayor eficiencia debida a las mejoras en la tecnología o el progreso técnico

LOS AÑOS DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO C u a d ro

10.3.

C o n tr ib u c ió n d f l c re c im ie n to d e l o s in p u ts y de l a

385

PTF

AL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES EN

Países

Gran Bretaña Francia Alemania Italia Estados Unidos España

1960-1973

(PORCENTAJES)

Factor capital

Factor trabajo

46,8 44,4 52,0 43,5 39,3 31,7

-0,6 4,3 -7 ,4 -9 ,0 30,6 3,0

PTF

53,8 51,3 55,6 65,9 30,1 ‘ 65,3

F u e n t e : C e b riá n (2001).

es difícil de medir, pero puede estimarse a través del denominado «residuo» de Robert Solow, también conocido como productividad total de los factores (PTF). Todos ios trabajos sobre el crecimiento español de los sesenta y prime ros setenta concluyen que la principal fuente de expansión del output fue el crecimiento de la PTF, notablemente mayor que en años anteriores y poste riores. Las diferentes estimaciones sobre el comportamiento de la economía espa ñola en estos años coinciden en adjudicar casi dos tercios del crecimiento a la mejora de la PTF, y aproximadamente un tercio a la aportación de las nuevas unidades de capital, mientras que el aumento del empleo apenas habría contri buido en un modesto 5 por 100. Estas proporciones singularizan el comporta miento de la economía española respecto de otros países para los que se poseen datos, pues la PTF tuvo aquí uno de los mayores incrementos, superando en varios puntos a las variaciones de países más avanzados, y su contribución al crecimiento fue también mayor. La aportación del capital en España fue de las menores, pues en los demás países superó el 40 por 100; y en cuanto al factor trabajo no proceden comparaciones, pues fue muy variable entre países, inclu so en cuanto a su signo (véase el cuadro 10.3). El análisis de la evolución de la PTF por sectores económicos muestra grandes diferencias en torno al prome dio, pues se redujo en la construcción, aumentó por debajo de la media en el sector servicios y justo la media en la agricultura y en la energía. Fue el sector industrial el que experimentó un avance más intenso y rápido. La explicación del crecimiento de la PTF no es sencilla, puesto que se esti ma como el residuo de una regresión econométrica. En la práctica, la interpre tación más habitual de este residuo se hace en términos de progreso técnico, que dentro de la teoría neoclásica del crecimiento se considera una variable exógena. En los últimos años se ha avanzado en una mayor precisión sobre esta cuestión en apariencia oscura. La teoría del crecimiento endógeno, al indagar en las causas que explican el progreso técnico (el «residuo de Solow»), muestra los posibles orígenes de un crecimiento sostenido de la renta per cápita que no

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era factible dentro de la teoría clásica del crecimiento. Dichas causas pueden ser, fundamentalmente, la acumulación de capital humano (por educación o por aprendizaje), la innovación de productos y procesos, y las extemalidades en la producción causadas por las infraestructuras. Todos ellos son factores de cre cimiento añadidos a la acumulación de factores ya analizada. También debe recordarse el impulso hacia la convergencia de economías atrasadas a otras desarrolladas, que nace en esencia de un aprovechamiento de la difusión tec nológica. Con todos estos determinantes en mente, la convergencia en el pro ducto por habitante español y el de sus socios de la OCDE puede analizarse observando la evolución comparada de estos nuevos factores determinantes.4 Por una parte, respecto de la ya comentada acumulación de factores pro ductivos, la notoria brecha existente en el esfuerzo de inversión en capital físi co español con respecto a la media de la OCDE en 1960 casi se cerró durante el período, mientras las tasas de actividad se mantuvieron siempre por debajo de las medias de los países desarrollados; aunque el desempleo no se alejó del promedio internacional. La cualificación de la mano de obra, ya sea mediante la educación, el aprendizaje o la experiencia laboral, aumenta el rendimiento del trabajador, al equiparle con mayores conocimientos. En este aspecto, se produjo una aproximación evidente en la acumulación de capital humano: si en 1960 menos del 10 por 100 de la población activa española tenía una edu cación secundaria o universitaria, en 1975 superaba el 25 por 100 y, con ello, la media de los países desarrollados. El nivel de las infraestructuras públicas puede afectar a la productividad del trabajo de una economía, bien por su in suficiencia absoluta, bien por carencias relativas frente a otras economías; tales carencias pueden llevar a perder atractivo para las inversiones, dadas las ma yores dificultades para rentabilizarlas ante una menor productividad. En Espa ña; el capital público se duplicó en el período, pero sólo consiguió aumentar ligeramente su relación con el stock privado. Finalmente, otra posibilidad de aumentar el producto por trabajador, o re ducir el trabajo necesario por unidad de producto, es el avance científico y su aplicación a la producción, de manera que se logren procedimientos eficaces y nuevos bienes y servicios de mayor valor. El progreso técnico es el factor de crecimiento más importante en el largo plazo, pero también el más difícil de medir, aunque se ha avanzado en la comprensión de cómo se alcanza. España pudo acceder a este avance científico por varias vías, como la importación de equipos productivos que lo incorporaban, la contratación de patentes, de li cencias y de marcas con empresas extranjeras, o a través de la instalación de éstas en el país. Todas ellas son formas de difusión del progreso técnico, pero no de creación del mismo. Una manera de medir la aportación propia al avance científico es contabilizar el porcentaje de gasto nacional en investigación y de sarrollo (I+D ). El esfuerzo español en I+D , en torno a un escasísimo 0,2 por 100 del PIB, no aumentó de forma perceptible, y se mantuvo a una considera ble distancia del promedio de la OCDE. La evolución de todos estos elementos permite interpretar de forma resu mida los factores que determinaron la convergencia española, ya que son ellos


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los que explican parte del elevado diferencial positivo en el crecimiento per cápita respecto de los países más avanzados. Las mejoras en la acumulación de capital físico y humano —sobre todo esta última— fueron insuficientes para acercar a España al crecimiento de los países desarrollados. El otro im pedimento importante fue la falta de inversión en I + D, con una aportación negativa muy superior incluso a la del capital fijo. El resto de las aportaciones, como las del factor trabajo y el gasto público, fueron menores, y cambiaron de signo a lo largo del tiempo. Así pues, el elevado crecimiento diferencial de los sesenta se originó preci samente en el progreso de la PTF. Si la distancia respecto de economías más desarrolladas en capital físico, humano y, sobre todo, tecnológico no hubiera restado capacidad de crecimiento diferencial, este elemento de convergencia hubiera supuesto un crecimiento anual notablemente superior al que se dio en la realidad. Este impulso tan vigoroso se relaciona con la operación de los efectos de la difusión tecnológica gracias a la apertura, junto a los rendimien tos decrecientes que favorecen a las economías más atrasadas inicialmente. Para explicar cómo actuaron estos factores de crecimiento y convergencia son importantes algunas opciones de la política económica del período, de las que trataremos a continuación.

10,4. L a POLÍTICA ECONÓMICA Y LAS LIMITACIONES DE LOS AÑOS DEL DESARROLLO

Con frecuencia, los poderes públicos trataron de corregir la asignación de los mercados, interviniendo en la economía y creando empresas públicas, con el fin de industrializar a un país. Lo hicieron durante la época mercantilists y también en el siglo xx, en particular, los gobiernos de países atrasados. Así lo describió Alexander Gerschenkroti, que encontró una pauta de actividades in tervencionistas en la industrialización en condiciones de atraso, ilustrativa para el caso que nos ocupa, porque analiza el importante papel del Estado y de la banca, así como de los sesgos del crecimiento hacia la industria pesada. En la España del desarrollo, el interés de las autoridades por forzar el cre cimiento se tradujo en una política económica que tenía tres pilares básicos: una apertura al exterior moderada aunque constante; una exuberancia regulado ra, especialmente en los mercados de factores productivos y en la industria, así como una Hacienda pública con unos ingresos rígidos y con un gasto público reducido. Esta política, en su conjunto, contribuyó al rápido crecimiento, pero también generó ciertos desequilibrios que se hicieron patentes en cuanto llegó la crisis, que contribuyó a agravan En especial, destacaron las distorsiones asignativas, resultado de una manipulación de los precios de mercado por las abundantes regulaciones, la rigidez en los mercados de factores productivos, demasiado intervenidos, las limitaciones de la política hacendística (que impi dió un mayor aumento de la inversión pública en infraestructuras y educación) y de la política monetaria, y la connivencia entre algunos intereses empresa-

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ríales y el poder político, que desvirtuó el papel del empresariado, decantán dolo más hacia la búsqueda de rentas que al logro de la eficiencia económica. El franquismo legó a la democracia una economía con un apreciable grado de desarrollo, pero con graves desequilibrios y con unas instituciones caducas que imposibilitaban hacer frente a la crisis de la década de 1970. Si de la mo derada apertura exterior ya nos hemos ocupado, veamos ahora la regulación y la Hacienda.

El intervencionismo regulador A pesar de las medidas liberalizadoras del Plan de Estabilización, la eco nomía española siguió estando muy intervenida. El nuevo afán regulador, que pretendía fomentar el crecimiento económico, se manifestó en tres ámbitos: los mercados financieros, el mercado de trabajo y la industria. La política de de sarrollo pretendía con ello poner a disposición de las empresas capital y traba jo en condiciones ventajosas e incentivar al sector secundario, considerado la espina dorsal de la modernización. A este intervencionismo se le dio, a partir de 1964, una cobertura globalizadora tomada de la tradición administrativista francesa y en boga en la época: la planificación indicativa, plasmada aquí en los planes de desarrollo, de los que se aprobaron tres entre aquel año y 1974. Los planes pretendían ser un instrumento de coordinación de las decisiones públicas y privadas, y consistían en una declaración por parte de la adminis tración pública de sus previsiones inversoras y de las prioridades sectoriales y territoriales que estaba dispuesta a financiar mediante incentivos a la iniciativa privada. En la práctica, aquella planificación no pasó de ser una mezcla de arbitrismo y de captura de los agentes reguladores por los intereses de las grandes empresas, surgidas al calor de una política de invernadero. Los planes fracasaron en su objetivo de promover el crecimiento económico por la insufi ciencia de la inversión de los presupuestos del Estado, muy inferior a la pre vista, por la desorientación de los mecanismos del mercado a causa de las dis torsiones que se introducían en los precios mediante subvenciones, ayudas y exenciones, y, en ocasiones, por la corrupción y utilización fraudulenta de las múltiples ayudas. Algunos autores llegan a afirmar que el crecimiento eco nómico tuvo lugar no gracias, sino a pesar de los planes de desarrollo. Veamos ahora brevemente en qué consistió el intervencionismo en los tres campos mencionados, así como sus razones y las consecuencias derivadas de él. En el ámbito financiero, la actuación pública giraba en torno a un pujante intervencionismo que se apoyaba en dos regulaciones básicas: la financiación privilegiada por parte del sistema crediticio a determinadas empresas o secto res productivos, y el crédito oficial. A mediados de los años setenta, cuando tal sistema de intervención alcanzó su punto culminante, un 43 por 100 del volumen total de la financiación del sistema crediticio al sector privado estaba regulado administrativamente, frente a un 26 por 100 a principios de los seten ta. Del crédito oficial, concedido en condiciones muy ventajosas, se ha llegado


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a decir que en la época constituía más un remedo de intervención presupuesta ria —para financiar actividades que no podían serlo directamente desde el pre supuesto, por la penuria de fondos— que una institución financiera. La intervención financiera tuvo diversas consecuencias. En primer lugar, los tipos de interés privilegiados constituyeron un «impuesto implícito» (la di ferencia entre el tipo de interés de mercado y el oficial) establecido de forma sigilosa sobre los bancos —que éstos se encargaban de trasladar a toda la eco nomía—, sin relación alguna con los principios tributarios de beneficio o de capacidad de pago. En segundo lugar, los tipos de interés subvencionados dejaron de tener relación con el coste real de los recursos financieros, de modo que quienes tenían acceso a los circuitos privilegiados de crédito acabaron aco metiendo inversiones que poco tenían que ver con las condiciones económicas reales, con lo que acabó estimulándose una artificial especialización capitalintensiva en la industria española.5Además, la intervención obligó a una políti ca monetaria continuamente expansiva, para mantener bajos los tipos de inte rés y tener recursos disponibles, lo que impidió la estabilidad de precios. Y por encima de todo, este intervencionismo financiero introdujo mecanismos dis crecionales de redistribución de rentas entre ahorradores e inversores, entre diferentes industrias o incluso entre unas empresas y otras, lo que no pudo dejar de tener consecuencias en el comportamiento de los agentes económicos. En el mercado de trabajo, el propósito de la intervención del franquismo desarrollista fue ofrecer a los agentes participantes —empresarios y trabaja dores— , una combinación de salarios bajos con seguridad en el empleo que resultase aceptable a unos y a otros. Se configuró así un mercado laboral rígi do, donde los ajustes de capacidad productiva por la vía de cantidades de tra bajo se convirtieron en excepcionales. Reducir plantillas ante una caída transi toria de la demanda era tan caro que resultaba prácticamente imposible; y si la caída se prolongaba, a menudo conducía a muchas empresas a callejones sin salida, como sucedió durante la crisis de mediados de los setenta. Contratar trabajadores en un contexto de expansión de la demanda era problemático para las empresas, que sabían que, llegado el caso, tendrían graves dificultades para despedirlos. Ante este contexto laboral, las empresas recurrieron a la uti lización generalizada de horas extraordinarias, que también permitieron flexibilizar la estructura salarial, aunque fuera a costa de los niveles de empleo, así como ahorrarse cuotas a la Seguridad Social. Estas rigideces del mercado labo ral fueron un tremendo lastre para la economía española en los años de la crisis y resultaron determinantes en los elevados niveles de desempleo alcanzados. Su sombra todavía planea hoy sobre el mercado de trabajo, uno de los ámbitos menos flexibles de la economía española. En cuanto a la política industrial, consistió esencialmente en la concesión de privilegios crediticios, financieros, fiscales y aduaneros, así como ayudas directas a las empresas que invirtieran en ciertos sectores establecidos por el gobierno. La ley de industrias de interés preferente de 1963 y las denominadas acciones concertadas, en el marco de los planes de desarrollo, fueron los ins trumentos de esa política industrial. Además, los polos de desarrollo (que con

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cedían ayudas a la inversión en ciertos distritos industriales) trataban de reequilibrar la geografía de la industrialización, aunque sus recursos eran magros en comparación con los planes sectoriales volcados en las zonas tradicionales y poco consiguieron. Tras los años de liberalización inmediatos al plan de 1959, en efecto, se produjo un cierto retroceso hacia el intervencionismo, consagrado y oficiali zado en los planes de desarrollo a partir de 1964. Este proceso aparentemente contradictorio de liberalización y vuelta a las regulaciones se explica no sólo por la puesta en marcha de una política de crecimiento, sino también por razo nes estrictamente distributivas, ya que el franquismo no podía quitar privilegios a los grupos acostumbrados a ellos sin sustituirlos por otros. Así entendido, el intervencionismo de los años sesenta fue una especie de «proteccionismo fi nanciero» que sustituyó al proteccionismo comercial de que disfrutaban antes las empresas. La liberalización del arancel de 1960 amenazó los privilegios de que gozaban diversos sectores y, con ellos, su propia supervivencia en un con texto más abierto y competitivo. Una regulación del sector exterior compleja y restrictiva como la de la autarquía había tenido como resultado preservar de la competencia extranjera, pero también había generado ventajas mediante la re distribución de recursos entre productores y consumidores, y entre diferentes sectores productivos. Las ayudas financieras de todo tipo cabe interpretarlas así como una compensación por una mayor exposición a la competencia exterior. Ocurrió, además, que la falta de capacidad financiera del Estado para favo recer a las empresas con pedidos y ayudas, ante la ausencia de una moderna re forma fiscal, obligó a los gobiernos franquistas a recurrir a caminos tortuosos, como los circuitos privilegiados de financiación, que violentaron los mercados y produjeron distorsiones asignativas adicionales. El abuso de la discrecionalidad en la concesión de las ayudas, que potenció la figura del buscador de rentas cercano al poder político y deterioró la imagen pública del empresario, agravó estas distorsiones. En efecto, las intervenciones públicas tendieron a elevar los costes como resultado del comportamiento a que inducían a los agentes económicos y de sus efectos sobre el funcionamiento de las empresas. En una economía de mercado, la organización de la producción y, en defini tiva, la creación de riqueza y bienestar colectivos dependen, fundamentalmen te, de las empresas privadas. Por ello, el clima social y la legitimación de las mismas es un factor esencial en el desarrollo económico. Pues bien, a lo largo del franquismo, la actividad empresarial se vio aquejada en España de una fal ta de legitimación, causada en buena medida por el tipo de intervencionismo que se venía practicando. En la medida en que las actividades empresariales se veían, en general, in fluidas por una compleja red de regulaciones, subvenciones, ayudas, desgravaciones, créditos privilegiados y diversas concesiones, obtenidas gracias a la relación y la negociación con el poder político, las ganancias empresariales fueron, a menudo, percibidas socialmente como rentas de privilegios, en lugar de ser consideradas el producto legítimo de una actividad desarrollada en con diciones de riesgo y competencia. El panorama había mejorado con la liberali-


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zación de 1959, cuando desaparecieron las regulaciones más llamativas. Pero en los años sesenta apareció la figura del «empresario concertado» —por usar una afortunada expresión— que también obtenía privilegios moviéndose en el entorno del poder político. En los años sesenta cambió también la política de la empresa pública. Aca bada la fase autárquica, el franquismo no cerró el Instituto Nacional de Indus tria (INI), aunque sí cambió sus objetivos y a quien había sido su presidente desde su fundación, Juan Antonio Suanzes. El INI perdió el protagonismo que había tenido en la política industrial y pasó a convertirse en un hospital de empresas, que dio cobijo —mediante su nacionalización— a las empresas pri vadas en quiebra, primero de la minería del carbón, en los anos sesenta, y luego de la siderurgia y la construcción naval, durante la crisis de los setenta. En el curso de esta crisis, el INI aumentó sus inversiones y su empleo, al contrario de lo que estaba haciendo la empresa privada. En consecuencia, el franquismo dejó en herencia a la democracia una empresa pública ineficiente y con grandes pérdidas, que eran financiadas desde el presupuesto del Estado. El clima social beligerante, o cuando menos receloso, respecto a institucio nes básicas de la economía como el empresario y la empresa, constituyó uno de los pasivos más costosos que el intervencionismo franquista legó a la so ciedad democrática. Fue la contrapartida al escaso papel que el mercado y las instituciones socioeconómicas que le acompañan tuvieron en la sociedad es pañola hasta la segunda mitad de los setenta. La ausencia de organizaciones autónomas de empresarios y trabajadores —pese a la creciente agitación obre ra canalizada por los sindicatos clandestinos— y la falta de un marco de rela ciones industriales en que unos y otros negociasen los variados aspectos que les conciernen, desdibujó la actividad empresarial. Igualmente, la falta de un marco jurídico y contable que fomentase la transparencia y la seguridad en las relaciones de las empresas con terceros, peijudicó la imagen de éstas.6

Una Hacienda pública reducida y rígida En contraste con el frondoso panorama de regulaciones en la economía es pañola, la intervención hacendística era muy limitada. La incapacidad del ré gimen de Franco para introducir una reforma fiscal que permitiese financiar un sector público moderno mantuvo a la Hacienda cerca del raquitismo. En años posteriores a la segunda guerra mundial, España había ampliado su retraso respecto a los países desarrollados en cuanto a tamaño y estructura funcional de los ingresos y gastos del sector público. El país carecía, por tanto, de algo parecido al Estado del bienestar, ya generalizado en Europa occidental. A co mienzos de los sesenta, la ratio del gasto público en proporción del PIB estaba por debajo del 20 por 100 y era inferior en más de diez puntos a la media europea. La etapa 1960-1975 contempló un moderado crecimiento del gasto total de las administraciones públicas, concentrado sobre todo en los años 19671971, cuando alcanzó el 25 por 100 del PIB, cifra en la que se estabilizó hasta


392

C u ad ro

10.4.

E s tr u c tu r a d e l g a s to d e l E sta d o M

(1952-1978).

e d ia s d e l o s po r c e n t a je s s o b r e el c a s t o total

Años

Conceptos

Obligaciones de la deuda Defensa Servicios generales Pensiones Educación Sanidad

1952-1957

1958-1964

1965-1972

1973-1978

14 32 17 7 7 1

8 20 14 5 7 1

3 14 11 12 12 2

3 14 12 14 17 2

Nota: Cifras liquidadas. F u e n t e : Comín (1 9 9 6 ) .

el final del período y que contrastaba con el 45 por 100 de la media europea. Ni los niveles alcanzados ni la forma de financiación permiten hablar de la confi guración de un sector público moderno hasta 1977 (véase el cuadro 10.4). A pesar del lento crecimiento, hay cambios notables con respecto a la eta pa anterior, pues el gasto público recuperó los niveles previos a la contienda civil y se asistió a un significativo cambio funcional. Destaca la pérdida de peso relativo de los gastos en servicios generales, defensa e intereses de la deu da, que habían acaparado prácticamente el presupuesto en la autarquía, y una mayor atención a los servicios de tipo económico y a las funciones de carácter social. Entre éstas, destacan los gastos en vivienda desde finales de los cincuen ta, gestionados por el Instituto Nacional de la Vivienda, y después el resto de las principales funciones: educación, pensiones y sanidad. La educación fue asumida por el Estado, mientras que sanidad y pensiones fueron impulsadas por la Seguridad Social, creada en 1967 tras la entrada en vigor de la ley de bases aprobada en 1963. Este organismo se puede considerar como el embrión del futuro Estado del bienestar, que recibió un nuevo aunque modesto impulso en 1972, cuando se ampliaron los niveles de protección social. La creación de la Seguridad Social revela que la financiación de los gastos sociales sólo era posible al margen del presupuesto. Pero el modo en que ope raba introdujo nuevas perturbaciones en el funcionamiento de los mercados, ya que las mayores prestaciones sociales se hicieron con cargo a las cotizacio nes de empresas y trabajadores a la Seguridad Social. La naturaleza económi ca de estas cotizaciones las hace equivalentes a un impuesto sobre el empleo; impuesto que, a partir de 1967, se transformó rápidamente en el principal in greso de las administraciones públicas e hizo de la Seguridad Social un sub sistema fiscal. Estas cotizaciones sociales ejercieron cierta influencia negativa sobre las posibilidades de generación de empleo en la economía española, es pecialmente hasta 1977.

LOS AÑOS D E CRECIMIENTO D E L FRANQUISMO

393

Al margen de las cotizaciones a la Seguridad Social, apenas hubo noveda des en la estructura de los ingresos públicos, a pesar de las reformas de M. Navarro Rubio de 1957 y 1964. La reforma fiscal moderna fue la asignatura pendiente de los años finales del franquismo; existieron proyectos de reforma elaborados desde el Instituto de Estudios Fiscales por Enrique Fuentes Quin tana, pero no fueron aprobados hasta la llegada de la democracia. El sistema impositivo vigente en el franquismo era rígido y no se adaptaba al ciclo eco nómico; era profundamente regresivo en la distribución de la carga tributaria y proporcionaba escasos recursos para atender a las exigencias del gasto en una economía en crecimiento, necesitada de infraestructuras, capital humano y cohesión social. Sin embargo, no hubo déficit en la Hacienda —con la única excepción del año 1971— gracias a una gestión del presupuesto muy conser vadora, que se limitaba a ajustar los gastos a los ingresos disponibles.7 Esta insuficiencia de recursos seguramente tuvo efectos negativos sobre los factores de crecimiento, pero acaso también sobre las empresas, convertidas en el único ámbito de la lucha por la redistribución de la renta, con peijuicio para su equilibrio financiero en los años de la transición y la crisis. Ante la incapa cidad del Estado para redistribuir rentas de manera significativa, los esfuerzos de los trabajadores para participar en la creciente riqueza y bienestar colecti vos se centraron exclusivamente en las luchas por unos salarios nominales más elevados. De modo que la distribución directa de la renta efectuada en las empresas en torno a los salarios constituyó el objetivo básico de toda la lucha social para mejorar los niveles de vida, al contrario de lo que ocurría en los países desarrollados de economía mixta, donde buena parte de esa responsa bilidad recaía en el sector público, a través de un gasto creciente en bienes y servicios colectivos. El resultado de todo ello parece evidente: en España la empresa, además de un instrumento asignativo, fue la principal instancia de las luchas distributivas en los últimos sesenta y primeros setenta. El haber tenido que asumir este pa pel tuvo especiales costes a partir del inicio de la crisis, cuando se agudizaron las pugnas entre salarios y beneficios para no perder posiciones en un momen to en que había que transferir renta al exterior, como consecuencia de la eleva ción de los precios del petróleo. Esta situación se tradujo en un debilitamiento de la posición financiera de las empresas y en una espiral creciente de costes y precios que disparó la inflación. Por su parte, los últimos gobiernos franquis tas y los primeros no democráticos de la transición se limitaron a un compor tamiento adaptativo de creación de dinero para financiar las luchas redistri b u í vas lo que, en definitiva, alimentaba la inflación. Es importante destacar que el raquitismo de la Hacienda pública al final del franquismo fue resultado de una restricción elegida por el propio régimen, que prefirió convertirse en árbitro de la concesión de privilegios a través de la regulación, en lugar de llevar a la práctica una reforma fiscal, que habría in crementado la recaudación y, por consiguiente, los gastos económicos y socia les. Ya en los últimos años del franquismo existía una preocupación por el freno al crecimiento que suponía la escasa provisión de bienes públicos y por

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la necesidad de ampliar ias bases sociales del régimen mediante la amplia ción de ciertos programas de protección social. Pero, descartada la reforma fiscal —incompatible con los privilegios de quienes venían sustentando a Fran co desde la guerra civil—, cualquier intento de ampliación presupuestaria se topaba con un muro infranqueable: la falta de recursos y la ortodoxia presu puestaria. La modernización de la política fiscal quedaba como uno de los grandes problemas pendientes para la transición democrática.8

10.5 .

La p esad a h e re n c ia in s titu c io n a l d e l fra n q u ism o

En suma, la realidad de la estructura institucional de la economía española a la altura de 1975 puede sintetizarse en los siguientes rasgos. Por una parte tenemos un intervencionismo regulador particularmente intenso en los merca dos de factores productivos; el mercado de trabajo se caracteriza por fuertes rigideces y otro tanto se puede decir de los mercados financieros, en los cuales los tipos de interés eran meros precios administrados y los canales de finan ciación intervenidos por la autoridad eran la norma. Esto confería al sistema económico español una fuerte rigidez que resultaba especialmente contrapro ducente en momentos en que se necesitaba responder con prontitud a condi ciones de crisis de la economía internacional. Por otra parte, el proteccionismo y las ayudas oficiales habían mantenido en España actividades que no eran capaces de competir en mercados abiertos, debido a una ineficieneia que que daba enmascarada por la presencia del arancel protector. El crecimiento conti nuado exigía una integración progresiva en el ámbito de los países industriali zados y ello implicaba el reto de la desprotección, que el franquismo no podía acometer. El sector público tampoco era adecuado para un país que pretendía alinear se entre los industrializados. Una Hacienda obsoleta por rígida, poco eficiente ante el ciclo y escasamente equitativa, junto con el complejo entramado de in tervenciones mediante las que el Estado se empeñaba en tutelar y dirigir la eco nomía, ejerciendo una suerte de trasnochado paternalismo sobre los agentes económicos. Liquidar la herencia institucional del franquismo exigiría impor tantes esfuerzos a la economía española en la transición a la democracia.

LECTURA RECOMENDADA Enrique Fuentes Quintana (1988), «Tres decenios de la economía española en perspectiva», en J. L. García Delgado, dir., España. Economía, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 1-24.


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ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA Una visión general y muy completa de la evolución de la economía española de los sesenta, insertada en la interpretación de los orígenes de los cambios que se produje ron en este decenio y los efectos sobre los resultados económicos en los años de crisis de los setenta, es la que se presenta Enrique Fuentes Quintana (1988): «Tres decenios de la economía española en perspectiva», en J. L. García Delgado, dir., España. Economía, Madrid, Espasa-Calpe. En dicho capítulo se hace especial hincapié en el papel del Plan de Estabilización y Liberalización de 1959, explicando con detalle cómo se fraguó, con qué objetivos y cuáles fueron su implantación real y sus efectos sobre la economía española, En José Luis García Delgado, dir. (1999), España, Economía: ante el siglo xxi, Madrid, Espasa, obra que analiza de forma exhaustiva los diferentes aspectos sectoria les, institucionales y de política económica de la economía española en las últimas décadas, pueden encontrarse referencias actualizadas a lo sucedido en los decenios de los sesenta y setenta en todas las cuestiones mencionadas. Sobre la descripción del crecimiento español y el análisis de sus determinantes a largo plazo pueden consultarse los ya numerosos trabajos elaborados en la Fundación BBV/BBVA, entre los que sobresale por abarcar con más detalle el período que nos interesa Francisco Pérez, Francisco J. Goerlich y Matilde Más (1996), Capitalización y crecimiento en España y sus regiones, 1955-1995, Madrid, Fundación BBV De for ma más concreta, como referencia a los cambios fundamentales que se produjeron en el sector clave del desarrollo español en estos años, la industria, destaca el trabajo de Óscar Fanjul y Julio Segura (1977), Dependencia productiva y exterior de la economía española, 1962-1970, Madrid, Fundación del INI, Programa de Investigaciones Eco nómicas, Serie E n.° 10, que resume los hallazgos de otras obras sobre el tema. Por último, como aproximación al estudio del papel de la política económica y sus cambios en el período, la referencia fundamental es Manuel-Jesús González (1979), La economía política del franquismo, 1940-1970 (dirigismo, mercado y planificación), Madrid, Tecnos.

11. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA DEMOCRACIA (1976-2000) Luis Á n o e l Rojo Universidad Complutense

1 1 .1 .

La

in s t a u r a c ió n d e la d e m o c r a c ia .

C

a m b io d e r u m b o

EN LA POLÍTICA ECONÓMICA

El desarrollo y las transformaciones de la economía española a lo largo de los veinticinco últimos años (1976-2000) aparecen dominados por la instaura ción y la consolidación de la democracia, tras casi cuatro décadas de régimen autoritario, y por las consecuencias sociales y económicas alentadas por tan importante cambio político. La nueva democracia aspiraba a conducir a una sociedad más libre, flexible y justa, partícipe de las formas de pensamiento y de vida de los países avanzados, y se proponía impulsar una economía menos intervenida, más competitiva, eficiente y estable, más abierta al resto del mun do, y en especial al área de los países europeos que vivían un proceso de in tegración al que España deseaba incorporarse. El logro de esas aspiraciones requería cambios profundos y, por tanto, esfuer zos considerables teniendo en cuenta las condiciones de partida. La economía española mostraba un retraso importante respecto de los países europeos que la servían de referencia: su producto por habitante era, en 1976, un 20 por 100 inferior al de la media de los países comunitarios; arrastraba una tradición de intervencionismo y proteccionismo intensos —atenuada en la etapa de rápido crecimiento posterior al Plan de Estabilización de 1959— que dejaba una he rencia importante de distorsiones productivas y mercados rígidos; la sociedad española carecía, en fin, de convicciones firmes sobre las ventajas de la esta bilidad monetaria. Estos problemas iniciales se vieron agravados por las perturbaciones regis tradas en la economía mundial desde comienzos de los años setenta. Las polí ticas expansivas desarrolladas por Estados Unidos en la segunda parte de la década anterior acabaron conduciendo a la crisis del dólar, a la quiebra del sis

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tema monetario internacional establecido al final de la segunda guerra mun dial y a la flotación cambiada de las principales monedas; los movimientos de capitales que, saliendo del dólar, buscaban posiciones en divisas más estables, contagiaron los excesos de liquidez y las presiones inflacionistas procedentes de Estados Unidos a un buen número de países europeos que registraban, por su parte, tensiones salariales resultantes de los conflictos laborales desarrolla dos a partir de 1968; y todo ello propició el encarecimiento de numerosos alimentos y materias primas y, sobre todo y de modo más duradero, la multi plicación por cuatro del precio del petróleo en los mercados internacionales en 1973-1974. La crisis energética resultante ejercía efectos inflacionistas y, al mismo tiempo, efectos contractivos sobre las economías importadoras de crudos: im partía fuertes impulsos alcistas a sus precios y suscitaba reacciones de los agentes económicos para elevar sus rentas nominales en defensa de sus valo res reales; determinaba un grave deterioro de sus relaciones reales de inter cambio, como consecuencia del fuerte aumento relativo de los precios de im portación, que imponía una reducción de sus rentas reales disponibles para el gasto y causaba graves daños en sus balanzas de pagos por cuenta corriente; inducía un debilitamiento de la demanda mundial de bienes y servicios al tiem po que las alteraciones de los precios y costes relativos determinaban modifi caciones importantes en la estructura de dicha demanda y en las técnicas de producción más eficientes. La crisis energética tendía, en resumen, a estimular la inflación, dañar la balanza de pagos y reducir la producción, la demanda y el empleo, tanto más cuanto menos flexibles fueran los salarios reales ante el impacto general registrado. La irrupción de la crisis energética de 1973-1974 puso un brusco fin al pe ríodo de fuerte expansión que la economía mundial y, especialmente, las eco nomías europeas habían vivido desde 1950. En España, por su parte, los efectos negativos de la crisis fueron más intensos y persistentes que en la generalidad de los países industriales como consecuencia de una conjunción compleja de factores. En primer lugar, la débil base energética, el alto consumo de energía por unidad de producto y la elevadísima dependencia de las importaciones de petróleo hicieron que el impacto sobre los precios, la renta disponible para el gasto y el déficit exterior de la economía española fuera especialmente fuerte. En segundo lugar, la recesión mundial dañó las exportaciones y afectó dura mente a la inversión exterior directa, la emigración y el turismo, que habían desempeñado papeles de la mayor importancia en la anterior etapa de expan sión. En tercer lugar, el período de transición política y consolidación de la democracia, difícil y largo — sólo cerrado hacia 1982—, generó una incertidumbre inevitable en las expectativas de los agentes económicos; retrasó, mediante subvenciones, la repercusión del encarecimiento internacional de los productos petrolíferos sobre los precios interiores; presenció las presiones de las organizaciones obreras, en busca de legitimación en un nuevo marco insti tucional, que condujeron a fuertes aumentos de los salarios y los costes labo rales reales e impuso, en fin, límites estrictos a actuaciones estabilizadoras que

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA DEMOCRACIA

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pudieran entorpecer el clima de negociación entre las fuerzas políticas en con flicto que caracterizó a la transición española. Todo ello vino a dañar una estructura industrial aquejada de fuertes debili dades. La flexión de la demanda y los cambios en su estructura, la intensa ele vación de los costes energéticos y laborales y la rigidez de los mecanismos de ajuste condujeron a un veloz crecimiento del paro industrial al tiempo que desaparecía un número muy elevado de empresas de dimensión media y pe queña y otras de mayor entidad — entre ellas, bastantes empresas públicas— quedaban relegadas al ámbito de los «sectores en crisis» con un futuro incier to. La democracia inició así su camino en el contexto de una crisis económica profunda expresada en altas tasas de inflación, estancamiento productivo, fuerte déficit exterior y aumento intenso del desempleo. Los demás países europeos se habían enfrentado, en general, a problemas similares, aunque de menor intensidad, y habían encontrado graves dificulta des para salir de las situaciones de estancamiento con inflación en las que les había sumido la crisis energética. La mayoría de ellos continuaron practican do, inicialmente, políticas de corte keynesiano y se adentraron en complejas operaciones de ingeniería social que, por una parte, trataban de combatir la re cesión y defender el empleo mediante políticas de demanda acomodantes o abiertamente expansivas y, por otra parte, buscaban en políticas de concertación con los grandes grupos organizados de intereses —en especial, con los sindicatos— el logro de acuerdos de rentas que frenaran el crecimiento de los salarios, contuvieran la inflación y facilitaran los ajustes. Estas políticas concluyeron, sin embargo, en rotundos fracasos. En Europa, sólo Alemania, con su política restrictiva de demanda, y el grupo de países que mantenían sus mo nedas ligadas al marco de un modo formal o informal y que participaban, por tanto, de la disciplina de demanda alemana, consiguieron llegar al final de la década de los setenta con tasas de inflación moderadas; además, pudo obser varse que las economías con mejor ejecutoria en el terreno de los precios y los tipos de cambio eran también las que habían cosechado los mejores resultados en términos de producción y de empleo. No es, pues, de extrañar que, al concluir los años setenta, se registrara un giro importante de las políticas económicas tanto en Estados Unidos, que tam bién había practicado fórmulas keynesianas a lo largo de la década, como en la generalidad de las economías europeas, algunas de las cuales trataron de beneficiarse de los factores de estabilidad que irradiaban de la República Fe deral de Alemania ligando sus monedas al marco en el mecanismo de cambios fijos del Sistema Monetario Europeo creado en 1978. Se pensaba que la reduc ción de la inflación era la base más sólida para reanudar un crecimiento eco nómico sostenido; que el descenso de la inflación había de ser el resultado de unas programaciones financieras a medio plazo, estables y previsibles; que esas programaciones habían de incluir no sólo una política monetaria disciplinada, anunciada y firme, sino también un esfuerzo por reducir los déficit públicos que, al aumentar la credibilidad de aquélla, ayudase a reducir las expectativas inflacionistas, los tipos de interés nominales y reales y los grados de incerti-

400


dumbre de la economía. A todo lo anterior había que sumar un creciente es cepticismo respecto de las políticas de concertación social y de rentas, y un deseo de reducir las rigideces socioeconómicas a través de mercados más li bres y competitivos, menos intervenidos. Desde este giro en las ideas dominantes en la política económica, el nuevo encarecimiento de los precios del petróleo en 1979-1980 —que venía a re plantear necesidades de respuesta y ajuste cuando no se habían completado aún las derivadas del impacto anterior— fue recibido de un modo muy distin to que el de seis años atrás: la acomodación al nuevo impulso alcista de cos tes y precios fue mucho menor que en la anterior ocasión y las economías in dustriales se adentraron en los años ochenta con políticas monetarias de signo rectrictivo —que, sin embargo, no siempre fueron acompañadas por esfuerzos paralelos de consolidación fiscal— y con políticas que buscaban una mayor flexibilidad de los mercados. Las ideas de mayor estabilidad y liberalización de las economías también fueron abriéndose paso en España desde los últimos años setenta. Los Pactos de la Moncloa, en 1977, constituyeron el primer esfuerzo importante por abor dar la crisis económica tras las primeras elecciones generales democráticas y, en ellos, los objetivos de reforma y flexibilización de la economía eran al menos tan importantes como las actuaciones y los acuerdos propuestos para reducir una inflación que había alcanzado cotas insoportables. En los años si guientes, la política económica se esforzó por limitar los efectos negativos del nuevo encarecimiento del petróleo registrado en 1979-1980 —que triplicó los precios del crudo— con una actitud muy distinta de la mostrada ante la prime ra crisis energética. Sin embargo, la grave situación de la economía española requería, para corregir sus desequilibrios, ajustes duros que habrían de vencer obstáculos muy resistentes; y ello exigía tiempo y, sobre todo, un clima libre de las incertidumbres y los condicionamientos que acompañaron al proceso de cambio político. Sólo el éxito final de ese proceso permitió al país adentrarse, hacia 1985, en un largo período de normalización en el que se han registrado cambios sociales y económicos profundos y complejos, una rápida apertura de la sociedad y la economía al resto del mundo y un acercamiento progresivo a las formas de pensamiento, de producción y de vida de los países industriales, especialmente de los europeos. El hecho, por una parte, de que la generalidad de los países industriales es tuvieran moviéndose, en ese mismo período, hacia sistemas más libres, com petitivos, abiertos y estables y la coincidencia, por otra parte, de la deseada incorporación de España a la Comunidad Económica Europea con un nuevo impulso del proceso integrador —que se expresó en la firma del Acta Única Europea (1986), la construcción del Mercado Interior Comunitario en los años siguientes y la firma y aprobación del tratado de Maastricht (1993), cuyo tex to contenía el proyecto de creación de una Unión Económica y Monetaria—, fueron factores que estimularon los esfuerzos orientados a sanear, modernizar y hacer más estable la economía española en un proceso que hubiera sido más lento en otro caso.


401

Las distintas formaciones políticas que han ocupado el poder a lo largo del período —la Unión de Centro Democrático, desde 1977 hasta 1982; el Partido Socialista Obrero Español, desde 1982 hasta 1996, y el Partido Popular duran te los últimos años— diferían en sus concepciones político-económicas y go bernaron, desde ellas, adaptándose a las exigencias y las posibilidades deriva das de unos contextos cambiantes. Sin embargo, los resultados sucesivamente alcanzados — el éxito del proceso de cambio político y el giro hacia una nueva política económica, primero; los avances en la modernización y el bienestar social del país y la incorporación y adaptación a la Comunidad Económica Europea, después, y la conducción posterior de la economía hacia una senda de crecimiento con estabilidad que permitió su pronto acceso a la Unión Eco nómica y Monetaria— indican que, a pesar de las diferencias en criterios y enfo ques — existentes, aunque exageradas, con frecuencia, en el debate político— , se registró una coincidencia suficiente de objetivos básicos entre los grupos políticos que otorgó continuidad al proceso a través de las circunstancias cam biantes y, a menudo, difíciles del período.

11.2. 1976-2000:

u n p e r ío d o d e g r a n d e s t r a n s f o r m a c io n e s

EN LA SOCIEDAD Y LA ECONOM ÍA ESPAÑOLAS

(

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i

La economía española ha avanzado, en la etapa 1976-2000, abriéndose paso entre los efectos de importantes impactos —negativos, unos; positivos, otros— y a través de fluctuaciones cíclicas significativas. Conviene, sin em bargo, antes de entrar en un examen detallado de esa evolución compleja, pasar revista a las principales transformaciones sociales y económicas regis tradas en el conjunto del período. Los cambios sociales han sido muy importantes. La sociedad española, que mostraba un impulso demográfico fuerte y que era relativamente joven a principios del período, ha registrado, desde mediados de la década de los se tenta, descensos muy intensos en la tasa de fertilidad (hijos nacidos/mujeres en edad fértil) y en la tasa de natalidad, asociados al retroceso de la nupcialidad y a cambios profundos en las pautas familiares y culturales: entre el ini cio y el final del período, la tasa de fertilidad ha pasado del valor 2,8 al valor 1,1, inferior al requerido para garantizar el reemplazo generacional; la tasa de natalidad ha caído desde el 18,8 por 1.000 al 9,9 por 1.000, lo cual ha reduci do el crecimiento vegetativo de la población a la bajísima tasa del 1 por 1.000 en los últimos años, y esto, unido al persistente aumento de la esperanza me dia de vida, ha determinado un rápido proceso de envejecimiento de la pobla ción que ha de tener importantes consecuencias políticas, sociales y económi cas. Paralelamente, la sociedad que, al comenzar el período, estaba acogiendo el retorno de una parte considerable de la fuerte emigración española regis trada en los quince años anteriores, ha pasado, más tarde, a recibir una in migración extranjera significativa, en rápido crecimiento durante los últimos años.

402


La población total española se aproximaba, con tasas de avance vegetativo declinantes pero con la ayuda de la inmigración, a los 40 millones de habitan tes al llegar al año 2000. La población en edad de trabajar — es decir, con eda des de 16 a 64 años— ha crecido a un ritmo superior al de la población total durante el período; la tasa de actividad de dicha población, después de regis trar un retroceso desde mediados de los años setenta, en el largo período de baja coyuntura, inició una recuperación a finales de la década siguiente que la ha conducido a la cota del 65 por 100 frente al 59 por 100 inicial; en conse cuencia, la población activa —que es el resultado de aplicar la tasa de activi dad a la población en edad de trabajar— ha pasado del 43 por 100 al 45 por 100 de la población total entre el comienzo y el cierre del período. Hay que señalar que la elevación registrada en la tasa global de actividad se debe al aumento de la tasa de actividad de las mujeres, que ha pasado del 33 por 100 a la aún baja, en términos de comparaciones europeas, del 51 por 100 en el período, en re lación con las pautas asociadas al descenso de la tasa de fertilidad y con la mejora en el nivel de estudios de las mujeres; entretanto, la tasa de actividad masculina, situada inicialmente en el 85 por 100, descendió acusadamente desde mediados de los años setenta hasta finales de los ochenta, reflejando la debilidad del mercado de trabajo, y no se ha recuperado después, mantenién dose en niveles próximos al 78 por 100. Simultáneamente, la población es pañola ha mejorado considerablemente su nivel de cualificación debido a la extensión y la prolongación de los procesos educativos. Si el fenómeno de la mayor cualificación se aproxima atendiendo a las titulaciones, también aquí hay que destacar el efecto del rápido acceso de las mujeres al mercado de tra bajo: el porcentaje de mujeres incorporadas a la población activa con niveles de titulación a partir de la enseñanza secundaria superior era, al final del pe ríodo examinado, del 52 por 100 frente al 41 por 100 en los hombres. El producto interior bruto (PIB) de la economía española ha aumentado, en términos reales, un 89 por 100 entre los años 1975 y 2000; y la proporción del PIB per cápita español respecto del correspondiente valor medio de los países de la Unión Europea, en términos de poder de compra, ha pasado del 79 por 100 inicial al 83 por 100 al final del período. Sin embargo, el avance del producto en el conjunto de estos años ha tenido que abrirse paso a través de oscilacio nes coyunturales de notable intensidad: una larga etapa de recesión y estanca miento que se extiende desde 1974 hasta 1984; una fase de expansión cíclica que se inicia en 1985, alcanza un máximo en 1989-1990 y se desacelera des pués hasta dejar paso a un nuevo período de fuerte debilidad de 1992 a 1994; y, finalmente, una etapa de recuperación y expansión que, desde 1995, impulsa el avance de la economía hasta ya entrado el siglo xxi (véase el gráfico 11.1). Paralelamente, la conjunción, variable en el tiempo, de factores de demanda, estructura productiva, costes y demográficos, así como de factores institucio nales generadores de rigideces en el mercado de trabajo, ha determinado una notable dificultad de la economía española para generar empleo y combatir el paro durante una gran parte del período que estamos considerando (véase el gráfico 11.2). La tasa de paro sobre la población activa, que estaba situada ini-

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA DEMOCRACIA G r á f i c o 11 . 1. P r o d u c t o Ta sa s

in t e r io r b r u t o r e a l ,

d e v a r i a c i ó n in t e r a n u a l

403

1975 - 2 0 0 0 . ( f.n

po rc en ta je)

F u e n t e : IN E.

cialmente en torno al 4 por 100, registró un proceso de incremento que la lle vó a la elevadísima tasa del 22 por 100 — la más alta de Europa— en 1985; descendió después, en los años de expansión, sólo para situarse en un 16,4 por 100 en 1991 y ascender, de nuevo, hasta alcanzar un 24 por 100 en 1994, e inició, a continuación, una caída considerable y persistente en la fase posterior de crecimiento. ' Durante la etapa de recesión y estancamiento, 1976-1984, el PIB sólo cre ció un 14,4 por 100, en términos reales, y el empleo retrocedió un 16 por 100, con una pérdida de unos 2,2 millones de puestos de trabajo; en la etapa si guiente, que contiene una fluctuación cíclica completa y una fase posterior de expansión que sólo comenzaría a mostrar signos de agotamiento en el año 2001, el PIB avanzó un 65,5 por 100 y el empleo lo hizo en un 34 por 100, con una creación de casi cuatro millones de puestos de trabajo. En resumen, a través de etapas de signo tan dispar, la ocupación apenas registró una mejora del 13 por 100 en el conjunto del período 1975-2000 y, al concluir éste, sólo representaba un 56,4 por 100 de la población en edad de trabajar, proporción inferior en unos ocho puntos a la correspondiente media de la Unión Europea. La tasa de paro, por su parte, estaba situada en torno a un 14 por 100 de la po blación activa en el año 2000 —unos cinco puntos por encima de la tasa media comunitaria— y alcanzaba un 20 por 100 para los dos colectivos más negati-

4 04 G r á f ic o


11.2.

T asa

d e paro,

1975-2000

( en

p o r c e n t a je s o b r e p o b l a c ió n a c t iv a )

F u e n t e : IN E.

vamente afectados: mujeres y jóvenes. La persistencia del desempleo ha alar gado, por lo demás, la permanencia en la situación de paro: al cerrarse el perío do, un 46 por 100 de los parados se clasificaban como «desempleados de larga duración», es decir, llevaban un año o más buscando empleo. El paro ha sido, sin duda, el problema social y económico más doloroso y acuciante de la eco nomía española en los veinticinco años de referencia. El avance del PIB, en términos reales, ha tenido su origen principal, para el conjunto del período, en el aumento de la productividad media del trabajo, dado el modesto crecimiento del empleo. Sin embargo, dicha productividad continúa siendo relativamente baja, más de un 8 por 100 inferior al promedio de la Unión Europea: los diecisiete puntos porcentuales que, según hemos vis to, aún separaban el PIB per cápita español de la correspondiente cifra media comunitaria al concluir el período son atribuibles aproximadamente por mitad a la baja tasa de ocupación y a la modesta productividad por ocupado de nuestra economía. Además, el comportamiento de la productividad ha sido desigual, con una tónica descendente en su ritmo de avance a lo largo del período: su tasa de crecimiento fue considerable en la etapa inicial de estancamiento y rece sión para descender después hasta situarse en ritmos de avance muy débiles, inferiores al 1 por 100, en la segunda parte de los años noventa. Esta evolu ción de la productividad del trabajo ha tenido su origen en el comportamiento temporal de sus determinantes próximos: el avance de la relación capital/


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trabajo y la mejora en el grado de eficiencia de la economía —aproximada por la tasa de variación de la productividad total de los factores— . La relación capital/trabajo se elevó considerablemente en el primer decenio del período, con el fuerte retroceso de empleo y la sustitución de trabajo encarecido por capital, registró oscilaciones significativas a través de las fluctuaciones de la inversión productiva y el empleo en el ciclo 1985-1994 y entró más tarde, me diada la década de los noventa, en una etapa de semíestancamiento. También la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores se ha reduci do de modo apreciable, aunque con menor intensidad relativa. Ambos factores determinantes contribuyen así a explicar la modestísima tasa de avance de la productividad del trabajo desde 1995, pero en mayor medida el primero que el segundo. España ha progresado significativamente, en definitiva, en su proceso de convergencia con los países más avanzados del área europea; sin embargo, al concluir el período de referencia continuaba mostrando un retraso relativo considerable tanto en el grado de capitalización como en el nivel de eficacia de su economía. El flujo de inversión, privada y pública, sometido a fluctuacio nes intensas, ha elevado la relación capital físico/trabajo en tomo a un 80 por 100, en pesetas constantes, en el período, como expresión del esfuerzo por abordar nuevas actividades y nuevos métodos de producción más intensivos en capital, sustituir trabajo por capital y mejorar la dotación de infraestructu ras. A pesar de ello, el fondo de capital productivo privado físico por emplea do y el fondo de capital público físico por habitante aún eran, al final del perío do, un 19 por 100 y un 29 por 100 inferiores, respectivamente, a los valores medios de la Unión Europea. Otro tanto puede decirse del capital humano y del capital tecnológico: aunque es mucho más difícil encontrar, para ellos, in dicadores que permitan basar cálculos sobre sus niveles y variaciones en el tiempo y para realizar comparaciones internacionales, las estimaciones elabo radas para España indican que en uno y otro se han registrado avances impor tantes en el período de referencia, pero que en ambos persisten retrasos res pecto de la media de la Unión Europea y que ese retraso relativo es mucho más importante en el nivel tecnológico que en el capital humano. El progreso técnico puede llegar a un país desde el exterior a través de la importación de bienes de equipo que incorporen nuevas tecnologías, las inver siones directas, los contratos de transferencia de tecnología, etc.; o bien pue den ser el resultado de las actividades de investigación y desarrollo (I+ D ) realizadas en el propio país. En el caso español, el origen extranjero de la in novación tecnológica es muy importante, y lo es porque los gastos totales es pañoles en I + D, en proporción del PIB, son bajos y muy inferiores, desde lue go, a los correspondientes a la media de los países europeos —que son, a su vez, bastantes menores que los de Estados Unidos— . La atención prestada por las empresas españolas a las actividades de investigación y desarrollo es muy modesta —más de lo que podría justificarse por la alta proporción de empre sas de pequeña dimensión en el país— ; las empresas multinacionales, por su parte, muestran una escasísima propensión a desarrollar actividades de 1+D


406

C

uadro

1 1 .1 . D i s t r i b u c i ó n

del producto

Y DE LA POBLACIÓN OCUPADA

( p r e c io s

(EPA)

Población ocupada (EPA)

Producción (precios constantes)

Agricultura Industria Construcción Servicios Total

1975

1985

2000*

1975

1985

2000

6,7 30,8 9,4 53,1

5,4 24,8 7,3 62,5

4,5 23,4 8,3 63,8

21,9 28,0 10,0 40,1

17,4 24,1 7,4 51,1

6,8 19,9 11,0 62,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* Datos provisionales. Contabilidad Nacional Trimestral de España

F u en te:

constantes)

POR SECTORES PRODUCTIVOS

y

Encuesta de Población Activa.

en sus filiales españolas; el sector público, en fin, que atiende más, lógicamen te, a la enseñanza superior y a la investigación básica en sus propios centros y que trata de estimular el esfuerzo tecnológico privado, ha aumentado su bajo gasto en esta área durante el último decenio, pero está lejos de compensar la atonía del sector privado. El débil esfuerzo tecnológico de España —muy in ferior al que correspondería a su posición económica relativa— constituye uno de los más graves problemas para el futuro de su desarrollo. El debilitamiento del impulso inversor en capital productivo y el lento rit mo de avance de la eficacia económica desde mediados de los años noventa —es decir, en una fase de auge y de rápido crecimiento del empleo en la eco nomía española y que ha presenciado, además, una fuerte expansión en los sectores de alta tecnología en la generalidad de los países industriales— plan tea, al cierre del periodo de referencia, algunos interrogantes serios sobre el futuro de nuestra economía. Volveremos sobre ellos más adelante. El crecimiento económico registrado en el período 1976-2000 ha ido acom pañado de cambios importantes en la estructura productiva española. El cua dro 11.1 permite observar esos cambios a través de la distribución del PIB, en pesetas constantes, y de la población activa empleada entre los grandes sec tores productivos; la agricultura y la industria reducen sus participaciones respectivas en términos de producción y de empleo, la construcción mantiene aproximadamente las suyas y el sector de servicios aumenta fuertemente su peso en la economía atendiendo a ambos criterios de participación. El excedente declinante de población agrícola y la menor generación de empleo por los otros sectores productivos han reducido el ritmo del éxodo rural y moderado, por tanto, las migraciones interregionales en el período que esta mos examinando respecto de los veinticinco años anteriores. La población ac tiva agrícola ha seguido descendiendo, pero su desplazamiento hacia otros sectores sólo se ha intensificado en las fases expansivas del período; la restan


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te pérdida de activos hay que atribuirla, en gran medida, al alto ritmo de jubi laciones, fallecimientos, etc., de una población agrícola muy envejecida —que continuará envejeciendo aún más en los próximos años— . El descenso de la población activa en el sector y la fuerte elevación de los salarios en relación con los costes de los medios de producción alternativos han llevado, por una parte, a una intensa capitalización de la agricultura y, por otra, a la sustitución de bienes intermedios generados en la propia explotación por bienes adqui ridos de otros sectores (fertilizantes, piensos compuestos, etc.). Desde estos cambios en los medios de producción, la agricultura española ha incremen tado notablemente su producción y, por tanto, su productividad media del tra bajo en el período; ha mostrado una apreciable capacidad de adaptación a las variaciones en la estructura de la demanda — al importante descenso de la proporción que el gasto en alimentos representa en el presupuesto de los con sumidores; al desplazamiento de estos hacia alimentos de superior calidad (hortofructícolas, ganaderos) y hacia productos de la industria alimenticia res pecto de los cuales los agrarios son bienes intermedios— ; ha participado en el proceso de apertura de la economía española al exterior y ha buscado, con éxi to, una especialización en algunas de las líneas mas dinámicas del comercio internacional en productos agrarios. Además, la agricultura ha tenido que aco modarse, desde la incorporación de España a la Unión Europea, a las pautas — con frecuencia, variables e inciertas— marcadas por la política agrícola co mún, que han supuesto, en numerosas líneas, sustituir los objetivos de aumento de la producción por otros de contención o reducción de la misma para preve nir la generación de excedentes. Aunque la producción final agraria, en términos reales, ha avanzado en el tiempo, la renta agraria también expresada en términos reales — es decir, deflactada por el índice general de precios de los productos agrarios— ha mos trado una tendencia decreciente como consecuencia de la mayor compra de bienes intermedios a otros sectores, las mayores amortizaciones del capital y la evolución desfavorable de la relacipn entre precios percibidos y precios pa gados por la agricultura. Y esa tendencia se acentúa cuando la renta agraria se expresa en términos de poder general de compra sobre los bienes y servicios de consumo, porque los componentes no agrarios del índice general de pre cios de consumo se han encarecido más que los componentes agrarios en el período. Las subvenciones derivadas de la política agrícola comunitaria y las prestaciones de la Seguridad Social han permitido, sin embargo, en el último decenio, que esa tendencia se corrigiera parcialmente al pasar a la renta dispo nible total de los agricultores. El descenso del empleo ha hecho posible, en todo caso, que tanto la renta real como la renta disponible por persona ocupa da en el sector agrario mejorasen sustancialmente en el período; aunque son notoriamente inferiores a los correspondientes valores para el conjunto de la economía. El cuadro 11.1 ilustra el retroceso significativo de la industria dentro del conjunto de la economía, en términos de su participación tanto en el producto real como en el empleo, en el período 1976-2000. Si se desciende a los gran

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des componentes del sector, se advierte que el retroceso indicado se refiere a la minería y, en forma dominante, a las industrias manufactureras en tanto que el subsector energético ha mostrado una firmeza apreciable. El rápido avance de la economía española desde 1960 hasta mediados de los años setenta tuvo su motor básico en el desarrollo de la industria, que, en un clima de normalización progresiva tras los años de autarquía, interés ex tranjero por su potencial de crecimiento y fuerte expansión europea, amplió su participación en el producto total de la economía hasta alcanzar un 30,8 por 100 en 1975. Sin embargo, el intervencionismo y el proteccionismo condicio naron, en el período, las estrategias públicas y las decisiones empresariales privadas; las distorsiones productivas y el retraso tecnológico dominantes en el punto de partida y aún no corregidos plenamente y la dimensión inadecuada y las debilidades organizativas y financieras de muchas empresas nacidas al calor de la onda expansiva habían configurado una estructura industrial abun dante en debilidades. Y sobre esa estructura frágil vinieron a incidir —como ya hemos visto en el primer epígrafe de este trabajo— los efectos intensos de la crisis energética de 1973-1974, complicados con las dificultades derivadas del largo proceso de transición y consolidación de la democracia y prolonga dos por la nueva elevación del precio del petróleo en 1979-1980. La industria, acosada por la caída de las demandas interior y exterior, por las variaciones en la estructura de éstas en respuesta a los movimientos en los precios relativos, por los fuertes aumentos de los costes laborales y energéticos y por los consi guientes cambios deseables en los métodos de producción, entró en una fase de profunda y persistente debilidad, apenas atenuada por un aumento de la ac tividad exportadora que reflejaba el contraste, ya en la primera parte de los años ochenta, entre una paulatina mejora del comercio mundial y la atonía del mercado interior. El resultado más llamativo de todo ello fue un intenso aumen to del paro industrial, acompañado del cierre definitivo de muchas empresas. Sólo hacia 1984-1985 comenzó la industria a dar señales de que se estaba cerrando el durísimo ajuste registrado en respuesta a la crisis iniciada unos diez años antes. Sin embargo, un conjunto amplio de empresas industriales, con graves de sajustes productivos y pérdidas elevadas y persistentes, seguían arrastrando si tuaciones, a la larga insostenibles, merced al soporte del sector público bien porque se trataba originariamente de empresas públicas, bien porque, siendo empresas privadas al comienzo de la crisis, la incidencia de ésta había llevado a su nacionalización incorporándolas al Instituto Nacional de Industria, o bien porque venían recibiendo ayudas públicas a la reducción de sus plantillas y se beneficiaban de otras formas de intervencionismo o de protección. Sólo cuan do pudo considerarse cerrado el proceso de instauración y consolidación de la democracia se inició una política activa orientada a resolver los problemas de las empresas y los sectores «en crisis» atendiendo a su viabilidad a largo pla zo. En 1983 el Partido Socialista, con mayoría absoluta en el Parlamento, se sintió en condiciones de abordar una política de «reconversión industrial» que había de afectar a sectores como la siderurgia y la construcción naval y que


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implicaba inversiones para mejorar la estructura productiva de las empresas, ajustes de plantillas en condiciones pactadas y un esfuerzo por reasignar los recursos excedentes a sectores con mejores perspectivas. Esta política era inevi table, pero había de ser costosa en términos de recursos públicos y había de reducir el empleo en los sectores correspondientes, de modo que suscitó una fuerte oposición de los afectados, expresada básicamente a través de los sindi catos, que trataban de limitar las reducciones de plantillas, instrumentarlas en condiciones generosas y ampliar los recursos orientados a proporcionar em pleos alternativos a los trabajadores desplazados. El enfrentamiento del go bierno con los sindicatos — episodio de un proceso que iba a acentuar sus tonos en los años siguientes— tuvo consecuencias políticas negativas para los socialistas; y el esfuerzo del gobierno por limitar la intensidad de las tensiones hizo más costosa para los recursos públicos y más lenta la política de recon versión industrial. Sus resultados fueron, sin embargo, positivos para la es tructura productiva de la industria. La incorporación efectiva de España a la Comunidad Económica Europea, el 1 de enero de 1986, planteó un gran reto a la industria española. Además, los países miembros de la Comunidad firmaron, pocos meses después, el Acta Única Europea, que incorporaba el acuerdo de completar, para el 31 de diciem bre de 1992, la construcción del Mercado Interior Comunitario, un espacio de libre circulación de bienes, servicios y factores de producción; se trataba de estimular el ánimo decaído de las economías del área mediante el aumento de la competencia resultante de la eliminación del importante conjunto de fac tores —técnicos y sanitarios, administrativos, fiscales, financieros, etc.— que continuaban obstaculizando el funcionamiento de un verdadero mercado único en el ámbito de la Comunidad. De este modo, España hubo de cumplir los com promisos asumidos en su Tratado de Adhesión a la Comunidad, firmado en 1985, más los resultantes del acuerdo sobre la construcción del Mercado Inte rior Comunitario; y hubo de cumplirlos en un plazo breve, que se puede dar por concluido en 1993, y partiendo de un nivel medio de protección relativa mente elevado. El proceso de eliminación del proteccionismo supuso, por el lado de las importaciones, el pleno desarme arancelario ante los productos comunitarios y la adopción de la tarifa exterior comunitaria frente a terceros países (aceptando los acuerdos preferenciales que la Comunidad tenía suscri tos con otras áreas), la eliminación de los sistemas de comercio no liberali zado, la renuncia a otras prácticas administrativas de protección y la supresión, tras la introducción del IVA, de los ajustes fiscales en fronteras que encubrían recargos proteccionistas; e implicó, por el lado de las exportaciones, la reduc ción de los mecanismos administrativos, crediticios y fiscales que instrumen taban subvenciones encubiertas para favorecer las ventas al exterior. Tan fuerte reducción de la protección, coincidente con una fase cíclica ex pansiva y con una apreciación del tipo de cambio efectivo real —por razones que se examinarán más adelante—, determinó, en los primeros años que si guieron a la incorporación de España a la Comunidad, un avance muy rápido de las importaciones de manufacturas comunitarias en tanto que las exporta

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ciones industriales españolas mostraban un ritmo lento de evolución; la cober tura de la demanda interior de manufacturas por importaciones comunitarias se elevó muy rápidamente, a costa de la producción nacional, y el saldo exte rior del comercio de manufacturas se hizo fuertemente negativo, empeorando en casi todas las ramas de actividad. Sin embargo, las fuerzas liberadas por la apertura y la mayor competencia fueron desplegando paulatinamente sus efec tos: la industria fue mejorando su estructura productiva, su tecnología y su or ganización, y en ello desempeñó un papel muy importante el fuerte aumento de la inversión extranjera directa, que entró en múltiples sectores establecien do filiales, creando o colaborando en la creación de nuevas empresas y com prando y reestructurando empresas preexistentes —adquiriendo en algunos casos (locomoción) empresas públicas dentro del proceso de privatizaciones iniciado por el gobierno— . Mejorada su eficacia, superada la crisis europea de 1992-1993 y corregidos los problemas de competitividad derivados del tipo de cambio efectivo real, la industria española, en los años siguientes, acentuó sustancialmente su ritmo medio anual de crecimiento, elevó con fuerza la pro porción de su producción destinada a las exportaciones y éstas pasaron a avan zar a tasas reales superiores a las registradas por las importaciones correspon dientes y a ampliar sus cuotas de mercado en el exterior. Como se ha señalado anteriormente, la industria española ha reducido su participación en el producto real total de la economía en el período 1976-2000, siguiendo así una tendencia generalizada entre los países industriales. Tal re troceso ha afectado especialmente a las manufacturas y, dentro de éstas, a las ramas tradicionales de demanda y nivel tecnológico bajos —con excepciones como «alimentos, bebidas y tabacos»— que continúan siendo, sin embargo, el núcleo de nuestra industria; han mejorado, por el contrario, su participación las manufacturas de demanda y nivel tecnológico medios —sobre todo, el ma terial de transporte y la maquinaria y el equipo mecánico— y las de demanda y nivel tecnológico altos —principalmente, la maquinaria eléctrica y electró nica— . También en la espeeialización comercial, en el impulso exportador se ha observado un desplazamiento desde la gran mayoría de las ramas producti vas tradicionales hacia las de demanda y nivel tecnológico medio (con el auto móvil a la cabeza) e incluso hacia ramas de alta tecnología —aunque, en este último caso, su distanciamiento respecto de la producción europea es crecien te y su cobertura del mercado interior es muy baja— . Hay que advertir que el dinamismo de las ramas de actividad más avanzadas se debe, en buena medi da, a la importancia que en ellas ha tenido la inversión extranjera. En conjunto, a pesar de las mejoras registradas en la estructura, la eficacia y la competitividad de importantes sectores de la industria española en el últi mo período, ésta continúa en una situación de retraso respecto de la europea que se acusa especialmente en las ramas de actividad con demanda más diná mica y más altos requerimientos tecnológicos. El sector de la construcción alcanza, en España, participaciones elevadas en términos tanto del producto total, en pesetas constantes, como del empleo (véase el cuadro 11.1), superiores a las registradas en el promedio de la Unión

I.A ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA DEMOCRACIA

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Europea; y las ha mantenido, aproximadamente, en el conjunto del período que estamos examinando, a través de las fluctuaciones amplias que son carac terísticas de esta rama de la actividad: tras un decenio de fuerte expansión, se vio afectada por la contracción iniciada a mediados de los años setenta que la impuso un repliegue importante hasta la segunda parte de la década siguiente; participó, con vigor, en la expansión general posterior, impulsada por la cons trucción residencial, industrial y comercial y por el esfuerzo del sector público para mejorar las infraestructuras — especialmente de transporte— , ámbito en el que se ha conseguido reducir considerablemente la distancia que separaba a España de la media de la Unión Europea; finalmente, tras una inflexión en los años centrales de la década de los ochenta, la construcción entró en una etapa de intensa expansión —que ha durado hasta el presente— , más alentada por la inversión residencial que por la inversión en infraestructuras, que se ha visto limitada por el objetivo de reducción del déficit público. Algunas de las em presas constructoras más potentes han afianzado, por lo demás, su presencia en los mercados exteriores. Los servicios han aumentado fuertemente su participación tanto en el pro ducto total, en pesetas constantes, como en el empleo total de la economía es pañola en el período que estamos examinando (véase el cuadro 11.1). El sec tor, en su conjunto, ha crecido de un modo continuado y relativamente estable en estos años; y lo ha hecho a una tasa algo más alta en el subconjunto de los servicios no destinados a la venta — que incluye las administraciones públicas, la educación y la sanidad públicas y otros servicios sociales proporcionados por el sector público gratuitamente o a precios inferiores a sus costes de pro ducción— que en el subconjunto de servicios destinados a la venta. El avance de los primeros fue especialmente intenso en los años ochenta y en la primera parte de la década siguiente como consecuencia, principalmente, de la estruc turación del nuevo Estado de las Autonomías y del impulso que las activida des relacionadas con el Estado del bienestar recibieron de los gobiernos socia listas a partir de un nivel inicial muy modesto; posteriormente hubieron de moderar su crecimiento dentro del esfuerzo por reducir el déficit presupuestario. El sector de los servicios comprende un abanico de ramas de actividad muy heterogéneas que hacen difícil cualquier generalización. Hecha esta re serva, cabe decir que la mayoría de las actividades de servicios tienden a caracterizarse por una intensidad en trabajo relativamente alta, bajos niveles de capitalización y ritmos débiles de progreso técnico y, en consecuencia, por tasas lentas de avance de la productividad; y que, al mismo tiempo, han tendi do a ser actividades poco expuestas a la competencia exterior y protegidas de la competencia interior por su propia naturaleza y, con frecuencia, por la re serva de mercados a favor de monopolios públicos o monopolios u oligopolios privados y por intervenciones y regulaciones públicas; característica, esta se gunda, que se ha debilitado recientemente como resultado de las políticas de apertura económica, privatización de empresas y liberalización de mercados. En España, muchas ramas de los servicios responden a estas caracterís ticas: el sector, en su conjunto, ha venido mostrando una tasa media de ere-

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cimiento de la productividad baja, notablemente inferior a las registradas por la industria y la agricultura e inferior también a las observadas en los sectores de servicios de los principales países de la Unión Europea; y ha estado afectada por múltiples intervenciones y regulaciones limitadoras de la competencia que solo han comenzado a ceder a partir de los años ochenta. Las consecuencias de ello han sido importantes. En la medida en que los ritmos de avance de la productividad en los sectores más dinámicos de la economía permiten incre mentos salariales relativamente altos que influyen sobre los registrados en los servicios, donde el avance medio de la productividad es más bajo, los costes del trabajo por unidad de producto tienden a elevarse con rapidez en este últi mo sector, cuyas abundantes limitaciones a la competencia facilitan la trasla ción de los aumentos de los costes a los precios. Así ha ocurrido que, en Espa ña y para el período 1975-2000, el crecimiento medio anual del deflaetor de los servicios ha sido superior a los registrados por los deflactores correspon dientes a las otras ramas de actividad: un 10,3 por 100 en los servicios frente a un 10,1 en la construcción, un 7,8 en la industria y un ó por 100 en la agricul tura. Este encarecimiento relativo de los servicios - que se ha mantenido en los últimos años del período estudiado, cuando la economía española ha mos trado un clima de mayor estabilidad— hace del sector una fuente importante y persistente de tensiones inflacionistas, genera transferencias de renta a su favor y tiende a dañar la competitividad de otras ramas de actividad sometidas a la competencia exterior que se enfrentan con precios internacionalmente dados. Si se pasa a considerar las heterogéneas actividades comprendidas en el sector servicios, se observa que un grupo dominante de las mismas —casi un 70 por 100 del valor añadido bruto y un 80 por 100 del empleo del sector— corresponde a ramas con bajos ritmos de crecimiento de la productividad. Este grupo incluye, junto a los servicios no destinados a la venta, actividades como el comercio, los hoteles, restaurantes, cafés y bares, los alquileres de inmuebles, el transporte interior y los servicios de educación y sanidad para el mercado. El comportamiento de estos subsectores ha sido variado durante el período que examinamos: los servicios no destinados a la venta han aumenta do ligeramente su peso en el conjunto del sector — como ya se ha indicado— y también lo han hecho las actividades relacionadas con el turismo, en las que el avance de la productividad, aun siendo bajo, ha superado al registrado en los subsectores análogos de los principales países de la Unión Europea; por el contrarío, el comercio, con una participación muy elevada en el sector, ha re ducido su peso relativo como consecuencia de un proceso de reestructuración al que no es ajena la inversión extranjera directa. El resto de los servicios, que incluyen las comunicaciones, las instituciones financieras, los servicios a em presas y el transporte aéreo y marítimo, muestran un mayor dinamismo poten cial, un nivel tecnológico superior y unas tasas de incremento de la productivi dad más altas que la media del sector. Sin embargo, su evolución ha venido siendo poco alentadora: los servicios de informática y comunicaciones, un área de gran importancia para el futuro de la economía y de la sociedad, tienen un peso relativo notoriamente más bajo en España que en la Unión Europea y su


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retraso ha tendido a aumentar con la aceleración tecnológica de la última dé cada; los servicios a empresas han incrementado su importancia relativa, favo recidos por el proceso de «extemalizaeión» de servicios seguido por aquéllas, pero su avance también ha sido inferior al esperado. Un caso especial es el de las instituciones financieras: sometidas, durante décadas a un intervencionis mo riguroso que hizo de ellas instituciones pesadas, atrasadas e ineficientes, el intenso proceso de desregulación desarrollado a lo largo de los veinticinco años examinados ha introducido elevados grados de libertad y competencia que han llevado a una transformación del ámbito financiero y a una mejora de la eficiencia de sus instituciones. En resumen, de los servicios puede decirse, como de la industria, que, a pesar de los avances registrados, tiende a persistir un desarrollo insuficiente en el ámbito de las ramas de actividad potencialmente más dinámicas como consecuencia, principalmente, del modesto nivel tecnológico del país y de los efectos generados por las intervenciones limitadoras de la competencia, que, en el caso de los servicios, han tendido a replegarse ante las políticas flexibilizadoras de los mercados introducidas con más retraso y con mayores vacila ciones que en el caso de la industria. La apertura a la competencia exterior y el reforzamiento de la interior han sido las principales fuerzas impulsoras de las transformaciones de la economía española en el período 1976-2000. Se trata de un proceso de extraordinaria importancia que ha llevado la economía española — a ritmos distintos en dife rentes etapas y con presiones desiguales sobre los diversos sectores— desde una situación dominada por el proteccionismo y las intervenciones hasta unos grados de competencia similares, en general, a los que registran hoy los prin cipales países europeos; aunque éstos no sean siempre una referencia satisfac toria a estos efectos. El proceso de apertura a la competencia se inició en el ámbito del comer cio exterior y avanzó como consecuencia y en relación con sucesivos compro misos internacionales asumidos por España. Cabe fijar su punto de partida en el Plan de Estabilización y en los consiguientes compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional y la OCDE en 1959; vinieron, después, el Acuerdo Preferencial firmado con la Comunidad Económica Europea en 1970 y la extensión de los beneficios del mismo a los países miembros de la Asocia ción Europea de Comercio Libre en 1979, y a ellos hay que añadir las conse cuencias de la participación española en las sucesivas rondas del GATT. Todos esos pasos condujeron a un avance paulatino pero importante en la liberaliza ción del comercio y en la reducción del proteccionismo que sobre él pesaba. Sin embargo, la aceleración definitiva del proceso llegó con la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad de 1985, por el que España asumía unos com promisos de desprotección comercial que habría de cumplir en un período transitorio de siete años y a los que vinieron a sumarse — como ya sabérnos los derivados del acuerdo comunitario de 1986, orientado a completar el mer cado interior antes de que concluyera el año 1992. España cumplió estos com promisos con holgura, en los plazos previstos, de modo que, en 1993, había

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concluido con éxito una etapa acelerada de apertura comercial que implicaba una liberación muy intensa del comercio de bienes, exceptuados los afectados por la política agraria común y algún bien industrial, como el carbón. Las ma nufacturas ñieron el sector más afectado por este rápido proceso de desprotec ción: las importaciones de bienes comunitarios elevaron inmediatamente su presencia en el mercado español, compitiendo en precios y calidades y cu briendo un porcentaje rápidamente creciente de la demanda interior, mientras las manufacturas españolas se replegaban y no acababan de abrirse paso, con firmeza, en los mercados exteriores; pero ya hemos visto que esta situación sólo persistió un quinquenio, pasado el cual, la mejora en la eficiencia de las empresas —con las limitaciones que ya se han indicado— impulsó al alza el ritmo de crecimiento de las exportaciones hasta situarlo por encima de los correspondientes a las importaciones y al comercio mundial. El gráfico 11.3 permite intuir el fuerte avance en el grado de apertura exterior de la economía española a través del comercio, tomando como indicador el porcentaje que la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios representan sobre el PIB: dicho indicador ha pasado del 29,2 por 100 en 1975 al 62,2 por 100 en el año 2000, registrando los incrementos más fuertes tras la incorpora ción de España a la Comunidad; en la cual se han concentrado notablemente las corrientes españolas tanto de exportación como de importación. La apertura exterior de la economía en el ámbito financiero ha tenido asi mismo una gran importancia y aparece articulada con el intenso proceso de liberalización del sistema financiero nacional, cuyo impulso ha sido funda mentalmente interior, aunque relacionado con la evolución registrada en los principales países industriales. Tras la quiebra del sistema cambiario estable cido en los acuerdos de Bretton Woods, un buen número de países inició un proceso de liberalización progresiva de los movimientos de capitales que, uni do a las innovaciones financieras facilitadas por los avances tecnológicos en las áreas de la información y las comunicaciones, ha conducido a la interco nexión creciente de unos sistemas nacionales más libres y al avance, a medida que el proceso se extendía, hacia la globalización financiera. España, al co mienzo de esos desarrollos, estaba en una situación muy atrasada: su sistema de control de cambios era muy estricto, sólo las importaciones de capital a lar go plazo recibían un tratamiento relativamente liberal y su sistema financiero nacional —dominado por los bancos— estaba sometido a toda clase de inter venciones en cuanto a su estructura institucional, las operaciones e instrumen tos que podía utilizar cada tipo de instituciones, los precios practicados y el destino de una parte importante de sus recursos. Los últimos años setenta pre senciaron el inicio de un proceso de flexibilización paulatina del control de cambios que se hizo abiertamente liberalizador a partir de 1985 y que llevó, finalmente, a la liberalización plena de los movimientos de capitales, en todos los plazos, en febrero de 1992. Paralelamente, en la década de 1970 se abrió un largo período de reformas internas que, adaptándose, primero, a los reque rimientos de una política monetaria renovada y siguiendo, después, las líneas esbozadas en los Pactos de la Moncloa, han llevado a la introducción de dosis

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA DEMOCRACIA G

r á f ic o

11.3.

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d e a p e r t u r a d e la e c o n o m í a ,

415

1975-2000)

(X + M EN PORCENTAJE DEL P I B )

Fuente: B an co de E spaña.

crecientes de libertad, apertura y complejidad en el sistema monetario y finan ciero. Ha sido un proceso largo, no exento de retrocesos luego superados, y afectado por problemas como la crisis bancaria de 1978-1985 — consecuencia de la distensión de los controles que habían bloqueado la competencia bancaria durante cuarenta años— ; pero sus resultados han sido claramente favorables. En el resto del sector de servicios, a menudo poco expuestos a la compe tencia exterior y protegidos de la competencia interior por su propia natura leza, por la reserva de mercados a favor de monopolios u oligopolios y por intervenciones y regulaciones públicas, las políticas de liberalización han avanzado, en general, con retraso y con menor intensidad que en los mercados de bienes. El impulso exterior ha sido más débil que para estos últimos por las características de muchos servicios y también porque los avances efectivos de la Unión Europea en la liberalización de los servicios, aunque significativos en algunos campos, han sido bastante limitados. El impulso interior aparece ligado a la política de privatizaciones y a la política de liberalización de mer cados en sentido estricto. Las privatizaciones —que han afectado tanto al sec tor de bienes como al de servicios— se iniciaron en los años ochenta, con tinuaron en la década siguiente y se intensificaron a partir de 1996, tras la llegada del Partido Popular al gobierno. Para lograr un buen funcionamiento de los mercados no basta, sin embargo, con la privatización de empresas pú

416


blicas: se requieren políticas activas de liberalización y desregulación, y el de sarrollo de estas últimas se inició tarde y ha progresado, después, de un modo desigual, con avances pero también con retrocesos. En los años ochenta, las medidas más importantes fueron la liberalización de los alquileres y de los ho rarios comerciales —esta última, desvirtuada diez años después— ; pero el im pulso principal sólo se inició en los primeros años noventa como reacción ante el distinto comportamiento de los precios de los servicios y de los productos industriales, resultado, en buena medida, de la muy diversa presión competiti va que venían registrando uno y otro sector. Así, las políticas de liberalización avanzaron considerablemente en los años siguientes en ámbitos tales como las telecomunicaciones, los transportes aéreo, marítimo y por carretera, los cole gios profesionales, los servicios funerarios, etc., que, junto con el sector eléc trico y el gas, permiten ofrecer un panorama razonable de desregulación en la década de 1990. A pesar de este avance netamente positivo, las políticas de liberalízación de los servicios no han conseguido entrar en algunos sectores o lo han hecho de modo insuficiente, e incluso han registrado retrocesos acorda dos en ocasiones. En cuanto a los mercados de factores de producción, la amplia liberaliza ción del mercado de capitales, en el sector financiero, contrasta agudamente con el cerrado intervencionismo que pesa sobre el suelo urbano. A pesar de la importancia de este ámbito y de las consecuencias nefastas que derivan de la actual situación, la liberalización del suelo urbano no ha conseguido avance alguno debido, básicamente, a la oposición de los ayuntamientos, cuya finan ciación depende, en buena medida, de la persistencia del régimen actual. La flexibilización del mercado de trabajo ha sido uno de los temas más debatidos a lo largo del período. La insuficiencia de la demanda agregada y las variaciones en su estructura; diversos factores demográficos — el fuerte aumento de los jóvenes en buena parte del período como consecuencia de alta natalidad en las décadas precedentes, el rápido proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el cambio de sentido en las corrientes migratorias con el exterior—; la modernización de la agricultura, la frágil es tructura industrial heredada del pasado y los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo por razones de movilidad o de cualificación son factores que, con una configuración variable en el tiempo, han contribuido a la genera ción de altas tasas de desocupación en el período; pero a ellos hay que añadir las características institucionales del mercado de trabajo expresadas, princi palmente, en una elevada rigidez en la evolución del nivel y la estructura de los salarios y los costes laborales, altos costes de despido y modalidades poco flexibles de contratación. El sistema de relaciones laborales legado por la dic tadura franquista, caracterizado por un reglamentismo cerrado, la negación de libertades sindicales y —como pretendida compensación— una fuerte protec ción del empleo, era incompatible con una sociedad libre y democrática y con el buen funcionamiento de una economía de mercado eficaz, competitiva y ge neradora neta de empleo. Sin embargo, si bien la transformación del sistema en su aspecto político-institucional pudo darse por concluido dentro del perío


417

do de instauración y consolidación de la democracia, su adaptación, desde el punto de vista de sus consecuencias económicas y de empleo, ha requerido un largo y difícil proceso de reformas que aún sigue abierto en aspectos impor tantes. Los esfuerzos por flexibilizar el sistema han centrado principalmente su atención en la reducción de las rigideces de un esquema que, pretendiendo de fender el empleo estable mediante las restricciones impuestas a los contratos de trabajo distintos de los de tiempo completo y duración indefinida y a través de elevados costes de despido, conducía, de hecho, a consecuencias opuestas a las deseadas: desalentaba la creación de puestos de trabajo en las etapas ex pansivas, llevaba al cierre de empresas ante la dificultad y el alto coste de los ajustes de plantillas en la fases de recesión y reforzaba la capacidad de los tra bajadores empleados y protegidos en su empleo para imponer salarios mas al tos en perjuicio de los aspirantes a un puesto de trabajo. La reforma de 1984 se propuso abordar el problema a través de la flexibilización de las formas contractuales de acceso al empleo; y así nacieron los contratos temporales de fomento del empleo —libres de la anterior exigencia de causa justificada para su celebración— y los contratos de prácticas y de formación que, junto a los contratos a tiempo parcial y los de obra y servicio, ampliaban considerable mente el abanico de contratos disponibles. Nada se avanzó, sin embargo, en cuanto a la simplificación y el abaratamiento de los despidos en la contrata ción por tiempo indefinido. La reforma fue muy mal recibida en el ámbito sindical y pasó a constituir uno de los motivos básicos del creciente enfrenta miento de los sindicatos con el gobierno socialista en aquellos años, expresa do en una importante actividad huelguista que culminó en la huelga general de diciembre de 1988. Para los empresarios, por el contrario, la nueva forma de contratación temporal resultaba muy atractiva, dados los altos costes del des pido de los trabajadores con contratos de duración indefinida; de modo que los contratos temporales avanzaron con gran rapidez —hasta alcanzar un tercio del total de contratos de trabajo existentes en un período breve de tiempo— y contribuyeron, sin duda, a la fuerte mejora del empleo registrada durante la etapa de expansión de 1986 a 1991. Sin embargo, la recesión posterior de 1992 a 1994 llevó a una elevación muy rápida del paro que mostró la inestabi lidad del empleo creado. La reforma de 1994 derogó una buena parte de las ordenanzas laborales e intentó reducir el exceso de temporalidad reorientando la contratación temporal hacia sus causas justificativas y marcando un tímido avance en la reducción de las dificultades y los costes de despido de los traba jadores con contrato indefinido. Posteriormente, el gobierno del Partido Popu lar, surgido de las elecciones generales de 1996, decidió dejar en manos de los representantes de empresarios y sindicatos la continuidad en la misma línea de reformas; y así se alcanzó el importante Acuerdo Interconfederal por la Esta bilidad en el Empleo, de 1997, que, al tiempo que establecía limitaciones a la contratación temporal, introdujo el contrato para el fomento de la contratación indefinida, un contrato abierto a quienes tenían contrato temporal y a grupos de población a quienes se deseaba favorecer (trabajadores de dieciocho a vein-

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tinueve años, mayores de cuarenta y cinco años, parados de larga duración y minusválidos) y que contemplaba, para ese tipo de contrato, unos costes mo derados en las indemnizaciones por despido. Además se suavizaban las condi ciones requerida para calificar un despido como procedente. Los acuerdos al canzados, inicialmente concebidos para un período transitorio de cuatro años, han alcanzado un carácter definitivo en el año 2001, al tiempo que se hacían más flexibles los contratos a tiempo parcial. El avance logrado en estos acuer dos es considerable, aunque seguramente insuficiente; pero su aspecto más importante es que se hayan alcanzado por la libre voluntad de las partes, lo cual indica una mayor conciencia, por parte de éstas, de los efectos negativos para el empleo de los altos costes de despido. Mucho menores son los logros de la política de flexibilización por lo que se refiere a la negociación colectiva. Cerrado en 1985 el período en que se buscó la moderación salarial a través de acuerdos de concertación de ámbito nacional, cobraron protagonismo creciente los convenios colectivos en los que la atención de las partes se centraba en la negociación salarial y en los que ésta se desarrollaba, normalmente, en el ámbito sectorial y a un triple nivel sucesi vo: nacional, territorial y de empresa. Esta negociación «en cascada», en la que cada convenio establece mínimos mejorables en un convenio de nivel inferior, ha tendido a introducir un sesgo al alza en la determinación de los salarios, a limitar las opciones en las condiciones de trabajo abiertas a los trabajadores en los niveles empresariales de negociación y a impedir que las negociaciones se adapten a las circunstancias de cada empresa. A partir de la reforma de 1994, y con mayor intensidad en 1997, se ha tratado de mejorar la autorregu lación de las relaciones laborales, de otorgar más protagonismo a la negocia ción colectiva, ampliando el posible ámbito de decisión de las partes, y de or denar y simplificar el complejo sistema de negociación. Lo conseguido hasta ahora es, sin embargo, bastante limitado. En resumen, la flexibilidad laboral ha avanzado apreciablemente a lo largo del período, pero continúa siendo un problema abierto frente a los requeri mientos de un mundo en rápido proceso de avance tecnológico y de internacionalización de la economía. Para concluir esta visión abocetada de las principales transformaciones sociales y económicas del período 1976-2000 es necesario hacer referencia a las mejoras introducidas en el ámbito de las políticas de protección social y bienestar. Mientras la mayoría de los países europeos habían reforzado, ampliado y estructurado sus políticas y sistemas de seguridad social desde el final de la segunda guerra mundial, el régimen de protección social español había arras trado un retraso profundo: era corto en sus prestaciones, heterogéneo y limita do en las contingencias cubiertas, no respondía a un sistema y distaba de cual quier interpretación del principio de universalidad. Aunque desde mediados de los años sesenta se había iniciado la universalización de la seguridad social y se habían elevado los gastos en sanidad y educación, la proporción de los gastos públicos sociales sobre el PIB en España era, a mediados de los años


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setenta, escasamente la mitad de la correspondiente proporción en el prome dio de los países de la Comunidad Económica Europea. Del esfuerzo realizado en este ámbito durante el período de veinticinco años que estamos examinando dan buena idea unas cifras básicas correspon dientes al inicio y al final del mismo. En 1975 los gastos públicos sociales se situaban en el 17,5 por 100 del PIB — seguridad social, 9,9; sanidad, 3,7; edu cación, 3,9 por 100— ; en el año 2000, dicha proporción alcanzaba el 22,4 por 100 del PIB —seguridad social 13,0; sanidad 5,1; educación 4,3 por 100— . Aunque estas cifras no ofrecen información sobre los grados de eficacia y de equidad del sistema desarrollado y aunque las comparaciones internacionales cuantitativas tienen una significación limitada en este ámbito, no cabe dudar del esfuerzo desplegado en el período, que ha llevado a la universalización de las pensiones, la sanidad y la educación y ha permitido sacar al sistema espa ñol de protección social y bienestar de su situación de debilidad inicial y con ducirlo a una posición comparable con la de los demás países europeos. Ese esfuerzo no ha respondido, sin embargo, a un ritmo uniforme a lo lar go del período. En la etapa de transición y de consolidación de la democracia, el clima político y la crisis económica llevaron a un crecimiento muy fuerte de los gastos sociales, que pasaron del 17,5 por 100 sobre el PIB en 1975 al 21,2 por 100 en 1981, impulsados básicamente por el avance de las pensiones y las prestaciones por desempleo; paralelamente, las cotizaciones sociales estable cidas para financiar la seguridad social pasaron del 9,2 por 100 al 12,9 por 100 del PIB entre esos mismos años. El rápido avance de los gastos sociales fue un factor de primera importancia en el aumento del déficit público en el período al tiempo que el nivel alto y creciente de las contribuciones sociales actuaba como elemento encarecedor de los costes laborales. Pensiones, prestaciones de desempleo y gastos en sanidad y educación continuaron aumentando en los años siguientes aunque, en su conjunto, a un ritmo menor que en el quinque nio precedente e inferior al registrado en el gasto público total; pero al con cluir la década de los ochenta y en los primeros años noventa se registró una nueva expansión muy intensa de los gastos públicos sociales. El Partido So cialista, a su llegada al poder tras las elecciones generales de 1982, hubo de enfrentarse con una situación económica muy difícil que le llevó a buscar los reajustes de la economía a través de la moderación salarial, una política mone taria restrictiva, la contención del déficit público, la reconversión industrial, etc., ante la próxima incorporación de España a la Comunidad. Esta política se en frentó con la oposición abierta y creciente de los sindicatos, que, especialmen te desde el ingreso en la Comunidad y el inicio de una coyuntura alcista, aspi raban a una redistribución de la renta a través de incrementos en los salarios reales, políticas de demanda más expansivas, limitaciones a la contratación temporal, elevaciones de las pensiones y mayores prestaciones por desempleo. Esta oposición se expresó en una agitación laboral creciente que culminó en la huelga general de diciembre de 1988, ya citada, convocada por todas las gran des centrales sindicales y que, tomando como ocasión un proyecto de ley para fomentar el empleo juvenil, se proponía imponer un «giro social» a la política

420


del gobierno. El éxito de la huelga general, el retroceso del Partido Socialista en las elecciones generales de octubre de 1989 y también el error de quienes tomaron la reducción del déficit y la mejora de los ingresos públicos resultan tes, en buena medida, de la expansión económica de aquellos años como me joras estructurales y no meramente coyunturales, acabaron llevando al gobierno a importantes cesiones en la política social y de bienestar: las fuertes mejoras, en amplitud y en cuantía, de las pensiones (contributivas y no contributivas), la importante extensión de la cobertura de las prestaciones por desempleo y la universalización efectiva de la sanidad fueron los aspectos principales de un fortísimo crecimiento de los gastos públicos sociales cuyo peso conjunto sobre el PIB pasó del 21,7 por 100 al 25, por 100 entre 1988 y 1993, contribuyendo decisivamente a llevar el gasto público total hasta su cota máxima del 47 por 100 sobre el PIB en el último año indicado. Por deseables que fueran los obje tivos perseguidos, la economía española no estaba en condiciones de digerir, sin graves problemas, un crecimiento tan intenso y rápido de los gastos socia les, como se puso de manifiesto cuando la coyuntura alcista cedió en 1992. Así que no es de extrañar que dichos gastos se vieran sometidos a una política de contención en los años siguientes, hasta situar su proporción sobre el PIB en la zona del 22,4 por 100 al concluir el período que estamos examinando. Por lo demás, el futuro de los actuales sistemas de pensiones en sociedades abocadas a procesos persistentes de envejecimiento de sus poblaciones y el fortísimo crecimiento de los gastos públicos sanitarios plantean, tanto en Es paña como en otros muchos países europeos, la necesidad de introducir refor mas que, abordando estos problemas, impidan llegar a situaciones financieras insostenibles en horizontes temporales no muy lejanos.

11.3. El

LARGO CAM INO HACIA EL CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD

Examinaremos ahora el complejo proceso que, abriéndose paso a través de muchas dificultades, ha logrado finalmente llevar la economía española a una senda de crecimiento con grados razonables de estabilidad monetaria y finan ciera. Utilizaremos, para ello, las políticas macroeconómicas —monetaria y presupuestaria— como hilos conductores que permitirán articular muchas de las piezas a las que se ha hecho referencia en los epígrafes anteriores. Ya hemos visto, en el primer epígrafe, que los graves impactos provocados por la crisis energética de 1973-1974 sorprendieron a España en una posición débil. En el ámbito de los precios, las entradas de capitales inducidas por las perturbaciones monetarias internacionales de los primeros años setenta habían venido a alentar la expansión monetaria y las tensiones de precios de la econo mía española, que había entrado en la década con una tasa de inflación, medi da por los precios al consumo (IPC), cercana al 8 por 100. Estas tensiones se vieron exacerbadas por los efectos, directos e indirectos, del encarecimiento del petróleo sobre los precios interiores y por las reacciones de los trabajado res que trataron de mantener e incluso de incrementar sus salarios reales frente

421

LA E C O N O M ÍA E S PA Ñ O L A EN LA D E M O C R A C IA

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* ALP: Activos líquidos en manos del público; ** IPC: índice de precios al consumo. Fuente:

INE y Banco de España.

al alza de los precios. Así, los mayores costes de la energía y el rapidísimo aumento de los costes laborales —en los que a las subidas salariales vino a aña dirse el efecto de unas contribuciones a la Seguridad Social altas y crecientes— ,impulsaron una aceleración intensa de la tasa de inflación que, medida por el IPC, alcanzó un 16,9 por 100 en 1975 y llegó a la cota máxima del 24,6 por 100 en 1977, año de las primeras elecciones generales democráticas (véase el grá fico 11.4). En el ámbito de la producción y el empleo, las empresas, aqueja das, a menudo, por debilidades iniciales de estructura, enfrentadas, de un lado, con la atonía de la demanda resultante de la crisis energética y, de otro, con un avance muy intenso de los costes reales, se adentraron, a partir de 1975, en un período de contracción de la inversión productiva y de avances muy débiles de la producción que había de durar unos diez años. La tasa de paro, por su parte, inició una rápida marcha ascendente que las reglamentaciones de pro tección del empleo no podían detener: por el contrario, las dificultades admi nistrativas y los altos costes del despido hicieron que muchas empresas, en lu gar de ajustar a la baja sus plantillas, tuvieran que cerrar sus actividades con la consiguiente pérdida de capacidad productiva. Las políticas macroeconómicas poco o nada pudieron hacer, hasta 1977, para moderar los desequilibrios generados. En el terreno de la política mone-

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taria, el Banco de España había iniciado, en 1973-1974, un conjunto de refor mas orientadas a recuperar un control activo de la liquidez del sistema a través de mecanismos de mercado —control antes imposible con los escasos instru mentos disponibles—, al tiempo que la peseta se incorporaba al régimen cambiario de flotación de monedas en 1974. El Banco de España adoptó un esque ma de política monetaria que aspiraba a afectar a ia demanda agregada de bienes y servicios a través de la regulación de la tasa de crecimiento de la can tidad de dinero y que se proponía adaptar la evolución de esta última a una tasa-objetivo actuando sobre los activos de caja del sistema bancario mediante operaciones de inyección o detracción de liquidez instrumentadas en el mer cado interbancario. El nuevo esquema era prometedor, pero su buen funciona miento —la transmisión adecuada de la tónica de la política monetaria al con junto de la economía— requería una liberalización progresiva del sistema bancario; y los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición ha cia la democracia no eran favorables para la introducción de cambios impor tantes en el sistema financiero, como tampoco lo eran para proponer a los nue vos mecanismos monetarios unos objetivos ambiciosos orientados a frenar el proceso de inflación dominante. La política monetaria habría de esperar al pri mer gobierno democrático salido de las urnas para iniciar el desarrollo de un papel activo en la economía. En el terreno presupuestario, por su parte, el Estado franquista, cuyo inter vencionismo llegaba a los más variados ámbitos de la economía, mantenía, sin embargo, unos niveles de gastos e ingresos públicos muy modestos y aproxi madamente equilibrados, cuyas proporciones sobre el PIB eran muy inferiores a las registradas en el promedio de los países europeos a mediados de los años setenta. Esta situación cambió bruscamente a partir de 1975, cuando el gasto público, en respuesta a la crisis económica y a las presiones de la transición política, inició un crecimiento muy fuerte — impulsado, principalmente, por los gastos sociales y los subsidios y transferencias a empresas— que había de llevar su proporción sobre el PIB desde el 25,5 por 100 en dicho año hasta el 35,8 por 100 en 1982. Los ingresos públicos, por su parte, que eran la expresión de un sistema fiscal obsoleto, rígido y falto de equidad, necesitado de una reforma profunda y urgente, avanzaron a un ritmo más lento que los gastos, de modo que el aproximado equilibrio presupuestario de mediados de los años setenta dejó paso a un déficit público creciente. El gobierno de UCD, constituido tras las elecciones generales de 1977, ela boró pronto un programa de saneamiento y reforma económica para abordar la crisis. Proponía un conjunto de actuaciones inmediatas —monetarias, cambia rías y de política de rentas—, una reforma del sistema fiscal y de la adminis tración tributaria, la reforma del marco de las relaciones laborales y un pro grama de actuaciones, a medio y largo plazo, orientadas a introducir mayor flexibilidad en diferentes ámbitos económicos —empezando por el sistema fi nanciero— . La propuesta fue mal recibida por los sindicatos y los empresarios y lo que se concibió inicialmente como objeto de un acuerdo social pasó a ser parte del contenido de un acuerdo político más amplio entre todos los partidos

LA E C O N O M ÍA ES PA Ñ O L A EN LA D E M O C R A C IA

423

con representación parlamentaria. Los Pactos de la Moncloa, que expresaron ese acuerdo, fueron un gran éxito desde el punto de vista político, en la medida en que mostraron las posibilidades de colaboración entre los diferentes partidos para abordar la corrección de los desequilibrios económicos. En la vertiente económica, los Pactos marcaron un cambio drástico de actitud en el tratamien to de los problemas; dieron paso a una política monetaria activa para combatir la inflación —facilitada por avances en la reforma financiera— y a esfuerzos concertados para frenar el crecimiento de los salarios; mejoraron la situación de la balanza de pagos con ayuda de la depreciación del tipo de cambio; esbo zaron un conjunto de líneas básicas de reforma de los mercados que habrían de desarrollarse durante un largo período y llevaron a una reforma fiscal im portante, centrada en los impuestos directos —sobre la renta de las personas físicas y sociedades—, que hizo más moderno, flexible y justo al sistema. Los efectos positivos generados por los Pactos de la Moncloa en el corto plazo se vieron dañados, poco después, por la segunda crisis energética de 1979-1980. La negativa de las autoridades a acomodar, en esta ocasión, el en carecimiento del petróleo con políticas expansivas de demanda impidió que se registrase una nueva aceleración inflacionista, pero el producto, la tasa de paro y el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente acusaron los efectos depresivos del nuevo impacto. Las relaciones entre la política monetaria, la política presupuestaria y la evolución de los costes laborales proporcionaron el argumento central de la evo lución macroeconómica en los años siguientes. La política monetaria había adoptado una tónica restrictiva que se acentuó en 1983, tras la llegada al poder del Partido Socialista (véase el gráfico 11.4); los tipos de interés nominales se situaron, en consecuencia, en niveles elevados y los tipos de interés reales pa saron a^ hacerse positivos tras haber registrado fuertes niveles negativos en la década anterior. La política presupuestaria no colaboró, sin embargo, en esa actuación restrictiva: la reforma fiscal había incrementado significativamente la capacidad recaudatoria del sistema, de modo que los ingresos públicos ele varon su participación en el PIB desde el 24,6 por 100 hasta el 36,7 por 100 entre 1978 y 1985; pero los gastos públicos continuaron creciendo a fuerte ritmo —porque al avance de los gastos sociales vinieron a sumarse los aumen tos de los gastos generales de la administración resultantes del desarrollo del Estado de las Autonomías y el peso creciente de la carga de intereses sobre la deuda pública emitida para financiar unos déficit fuertes y persistentes—; como consecuencia de esta evolución de los ingresos y los gastos públicos, las nece sidades de financiación anuales del conjunto de las administraciones públicas se situaron en el entorno del 5 por 100 al 6,5 por 100 del PIB de 1982 a 1985 (véase el cuadro 11.2). Este comportamiento de las finanzas públicas no contribuía a la estabilidad y entorpecía la instrumentación de la política monetaria restrictiva porque, ca rente el país de un mercado desarrollado de deuda pública, una parte muy im portante de los déficit públicos había de financiarse mediante el recurso al Banco de España, con la generación consiguiente de excesos de liquidez in-

424 C

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2. Recursos no financieros 2.1. Impuestos sobre los productos y sobre la producción 2.2. Impuestos sobre la renta, el patrimonio y el capital 2.3. Cotizaciones sociales 2.4. Otros recursos no financieros - Recursos por ventas de la producción - Intereses y rentas de la propiedad - Cooperación internacional corriente - Transferencias ctes. y de capital y ayudas a la inversión

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8,7 13,2 5,4 1,1 0,4 0,0

10,5 13,0 4,8 1,1 1,6 0,3

10,9 13,3 3,6 1,1 1,0 0,1

1,6

3,9

1,7

1,3

3. Empleos no financieros por grupos funcionales 3.1. Enseñanza 3.2, Sanidad 3.3. Seguridad Social 3.4, Defensa 3.5, Servicios generales de administración pública 3.6, Resto

25,5 3,9 3,7 9,9 1,8 1,6 4,6

43,1 4,1 4,9 14,5 1,3 1,4 16,9

45,0 4,7 5,5 14,6 1,4 1,9 17,0

39,8 4,3 5,1 13,0 1,2

1. Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación

1,8

14,5

F u e n t e : INE e IGAE. Los datos de 1975 y 1985 son de la CNE-SEC79, los datos de 1985 y

2000 son CNE-SEC95.

compatibles con la regulación deseada de la cantidad de dinero del sistema. El Banco de España había de emitir y colocar, entre los intermediarios financie ros, pasivos propios, retribuidos a tipos de interés cercanos a los prevalecien tes en el mercado, si quería dominar la evolución de la cantidad de dinero; y así lo hizo entre 1980 y 1984, hasta que el Tesoro —que es el propietario del Banco de España— consideró excesivamente costoso este sistema de drenaje de liquidez y decidió sustituirlo por el establecimiento de un coeficiente obliga torio de pagarés del Tesoro del 10 por 100 que las entidades de depósito habrían de mantener sobre sus pasivos computables y una elevación del coeficiente de caja de dichas entidades hasta un nivel máximo del 20 por 100 — cifra, como es obvio, elevadísima— . Se mantenía así, a un coste más bajo para el Estado, la capacidad del Banco de España para desarrollar una política monetaria acti va de control de la liquidez, pero se daba un importante paso atrás en el pro ceso de liberalización progresiva del sistema financiero iniciado a finales de la década anterior, uno de cuyos puntos básicos era la supresión de los coeficien tes obligatorios de inversión.

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De esta situación sólo se podía salir, sin embargo, mediante una reducción de las necesidades de financiación del sector público —para lo cual habría que esperar a una coyuntura más favorable y a una política fiscal más discipli nada— y a través de la instauración de un mercado amplio, profundo y líquido de deuda pública. Este último fue el camino que abordó el Banco de España cuando, en 1987, creó el Sistema de Anotaciones en Cuenta en Deuda del Esta do, mercado de deuda pública que ha proporcionado, desde entonces, una gran flexibilidad a la financiación del Estado y cuya entrada en funcionamiento permitió, en un plazo relativamente breve, la supresión del coeficiente de pa garés del Tesoro y la reducción del coeficiente de caja hasta un nivel próximo a la normalidad. Aun así, siguió en pie un problema básico: la tensión entre una política monetaria de orientación restrictiva y una política presupuestaria con un fuerte signo expansivo. Los esfuerzos orientados a conseguir una moderación en el ritmo de creci miento de los costes laborales encontraron, por su parte, grandes resistencias: en último término, fue el intenso descenso del empleo, resultado, en buena medida, del encarecimiento de trabajo, el que, desde comienzos de los años ochenta, presionó a la baja el ritmo de avance de los costes laborales reales y condujo, en consecuencia, a crecimientos más moderados del coste laboral real por unidad de producto. A mediados de los años ochenta, a pesar de las dificultades señaladas y por una vía ciertamente muy dolorosa, la economía española estaba concluyendo la primera fase del ajuste tras las graves per turbaciones iniciadas diez años antes: la tasa de inflación se había moderado hasta un ritmo algo inferior al 9 por 100 y el coste laboral real por unidad de producto mostraba tasas de variación negativas; las empresas empezaban a en contrarse en una situación más saneada (y el gobierno había iniciado su políti ca de reconversión de los «sectores en crisis»); el PIB real comenzaba a mos trar indicios de recuperación y la balanza de pagos por cuenta corriente había eliminado su déficit con ayuda de la reciente depreciación de la peseta, acor dada en 1982. La expresión de los costes del ajuste eran una tasa de paro que se acercaba al 22 por 100 de la población activa, la destrucción de más de dos millones de puestos de trabajo en diez años y una considerable reducción de la capacidad productiva. El mejor tono observado en la economía española en 1984-1985 era tam bién consecuencia del creciente convencimiento de que las negociaciones con la Comunidad Económica Europea estaban llegando, por fin, al esperado acuerdo. El tratado de Adhesión se firmó, en efecto, en 1985 y la incorpora ción de España a la Comunidad se hizo efectiva el 1 de enero de 1986. Esto determinó una mejora rápida e intensa de las expectativas que se vio reforza da por los efectos favorables de un importante descenso del precio del petró leo en los mercados internacionales. La economía española se adentró así en una fase de expansión cíclica que había de conocer su punto álgido en el paso de 1988 a 1989 y que, respaldada por un aumento muy fuerte de las inversio nes extranjeras, iba a ser más intensa en España que en el conjunto de la Co munidad.

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El optimismo dominante no podía ocultar, sin embargo, las dificultades que España habría de afrontar para superar con éxito su proceso de integración. España era un país relativamente atrasado dentro de la Comunidad, con el agravante de que ese atraso se había acentuado como consecuencia de la grave crisis registrada desde mediados de los años setenta; si, como vimos, la pro porción del PIB per cápita español respecto del correspondiente valor medio de los países comunitarios, en términos de poder de compra, era del 80 por 100 a mediados de los años setenta, esa proporción había descendido hasta el 72,5 por 100 en 1985. La estructura productiva, aunque más saneada tras el primer ajuste descrito, mostraba aún abundantes fragilidades, tenía pendientes impor tantes problemas de reconversión industrial y registraba una productividad baja respecto de la media europea, de modo que cabía albergar serios temores respecto de su capacidad de adaptación cuando la protección frente al exterior —todavía considerable— resultase desmantelada, en buena medida, como con secuencia del ingreso en la Comunidad. Tales temores se vieron reforzados por el hecho de que, como ya sabemos, a los compromisos asumidos por Es paña en su tratado de Adhesión, vinieron a sumarse los derivados del acuerdo adoptado por la Comunidad para completar el mercado interior, con libre mo vimiento de bienes, servicios y factores de producción, antes de que acabase el año 1992. Y a estos problemas había que añadir los resultantes de una com binación inadecuada de las políticas monetaria y fiscal y de unas rigideces, dominantes en muchos mercados, que eran responsables, en buena parte, de la tasa de inflación aún elevada y de la fortísima tasa de paro con las que España accedía a la Unión Europea. La adaptación de la estructura productiva a la situación de mayor compe tencia hubo de superar serias dificultades, pero —como ya vimos en el apartado anterior— no confirmó los graves temores que había suscitado. No volvere mos ahora sobre este tema. Fueron los problemas del ámbito macroeconómico los que generaron mayores dificultades en los años siguientes a la incorpora ción efectiva a la Unión Europea. La etapa de expansión iniciada en 1985 revistió una notable intensidad. El crecimiento del PIB, en términos reales, se situó en tasas del orden del 5 por 100 anual en los años 1987-1989, impulsado por la inversión y el consumo priva dos y por el gasto público. Simultáneamente se registró una elevación muy fuerte de los precios de los activos financieros y reales en la que participaron activamente las entradas de capital extranjero, interesadas en la compra de ac tivos españoles que juzgaban infravalorados tras la reciente crisis; así, el índice de la Bolsa de Madrid triplicó su nivel entre 1985 y 1989 y el precio por metro cuadrado de las viviendas nuevas se elevó dos veces y media en el mismo pe ríodo. La expansión económica indujo un rápido crecimiento del empleo, fa vorecido por la amplia utilización de los contratos temporales de fomento del empleo introducidos en la reforma laboral de 1984 (véase epígrafe anterior); este aumento del empleo sólo llevó, sin embargo, a un descenso moderado de la tasa de paro — hasta situarla en un 16,4 por 100 en 1991— porque la pobla ción activa creció con rapidez como consecuencia de la mejora en las tasas de

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participación (básicamente, de las mujeres) en respuesta al mejor clima del mercado de trabajo. La tasa de inflación, por su parte, descendió en los prime ros años de la expansión, ayudada por la caída internacional de los precios del petróleo, hasta situarse en un 4,8 por 100 en 1988, y con ella descendieron los ritmos de avance de los costes laborales; sin embargo, a partir de 1989, la pre sión de la demanda agregada y las rigideces de los mercados impulsaron de nuevo al alza la tasa de inflación —hacia ritmos de avance del 7 por 100— y también se aceleraron los costes laborales, que pasaron a elevar su crecimien to en términos reales. La política monetaria, en estas circunstancias y sin la colaboración de la política presupuestaria, había de mantener una tónica res trictiva expresada en altos tipos de interés que, en una economía creciente mente abierta como la española, inducían fuertes entradas de capital a corto plazo; pero esto presionaba sobre la peseta en un sentido revaluatorio que da ñaba la competitividad de los bienes y servicios españoles y tendía a acentuar la ampliación del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente resultante de la fuerte expansión de la demanda interna. En 1989 la peseta se incorporó al mecanismo de cambios del Sistema Mo netario Europeo que, creado en 1978, había venido siendo la expresión de la cooperación monetaria entre un número creciente de países miembros de la Co munidad a lo largo de los años ochenta. Tal mecanismo cambiario respondía a un régimen de tipos de cambio fijos, pero ajustables, con bandas permitidas de fluctuación relativamente estrechas en tomo a los tipos de cambio centrales; y tras un período inicial de inestabilidad y frecuentes reajustes cambiarios, se había convertido, bajo la influencia alemana, en un factor de estabilidad y convergencia monetarias para los países participantes dentro de un marco de desaparición progresiva de los controles de cambios. La decisión de incorporar la peseta al mecanismo de cambios del Sistema reflejaba la voluntad española de participar en las manifestaciones más exigentes del proceso de integración europea, pero también se vió motivada por la confianza de que las entradas es peculativas de capitales y la tendencia a la apreciación de la peseta se verían desalentadas a medida que la cotización de la divisa española se aproximase al límite de máxima apreciación permitida por la banda de fluctuación en tomo al tipo de cambio central ( ± 6 por 100, en el caso de España). Los hechos mostraron, sin embargo, que ni la incorporación de la divisa a un sistema cambiario de tales características aseguraba la práctica de una polí tica económica interior de mayor estabilidad ni la peseta dejaría de estar so metida a presiones revaluatorias mientras se mantuviera la inadecuada combi nación existente de las políticas monetaria y presupuestaria, persistieran las presiones inflacionistas y los mercados continuaran viviendo bajo el espejis mo (pasajero) de que las monedas incluidas en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo podrían pasar a la Unión Monetaria —proyecto que ya estaba siendo objeto de estudio y negociación— en un proceso sin traumas. Las autoridades habían previsto la introducción de una política pre supuestaria más restrictiva como acompañamiento a la entrada de la peseta en el mecanismo.de cambios del sistema, pero los hechos fueron en la dirección

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El optimismo dominante no podía ocultar, sin embargo, las dificultades que España habría de afrontar para superar con éxito su proceso de integración. España era un país relativamente atrasado dentro de la Comunidad, con el agravante de que ese atraso se había acentuado como consecuencia de la grave crisis registrada desde mediados de los años setenta: si, como vimos, la pro porción del PIB per cápita español respecto del correspondiente valor medio de los países comunitarios, en términos de poder de compra, era del 80 por 100 a mediados de los años setenta, esa proporción había descendido hasta el 72,5 por 100 en 1985. La estructura productiva, aunque más saneada tras el primer ajuste descrito, mostraba aún abundantes fragilidades, tenía pendientes impor tantes problemas de reconversión industrial y registraba una productividad baja respecto de la media europea, de modo que cabía albergar serios temores respecto de su capacidad de adaptación cuando la protección frente al exterior -—todavía considerable— resultase desmantelada, en buena medida, como con secuencia del ingreso en la Comunidad. Tales temores se vieron reforzados por el hecho de que, como ya sabemos, a los compromisos asumidos por Es paña en su tratado de Adhesión, vinieron a sumarse los derivados del acuerdo adoptado por la Comunidad para completar el mercado interior, con libre mo vimiento de bienes, servicios y factores de producción, antes de que acabase el año 1992. Y a estos problemas había que añadir los resultantes de una com binación inadecuada de las políticas monetaria y fiscal y de unas rigideces, dominantes en muchos mercados, que eran responsables, en buena parte, de la tasa de inflación aún elevada y de la fortísima tasa de paro con las que España accedía a la Unión Europea. La adaptación de la estructura productiva a la situación de mayor compe tencia hubo de superar serias dificultades, pero —como ya vimos en el apartado anterior— no confirmó los graves temores que había suscitado. No volvere mos ahora sobre este tema. Fueron los problemas del ámbito macroeconómico los que generaron mayores dificultades en los años siguientes a la incorpora ción efectiva a la Unión Europea. La etapa de expansión iniciada en 1985 revistió una notable intensidad. El crecimiento del PIB, en términos reales, se situó en tasas del orden del 5 por 100 anual en los años 1987-1989, impulsado por la inversión y el consumo priva dos y por el gasto público. Simultáneamente se registró una elevación muy fuerte de los precios de los activos financieros y reales en la que participaron activamente las entradas de capital extranjero, interesadas en la compra de ac tivos españoles que juzgaban infravalorados tras la reciente crisis: así, el índice de la Bolsa de Madrid triplicó su nivel entre 1985 y 1989 y el precio por metro cuadrado de las viviendas nuevas se elevó dos veces y media en el mismo pe ríodo. La expansión económica indujo un rápido crecimiento del empleo, fa vorecido por la amplia utilización de los contratos temporales de fomento del empleo introducidos en la reforma laboral de 1984 (véase epígrafe anterior); este aumento del empleo sólo llevó, sin embargo, a un descenso moderado de la tasa de paro — hasta situarla en un 16,4 por 100 en 1991— porque la pobla ción activa creció con rapidez como consecuencia de la mejora en las tasas de

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participación (básicamente, de las mujeres) en respuesta al mejor clima del mercado de trabajo. La tasa de inflación, por su parte, descendió en los prime ros años de la expansión, ayudada por la caída internacional de los precios del petróleo, hasta situarse en un 4,8 por 100 en 1988, y con ella descendieron los ritmos de avance de los costes laborales; sin embargo, a partir de 1989, la pre sión de la demanda agregada y las rigideces de los mercados impulsaron de nuevo al alza la tasa de inflación —hacia ritmos de avance del 7 por 100— y también se aceleraron los costes laborales, que pasaron a elevar su crecimien to en términos reales. La política monetaria, en estas circunstancias y sin la colaboración de la política presupuestaria, había de mantener una tónica res trictiva expresada en altos tipos de interés que, en una economía creciente mente abierta como la española, inducían fuertes entradas de capital a corto plazo; pero esto presionaba sobre la peseta en un sentido revaluatorio que da ñaba la competitividad de los bienes y servicios españoles y tendía a acentuar la ampliación del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente resultante de la fuerte expansión de la demanda interna. En 1989 la peseta se incorporó al mecanismo de cambios del Sistema Mo netario Europeo que, creado en 1978, había venido siendo la expresión de la cooperación monetaria entre un número creciente de países miembros de la Co munidad a lo largo de los años ochenta. Tal mecanismo cambiario respondía a un régimen de tipos de cambio fijos, pero ajustables, con bandas permitidas de fluctuación relativamente estrechas en torno a los tipos de cambio centrales; y tras un período inicial de inestabilidad y frecuentes reajustes cambiarios, se había convertido, bajo la influencia alemana, en un factor de estabilidad y convergencia monetarias para los países participantes dentro de un marco de desaparición progresiva de los controles de cambios. La decisión de incorporar la peseta al mecanismo de cambios del Sistema reflejaba la voluntad española de participar en las manifestaciones más exigentes del proceso de integración europea, pero también se vió motivada por la confianza de que las entradas es peculativas de capitales y la tendencia a la apreciación de la peseta se verían desalentadas a medida que la cotización de la divisa española se aproximase al límite de máxima apreciación permitida por la banda de fluctuación en torno al tipo de cambio central ( ± 6 por 100, en el caso de España). Los hechos mostraron, sin embargo, que ni la incorporación de la divisa a un sistema cambiario de tales características aseguraba la práctica de una polí tica económica interior de mayor estabilidad ni la peseta dejaría de estar so metida a presiones revaluatorias mientras se mantuviera la inadecuada combi nación existente de las políticas monetaria y presupuestaria, persistieran las presiones inflacionistas y los mercados continuaran viviendo bajo el espejis mo (pasajero) de que las monedas incluidas en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo podrían pasar a la Unión Monetaria —proyecto que ya estaba siendo objeto de estudio y negociación— en un proceso sin traumas. Las autoridades habían previsto la introducción de una política pre supuestaria más restrictiva como acompañamiento a la entrada de la peseta en el mecanismo.de cambios del sistema, pero los hechos fueron en la dirección

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opuesta: el sistema impositivo —cuya reforma, iniciada en 1978, se completó con la adopción del IVA, como base de la imposición indirecta, con ocasión del ingreso en la Comunidad— proporcionaba ingresos crecientes, favoreci dos por el clima de expansión que vivía la economía, que habían contribuido a reducir las necesidades de financiación de las administraciones públicas hasta la zona del 3 por 100 del PIB en los últimos años ochenta; pero los gastos pú blicos iniciaron, en 1990, un fuerte proceso de crecimiento —impulsado por los gastos sociales (resultado de las cesiones del gobierno que se examinaron en el epígrafe anterior) y por los gastos relacionados con los acontecimientos de 1992 (Olimpiadas de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla, V Cente nario del Descubrimiento de América)— que situó el déficit público en tomo al 6,5 por 100 del PIB en 1993 y en los dos años siguientes. En consecuencia, la política monetaria mantuvo su tónica restrictiva tras el ingreso de la peseta en el mecanismo de cambios del Sistema, en un contexto de inflación y déficit públicos crecientes, la peseta se mantuvo en la zona de máxima apreciación permitida por la banda de fluctuación cambiaría y la apreciación del tipo de cambio efectivo real continuó afectando negativamente a la competitividad de los bienes y servicios españoles y al saldo de la balanza de pagos por cuen ta corriente. Esta situación inestable sólo podía mantenerse mientras los mercados fi nancieros internacionales continuaran mostrando una improbable confianza en el conjunto de monedas pertenecientes al mecanismo de cambios del Siste ma Monetario Europeo. La firma del Tratado de la Unión Europea (tratado de Maastricht), el 7 de febrero de 1992, que establecía el programa de avance tem poral hacia la constitución de la Unión Económica y Monetaria y fijaba los criterios que habrían de cumplir los países que desearan formar parte de ella, pareció confirmar el optimismo de los mercados. Sin embargo, tal confianza quebró pocos meses después, cuando la República Federal de Alemania, que venía viviendo una situación de exceso de demanda como consecuencia del proceso de reunificación nacional y de su forma de abordarlo en el ámbito económico, decidió moderar la expansión: el Bundesbank elevó con fuerza su tipo de interés, comenzó a registrarse un acusado debilitamiento de la coyun tura europea —que venía cediendo poco a poco desde 1990— y los países participantes en el sistema europeo se negaron a aceptar una elevación relativa del tipo de interés alemán y una revisión ordenada del sistema de paridades que habría de implicar la depreciación de muchas de ellas frente al marco. Los resultados fueron una subida generalizada de los tipos de interés, una costo sa recesión europea y una grave crisis del Sistema Monetario Europeo que se saldó, en un clima de fuertes ataques especulativos, con el abandono de su mecanismo cambiario por la libra esterlina y la lira italiana (septiembre de 1992) y con una serie de devaluaciones de monedas de los países participantes que habían ido acumulando graves desajustes en el período anterior. Entre es tos países se encontraba España, cuya moneda hubo de ser devaluada en tres ocasiones entre los veranos de 1992 y de 1993, acumulando una depreciación de su tipo de cambio efectivo real (medido con precios al consumo) frente a

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las monedas de la Unión Europea del orden del 15 por 100 en el período. Ade más, la liberalización plena de los movimientos de capitales registró un retro ceso pasajero en un intento de moderar la intensidad de la especulación. Cuando la crisis del Sistema se cerró, en el mes de agosto de 1993, me diante una ampliación hasta el ±15 por 100 de las bandas de fluctuación per mitidas en tomo a los tipos de cambio centrales definidos en su mecanismo cambiario, la credibilidad de las políticas macroeconómicas de un buen número de países europeos estaba un tanto maltrecha y la Unión Monetaria aparecía como un proyecto lejano, rodeado de escepticismo. Sin embargo, la crisis vivida había puesto de manifiesto que un sistema con libertad de movimientos de ca pitales y tipos de cambio fijos reducía extraordinariamente la posibilidad de desarrollar políticas monetarias nacionales autónomas; que la búsqueda de es tabilidad mediante la adopción de un tipo de cambio fijo con la moneda de un país estable no era suficiente si las políticas nacionales no eran coherentes con el objetivo perseguido; que los países europeos sin una tradición consoli dada de estabilidad estaban expuestos a verse violentamente zarandeados por los movimientos de capitales si factores de origen exterior o interno levanta ban sospechas en los mercados sobre el futuro de sus monedas y, en fin, que la credibilidad monetaria solo podía conseguirse con mucho tiempo y esfuerzo pero podía perderse muy rápidamente. El conjunto de estas reflexiones, basadas en la experiencia reciente, podían avalar la conveniencia de crear una Unión Monetaria en Europa a pesar del es cepticismo reinante. En cualquier caso, el desarrollo del proceso conducente, eventualmente, a la creación de la Unión Monetaria siguió su marcha: con el año 1994 se inició la denominada «segunda etapa», diseñada en Maastricht, en la que los países aspirantes a participar en la Unión habrían de desarrollar las políticas conducentes al cumplimiento de los criterios de convergencia re queridos; al mismo tiempo, inició sus trabajos el Instituto Monetario Europeo que, con la colaboración de todos los bancos centrales del área, debería prepa rar las bases necesarias para la creación, en su día, del Banco Central Europeo y para el desarrollo eficiente de la futura política monetaria común. En estas circunstancias, España decidió su estrategia desde dos conviccio nes que resultaron correctas: primera, que, a pesar del escepticismo, la Unión Monetaria se crearía en una fecha no lejana por razones económicas y políti cas y, segunda, que si se creaba la Unión, sería muy grave para España quedar al margen de ella: a falta de una credibilidad consolidada de sus políticas eco nómicas y dada la modesta dimensión relativa de su economía, quedaría ex puesta a los efectos desestabilizadores de perturbaciones de origen interno o exterior (como iba a comprobarse, pocos meses después, con ocasión de la crisis mexicana de 1994), tendría que adaptarse a las políticas que adoptara la Unión sin participar en su discusión y no disfrutaría de otras ventajas deri vadas de la pertenencia al área. La incorporación a la Unión traería consigo una reducción sustancial de las perturbaciones financieras y cambiarías; las respuestas a eventuales perturbaciones asimétricas no financieras —subraya das por los críticos del ingreso en la Unión— no prometían ser menos costo

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sas si el país conservaba el manejo de la política cambiaría y, en todo caso, la automarginación del proyecto equivalía a renunciar a los beneficios derivados de una mayor estabilidad expresada en tasas mas bajas de inflación e interés y de la participación en unos mercados europeos más integrados como conse cuencia de la adopción de la moneda única. Ahora bien, la incorporación, desde un primer momento, a la nueva institu ción monetaria proyectada habría de requerir esfuerzos muy grandes por parte de los países menos avanzados del área (España, Grecia, Portugal e Irlanda), como lo reconoció la propia Unión Europea al crear, en 1992, junto a los Fon dos Estructurales ya existentes, un Fondo de Cohesión para proporcionar ayuda financiera a los países con renta per cápita inferior al 90 por 100 de la media comunitaria a fin de compensar los efectos adversos sobre la distribución de renta que resultaran de las políticas orientadas a cumplir los criterios de con vergencia. Estos criterios requerían que, en el «examen de acceso», el país as pirante a incorporarse a la Unión Monetaria mostrara: 1) una tasa de inflación no superior en más de 1,5 puntos porcentuales a la media de los tres países con más baja inflación; 2) un déficit público no superior al 3 por 100 del PIB; 3) un tipo de interés nominal a largo plazo que no excediera en más de dos puntos porcentuales al tipo medio de los tres países con menor inflación; 4) un volumen de deuda pública no superior al 60 por 100 del PIB; y 5) no haber devaluado su moneda ni haber excedido el margen normal de fluctuación cam biaría en los dos últimos años. Era obvio que a España iba a resultarle muy di fícil cumplir esos criterios en los plazos previstos. Que se hicieran los esfuer zos necesarios para lograrlo y que se obtuviera un éxito pleno en el empeño es algo que hubo de sorprender a los más optimistas. Hubo, sin duda, factores que determinaron un contexto exterior favorable al avance hacia la Unión Monetaria iniciado en 1994, una vez dejada atrás la crisis del Sistema Monetario Europeo: así, la tónica descendente de los pre cios del petróleo y de numerosas materias primas en los mercados internacio nales, el despliegue de un auge intenso y duradero en la economía de Estados Unidos y un avance firme y bastante estable del comercio mundial; y así tam bién, en el ámbito europeo, un crecimiento real, pausado pero persistente, acompañado de una evolución moderada de precios y costes facilitada por las altas tasas de paro que había dejado tras de sí la recesión de los años 19921993. Este último fenómeno se observó también, con fuerza, en España, don de la recesión había invertido, con brusquedad, el avance del empleo registrado en la expansión anterior y había reconducido la tasa de paro a cotas muy ele vadas —un 24,4 por 100 de la población activa en 1994— que contribuyeron a una reducción sustancial de los ritmos de crecimiento de los costes laborales en los años siguientes. Por otra parte, las depreciaciones registradas por la pe seta habían restablecido la competitividad de los bienes y servicios españoles con efectos beneficiosos sobre la balanza de pagos por cuenta corriente. Las políticas macroeconómicas nacionales fueron, desde luego, las protago nistas del denominado «período de convergencia». Por una parte, la concesión, en 1994, de plena autonomía al Banco de España en el diseño y la instrumenta

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ción de una política monetaria orientada, básicamente, al logro y el manteni miento de la estabilidad de precios, permitió al banco central español modificar su estrategia básica, relegar a un papel secundario los agregados monetarios y comprometerse con el logro de objetivos directos expresados en términos de la tasa de inflación. Apenas puesta en práctica la nueva estrategia a comienzos de 1995 — con los precios de consumo creciendo a un ritmo del 4,5 por 100— , un repunte al alza de la tasa de inflación suscitó una respuesta rápida y con tundente del Banco de España, en forma de una elevación del tipo de interés de intervención en casi dos puntos, que corrigió la desviación inflacionista y permitió ganar credibilidad a la nueva política monetaria. A partir de ese mo mento la tasa de inflación mantuvo una tónica descendente que la situó por debajo del 2 por 100 a partir de 1997 y que permitió cumplir, finalmente, con holgura, el criterio de convergencia relativo a la estabilidad de precios. El comportamiento de los precios permitió, al mismo tiempo, relajar paulatina mente la tónica de la política monetaria de modo que el tipo de interés de inter vención bajó, en este período, desde el 9,25 por 100 en 1995 hasta el 3 por 100 en vísperas del inicio de la Unión Monetaria. Con él fueron descendiendo los tipos de interés practicados por los bancos. Por otra parte, la política presupuestaria, que partía, en su esfuerzo hacia la convergencia, de una posición muy difícil, con unos gastos públicos y un dé ficit público del orden del 46,5 por 100 y el 6,5 por 100, respectivamente, sobre el PIB, adoptó una tónica mas rigurosa en 1995 y más disciplinada tras los cambios legales e institucionales introducidos por el gobierno del Parti do Popular a partir de 1996. Los ingresos públicos mantuvieron, en el período 1994-1998, una tónica suavemente ascendente en proporción al PIB —ayuda dos por aquella parte de los ingresos por privatizaciones (intensificadas en es tos años;) que las normas de la Unión Europea permitían contabilizar— ; pero el esfuerzo se centró en la contención de los gastos públicos, cuyo porcentaje sobre el PIB descendió hasta el 42 por 100 en 1998 y el 40 por 100 en el año 2000. Así, fue posible cumplir el criterio de convergencia fiscal — con un dé ficit del 2,6 por 100 del PIB frente al 3 por 100 requerido—, al tiempo que se lograba una combinación favorable de la política monetaria y la política pre supuestaria. La aproximación progresiva a estos resultados suscitó una mejora sustancial de las expectativas expresadas en los tipos de interés a largo plazo y en el tipo de cambio —cuyos respectivos criterios de convergencia se satisfacieron con comodidad—, en el comportamiento de los salarios — que ten dieron a alinearse con los objetivos de inflación— y en el fortalecimiento de la demanda y la actividad. Todo ello hizo posible que España pasase con fa cilidad, en la primavera de 1998, el examen relativo al cumplimiento de los re quisitos exigidos para acceder a la Unión Monetaria1y que, acordada la cons titución de ésta por el Consejo Europeo en el mes de mayo, España se incorporase a la nueva área de moneda única, en un clima de fuerte expansión, el 1 de enero de 1999. En esa fecha comenzó su funcionamiento la Unión Monetaria Europea, se activó el Eurosistema — es decir, el sistema formado por el Banco Central

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Europeo y los bancos centrales nacionales de los once países inicialmente in tegrantes de la Unión— y se inició la transición al euro, unidad monetaria bá sica del nuevo sistema de la que las once monedas nacionales pasaron a ser meras subdivisiones. En efecto, el primer día del año 1999 los bancos centra les nacionales pasaron sus contabilidades a euros, las entidades financieras redenominaron en euros los saldos anotados a nombre de sus cliente y, a partir de esa fecha, la generalidad de los mercados financieros del área pasaron a operar en euros. El tiempo necesario para fabricar las monedas y los billetes denominados en euros obligó a aplazar la entrada en circulación de unas y otros hasta el 1 de enero del año 2002, de modo que, en el período transitorio, los billetes y las monedas nacionales han continuado funcionando como dinero legal en cada país miembro. Su sustitución por las monedas y los billetes de nominados en euros como dinero legal ha tenido lugar a lo largo de los dos primeros meses del año 2002, completándose así el proceso de transición al euro. La adopción de una moneda única en el ámbito de la Unión Monetaria eli mina los costes de transacciones ligados al cambio de monedas, introduce una transparencia en la comparación de costes y precios que reduce la segmen tación de los mercados y favorece, por tanto, el grado de competencia dentro del área. En los primeros días de 1999 entró también en funcionamiento la política monetaria común, a la que el tratado de Maastricht había asignado la estabili dad de los precios como objetivo básico. Al Banco Central Europeo —y, más concretamente, a su consejo de gobierno, compuesto por el consejo ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales del área, todos ellos ac tuando con plena independencia respecto de las autoridades comunitarias y de los gobiernos respectivos— corresponde adoptar las decisiones básicas relati vas a la política monetaria común; y, en el ejercicio de esas competencias, acordó interpretar el objetivo de estabilidad de precios como el mantenimiento a medio plazo del índice armonizado de precios de consumo del área en tasas que no excedieran del 2 por 100 anual; adoptó una estrategia compleja de po lítica monetaria basada en el seguimiento de una pluralidad de variables para elaborar previsiones de inflación y diseñó un esquema de instrumentación de la política monetaria común que habría de ser ejecutado de modo descentra lizado a través de los bancos centrales nacionales y cuyo objeto sería la re gulación de la liquidez de las entidades de crédito del área. Con la política monetaria común entró también en funcionamiento un nuevo mecanismo de realización de transferencias de euros entre las cuentas de las entidades de cré dito en los bancos centrales nacionales que, al hacer posible una movilización inmediata de la liquidez entre los mercados interbancarios del Eurosistema, conduce a la plena integración de éstos en un mercado interbancario único con un tipo de interés a muy corto plazo también único para el conjunto del área. Finalmente, en esas mismas fechas comenzó la cotización del euro en los mer cados de divisas como moneda en régimen de libre flotación

LA E C O N O M ÍA E S PA Ñ O LA E N LA D E M O C R A C IA

11.4.

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L a ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

Con la constitución de la Unión Monetaria, España, como país miembro, ha entrado en un nuevo régimen en el que, desde el punto de vista macroeconómico, carece de autonomía monetaria y cambiaría; su política presupues taria aparece sometida a la disciplina derivada del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento — acuerdo que propone a los países integrantes de la Unión el mantenimiento del equilibrio presupuestario y que prevé sanciones cuando el déficit público exceda del 3 por 100 del PIB— y sus líneas básicas de polí tica económica han de expresarse en programas de convergencia acordes con las grandes orientaciones diseñadas para el área. Todo ello constituye un con junto de restricciones que, junto con la política monetaria común, se encami nan a favorecer el crecimiento estable y a prevenir los desequilibrios dentro del área. Tales limitaciones no reducen, sin embargo, las políticas económicas na cionales a una situación pasiva. Por ejemplo, la política monetaria común, que persigue la estabilidad de los precios en el conjunto del área de la Unión, rara vez podrá estar adaptada a los requerimientos de todos y cada uno de los países miembros, que habitualmente mostrarán diferencias en sus posiciones cíclicas y tenderán a registrar repuestas distintas de sus costes y precios ante compor tamientos aproximadamente similares de sus demandas agregadas. Será fre cuente, por tanto, que la política monetaria común practicada en un período, aunque sea adecuada a la situación del conjunto del área, resulte demasiado expansiva para algunos países miembros y restrictiva para otros. Ambos gru pos habrán de reaccionar, en tales casos, con sus políticas económicas na cionales en el sentido compensatorio adecuado: por ejemplo, si la política mo netaria común es demasiado expansiva para un país en su situación concreta, éste deberá hacer más restrictiva su política fiscal para evitar la consolidación de un exceso de demanda y deberá reforzar el grado de competencia de sus mercados en busca de una moderación de costes y precios. No cabe ignorar las dificultades de tales respuestas, porque la utilización de la política fiscal con fines de compensación coyuntural no es fácil y los efectos sobre los costes y precios de las políticas de flexibilización de mercados tardan tiempo en de sarrollarse. El ejemplo que acabamos de utilizar ha encontrado expresión real, durante los dos primeros años de funcionamiento de la Unión, en un grupo de países miembros — entre ellos, España— que, habiendo accedido al área de moneda única con tasas de crecimiento real bastante superiores a la media del conjun to, han encontrado excesiva holgura en la política monetaria común instru mentada por el Banco Central Europeo en el período. En el caso español, la economía había llegado a la Unión Monetaria con un proceso de expansión que se había consolidado, a partir de 1997, alentado por el importante descen so de los tipos de interés y por la mejora general de las expectativas inducida por la adecuada combinación de las políticas presupuestaria y monetaria que

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hizo posible el acceso a la Unión; y, una vez constituida ésta, la expansión continuó, con tasas de crecimiento del producto real superiores al 4 por 100 anual, hasta que comenzó a fiexionar, en el año 2001, bajo los efectos contrac tivos irradiados a la economía mundial por el agotamiento del largo e intenso auge que había venido registrando la economía de Estados Unidos. Ahora bien, el persistente avance de la producción real y del empleo a ritmos neta mente superiores a los registrados en el conjunto de la Unión Monetaria acabó expresándose en desviaciones alcistas de los precios y costes españoles —es pecialmente, desde el sector de servicios— respecto de la media del área, con el consiguiente deterioro de la competitividad. Era obvio que la política mone taria común, instrumentada por el Banco Central Europeo atendiendo a las con diciones generales de la Unión, era demasiado expansiva para las condiciones concretas de la economía española. Contribuía a mantener una tónica excesiva de demanda frente a los factores de inflexibilidad que condicionaban la res puesta por el lado de la oferta. En consecuencia, y de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, la política económica española procuró actuar de modo compensatorio buscando el equilibrio presupuestario y acentuando los esfuer zos por introducir unos grados mayores de competencia en un conjunto de sectores. Adviértase que, en una unión monetaria, las desviaciones alcistas de costes y precios de un país respecto de la media del área que, al hacerse persisten tes, acaben dañando su competitividad, constituyen una grave amenaza para la continuidad del crecimiento del producto y el empleo. La contracción de éstos es, en efecto, el mecanismo básico de corrección de tales desarrollos, puesto que el ajuste a través del tipo de cambio no está disponible —aunque si lo es tuviera, su eficacia tampoco quedaría asegurada sin el respaldo de unas políti cas macroeconómicas contractivas—. Un país perteneciente a una unión mo netaria debe practicar, por tanto, políticas presupuestarias estabilizadoras que prevengan o corrijan la aparición de excesos de demanda y ha de considerar la introducción y el mantenimiento de altos grados de competencia en los merca dos como una tarea central de sus políticas económicas. Se trata, en uno y otro caso, de temas básicos de la política económica española de cara al futuro; te mas, además, permanentes, nunca cerrados, porque siempre estarán sometidos a presiones adversas. La Unión Monetaria ofrece, en fin, a la economía española un marco posi tivo para un crecimiento estable, pero deja un amplísimo ámbito a las decisio nes que han de dotar de contenido a ese crecimiento y hacer efectivo el avance deseado en la «convergencia real» con los países avanzados de Europa. A lo largo de nuestro rápido repaso a la historia económica reciente hemos encon trado motivos de satisfacción tanto en la orientación general de la economía como en desarrollos concretos derivados del nuevo marco y los nuevos impul sos proporcionados por la instauración de la democracia y la apertura de la economía. También hemos encontrado, sin embargo, temas insuficientemente resueltos de los que dependerá, en buena medida, el futuro económico del país: la generación de condiciones que permitan crear mayor y mejor empleo;

L A E C O N O M ÍA ES PA Ñ O L A EN L A D E M O C R A C IA

435

el avance en la flexibilizaeión de los mercados tanto de factores productivos como de bienes y servicios; la eliminación del retraso existente en las dotacio nes de capital real productivo e infraestructuras, en la mejora del capital hu mano y en la elevación del bajo nivel tecnológico del país; el diseño de un sistema de bienestar social suficiente y sostenible a largo plazo, etc. Hemos advertido también que, en los últimos años, parece observarse, por debajo de la expansión con crecimiento del empleo, un menor impulso en la inversión real productiva y un descenso en el ritmo de avance de la eficacia general del sistema —conducentes a tasas muy bajas de crecimiento de la productividad del trabajo— que podrían indicar un agotamiento de los efectos generados por la plena incorporación a las instituciones comunitarias y por las políticas in ternas con ella relacionadas. La mejora en la rentabilidad prometida por las inversiones, un mayor esfuerzo tecnológico, el avance en el grado de compe tencia en los mercados y la prevención de desviaciones inflacionistas persis tentes que dañen la competitividad de nuestros bienes y servicios son necesa rios para generar nuevos impulsos en la economía. El acierto en el tratamiento de los problemas pendientes dependerá de las políticas públicas pero también, y en medida decisiva, de las actitudes de la sociedad que las condiciona. El período de veinticinco años que hemos examinado ha presenciado transforma ciones positivas y muy importantes en la sociedad y la economía españolas, pero no ha sido un tiempo de regalos. Tampoco lo será el futuro.

LECTURAS RECOMENDADAS Carlos Sebastián (1999), «La esconomía española, 1974-1998» , en XXV Jornadas del Mercado Monetario, 1974-1998, Madrid, Intermoney. José Luis Malo de Molina (2001), «Las implicaciones para España del Euro», en BANCO DE ESPAÑA (2001), El camino hacia el euro. El real, el escudo y la peseta, Madrid, Banco de España, pp. 133-148.

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA El libro de Charles Powell (2001), España en Democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza y Janes, ofrece un excelente tratamiento del período que se estudia en este capí tulo, haciéndolo desde una perspectiva sociopolítica pero con abundantes referencias, bien fundamentadas, a sus principales rasgos económicos. Las obras colectivas: Lecciones de economía española, José Luis García Delga do, dir., y Rafael Myro y J, A. Martínez Serrano (coeditores), Civitas, tercera edición, Madrid, 1997, y José Luis García Delgado, dir. (1999), España, Economía: Ante el siglo xxi, Madrid, Espasa Calpe, contienen veinticuatro y veintinueve trabajos, respec tivamente, sobre los diferentes ámbitos de la economía española en el período de refe rencia. Ambas obras responden, básicamente, a un enfoque articulado de estructura económica, perdía mayoría de los trabajos ofrecen un estudio de los temas con una

436

H IST O R IA E C O N Ó M IC A D E E S PA Ñ A

perspectiva histórica que se remonta, en general, a los años sesenta del pasado siglo. La alta calidad de los trabajos permitirá al lector obtener una visión más completa y detallada de los problemas que la que ha sido posible presentar en este capítulo. El libro de Carmela Martín (1997), España en la nueva Europa, Madrid, Alianza y Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas, parte de una excelente base de datos —prolongada y completada en el trabajo; Series de indicadores de convergencia real para España, el resto de los países de la UE y EE, UU,, firmado por la misma autora con Francisco J. Velázquez, Madrid, Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas, 2001— para ofrecer un buen estudio comparativo de la economía española con las economías de la UE, desde la incorporación de aquélla al área, así como una valora ción de los efectos de dicha integración. Una buena parte de las comparaciones cuan titativas entre variables de España y de la UE que aparecen en este capítulo se han tomado de dichos trabajos.

NOTAS

1. L a ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES ( c . 1 0 0 0 - C . 1 4 5 0 )

1. Para una visión general del período: los manuales de Dufourq y GautierDalche (1983); Martín (1993); Iradiel, Moreta y Sarasa (1989); Mínguez y Fernández Conde (1995); Carrasco, Salrach, Valdeón y Viguera (2002); Menjot (1996); pero sobre todo la monografía de García de Cortázar (1988). Para Portugal, Serrao y Oliveira Mar ques, dirs. (1990), y Mattoso, dir. (1997). 2. Barbero y Vigil (1978); Bonnassie (1975); Riu y Riu, coord. (1999); VVAA. (1989). 3. Arié (1982) y Picard (2000). 4. Mínguez Fernández (1990). 5. García de Cortázar et al (1985). 6. Barrios García (1983) y Durand (1982). 7. Sesma Muñoz (1998); Laliena Corbera (1987); To Figueras(1997). 8. Furió (1995) y García de Cortázar et al. (1985). 9. González Jimenez (1993). 10. García de Cortázar (1988) y VV.AA. (1985). 11. Gautier Dalché (1979). 12. Boissellier (1998); Durand (1982); Freedman (1991); García de Cortázar et al (1985); Gautier Dalché (1979); Ladero (1994); Laliena (1987);Martínez Sopeña (1985); Sesma Muñoz (1997); To Figueras (1997). 13. Bois (2001); Epstein (2000); VVAA. (1995). 14. González Jiménez (1993). 15. Berthe (1984). 16. Casado Alonso (1987 y 1991). 17. Ladero Quesada (1993); Menjot y Sánchez, coords. (1996 y 1999); Sarasa y Serrano, eds. (1993). 18. García Sanz y Ruiz Martín, eds. (1998). 19. Casado Alonso, ed. (1995). 20. Iradiel (1974). 21. Casado Alonso (2001) y Ladero Quesada ( 1994). 22. Casado Alonso (1987); Rucquoi (1987); Pallares y Pórtela (1991); Ladero Quesada y González Jiménez (1979); Collantes (1977). 23. Casado Alonso (1995). 24. Serrao y Oliveira Marques (1990); Mattoso (1997); Godinho (1981-1983); Thomaz (1994).


438

25. 26. 27. 28. 29. 30. 2. El

Aurell (1996); Ferrer Mallol y Coulon, eds. (1999) y Del Treppo (1972). Menjot y Sánchez, coords. (1996 y 1999) y Sarasa Sánchez (1981). Del Treppo (1972). Abülafia (1996); Cruselles (2001); Furió (1995); Igual (1998). Berthe (1984) y Carrasco, Salrach, Valdeón y Viguera (2002). Aríé (1992).

SIGLO DE LA HEGEMONÍA CASTELLANA

(1450-1 590)

1. Algunas de las ideas resumidas en este capítulo han sido desarrolladas en mi libro Marte contra Minerva. La economía política del imperio de los Austrias (1450-1600), Barcelona, Crítica (en prensa). Sin embargo, he procurado limar aquí, como corres ponde a un manual universitario, los aspectos más críticos y revisionistas, sin por ello dejar de recoger alguno de los principales debates abiertos entre los historiadores. 2. Sobre la crisis bajomedieval y sus vías de salida, véase Aston y Philpin (1988). Sobre los distintos aspectos tratados en este apartado, véanse Yun (1994); Vilar (1982); Fernández Armesto (1997); Childs (1978); Bilbao (1987); Collantes de Terán (1977); Casado (1987); Vilar (1962); Chaunu (1977). 3. Sobre Andalucía, véase Collantes de Terán (1976), y para Valencia, Furió (1995). Las fórmulas de arrendamiento y cesión de la tierra las trata García de Cortázar (1988). Sobre la Mesta, la síntesis más reciente es Phillips y Phillips (1997). 4. lradiel (1974); Rucquoi (1987); Ascnjo (1986); Bonaehía (1988). 5. Ladero (1973). 6. Kamen (1978) y Wallerstein (1979). Una discusión más a fondo de estas ideas, en Yun (en prensa). 7. Phillips y Phillips (1997); Bilbao (1987); Carande (1987). Este último es tam bién fundamental para las actividades de los hombres de negocios; asimismo, véase Ruiz Martín (1970). 8. Hamilton (1975). 9. Vilar (1974) y Nadal (1959). 10. Sorpendentemente la historiografía española ha vivido hasta hoy anclada en la confrontación de ambas explicaciones, olvidándose incluso de razonamientos, discuti bles pero muy accesibles, como los de Miskimin (1981), para quien un mayor flujo de entrada de metales preciosos en la segunda mitad del siglo habría tenido un efecto me nor en el aumento relativo del stock monetario, dadas las mayores dimensiones adqui ridas por éste a lo largo del siglo y merced a un proceso acumulativo. Pero no es este el lugar de entrar en una discusión más precisa al respecto. Interesa tan sólo aquí re cordar que las visiones al uso —y abuso— no se despegan de la consideración de una economía arcaica. 11. Para España, Nadal (1984); para Europa, cálculos propios a partir de estos da tos y De Vries (1994). 12. Para el norte y la Meseta, de la copiosa bibliografía puede verse García de Cortázar (1988), García Fernández (1965) o Bennassar (1983). 13. Vilar (1962,1, p. 562). Los resultados de la sentencia son objeto de discusión entre los historiadores. Frente a J. Vicens, que considera Guadalupe una victoria cam pesina, Eva Serra lo ve como un hito más en la reproducción del régimen feudal cata lán que implicó además «una restauración feudal y un pacto social, que confirmó la renta feudal» (traducimos del original catalán). Véase Serra (1988).

NOTAS

439

14. Ardit (1993). 15. De Vries (1987). Por muchas razones (de entrada la cota de 10.000 habitantes para definir lo que funcionalmente es o no es ciudad no es válida para el conjunto de Europa), es dudoso que tales índices de urbanización, considerados aisladamente, se deban tomar como un indicador de desarrollo económico. En cualquier caso, la ima gen que arrojan estas cifras aconseja matizar las visiones más pesimistas de la econo mía española, y sobre todo castellana, del siglo xvi, 16. Aunque no único, el caso mejor estudiado de ciudad de fuerte componente in dustrial es Córdoba. Véase Fortea (1981). 17. Sigue siendo imprescindible el capítulo que le dedicara ya hace siete décadas E. J. Hamilton (1975). 18. Sobre los banqueros, sigue siendo obligado Carande (1987); también Ruiz Martín (1970); para las ferias castellanas, puede verse Yun (1987). Como monografía sobre los hombres de negocios castellanos, la más completa sigue siendo la de Lapeyre (1955) sobre los Ruiz. 19. Sobre el auge urbano: Bemiassar (1983) y Bemal, Collantes de Terán y GarcíaBaquero (1978). 20. Vassberg (1986). 21. Yun (en prensa). 22. Sobre los servicios, véase Fernández Albaladejo (1992); sobre la contribución de Flandes, Rodríguez-Salgado (1992). Sobre cómo las ciudades retenían lo recauda do, véase Carretero (2000); para la «petrificación» de las alcabalas, Carande (1987). 23. Durante mucho tiempo se ha pensado —siguiendo a Carande (1987)— que el encabezamiento respondió al solo interés de las ciudades, las cuales, a la larga y dado el efecto corrosivo de la inflación sobre las cuotas fijas establecidas en el encabeza miento, vieron aliviada la carga fiscal en términos reales, al tiempo que consiguieron reforzar su protagonismo en la recaudación e incluso eliminar a los odiados arrenda dores de rentas para pasar a ser ellas —sus oligarquías, mejor— las que repartían los impuestos;en los ramos más convenientes según su criterio. Gracias a Fortea (2001) sabemos que el cambio también interesaba a la monarquía, que reducía complicacio nes y creaba un sistema de ingresos mucho más seguros y previsibles y, por tanto, más adecuado a los intereses de los grandes prestamistas que querían ver vías de respaldo de sus préstamos (Yun, en prensa). 24. Rodríguez-Salgado (1992). 25. García Espuche (1998). 26. Sobre los aspectos demográficos de la crisis, véase Pérez Moreda (1980), So bre los ideales nobiliarios, Bennassar (1983); sus repercusiones económicas en Yun (2002). Hay una revisión crítica de la explicación de presión fiscal en Thompson (1982); también Yun (1990) y Yun (en prensa). Un análisis de la fiscalidad en Francia que permite útiles comparaciones es el de Collins (1988). Los efectos de las enajena ciones en Castilla la Vieja pueden verse en Vassberg (1983); y los de la deuda señorial en Aragón en Abadía ( 1998). 27. Sobre la reorientación de los tráficos mercantiles, véase Ruiz Martín (1990). Para los efectos del gasto militar, Thompson (1982). Sobre la red comercial costera ca talana, García Espuche (1998).

440

3.


L as

r a íc e s d e l a tr a so ec o n ó m ic o e s p a ñ o l : c r isis y d e c a d e n c ia

(1 5 9 0 -1 7 1 4 )

1. Hobsbawm (1983 [1955]). Para una visión de los debates sobre el tema durante las décadas siguientes a los escritos, véase Fernández-Albaladejo (1983). 2. Parker y Smith (1985). 3. Sobre Inglaterra, véase Alien (1992); para Francia, Hoffman (1996); sobre las Provincias Unidas, véase para Bélgica Van der Wee y Blomme (1994), y para Holanda, De Vries y Van der Woude (1997); para Italia, véase Malanima (1998). 4. Las ideas reseñadas, en De Vries (1987). Para el debate sobre la «crisis» de la economía atlántica, véase Israel (1981) y Kamen (1978). 5. Pérez Moreda (1980). 6. Para una visión del arbitrismo de esta época, véase la síntesis de Gutiérrez Nieto (1986). 7. El meior texto sobre el conde-duque y sus planes políticos es el de Elliott (1990). 8. Muchas de las cuestiones anteriores en Domínguez (I960), Ruiz Martín (1990b) y, más recientemente, Gelabert (1997). 9. Una síntesis de todas estas cuestiones en Artola (1982). 10. Para todo lo anterior puede verse Jago (1982); Atienza (1987) y Yun (2002). 11. Como muestra de la multitud de estudios sobre oligarquías urbanas en el si glo xvn, puede mencionarse para el caso de Madrid, Hernández (1995). 12. Sobre los mecanismos financieros puestos en funcionamiento para la recauda ción de tributos y sus repercusiones en la vida urbana, véase F. Ruiz Martín (1978). Para todas las cuestiones anteriores puede verse también, del mismo autor (1990b). Sobre las Cortes de Castilla y la interrupción de sus reuniones, véase Thompson (1984). 13. Algunos casos concretos en Marcos (1985) y Yun (1987). 14. Son muchos los trabajos que han estudiado la evolución de la producción agraria y los cambios en la composición del producto agrícola a escala regional. Baste como muestra el estudio de García Sanz (1977). Una discusión sobre la presencia de mecanismos de reajuste y sobre las posibilidades de aplicar el concepto de depresión en Llopis (1986), donde se rebaten algunos de los argumentos expuestos por Anes (1978). 15. Para Segovia, García Sanz (1977), el caso de Valladolid en Gutiérrez Alonso (1989); Córdoba en Fortea (1980) y Toledo en Montemayor (1996). 16. Sobre el impacto de Madrid en la economía castellana, véanse Ringrose (1985) y, desde puntos de vista distintos, la excelente monografía colectiva dirigida por López García (1998). 17. Gelabert (1994). 18. Yun (2001). 19. Aunque no es un caso único, el hecho, que a su vez estaba ligado a las relacio nes diplomáticas entre las distintas áreas de Europa, se puede ver en Herrero (2000). 20. Este epígrafe constituye una adaptación para las características de este manual de ideas que ya desarrollé en Yun (1999). 21. Para Valencia, véase Casey (1983). Lo dicho para Cataluña y Galicia, véase en Serra (1988) y Eiras (1984), respectivamente. Sobre la Tierra de Campos y Segovia, Yun (1987) y García Sanz (1977). 22. Sobre el tráfico interior en la segunda mitad del x v ii me baso en lo que yo mis mo expuse en Yun (1999). Acerca de Bilbao y Barcelona, véanse, respectivamente, La-

441

NO TA S

borda (1978) y Fontana (1955), y sobre el comercio de Barcelona hacia Andalucía Martínez Shaw (1981). El comercio costero andaluz en Pulido (1993). 23. Kamen (1981), 24. Sanz Ayán (1988). 25. Sánchez Belén (1996) y Ruiz y Dedieu (1994). 26. Ejemplos tomados de Kamen (1981, p. 129). 27. Serra (1988) y Ardit (1993). 28. Eiras (1984); Pérez García (1981); Anes (1988). 29. Serra (1988); García Sanz (1977); Bernal (1988); Pérez Picazo y Lemeuníer (1984). 30. Para Córdoba, Fortea (1994); más general Kamen (1981). 31. Para las transformaciones en el caso catalán, véase Torras (1998). 32. Las afirmaciones respecto de las áreas catalanas proceden de Torras (1998) y García Espuche (1998), 33. Everaert (1973) e Israel (1989). 34. Para estas cuestiones, véase Herrero (2000).

4.

E

x p a n s ió n , r e f o r m is m o y o b s t á c u l o s a l c r e c im ie n t o

(1 7 1 5 -1 7 8 9 )

1. En algunas zonas de la Europa noroccidental, numerosas economías familiares ampliaron su oferta de bienes y servicios y de fuerza de trabajo, al tiempo que eleva ban su demanda de bienes y servicios. Éste fue el núcleo central de la «revolución indus triosa», que fue estimulada por el descenso de los costes de transacción y por cambios en los precios relativos y en los gustos de los consumidores (en parte inducidos por la llegada a Europa de una oferta creciente y más variada de artículos coloniales). 2. La bibliografía empleada se relacionará, salvo la aparecida en los cuadros, grá ficos o notas previas, al final de cada epígrafe. En este caso, véanse Anes (1975); Gon zález Enciso et al. (1992); Yun (1999); De Vries (1994b); Alien (2000); Van Zanden (2001). Unas notas de Concepción de Castro sobre las reformas de Felipe V han con tribuido a mejorar este epígrafe. 3. Para finales del siglo xvn o comienzos del xvm no disponemos de ningún censo de población que ofrezca información completa y fiable. El dato de 1700 constituye una estimación basada en dos supuestos: 1) de 1715 a 1800, el número de habitantes creció a una tasa del 0,42 por 100; y 2) el tamaño de la población española de 1715 era similar al de 1700 (así lo sugieren las series de bautismos). 4. Según Pérez Moreda, las cifras que proporciona los censos de población de fi nales del siglo xvm y de la segunda mitad del siglo xix están sesgadas a la baja en pro porciones parecidas. Por consiguiente, si se elevan los guarismos de los primeros, como suele ser habitual con los de los censos de Floridabianca (1787) y Godoy (1797), es preciso efectuar la misma operación con los recuentos decimonónicos. Como los 11 millones de 1800 son resultado de incrementar en cerca de un 5 por 100 la cifra aportada por el Censo de 1797, he elevado en ese mismo porcentaje la que arroja el Censo de 1860. 5. Ello por dos razones: 1) las tasas de natalidad variaban en el corto plazo pero sus promedios anuales de siete, nueve u once años no solían registrar modificaciones dramáticas; y 2) los movimientos migratorios eran relativamente poco intensos en el antiguo régimen.

442


6. La serie de Galicia incluye 26 parroquias para el período 1700-1789 y 63 para la última década del siglo xvm; la de Cantabria está basada en muestras de más de 50 parroquias; la del País Vasco se ha formado con todas las parroquias guipuzcoanas, con 23 alavesas y con 8 vizcaínas (el índice regional se ha construido ponderando el peso de la población de cada una de las provincias vascas en 1787); la de La Rioja in corpora los registros de 27 localidades; la de Castilla la Vieja, de 16; la de Castilla la Nueva, 26; la de Extremadura, 37; la de Andalucía, 14; la de Cataluña los de 60 parro quias; la de Valencia se ha elaborado con registros de 108. El índice de España se ha calculado ponderando las regiones por su peso demográfico en 1787. Luis María Bil bao, Santiago Piquero, Vicente Pérez Moreda, Alejandro Arizcun, Pedro Gurría, Fran cisco Muñoz y Guy Lemeunier han tenido la gentileza de dejarme utilizar series inédi tas y/o de ayudarme a recopilar la información para elaborar las cifras regionales. 7. AI crearse un elevado número de nuevas parroquias en el territorio murciano en el siglo xvm, las cifras del cuadro 4.2 infravaloran el crecimiento del número de bau tismos en dicha región. 8. Véanse Bustelo (1972); Livi-Bacci (1988); Dupáquier (1998); Pérez Moreda y Reher (1997); Pérez Moreda (1997); De Vries (1987); Pérez Picazo y Lemeunier (1984); Marcos (2000). 9. El valor del producto agrario se elevaba apreeíablemente cuando en los secanos se sustituía el cultivo de cereales, en el que se obtenía, como máximo, una cosecha cada dos años, por el de la vid o el olivo, que proporcionaban frutos todos los años. 10. Suponiendo que en 1800 se consumiesen unos 15 millones más de fanegas de trigo que en 1700, que la tierra se sembrase cada dos años, que se obtuviesen unos rendimientos medios de cinco fanegas de grano por cada una de sembradura y que la extensión de una fanega de superficie se situase entre 0,5 y 0,66 hectáreas, habría sido necesario extender el área labrada en más de 3 millones de hectáreas para atender las mayores necesidades alimenticias. Aun aceptando que se hubiese producido una cierta intensificación de los cultivos en algunos de los terrenos que ya estaban siendo labra dos en 1700 y que las importaciones cubriesen en la periferia un porcentaje del consu mo algo mayor a finales que a comienzos del siglo XVHI, la superficie mínima de nue vas labores no podría haberse situado por debajo de los 2,5 millones de hectáreas. 11. En amplias zonas de Extremadura y en algunas áreas de Castilla la Nueva y Andalucía, los dueños de dehesas controlaban una porción considerable o mayoritaria de la tierra susceptible de ser labrada. 12. Las series de Segovia incluyen los diezmos de 22 localidades; las de Palencia y Valladolid las tercias reales de 44 pueblos y lugares de los arciprestazgos de Cevico de la Torre y Portillo; las de Ávila los diezmos de 8 núcleos del Campo de Pajares; las de León los de 7 pueblos del oriente de dicha provincia, y las de La Rioja los de 12 lo calidades. 13. Arévalo era, probablemente, el mayor mercado triguero del interior. 14. Montemarta, Moreruela la Yerma, Palacios, Carrascal, Las Hencillas, Manga neses, Sanzoles, La Pimienta, La Franca, Molacilios, Valdepalacio y La Pardala. La muestra de pueblos abulenses está integrada por Altamiros, Albornos, Cantiveros, Castilblanco, Flores de Ávila, Goterrendura, Muñosancho, Pajares, Riocabado y Vicolozano. Noemí Cuervo me ayudó a elaborar las series de los pueblos de Ávila. 15. La lana suponía más del 75 por 100 del valor total de esquilmos de las cabañas ovinas trashumantes; por su parte, los pastos invernales constituían, con gran diferen cia, la partida más voluminosa de sus costes.

NOTAS

443

16. Los arrendamientos de diezmos no permiten conocer los movimientos de la producción en el corto plazo, pero sí las tendencias de las cosechas en el largo plazo. 17. Véanse Marcos (2000); Anes (1970a, 1988 y 2000); Yun (1987); Pérez Picazo (1998); Llopis (1989 y 2001a); Sánchez Salazar (1988); Sebastián (1990); Me lón (1989); Gámez (1989); Ponsot (1986); García Sanz (1994b); Phillips y Phillips (1997); Bilbao (1998); Pereira (1998); Rodríguez Galdo (1989); Fernández de Pinedo (1974a); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982a); Domínguez (1996); Tello (1992 y 1997b); Torras (1994); Ferrer (1989); Vilar (1962); Mateu (1987); Ardit (1993); Ruiz Torres (1989); Pérez Sarrión (1989 y 1999); Torras (1982); Macías (1989). Agradezco a José Ramón Moreno sus comentarios sobre la agricultura aragonesa. 18. García Sanz (1978 y 1996); Robledo (1993); Perdices (1989); Castro (1987 y 1996); Llombart (1992); Llopis y Jerez (2001); Bernardos (2002); Villares (1989); Anes (1974 y 1994); Pérez Picazo (1998); Tomás y Valiente (1971); Sánchez Salazar (1989); Llopis (1982); Hernández (1999); Moreno Fernández (1999); Pérez Rome ro (1999); Castells y Moliner (2000). 19. Véanse Benaul (1992); Bilbao (1989); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982b); Carmona (1990); Delgado (1995); Fernández de Pinedo (1980 y 1988); García Sanz (1989); González Enciso (1980); González Enciso et al (1992); Helguera (1996); Mar cos (2000); Ros (1999); Sánchez (2000); Thomson (1991 y 1992); Torras (1991 y 1994); Torró (2000). Unas notas de Luis María Bilbao me ayudaron a mejorar los párra fos dedicados a la siderurgia. 20. Véanse Anes (1970a); Bernardos (1997 y 2002); Carbajo (1987); Castro (1987); Delgado (1987); Fernández de Pinedo (1980); Fisher (1981); González Enciso et a l (1992); Madrazo (1987); Marcos (2000); Prados de la Escosura (1982b, 1993 y 1999); Ringrose (1996); Tinoco y Fradera (1987); Torras (1991). 21. Anes (1969); Comín (sa); Dobado (1997); Dobado y Marrero (2001); Gonzá lez Enciso et al (1992); Klein (1998); Marcos (2000); Marichal (1997); Marichal y Souto (1994); Merino (1987b); Tedde (1988a y b y 1998); Zafra (1987 y 2002). Agra dezco a Rafael Dobado y Juan Zafra sus observaciones sobre las finanzas novohispanas y la Hacienda española, respectivamente.

5.

La

c r is is d e l

A n tig u o R ég im en

y la r e v o l u c ió n lib e r a l

(17 9 0 -1 8 4 0 )

1. En el norte, el conflicto concluyó con el Convenio de Vergara de 29 de agosto de 1839; en la zona del Maestrazgo, sin embargo, la guerra no terminó hasta el 30 de mayo de 1840, fecha en la que los liberales tomaron Morella; véase Castells y Moli ner (2000). Véanse, además, Ringrose (1996); Pollard (1991); Carreras (1997); Sánchez (2000); Benaul (1995); Fontana (1971 y 1973a); Ruiz Torres (1994). 2. En Inglaterra, país que poseía unas formidables redes mercantiles externas y una poderosa marina, la aportación de las importaciones al consumo nacional de ali mentos básicos siguió siendo bastante modesta hasta la abolición de las Leyes de Gra nos en 1846. 3. Los mismos pueblos incluidos en el gráfico 4.2. 4. Cartas Cuentas anuales de la Mesa Capitular de la Catedral de Ávila, Archivo Histórico Nacional, Clero, libros 792 y 796. 5. En el oriente leonés, la renta de la tierra permaneció estancada entre 1790 y 1805 y comenzó a descender a partir de esta última fecha; véase Sebastián (1990).

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6. Entre los años agrícolas 1773-1774 y 1788-1789, el coeficiente de variación de los precios medios anuales había sido bastante más bajo: un 8,4, un 15,4, un 19,7 y un 30,4 por 100 en Barcelona, Valencia, Pamplona y Rioseco, respectivamente. 7. Se ha construido con las siguientes ponderaciones (en tantos por uno): trigo, 0,42; carne, 0,16; legumbres, 0,07; vino, 0,14; aceite, 0,16, y leche y huevos, 0,05. 8. Esa autorización, establecida por el decreto de 19 de septiembre de 1798, que daba condicionada a que el producto de las ventas de los bienes de los mayorazgos o de los vínculos se destinase a la Caja de Amortización, la cual abonaría a los corres pondientes impositores un interés anual del 3 por 100; Anes (1975). 9. Véanse García Sanz (1977); Yun (1987); Tello (1992 y 1997a); Anes (1970a); Bar quín (2001); Moreno Lázaro (2001); Pérez Moreda (1980 y 1985); Castro (1987); Correo Mercantil de España y sus Indias; Millán (1996); Tedde (1998); Marichal (1997, 1999 y 2001); Merino (1987b); Artola (1982); Herr (1971 y 1978); Klein (1998); Marichal y Souto (1994); Fontana (1979, 1985 y 1991); Prados de la Escosura (1993); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982b); Maluquer de Motes (1998); Delgado (1995); Sánchez (2000); Rueda (1997); Castells y Moliner (2000). 10. El monto de la contribución directa se fijó en 484 millones de reales y se esta blecieron cupos provinciales basados en el Censo de Frutos y Manufacturas de 1799, que contenía numerosas y graves inexactitudes y en una estimación de los beneficios comerciales, véase Fontana (1967). Luego se repartieron entre los pueblos dichos cupos de acuerdo a las cantidades que éstos pagaban de rentas provinciales o de equiva lentes. Ello implicaba que el gobierno gaditano mantenía las viejas prácticas recauda torias del Antiguo Régimen y renunciaba, por ende, al principio de proporcionalidad. 11. Véanse Fontana (1979); Anes (1970b); Llopis (1983); Jiménez Blanco (1996); Pérez Picazo (1998); Fernández de Pinedo (1974b); Torre (1991); Lana y de la Torre (2001); Fontana y Garrabou (1986); Marichal (1997); Tedde (1998); Pérez Moreda (1980); García Sanz (1994a). 12. Derogado en las dos restauraciones absolutistas, puesto en vigor de nuevo en e! Trienio y restablecido definitivamente a través del decreto de 6 de septiembre de 1836. 13. En las desamortizaciones «oficiales», los bienes de las instituciones afectadas eran nacionalizados, administrados transitoriamente por el Estado y, por último, vendi dos en pública subasta o, en su caso, redimidos por sus usufructuarios; Villares (1997). Este procedimiento no siempre fue el utilizado para desamortizar y privatizar las tie rras municipales. 14. Las páginas dedicadas a la reforma agraria liberal se basan fundamentalmente en García Sanz (1985). 15. Comín (2000a); Fontana (1977 y 1985); Ruiz Torres (1994); Castells y Moli ner (2000); Fontana y Garrabou (1986); Linares (1995); Rueda (1997); Villares (1985); Congost (1991); Artola (1973); Bernal (1979 y 1985); Pérez Picazo (1990); Barquín (1999); Castro (1987); Moreno Lázaro (1998); Nieto (1999); Canales (1985); Fernández de Pinedo (1985); Atienza (1991); Tello (2002). 16. La puesta en marcha del presupuesto exigió a la administración estimar con un apreciable grado de exactitud las cifras de ingresos y gastos, esforzarse para mantener estos últimos en los límites fijados y conseguir que la ejecución del presupuesto coin cidiera con las previsiones; Fontana (1973a). 17. Véanse Fontana (1971, 1977 y 1979); Tedde (1994 y 1998); Prados de la Esco sura (1993); Comín (1996 y 1999a); Zafra (1999); Artola (1986). 18. Ringrose ha ofrecido una visión bastante optimista no sólo de la época de construcción del Estado liberal, sino del conjunto de los siglos xvm y xix. Según este

N O TA S

445

historiador norteamericano, el crecimiento económico moderno se inició en España, al igual que en otros países de la Europa occidental, en el Setecientos; Ringrose (1996). Es dudoso que en nuestro país la renta por habitante haya crecido de manera significa tiva y de modo sostenido desde el siglo xvm. 19. En esta región, la patata y el viñedo fueron los principales cultivos protagonis tas de la expansión agrícola del período 1815-1840; Carmona (1990). 20. En el oriente leonés y en Ciudad Rodrigo, la renta de la tierra tampoco reco bró los niveles de finales del siglo xvm hasta después de 1840; Sebastián (1990); Ro bledo (1984). 21. El producto por hectárea en la oleicultura y, sobre todo, en la viticultura era bastante más elevado que en las tierras de cereal; véanse Simpson (1997) y Gallego (2001 ).

22. En la agricultura española los fertilizantes minerales no comenzaron a emple arse hasta los años cuarenta y su uso fue bastante reducido durante todo el siglo xix; González de Molina (2001). 23. Entre 1826 y 1849 las exportaciones agrarias crecieron al 3,5 por 100; Gallego (2001).

24. En Valencia, por ejemplo, se registró una crisis de desarrollo de la agricultura intensiva en las primeras décadas del siglo xix; Ruiz Torres (1985). 25. El arancel de 19 de septiembre de 1825 reiteró la prohibición de importar teji dos de algodón que había sido establecida durante el Trienio; Nadal (1991). 26. Además, desde los años veinte, los superávit fiscales de Cuba (los denomina dos «sobrantes de Ultramar»), aunque de una dimensión muy inferior a los obtenidos en Nueva España hasta la guerra de la Independencia, contribuyeron a la financiación del Estado metropolitano; Sáiz (1991). 27. Según las estimaciones de este especialista, importaciones y exportaciones re presentaban el 17 por 100 del PIB en 1780-1790 y sólo el 6,1 por 100 en 1830; Prados de la Escosura (1999). 28. Véanse Carreras (1988); Tortella (1973 y 1994a); Pérez Picazo (1998); Pérez Moreda (1985); Barquín (1997 y 1999); Anes (1970b); Llopis (1982 y 2001c); Domín guez y Lanza (1991); Congost (1991); Rueda (1997); Torras (1985); Colomé y Valls (1995); Tello (1992 y 1997a); Fradera (1984 y 1987); Martínez Vara (1986 y 1999); Tedde (1998, 1999 y 2001); Fontana (1978); Madrazo (1987); Gómez Mendoza (1998 y 1999); Villares (1997); Pujol et al. (2001); Moreno Lázaro (1998 y 2001); Nogués (2001); García Sanz (1994a y 1994b); Lanza (2001); Torras y Yun (2001); Hoyo (2001); Ramos Palencia (2001); Nadal (1975, 1987, 1992b, 1992c y 1999); Comín (2000a); Do bado y López (2001); Sánchez (1988 y 2000); Benaul (1991); Torró (1994); Bilbao y Fernández de Pinedo (1982b); Prados de la Escosura (1982b y 1993); Fernández de Pi nedo (1999); Sáiz y Vidal (2001); Toutain (1997); Crafts (1997a); Pascual y Sudria (1992). 6.

El

d i f í c i l a r r a n q u e df . l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n

(1840-1880)

1. Queremos agradecer los comentarios recibidos a una primera versión de este capítulo por parte de Jordi Nadal, Daniel Tirado y Ramón Ramón. 2. Sobre el crecimiento del PIB, véase Carreras (1990) y Prados (1995), y acerca de la productividad de la agricultura, Simpson (1997) y Gutiérrez Bringas (2000). 3. Prados (1995).

446


4. Para la evolución de la mortalidad, véase Nadal (1984); para la de la talla de la población masculina, Martínez Carrión (2001); para los niveles de urbanización, Reher (1994); y para el atraso educativo, Núñez (1992). 5. Para el mantenimiento de la propiedad por los grandes nobles, véanse Malefakis (1970) y Peset (1982); para la abolición de los señoríos, Bernal (1974), Sobre la de samortización, véanse Fontana (1973 y 1977); Tomás (1971); Simón (1973); Rueda y otros (1986). 6. Acerca del impacto de la desamortización de los comunales sobre la ganadería y las masas forestales, véase Garrabou y Sanz (1985). 7. Por lo que respecta al régimen contractual agrario, Artola y otros (1978) y Ro bledo (1984); para la evolución de la productividad, Simpson (1997) y Gutiérrez Bringas (2000); y sobre la situación del proletariado rural, Rodríguez Labandeira (1991). 8. Para la superficie y producción agraria, véase Garrabou y Sanz (1985). Para el papel del ferrocarril, Gómez Mendoza (1989a) y Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vi dal (1999). 9. Sobre la introducción de los abonos químicos y minerales, véase Gallego (1986), y acerca del retraso acumulado en el arranque de la mecanización de la agricultura es pañola, Simpson (1997) y Martínez (2000). Por lo que respecta a los rendimientos por unidad de semilla sembrada, véanse Garrabou y otros (1995) y Gutiérrez Bringas (2000); a la amplitud de las fluctuaciones de las cosechas, Garrabou y otros (1995); y a las crisis agrarias, Sánchez-Albornoz (1977). Para las exportaciones de harinas, Ma luquer de Motes (1974). 10. Para la viticultura en Cataluña y Valencia, véase Giralt (1990) y Piqueras (1981). Para la filoxera, véanse Camero (1980) y Pan-Montojo (1994). Para el olivar, véase Zambrana (1987). Sobre el cultivo y exportación de naranjas, véase Abad (1987), y para una visión de conjunto sobre el desarrollo de la agricultura valenciana, Garrabou (1985). Para la agricultura catalana, véase Garrabou y Pujol (1987). 11. Hacia 1890, el producto por activo en la agricultura española era la mitad que el de Holanda, Dinamarca, Francia y Alemania y un 15 por 100 menor que el de Italia. Véase O’Brien y Prados (1992). 12. Lo cual no era ignorado por nadie. G. M. Jovellanos ya lo advirtió en su Infor me en el expediente de ley agraria (1795): «El clima de España en general es ardiente y seco y es grande por consiguiente el número de tierras que, por falta de riego, o no producen cosa alguna, o solo algún escaso pasto», y que por ello «el riego debe ser mi rado por nosotros como un objeto de necesidad casi general». 13. Para Cataluña, véase Vilar (1965); para el País Valenciano, Garrabou (1985) y Piqueras (1981). 14. Por lo que respecta a la superficie irrigada, Alzóla (1979) y Simpson (1997). La primera edición de la obra de Pablo Alzóla se publicó en 1899 y en ella lamenta la inhibición del Estado en materia de obras hidráulicas e indica que el gobierno «tiene que tomar en lo sucesivo una parte más activa en el desarrollo de los riegos». 15. Véase Robledo (1984). 16. Para la reforma tributaria de Mon, véanse Estapé (1971), Comín (1988, 1996 y 2000), Fuentes (1990), Vallejo (2001), y Comín y Vallejo (2002). Para los arreglos de la deuda pública de Mon, Bravo Murillo, García Barzanallana, Salaverría y Cama cho, véanse Fontana (1980) y Comín (1996). Para las reformas económicas del sexenio democrático, véanse Fontana (1980), Costas (1988) y Comín (1988 y 2000). Para las leyes mineras y la desamortización del subsuelo, Nadal (1975) y Martín Niño (1972).

N OTAS

447

17. Sobre la concesión del monopolio de emisión al Banco de España, véanse. Tortella (1970 y 1994) y Anes (1974). Por otro lado, en 1872 el Banco Hipotecario había obtenido —aprovechando también las acuciantes necesidades financieras del Estado— otro monopolio: el de emisión de cédulas hipotecarias (Comín, 2000). Una y otra con cesión condicionaron, en sumo grado, la evolución de los mercados financieros y el margen de maniobra de la política monetaria. 18. Véase Comín (1988 y 1996). 19. Sobre la evolución de las disponibilidades líquidas del sector bancario, véase Tedde (1974). 20. Para la acumulación de capital en esas zonas mercantiles, véase Sudria (1994) y Sudria y Pascual (1999). Para el Banco de San Femando, véase Tedde (1999). Para el desarrollo del sistema bancario y su crisis posterior, véanse Tortella (1973) y Martín Aceña (1985). 21. Véase Tortella (1973) y Comín, Martín, Muñoz y Vidal (1998). 22. Para la legislación y las inversiones mineras, véanse Nadal (1992); Chastagnaret (1985 y 2000); Nadal (1975 y 1992); Escudero (1996 y 1998). 23. Para la política, la construcción y las compañías ferroviarias, véanse Tortella (1973), Casares (1973), Tedde (1978), Nadal (1975). Para los ferrocarriles catalanes, véase Pascual ( 1999a). 24. Las estimaciones de ahorro social son de Gómez Mendoza (1982). El ahorro social surge del menor coste de transportar un volumen determinado de mercancías por ferrocarril en comparación con el coste en el que habría que incurrir de tener que acarrearlo por modos alternativos de transporte; en España, principalmente la carrete ría, ante la inexistencia de una red de canales. El ahorro social se calcula suponiendo que se cierran los ferrocarriles en un año y que las mercancías son transportadas por otros medios más caros. 25. Véase Gómez Mendoza (1989a) y Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998). 26. Para la política de la compañías ferroviarias, véase Casares (1973) y Tedde (1978). La hipótesis de Nadal (1975) de que la franquicia arancelaria a las importa ciones de carriles constituyó una oportunidad perdida para desarrollar la industria si derúrgica autóctona fue cuestionada por Gómez Mendoza (1982), pero sigue siendo válida. Para una valoración de conjunto de los efectos hacia atrás generados por la construcción de los ferrocarriles españoles, véase Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vi dal (1998). La estimación del mayor coste de construcción de haber utilizado raíles es pañoles es de Pascual (1999b). 27. Sobre la expansión de la producción y exportación de metales y minerales, véanse Nadal (1975 y 1992); Escudero (1998); y Chastagnaret (2000). 28. Véase Coll ( 1987). 29. Véase Prados (1982 y 1988). 30. Para los aranceles de 1841 y 1849, véase Nadal Farreras (1978). Para el aran cel industrialista de Figuerola, véase Costas (1988). 31. Estos cálculos excluyen al País Vasco y a Navarra que contaban con un régi men fiscal particular. Para los años indicados, su incorporación haría incrementar, aun que muy ligeramente, el peso de otros sectores, como la metalurgia. Véase Nadal (1992). 32. Para la industria harinera, véase Moreno (1991). Para la industria del aceite, véanse Nadal (1987) y Parejo y Zambrana (1994). Para las conservas y pastas, Carmo na (1985) y Nadal (1987).

448


33. Véanse Nadal (1975 y 1991); Maluquer de Motes (1976); Rosés (1997). 34. Véase Nadal y Sudriá (1993). 35. Para la decadencia de los textiles tradiciones, véase Carmona (1990) y Líopis (1993). Para la transformación industrial de Cataluña, Nadal (1992) y Maluquer de Motes (1994 y 2001). Para la industria lanera, Parejo (1989) y Benaul (1994a). Para el distrito industrial de Sabadell, Benaul (1994b). 36. Sobre las vicisitudes de la industria siderúrgica española, véase Nadal (1975). 37. Véanse Nadal (1975); Gómez Mendoza (1982 y 1989); Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998). 38. Los técnicos estimaban que ese umbral se situaba en las 20.000 toneladas anuales de sosa, mientras España sólo alcanzó a consumir unas 13.000 toneladas a la altura de 1880; véase Nadal (1992). 39. Véase Nadal (1992) y Tortella (1983). 40. Para la minería del carbón, véanse Sudriá (1997); Nadal (1975); Coll (1987).

7.

C ris is

y r e c u p e r a c ió n e c o n ó m ic a en la

R e s t a u r a c ió n ( 1 8 8 2 -1 9 1 3 )

1. Véase Litvak ( 1975). 2. El total de los fallecidos entre la población residente en Cuba, por causa de la guerra, ascendió a unos 170.000, pero el número de ellos que había nacido en España era casi insignificante. 3. Véanse Pérez Moreda (1999); Fernández Sanz (1990); Maluquer de Motes (1999); Dopico y Reher (1998); Sánchez Alonso (1995); Mikelarena (1993); Domínguez y Guijarro (2000); Cussó y Nicolau (2000). 4. Véase Prados (2000). 5. Véase Martín Rodríguez (1992). 6. Está peifectamente establecida la existencia de un régimen de intercambio discriminador a través de los impuestos extraarancelarios (transitorios y municipales) que protegían el azúcar peninsular; véanse Maluquer de Motes (1974) y Martín Rodríguez (1982 y 1999). 7. Para la política arancelaria, véanse Serrano (1987) y Sabaté (1996). 8. Para la polémica sobre el patrón oro, véanse Martín Aceña (1985) y Tortella (1998 y 2001). 9. Solé (1964 y 1967) y Comín (1988 y 1999). 10. Para el gasto público, véanse Tedde (1985), Maluquer de Motes (1999); Comín (1989); Cubel, (1993). 11. Los registros de exportación están muy hinchados porque recogen en esos años grandes volúmenes de mercancías que salían de los puertos peninsulares hacia las colonias para suministros de equipo y mantenimiento de las tropas españolas sin constituir venta exterior alguna ni generar pagos en divisas. 12. Para la opinión de Mallada, véase Velarde (1999); para la composición del gasto nacional, Carreras (1990). Para la industria, Nadal (1975) y Carreras (1997), y para los servicios, Prados (1995). 13. Para el estancamiento de la productividad del trabajo, véase Bringas (2000). Para la oleicultura, Zambrana (1987). Para la vid, véanse Carnero (1980) y Pan-Montojo (1994). Para la producción agraria, véanse Grupo de Estudios de Historia Rural (1991) y Mateu y Calatayud (1996). Para las limitadas mejoras en las técnicas agrarias,

NOTAS

449

véanse Gallego (1986), Germán (2001), Cascón (1914) y Martínez Ruiz ( 2000). Para los obstáculos a la modernización agraria, véanse Simpson (1994) y Bemal (1999) 14. La extensión de la remolacha azucarera no fue consecuencia, por consiguien te, de la independencia de las Antillas, puesto que se produjo con anterioridad. 15. Para el olivar, véase Zambrana (1987). Para los frutos secos, véanse Manera (2001) y Garrabou y Pujol (1988). Para los productos hortícolas, véanse Pérez Picazo y Martínez Carrión (2001); Moreno Fernández (2001); Macías (2001). Para los productos forestales, Zapata (1996 y 2001b). Para la remolacha, Martín Rodríguez (1982 y 1999) y Jiménez Blanco (1986). Para los cultivos forrajeros, Puente (1992). Para los produc tos lácteos, véase Carmona y Puente (1988). Para la pesca, véase Giráldez (1993). 16. Véanse Schumpeter (1978) y Landes (1999). 17. El gráfico 7.8 presenta un índice compuesto de la producción de plomo metal, piritas y, con ponderación doble, mineral de hierro. 18. Para el capital humano, véase Tortella (1994). El estudio comparativo de la productividad es de Dormois y Bardini (1995). Para la industrialización del xix, Na dal (1975). Para el carbón, véase Coll y Sudriá (1987). Sobre la electricidad, Aubanell (1992) y Maluquer de Motes (1985). Para la minería, véanse Sánchez Picón (1995), Pérez Picazo y Martínez Carrión (2001) y Escudero (1998). Para la siderurgia y los transformados metálicos, Fernández de Pinedo (2001); Nadal (1975); Ojeda (1985); Maluquer de Motes (1989). Para el cemento, véase Gómez Mendoza (1987). 19. Para la industria textil, véanse Nadal (1987 y 1992), Sudriá (1983), Kroese (1958), Llonch (2001) y Deu (2001). Para la industria del calzado, véase Miranda (1998), Manera (2001). Para la industria harinera, véanse Gómez Mendoza (1989) y Moreno Lázaro (1997). Para la industria de productos lácteos, véanse Carmona y Puente (1988), Domínguez Martín y Pérez González (2001). Para la industria conservera, véanse Martínez Carrión (1989); Moreno Fernández ( 2001); Carmona ( 1985). 20. Para los ferrocarriles, véase Gómez Mendoza (1989); para las navieras, véase Valdaliso (1991); para las comunicaciones, véase Bahamonde (1993). Para el sistema bancario, véanse Tedde (1974); Sánchez-Albornoz (1977); García Ruiz (1999). 21. A pesar de los notables trabajos acerca de las cifras del comercio exterior es pañol, su análisis dista de estar cerrado. En trabajos recientes se siguen desconocien do, por ejemplo, las evidentes anomalías de la estadística en los años 1895-1898. 22. De todos modos, las sociedades mineras de capital extranjero concentradas verticalmente con empresas siderúrgicas europeas vendían el mineral a precios preferenciales y, por tanto, transferían beneficios invisibles, no contabilizados, a sus matri ces en muy elevada cuantía. 23. Para los beneficios de las empresas mineras, véase Escudero (1998). Para el comercio con Cuba, Zanetti (1998), y para las remesas de emigrantes, Maluquer de Motes (1999). 8. El

PERÍODO DE ENTREGUERRAS

(1914-1936)

1. Agradezco los comentarios de Pablo Martín Aceña, Jordi Palafox y Ricardo Robledo. Para el contexto político español véase Juliá (1991 y 1995), Fusi y Palafox (1997) y Cabrera (1997); para el europeo, Aldcroft (1997); Cabrera, Juliá y Martín Aceña, eds. (1991) y Federico y Foreman-Peck, eds. (1999). 2. Mientras no se diga lo contrario, todas las cifras y series analizadas en este ca pítulo y las reproducidas en los gráficos proceden de Prados de la Escosura (2002), a

450


quien agradezco que me las dejase utilizar antes de que se publicaran. Las series de precios y salarios son de Maluquer (1989); las series monetarias y de tipo de cambio son de Martín Aceña; las seríes del sector público son de Comín (1989); la serie de be neficios es de Tafunell (1996). 3. Para el período bélico, véanse Sudria (1990) y Velarde (1999b); para las comi siones de movilización, San Román (2001). Para la economía del período, véase Co mín (1987 y 1988). Para la depresión económica de los treinta, véase Hernández Andreu (1980). Para los acontecimientos políticos, véase Artola, dir. (1993). 4. Las cifras de población son de Nicolau (1989); Llopis (2002) ofrece una estima ción de población activa agraria bastante superior, y Padros de la Escosura (2002) muy inferior. Para la transición demográfica, véanse Pérez Moreda (1984) y Nicolau (1989); para la emigración, Sánchez Alonso (1995). La cita en Flores de Lemus (1929). Las estimaciones de la época son de Vandellós (1925) y Miguel (1935). 5. Simpson (1997) califica las innovaciones técnicas de modestas, por la existen cia de esos obstáculos; otros autores piensan que fueron más importantes, como Gallego (2001) y Fernández Prieto (2001), a quienes sigo en este punto. La importación de maquinaria agrícola, en Robledo (1996). Para todo esto, véase Gallego (2001). 6. Para la modernización «pausada» de la agricultura, véanse Jiménez Blanco (1986a) y, fundamentalmente, Gallego (2001), a quien sigo en este análisis. Tortella (1994) y Simpson (1997) relativizan esa modernización de la agricultura. Las cifras de pro ductividad proceden de Simpson (1997) y Grupo de Estudios de Historia Rural (1983). 7. Esta es la interpretación de la reforma agraria de Robledo (1996); véase tam bién Fontana (1987). Simpson (1997) sostiene que lo único que podría haber logrado la reforma hubiera sido retrasar unos años el éxodo rural. Para las relaciones laborales en el campo, véase Rodríguez Labandeira (1991). Para el desempleo agrario, Comín (Í988). 8. Para la continuidad de la política económica, véase Comín (1988); visiones contrarias en Velarde (1999) y Palafox (1992). Todas esas medidas nacionalistas, inter vencionistas y proteccionistas fueron el precedente del modelo castizo de la economía española, vigente tras la guerra civil; véanse Fuentes Quintana (1995) y Comín (2001). Para las corrientes nacionalistas, véanse Velarde (1999) y Fraile (2001). Para el BCI, Tortella y Jiménez (1986). Para el arancel Cambó y los tratados que siguieron, Serrano Sanz (1986). Para la legislación laboral, véase Soto Carmona (1989). 9. Para la industria de material ferroviario véase Comín, Martín, Muñoz y Vidal (1999). Los beneficios empresariales en Tafunell (1996), la creación de empresas en Comín (2002), la inversión extranjera en Tascón (2001). Para la industria química, véase Puig (2001); la automovilística, San Román (1995) y Estapé (1999). Para los ferrocarriles, véanse Tedde (1978) y Comín, Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998). Para Campsa, véase Comín (1991). 10. Véanse Howson (1998) y Martín Aceña (2001). 11. Para la política fiscal, Palafox (1992) y Comín (1988). Para Flores de Lemus, Fuentes Quintana (1976). Véanse Cabrera, García Delgado y Comín (1989) y Martorell (2000) para el fracaso de los planes reformadores. Véase Comín (1988, y 1996b) para las reformas tributarias, la evolución del gasto y del déficit. Para los ministros de Hacienda, Comín, Martín Aceña y Martorell, eds. (2000). 12. Para la banca y la política monetaria, véase Martín Aceña (1984, 1985b, 1991, 1997 y 2000). 13. Federico y Foreman-Peck (1999) sostienen que el nivel de protección en España estaba en una posición intermedia entre los países europeos antes de la guerra mun-

NOTAS

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dial. Serrano Sanz (1986) defiende que en los años veinte España no practicó un «pro teccionismo a ultranza», salvo en la prohibición de importar trigo desde 1922. Para la política exterior republicana, véase Serrano Sanz (1987b). Véase Palafox (1992) para la crisis de la exportación de cítricos, Carmona (2001) para las conservas, y Pérez Picazo y Martínez Carrión (2001) para los minerales. Para la escasez de divisas, véase a Chapaprieta (1971). Para las balanzas de pagos de la Segunda República, véase Comín (1988). 14. Para las inversiones francesas, véase Fearon (1979). Para la divisa, véanse Martín Aceña (1984) y Comín (1988). 15. Véase Palafox (1992). Para las propuestas de los economistas del período, véase Comín (2001). 16. Esta es la interpretación de Juliá (1991 y 1995). Palafox (1992) responsabiliza del fracaso a los políticos del primer bienio. 17. Fontana (1987). 9.

G uerra

c iv il y p r im e r f r a n q u is m o

(1936-1959)

1. Entre las obras generales sobre el periodo: Anes, ed. (1999); Biescas y Tuñón (1981); Barciela, López, Melgarejo y Miranda (2001); Clavera et a l (1973); Donges (1976), Fontana , ed. (1986); Fusi y Palafox (1997); Jackson (1990); Nadal, Carreras y Sudriá, comps. (1987). 2. Para la guerra civil: Bricall (1970); González Portilla y Garmendia (1988); Thomas (1976); Viñas (1977); Nadal, Carreras y Sudriá, comps. (1987). 3. Cenarro (1998); Catalan (1995); Diez Nicolás (1985); Fuentes Quintana (1990); Juliá, coord. (1999). Además de las obras generales, citadas, véanse Moreno Fonseret (1991); García Delgado (1986); González (1979); Tena (1992); Viñas (1984). 4. Barciela (1989); Garrabou, Barciela y Jiménez, eds. (1986); Melgarejo (2000); Rein (1995). 5. Nadal Carreras y Sudriá, comps. (1987); Coll y Sudriá (1987); Comín y Martín Aceña (1991); Gómez Mendoza, ed. (2000); Sudriá (1987). 6. Comín (1996) y Díaz Fuentes (1994). 7. Martín Aceña (1994); Martín Aceña y Titos, eds. (1999). 8. Martínez Ruiz (2001); Serrano Sanz (1997). 9. González (1979); Prados (1998); Prados y Sanz (1996). 10. Calvo (2001) y Barciela (2000). 11. Barciela (1997); Leal, Leguina, Naredo y Tarrafeta (1975); Naredo (1986). 12. Miranda (1998); Morellá (1992); Donges (1976). 13. Sardá (1987). 10. Los AÑOS

DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO

(1959-1975)

1. Véanse Fuentes Quintana (1984 y 1988) y Serrano Sanz (1997). 2. Véanse Donges (1976); Martínez Serrano et al. (1982); González (1979) y Gar cía Delgado (1987). 3. Véanse Segura (1992); Fundación BBVA e IVIE (1998); Pérez et al. (1996). 4. Véanse De la Fuente (1998); Cebrián (2001); Comín (1995).

452


5. Como señalaron hace tiempo los trabajos de la Fundación Empresa Pública; véanse Fundación INI (varios años) y Segura (1975). 6. Véase Martín Aceña y Comín ( 1991) y Cabrera y Del Rey (2002). 7. Comín (1996). 8. Véanse Serrano Sanz y Costas (1990) y Fundación BBV (1999). 11.

L a ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA DEMOCRACIA

(1976-2000)

i. El cumplimiento del criterio relativo a la deuda pública no se exigió, finalmen te, en los términos iniciales, dados los elevadísimos porcentajes de deuda sobre el PIB en países como Italia y Bélgica.

BIBLIOGRAFÍA Abad, V (1987), La taronja (1781-1939), Valencia, Edicions Alfons el Magnánim/lnstitució Valenciana d’Estudis i Investigació. Abadía Irache, A. (1998), La enajenación de rentas señoriales en el reino de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Abulafia, D. (1996), Un emporio mediterráneo: el reino catalán de Mallorca, Barcelo na, Ediciones Omega. Aldcroft, D. H. (1997), Historia de la economía europea (1914-1990), Barcelona, Crí tica (trad, de J. Pascual). Alonso, J. A. (1998), «El sector exterior español», en García Delgado, dir. (1988). Álvarez Llano, R. (1986), «Evolución de la estructura económica regional de España en la historia: una aproximación», Situación, 1. Álvarez Vázquez, J. A. (1987), Rentas, precios y crédito en Zamora en el Antiguo Ré gimen, Zamora, Colegio Universitario de Zamora. Alzóla Minondo, P. (1979), Historia de las obras públicas en España, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos/Turner [1.a ed. 1899]. Allen, R, (1992), Enclosure and the Yeoman, Oxford, Clarendon Press. Allen, R. C. (2000), «Economic structure and agricultural productivity in Europe, 1300-1800», European Review o f Economic History, 4. Anes, G. (1969), «Los Pósitos en la España del siglo xvm», en G. Anes, Economía e «Ilustración» en la España del siglo xvm, Barcelona, Ariel. — (1970a), Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, Taurus. — (1970b), «La agricultura española desde comienzos del siglo xix hasta 1868: algu nos problemas», en P. Schwartz, ed., Ensayos sobre la economía española a me diados del siglo XIX, Madrid, Banco de España. — (1974), «Antecedentes próximos del motín contra Esquilache», Moneda y Crédito, 128. — (1975), Historia de España Alfaguara, vol. IV: El Antiguo Régimen; Los Borbones, Madrid, Alianza. — (1978), «La “Depresión” agraria del siglo xvu en Castilla», en R. Rubio et a l, Ho menaje a Julio Caro Baroja, Madrid, CIS. — (1988), Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen, Barcelona, Ariel. — (1994), «La crítica ilustrada a la Mesta, como antecedente doctrinal de la medida de disolución del Honrado Concejo», en G. Anes y Á, García Sanz, coords. (1994). — (2000), «La economía española en el siglo xvm», en Fuentes Quintana, dir. (19992001), vol. 3: La Ilustración.

454


—, ed. (1999), Historia económica de España. Siglos xixy xx, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores. Anes, G., y Á. García Sanz, coords. (1994), Mesta, trashumancia y vida pastoril, Ma drid, Investigación y Progreso. Anes Álvarez, R. (1974), «El Banco de España (1874-1914), un banco nacional», en Tortella, dir. (1974). Arango, J. (1987), «La modernización demográfica de la sociedad española», en Na dal, Carreras y Sudriá, comps. (1987). Ardit, M. (1989), «Recaudación y fraude diezmal en el siglo x v h i valenciano», en VV.AA! (1989). — (1991), «Un ensayo de proyección inversa de la población valenciana (16101899)», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 9 (3). — (1993), Els homes i la terra del País Valencia (segles xvi-xvm), Barcelona, Curial. Arié, R. (1982), España musulmana (siglos vtn-xv), en M. Tuñón de Lara, dir., Histo ria de España, vol. III, Barcelona, Labor. — (1992), El reino nazarí de Granada (¡232-1492), Madrid, MAPFRE. Arizcun Cela, A. (1987), Economía y sociedad en la montaña navarra durante el An tiguo Régimen, tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. Artola, M. (1973), Historia de España Alfaguara, V: La burguesía revolucionaria (1808-1869), Madrid, Alianza. — (1982), La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza. — (1986), La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza. —, ed. (1978), Los ferrocarriles en España, 1844-1943, Madrid, Banco de España, 2 vols. —, dir. (1988), Enciclopedia de historia de España, tomo 1: Economía. Sociedad, Ma drid, Alianza. Artola, M., A. M. Bernal y J. Contreras (1978), El latifundio. Propiedad y explotación, ss. xvin-xx, Madrid, Ministerio de Agricultura, Asenjo González, M. (1986), Segovia, la ciudad y su Tierra afines del Medievo, Sego via, Diputación Provincial de Segovia. Aston, T. H., y C, H. E. Philpin, dirs. (1988), El debate Brenner: estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial, Barcelona, Crítica (trad, de I. Moll y P. Iradiel). Atienza, Á, (1991), «Transformaciones en el sistema de crédito y crisis de las econo mías monásticas en Aragón a finales del Antiguo Régimen», Revista de Historia Económica, 9 (3). Atienza Hernández, I. (1987), Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna: la Casa de Osuna, siglos xv-xix, Madrid, Siglo XXI. Aubanell Jubany, A. M. (1992), «La competencia en la distribución de electricidad en Madrid, 1890-1913», Revista de Historia Industrial, 2, Aurell, J, (1996), Els mercaders Catalans al Quatre-cents. Mutació de valors i procés d ’aristocratització a Barcelona (1370-1470), Lérida, Pagés. Azagra, J., E. Matute y J. Vidal, eds. (1996), De la sociedad tradicional a la economía moderna. Estudios de historia valenciana contemporánea, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y Diputación Provincial de Alicante. Azaña, M. (1986), Causas de la guerra de España, Barcelona, Crítica. — (1997), Diarios, 1932-1933. Los cuadernos robados, Barcelona, Crítica. Bahamonde, Á., dir. (1993), Las comunicaciones en la construcción del Estado con temporáneo en España: 1700-1936, Madrid, MOPTMA.

B IB L IO G R A F ÍA

455

Banco de España (1970), El Banco de España. Una historia económica, Madrid, Banco de España. — (2001), El camino hacia el euro. El real, el escudo y la peseta, Madrid, Banco de España. Barbero, A., y M. Vigil (1978), La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, Crítica. Barciela, C. (1989), «La España del estraperto», en J. L. García Delgado, ed., El pri mer franquismo. España durante la segunda guerra mundial, Madrid, Siglo XXI. — (1997), «La modernización de la agricultura y la política agraria», Papeles de Eco nomía Española, 73. — (2000), La ayuda americana a España (1953-1963), Alicante, Universidad de Ali cante. Barciela, C., M.a I. López, J. Melgarejo y J. A. Miranda (2001), La España de Franco (1939-1975). Economía, Madrid, Síntesis. Bardini, C., A. Carreras y P. Lains (1995), «The National Accounts for Italy, Spain and Portugal», Scandinavian Economic History Review, 43 ( I). Barquín, R. (1997), «Transporte y precio del trigo en el siglo xix: creación y ordena ción de un mercado nacional», Revista de Historia Económica, 15 (1). — (1999), El mercado de trigo español en el siglo xix, tesis doctoral inédita, Univer sidad de Burgos. — (2001), Precios de trigo e índices de consumo en España. 1765-1883, Burgos, Universidad de Burgos. Barrios García, A. (1983), Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila (1085-1320), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2 vols. Benaul, J. M. (1991), «La llana», en Nadal et al, dirs. (1988-1994), vol 3, segle xix: Industria ifinances. — (1992), «Los orígenes de la empresa textil en Sabadell y Terrasa en el siglo xvm», Revista de Historia Industrial, 1. — (1994a), «Especialización y adaptación al mercado de la industria textil lanera, 1750-1913», en Nadal y Catalan, eds. (1994). — (1994b), «La industrialització de Sabadell: per qué i com», en Industria i ciutat. Sabadell, 1800-1980, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. — (1995), «Cambio tecnológico y estructura industrial. Los inicios del sistema de fábrica en la industria pañera catalana, 1815-1835», Revista de Historia Económica, 13 (2). Bennassar, B., (1983), Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entor no agrario en el siglo XVI, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid (trad, de F. Aramburu et al) [1* ed. en francés 1967]. Bennassar, B., et al. (1985), Orígenes del atraso español, Barcelona, Ariel (trad, de E. Baras). Berg, M., ed. (1991), Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona, Crítica (trad, de J. Beltrán). Bernal, A. M. (1974), La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas, Bar celona, Ariel. — (1979), La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, Taurus. — (1985), «Disolución del régimen señorial en Andalucía occidental», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985). — (1988), La economía e historia de los latifundios, Madrid, Espasa-Calpe. — (1993), La financiación de la Carrera de Indias, (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, Fundación El Monte.

456


— (1999), «La agricultura y la ganadería españolas en el siglo xix», en Anes, ed, (1999). Bernal, A. M., B. Clavero, E. Fernández de Pinedo et al. (1994), Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, 1: Visiones generales, Madrid, Alianza. Bemal, A. M., A. Collantes de Terán y A. García-Baquero (1987), «Sevilla: de los gre mios a la industrialización», Estudios de Historia Social, 5-6. Bernardos, J. U. (1997), No sólo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-1805), tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Autóno ma de Madrid. — (2002), Trigo castellano y abasto madrileño. Los arrieros y comerciantes de Sangarcia y Etreros durante la Edad Moderna, inédito. Berthe, M. (1984), Famines et Épidémies dans les campagnes navarraises á la fin du Moyen Áge, París, SF1ED, 2 vols. [edición catalana (1991), Fams i epidémies al camp navarrés als segles XIV i XV, Barcelona, L’Aven?]. Biescas, J. A., y M. Tuñón de Lara (1981), España bajo la dictadura franquista (19391975), en Tuñón de Lara, dir. (1981), Historia de España, X, Barcelona, Labor. Bilbao, L. M. (1987), «La industria siderometalúrgica tradicional en el País Vasco (1450-1720)», Hacienda Pública Española - Homenaje a Don Ramón Carande. — (1989), «Luces y sombras de la siderometalurgia española en el reinado de Car los III», en Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos IIIy la Ilustración», vol. II: Economía y Sociedad, Madrid, Ministerio de Cultura. — (1998), «Exportaciones de lana española y demanda británica en el siglo xvm», en Ruiz Martín y García Sanz, eds. (1998). Bilbao, L. M., y E. Fernández de Pinedo (1982a), «Evolución del producto agrícola bruto en el País Vasco peninsular, 1537-1850. Primera aproximación a través del diezmo y de la primicia», en Goy y Le Roy Ladurie, eds. (1982), — (1982b), «Auge y crisis de la siderometalurgia tradicional en el País Vasco (17001850)», en P. Tedde, ed., La economía española al final del Antiguo Régimen, II, Manufacturas, Madrid, Alianza. Blomme, J., y H. Van der Wee (1994), «The Belgian Economy in a Long Term Historical Perspective: Economic Development in Flanders and Brabant, 1500-1812», en A. Madisson y H. Van der Wee, eds., Economic Growth and Structural Change. Comparative Approaches over the Long Run, Milán, Universidad Bocconi, Bois, G. (2001), La gran depresión medieval, siglos xiv-xv. El precedente de una crisis sistémica, Valencia, Universidad de Valencia (trad, de P. Viciano). Boissellier, S. (1998), Naissance d ’une identitéportugaise. La vie rurale entre Tage et Guadiana (Portugal) de VIslam â la Reconquéte (xe-xiv* siécles), Lisboa, Impresa Nacional-Casa da Moeda. Bonachía, J. A. (1988), El señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-1508), Valladolid, Universidad de Valladolid. Bonnassie, P. (1988), Cataluña, mil años atrás (siglos X-Xi), Barcelona, Península, (trad, de R. Rivera) [ed. francesa íntegra (1975-1976), La Catalogne du milieu du Xe á la fin du x* siècle, Toulouse, Universitè de Toulouse-Le Mirail], Brady, T. Jr., H. Oberman y J. Tracy, eds. (1994), Handbook o f European History in the Later Middle Ages, Renaissance and Reformation, 1400-1600, Leiden-Nueva York-Colonia, E. J. Brill. Brenner, R. (1993), Merchants and Revolution. Commercial Change, Political Conflict, and London’s Overseas Traders, 1550-1653, Cambridge, Cambridge University Press.

B IB L IO G R A F ÍA

457

Bricall, J. M. (1970), Política económica de la Generalitat (1936-1939). Evolució i formes de la producció industrial, Barcelona, Edicions 62. Broder, A. (1976), «Les investissements étrangers en Espagne au xix« siécle: méthodologie et quantification», Revue d ’Histoire Économique et Sociale, 54. Broder, A., G. Chastagnaret y E. Témine (1985), «Capital y crecimiento en la España del siglo xix», en Bennassar et al. (1985). Bustelo, F. (1972), «Algunas reflexiones sobre la población española de principios del siglo xviii», Anales de Economía, 15. Cabrera, M. (1997), «La modernización política. Los empresarios en la historia de Es paña», Papeles de Economía Española, 73. Cabrera, M., y F. del Rey (2002), El poder de los empresarios. Política y economía en España (1875-2000), Madrid, Taurus. Cabrera, M., J. L. García Delgado y F. Comín (1989), Santiago Alba. Un programa de Reforma Económica en la España del primer tercio del siglo xx, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. Cabrera, M., S. Juliá y R Martín Aceña, eds. (1991), Europa en crisis, 1919-1939, Ma drid, Fundación Pablo Iglesias. Calvo, O. (2001), «¡Bienvenido, Mister Marshall! La ayuda económica americana y la economía española en la década de 1950», en F. Comín y B. Sánchez Blanco, eds., Los novísimos en la historia económica de España. Revista de Historia Económi ca, año XIX, número extraordinario. Canales, E. (1985), «Diezmos y revolución burguesa en España», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985). Carande, R. (1987), Carlos V y sus banqueros, Barcelona, Crítica. 3 vols. [1.a ed. 1943-1967]. Carbajo Isla, M. F. (1987), La población de la villa de Madrid. Desde finales del si glo XVI hasta mediados del siglo xix, Madrid, Siglo XXI. Carmona Badía, J. (1985), «La industria conservera gallega, 1840-1900», Papeles de Economía Española, serie Comunidades Autónomas, 3. — ( 1990), El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manufacturas textiles (1750-1900% Barcelona, Ariel. — (2001), «Galicia: minifundio persistente e industrialización limitada», en Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds. (2001). Carmona Badía, J., y L. de la Puente (1988), «Crisis agraria y vías de evolución gana dera en Galicia y Cantabria», en Garrabou, ed. (1988). Camero, T. (1980), Expansión vitícola y atraso agrario (1870-1900), Madrid, Ministe rio de Agricultura. Carrasco, J., J. M. Salrach, J. Valdeón y M. J. Viguera (2002), Historia de las Españas medievales, Barcelona, Crítica. Carreras, A. (1984), «La producción industrial española, 1842-1981: construcción de un índice anual», Revista de Historia Económica, 2(1). — (1988), «La industrialización española en el marco de la historia económica europea: ritmos y caracteres comparados», en García Delgado, dir. (1988). — (1990), Industrialización española: estudios de historia cuantitativa, Madrid, Es pasa Calpe. — (1997), «La industrialización: una perspectiva a largo plazo», Papeles de Econo mía Española, 73. —, ed. (1989), Estadísticas históricas de España. Siglos xix-xx, Madrid, Fundación Banco Exterior.

458


Carretero Zamora, J. M. (2000), «Fiscalidad parlamentaría y deuda imperial», en B. J. García García, ed., El Imperio de Carlos V. Procesos de agregación y conflictos, Madrid, Fundación Carlos de Amberes. Casado Alonso, H. (1987), Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines de la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León. — (1991), «Producción agraria, precios y coyuntura económica en las diócesis de Burgos y Palencia a fines de la Edad Media», Studia Histórica, vol. IX. — , ed. (1995), Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIv, x v y XVI, Burgos, Diputación Provincial. — (2001), «Medina del Campo Fairs and The Integration o f Castile into 15th to 16th Century European Economy», en S. Cavaciocchi, ed., Fiere e Mercad nella Integrazione delle Economic Europee. Secc. xm-xviu, Florencia, Le Monnier. Casares Alonso, A. (1973), Estudio histórico-económico de las construcciones ferro viarias españolas en el siglo XIX, Madrid, Instituto Iberoamericano de Desarrollo Económico. Cascón, J. (1914), «Ojeada general a la agricultura española», en VV.AA., Estudios so bre España. Lecciones del VIII Curso Internacional de Expansión Comercial, Bar celona, Imprenta de Guinart y Pujolar. Casey, J. (1983), El reino de Valencia en el siglo xvn, Madrid, Siglo XXL Castells, L, y A. Moliner (2000), Crisis del Antiguo Régimen v Revolución Liberal en España (1789-1845), Barcelona, Ariel. Castro, C. de (1987), E l pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Anti guo Régimen, Madrid, Alianza. — ( 1996), Campomanes. Estado y reformismo ilustrado, Madrid, Alianza. Catalan, J. (1995), La economía española y la segunda guerra mundial, Barcelona, Ariel. Cebrián, M. (2001), «Las fuentes del crecimiento económico español, 1964-1973», en F. Comín y B. Sánchez Blanco, eds., Los novísimos en la historia económica de España. Revista de Historia Económica, año XIX, número extraordinario. Cenarro, M. (1998), «Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del Nuevo Estado», Historia Social, 30. Chacón, F., y J. L. González Ortiz (1978-1979), «Bases para el estudio del comporta miento demográfico de Cehegín, Caravaca y Moratalla en la larga duración (14681930)», Anales de la Universidad de Murcia, XXXVII. Chamorro, S., R. Comendador, J. J. Dolado, R. Repullo y J. Rodríguez (1975), «Las balanzas de pagos de España del período de ía autarquía», Información Comercial Española, 502. Chapaprieta, J. (1971), La paz fu e posible, Barcelona, Ariel. Chastagnaret, G. (1985), «Un éxito en la explotación de minerales no férricos españo les en el siglo x i x : la Real Compañía Asturiana de Minas», en Bennassar et al. (1985). — (2000), L'Espagne, puissance miniere dans I ’Europe du xixe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, Chaunu, P. (1977), La expansión europea (siglos xni-xv), Barcelona, Labor (trad, de A. M. Mayench). — (1983), Sevilla y América, siglos x v iy xvil, Sevilla, Universidad de Sevilla (trad, de R. Sánchez Mantero). Childs, W. R. (1978), Anglo-Caslilian Trade in the Later Middle Ages, Manchester, Manchester University Press.

BIBLIOGRAFÍA

459

Clavera, J., J. M. Esteban, M. A. Monés, A, Montserrat y J. Ros Hombravella (1973), Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización (J939-1959), Madrid, Edicusa. Colomé, J., y F. Valls (1995), «La viticultura catalana durant la primera meitat del se gle X IX . Notes per a una reflexió», Recerques, 30. Coll, S. (1987), «Primera parte: 1700-1935», en S. Coll y C. Sudria, El carbón en Es paña, 1770-1961. Una historia económica, Madrid, Turnen Collantes de Terán, A. (1976), «Le latifundium sevillan (xive-xvfi siécle)», Melanges de la Casa de Velázquez, XII. — ( 1977), Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla, Ayunta miento de Sevilla. Collins, J. (1988), Fiscal Limits o f Absolutism. Direct Taxation in Seventeenth Century France, Berkeley-Los Ángeles-Londres, University of California Press. Comín, F. (1987), «La economía española en el periodo de entreguerras», en Nadal, Carreras y Sudria, comps. (1987). — (1988), Hacienda y economía en la España contemporánea ( 1800-1936), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2 vols. — (1989), «Sector público», en Carreras, ed. (1989). — (1991), «Los monopolios fiscales», en Comín y Martín Aceña, dirs. (1991). — (1995), «La difícil convergencia de la economía española: un problema histórico», Papeles de Economía Española, 63. — (1996), Historia de la Hacienda pública, vol. II: España (1808-1995), Barcelona, Crítica. — (1999a), «La Hacienda pública en el siglo xix», en Anes, ed. (1999). — (1999b), «El arreglo de la deuda: la pieza clave de la política de nivelación de ViUaverde», Hacienda Pública Española, monográfico Villaverde en Hacienda, cien

años después. — (2000a), «Los economistas clásicos y los políticos liberales ante los problemas de la economía española», en Fuentes Quintana, dir. (1999-2001), vol. 4: La econo

mía clásica. — (2000b), «Canga Argüelles: un planteamiento realista de la Hacienda liberal», en Fuentes Quintana, dir. (1999-2001), vol. 4: La economía clásica. — (2001), «Hacia la economía dirigida y protegida, a pesar de las críticas de los eco nomistas (1907-1935)», en Fuentes Quintana, dir. (1999-2001), vol. 6: La moder

nización de los estudios de economía. — (s. a.), La Hacienda española en el siglo xvm, inédito. Comín, F., y P. Martín Aceña, dirs. (1991), Historia de la empresa pública en España, Madrid, Espasa Calpe. — , — eds. (1996), La empresa en la historia de España, Madrid, Civitas. Comín, F., P. Martín Aceña y M. Martorell, eds. (2000), La Hacienda desde sus minis tros. Del 98 a la guerra civil, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. Comín, F., P. Martín Aceña, M. Muñoz y J. Vidal (1998), 150 Años de Historia de los Ferrocarriles Españoles, Madrid, Anaya, 2 vols. Congost, R. (1991), «Enfiteusis y pequeña explotación campesina en Cataluña, si glos xvm-xix», en Saavedra y Villares, eds. (1991), vol. 2: Campesinado y pequeña

explotación. Coronas Vida, L. J. (1994), La economía agraria en tierras de Jaén 1500-1650, Grana da, Universidad de Granada. Correo Mercantil de España y sus Indias, Madrid, 1792-1808.

460


Costas Comesaña, A. (1988), Apogeo del liberalismo en «La Gloriosa». La reforma económica en el sexenio liberal (1868-1874), Madrid, Siglo XXI. Cratfs, N. F. R. (1997a), «Some dimensions o f the “quality o f life” during the British industrial revolution», Economic History Review, L (4). — (1997b), «The Human Development Index and changes in standard of living: some historical comparisons», European Review o f Economic History, 1 (3). Cremades, M. C. (1978-1979), «Evolución demográfica de Alcantarilla», Anales de la Universidad de Murcia, XXXVII. Cruselles, E. (2001), Los mercaderes de Valencia en la Edad Media, 1380-1450, Léri da, Milenio. Cubel Montesinos, A. (1993), «Gasto público y crecimiento económico en la Restau ración (1874-1923)», Revista de Historia Económica, 11 (1). Cussó, X., y R. Nicolau (2000), «La mortalidad antes de entrar en la vida activa en Es paña. Comparaciones regionales e internacionales, 1860-1960», Revista de Histo ria Económica, 18 (3). De Vries, J. (1987), La urbanización de Europa, 1500-1800, Barcelona, Crítica. — (1994a), «Population», en Brady, Oberman y Tracy eds. (1994). — (1994b), «The Industrial Revolution and the Industrious Revolution», The Journal of Economic History, 54 (2). De Vries, J., y A. van der Woude (1997), The First Modern Economy. Success, Failure and Perseverance o f the Dutch Economy, 1500-1815, Cambridge, Cambridge Uni versity Press. Delgado, J. M. (1987), «El modelo catalán dentro del sistema de Libre Comercio (17651820)», en A. M. Bernal, coord., El Comercio Libre entre España y América La tina, 1765-1824, Madrid, Fundación Banco Exterior. — (1995), «Mercado interno versus mercado colonial en la primera industrialización española», Revista de Historia Económica, 13(1). Deu Baigual, E. (2000), «Les patents Casablancas: una innovació téxtil d ’abast inter nacional», en Maluquer de Motes, ed. (2000). Díaz Fuentes, D. (1994), «Fraude y amnistías fiscales en la España contemporánea, 1940-1990», Hacienda Pública Española, 1. Diez Nicolás, J. (1985), «La mortalidad en la guerra civil española», Boletín de Demo grafía Histórica, 3 (1). Dobado, R. (1997), «Las minas de Almadén, el monopolio del azogue y la producción de plata en Nueva España en el siglo xvm», en J. Sánchez, G. Mira y R. Dobado, La savia del Imperio. Tres estudios de economía colonial, Salamanca, Universidad de Salamanca. Dobado, R., y S. López (2001), «Del vasto territorio y la escasez de hombres: la eco nomía de Castilla-La Mancha en el largo plazo», en Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds. (2001). Dobado, R., y G. Marrero (2001), «Minería, crecimiento económico y costes de la in dependencia en México», Revista de Historia Económica, 19 (3). Domínguez Martín, R. (1996), El campesino adaptativo. Campesinos y mercado en el Norte de España, 1750-1880, Santander, Universidad de Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria. Domínguez Martín, R , y M. Guijarro Garvi (2000), «Evolución de las disparidades espaciales del bienestar en España, 1860-1930. El índice Físico de Calidad de Vida», Revista de Historia Económica, 18(1).

BIBLIOGRAFÍA

461

Domínguez Martín, R., y R. Lanza García (1991), «Propiedad y pequeña explotación campesina a fines del Antiguo Régimen», en P. Saavedra y R. Villares, eds. (1991). Domínguez Martín, R., y P. Pérez González (2001), «Cantabria: del mercado colonial al mercado nacional», en Germán,. Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds. (2001). Domínguez Ortiz, A. (1960), Política y Hacienda de Felipe IV\ Madrid, Editorial de Derecho Financiero. Donges, J. B. (1976), La industrialización en España. Políticas, logros, perspectivas, Barcelona, Oikos-Tau. Dopico, F., y D. S. Reher (1998), El declive de la mortalidad en España, 1860-1930, Madrid, Asociación de Demografía Histórica. Dormois, J.-P, y C. Bardini (1995), «La productivité du travail dans l’industrie de di vers pays d’Europe avant 1914», Économies et Sociétés, XXIX, 12. Dufourq, Ch. E., y J. Gautier Dalché (1993), Historia económica y social de la España cristiana en la Edad Media, Barcelona, El Albir (trad, de F. Revilla), Dupâquier, J. (1998), «Les vicisitudes du peuplement (xve-xviiie siécles)», en J-P. Bardet y J. Dupáquier, dirs., Histoire des Populations de L'Europe, vol. I: Des origines aux prémices de la révolution demographique, París, Fayard. Durand, R. (1982), Les Campagnes portugaises entre Douro et Tage aux xne et xme siécles, París, Fondation Calouste Gulbenkian. Eiras Roel, A. (1982), «Dime et mouvement du produit agricole en Galice, 16001837», en Goy y Le Roy Ladurie, eds. (1982). — (1984), «Producción y precios agrícolas en la Galicia atlántica en los siglos xvnxviif. Un intento de aproximación a la coyuntura agraria», en Congreso de historia rural siglos xv al xtx, Madrid, Universidad Complutense-Casa de Velázquez. Elliott, J. H. (1990), El conde-duque de Olivares: et político en una época de decaden cia, Barcelona, Crítica (trad, de T. Lozoya). Epstein, S. R. (2000), Freedom and Growth. The Rise o f States and Markets in Europe. 1300-1750, Londres, Routledge. Escudero, A. (1996), «Pesimistas y optimistas ante el “boom” minero», Revista de

Historia Industrial, 10. — (1998), Minería e industrialización de Vizcaya, Barcelona, Crítica /Universidad de Alicante. Estapé Rodríguez, F. (1971), La reforma tributaria de 1845, Madrid, Instituto de Estu dios Fiscales. Estapé, S. (1998), Estrategia y organización de una filial: el caso de Ford Motor Com pany en España, 1920-1954, Documento de Trabajo 9807, Madrid, Fundación Em presa Pública. Everaert, J. (1973), De internationale en Koloniale Handel der Vlamsefirma ’s te Cádiz (1670-1700), Brujas, De Tempel [versión abreviada en francés]. Fanjul, Ó., y J. Segura (1977), Dependencia productiva y exterior de la economía es pañola, 1962-1970, Madrid, Fundación INI, Programa de Investigaciones Econó micas, serie E, n.° 10. Fearon, P. (1979), The Origins and Nature o f the Great Slump, 1929-1932, Londres, MacMillan. Federico, G., y J. Foreman-Peck, eds. (1999), European Industrial Policy. The Twen tieth Century Experience, Oxford, Oxford University Press. Fernández Albaladejo, P. (1983), «Veinticinco años de debate sobre la crisis del si glo xvii», en T. Aston y C. Hill, comps., Crisis en Europa 1560-1660, Madrid, Alianza.


462

— (1992), Fragmentos de Monarquía, Madrid, Alianza. Fernández Armesto, F. (1997), Las islas Canarias después de la conquista: la crea ción de una sociedad colonial a principios del siglo xvi, Las Palmas, Cabildo Insu lar de Gran Canaria. Fernández de Pinedo, E. (1973), Crecimiento de Vascongadas, tesis doctoral, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. — (1974a), Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco, 11501850, Madrid, Siglo XXI. — (1974b), «La entrada de la tierra en el circuito comercial en Vascongadas. Plantea miento y primeros resultados», en Nadal y Tortella, eds. (1974). — (1980), «Coyunturas y políticas económicas», en M. Tunón de Lara, dir., Historia de España, VII, Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (17151833), Barcelona, Labor. — (1985), «Del censó a la obligación: modificaciones en el crédito rural antes de la primera guerra carlista en el País Vasco», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985). — (1988), «From the Bioomery to the Blastfurnace: Technical change in Spanish iron-making, 1650-1822», Journal o f European Economic History, 17(1). — (1999), «Notas al comercio de exportación español en la primera mitad del siglo xix (1792-1849)», en Doctor Jordi Nadal. La industrialización y el desarrollo econó mico de España, Barcelona, Universidad de Barcelona. — (2001), «De la primera industrialización a la reconversión industrial: la economía vasca entre 1841 y 1990», en Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds.

(2001 ). Fernández Prieto, L. (2001), «Caminos del cambio tecnológico en las agriculturas es pañolas contemporáneas», en Pujol et al. (2001). Fernández Sanz, J. J. (1990), 1885: el año de la vacunación Ferrán. Trasfondo políti co, médico, sociodemográfico y económico de una epidemia, Madrid, Fundación Ramón Areces. Ferrer Mallol, M. T., y D. Coulon, eds. (1999), L ’expansió catalana a la mediterrania a la Báixa Edat Mitjana, Barcelona, CSIC. Ferrer, Ll. (1989), «Notas sobre las estructuras agrarias catalanas en el siglo xvm», en VVAA. (1989). Fisher, J. (1981), «Imperial “Free Trade” and the Hispanic Economy, 1778-1796», Journal o f Latin American Studies, 13 (1). Flores de Lemus, A. (1976), «Cambios y precios. La experiencia española», Hacienda Pública Española, 42-43 [ed. original 1929]. Floristán, A. (1982), La Merindad de Estella en la Edad Moderna: los hombres y la tierra, Pamplona, Príncipe de Viana. Fontana Lázaro, J. (1955), «Sobre el comercio exterior de Barcelona en la segunda mi tad del xvii: Notas para una interpretación de la coyuntura catalana», Estudios His toria Moderna, V — (1967), «El “Censo de frutos y manufacturas” de 1799: un análisis crítico», Mone da y Crédito, 101. — (1971), La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820 (La crisis del Antiguo Régimen en España), Barcelona, Ariel. — (1973a), Hacienda y Estado, 1823-1833, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. — (1973b), «Transformaciones agrarias y crecimiento económico en la España con temporánea», en J. Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX , Barcelona, Ariel.

BIBLIOGRAFÍA

463

— (1977), La Revolución Liberal (Política y Hacienda, 1833-1845), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. — (1978), «La crisis agraria de comienzos del siglo xix y sus repercusiones en Es paña», Hacienda Pública Española, 55. — (1979), La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833, Barcelona, Critica. — (1980), La Hacienda en la historia de España, 1700-1931, Madrid, Instituto de Es tudios Fiscales. — (1985), «La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985). — (1986), «Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo», en Fontana, ed. (1986). — ( 1987), «La Segunda República: una esperanza frustrada», en VV AA., La IIRepú blica. Una esperanza frustrada, Valencia, Edicions Alfons el Magnámm. — (1991), «La crisis colonial en la crisis del Antiguo Régimen español», en H. Bo nilla, ed., El sistema colonial en la América española, Barcelona, Crítica. —, ed. (1986), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica. Fontana Lázaro, J., y R. Garrabou (1986), Guerra y Hacienda. La Hacienda del go bierno central en los años de la guerra de la Independencia (1808-1814), Alicante, Instituto Juan Gil-Albert y Diputación Provincial de Alicante. Fortea Pérez, J. I. (1981), Córdoba en el siglo xvi: las bases demográficas y económi cas de una expansión urbana, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. — ( 1990), Monarquía y Cortes en la corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II, Salamanca, Cortes de Castilla y León. — (1994), «The textile industry in the economy of Córdoba at the end of the sevente enth and the start of the eighteenth century: a frustrated recovery», en Thompson y Yun Casalilla, eds. (1994). — (2001), «Las Cortes de Castilla en los primeros años del reinado de Carlos V, 1518-1536», en E. Belenguer, coord., De la unión de las coronas al Imperio de Car los V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. — , ed. (1997), Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la corona de Castilla (ss. xvi-xvin), Santander, Universidad de Cantabria y Asamblea Regional de Can tabria. Fradera, J. M. (1984), «El comercio de cereales y la prohibición de 1820 (el caso del mercado catalán)», Agricultura y Sociedad, 30. — (1987), «¿Una o varias crisis coloniales? A propósito del caso catalán», en A. M. Ber nal, coord., El Comercio Libre entre España y América Latina, 1765-1824, Ma drid, Fundación Banco Exterior de España. Fraile, P. (2001), «El pensamiento económico entre las dos repúblicas: del liberalismo a la formación del autarquismo», en Fuentes Quintana, dir. (1999-2001), vol. 6: La

modernización de los estudios de Economía. Freedman, P. H. (1991), The Origins o f peasant servitude in medieval Catalonia. Cam bridge, Cambridge University Press [edición catalana (1993), Els orígens de la servitud pagesa a la Catalunya medieval, Vic, Eumo (trad, de M. Villalta)]. Fuente, Á. de la (1998), «¿Convergencia real? España en la OCDE», Moneda y Cré dito, 207. Fuentes Quintana, E. (1976), «La ideología de la reforma tributaria silenciosa», Ha cienda Pública Española, 42-43.

464


— (1984), «El Plan Nacional de Estabilización Económica, 25 años después», Infor

mación Comercial Española. — (1988), «Tres decenios de la economía española en perspectiva», en García Delga do, dir. (1988). — ( 1990), Las reformas tributarias en España. Teoría, historia y propuestas, Barce lona, Crítica. — (1995), El modelo de economía abierta y el modelo castizo en el desarrollo econó mico de España de los años 90, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. — , dir. (1999-2001), Economía y economistas españoles. Barcelona, Galaxia Guten berg y Círculo de Lectores, 6 vols. Fundación BBV (1999), Renta nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998, Bilbao, Fundación BBV. Fundación BBV/IVIE (1998), El «stock» de capital en España y su distribución terri torial, Bilbao, Fundación BBV, 4 vols. Fundación INI (varios años), Programa de Investigaciones Económicas, serie E. Furió, A. (1995), Historia del País Valencia, Valencia, Edicions Alfons el Magnamin. Fusi, J. P., y J. Palafox (1997), España: 1808-1996. El desafio de la modernidad, Ma drid, Espasa. Gallego Martínez, D. (1986), «Transformaciones técnicas de la agricultura española en el primer tercio del siglo xx», en Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco, eds. (1986). — (2001), «Historia de un desarrollo pausado: integración mercantil y transformacio nes productivas de la agricultura española (1800-1936)», en Pujol et al. (2001). Gámez, A. (1989), «¿Una o varias agriculturas en la Andalucía del siglo xvm?», en VV.AA. (1989). García Baquero, A. (1986), Andalucía y ¡a carrera de Indias (1452-1824), Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas. García de Cortázar, J. A. (1988), La sociedad rural en la España Medieval, Madrid, Siglo XXI. — , et al. (1985), Organización del espacio en la España Medieval, Barcelona, Ariel, García Delgado, J. L. (1986), «Estancamiento industrial e intervencionismo económi co durante el primer franquismo», en Fontana, ed. (1986). — (1987), «La industrialización y el desarrollo económico de España durante el fran quismo», en Nadal, Carreras y Sudria, comps. (1987). — , ed. (1986), La crisis de la Restauración. España entre la primera guerra mundial y la II República, Madrid, Siglo XXI. — , ed. (1987), La II República española. El primer bienio, Madrid, Siglo XXI. — , dir. (1988), España. Economía, Madrid, Espasa-Calpe. — , dir., R. Myro y J. A. Martínez Serrano, coords. (1997), Lecciones de Economía España, Madrid, Civitas [3.a ed.]. — , dir. (1999), España, Economía: ante el siglo XXI, Madrid, Espasa. García Espuche, A. (1998), Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640, Ma drid, Alianza. García Fernández, J, (1965), «Champs ouverts et champs clóturés en Vieille Castille», Annales É. S. C., 4. García Pérez, R. (1994), Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-alemanas durante la segunda guerra mundial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. García Ruiz, J, L. (1999), «La nueva banca mixta en el Madrid de comienzos de siglo», en Tedde de Lorca, ed. (1999).

BIBLIOGRAFÍA

465

García Sanz, Á. (1977), Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia. 1500-1814, Madrid, Akal. — (1978), «La agonía de la Mesta y el hundimiento de las exportaciones laneras: un capítulo de la crisis del Antiguo Régimen en España», Agricultura y Sociedad, 6 [reeditado en García Sanz y Garrabou, eds. (1985)]. — (1985), «Introducción. Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800-1850)», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985). — (1989), «Industria textil tradicional y las reformas de la Ilustración: las transfor maciones de la pañería segoviana durante el reinado de Carlos III», en Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos IIIy la Ilustración», vol. II: Economía y so ciedad, Madrid, Ministerio de Cultura. — (1994a), «El final de la Mesta (1808-1836)», en Anes y García Sanz, coords. (1994). — (1994b), «La ganadería española entre 1750 y 1865: los efectos de la reforma agraria liberal», Agricultura y Sociedad, 72. — (1996), «La reforma agraria de la Ilustración: proyectos y resultados. El preceden te del arbitrismo agrarista castellano», en García Sanz y Sanz Fernández, eds. (1996). García Sanz, A., y R. Garrabou, eds. (1985), Historia agraria de la España contempo ránea, vol. 1: Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Barcelo na, Crítica. García Sanz, Á., y J. Sanz Fernández, eds. (1996), Reformas y políticas agrarias en la historia de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. García-Sanz Marcotegui, Á. (1985), Demografía y Sociedad de la Barranca de Navarra (1760-1860), Pamplona, Príncipe de Viana. Garrabou, R. (1985), Unfals dilema. Modernität o endarreriment de 1’agricultura va lenciana (1850-1900), Valencia, Institució Alfons el Magnánim/Institució Valen ciana d ’Estudis i Investigació. — (1994), «Revolución o revoluciones agrarias en el siglo xix: su difusión en el mun do mediterráneo», en A. Sánchez Picón, ed., Agriculturas mediterráneas y mundo campesino. Cambios históricos y retos actuales, Almería, Diputación de Almería. —, ed. (1988), La crisis agraria de fines del siglo xix, Barcelona, Crítica. Garrabou, R., y J. Pujol (1987), «El canvi agrari a la Catalunya del segle xix», Recer ques, 19. — , — (1988), «La crisis agraria española de finales del siglo xix:una etapa del de sarrollo del capitalismo», en Garrabou, ed. (1988). Garrabou, R., y J. Sanz (1985), «Introducción. La agricultura española durante el si glo X I X : ¿inmovilismo o cambio?», en Garrabou y Sanz, eds. (1985). — , — eds. (1985), Historia agraria de la España contemporánea, vol. 2: Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Crítica. Garrabou, R., C. Barciela y J. I. Jiménez Blanco, eds. (1986), Historia agraria de la España contemporánea, vol. 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960), Barcelona, Crítica. Garrabou, R., P. Pascual, J. Pujol y R. Saguer (1995), «Potencialidad productiva y ren dimientos cerealícolas en la agricultura catalana contemporánea (1820-1935)»,

Noticiario de Historia Agraria, 10. Gautier Dalché, J. (1979), Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (si glos ix-xnt), Madrid, Siglo XXI (trad, de E. Pérez Sedeño). Gelabert, J. E. (1994), «Urbanisation and de-urbanisation in Castile 1500-1800», en Thompson y Yun Casalilla, eds. (1994).

466

HISTORIA ECONÓMICA DIZ ESPAÑA

— (1997), La bolsa del Rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648), Barcelona, Crítica. Germán Zubero, L. (2001), «Del cereal al metal. La trayectoria de la economía arago nesa», en Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds. (2001). Germán, L., E. Llopis, J. Maluquer de Motes y S. Zapata, eds. (2001), Historia econó mica regional de España, Siglos xixy xx, Barcelona, Crítica. Giráldez Rivero, J. (1991), «Fuentes estadísticas y producción pesquera en España (1880-1936), una primera aproximación», Revista de Historia Económica, 9 (3). Giralt, E. (1990), «La agricultura. Tradició i innovació en l’agricultura del segle x j x » , en Nadal et al, dirs. (1988-1994). Girao, F. (1998), Spain and the Reconstruction of Western Europe, 1945-57. Challenge and Response, Londres y Nueva York, MacMillan-St. Martin’s Press- St. Antony’s College. Godinho, V M. (1981-1983), Os descobrimentos e a economía mundial, Lisboa, Edi torial Presenta, 4 vols. (2.a ed.). Gómez Mendoza, A. (1982), Ferrocarriles y cambio económico en España (18551913), Madrid, Alianza. — (1987), «La formación de un cártel en el primer tercio del siglo xx: la industria del cemento portland», Revista de Historia Económica, 5 (2). — (1989a), Ferrocarril industria y mercado en la modernización de España, Madrid, Espasa Calpe. — (1989b), «Transportes y comunicaciones», en Carreras, ed. (1989). — (1998), «Los obstáculos físicos al desarrollo de la industria española en el siglo xix», en A. Gómez Mendoza y A. Parejo, eds., De economía e historia. Estudios en ho menaje a José Antonio Muñoz Rojas, Málaga, Junta de Andalucía y Unicaja. — (1999), «Los transportes y el comercio interior en la España del siglo xix», en Anes, ed. (1999). —, ed. (2000), De mitos y milagros. El Instituto Nacional de Autarquía (1941-1963), Barcelona, Fundación Duques de Soria-Universitat de Barcelona. González, M. J. (1979), La economía política del franquismo (1940-1970). Dirigismo, mercado y planificación, Madrid, Tecnos. González de Molina, M. (2001), «Condicionamientos ambientales del crecimiento agrario español (siglos xix-xx)», en Pujol et a l (2001). González Enciso, A. (1980), Estado e industria en el siglo xvm. La Fábrica de Guada lajara, Madrid, Fundación Universitaria Española. González Enciso, A., F. J. de Vicente, A. Floristán y R. Torres (1992), Historia eco nómica de la España moderna, Madrid, Actas. González Jiménez, M. (1993), La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo xiv, Sevilla, Universidad de Sevilla (3.a ed. corregida y aumentada). González Portilla, M., et al, eds. (1985), Industrialización y nacionalismo. Análisis comparativos, Bellaterra, Universidad Autónoma de Barcelona. González Portilla, M., y J. M. Garmendia (1988), La guerra civil en el País Vasco. Po lítica y economía, Madrid, Universidad del País Vasco-Siglo XXI. Goy, J., y E. Le Roy Ladurie, eds. (1982), Prestations paysannes, dimes, rentefonciére et mouvement de la production agricole á l ’époquepréindustrielle, París, La Haya y Nueva York, Editions de l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales y Mou ton Éditeur. Grupo de Estudios de Historia Rural (1983), «Notas sobre la producción agraria espa ñola, 1891-1931», Revista de Historia Económica, 2.

BIBLIOGRAFIA

467

— (1991), Estadísticas históricas de la producción agraria española, Madrid, Minis terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gurda, P. A. (2001), La población en La Rioja durante el Antiguo Régimen demográfi co, 1600-1900, tesis doctoral, Zaragoza, Universidad de Zaragoza. Gutiérrez Alonso, A. (1989), Estudio sobre la decadencia de Castilla: la ciudad de Va lladolid en el siglo xvii, Valladolid, Universidad de Valladolid. Gutiérrez Bringas, M. Á. (2000), La productividad de los factores en la agricultura es pañola (1752-1935), Madrid, Banco de España. Gutiérrez Nieto, J. I. (1986), «El pensamiento económico, político y social de los arbi tristas», en J. M. Jover Zamora, dir. Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXVI: El siglo del Quijote, Madrid, Espasa-Calpe. Hamilton, E. J. (1975), El tesoro americano y la revolución de los pr ecios en España, 1501-1650. Barcelona, Ariel (trad, de A. Abad) [1.a ed. en inglés 1934], — (1988), Guerra y precios en España. 1651-1800, Madrid, Alianza (trad, de L. Igle sias) [1.a ed. en inglés 1947; reeditado en Barcelona, Crítica, 2000)]. Helguera, J. (1996), «Empresas y empresarios manufactureros en la España del si glo xvni», en Comín y Martín Aceña, eds. (1996). Hernández, M. ( 1995), A la sombra de la corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, Siglo XXI. — ( 1999), «Los señores trashumantes entre Madrid y Segovia: los Negrete», en Me lón, Rodríguez Grajera y Pérez Díaz, coords. (1999). Hernández Andreu, J. (1980), Depresión económica en España, 1925-1924, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. Herr, R. (1971), «Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortiza ción bajo Carlos IV», Moneda y Crédito, 118. Herrero, M. (1978), «El experimento de los vales reales (1780-1808), en A. Otezu, ed. (1978), Dinero y Crédito (siglos xvi a xix), Madrid, Moneda y Crédito. Herrero Sánchez, M. (2000), El acercamiento hispano-neerlandés (1648-1678), Ma drid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hobsbawm, E. J. (1983), En torno a los orígenes de la Revolución industrial, Madrid, Siglo XXI (trad, de O. Castillo) [1.a ed. en inglés 1955]. Hoffman, P. (1996), Growth in a Traditional Society. The French Countryside, 14501815, Princeton, Princeton University Press. Howson, G. (1998), Armas para España, Barcelona, Peninsula. Hoyo, A. (2001), «El tránsito al crecimiento económico moderno desde la perspectiva del consumo privado de bienes duraderos: guía para un debate», en Vil Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza. Ibáñez, S. (1992), La producción en La Rioja: las fórmulas eclesiásticas de reparto en el producto agrícola (siglos, xvi-xvm), tesis doctoral, Zaragoza, Universidad de Zaragoza. Igual, D. (1998), Valencia e Italia en el siglo xv: rutas, mercados y hombres de nego cios en el espacio económico del Mediterráneo occidental, Valencia, Bancaixa. Ikerketak (1985), «Aproximación a la demografía alavesa: la población de Vitoria (1680-1830)», en La formación de Alava. Comunicaciones. 11, Vitoria. Inchausti, F. (1980), Población y poblamiento del valle de Ásua (Vizcaya) durante los siglos xvi-xvm, tesina de licenciatura inédita, Valladolid, Universidad de Valla dolid. Iradiel Murugarren, P. (1974), Evolución de la industria textil castellana en los si glos xni-xvi, Salamanca, Universidad de Salamanca.

468


Iradiel, P., S. Moreta y E. Sarasa (1989), Historia medieval de la España cristiana, Madrid, Cátedra. Israel, J. (1981) «The declive of Spain: a Historial Myth?», Past and Present, 91. — (1989), Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford, Clarendon Press. Jackson, G. (1990), La República española y la guerra civil, Barcelona, Crítica (8.a edi ción) (trad, de E. de Obregón). Jago, Ch. (1982), «La crisis de la aristocracia en el siglo xvu en Castilla», en J. H. Elliott, ed., Poder y sociedad en la España de los Aus trias, Barcelona, Crítica (trad, de X. Gil Pujol). Jiménez Blanco, J. I. (1986a), «El nuevo rumbo del sector agrario español, 19001936», en Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco, eds. (1986). — (1986b), «La remolacha y los problemas de la industria azucarera en España, 1880-1914», en Garrabou, Barciela y Jiménez Blanco, eds. (1986). — (1996), Privatización y apropiación de tierras municipales en la Baja Andalucía. Jerez de la Frontera, 1750-1995, Jerez de la Frontera, Ememsa y Ayuntamiento de Jerez. Juliá, S. (1991), «Sociedad y política», M. Tuñón de Lara, dir., Historia de España, XI: Transición y democracia (1973-1985), Barcelona, Labor. — (1995), «Liberalismo temprano, democracia tardía: el caso de España», en J. Dunn, ed., Democracia, el viaje inacabado (500 a.C.-1993), Barcelona, Tusquets. — , coord. ( 1999), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy. Kamen, H. (1978), «The decline of Spain: a Historical Myth?», Past and Present, 81. — (1981),/,0 España de Carlos II, Barcelona, Critica (trad, de J. M. Barnadas) Klein, H. S. (1998), The American Finances of the Spanish Empire. Royal Incomes and Expenditures in Colonial Mexico, Peru and Bolivia, 1680-1809, Alburquerque, University o f New Mexico Press. Kroese, W. T. (1958), «The Cotton Industry of Western Europe in a Changing World», en M. Ludwig, ed., The Cotton Industry in a World Economy, Manchester, The In ternational Federation o f Cotton and Allied Textile Industries. Laborda Martin, J. J. (1978), «El arranque de un largo protagonismo: la recuperación comercial de Vizcaya a comienzos del siglo xvm», Saoiak, 2. Ladero Quesada, M. A. (1973), La Hacienda Real de Castilla en el siglo xv, La Lagu na, Universidad de La Laguna. — (1993), Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, Universidad Complutense. — (1994), Las ferias de Castilla. Siglos xn a xv, Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas. Ladero Quesada, M. A., y M. González Jiménez (1979), Diezmo eclesiástico y produc ción de cereales en el reino de Sevilla (1408-1503), Sevilla, Universidad de Sevilla. Lafuente, I. (1999), Tiempos de hambre. Viaje a la España de la posguerra, Madrid, Temas de Hoy. Laliena Corbera, C. (1987), Sistema social, estructuras agrarias y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media (siglos xtf-xv), Teruel, Instituto de Estu dios Turolenses. Lana, J. M., y J. de la Torre (2001), «Desamortización antes de la desamortización. Una revisión desde una perspectiva regional: Navarra, 1808-1859», en VII Congre

so de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza. Landes, D. S. (1999), La riqueza y la pobreza de las naciones. Por qué algunas son tan ricas y otras son tan pobres, Barcelona, Crítica (trad, de S. Jordán).

BIBLIOGRAFÍA

469

Lanza, R. (1991), La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Anti guo Régimen, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Canta bria. — (2001), «El crecimiento de la ganadería de Cantabria entre los siglos xvi y xix: una temprana especialización regional», Historia Agraria, 23. Lapeyre, H. (1955), Unefamille de marchands: Les Ruiz, París, Armand Colin. Leal, J. L., J. Leguina, J. M. Naredo y L. Tarrafeta (1975), La agricultura en el de sarrollo económico español (1940-1970), Madrid, Siglo XXI. Lemeunier, G. (2002), El Reino de Murcia en la época moderna. Historia Agraria, inédito. Linares Luján, A. M. (1995), «De la apropiación del usufructo a la privatización de la superficie. Las tierras concejiles en la Baja Extremadura (1750-1850)», Noticiario de Historia Agraria, 9. Litvak, L. (1975), A Dream o f Arcadia. Anti-Industrialism in Spanish Literature, 18951905, Austin, University of Texas Press. Livi-Bacci, M. (1988), Ensayo sobre la historia demográfica europea. Población y ali mentación en Europa, Barcelona, Ariel (trad, de J. Bignozzi). — (1990), Historia mínima de la población mundial, Barcelona, Ariel (trad, de P. Baizán). López García, J. A. (1981), La demografía en Molina de Segura durante el siglo xvni, Molina de Segura, Ayuntamiento de Molina de Segura. López García, J. M., dir. (1998), El impacto de la corte en Castilla. Madrid y su terri torio en la época moderna, Madrid, Siglo XXI. López Salazar, J., y M. Martín Galán (1981), «La producción cerealista en el Arzobispa do de Toledo, 1463-1699», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 2. López, S., y J. M. Valdaliso, eds. (1997), ¿Que inventen ellos? Tecnología, empresa y cambio económico en la España contemporánea, Madrid, Alianza. Llombart, V. (1992), Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, Alianza. Llonchi i Casanovas, M. (2000), «La innovado tecnológica en la industria del génere de punt», en Maluquer de Motes, ed. (2000). Llopis Agelán, E. (1982), «Las explotaciones trashumantes en el siglo xvm y el primer tercio del xix: la cabaña del monasterio de Guadalupe, 1709-1835», en G. Anes, ed., La economía española al final del Antiguo Régimen, vol. I: Agricultura, Ma drid, Alianza-Banco de España. — (1983), «Algunas consideraciones acerca de la producción agraria castellana en los veinticinco últimos años del Antiguo Régimen», Investigaciones Económicas, 21 . — (1986), «¿Depresión o “reajustes y readaptaciones?”», Revista de Historia Econó mica, 1. — (1989), «El agro extremeño en el setecientos: crecimiento demográfico, “invasión mesteña” y conflictos sociales», en VV.AA. (1989). — (1993), «La formación del “desierto manufacturero” extremeño: el declive de la pa ñería tradicional al final del Antiguo Régimen», Revista de Historia Industrial, 3. — (2001a), «La pila de lana de la cabaña trashumante del monasterio de Guadalupe: dimensión, venta y estrategia comercial», en A. González Enciso, ed., El negocio de la lana en España, Pamplona, Eunsa. — (2001b), «El legado económico del Antiguo Régimen desde la óptica regional», en Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds, (2001). — (2001c), «El legado del Antiguo Régimen en España», en Desarrollo económico comparado, España y México, México, CIDE y El Colegio de México.


470

— (2002), «El desempleo en España: mercado de trabajo, herencia económica del franquismo y subempleo agrario», Papeles de Economía Española (en prensa). Llopis, E., y M. Jerez (2001), «El mercado de trigo en Castilla y León, 1691-1788: arbitraje espacial e intervención», Historia Agraria, 25. Llopis, E., M. Á. Melón, M. Rodríguez Cancho, A. Rodríguez Grajera, y F. Zarandieta (1990), «El movimiento de la población extremeña durante el Antiguo Régimen», Revista de Historia Económica, 8 (2). Macías Hernández, A. M. (1989), «La agricultura de Canarias en el siglo xvm. Estra tegias para una crisis», en VVAA. (1989). — (2001), «Canarias: una economía insular y atlántica», en Germán, Llopis, Malu quer de Motes y Zapata, eds. (2001). Maddison, A. (1991), Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas, Bar celona, Ariel (trad, de J. Beltrán). — (1995), La economía mundial 1820-1992. Análisis y estadísticas, París, OCDE. Madrazo, S. (1987), El sistema de comunicaciones en España, 1750-1850, Madrid, Turner y Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2 vols. Malanima, P. (1998), La fine del primato. Crisi e riconversione nelVItalia del Seicento, Milán, B. Mondadori. Malefakis, E. (1970), Reforma agraria y revolución campesina en la España del si glo xx, Barcelona, Ariel (trad, de A. Bosch et al.). Malo de Molina, J. L. (2001), «Las implicaciones para España del euro», en Banco de España (2001). Maluquer de Motes, J. (1974), «El mercado colonial antillano en el siglo xtx», en Na dal y Tortella, eds. (1974). — (1976), «La estructura del sector algodonero en Cataluña durante la primera etapa de la industrialización (1832-1861)», Hacienda Pública Española, 38. — (1985), «Cataluña y el País Vasco en la industria eléctrica española 1901-1935», en González Portilla et al., eds. (1985). — (1989a), «De les construccions metal-liques a les construccions mecaniques. 19141939», en Nadal et al., dirs. (1988-1994), vol. 6, segle xx: Industria, finances i

turisme. — (1989b), «Precios, salarios y beneficios. La distribución funcional de la renta», en Carreras, ed. (1989). — (1994), «La gran transformado. Industrialització i modemització de la Catalunya del segle xix», en Nadal et al, dirs. (1988-1994), vol. 1, segle xix: La formado

d'una societal industrial — (1997a), «El índice de la producción industrial de Cataluña. Una nueva estimación (1817-1935)», Revista de Historia Industrial, 5. — (1997b), «La internacionalización de las regiones españolas. Una aproximación his tórica», en VI Congreso de la Asociación de Historia Económica. 9.aSesión especia lizada. La riqueza de las regiones. Análisis espacial de la industrialización, Gerona. — (1998), Historia económica de Catalunya, segles xix i xx, Barcelona, Universität Operta de Catalunya y Proa. — (1999), España en la crisis de 1898. De la Gran Depresión a la modernización económica del siglo xx, Barcelona, Península. — (2001), «Cataluña. Avanzada de la industrialización», en Germán, Llopis, Malu quer de Motes y Zapata, eds. (2001). —, ed. (2000), Teenies i tecnología en el desenvolupament de la Catalunya Contemporánia, Barcelona, Enciclopédia Catalana.

BIBLIOGRAFÍA

471

Manera, C. (2001), Historia del creixement economic a Mallorca (1700-2000), Palma, Lleonard Muntaner. Marcos Martín, A. (1985), Economía, sociedad, pobreza en Castilla: Palencia, 15001814, Palencia, Diputación, 2 vols. — (1989), «El crecimiento agrario castellano del siglo xvm en el movimiento de lar ga duración. ¿Mito o realidad?», en VVAA. (1989). — (2000), España en los siglos xvi, XVliyXVlll: Economía y sociedad, Barcelona, Crítica. Marichal, C. (1997), «Beneficios y costes fiscales del colonialismo: las remesas ameri canas a España, 1760-1814», Revista de Historia Económica, 15 (3). — (1999), La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del Imperio es pañol, 1780-1810, México, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica. — (2001), De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1860, México, El Colegio de México. Marichal, C., y M. Souto (1994), «Silver and Situados: New Spain and the Financing of the Spanish Empire in the Caribbean in the Eighteenth Century», Hispanic Ame rican Historical Review, 74 (4). Martin, C. (1997), España en la nueva Europa, Alianza-Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas. Martín, C., y F. J. Velázquez (2001), Series de indicadores de convergencia real para España, el resto de los países de la UE y EEUU, Madrid, Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas. Martín, J. L. (1993), La España medieval, vol. II de J. Tuscll, dir., Manual de historia de España, Madrid, Historia 16. Martín Aceña, P. (1984), La política monetaria en España, 1919-1935, Madrid, Insti tuto de Estudios Fiscales. — (1985a), «Déficit público y política monetaria en la Restauración, 1874-1923», en Martín Aceña y Prados de la Escosura, eds. (1985). — (1985b), «Desarrollo y modernización del sistema financiero, 1844-1935», en Sánchez-Albornoz, ed. (1985). — (1989), «Sistema financiero», en Carreras, ed. (1989). — (1991), «Los orígenes de la banca pública», en Comín y Martín Aceña, dirs. (1991). — (1994), «Los problemas monetarios al término de la guerra civil», Hacienda Públi

ca Española, 2. — (1997), «El Banco de España. Una visión histórica», Papeles de Economía Espa ñola, 73. — (2000), El Servicio de estudios del Banco de España, 1930-2000, Madrid, Banco de España. — (2001), El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus. Martín Aceña, P., y F. Comín (1991), INI: 50 años de industrialización en España, Madrid, Espasa Calpe. Martín Aceña, P., y L. Prados de la Escosura, eds. (1985), La Nueva Historia económi ca en España, Madrid, Tecnos. Martín Aceña, P., y M. Titos Martínez, eds. (1999), El sistema financiero en España. Una síntesis histórica. Granada, Estudios Históricos Chronica Nova. Martín Niño, J. (1972), La Hacienda española y la revolución de 1868, Madrid, Insti tuto de Estudios Fiscales. Martín Rodríguez, M. (1982), Azúcar y descolonización, Granada, Universidad de Granada.

472


— (1992), «Evolución de las disparidades regionales: una perspectiva histórica», en García Delgado, ed. (1992), España. Economía, Madrid, Espasa Calpe [4.a ed.]. — (1999), «El azúcar y la política colonial española (1860-1898)», en Tedde de Lor ca, ed. (1999). Martínez Carríón, J. M. (1989), «Formación y desarrollo de la industria de conservas vegetales en España, 1850-1935», Revista de Historia Económica, 7 (3). — (2001), Estatura, salud y bienestar en las primeras etapas del crecimiento econó mico español. Una perspectiva comparada de los niveles de vida, Madrid, Asocia ción de Historia Económica, Documento de Trabajo 0201. Martínez Ruiz, E. (2001), «Sector exterior y crecimiento en la España autárquica», Revista de Historia Económica, 19 . Martínez Ruiz, J. I. (2000), Trilladoras y tractores. Energía, tecnología a industria en la mecanización de la agricultura española (1862-1967), Barcelona, Universidad de Sevilla/Edicions Universität de Barcelona. Martínez Serrano, J. A., et al. (1982), Economía española: 1960-1980. Crecimiento y cambio estructural, Madrid, Hermann Blume. Martínez Shaw, C. (1981), Cataluña en la Carrera de Indias: 1680-1756, Barcelona, Crítica. Martínez Sopeña, R (1985), La tierra de Campos occidental. Poblamiento, poder y co munidad del siglo X al xm, Valladolid, Diputación Provincial. Martínez Vara, T. (1986), «Aproximación al comercio marítimo de Santander en los si glos xvm y xix», en T. Martínez Vara, ed., Mercado y desarrollo económico en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI y Junta del Puerto de Santander. — (1999), «La integración del mercado del trigo en el Norte y en la Castilla del Duero, 1800-1860. Algunas reflexiones», Historia Agraria, 19. Martorell, M. (2000), El santo temor al déficit, Madrid, Alianza. Mateu Tortosa, E. (1987), Arroz y paludismo. Riqueza y conflictos en la sociedad va lenciana del siglo xvm, Valencia, Institució Alfons El Magnánim. Mateu Tortosa, E., y S. Calatayud Giner (1996), «La evolución de la agricultura valen ciana: algunos aspectos (1840-1930)», en Azagra, Mateu y Vidal, eds. (1996). Mattoso, J., dir. (1997), Historia de Portugal, vol. II: A monarquía feudal (1096-1480), Lisboa, Editorial Estampa, Melgarejo Moreno, J. (2000), «De la política hidráulica a la planificación hidrológica. Un siglo de intervención del Estado», en C. Barciela y J. Melgarejo, eds., El agua en la historia de España, Alicante, Universidad de Alicante. Melón, M. Á. (1989), Extremadura en el Antiguo Régimen. Economía y sociedad en tierras de Cáceres, 1700-1814, Mérida, Editora Regional de Extremadura. Melón, M. Á., A. Rodriquez Grajera y A. Pérez Díaz, coords. (1999), Extremadura y la trashumando (siglos xvi-xx), Mérida, Editora Regional. Menjot, D. (1996), Les Espagnes médiévales, 409-1474, París, Hachette. Menjot, D., y M. Sánchez, coords. (1996-1999), La fiscalité des villes au Moyen Áge (Occident méditerranéen), Toulouse, Privat, 2 vols. Merino, J. P. (1987a), Las cuentas de la administración central española, 1750-1820, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. — (1987b), «La Hacienda de Carlos IV», en J. M. Jover Zamora, dir., Historia de Es paña Menéndez Pidal, tomo XXXI: La época de la Ilustración, vol. I, El Estado y la cultura (1759-1834), Madrid, Espasa-Calpe. Miguel, A, de (1935), El potencial económico de España, Madrid, Gráfica Adminis trativa.

BIBLIOGRAFÍA

473

Mikelarena Peña, F. ( 1993), «Los movimientos migratorios interprovinciales en España entre 1877 y 1930: áreas de atracción, áreas de expulsión, periodización cronoló gica y cuencas migratorias», Cuadernos Aragoneses de Economía, 3 (2). Millán, J. (1996), «Els inicis revolucionaris de la societat valenciana contemporánia. Revolució, canvi social i transformados económiques, 1780-1875», en Azagra, Mateu, y Vidal, eds. (1996). Millet i Bel, S. (2001), Historia de Vagricultura espanyola durant els segles xix i xx, Lérida, Pagés editors. Minguez Fernández, J. M. (1990), La Reconquista, Madrid, Historia 16. Mínguez, J. M., y F. J. Fernández Conde (1995), Las sociedades feudales, Historia de España, vols. I y II de Madrid, Nerea. Miranda Encarnación, J. A. (1998), La industria del calzado en España (1860-1959), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Miskimin, H. (1981), La economía europea en el Renacimiento tardío (1460-1600), Madrid, Cátedra (trad, de M. Barat). Mitchell, B. R, (1998), International Historical Statistics. Europe, 1750-1993, Ba singstoke y Nueva York, MacMillan-Stockton Press [4.a edición]. Montemayor, J.(1996), Toléde entre fortune et déclin (1530-1640), Limoges, Presses Universitaires de Limoges. Morellá, E. (1992), «El producto industrial de posguerra: una revisión (índices secto riales, 1940-1958)», Revista de Historia Económica, 10 (1). Moreno Fernández, J. R. (1999), «La trashumancia en la montaña riojana durante el si glo xviii: la propiedad y el reparto de beneficios de las cabañas», en Melón, Rodrí guez Grajera y Pérez Diaz, coords. (1999) — (2001), «La Rioja: las otras caras del éxito», en Germán, Llopis, Maluquer de Mo tes y Zapata, eds. (2001). Moreno Fonseret, R. (1991-1992), «Burguesía y nacionalsindicalismo. Control obrero, beneficio económico y poder político en la organización sindical alicantina (19391952)», Historia Contemporánea. Anales de la Universidad de Alicante. Moreno Lázaro, J. (1991), «La fiebre harinera castellana: la historia de un sueño in dustrial (1841-1864)», en B. Yun Casalilla, coord., Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos XIXy xx), Salamanca, Junta de Cas tilla y León. — (1997), «Las transformaciones tecnológicas de la industria harinera española, 1880-1913», en López y Valdaliso, eds. (1997). — (1998), La industria harinera en Castilla la Vieja y León, 1778-1913, tesis docto ral inédita, Valladolid, Universidad de Valladolid. — (2001), «Precios de las subsistencias, salarios nominales y niveles de vida en Cas tilla la Vieja. Palencia, 1751-1861», Documentos de Trabajo de laAH E, 0101, Ma drid, Asociación de Historia Económica. Morineau, M. (1985), Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains d ’aprés les gazettes hollandaises (xvi«-xvm« siécles), Londres-París, Cambridge UP-Maison des Sciences de l’Homme. Nadal, J. (1959), «La revolución de los precios españoles en el siglo xvi: estado actual de la cuestión», Hispania, 19. — (1975), El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, Ariel. — ( 1 9 8 4 ) , La población española (siglos xvt a xx), Barcelona, Ariel [2.a edición corre gida y ampliada].


474

— (1987), «La industria fabril española en 1900. Una aproximación», en Nadal, Carre ras y Sudria, comps. (1987). — (1991), «La industria cotonera», en Nadal et al., dirs. (1988-1994), vol. 3, segle xix:

Industria ifinances. Moler, tejer y fundir. Estudios de historia industrial, Barcelona, Ariel.

— ( 1992a), — (1992b), — (1992c), (1992a). — (1992d),

«Andalucía, paraíso de los metales no ferrosos», en Nadal (1992a). «Los dos abortos de la revolución industrial en Andalucía», en Nadal «Los Planas, constructores de turbinas y material eléctrico (1858-1949)»,

Revista de Historia Industrial, 1. — (1999), «Industria sin industrialización», en Anes, ed. (1999). — , et al., dirs. (1988-1994), Historia económica de la Catalunya comtemporánia, Barcelona, Enciclopédia Catalana, 6 vols. Nadal, J., y J. Catalan, eds. (1994), La cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores no líderes (siglos xixy xx), Madrid, Alianza. Nadal, J., A. Carreras y C. Sudria, comps. (1987), La economía española en el siglo xx. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel. Nadal, J., y C. Sudria (1993), «La controversia en tomo al atraso económico español de la segunda mitad del siglo xix (1860-1913)», Revista de Historia Industrial, 3. Nadal, J., y G. Tortella, eds. (1974), Agricultura, comercio colonial y crecimiento eco nómico en la España contemporánea, Barcelona, Ariel. Nadal Farreras, J. (1978), Comercio exterior y subdesarrollo. España y Gran Bretaña, de 1772 a 1914: política económica y relaciones comerciales, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. Naredo, j. M. (1986), «La agricultura en el desarrollo económico», en Garrabou, Bar ciela y Jiménez Blanco, eds. (1986). Nicolau, R. (1989), «Población», en Carreras, ed. (1989). Nieto, J. A. (1999), La protoindustrialización en Castilla, 1350-1850, tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. Nogués, P. (2001), Evolución del nivel de precios al consumo en Barcelona durante el período 1775-1844, Barcelona, Universität de Barcelona y Universität Autónoma de Barcelona. Núñez, C. E. (1992), La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporánea, Madrid, Alianza. O ’Brien, P. (1983), «Transport and Economic Development in Europe, 1789-1914», en P. O ’Brien, ed., Railways and the Economic Development o f Western Europe, 1830-1914, Londres, Macmillan. O ’Brien, P., y L. Prados de la Escosura (1992), «Agricultural productivity and Euro pean industrialization, 1890-1980», Economic History Review, 45. OCDE (1999), National Accounts. Main Aggregates 1960-1997, Paris, OCDE. Ojeda, G. (1985), Asturias en la industrialización española, 1833-1907, Madrid, Si glo XXI. Ortiz-Villajos López, J. M. (1999), «Tecnología y desarrollo regional en España 18821935. Estudio basado en las patentes de invención», Revista de Historia Económi ca, 17(1). Palafox, J. (1992), Atraso económico y democracia. La Segunda República y la econo mía española (1892-1936), Barcelona, Crítica. Pallarés Mendez, M. C., y E. Pórtela' Silva (1991), Galicia en la época medieval, La Coruña, Hércules de Ediciones.

BIBLIOGRAFÍA

475

Pan-Montojo, J. (1994), La bodega del mundo. La vid y el vino en España (18001936), Madrid, Alianza/Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Parejo Barranco, A. (1989), La industria lanera española en la segunda mitad del si glo XIX , Málaga, Universidad de Málaga. — (1997), La producción industrial de Andalucía (1830-1935), Sevilla, Instituto de Desarrollo Industrial. — (2002), «Industrialización, desindustrialización y nueva industrialización de las re giones españolas (1950-2000). Un enfoque desde la historia económica», Revista de Historia Industrial (en prensa). Parejo Barranco, A., y J. F. Zambrana (1994), «La modernización de la industria del aceite en España en los siglos xix y xx», en Nadal y Catalan, eds. (1994). Parker, G., y L. M. Smith, eds. (1985), The General Crisis o f the Seventeenth Century, Londres, Reprint. Pascual Domènech, P. (1999a), Los caminos de la era industrial. La construcción y fi nanciación de la red ferroviaria catalana (¡843-1898), Barcelona, Edicions Uni versität de Barcelona/Fundación de los Ferrocarriles Españoles. — (1999b), «Ferrocarrils i demanda de productes siderúrgics a Catalunya (18481868), en Arqueología de la comunicado, Barcelona, CoMegi d ’Engingers Indus trials de Catalunya/Marcombo. Pascual, P., y C. Sudriá (1992), «Quiebra colonial y ajuste monetario en España», Estudis d ’Historia Económica, 2. Perdices, L. (1989), «La agricultura en la empresa colonizadora de Pablo de Olavide», enVVAA. (1989). Pereira, J. L. (1998), «La trashumancia en las zonas de invernadero: el ejemplo de la tierra de Cáceres», en Ruiz Martín y García Sanz, eds. (1998). Pérez García, J. M. (1981), «Aproximación al estudio de la penetración del maíz en Galicia», en A. Eiras Roel et ah, La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago. Pérez Moreda, V (1980), Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVIxix), Madrid, Siglo XXI. — (1984), «La evolución de la población española desde finales del Antiguo Régi men», Papeles de Economía Española, 20. — (1985), «La evolución demográfica española en el siglo xix (1797-1930): tenden cias generales y contrastes regionales», en SIDES, ed.. La populazione italiana nell’Ottocento. Continuitá e mutamenti, Bolonia, Editrice Clueb. — (1988), «La población española», en Artola, dir. (1988). — (1997), «La evolución demográfica», en L. de Rosa y L. M. Enciso Recio, eds.,

Spagna e Mezzogiorno d ’Italia nell’Etá della Transizione. Classi Sociali efermenti culturali (1650-1760), Nápoles. — (1999), «Población y economía en la España de los siglos xix y xx», en Anes, ed. (1999). Pérez Moreda, V, y D. Reher (1997), «La población urbana española entre los si glos xvi y xviii. Una perspectiva demográfica», en Fortea, ed. (1997). Pérez Picazo, M. T. (1990), El mayorazgo en la historia económica de la región mur ciana. Expansión, crisis y abolición (siglos xvn-xix), Madrid, Ministerio de Agri cultura. — (1998), «Las estructuras agrarias», en J. M. Jover Zamora, dir., Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXX: Las bases políticas, económicas y sociales de un ré gimen en transformación (1759-1834), Madrid, Espasa-Calpe.

476


Pérez Picazo, M .T ,,y G. Lemeunier ( 1984), El proceso de modernización de la región murciana (siglos xv¡-xx), Murcia, Editora Regional de Murcia. Pérez Picazo, M. T., y J, M. Martínez Carrión (2001), «Murcia: crecimiento en un me dio físico difícil», en Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds. (2001). Pérez Romero, E. (1999), «La trashumancia desde las sierra sorianas. La hegemonía de las grandes cabañas», en Melón, Rodríguez Grajera y Pérez Díaz, coords. (1999). Pérez Sarrión, G. (1989), «Crecimiento sin desarrollo e integración de mercados. El sector agrario aragonés en el siglo xvm», en VVAA. (1989). — (1999), Aragón en el Setecientos. Crecimiento económico, cambio social y cultura, 1700-1808, Lérida, Milenio. Pérez, F., F. J, Goerlich y M. Mas (1996), Capitalización y crecimiento en España y sus regiones, 1955-1995, Madrid, Fundación BBY Peset, M. (1982), Dos ensayos sobre historia de la propiedad de la tierra, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado/Editoriales de Derecho Reunidas. Phillips, C. R., y W. Jr. Phillips (1997), Spain’s Golden Fleece. Wool Production and the Wool Trade from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Baltimore y Lon dres, The Johns Hopkins University Press. Picard, C. (2000), Le Portugal musulmán (viw-xin* siècles), Paris, Maisonneuve et Larose. Piquera, J. (1981), La vid y el vino en el País Valenciano, Valencia, Institució Alfons el Magnânim. Piquero, S. (1991), Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Bilbao, Universi dad del País Vasco. Pollard, S. (1991), La conquista pacífica. La industrialización de Europa, 1760-1970, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza (trad, de J. Pascual). Ponsot, P. (1986), Atlas de Historia Económica de la Baja Andalucía (Siglos, xvi-xix), Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas. Powell, Ch. (2001), España en Democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza y Janés. Prados de la Escosura, L. (1982a), Comercio exterior y crecimiento económico en Es paña, 1826-1913: tendencias a largo plazo, Madrid, Banco de España, — (1982b), «Comercio exterior y cambio económico en España, (1792-1849)», en J. Fontana, ed., La economía española alfinal del Antiguo Régimen, vol. Ill: Comer cio y colonias, Madrid, Alianza. — (1984), «La evolución del comercio exterior, 1790-1929», Papeles de Economía Española, 20. — (1986), «Una serie anual del comercio exterior español (1821-1913)», Revista de Historia Económica, 4(1). — (1988), De Imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (17801930), Madrid, Alianza. — (1993), «La pérdida del Imperio y sus consecuencias económicas», en Prados de la Escosura y Amaral, eds. (1993). — (1995), Spain’s Gross Domestic Product, 1850-1993: Quantitative Conjectures, Universidad Carlos 111 de Madrid, Departamento de Economía, documento de tra bajo, 95-05/06. — (1999), «El sector exterior español durante el siglo xix», en Anes, ed. (1999). — (2000), «International Comparisons of Real Product, 1820-1990: An Alternative Data Set», Explorations in Economic History, 37. — (2002), El progreso de España (1850-2002), Madrid, Fundación BBVA (en prensa).

BIBLIOGRAFIA

477

Prados de la Escosura, L., y S. Amaral, eds. (1993), La independencia americana: consecuencias económicas, Madrid, Alianza. Prados de la Escosura, L., y J. C. Sanz (1996), «Growth and macroeconomic perfor mance in Spain, 1939-93», en N. Crafts y G. Toniolo, eds., Economic Growth in Europe since ¡945, Cambridge, Cambridge University Press. Puente, L. de la (1992), Transformaciones agrarias en Cantabria, 1860-1930. Especialización vacuna y construcción del espacio agrario, Santander, Universidad de Cantabria. Puig, N. (2001), La nacionalización de la industria farmacéutica en España: el caso de la empresas alemanas, 1914-1975, documento de trabajo, 2021, Fundación Em presa Pública, Madrid. Pujol, }., M. González de Molina, L. Fernández Prieto, D. Gallego y R. Garrabou (2001), El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contempo ránea, Barcelona, Crítica. Pulido Bueno, I. (1993), Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucía durante la época mercantilista, 1526-1740: contribución al estudio de la economía en la Es paña moderna, Huelva [El autor]. Ramos Palencia, F. C. (2001), «Pautas de consumo familiar en la Castilla preindus trial: Palencia, 1750-1850», en F. Comín y B. Sánchez Blanco, eds., Los novísimos en la historia económica de España. Revista de Historia Económica, año xix, nú mero extraordinario. Reher, D. S. (1991), «Dinámicas demográficas en Castilla la Nueva, 1550-1900: un ensayo de reconstrucción», en J. Nadal, ed., Evolución demográfica bajo los Austrias, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y Diputación de Alicante. — (1994), «Ciudades, procesos de urbanización y sistemas urbanos en la Península Ibérica, 1550-1991», en M. Guárdia, F. J. Monclús y J. L. Oyón, dirs., Atlas histó rico de ciudades europeas. Península Ibérica, Barcelona, Salvat. Rein, R, (1995), La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955, Madrid, CSIC-Instituto de Cooperación para el Desarrollo. Ringrose, D. R. (1985), Madrid y la economía española, ¡560-1580, Madrid, Alianza (trad, de A. Crespo y A. Bahamonde). — (1996), España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, Alianza (trad, de C. Vidal). Riu y Riu, M., coord. (1999), Los núcleos pirenaicos (718-1035). Navarra, Aragón y Cataluña, vol. II de J. M. Jover Zamora, dir., Historia de España Menéndez Pidal, tomo VII: La España cristiana de los siglos vm al xi, Madrid, Espasa Calpe. Robledo Hernández, R. (1984), La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León (18361913), Madrid, Banco de España. — (1993), Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria (1760-1935), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. — (1996), «Política y Reforma agraria de la Restauración a la Guerra Civil», en Á. García Sanz y J. Sanz, coords., Políticas y reformas agrarias en la Historia de España. (De la Ilustración al franquismo), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pes ca y Alimentación. Rodríguez Galdo, M. X. (1989), «La agricultura gallega en el siglo xvm», en VVAA. (1989/ Rodríguez Grajera, A. (1990), La Alta Extremadura en el siglo xvn. Evolución demo gráfica y estructura agraria, Cáceres, Universidad de Extremadura. Rodríguez Labandeira, J. (1991), El trabajo rural en España (1876-1936), Barcelona, Anthropos/Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

478


Rodríguez-Salgado, M. J. (1992), Un imperio en transición. Carlos V, Felipe II y su mundo, Barcelona, Crítica (trad, de J. Faci). Ros, R. (1999), La industria textil lanera de Béjar (1680-1850). La formación de un enclave industrial, Valladolid, Junta de Castilla y León. Rosés, J. R (1997), «La integración vertical en el sector algodonero catalán, 1832-1861», en López y Valdaliso, eds. (1997). Rucquoi, A. (1987), Valladolid en la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2 vols. Rueda, G. (1997), La desamortización en España: un balance (1766-1924), Madrid, Arco Libros. — , et al. (1986), La desamortización de Mendizábal y Espartero en España, Madrid, Cátedra. Ruiz de Celada, J. (1990), Estado de la Bolsa de Valladolid. Examen de sus tributos, cargas y medios de su extinción. De su gobierno y reforma (Valladolid, 1777), edi ción e introducción de B. Yun Casalilla, Valladolid, Universidad de Valladolid-Caja de Ahorros de Salamanca. Ruiz, T. F. (2002), Historia social de España, 1400-1600, Barcelona, Crítica. Ruiz Martín, F. (1970), «La banca en España hasta 1782», en Banco de España (1970). — (1978), «Procedimientos crediticios para la recaudación de tributos fiscales en las ciudades castellanas en los siglos xvi y xvn. El caso de Valladolid», en A. Otazu, ed., Dinero y crédito (siglos xvi al xix): actas del Primer Coloquio Internacional de Historia Económica, Madrid, Banco Urquijo. — (1990a), Pequeño capitalismo, gran capitalismo. Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Barcelona, Crítica. — (1990b), Las finanzas de la monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (16211665), Madrid, Real Academia de la Historia. Ruiz Martín, F., y Á. García Sanz, eds. (1998), Mesta, trashumando y lana en la Es paña moderna, Barcelona, Crítica y Fundación Duques de Soria. Ruiz Martinez, J. I., y J. P. Dedieu (1994), «Tres momentos en la historia de la Real Hacienda (1640-1800)», Cuadernos de Historia moderna, XV Ruiz Torres, P. (1985), «Desarrollo y crisis de la agricultura en el País Valenciano al fi nal del antiguo régimen», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985). — (1989), «La agricultura valenciana en el siglo xvm», en VVAA. (1989). — (1994), «Del Antiguo al Nuevo Régimen: carácter de la transformación», en Ber nal, Clavero, Fernández de Pinedo et. al. (1994). Saavedra, P. (1996), Das casas de morada o monte comunal, Santiago de Compostela. Saavedra, P., y R. Villares, eds. (1991), Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos xvm-xx, Barcelona, Consello da Cultura Galega y Crítica, 2 vols. Sabaté Sort, M. (1996), El proteccionismo legitimado. Política arancelaria española a comienzos de siglo, Madrid, Civitas. Sáiz, C. (1991), «La revolución liberal española y el control de la Hacienda cubana (1826-1843)», Revista de Historia Económica, 9 (2). Sáiz, C., y J. Vidal (2001), El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Economía, Ma drid, Síntesis. Salinas, M. J. (1992), «La población tafallesa en el siglo xvm. Estudio monográfico», Príncipe de Viana, Anejo 16. San Román, E. (1995), «La industria del automóvil en España: el nacimiento de SEAT», documento de trabajo, 9305, Madrid, Fundación Empresa Pública.

BIBLIOGRAFÍA

479

— (2001), «Protección e intervencionismo en el primer tercio del siglo xx», en Fuen tes Quintana, dir. (1999-2001), vol. 6: La modernización de los estudios de Eco

nomía. Sánchez, A. (1988), «La formación de una política prohibicionista en Cataluña, 17601840», Espai/Temps. Quadern del Departament de Geografía i Historia de l ’Estu-

di general de Lleida. — (2000), «Los inicios del sistema fabril en la industria algodonera catalana, 17971839», Revista de Historia Económica, 18 (3). Sánchez-Albornoz, N. (1977), España hace un siglo: una economía dual, Madrid, Alianza. — , ed. (1985), La modernización económica de España, 1830-1930, Madrid, Alianza. Sánchez Alonso, B. (1995), Las causas de la emigración española 1880-1930, Madrid, Alianza. Sánchez Baeza, E. (1983), La Ñora ayer y hoy, Madrid, [El autor]. Sánchez Belén, J. A. (1996), La política fiscal en Castilla durante el reinado de Car los II, Madrid, Siglo XXI. Sánchez Picón, A. (1995), «Modelos tecnológicos en la minería del plomo andaluza durante el siglo XIX», Revista de Historia Industrial, 7. Sánchez Salazar, F. (1988), Extensión de cultivos en España en el siglo xvm, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Siglo XXI. — (1989), «Tierras municipales y extensión de los cultivos en la política agraria de la Ilustración», en VV.AA. (1989/ Sanz Ayán, C. (1988), Los banqueros de Carlos II, Valladolid, Universidad de Valla dolid. Sarasa Sánchez, E. (1981), Sociedad y conflictos sociales en Aragón. Siglos xm-xv. Es tructuras de poder y conflictos de clase, Madrid, Siglo XXL Sarasa Sánchez, E., y E. Serrano Martín, eds. (1993), Señorío y feudalismo en la Pe nínsula Ibérica (siglos xii-xix), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 4 vols. Sardá, J. (1987), Escritos 1948-1980, Madrid, Banco de España. Schwartz, P., ed. (1974), La banca española en la Restauración, vol. I: Política y f i nanzas, Madrid, Banco de España. Schwartz, P., y M. J. González (1978), Una historia del Instituto Nacional de Industria (1941-1976), Madrid, Tecnos. Schumpeter, J. A. (1978), Teoría del desenvolvimiento económico, México, Fondo de Cultura Económica [1.a ed. en alemán de 1912]. Sebastián Amarilla, J. A. (1990), «La renta de la tierra en León durante la Edad Mo derna. Primeros resultados y algunas reflexiones a partir de fuentes monásticas», Revista de Historia Económica, 8(1). — (1991), «La producción de cereales en Tierras de León durante la Edad Moderna (1570-1795)», Agricultura y Sociedad, 59. — (1992), Agricultura y rentas monásticas en tierras de León. Santa María de Sando val (1167-1835), Madrid, Universidad Complutense. Segura, A., y J. Suau (1986), «La demografía histórica de Mallorca», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 4(1). Segura, J. (1975), «Cambio técnico en España 1962-1970. Un análisis provisional», Boletín de Estudios Económicos de Deusto, 96. — (1992), La industria española y la competitividad, Madrid, Espasa Calpe. Serra, E. (1988), Pagesos i senyors a la Catalunya del segle xvu. Baronía de Sentmenat, Barcelona, Crítica.

480


Serrano Sanz, J. M. (1986), «La.política arancelaria española al término de la primera guerra mundial; protección, arancel Cambó y tratados comerciales», en García Delgado, ed. (1986). — (1987a), El viraje proteccionista de la Restauración. La política comercial españo la, 1875-1895, Madrid, Siglo XXI. — (1987b), «La política comercial ante la crisis del veintinueve: el primer bienio re publicano», en García Delgado, ed. (1987). — (1997), «Sector exterior y desarrollo en la economía española contemporánea», Papeles de Economía Española, 73. Serrano Sanz, J. M., y A. Costas Comesaña (1990), «La reforma institucional en la economía de la transición», en J. L. García Delgado, dir., Economía de la transi ción y la democracia, Madrid, CIS. Serrâo, J., y A. H. Oliveira Marques, dirs. (1990), Nova Historia de Portugal, vols. III y IV, Lisboa, Presenta. Sesma Muñoz, J. A. (1998), La Reconquista y el proceso de diferenciación política, tomo IX de J. M. Jover Zamora, dir., Historia de España Menéndez Pida I, Madrid, Espasa Calpe. Simón Segura, E (1973), La desamortización española del siglo xix, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales/Ministerio de Hacienda. Simpson, J. (1997), La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, Madrid, Alianza (trad, de M.Serrano). Solé Villalonga, G. (1964), La deuda pública española y el mercado de capitales, Ma drid, Instituto de Estudios Fiscales. — (1967), La reforma fiscal de Villaverde, 1899-1900, Madrid, Editorial de Derecho Financiero. Soto Carmona, Á. (1989), El trabajo industrial en la España contemporánea (18741936), Madrid, Anthropos. Sudria, C, (1983), «La exportación en el desarrollo de la industria algodonera españo la, 1875-1920», Revista de Historia Económica, 1(2). — (1987), «Un factor determinante: la energía», en Nadal, Carreras y Sudria, comps. (1987). — (1990), «Los beneficios de España durante la gran guerra. Una aproximación a la balanza de pagos española, 1914-1920», Revista de Historia Económica, 8 (2). — (1994), «Capitalistes i fabricants. El finangament de la industrialització catalana (1815-1866)», Butlletí de la Societat Catalana d ’Estudis Histories, V — «La restricción energética al desarrollo económico de España», Papeles de Econo mía Española, 73. Sudriá, C., y P. Pascual (1999), «Financing a railway mania: capital formation and the demand for money in Catalonia, 1840-1866», Financial History Review, 6 (2). Tafunell, X. (1996), Los beneficios empresariales en España (1880-1981). Elaboración de una serie anual, documento de trabajo, 9601, Madrid, Fundación Empresa Pública. Tascón, J. (2001), «Las inversiones extranjeras en España, 1936-1959», presentado al congreso Política y Empresa en España, 1936-1957, Universidad de Alicante. Tedde de Lorca, P. (1974), «La banca privada española durante la Restauración (18741913)», en Schwartz, ed. (1974). — (1978), «Las compañías ferroviarias en España (1855-1935)», en Artola, ed. (1978), vol. 2: Economía y ferrocarriles. — (1985), «El gasto público en España (1875-1906). Un análisis comparativo con las economías europeas», en Martín Aceña y Prados, eds. (1985).

BIBLIOGRAFÍA

481

— (1988a), El Banco de San Carlos (1782-1829), Madrid, Banco de España-Alianza. — (1988b), «El sector financiero», en Artola, dir. (1988). — (1994), «Revolución liberal y crecimiento económico en la España del siglo xix», en Bemal, Clavero, Fernández de Pinedo et al. (1994). — (1998), «Una economía en transformación: de la Ilustración al librecambismo», en J. M. Jover Zamora, dir., Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXX: Las ba

ses políticas, económicas y sociales de un régimen en transformación (17591834), Madrid, Espasa Calpe. — (1999), El Banco de San Fernando (1829-1856), Madrid, Banco de España y Alianza. — (2001), «El real. La moneda española en las épocas del Banco de San Carlos y del Banco de San Femando», en Banco de España. (2001). —, ed. (1999), Economía y colonias en la España del 98, Madrid, Síntesis. Tello, E. (1992), «Renta señorial y renta de la tierra en la última etapa del Antiguo Ré gimen en Cataluña», Noticiario de Historia Agraria, 2 (4). — (1997a), «Uagricultura en temps de crisis», en J. M. Fradera, ed., Historia de la Societal deis Pai'sos Catalans, vol. VII: La gran transformado, Barcelona, Enci clopedia Catalana. — (1997b), «Los usos de la enfiteusis en la Cataluña “Nueva” y la Cataluña “Vieja” (siglos xvni-xix)», VII Congreso de Historia Agraria. Preactas, Salamanca, SEHA y Universidad de Salamanca. — (2002), «El fin del crédito hipotecario censualista: ¿una agonía demasiado larga (1705-1861)?» Áreas. Revista de Ciencias Sociales, 21. Tena Junguito, A. (1989), «Comercio exterior», en Carreras, ed. (1989). Thomaz, L. F. F. R. (1994), De Ceuta a Timor, Lisboa, Difel. Thompson, I. A. A. (1982), «Taxation, military spending and the domestic economy in Castile in the later Sixteenth Century», presentado al VII International Economic History Congress, Budapest. Reimpreso en I. A. A. Thompson (1992), War and So ciety in Habsburg Spain, Londres, Ashgate. — (1984), «The End of the Cortes o f Castile», Parliaments, Estates, Representation, 4. Thompson, I. A. A., y B. Yun Casalilla, eds. (1994/, The Castilian Crisis o f the Seven

teenth Century. New Perspectives on the Economic and Social History of Sevente enth-Century Spain, Cambridge, Cambridge University Press. Thomson J. K. J. (1991), «Intervención del Estado en la industria catalana del estam pado de telas en el siglo xvm», en Berg, ed. (1991). — (1992), A Distinctive Industrialization. Cotton in Barcelona, 1728-1832, CambridgeNueva York, Cambridge University Press. Tinoco, S., y J. M. Fradera (1987), «A modo de primeras conclusiones», en A. M. Ber nal, coord., El Comercio Libre entre España y América Latina, 1765-1824, Ma drid, Fundación Banco Exterior, To Figueras, L. (1997), Familia i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles x-xil), Barcelona, Publicacions de 1’Abadía de Montserrat. Tomás y Valiente, F. (1971), El marco político de la desamortización en España, Bar celona, Ariel. Torras Elias, J. (1976), Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823, Barcelona, Ariel. — (1982), «La economía aragonesa en la transición al capitalismo», en J. Torras, C. Forcadell y E. Fernández Clemente, Tres estudios de historia económica de Aragón, Zaragoza, Universidad de Zaragoza. — (1985), «Aguardiente y crisis rural. Sobre la coyuntura vitícola, 1793-1832», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985).

482


— (1991), «Redes comerciales y auge textil en la España del siglo xvm», en Berg, ed. (1991). — (1994), «L’economía catalana abans del 1800. Un esquema», en Nadal et al., dirs. (1988-1994), vol. 1: La form ado d ’una sodetat industrial. — (1998), «Crafts Guilds and Rural Industries in Early Modern Spain», en S. R. Eps tein, H. G. Haupt, C. Poni y H. Soly, eds., Guilds, Economy and Society, Sesión Bl del Duodécimo Congreso Internacional de Historia Económica, Sevilla, Universi dad de Sevilla. Torras Elias, J., y B. Yun Casalilla (2001), «Pautas de Consumo, 1550-1850», en VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza. Torre, J. de la (1991), Los campesinos navarros ante la guerra napoleónica: financia ción bélica y desamortización civil, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Torró, Ll. (1994), «Los inicios de la mecanización en la industria lanera de Alcoi», Re vista de Historia Industrial, 6. — (2000), Proto-indústria i acumulado originária de capital a la vila valenciana d'Alcoi (1430-1823), tesis doctoral, Alicante, Universidad de Alicante. Tortella Casares, G. (1970), «El Banco de España entre 1829-1929. La formación de un banco central», en Banco de España (1970). — (1973), Los orígenes del capitalismo en España: banca, industria y ferrocarriles, Madrid, Tecnos. — (1983), «La primera gran empresa química española. La Sociedad Española de la Dinamita (1872-1896)», en G. Anes, L. A. Rojo y P. Tedde, eds., Historia económi ca y pensamiento social. Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral, Madrid, Alianza. — (1994a), El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los si glos XIXy xx, Madrid, Alianza. — (1994b), «Patterns of economic retardation and recovery in South-Western Europe in the nineteenth and twentieth centuries», Economic History Review, 47 (1). — (2001), «¿Fue España diferente? La peseta en la época del patrón oro», en Banco de España (2001). — , dir. (1974), La banca española en la Restauración, Madrid, Banco de España, 2 vols. Tortella Casares, G., y J. C. Jiménez ( 1986), Historia del Banco de Crédito Industrial, Madrid, Alianza. Toutain, J.-C. (1997), «Le produit intérieur brut de la France, 1789-1990», Economies et Sociétès, 1. Tracy, J. (1985), A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands. Rents and Ren tiers in the County o f Holland, 1515-1565, Berkeley-Londres, University of Cali fornia Press. Treppo, M. del (1972), I mercanti catalani e I ’espansione della corona d ’Aragona nel secóla xv, Nápoles, Arte Tipográfica, [edición catalana (1976), Mercaders C a ta la n s i Vexpansió de la corona catalano-aragonesa, Barcelona, Curial (trad, de J. Riera)]. Valdaliso Gago, J. M. (1991), Los navieros vascos y la marina mercante en España, 1860-1935. Una historia económica, Bilbao, Instituto Vasco de Administración Pública. Vallejo, R. (2001), Rejórma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza. Van der Wee, H., y J. Blomme (1994), «The Belgian economy in a long-term historical perspective: economic development in Flanders and Brabant, 1500-1812», en

BIBLIOGRAFÍA

483

A. Maddison, y H. van der Wee, eds., Economic growth and structural change. Comparative approaches over the long run, Milán, Universidad Boconi de Milán. Van Zanden, J. L. (2001), «Early modem economic growth: a survey of the European Economy, 1500-1800», en M. Prak, ed., Early Modern Capitalism. Economic and Social Change in Europe, 1400-1800, Londres y Nueva York, Routledge. Vandellós, J. (1925), «La riqueza y la renta de la Península Ibérica», reproducido en P. Schwartz, ed. (1977), El producto nacional de España en el siglo xx, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales (trad, de J, Velarde). Vargas Ponce, J. (1982), Estados de vitalidad y m ortalidad de Guipúzcoa en el si glo xvm, trabajados por el teniente de navio José Vargas y Ponce, director de la Real Academia de la Historia, Madrid, Real Academia de la Historia. Vassberg, D. E. (1983), La venta de tierras baldías: el dominio público y la corona en Castilla durante el siglo xvi, Madrid, Ministerio de Agricultura (trad, de D. Prada les, J. Gómez, G. Heartfiel y G. Garza-Swan). — (1986), Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos en la España del siglo xvi, Barcelona, Crítica (trad, de J. Vicuña y M. Ortuño). Velarde Fuertes, J. (1999a), «El 98: las nuevas ideas económicas y sus consecuen cias», en Tedde de Lorca, ed. (1999). — (1999b), «La economía española de 1914 a 1931», en Anes, ed. (1999). Vilar, P. (1962), La Catalogue dans VEspagne moderne. Recherches sur les fondaments économiques des structures nationales, París, SEVPEN, 3 vols. [edición castellana (1978-1988), Cataluña en la España Moderna, Barcelona, Crítica, 3 vols. (trad, de J. Sempere y L. Roca); edición catalana: (1965), Catalunya dins l'Espanya moderna, Barcelona, Edicions 62, 4 vols. (trad, de E. Durán)]. — (1974), Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español, Barcelona, Ariel, 2.a ed. (trad de E. Giralt). — (1982), Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel (trad, de A. Sáez y J. Sabater). Villares, R. (1985), «Crisis del Antiguo Régimen en Galicia», en García Sanz y Garrabou, eds. (1985). — (1989), «Carlos III y la temporalidad del foro: los pleitos sobre despojos», en VVAA. (1989). — (1997), «Agricultura», en J. M. Jover Zamora, dir., Historia de España Menéndez Pidal, tomo XXXIII, Los fundamentos de la España Liberal (1834-1900). La so ciedad, la economía y las formas de vida, Madrid, Espasa Calpe. Viñas, A. (1977), «La alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la interven ción alemana en la guerra civil española», en H. Thomas (1976), La guerra civil española, Barcelona, Grijalbo. VVAA. (1985), En torno al Jeudalismo hispánico, Madrid, Fundación Sánchez Al bornoz. W A A . (1989), Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del siglo xvm, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Wallerstein I., (1979), El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de ¡a economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, Siglo XXI. XXI Semana de estudios medievales de Estella (1995), Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), Pamplona, Gobierno de Navarra. Yun Casalilla, B. (1987), Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, Junta de Castilla y León.

484


— (1990), «Poder y economía. Algunas propuestas para el estudio de la historia agra ria de Castilla la Vieja y León durante la Edad Moderna», en R. Pastor, comp., Re

laciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid, CS1C. — (1994), «Economic Cycles and Structural Changes», en Brady, Oberman y Tracy, eds. (1994). — (1998), «The American Empire and the Spanish Economy: an Institutional and Re gional Perspective», Revista de Historia Económica, 16(1). — (1999), «Del centro a la periferia: la economía española bajo Carlos II», Studia Histórica. Historia Moderna, 20. — (2001), «Manufacturas, mercado interior y redes urbanas: recesión, reajustes y ri gideces» en J. Alcalá-Zamora y E. Belenguer, coords. (2001), Calderón de la Barcay la España del Barroco, Madrid, Centro de Estudios políticos y Constituciona les, Madrid. — (2002), La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (si glos xvi-xvní), Madrid, Akal. — (en prensa), Marte contra Minerva. La economía política del imperio de los Austrias (1450-1600), Barcelona, Crítica. Zafra, J. (1987), Fiscalidad y Antiguo Régimen. Las rentas provinciales del reino de Granada, 1746-1780, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales y Junta de Andalucía. — (1999), «La Hacienda del Estado Liberal y la economía española (1808-1868)», Seminario de Historia Económica, Fundación Duques de Soria, Soria. — (2002), La Hacienda Española, 1700-1750, inédito. Zambrana Pineda, J. F. (1987), Crisis y modernización del olivar español, 1870-1930, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Zanetti Lecuona, O. (1998), Comercio y poder. Relaciones cubano-hispano-norteamericanas en torno a 1898, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Amérícas. Zapata Blanco, S. (1996), «Corcho extremeño y andaluz, tapones gerundenses», Re vista de Historia Industrial, 10. — (2001a) «Apéndice estadístico», en Germán, Llopis, Maluquer de Motes y Zapata, eds. (2001). — (2001b), «La madera en España ( c. 1850-c. 1950). Un primer esbozo», Revista de Historia Económica, 19 (2).

ÍNDICE ALFABÉTICO abastos, quiebra del sistema tradicional de, 183 absolutismo, 166, 175, 179, 183; hundimiento del, 176 aceite, 199; producción de, 127-128 Acta Única Europea, 400,409 actividades productivas, distribución regional de las, 251 Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), 371, 372, 413; ronda Kennedy (1964-1967) del, 372 Acuerdo Interconfederal por la Estabilidad en el Empleo (1997), 417 adehesamiento, procesos de, 65 Adhesión a la Comunidad (1985), tratado de, 409,413, 425, 426 administraciones públicas (1975-2000), 424 aduanas: derogación de, 90; desaparición en tre Aragón y Castilla, 148,154 África: explotación pesquera en el norte de, 53; minas de metales preciosos en, 52, 53 agricultura: alternativa, 103; baldíos, 65, 77; comercio y, 26; crisis en el siglo xvm, 142; de exportación, 140; de las regiones perifé ricas (siglo xvm), 136; de los territorios del interior (siglo xvm), 130-134; depresión agraria (1882-1913), 263-268; disminución de la producción, 44; durante el califato omeya, 16; indicadores de la evolución (1931-1959) de la, 361; peso decisivo en 1860 y 1887, 205; productividad por hora de trabajo, 122; progreso de la, 25; trans formaciones del sector (1913-1935), 297299; uso de abonos artificiales, 299; uso de suelo agrícola (1860 y 1888), 212 aguardiente, exportación de, 199 ahorro interno, debilidad (siglo xix) del, 220222

ahorro social, y transporte ferroviario (18651878), 224

Alba, Santiago, 317 Albarracín, 28; producción artesanal en, 28 alcabala, impuesto de la, 30, 38, 56, 57, 64, 72, 75, 78, 80, 92, 101; petrificación de la, 77 Alcántara, orden militar de, 18 Alcobaâ, monasterio cisterciense de, 18 Alcoy, industria lanera en, 148, 195, 196, 237, 275 Alejandría, mercaderes de, 30 Alemán, Mateo: Guzmán de Alfarache, 88 Alemania: ayuda económica de, 336; banque ros de, 77, 78-79; distribución sectorial de la población activa ( 1870), 205; guerras re ligiosas en, 74; PIB de, 204; población (1850-1880), 208; siderurgia de, 238; venta de las islas Palaos, Marianas y Carolinas a, 243 Alemania, República Federal de, 399, 428 Alentejo, repoblación del, 18, 22 alfabetización: en el año 1870, 207-208; de 1877 a 1910,245-246, 246 Alfonso X, rey de Castilla, 26, 30 Alfonso XI, rey de Castilla, 34 Alfonso XII, rey de España, 243 Alfonso Xlll, rey de España, 243, 285, 327 Algarbe, repoblación del, 22 algodón, industria del, 147, 150-151, 173, 194,235,236; importaciones de, 230 alimentaria, industria: de 1842-1880, 233, 234-235; de 1882-1913, 275-276 Almadén, minas de mercurio de, 156-157, 218, 229 Almería, población (siglo x í ) de, 16 almojarifazgo, impuesto del, 30, 57, 75 Alpujarras, yacimiento de plomo en las, 193 Altos Hornos de Bilbao, 273 Altos Hornos de Vizcaya, 273 Altos Hornos y Herrería de Nuestra Señora del Carmen, 273

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Amberes, eje comercial con, 81 América: comercio con, 156, 172, 176; descu brimientos en, 36; dificultad del tráfico con, 171-172; expansión de la economía minera en, 82; intercambios con, 81; remesas de metales llegadas (1503-1805), 108; véase Indias amortización: de la tierra, 82; eclesiástica, 90 Ampudia, industria en, 113, 115 Andalucía: aceite en, 264; evolución de bauti zados, 100; ganadería en, 134; producción de cereales en, 38, 39; recesión demográfi ca, 99; repoblación en el siglo xvm, 20; trashumancia (siglo xvm) en, 26; viñedos en, 25, 65, 130 Andalus, Al-, 14, 15, 16,49; comercio en, 2829; fragmentación política de, 16; produc ción artesanal en, 28 Antequera, industria lanera en, 195, 237, 275 apertura de la economía, grado de: de 18821913, 279, 280; de 1975-2000, 415 aprisio, fórmula jurídica de la, 15 arado romano, 25, 58 Aragón, 251; aristocracia débil, 56; contri bución única en, 159; Cortes de, 74, 121; crecimiento agrario en, 134; crecimiento demográfico (siglo xvi), 66; crisis bajomedieval en, 31, 43; crisis demográfica (siglo xiv), 34; desarrollo urbano en, 22, 23; ex pansión demográfica de, 43-44, 45; guerra civil de, 34; industria textil en, 146; pobla ción musulmana de, 19; propiedad territo rial en, 22; trashumancia en, 28; véase tam bién Zaragoza aranceles: de Cambó, 290, 322; Cánovas, 253; Figuerola, 232; McKinley, 253; Méline, 253; de 1782, 173; de 1891, 269, 279; de 1960, 390; Salvador, 253; véase también política arancelaria arbitristas, 88, 90, 91 Arburúa, M., ministro de Comercio, 359 arrendamientos de tierras, 115, 132; munici pales, 144-145 Arévalo, precio del trigo (1690-1841) en, 130 Argentina: crédito de, 343; emigración hacia, 246 Arguelles, error, 294 aristocracia, 82, 94; lazos con el clero, 96; no biliaria, 19, 21, 52, 72-73 aristocracia eclesiástica, 13, 14, 19, 21, 32, 49, 52 Armada Invencible, 78 arriería, 107, 113 artesanía, 16, 28, 44

artesanos, 38, 71, 81 asentistas, 69, 107; genoveses y alemanes, 77, 78-79, 91, 93, 107; portugueses, 93, 107 asientos, préstamos contratados por la monar quía, 59, 77 Asland, 274 Asociación Europea de Comercio Libre, 413 Asturias, 107; agricultura en, 136; carbón de, 240, 271; formación del reino de, 15; gana dería de, 134; sublevación de 1934, 295 atalaje, sistemas de, 58 Atenas, ducado de, 44 Austrias: problemas hacendísticos de los, 78; sistema patrimonial de los, 5 1, 74 autarquía: fracaso de la, 354-365; principios económicos de la, 339-341 Autonomías, Estado de las, 423 Ávila, 18; producción artesanal en, 28; rentas de tierras, 132,133, 167 Avilés, fundación de, 23 ayuntamientos, impuestos de los, 8 1 azafrán, cultivo del, 58, 66, 67 Azaña, Manuel, presidente del gobierno, 285, 303, 304, 329 Aznar, Juan Bautista, almirante, presidente del gobierno, 285 Aznar, naviera, 278 Azores, islas, conquista portuguesa de las, 43 Azpilcueta, M., 61 azúcar: demanda de, 52-53, 109; producción de, 58 Babcock & Wilcox, 313,314 Badajoz, ocupaciones de tierras (1934) en, 295 Baix Camp, avellanos en el, 214 Baix Llobregat, agricultura del, 112, 214 balanza agraria: de 1882-1913, 280; de 19131935, 298 balanza comercial, déficit de la, 59, 70, 94; de 1920, 289; de 1964-1975, 376 balanza de mercancías: de 1784-1820, 172; déficit de, 173; entre 1923 y 1930, 292 balanza de pagos: de 1815-1820, 199-200; de 1883,254 balanza de servicios: de 1964-1975,376 balanza de transferencias: de 1964-1975, 376 Balcanes, 26 Baleares, islas: conquista de las, 18, 22, 30; crisis bajomedieval en, 43; recaudación de la talla en, 159 banca: castellana, 69, 81; desarrollo en el si glo xix, 200; genovesa, 91; nueva banca

ÍNDICE ALFABÉTICO

mixta, 278-279: política durante los prime ros años del franquismo, 351-353 bancarrotas, 101; en el reinado de Felipe IV, 92; en el año 1872, 218-219 Banco Central, 319 Banco Central Europeo, 429, 431-432, 433, 434 Banco de Barcelona, 320 Banco de Comercio, 279 Banco de Crédito industrial, 307, 321 Banco de Crédito Local, 321 Banco de España, 221,254, 319, 320,422,423, 424-425, 431; emisión de moneda fiducia ria al, 219; durante la guerra civil, 336; en los primeros años del franquismo, 350, 351-352, 364; monopolio de la emisión de billetes, 219; y las competencias sobre las divisas y pagos al exterior ( 1969), 373 Banco de Isabel 11, en Madrid, 221 Banco de San Femando, 187, 200, 201, 220, 221

Banco de Vizcaya, 271, 279 Banco Español de Crédito, 279 Banco Exterior, 321 Banco Hispano Americano, 279 Banco Mundial, integración (1958) en el, 371 Banco Nacional Agrario, 304 Banco Nacional de San Carlos, 161, 171, 200201,220

Banco Pastor, 319 Banco Popular, 3 19 Banco Urquijo, 319 bancos comerciales, o de depósitos, 162 barbechos: en 1888, 211, 212; reducción de los, 100, 127, 139, 266, 299 Barcelona Traction, Light and Power Co., 271 Barcelona, 79; como gran centro textil y arte sano, 28; construcción del metro de, 312; industria textil en, 44, 115,150; crisis de mográfica de, 46; crisis comercial de, 53; comercio marítimo, 107; exportación a las Indias, 156; como plaza financiera, 161; co mercio en, 29, 30-31, 43, 44, 55, 81, 114115; cónsules castellanos en, 39; Juegos Olímpicos (1992) de, 428; puerto de, 47 barreras de entrada, 115 bautizos, evolución de, 114, 123; en las áreas rurales (1590-1800), 100; en Madrid y la Meseta Norte (1590-1800), 104 Bayer, empresa, 313 Bazán, Empresa Nacional, 362 Béjar, casa de, 94 Béjar: industria en, 113, 115, 148; industria lanera de, 195, 237, 275

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Bélgica, 86 Benavente, casa de, 94 Benavente, condes de, ingreso de los, 73 Bennassar, Bartolomé, 79 Berenguer, Dámaso, general, 285 Bergamín, 318 Bcrnis, F., 303 Bessemer, proceso siderúrgico, 222,273 bienes de consumo, 234-237; industria de (1881-1913), 274-276 Bilbao: comercio en, 4 !; comercio marítimo, 107; como plaza financiera, 161; fundación de, 23 Boeringher, 313 Bois, Guy, 32 Bolsa de Barcelona, 360 Bolsa de Bilbao, 360 Bolsa de Londres, 217 Bolsa de Madrid, 360, 426 Bolsa de París, 259, 279 Bonaplata, José, 235 Bonaplata, Vilaragut, Rull y Cía., 194, 235 Borbón, dinastía, 121 Braudel, Fernand 80, 87 Bravo Murillo, Juan, ministro de Hacienda, 217, 221 Bretaña, condes de, 39 Bretton Woods, sistema de, 414; integración de la peseta (1959-1974) en, 373, 374 Brigadas Internacionales, 336 Brihuega, fábrica de paños de, 145 Brujas, consulado en, 39 brújula, uso de la, 54 Buenos Aires, libre comercio y, 156 Bugallal, Gabino, ministro de Hacienda, 318 Bundesbank, 428 Burgos: comercio en, 29, 55; evolución de la renta en,41; mercaderes de, 30 burguesía: ascenso de la, 38, 139; en el siglo xvm, 163 caballos, contrabando de, 67 Cabarrús, F., 145 cabotaje, comercio de, 107 cacao, comercio del, 107 Cáceres: producción de cereales en, 64 Cádiz: arsenales de, 152; comercio colonial en, 156; como plaza financiera, 161; hundi miento del comercio de intermediación, 198; monopolio del comercio con América (1717), 115,116 Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero, 321

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Caja de Amortización, 170 Caja de Consolidación, 170 Caja de Pensiones y de Ahorros de Barcelona, 279 Caja Ferroviaria, 311, 314 Calatayud, 28; comercio en, 29 Calatrava, orden militar de, 18 Calvo Sotelo, José, 294, 317, 318, 324, 325 calzado, industria del, 275 Camacho, Juan Francisco, ministro de Ha cienda, 219, 259 cambio, tipo de, de la peseta: de 1882-1913, 252; de 1921-1935, 323-325, 324; de 19571958, 365-366 Cambó, Francesc, 308, 318, 319 Caminos de Hierro del Norte de España (Nor te), 223,226 campesinos: acceso a tierras públicas, 189; debilitamiento de la economía del, 167; en la depresión bajomedieval, 32, 38; transfe rencia de tierras a los, 304 Campillo, José, 159 Canadian Light and Power Company, 313 Canal de Castilla, 153, 193, 234 Canal de Tauste, 153 Canal de Urgell, 215 Canal Imperial de Aragón, 134, 153 Canalejas y Méndez, José, 243 Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, em presa eléctrica, 312 Canarias, 207; agricultura de, 139, 268; co mercio de azúcar, 53; crecimiento de la po blación en, 126; ocupación de tas, 53; siste ma fiscal, 159 Canga Argüelles, J., 185 Cánovas del Castillo, Antonio, 232 Cantabria, industria en, 250, 252 caña de azúcar, cultivo de, 46 capital comercia] (kaufsystem), 146 capital extranjero, entradas de, 220-223 capitalismo, orígenes del, 86 capitalización de la economía, 383-384 carabelas, navegación con, 54 Carande, Ramón, 59, 77 carbón mineral, 192, 196, 197, 230, 238, 239240 carbón vegetal, 197, 238 Carlos I de España y V de Alemania, empera dor, 68, 78, 79 Carlos 11, rey de España, 109, 121 Carlos III, rey de España, 129, 140, 141, 143, 144,145,160, 165 Carlos IV, rey de España, 129, 170, 173 Carlos María Isidro, 203

carne, consumo de, 134, 268 Carner, Jaume, ministro de Hacienda, 317, 318,325 Carrera de Indias, 115-116, 155 Carreras, A., 187 carreteras, red de, 198, 277 Cartagena, arsenales de, 152 cartillas de racionamiento, 361 cartografía, progresos de la, 54 Casa de contratación, en Sevilla, 59, 61, 155 Casa de Ganaderos de Zaragoza, 28 CASA, empresa aeronáutica, 313, 362 Casas Viejas, matanza de (1933), 295, 304 Casey, J., 88 Castilla, condado de, 15 Castilla: contribución única en, 159; crisis ba jomedieval, 31, 36-43; desaparición de las Cortes (1665) de, 96; desarrollo urbano en, 22; ferias de, 69; finanzas de la Hacienda de, 76; ganadería en, 134, 135; guerra civil de, 34, 37; industria textil, 146; población musulmana en, 19; redes financieras de, 74; repoblación de, 51; trashumancia (siglo x i í ) en, 26 Castilla la Nueva: crisis demográfica en, 99; evolución de bautizados, 100; ganadería, 134 Castilla la Vieja: crisis demográfica en, 99; evolución de bautizados, 100; ganadería, 134; rentas enajenadas de la monarquia, 129 Castro Urdíales, comercio en, 41 Castrojefiz, comercio en, 41 Catalan, J., 355 Cataluña: catastro, 159; comercio con Amé rica, 173; comercio en, 43, 81, 114; creci miento demográfico (siglo xvi), 65; cre cimiento demográfico (siglo xvn), 125; crecimiento económico en, 66, 122, 250; crisis bajomedieval en, 31, 36,43; desarrollo urbano en, 23; Estatuto de, 295; evolución de bautismos en, 100; «febre d’or» (18811882), 278-279; guerra civil carlista en, 235; industria algodonera 173, 194-195, 235; in dustria lanera, 195; industria textil en, 149151, 193-194, 195, 275; industrialización de, 144; inicio del imperio mercantil, 31; payeses de remensa, 44, 54, 65-66; pobla ción (siglo xiv), 34; posesiones señoriales en, 22; producción agrícola, 137; rabassaires de, 138; rebelión de 1640, 92; renta de la tierra, 167, 188; sistema hereditario en, 66; viñedos en, 25, 112, 137, 190-191, 213; véase también Barcelona; ruhassa moría

ÍNDICE ALFABÉTICO

catastro: en Cataluña, 159; de Ensenada, 160; de la riqueza rústica, 216 Cavestany, R., ministro de Agricultura, 359 Caxa de Leruela, M., 90 cebada, cultivo de la, 361 cecas, aumento (siglo xm) de las, 30 celibato, tasa de, 126 Cementos Portland, 274 Cementos Rezóla, 274 censos, endeudamiento por, 72, 73, 90, 162 Central Siderúrgica de Ventas, 273 Cerdeña, en la corona de Aragón, 44 cereales: crecimiento de la producción de, 130, 131\ crisis en el sector de los (18801891), 264-265; cultivo de, 67, 211; déficit en Cataluña, 138; derrumbe de la produc ción de, 98; incremento de las cosechas (1820), 188; precio de los, 131-132, 167168; prohibición de reventa, 168; reforma (1765) del comercio de, 141; véase también cebada; maíz; trigo Cervantes, Miguel de: Quijote, 88 Ceuta, conquista portuguesa de, 43 Chaunu, Pierre, 85, 107 Cie. Franco-Belge des Mines de Somorrostro, 222

Cie. Royale Asturienne des Mines, 222 circuitos coloniales, 105 Ciudad Rodrigo, 18 ciudades: abastecimiento en las, 55, 142; de clive de la red urbana, 103-106, 116; embe llecimiento arquitectónico de las, 55; en la Meseta Norte, 65; poder de las, 57, 71; sin conformar un sistema urbano, 67-68; y la fiscalidad, 82, 91, 109-110 clero, privilegios fiscales del, 159-160, 184 clima, agricultura condicionada por el, 205, 214 Coca-Cola, 313 Código Civil de 1889, 243 Código de Comercio: de 1829, 183; de 1885, 243 Coimbra, 18; comercio en, 29; producción ar tesanal en, 28 Colón, Cristóbal, 54 colonias, pérdida de las, 198, 199, 200; véase también mercado colonial comercio: colonial, 118, 151, 156, 157, 171174, 190, 194; desarrollo en la corona de Aragón, 43, 44; impulso en los siglos x i i y xm, 28-29; interior, 68-69, 153-155; inter nacional, 82-83, 114, 140; rutas comercia les (siglo xv), 52-53; véase también comer cio exterior

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comercio exterior, 82-83, 114, 140, 155-158; de 1840-1880, 227-232, 228\ de 1882-1913, 279-281; de 1913-1935, 293, 322; a partir de 1959, 371 Comisaria General de Abastecimientos y Transportes, 356 Comisión de Millones, 93, 96 Comisión del patrón oro, 324 Comisión Protectora de la Producción Nacio nal, 307 Comisión Técnica Agraria, 303 Comité Regulador de la Producción Nacional, 308 Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe tróleos (CAMPSA), 314 Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, 314 Compañía de Comercio de Barcelona, 155 Compañía de Comercio de San Femando, 155 Compañía de Jesús, disolución de la, 295 Compañía General de Comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, 154, 161 Compañía General de Crédito en España, 221 Compañía Guipuzcoana de Caracas, 155 Compañía Peninsular de Teléfonos, 278 Compañía Telefónica Nacional de España (CINE), 314 Compañía Valenciana de Cementos Portland, 312 compensación de pagos en las ferias, 42 competencia, incremento de la, 82 Comunidad Económica Europea, 400, 419; Acuerdo Preferencial (1970) con la, 372, 413; incorporación a la (1986), 409, 425426 concesiones comerciales, aumento de las, 29 Confederación Española de Cajas de Ahorro, 319 Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 291,293, 308 Conferencia de Ajgeciras (1906), 244 Consejo de Castilla, 91, 128, 142 Consejo de Ecopomía Nacional, 307 Consejo de Regencia, 175 Consolat de Mar, en Barcelona, 31, 44 Constitución de 1876, 243 Constitución de Cádiz de 1812, 174 construcción, sector de la, 55, 106, 294, 410; producción del (1913-1935), 289 construcción naval, 44, 362; reconversión en la, 408-409 consumo privado, 260-261; estructura (19131935) del, 295-296, 296 contabilidad por partida doble, 42, 46, 61, 69

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contrabando, 116, 154, 192, 193, 194, 195; de caballos, 67; en las Indias, 121; incremento en el siglo x j x , 166 Contrarreforma, 96 contribución directa, aprobación de la, 175 contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, 257 convergencia, proceso de, 405, 430-431 Córdoba: crisis demográfica (siglo xvn), 103; industria de la lana, 103; olivares en, 213; población (siglo xr), 16; producción indus trial, 55,68, 79, 113, 115 Corea, guerra de, 358 Corrales de Buelna, siderurgia, 273 Cortes de Cádiz (1812-1813), 175, 177, 179, 180, 183,209 Coruña, La: exportaciones a las Indias, 156 costes de información y distribución para pro ductores lejanos, 105 costes de producción, 61 costes de protección para la corona, 117 costes de transacción, 32, 82, 105 costes industriales, 83 crecimiento agrario, vías de, 127-129 crecimiento demográfico: en el siglo xv, 52; en el siglo xvi, 62, 64, 65; de 1815 a 1840, 188; tasa de (1877-1910), 247; véase tam bién población crecimiento económico; como fuente de dese quilibrios sociales, 55-56; de 1815 a 1840, 187-201; del siglo xi al siglo xm, 14; en Castilla (siglo xvi), 36; en su apogeo (1504-1575), 58-73; hacia un nuevo mode lo de (siglos xvn y xvnr), 117-118; entre 1924 y 1930, 291; y cambio estructural (1960-1975), 376-381; en el periodo 19762000, 406 crecimiento territorial: en el siglo xvm, 161; rural, 162; y crecimiento económico, 14 Crédit Mobilier francés, 221 Crédito Mobiliario Español, 221 crédito: de Argentina, 343; de los Estados Unidos, 358; impulso (siglo xv) del, 53 crisis agraria: en los siglos Xiv y xv, 33; de 1790-1808, 167-169 crisis bajomedieval, 31-49; como reconver sión del sistema feudal, 32-33 crisis demográfica: durante la depresión bajomedieval, 32; en los siglos x v i - x v i i , 98-99, 99, 106; según Bois, 32; visión malthusiana, 32, 33, 52, 99 crisis energética: de 1973-1974, 398, 420; de 1979-1980, 423; véase también petróleo, precio del

crisis financiera del Estado: de 1815-1840, 201; de 1882,282-283 Cros, empresa química, 274 Cruz, La, empresa, 222 Cuba: abolición de la esclavitud (1880), 246; como tercer cliente y proveedor, 199; ex portaciones a, 188, 2 1 2 , 281; exportaciones de harina a, 198; guerra de independencia de, 243 Cuéllar, comercio en, 41 Cuenca, 55, 79; comercio en, 41; fábrica de lana de, 154; producción artesanal en, 28, 40, 6 8 Cuerpo de Tropas Voluntarias, de Italia, 336 cultivos; de ciclo anual, 216; intensificación de, 127 Curasao, holandeses en, 117

D ’Alentors, familia catalana, 73 Danone, empresa, 313 Daroca, 28; comercio en, 29 década ominosa, empréstitos exteriores de la, 186 decreto de abolición de prestaciones señoria les (1933), 304 decreto sobre intensificación de cultivos (1932), 304 decreto sobre laboreo forzoso (1931), 304 decreto sobre revisión de rentas (1931), 304 defensa, gastos de, 158, 315; de 1952-1978, 392 déficit público: de 1913-1935, 315-316; en la década de 1940, 350; en 1993, 428 deflación, 190, 194, 199, 289, 317 democracia: cambio de política económica en, 397-401 depreciación de la peseta, 252, 254, 266, 323, 324, 353 desamortización: de 1798, 169, 171; de 1836 1 895, 210; de Madoz de 1855, 180, 189, 209-210; de tierras municipales, 178-181; véase también desamortización eclesiástica desamortización eclesiástica, 180-181, 187, 209-210, 210 desarrollo urbano, 22-25; en la Meseta norte, 65; en los siglos xvn y xvm, 125; índices de, 6 8 desempleo, 214 desforestación, movimiento de, 25 deuda del Estado: incremento (siglo xvm) de la, 160; total (1882-1913), 258, 259 deuda pública, 259; emisión de vales reales, 169-170, 171; venta de títulos de, 44, 161

ÍN D IC E A L F A B É T IC O

Deva: comercio en, 41 devaluación de la moneda, 37, 44, 110, 428; intento del conde de Toreno, 200 diezmo, 55, 64, 72, 79, 98, ¡31, 140, 209; eclesiástico, 38, 209; excusado, 78; produc ción agraria y, 99, 111; resistencia al pago de, 174; supresión del, 182-183, 209 División Azul, 347 Domínguez Ortiz, A., 93 donativos (generales o particulares), 92, 96, 169 Duero, valle del: desarrollo urbano, 6 8 ; im pulso económico en el, 54

Echegaray, José, 219 eclesiásticas, instituciones, 72, 97; riqueza de, 82 economía agraria, 54, 58; debilitamiento (1790-1808) de la, 167-169 economía colonial, 75, 91 economía de guerra, 2 1 , 26; durante la guerra civil, 333-335 economía de mercado, 178 educación; gasto (1870) en, 207-208, 208; gasto (1952-1978) en, 392; gastos públicos (1975) en, 419 Elche, industria del calzado en, 275 Elda, industria del calzado en, 275 Elcctra de Viesgo, 271 eléctrico, sector, 416; véase también hidráuli ca, energía Electro-Química de Flix, 274 embalses, construcción de, 267, 271 emigraciones: a las Indias, 61, 90; estaciona les, 113, 114; hacia América (1860-1880); hacia América (1882-1913), 207, 246; re mesas de divisas de las, 375 empleo: expansión (1986-1991) del, 417, 426, 435; juvenil, 419 Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO), 346 empresas familiares, 69 empresas manufactureras, en el siglo xvm, 144-145 empréstitos exteriores, 186 ENASA, empresa de vehículos industriales, 362 encabezamiento general, 77, 78 ENDASA, empresa de aluminio, 362 endeudamiento: a causa de la guerra de la In dependencia, 176-177; de la monarquía (1793-í 808), 169-171; en censos consignativos, 72, 73; véase también deuda pública

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energético, sector: de 1882 a 1913, 271 Energía e Industrias Aragonesas, 312 enfermedades epidémicas, 125; cólera, 207, 244; disentería, 168, 169; fiebre amarilla, 125, 168; paludismo, 125, 168, 169; virue la, 125 enfiteusis, forma de cesión del dominio, 1 0 1 , 111, 181,209 Enrique II de Trastámara, rey de Castilla, 37 Enriquez, familia nobiliaria, 56 Ensenada, marqués de la, 159 ENSIDESA, 362 epidemias, 33, 72, 79, 125; véase también en fermedades epidémicas Epstein, J. R., 32 escuela de Salamanca, 61 Espartero, Baldomero, general, 180, 203 especias, comercio de las, 53, 105 esperanza de vida: en el siglo xvu, 125; en 1870, 207, 208 Estados Unidos; guerra contra los, 243, 258; normalización (1947) de las relaciones po líticas y económicas con, 358-359; políticas expansivas de los, 397 Estatuto Ferroviario (1924), 3 1 1, 314 Estella: comercio en, 29; fundación de, 23 estraperto, 356 estructura industrial (1882-1913), 270-271 estructura sectorial de la economía, 295-296 Europa: crisis general del siglo xvn en, 85-87; incremento del comercio (siglo xix) con, 199 Europa occidental, crisis bajomedieval en, 3133 euros, inicio de las contabilidades en, 432 Eurosistema bancario, 431-432 Euskalduna, empresa, 314 Evcraert, J., 107 exportaciones: a las Indias, 157; de aceite y vino andaluces, 59; de agricultura especia lizada, 280; de bienes y servicios (19601975), 375, 3 75; de hierro, 152; de lana, 39, 53, 134-135, 136; de materias primas, 59, 70; de 1835-1880, 227; de minerales, 240, 272; de naranjas, 213; de productos in dustriales, 105, 118; de trigo y harina, 188, 230, 264; de vino, 139, 190, 213, 240; des censo entre 1805-1814, 176, 199; descenso entre 1815-1840, 198, 199; nuevas (18421880), 228-230, 229; de 1882-1913, 280, 280-281; de 1913-1935, 293 Exposición Universal de Sevilla, 428 Extremadura: arrendamiento de tierras muni cipales, 143; desahucio de yunteros, 304;

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evolución de los bautizados en, 100; gana dería de, 134; grandes propiedades en, 64; recuperación de la producción, 107 Ezcaray, industria de lana de, 154, 195

Falange Española, 329 Felguera, La, 238, 273 Felipe II, rey de España, 6 8 , 77, 78, 79, 90, 357 Felipe III, rey de España, 90 Felipe IV, rey de España, 91, 92, 93, 109 Felipe V, rey de España, 121, 140, 158 Feliu de la Penya, N., 109 Feria, duques de, 94; ingresos de, 95 ferias y mercados: en el siglo xii, 29; en el si glo xv, 40-41; en el siglo xvi, 65; en el siglo xvm, 154; problemas en el sistema de, 79; véase también Medina del Campo Fernández de Navarrete, M., 90 Fernández Villaverde, Raimundo, ministro de Hacienda, 254, 255, 256, 257, 259, 269, 282 Fernando VI, rey de España, 140 Fernando VII, rey de España, 177, 185, 186, 200 ferrocarriles, 313, 314; construcción de, 211, 223-226, 231, 277; evolución de )a red ferroviaria ( 1850-1875), 224 Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Ali cante (MZA), 223, 226 Ferrol, El, arsenales de, 152 ferroviaria, red: evolución de 1850-1875, 224; longitud de 1882-1913, 277 fertilidad, tasa de, 401, 402 feudal, sistema: depresión bajomedieval como reconversión del, 32-33; formación del, 1449 Fiat Hispania, 313 Figuerola, Laureano, ministro de Hacienda, 218, 231; creación de la peseta, 254 Filipinas, 171; guerra de independencia de, 243 filoxera, en los viñedos: españoles, 265, 304; franceses, 224 financiero, sistema, 69 fiscalidad estatal, 32, 33, 80-81, 159-160, 187; reforma de la, 57; sistema de 1845, 240 Flandes: centros textiles de, 39; comercio con, 53; ferias de, 61; mercaderes de, 30 Florencia, comercio en, 33 Flores de Lemus, Antonio, 303, 317, 318, 324 flota mercante, de los años 1881 y 1913, 277, 278

Fondo de Cohesión de la UE, 430 Fondo Monetario Internacional (FMI), 373, 374, 413; integración (1958) en el, 371 Fondos Estructurales de la UE, 430 Fontana, Josep, 329 formación bruta de capital fijo (FBCF), 261; de 1913-1935, 292, 294 Fortuna Lead, The, 222 Francia, 26, 30, 33, 281; centros textiles de, 39; distribución sectorial de la población activa (1870), 205; guerras contra, 74, 165, 169; población (1850-1880), 208; fermiers en, 118; transporte interior en, 198; PIB (1803-1864), 199; PIB de 1850 y 1890, 204; siderurgia en, 238 Franco, Francisco, general, 286, 295, 334, 336, 339, 348, 353, 355, 366 fraude: en la recaudación de impuestos, 75, 109; fiscal, en ia década de 1940, 3 5 1 Frente Popular, 285, 295, 329 frutos secos, producción y exportación de, 267, 298 Fuenterrabía, fundación de, 23 Fuentes Irurozqui, M., 357 Fuentes Quintana, Enrique, ministro de Eco nomía y Hacienda, 317, 370, 393 Fuentes, condes de, 73 fundaciones de misas, evolución de las, 97 FYPESA, empresa de maquinaria, 362

Gádor, yacimiento de plomo en la sierra de, 193 Galdácano (Vizcaya), 239 Galicia, 207; crecimiento demográfico en, 113, 126; cultivo del maíz, 111, 112, 113, 136; emigración de, 196; evolución de los bautizados, 100; expansión agraria en, 136; ganadería en, 134, 265; industria conserve ra, 323; problema de los foros, 181, 305; recesión demográfica en, 99; recuperación de la producción, 107; renovación de los fo ros, 142; y el reino de Asturias, 15 ganadería, 64; aumento durante la Reconquis ta, 26; de labor, 191; en el siglo xvm, 134136; estabulación de la, 100, 214; expan sión en el siglo xv, 54-55; extensiva ovina, 26, 98; incorporación de nuevas razas, 299; vacuna, 192 ganaderos, asociaciones de, 28 Gandía, duques de, 73 Garay, Martín de, ministro de Hacienda, 184195 García Delgado, José Luis, 376


gasto del Estado: de 1882-1913, 257-258, 257; de 1952-1978, 392 gasto funcional del Estado (1850-1880), 2 /7 gasto militar: contención del, 90; de 19131935,315 gasto público: exceso de, 219; de 1913-1935, 315-316, 315; de 1988-1993,420 generación del 98, 243 General Motors, 313 Génova: banqueros de, 77, 78-79; comercio en, 33; consulado en, 39; mercaderes de, 30; intereses comerciales en la península, 52, 53 Gerona, pañería de, 44 Gerschenkron, Alexander, 387 Gibraltar: británicos en, 353; rutas comercia les por, 53; sitio de, 34 Gil Robles, José María, 306 Girón de Velasco, José Antonio, ministro de Trabajo, 364 Gómez de Llano, E, ministro de Hacienda, 359 González Besada, 317 González de Cellorigo, M.: Memorial de la p o lítica necesaria y útil restauración de la República de España, 8 8 Gran Bretaña: distribución sectorial de la población activa (1870), 205; PIB (18001830) de, 199; PIB de 1850 y 1890, 204; población (1850-1880), 208; revolución in dustrial en, 235 Granada, 79; Alhambra de, 49; producción de seda, 65, 6 8 ; producción industrial, 55 Granada, reino de, 16; conquista de, 14, 57; decadencia (siglo xv), 49; población (siglo xi), 16; población (siglo xv), 34 Grecia, 26 Gremios Mayores, 154 gremios: desarrollo de los, 71, 82, 104; de pe laires, 150 Guadalajara; Real Fábrica de Paños de, 145 Guardia Civil, 341 guerra: renuncia a intervenir fuera de la penín sula, 109; y sistemas fiscales, 73, 74-79, 76 guerra carlista, primera (1833-1840), 166, 177, 197, 235; financiación de la, 187; final de la, 203 guerra civil, 331-339; coste de la, 335-339; destrucciones físicas durante la, 337, 338; orígenes de la, 332 guerra de Secesión estadounidense, 234, 236 guerra fría, 358 guerra mundial, primera: neutralidad durante la, 315

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guerra mundial, segunda: destrucciones físi cas durante, 338 guerras de independencia de Cuba y de Filipi nas, 243, 258 Guetaria, fundación de, 23 Guinea Ecuatorial, 244 Guipúzcoa, siderurgia de, 151

Habsburgo, dinastía de los, 107 Hacienda, 28; financiamiento de empresas de ficitarias, 145; 38, 75, 93; finanzas de la, 76; contribución de las colonias a la, 170171; déficit de la, 91; endeudamiento de la monarquía y, 169-170; entre la restauración absolutista (1814) y la primera guerra car lista, 184-187; y los años del primer fran quismo, 349-351; y el período de 19601975, 391-394 hambrunas, 33, 354, 355, 361 Hamilton, E., 61, 71, 85, 107 Harfleur, puerto de, 39 harinera, industria, 193 Heredia, Manuel Agustín, 197 Hermandad de la Marina de Castilla, 30 Hermandades de Labradores y Ganaderos, 341 Hero, empresa, 313 hidalguía rural, 64 hidráulica, energía, 271 hidráulica, política: Plan Peña, 342 hídricos, recursos, 2 0 2 , 215 Hidroeléctrica Española, 271 Hidroeléctrica Ibérica, 271 hierro, producción de, 53, 114, 151-152, 229 hilado del cardado, técnica del, 28 Himmler, Heinrich, 348 HISMA Ltda., 336 Hispania romana, 14 Hispano-Suiza, 313 Hitler, Adolf, 326 Hobsbawm, Eric J., 85, 8 6 Hoifmann, W., 262 Hospitalarios, orden militar de los, 18 Huarte y Malumbres, 312 huelga general: de 1919, 291; en la minería vizcaína de 1922, 291; de 1934, 295; de 1988,419-420

Iberia, compañía aérea, 312 Iberia, La, empresa siderúrgica, 273 Ibiza, rutas comerciales por, 53 IBM, 313

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IEME, véase Instituto Español de Moneda Extranjera Ifni, asignación de, 244 Iglesia: apropiación de tierras de la, 34; como pilar de la política internacional, 82; contri buciones de la, 78; desamortización de los bienes de la, 180; eximida de la contribu ción territorial ( 1939), 349 Igualada, industria textil de, 150 Imperio colonial, 121; fin del, 243 importaciones, 59; aumento de 1805-1814, 176; aumento en 1919 y 1920, 290; de ali mentos, 230; de bienes y servicios (19601975), 375 , 375; de materias primas, 118, 230-231; de 1835-1880, 227; de productos manufacturados, 70; de tecnología, 230231; de tejidos, 150; prohibición de los Borbones, 145; de 1913-1935, 293 imprenta, uso de la, 54 impuesto sobre el valor añadido (IVA), intro ducción del, 409, 428 impuestos: de la exportación de lana, 26; de servicio y montazgo, 26; del comercio (portazgos, peajes, peatges), 26, 29, 38; del señorío jurisdiccional, 35-36; equivalentes, 159; ferias y mercados francos de, 29; mu nicipales, 81; parias, 29-30; renta feudal centralizada, 35-36; sobre el consumo, 78, 159, 256; sobre el volumen de ventas (1919), 318; sobre la importación, 118; so bre la renta (1922), 318 INC, 341 Independencia, guerra de la, 129, 143, 166, 169, 173, 179, 183; consecuencias de la, 174-177, 201 India, 43 Indias: agotamiento de yacimientos de las 91; comercio con las, 155, 157; contrabando en las, 1 2 1 ; emigración a las, 61; ingresos de las, 75; monopolio comercial con las, 171172; remesas de, 175; véase también Amé rica índice de desarrollo humano (IDH) de 1870, 208, 208 índice de precios al consumo (1PC): de 17901840, 190; de 1976-2000, 420, 421 índice físico de calidad de vida (1900), 247 industria: como epicentro de la moderniza ción, 380; incremento de la producción (si glo xvm), 144; producción (1913-1935), 289; producción (1940-1958), 362-364, 363 industria a domicilio (verlagssystem), 40, 6 8 , 146

industria de la guerra, 2 1 ; desaparición de la, 31 industria manufacturera, estructura. (19131935), 310, 311, 312 industria militar, 145 industria pesada, 237-239 industria química, 229, 239, 274; (19131935),310-311,57/,380 industrialización, 8 6 ; a principios del siglo xvm, 142; de Cataluña, 202; europea (1840-1880), 203-208, 228-230; de 1882 a 1913, 268-276; por habitante (1830-1890), 234 inflación, 61; de 1891 y 1892, 252; en los años cuarenta, 351; de 1976-2000, 420421,431 informática, sector de la, 412-413 Inglaterra: crisis bajomedieval en, 33; esclavos negros en, 121; guerra con, 74; guerras na vales contra, 159, 160, 161, 165, 169, 172, 176; industria textil en, 151; industrializa ción de, 166; privilegios mercantiles de, 1 2 ); transformación en el siglo xvn, 8 6 ; yeomen de, 8 6 , 118; véase también Gran Bretaña ingresos ordinarios del Estado (1850-1880), 217 inmigración extranjera, 401 inseguridad jurídica (1931-1932), 294-295 instituciones económicas liberales, 177-183 Instituto de Estudios Fiscales, 393 Instituto de Reforma Agraria (IRA), 304, 306 Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), 346, 353, 373; supresión (1973) del, 373 Instituto Monetario Europeo, 429 Instituto Nacional de Colonización, 341-342 Instituto Nacional de Industria (INI), 341, 3 4 4 . 3 4 7 , 356, 357, 391, 408; financiación (1941-1950) del, 346, 347 Instituto Nacional de la Vivienda, 392 Instrucción de Caminos, 153 intercambio internacional, 30 interés, tipos de, 320; de los censos, 162; re ducciones de los, 95, 101, 31, 431; subven cionados, 389 intervencionismo: en la agricultura, 341-344 intervencionismo corporativo, 306-308 intervencionismo regulador, a partir de 1964, 388-391 inversión fija, 261 inversión privada y pública: de 1882-1913, 283; de 1913-1935, 291, 294 inversiones extranjeras: origen y evolución (1851-1880), 221; origen de las (1882-


1913), 281-282, 282-, saldo neto (19641975),57(5 investigación y desarrollo (1+D), 269, 386387, 405 IRA, véase Instituto de Reforma Agraria irrigación, métodos de, 16 Italia, 26; centros textiles de, 39; comercio con, 53, 81; distribución sectorial de la po blación activa (1870), 205; ferias de, 61; PIB de 1850 y 1890, 204; población (18521880), 208; sistema urbano en, 6 8 ITT norteamericana, 314

Jamaica, ingleses en, 117 jerarquización de la sociedad, 16, 21 jomada de trabajo, 308 jornaleros, nivel de renta de los, 211 José Bonaparte, 180 Juan 11, rey de Castilla, 40 judíos, expulsión (1492) de los, 88 Junta Central, 175 Junta de Aranceles, 197 Junta de Comercio de Barcelona, 109, 110 Junta de Comercio y Moneda, 110, 145 Junta Grande de Reformación, 91 Juntas, creación de las, 90-91 jurisdicciones, venta de, 77, 78, 92, 104, 115 juros, 75, 77, 90; confiscaciones de, 92; emi sión de, 75, 77, 90

Kamen, Henry, 107

Laguardia, fundación de, 23 Lamego, 18 lana: comercio de la, 42, 148, 173, 191; ex portaciones de, 39, 53, 134-135, 136, 157, 199; precio de la, 191; producción de, 194, 195, 235, 237 Laredo: comercio en, 41; fundación de, 23 Largo Caballero, Francisco, 305 Larraz, José, ministro de Hacienda, 350, 351 latifundismo: jornaleros y, 328; origen del, 19,54; Legión Cóndor, 336 legumbres, cultivo de, 6 6 , 106, 112 León, carbón de, 271 León: comercio en, 29; ganadería en, 134 Lerma, duque de, 90 letra de cambio, 42,46, 61, 69; endoso de, 69 levantamientos: conflicto de la Biga y la Bus ca (1428-1429), 44; independentistas en la

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América española, 176, 177; tumultos con tra las juderías (1391), 44; véase también Asturias; Semana Trágica de Barcelona ley de accidentes de trabajo (1922), 308 ley de autorizaciones (1922), 323 ley de construcción de la escuadra (1887), 268 ley de creación del Instituto Nacional de In dustria (1941), 345 ley de fomento de las industrias nacionales (1917), 307 ley de jurados mixtos (1931), 308 ley de minas: de 1825, 192; de 1868, 177, 222,229 ley de ordenación bancaria: de 1921, 319; de 1946, 352 ley de ordenación y defensa de la industria (1939), 345 ley de protección a la industria nacional (1907), 268-269 ley de protección de nuevas industrias de inte rés nacional (1939), 345 ley de relaciones comerciales (1882), 269 ley de términos municipales (1932), 304, 305 ley del contrato de trabajo: de 1926, 308; de 1931,308 ley del sufragio universal masculino (1890), 243 ley sobre arrendamientos (1935), 304, 305 lev sobre redención de foros y rabussas mor ras, (1935), 304 leyes antisuntuarias, 90 leyes de bancos de emisión (1856), 221 liberalismo, 166, 175; trienio liberal, 166, 177.178, 185 liberalización financiera (1959-1975), 373-374 libertad de comercio e industria, 183 libra esterlina: cotización oficial y líbre de la peseta (1940-1960) respecto a la, 354 libre comercio, decretos de, 156, 157, 173 limpieza de sangre, estatutos de, 97 lino, industria del, 149, 173, 194, 195, 196, 199, 235 liquidez del Estado, crisis de, 91, 94, 101,161 Lisboa, 42; comercio en, 29, 53; crecimiento demográfico, 42-43; producción artesanal en, 28 literatura arbitrista, eclosión de una, 8 8 Llanes, fundación de, 23 Lombardia, crisis bajomedieval en, 33 Londres, 39 López Ballesteros, Luis, ministro de Hacien da, 186 López Quesada, banca, 319 loterías, monopolio de las, 216

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Maastricht, tratado (1993) de, 400, 428, 432 Macosa, empresa, 314 Maddison, Angus, 204 Madeira, conquista portuguesa de, 43 Madoz, Pascual, 209; véase también desamor tización civil de Madoz Madrid: asentamiento de la corte en, 103; como plaza financiera, 161; concentración de rentas en, 115, 125; construcción del metro de, 312; crecimiento en el siglo xvm, 154-155; eclosión (siglo xvn) de, 103; ex pansión de, 125, 250-251 maíz, cultivo del, 98, 106, 111, 112, 114, 361 Málaga: exportaciones a las Indias, 156; po blación (siglo xi), 16 Mallada, Lucas, 260 Mallorca: crisis demográfica (siglo xiv), 34; industria del calzado en, 275; pañería de, 44; rutas comerciales por, 53 malthusiana, interpretación, de la crisis demo gráfica, 3 2,3 3 ,5 2 Manila, galeón de, 91 mano de obra especializada, carencias de, 192 manufacturas, expansión de tas, 144-153 maquinaria del «sistema inglés», 193 maquinaria textil: bergadana, 194;jenny, 194; mule, 194; sistema Casablanca, 275; telar de Vaucauson, 149; throstle, 194 Maquinista Terrestre y Marítima, La, 275, 314,362 Marbella, altos hornos (1829) en, 238 María Cristina de Habsburgo-Lorena, reina regente, 200, 243 Mariana, Juan de, 8 8 marina, recursos económicos para la, 158 Maroto, general, 203 marranos portugueses, 92 Marruecos, 244; guerra colonial en, 315 Marsella, 39-40 Martínez de la Mata, F., 109 Martin-Siemens, primer horno, 273 Material para Ferrocarriles y Construcciones, 273 materias primas: comercio de, 58; exportacio nes de, 59, 70; importaciones de, 118 matrimonio, edad media al contraer, 126 Maura, Antonio, 243, 259, 269 mayorazgos: difusión del, 56, 80, 95; sanea miento de, 101, 174; supresión de los, 182, 209 mecanización del proceso productivo, 166, 193; de la hilatura, 194; en la agricultura, 299 media annata, impuesto de la, 92

Medina de Rioseco, feria de, 53, 61; ritmo estacional de contrataciones y pagos en, 70 Medina del Campo: decadencia demográfica de, 79; feria de, 40,41, 53, 55, 59, 61 Melilla, guerra de (1909), 244 Mendizábal, Juan Álvarez, 180, 187 Mendoza, familia, 56 Menorca, industria del calzado en, 275 mercader-empresario ( Veriager), 40 mercaderes: asociaciones entre, 69; de la Carrera de Indias, 115-116; extranjeros, 91; y el intercambio internacional, 30 mercado de divisas, 325, 360 mercado de trabajo: flexibilización del, 416418, intervencionismo en el, 389 Mercado Interior Comunitario, 400, 409 mercado nacional de cereales, formación del, 189 mercado negro, 342, 344, 354, 356; trigo co mercializado (1939-1960) en el, 343 Mercado, Tomás de, 61 mercados internacionales, competencia en los, 82-83 mercurio, yacimientos de, 156-157, 218, 229 Mesta, Honrado Concejo de la: apoyo real a la, 28; expansión de la, 54; origen de la, 26; privilegios de la, 38, 64, 143-144, 230; pro tección de la, 65; restablecimiento (1814) de la, 191; rutas de la, 27; supresión (1836), 191 mestall, 112 metales, remesas llegadas (1503-1805) de, 108 metales preciosos: alza de los precios por la llegada de, 62, 200; de América, 36, 116, 156; exportación de, 176; minas de África, 52, 53 metalurgia, 44, 273 Michelin, 313 Mieres, 238, 273 migraciones internas, 125, 207 minerales, exportación de, 229-230, 240; 272 minería, 192, 201-202, 222; de 1842-1880, 233; del plomo, 192-193; metálica, 270, 272-273 minifundismo, 64, 65 molino batanero, 28 molinos hidráulicos, 25 Mon, Alejandro, ministro de Hacienda, 216, 257 Moneada, Sancho de, 90 Moncloa, Pactos de la (1977), 400, 414, 423 moneda única, adopción de una, 432 monedas: de plata, 94, 110, 200; depreciación del maravedí, 30; ducado veneciano, 56;


excelente castellano, 56; principat catalán, 56; vellón, 69, 94, 105, 110 monetario, sistema: aumento de la circula ción, 29, 6 8 , 82; estabilidad (siglo xvm), 153; manipulaciones monetarias, 92, 94, 105; primera emisión de billetes, 161; prohibición de salida de monedas de oro y plata, 69; reducción de las acuñaciones (1821-1833), 200; reforma del, 110; varia bles monetarias (1913-1935), 321 Montevideo, libre comercio en, 156 Morineau, M., 107, 116 moriscos, 65, 6 6 ; expulsión (1609) de los, 8 8 mortalidad: catastrófica (1794-1815), 168; crisis de 1599, 8 8 ; infantil, 207, 245; tasas de, 125, 126, 207,244, 295 Motrico, fundación de, 23 mudejares, 19; mano de obra, 25; sublevación (1264) en Andalucía y Murcia, 19, 33 multinacionales, de 1913-1935, 313 municipios: control financiero por las oligar quías, 96; privatización y desamortización de tierras, 178-180; reparto de tierras, 142143 Murcia: ganadería de, 134; liquidación de la propiedad feudal, 182; producción agrícola, 137; producción de seda, 65; trashumancia (siglo xm) en, 26 Mussolini, Benito, 326, 345, 353 MZA, véase Ferrocarriles de Madrid a Zara goza y a Alicante

Nadal, Jordi, 61, 62 Nantes, 39 Napoleón, emperador, 165 Nápoles, rebelión (1647) de, 92 naranjas: exportación de, 213, 298; produc ción valenciana de, 265, 267 natalidad: caída (1794-1815) de la, 168; ele vación de la, 125, 188; tasas de, 126, 295, 401 National City Bank, crédito (1949) del, 358 naval, construcción, 152-153, 346 Naval, La, empresa, 314 Navarra: crisis bajomedieval en, 31, 43, 46; crisis demográfica en, 99; desarrollo urbano en, 22, 23; despoblados (siglos xiv y xv) en, 35; evolución de los bautizados en, 100; fiscalidad de, 159; incorporación de, 14; propiedad territorial en, 22; viñedos en, 25 Navarro Rubio, Mariano, ministro de Hacien da, 365, 393 navegación fluvial, 90

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naves industriales, creación de, 193 Neopatria, y la corona de Aragón, 44 Nestlé, 276 Nobel, trust, 239 nobleza, 19, 21, 32; como gran beneficiaría, 37; cortesana, 92; crisis de la, 34; hacien das nobiliarias, 35; pequeña, 21; privilegios fiscales de la, 159-160, 174, 184; tributos otorgados a la, 35-36; y el mayorazgo, 56 nobleza militar, 13, 14, 15,49 Normandía, colonias estables en, 39 Norte, véase Caminos de Hierro del Norte de España Nueva España, 156; crecimiento económico de, 170; producción de plata de, 157 Nueva Montaña Quijano, siderurgia, 273 Nueva Planta, decretos de, 159 Nuevas poblaciones de Sierra Morena, pro yecto (1767) de, 140

obligaciones de la deuda, gasto (1952-1978) en, 392 obra pública, inversión en, 294; en 1926, 315 obras hidráulicas, 215 oficios municipales (regidurías), 95, 115 Olavide, Pablo de, 140 oligarquía urbana, 71, 96 Olimpiadas de Barcelona, 428 Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde-duque de, 91, 92 olivos, producción de, 67, 212, 213, 213, 361 omeyas, califato de los, 14,49; de Córdoba, 16 Oporto, 42; comercio en, 29; producción arte sanal de, 28 Orconera Iron Ore Co. Ltd., The, 222 órdenes militares, 18, 19, 64; maestrazgo de las, 75 Organización Corporativa Nacional, 308 Organización de las Naciones Unidas (ONU): exclusión española (1946) de la, 355 Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 358 Organización Europea de Cooperación Eco nómica (OECE), 371 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 308 Organización Mundial de Comercio (OMC), 371 Organización para la Cooperación y el De sarrollo Económico (OCDE), 371, 377, 384, 386,413 oro: búsqueda de, 53; caída de los precios del, 52; entrada de, 6 8

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Ortega y Gasset, José, 244 Ortiz, Luis: Memorial de 1588, 59 Ortiz de Paz, L., 148 Osuna, casa de, 94 Ottawa, conferencia (1932) de, 323

Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, 433 Pactos de Defensa y Ayuda Mutua (1953), con Estados Unidos, 358 Pactos de la Moncloa, véase Moncloa, Pactos de País Valenciano, agricultura del, 137, 138-139 País Vasco: comercio en, 114; crisis demográ fica en, 99; desarrollo urbano en, 23; Esta tuto del, 295; evolución de bautizados en, 100; maíz del, 136; propiedad campesina en, 64; siderurgia, 151-153, 173; y el reino de Asturias, 15 Países Bajos: agricultura en, 6 8 ; rebelión de los, 74, 81; urbanización en, 6 8 Palencia: índice de precios de, 168; industria en, 113; evolución de las rentas de, 41 Palma de Mallorca, 46; libre comercio y, 156 Pamplona, reino de, 15 Pamplona: comercio en, 29, 55; producción artesanal en, 28 pan, política de subvención al, 162 panizo, cultivo del, 58, 6 6 papel sellado, invento del, 92 parias, tributos de sumisión, 29 Paris Eguilaz, H., 357 París, tratado de paz de, 243, 256 paro: agrario estructural, 303; industrial, 408; tasa de (1975-2000), 402-404, 404, 421, 425 Partido Comunista de España (PCE), 329 Partido Popular (PP), 401; llegada al gobierno (1996),415 Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 293, 401,408,419-420, 423 patata: introducción de la, 136; producción (1939-1959) de, 361 patriciados urbanos, 52, 55, 56, 78, 95, 96, 1 0 1 -1 0 2

patrón oro: renuncia al, 254, 319; vuelta del Reino Unido (1925) al, 324 Pearson, E S., 271 pecheros, 38 Pedro I el Cruel, rey de Castilla, 37 pensiones: gasto (1952-1978) en, 392; de 1975-1981, 419; futuro de las, 420 Péreire, hermanos, 221 Pérez de Herrera, Cristóbal, 90

Perpiñán, pañería de, 44 Perú, 156 pesca, bancos en África, 53 peseta: cotización oficial y libre (1940-1960), respecto a la libra, 353, 354; creación de la, 254; depreciación, 252, 254, 266, 323, 324, 353; tipo de cambio de la (1921-1935), 323-325, 324; y el sistema de Bretton Woods, 373 pesquero, sector, 378 Peste Negra: en la depresión bajomedicval, 32; entre 1348 y 1351, 34, 51; entre 1596 y 1602, 8 8 , 89; desaparición de la, 125 petróleo, 268, 271, 313; monopolio del, 314; precios del, 393, 398, 400, 430 Philips, 313 Pimentel, familia nobiliaria, 56, 73 Pirelli, 313 Pirineos, condados de los, 15 Pirineos, paz de los (1659), 109 Pisa, 40; mercaderes de, 30, 33 Plan de Estabilización (1959), 370, 373, 374, 388, 397, 413; apertura al exterior del, 370371 Plan Marshall, 355, 359 Planas, fábrica de turbinas eléctricas, 275 plata: auge de la minería de, 156; entradas de, 6 8 , 105; exportaciones de, 173, 199; mono polio de extracción de la, 161; producción de Nueva España, 157 plomo, yacimientos de, 193, 2 2 2 , 224 población activa, 402; distribución sectorial de la (1797), 147; distribución sectorial (1860 y 1887), 205; distribución sectorial (18871910), 245; distribución sectorial (19591975), 379; y tasa de actividad (18771920), 245 población ocupada (EPA), distribución por sectores (1975-2000), 406 población rural, evolución de la, 98 población: altura de los varones (siglo xix), 207-208; crecimiento en el siglo xvn y xvm, 122-126,123; de 1530 a 1590, 62, 64, 65; densidades de, 123, 126; distribución regional en el siglo xvi, 63; en el siglo xi, 16; entre 1794 y 1815, 168; entre 1815 y 1840, 188; entre 1882 y 1913, 244-247; grupos de edad (1887-1910), 244; en el año 2000, 402; y el bienestar económico (siglo xix), 207-208 pobreza, aumento de la, 55, 71 Poincaré, Raymond, presidente francés, 323 política agraria: en los primeros años del fran quismo, 360-362


política arancelaria, 197, 231-232, 321-323, 322, 362-363, 372; véase también aran celes política comercial, en el siglo xix, 231-232 política industrial: borbónica, 146 política monetaria: de 1882-1913, 254-255; de 1913-1935, 318-321; durante los prime ros años del franquismo, 351-352 política monetaria común, 433-434 política presupuestaria (1882-1913), 255-261 Ponce de León, familia nobiliaria, 56 Portugal: demografía de, 34; desarrollo urbano en, 22; expansión atlántica de, 43; guerra civil de, 34; rebelión de 1640, 91; salida de la crisis bajomedieval, 31, 36-38; sistema urbano en, 6 8 pósitos, almacenes de granos, 162, 168, 183 postal, servicio (1880 y 1913), 278 Prados de la Escosura, Leandro, 198, 199, 204 precios: alza a principios del siglo xvm, 165; caída en oro de los, 52; de la industria textil, 147; de los productos agrarios, 103; evolución en la segunda mitad del siglo xvn, 93; llegada de metales preciosos y alza de, 62; revolución de los precios, 61, 6 8 , véase también petróleo, precios del; tri go, precios del preestabilización, de 1957, 365 presión fiscal (1920-1933), 318 presupuesto del Estado: evolución ( 18501880) del, 217-218, 218; déficit crónico del, 219; política presupuestaria (18821913), 255-261; primer, 186; saldo (18821913), 256; déficit de 1913 a 1935, 315318,575 presura, fórmula jurídica de la, 15 Prieto, Indalecio, 319, 325 Primo de Rivera, Miguel, dictadura del gene ral, 285, 286, 287, 291, 294, 307, 308, 313, 314,317, 340 privatizaciones de empresas públicas, 415416 producción agraria: en el siglo xvi, 65; en Va lencia, 67; incremento de la, 122 producción industrial, índices de: de 18311880, 233; de 1883-1913, 270; evolución (1913-1935), 309-311 productividad agraria, estancamiento de la (si glo xix), 208-216 productividad del trabajo, 136, 187, 192, 270, 298, 356, 381-382 productividad por activo (1882-1910), 262 productividad total de los factores (PTF), 3843 8 7 ,385

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producto industrial: crecimiento del (18421880), 255, 234; tasa de crecimiento (19351950), 348 producto interior bruto (PIB): a coste de fac tores (1913-1935), 288; composición secto rial del, 261; de 1815-1840, 202; de 1815 a 1840, 187; de 1850 a 1890, 204; de 1892 a 1913,247-248, 248,249; de 1913 a 1935, 315-316; de 1959-1975, 369; de 19752000, 402; per cápita, 249, 250, 250, 286, 378; variaciones (1850-1880) de, 205; pre sión fiscal y, 219; regional (1860), 206; tasas de variación interanual (1960-1975), 377; tasas de variación interanual (19762000), 403; tasa de variación per cápita, 381-382 prohibicionista, sistema, 31 propiedad campesina, dispersión de la, 102 propiedad de la tierra: concentración de la, 115; régimen de, 21 -22 propiedad eclesiástica, 64, 65, 72 propiedad nobiliaria, 64, 65 proteccionismo, 279; sustituyendo al prohibi cionismo, 152; arancelario, 231-232, 3213 2 3 ,322, 362-363, 372 Protocolo Franco-Perón de 1947, 343 protoindustria, 122 Provincias Unidas, 8 6 , 91 PTF, véase productividad total de los factores Puente la Reina, fundación de, 23

química, industria, 229, 239, 274; (19131935), 310-311, 311, 380

rabassa morta, contratos de aparcería o de, 138,216, 304-305 Real Fábrica de Paños Superfinos de la Com pañía, 148 recaudación fiscal, 93, 109 recesión económica: de la economía atlántica, 87; en el siglo xvn, 85 Reconquista, 14, 49, 51, 181; etapas de la, 16, 17, 18; final del proceso de, 31 reconversión industrial, política de, 408-409; pendiente, 426 reforma agraria, de la Segunda República, 302-306 reforma del sistema hacendístico, 57 reforma fiscal: de 1845, 216-217, 219; de 1920, 318; de 1939, 350; de 1957, 365 reforma tributaria, fracaso de (siglo xvm), 160

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H IST O RIA E C O N Ó M IC A D E ESPA Ñ A

reformas fiscales, 57, 94 reformismo agrario ilustrado, 140-144 refomiismo económico borbónico, 140 regadíos, desarrollo de los, 58, 90, 100, 123, 127, 299 régimen señorial, abolición del, 181-182, 209, 210

remensa, conflicto de los payeses de, 44, 54, 65-66 renta de la tierra: en Jaén (1581-1680), 102; en el siglo xix, 188; en la década de 1790, 167; evolución, 37 renta feudal, caída de la, 34 renta nacional, caída en el siglo xix de la, 198 rentas de los maestrazgos de las órdenes mili tares, 75 rentas señoriales: en la Meseta, 64; expansión de las, 56 rentas territoriales, 132, 133; nivel excesivo de las, 162 repartimientos y «repartiments», sistema de, 19 repoblación, 18-19, 49, 51; de Andalucía (si glo x i i i ) , 20, 33; hacia el sur en el siglo xv, 51-52, 54 República, Segunda, 286, 294-306, 312, 317, 321,327 Restauración, 232; crisis y recuperación (1882-1913) en la, 243-284 Revista Nacional de Economía, 308 revolución de 1868 (la «Gloriosa»), 218, 231 Revolución francesa, 163, 165 revolución industrial, en Gran Bretaña, 235 revolución militar, 74 Reyes Católicos, 56, 357; matrimonio de los, 14; unidad dinástica de los, 49 Ribadeo, fundación de, 23 Ribagorza, duques de, 73 Rif, asignación del, 244 Rijswick, paz (1697) de, 117 Ringrose, D., 165 Río de la Plata, portugueses en, 117 Río Tinto, yacimiento de, 2 18, 222, 229 Río Tinto Co. Ltd., The, 222 Rioja, La, viñedos de, 25, 112, 130 Robert Bosch, empresa, 313 Robert, Antonio, 357 Rochela, La, 39 rotación de cultivos, 58, 100, 111, 189, 266 Rothschild, familia, 218, 221 roturaciones de cultivos, 127-129; impulso de las (1815-1840), 188-192; incremento de 1913-1935,299 ROWAK, 336

Ruán, puerto de, 39 rueca, uso de la, en el textil, 28 rueda de hilar, 28 Rueda, G., 180

Sabadell, industria lanera en, 150, 195, 196, 237 SACA, empresa de maquinaria, 362 sal, comercio de la, 53, 216 Salamanca, 18, 79; universidad de, 55 salarios, 266; agrícolas, 305; aumento de los (1956), 364; evolución de los (1939-1950), 338y 349; incremento de los, 61, 290; liberalizacíón de (1767), 183 Salaverría, Pedro, 219 Salazar, Antonio de Oliveira, 334 salinas, rentas de las, 75 Saltos del Alberche, empresa eléctrica, 312 Saltos del Duero, empresa eléctrica, 312 San Fernando, fábrica de paños de, 145 San Francisco, fábrica de Sestao, 273 San Sebastián, comercio en, 41 sanidad, gasto (1952-1978) en, 392, 419 Sanjuijo, general, 295 Santa Cruz de Tenerife, libre comercio en, 156 Santa Fe, 156 Santander: comercio en, 41, 114; exportacio nes a las Indias, 156; fundación de, 23 Santiago, Camino de, 23, 24, 30 Santiago, orden militar de, 18 Santillán, Ramón, 216 Sardá, Joan, 365 Schering, 313 SEAT, 362 sector público, desequilibrio del, 219 seda: comercio de la, 53; industria de la, 149; producción de, 58, 67, 6 8 , 235 Segovia, 18, 55; comercio en, 41; crisis demo gráfica (siglo xvn), 103; paños de, 148, 196; producción artesanal en, 28, 6 8 ; pro ducción industrial, 55, 103, 113; renta de la tierra en, 167 Seguridad Social, 389, 419; cotizaciones a la, 392-393; financiación de la, 383 seguro marítimo, 42, 46 seguros, compañías de, 162 Semana Trágica de Barcelona ( 1909), 244 Sentmenat, familia catalana, 73 Servicio de Crédito Agrícola, 304 Servicio de Recuperación Agrícola, 341 Servicio Nacional de Crédito Agrícola, 321 Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, 341


Servicio Nacional del Trigo (SNT), 335, 342, 356, 362 servicio: cobro y gestión del, 75; de los millo nes, 78, 8 8 , 92 servicios: producción de (1913-1935), 289; sector de (1975-2000), 411-413; valor aña dido de los (1913-1935), 295, 297 servicios públicos (1913-1935), industria y, 313-315 Setúbal, 42 Sevilla: comercio en, 55, 59; crisis demográfi ca en el siglo xvn, 103; monopolio de los tráficos con América, 59, 60, 61; olivares en, 213; población en el siglo XI, 16; pobla ción en el siglo xv, 41; población en el siglo xvi, 65; puerto de, 30, 53; tabaco en, 145 Sevillana de Electricidad, 2 7 1 Sicilia: en la corona de Aragón, 44; mercade res de, 30; rebelión (1647) de, 92 siderometalurgia: en el siglo xvm, 151-153, 196; en et siglo xix, 196-197 siderurgia, industria de la: de 1842-1880, 233; de 1882-1913, 273; reconversión en la, 408-409 Sierra Morena, proyecto de «Nuevas pobla ciones» de, 140 sindicalismo vertical, 341 sindicatos, 308, 398, 409, 417, 422; véase también Confederación Nacional del Traba jo; Unión General de Trabajadores sisas sobre el consumo, imposición de, 78, 80, 96, 105, 109, i 10 Sistema de Anotaciones en Cuenta en Deuda del Estado, 425 Sistema Monetario Europeo, 399,427,428,430 Sitges, industria del calzado en, 275 Sociedad de Naciones, 321, 355 Sociedad Española de Carburos Metálicos, 274 Sociedad Española de Construcción Naval (SECN), 314 Sociedad Española de Electricidad, 278 Sociedad Española de la Dinamita, 239 Sociedad Española Mercantil e Industrial, 2 2 1 Sociedad Ibérica del Nitrógeno, 312 Société Miniere et Metallurgique de Peñarroya, 2 2 2 Solow, Robert, «residuo» de, 385 Solvay, empresa química, 274, 313 Soria, 18; comercio en, 41 Soria, M. de, 90 Sota, naviera, 278 Standard Eléctrica, 314 Suanzes, Juan Antonio, presidente del TNT, 345, 346, 359, 391

501

subsidio eclesiástico, 75 Sucesión, guerra (1705-1714) de, 121, 153, 158 superficie agraria por unidad de producto agrario, 300 suspensión de pagos: decretadas por Felipe II (1557-1596), 77; del Estado (1739), 159 sustitución de importaciones, 150, 230

tabaco: comercio de, 107, 109; monopolio del, 216 talleres artesanos, 105; costes de producción de, 109 Tarazona, producción artesanal en, 28 Tarfaya, asignación de, 244 Tarragona, olivares en, 213 Tarrasa, industria lanera de, 150, 195,196,237 tasa del grano, 90 teléfonos, 276, 278, 313, 314 Templarios, orden militar de los, 18 tercias reales, tributos de las, 38, 64, 75, 101, 131, 175 Teruel, 28; comercio en, 29 textil, industria, 147-149, 193, 235-237; de 1842-1880, 233; en Cataluña, 149-151, 193; escuelas de hilar, 145; fábricas de in dianas, 151; nuevas técnicas en el siglo xiv, 28; véase también maquinaria textil Tharsis Sulphur, 222, 229 Thirsk, Joan, 103 Tierra de Campos: cereales en, 112, 127; re cuperación de la producción en, 107; renta de la tierra en, 167 Tierra de Medina, viñedos en, 112 Tierra Firme, 156 tierras cultivables: cesiones de, 54, 72-73; in cremento de las, 54, 127-128, 2 11-214, 265 tierras: baldías, 65, 77, 81, 90, 96, 115; cesio nes de, 114; de manos muertas, 209; impro ductivas, 128; rentas de, 80, 132, 133; te nencia y explotación de tas, 62 tipos de interés, véase interés, tipos de Toledo, reino visigodo de, 15 Toledo; comercio en, 29,41; crisis demográfi ca (siglo xvn), 103; población (siglo xt), 16; producción industrial, 55, 6 8 ; recuperación de la producción, 107; seda de, 103, 149 Toreno, conde de, 186-187, 200 Torras, acerería, 273 Tortella, historiador, 187 Tortosa, 18; comercio en, 29; libre comercio en, 156; pañería de, 44 Tortuga, isla de la, franceses en la, 117

502


trabajadores: agrarios masculinos por unidad de producto (1930), 301; dureza con los, 348, 356 trabajo, productividad del, véase productivi dad del trabajo Transatlántica, 278 Transmediterránea, 312 transporte ferroviario: ahorro social y, 224; red ferroviaria (1848-1875), 224, 225 transporte interior, 107 transportes: costes de, 133, 153, 189, 197, 202; infraestructuras (siglo xvill), 153; y comunicaciones (1882-1913), 277-278 Trápani, 40 trashumancia: ganaderos, 135-136; origen de la, 26; véase también Mesta Trastámara, dinastía de los, 37 Tremp, embalse de, 271 Trento, concilio de, 72 Tribunal de Garantías Constitucionales, 305 trigo: diezmos o tercias del, 131; exportacio nes de, 264; precio del, 132, 137, 141, 142, 162, 168, 169, 212; producción y rendi miento de (1800 y 1860), 213; producción de 1931-1959, 361 Tudela, 18; comercio en, 29; producción arte sanal en, 28 Tudela Veguín, sociedad, 274 Túnez, 44 turismo, ingresos por el, 364, 375 Tuy, fundación de, 23

Ullastres, Alberto, ministro de Comercio, 365 Unión de Armas, proyecto de, 91, 92 Unión de Centro Democrático (UCD), 401, 422 Unión Económica y Monetaria, 400,401 Unión Española de Explosivos, 274 Unión Europea, 371, 381, 415, 426, 428-430 Unión Europea de Pagos, 374 Unión General de Trabajadores (UGT), 287, 293,308 Unión Liberal, gobiernos de la, 218 Unión Monetaria, 427, 429, 430, 433-434 Unión Monetaria Latina, 254 urbano, sistema: en Castilla (siglo xvn), 103104; véase también desarrollo urbano Utrecht, tratado de, 118, 158

VA1, véase valor añadido industrial Valencia, 46; comercio en, 55, 114; población (siglos X IV - xv), 46, 53; producción indus trial, 55, 113; sedería en, 115, 149

Valencia, reino de: agricultura en, 66, 67; aris tocracia débil, 56; comercio de, 53; con quista de, 18, 22, 30; crecimiento demo gráfico (1510-1609), 66; crisis demográfica (siglo xiv), 34; pañería de, 44; población (siglo xi), 16; recuperación de la crisis bajomedieval, 31, 36, 43 Valladolid, 79; comercio en, 29, 41; crisis de mográfica (siglo xvn), 103 valor añadido bruto (VAB) sectorial por acti vo (1882-1913), 260; agrario, 263, 263, 378; industrial, 261-262; pesquero, 378; sector terciario, 276 valor añadido de las manufacturas (VAM), 3 10 valor añadido industrial (VAI), de 1913-1935, 309, 309-310 VAM, véase valor añadido de las manufac turas vapor, difusión del, 194, 230 vehículos a motor de combustión interna, 276 Velasco, familia nobiliaria, 56 Vergara, tratado de paz (1839) de, 203 verlagssystem (comerciantes-fabricantes), 40, 68, 146, 150 Versalles, tratado de paz de, 289 Viana do Castelo, 42 Vic: comercio en, 29; industria textil en, 44 Vicens, J„ 56-57 Vila do Conde, 42 Vilanova i la üeltrú, puerto de, 190 Vilar, Pierre, 61, 66 Villagarcía de Campos Jesuítas de, 101 Villalón, feria de, 53, 61 villazgo, privilegio de, 81 vino, exportaciones de, 139, 190, 199, 220, 224,230 viñedo, 25, 66, 98, 128, 130, 212, 361; véase también filoxera Vitoria, fundación de, 23 Vizcaya, empresa siderúrgica, 273 Vizcaya: mineral de hierro en, 273, 281; side rurgia de, 151 Vries, Jan de, 68, 87

Wallerstein, I„ 58, 117 Westfalia, tratado de, 109, 117

Zamora, producción artesanal en, 28 Zaragoza, 67; comercio en, 29, 55; población del siglo X I, 16; producción artesanal en, 28; producción industrial, 55; repoblación de, 18

ÍNDICE P r ó l o g o .....................................................................................................

7

1. L a ECONOMÍA EN LAS ESPAÑAS MEDIEVALES (c. 1 0 0 0 -C . 1 4 5 0 )

por Hilario Casado A lo n s o ................................................................ 1.1. Expansión cristiana y formación del feudalismo en la Penín sula Ibérica (inicios del siglo xi-segunda mitad del siglo xm) Reconquista, repoblación y reorganización del espacio . . El desarrollo u r b a n o ......................................................... La expansión e c o n ó m ic a ................................................... L2. La crisis bajomedieval................................................................ La depresión bajomedieval como reconversión del sistema f e u d a l ................................................................................... Las manifestaciones de la c r is is ......................................... Los contrastes peninsulares de la crisis bajomedieval . . .

13

14 16 22 25 31 32 33 36

Lectura recom endada................................................................................ Orientación bibliográfica ...........................................

2.

El

s ig l o d e la h e g e m o n ía c a s t e l l a n a

50 50

(1450* 1590)

por Bartolomé Yun C a s a l i l l a ....................................................

51

2.1. En los orígenes de la expansión castellana ( 1450 - 1504) . . 51 Las economías españolas en el contexto internacional . . 52 El crecimiento desde dentro: raíces económicas y sociales . 54 El marco social e institucional de la expansión: rasgos comu nes y diversidad ........................................................................... 55 2.2. El crecimiento económico en su apogeo (1504-1575) . . . 58 El crecimiento y sus f r e n o s .............................................. 58 ¿Crecimiento y d e s a r r o llo ? .............................................. 62 Crecimiento y sociedad en la España de los Austrias . . . 71


504

2 .3 .

I n s t i t u c i o n e s y c r i s i s ......................................................................................

73

Guerra, monarquía y sistemas fis c a le s ................................................... Hacia la quiebra: crisis y resistencias (1575-1590) . . . .

79

74

L e c t u r a r e c o m e n d a d a ...........................................................................................................

83

O r i e n t a c i ó n b i b l i o g r á f i c a ..............................................................................................

83

3.

L as

r a íc e s d e l a t r a so e c o n ó m ic o e s p a ñ o l : c r is is y d e c a d e n c ia

(1590-1 7 1 4 )

por Bartolomé Yun C a s a l i l l a ...........................................................

85

3 .1 . E l s ig lo x v n e n E u ro p a . D e la « c ris is g e n e r a l» a la g e n e r a li 3 .2 .

z a c i ó n d e l a s t r a n s f o r m a c i o n e s .................................................................

85

C risis, re c e sió n y rig id e c e s in stitu c io n a le s y p ro d u c tiv a s

87

.

.

Los «males de España» y los arbitrios para su remedio . . Política reformista y H a c ie n d a ................................................................. El lastre de las estructuras sociales .......................................................... Crisis, recesión y r e a ju s t e s ........................................................................ El declive de la red urbana y c o m e r c ia l ............................................ 3 .3 .

L a r e c u p e r a c ió n y las n u e v a s b a s e s d e l c r e c im ie n to

.

88 90 94 98 103

. .

106

Entre el estancamiento y la recuperación ............................................ El papel de las políticas e c o n ó m ic a s ................................................... Una recuperación que nace en los c a m p o s ........................... El centro, la periferia y los límites de la recuperación . . .

106 109 111 114

3 .4 . R e f l e x i o n e s f i n a l e s ; h a c i a u n n u e v o m o d e l o d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o ............................................................................................................

117

L e c t u r a r e c o m e n d a d a ...........................................................................................................

119


119

4.

E x pa n sió n ,

r e f o r m is m o y o b s t á c u l o s a l c r e c im ie n t o

(1 7 1 5 -1 7 8 9 )

por Enrique Llopis A g e lá n ................................................................

121

4 . 1 . C a m b io s p o lític o s y tra n s fo rm a c io n e s e n la e c o n o m ía e u ro p e a 4 .2 . 4 .3 .

121

C r e c i m ie n t o d e la p o b l a c i ó n y r e g ím e n e s d e m o g r á f i c o s

.

.

122

R o tu ra c io n e s y su s titu c ió n e in te n s ific a c ió n d e c u ltiv o s

.

.

127

Las vías de crecimiento a g ra rio ................................................................. Las agriculturas de los territorios del i n t e r i o r ............................. La ganadería ............................................................................................................ Las agriculturas de las regiones p e r ifé r ic a s ....................................

127 130 134 136

4 .4 .

E l r e f o r m i s m o a g r a r i o i l u s t r a d o ................................................................

140

4 .5 .

U n a m o d e r a d a e x p a n s i ó n m a n u f a c t u r e r a ...........................................

144

ÍN D IC E

La política industrial y las empresas manufactureras concen tradas ........................................................................................... Distribución espacial y sectorial de las actividades manufac tureras ........................................................................................... El t e x t i l ..................................................................................... El textil en C a ta lu ñ a ................................................................ La siderometalurgia y la construcción n a v a l............................ 4.6. Crecimiento de los tráficos y cambios en la organización del c o m e r c io ..................................................................................... El comercio i n t e r i o r ................................................................ El comercio e x t e r i o r ................................................................ 4.7. Gastos militares, reformas hacendísticas, endeudamiento y creación del Banco Nacional de San C a r l o s ........................... 4.8. La economía española en vísperas dela Revolución francesa. Lectura recomendada ........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

5.

La

c r is is d e l

A n t ig u o R é g im e n

505

144 146 147 149 151 153 153 155 158 162 163 163

y la r e v o l u c ió n l ib e r a l

(1 7 9 0 -1 8 4 0 )

por Enrique Llopis A g e lá n ................................................................ 5.1 . 5 .2 .

5.3 . 5.4 .

5 .5 . 5 .6 .

5 .7 .

Fases del crecimiento y condicionamientos internacionales . Tiempos revueltos, 1 7 9 0 - 1 8 0 8 ................................................................ Estancamiento económico y crisis a g r a r ia s ................... 167 El endeudamiento de la m onarquía................................... 169 La inestabilidad del comercio c o l o n i a l ......................... 171 Las consecuencias de la guerra de la Independencia. . . Las instituciones económicas l i b e r a l e s ........................ 177 Privatización y desamortización de tierras municipales . . La desamortización eclesiástica ........................................... La abolición del régimen s e ñ o r ia l.................................... 181 La supresión de los mayorazgos y los d i e z m o s .............. 182 La libertad de comercio e i n d u s t r i a .............................. 183 La Hacienda entre la expulsión del ejército francés y el final de la primera guerra c a r lis ta .............................................. 184 La economía española entre 1 8 1 5 y 1 8 4 0 : crecimiento y cri sis sectoriales......................................................................... 187 Un fuerte impulso ro tu ra d o r.......................... Luces y sombras en las m anufacturas.............................. 192 La formación del mercado nacional y el comercioexterior . Moneda y b a n c a .............................................................. 200 Un balance del período 1 8 1 5 - 1 8 4 0 ..........................................

165

165 167

174 178 180

188 197 201

506


L e c tu ra re c o m e n d a d a

.....................................................................................................

202


202

6.

El

d ifíc il a r r a n q u e d e la in d u s t r ia l iz a c ió n

(1 8 4 0 -1 8 8 0 )

por Pere Pascual y Caries S u d r ia ............................................

203

6 .1 . E s p a ñ a a n te la in d u s tria liz a c ió n e u ro p e a : re to s y r e s p u e s ta s .

203

Ritmos de crecimiento y pautas de transformación estructural 207 La población y el bienestar e c o n ó m i c o .........................

204

6 .2 . E l e s t a n c a m i e n t o d e la p r o d u c ti v i d a d a g r a r ia : u n a tr a s o d e c is iv o

...........................................................................................................................

208

Los efectos de los cambios institucionales: el nuevo orden a g r a r i o .............................................................................. 208 Extensión y e sp ec ia liza c ió n .............................................. 211 Las causas de la pobreza agraria: ¿la tierra o los hombres? . 6 .3 .

E s t a d o , i n f r a e s t r u c t u r a s y c a p i t a l e s ...............................................

El fiasco de la reforma fiscal y sus consecuencias . . . . Debilidad del ahorro interno y entradas de capitalextranjero Los ferrocarriles, el gran e s p e j i s m o .............................. 223 6.4 .

E s p a ñ a e n e l m u n d o : e l e s t i m u l o e x t e r i o r .................................

U n d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l e n d ó g e n o y l i m i t a d o ...................

220

228 230 231 232

El crecimiento industrial y sus lím ite s ............................... Los bienes de consumo: alimentos y tejidos . . . . • . La industria pesada y los bienes intermedios.................... 6 .6 .

216

227

E l estímulo de la industrialización europea: las nuevas ex portaciones ................................................................................ Las importaciones: tecnología y materias primas . . . . La política comercial: los intereses y las razones . . . . 6 .5 .

214

216

C o n c lu s io n e s . L o s lím ite s d e la p r im e r a in d u s tria liz a c ió n .

232

.

234

237 .

240

....................................................................................................

241


241


7.

C

r isis y r e c u p e r a c ió n e c o n ó m ic a en l a

R e s t a u r a c ió n

(1 8 8 2 -1 9 1 3 )

por Jordi Maluquer de M o t e s ........................................................... 7 .1 .

D e la g r a n d e p re s ió n a la m o d e r n iz a c ió n e c o n ó m ic a

.

.

243 .

243

La población y la actividad e c o n ó m i c a ......................... 244 Ritmos y fases de crecimiento económico ........................... 247 Los desequilibrios r e g io n a l e s ......................................... 250 Tiempo de esta b ilid a d ......................................................... 252 7 .2 .

L a i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o ..............................................................

253

j

ÍN D IC E

507

La política c o m e r c ia l................................................................ La política m o n e ta ria ................................................................ La política presupuestaria........................................................... La demanda y la oferta a g r e g a d a s ........................................... El lastre del reducido consumo p r i v a d o ................................ Transformaciones en la estructura de la o f e r t a ...................... La gran depresión agraria ..................................................... La crisis agrícola y p ecuaria..................................................... La lenta continuidad de la industrialización........................... Ritmos de crecimiento y niveles de productividad industrial . La estructura i n d u s t r ia l ........................................................... El modesto apoyo de los s e r v ic io s ........................................... Transportes y c o m u n ic a c io n e s................................................ La nueva banca m ix ta ................................................................ Las relaciones e x te rio re s ........................................................... El comercio in te r n a c io n a l..................................................... Rentas, transferencias e inversiones e x te r io r e s ..................... Conclusión: una brecha que se e n s a n c h a ................................

253 254 255 260 260 261 263 264 268 269 270 276 277 278 279 279 281 282

Lectura recomendada ........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

283 284

7.3.

7.4. 7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.

E l p e r ío d o d e e n t r e g u e r r a s (1 9 1 4 -1 9 3 6 ) por Francisco C o m ín ........................................................................... 8 .1 . 8 .2 .

285

Un contexto político similar a E u ro p a ...................................... Comportamiento y estructura de la economía española ( 1 9 1 4 1 9 3 6 ) .................................................................................................................

285 286

Una prosperidad engañosa durante el ciclo de la guerra m u n d i a l .............................................................................. 287 El ciclo económico y político ( 1 9 2 4 -1 9 3 6 ) ........................... 291 La estructura sectorial de la e c o n o m í a ......................... 295 8 . 3 . Las moderadas transformaciones del sector agrario . . . 297 297 Producción y p ro d u c tiv id a d .............................................. La reforma agraria de la Segunda República.................... 302 8 .4 . Nacionalismo, intervencionismo, inversión extranjera y creci miento i n d u s t r i a l .............................................................. 306 El nacionalismo y el intervencionismo corporativo . . . . 306 La evolución de (a producción in d u stria l......................... 309 La actividad empresarial y las m ultinacionales.............. 312 Las industrias de red y los servicios p ú b l i c o s .............. 313 8 . 5 . Las resistencias a las reformas tributarias y el déficit público. 315 8.6. La subordinación de la política m o n e t a r i a ................... 318 8 . 7 . El sector e x t e r i o r ............................................................. 321

H IST O RIA E C O N Ó M IC A D E ESPA Ñ A

508

Del proteccionismo arancelario a los contingentes . . . El tipo de cambio de la peseta ........................................... 8 .8 .

E c o n o m ía y fra c a s o d e lo s r e g ím e n e s p o lític o s


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321 323 325

.....................................................................................................

329


329

9.

G

u e r r a c iv il y p r im e r f r a n q u is m o

( 1936 - 1959)

por Carlos Barciela L ó p e z ...........................................................

331

9 .1 .

332

L a e c o n o m í a e s p a ñ o l a d u r a n t e la g u e r r a c iv i l

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Los orígenes del c o n flic to ..................................................... Economías de guerra................................................................ El coste de la contienda ......................................................

333

...................................................

339

9 .2 . A u ta r q u ía e in te r v e n c io n is m o

Principios económicos del régimen autárquico . . . . Agricultura: intervención y mercado n e g r o ..................... La industria: el modelo totalitario del I N I ........................... La Hacienda del primer fra n q u ism o ..................................... Política monetaria y b a n ca ria ................................................ Política de cambios de un régimen a isla d o ...........................

332 335 339 341 344 349 351 353

9 . 3 . E l f r a c a s o d e la a u t a r q u í a ........................................................................

354

Las causas del fr a c a s o ........................................................... La guerra fría y el amigo am ericano..................................... Los tímidos comienzos de la «reforma» del franquismo . . Nueva política a g r a r ia ........................................................... El protagonismo de la in d u s tr ia ........................................... Los límites de la «liberalización»

354

9 . 4 . A n t e s d e la e s t a b i l i z a c i ó n ........................................................................

365


357 359 360 362 364

.....................................................................................................

366


367

10.

LOS AÑOS DE CRECIMIENTO DEL FRANQUISMO ( 1 9 5 9 - 1 9 7 5 )

por José A4. “Serrano Sanz y Eva P a r d o s ..................................... 1 0 .1 .

369

E l p u n to d e p a rtid a : la a p e rtu ra al e x te rio r d e l P la n d e E s ta b iliz a c ió n

.....................................................................................................

370

La apertura comercial al e x t e r i o r ...................................... 371 La cooperación monetaria y f in a n c i e r a ........................... 373 Los frutos de la liberalización: el fin a l de la restricción externa al c r e c im ie n to ................................................................ 3 7 4 1 0 .2 .

C re c im ie n to e c o n ó m ic o y c a m b io e stru c tu ra l

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376

ÍN D IC E

Tres lustros de convergencia................................................ Una nueva configuración se cto ria l...................................... La industria, epicentro de la modernización . . . . 10.3. La explicación del c re c im ie n to ............................. 381 La fuente de la c o n v e r g e n c ia ............................... 381 El papel del capital................................................... 383 384 La productividad total de los fa c to r e s ................... 10.4. La política económica y las limitaciones de los años del desarrollo................................................................................ El intervencionismo r e g u la d o r ........................................... Una Hacienda pública reducida y r íg id a ........................... 10.5. La pesada herencia institucional del franquismo . . . Lectura recomendada ........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

11.

La

509

376 378 380

387 388 391 394 394 395

e c o n o m ía e s p a ñ o la en l a d e m o c r a c ia (1 9 7 6 -2 0 0 0 )

por Luis Ángel R o j o

..............................................................................................

11.1. La instauración de la democracia. Cambio de rumbo en la política económ ica................................................................ 1 1 .2 . 1 9 7 6 - 2 0 0 0 : un período de grandes transformaciones en la sociedad y la economía e s p a ñ o la s ..................................... 1 1 .3 . El largo camino hacia el crecimiento con estabilidad . . 1 1 .4 . La economía española en la Unión Económica y Mone taria .....................................................................................

397

397 401 420 433

Lecturas re c o m e n d ad a s........................................................................... Orientación b i b l i o g r á f i c a .....................................................................

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Notas ..................................................................................................... .......................................................................................... Bibliografía índice a lf a b é t i c o .....................................................................................

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sta es la primera historia económica general de Es paña en que un conjunto de especialistas en los diversos períodos han unido sus es fuerzos para ofrecemos una visión de conjunto que pone al alcance del lector los cono cimientos tnás actuales sobre la materia: una obra que combina la diversidad de los enfoques coii una coordinación que los armoniza, y que marcará, sin duda, una etapa en la his toriografía española. Para realizar un proyecto tan ambicio so como éste se ha reunido un equipo de investigadores realmente excepcio nal: Hilario Casado, de la Universidad de Valladolid, estudia en este volumen lá economía de las Españas medievales (c. 1000-c. 1450); Bartolomé Yun, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el siglo de la hegemonía caste llana (1450-1590) y la crisis y decaden cia posteriores (1590-1714); Enrique

E

Llopis, de la Universidad Complutense, la expansión del siglo xvm (1715-1789), la crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal (17891840); Pere Pascual y Caries Sudriá, de la Universidad de Barcelona, el arranque de la industrialización (1840-1880); Jordí Maluquer de Motes, de la Uni versidad Autónoma de Barcelona, la crisis y recuperación económica en la Restauración (1882-1913); Francisco Comín, de la Universidad de Alcalá, el período de entreguerras (1914-1936); Carlos Barciela, de la Universidad de Alicante, la guerra civil -y el primer franquismo (1936-1959); José M.a Se rrano Sanz y M .1 Eva Pardos, de la Universidad de Zaragoza, los años del crecimiento del franquismo (19591975), y, finalmente, Luis Angel Rojo, de la Universidad Complutense, la economía española en la democracia (1976-2000).

966339-8

9788484323662 788484 323662

Historia Economica Espa__a Siglos X-XX Licenciatura Economia Uned.ocr

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