Voces: AC ACTU TUAC ACIO ION N EN NO NOMBR MBRE E PR PROP OPIO IO ~ CO COMI MISI SION ONIS ISTA TA ~ CO CONT NTRA RATO TO DE CO COMI MISI SION ON ~ MAND MA NDAT ATO O ~ MA MAND NDAT ATO O CO COME MERCI RCIAL AL ~ MA MAND NDAT ATO O TA TACI CITO TO ~ RE RESP SPON ONSA SABI BILID LIDAD AD DE DEL L COMISIONISTA Tribunal: Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, sala II(C1aCivyComBahiaBlanca)(SalaII) Fecha: 20/09/1990 Partes: Berceche S. A., Eleodoro c. Agropecuar Agropecuaria ia Don Antonio y otros. Publicado en: LA LEY1991-D, 320 - Colección de Análisis Jurisprudencial Contratos Civiles y Comerciales Director:: Luis F. P. Leiva Fernandez - Editorial LA LEY, 2002 , 450, con nota de AA. VV.; Director Cita Online: AR/JUR/2151/1990 Sumarios: 1. El contrato de comisión o consignación es un mandato, en el cual el mandatario obra en su propio nombre pero por cuenta del mandante, mandante, es decir, es un mandato mandato sin representación. representación. 2. La representación se confiere mediante la procura, es decir mediante una declaración unilateral de voluntad que el representado dirige a los terceros que eventualmente hayan de celebrar negocios con el representante, en cuya virtud el otorgante manifiesta que hará suyos los efectos activos y pasivos del negocio concluido por el apoderado en nombre de aquél y dentro de los límites de los poderes conferidos. Esta procura, que sirve para acreditar al representante ante los terceros, puede ir unida al acto mismo en que el representante concluye el negocio representativo, o bien puede ser materia de un acto separado. 3. Lo único que debe importar frente a una relación de representación es solamente el vínculo directo que se forma forma entre el representad representado o y el tercero, tercero, no teniendo teniendo por qué preocupars preocuparsee de las relacion relaciones es internas internas entre representante y representado, relaciones que son completamente distintas e independientes de la relación de representación. 4. La representación impropia o indirecta, o mediata o representación de intereses o interposición gestoría, se da cuando el sujeto de la declaración de voluntad la emite como voluntad propia, es decir, sin invocar que lo hace para servir un interés ajeno, de tal modo que los terceros con quienes trata ignoran esta circunstancia; y aunque la conociesen por otras vías sería indiferente, porque el negocio se ha celebrado sobre la base de que el agente actúa en nombre propio. En tal caso, los efectos jurídicos del negocio celebrado entre el agente y el tercero recaen sobre el celebrante, que es quien adquiere los derechos y contrae las obligaciones. 5. La representación directa o propia, se da cuando el sujeto de la declaración de voluntad, al celebrar el negocio con el tercero, emite la declaración en nombre del sujeto del interés, haciendo de ese modo conocer a su cocontratante que los efectos jurídicos y económicos económicos del negocio recaerán directamente en su representado. Como consecuencia de tal declaración o del conocimiento de esa circunstancia por los terceros en los supuestos de representación representación tácita, el negocio produce directa e inmediatamente efectos entre el tercero contratante y el sujeto del interés (representado), los cuales tienen acciones directas y recíprocas para exigirse el cumplimiento de lo pactado o el resarcimiento resarcimiento de los perjuicios en su defecto. defecto. 6. Es requisito necesario para la existencia de representación la denominada "contemplatio domini", o sea la exigencia de que el representante haga saber a los terceros con quienes trata, que el negocio lo celebra en nombre de otro; o, en otros términos, que su declaración de voluntad tiende a satisfacer un interés ajeno. Este conocim conocimiento iento debe debe ser simultáneo simultáneo o anterior anterior al momento momento de celebrar celebrar el negocio negocio represe representativ ntativo; o; si fuese fuese posterior, carecería de eficacia, pues el acto quedó perfeccionado entre el tercero contratante y el representante, pero no como negocio negocio representativo, sino como como realizado por este último último en nombre propio. 7. No siempre es necesaria una declaración solemne o formal de actuar en nombre ajeno, pues también se admite la posibilidad de que esa actuación sea fácilmente inferible de las circunstancias objetivas y subjetivas que acompañan a la conclusión del negocio, tales como las relaciones anteriores de negocios, el lugar de la contratación, el empleo de papeles con membrete, la exhibición del documento de mandato, etc. Lo corriente es el empleo de la firma social por quien tiene el uso de ella, o bien la firma del celebrante precedida de las enunciaciones "por poder", "por mandato" en "representación de" u otras equivalentes. Fuera del campo de las facul facultad tades es otorga otorgadas das por el poder poder,, no exist existee repre represen sentac tación ión y el negoc negocio io celebr celebrado ado por por el repr represe esenta ntante nte excediéndose de los límites de la representación representación no obliga al representado. 8. No existiendo en el negocio concluido una constancia fehaciente de que el representado voluntariamente haya conferido al representante el poder para emitir declaraciones de voluntad en nombre del primero (autorización representativa, representativa, poder o procura), procura), no puede el comisionista exonerarse de su responsabilidad frente al accionante. Texto Completo: 2ª Instancia. -- Bahía Blanca, setiembre 20 de 1990.
1ª ¿Es justa la sentencia apelada? 2ª ¿Qué pronunciamiento pronunciamiento corresponde dictar?
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1ª cuestión. -- El doctor Locatelli dijo: I. Expresa la sociedad demandante, que con fecha 16/6/87, vendió a "Matadero y Frigorífico San Andrés S. A." de la ciudad de Mar del Plata, hacienda de su propiedad; en la operación actuó con carácter de comisionista la sociedad de hecho "Agropecuaria Don Antonio y/o sus socios integrantes Alfredo E. Villamañe y Juan C. Luro". Afirma, que ello está acreditado con el boleto de compraventa, que corre a fs. 12, donde constan objeto y precio del negocio. Que por intermedio de la firma comisionista y sus socios integrantes, se efectivizó un pago parcial de lo adeudado, incumpliéndose con el saldo que debía abonarse el 8/7/87, por AA 7.876,52, cifra que en definitiva es la que se reclama en demanda. Que conforme lo indica el recibo de hacienda 7649 de fecha 16/6/87, expedido por el comitente Matadero San Andrés S. A., consta que la mercadería entregada, ingresó en el matadero en esa fecha. Agotadas las negociaciones extrajudiciales con fecha 11/8/87, se remitió a los demandados, la carta documento núm. 4546 y que según aviso de recepción que corre agregado, fue recibido de conformidad, por el socio Juan C. Luro. La cuestión jurídica esencial arrimada al proceso por la demandante, ronda acerca de la responsabilidad del comisionista en la celebración del negocio frente al tercero contratante. Sostiene el accionante, que el art. 233 del Cód. Comercio clarifica la cuestión, resumida la norma puede extractarse, "que el comisionista queda directamente obligado hacia las personas con quienes contratare, sin que éstas tengan acción contra el comitente..." Sostiene la demandante, rememorando un fallo de este tribunal, dictado por la sala I, que la relación existente entre el comitente y el comisionista es la de un mandato, pero entre este último y los terceros la que cuadra es la del contrato de comisión. Que en consecuencia no ha tenido otra alternativa que dirigir su acción hacia la figura del comisionista en este caso "Agropecuaria don Antonio y sus socios Alfredo E. Villamañe y Juan C. Luro indistintamente". II. La demanda es contestada, por los socios, Villamañe y Luro en su propio derecho y como integrantes de "Agropecuaria Don Antonio". Reconocen expresamente, la operación de compraventa documentada de hacienda, realizada entre la razón social "Eleodoro Berceche S. A." como vendedora y "Matadero y Frigorífico San Andrés S. A."; asimismo el objeto y el precio del negocio; el importe total de la operación; el saldo incumplido; el cumplimiento de las obligaciones de la vendedora en su totalidad. Al mismo tiempo, niegan expresamente: su intervención como comisionistas en dicha operación; que se hayan agotado las negociaciones extrajudiciales entre la vendedora y la compradora. Aseveran que su intervención en esta demanda, como en otras similares, se realiza como intermediarios para acercar a las partes, el negocio se discute y se concreta telefónicamente entre la actora y el comprador "Matadero San Andrés S. A." y eventualmente como mandatarios con representación y no como comisionistas. Que de la documentación que instrumenta la operación acompañada por la actora, guías municipales y demás particularidades que rodean el negocio, surge claramente que su participación queda excluida de la figura del art. 222 del Cód. de Comercio última parte. Expresan, muy sintéticamente reproducido: "Que el comisionista es un mandatario sin representación; el comisionista debe obrar en nombre propio, carece de representación y si el acto cometido se realizase a nombre del mandante, el contrato sería propiamente de mandato. Que de la lectura del boleto de compraventa surge individualizado el comprador: 'San Andrés S. A.' y al pie del mismo, la firma de los demandados por comprador, representándolo y si a esto se agrega, que en el recibo de ingreso de hacienda núm. 1649, figura la operación directa y la guía municipal de traslado de hacienda es solicitada y firmada por la actora como remitente, figurando como destinatario el comprador San Andrés S. A., se puede establecer con certeza, afirman, que no son comisionistas". III. Otorgado el traslado de la documentación traída por la demandada, éste es contestado por la actora, pero además invoca la existencia de abuso de derecho en la conducta de la accionada, institución jurídica legislada por el art. 1071 del Cód. Civil. Denuncia asimismo la existencia de hechos nuevos, y solicita la concurrencia en autos del tercero obligado, "Matadero San Andrés", el que no acude a la citación, por informar el síndico, que en la ciudad de Mar del Plata, ha solicitado dicha sociedad, su concurso preventivo. IV. La sentencia de primera instancia, resuelve que la acción no puede prosperar.
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Entiende el sentenciante, que la relación entre los accionados y tercero citado, configura un contrato de mandato (arts. 222 y 233, Cód. de Comercio). Que si bien es cierto, que al contestar la demanda insinúan los demandados una intermediación entre la oferta y la demanda, cuando manifiesta que su conducta se encaminó a acercar a las partes a la negociación, es evidente, sostiene el a quo, que si al firmar el boleto uno de los socios de la demandada lo hace por el comprador (San Andrés S. A.) y que a su vez este tercero recibe la prestación del vendedor de conformidad, no queda duda que ha existido un mandato tácito ratificado por el adquirente (art. 1874, Cód. Civil). Ello excluye la posibilidad de estar en presencia de un corretaje comercial, y comienza a perfilar la serie de indicios y probanzas que lo llevan a concluir, que en todo momento se negoció entre las partes de autos, conociendo la vendedora la representación, que terminara invocando la accionada al firmar el boleto y ratificara la compradora al recibir la mercadería de conformidad y de acuerdo a las condiciones pactadas. De manera entonces, concluye el juez, la existencia de mandato es indiscutible entre demandado y tercero comprador citado, pero esto que es la relación interna no define la cuestión de autos, sino que la misma ha quedado planteada alrededor de la otra relación es decir, vendedor de la hacienda y mandatario (externa). Lo que va a definir la responsabilidad obligacional de la parte accionada, será la actitud que adoptó, en virtud del mandato que poseía, al conformar el negocio jurídico de compraventa (relación externa). Esto es si invocó la representación del mandante o lo hizo por otro pero a nombre propio. Sostiene el magistrado, que el elemento probatorio más importante, es el boleto de compraventa de fs. 12, ya que no existen otras pruebas que desvirtúen las manifestaciones que surgen del mismo y que se refieren a acuerdos anteriores a esta voluntad expresamente concertada. Del mismo resulta comprador el frigorífico San Andrés y vendedora la actora y al momento de firmar, Villamañe lo hace por el comprador. La pretensión de desvirtuar ello, con la denuncia de una supuesta simulación, tendiente a evitar el pago de obligaciones impositivas por parte de la demandada, es una circunstancia no acreditada. Por último y sintetizando, la demás prueba existente, absolución de posiciones del representante de la sociedad anónima, se extrae que la accionante considera deudores tanto al frigorífico citado como a la firma demandada. Asimismo la declaración de testigos, afirma el sentenciante es asertiva de la existencia de un mandato en que "Agropecuaria Don Antonio" y sus socios integrantes actuaron en la operación como representantes del frigorífico comprador. V. El fallo es recurrido por el demandante, quien una vez instaladas las actuaciones en la instancia de alzada presenta su libelo de expresión de agravios que luce a fs. 194. Una serie de consideraciones que finalmente confluyen en que, la demandada ha actuado en calidad de comisionista en nombre propio y no obrando en representación ajena, constituye la fundamentación de la queja impugnatoria del fallo anterior. Y vale la pena, aunque sea en forma sintética, intentar abarcar lo más puntualmente posible, los motivos por los que se duele el apelante. Ha citado algunos trabajos acerca del contrato de comisión en la compraventa de hacienda, citando un caso publicado en la Revista El Derecho votado en primer término por el camarista de la sala I de este tribunal doctor Pliner, inserto en el t. 93, p. 349 (La Ley, 1981-C, 387), como asimismo una rememoración de los principios referidos a los usos y las costumbres en materia comercial y finalmente, el acento puesto en criticar la sentencia, basado en la falta de valoración de las pruebas de autos. 1) Reconoce haber vendido hacienda a "matadero y Frigorífico San Andrés", como lo manifiesta el juez y que dicha operación quedó formalizada en el boleto que corre agregado a fs. 12, aunque afirma, que ello no debe malinterpretarse, ya que debe relacionarse con la intimación extrajudicial formulada a la firma que intervino en el negocio en forma directa y en carácter de comisionista; 2) el propio análisis de la prueba existente, que enuncia a fs. 196 vta. puntos a), b), c), d), e), f), y g);
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3) el análisis jurisprudencial sobre la calidad de comisionista, también con cita de un fallo de esta Cámara, en su anterior estructura, publicado en JA, 1960-VI-447 (La Ley, 101-1008, fallo 6253-S); 4) el informe de la Municipalidad de González Chaves, del que según el recurrente, no surge constancia alguna acerca que "Agropecuaria Don Antonio", figure inscripta como representante del Matadero y Frigorífico San Andrés S. A.; 5) informe pericial fs. 137; la razón social precedente, no tiene representante en la Provincia de Buenos Aires; 6) declaración testigo Souto (calificado según la demandante) cuando expresa que la demandada no ha sido representante de un frigorífico en especial; 7) fue la demandada comisionista la que retiró la hacienda del campo propiedad de Berceche, en un camión propiedad de Villamañe, para posteriormente remitirla al frigorífico; 9) que en síntesis, aunado todo ello a lo establecido en el art. 233 del Cód. de Comercio, es lógico que la actora haya debido dirigir la acción por imperio de esa norma legal hacia la figura del obligado en el negocio de comisión: en el caso Agropecuaria Don Antonio S. A.; 10) que no es cierto, como lo indica el sentenciante, que entre las partes de autos se negoció, conociendo la actora la representación invocada; 11) también ha encarado erróneamente el juez que la prueba más importante resulte ser el boleto de compraventa agregado a fs. 12. El mismo se instrumentó en material impreso de Agropecuaria Don Antonio, lo que implica que la expresión "comprador" obrante al pie figuraba desde antes de instrumentarse la operación; 12) el silencio guardado por la demandada en oportunidad de intimarse el pago de la deuda, lo que no fue evaluado por el juez, lo que evidentemente demuestra, que las negociaciones fueron encaradas, teniendo en cuenta la figura jurídica del contrato de comisión. VI. El contrato de comisión o consignación es un mandato, en el cual el mandatario obra en su propio nombre pero por cuenta del mandante, es decir, es un mandato sin representación (Siburu, J. B., "Comentario del Código de Comercio argentino", t. 4, p. 112). Nuestro Código de Comercio, luego de definir el mandato comercial, como el "contrato por el cual una persona se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otro le encomienda" (art. 221, apart. 1°), dice que "se llama especialmente comisión o consignación, cuando la persona que desempeña por otro, negocios individualmente determinados, obra a nombre propio o bajo la razón social que representa" (art. 222, apart. 2°). El comitente, en sentido estricto de la ley comercial, es aquella persona que encomienda a otra (llamada comisionista) desempeñe por él uno o más actos de comercio individualmente determinados, obrando a nombre propio o bajo la razón social que representa. Pero, puede emplearse el término comitente como sinónimo de mandante y también en tal sentido lo usa la ley y la doctrina. Rodolfo O. Fontanarrosa, en su obra "Derecho comercial argentino" (parte general), en el Cap. XVI y sigts. cuando se refiere a la teoría de la representación, p. 319, expresa: "Que la representación surge cuando un individuo (representante, sujeto de la declaración de voluntad) ejecuta un negocio jurídico en nombre de otro (representado, sujeto del interés), de modo que el negocio se considera como celebrado directamente por este último, y los derechos y obligaciones emergentes del acto celebrado por el representante pasan inmediatamente al representado". Asimismo el notable jurista argentino, expresa que conviene ahondar en clarificar, la diferencia entre la actuación en nombre ajeno y la realizada en interés o por cuenta ajena. Expresa que actuar por cuenta ajena o (en interés ajeno) significa actuar para satisfacer fines o intereses de otro aunque la actuación se realice en nombre propio. Actuar en nombre ajeno significa hacer saber al tercero a quien se dirige una declaración de voluntad, que la actuación tiende a vincular a otro, aunque en último análisis esa actuación pueda venir a satisfacer un interés propio. "Puede haber, dice el doctor Fontanarrosa, actuación en nombre propio y en interés ajeno. Tal ocurre, por ejemplo, en el caso del 'comisionista'. que contrata dando su propio nombre y sin indicar el de su comitente; pero las consecuencias jurídicas del contrato que realice recaerán luego sobre este último. Así el comisionista está vinculado por una doble relación: con los terceros por una parte, y con su comitente por la otra; pero entre
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este último y aquéllos no existe relación directa". "Puede haber actuación en nombre y en interés ajenos. Es el caso del 'mandatario' que actúa dando el nombre del mandante. El contrato celebrado por aquél con los terceros, se considera como celebrado directamente por el mandante y por consiguiente, nace una relación directa entre éste y aquéllos". "En síntesis la representación existe solamente en los casos en que la actuación del sujeto de la declaración de voluntad, es decir, del que celebra materialmente el acto, se produce 'en nombre' del sujeto del interés y por consiguiente, las consecuencias jurídicas del acto celebrado se originarán y se cumplirán como si este último lo hubiese celebrado personalmente". Ello así, y frente a la teoría de la representación cabe señalar, que lo único que debe importar frente a una relación de representación es solamente el vínculo directo que se forma entre el representado y el tercero, no teniendo por qué preocuparse de las relaciones internas entre representante y representado, relaciones que son completamente distintas e independientes de la relación de representación. El jurista al que estamos siguiendo en este trabajo, explica que debe distinguirse la "representación propia" de la impropia. La llamada "representación impropia o indirecta, o mediata o representación de intereses o interposición gestoría", se da cuando el sujeto de la declaración de voluntad (mal llamado representante en este caso), la emite como voluntad propia, es decir, sin invocar que lo hace para servir un interés ajeno, de tal modo que los terceros con quienes trata ignoran esta circunstancia; y aunque la conociesen por otras vías sería indiferente, porque el negocio se ha celebrado sobre la base de que el agente actúa en nombre propio. En tal caso, los efectos jurídicos del negocio celebrado entre el agente y el tercero recaen sobre el celebrante, que es quien adquiere los derechos y contrae las obligaciones. Pero como consecuencia de las relaciones internas de esta denominada representación indirecta el agente (sujeto de la voluntad declarada al tercero) y el sujeto del interés quedan vinculados entre sí de tal modo que el primero debe transmitir al segundo los efectos activos (adquisición de derechos) del negocio celebrado con el tercero; pudiendo a la vez cargarle los efectos pasivos (asunción de obligaciones y responsabilidades), por lo que la utilidad y el riesgo del negocio celebrado por el llamado representante vienen a repercutir en última instancia sobre el representado. Pero el sujeto del interés (el llamado representado) sólo tiene acción contra el sujeto de la declaración de voluntad (representante o agente) para obligarlo a que le transfiera los resultados del negocio celebrado con el tercero o para que le indemnice los daños; ninguna acción directa tiene contra el tercero contratante. Los casos más comunes de representación indirecta son la comisión, la expedición y el seguro por cuenta ajena. La "representación directa o propia" se da cuando el sujeto de la declaración de voluntad, al celebrar el negocio con el tercero, emite la declaración en nombre del sujeto del interés, haciendo de ese modo conocer a su co-contratante que los efectos jurídicos y económicos del negocio recaerán directamente en su representado. Como consecuencia de tal declaración o del conocimiento de esa circunstancia por los terceros en los supuestos de representación tácita, el negocio produce directa e inmediatamente efectos entre el tercero contratante y el sujeto del interés (representado), los cuales tienen acciones directas y recíprocas para exigirse el cumplimiento de lo pactado o el resarcimiento de los perjuicios en su defecto. VII. Existe una serie de elementos que no pueden ser observados con indiferencia, desde que, se acepta la existencia de un negocio concluido: compraventa de semovientes entre actor y San Andrés S. A., como asimismo, se ha emitido una declaración de voluntad común relativa al objeto del contrato, precio y modalidades en el cumplimiento de la obligación, con excepción de la negación expresa de que el negocio haya sido concluido atribuyéndose el representante una delegación que adecuada al marco jurídico que estamos desenvolviendo, pretendiera ser "directa o propia", mientras que la contraria al basar su tesis en que acciona contra un verdadero comisionista, se acomodaría a la posición de que estamos frente a una "representación impropia o indirecta". No hallo en la causa elementos probatorios decisivos, que permitieran demostrar que el sujeto de la declaración de voluntad, al celebrar el negocio con el tercero "Eleodoro Berceche S. A.", ha emitido una declaración en nombre del sujeto del interés "Matadero y Frigorífico San Andrés" y que hubiera hecho conocer
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a su co-contratante que los efectos jurídicos y económicos del negocio recaerían directamente en su representado". Encuentro en la especie, caso de eventual representación voluntaria, que en el negocio concluido y en la esfera de relaciones de intereses que se crea entre representante y representado, no hay una constancia fehaciente de que éste voluntariamente haya conferido al representante el poder para emitir declaraciones de voluntad en nombre del primero (autorización representativa, poder o procura), que hubiese permitido que el representante emitiera frente a terceros las declaraciones de voluntad que estaría autorizado a formular en nombre de su representado (negocio representativo). Hemos dicho, que la representación se confiere mediante la procura, es decir mediante una declaración unilateral de voluntad que el representado dirige a los terceros que eventualmente hayan de celebrar negocios con el representante, en cuya virtud el otorgante manifiesta que hará suyos los efectos activos y pasivos del negocio concluido por el apoderado en nombre de aquél y dentro de los límites de los poderes conferidos. Esta procura, que sirve para acreditar al representante ante los terceros, puede ir unida al acto mismo en que el representante concluye el negocio representativo, o bien puede ser materia de un acto separado. En el caso, no hallo antecedentes de la existencia de una autorización otorgada por "Matadero y Frigorífico San Andrés" en favor de Agropecuaria Don Antonio y sus socios Villamañe y Luro, ni ahora, ni antes, ni nunca, pues la hipotética existencia de una representación anterior, conduciría con más facilidad a la existencia en este negocio de una procura tácita. Otro requisito necesario para la existencia de representación es la denominada "contemplatio domini", o sea la exigencia de que el representante haga saber a los terceros con quiénes trata, que el negocio lo celebra en nombre de otro; en otros términos, que su declaración de voluntad tiende a satisfacer un interés ajeno. Este conocimiento debe ser simultáneo o anterior al momento de celebrar el negocio representativo, si fuese posterior, carecería de eficacia, pues el acto quedó perfeccionado entre el tercero contratante y el representante, pero no como negocio representativo, sino como realizado por este último en nombre propio. Sostiene Fontanarrosa, ob. cit. p. 340, que no siempre es necesaria una declaración solemne o formal de actuar en nombre ajeno, pues también aquí se admite la posibilidad de que esa actuación sea fácilmente inferible de las circunstancias objetivas y subjetivas que acompañan a la conclusión del negocio, tales como las "relaciones anteriores de negocios, el lugar de la contratación, el empleo de papeles con membrete, la exhibición del documento de mandato, etc.". Lo corriente es el empleo de la firma social por quien tiene el uso de ella, o bien la firma del celebrante precedida de las enunciaciones "por poder", "por mandato" en "representación de" u otras equivalentes. Fuera del campo de las facultades otorgadas por el poder, no existe representación y el negocio celebrado por el representante excediéndose de los límites de la representación no obliga al representado. No obsta a lo expresado precedentemente, la circunstancia, que el boleto de fs. 12, deje establecido, que Eleodoro Berceche, vende su hacienda a Matadero y Frigorífico San Andrés S. A., quien figura como comprador en el boleto, siendo suscripto el mismo por el propio Berceche como vendedor y directamente como comprador Villamañe. Es este último el que ha quedado vinculado, pues ha actuado en nombre propio y aun cuando lo haya hecho en interés ajeno. No ha perfeccionado una vinculación del supuesto mandante con el tercero, por la que quedarán obligados ambos entre sí. Villamañe ha emitido la declaración, no en nombre del sujeto de interés, sino en nombre propio, aun cuando pudiera haber actuado en interés ajeno. VIII. Ello así, nos encontramos en el "sub examine" frente al típico negocio de comisión, contrato no formal, especie de mandato comercial, en el cual la sociedad de hecho "Agropecuaria Don Antonio" y sus socios integrantes Alfredo E. Villamañe y Juan C. Luro, actuando por cuenta ajena, lo han hecho en relación al negocio determinado, (compraventa de hacienda) en nombre propio. El negocio, ha sido reconocido expresamente por la parte demandada, o sea la compraventa de hacienda instrumentada en la documentación acompañada por la actora. El contrato es válido tanto en cuanto a su objeto como al elemento precio. Asimismo el saldo debido haya sido reconocido expresamente por la demandada, el que asciende a la suma de AA 7.876.52.
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Se ha solicitado expresamente, que dicha acreencia, sea repotenciada para evitar que el valor original pactado se desnaturalice debido a la fuerte inflación que viene deteriorando nuestra economía. Dicha actualización debe extenderse hasta la fecha del dictado de esta sentencia, acompañada con un interés a la tasa pura del 6 % y desde allí hasta el efectivo pago, la que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento. El demandado es moroso en el cumplimiento del saldo debido, desde la propia fecha inserta en el contrato de compraventa, pues se opera la mora en pleno derecho, pactada tácitamente por los contratantes, pues se trata de una obligación a plazo con fecha de vencimiento señalada (art. 509, Cód. Procesal). Ello así, haciendo uso de los índices proporcionados por el Indec, cabe señalar que para el día 8/7/87 regía el índice 19,51 y para el mes de agosto de 1990, mes anterior al del dictado de esta sentencia, se hallaba en vigor el índice 82.372,40, de manera, que el coeficiente obtenido resulta: 4.222,06 el que multiplicado por el saldo reclamado de AA 7.876,52, nos da una suma actualizada a la fecha de este fallo de AA 33.255.140. Los intereses a la tasa pura, deben comenzar a computarse, desde la fecha en que vencía el saldo de precio reclamado. Voto por la negativa. Los doctores Scheines y García Festa, por los mismos fundamentos, votaron en igual sentido. 2ª cuestión. -- El doctor Locatelli dijo: Atento el resultado a que se ha arribado al tratar la cuestión primera considero que corresponde revocar la sentencia recurrida de fs. 180 y en consecuencia hacer lugar a la demanda deducida por "Eleodoro Berceche S. A." contra "Agropecuaria Don Antonio" y Alfredo E. Villamañe y Juan C. Luro, condenando a estos últimos a abonar al primero la suma de AA 33.255.140, actualizada a la fecha del dictado de este fallo, con intereses al 6 % anual por todo el tiempo de la actualización y desde allí hasta el efectivo pago, la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de descuento. Las costas de todo el juicio a los demandados vencidos en el mismo (art. 68, Cód. Procesal). Los doctores Scheines y García Festa, por los mismos motivos, votaron en igual sentido. En el acuerdo que precede ha quedado resuelto que no es justa la sentencia apelada de fs. 180/186 (arts. 1071, 1874, Cód. Civil; 509, Cód. Procesal; 221, ap. art. 1°; 222, 233, Cód. de Comercio). Por ello, se revoca y se hace lugar a la demanda deducida por "Eleodoro Berceche S. A." contra "Agropecuaria Don Antonio" y Alfredo E. Villamañe y Juan C. Luro, condenando a estos últimos a abonar al primero la suma de AA 33.255,140, actualizada a la fecha del dictado de este fallo, con intereses al 6 % anual por todo el tiempo de la actualización y desde allí hasta el efectivo pago, la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de descuento. Las costas de todo el juicio a los demandados vencidos en el mismo (art. 68, Cód. Procesal). -- Jorge E. Locatelli. --Osvaldo García Festa. -- Gregorio Scheines. (Sec.: Gustavo J. Salvatori Reviriego).
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