Regulacionismo y Escuela Latinoamericana del Desarrollo (La visión institucionalista al servicio servicio de la integración latinoamericana) latinoamericana)
Armando Di Filippo Email:
[email protected] Página web: www.difilippo.cl 1. Plan Plantea teami mien ento to gene general ral El objeto de esta ponencia es, en primer lugar, examinar los elementos convergentes que existen entre dos visiones institucionalistas de la economía política: la teoría regulacionista francesa y la escuela latinoamericana del desarrollo. Esta convergencia no es casual, y se asocia con las fuentes teóricas y metodológicas que han alimentado ambas visiones. En segundo lugar se intenta aplicar estas categorías compatibles al estudio de dos estrategias de integración sudamericana que son alternativas y abogar por una de dichas estrategias integracionistas como la preferible para las exigencias del desarrollo del siglo XXI, tanto a nivel sudamericano, como al de las naciones componentes del subcontinente. En tercer lugar, pretende examinar la contribución que la política económica argentina puede prestar a ese desarrollo (Para una aplicación de la Teoría de la Regulación a la comprensión del desarrollo histórico argentino véase Neffa Julio, 1998). 2. Las Las categ categor oría íass de análi análisi siss La idea es demostrar la compatibilidad entre las categorías teóricas fundamentales de la Teoria de la Regulación (TR) y de la Escuela Latinoamericana del Desarrollo (ED). Los puntos a examinar con mayor detenimiento son los grados de correspondencia que existen entre: a) el concepto (de la TR) de modo de producción y el concepto (de la ED) de capitalismo periférico; b)Los conceptos (de la TR) de formas institucionales y sus consecuencias en un dado modo de regulación versus los conceptos (de la ED) de estructura de poder y sus consecuencias sobre el proceso de ajuste de la pugna distributiva en las formas periféricas del capitalismo. Los énfasis especiales que, dentro de una común visión institucionalista, caracterizan a la Escuela Latinoamericana del Desarrollo, son a) Tomar como punto de arranque del análisis histórico a la economía global mundial estratificada en un sistema compuesto por centros y periferias; b) Tomar como punto de arranque del análisis interpretativo a las formas de difusión internacional del progreso técnico y a las modalidades de distribución de los incrementos de productividad, tanto entre centros y periferias como en el interior de las propias periferias. p eriferias. Estos dos rasgos centrales cen trales son bien resumidos por Aldo Ferrer, uno de los más distinguidos representantes de la Escuela Latinoamericana del Desarrollo: “Fue Raul Prebisch quien difundió a fines de la década de 1940, las expresiones centro y periferia para caracterizar la división internacional del trabajo entre países industriales y economías abastecedoras de alimentos y materias primas. La periferia estaba compuesta por economías satélites de los centros. La transformación de los sistemas productivos de los países periféricos estaba seriamente limitada por su especialización en la producción primaria y su dependencia del abastecimiento de manufacturas diversas, máquinas, equipos y tecnologías”. “Esta relación, según Prebisch, no era conveniente a la periferia porque, entre otras razones, determinaba una concentración de los frutos del progreso técnico en los centros (vía el deterioro de los términos de intercambio de la producción primaria) y generaba una 1
tendencia sistémica al déficit externo en la periferia (debido a la distinta elasticidad de la demanda de manufacturas respecto a la correspondiente a los alimentos y materias primas). La solución consistía, entonces, en la industrialización y la transformación del comercio exterior”. “Esta visión reflejaba la experiencia de Argentina y América Latina y abarcaba, también, buena parte de la correspondiente a Asia y Africa. De allí la gran repercusión que las ideas de Prebisch tuvieron en los tres continentes donde predomina el subdesarrollo”. (Ferrer, 1997:25). Como veremos enseguida, la evolución de las ideas de Prebisch, le permitió a partir de esta visión inicial, desarrollar posteriormente, su propuesta teórica sobre la índole específica del capitalismo periférico. Estos son los grandes matices de la escuela latinoamericana del desarrollo, con énfasis diferentes a los que se expresan en la TR, preocupada naturalmente de otras tendencias: las que derivan del carácter predominantemente endógeno de las fuentes del desarrollo europeo, particularmente las relacionadas con el progreso técnico y con las reglas internacionales de juego del orden capitalista en los centros y con sus repercusiones a escala global.
Modo de producción y capitalismo periférico Según el regulacionismo francés el modo de producción se caracteriza como “toda forma específica de relaciones de producción y de intercambio, es decir las relaciones sociales que rigen la producción y la reproducción de las condiciones materiales requeridas para la vida de los hombres en sociedad”. En este marco genérico se especifica el modo de producción capitalista como “una forma bien precisa tanto de las relaciones de intercambio como de producción. En primer lugar, la relación de intercambio reviste la forma mercantil; la obligación de pago en moneda instituye, al mismo tiempo, la restricción monetaria y el sujeto mercantil. En segundo lugar, la separación de los productores directos de sus medios de producción y la obligación con que se encuentran, entonces, de vender su fuerza de trabajo, definen la especificidad de las relaciones de producción capitalistas e, incluso, de la relación salarial en general”(Boyer y Saillard [compiladores], 1996: 208 y 209). La terminología regulacionista citada se deriva de las visiones de Marx sobre el modo de producción capitalista, pero los conceptos contenidos en esa terminología distan bastante de encuadrarse en la filosofía de la historia propia del materialismo histórico: “La filiación con las relaciones de producción de Marx es clara, pero se ha abandonado la correspondencia entre las relaciones de producción y el estado de las fuerzas productivas, así como la dicotomía entre estructura económica y superestructura jurídica y política. En el modo de producción capitalista la forma de las relaciones de producción y de intercambio, impone la primacía del valor de cambio sobre el valor de uso y hace de la acumulación un imperativo del sistema. La TR de la regulación no infiere de ello, sin embargo, la existencia de una relación simple e invariante entre el modo de producción capitalista y las formas de acumulación” (Boyer y Saillard, 1996a: 58). El concepto de capitalismo periférico en la versión de la Escuela Latinoamericana del Desarrollo es plenamente asimilable a la concepción de la teoría regulacionista, pero se 2
específica en el marco de la visión centro periferia, la que constituye quizá la primera concepción globalizante de las relaciones internacionales planteada en el contexto de las teorías del desarrollo. Por lo tanto el concepto de modo de producción se acepta por parte de la escuela latinoamericana pero se encuadra en la condición periférica, dando lugar, así, al concepto de capitalismo periférico. La estructura y dinámica del capitalismo periférico es desarrollada por Prebisch acudiendo al concepto de poder y centrando el tema en el impacto del progreso técnico generado en los centros y en su distribución social, tanto entre centros y periferias como en el interior de las propias periferias. Efectuando una comparación entre el concepto de capitalismo en la visión de Marx y el concepto de capitalismo periférico observa Prebisch: “A Marx le interesaban los fenómenos de la evolución de la técnica productiva y su influencia dominante sobre las relaciones de producción y la superestructura político social. Pero no entraron en su horizonte mental, ni creo que pudieran haber entrado en su tiempo, los fenómenos de penetración de la técnica en la periferia de la economía mundial y las contradicciones que les acompañan. Sin embargo considero que el método de análisis marxista podría contribuir al esclarecimiento de esos fenómenos y de las consecuencias de los cambios que la penetración de la técnica trae consigo en la estructura económica así como en la superestructura social y política”. “Hay que hacer una distinción entre marxismo como crítica científica del capitalismo y marxismo como ideología política de la transformación”. (...) “Marx ha insistido mucho en la tendencia automática a la acumulación de capital gracias a la plusvalía. Recuérdese su desdén sarcástico por las teorías de la abstinencia de consumo para acumular, del sacrificio capitalista de la acumulación. Creo que esta tendencia ha sido y sigue siendo típica en el desarrollo capitalista de los centros. El gran problema que allí se plantea es más bien de distribución del ingreso y sus tendencias conflictivas, pues si bien hay grandes necesidades de capital aún insatisfechas, sobre todo de capital social, su satisfacción es compatible con la evolución ulterior del capitalismo”. “En el capitalismo periférico, por el contrario, la acumulación es claramente insuficiente frente a la presión del consumo privilegiado, a la exigencia de creciente densidad de capital que la técnica productiva trae consigo, y al incremento extraordinario de la población. Plantéanse así dos exigencias contradictorias: la de la distribución, con caracteres muchos más agudos que en los centros y la de una ingente acumulación de capital”. “¡Exigencias contradictorias que presentan un dilema muy serio!. O se emplea el excedente de que se apropian los estratos superiores y se succiona por los centros, en redistribuir el ingreso, o se destina a la acumulación de capital, sin lo cual no podrá ampliarse el aparato productivo y absorber con creciente productividad a los estratos postergados. En otros términos, hay un conflicto entre la redistribución inmediata del ingreso, de índole precaria y transitoria y de limitado alcance, y la redistribución dinámica que es la única forma de acrecentar continua y persistentemente el ingreso de las masas” (Prebisch 1981:20-22).
Formas institucionales, modos de regulación y dinámica de las crisis Dentro de la teoría regulacionista el concepto de modo (o formas) de regulación se especifica como: “Todo conjunto de procedimientos y de comportamientos individuales y 3
colectivos que tengan la propiedad de: -reproducir las relaciones sociales fundamentales a través de la conjunción de formas institucionales históricamente determinadas; -sostener y “conducir” el régimen de acumulación vigente; -asegurar la compatibilidad dinámica de un conjunto de decisiones descentralizadas, sin que los actores económicos estén interiorizados de los principios del ajuste del conjunto del sistema” (Boyer, 1986: 54-55). En una aplicación más dinámica y actualizada del concepto agrega Boyer: “Con ese término se pretende insistir sobre el proceso dinámico de ajuste de los desequilibrios cotidianos y el carácter parcial de los procedimientos que codifican las formas institucionales. En efecto sólo la experiencia permite juzgar ex post la viabilidad de un modo de regulación. Con relación al neoclasicismo fundamentalista, significa reemplazar primero el equilibrio estático por el análisis de los procesos dinámicos de reabsorción de los desequilibrios que engendra permanentemente la acumulación, luego insertar los mercados en una serie de dispositivos institucionales, que socialicen tanto la información como los comportamientos; finalmente, consiste en restringir la racionalidad de los agentes a las informaciones y capacidades cognitivas de que disponen verdaderamente. En resumen adoptar una racionalidad ubicada en tiempo y espacio, iluminada por una densa red de instituciones. Se abre así la posibilidad de que el modo de regulación difiera fuertemente según la época y el lugar y que no sea la proyección de un mismo modelo de equilibrio general, con las imperfecciones y fricciones que introducirían las especificidades nacionales”. “Un modo de regulación pone en acción un conjunto de procedimientos y de comportamientos individuales y colectivos que deben reproducir simultáneamente las relaciones sociales por medio de la conjunción de formas institucionales históricamente determinadas, y sostener el régimen de acumulación vigente. Más aún, un modo de regulación debe asegurar la compatibilidad entre el conjunto de decisiones descentralizadas, sin que resulte necesaria, por parte de los agentes, una interiorización de los principios que gobiernan la dinámica de conjunto del sistema. Esta definición refuta la distinción entre economía pura y social. Es la imbricación de la esfera económica en un espacio más amplio que, en todo caso, permite eliminar la indeterminación a la que conduciría una lógica económica pura. Gracias a este encastramiento, es posible superar las crisis estructurales que de otro modo serían aún más devastadoras”. “Se han propuesto tres principios de acción de las formas institucionales para analizar su papel de canalización de los comportamientos individuales y colectivos: primero la ley, la regla o el reglamento, es decir, un principio de restricción; luego el compromiso, es decir, un principio de negociación; y finalmente la comunidad de un sistema de valores o de representaciones, es decir, un principio de rutina”. (61) Sin poder profundizar, dentro de los límites de esta ponencia, en los rasgos conceptuales más profundos de estas visiones, y sin querer forzar innecesariamente convergencias que puedan resultar aparentes, podría sugerirse, sin embargo, que la idea de formas de poder en Prebisch se acerca bastante a los principios de acción que modelan la idea de formas institucionales en Boyer. Veamos: en la visión latinoamericana de Prebisch, el poder político del Estado y el Poder Sindical se ejercen apoyados principalmente en el principio de restricción; el poder económico de los controladores de los medios productivos se apoya en los principios de restricción gestados por el orden legal (derechos de propiedad por ejemplo) pero se ejerce a través de los mercados mediante el principio de 4
negociación; y finalmente el poder social apoyado en las diferentes formas de la educación y de la integración a un orden cultural, se ejerce, por un lado, a través de la oferta de calificaciones que se cotizan en el mercado mediante el principio de negociación, y, por
otro, actúa más ampliamente en el plano cultural a través de la exteriorización de sistemas de valores o representaciones que modelan, mediante la creación de hábitos apoyados en el principio de rutina, a la opinión pública. En la Escuela Latinoamericana se ha enfatizado el estudio de las crisis estructurales que, precisamente, niegan la posibilidad de una autorregulación espontánea, vía mercado, del sistema económico tal como lo pretende la visión típicamente neoclásica. En la síntesis del tema que Prebisch efectúa en su libro póstumo (que estamos citando), la sucesión de crisis estructurales va dando lugar al desarrollo e interacción de formas de poder que inciden sobre el papel regulador del Estado. La tesis fundamental de ese libro es precisamente que la inequidad del desarrollo periférico latinoamericano conduce inexorablemente a crisis estructurales reiteradas a medida que la democratización periférica exacerba una pugna distributiva incompatible con la lógica de expansión del capitalismo periférico: “Hemos visto más arriba como el poder político, que se
circunscribía primeramente a los estratos superiores, se va extendiendo sobre todo a los estratos intermedios, y llega eventualmente a los estratos inferiores. Sin embargo, por más que ello ocurra, sigue siendo considerable el poder político de los estratos superiores. Pues mientras se extiende de esta manera el proceso político, se acentúa también la concentración del poder económico. Y aún cuando las consecuencias de tal proceso vayan atenuando el ritmo de crecimiento del excedente, éste sigue dilatándose, y los estratos superiores, gracias a ello, disfrutan cada vez más de la sociedad privilegiada de consumo. Tendrán que ir cediendo a la presión redistributiva que proviene de abajo, pero su poder político suele ser más que suficiente para defender las bases institucionales sobre las que se sustenta su creciente poder económico” (84). El concepto regulacionista de modo de regulación se basa, precisamente, en postular la carencia de un principio regulador que brote espontáneamente del mercado. Por oposición, se destaca el desarrollo conflictivo de formas institucionales históricamente determinadas que van dando forma a modos de regulación específicos, no limitados a las dimensiones económicas del tema. En este punto, relacionado con las formas conflictivas, hay una creciente convergencia entre ambas escuelas de pensamiento porque tanto Boyer como Prebisch han insistido en el papel de las crisis en el cambio de las formas institucionales. Véase por ejemplo esta caracterización de Boyer: “De manera opuesta, hay épocas en cuyo decurso no está asegurada la compatibilidad de las formas institucionales con la dinámica económica. Ninguna automaticidad rige el paso de la depresión al crecimiento, y en general se abre un período de búsqueda al tanteo de estrategias de salida de crisis, tendientes a reformar una parte o la totalidad de las formas institucionales precedentes. Para distinguirlas mejor [a estas crisis] de las anteriores, calificaremos a las que afectan la regulación y el régimen de acumulación como crisis estructurales o grandes crisis. Se distinguen dos tipos de crisis estructurales, según su origen esté en la regulación o en el régimen de acumulación. Los indicadores de ellas son la incapacidad de las ganancias para restablecerse y para permitir la recuperación de la acumulación, la destrucción de las formas sociales que sostenían hasta entonces la acumulación, la disolución de los determinismo económicos, el aumento de los conflictos sociales y políticos nacionales y 5
también internacionales. Estos índices permiten, y han permitido, un diagnóstico en tiempo real de la entrada en una crisis estructural. Por otra parte la forma de estas crisis varía con los regímenes de acumulación, de manera que esa taxonomía aclara por qué la crisis actual no es la reproducción de la de 1929 y cómo, por otro lado, una recuperación coyuntural, incluso vigorosa (1984-1989), no significa la emergencia de una nueva configuración viable de las formas institucionales” (63). También en Prebisch se encuentra la referencia a las crisis como el factor histórico que gatilla transformaciones en las formas institucionales y, consecuentemente, en el modo de regulación: “La tesis acerca de la inevitable contradicción entre procesos económico y proceso político en el capitalismo periférico, así como otras conclusiones de mis artículos anteriores ha suscitado comprensibles objeciones. Suele aducirse, en efecto, que mi interpretación concierne a ciertos países más avanzados de la periferia, pero que en ninguna forma podría extenderse a los otros. Conviene desde ahora esclarecer este punto”. “Hay países que se encuentran en una etapa de las mutaciones de la estructura social en que cobra aliento el proceso de democratización con todas aquellas consecuencias redistributivas que llevan finalmente a la crisis. Se trata de una etapa avanzada que no ha de confundirse con etapas precedentes”. “En otros países se observa, por lo contrario, que en la estructura socia domina el poder de los estratos superiores, y el proceso de democratización y la pugna distributiva no se manifiestan todavía, o son incipientes.” “Finalmente, en otros casos se desenvuelve el proceso de democratización pero encuentra fuertes obstáculos. La democracia suele presentarse allí con atributos formales, pero está manipulada desde arriba de distintas maneras, entre ellas la cooptación de dirigentes potenciales que podrían amenazar los intereses de los estratos superiores o la combinación oligárquica de partidos en defensa de tales intereses”. “El régimen de apropiación y compartimiento del excedente existe en todos esos casos aunque en distintos grados de evolución. Este régimen es inherente al capitalismo periférico, cualquiera que fuese la etapa de sus mutaciones estructurales. Y si he puesto el acento en la crisis es para subrayar que en el curso de las mutaciones estructurales se presenta una clara tendencia hacia ella”. Nótese de qué manera Prebisch enfatiza la crisis principal del capitalismo periférico en términos de sus contradicciones con el desarrollo de la democracia periférica. Esta “inevitable contradicción entre el proceso económico y el proceso político” o, más específicamente, entre capitalismo y democracia periféricas, es otro rasgo específico que no está presente en las consolidadas democracias europeas de hoy. Por lo tanto, tampoco se enfatiza dentro de las interpretaciones de la TR. Para un examen más detallado de las contradicciones entre capitalismo y democracia dentro de las sociedades latinoamericanas véase Di Filippo (1991).
La caracterización de las formas institucionales en las dos Escuelas bajo análisis La forma institucional de adhesión al régimen internacional , es concebida por la escuela regulacionista como “la conjunción de reglas que organizan las relaciones entre el Estado-nación y el resto del mundo, tanto en materia de intercambio de mercancías como de localización de la producción, vía la inversión directa o por financiamiento de los flujos y saldos externos (Boyer, 1986, p.51). 6
Evidentemente dentro de la escuela latinoamericana este conjunto de reglas está regido por la lógica de los sucesivos sistemas de relaciones internacionales desde la Revolución Industrial Británica hasta la fecha, todos ellos signados por las asimetrías estudiadas en la Visión Centro Periferia. Dada la fuerte subordinación de la economía latinoamericana al progreso técnico y a las reglas de juego de la economía mundial gestadas en los centros, resulta claro el papel estratégico que esta forma institucional desempeña en el desarrollo de América Latina. Las formas institucionales del Estado son caracterizadas por el regulacionismo como
“conjunto de compromisos institucionalizados que una vez logrados, crean reglas y regularidades en la evolución de los gastos y de los ingresos públicos”. Más recientemente Boyer amplió esa caracterización : “Las formas del Estado muestran como se inserta en la dinámica económica la organización de las autoridades públicas. La complejidad de los compromisos que originan la acción pública excluye las interpretaciones funcionalistas de las acciones del Estado. La configuración del Estado está dotada de una autonomía bastante amplia en materia de codificación del régimen monetario, de las formas de la competencia, y de la relación salarial ”.(60). De esta manera Boyer anticipa las tres formas institucionales restantes que han sido privilegiadas en su análisis, como resultantes del poder regulador del Estado que dimana precisamente de la detentación de las formas políticas del poder. En el caso de la Escuela Latinoamericana del Desarrollo, Prebisch establece de manera muy clara la relación entre la forma Estado y la forma política del Poder: “El Estado como órgano político del sistema, y sujeto por tanto a los cambios en la estructura de poder, tiene considerable importancia en la distribución del fruto de la mayor productividad mediante los servicios que presta, la ocupación correspondiente y los ingresos que general, así como los impuestos que costean esos servicio. Y esos servicio que presta tienen mayor o menor influencia en la productividad del sistema”. “Desde el punto de vista de la distribución, el Estado representa una expresión de las relaciones de poder vigentes”. “Mientras en la órbita del mercado la demanda de bienes y servicios se ejerce mediante el gasto del ingreso personal, como quiera que este haya sido distribuido, en la órbita del Estado la vinculación entre ingresos y servicios es diferente. En efecto, salvo algunos casos, los servicios que presta el Estado se cubren con recursos fiscales, que no se extraen necesariamente del ingreso de quienes reciben los servicios sino de otros grupos sociales. Así, pues, algunos de estos grupos pueden obtener una cuota importante de servicios que pagan otros grupos sociales”. “En uno y otro caso se reflejan la composición del poder político y los cambios que experimenta con las mutaciones estructurales. Así pues, al poder dominante de los estratos superiores va enfrentándose el de los estratos intermedios conforme avanza el proceso de democratización, y finalmente el de los estratos inferiores”. (82) La forma institucional moneda o régimen monetario es caracterizada por la visión regulacionista como “la modalidad que reviste, para un país y una época dados, la relación social fundamental que instituyen los sujetos mercantiles... la moneda no es una mercancía particular sino una forma de poner en relación con los centros de acumulación, asalariados y otros sujetos mercantiles” (Boyer, 1986, p.48). Y, en análisis más recientes se agrega: 7
“Numerosas modalidades de restricción monetaria son posibles. Existen a priori tantos regímenes monetarios como formas de compensar déficit y excedentes entre actores económicos. Esta forma institucional desborda los límites nacionales para afectar también las relaciones con espacios más vastos de circulación y de intercambio. La imbricación de las formas institucionales entre si, supone para la TR, un rechazo de las explicaciones unívocas de los fenómenos económicos. De esta manera, el origen de la inflación no puede ser solamente monetario, así como el dinero no puede ser “neutro”” (Boyer y Saillard, 1995: 58). La importancia del régimen monetario y el papel de la inflación en la evolución de las crisis del desarrollo latinoamericano es absolutamente clave en la Escuela Latinoamericana del desarrollo. No sólo Prebisch, sino también Ferrer, Pinto y Sunkel, entre otros contribuyeron a ese análisis. Es interesante reproducir algunos párrafos de Prebisch para verificar en que medida también la Escuela Latinoamericana coincide en que el origen de inflación no puede ser solamente monetario ni el dinero puede ser neutro. Dice Prebisch: “La compresión de las remuneraciones, por más que permita atacar la inflación de índole social, no resulta eficaz para eliminar la inflación debida al déficit del Estado. Y si no se corrige el déficit, puede continuar la inflación siempre que no vulnere el crecimiento del excedente. Cumplida esta condición el sistema demuestra tolerancia a este tipo de inflación dentro de ciertos límites”. “La corrección del déficit, en la medida en que no se reducen los gastos e inversiones del Estado haría necesario, en plena ortodoxia fiscal, aumentar la carga tributaria. Pero los estratos superiores son renuentes a afectar en esta forma la plenitud del excedente. Y si hay resistencia asimismo a la reducción de los gastos e inversiones del Estado, sólo queda seguir cubriendo inflacionariamente el déficit”. “En fin de cuentas, esta inflación es claramente regresiva. Pues mientras se evita comprimir con el impuesto el consumo de quienes están en condiciones más holgadas para soportarlo, se comprime el de la fuerza de trabajo y otros grupos sociales. Tal es la consecuencia socioeconómica de un hecho político: la supresión del poder distributivo de la fuerza de trabajo”. (Prebisch 1981: 145). Las Formas Institucionales de la Competencia, indican, para la TR: “de qué manera se
organizan las relaciones entre los productores. La TR se dedica más particularmente al análisis de las formas de la competencia susceptibles de generar la transformación de los regímenes de acumulación” (Boyer y Saillard, 1995: 59). Este tema ha sido vastamente explorado por la Escuela Latinoamericana del Desarrollo y se deriva directamente del modus operandi del capitalismo periférico. En la interpretación de Prebisch la imitación de la técnica productiva y de las modalidades de consumo provenientes de las economías centrales, genera círculos viciosos que generan una competencia empresarial cada vez más asimétrica y reducen cuantitativa y cualitativamente las posibilidades de la acumulación: “Cabe señalar que estos fenómenos de diversificación del consumo no se dan solamente en los estratos superiores de ingresos, sino cada vez más en los tramos más altos de los estratos intermedios y tienden a difundirse hacia abajo, pero con muy diferentes grados de intensidad”. “La demanda de estos bienes más eficaces, provenientes de nuevas capas técnicas, tiende a eliminar la de bienes de capas técnicas inferiores que requieren menos capital, y que con frecuencia absorben más fuerza de trabajo, esta sustitución de capas técnicas es una 8
características del desarrollo y suele ser conveniente desde el punto de vista de la satisfacción individual. En el capitalismo periférico, se trata, sin embargo, de una sustitución prematura que satisface especialmente a quienes tienen privilegios distributivos”. Más aún, esa eliminación prematura de capas técnicas inferiores significa desperdiciar el capital ya invertido en ellas, cuyos bienes se producen generalmente dentro del país en cuestión”. (Prebisch 1981: 67) Respecto de la Forma Institucional Relación Salarial , los teóricos regulacionistas le conceden un lugar privilegiado debido a que “caracteriza el tipo de apropiación del plusvalor en el modo de producción capitalista. Los análisis históricos y las comparaciones internacionales han permitido distinguir varias formas de relación salarial: competitiva, cuando el consumo de los trabajadores no está insertado en la producción capitalista. Tayloriana, cuando la organización del trabajo permite una producción masiva, sin que el modo de vida de los asalariado se vea profundamente modificado; Fordiana, que conjuga el desarrollo de normas de consumo y de normas de producción”. (Boyer y Saillard 1995: 59) Nótese que en esta diferenciación de formas de relación salarial, se está haciendo referencia a diferentes períodos en la historia de las relaciones de trabajo de los centros. La denominada relación competitiva corresponde a las formas más extremas de explotación de los trabajadores, bajo las condiciones propias del Estado Manchesteriano que provocaron los terribles abusos de la primera fase de la industrialización capitalista durante el siglo XIX. La segunda fase así denominada Tayloriana ya corresponde a los tiempos modernos inmortalizados por Chaplin donde la organización científica del trabajo, ya instalada, todavía no modificaba profundamente las condiciones de vida de los trabajadores. Por último la versión Fordiana, ya corresponde a la fase de la economía keynesiana donde la consideración de la demanda efectiva y el desarrollo del Estado de Bienestar vinculaba orgánicamente el desarrollo de la productividad del trabajo con el crecimiento paralelo de los salarios. Este punto es central en la teorización de la ED. Ya en los trabajos fundacionales de Prebisch redactados a fines de la década de los cuarenta, el punto central ha sido el de las formas de apropiación de los incrementos de productividad derivados del progreso técnico. Y allí podemos distinguir tres períodos: Durante la fase plena de las economías exportadoras de productos primarios, los incrementos de la productividad laboral en dichas actividades, se traducían en aumentos de la oferta y disminución de los precios internacionales de los productos primarios. Los trabajadores latinoamericanos carecían de la capacidad de organización sindical como para reclamar aumentos de salarios paralelos a los aumentos de productividad que se producían en sus actividades productivas. Durante el período de industrialización por sustitución de importaciones, comienza a manifestarse los mecanismos de pugna social por la apropiación de los frutos de la creciente productividad a través de los mecanismos que han sido descritos en el trabajo de Prebisch reiteradamente citado en estas notas. Los trabajadores ubicados en el sector primario siguen cediendo parte de los frutos de 9
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su productividad vía baja de precios en el orden internacional y los trabajadores industriales participan de la pugna distributiva por una cuota superior del excedente global, con los ciclos y crisis que han sido motivo de comentarios anteriores. Por último en el siglo XXI, las formas de apropiación y utilización del excedente ya no se verifican fundamentalmente a través de los términos de intercambio de las actividades involucradas, sino también vía inversión directa extranjera en el marco del proceso de globalización que examinaremos en la sección siguiente (Véase Di Filippo 1998).
3. Su aplicación al enfoque de la integración latinoamericana. Las formas institucionales que plantea la teoría francesa de la regulación (TR) en la versión liderada por Robert Boyer fueron ordenadas, en el punto anterior, siguiendo la secuencia lógica e interpretativa de la escuela latinoamericana del desarrollo (ED) en la versión sintetizada por el “último Prebisch”. La idea fue demostrar que el concepto de formas institucionales, es compatible con las categorías genéricas de la ED presentada en la sección anterior y permite concretizarlas históricamente en el planteamiento de una estrategia de desarrollo global para Sudamérica. Dicha estrategia, por predicarse para el subcontinente sudamericano en su conjunto, implica la integración profunda de las naciones sudamericanas. Las formas institucionales que volveremos a examinar por turno son las mismas: a) Régimen internacional; b) Formas del Estado; c) Moneda; d) Formas de la Competencia; e) Relación salarial. Todas estas categorías se examinarán a la luz de dos estrategias de integración alternativa, una hemisférica que podríamos denominar unidimensional o mercadista, y otra sudamericana que podríamos denominar multidimensional o societal (Di Filippo y Franco, 2000). El régimen internacional ante los dos tipos de integración regional La integración regional unidimensional o mercadista, se refiere fundamentalmente a los, hoy, denominados acuerdos de libre comercio que pueden ser ejemplificados con acuerdos hemisféricos ya suscritos como el ALCAN o en proceso de suscripción como el ALCA. La filosofía de estos acuerdos se inscribe en la lógica del comercio libre o abierto propugnada desde la Organización Mundial del Comercio y las instituciones de Bretton Woods. Se trata, en realidad, de acuerdos preferenciales de mercado, orientados a extender las disciplinas comerciales del GATT a un escenario muchos más vasto y complejo, que incluya no sólo el comercio de mercancías, sino también las transacciones en servicios, las patentes tecnológicas y, sobre todo, los movimientos de capital productivo y financiero. Este cambio deriva, como es hoy generalmente admitido, de la revolución de las tecnologías de la información que ha promovido un proceso de globalización económica caracterizado por un fortalecimiento de los grandes jugadores transnacionales que operan en la producción de bienes y servicios, y en un paralelo debilitamiento de los poderes nacionales para fijar sus políticas públicas. En resumen estos acuerdos mal llamados de libre comercio abarcan las principales transacciones de bienes, servicios y factores con excepción de los movimientos de fuerza de trabajo. Por lo tanto se encuadran dentro de lo que podríamos denominar una globalización mercadista o unidimensional. Su racionalidad fundamental es la del capitalismo global, y generan las condiciones para un fortalecimiento de una nueva versión, tecnológicamente diferente, del relacionamiento centro-periferia.
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La integración regional multidimensional o societal, por contraste con la anterior,
se refiere fundamentalmente a los hoy denominados acuerdos subregionales que pueden ser ejemplificados con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). La filosofía de estos acuerdos se inscribe en la lógica de la integración profunda al estilo de la UE. Se trata en realidad de un gran esfuerzo por expandir los espacios no sólo económicos, sino también sociales, políticos, y culturales de las sociedades nacionales que se integran. En consecuencia, de manera explícita, colocan el tema de la integración política como un objetivo incluido en el proceso, y eso determina que la primera condición, irrenunciable para el fortalecimiento y legitimación de los procesos, es la defensa de la democracia de los países que se integran. No sólo incluyen negociaciones sobre todos los rubros económicos ya citados en el caso de los acuerdos unidimensionales o mercadistas, sino que, además, abarcan otros tipos de acuerdos orientados a la integración de los mercados de trabajo, y por lo tanto a la creación de una ciudadanía social comunitaria. Su fundamento legitimador básico es la democracia y los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, en la línea de los esfuerzos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, también coinciden en promover una globalización multidimensional, capaz de quebrar la hegemonía que los actuales procesos económicos del capitalismo global, ejerce sobre los procesos políticos, sociales y ambientales de carácter global. Un punto central de la estrategia multidimensional es la recuperación del control subregional sobre la elaboración de políticas públicas por parte de las áreas en proceso de integración. En relación con estos temas que no es posible desarrollar dentro de los límites de esta ponencia, observan Ffrench Davis y Di Filippo: “Las crisis financieras recientes, la persistencia de la pobreza, la acentuación de problemas distributivos, el deterioro del medio ambiente, entre otros, ponen de manifiesto la falta o insuficiencia de diversos "bienes públicos globales o regionales". Muchos de ellos deben provenir de organizaciones de carácter mundial; para ello se requieren reformas como las planteadas en el debate sobre nueva arquitectura económica mundial. Sin embargo, hay poderosas razones para que parte de los "bienes públicos" faltantes provenga de organizaciones regionales, que actúen como complemento de la dimensión global, o a veces en su subsidio o para llenar un vacío”. “Ahora bien, para acrecentar la competitividad sistémica de las economías latinoamericanas y para estimular la integrabilidad de las sociedades nacionales correspondientes, se requiere la creación y provisión de bienes públicos; en primer lugar de bienes públicos que podríamos denominar de naturaleza “política” (por ejemplo la adhesión a la cláusula democrática del MERCOSUR), o “macroeconómica” (como la convergencia de regímenes y políticas para lograr la estabilidad fiscal, cambiaria y monetaria); en segundo lugar, se requiere la producción y provisión de bienes públicos propiamente dichos (por ejemplo el financiamiento compartido entre países miembros de un acuerdo de integración, de los gastos de instalación y funcionamiento de aduanas, o de obras infraestructurales de alcance multinacional)”. “En resumen, buena parte de los bienes públicos a que aludimos en otras secciones de este trabajo, exigen, de un lado, la convergencia de regímenes y políticas de los países asociados en esquemas regionales y, de otro lado, un financiamiento parcial o total 11
proveniente de los erarios fiscales de los países que se integran. Este segundo requerimiento, no supone, necesariamente, ningún presupuesto supranacional como el que existe en la Unión Europea, sino que exige un compromiso vinculante de financiar la parte de la construcción de un bien público programado, que le compete a cada país, para operar integradamente a ambos lados de la frontera o, paralelamente, de aprovechar la existencia de organismos regionales intergubernamentales de crédito para proveer fondos a esos fines”. “Todos estos temas tienen una vertiente mundial, pero también poseen peculiaridades regionales. Ello ya amerita un sitial preferente para la reflexión, el debate y las acciones conjuntas de las naciones de cada región. Dada la naturaleza del actual proceso de globalización en marcha surge como evidente la conveniencia de una institucionalidad regional. La globalización es intensa, pero desbalanceada; la gobernabilidad, y la necesaria solidaridad para lograrla en un contexto de democracia, se han debilitado en muchos sentidos; se registra, además, una uniformación de normas internacionales que nivelan el terreno en una competencia por los mercados mundiales que se realiza entre desiguales; se uniforman reglas de manejo macroeconómico, sin la participación decisiva del mundo en desarrollo, en instancias influidas de manera desproporcionada por visiones definidas desde economías desarrolladas, con mercados e instituciones maduros y más completos. Estos son rasgos que subyacen detrás de la fuerte inestabilidad financiera predominante, el desequilibrio entre la calidad de las exportaciones del mundo desarrollado y la de países en desarrollo, y la acentuación de brechas de equidad tanto entre países pobres y ricos; así como de las desigualdades intra-nacionales” (Ffrench Davis y Di Filippo, 2003).
Las formas del Estado ante los dos tipos de integración regional En la integración unidimensional o mercadista, las estrategias se enfocan en la lógica del mercado, y más precisamente en las reglas de juego del capitalismo global tal como han sido establecidas durante los últimos veinte años especialmente a partir de la, así denominada, revolución conservadora iniciada en el mundo anglosajón con las administraciones de Thatcher en Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos. El principal protagonista de esta forma de integración es la empresa transnacional, apoyada directa o indirectamente por los Estados Nación en donde se encuentra su casa matriz. Este rasgo guarda correspondencia con el de la soberanía reducida de los Estados nación cuyas autoridades rinden cuenta a, y negocian con, los organismos intergubernamentales encargados de implementar los puntos de vista del, así denominado, consenso de Washington. Los acuerdos que se van suscribiendo son una forma de consolidar esas reglas de juego en la medida que los países suscriben compromisos que limitan aún más su capacidad de maniobra futura en el campo de las relaciones internacionales o anticipan el cumplimiento de disciplinas correspondientes a la misma filosofía, pero más profundizadas que las negociaciones que están teniendo lugar a nivel de la OMC. En la integración multidimensional o societal las estrategias de los participantes
encuadran las negociaciones económicas en la lógica de la democracia y de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los ciudadanos de los Estados Miembros. Incluyen por lo tanto negociaciones orientadas a consolidar las libertades básicas que deben concederse a los miembros de una ciudadanía comunitaria. Se acepta una soberanía 12
compartida, pero no necesariamente reducida, en la medida que ese compartir de soberanías puede significar elaborar políticas económicas que resulten más dinámicas, autónomas y equitativas para todos los países miembros. Los principales actores de esta forma de integración son, principalmente, los Estados Nación, pero existe una tendencia gradual a incluir los niveles gubernamentales estaduales y locales, por una parte, junto con las organizaciones no gubernamentales representativas de otros intereses culturales, políticos y sociales de la sociedad civil, por la otra. Los acuerdos que se van suscribiendo son una forma de consolidar esas reglas multidimensionales de juego, y desarrollar estrategias de negociación conjunta frente a otros países desarrollados no solamente en el plano mercantil o económico sino también en otras esferas, de la seguridad regional, la preservación de riquezas ambientales comunes, etc.
Los regímenes monetarios ante los dos tipos de integración regional En la integración mercadista o unidimensional latinoamericana, los dos regímenes monetarios ensayados, descritos de manera esquemática, son la tradicional existencia de una moneda nacional cuyo tipo de cambio se determina, mediante diferentes métodos, en comparación con el dólar, o, alternativamente, la dolarización dentro de diferentes opciones que se han concretado en algunos casos, o se exploraron sin llegar a concretarse (caso de Argentina) con la circulación misma de la moneda estadounidense. La opción dolarizante obviamente significa una fuerte reducción de una prerrogativa soberana, a favor de otras ventajas de naturaleza económica, vinculadas a la eliminación de corridas monetarias, devaluaciones bruscas, riesgos de cambio, etc. Sin embargo desde una perspectiva estratégica internacional, esta decisión de atarse a una sola moneda de circulación interna obligatoria, significa optar por reducir drásticamente la capacidad de negociación en los foros internacionales de la economía mundial. En la integración societal o multidimensional , los dos regímenes monetarios viables
son el mantenimiento de monedas nacionales individuales, crecientemente vinculadas por disciplinas macroeconómicas comunes en materia monetaria y fiscal, o el paso hacia una moneda única propia, en la línea –guardando las distancias históricas y estructurales- del Euro dentro de la UE. La opción de la moneda única, significa una comunidad de soberanías que no reduce necesariamente la magnitud de la soberanía conjunta que empieza a crearse, en la medida que el proceso sea técnicamente riguroso y no ceda a apresuramientos demagógicos o a gestos populistas. Si la implantación de una moneda única es técnicamente exitosa y viable en el largo plazo, aumenta sin duda la cohesión interna (económica, política, social y cultural) de las naciones que se integran y la capacidad de negociación frente al resto de las economías del mundo.
Las formas de competencia ante los dos tipos de integración regional. La integración unidimensional o mercadista, representada por el ALCAN y el ALCA, daría lugar a una estructuración de la competencia empresarial que sería una profundización de las pautas del capitalismo transnacional tal como las conocemos actualmente, pero más claramente orientada a favorecer la capacidad de maniobra de las grandes transnacionales estadounidenses. Actualmente asistimos a una especie de dualismo de nuevo cuño en América Latina, donde existe un sector transnacional compuesto no sólo por empresas globales sino también por grandes grupos económicos latinoamericanos que generan un decisivo porcentaje de las ganancias y de las exportaciones totales, pero una proporción 13
reducida de los empleos (los de mejor calificación e ingresos). De otro lado existe un sector de microempresas, que junto con otras pequeñas y medianas (MIPYMES) generan una proporción reducida de las ganancias, reinversiones y exportaciones totales, pero una proporción enorme de los empleos (los de peor calificación e ingresos). La negociación de los Estados nacionales latinoamericanos con estas grandes corporaciones se verifica de manera fragmentada y compartimentalizada lo que conspira contra la posibilidad de fijar reglas de la competencia que permitan una capacidad de negociación conjunta. Uno de los rasgos más característicos de esta estructura de la competencia empresarial es que el excedente reinvertible se globaliza cada vez más, y su asignación se orienta con base en la planificación transnacional que lo controla. La integración multidimensional o societal propugnada (en el caso de Sudamérica) por
el MERCOSUR y la CAN, favorecería la creación de un mercado unificado no sólo para las transnacionales, las que ya operan simultáneamente en diferentes naciones de esos acuerdos, sino, también, capaz de favorecer la actividad productiva de las MIPYMES de los países miembros. La integración multidimensional favorece la acción de las MIPYMES por el mero hecho de la integración profunda, y con independencia de otras medidas de fomento que, sin duda, las políticas crecientemente coordinadas de los Estados que se integran, puedan implementar conjuntamente. En efecto, una parte importante del comercio recíproco de los países miembros es comercio fronterizo, y la eliminación de barreras a los movimientos de capitales y de personas, sería un factor de estímulo al comercio, inversión y asociación entre empresas más pequeñas de países limítrofes. Además, una integración de este tipo no es contraria a la presencia de la tecnología y los capitales de las grandes transnacionales productivas, pero posibilita la construcción de instancias supranacionales que aseguren mayor poder negociador frente a las grandes transnacionales globales de los centros, por ejemplo para promover encadenamientos productivos orientados a quebrar el dualismo. Nuevamente aquí resulta inspirador el ejemplo de la UE donde la ley que regula las políticas de competencia es claramente supranacional y concede un enorme poder fiscalizador al Tribunal de la Unión Europea para regular o sancionar a las empresas que, de cualquier forma abusen de su poder económico. En particular, las formas multidimensionales de la integración profunda permitirán, quizá, un control estadístico mayor de los movimientos y utilización del excedente global reinvertible.
La relación salarial ante los dos tipos de la integración regional La integración unidimensional y mercadista del tipo ALCAN o ALCA excluye de manera explícita la integración de los mercados trabajo, y, por lo tanto, la libre movilidad de las personas oriundas de los países miembros del acuerdo. La situación de los mexicanos en los Estados Unidos y los graves problemas de injusticia social e inseguridad personal de los migrantes indocumentados en el gran vecino del norte, son el mejor ejemplo, y ahorran toda profundización del tema. Los regímenes laborales de facto que soportan los migrantes indocumentados –o semidocumentados- de México, Centroamérica, y el Caribe en los Estados Unidos perjudican a los trabajadores migrantes y a los propios trabajadores estadounidenses que se enfrentan con una competencia desleal. Los únicos favorecidos con esta indocumentación o semidocumentación son los empresarios estadounidenses, y los gestores de esos procesos migratorios que medran con la indefensión jurídica de los 14
migrantes. Sin poder desarrollar aquí el tema con cierto detalle, conviene recoger sin embargo algunas indicaciones generales desarrolladas en trabajos afines: “En los regionalismo o acuerdos de tipo A [unidimensionales o mercadistas] el tema de la migración internarnacional queda excluido, y es tratado en otro contexto diferente, tal cosa acontece, por ejemplo, en el caso del ALCAN y también del ALCA (que aún se encuentra en gestación). Esta comprobación, por lo demás es coherente con el carácter “vertical” (vinculan a países desarrollados con países en desarrollo) de estos acuerdos, con la orientación sur-norte de los flujos migratorios, y con las notables diferencias en los niveles de desarrollo y condiciones de vida entre los países involucrados que agudizan necesariamente los problemas políticos y sociales derivados de las migraciones”.(Di Filippo, 2001, 150). La integración multidimensional o societal del tipo MERCOSUR o CAN incluye de
manera explícita la integración de los mercados de trabajo, y, por lo tanto, la libre movilidad de las personas oriundas de los países miembros del acuerdo. Este es un punto decisivo para el futuro de la integración sociocultural de los acuerdos mencionados, y por lo tanto para sentar la bases de una futura integración política. Se pone de relieve un hecho importante: cuando los miembros de un acuerdo de integración tienen grados de desarrollo relativamente cercanos y comparables, la libre movilidad de las personas se facilita, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. Resumiendo consideraciones más amplias, cabe recurrir nuevamente al trabajo citado anteriormente: “Independientemente de la magnitud numérica de los migrantes que se desplacen en el interior de un espacio integrado, la consagración de la libertad de trabajar en otro país miembro pasa por el reconocimiento recíproco de los derechos sociales previamente adquiridos por los trabajadores provenientes de otros países miembros. A diferencia de la condición más “dura” de armonizar regímenes y políticas sociales de manera centralizada, el reconocimiento de esos derechos (en el campo previsional, de la salud, de la educación, etc.) sólo exige la aplicación del criterio del reconocimiento mutuo. Esa es la principal lección que se extrae de la larga experiencia de la Unión Europea en el establecimiento de un mercado común. Dicho de otra manera los regímenes y políticas sociales no requieren ser organizados con base en sistemas comunes para poder ser reconocidos como válidos en otro país miembro. Sólo se requiere el cumplimiento de determinados garantías y derechos aunque su forma de implementación y gestión no sea la misma”. (Di Filippo, 2001, 161) . Ahora bien, la integración de los mercados de trabajo y la libre movilidad de los migrantes sólo es viable si se produce una integración paralela en el plano de la educación, de la salud, y de los sistemas previsionales y de seguridad social. Dentro del MERCOSUR y de la CAN existen acciones avanzadas en cada uno de estos campos, tendientes a facilitar los libres flujos migratorios y la efectiva integración de los mercados de trabajo. Nada de esto se prevee, ni en la letra ni el espíritu de los tratados hemisféricos de libre comercio tipo ALCAN o ALCA.
4. El papel estratégico de la Argentina en la integración sudamericana: Del mismo modo que, en el caso de la Unión Europea se necesitó el empuje de dos países económica y políticamente gravitantes como Alemania y Francia para lograr el despegue de la iniciativa a partir de los años cincuenta. Lo mismo acontece en Sudamérica. El eje Argentina-Brasil estructuró los fundamentos del MERCOSUR sobre 15
la base legitimadora de los principios de la democracia a partir de mediados de la década de los ochenta. La integración del cono sur depende vitalmente de la estabilidad de ese eje estratégico. Lo mismo acontece dentro de la Comunidad Andina de Naciones respecto de las relaciones entre Colombia y Venezuela países que constituyen la espina dorsal de la integración en el norte de Sudamérica. Esto, como veremos no excluye ni subestima el papel decisivo de las otras naciones sudamericanas en el éxito de un proyecto integrador de esta magnitud. Al contrario la principal recomendación estratégica de estas notas es buscar el ideal de una integración sudamericana que no excluya a ninguna de las naciones que conforman el subcontinente. Además, a largo plazo, ésta sería la única manera sustentable, de establecer un proceso equilibrado en términos de poder entre el gigante brasilero y sus vecinos sudamericanos. A la Argentina le ha tocado el destino histórico, pero también la difícil tarea de establecer una asociación especial con un país de escala continental que, como Brasil, posee peso propio en la economía y la política mundiales. Por lo tanto la estabilidad y progreso futuro de la integración sudamericana depende de dos factores cruciales. En primer lugar la consolidación de las reglas de juego de la integración multidimensional o societal con base en el respeto inexcusable de los principios legitimadores de la democracia, conquistada en nuestra región a tan arduo costo. Y segundo propugnar la convergencia del MERCOSUR, de la CAA y de Chile en un gran acuerdo sudamericano que termine confluyendo en la integración multidimensional y societal de nuestras naciones. En ambas tareas el papel y la participación de Argentina resulta crucial, especialmente en los actuales tramos iniciales del proceso. El régimen internacional requerido para la estrategia de integración sudamericana,
pasa por un fortalecimiento de las instituciones regionales en la línea sugerida en secciones anteriores. Este objetivo no habría sido posible en la trayectoria económica que había sido impresa en Argentina durante el régimen político de Menem y la estrategia económica impuesta por el “superministro” Cavallo. Hoy en un esfuerzo sin precedentes históricos Argentina está tratando de revertir el modo de regulación que había sido implantado durante el período anterior. La sobrevivencia del nuevo orden económico en ciernes dentro de la Argentina, especialmente en lo que atañe al pago de la deuda externa, es vital para el futuro de la integración sudamericana. La reconstitución de las funciones y poderes del Estado en Argentina es
fundamental para fortalecer la democracia representativa ante los peligros que la acechan. Dichos peligros ya no son los del golpe de Estado o el autoritarismo militar, sino, más bien, los de la corrupción y la mercadización de la actividad política, vulnerable a los proyectos transnacionales de la globalización unidimensional y a las mafias internas enquistadas en los procesos económicos y políticos principales. En este punto los intereses nacionales de la Argentina y los intereses regionales de Sudamérica pasan por un mismo objetivo fundamental, el fortalecimiento de las instituciones de la democracia como sustento legítimo de las funciones y poderes del Estado.
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Respecto del régimen monetario, huelga decir que el proyecto de dolarizar la
Argentina hubiera establecido un obstáculo infranqueable para la convergencia macroeconómica con Brasil. El actual golpe de timón logrado tras la caída del régimen De La Rúa – Cavallo es una condición esencial para el éxito de la integración multidimensional en el Cono Sur, y por lo tanto, para la integración sudamericana. Las razones son obvias, dicha integración multidimensional no es posible sin una creciente convergencia de las políticas macroeconómicas (comerciales, fiscales, y monetarias), y la instalación de una dolarización completa en Argentina hubiera cerrado las puertas a dicha convergencia con Brasil. Esta condición es necesaria, pero dista mucho de ser suficiente, mientras no se esclarezca el turbulento panorama político interno de los países andinos, pero aún así, una condición necesaria para avanzar hacia la integración profunda de Sudamérica, es la recuperación de la soberanía monetaria aunque sea a nivel del Cono Sur. Respecto de las formas de la competencia, dentro del MERCOSUR es necesario
contrarrestar no los impactos del dualismo estructural originado en la dinámica transnacional (buscando formas de encadenamiento productivo de las grandes corporaciones y grupos transnacionales con la MIPYMES). Además se impone establecer reglas de juego comunes en materia de políticas de competencia que aseguren un régimen judicial firme y común para el tratamiento de los abusos de mercado por parte de grandes corporaciones que actúan simultáneamente en varias naciones del MERCOSUR. Nuevamente aquí, el ejemplo de la Unión Europea, del carácter supranacional de sus políticas y del papel crucial cumplido por su Tribunal de Justicia son un referente esencial para avanzar por ese camino. Bajo estas bases será posible quizá progresar en el ideal de la competitividad sistémica en las líneas propuestas por CEPAL en documentos que datan de hace más de diez años. La competitividad sistémica supone una forma macroeconómica de competir que no se enfoca en las empresas que exportan o que importan (o en las que sustituyen importaciones), sino que examina todos los eslabonamientos en las cadenas de agregación de valor, incluyendo no sólo el papel de los empresarios privados, sino, muy especialmente la provisión de bienes públicos (energía, caminos, puertos, eficiencia de los organismos públicos involucrados) en el proceso de dotar de competitividad a los productos elaborados en la región. Estas formas de competitividad sistémica se acrecientan a medida que se derrumban las barreras y se construyen los puentes para la elaboración de un verdadero sistema económico subregional. Argentina tiene un papel crucial en la construcción de la competitividad sistémica en el Cono Sur, primero porque, exceptuando a Brasil, posee fronteras directas con todos los otros miembros plenos del MERCOSUR, segundo porque tiene la más larga frontera con Chile y ha logrado superar las fricciones limítrofes estableciendo relaciones firmes y cordiales con dicho país que es un estratégico miembro asociado del acuerdo. La integración física, energética y comunicacional del MERCOSUR es impensable sin la activa participación de Argentina. Sin estas formas de integración asociadas al desarrollo de bienes públicos provistos por los Estados miembros, el ideal de una creciente competitividad sistémica es totalmente inviable.
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Respecto de las formas de la relación salarial, Argentina juega un papel
especialmente estratégico en la instalación de regímenes y políticas que concurran a la efectiva constitución de un mercado común con libre movilidad recíproca de trabajadores entre los países miembros. Esto es así porque, históricamente, Argentina ha sido receptora de migrantes provenientes de sus países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Perú y Chile). Esta interacción migratoria ha sido mucho menor, en términos relativos a sus volúmenes poblacionales, entre Brasil y sus socios del MERCOSUR en parte por razones idiomáticas y culturales y, en parte por las oportunidades de absorción de la población migrante que se ofrecen en el propio Brasil. Tras su debacle económica interna, los argentinos han comenzado a emigrar no sólo hacia los países desarrollados sino también hacia sus vecinos sudamericanos y, dentro del Cono Sur, especialmente hacia Chile. Esta gran interacción migratoria, facilitada por razones culturales, confiere a la Argentina una gran responsabilidad en el proceso de armonizar las políticas migratorias, mediante el efectivo cumplimiento de las normas comunitarias en las esferas de la educación, de la salud, de la previsión y de la seguridad social. Atrás han quedado los tiempos cuando la Argentina podía sentirse como una avanzada de Europa en Sudamérica con niveles de desarrollo económico, social y cultural claramente superiores a los de los vecinos. Hoy Argentina ya no es solamente receptora de trabajadores migrantes, también es una zona emigratoria hacia los países limítrofes. Razón de más para que sus autoridades de gobierno se interesen en la armonización de las políticas sociales y migratorias que se están elaborando en el seno del MERCOSUR. Sin ellas, la instalación del mercado común del Cono Sur, y, a largo plazo, también el de Sudamérica, es totalmente inviable.
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