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Edición Nro 176 - Febrero de 2014
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SUMARIO Nº 176
EDICIÓN FEBRERO DE 2014 EDITORIAL
LA DÉCADA EXTRAVIADA Por José Natanson
LOS "NI-NI"
LA EDUCACIÓN EN DEBATE Por Adrián Cannellotto
¿CONTINUISMO O TRANSFORMACIÓN?
FRANCISCO EN EL VATICANO Por Juan Cruz Esquivel
EXPECTATIVAS Y RIESGOS
EL PERSONAJE DEL AÑO Por Juan Marco Vaggione
PAPA FRANCISCO
Entrada a Ciudad Mier, México (Katie Orlinsky/Corbis)
¿QUÉ QUISO DECIR CUANDO DIJO “HAGAN LÍO”? Por Sol Prieto
ALTERNATIVAS AL TERNATIVAS EN AMÉRICA LA TINA
La tormenta perfecta Por Guillermo Garat* Asediados por la violencia, violencia, en 2012 los países latinoamericanos latinoamericanos propusieron analizar analizar nuevas formas para para combatir el fenómeno de las drogas, descriminalizando a los usuarios y concentrando concentrando los esfuerzos de la lucha contra las mafias. ichard Nixon hubiera enloquecido. Cuarenta años después de su cruzada moral contra las drogas, dos estados estadounidenses –Washington y Colorado– legalizaron el consumo recreativo de marihuana y los ciudadanos de otros dieciocho la consiguen con simples recomendaciones médicas. Nixon hubiera fruncido el ceño y el estómago. A finales de 2013, el 55% de los estadounidenses se pronunciaba a favor de la legalización del cannabis. Por otra parte, los tres últimos presidentes de la nación norteamericana admitieron haber fumado marihuana.
AMAZONIA PERUANA
TURISMO CHAMÁNICO Por Jean-Loup Amselle
Edición 176 - Sumario completo...
El Dipló > La tormenta perfecta
En 2006, el presidente mexicano, Felipe Calderón, prometió un combate militarizado contra los carteles del narcotráfico. Desde entonces los muertos se multiplicaron, hasta llegar a unos 60.000, sin contar desaparecidos, torturas, corrupción militar y política, ni la violencia ejemplarizante y banalizada. En aquel entonces, Calderón ordenó fiscalizar el espacio aéreo. Así, desparramó el problema del narco por toda América Central. Los carteles se apoyaron en pandillas locales, y en militares y paramilitares retirados, para ejercer el terror en el trasiego terrestre de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos. En 2012, el general del Comando Norte de Estados Unidos, Charles H. Jacoby, admitió que la captura de los capos del narcotráfico en México no tuvo el efecto deseado. Ello a pesar de la revelación de que la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reunieron con carteles mexicanos, principalmente con Los Zetas, para desestabilizar grupos rivales a espaldas de las autoridades mexicanas (1). En los años 90 había dos carteles en Colombia (Medellín y Cali); después del Plan Colombia eran 242. La hoja de coca se cultivaba en 10 departamentos, hoy en 23. Situaciones similares vivieron Bolivia, Perú y México ( 2). La interdicción sólo logró llevar el problema a nuevas tierras. La guerra contra las drogas, por lo menos en América Latina, está perdida. El consumo, el abuso, la producción, el tráfico y las ganancias aumentaron mientras la corrupción socava a todas las clases sociales, a Estados y gobiernos. En su último informe, la Organización de los Estados Americanos (OEA) estudia distintos escenarios de políticas de drogas ( 3). Y el de la regulación controlada (el modelo uruguayo) es perfectamente tolerado. Su secretario general, José Miguel Insulza, afirma que la organización no está en contra de las alternativas –como sí lo estuvo desde su creación–, sino todo lo contrario, las apoya, y le deseó sincero éxito al experimento uruguayo. Algo hizo crack. Rechazo regional
En 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas puso el objetivo en el cielo. Pretendía eliminar las sustancias prohibidas y sus cultivos en 10 años. En 1998 la quimera se prorrogó otros 10 años. En 2008, el asunto se dilató otra decena de años. La tarea no resultó tan fácil. En 2012 América Latina dijo basta. En la VII Cumbre de Presidentes de la OEA, en Cartagena de Indias, se planteó analizar nuevas formas para combatir ese fenómeno. La OEA acordó llevar a la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) una posición favorable al debate y la búsqueda de alternativas. Asediados por la violencia y la necesidad de soluciones urgentes a la sangría, Guatemala, México y Colombia consiguieron adelantar a 2016 la reunión prevista para 2018. En diciembre de 2013 comenzaron las reuniones interministeriales en Viena para acordar una declaración conjunta hacia la Asamblea. Pero esta vez el acuerdo no fue tan fácil. Por un lado, China, Rusia, Canadá y Perú –entre otros– no están dispuestos a ceder un milímetro ante el nuevo escenario que se abrió con la legalización del consumo recreativo en Washington, Colorado y Uruguay. En el otro extremo, varios países latinoamericanos, caribeños y europeos plantean la necesidad de una revisión p ragmática. Las convenciones de drogas descansan en el principio de responsabilidad compartida. Pero el análisis latinoamericano es que el compromiso no fue equitativo. Al tiempo que hacen ingentes esfuerzos para frenar el trasiego de drogas al Norte –llenando las hacinadas cárceles con jóvenes pobres mientras los narcos establecen territorios autónomos en los que el Estado está ausente–, los países desarrollados hacen poco para frenar su demanda, que aumenta sostenidamente tanto en uso como en abuso. El acuerdo de cogestión de las políticas de drogas en el mundo tenía en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la OEA las poleas construidas y aceitadas regularmente por Estados Unidos. Pero ahora, la administración de Barack Obama abandonó la postura del pasado y en Viena, los representantes estadounidenses parecen más bien observadores. Los pequeños países, e incluso algunas regiones, buscan recuperar su soberanía y la capacidad de acción para hacer frente a sus problemas. La Alcaldía de Bogotá, de Gustavo Petro, ejecuta desde el año pasado un plan de reducción de riesgos y daños que se vale de la marihuana para que personas en situación de calle que usan crack puedan sustituir la compulsión de la cocaína por la sedación del cannabis. Los acuerdos planetarios prohíben a ciegas, buscan que la población se adecúe a un principio legal general moralista y nada científico. Las convenciones parecen haber sido escritas en tablillas de piedra y hoy la sagrada escritura cuneiforme se desangra por la herida. Porque América Latina no quiere seguir perdiendo vidas, democracia, ni la posibilidad de encaminar acciones afirmativas en el campo de la salud con los usuarios problemáticos de drogas. El sistema de salud es un fiel reflejo de cómo el prohibicionismo se metió hasta en los hospitales para perseguir y estigmatizar a los usuarios de drogas y alejarlos de una solución en la que la evidencia científica y las buenas prácticas médicas sean los instrumentos privilegiados. Por el contrario, los usuarios problemáticos son untados de un misticismo moral abstinente que tiene tasas de recuperación realmente muy bajas en todo el hemisferio.
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Un paradigma que hace agua
En los últimos veinte años, la conversación global sobre drogas estuvo viciada de buenas intenciones, declaraciones lavadas y poca acción. Pero con el atrevimiento uruguayo, el impulso de América Central y el Caribe, además de algunos países europeos como Suiza, Alemania y Holanda, entre otros, parece desatarse un nuevo escenario, el de la tormenta perfecta. Uruguay rompió el paradigma internacional digitado hace 100 años y sellado al vacío hace 40. El Frente Amplio, José Mujica y la sociedad civil uruguaya lograron que el control de este mercado sea incorporado a la agenda de derechos y que sea percibido como un tema de izquierda o por lo menos progresista, y no sólo en Uruguay. El PRD mexicano en su último congreso, en octubre de 2013, se declaró contra la guerra y llamó a una reforma en las políticas de drogas. Ahora el perredismo impulsa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la despenalización del consumo para avanzar en propuestas de salud. Este año las elecciones colombianas tendrán en la legalización de las drogas un nuevo tema de debate políticomediático, que nunca había sido puesto arriba de la mesa excepto para prometer plomo. Varios candidatos hablan de despenalización, fin de la aspersión química y regulación. En 2011 el propio presidente Juan Manuel Santos ya había recomendado regular el mercado de marihuana y cocaína. Aunque la clase política colombiana habla en público de la regulación controlada de la marihuana todos saben que el principal problema de seguridad es la cocaína, y por ahora de eso sólo se habla en la trastienda. No obstante, a mediados de enero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) dieron a conocer un documento que emana de las conversaciones de paz con el gobierno. La guerrilla plantea una intervención del Estado para regular la producción y el mercado de amapola, marihuana y coca. Este mes, los países del Caribe, que integran la Comunidad del Caribe (CARICOM), debatirán la legalización de la marihuana: ven beneficios terapéuticos en el cannabis pero también una manera de revitalizar sus economías. En Argentina, aunque el proyecto acordado por diputados de la UCR, del FPV y del FAP naufragó en una ley general de salud, la sociedad civil es notoriamente cada vez más fuerte. En Buenos Aires, la última marcha por la liberación de la marihuana reunió a más de 100.000 personas. Cada vez más figuras públicas, académicas y políticas quieren dar un paso adelante tras la declaración de la Suprema Corte de Justicia en 2009 que despenalizó la tenencia de drogas. También en Chile crece el debate sobre la despenalización de marihuana con fines médicos. Marco EnriquezOminami se mostraba partidario de la regulación en la campaña electoral que perdió. Cuando a la electa Michelle Bachelet le preguntaban cómo encararía el tema drogas, respondía que no habría innovación alguna. Sin embargo, de cara a la segunda vuelta de las elecciones, su portavoz afirmaba que había que tratar al usuario problemático desde el punto de vista sanitario y no criminal. El librecomercio chileno también juega en el terreno de las drogas. Los principales bancos de semillas y las empresas de parafernalia holandesas y españolas desembarcaron hace algún tiempo en Chile y sus rentas son altas. En noviembre de 2013 se hizo una feria de la industria del cannabis en Santiago, de la que participaron más de 20.000 personas. Las semillas que los europeos no declararon al Servicio Agrícola y Ganadero las vendían a ojos vista de la policía que también toleró una fumata generalizada de marihuana. Modelos en pugna
En un escenario futuro de despenalización en América Latina es posible que los dos modelos más claros sean el libre mercado y la regulación estatal. En Estados Unidos se pueden apreciar los dos arquetipos, el liberalismo haciendo lo suyo o el Estado controlando con sus agencias impositivas, policiales o de salud. La propuesta uruguaya descansa en la intervención del Estado como amortiguador de las fallas que generó el mercado de tráfico ilícito. Con los Estados ausentes el crimen organizado regula la actividad a su modo. En Uruguay, donde el Estado ha sido históricamente un fuerte actor y donde el neoliberalismo no pudo hacer todo lo que quiso en los años 90, se confió en la capacidad estatal para poner un ojo a los privados que serán el motor productivo. Los países latinoamericanos podrían devolver al Estado la preponderancia que en lo económico se prefiere evitar. En Uruguay, los sondeos de opinión pública dicen que un 60% de la población estaría en contra de la regulación del mercado de cannabis. Pero cuando se pregunta quién debería controlar el negocio, si el narco o el Estado, el 75% de los encuestados prefiere a este último. Sin embargo, no hay unanimidad en América Latina. Perú y Paraguay son las dos puntas de lanza del prohibicionismo en el Sur. Siguen creyendo y repitiendo que la violencia y el crimen se deben a las drogas. Perú, gobernado por Ollanta Humala, es el principal productor de pasta base de cocaína del mundo. La línea de negocio atraviesa las capitales para llegar a los barrios carenciados o ser transformada en cocaína. Pero sobre todo busca cruzar el Atlántico hacia las capitales europeas. En la región del VRAEM se libra una de las batallas más sangrientas del hemisferio. La estrategia peruana es la militarización de la respuesta. Paraguay es el principal productor de marihuana de la región, abastece a todos los países del Cono Sur y a
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Brasil. Miles de hectáreas de marihuana se cultivan sobre todo en la frontera con Brasil por campesinos que la prefieren por sobre la soja porque les pagan mejor. Miembros del oficialista Partido Colorado advirtieron a Uruguay, desde los medios de prensa, que su marihuana seguirá llegando a Montevideo a precios cada vez menores. En 2013, el tío del presidente Horacio Cartes fue procesado en Uruguay porque la policía antinarcóticos de Montevideo interceptó una avioneta que piloteaba con marihuana. El trance es claro, defender el statu quo, criminalizar a los usuarios y dejar que el narcotráfico siga corroyendo los Estados o construir una política de Estado respetuosa de los derechos humanos y la salud de los usuarios, y redirigir el gasto estatal hacia una lucha más inteligente y coordinada contra las mafias. Todo indica que ya nada será como antes. 1. Doris Gómora, “La guerra secreta de la DEA en México ” , El Universal , México DF, 6-1-14. 2. Hugo Cabieses, “Erradicación de coca y políticas de drogas en el Perú: anatomía de un fracaso anunciado ”, en América Latina debate sobre drogas, Intercambios-Facultad de Ciencias Sociales-UBA, Buenos Aires, 2011. 3. OEA, Escenarios para el problema de las drogas en las Américas , Washington, 2013, www.oas.org * Periodista. Autor de Marihuana y otras yerbas: prohibición, regulación y uso de drogas en Uruguay, Debate, Montevideo, 2012. © Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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