Supuesto 04

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS – CONSOLIDACIÓN 2011 Supuesto Práctico 4 ENUNCIADO: El día 31 de marzo de 2010, la Dirección General de la Vivienda, dependiente del Ministerio de la Vivienda, incoa expediente sancionador a L.M.M., constructor, debido a la venta de viviendas por precio superior al tasado legalmente. El procedimiento, cuya duración máxima resolución y notificación es de seis meses. El 16 de noviembre de 2010, el expedientado es notificado de la resolución adoptada por la Dirección General el día 9 de noviembre anterior, por la que, valoradas las pruebas propuestas por L.M.M, y en virtud de la cual se acuerda imponerle sanción por importe de 7.300 euros, como autor responsable de la falta que se le imputaba. La resolución, adoptada por delegación del Subsecretario, advierte que no es firme en vía administrativa, e indica al destinatario los recursos que contra ella puede interponer, y los pormenores de éstos. L.M.M deduce el correspondiente recurso el día 17 de diciembre de 2010, solicitando la suspensión del acto, con fundamento en que, de satisfacer la sanción pecuniaria impuesta, por falta de suficiente solvencia financiera –que demuestra documentalmente-, documentalmente-, se vería obligado a no prorrogar los contratos laborales l aborales temporales de parte importante de su personal. En cuanto al fondo del asunto, invoca la ilegalidad del acto, debido a la indefensión que para él comporta la falta de la necesaria motivación del mismo. No obteniendo respuesta al recurso interpuesto, decide continuar la correspondiente correspondiente vía impugnatoria.

Cuestiones: 1. En el caso de que L.M.M decida interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la resolución sancionadora presunta, y de que la Administración proceda a la ejecución forzosa de la sanción, ¿podrá éste solicitar como medida cautelar la suspensión de la misma?: a) Podrá, pero la medida cautelar se acordará solo si la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso. b) Sí, y además ésta no podrá denegarse, pues de ella no se sigue perturbación grave de los intereses generales o de terceros. c) Sí, pero solo en el escrito de interposición o en el de demanda. d) No, la suspensión suspensión de un acto acto o disposición no no se prevé en en la Ley.

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2. Transcurrido el plazo por el que el recurso se entiende desestimado de forma presunta, alcanzando firmeza el acto, si la Administración no procede a su ejecución y L.M.M no recurre en vía contencioso-administrativo, ¿cuál es el plazo de prescripción de la sanción, si la norma que la establece no lo fija y la califica de muy grave?: a) Dos años desde el día en que se incoa el expediente sancionador por conocimiento de la infracción. b) Dos años desde el día siguiente a aquel en que se notificó la resolución por la que se impone la sanción. c) Tres años desde el día en que la infracción se hubiese cometido. d) Tres años desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 3. Si L.M.M hubiera formulado alegaciones en base al art. 79.2 de la Ley 30/1992, por la falta de respuesta expresa, ¿qué plazo tendría la Administración para resolverlas?: a) Diez días. b) Un mes. c) El que señale la norma de procedimiento aplicable. d) Ninguna es correcta. 4. a) b) c) d)

¿En qué plazo?: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

5. a) b) c) d)

¿Cuál sería el recurso a interponer, ulteriormente, por el sancionador?: Contencioso-administrativo. Potestativo de reposición. Contencioso-administrativo, previa interposición del recurso potestativo de reposición. Alzada.

6. a) b) c) d)

¿Se ajusta a Derecho la resolución sancionadora dictada por el Director General? Sí. No, pues carece de todos los requisitos legales. No, pues carece de la motivación preceptiva. No, al tratarse de un acto anulable.

7. a) b) c) d)

¿Qué recurso debió interponer L.M.M?: Alzada. Potestativo de reposición. Solo recurso extraordinario de revisión, si se dan las causas tasadas por la Ley. Contencioso-administrativo, previa interposición del potestativo de reposición.


8. a) b) c) d)

¿Quién debiera resolver el recurso interpuesto?: El Subsecretario. El Ministro. El Director General. Ninguna es correcta.

9. Respecto de la suspensión solicitada por el recurrente, y atendiendo a los términos en que la solicita: a) No procede, en ningún caso, puesto que el infractor debiera haber tenido en cuenta las consecuencias de su conducta antijurídica. b) Es claramente procedente, puesto que el daño que se le causa es mayor que el daño generado por él. c) Debiera ser admitida, pues está basada en causas de nulidad de pleno derecho. d) Deberá decidirla quien resuelva el recurso, previa ponderación de los intereses involucrados. 10. ¿Habría que estimar el recurso de L.M.M?: a) Sí, porque el acto recurrido es anulable. b) No, porque el acto recurrido es irregular. c) No, por cuestiones de carácter formal. d) No, porque el acto recurrido es nulo de pleno derecho. 11. El silencio administrativo, respecto del recurso presentado por L.M.M en el enunciado, es: a) Negativo, por el transcurso de 1 mes. b) Negativo, por el transcurso de 3 meses. c) Positivo, por el transcurso del plazo legalmente establecido. d) Puede ser positivo o negativo. 12. Respecto del supuesto que se viene analizando, es cierto: a) Que el acto objeto del recurso está suspendido en su eficacia. b) Que la resolución de noviembre de 2010 es nula de pleno derecho, por varias causas del art. 62 de la Ley 30/1992. c) Que, si existiera una resolución judicial penal firme condenando a L.M.M por el ilícito cometido, los hechos no vincularían necesariamente al procedimiento incoado el 31 de marzo de 2010. d) Todas son correctas.


RESPUESTAS a) Arts. 129 y siguientes LJCA. 2. d) Art. 132 Ley 30/1992. 3. d) Art. 79.2 de la Ley 30/1992 4. d) Art. 46.1 Ley 29/1998. 5. a) Art. 115.3 Ley 30/1992. 6. c) Arts. 54.1.a., 89.3 y 138.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 20.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora 7. a) Arts. 13.4, 107.1 y 114.1 Ley 30/1992. 8. b) Art. 114.1 de la Ley 30/1992 9. d) Art. 111 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 10. a) Art. 16.4 de la Ley 30/1992 11. b) Art. 115.2 Ley 30/1992. 12. a) Art. 111.4 de la Ley de 26 de noviembre de 1992 1.


Supuesto 04

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