El movimiento de los indignados: un análisis desde la teoría performativa del lenguaje

Publicado en E. Nos Aldás, Á.I. Arévalo Salinas y A. Farné (eds.) “#comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el Cambio Social”, Madrid, Ed. Fragua, 2015, pp. 270-280

El movimiento de los indignados: un análisis desde la teoría performativa del lenguaje The indignant movement: analysis from the performative theory of language Lucía Payero López, Universidad de Oviedo Resumen Este artículo se propone analizar el discurso empleado por el movimiento indignado español utilizando los parámetros de la teoría performativa del lenguaje. Con ello se intentará demostrar la influencia ejercida por dicho movimiento en la modificación del lenguaje político en España y su contribución al aumento del empoderamiento ciudadano. Palabras clave Empoderamiento ciudadano; indignados; movimiento 15M; participación política; teoría performativa del lenguaje Abstract This paper analyses the discourse of the Spanish indignant movement by using the performative theory of language. There will be an attempt to prove that this movement has exercised an influence on changing political language in Spain and has helped to increase citizen empowerment. Keywords Citizen empowerment; “indignants”; 15M movement; political participation; performative theory of language

Introducción El propósito de este artículo es examinar el lenguaje empleado por el que será denominado genéricamente “fenómeno de la indignación” en España. Con este término se hace referencia a aquellos movimientos sociales y políticos que rechazan públicamente las políticas de austeridad y recortes implementadas por el gobierno español como respuesta a la crisis económica capitalista iniciada en 2008. Entre ellos cabe citar –sin carácter exhaustivo– el movimiento 15M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos, la iniciativa Rodea el Congreso o el partido político Podemos. Para llevar a cabo este análisis se utilizará la teoría performativa del lenguaje postulada por J.L. Austin y J.R. Searle. Ambos autores consideran que el lenguaje influye y/o contribuye decisivamente a configurar la percepción, comprensión y definición de la realidad. A los propósitos de este trabajo, resulta especialmente interesante el impacto del lenguaje en la realidad política, esto es, el significado y 1


función política que puede adoptar el lenguaje. Por una parte, “los discursos constituyen a los sujetos políticos y al propio campo de lo político” (Errejón, 2012: 241), mientras que, por otra, los discursos políticos se hallan indisolublemente asociados al poder, representando cuotas del mismo (Concepción, 2010: 16). Adoptando un enfoque constructivista, la política es aquí entendida “como una actividad de lucha por el sentido, de resultado contingente que (…) asume que los hechos sociales sólo se convierten en «datos políticos» cuando son enmarcados por determinados discursos o prácticas de producción de significado” (Errejón, 2011: 122). De acuerdo con Gramsci (1999), en los Estados tradicionales los grupos dominantes apoyaban su poder fundamentalmente en la coacción y la represión; en los Estados modernos, en cambio, ese poder está basado de manera prioritaria en la capacidad de estos grupos para integrar y articular la sociedad civil y sus instituciones a favor del régimen existente. En estos últimos Estados la “guerra de posiciones” es la principal forma de conflicto político, mientras que sólo se recurre a la fuerza como última ratio. La “guerra de posiciones” ha de ser entendida como “la disputa por la legitimidad, por la generación de relatos, instituciones y procedimientos que naturalicen la dirección de un grupo social sobre el conjunto de la sociedad” (Errejón, 2011: 126). Pues bien, el movimiento indignado se ha erigido en un nuevo actor político en esa “guerra de posiciones”. Por un lado, este debutante en la escena política ha contribuido decisivamente a la modificación del lenguaje político y, con ello, ha mudado también la percepción ciudadana de la política y del mundo. Pero, además, ese cambio lingüístico ha contribuido decisivamente a que la gente se ilusione e implique nuevamente en la política y, en consecuencia, al incremento del empoderamiento ciudadano. Desde un punto de vista metodológico, el análisis que se llevará a cabo en este trabajo se centrará en un conjunto heterogéneo de materiales de comunicación y difusión de mensajes: comunicados, redes sociales, apariciones en medios de comunicación, lemas coreados en manifestaciones, artículos de opinión y publicaciones académicas. Esta pluralidad de fuentes resulta particularmente pertinente a la hora de estudiar un fenómeno como el de la indignación por dos razones principales. En primer lugar, porque los propios indignados emplean una variedad de medios de expresión con, en ocasiones, escasa sistematicidad. Una de sus características principales es la ausencia de líderes, esto es, una estructura horizontal que permite a cada integrante verter su

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opinión sin que, en principio, ningún otro miembro pueda censurarla por no adaptarse a los cánones del programa. Como bien reconocía Errejón para el 15M –aunque resulte también aplicable a otros movimientos que aquí se incluyen dentro del fenómeno de la indignación1–, esta articulación “hace desaconsejable la búsqueda de un discurso político cerrado y unívoco” (2011: 128). En segundo lugar, el fenómeno de la indignación es todavía demasiado reciente como para que exista un cuerpo de estudios teóricos suficientemente amplio y consolidado sobre el mismo. Más aún, se trata de un movimiento social vivo, in progress, por lo que ningún trabajo académico por más actual que sea podrá abordar sus últimas manifestaciones. Por ello, la combinación flexible de todas las fuentes de información disponibles se presenta como la opción metodológica más adecuada para su estudio.

1. La teoría performativa del lenguaje La teoría performativa del lenguaje afirma que éste ejerce un influjo decisivo en la conformación y comprensión de la realidad. Por motivos de espacio, en las páginas que siguen únicamente se expondrán dos ideas clave que guardan una relevancia esencial con el tema que nos ocupa: el concepto de enunciado performativo, de J.L. Austin, y el de hechos institucionales, de J.R. Searle. Los enunciados performativos se caracterizan por dos notas principales. En primer lugar, no describen nada, por lo que no puede decirse que sean falsos o verdaderos. Aún así, eso no excluye que puedan ser sometidos a crítica. En segundo lugar, el acto de expresar la oración equivale a –o forma parte de– la realización de una acción. Sin embargo, esta acción no se concibe normalmente como el mero decir algo. Entre otros ejemplos de enunciados performativos, J.L. Austin propone la prestación del consentimiento para contraer matrimonio durante la ceremonia nupcial (1975). De este modo, es posible construir realidades performativas o simbólicas, ficciones, cuya existencia no puede separarse del discurso que las crea. Importa advertir que imaginado o ficticio no equivale a falso o engañoso: el lenguaje metafórico de la ficción “no pretende engañar a nadie” ni “falsear hechos naturales” (Martínez García, 1992: 106), sino más bien construir una realidad diferente y dotada de caracteres 1

Evidentemente, esto requiere de algún matiz: Podemos es un partido político y, aunque no responde a los modelos clásicos de este tipo de formaciones, presenta una estructura más jerarquizada que los movimientos sociales y las plataformas ciudadanas.

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específicos. La Política y el Derecho son disciplinas particularmente proclives a adoptar el punto de vista de la ficción para proceder a su análisis teórico. Ambas se hallan plagadas de instituciones, que “son el reino de la ficción” por constituir “lugares de producción de verdades institucionales” (1992: 108). En este punto entra en juego el concepto de hechos institucionales, que Searle distingue de los hechos brutos. Estos últimos resultan objetivos, es decir, independientes de las preferencias, valoraciones o actitudes morales de las personas y conocidos a través de la “observación empírica que registra experiencias sensoriales” (1969: 50). Los hechos brutos no requieren de ninguna institución para existir, aunque sí para poder ser enunciados: se precisa en este caso de la institución del lenguaje. En cambio, los hechos institucionales “dependen del acuerdo humano” (1995: 2), lo cual no impide que sean hechos objetivos. Los hechos institucionales existen sólo porque así lo creemos y su existencia requiere de instituciones humanas: para que este pedazo de papel sea un billete de cinco dólares, por ejemplo, se necesita la institución humana del dinero. “Déjese de lado la institución y todo lo que tendré será un trozo de papel con varias inscripciones color sepia” (1969: 51). Las instituciones son “sistemas de reglas constitutivas” (1969: 51), es decir, reglas que “no sólo regulan, sino que crean la posibilidad misma de ciertas actividades” (1995: 27) y “definen nuevas formas de conducta” (1969: 33). Por tanto, la existencia de la actividad regulada por este tipo de reglas es lógicamente dependiente de las mismas. El ejemplo que Searle utiliza es el del juego del ajedrez. Dentro de las instituciones, el lenguaje ocupa un lugar especial porque, por un lado, resulta esencial para construir la realidad institucional, ya que las palabras y otros símbolos son parcialmente constitutivos de los hechos sociales. Pero, a la vez, el lenguaje es en sí mismo una institución, la institución social básica que precede lógicamente a todas las demás.

2. El lenguaje de la indignación El movimiento indignado ha irrumpido para cambiar el lenguaje político en España. Esta modificación se ha producido en dos direcciones principales. En primer lugar, ha conseguido dotar de un nuevo significado a determinados vocablos, de manera que palabras que antes se hallaban connotadas negativamente han pasado a verse de 4


forma positiva, y viceversa. En segundo lugar, el 15M ha alumbrado nuevos términos o ha dotado de un renovado significado político a otros ya existentes. Veamos brevemente el alcance de estos cambios. 2.1 Reformulación de conceptos

2.1.1 En clave positiva El primer término que cambia su connotación tradicionalmente negativa por otra de signo opuesto es el que da nombre al movimiento: indignación. El diccionario de la Real Academia (DRAE) ofrece la siguiente acepción: “enojo, ira, enfado vehemente contra una persona o contra sus actos”. Evidentemente, uno puede enojarse por múltiples motivos, algunos legítimos y otros no tanto, pero en principio parece preferible el estado de ánimo opuesto: la cordialidad, el agrado, la calma, la complacencia. No obstante, tras la publicación del libro de Hessel ¡Indignaos! el término se erigió en sinónimo de dignidad, en bandera de la decencia y el compromiso político y social. No en vano el subtítulo del panfleto rezaba: Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. La indignación se convierte así en el antónimo de la pasividad y la resignación. Bajo esta nueva acepción, indignación no alude únicamente a un enfado individual, sino que el concepto se dota de una dimensión colectiva y transformadora. Se trata de una auténtica “pasión constituyente” que se opone directamente a la atomización impuesta y patrocinada por el neoliberalismo (Brown, 2011). El término indignado ha servido para que los afectados por la crisis comiencen a sentirse y verse a sí mismos como sujeto colectivo, algo que por diferentes motivos no se daba antes de 2011. La palabra indignación ha contribuido decisivamente a que los ciudadanos tomen conciencia de su capacidad de acción social y política transformadora, lo cual vincula indignación y empoderamiento. Un segundo término que también ha sufrido una modificación semántica en clave positiva es ocupación. Escrito con k, el vocablo remitía tradicionalmente al movimiento okupa. De acuerdo con el DRAE, okupar consiste en “tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin consentimiento de su propietario”. Al no hacer mención alguna a los motivos políticos que conducen a proceder de ese modo –denunciar la falta de efectividad del derecho a la vivienda– y en el marco de un sistema 5


económico donde el derecho de propiedad ostenta una relevancia fundamental, se puede entender fácilmente la connotación negativa que acompañaba a este término. Ahora bien, en el contexto de las luchas frente a la política de recortes impuesta tras la crisis de 2008 la ocupación muda su significado anterior hasta el punto de convertirse en la idea que vertebra el movimiento en algunos países, como Estados Unidos (Occupy Wall Street). En España la ocupación ostentará un lugar central en las protestas, aunque no haya cuajado como etiqueta definitoria. El 15M comienza con una ocupación, la de la Puerta del Sol madrileña, y poco a poco otras plazas serán tomadas en el resto del Estado. Ocupar los espacios públicos o recuperar espacios privados para el beneficio de los ciudadanos resulta una herramienta clave para lograr el empoderamiento popular. Así lo han entendido los gobiernos, que no han dudado en emplear el uso legítimo de la fuerza para intentar arrebatar nuevamente esos lugares a los ciudadanos, lo que pone de manifiesto la enorme importancia que presenta su dominio para la “simbología del poder” (Vizcaíno Pina, 2013: 58). Un tercer término es el de antisistema. El DRAE define antisistema como lo que es “contrario al sistema social o político establecidos”. Por tanto, antisistema son aquellos movimientos que se propongan cambiar el statu quo. La calificación positiva o negativa que se les otorgue dependerá de la valoración que merezca el propio sistema. Ahora bien, lo establecido goza de una presunción de legitimidad e, incluso, de racionalidad y moralidad precisamente por haber triunfado sobre otras opciones alternativas. Dicha presunción es del tipo iuris tantum, pero su destrucción requiere aportar fuertes razones. Entre otras cosas, es necesario enfrentarse a la inercia de los hechos y a la maquinaria de legitimación ideológica del propio sistema que convierte a los ciudadanos en creyentes. Un buen ejemplo nos lo brinda el sistema económico capitalista. Tras la caída del bloque soviético triunfaron tesis como la del “fin de la historia” que convirtieron en el sentido común de la época lo que antes no era sino una ideología económica más, incluso minoritaria: el neoliberalismo. Ahora bien, la crisis económica actual ha puesto de relieve que “ninguna de las propuestas sociales del neoliberalismo se ha cumplido” (Roitman, 2012: 33). El Estado de bienestar está siendo desmantelado y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población crece.

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El movimiento indignado ha sabido convertir en palabras un sentimiento ampliamente compartido anteriormente, pero carente de expresión por falta de referentes ideológicos sólidos en el imaginario colectivo común: el fracaso del sistema capitalista. El lema “no somos antisistema, el sistema es antinosotros” lo expresa de manera magnífica.

2.1.2 En clave negativa Entre los términos cuya connotación ha pasado de ser positiva a adquirir un matiz negativo, se halla apolítico. En sentido contrario, el vocablo política ha mudado su significado tradicionalmente negativo por uno positivo. Diversos factores, entre los que destaca la mercantilización de la política y la desactivación de los partidos y sindicatos de izquierda, condujeron a que a partir del último tercio del siglo XX “el idiota social se consolida[ra] como una opción de vida” (Roitman, 2012: 75). Involucrarse en asuntos políticos era visto como algo, en el mejor de los casos, inútil y, en el peor, sucio y corrupto. El movimiento indignado ha logrado romper esa tendencia. Primero rechazando los partidos tradicionales y luego con la creación de un partido, Podemos, cuyo funcionamiento interno difiere del de los partidos al uso, el movimiento ha conseguido ofrecer una imagen alternativa de la política: política no es sólo ni principalmente lo que se realiza en el Parlamento, sino la paralización de un desahucio, la participación en un escrache o en una manifestación, la ocupación de una plaza. Pero más importante aún, ha logrado que cale el mensaje de que el problema central reside en la dejación de funciones políticas por parte de los ciudadanos: si la política se delega en otros, serán ellos los que decidan de acuerdo a sus intereses. La recuperación de la dignidad de la política y el aumento de la participación ciudadana son instrumentos que, lógicamente, conducen a un mayor empoderamiento popular. Un segundo término que también ha mudado su significado positivo a otro negativo es crecimiento económico –aunque aquí la transformación no haya sido tan profunda–. Se trata de la idea clave del sistema capitalista, sobre la que descansa todo el edificio del mercado. El crecimiento constante y creciente conduce al deterioro medioambiental y el agotamiento de los recursos. Es por ello que en los últimos años han surgido propuestas que abogan por el decrecimiento, al entender que “la crisis

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ecológica global (…) forma parte intrínseca de la crisis sistémica del capitalismo” (Antentas y Vivas, 2012: 151). Una de las reivindicaciones del movimiento indignado alude al problema ecológico, aunque no ocupe un lugar tan prioritario como otros temas. En este sentido, en España se podría tomar como referencia la agenda de muchos movimientos sociales de los países del Sur, donde han comprendido que anticapitalismo y ecologismo han de ir unidos. Así, la evolución semántica del término crecimiento debería continuar hasta adoptar una connotación todavía más negativa. 2.2 Alumbramiento de nuevos términos La primera palabra que será analizada es dación en pago. La PAH ha sido la encargada principal de popularizar este término, que alude a una forma de resolución de un contrato hipotecario consistente en entregar el piso al banco para, así, saldar la deuda. En 2011 la PAH y otras entidades sociales y sindicales promovieron una iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar el derecho a la vivienda en la que, entre otros extremos, se proponía regular la dación en pago con efectos retroactivos para los lanzamientos hipotecarios de vivienda habitual. La ILP fue admitida a trámite en el Congreso en 2013, pero dos meses después el Partido Popular (PP) anunció la fusión de la misma con su proposición de ley sobre desahucios, que no contempla la dación en pago. De este modo, la ILP quedó desactivada de facto. A pesar de este varapalo, mediante la introducción de la dación en pago en el léxico político español, la PAH ha conseguido poner de manifiesto que lo que hay no es lo único posible, que la legislación hipotecaria española es abusiva –como se encargó de confirmar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)– y que es necesaria su modificación para igualarla al menos a la de otros Estados igualmente capitalistas. En estrecha conexión con la dación en pago se halla el segundo término novedoso que se pretende analizar: escrache. El escrache es una forma de protesta utilizada en Argentina en el contexto de la lucha por la justicia de transición y que la PAH introdujo en España para evitar los desahucios. Consiste en poner en evidencia a alguien acudiendo a su casa para señalarlo por sus crímenes o faltas graves, contando a sus vecinos y a la gente de su entorno qué ha hecho, repartiendo panfletos informativos, haciendo pintadas o caceroladas... El objetivo es crear entre la opinión pública un clima favorable para que una medida determinada se apruebe, termine la impunidad de los 8


responsables de vulneraciones graves de derechos humanos durante una dictadura, se paralicen los desahucios... Con la introducción de los escraches la PAH ha innovado el repertorio de métodos de protesta pacífica empleados por los movimientos sociales en España. El PP –secundado por algún otro partido– trató de criminalizar esta acción desde un principio, incluso equiparándola al terrorismo. No obstante, varios jueces han declarado que el escrache, lejos de constituir un delito, forma parte del contenido esencial del derecho a la libertad de expresión. El escrache ha permitido horadar siquiera la impunidad que rodea a los políticos de la casta, corruptos, insensibles ante la miseria de los ciudadanos, peones serviles a los intereses de los mercados. La palabra casta ha sido popularizada recientemente por Podemos. Casta designa a los políticos del régimen, del establishment, una elite que vive muy alejada de los ciudadanos, disfrutando de privilegios que la mayoría no tiene, y que ha secuestrado el poder en beneficio de los poderes económico-financieros. Es, de acuerdo con el DRAE, “un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás” por su poder e influencias. Frente a la casta se halla la gente, la mayoría social, y el objetivo que plantea Podemos es enfrentarse a la primera para derrotarla. Pese a las reminiscencias que pudiera plantear con la lucha de clases, asistimos en este caso a un conflicto interclasista, más transversal: de un lado, el 99% que clamaba el 15M y, de otro, el 1% que acumula la mayor parte de la riqueza. Al margen de que se comparta o no el acierto de emplear el término casta para designar al “enemigo” político a combatir –en lugar de hablar de clases, por ejemplo–, importa señalar un mérito que ha tenido el vocablo: poner de relieve los privilegios de quienes ostentan cargos públicos. Finalmente, otro término novedoso aparecido a raíz del surgimiento del movimiento indignado es el de mayoría silenciosa. En este caso, y a diferencia del resto, el vocablo no fue acuñado por los indignados, sino por el PP. Ante la iniciativa Rodea el Congreso (25 septiembre 2012), el gobierno recurrió a la apología de la ausencia de participación política y del desafecto ciudadano hacia los asuntos públicos, un verdadero alegato antidemocrático. El movimiento de los indignados, a través de sus acciones “ruidosas”, ha conseguido granjearse el apoyo de una mayoría social. Pese al poder de convicción del

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que goza el gobierno gracias a su dominio de los principales medios de comunicación y de los resortes jurídicos y represivos del aparato estatal su discurso en este punto no ha conseguido calar profundamente en la sociedad española. La degradación de las condiciones de vida de muchísimos ciudadanos va en aumento y ello resulta un terreno abonado a la protesta y la lucha social: quien no tiene nada (o cada vez menos) que perder, es más susceptible de propiciar el cambio y asumir riesgos. Pero, a la vez, otro factor resulta decisivo en este fracaso del discurso apologético de la pasividad ciudadana: la sospecha –o convicción, según los casos– de que sí se puede, de que la acción colectiva conduce a resultados positivos, de que es necesario recuperar la política por y para los ciudadanos. Y eso en gran medida es un mérito del movimiento indignado.

Conclusiones El análisis del discurso empleado por el movimiento indignado en España revela la fuerte influencia que ha tenido en la modificación del lenguaje político en este país: ha contribuido decisivamente a la aparición de nuevos términos, así como a la variación del significado que tradicionalmente se atribuyó a otros. Pero no sólo eso. Debido al papel central que desempeña el lenguaje en la conformación y comprensión de la realidad (teoría performativa del lenguaje), es posible afirmar que el fenómeno de la indignación ha desempeñado un papel importante en el aumento del empoderamiento ciudadano mediante la creación de un nosotros ampliamente inclusivo y el suministro de una visión alternativa de la política y de los medios de lucha. Ese sujeto colectivo recién aparecido ha vuelto a creer en la necesidad de participar en los asuntos públicos.

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Martínez García, J.I. (1992). La imaginación jurídica. Madrid: Debate. Roitman, M. (2012). Los indignados. El rescate de la política. Madrid: Akal. Searle, J.R. (1969). Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press. ---- (1995). The Construction of Social Reality. London: Penguin Books. Vizcaíno Pina, P.A. (2013). La recuperación de espacios públicos como símbolo de poder. El caso del Movimiento 15M. En Fabre Platas, D.A. y Egea Jiménez, C. (coords.) La Indignación. Un desencanto en lo privado y un descontento en lo público, 43-61. Granada: Universidad de Granada.

Agradecimientos Este artículo fue redactado durante una estancia de investigación en la Facultad de Derecho de Durham (Durham Law School) financiada con cargo al proyecto otorgado por el Consejo Europeo de Investigación (European Research Council) dentro del 7º Programa Marco de la Unión Europea (FP/2007-2013) - ERC Grant Agreement no 312304. Agradezco tanto a la Facultad de Derecho de Durham como a la Biblioteca Bill Bryson la ayuda brindada. Igualmente, quiero expresar mi agradecimiento a Xacobe Bastida Freixedo, de la Universidad de Oviedo, que leyó una versión preliminar de este trabajo y me hizo interesantes observaciones y comentarios muy útiles a la hora de mejorar el resultado final.

Biografía Lucía Payero López es doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo. Realizó su tesis doctoral sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos y la Constitución española de 1978. Entre sus líneas de investigación se encuentran la Filosofía del Derecho, la Teoría Política, la Sociología del Derecho y la Teoría Constitucional. Ha publicado artículos y presentado comunicaciones a congresos sobre autodeterminación nacional, descentralización política en España y el Reino Unido, federalismo, nacionalismo, justicia de transición en España y Argentina, inmigración, ciudadanía y cine y Derecho. Correo electrónico de contacto: [email protected].

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