EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCESO CIVIL PERUANO
I.- Introducción. El diseño de esta institución autónoma se encuentra plasmado, en primer lugar, en los artículos 158, 159 y 160 de la Constitución Política del Perú, Se desarrolla luego en su Ley Orgánica y modificatorias (LOMP), Decreto Legislativo 052 y, en sede judicial en materia civil, en los artículos 113 al 118 del Código Procesal Civil.
II.- Características principales. – 1. Autonomía.1.1.- Como institución.Se le conoce como autonomía externa. Hasta antes de la Constitución de 1 979 no tenia esta característica por cuanto formaba parte del Poder Judicial. El art. 158 de la actual carta recoge esta nota distintiva. Aunque no forma parte de la estructura del Poder Judicial, sus funciones se vinculan estrechamente a grado tal que sus miembros tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones en la categoría respectiva. Asimismo, les afectan las mismas compatibilidades y su nombramiento se encuentra sujeto a requisitos y procedimientos idénticos en su respectiva categoría. Tampoco puede colegirse que deviene antagónico al Poder Judicial. Ambas instituciones cumplen conjuntamente con su rol en el quehacer de la justicia para servir a la legalidad y a la sociedad. Carece de función jurisdiccional por cuanto el ejercicio de ésta corresponde en exclusividad a! Poder Judicial (art. 139°1) y además porque entre sus funciones encomendadas no se recoge las atribuciones de juzgar o hacer ejecutar lo juzgado. Esta autonomía externa no debe entenderse como la de un órgano independiente y ajeno a los distintos poderes del Estado, que representa por sí mismo un poder,
paralelo y autárquico, desvinculado de los demás. En tal sentido se sujeta a la Constitución y a la ley. El Ministerio Público forma parte de la estructura del Estado, pero no se identifica con éste por cuanto no representa sus intereses cuya defensa conforme al art 47 de la Constitución y al D. Leg. 1068 - Ley de Defensa Jurídica del Estadocorresponde a los Procuradores Públicos. Se atiene a la defensa del interés social o público que no siempre se relaciona con el del Estado, incluso muchas veces resultan incompatibles.
1.2. Como función.Se le conoce corno autonomía interna y se plasma en el art. 5 de la LOMP. En esta norma se establece que los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, [as que desempeñaran según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de la institución. Como apunta Hurtado Pozo: «No se trata, pues, de una libertad absoluta, sino de libertad de acción e interpretación de las normas que regulan el ejercicio de sus atribuciones y de los fines a alcanzar «. Sin embargo, su organización jerarquizada impone la necesidad de una comunidad y uniformidad de criterios que algunos recogen, bajo el nombre de unidad de criterio, como uno de sus principios rectores. En tal sentido el citado art.5 in fine dispone que en atención a la jerarquía establecida en la organización los fiscales deben sujetarse a las instrucciones que pudieran impartirles sus superiores. Esta característica se entiende en el sentido que dichas instrucciones deben ser de carácter técnico y científico para el mejor gobierno del organismo y para orientar la actividad de los demás fiscales. El Tribunal Constitucional ha establecido que el Principio de Jerarquía no puede llegar a anular la autonomía del Fiscal. El Fiscal de la Nación no puede dictar mandatos en relación con casos o procesos concretos/ En España, en cambio, el Fiscal General puede impartir a sus
subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos.
2.-Legalidad.Principio de Legalidad por el cual el Ministerio Público ha de actuar sujetándose a lo dispuesto por la Constitución Política, su Ley Orgánica y el las demás normas del ordenamiento jurídico de acuerdo a sus atribuciones, ya sea ejercitando las acciones o emitiendo informes, dictámenes de ley u oponiéndose a las ya promovidas. La actuación del MP es como defensor de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho. (Art. 159°1 CPE).
3.-Unidad.Constituye un principio de organización. Proviene del derecho francés donde nació e) principio «Le Ministere Publico est un et indivisible «. Es un cuerpo jerárquicamente organizado Se encuentra presidido por el Fiscal de la Nación quien es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. En España, por ejemplo, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, y lo ejerce en todo el territorio. Luego del Fiscal de la Nación le sigue en orden jerárquico, los Fiscales Supremos, Fiscales Superiores, y Fiscales Provinciales.
IV.-Atribuciones principales.La constitución determina diversas funciones siempre en relación al derecho de accionar ante los órganos del Poder Judicial que constituye su único campo de actuación. Estas facultades se consignan en el art 159° de la CPE y en el art. 1 de la LGMP, entre otras. Recogen, dejando a salvo la tradicional facultad como titular de la acción penal de la persecución del delito y la reparación civil, así corno la de
prevención del delito, todos en el vasto campo del derecho penal, otras facultades aplicables en ámbitos del proceso civil y de familia. a) La defensa de la legalidad b) La defensa de los intereses públicos. c) La defensa de los derechos ciudadanos d)
La representación de la sociedad en juicio (pro socíetas), para los efectos de
defender a la familia, a los menores e incapaces y la moral pública. e)
Emitir dictamen previo a las resoluciones en los casos que la ley lo dispone,
entre otras. f)
Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta
administración de justicia. Como se advierte el MP defiende los intereses públicos como, puede ser, la defensa de los intereses difusos (class action). En tal sentido, conforme ha sido expresamente ratificado por el 1° Pleno Jurisdiccional en Materia Civil de la Corte Suprema que ha creado por vez primera doctrina jurisprudencial, tiene legitimidad para obrar extraordinaria y como tal puede intervenir o promover la demanda correspondiente en estos temas. Esta función se recoge en el art.82 del Código Procesal Civil.
V.- El Ministerio Público en el Código Procesal Civil.-
Las diversas funciones que cumple el Ministerio Público en sede penal se encuentran ampliamente fundamentadas. El mismo criterio se puede ampliar a los procesos de familia y de violencia familiar. Empero, para los procesos civiles existe una importante corriente de opinión que aboga por su abolición. Muchas veces su intervención resulta superflua y al exigir traslados y dictámenes
intrascendentes se coloca como un serio obstáculo para un eficaz desarrollo de los procesos y la efectiva tutela jurisdiccional. Debe tenerse presente que por similares razones desapareció su intervención en los procesos constitucionales donde se tutela derechos fundamentales de la persona, conforme al actual Código Procesal Constitucional. El art.113°del Código Procesal Civil establece que puede ejercer las siguientes atribuciones. Se entiende que en forma excluyente: 1.- Como parte 2.- Como tercero con interés 3.- Como dictaminador.
1.- Como parte.En determinados casos previstos por la ley, bajo el influjo del concepto de representar a la sociedad o a los intereses públicos, se le debe emplazar en juicio como parte. Por ejemplo, en el proceso de separación convencional y divorcio ulterior (art.481 CPC) cuando los dos cónyuges se encuentran de acuerdo para esta pretensión se insiste que quien debe resistir en defensa del vinculo matrimonial sea el Ministerio Público, quien deberá ejercitar los recursos y ofrecer las pruebas pertinentes, (art.96 LOMP).Esta actuación la desarrolla también en los procesos de nulidad de matrimonio civil. Estimamos que en estos casos, a la luz de la Ley 29227 - Ley de Divorcio Municipal y Notarial por mutuo acuerdo - y su reglamento, donde no interviene el Ministerio Público, resulta poco transcendente e ineficaz su labor y bien se haría en derogarlas.
Esta actuación la califica Carnelutti, con mucha razón, como artificial y, añadiríamos, innecesariamente confusa, por lo que estimamos que debería modificarse precisando que no es parte por cuanto no defiende el interés de una de partes en litigio, sino el interés superior de la ley, También le atribuye una función “imparcial”. Una parte que no es parte. Al menos en el concepto ordinario
que tenemos de ésta: « ..mientras de ordinario la posición de parte en el proceso es naturalmente asumida por quien tiene un interés sustancial que defender en la relación controvertida, el Ministerio Público está instituido para defender, no los intereses que están en conflicto dentro de aquella relación, sino para vigilar, situándose por encima de la lucha de esos intereses partidistas, el interés superior y genérico en la observancia de la ley.» . Actúa como una parte, pero en interés superior al de las partes, es decir, en el interés imparcial de la justicia. El maestro italiano añade que «El Ministerio Público tiene una posición intermedia entre la del juez y la parte.» En forma similar al juez, es un oficial y forma parte del oficio judicial y, al igual que las partes no resuelve sino que promueve la providencia. «Por eso las relaciones jurídicas que le pertenecen presentan una figura ambigua, que no se sitúa fácilmente en los cuadros de la teoría general. « Esta función implica una contradicción (al menos en nomenclatura) con el Principio de Imparcialidad que domina al Ministerio Público. Si imparcial importa no ser parte, no parecería entenderse que en estos casos actúe como tal. Empero, como anota Moreno Catena » debe entenderse que el principio de imparcialidad supone la ausencia de implicación directa o indirecta del funcionario del MP en el caso concreto en que se deba actuar. « Por esta razón, concluye, no cabe recusación. Asimismo, por estas característica especial nunca es considerada como parte vencida y por tanto no se encuentra sujeta a los costos y costos (412 CPC).
2.- Como tercero con interés.-
Cuando en un determinado proceso la ley ha determinado que se le cite deberá apersonarse desempeñando una función de vigilancia.
3.-Como dictaminador.Esta facultad se consigna en el art. 159°6de la Constitución Política y se reitera en el art.114 del CPC. El fiscal debe emitir dictamen en los plazos que la ley determine. En caso de que no se indique no podrán ser mayores que los fijados para el juez. (art.115 CPC). Asimismo, en cuanto a la oportunidad será emitido después de actuados los medios probatorios y antes que se expida la sentencia, (art.116 CPC) La ley prevé esta función en determinados procesos como: en los que tengan derechos o intereses morales o económicos los menores o incapaces. En los que es parte un ausente. En la división y partición de bienes en las uniones de hecho, en cuanto se tienda a asegurar los bienes y derechos de las partes y de ¡os hijos comunes. En la contestación o impugnación de filiación matrimonial, ejecución de sentencias expedidas en el extranjero, entre otros, (art.89 LOMP). El dictamen tiene efecto meramente ilustrativo y su omisión no causará nulidad procesal en los casos que expresamente señala la ley. Eso no impide que debe encontrarse debidamente fundamentado.
COMENTARIOS AL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO SEGÚN EL CODIGO PROCESAL CIVIL
“Artículo 113°. -
Atribuciones.-
El Ministerio Público ejerce las siguientes atribuciones: 1. Como parte; 2. Como tercero con interés, cuando la Ley dispone que se le cite; y 3. Como dictaminador.
Concordante con esta norma tenemos la disposición contenida en el artículo 82 del mismo código que señala en lo pertinente:
Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos.Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor.
Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para ello. (…)”
Quede claro entonces que el Ministerio Público puede actuar como Parte demandante en un proceso civil cuando considere que se requiere tutela jurisdiccional efectiva para el denominado interés difuso como el patrimonio cultural o histórico de la Nación. Pues bien corresponde entonces señalar lo que entendemos por el concepto Parte. A tal efecto indicamos que nos adherimos a la definición que sobre el
mismo realiza el profesor Alvarado Velloso, quien anota: “(…) el conce pto de parte
debe ser esencialmente de carácter formal: con total independencia de la relación material debatida, es parte procesal todo sujeto que de manera permanente o transitoria deduce en el proceso una pretensión en nombre propio o en cuyo nombre se actúa (nunca sume el carácter de parte el representante de ella) y aquel respecto de quien se pretende.” habiendo señalado previamente: “De donde
se puede ya colegir que existen relaciones nacidas con motivo del proceso que no se encuentren necesariamente precedidas por una relación material en estado de conflicto. En otras palabras, no siempre existe plena coincidencia entre los sujetos que litigan (partes procesales) y los sujetos de la relación cuya existencia se afirma en el proceso (partes materiales).” En la misma línea se pronunció el profesor Calamandrei cuando señaló: “(…) la
cualidad de parte se adquiere, con abstracción de toda referencia al derecho sustancial, por el solo hecho de naturaleza exclusivamente procesal, de la proposición de una demanda ante el juez: la persona que propone la demanda, y la persona contra quien se la propone, adquieren sin más, por este solo hecho, la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia; aunque la demanda sea infundada, improponible o inadmisible (circunstancias todas ellas que podrán tener efecto sobre el contenido de la providencia), basta ella para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes.”
Con ello podemos concluir con Prieto Castro y Ferrándiz que el concepto de Parte “(…) no se identifica con la titularidad de los derechos y las obligaciones
materiales que son causa del mismo, ya que se puede iniciar un proceso mediante el ejercicio de una acción por quien afirme un derecho que realmente no le pertenece o seguirse contra quien no sea obligado por derecho material; e igualmente el proceso puede ser incoado y seguido por personas a quienes la ley atribuye la facultad de ejercer en él una titularidad jurídico material ajena, y entonces sólo so n parte en sentido formal.” Ahora bien a efectos de que la posición de parte pueda ser válidamente entendida como tal deberá atenderse a la verificación de las siguientes calidades:
1. En todo proceso las partes deben ocupar dos posiciones o bandos: actor y demandado en el campo civil; acusador y reo en el penal. 2. En todo proceso las posiciones duales deben hallarse enfrentadas exhibiendo un claro antagonismo entre los sujetos. 3. En todo proceso las partes deben hallarse en pie de perfecta e irrestricta igualdad. Así las cosas podemos concluir a esta altura que el Ministerio Público se encuentra autorizado –por mandato de Ley- a poder fungir como Parte en procesos civiles con pretensiones de tutela para la protección o reparación del Patrimonio Cultural de la Nación. No obstante, atendiendo a las definiciones citadas respecto del contenido del concepto Parte, podemos también concluir que en rigor de verdad tal autorización legal no resultaba necesaria ya que el Ministerio Público podía igualmente comportarse como Parte no solamente en un proceso civil con la pretensión reseñada sino en general en cualquier proceso que a éste se le ocurriera. Cosa distinta –como veremos luego- será verificar si este organismo constitucional ostenta realmente la legitimidad necesaria para que el órgano jurisdiccional, según su pedido, pueda declarar, constituir y/o sancionar algún derecho determinado. Esto es comprobar si la afirmación de la titularidad objeto de tutela jurisdiccional era o no real respecto de quien la propuso mediante una demanda. A propósito de ello, diremos que en la evolución de la Legitimidad para obrar como requisito para el pronunciamiento de fondo, se han considerado dos teorías que intentan explicar cuándo existe la mentada legitimidad: (i) La Teoría de la Titularidad y (ii) La Teoría de la Afirmación de Titularidad.
(i) Teoría de titularidad del derecho Para esta teoría existe legitimidad parar obrar cuando el demandante es titular del derecho discutido en el proceso y cuando el demandando es titular de la correlativa obligación. También se adhieren a esta teoría, quienes determinan la legitimidad parar obrar a partir de la identidad que debe existir entre quienes conforman la relación jurídica sustancial y la relación jurídica procesal, pues en el fondo se sostiene también que un sujeto está legitimado cuando es titular de la relación jurídica, finalmente del derecho.
(ii) Teoría de la afirmación de titularidad Para esta teoría, la legitimidad para obrar se determina a partir de la afirmación que realiza el demandante sobre la titularidad de las situaciones jurídicas subjetivas que él lleva al proceso, sin que sea necesario acreditar o probar la efectiva titularidad del derecho afirmado o la imputación de responsabilidad del demandado. Por nuestra parte, nos adherimos a esta segunda teoría ya que consideramos que el concepto de Legitimidad para Obrar es uno estrictamente formal o procesal que habilita a una persona a poder actuar en un proceso determinado a consecuencia de la propuesta de una pretensión jurídica y a consecuencia de la afirmación de una titularidad respecto de un derecho material. Esto es lo que le habilita a actuar en el proceso y no el que sea efectivamente titular o no del derecho ya que ello será objeto de pronunciamiento sobre el fondo de la litis. Es en su virtud –de la simple afirmación de titularidad- que el juez del proceso deberá verificar si esta era o no real. Así coincidimos con el profesor Silguero Estagnan, cuando al referirse a la Teoría de la Titularidad señala: "Lo cierto es que esta teoría debe entenderse superada al ser evidente la distinción entre la legitimación y la titularidad. En efecto, es importante destacar que, la titularidad del derecho u obligación de un sujeto, es objeto del pronunciamiento de fondo. En cambio, la legitimación cumple una función exclusivamente procesal ya que es necesaria para que el sujeto parte
pueda ser destinatario de los efectos del proceso pues atañe a la eficacia de los actos procesales.”
En lo que respecta al Perú, Montero Aroca, comentando la regulación de dicha institución en el Código Procesal Civil, señaló: "La legitimación, pues, no puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia; sino, simplemente, en las afirma ciones que realiza el actor.” Ahora bien, repasando. Parte, en términos simples, será cualquiera que demande o resulte demandada; mientras que Parte Legitimada será aquella que además de demandar o resultar demandada afirma la titularidad del derecho exigido o adeudado. Así, hacemos nuestro lo anotado por el profesor Silguero Stagnan cuando indica: "La titularidad efectiva o solamente afirmada de la relación o del estado jurídico, constituye criterio básico para la determinación de los sujetos legitimados para el ejercicio de una acción determinada. Por otro lado el profesor Español Ramos Méndez señala lo siguiente: "La introducción de un juicio se hace en base a una afirmación jurídica que efectúa una de las partes. Ello, por sí sólo, es suficiente para fundar la legitimación de las partes en ese juicio y generar todo el conjunto de expectativas y cargas en que éste se resuelve." Del mismo modo, el profesor Asencio Mellado señala que para encontrarse legitimado en un proceso, sólo basta afirmar la titularidad de la situación jurídica subjetiva, pues la titularidad “efectiva” se dilucidará en la sentencia definitiva: "La
falta de titularidad, en su caso, se dilucidará en la sentencia definitiva, no antes." Finamente, el profesor Morón Palomino afirma categóricamente: "Ahora bien: puesto que hasta la finalización del proceso no se conoce si el derecho reclamado existe y corresponde a la parte que postula su actuación, habrá que reputar suficiente, al menos inicialmente, la mera afirmación de dicha titularidad o pertenencia.”
Tenemos entonces que en realidad cuando el inciso 1 del artículo 113 del Código Procesal Civil peruano dispone que el Ministerio Público pueda actuar como Parte solicitando tutela jurisdiccional efectiva para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación en realidad no lo está constituyendo como tal ya que como hemos visto ello resultaba absolutamente innecesario (Parte puede ser cualquiera), sino que más bien lo está legitimando extraordinariamente para poder afirmar que es titular del interés difuso: Patrimonio Cultural de la Nación.30 En el caso que hemos comentado sucedió que la nulidad quería ser declarada por no tenerse en claro el concepto de Parte ni menos aún el de Parte Legitimada y a consecuencia de ello, no se estuvo en aptitud de comprender la norma que disponía la necesidad del dictamen fiscal en aquellos casos en los que el Estado peruano era Parte. Esto es así ya que debieron entender que la finalidad de tal norma jurídica era de tutelar de mejor manera los intereses del Estado a través de la participación del Ministerio Público como dictaminador. En lo sucedido no pudieron comprender que dicha finalidad fue en exceso cumplida ya que al haber actuado el Ministerio Público como Parte Legitimada veló de mejor manera por los intereses estatales. Lo dicho sin perjuicio de mencionar que el Ministerio Público con su actuación como Parte obviamente tenía directo interés en el resultado del proceso motivo por el que además no podía comportarse como Dictaminador imparcial (como corresponde) en el mismo proceso. En palabras del profesor Alvarado Velloso: “De
ahí que algunos autores –con tesis hoy superada- exigen a los integrantes del ministerio público una categórica imparcialidad en el desempeño de su función sin advertir que tal afirmación contiene una clara contradictio in terminis: decir que el fiscal es la parte imparcial del proceso constituye un disparate lógico imposible de sostener por más que los autores haya n persistido años en el error.” De otro lado, debemos mencionar que el artículo 21 del D. Ley 17537 (Ley que crea el Consejo de Defensa Judicial del Estado) establece que en aquellos casos en los que el Estado sea parte, el Ministerio Público deberá emitir su opinión a través de un dictamen. Pues bien, una interpretación constitucional de tal norma
nos permite concluir que dicho dictamen solamente podrá ser válidamente emitido en aquellos casos en los que el Ministerio Público NO SEA PARTE DEL MISMO PROCESO en el que participa el Estado.
Esto, en atención a reiterada jurisprudencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional, que establece que el ordenamiento jurídico deberá ser interpretado “desde” y “conforme” con la Constitución del Estado, que reconoce en el inciso 3
de su artículo 139 el derecho fundamental a un DEBIDO PROCESO. Este derecho exige para su real vigencia, el respeto a la igualdad de oportunidades de defensa para las partes que participan de un proceso judicial. Si se permitiera que el Ministerio Público además de actuar como parte demandante (con un interés directo en el resultado del proceso), emita un dictamen mediante el cual “opine”
sobre la procedencia y fundabilidad de su propia pretensión, se estaría introduciendo un elemento de desigualdad que solamente beneficiaría al Ministerio Público, lo que es constitucionalmente inválido. Debe además tenerse presente que mediante la participación del Ministerio Público como demandante, se ha tutelado de mejor manera los intereses del Estado y de la sociedad. En efecto, al actuar como parte demandante, ha presentado sus pretensiones, ha ofrecido prueba, ha contradicho los argumentos de defensa de los demandados, ha participado de las audiencias, ha realizado informes orales, ha presentado alegatos, ha sido escuchado las veces que ha deseado, ha impugnado la sentencia, etc. Esto es mucho más útil, eficaz y efectivo que un simple dictamen.
CONCLUSION Llama la atención que los casos sean demorados en su resolución por una incomprensión de conceptos procesales y que a consecuencia de ella se afecte la difusión de cultura en el Perú. El artículo 113 del Código Procesal Civil establece que el Ministerio Público actúa en los procesos civiles como
parte legitimada o como dictaminador. Si es parte
legitimada (demandante) ya NO puede actuar como dictaminador, ya que dicha función le exige una labor imparcial y objetiva para opinar sobre la procedencia y fundabilidad del caso que se le proponga, cualidades que no reúne quien ha actuado como demandante. Sostener lo contrario importaría darle al Ministerio Público la posibilidad de contar con más opciones de defensa que los demandados. Esto promueve la desigualdad procesal y lesiona el derecho fundamental a un Debido Proceso que definidamente asiste a las partes del proceso.
TITULO III MINISTERIO PUBLICO Artículo 113.- Atribuciones.El Ministerio Público ejerce las siguientes atribuciones: 1. Como parte; 2. Como tercero con interés, cuando la ley dispone que se le cite; y 3. Como dictaminador.
Artículo 114.- Dictamen.Cuando la ley requiera dictamen fiscal, éste será fundamentado.
Artículo 115.- Plazos.Los representantes del Ministerio Público cumplirán los plazos establecidos en la ley, bajo responsabilidad. Cuando la ley no fije plazo para determinado acto, éste no será mayor que el que corresponde al Juez.
Artículo 116.- Oportunidad.El dictamen del Ministerio Público, en los casos en que proceda, será emitido después de actuados los medios probatorios y antes que se expida sentencia.
Artículo 117.- Causales de excusación y abstención.Los representantes del Ministerio Público deben excusarse o abstenerse de intervenir en el proceso por las causales que afectan a los Jueces. No pueden ser recusados.
Artículo 118.- Responsabilidad.El representante del Ministerio Público es responsable civilmente cuando en el ejercicio de sus funciones actúa con negligencia, dolo o fraude. El proceso se sujeta al trámite que corresponde al de responsabilidad civil de los Jueces.
