ÁMBITO DE APLICACiÓN DEL SANEAMIENTO

CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES I.

SANEAMIENTO: 1. ANTECE ANTECEDEN DENTES TES

La obli obliga gaci ción ón de sa sane neam amie ient nto o se orig origin inó ó en los los ca caso soss de evic evicci ción ón,, posteriormente se extendió a los vicios ocultos de los bienes y al hecho propio del transferente. En efecto, el artículo 1484 tiene su antecedente en el artículo 575 del Código Civil de 1852, el cual regulaba la evicción y saneamiento en caso de enajenación, pero solo cuando esta procedía a título oneroso. Asimismo, el artículo 1415 del mismo Código consideraba al sa sane neam amie ient nto o como como un elem elemen ento to natu natura ral, l, pues pues se seña ñala laba ba que que el vendedor se encontraba obligado a ello, aunque no se haya expresado en el contrato, en este mismo sentido apuntaba el artículo 1370 del Código Civil de 1936. Porr su part Po parte e, el artí artícculo ulo 1485 1485 del del vige igente nte Código digo Civi Civill tiene iene su antecedente en los artículos 575, 1415 Y 1417 del Código de 1852 y en los artículos 1351, 1370 Y 1372 del Código Civil de 1936. De igual forma, encontramos su fuente en los artículos 1474 del Código español y 1893 del Código colombiano.

ARTICULO

1485

En virtud del saneamiento el transferente está obligado a responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor.

CONCORDANCIAS:

C.C. C.C. . -;ri;1 -;ri;1:i81 :i81i;1 i;1491 491,, 1503, 1503, 1524 1524 Y 1527 1527 LEY LEY 268 26887 87 arto arto 28 2. DEFINICIÓ DEFINICIÓN N DE SANEAM SANEAMIENTO: IENTO:

Según dice Vládik Aldea Correa, el artículo 1485 del Código Civil regula el saneamiento, el cual consiste en la obligación natural que tiene todo transferente de un bien o derecho, de garantizar al adquiriente el disfrute de los mismos, vale decir, que su adquisición debe ser jurídicamente segura o que, dicho bien o cosa, cumple con los propósitos por el cual se adquirieron. El transferente está, pues, obligado a responder legalmente en caso el adquirente sea privado del goce del bien por parte de un tercero, por hechos propios del transferente o por vicios propios de la cosa, pues dichos eventos dan como resultado que el bien sea in idóneo para para la fina finallidad idad por por la cual ual fue fue adqu adquir iriido o que que se produ roduzzca un menoscabo en su valor. La oblig obligac ació ión n de quie quien n tran transfi sfier ere e no se agota agota en la ce cele lebra braci ción ón del del contrato mismo, sino que se extiende en el tiempo, pues el Derecho Civil esti es tim ma que, que, aten atendi dien endo do al prin princi cipi pio o de la bue buena fe cont contra ract ctua ual, l, el adquirente debe ser protegido y garantizado durante un lapso prudente. Un anál análisi isiss ec econ onóm ómic ico o de es esta ta figu figura ra juríd jurídic ica, a, se sust susten enta ta en que que el Derecho Civil debe presumir normalmente cuál sería el arreglo a que arribaran las partes de ocurrir algún evento, usualmente previsible, que afecte la propiedad, posesión o uso del bien adquirido, siendo que en este escenario lo más natural sería dejar indemne al adquiriente perjudicado, es por ello que se dispone legislativamente obligaciones de saneamiento como garantías implícitas.

Este tema es visto como un caso de asimetría informativa, entre la parte que transfiere el bien y la parte que lo adquiere. El transferente, se enti ntiende, de, que conoc noce del bien, tiene experie rienci ncia en su uso y manip anipul ulac ació ión, n, sa sabe be (o al menos enos está stá en cond condic icio ione ness de sa sabe ber) r) de cualquier defecto, vicio, carga o gravamen que puede recaer sobre la cosa, información con que no cuenta el adquirente y que, en la mayoría de casos, no está en aptitud de obtener previamente a la compra. Así, no existe un mecanismo eficiente y voluntario de transmisión de la infor inform mac ació ión n integ integral ral so sobre bre el bien bien,, en prime primerr lugar lugar porqu porque e no exis existe te incentivos para el transferente en divulgar toda la información por el temor a que el adquirente se desista de la compra y, en segundo lugar, cuando la información tiene un nivel de complejidad que difícilmente pueda ser entendida por personas distintas al transferente, lo cual deriva en un resultado idéntico, es decir, el desistimiento de la compra por parte del adquirente. Es en estos casos, en que se justifica el surgimiento de la obligación de saneamiento, debido a que no existen suficientes incentivos en el transf transfer eren ente te para para divu divulg lgar ar toda toda la info inform rmac ació ión n rela relati tiva va al bien bien materia de la operación contractual. Evidentemente en la figura del saneamiento existe un criterio de justa equiv equivale alenc ncia ia entr entre e las las pres presta taci cion ones es,, que que nació nació origin originalm almen ente te en el cont contra rato to de com comprav praven enta ta y que que lueg luego o se exte extend ndió ió a otra otrass figu figura rass contractuales que involucren trasferencia de un derecho de propiedad, posesión o uso de un bien. Así, en la compraventa de una de las partes se obliga a entregar el bien, mientras que la otra se obliga a pagar su precio, siendo que al ocurrir la des posesión del bien o al afectarse por algún vicio propio o generado por quien lo transfiere, hace que el adquirente pierda el bien o que este no sirva para a finalidad que lo adquirió, razón por la

cual se exige una devolución del precio o una disminución del mismo, en su caso1. Cuando una persona celebra un contrato se obliga al perfeccionamiento del mismo. La obligación de saneamiento da una acción distinta, es decir, hace responsable al transferente ante el defecto de poder perfeccionar su obligación. Enneccerus, hace un símil interesante respecto a la transferencia de un crédito (ENNECCERUS, pp. 71-73), el destacado jurista alemán cuando se refiere a que el transferente responde por la existencia jurídica del derecho cedido -como una obligación de saneamiento- pero no por la posibilidad de hacerlo efectivo, es decir, no responde por la solvencia del deudor cedido. Cuando el adquiriente pierde legalmente el bien adquirido o pierde la utilidad esperada, es que opera el saneamiento como mecanismo de indemnización, distinto a la acción de perfeccionamiento de la transferencia de la cosa. Este hecho se grafica claramente en el supuesto de evicción, cuando el transferente carece de título para transmitir derecho sobre el bien, en este caso no es admisible solicitar el perfeccionamiento de la transferencia a una persona que carece de legitimidad para transferir, pero si es válido exigirle una reparación civil. En palabras del destacado civilista nacional Max Arias Schreiber, el objetivo que persigue la institución del saneamiento "es dejar indemne al 1

Estamos. pues, en la esfera de la responsabilidad contractual, por ello el español Manresa y Navarro explica que si el adquirente "se ve privado de la cosa o en la misma resultan vicios o defectos que imposibilitan o dificultan su uso y disfrute, el fin que el comprador se propuso no se logra, y el precio por él entregado no tiene su equivalente en la cosa recibida. Ante estos hechos es de evidente justicia que surja una responsabilidad en el vendedor. Esta responsabilidad se hace efectiva saneando" (MANRESA y NAVARRO, José María. "Comentarios al Código Civil español". Tomo X. Instituto Editorial Reus, Madrid, 1950, p. 200). De manera correcta, Manuel De la Puente expone que "basta que se produzca una de las causales que señala la ley para el funcionamiento del saneamiento para que surja la responsabilidad del transferente, independiente del dolo o culpa de su parte, que solo tiene incidencia para 105 efectos de la indemnización de 105 daños y perjuicios" (DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "El contrato en general". Tomo, U!. Palestra Editores, 2" edición, Lima, 2001, p.

adquirente cuando este no se encuentra en aptitud de utilizar el bien dentro de la finalidad para lo cual lo adquirió en propiedad, posesión o uso. Dentro de este enfoque, -agrega el citado autor- el saneamiento constituye en esencia una indemnización, dado que cuando se transfiere y correlativamente se adquiere la propiedad (adquisición definitiva) o la posesión o uso (adquisición temporal), se pone de manifiesto el deber que tiene el transferente de que el adquirente disfrute del bien adquirido; y si ello no es posible debido a la falta de título o derecho del primero, a defectos del bien o a hechos propios del transferente, debe entonces repararse el daño ocasionado" (ARIAS SCHREIBER, p. 164). Desde cierta perspectiva, la obligación de saneamiento constituye una variante para exigir el cumplimiento del contrato traslativo del bien, entregando en sustitución una obligación distinta (como ocurre cuando se procede a la indemnización) o entregando una contraprestación menor a la originalmente pactada2. Como habíamos adelantado, la obligación de garantía puede ser considerada así como una simple prolongación de la obligación de entrega (como opinan los MAZEAUD, p. 267). Sin embargo, sería absurdo un escenario legal en donde el transferente garantice y responda ilimitadamente por el bien transferido. Es por ello, que las obligaciones de saneamiento deben de ajustarse a criterios de temporalidad y prudencia,

2

Autores como Atilio Anibal Alterini sostienen que "el saneamiento (...) da lugar a que el adquirente ejerza las acciones de cumplimiento del contrato: por tanto, aquel tiene asimismo, derecho a requerir al garante que perfeccione el titulo, o subsane los defectos (...) o que le indemnice los daños que ha sufrido" (AL TERINI, Atilio AníbaL "Contratos civiles, comerciales, de consumo. Teoria general". Ed. Abeledo-Perrot, primera reimpresión, Buenos Aires, 1999, p. 544). Por su parte, de manera muy precisa Jorge Eugenio Castañeda señala que "la obligación que importa el saneamiento es correlativa al derecho que tiene cada contratante para tratar de hacer efectiva la prestación que debe su contratante contrario. El derecho a que se le sanee la prestación que recibe lo tiene el acreedor que a su vez, es deudor de su prestación" (CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. "Instituciones de Derecho Civil". Tomo primero. El Derecho de los Contratos. Editado por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1966, p. 282).

pero, jurídicamente nada impide que el propio transferente se obligue al saneamiento por un plazo mayor a lo dispuesto en la norma civil. En suma, esta institución tiene que ver con la finalidad o causa por la cual una persona adquiere un bien. Por el saneamiento, el transferente se obliga a garantizar el disfrute de ese bien, no solo en el sentido de no ser perturbado por un tercero, sino en el entendido que cumple bien con su finalidad, caso contrario el transferente deberá responder al adquirente. Con ello, la ley busca defender el equilibrio contractual que debe existir al momento de celebrarse el contrato y lo hace aun cuando los contratantes no hayan advertido la existencia de la rotura de dicho equilibrio (DE LA PUENTE Y LAVALLE, p. 400).

3. ALCANCE DE LA OBLIEACIÓN DE SANEAMIENTO

El saneamiento solo existe en las obligaciones de dar, esto es, en las obligaciones que consistan en la entrega de un bien a título de propiedad, posesión o uso. Como hemos afirmado, el saneamiento es un elemento natural que existe en todo contrato que involucre una transferencia o entrega de un bien, ya sea de consumación inmediata o de tracto sucesivo. Lo encontraremos presente

en

contratos

civiles

como

compraventa,

suministro,

arrendamiento, mutuo, comodato, permuta, depósito, donación, prenda; o en contratos de índole comercial como en el contrato de sociedad al efectuarse el aporte social o en operaciones de arrendamiento financiero (Ieasing). ¿Es necesario que se haya producido la transferencia del derecho de propiedad, posesión o uso del bien, para que surja la obligación de saneamiento? Cabe advertir que las reglas de saneamiento no se aplican, en sentido estricto, sobre contratos reales, vale decir, aquellos que efectivamente transfieran derechos de propiedad, posesión o uso, sino -como informa el artículo 1484- sobre aquellos que sean simplemente "relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión o el uso de un bien", no siendo exigible que dicha transferencia se materialice necesariamente por el contrato o acto jurídico distinto. No es jurídicamente relevante que el contrato en el cual se tiene por propósito la transferencia de la propiedad, posesión o uso de la cosa, tenga una naturaleza definitiva o un plazo indeterminado. Es admisible que el saneamiento también se aplique en contratos temporales o de plazo fijo.

Asimismo, la obligación de saneamiento que tiene el transferente, alcanza a los contratos de transferencia onerosa o gratuita. Como se recordará los Códigos Civiles de 1852 (artículo 575) y el de 1936 (artículo 1370), solo reconocían la obligación al saneamiento en los contratos onerosos, desprotegiendo a los adquirentes a título gratuito, situación que ha sido revertida con el cuerpo civil vigente. 3.1. SANEAMIENTO

EN

OBLIGACIONES

DE

HACER:

REGLAS

ESPECIALES Ahora bien, en principio debería rechazarse la aplicación de las reglas de saneamiento en las obligaciones de hacer (contratos de prestación de servicios), pues como hemos apreciado están reservadas para las obligaciones de dar un bien o cosa. Sin embargo, existen obligaciones de hacer, particularmente, aquellos negocios contractuales en los que la prestación del servicio puede consistir en elaborar una obra concreta (como por ejemplo en los contratos de obra o los de edición) y en donde la obligación no solo se circunscribe a obtener el resultado, es decir, elaborar la obra pactada, sino también en trasladar la propiedad (posesión o uso) de dicho resultado. Si bien en estos casos, se suelen dictar reglas especiales de saneamiento para proteger al adquirente (comitente), como ocurre en nuestro Código el contrato de obra (artículos 1782 al 1784), somos de la opinión, que incluso en estos casos no debe existir impedimento alguno para aplicar las normas generales de las obligaciones de saneamiento (siempre que no resulten contrarias a las disposiciones particulares), haciendo responsable al contratista por la evicción, por el hecho propio del transferente o por vicios ocultos del bien transferido, de ser el caso.

3.2.

TRANSFERENCIAS DISTINTAS A BIENES TANGIBLES: DERECHOS O CRÉDITOS

Tanto el artículo 1484 como el 1485 anotan que existe saneamiento en los casos de transferencia de un bien. Por ello, no cabe duda que el transferente debe responder ante el adquirente cuando ha procedido a la entrega de bienes, siendo estos, muebles e inmuebles tangibles. Pero cuando las normas de saneamiento hacen mención a bienes, ¿podremos comprender dentro de tal concepto a los derechos?. Estimamos que el concepto de bien dentro de las disposiciones referidas al saneamiento, no se reduce a la transmisión de cosas tangibles, sino que puede abarcar a la entrega de derechos y créditos. Razón por la cual, participamos porque hay lugar a saneamiento también en la transferencia de intangibles como derechos (marcas comerciales o derechos de concesión) o créditos (deudas impagas), coincidiendo con la posición del destacado jurista nacional Manuel De la Puente y Lavalle quien dice que "respecto a la transferencia de los derechos, considero que si el concepto de bien comprende tanto las cosas como los derecho, no hay inconveniente legal alguno para que la responsabilidad por saneamiento se aplique a los contratos que constituyen los títulos mediante los cuales se transfieren derechos, como es el caso de la venta de derechos" (DE LA PUENTE Y LAVALLE, p. 408). Nuestro Código Civil no debe reducirse a proteger al adquirente de cosas sino también al de intangibles, máxime aun cuando modernamente es usual que estos últimos superan el valor de aquellas. Aquí la protección no es al bien en sí mismo, sino a la finalidad, destino o disfrute normalmente esperado por el adquirente del bien o derecho. 4. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL SANEAMIENTO:

Nuestro Código Civil señala expresamente tres supuestos dentro de los cuales el transferente del bien responde por el saneamiento ante el adquirente, a saber la evicción, los vicios ocultos del bien y los hechos propios del transferente. a) Saneamiento por evicción Acontece cuando el adquirente es privado de derecho de propiedad, posesión o uso, ya sea total o parcialmente, por así haberlo dispuesto una sentencia judicial o una resolución administrativa firme 3, en razón de un derecho de tercero, anterior a la transferencia del bien. La evicción es el despojo lícito que soporta dicho adquirente. Si el adquirente pierde el bien por existir sobre el mismo un derecho ajeno y anterior al contrato relativo a la transferencia (como por ejemplo en el caso del heredero preterido que posteriormente reivindica judicialmente su herencia), el transferente debe indemnizar al adquirente por el perjuicio patrimonial ocasionado (pérdida del derecho de propiedad, posesión y/o uso). El vendedor o transferente del bien se encuentra obligado a responder por el despojo patrimonial, restituyendo su precio o valor, los frutos, las costas del juicio, las mejoras, los tributos, los intereses y/o indemnizando al adquirente, de ser el caso. b) Saneamiento por vicios ocultos El transferente estará obligado al saneamiento cuando al tiempo de la transferencia del bien, este presenta vicios ocultos. A diferencia de la evicción, en el saneamiento por vicios ocultos no se requiere de una resolución judicial, arbitral o administrativa previa, por lo que el 3

ALDEA CORREA, Vládik. El saneamiento por vicios ocultos en el Derecho Civil, y la responsabilidad por productos defectuosos en el Derecho del Consumidor. En Diálogo con la Jurisprudencia N° 19, abril, Lima

adquirente o comprador podrá exigir directamente al transferente que responda por los vicios o defectos, fundado en que el bien ha perdido las cualidades necesarias para la finalidad por la cual se adquirió o porque dichos vicios reducen su valor de adquisición. c) Saneamiento por hecho propio del transferente El transferente está obligado al saneamiento por hecho propio de este, que disminuye el valor del bien o lo hace inútil para la finalidad de su adquisición, o reduce sus cualidades para ese efecto. Es decir, que por una conducta propia del transferente (y no por un evento ajeno, como es el caso de la evicción y los vicios ocultos) el bien resulta inservible para los propósitos de su adquirente. La conducta del tradens incumple con el deber implícito de abstención que existe en un contrato de transferencia de un bien, nos referimos a abstenerse de cualquier acto que perturbe al adquirente de la propiedad, posesión o uso del bien. El hecho atribuible al transferente puede haber sido, incluso, anterior a la transferencia del bien, pues lo que se requiere en realidad para que el obligado responda es que el hecho no permita destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que el mencionado bien disminuya su valor. 5. RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER OBJETIVO

El saneamiento no surge de manera inmediata, requiere que suceda un evento futuro (por ejemplo la evicción) para que recién produzca efecto la exigibilidad de la obligación, pues está supeditada a una condición suspensiva. Si no ocurre el evento, pues sencillamente no nace la obligación al saneamiento.

Ahora bien, una vez ocurrido el evento o acontecida la causal, por la cual el transferente debe responder civilmente ante el adquirente, se debe cumplir ex lege con esta obligación, sin entrar a discutir la participación del dolo o culpa en el evento. Por ello, podemos señalar que la obligación de saneamiento se caracteriza por operar automáticamente, pues consiste en una responsabilidad de carácter objetivo. Debe recordarse que el análisis del dolo o la culpa del transferente (responsabilidad subjetiva) se discute jurídicamente para efectos de determinar la indemnización por daños y perjuicios, como bien mandan los artículos 1495 inciso 7 y 1512 inciso 5, de ser el caso, mas no para la exigibilidad del saneamiento. JURISPRUDENCIA "Sanear, en su concepto más amplio significa remediar una cosa, y en su acepción contractual el saneamiento es considerado como la obligación del transferente del bien de remediar al adquirente por los vicios ocultos del bien, de tal manera que la obligación de saneamiento, es complemento de la de entregar y se está obligado a sanear en tanto no se entregó una cosa como se debía, así, la obligación de sanear cubre este defecto o vacío y como se expresa en la exposición de motivos, asegura al adquirente que podrá gozar de la cosa conforme a su destino, como establecen los artículos 1484 y 1485 del Código Civil".

(Cas. N° 1735-97. Diálogo con la Jurisprudencia N° 42. Marzo, 2002, p. 275).

CAPÍTULO SEGUNDO SANEAMIENTO POR EVICCIÓN 1. DEFINICIÓN SANEAMIENTO POR EVICCION ARTICULO 1491 Se debe el saneamiento por evicción cuando el adquirente es privado total o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero, anterior a la transferencia.

CONCORDANCIAS:

C.C. arts. 867. 896, 923, 947, 982, 999, 1026, 1484 Y SS., 1492 Y 55., 1501., 1900; LEY 26887 arto 28 Carlos Flores Alfaro afirma de acuerdo a la política legislativa de nuestro ordenamiento civil que el saneamiento busca proteger la situación jurídica del adquirente de un bien, atendiendo al cumplimiento de la finalidad de su adquisición o a la conservación del valor del bien adquirido. Sin embargo, es difícil conocer la finalidad para la que fue adquirido el bien cuando las partes no lo han acordado expresamente en el contrato, debiendo, en todo caso, comprenderla a partir de la interpretación constitucional de que su explotación debe ser "conforme a su destino natural en la economía" (Expediente N° 0OO8-2003-AL/TC).

Si la evicción, por privación total, anula todas las facultades adquiridas por el titular del objeto, ya sean de disposición, disfrute y uso (toda ellas, por cierto, quepan en el derecho de propiedad), resulta innecesario persuadimos sobre el efecto de este hecho en el valor del bien. Distinto es el caso de la privación parcial del bien, donde la necesidad del saneamiento se evidencia básicamente por la disminución del valor económico del bien. 1.1.

EL SANEAMIENTO: OBLIGACIÓN LEGAL:

Si el saneamiento es la "obligación (legal) de responder al adquirente" cuando ha sufrido la pérdida total o parcial del bien recibido, y con ello la posibilidad de alcanzar la finalidad de su adquisición y su valor económico, entonces nos encontramos frente a una relación obligatoria derivada de la responsabilidad del transferente de compensar todos los perjuicios económicos producidos en la esfera del adquirente con ocasión de la privación de los derechos transferidos4. La definición de nuestro Código lo distancia de la propuesta de el Código italiano que entiende al saneamiento como una respuesta o garantía debida por el transferente cuando el adquirente sufre la pérdida de la cosa, lo que incluye necesariamente la reparación del daño; o del Código argentino, que entiende por saneamiento a la obligación del transferente de evitar que el adquirente sufra la pérdida de la cosa y de indemnizarlo si esto se produce. Sobre esto último conviene destacar el error lógico del razonamiento legislativo argentino al entender al saneamiento como una obligación de 4

ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Código Civil peruano. Tomo 1, Contratos: Parte General, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 1998.

garantía debida por el transferente al adquirente en el caso de "turbación" de los derechos recibidos, así como una obligación de reparar los daños y perjuicios cuando la evicción ya se consumó, toda vez que en el primer caso, el incumplimiento de esa "obligación" en ningún modo puede ser resarcido por vía directa, sino que deberá esperar necesariamente a la consumación de la evicción (privación) para que proceda la reparación por su incumplimiento. Piénsese, qué pasaría entonces, si a pesar de que el transferente no cumple con su obligación de garantía de defender en juicio el derecho trasmitido y a pesar de ello el adquirente no pierde el derecho adquirido, es evidente que en este caso no procede la reparación de daño alguno o, en un caso contrario, cuando el vendedor a pesar de haberse apersonado a la defensa no logra evitar que el derecho del adquirente se pierda, entonces de todas maneras procederá el saneamiento. En consecuencia, la llamada "obligación de garantía" (defensa del comprador) es indiferente para determinar la procedencia de la obligación de saneamiento por evicción5. Se debe precisar que en el Código peruano, al igual que en el italiano y el español, la citación al transferente supone una carga para el adquirente, de manera que si no prueba su realización pierde todo derecho a saneamiento. 1.2. LA EVICCIÓN: Como se puede observar de lo dicho hasta el momento, en esta materia, el Código peruano no sigue a pie juntillas los conceptos de los sistemas jurídicos que lo antecedieron, lo que no le resta coherencia en sus planteamientos, correspondiendo a la doctrina y jurisprudencia peruana cubrir 5

algunas

lagunas

advertidas

en

esta

especial

propuesta.


Lamentablemente, en nuestro país el desarrollo de esta materia aún es limitado, ya que los pocos casos judiciales en los que se ha mencionado el tema son principalmente los de compraventa de bien ajeno. Distinto es, por ejemplo, el caso argentino, donde su jurisprudencia ha perfeccionado su Código al interpretar que existe evicción cuando el cesionario ha sufrido los pagos parciales que se efectuaran al cedente, sin que ellos hayan sido descontados del precio capital; o el caso italiano, donde su doctrina distingue que hay evicción parcial (artículo 1484 del CC italiano) cuando el tercero es el copropietario que hace valer su derecho sobre la cuota ideal del adquirente (CIONCI). En el Perú, el concepto de evicción está definido en el presente artículo e integra las siguientes características de manera necesariamente concurrente: Deben intervenir tres sujetos: el transferente, el adquirente y el tercero. De la Puente los nombra, con mayor propiedad, como: "Evincente a quien hace valer judicialmente su mejor derecho; evicto al adquirente que sufre la privación de su derecho, o sea sobre quien recaen los efectos de la evicción; y saneante al responsable del saneamiento por evicción". Todos estos términos derivan del verbo latino "evincere", palabra que: "Sirve para designar la situación que sobreviene a raíz de una derrota en juicio" (LÓPEZ DE ZAVAlÍA citado por WAYAR). Privación total o parcial de un derecho de propiedad, uso o posesión (o de todos a la vez) de un bien. Resulta fácil comprender que se produzca evicción por la privación total de derecho "sobre" la cosa adquirida. En todo caso este será nuestro primer apunte, los derechos no son "de un bien", como dice la norma sino recaen "sobre un bien". De la Puente informa que fue en el artículo 1509

del primer proyecto del Código que se cambió la expresión "sobre la cosa" por la de "derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien". En otro aspecto, nos preguntamos: ¿la referencia a "parcialmente" que hace el artículo está dirigida a los atributos del derecho de propiedad, uso y posesión o a la extensión física del bien o bienes objeto de la transferencia, o a ambos? Sobre el particular, el doctor Arias Schreiber manifiesta que se trata de: "La privación total o parcial, temporal o definitiva" del derecho, con lo que amplía las referencias del artículo bajo comentario, que parece contener solo

parámetros

espaciales

para

otorgarle

también

parámetros

temporales. Empero, creemos que nuestra duda puede ser absuelta, de mejor manera, por "la fuerza de los hechos", como diría Roppo, que por la doctrina. Veamos, si una persona transfiere la propiedad de un bien a otra (por ejemplo: una casa de campo) y no le informa que sobre él ha celebrado un contrato de arrendamiento o usufructo por las próximas dos temporadas de verano, el adquirente podría verse privado de sus derechos de uso y disfrute sobre el bien, durante las próximas temporadas de verano. Y digo "podría" porque para que haya evicción será necesario que además concurran otros requisitos, como una decisión judicial o administrativa firme a favor de los derechos del tercero arrendatario y usufructuario. Pero si así fuera, sería lógico que el adquirente requiera del transferente el correspondiente saneamiento por evicción al verse privado de uno de los atributos del derecho adquirido. Un caso similar fue resuelto en Argentina de la siguiente manera: "La evicción parcial tiene lugar cuando el adquirente ha sido privado de parte de la cosa o se ha afectado el contenido o la extensión de su derecho, en razón de reconocerse derechos reales sobre la misma. Teniendo en

cuenta que la garantía no puede jugar solo frente a derechos reales, sino a todo menoscabo del derecho de propiedad, aun del derivado del ejercicio de derechos personales, que corresponde al vendedor resarcir los perjuicios ocasionados por la evicción al adquirente que se ha visto privado del uso y goce del inmueble adquirido en virtud de la existencia de un contrato de locación anterior; (oo.) ya que el adquirente a título oneroso se encuentra privado de ejercer el uso y goce del inmueble inherente a su derecho de propiedad durante el plazo de duración del contrato y ello sin duda implica un menoscabo resarcible" [CCOO01 SI 7435 RSD687-99 S 22-12-1988, juez Cabrera de Carranza (SD)]. Por lo anterior, consideramos que la noción de privación parcial de nuestro código debe ser entendida, esencialmente, en todos los sentidos que afecten la finalidad económica que el adquirente tenía previsto otorgarle al bien, sin importar si esta fue concebida antes, durante o después de la celebración del contrato. El requisito que estamos observando hace referencia a los derechos de propiedad, uso y posesión, pero nos preguntamos: ¿podrían integrarse otros derechos reales o personales? Lo primero que observamos es que la evicción se puede producir por afectaciones a los derechos de propiedad, uso y posesión sobre bienes tangibles e intangibles, de modo que todo contrato con finalidad traslativa puede ser objeto de evicción ya sea que se trate de contratos típicos, como la compraventa, usufructo, permuta, donación, aportes de capital social, cesión de créditos, o atípicos, nominadas o innominados. Al referirse la evicción a los derechos de propiedad, uso y posesión pretende integrar todo derecho real que pueda ser consecuencia de un contrato con finalidad traslativa. Es más, el derecho de propiedad por sí

solo abarca los derechos de uso y posesión. Ciertamente podría discutirse sobre si la "superficie" no está incluida en los derechos reales anteriores, o la "obligación" se relaciona con el titular y no con el propietario, pero creemos que, finalmente, siempre podrán ser incluidos en los tres efectos reales mencionados6. Sobre este punto, debemos recordar que el Código argentino cuando define la evicción solo usa como referencia un "título oneroso" y la "transmisión de derechos" (artículo 2089 del Código Civil argentino), que por definición incluye todos los derechos reales y personales "trasmisibles a título oneroso"7. Finalmente, recordaremos la advertencia hecha por De la Puente en sentido que los derechos de propiedad, uso o posesión sobre un bien no siempre se adquieren directamente por efecto del contrato, sino que en los casos de bienes muebles debe verificarse además la tradición. 

Resolución judicial o administrativa firme:

La doctrina reciente ha discutido mucho sobre el momento en que se produce la evicción. Para un sector mayoritario esta se produce desde la mal llamada "obligación de evicción" que supone la defensa del adquirente en el juicio que se le pretenda privar de sus derechos (perturbación) y la reparación total de los derechos perdidos (privación). Se sigue esta corriente en el Derecho argentino y, con matices, en el italiano. En cambio, en el sistema civil peruano, como en el español, la evicción se produce con la resolución judicial o administrativa firme, es decir, la evicción es un hecho jurídico. 6

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. Comentarios a la sección Primera del Libro VII del Código Civil. Biblioteca para leer el Código Civil. Vol. XV, Segunda Parte-Tomo VI, Fondo Editoríal PUCP, Lima, 1996. 7 RODRIGUEZ MORATA, Federíco. Venta de cosa ajena y evicción (estudios de las reglas del saneamiento por evicción en la compraventa). José María Bosch Editores S.A., Barcelona, 1990. WAYAR, Ernesto. Evicción y vicios redhibitorios. 1, teoria de la evicción. Astrea, Buenos Aires, 1989

Nosotros compartimos la posición peruana ya que el sistema argentino confunde los conceptos de "saneamiento" y "evicción", de modo que a la obligación de saneamiento de defensa (según su Código) y de reparación la consideran como evicción. El problema parte de la propia redacción de su norma. Algo distinto es el caso del sistema italiano que considera a la "turbación" como una evicción que causa la suspensión del pago de la contraprestación. Como quedó dicho, nuestro Código exige una situación jurídicamente objetiva para que sea considerada evicción. En este sentido nos preguntamos, ¿corresponderá algún tipo de saneamiento a favor del adquirente, si luego de un largo proceso se concluye que el tercero no tenía ningún derecho? Consideramos que no, porque "el enajenante no puede ser responsable de la aventura de un tercero"8. Por la posición adoptada por nuestro Código y la naturaleza de la evicción como hecho jurídico, queda fuera de toda duda la posibilidad de que esta se produzca cuando el tercero ejerza solo perturbaciones de hecho sobre los derechos del adquirente. Es menester recordar que la posibilidad de exigir el saneamiento a partir de una resolución administrativa firme fue incluida recién a partir del Código Civil del 1984, y gracias al aporte de la doctrina española (DE LA PUENTE) Y su intención apunta a incluir todo pronunciamiento de autoridad competente como causa de evicción. Para ser más explícitos, juzgamos que, en general, este requisito sostiene a los casos en que la evicción se produce por una norma legal o llamada "hecho del príncipe" o cuando se priva al adquirente de sus derechos en un proceso en el que ni 8

[CCOOOO TL 8350 RSD-16-23 S 19-5-1987, juez Casarini (SO)].

siquiera ha sido notificado, como una usucapión. También se puede incluir los casos en los que la autoridad se ha pronunciado en contra del derecho del adquirente pese a que el proceso fue iniciado por este9. Finalmente, si somos estrictos debemos afirmar que la resolución firme será aquella que se encuentre consentida y/o ejecutoriada en los términos del artículo 123 del Código Procesal Civil o el212 de la Ley de Procedimiento Administrativo General o, en términos de Chiovenda, que se haya producido la "preclusión definitiva" del proceso, lo cual no implica que la resolución deba estar ejecutada materialmente. Queda claro que la evicción se verifica con la resolución firme (causa jurídica), no siendo necesario esperar la ejecución material de esa resolución (que en el Perú puede suceder después de mucho tiempo) y la desposesión efectiva (causa real) total o parcial del derecho sobre el bien. En la solución adoptada por nuestro código, se debe advertir que la causa jurídica (resolución firme) sí perjudica la finalidad o el valor del bien adquirido cuando se trata del derecho de propiedad, pero no necesariamente cuando se trata de los derechos específicos de uso y posesión, toda vez que estos últimos son de realización material. Al respecto, De la Puente ha expresado su opinión en el sentido de que la sentencia firme, que declara el derecho a favor del tercero, es suficiente para que se produzca la obligación de evicción; sin embargo, como el saneamiento supone una indemnización, para que esta se fundamente debe existir un daño y ese sería la desposesión. Con la salvedad del derecho de propiedad, antes mencionada, compartimos este parecer, sin embargo debemos puntualizar que la producción de la causa jurídica es suficiente para reclamar el saneamiento, en tanto este tiene un efecto 9

CASTAÑEDA. Jorge Eugenio. El Derecho de los Contratos. Teoria general de los contratos. Tomo Primero, Imprenta UNMSM, Lima, 1965. ESPINO MÉNDEZ

compensatorio antes que de reparación, lo que se puede integrar si se acredita el dolo o la culpa (artículo 1495 del CC). El derecho que reclama el tercero debe ser anterior a la transferencia, para conocer cabalmente este requisito debemos saber cuándo se produce la transferencia del bien que conlleva los derechos de propiedad y/o de uso y/o de posesión. Cualquiera sea la teoría a la que se adscriba el lector, en el derecho peruano los bienes inmuebles se transfieren por mérito del acuerdo y los bienes muebles por la traditio, quedando entendido entonces que estos serán los momentos de la transferencia, según se trate de cada tipo de bien10. En la práctica, esta solución aparentemente sencilla, es la causa de la mayoría de problemas sobre saneamiento, máxime si como en el Perú, la informalidad alcanza niveles insostenibles. Sin embargo, la mayor discusión doctrinal y legislativa no estriba en reconocer el momento de la transferencia, sino en evaluar si la protección al adquirente puede incluir al tercero cuyo derecho tiene una causa contemporánea o posterior a la transferencia. Si bien nuestro codificador, ya terció en esa discusión, con un pronunciamiento contundente, ya que, como bien observaba el recordado profesor sanmarquino Arias Schreiber: "No puede responsabilizarse (al transferente) por un derecho que no existía cuando hizo la transferencia". A este respecto, si tenemos en cuenta que en el Perú los pocos casos en los que se ha discutido judicialmente la evicción han estado relacionados con la venta de un mismo bien a varias personas a la vez, reconoceremos 10

Alejandro y VÁSQUEZ MARíN, Elizabeth. Las obligaciones de saneamiento en el Código Civil peruano. Librería Ediciones Jurídicas, Lima, 2003.

la lógica del razonamiento de De la Puente en el sentido de que si el derecho del tercero es contemporáneo a la transferencia por una acción defraudatoria del transferente (concurrencia de acreedores), este problema ya está resuelto por el artículo 1524 del Código, que establece el saneamiento por hecho propio del transferente, por lo que no sería necesario incorporar el requisito de la causa contemporánea para la evicción11. Nosotros estamos de acuerdo con la posición de nuestro codificador, ya que se puede comprobar que en los países que destacan la posibilidad de un derecho contemporáneo, no regulan de manera separada el saneamiento por evicción y el saneamiento por hecho propio del transferente. 1.2.1. LA EVICCIÓN Y LA COMPRAVENTA DE BIEN AJENO:

Antes de concluir con este comentario, quisiéramos pronunciar brevemente nuestra opinión sobre la relación que existe entre estas figuras jurídicas, toda vez que esta es muy difundida a nivel jurisdiccional. Conforme se desprende de una lectura a contrarío sensu del artículo 1539 del Código Civil el contrato de compraventa de bien ajeno es válido y eficaz cuando el comprador conocía de la ajenidad del bien objeto de la transferencia o cuando resultaba jurídicamente improbable que el vendedor conozca de su ajenidad. Además, los contratos de compraventa de bien ajeno se perfeccionan cuando el vendedor se encuentra en la facultad de transferir la propiedad.

11

PESCHIERA B., Alejandro. Una aproximación al saneamiento por evicción en el Código Civil de 1984. En: Rev. Thémis 14, 1989. CIONCI, Luigi. Problemi in materia di evizione parziale ed invertita.

Pues bien, siguiendo los conceptos vertidos respecto a la evicción, diremos que en los contratos de compraventa de bien ajeno no puede haber saneamiento por evicción del derecho de propiedad, toda vez que el adquirente no puede ser privado de derechos que aún no ha recibido. En cambio, sí procede en este tipo de contratos, el saneamiento por la evicción de los derechos de uso y posesión, que son derechos de contenido fáctico. La rescisión de la que habla este artículo, en cambio, es un remedio que ataca la eficacia del negocio por causal existente al momento de su celebración, por lo que, a diferencia del saneamiento por evicción, no debe esperar a la pérdida del derecho12.

JURISPRUDENCIA

"La acción de saneamiento por evicción implica pérdida del uso o posesión, o pérdida de la propiedad de un bien". (Exp. N° 2675-87-Huánuco, Normas Legales N° 228, p. J-6). 

"La invocación de evicción requiere de la privación total o parcial en la propiedad cuando el adquirente está en el goce de la cosa, y es elemento imprescindible para su ejercicio que esa se haya originado de una causa de derecho y no de hecho". (Cas. N° 2890-98. Diálogo con la Jurisprudencia N" 42. Marzo 2002, p. 275). 

12

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Volumen 1, Trad. E. Gomez Orbaneja. Edítorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954. ROPPO, Vincenzo. Divagaciones no muy ortodoxas en materia de contratos. En: Estudios sobre el contrato en general, por los sesenta años del Código Civil ítaliano (19422002), selección, traducción y notas de Leysser L. León, Ara editores, Lima, 2003.

CAPÍTULO TERCERO EVICCIÓN POR ALLANAMIENTO O ABANDONO 1. DEFINICIÓN:

ARTICULO 1492

Se produce la evicción cuando el adquirente, con el asentimiento del transferente, se allana a la demanda o hace abandono del bien sin esperar la resolución de que trata el artículo 1491.

CONCORDANCIAS:

C.C. arto 1491 Según Carlos Flores Alfaro, este artículo desarrolla una ampliación a la fattispecie típica de la evicción que, si bien mantiene la obligación de verificarse en el marco de un proceso contencioso judicial o administrativo, ya no exige que este haya concluido para su producción, sino bastará con el requisito del asentimiento del transferente para dos situaciones: allanamiento a la demanda o abandono del bien 13. 2. ALLANAMIENTO A LA DEMANDA

Aunque se trata de una institución de carácter procesal, su concepción resulta importante para comprender el artículo bajo comentario.

13


Se trata de un acto procesal de disposición sustantiva, permitido por la ley, que ejerce el emplazado, y tiene por objeto acceder a la pretensión de su contraparte. Es una manifestación de voluntad procesal de autocomposición de la litis que, por su efecto preclutorio, se encuentra admitida en nuestro ordenamiento en cualquier etapa del proceso, hasta antes de la sentencia. Este acto procesal responde en la mayoría de los casos al reconocimiento de la inexistencia de fundamentos jurídicos para defender el derecho propio o a una evaluación de las dificultades reales para ganar el pleito, incluyendo el criterio de costo-beneficio. En el caso propuesto por este artículo, la referida evaluación debe ser realizada por el adquirente y transferente, de manera conjunta, toda vez que el acto procesal resultará de la suma de ambas voluntades, aunque sea ejercido por uno solo de ellos. En nuestro ordenamiento procesal se diferencia entre allanamiento y reconocimiento, en el sentido de que en el primero se conoce la validez de la pretensión propuesta en contra, y en el segundo se aceptan los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma. En este sentido, debemos entender que la referencia solo al allanamiento encuentra su sustento en que el adquirente (eventual demandado) no tiene por qué reconocer los hechos y el derecho de los que deriva la pretensión o la demanda, los cuales sí podrían ser conocidos por el transferente. Sin embargo, no vemos por qué no pudo incluirse al reconocimiento de la demanda (con asentimiento del transferente) como una causa de producción de evicción, al igual el allanamiento, toda vez que este acto siempre deberá

realizarse de manera consensuada entre el transferente y el adquirente, es decir como una voluntad única14. Asimismo, prevé nuestro Código adjetivo que el allanamiento puede estar dirigido a una o más pretensiones contenidas en la demanda, y solo en caso de que contemple a todas se emitirá inmediata sentencia. Al respecto, pensamos que por la especialidad de la norma que estamos analizando, bastará que el allanamiento incluya la pretensión que tiene por objeto reconocer el derecho de propiedad, uso o posesión del tercero y no de toda la demanda. Además, siguiendo esta línea de pensamiento, concluimos que la referencia "a la demanda" debe ser entendida también a la reconvención descrita en el artículo 445 del C.P.C. (más conocida como

contrademanda

en

la

teoría

general

del

proceso)

y,

específicamente, a la pretensión contenida en la reconvención, que permitirá la privación total o parcial de los derechos reales adquiridos por el e victo. Sustentamos nuestro criterio en que solo en estos casos se perderá la finalidad de la transferencia15. 3. EL ABANDONO DEL BIEN

A diferencia del anterior supuesto, que se desarrolla en la práctica procesal, al igual que el supuesto principal de evicción jurídica, el acto de abandonar el bien es un acto esencialmente físico que per se no supone necesariamente la privación de los derechos del adquirente, por tanto, la pérdida de la finalidad de la transferencia, como veremos más adelante.

14

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Biblioteca para leer el Código Civil. Vol. XV, Segunda Parte-Tomo VI, Fondo Editorial PUCP, Lima, 1996. 15 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Biblioteca para leer el Código Civil. Vol. XV, Segunda Parte-Tomo VI, Fondo Editorial PUCP, Lima, 1996.

En efecto, si bien el abandono es una causa de extinción del derecho de posesión, para que se configure jurídicamente debe ser irrevocable (entendemos asíel requisito del factor físico e intencional que menciona ARIAS SCHREIBER). Nos explicamos, para que se produzca la evicci6n no bastará solo el abandono del bien, sino además será necesario que ese abandono se realice a través de la entrega física del bien al tercero, ya que en el extremo fáctico en el que se realiza esta operación, los efectos negativos para el adquirente solo podrían surgir luego de que el bien pase a la esfera jurídica del tercero, ya que de otro modo la desposesión podría ser reversible16. Algunos podrían observar que este supuesto fáctico contiene un vestigio de la tradición romana y francesa, que entiende como obligación fundamental del vendedor asegurar al comprador la posesión pacífica de la cosa, de modo que bastará la desposesión del bien para que se produzca evicción. Esta posesión inclusive fue fuente de distinción entre el ejercicio de la pretensión de evicción y la de resolución, ya que se concebía que esta última podía plantearse cuando el vendedor no cumplía con la entrega de la cosa, mientras que la primera resultaba procedente cuando ya se habría producido la posesión del bien por parte del adquirente (MESSINEO citado por PESCHIERA), lo que induce a pensar que la acción de abandono del bien, como acto productor de evicción, tiene su antecedente en la doctrina reseñada17. Al respecto, consideramos que, más que antiguas reminiscencias, el recurso al "abandono del bien" tiene mayor sentido en la necesidad legislativa de coherencia con los sistemas de traslación de propiedad existentes en el Perú, aquel del mero consenso para los inmuebles y el de 16

CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. El Derecho de los Contratos. Teoría general de los contratos. Tomo Primero, Imprenta UNMSM, Lima, 1965. 17 José Maria Bosch Editores S.A., Barcelona, 1990. WAYAR, Ernesto. Evicción y vicios redhibitorios. 1, teoria de la evicción. Astrea, Buenos Aires, 1989.

la traditio para los bienes muebles. Entonces, cuando se trate de bienes inmuebles la evicción se puede producir por el allanamiento consentido por el enajenante a la demanda del tercero, y cuando se trate de bienes muebles, bastará el abandono del bien con asentimiento del transferente. Empero, esta conclusión nos obligaría a hacer, por vía de interpretación, una distinción que la ley no hace, lo cual no está permitido por nuestro sistema constitucional, por lo que corresponderá al legislador precisarla18. Por su parte, el profesor De la Puente observa que en el caso del derecho de propiedad, el abandono del bien solo afecta a uno de los privilegios de este derecho, el de posesión, permitiéndole al propietario continuar ejerciendo sus otras facultades. También concordamos con el autor antes mencionado cuando dice que no se puede asimilar el abandono del bien al allanamiento a la demanda, ya que este último caso no implica la culminación del proceso y, más aún, no priva necesariamente al adquirente de realizar la finalidad económica para la que se procuró el bien. 4. LOS SUPUESTOS DEBEN DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL PROCESO

Si bien con esta norma se abandona la exigencia del previo reconocimiento judicial o administrativo del mejor derecho del tercero frente al adquirente, la llamada "evicción jurídica", se mantiene el requisito de la discusión ante autoridad competente del derecho del tercero, ya que es en este ámbito donde debe necesariamente producirse la evicción.

18

ESPINO MÉNDEZ, Alejandro y VÁSQUEZ MARíN, Elizabeth. Las obligaciones de saneamiento en el Código Civil peruano. Libreria Ediciones Jurídicas, Lima, 2003.

Como hemos visto, el allanamiento a la demanda puede tener un efecto procesal inmediato, declarándose el derecho del tercero sobre el bien. A la larga se logra un efecto similar al enunciado en el artículo anterior. Además, con este acto, el adquirente y el transferente, luego de haber evaluado sus posibilidades de éxito, habrán evitado los gastos que suponen esperar hasta la conclusión del proceso, optando por una decisión más eficiente19. Ante esto nos preguntamos ¿por qué no se incluyeron en el texto otras formas de conclusión del proceso, como la conciliación, la transacción judicial, el desistimiento de la pretensión (para los casos que la evicción se produce por juicio iniciado por el propio adquirente) e inclusive la conciliación prejudicial? La razón que impulsó al legislador a incluir al allanamiento resulta perfectamente asimilable a estos casos. La introducción de estas alternativas de solución de conflictos debe esperar una

futura

modificación

legislativa

o

próximas

interpretaciones

jurisprudenciales20. Finalmente, otra modificación que nos atrevemos a recomendar, en mérito de las consideraciones anteriores, es el cambio de la disyuntiva "o" por la copulativa "y" o, en todo caso, la unión "y/o" de los supuestos de allanamiento a la demanda y abandono del bien, lo que daría mayor coherencia a la norma y perfeccionaría sus efectos

19

AL TERINI, Atilio Aníbal. Contratos Civiles, Comerciales, de Consumo. Teoría General. Ed. AbeledoPerrot, primera reimpresión, Buenos Aires, 1999. 20 MANRESA y NAVARRO, José María. Comentarios al Código Civil español. Tomo X. Instituto Editorial Reus, Madrid, 1950.

CONCLUSIONES

1. La obligación de saneamiento se originó en los casos de evicción, posteriormente se extendió a los vicios ocultos de los bienes y al hecho propio del transferente. 2. La obligación de quien transfiere no se agota en la celebración del contrato mismo, es por ello que se dispone legislativamente obligaciones de saneamiento como garantías implícitas. 3. El saneamiento solo existe en las obligaciones de dar, esto es, en

las obligaciones que consistan en la entrega de un bien a título de propiedad, posesión o uso, ya sea total o parcialmente, por así haberlo dispuesto una sentencia judicial o una resolución administrativa firme, en razón de un derecho de tercero, anterior a la transferencia del bien. La evicción es el despojo lícito que soporta dicho adquirente.

BIBLIOGRAFÍA 

RODRíGUEZ MORATA, Federico. Venta de cosa ajena y evicción (estudios de las reglas del saneamiento por evicción en la compraventa).

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ALDEA CORREA, Vládik. El saneamiento por vicios ocultos en el Derecho Civil, y la responsabilidad por productos defectuosos en el Derecho del Consumidor. En Diálogo con la Jurisprudencia N° 19, abril, Lima, 2000.

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ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Contratos en General en Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. Con la colaboración de CÁRDENAS QUIRÓS Carlos y ARIAS SCHREIBER MONTERO, Ángela. Compiladora Delia Revoredo Marsano, segunda Edición, Lima, 1988;

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CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Instituciones de Derecho Civil, Tomo Primero El Derecho de los Contratos. Editado por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1966

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DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. Tomo 111. Palestra Editores, 2a edición, Lima, 2001;

LINKOGRAFÍA 

www.jus.initn.it. ESCOBAR ROZAS, Freddy. Reflexiones en torno a la llamada venta de bien ajeno. En: Themis N° 29, pp. 147-164.

ÁMBITO DE APLICACiÓN DEL SANEAMIENTO

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