Alimentos-Interes Superior Del Niño

GRUPO Nº 02-EL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO

1.- Los alimentos y la obligación alimentaria son instituciones civiles de derecho de Familia, sin embargo el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, ha emitido algunos pronunciamientos. Investiga en diferentes sentencias y desarrolla los fundamentos en los que el Tribunal hace referencia al tema. Hemos tomado como referencia 02 sentencias del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 3972-2012 PA/TC y Nº 4493-2008-PA/TC, aquí se desarrollan los siguientes temas:

Los Alimentos 

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El Código Civil Peruano en su Artículo 472 señala: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia". El Código del Niño y del Adolescente, Adolescent e, en su Artículo Artíc ulo 92: "Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolecente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto"

Doctrinariamente se define a los ALIMENTOS ALIMENTOS: 

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ROCCA señala "Son alimentos el derecho que tiene una persona en estado de necesidad, de reclamar a determinados parientes que le proporcionen lo que necesita para satisfacer sus necesidades vitales". HINOSTROZA citando a BARBERO  indica " La obligación alimentaria, es deber que impone la ley a cargo, para que ciertas personas suministren suministren a otras los medios necesarios para la vida, en determinadas circunstancias". AGUILAR citando a LOUIS JOSSERAND  señala que "La obligación de dar alimentos es el deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra persona".

Los juicios sobre alimentos, en sus diversas modalidades de fijación, aumento, reducción, exoneración, exoneración, extinción, prorrateo, etc., son de los procesos más comunes y numerosos en los distintos distintos distritos judiciales de la la República, República, siendo entre ellos ellos los más frecuentes frecuent es los casos en los cuales quienes reclama alimentos es el hijo extramatrimonial. Los procesos más comunes son aquellos donde reclaman reclaman alimentos los hijos extramatrimoniales.

Las causa del masivo incumplimiento de la obligación alimentaria son de diversa índole, tales como el deterioro de la relación paterno paterno filial cuando no hay convivencia convivencia entre los progenitores, la falta de entereza y sentido de responsabilidad responsabilidad de los padres, la estrechez económica económica del obligado, la insuficiencia insuficiencia de la madre para hacerse cargo por si sola de la alimentación del hijo, etc. que hacen que el incumplimiento de la obligación alimentaria sea más que un problema jurídico un problema de carácter socioeconómico. Por regla general se entiende por alimentos, todo lo necesario para el sustento habitación, vestido, vivienda y asistencia médica del alimentista y si es menor de edad los alimentos comprenden también su educación, instrucción y su capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente.

Características Características de los Alimentos El derecho alimentario tiene caracteres especiales, entre ellos tenemos a los siguientes: 

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Es intransmisible, que a su vez se deriva de su carácter personalísimo tanto desde el punto de vista del obligado como del titular del derecho alimentario, pues siendo personalísimo, destinado a garantizar la vida del titular de este derecho no puede ser objeto de cesión o transferencia ni por acto inter vivos ni por causa de muerte, la prestación alimentaria termina con la muerte del titular o del obligado. Es irrenunciable, pues la renuncia de este derecho equivaldría a la renuncia a la vida que este derecho tutela, aunque cabe mencionar que la jurisprudencia ha admitido y admite la renuncia a la prestación alimentaria especialmente en los casos e separación convencional y divorcio ulterior, en los que propiamente no se configura el estado de necesidad que es uno de los presupuestos de hecho necesarios para que pueda hablarse de la existencia de este derecho. Es instransigible, no cabe transacción en materia de alimentos, pues la transacción implica renuncia de derechos, que no es posible efectuar dado que se trata de un derecho irrenunciable, más procesalmente se admite la conciliación en la cual hay una fijación cuantitativa, una aproximación de las partes en cuanto al monto de la obligación de acuerdo al estado de necesidad y las reales posibilidades económicas del obligado. Es incompensable, es decir no se puede extinguir esta obligación por la existencia de otras recíprocas a cargo del alimentista, pero si está permitida la variación de la forma de pago dado que se admite en casos especialista que dicha obligación pueda ser cumplida en especie. definitiva ni autoridad de cosa cosa juzgada, pues pues el Es revisable, no hay sentencia definitiva monto de la pensión aumenta o reduce según el aumento o disminución que experimenten experiment en las necesidades del alimentista alimentist a y las posibilidades del que deber prestar los alimentos, para evitar sucesivas reclamaciones, tratándose de obligados que perciben sus ingresos por trabajo dependiente se ha establecido

la posibilidad que la pensión se fije en un porcentaje del monto de la remuneración de modo que el aumento de la pensión sea automático con el aumento que experimenten las remuneraciones del obligado. 

Es imprescriptible, ya que en tanto subsista el estado de necesidad estará expedita la posibilidad de que puede ejercitarse la acción respectiva devengando la obligación a partir de la notificación con la demanda al obligado no así por el periodo del tiempo precedente por considerarse que si no reclamó es porque constituye un reconocimiento implícito que no existió estado de necesidad.

Con relación a los Alimentos y a la Obligación Alimentaria el Tribunal Constitucional ha señalados sus planteamientos en las distintas sentencias que dicta. A continuación exponemos algunos de los planteamientos: 1.1.- En materia de pensión de alimentos, el concepto ingresos incluye todo lo que una persona percibe sea cual fuera su procedencia, precisó el Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el Expediente Nº 4031-2011PA/TC, interpuesta por Gladys Flores Alcázar contra el padre de sus hijos.

El T.C define como INGRESO

Todo lo que una persona percibe sea cual fuera su procedencia.

La demanda se planteó con el objeto que se declare la nulidad de las resoluciones expedidas por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Mariscal Nieto, de la Corte Superior de Justicia de Moquegua que de oficio decretó que las utilidades no pueden ser consideradas en el prorrateo provisional de alimentos, lo que fue comunicada a la empresa para su exclusión. El Tribunal explicó que se admitió la solicitud de asignación anticipada de prorrateo de alimentos contra el padre de sus hijos y dispuso los porcentajes correspondientes, indicándose que dichos porcentajes serán descontados de los ingresos que por todo concepto percibe el afectado como trabajador de la empresa Southern Perú, con deducción únicamente de los descuentos de ley. El juez demandado al contestar la demanda aduce que al no haberse solicitado la afectación de las utilidades, éstas deben ser excluidas de los descuentos a efectuarse en los haberes del alimentista. El Primer Juzgado Mixto de Ilo declara improcedente la demanda, por considerar que la decisión del juez de la causa de no afectar las utilidades del alimentista constituye una interpretación acorde con la jurisprudencia. Del proceder de las instancias inferiores se evidencia ausencia de motivación en las resoluciones judiciales, ya que en ningún momento se justifica o sustenta la modificación de la resolución impugnada, lo que resulta prácticamente arbitrario, por lo que el Tribunal decidió declarar fundada la demanda y nula la resolución que dispuso

excluir las utilidades de los respectivos descuentos y la que declaró improcedente el recurso de reposición interpuesto contra la referida resolución, ordenando al Juzgado de Paz Letrado expedir nueva resolución, con arreglo a la presente sentencia.

1.2.- El tribunal Constitucional en la Sentencia del EXP N 03972 2012-PA/TC ha señalado los siguientes fundamentos en relación a los alimentos y la obligación alimentaria.

El concepto de ingresos en materia de alimentos Tal como ha expresado este Colegiado en materia de alimentos el concepto ingresos incluye todo lo que una persona percibe, sea cual fuere su procedencia". De un modo más específico el ingreso se puede clasificar en dos categorías: ingresos ajenos a las remuneraciones e ingresos laborales. a) Los ingresos ajenos a las remuneraciones son todos aquellos que no se derivan de una relación laboral. b) Los ingresos laborales son aquellos que derivan de una relación de trabajo, entre los cuales cabe mencionar los ingresos remunerativos y los ingresos no remunerativos. En concordancia con el Decreto Supremo 003-97-TR. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se denominan ingresos remunerativos aquellos ingresos en dinero o especie que el trabajador percibe de su empleador como contraprestación por los servicios prestados y que son de libre disponibilidad. Por otro lado los ingresos no remunerativos son aquellos que el trabajador percibe de su empleador para un fin específico, y que por ley expresa no se consideran remuneración (artículos 19° y 20° de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios - Decreto Legislativo N° 650), p.ej., gratificaciones extraordinarias, pagos liberales, pagos derivados de convenios colectivos, participación en utilidades, condiciones de trabajo, canasta de navidad o similares, movilidad, asignación por educación, bonificación por cumpleaños, bonificación por matrimonio, bonificación por nacimiento de hijos, bonificación por fallecimiento, asignaciones por festividades derivadas de convenio colectivo, bienes otorgados para consumo directo, gastos de representación, vestuario, , vales de alimentos y el valor de la alimentación directa otorgada como viáticos condición de trabajo. Por su parte el Código Civil para referirse a los criterios para fijar los alimentos establece n el artículo 481° que: “No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”; también el artículo 648°, inciso 6

del Código Procesal Civil prescribe que cuando se trata de garantizar obligaciones alimenticias, el embargo procederá por hasta el sesenta por ciento del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Es decir se trata de la posibilidad de afectación sobre la totalidad (ingresos en un sentido amplio) y no como un subconjunto remuneración.

Con el marco conceptual y jurídico antes precisado cabe concluir que la pensión de alimentos se debería fijar en función de los ingresos del obligado a prestarlos que influye tanto los ingresos ajenos a las remuneraciones como los laborales, sean estos remunerativos o no, salvo evidentemente aquellas que sean condición de la propia naturaleza del servicio a prestar (como por ejemplo los viáticos y la movilidad), con respectivos límites legales establecidos para la afectación de los ingresos del obligado a la prestación. Siendo las cosas del modo descrito el cálculo del monto de la pensión alimenticia tiene como objetivo fijar la cantidad que permita el sustento indispensable para que el alimentista satisfaga las necesidades básicas de subsistencia, por ello la base de dicho cálculo debe recaer en principio sobre todos los ingresos, es decir no solo los ingresos que tienen carácter remunerativo, sino también aquellos que no lo tienen, puesto que toda suma percibida es de por sí un ingreso y como tal debe ser compartida con el alimentista, por lo que la pensión debe incluir no solo la remuneración sino cualquier concepto que se le añada, a menos que se justifique razonablemente su exclusión, según el estado de necesidad evaluado.

El concepto de utilidades en la afectación de las pensiones alimenticias. Se denomina utilidades a toda liberalidad porcentual económica que realiza el empleador, derivada del reparto de las ganancias al cierre de un ejercicio anual siempre y cuando hubiere un superávit o plus, el mismo que se otorga a los trabajadores. Las utilidades son de libre disponibilidad y se constituyen e ingresos no remunerativos y no computables para la compensación por tiempo de servicios (artículo 19 del Decreto Legislativo 650), los cuales tampoco tienen naturaleza pensionable para la jubilación. Por lo tanto las utilidades sin llegar a ser un concepto remunerativo, son consideradas un beneficio que no tiene aplicación ni para la CTS ni en términos previsionales, sin embargo no por ello dicho concepto debe excluirse de la afectación de la prestación de alimentos, sobre el cual recae un tratamiento distinto, en donde la ley de la materia no ha establecido exclusión alguna. Los ingresos percibidos por los trabajadores a título de utilidades o participaciones deben incluirse como montos susceptibles de ser destinados al pago de pensiones alimentarias. Por lo tanto, no se vulnera el principio de congruencia si no se piden expresamente en la demanda de alimentos, bastando que se solicite un determinado porcentaje de todos sus ingresos y haberes del obligado. Este criterio fue asumido por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 03972-2012PA/TC a propósito del amparo presentado por el obligado a prestar alimentos, quien denunciaba que el juzgado mixto había incluido entre los montos que debía abonar como pensión sus ingresos recibidos como utilidades, hecho que  –según él – vulneraba el principio de congruencia y la debida motivación de resoluciones.

El TC, para resolver este caso, desarrolló el concepto de ingresos en materia alimentaria. Distinguió los de “ingresos ajenos a las remuneraciones”, que no derivan de una relación laboral; y los “ingresos laborales”, que sí lo hace. En este último grupo, la sentencia precisa la existencia de “ingresos remunerativos”, que se reciben en calidad de contraprestación por el trabajo realizado y los “ingresos no remunerativos”. Estos último se reciben para un fin específico, como por ejemplo,

las gratificaciones extraordinarias, pagos liberales, pagos derivados de convenios colectivos, participación en utilidades, condiciones de trabajo, canasta de navidad, movilidad, asignación por educación, vestuarios, viáticos, gastos de representación y diversas bonificaciones.  Al respecto, señala que la pensión de alimentos se debería fijar en función de los ingresos del obligado a prestarlos, que incluye “tanto los ingresos ajenos a las

remuneraciones como los laborales, sean estos remunerativos o no. Salvo, evidentemente, aquellas que sean de condición de la propia naturaleza del servicio a prestar (como por ejemplo, los viáticos y la movilidad)”.

 A criterio del Tribunal, las utilidades  –sin llegar a ser un concepto remunerativo – son consideradas un beneficio que no tiene aplicación ni para la CTS ni en términos previsionales. Sin embargo, “no por ellos dicho concepto debe excluirse de la afectación de la prestación alimentaria”. Indica, asimismo, que la ley no ha establecido

ninguna exclusión de afectación de las utilidades para fines del pago de obligaciones alimentarias. La sentencia concluye que las utilidades, al ser un incentivo utilizado como suplemento de las técnicas tradicionales de sueldo y salarios, y, por lo tanto, un beneficio para el trabajador, consecuentemente también deben ser otorgadas proporcionalmente a los alimentistas, en función del porcentaje dado en la sentencia originaria. La retención sobre los ingresos del trabajador por concepto pensión de alimentos incluye a las utilidades legales, de conformidad con reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) recaída en la sentencia del Exp. Nº 04130-2012-PA/TC. El Colegiado, de este modo, sostuvo que cuando una sentencia otorga una pensión de alimentos y ordena la retención, por dicho concepto, de un porcentaje del total de los ingresos que percibe el trabajador, debe interpretarse que dicho mandato incluye también a las utilidades legales. Remuneraciones: En el caso resuelto, el trabajador demandante fundamentaba que la retención de sus ingresos no debía contener las utilidades alegando lo previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 650 (Ley que regula la compensación por tiempo de servicios), el cual define el concepto de remuneración para efectos del cálculo de la compensación por tiempo de servicios, refiere un informe laboral del Estudio Miranda & Amado Abogados. Sin embargo, según el máximo tribunal, este artículo no se aplica en el caso de los alimentos, pues la exclusión solo aplica para el cálculo de la deducción de la CTS, el cual es distinto al cómputo de alimentos. El colegiado precisa que las utilidades y todos los conceptos remunerativos califican como ingresos del trabajador, por lo que el empleador obligado a realizar la retención por concepto de alimentos, debe considerar la afectación porcentual que corresponda de las utilidades.

2.-La obligación alimentaria surge generalmente por mandato de la Ley y excepcionalmente, en virtud de la autonomía de la voluntad. Señala el artículo que hace referencia a: “Se deben alimentos recíprocamente…”

El artículo 474º del Código Civil establece la obligación reciproca a prestarse alimentos de la siguiente forma: Se deben alimentos recíprocamente: 1.- Los cónyuges. 2.- Los ascendientes y descendientes. 3.- Los hermanos.

Inciso 1) La relación alimentaria entre el marido y la mujer viene insumida en otra de mayor amplitud, que es la que dimana del deber de asistencia que el artículo 288 del código civil consagra1, marido y mujer al casarse, y por el hecho mismo de casarse, una alianza vigente para todos los efectos de la vida, los venturosos y los adversos, en la que cada uno a de velar porque el otro atienda y satisfaga sus necesidades 2. 

El principio de igualdad y los roles que cada cónyuge desempeña en el hogar:

La igualdad legal proclamada por nuestra ley (artículo 234 del CC) se contrapone con los roles socialmente asignados a los varones y mujeres, donde las mujeres mayoritariamente se dedican a las labores domésticas y el varón al trabajo fuera del hogar. En tal sentido, una apreciación de la igualdad de los cónyuges al momento de solicitar los alimentos sin la apreciación de los roles que desempeña cada uno en el hogar, puede pasar por alto el trabajo doméstico al fijarse únicamente en la existencia del estado de necesidad del solicitante. Esta valoración, con los parámetros propuestos por la modificación acotada, deja de lado muchas situaciones existentes en la vida conyugal, durante y después del matrimonio. Sin embargo, existen situaciones en las que la valoración del estado de necesidad adquiere un matiz distinto del exigido por el artículo 473 del CC que lo limita a la incapacidad física o mental de mantenerse a sí mismo. Éste es el caso del traslado de la obligación de sostener a la familia a uno de los cónyuges cuando el otro se dedica exclusivamente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos (artículo 291 del CC). En este caso, el trabajo doméstico adquiere una valoración económica como parte del sostenimiento del hogar y cumplimiento del deber de asistencia.

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CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano, Lima- Perú, GACETA JURISTA EDITORES, décima edición actualizada, 1999, P 580 2 BAUTISTA T, Pedro y HERRERO P, Jorge, Manual de Derecho de Familia, EDICIONES JURIDICAS 2006. TERCERA REIMPRESIÓN. P. 308

No obstante, consideramos que el cónyuge solicitante, además de probar la labor doméstica que realiza y que no percibe ingresos fuera del hogar, debe de acreditar que no tiene bienes propios capaces de producir rentas o que por su edad y capacitación está en condiciones de obtener un trabajo remunerado, pues de otro modo se estaría amparando una actitud abusiva de parte de uno de los cónyuges al cargar su mantenimiento íntegramente sobre el otro. El cónyuge solicitante debe acreditar:

Estado de Necesidad

Evita que se ampare una actitud abusiva de alguno de los cónyuges

En conclusión deberá acreditar el estado de necesidad que tiene en función del rol y las actividades que desempeña y las que están en posibilidades de realizar. Esto tiene algunos matices que pasaremos a examinar: 

Cumplimiento de la obligación cuando los cónyuges viven juntos:

En el caso de que los cónyuges vivan en el mismo techo sea bajo el régimen de la sociedad de gananciales o de separación de patrimonios, es obligación de ambos el sostenimiento del hogar según sus posibilidades y rentas, pudiendo solicitar en caso necesario que el juez regule la contribución de cada uno (artículo 300 del CC) o la administración de los bienes propios del otro (artículo 305 del CC), recayendo esta obligación solo en uno de los cónyuges en el caso comentado anteriormente (artículo 291). Debemos precisar que la obligación del sostenimiento del hogar y la obligación alimentaria no son equivalentes. El sostenimiento si bien los incluye abarca la satisfacción de todas las necesidades del hogar y no únicamente las del cónyuge. No obstante ello, en el caso de la vida en común es difícil establecer una diferenciación entre una y otra. El artículo bajo comentario regula estrictamente la obligación alimentaria recíproca personal. 

Cumplimiento de la obligación en caso de suspensión de la cohabitación y separación de cuerpos y divorcio:

En el caso de la suspensión judicial de la cohabitación subsisten las demás obligaciones, correspondiendo los mismos efectos que si se mantuviera la vida en común (artículos 287 y 347 del CC). Distinta es la situación en el caso de la separación de hecho unilateral, donde se protege al abandonado que mantiene su derecho alimentario, cesando para el que se retira sin justa causa o rehúsa regresar a ella (artículo 291, segundo párrafo) pudiendo solicitar incluso el embargo de sus rentas, la administración de los bienes sociales (artículo 314 del CC) o los propios del otro (artículo 305 del CC).

Por otro lado, al ser de orden público las normas del Derecho de Familia, no es procedente que las personas regulen por convenio extrajudicial la suspensión de la cohabitación, por lo que una vez que cualquiera de los cónyuges solicite la reanudación de la convivencia si el otro se rehúsa, la consecuencia será el cese de la obligación alimentaria. En el caso de la separación de cuerpos o divorcio, es procedente solicitar la separación provisional y los alimentos como medidas cautelares (artículo 485 y 680 del CPC), correspondiéndole al juez autorizar que los cónyuges vivan por separado y fijar por adelantado el monto de la obligación alimentaria cuyo valor será definido finalmente en la sentencia (artículo 342 del CC), protegiéndose al cónyuge perjudicado (artículos 345-A y 350 segundo párrafo del CC). Es de advertir que en el caso del cónyuge inocente o perjudicado con el divorcio, se establece en el artículo 350 del CC una valoración distinta de la señalada en el artículo 473 del CC, para la determinación de su estado de necesidad cuya finalidad es proteger su estabilidad económica.

Ejemplo: Darío (65) y María (60) han convivido matrimonialmente durante 30 años; Darío es un ejecutivo de una empresa importante, María en cambio es ama de casa, labor que ha desarrollado pese a su profesión de ingeniera de minas por haber convenido entre ambos que era importante que ella se dedicara a las labores domésticas y organización del hogar, habiendo logrado que sus hijos sean profesionales de éxito y hagan una vida independiente. Un buen día, María descubre que su cónyuge sostiene relaciones amorosas con su secretaria y que ha reconocido un hijo extramatrimonial. Por esta razón le demanda y obtiene el divorcio por la causal de adulterio. Es evidente que María, con la edad que tiene y habiéndose dedicado toda su vida al hogar, no tiene ninguna oportunidad laboral. Haciendo aún más real el ejemplo podemos rebajar la edad de María a 40 años y se encontraría en la misma situación. Por ello, al momento de valorar las necesidades de alimentos del cónyuge inocente no debe considerarse únicamente si carece de bienes propios o gananciales suficientes o si está imposibilitado(a) de trabajar o satisfacer sus necesidades por otro medio, sino también debe tenerse en cuenta el rol que el cónyuge inocente ha estado desarrollando en el hogar antes de la disolución del vínculo, a fin de garantizar el mantenimiento de su nivel económico en cuanto sea posible. En este caso no se trata de premiar al inocente por los cuidados que dio a los hijos, los cuales incluso emergían del deber de padre o madre, sino considerar que de no ejercer ese rol podría haberse dedicado a otras actividades asalariadas o hacerlo a tiempo completo. Además, debe considerarse que en la mayoría de casos, quien se dedicó a las labores domésticas luego de la disolución del vínculo, lo seguirá haciendo al ejercer la tenencia de los hijos. Para el culpable del divorcio, la valoración de su estado de necesidad únicamente se reduce a la indigencia, lo cual es un grado superlativo de necesidad (AGUILAR).

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El caso de la separación convencional

Como quiera que al presentarse la demanda es requisito especial la propuesta de convenio que incluya la regulación sobre los alimentos (artículo 575 del CPC), es frecuente en la práctica forense que en dichos convenios se haga referencia a que los cónyuges renuncian al deber que tienen de alimentarse mutuamente, en abierta contraposición a la irrenunciabilidad del derecho alimentario consagrada en el artículo 487 del CC, cuando lo pertinente es señalar que no hay un estado de necesidad en ambos cónyuges, el cual al reaparecer hará exigible la obligación mientras subsista el vínculo conyugal. Por otro lado, en la separación convencional, a pesar de no hacerse referencia a las motivaciones que se encuentran detrás de la demanda, se esconde no pocas veces una causal que no se quiere mencionar, que es la verdadera razón de la ruptura. Por estas razones al plasmarse el convenio puede convenirse el otorgamiento de alimentos a favor de uno de los cónyuges, acordándose su mantenimiento después del divorcio en el entendimiento del evidente estado de necesidad o del perjuicio que le causa el divorcio.  Abarca la satisfacción de todas las necesidades del hogar y no únicamente las del cónyuge. No obstante ello, en el caso de la vida en común es difícil establecer una diferenciación entre una y otra. El artículo bajo comentario regula estrictamente la obligación alimentaria recíproca personal. Nuestra legislación no ha regulado sobre la vigencia del convenio alimentario luego de la" disolución del vínculo matrimonial. Debemos advertir que con la disolución del vínculo cesa la obligación legal de alimentarse, por lo que su mantenimiento convencional traslada la fuente de la obligación al acuerdo de voluntades. Sin embargo, en este caso no estaríamos frente a una renta vitalicia en sentido estricto al no cumplirse con el requisito formal exigido bajo sanción de nulidad (artículo 1925 del CC) En este caso, es urgente que nuestro Código posibilite un acuerdo de este tipo donde el contenido de la prestación y las partes que participan, dejan en claro que no obstante el cambio de la fuente de la obligación, no se ha desvirtuado su naturaleza al prolongarse el deber alimentario libremente asumido por uno de los cónyuges entendiendo el estado de necesidad del otro. Su modificación deberá estar regulada del mismo modo que la pensión fijada para el cónyuge inocente en nuestra legislación actual.

Inciso 2) Se extiende la obligación a todos los parientes en línea recta siguiendo el orden establecido en el artículo 475; en el caso de los descendientes debe diferenciarse la unilateral que es regulada en el Código de los Niños y Adolescentes de la obligación recíproca que es regulada en el artículo bajo comentario. Todos los hijos tienen los mismos derechos (artículos 6 de la Const. y 235 del CC), por lo que en el caso de que sean niños o adolescentes sus padres están obligados a

educarlos y alimentarlos (artículo 287 del CC), incluso a pesar de estar suspendidos o perder la patria potestad (artículo 94 del CNA). Subsiste la obligación entre los 18 y 28 años si estudian una profesión u oficio con éxito (artículo 424 del CC). En caso de no hacerla, únicamente tienen derecho si son solteros y están incapacitados física o mentalmente de subsistir por sí mismos o su cónyuge no puede dárselos, reduciéndose los alimentos a los necesarios en caso de que su propia inmoralidad los redujo a este estado, es indigno o desheredado (artículos 473 y 485 del CC). Los ascendientes tienen derecho a los alimentos amplios o congruos incluso cuando por su propia inmoralidad sean incapaces física o mentalmente de mantenerse, en atención al deber moral de tolerancia y consideración que les deben sus descendientes, discriminando a los demás acreedores alimentarios (cónyuges, descendientes y hermanos) a quienes les restringen los alimentos a lo estrictamente necesario cuando se encuentran en la misma situación. Sin embargo, en el caso de incurrir en indignidad o desheredación sí se les restringen los alimentos a los estrictamente necesarios. La reciprocidad de la obligación tiene algunas excepciones en el caso de que los padres sean acreedores alimentarios: así, frente el reconocimiento del hijo mayor de edad solo genera derecho alimentario para el padre si el hijo consiente el reconocimiento, o cuando el reconocimiento regulariza su estado constante de hijo (artículo 398 del CC). De la misma manera, la declaración judicial de paternidad tampoco confiere al padre derecho alimentario (artículo 412 del CC).

Inciso 3) Entre hermanos existe obligación unilateral si el acreedor es menor de edad (artículo 93 del CNA) y recíproca que es la normada en el artículo bajo comentario. En ambos casos se incluye tanto a los hermanos de padre y madre como a los medio hermanos. Debiendo únicamente en el caso de ser mayor de edad acreditar su estado de necesidad conforme la regla general establecida en el artículo 473 del CC, no así si es menor de edad donde su estado de necesidad se presume.

3.- ¿al referirnos a las características de la obligación alimentaria debe distinguirla de la pensión, vale decir de la materialización concreta y efectiva de la obligación de dar alimentos. En cuanto a las características con base en el titular de la obligación jurídica: el alimentante son? En cuanto a la obligación alimentaria, teniendo en cuenta que el titular de la obligación  jurídica es el alimentante, sus caracteres son: personal, recíproca, revisable, e incompensable. 

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Personal.- Toda vez que se asigna a determinada persona en razón de sus necesidades y obliga también a otra persona específica a proporcionarla a partir de su calidad de cónyuge, concubina, concubinario o pariente. Recíproca.- El obligado a darla tiene a su vez el derecho de exigirla.

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Revisable.- no hay sentencia definitiva ni autoridad de cosa juzgada, pues el monto de la pensión aumenta o reduce según el aumento o disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que deber prestar los alimentos, para evitar sucesivas reclamaciones, tratándose de obligados que perciben sus ingresos por trabajo dependiente se ha establecido la posibilidad que la pensión se fije en un porcentaje del monto de la remuneración de modo que el aumento de la pensión sea automático con el aumento que experimenten las remuneraciones del obligado. Es incompensable, es decir no se puede extinguir esta obligación por la existencia de otras recíprocas a cargo del alimentista, pero si está permitida la variación de la forma de pago dado que se admite en casos especialista que dicha obligación pueda ser cumplida en especie.

4.- ¿Los alimentos se regulan por el Juez de Familia en proporción a que situaciones? Explique y fundamente con la base legal. Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”. Necesidades de quien las pide Juez regula los alimentos tomando en cuenta: Posibilidad de quien debe darlas

Presupuestos legales de la obligación de alimentos son: 

Subjetivo: constituido por la existencia del vínculo familiar, caracterizado por su carácter y vocación de permanencia.

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Objetivo: El estado de necesidad del acreedor, disponibilidad económica del obligado los dos últimos pueden variar con el transcurso del tiempo y son los que convierten la obligación de alimentos en exigible (CORNEJO CHÁ VEZ), quedando su determinación a diferencia del hecho natural del parentesco, a la apreciación y buen criterio del juzgador.

Lo expuesto supone que la obligación de alimentos nace desde el mismo momento en que concurren los tres requisitos mencionados y, por ende, la sentencia judicial posterior que así lo establezca será de carácter meramente declarativo. Antes de la sentencia judicial no puede afirmarse que el alimentante incumple con su obligación pues para ello es necesario que así lo exija el alimentista,

Nuestro cuerpo legal civil establece en el artículo 481 que los alimentos deben ser regulados por el juez en proporción a las necesidades del alimentista y a las posibilidades de la persona que debe darlos. Así, nuestro Código reconoce que los elementos objetivos de la obligación han de ser proporcionales (PADIAL ALBÁS). Consecuentemente, y tal como se analizará en el apartado correspondiente, esto supone que la pensión alimenticia podrá ir variando de acuerdo con las circunstancias que afecten al alimentista y al alimentante, el juzgador deberá determinar la pensión de alimentos acorde con la realidad de cada alimentista sin que pueda establecerse un estándar o un promedio uniforme aplicable a todas y cada una de las situaciones. Si al momento de fijar la pensión de alimentos se deben tener en cuenta los ingresos del alimentante, y si la necesidad del alimentista no está restringida a lo estrictamente necesario para sobrevivir sino que se trata de un concepto subjetivo más amplio, entonces se puede concluir que el verdadero límite a la pensión de alimentos lo constituye la posibilidad del alimentante (BELTRÁN DE HEREDIA y ONIS). E incluso ésta puede llegar a afectar la modalidad de pago de la obligación alimenticia que puede ser fijada en dinero o in natura.

5.- Son dos los requisitos que nos ayudan a determinar la obligación alimentaria y su correspondiente materialización en el monto de la pensión de alimentos. Determina cuales son estos. Para tal efecto, deben concurrir los siguientes requisitos acreditarse la concurrencia de ciertas condiciones o presupuestos básicos: 

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Las posibilidades económicas del que debe prestarlo y la norma legal que establece dicha obligación y, El estado de necesidad del acreedor alimentario.

Es muy difícil el determinar las posibilidades del que debe prestar los alimentos, razón por la cual nuestra legislación ha señalado incluso que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos. (Art. 481 CC, segundo párrafo), lo que significa que el juez si bien no puede determinar la realidad puede apreciar las posibilidades que tiene el obligado. En el caso de la determinación del estado de necesidad, es preciso señalar, que el artículo 373, modificado por la Ley 27646 publicado el 23 de enero del 2002, ha restringido el ámbito de interpretación del estado de necesidad del mayor de edad, a la incapacidad de atender a su propia subsistencia en caso de incapacidad física o mental. En sentido contrario, en el caso de que el acreedor alimentario sea menor de edad, no necesita acreditarse su estado de necesidad en razón de una presunción de orden natural que emerge de su especial situación de persona en proceso de desarrollo.

6.- Según el Código de Niños y Adolescentes: “Es obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero. ¿Quiénes prestan alimentos? El artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes establece el siguiente orden de prelación: 

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

Padres: En primer lugar de prelación frente a las necesidades alimentarias de un niño o adolescente se encuentran sus padres, regulando dicha norma el traslado de la obligación en dos casos puntuales: Ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero. Obligación que subsiste, como lo hemos señalado anteriormente, aún en caso de la suspensión o pérdida de la patria potestad tal como se encuentra regulado en el artículo 94 del Código de los Niños y Adolescentes. Los Hermanos mayores de edad, que siendo parientes colaterales de segundo grado, se encuentran antes de los ascendientes a diferencia de lo señalado en el artículo 475 del Código Civil. Los ascendientes:  Lo abuelos se encuentran en tercer lugar en el orden de prelación. Los parientes colaterales  hasta el tercer grado, es decir hasta el tío o hermano del padre se encuentran en cuarto lugar.

La norma incluye como obligados alimentarios a otros responsables del niño o el adolescente, lo que permite que se pueda extender a personas distintas a los límites parentales establecidos en los incisos anteriores. No obstante no existe una precisión respecto de los límites de la misma, por lo que debemos entender que se refiere a la tutela y a la colocación familiar, pues es la forma en la que el Código entiende como responsables del niño.

7.- Puede darse el caso de que el alimentante, por haber disminuido sus ingresos, no esté en condiciones de seguir brindando la pensión sin poner en peligro su propia subsistencia? De ser positiva su respuesta en tal supuesto que es lo que procede. Si puede darse ese caso, es por ello que en el artículo 483ª del Código Civil se establecen las causales de exoneración de alimentos que sería lo idóneo y factible a solicitar en el presente caso. “El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus

ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, ésta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad.

Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente”.

En éste artículo se reconoce la posibilidad del cese provisional de la obligación cuando falte uno de los requisitos objetivos, o lo que es lo mismo, si la fortuna del alimentante disminuyera o si la nueva situación del alimentista le permitiera mantenerse por sí mismo. Esto quiere decir que el aumento en los ingresos del alimentante o la reducción de los ingresos del alimentista que le impidiesen atender a su propia subsistencia, actualizaría la obligación, puesto que el derecho a percibirla no se extinguió (LA CRUZ BERDEJO y SANCHO REBULLIDA, PADIAL ALBÁS).

Primer supuesto La disminución de los ingresos del alimentista: se exige que el obligado carezca de los medios para atender a su propia subsistencia, y aunque no se mencione en la ley, la de su familia si la tuviera. 

No es necesario, en cambio, que el alimentante se encuentre en estado de indigencia sino que haya disminuido la disponibilidad económica de que disfrutaba anteriormente. La finalidad de la norma es doble: proteger el derecho a la vida del alimentante y no descuidar los gastos para manutención de su familia a que pudiese estar afecto aquél Cabe precisar que se trata de una exoneración que afecta solo al alimentante, puesto que, subsistiendo el estado de necesidad del alimentista, éste podrá ejercer libremente su derecho frente a los demás obligados siguiendo el orden de preferencias establecido por el legislador. El aumento de ingresos del alimentante originaría una nueva obligación entre las partes para cuya exigibilidad será necesario iniciar otro proceso judicial en el que se fije el nuevo monto de la pensión, atendiendo a las nuevas circunstancias.

Segundo supuesto Desaparición del estado de necesidad, ello se puede deber no solo a que el alimentista cuente ya con recursos propios para atender a su subsistencia, como por ejemplo, si recibe una cuantiosa herencia, sino también a que pueda contar con los medios necesarios para proporcionárselos, lo que ocurriría si hubiese estado impedido de trabajar temporalmente por motivos de salud, causas que al aparecer originan la extinción (temporal) de la obligación. De igual manera, si el alimentista volviera a la situación de necesidad podrá solicitar una pensión de alimentos en un nuevo proceso  judicial. 

La norma recoge expresamente el caso de los hijos que alcanzan la mayoría de edad, en el cual cesa la obligación de alimentos. Sin embargo, ésta puede extenderse más allá de esta fecha en el caso de que el hijo mayor de edad siga una profesión u oficio con éxito, esto es, mientras curse sus estudios y no como algunas veces se pretende hasta la obtención del título profesional o de instrucción superior, ya que el tiempo que demandaría tal hecho puede extenderse indefinidamente en el tiempo.

8.- Cuando una persona cualquiera se encuentra en estado de necesidad y no tiene ante sí, sino a uno de los parientes obligados a la prestación alimentaria, es obvio que es a este a quien debe solicitarla. ¿Qué sucede en este caso con el alimentista cuando son varios los que le solicitan una pensión de alimentos? Fundamente con base legal. En el presente caso estamos ante una pluralidad de beneficiarios y un alimentista (obligado), para empezar analizaría el artículo 475º del Código Civil en el cual se establece el orden de prelación de obligados a prestar alimentos, es decir a quién de los sujetos de la obligación alimentaria recíproca a los que se hace referencia en el artículo 474 del CC se debe demandar primero. Este orden no puede ser alterado ni demandarse a todos al mismo tiempo. Este orden es de prelación, de modo que solo se pedirá alimentos a los descendientes a falta del cónyuge expedito para darlos; solo se los demandara a los ascendientes, cuando no hay cónyuge ni descendientes; y únicamente vendrán obligados los hermanos si no hay, expeditos, ni cónyuge, ni descendientes ni ascendientes. Dentro de este esquema, el obligado perteneciente a cada uno de los tres primeros órdenes será suplido por el orden siguiente si: o a muerto o no está en condiciones para prestar alimentos.3 Debemos concordar este articulo con el artículo 93 de la Ley N° 27337, nuevo Código de los Niños y Adolescentes, que señala el siguiente orden de prelación: los padres, los hermanos mayores de edad, los abuelos, parientes colaterales hasta el tercer grado (tío) y otros responsables del niño o adolescente. Este orden de prelación equivale a otorgar a cada uno de los obligados subsiguientes una especie de derecho de excusión, en cuya virtud cada cual, para prestar alimentos, puede exigir que previamente se demuestre que el anterior obligado no puede prestarlos. Queda claro entonces que la obligación del posterior en el orden de prelación es subsidiaria ante la falta o imposibilidad de prestarlos del anterior. Si después de analizada la prelación, nos encontramos ante la situación que verdaderamente a las personas demandantes les corresponde solicitar alimentos a “B”, ya que según el orden prelatorio le corresponde a él, lo que le quedaría a “B”

seria contestar la demanda invocando el inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil en el cual se establece el límite máximo que puede ser embargado de su remuneración; el mismo que dice que se pueden embargar un máximo del 60% de los ingresos por remuneraciones con la sola deducción de los descuentos de ley; esto con el fin de que como son varios los demandantes; concordarlo con el artículo 477 del Código Civil en el cual se establece el prorrateo; el mismo que consistirá en que el Juez solo podrá disponer del 60% de la remuneración y distribuirla entre los demandantes. Ahora no olvidemos también que en la contestación de demanda debemos dejar claro que nuestro patrocinado tiene gastos propios para su subsistencia y que no es mucho de lo que dispone, para que con ese fin lograr se disponga de un porcentaje mínimo de la remuneración a fin de ser prorrateada entre los demandantes. 3

SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel,

Derecho familiar Peruano pág. 613

Derecho Familiar,

citado por CORNEJO CHÁVEZ, Héctor

9.- En relación a la pregunta anterior con la incorporación normativa introducida por la Ley Nº 29486. Analiza y menciona que se requiere para el caso de la reducción, variación, prorrateo o exoneración de pensiones alimentarias. En el mes de Diciembre del año 2009, entró en vigencia la Ley número 29486, la misma que modificó el Código Procesal Civil, incorporando el artículo 565-A, el mismo que incorpora como un requisito especial para la admisión de la demanda de reducción, variación, prorrateo o exoneración de la pensión alimenticia, que el demandante obligado a la prestación de alimentos, acredite encontrase al día en el pago de la pensión alimenticia.  Así pues, con la entrada en vigencia de la ley 29486, se exige a cualquier deudor alimentario que pretenda accionar judicialmente, exoneración, reducción, variación o prorrateo de alimentos, acreditar encontrarse al día en la pensión alimenticia a la que estuvo obligado, posición parecida pero no similar al requisito de procedibilidad que se exige a la persona que pretenda accionar judicialmente divorcio por la causal de separación de hecho y cuyo sustento normativo se encuentra previsto en la ley 27495, y previsto en el artículo 345-A del Código Civil, pero que en el fondo entrañan diferencias sustanciales debido a la finalidad distinta de cada acción y que paso a detallar.

El requisito de procedibilidad de exigir encontrarse al día en la pensión de alimentos a la que estuvo obligado el acreedor alimentario importa diferencias sustanciales entre las distintas variantes de la obligación alimentaria. 

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Deslinde en el caso de la pretensión de exoneración de alimentos

Es preciso remarcar que, dicho requisito de procedibilidad no vulnera en modo alguno el derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso de la acción de exoneración de alimentos, por las razones que se detallaron en el Proyecto de Ley elaborado por el suscrito para modificar el artículo 483 del Código Civil y que fue acogido totalmente por nuestro parlamento -

Razonamiento de inconstitucionalidad

Es por ello que, luego de discernir pausadamente lo expuesto por el Tribunal Constitucional, resulta claro que, al exigir como requisito de procedibilidad a los deudores alimentarios en los procesos de reducción, variación y prorrateo de alimentos, se restringe abiertamente el derecho de acceder a la tutela judicial efectiva de los deudores alimentarios, pues aquellas personas que mantienen deudas inmensas (S/. 50, 000, 100, 000, etc.), nunca podrán acceder a la jurisdicción si es que no están al día en dicha pensión, lo que por sí resulta contraproducente, por cuanto muchas personas o nunca podrían demandar reducción o tendrían que obtener préstamos para cumplir íntegramente la obligación, lo que significaría irónicamente que, sí pueden pagar la pensión alimenticia originaria, generando una distorsión respecto a la verdadera capacidad económica del demandado. Es por ello que, existe una diferencia sustancial entre la pretensión de exoneración y las de reducción, prorrateo y variación de alimentos, pues en la primera la exigencia

de dicho requisito de procedibilidad, no es inconstitucional, por la finalidad que persigue, es decir, se pretende exonerar del derecho de alimentos al deudor alimentario, pero por el hecho de que el alimentista adquirió la mayoría de edad o ya no existe estado de necesidad, es decir, allí NO SE OBJETA EL MONTO DE LA PENSION, sino simplemente se exige un derecho contemplado en la norma, es decir, procede la exoneración cuando el hijo llega a la mayoría de edad y éste no estudia satisfactoriamente, pero para acceder a tal derecho, el padre debe cumplir con la obligación de haber acudido puntualmente las pensiones alimenticias a la que estuvo obligado, pues no había objeción respecto al monto y conforme se ha expuesto puntualmente en el proyecto de ley adjunto; mientras que en el caso de reducción, variación y prorrateo, el móvil consustancial es el MONTO DE LA PENSION  ALIMENTICIA, lo cual resulta totalmente factible acceder a la jurisdicción, solicitando su reducción y a fin de amparar una pretensión justa que no perturbe su economía, pues de lo contrario se estaría afectando seriamente a la familia, en consecuencia, concluyo tajantemente en el sentido de que, la Ley 29486, resulta manifiestamente INCONSTITUCIONAL, únicamente en el extremo que exige como requisito de procedibilidad al deudor alimentario, en las acciones de reducción, variación y prorrateo de alimentos, estar al día en la pensión alimenticia a la que estuvo obligado, resultando constitucional la exigencia de dicho requisito en las acciones de exoneración de alimentos.

10.- La pensión que fije la sentencia ¿Debe pagarse por periodo adelantado y se ejecuta aunque haya apelación? ¿Desde cuándo comienza a correr el pago? Fundamenta. Si debe pagarse por periodo adelantado y si se ejecuta aunque haya apelación, tal como se establece en el artículo 566º del Código Procesal Civil; esto a raíz de que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre  jurídica y lograr la paz social que será alcanzada en tanto que el método sea eficaz. El problema fundamental de la eficacia en la actuación se centra en el factor humano: el desbordamiento de los órganos jurisdiccionales que, ante la masificación, optan por una actitud de abandono y delegación. La posición de los vencidos en el proceso que se aprovechan de los problemas estructurales del proceso, y procuran retrasar el cumplimiento, cuando no frustrar totalmente la satisfacción del vencedor, por la absoluta negación del cumplimiento efectivo de la decisión judicial. La posibilidad de que la sentencia, emitida en determinados procesos civiles, se actúe de manera inmediata se encuentra sustentada en la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva y manifestada en el principio de celeridad procesal, en la etapa ejecutoria de los mismos. Por ello mediante esta institución se consolida la efectividad de los derechos fundamentales. La existencia de la institución de la actuación de la sentencia impugnada permite una mayor efectividad al proceso así como la predictibilidad de las resoluciones judiciales, pues solamente se podrán hacerse efectivas aquellas que han logrado en el devenir de los años en una reiterada decisión jurisdiccional.

La actuación de la sentencia impugnada es aquel instituto procesal a través del cual se concede a la parte que ha obtenido sentencia favorable sea en primera o segunda instancia el derecho a la actuación de la decisión que lo favorece, cuando esta ha sido materia de recurso impugnatorio, suspendiendo los efectos de la impugnación hasta que resuelva el órgano en grado superior. La pensión alimenticia empieza a devengarse desde el momento de la separación de hecho, sin embargo, en la sentencia deberá constar si el pago de la misma lo es con efectos retroactivos desde la interposición de la demanda o bien desde el momento del dictado de la sentencia. Aunque hay que puntualizar, que con independencia que se haya o no interpuesto un recurso frente a la sentencia, en caso de derecho de familia, la ejecución es inmediata, por lo que deberá empezar a abonarse, como mínimo desde el momento de la notificación fehaciente de la sentencia.

 ANEXOS

EXP. N.° 04493-2008-PA/TC LIMA LENY DE LA CRUZ FLORES SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 30 días del mes de junio de 2010, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega

ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por Leny de la Cruz Flores contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de folios 40 del segundo cuadernillo, su fecha 26 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 8 de mayo de 2007 la demandante interpone demanda de amparo contra el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de San Martín y el Juez Provisional del Juzgado Especializado en Familia de Tarapoto-San Martín, que emitió la sentencia de fecha 2 de abril de 2007. Mediante esta sentencia se determinó fijar una pensión de alimentos en favor de la menor hija de Jaime Walter Alvarado Ramírez y la demandante, ascendente al 20 por ciento de la remuneración de éste. Alega la demandante que tal sentencia vulnera sus derechos fundamentales a la tutela  procesal efectiva y al debido proceso. Así, expresa que el juez asumió que Jaime Walter Alvarado Ramírez, padre de la menor beneficiada con la pensión de alimentos, contaba con deberes familiares que atender como su conviviente y los 3 menores hijos de ésta, los que tiene a su cargo y protección. Sin embargo, aduce que esté no presentó declaración judicial que acreditara la convivencia y que los hijos de su supuesta conviviente vienen percibiendo una  pensión por orfandad y la conviviente percibe una remuneración mensual. Jaime Walter Alvarado Ramírez contesta la demanda alegando que el Juez del Juzgado de Familia valoró debidamente los medios probatorios consistentes en la declaración jurada de convivencia y de los deberes familiares que su actual situación le irroga. En tal sentido, alega que no es apropiado distinguirse entre hijos legítimos y entenados (sic). La Segunda Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con fecha 25 de enero de 2008 declaró improcedente la demanda de amparo considerando que de conformidad con el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones pueden ser los procesos de reducción, aumento o exoneración de alimentos y de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y no el  proceso de amparo, que vería desnaturalizado su carácter de urgencia, extraordinario, residual y sumario. La Sala revisora confirma la apelada estimando que la pensión se redujo en virtud de la carga familiar que asume, esto es, su conviviente y los hijos de ésta, por lo que se trata de una reducción prudencial fijada dentro del marco de la equidad establecido en el artículo 481 del

Código Civil. Adicionalmente expresa que la demandante tiene expedito su derecho para recurrir a la vía ordinaria igualmente satisfactoria para la protección de sus intereses y solo después de agotada podrá interponer una demanda de amparo.

FUNDAMENTOS Delimitación del petitorio 1.

La sentencia de primer grado del proceso de alimentos, de fecha 26 de diciembre de 2006, emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado-Tarapoto, declaró fundada en parte, la demanda de alimentos. En ella se ordena que el demandado en el proceso civil, Jaime Walter Alvarado Ramírez, acuda a favor de su menor hija con una pensión alimenticia del 30 por ciento del haber mensual que percibe. En tal sentencia se consideró que el demandado no tenía otro deber familiar adicional más que los personales y que si bien contaba con un hogar constituido con Luz Mariana López Rodríguez, “la convivencia no tiene carácter de carga familiar, ya que los hijos se encuentran en primer orden de  prioridades.” Por su parte, la sentencia de fecha 2 de abril de 2007, que resolvió las

apelaciones interpuestas por las partes, revocó el extremo que fija el porcentaje de la  pensión de la menor y la fijó en 20 por ciento de la remuneración del demandado. El razonamiento central por el que varió dicho porcentaje se sustentó en que se había verificado que el demandadotenía otros deberes familiares, que serían su conviviente y los 3 hijos de ésta, los que estarían bajo su cargo y protección. 2.

El objeto de la presente demanda de amparo es que se deje sin efecto la sentencia emitida  por el Juzgado de Familia de San Martín-Tarapoto, de fecha 2 de abril de 2007 en virtud de haberse vulnerado su derecho fundamental a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. La demandante arguye esencialmente lo siguiente: i) que el medio probatorio por el que se acreditaría la convivencia de Jaime Walter Alvarado Ramírez con Luz Marina López Rodríguez no es idóneo, puesto que para acreditar ésta es necesario la existencia de una declaración judicial; ii) que el juez ordinario no valoró que Jaime Walter Alvarado Ramírez  presentó medios probatorios, que fueron determinantes para la decisión cuestionada, recién en segunda instancia. Argumenta que éste alegó deberes alimentarios para con los menores hijos de su conviviente recién en la apelación, contraviniendo lo estipulado en el artículo 559 del Código Procesal Civil que establece que en el proceso sumarísimo de alimentos no  procede el ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia; iii) y por último, alega que la conviviente de Jaime Walter Alvarado Ramírez percibe una remuneración mensual y que sus menores hijos perciben una pensión de orfandad.

Vía igualmente satisfactoria y amparo contra resoluciones judiciales 3.

Las sentencias precedentes han coincidido en que la demanda de amparo es improcedente debido a que existe una vía ordinaria como la nulidad de cosa fraudulenta. Sin embargo, es de precisarse que se alega la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, y no que el proceso ha sido seguido con fraude o colusión. De igual forma es de explicitarse que el procedimiento establecido en el artículo 482 del Código Civil tampoco resultaría ser la vía igualmente satisfactoria. Dicha disposición podrá ser adecuada cuando se pretenda la reducción o el aumento de la pensión de alimentos determinada al interior de un proceso regular y no cuando, como en el presente caso, se alegue la irregularidad del proceso en virtud de una vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Por consiguiente, procede dar trámite a la presente demanda de amparo.

Derecho a la debida motivación y derecho a la defensa

4.

Si bien la demandante alega que se ha vulnerado su derecho al debido proceso, se debe  precisar que de acuerdo a lo argumentado en la demanda de amparo se estaría acusando específicamente una ausencia de motivación de la sentencia y una afectación al principio de contradicción.

5.

Debe recordarse, como tantas veces ha afirmado el Tribunal Constitucional, que el control que se ejerce en esta sede no pasa por determinar el derecho material (ordinario) discutido en el caso, sino tan sólo si el órgano de la jurisdicción ordinaria ha cumplido su deber de respetar y garantizar los derechos fundamentales en el seno del proceso judicial en el cual se ha hecho ejercicio de su competencia. Entre otros muchos supuestos, el Tribunal Constitucional ha entendido que tiene competencia ratione materiae  para verificar si un órgano judicial, en el ejercicio de sus competencias, ha incumplido el deber de motivación o si su decisión es posible de reputarse como una simple vía de hecho, por no tener amparo en una norma jurídica permisiva [STC 03151-2006-PA, Fund. 4].

6.

De otro lado, “el derecho a la debida motivación de las resoluciones  importa que los  jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás  piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados  para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos ” (STC N.º 01480-2006-PA/TC, Fund. 2, énfasis agregado).

El modelo constitucional de la familia en la Constitución de 1993 7.

El constitucionalismo de inicios del siglo XX otorgó por primera vez a la familia un lugar en las normas fundamentales de los Estados. Sin embargo, es de precisar que en los inicios del referido siglo se identificaba al matrimonio como único elemento creador de la familia. Se trataba de un modelo de familia matrimonial, tradicional y nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia” y se desarrollaba en la esfera pública y profesional, dedicado

a cubrir los gastos familiares, mientras que el rol de la mujer se constreñía a la esfera  privada del cuidado del hogar y los hijos. Desde una perspectiva jurídica tradicional, la familia “está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el  matrimonio, en la filiación y en el parentesco” [BOSSERT, Gustavo A. y ZANONNI, Eduardo A. Manual de derecho de familia. 4ª ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 6.]. No obstante

ello, en las últimas décadas del siglo XX, la legislación y jurisprudencia comparada se esmeraron en distinguir los conceptos de familia y matrimonio, estableciendo que el matrimonio no era la única manera de generar familia. Por ejemplo, en las constituciones de 1979 y 1993 se recoge como conceptos distintos la familia y el matrimonio. 8.

En lo que respecta a la familia, siendo un instituto constitucional, ésta se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y

 jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias. Consecuencia de todo ello es que se hayan generado estructuras familiares distintas a la tradicional, como son las familias de hecho, las monopaternales o las reconstituidas. Al respecto, debe preciarse que, de lo expuesto no debe deducirse que la familia se encuentra en una etapa de descomposición, sino de crisis de transformación; se trata por el contrario de la normal adaptación de esta institución a los rápidos cambios sociales, políticos históricos y morales de la mayoría de la población. 9.

No obstante, debe tomarse en cuenta que los acelerados cambios sociales pueden generar una brecha entre la realidad y la legislación, provocando vacíos en el ordenamiento  jurídico. En tal sentido, frente a conflictosintersubjetivos que versen sobre las nuevas estructuras familiares, los jueces tendrán que aplicar los principios constitucionales a fin de resolverlos, interpretando la legislación también en función de la realidad, y por consiguiente brindando la paz social que es tarea prevalente del derecho.

Acreditación de la unión de hecho y posterior matrimonio de Walter Alvarado Ramírez 10. De conformidad con las disposiciones del Código Civil el surgimiento de la unión de hecho se da “siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos” (artículo 326º, primer párrafo, in fine). Precisa el citado dispositivo: “La posesión constante

de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita”. Por consiguiente, de los dispositivos citados se concluye que la existencia de una unión de hecho sujeta al régimen de sociedad de gananciales, se halla supeditada, primero, a un requisito de temporalidad mínima de permanencia de la unión (dos años) y, segundo, que ese estado (posesión constante de estado) requiere ser acreditado “con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita”.

11. Si bien diversas sentencias del Poder Judicial han establecido que se requiere de una sentencia judicial para acreditar la convivencia [Casación 312-94-Callao, del 1 de julio de 1996, Casación 1824-96-Huaura, del 4 de junio de 1998], es de recordarse que este Tribunal Constitucional estableció que, por ejemplo, una partida de matrimonio religioso también podía constituir prueba suficiente para acreditar una situación de convivencia [STC 0498-1999-AA/TC, fundamento 5]. De ahí que deba inferirse que es factible recurrir a otros medios probatorios para acreditar la convivencia. Así, cualquier documento o testimonio por el que se acredite o pueda inferirse claramente el acuerdo de voluntades sobre la convivencia podrá ser utilizado y validado, siempre que cause convicción al juez. 12. Mediante resolución del 13 de octubre de 2009, este Tribunal en virtud de la facultad establecida en el artículo 119 del Código Procesal Constitucional solicitó a Jaime Walter Alvarado Ramírez, que remita a este Colegiado la sentencia en virtud de la cual se reconoce judicialmente la unión de hecho o relación convivencial afirmada con Luz Marina López Rodríguez. Con fecha 10 de mayo de 2010 contestando tal requerimiento Jaime Walter Alvarado Ramírez alega que no han tramitado judicialmente su unión de hecho. No obstante alega que han contraído matrimonio civil con fecha 07 de mayo de 2010 ante la Municipalidadde Shanao, Provincia de Lamas, departamento de San Martín. En efecto, obra en autos del cuadernillo del Tribunal Constitucional copia simple del acta de matrimonio (folios 18) celebrado entre Jaime Walter Alvarado Ramírez y Luz Marina López Rodríguez celebrado el 7 de mayo de 2010. 13. Si bien este hecho implica la acreditación de la existencia de deberes alimentarios para con su actual cónyuge, ello no obsta a que se deba analizar las resoluciones judiciales y que se analice en virtud a la situación en que se encontraba Jaime Walter Alvarado Ramírez.

Unión de hecho y deber familiar 14. Uno de los fundamentos sobre los que descansa la sentencia cuestionada es que la convivencia en una unión de hecho implica una “carga familiar”. Si bien es un aspecto

colateral de la controversia constitucional, interesa resaltar previamente que la denominación “carga familiar” utilizada en la sentencia impugnada, resulta ser

cuestionable, por cuanto implica una objetivización de los individuos a los cuales se destina el contenido de la obligación alimentaria. Las personas beneficiadas con dicha tutela y alimentos no son, ni pueden ser consideradas “cargas”. Es por ello que una   denominación acorde con la Constitución de dicha institución es el “deber familiar”, el mismo que guarda y concibe una dimensión ética y jurídica. 15. En la sentencia cuestionada se estima, sin mayor argumentación, que entre los convivientes existe un deber familiar. Al respecto, resulta pertinente preguntarse si es que efectivamente existe tal deber entre los convivientes. Del artículo 326 del Código Civil, que regula la figura de la convivencia, no se desprende ello, al menos no expresamente. Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha establecido que la unión de hecho es una comunidad que persigue “fines, objetivos, modos de apreciar el mundo y expectativas

sobre futuro, substrato sobre el cual se erige el aprecio y afecto que se proveen las parejas,  precisamente por lo cual, comparten su vida en un “aparente matrimonio.” De lo que se

infiere que existe también ciertas obligaciones no patrimoniales. Por ejemplo, como ya se observó, la configuración constitucional de esta unión libre genera un deber de fidelidad entre quienes la conforman [...]” [STC 06572 -2006-PA, fundamento 21 y 23]. En suma, debe enfatizarse que la unión de hecho genera una dinámica a partir de la cual se origina la interdependencia entre los convivientes. 16. En todo caso, sea la decisión por la que opten los jueces, estos tienen la obligación de desarrollar claramente los fundamentos que la sustenten. Es decir, deben motivar de forma tal que los litigantes puedan observar la línea argumentativa utilizada. No es constitucionalmente legítimo que los jueces tomen decisiones -de las que se desprendan consecuencias jurídicas de relevancia- sin que se demuestren las razones fácticas y  jurídicas que sustenten las premisas sobre las que se ha basado el fallo.

Familias reconstituidas, obligaciones alimentarias e hijos afines 17. En la STC 09332-2006-PA/TC, este Tribunal Constitucional desarrolló aspectos relativos a la familia reconstituida, describiéndola como la estructura familiar originada en la unión matrimonial o la unión concubinariaen donde uno o ambos de sus integrantes tienen hijos  provenientes de una relación previa [fund. 8]. De igual forma destacó que para que se  pueda hacer referencia a hijos afines o padres afines, debe de cumplirse con algunos supuestos de hecho como es el habitar y compartir vida de familia con estabilidad,  publicidad y reconocimiento. Es decir, tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma [fund. 12]. 18. No obstante, en nuestro país no existe regulación alguna sobre este tipo de estructura familiar. Así, por ejemplo, no se ha determinado si deben existir o no obligaciones y derechos entre los padres afines (progenitores sociales, padres no biológicos) y los hijos afines. Es por ello que el caso referido supra, fue resuelto sobre la base de la interpretación de principios constitucionales. Y es que a falta de reglas expresas, a partir de los principios constitucionales pueden inferirse reglas a fin de dilucidar el conflicto intersubjetivo de relevancia jurídico-constitucional. 19. En virtud de ellos el Tribunal Constitucional determinó que la diferenciación realizada por un club privado entre la hija biológica y la hija afín del demandante (quien era socio del

club) no era razonable, configurándose un acto arbitrario que lesionaba el derecho de los  padres a fundar una familia. Es de precisar que el Tribunal no expresó en ninguna parte de tal sentencia que los hijos afines y biológicos gozaban de los mismos derechos y obligaciones, tan solo se resolvió que la diferenciación no resultaba constitucionalmente aceptable, dada la finalidad que club tenía, en tanto que afectaba la identidad familiar del demandante. 20. Como ya se anotó existe un vacío legal que aun no ha sido llenado por la legislación, recayendo dicha responsabilidad sobre la jurisprudencia, no solo la constitucional sino también, la ordinaria especializada en materia de familia. Y es que, tal como lo explicita el artículo 139, numeral 8 de la Constitución, el juez no puede dejar de administrar justicia  por vacío o deficiencia de la ley. En tales casos, el juez debe recurrir a los principios constitucionales a fin de elaborar una posición jurisprudencial que cumpla con resolver el conflicto intersubjetivo de manera justa y atendiendo a la realidad social. Así, queda por determinarse si es que los alimentos de los hijos afines pueden serle exigibles a los padres sociales. O dicho de otra manera ¿tienen los padres sociales obligaciones alimentarias para con los hijos afines?. 21. Puesto que en nuestro ordenamiento la legislación omite toda referencia a las familias reconstituidas, es factible recurrir a la doctrina o al derecho comparado a fin de orientar la decisión de la entidad jurisdiccional. Así, puede tenerse por ejemplo lo expuesto por cierta doctrina comparada, en cuanto indica que a partir de los deberes y derechos no  patrimoniales existentes en el matrimonio (asistencia reciproca), los padres afines puedan compartir la responsabilidad frente a los hijos de su pareja nacidos en un matrimonio anterior [FERRANDO, Gilda. “Familias recompuestas y padres nuevos”, en: Revista  Derecho y Sociedad . N.° 28, Lima, 2007, Año XVIII, p. 318]. Asimismo, a manera de ejemplo, puede apreciarse lo establecido en el artículo 278, numeral 2), del Código Civil suizo, que indica que cada cónyuge debe cumplir recíprocamente con el deber alimentario del niño nacido antes del matrimonio, de manera razonable. Si bien en este ejemplo se circunscribe la figura al cónyuge y no al conviviente, es de recordarse que estas referencias son orientaciones a partir de las cuales el juez puede, en concordancia con los principios constitucionales nacionales, definir algún tipo de regla. 22. En todo caso, debe quedar enfáticamente establecido que, sea la opción por la cual se incline la relación afín o social no implica de modo alguno que los padres biológicos  puedan dejar de cumplir con sus deberes alimentación o signifique la perdida de la patria  potestad de estos [STC 09332-2006-PA/TC, fund. 12].

Análisis del caso en concreto 23. La sentencia cuestionada fundamenta la reducción de la pensión alimentaria respecto la sentencia de primer grado en virtud del deber familiar que estaría asumiendo Jaime Walter Alvarado Ramírez por mantener una relación de convivencia. Pero, para dar por acreditada la unión de hecho le ha bastado al juez del Juzgado de Familia de Tarapoto apreciar una declaración jurada de Jaime Walter Alvarado Ramírez y un certificado de supervivencia de Luz Marina López Rodríguez emitido por la Policía Nacional del Perú. Como ya se expresó en el fundamento 11, supra, si bien es factible ofrecer otros medios probatorios además de la declaración judicial de convivencia a fin de acreditar tal estado (como por ejemplo, testimonios de vecinos, partida de matrimonio religioso, entre otros), ello no implica que con tan solo una declaración notarialsuscrita por uno de los supuestos convivientes y un certificado de supervivencia de Luz Marina López Rodríguez, que por su  propia naturaleza, no menciona el tiempo que viene domiciliando en determinado lugar, se acredite suficientemente la conviviencia alegada por Jaime Walter Alvarado Ramírez.

24. De lo expuesto, se aprecia que no resulta clara la forma en que el Juzgado de Familia arribó a la determinación de que bastaba con la documentación referida supra, para que quede acreditada la unión de hecho durante más de 2 años. Es decir, la premisa fáctica sobre la cual el juez elabora su argumentación no está debidamente motivada. En tal sentido, la ausencia de una explicación coherente que muestre el proceso deductivo del juez es, en primer lugar, suficiente para determinar que la sentencia no es constitucionalmente legítima. 25. El otro aspecto cuestionado es el supuesto deber familiar que ésta unión de hecho podría generar. Y es que ¿genera la convivencia en una unión de hecho un deber familiar? Para la sentencia emitida por el Juez de Paz Letrado, la unión de hecho no la genera, en cambio, la sentencia de segundo grado cuestionada en el presente amparo considera lo contrario. Sin embargo, no se explicita cual es el sustento fáctico y normativo en la que descansa tal decisión. 26. Como se aprecia de la sentencia cuestionada, no se sustenta en fundamento alguno por qué es que la unión de hecho implica un deber familiar. Da por entendido que ello es así, y en consecuencia reduce el monto que por alimentos recibirá la hija biológica de Jaime Walter Alvarado Ramírez. Si bien la interrogante planteada no tiene una respuesta sencilla, es evidente que la opción, sea esta en un sentido negativo o afirmativo tendrá que ser suficientemente argumentada, más aun cuando la legislación no establece regulación expresa sobre la materia, lo que obliga al juez a motivar de manera más prolija y cuidadosa su decisión. Por el contrario, la magra argumentación desarrollada, haciendo parecer lo no argumentado como algo evidente, termina por vulnerar el derecho fundamental a la debida motivación [art. 139, numeral 5]. 27.

Es turno de analizar ahora el aspecto referido a la supuesta obligación del padre no  biológico en favor de los hijos afines. Es decir, se debe analizar ahora si es que en la sentencia cuestionada se motivó adecuadamente que los hijos de la conviviente de Jaime Walter Alvarado Ramírez le generaban a éste una obligación de carácter familiar. Recuérdese que ello fue uno de los argumentos por los cuales se redujo el monto destinado a la hija biológica de Jaime Walter Alvarado Ramírez.

28.

Para motivar adecuadamente la sentencia, el juez tenía que haberse preguntado  primeramente ¿tienen los integrantes de la unión de hecho obligaciones alimentarias para con los hijos afines? Ello es esencial para la dilucidación del caso, ya que si se determina que existe tal obligación, el demandado en el proceso de alimentos tendría el deber de mantener no solo al hijo biológico sino también a los hijos de su conviviente, es decir, sus hijos sociales o afines. Con lo que tendría que repartir la remuneración que percibe. Por el contrario, si se argumenta y considera que no existe mandato legal y por consiguiente, la obligación de alimentos es aplicable solo a favor de lo hijos biológicos, el razonamiento del fallo tendría que haber sido diferente. En efecto si no existe tal obligación no existe deber familiar, estando Jaime Walter Alvarado Ramírez únicamente vinculado a cumplir con la alimentación de su hijo biológico. Así, desde esta perspectiva, nada impide que Jaime Walter Alvarado Ramírez pueda prestar atenciones y alimentos a sus hijos afines,  pero estas serían manifestaciones de solidaridad, valor constitucional en el Estado Social de Derecho.

29. El juez optó por considerar que los supuestos hijos afines de Jaime Walter Alvarado Ramírez generaban una obligación familiar, pero sin siquiera esbozar cuales eran los fundamentos que sustentaban esa argumentación. Arribó a una conclusión sin exponer adecuadamente los postulados fácticos ni normativos o el desarrollo lógico de su juicio. Se ha pasado a afirmar sin mayor argumentación o sustentos probatorios que los hijos afines constituyen un deber familiar, lo que determina una falta de motivación de su decisión, afectándose en consecuencia el derecho a la debida motivación de las resoluciones.

30. Finalmente, se aprecia también que se incumplió con el artículo 559 del Código Procesal Civil, que establece que en el proceso sumarísimo de alimentos no será procedente el ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia. Precisamente sobre la base de medios probatorios presentados en segunda instancia es que el juez reduce el porcentaje de la pensión de alimentos de la hija biológica de Jaime Walter Alvarado Ramírez. En efecto, en el considerando tercero de la sentencia cuestionada se aprecia que el juez toma en cuenta la documentación obrante en folios 109 a 111 del expediente de alimentos, esto es, los certificados desuperviviencia de la conviviente y sus hijos, los mismos que fueron  presentados por Jaime Walter Alvarado Ramírez recién ante el Juzgado de Familia, es decir, ante la segunda instancia [ver folios 109-119 de la copia del expediente de alimentos que se adjunta en el presente proceso]. 31. Con esto no debe entenderse que el juez no pueda acceder a los medios probatorios que estime pertinentes a fin de alcanzar la certidumbre que genere a su vez el juicio resolutivo de la litis. Siendo que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambos con relevancia jurídica, y que el Juez puede adecuar las formalidades del proceso a favor del los fines del proceso (artículo III y X del Título  preliminar del Código Procesal Civil), es claro que está facultado para realizar los actos  procesales que estime necesarios a fin alcanzar una resolución ajustada a la realidad y a los  principios constitucionales de justicia, respetando el derecho a la defensa y al contradictorio. Eso sí, tendrá que exponer las razones que lo inclinan a desarrollar ello  ponderando los bienes constitucionales que se encuentran en juego. 32. En conclusión, se observa que el Juzgado de Familia de San Martín-Tarapoto, no cumplió con motivar adecuadamente la sentencia de fecha 2 de abril de 2007. Específicamente se aprecia la falta de motivación al considerar sin mayor argumentación o estudio de los medios probatorios, que la conviviente y los hijos de ésta constituyen un deber familiar  para Jaime Walter Alvarado Ramírez. 33. Es de subrayarse que sin bien desde el 07 de mayo de 2010 Jaime Walter Alvarado Ramírez ha contraído matrimonio con Luz Marina López Rodríguez, al momento de expedirse la sentencia cuestionada ello no era así, por lo que la actual situación civil de Jaime Walter Alvarado Ramírez no implica una subsanación de la falta de motivación de tal sentencia. Y si bien al momento de expedir una nueva resolución sí tendrá que tomar en cuenta la actual situación, así como el hecho que al momento de la emisión de la resolución materia del presente proceso de amparo, Jaime Walter Alvarado Ramírez no estaba casado y tampoco ha podido acreditar una situación de unión de hecho. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO 1. 2.

Declarar FUNDADA  la demanda de amparo, y por consiguiente: Declara NULA la Resolución N.° 12, de fecha 2 de abril de 2007, emitida por el Juzgado de Familia de San Martín-Tarapoto, en el Expediente 2007-2010 y nulos los actos realizados con posterioridad emanados o conexos a la resolución que se invalida, debiendo emitirse nueva decisión conforme a las consideraciones precedentes.

Publíquese y notifíquese. SS.

MESÍA RAMÍREZ BEAUMONT CALLIRGOS VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO CALLE HAYEN ETO CRUZ ÁLVAREZ MIRANDA