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Área Tributaria
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Contenido INFORMES TRIBUTARIOS
Proceso Contencioso-Tributario ¿No hay norma mal emitida, sino mal entendida? - La Apelación de Puro Derecho
I-1 I-4
La Apelación dentro del Procedimiento Contencioso Tributario
I-7 I-12
ACTUALIDAD Y APLICACIÓN PRÁCTICA
Breve repaso y comentarios respecto del procedimiento de cobranza coactiva (Parte II) Resoluciones del Tribunal Fiscal sobre la Queja NOS PREG. Y CONTESTAMOS Procedimiento de Cobranza Coactiva ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Naturaleza Jurídica del Formulario 194 JURISPRUDENCIA AL DÍA
I-20 I-21 I-23 I-25 I-25 I-26
Queja
GLOSARIO TRIBUTARIO INDICADORES TRIBUTARIOS
Proces Pr ocesoo Conten Contencios cioso-T o-Tribut ributario ario
(*)
Ficha Técnica Autor
:
Francisco Javier Ruiz de Castilla Ponce de León(**)
Título
:
Proceso Contencioso-Tributario
Fuente : Actualidad Empresarial, Nº 194 - Primera Quincena de Noviembre 2009
1. Introducción
Vamos a comenzar nuestro estudio, par tiendo de los caso tiendo casoss más usua usuales les que suel suelen en ocurrir en la práctica. Una vez que la Administración Tributaria Tributaria notica una resolución de Determinación o Resolución de Multa, el administrado puede impugnar estos actos administrativos, mediante el reclamo y la apelación, según corresponda corresponda.. Tratándose del procedimiento de apelación ante el Tribunal Fiscal, nos encon tramos ante ante la última instancia, instancia, en sede administrativa, para discutir la existencia de una deuda tributaria. trib utaria. El Tribunal Tribunal Fiscal se pronuncia sobre esta materia a través de una resolución. El administrado puede cuestionar dicha resolución, mediante una demanda, generando el proceso contencioso-tributario contencioso-tribu tario que se tramita ante el Poder Judicial. Seguidamente pasamos a estudiar el referido proceso contencioso tributario. tributa rio.
2. Justicación del proceso contencioso-administrativo ¿Por qué una Resolución que emana de la Administración Pública puede ser revisada (*) Este trabajo ha sido do realizado tomando en cuenta básicamente el interesante artículo de la Dra. Silvia León Pinedo, titulado: “Implicancias de la nueva Ley del Proceso Contencioso administrativo en el campo tributario”.
(**) Profesor Principal de la Ponticia Universidad Católica del Perú.
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Primera Quincena - Noviembre 2009
por el Poder Judicial? Existe una razón fundamental: si todo el poder político del Estado estuviese concentrado en sólo un órgano, existiría alto riesgo de abuso del poder por parte del gobernante, en perjuicio de las personas y empresas. Es preferible que el poder político se reparta entre varios órganos y que existan controles entre éstos. Por esta razón se establece que el Poder Judicial puede revisar los actos que genera la Adminis tración Pública Pública..
3. Objetivos del procedimiento contencioso-tributario En los procedimientos que, en materia tributaria, tributa ria, se llevan llevan a cabo cabo ante ante la Administración Pública nos interesa destacar ciertos elementos. En primer lugar, si nos fijamos en la Administración Pública (como una maquinaria que actúa ante el ciudadano y las empresas), existe una resolución que emite el Tribunal Fiscal, la misma que viene a ser un acto administrativo que –se supone– cumple con todos los requisitos que establece la ley (Código Tributario, Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, etc.). En segundo lugar, si ponemos atención en el administrado (ciudadano o empresa), existen derechos subjetivos de éste, que vienen a ser ciertos intereses que son protegidos jurídicamente, y que pueden haber sufrido una lesión por causa impu table a la Administr Administración ación Pública. Pública. Atendiendo a estos elementos, podemos decir que –en el Perú– los objetivos del procedimiento contencioso-tributario son dos: a) cuidar la legalidad de los actos que
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emanan de la Administración Pública, de tal manera que el Poder Judicial Judicial puede llegar a establecer la invalidez de los actos administrativos; y, b) proteger los intereses del administrado; de tal modo que el Poder Judicial debe satisfacer las necesidades del administrado, siempre que sean razonables y gocen de respaldo jurídico.. Sobre jurídico Sobre este este último último punto es muy muy importante tener presente un principio del Poder Judicial, conocido como “tutela jurisdiccional”, jurisdic cional”, reconoc reconocido ido en el artículo artículo 139°.3 de la Constitución de 1993, en cuya virtud el Poder Judicial debe disponer todo lo necesario para cuidar los intereses del administrado. En este sentido, el artículo 1° de la Ley 27584, que regula el proceso contencioso-tributario establece que dicho proceso tiene por nalidad: “El control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas sujetas al derecho administrativo y efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados” .
Al respecto es ilustrativo el siguiente caso: un administrado cometió cierta infracción tributaria. La Sunat y el Tribunal Fiscal coincidieron en determinar que la sanción aplicable era el cierre del local. Pero el Poder Judicial, a través del proceso contencioso-administrativo, contencioso-administrativo, determinó que en este caso existía una circunstancia muy particular, de bastante importancia humana y social: el local sancionado era una vivienda. Por esta consideración, la Corte Suprema, a través de la Sala Constitucional y Social, mediante la sentencia del 07.06.96, recaída en el Expediente N° 47-95, sustituyó la Resolución (acto administrativo) de cierre por una multa. Actualidad Empresarial
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Informes Inform es Tributario Tributarioss
Como se aprecia, el Poder Judicial –además que deja sin efecto la resolución administrativa que decreta el cierre del local– protege los intereses y necesidades de tipo humano y familiar, posibilitando que los habitantes del referido local puedan continuar desarrollando sus ac tividadess personal tividade personales es y famili familiares ares con la mayor normalidad posible.
de Determinación), existencia de una infracción o determinación de la sanción (contenida en cierta Resolución de Multa) o exigencia de pago (contenida en cierta Orden de Pago); entonces dicha discusión se puede continuar ventilando, esta vez ante el Poder Judicial, a través del d el proceso contencioso-administrativo.
5.2. Inadmisibilidad del reclamo o apelación 4. Base legal Podría ser que el Tribunal Fiscal considere Veamos el marco normativo básico del inadmisible cierto reclamo o apelación, proceso contencioso-administrativo, es- porque el administrado no ha cumplido pecícamente en materia tributaria. con algún requisito formal. Este parecer del Tribunal Fiscal puede ser impugnado 4.1. Constitución de 1993 ante el Poder Judicial, vía el proceso El artículo 148° de nuestra actual Cons- contencioso-administrativo, para que se titución tituci ón señal señalaa que: “Las resoluciones revisen las razones que ha tomado en administrativas que causan ca usan estado son so n sussus cuenta el Tribunal Fiscal respecto de la ceptibles de impugnación mediante la acción inadmisibilidad del respectivo reclamo contencioso-administrativa” . Esta norma o apelación. nos dice que los actos administrativos que son emitidos a nivel de la última Desde luego, el Poder Judicial tendría instancia administrativa son revisables que pronunciarse solamente sobre este tema procesal, mas no sobre el asunto ante el Poder Judicial. de fondo. Precisamente el concepto “causar estado” hace referencia a los actos administrativos 5.3. Ampliación de la investigación que han sido expedidos por los órganos A veces en el procedimiento de reclamo administrativos del más alto nivel. la Administración Tributaria (Sunat, Municipalidad, etc.) no ha realizado determi4.2. Código Tributario nadas investigaciones. Una vez planteada Mediante el Decreto Legislativo N° 953, la apelación, el Tribunal Fiscal ordena la publicado el 05.02.04 se introdujeron devolución del expediente para que la en el Código Tributario las actuales reglas referida Administración Tributaria realice especiales sobre el proceso contencioso- la indicada investigación y se pronuncie administrativo en materia tributaria. de nuevo. En principio, el mandato del Tribunal Fiscal para que la Sunat, Muni4.3. Ley N° 27584, vigente desde el cipalidad, etc. amplíe su investigación no 15.04.02, llamada “Ley del Proce- debería ser susceptible de una demanda so Contencioso-Adminis Contencioso-Administrativo” trativo” contencioso-administrativa ante el PoAquí se encuentran las reglas generales der Judicial, pues todavía no existe un del proceso contencioso-administrativo, pronunciamiento denitivo del Tribunal cualquiera que sea la materia que –en vía Fiscal respecto del asunto de fondo que administrativa– es objeto de discusión, es materia de discusión. tal como puede ser en el área laboral, Sin embargo, en ciertas oportunidades minera, pesquera, etc. el Poder Judicial ha establecido que Es importante resaltar que esta Ley se procede dicha demanda, en el entendiaplica con carácter supletorio. O sea, a do que el Tribunal Fiscal podría haberse falta de regulación expresa del Código equivocado en las razones que le han Tributario, entonces resultan aplicables llevado a ordenar una ampliación de la scalización. las normas de la ley N° 27584.
5. Materias susceptibles de una demanda contencioso-administrativa Existen diversos temas sobre los cuales gira una resolución del Tribunal Fiscal. Veamos las materias tributarias que pueden ser objeto de una demanda contencioso-administrativa.
5.1. Deuda tributaria Si el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre la existencia o determinación de un tributo (contenida en cierta Resolución I 2
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5.4. Asuntos de mero trámite A veces el Tribunal Fiscal se pronuncia sobre cuestiones de mero trámite. Por ejemplo, podría ser que la Resolución de Intendencia de la Sunat no se haya pronunciado sobre todos los puntos plan teados en cierta cierta reclama reclamación. ción. En estos casos el Tribunal Fiscal ordena a la Administración Tributaria que complete su pronunciamiento. ¿Esta clase de órdenes puede ser objeto de una demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial? Judici al? Pen Pensamos samos que la respu respuesta esta debe ser negativa, toda vez que lo único que
en este caso exige el Tribunal Tribunal Fiscal es que la Administración Tributaria respete el debido procedimiento; debiendo pronunciarse sobre todos los puntos formulados en el reclamo.
5.5. Queja Sabemos que ante un acto de la Administración Tributaria (Resolución de Determinación, etc.) procede el recurso de reclamación y/o apelación. En cambio ante un hecho de la Administración Tributaria procede la queja. Solamente ciertos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, sobre el tema de la queja, pueden ser objeto de una demanda contenciosoadministrativa ante el Poder Judicial. Por ejemplo, una resolución del Tribunal Fiscal en cuya virtud se inhibe de emitir pronunciamiento respecto de cierta queja, porque entiende que en este caso no tiene competencia, bien puede ser susceptible de una demanda contencioso-administracontencioso-administra tiva ante el Poder Poder Judicial, Judicial, toda vez que las razones del Tribunal Fiscal podrían ser equivocadas. 5.6. Actuación de la Administración Tributaria Existen casos muy especiales donde la Administración Tributaria realiza actos de abuso, sin que exista una resolución formal que los ampare, afectando los intereses de los administrados. Así puede ocurrir cuando la Administración Administraci ón TributaTributaria clausura un local, sin haberse expedido la respectiva acta de intervención ni la resolución que establece dicha sanción para un determinado contribuyente. Este proceder de la Administración Tributaria también es susceptible de una demanda contencioso-administrat contencioso-administrativa iva para que el Poder Judicial haga efectiva la tutela o protección que debe brindar a los administrados, ante los excesos de la Administración Tributaria. 5.7. Ejecución de una resolución La Administración Tributaria emite una resolución conforme a ley. Pero, Pero, la ejecución de dicha resolución por parte de la propia Administración Tributaria se lleva a cabo de tal modo que se transgrede la ley. Esta clase de excesos por parte de la Sunat, Municipalidades, etc., también es susceptible de una demanda contenciosoadministrativa para que el Poder Judicial proteja los intereses de los administrados que han sido afectados. Así ocurre si una Municipalidad notica una Resolución de Ejecución Coactiva REC emitida conforme a ley, iniciando una cobranza coactiva. En esta REC se establece que el contribuyente tiene un último plazo de gracia de siete días para realizar el pago voluntario de la deuda tributaria. Podría ser que en el cuarto día de transcu tra nscurri rrido do dich dichoo plaz plazoo la Admi Administ nistraci ración ón N° 194
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Como se aprecia, el Poder Judicial –además que deja sin efecto la resolución administrativa que decreta el cierre del local– protege los intereses y necesidades de tipo humano y familiar, posibilitando que los habitantes del referido local puedan continuar desarrollando sus ac tividadess personal tividade personales es y famili familiares ares con la mayor normalidad posible.
de Determinación), existencia de una infracción o determinación de la sanción (contenida en cierta Resolución de Multa) o exigencia de pago (contenida en cierta Orden de Pago); entonces dicha discusión se puede continuar ventilando, esta vez ante el Poder Judicial, a través del d el proceso contencioso-administrativo.
5.2. Inadmisibilidad del reclamo o apelación 4. Base legal Podría ser que el Tribunal Fiscal considere Veamos el marco normativo básico del inadmisible cierto reclamo o apelación, proceso contencioso-administrativo, es- porque el administrado no ha cumplido pecícamente en materia tributaria. con algún requisito formal. Este parecer del Tribunal Fiscal puede ser impugnado 4.1. Constitución de 1993 ante el Poder Judicial, vía el proceso El artículo 148° de nuestra actual Cons- contencioso-administrativo, para que se titución tituci ón señal señalaa que: “Las resoluciones revisen las razones que ha tomado en administrativas que causan ca usan estado son so n sussus cuenta el Tribunal Fiscal respecto de la ceptibles de impugnación mediante la acción inadmisibilidad del respectivo reclamo contencioso-administrativa” . Esta norma o apelación. nos dice que los actos administrativos que son emitidos a nivel de la última Desde luego, el Poder Judicial tendría instancia administrativa son revisables que pronunciarse solamente sobre este tema procesal, mas no sobre el asunto ante el Poder Judicial. de fondo. Precisamente el concepto “causar estado” hace referencia a los actos administrativos 5.3. Ampliación de la investigación que han sido expedidos por los órganos A veces en el procedimiento de reclamo administrativos del más alto nivel. la Administración Tributaria (Sunat, Municipalidad, etc.) no ha realizado determi4.2. Código Tributario nadas investigaciones. Una vez planteada Mediante el Decreto Legislativo N° 953, la apelación, el Tribunal Fiscal ordena la publicado el 05.02.04 se introdujeron devolución del expediente para que la en el Código Tributario las actuales reglas referida Administración Tributaria realice especiales sobre el proceso contencioso- la indicada investigación y se pronuncie administrativo en materia tributaria. de nuevo. En principio, el mandato del Tribunal Fiscal para que la Sunat, Muni4.3. Ley N° 27584, vigente desde el cipalidad, etc. amplíe su investigación no 15.04.02, llamada “Ley del Proce- debería ser susceptible de una demanda so Contencioso-Adminis Contencioso-Administrativo” trativo” contencioso-administrativa ante el PoAquí se encuentran las reglas generales der Judicial, pues todavía no existe un del proceso contencioso-administrativo, pronunciamiento denitivo del Tribunal cualquiera que sea la materia que –en vía Fiscal respecto del asunto de fondo que administrativa– es objeto de discusión, es materia de discusión. tal como puede ser en el área laboral, Sin embargo, en ciertas oportunidades minera, pesquera, etc. el Poder Judicial ha establecido que Es importante resaltar que esta Ley se procede dicha demanda, en el entendiaplica con carácter supletorio. O sea, a do que el Tribunal Fiscal podría haberse falta de regulación expresa del Código equivocado en las razones que le han Tributario, entonces resultan aplicables llevado a ordenar una ampliación de la scalización. las normas de la ley N° 27584.
5. Materias susceptibles de una demanda contencioso-administrativa Existen diversos temas sobre los cuales gira una resolución del Tribunal Fiscal. Veamos las materias tributarias que pueden ser objeto de una demanda contencioso-administrativa.
5.1. Deuda tributaria Si el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre la existencia o determinación de un tributo (contenida en cierta Resolución I 2
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5.4. Asuntos de mero trámite A veces el Tribunal Fiscal se pronuncia sobre cuestiones de mero trámite. Por ejemplo, podría ser que la Resolución de Intendencia de la Sunat no se haya pronunciado sobre todos los puntos plan teados en cierta cierta reclama reclamación. ción. En estos casos el Tribunal Fiscal ordena a la Administración Tributaria que complete su pronunciamiento. ¿Esta clase de órdenes puede ser objeto de una demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial? Judici al? Pen Pensamos samos que la respu respuesta esta debe ser negativa, toda vez que lo único que
en este caso exige el Tribunal Tribunal Fiscal es que la Administración Tributaria respete el debido procedimiento; debiendo pronunciarse sobre todos los puntos formulados en el reclamo.
5.5. Queja Sabemos que ante un acto de la Administración Tributaria (Resolución de Determinación, etc.) procede el recurso de reclamación y/o apelación. En cambio ante un hecho de la Administración Tributaria procede la queja. Solamente ciertos pronunciamientos del Tribunal Fiscal, sobre el tema de la queja, pueden ser objeto de una demanda contenciosoadministrativa ante el Poder Judicial. Por ejemplo, una resolución del Tribunal Fiscal en cuya virtud se inhibe de emitir pronunciamiento respecto de cierta queja, porque entiende que en este caso no tiene competencia, bien puede ser susceptible de una demanda contencioso-administracontencioso-administra tiva ante el Poder Poder Judicial, Judicial, toda vez que las razones del Tribunal Fiscal podrían ser equivocadas. 5.6. Actuación de la Administración Tributaria Existen casos muy especiales donde la Administración Tributaria realiza actos de abuso, sin que exista una resolución formal que los ampare, afectando los intereses de los administrados. Así puede ocurrir cuando la Administración Administraci ón TributaTributaria clausura un local, sin haberse expedido la respectiva acta de intervención ni la resolución que establece dicha sanción para un determinado contribuyente. Este proceder de la Administración Tributaria también es susceptible de una demanda contencioso-administrat contencioso-administrativa iva para que el Poder Judicial haga efectiva la tutela o protección que debe brindar a los administrados, ante los excesos de la Administración Tributaria. 5.7. Ejecución de una resolución La Administración Tributaria emite una resolución conforme a ley. Pero, Pero, la ejecución de dicha resolución por parte de la propia Administración Tributaria se lleva a cabo de tal modo que se transgrede la ley. Esta clase de excesos por parte de la Sunat, Municipalidades, etc., también es susceptible de una demanda contenciosoadministrativa para que el Poder Judicial proteja los intereses de los administrados que han sido afectados. Así ocurre si una Municipalidad notica una Resolución de Ejecución Coactiva REC emitida conforme a ley, iniciando una cobranza coactiva. En esta REC se establece que el contribuyente tiene un último plazo de gracia de siete días para realizar el pago voluntario de la deuda tributaria. Podría ser que en el cuarto día de transcu tra nscurri rrido do dich dichoo plaz plazoo la Admi Administ nistraci ración ón N° 194
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Área Tributaria Tributaria procede con trabar embargos denitivos, ordenando a los bancos la transfer trans ferencia encia de cierto cierto monto monto,, a favor favor de la cuenta bancaria del Estado, por una suma equivalente al monto de la deuda tributaria tribu taria no pagada. pagada. Aquí se aprecia un abuso de la Adminis tración trac ión Tributa ributaria ria en la etapa de ejec ejecución ución de la REC que, ciertamente, afecta los intereses del contribuyente, de tal modo que éste puede recurrir a la demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial.l. Judicia
6. Exclusividad del proceso judicial La impugnación de las resoluciones emi tidas en última instancia administrativa administrativa son impugnables exclusivamente ante el Poder Judicial. De modo excepcional, un acto administrativo puede ser motivo de litigio en determinado proceso constitucional, según lo establece el artículo 200° de la Constitución. Si un acto administrativo amenaza o viola la libertad de las personas o empresas, tiene cabida el proceso de amparo. Si un acto administrativo amenaza o viola el derecho de información de las personas o empresas, el sujeto perjudicado puede recurrir al proceso de hábeas data.
7. Principios del proceso contencioso-administrativo Veamos los principios más importantes del proceso contencioso-administrativo:
7.1. Principio de integración Los jueces no deben dejar de resolver el asunto controvertido por deciencia de la ley. En tales casos debemos traer a colación la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario, según la cual: “En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias, siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho Administrativo y los Principios Generales del Derecho” .
Por ejemplo, los artículos 157° y 158° del Código Tributario Tributario establecen establ ecen los requisitos para la admisibilidad de la demanda contencioso-administrativa. En este sentido, el primer párrafo del artículos 157° del Código Tributario dispone que una Resolución del Tribunal Fiscal bien puede ser objeto de la demanda contenciosoadministrativa. ¿Cabe pensar en la gura del silencio administrativo negativo como supuesto válido para que el sujeto afec tado (administra (administrado) do) pueda plantea plantearr una demanda contencioso-administrativa? O N° 194
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sea, si un administrado plantea una apelación y transcurren más de doce meses sin que el Tribunal Fiscal se pronuncie: ¿Es posible que el administrado considere denegada la apelación para que el litigio pueda pasar a conocimiento del Poder judicial? judicia l? La verdad es que los artículos 157° y 158° del Código Tributario no contienen una norma expresa –a favor o en contra– sobre el particular particular.. Entonces, cabe remitirse al artículo 34°.1.5) de la Ley 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual sólo cuando una norma legal señala, de modo expreso, que –si luego del plazo de ley– el órgano competente no se ha pronunciado sobre una petición del administrado, entonces éste puede considerar rechazada su petición, de tal modo que puede pasar a la siguiente instancia del procedimiento, en vía de impugnación. Detrás de este dispositivo legal se encuen tra un principio principio básico de todo procediprocedimiento que se tramita ante una autoridad administrativa y todo proceso que se lleva a cabo ante la autoridad judicial: se trata del principio de legalidad, según el cual sólo las actuaciones expresamente establecidas por la ley procesal p rocesal son admisibles en Derecho. Como en los artículos 157° y 158° del Código Tributario no se tiene previsto de modo expreso la gura del silencio admi ad mi-nistrativo negativo como causal para la procedencia de la demanda contenciosoadministrativa, entonces –ante la falta de pronunciamiento del Tribunal Fiscal den tro del plazo de ley– no cabe cabe la admisió admisiónn a trámite de la referida demanda.
7.2. Principio de igualdad procesal Las partes en el proceso contencioso-administrativo deben ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición de entidad pública o administrado. Es claro que el Poder Judicial debe ofrecer las mismas consideraciones al adminis trado y la Administración Pública; sin embargo, existen circunstancias objetivas de hecho que muchas veces marcan importantes diferencias entre los litigantes. Por ejemplo, de conformidad con el cuar to párrafo del artículo artículo 157° del Código Tributario, existen casos excepcionales donde la Sunat puede interponer una demanda contencioso-administrativa contra una resolución del Tribunal Fiscal. En este caso la Sunat tiene todo un equipo de abogados especialistas para llevar adelan te el proce proceso so contenc contencioso-admin ioso-administrat istrativo, ivo, a través de sus distintas instancias. Diferente es la posición del administrado, pues muchas veces se trata de personas
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naturales que tienen ingresos limitados o empresas pequeñas. El denominador común de estos sujetos es que tienen un escaso margen de maniobra para destinar sus escasos ingresos al nannan ciamiento de los costos de todo juicio: honorarios profesionales, pago de tasas judiciales, judicia les, etc. Estos costos son mayores mayores en la medida que los administrados se encuentran ubicados en lugares cada vez más distantes de aquellas ciudades donde se encuentran las más altas instancias judiciales judicia les que se van a pronunc pronunciar iar sobre el litigio en trámite.
7.3. Principio de favorecimiento del proceso El juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Asimismo, en el caso de que el Juez tuviera cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, debe preferir darle trámite. En virtud de la última parte del párrafo precedente, debe prevalecer la sustancia sobre la forma. Lo importante es que el administrado siempre va a poder tener acceso a la tutela judicial, independien temente teme nte que la dema demanda nda cont contenci encioso-ad oso-ad-ministrativa planteada por éste adolezca de errores formales en su etapa inicial. Por ejemplo, podría ser que dicha demanda tenga errores subsanables en la oportunidad de su interposición, como por ejemplo que no va acompañada del texto de la Resoluci Resolución ón del Tribunal Tribunal Fiscal que es objeto de impugnación, etc. De todos modos el Poder Judicial debe admitir la demanda a trámite, toda vez que uno de los objetivos centrales del proceso contencioso-administrativo tiene que ver con la efectiva posibilidad que el administrado cuente con protección judicial.l. judicia 7.4. Principio de suplencia de ocio El juez deberá suplir las deciencias forfor males en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de ocio. El punto de partida es que el propio juez debe subsanar las deciencias que ocurran durante la tramitación del proceso con tencioso-adm tenci oso-administr inistrativo ativo,, aun cuando las partes todavía no lo hubiesen solicitado. Si para el juez es materialmente materialmente imposible proceder con la referida subsanación, en tonces esta autorida autoridadd debe disponer que los propios litigantes pasen a subsanar las deciencias formales ocurridas. Para estos efectos el juez debe indicar un plazo razonable, según las necesidades de cada actividad de subsanación en particular. Actualidad Empresarial
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Informes Tributarios
¿No hay norma mal emitida, sino mal entendida?
La Apelación de Puro Derecho Ficha Técnica Autor
:
Dr. Daniel Arana*
Título
:
¿No hay norma mal emitida, sino mal entendida? - La Apelación de Puro Derecho
Fuente : Actualidad Empresarial, Nº 194 - Primera Quincena de Noviembre 2009
1. Introducción
Resulta cotidiano que a la culminación de la labor de vericación o scalización efectuada por parte de la Administración Tributaria, respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente en particular, éste sea noticado con actos administrativos1 que generalmente implican la determinación de un tributo insoluto y/o la imposición de sanciones por infracciones tributarias detectadas durante la intervención scal. Al respecto, teniendo en consideración que en no pocos casos la Administración Tributaria es susceptible de incurrir en imprecisiones al momento de aplicar la legislación tributaria pertinente, el ordenamiento jurídico le franquea al contribuyen te diversos mecanismos que le permiten cuestionar aquellos actos administrativos que contravienen sus derechos, siendo necesario que para el efecto el contribuyente observe determinados requisitos establecidos en el Código Tributario. En efecto, dichos medios de defensa otorgados al contribuyente tienen por finalidad la revocación o suspensión de aquellos actos administrativos que conculcan sus derechos, sea por una incorrecta evaluación del fondo de la con troversia o por errores de procedimiento en la emisión de tales actos, obligando así a que éstos sean revisados por el propio ente administrativo que los emitió. Asimismo, de raticarse la Administración en su posición, queda expedito el derecho del administrado a recurrir a una instancia administrativa superior que concluya en una “cosa decidida” que le resulte favorable. En ese orden de ideas, nos encontramos frente al procedimiento contencioso tributario, el mismo que se inicia con la interposición del respectivo recurso de reclamación por parte del afectado (con tribuyente o administrado) contra el acto emitido por la Administración Tributaria, * Profesor del Postítulo de Derecho Tributario en la PUC. Consultor Tributario. 1 Constituyen actos administrativos aquellas decisiones que, en ejercicio de sus funciones, toma en forma unilateral la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de los administrados dentro de una situación concreta, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG).
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siendo ésta quien lo evalúe, conrme o revoque, pudiendo posteriormente el contribuyente cuestionar dicha decisión de la Administración vía recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, órgano colegiado y última instancia administrativa para propósitos tributarios. Como es de advertirse, de ordinario la etapa de apelación requiere de un acto administrativo (Ej. Resolución de Intendencia) que previamente haya resuelto la impugnación planteada por el contribuyente, de manera que el Tribunal Fiscal resuelva la controversia como instancia administrativa nal. No obstante ello, la normatividad tribu taria vigente contempla la posibilidad de acudir directamente ante dicho órgano cuando existe una maniesta mala aplicación de la Ley que no requiera de mayor probanza. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151° del Código Tributario, existe un instrumento a través del cual el contribuyente puede apelar directamente ante el Tribunal Fiscal sin necesidad de interponer reclamación ante instancias previas siempre que la controversia se reriera a la aplicación de una norma y no se requiera de la probanza de hechos al respecto, esto es, la apelación de puro derecho. En el presente trabajo desarrollaremos tanto las principales características de esta modalidad de impugnación como también algunos precedentes de relevancia en cuanto a su interposición.
2. Aspectos normativos y generalidades La apelación de puro derecho se encuen tra prevista en el artículo 151° del Código Tributario, el mismo que indica que podrá interponerse recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes a la noticación de los actos de la Administración, cuando la impugnación sea de puro derecho, no siendo necesario interponer reclamación ante instancias previas. De la norma precitada se puede advertir que bajo esta forma de apelación, el plazo de interposición es mayor, toda vez que mientras que en la apelación convencional el plazo para interponer el recurso es de quince2 (15) días hábiles siguientes a aquel en que se efectuó la noticación 2 Caso diferente es el del plazo de interposición de la apelación contra aquellas resoluciones que resuelvan reclamaciones sobre sanciones de internamiento temporal de vehículos, comiso de bienes y cierre temporal de establecimiento u ocina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, pues éstas sólo podrán ser apeladas ante el Tribunal Fiscal dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a los de su noticación.
del acto administrativo recurrido, en el caso particular de una apelación de puro derecho, dicho término es de veinte (20) días hábiles. Asimismo, no es necesario reclamar el acto ante el mismo ente administrativo que lo emitió, por lo cual se puede recurrir directamente ante el Tribunal Fiscal, ins tancia que resolverá la apelación siempre que la apelación efectivamente calique como de puro derecho. Así las cosas, si respecto de un contribuyen te la Administración Tributaria determina un adeudo tributario mediante una aplicación errónea de las normas tributarias y ello resulta evidente sin necesidad de requerir probar hecho alguno, tal adminis trado podrá presentar la correspondiente apelación de puro derecho al Tribunal Fiscal; pero para ello, tanto el escrito correspondiente como los documentos relacionados deben ser canalizados a través del órgano recurrido que emitió el acto cuestionado (Sunat, municipio, Senati, etc), de manera que éste efectúe la alzada luego de vericar lo siguiente: a) Cumplimiento de los requisitos de apelación que resultaran aplicables, según el artículo 146° del Código Tributario. b) Que no haya reclamación en trámite sobre la materia. Por otro lado, no resulta poco frecuente que numerosos contribuyentes vean rechazadas sus apelaciones por considerar que el mencionado plazo de veinte (20) días hábiles para apelar de puro derecho aplica a cualquier situación, habida cuen ta que el referido término de ley será de aplicación dependiendo de la naturaleza de la resolución cuestionada, como es el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u ocina de profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan. En estos casos, el plazo para apelar de puro derecho se ve reducido a sólo diez (10) días hábiles, por lo que transcurrido tal lapso de tiempo, la impugnación presen tada podrá ser declarada inadmisible. Ahora bien, como hemos podido advertir de las consideraciones expuestas hasta el momento, en una apelación de puro derecho la controversia se circunscribe a la correcta aplicación de una ley y siempre que no existan hechos que probar, calicación que será efectuada por el propio Tribunal Fiscal al momento de recepcionar el expediente de apelación correspondiente. N° 194
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Área Tributaria Efectivamente, si dicha última instancia administrativa llega a calicar como de puro derecho la apelación interpuesta, procederá a analizarla y resolverla como tal, pudiendo declarar la misma como fundada o infundada, según corresponda. En caso contrario, esto es, de advertirse que no hubo incorrecta aplicación normativa y/o existieran hechos que deben ser acreditados para dilucidar la controversia, la apelación no será calicada como de puro derecho, se declarará nulo el concesorio de apelación y se devolverá lo actuado a la entidad competente (Ejemplo, Sunat) para que lo tramite y resuelva como recurso de reclamación. Asimismo, el concesorio también será declarado nulo en aquellos casos en los que la Administración Tribu taria hubiera elevado los actuados ante el Tribunal Fiscal sin informar si existe o no reclamación en trámite 3. Respecto de la remisión por el Tribunal Fiscal a la Administración Tributaria de aquellas impugnaciones que no caliquen como de puro derecho, es necesario comentar que el acto de calificación previa que desestima el trámite del recurso como una apelación de puro derecho debe ser noticado obligatoriamente al administrado, de modo que éste pueda tomar conocimiento de la entidad que nalmente resolverá su recurso y, a su vez, pueda hacer uso de los mecanismos de defensa que la ley le otorga, pues de lo contrario se atentaría contra su derecho de defensa4. No obstante lo anterior, no se vulnera el derecho de defensa del contribuyen te cuando el Tribunal Fiscal le notica conjuntamente tanto la resolución que resuelve su apelación de puro derecho conjuntamente con la admisión a trámite correspondiente. En efecto, teniendo en cuenta que quien resolvió fue el Tribunal Fiscal, ente resolutor originalmente pretendido por el contribuyente, no se presentaría el riesgo de afectarse el derecho de defensa del administrado, pues la misma entidad que se tenía prevista será la que nalmente resuelva el recurso. Consecuentemente, en casos como el comentado en los que no se haya noticado previamente el acto de calicación del recurso como una apelación de puro derecho, sino junto con el fondo, no resul ta violatorio de los derechos de defensa y al debido proceso del administrado; más aún cuando lo que éste pretendía con el recurso de apelación de puro derecho era obtener un pronunciamiento sobre el fondo, lo cual ha ocurrido, e incluso puede ser cuestionado en la vía judicial. Por otro lado, no resulta contrario a derecho armar que la interposición oportuna 3 Según acuerdos de Sala Plena Nos 2001-12 y 2002-10. 4 El debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el
respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la
jurisdicción común o especializada, a los cuales se reere el artículo 139° de la Constitución (STC 4289-2004-AA/TC).
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de una apelación de puro derecho puede llegar a evitar momentáneamente el inicio del procedimiento de cobranza coactiva o incluso obligar al ejecutor coactivo a concluirlo. La premisa antes indicada encuentra fundamento en el hecho que si consideramos que de acuerdo con el artículo 115° del TUO del Código Tributario, “darán lugar a acciones de coerción aquellas deudas que caliquen como exigibles”, y se consideran como tales, entre otras, a aquellas deudas establecidas por Resolución no apelada en el plazo de ley, es posible
concluir que una deuda tributaria apelada en forma oportuna, ya sea que la apelación fuera o no de puro derecho, no es deuda exigible en cobranza coactiva y no resultaría pacíco el inicio de un procedimiento de cobranza5. Asimismo, debe recordarse además que conforme a lo previsto en el numeral 1 del inciso b) del artículo 119° del Código Tributario, constituye una causal de conclusión del Procedimiento de Cobranza Coactiva, la presentación oportuna del recurso de reclamación o apelación contra la Resolución de Determinación o Resolución de Multa que contenga la deuda tributaria puesta en cobranza; por lo que, habiéndose considerado el término apelación en forma genérica, sin discriminar a las apelaciones de puro derecho, entendemos que éstas últimas se encuentran comprendidas bajo los supues tos que pueden derivar en la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. No obstante lo anterior, si la apelación fuera interpuesta extemporáneamente, estando a lo dispuesto en el artículo 146° del TUO del Código Tributario, para que la misma sea admitida a trámite, el con tribuyente deberá acreditar el pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada o presentar carta anza bancaria o nanciera, conforme lo prevé el artículo precitado. En caso que no se cumpla con renovar la carta anza bancaria en los términos establecidos por la Administración Tributaria, se podrá ejecutar la misma, aun cuando el Tribunal Fiscal no hubiera resuelto la apelación.
3. Aplicación práctica de la apelación de puro derecho 3.1. Arbitrios municipales La apelación de puro derecho ha prosperado con éxito en aquellos casos en los que el recurrente ha cuestionado la procedencia del cobro de arbitrios municipales de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo cuando la ordenanza que ja tales cobros colisiona con lo establecido en la Ley de Tributación Municipal, así como con criterios conexos jados por el Tribunal Constitucional. En efecto, en estos casos la pretensión calica como de puro derecho al limitarse al análisis de la validez legal de la ordenanza 5 Ver Informe N° 135-2001-K0000/SUNAT.
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municipal de la cual se originan los cobros que dan lugar a la controversia, siendo entonces obligatorio vericar si dicha ordenanza ha sido emitida observando la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal, así como también los pronunciamiento del Tribunal Constitucional vinculantes de acuerdo con el artículo 82° del Código Procesal Constitucional. El análisis citado en el parágrafo anterior, respecto de la validez de la ordenanza que soporta los cobros efectuados al vecindario, es sólo normativo, de modo que deberá evaluarse el texto de la ordenanza en cuestión para vericar la existencia del elemento determinativo fundamental del tributo, como lo es aquel que determine el nacimiento de la obligación tributaria en el caso particular de los arbitrios municipales, de manera que se cumpla el principio de legalidad. Casos como el planteado pueden ser observados por ejemplo en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 3264-2-2007 –precedente de observancia obligatoria– en la cual se resolvió que la Ordenanza N° 830 emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima para regular los arbitrios municipales de los años 2001 a 2005 infringe el principio de reserva de ley al no detallar ni el costo del servicio de limpieza pública, parques, jardines y serenazgo de dichos años ni el modo de distribuir el costo de los servicios de barrido, recojo de basura, entre otros. Asimismo, dicha ordenanza no señalaba además la forma de determinación de la cuota tributaria de los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines ni justicó la aplicación del principio de solidaridad. Como resulta evidente, la Ordenanza N° 830 adolecía de diversas contravenciones a principios fundamentales, lo cual devenía en su invalidez por no cumplir con los parámetros de validez y vigencia establecidos por el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias relacionadas a los Expedientes N os 0041-2004-AI/ TC y 0053-2004-PI/TC, lo cual motivó que las resoluciones de determinación emitidas por el Municipio a la luz de la mencionada Ordenanza queden sin efecto al declararse como fundada la apelación de puro derecho. Al margen de la situación práctica expuesta, consideramos como una tarea pendiente para el Tribunal Fiscal el determinar si cons tituye apelación de puro derecho el recurso presentado por los contribuyentes cuando estimen que la impugnación sólo se reere a la aplicación por parte de la administración tributaria de una norma infraconstitucional que contravenga la Constitución.
3.2.Apelación de puro derecho vs. Queja Algunos contribuyentes pretenden interponer apelaciones de puro derecho contra Actualidad Empresarial
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Informes Tributarios
resoluciones coactivas que declaran improcedentes sus solicitudes de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. En efecto, supongamos que un contribuyente formulara apelación de puro derecho contra una resolución coactiva que declaró como improcedente su solicitud de suspensión de un procedimiento de cobranza coactiva seguido para el pago de la segunda cuota del Impuesto al Pa trimonio Predial 2008. Respecto de la situación planteada, resul ta evidente que la Administración Tribu taria tendría que desestimar la apelación presentada por el contribuyente, toda vez que por lo general las resoluciones emitidas por un ejecutor coactivo sólo son apelables de acuerdo a lo señalado por el artículo 122° del Código Tributario que señala que sólo después de terminado el procedimiento de cobranza coactiva, se podrá interponer recurso de apelación ante la Corte Superior dentro de un plazo de 20 días hábiles de noticada la reso lución que pone n al pronunciamiento de cobranza coactiva. Enriqueciendo aún más el ejemplo, si frente a este rechazo de su apelación de puro derecho el contribuyente optara por presentar una queja ante el Tribunal Fiscal aduciendo que hubo una mala actuación por parte de la Administración Tributaria, “por no cumplir con elevar
demora obedece al retraso en que incurre la Administración Tributaria (Ej. Sunat) en atender el proveído y remitir la información, colocando al contribuyente en un estado de indefensión y desigualdad, toda vez que los plazos para alcanzar la información faltante sí se cumplen en la práctica para el quejoso, pero no para la Administración Tributaria. En efecto, la situación expuesta implicaría que se venga incumpliendo lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 2005-15 de fecha 10 de mayo de 2005, en la cual el propio Tribunal dispone que el plazo con el que cuenta la Administración Tribu taria para alcanzar la información faltante según proveído es de siete (7) días hábiles con arreglo al numeral 3 del artículo 132° de la LPAG, pudiendo prorrogarse por tres (3) días cuando se requiera el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. Vencido el plazo otorgado, el Tribunal Fiscal resuelve el expediente mediante una Resolución, aun cuando no exista respuesta o la misma sea incompleta. En consecuencia, consideramos que, de presentar el contribuyente una queja, los plazos necesarios para su resolución deben ser aplicados con el mismo rigor por el Tribunal Fiscal, tanto para el contribuyente como para la Administración Tributaria.
3.3.Impuesto General a las Ventas (IGV) - Ventas antes de despacho su apelación de acuerdo con lo estaa consumo blecido en el artículo 151° del Código En esta controversia resuelta por el TriTributario”, el Tribunal Fiscal no tendría otra alternativa que resolver como in- bunal Fiscal a través de su Resolución fundada dicha queja, habida cuenta que N° 03475-3-2005, el contribuyente incontra los pronunciamientos del ejecutor terpuso apelación de puro derecho contra coactivo no procede la interposición de resoluciones de determinación y de multa recursos impugnativos como la apelación originados por una supuesta omisión de puro derecho, sino que de acuerdo con de pago del IGV, al considerar la Sunat lo previsto en el artículo 38° de la Ley como una operación no gravada con el del Procedimiento de ejecución coacti- IGV el monto equivalente al valor CIF en va, concordada con el artículo 155° del la transferencia de bienes no producidos en el país, situación que obligaba al conCódigo Tributario, corresponde formular tribuyente el procedimiento de queja ante el Tribunal Fiscal para exponer prorrata dela efectuar crédito scal. válidamente todo argumento dirigido a cuestionar el procedimiento de cobranza Dada la naturaleza de la controversia planteada, el Tribunal calicó fácilmente coactiva seguido6. apelación como de puro derecho, teRespecto del recurso de queja, es conve- la niendo que se trataba de una niente recordar que constituye un medio cuestiónendecuenta interpretación normativa sin por el cual el contribuyente cuestiona más hechos que probar, pues la misma se actuaciones o procedimientos de la Ad- resolvía determinando si efectivamente la ministración que afecten directamente transferencia de bienes efectuada por la o infrinjan lo establecido en el Código recurrente antes de solicitar el despacho a Tributario, según lo indica el artículo 155° consumo, hasta el monto del valor CIF, deantes indicado. bía considerarse o no como una operación Asimismo, cabe también hacer la reexión no gravada a efectos del procedimiento de que, si bien legalmente un recurso de prorrata del crédito scal. queja debería ser resuelto por el Tribunal En línea con ello, previa conrmación de Fiscal en el plazo de veinte (20) días há- la Sunat del cumplimiento de los plazos biles siguientes a su interposición, en la para la interposición de la apelación, así práctica es frecuente que la resolución de como también de la no tramitación en la queja tome un tiempo signicativamen- curso de recurso de reclamación alguno, te mayor en algunos casos, aduciendo la el Tribunal Fiscal, luego de interpretar las Sala encargada de resolver la queja que la normas pertinentes del IGV, estableció como criterio que no se encontraba 6 V. RTF N 1320-3-2003 y 11994-1-2007 de fechas 13 de marzo obligado a efectuar el procedimiento de de 2003 y 19 de diciembre de 2007, respectivamente. os
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prorrata aquel contribuyente que transriera antes del despacho a consumo bienes no producidos en el país, caso en el cual dichas operaciones debían reputarse como efectuadas en forma externa al territorio nacional, encontrándose por ende dichas transferencias fuera del ámbito de aplicación del impuesto y teniendo el contribuyente derecho a aplicar el crédito scal en su integridad7. Consecuentemente, la referida apelación fue declarada fundada y los valores correspondientes (resoluciones de determinación y multa) dejados sin efecto. Finalmente, respecto de la Resolución comentada, es importante advertir que durante la tramitación de la misma se le permitió el uso de la palabra a la recurrente, lo cual deja sentado dicho derecho del contribuyente en la tramitación de la apelación de puro derecho. Sin embargo, luego de la modicación al Código Tributario, de acuerdo con el cuarto párrafo de su artículo 150°, el Tribunal no concederá el uso de la palabra cuando considere que las apelaciones de puro derecho presentadas no calican como tales.
4. Conclusiones 1. El Tribunal Fiscal sólo está obligado a noticar al contribuyente en forma previa e individual el acto de calicación previa de la apelación de puro derecho cuando el recurso interpuesto no calica como tal, de modo que el contribuyente tome las previsiones del caso y pueda ejercer su derecho de defensa debidamente. 2. Una apelación no calica como de puro derecho cuando los hechos a probar están referidos al caso concreto materia de la controversia; es decir, a los hechos producidos en la realidad respecto a los que se requiere determinar si se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis de incidencia tributaria. 3. En el caso de resoluciones de multa, no calican como de puro derecho aquellas apelaciones cuyo petitorio discuta asuntos de carácter fáctico que determinen si cometió o no la infracción. Se debe en cambio solicitar se dilucide el alcance de una norma tributaria para el caso en particular. 4. No procede formular apelación de puro derecho contra actos que no tengan la naturaleza de reclamables (estados de cuenta, hojas de liquidación, entre otros similares) ni contra Resoluciones del Tribunal Fiscal 8. 7 V. RTF N° 434-4-97: “El objeto de la prorrata es que no se tome
crédito scal por operaciones por las que no se deba pagar el
impuesto; sin embargo, ello no autoriza que se incluyan dentro de
la denición de “operaciones no gravadas” actividades que no se encuentran dentro del campo de aplicación del IGV”. 8 De acuerdo con el artículo 153° del Código Tributario, contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa, por lo que al haberse agotado dicha instancia no resulta procedente apelación alguna.
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Área Tributaria
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La Apelación dentro del Procedimiento Contencioso Tributario Autor
:
Dra. Carmen del Pilar Robles Moreno (*)
administrativo en segunda instancia, que debe ser conocido y resuelto por el Tribunal Fiscal.
Título
:
La Apelación dentro del Procedimiento Contencioso Tributario
3. Tribunal Fiscal
Ficha Técnica
Fuente : Actualidad Empresarial, Nº 194 - Primera Quincena de Noviembre 2009
1. Introducción
En esta oportunidad vamos a revisar los temas más relevantes que debemos tener en cuenta en la apelación dentro del procedimiento contencioso tributario.
2. Concepto Como sabemos, la apelación en materia tributaria es un recurso impugnativo
El Tribunal Fiscal es el máximo órgano administrativo resolutivo en materia administrativa tributaria, y resuelve en última instancia los procedimientos con tenciosos tributarios. Esto signica que el Tribunal Fiscal es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a EsSalud y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de tributación aduanera.
Presidente del Tribunal Fiscal
El Recurso de Apelación deberá ser presen tado ante el órgano que dictó la resolución apelada, el cual, sólo en el caso que se cumpla con los requisitos de admisibilidad, elevará el expediente al Tribunal Fiscal.
Vocal administrativo • Mesa de partes • Atención al contribuyente • Personal administrativo • Sistemas
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Tribunal Fiscal Según el artículo 102º del Código Tributario, al resolver, el Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía. En dicho caso, la resolución deberá ser emitida con carácter de precedente de observancia obligatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de la STC Exp. 3741-2004-AA/TC, con el carácter de precedente vinculante y su aclaratoria, ha señalado que corresponde a los Tribunales Administrativos con competencia nacional, como es el caso del Tribunal Fiscal, efectuar no sólo un control de legalidad sino también de constitucionalidad de las normas, para ello ha jado los siguientes requisitos: 1. Sólo si es a pedido de parte, no de ocio, excepto, que se trate de la aplicación de una disposición que vaya contra la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional o de la aplicación de una disposición que contradiga uno de sus precedentes vinculantes. Nótese que no se alude a los fallos que pudiesen haberse emitido por el Poder Judicial. 2. Se trate de una infracción constitucional maniesta (por el fondo o por la forma), (*) Profesora de Derecho Tributario de la PUC y UNMSM.
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El Recurso de Apelación deberá ser presentado ante el órgano que dictó la resolución apelada, el cual, sólo en el caso que se cumpla con los requisitos de admisibilidad, elevará el expediente al Tribunal Fiscal dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la apelación. Cuando se trate de apelaciones contra resoluciones que resuelvan reclamos sobre sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento o de ocinas de profesionales independientes, y de las resoluciones que sustituyan estas sanciones, el plazo para elevar el expediente al Tribunal Fiscal es de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la apelación. Órgano ante el cual se presenta Apelación
Ocina técnica
Sala 1
5. ¿Ante qué órgano se presenta el recurso de apelación y plazos?
Organigrama del Tribunal Fiscal
Sala Plena
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Sala 5
Sala 6
a c i t c á r P n ó i c a c i l p A y d a d i l a u t c A
6. Aspectos inimpugnables Sala 7
siendo que ante la duda se deberá presumir la constitucionalidad de la disposición. 3. Si el examen de constitucionalidad es relevante para la resolución del caso. 4. Si se ha agotado la posibilidad de interpretar la norma conforme con la Constitución. 5. La finalidad de la inaplicación de una norma debe ser la mayor protección de los derechos fundamentales de los administrados.
4. Actos apelables Las resoluciones que resuelven una reclamación, la resolución denegatoria tácita de una reclamación, la resolución que deniega fraccionamiento o aplazamiento especial, los valores cuando el tema es de puro derecho, y aun cuando no se encuentre dentro del procedimiento con tencioso tributario también son apelables las resoluciones que se pronuncian sobre una solicitud no contenciosa vinculada con la determinación de la obligación tributaria.
Señala el artículo 147° del Código Tribu tario que hay aspectos que no pueden ser discutidos en la apelación, especícamente se reere a todos aquellos que no fueron impugnados en la reclamación. Como hemos visto, la reclamación va en primera instancia y la apelación en segunda instancia, y justamente aquellos aspec tos que el contribuyente o recurrente no discutió o mejor dicho no impugnó en la reclamación ya no puede impugnarlos en la apelación, esto porque no se le estaría dando espacio a la Administración Tribu taria para señalar su punto de vista. No obstante ello, en el caso que aun cuando no guren en la resolución que se reclamó, hubiera sido incluido por la Administración Tributaria cuando resolvió la reclamación, el contribuyente sí puede impugnar estos aspectos.
7. Jerarquía procedimental Contra lo resuelto por una municipalidad distrital, se apela al Tribunal Fiscal, esto porque de acuerdo con la actual Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por la Ley 27972, las apelaciones contra resoluciones de la municipalidad distrital son apelables ante el Tribunal Fiscal. En este sentido, debemos tener presente que, las apelaciones interpuestas contra lo resuelto por una muncipalidad distrital Actualidad Empresarial
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Actualidad y Aplicación Práctica
hasta el 27.05.03, fecha en que estuvo vigente la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, las resoluciones eran apelables ante la municipalidad Provincial antes de recurrirse al Tribunal Fiscal. Pero con la vigencia de la actual Ley Orgánica de Municipalidades, y a la RTF 03590-6-2003 de 25.06.03, con naturaleza de precedente de observancia obligatoria (publicada en el diario ocial El Peruano el 2 de julio de 2003) contra lo resuelto por la distrital se apela al Tribunal Fiscal.
8. La Administración Tributaria es parte en la apelación Como quiera que las Administraciones Tributarias son quienes resuelven las reclamaciones y son parte del proceso, cuando el contribuyente apela la resolución que resuelve la reclamación, se le considera como parte del procedimiento de apelación, así lo señala el artículo 149° del Código Tributario.
9. Requisitos de admisibilidad de una apelación El artículo 146° del Código Tributario nos señala cuáles son los requisitos de admisibilidad para interponer una reclamación. Debemos tener especial cuidado en que se cumpla con todos estos requisitos. En el supuesto que el contribuyente no cumpla con alguno de los requisitos de admisibilidad, la Administración le otorga un plazo de 15 días o 5 días (hábiles) según el caso, para que el reclamante cumpla con subsanarlos. Lo que debe hacer el con tribuyente es subsanar las observaciones por los requisitos no cumplidos, ya que caso contrario, vencido el plazo de 15 ó 5 días hábiles, se declarará inadmisible la apelación, y cuando se declara inadmisible el Tribunal Fiscal no entra a conocer el fondo de la materia controvertida, sino que el caso queda fuera por no cumplir con requisitos de naturaleza formal.
Requisitos de admisibilidad
¿Se puede apelar vencidos los plazos?
1. Sin pago previo de deuda dentro de 15 días de noticada o 30 si es precios de transferencia. 2. Con pago previo o carta anza, vencidos 15 días de noticada hasta 6 meses 3. Pago previo de deuda no impugnada. 4. Escrito fundamentado 5. Firma de abogado con registro hábil 6. Hoja de información sumaria 7. Poder (de ser el caso) por documento público o privado con rma legalizada o autenticada.
Sí. En la medida que se pague la deuda tributaria o se presente carta anza bancaria o nanciera de la deuda actualizada hasta por 6 meses posteriores a la fecha de interposición de la apelación, con una vigencia de 6 meses, debiendo renovarse por períodos similares, según lo indique la Sunat; y Siempre que se interponga la apelación den tro de los 6 meses siguientes de noticada la resolución que se impugna.
10. Plazos para apelar El artículo 146° del Código Tributario regula los plazos para interponer una apelación. Plazos para apelar • 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realizó la noticación del recurso resolvió reclamación. • 30 días hábiles caso de precios de transferencia. • 5 días hábiles caso de resoluciones que resuelven comiso, internamiento temporal de vehículos o las resoluciones que la sustituyan. • Se presenta ante el órgano que dictó la resolución que se apela.
Debemos tener mucho cuidado con estos plazos, veamos: ya que una vez vencidos, tenemos que pagar la deuda o aanzarla como requisito para interponer la apelación. Cuando se trata de resoluciones que resuelven una reclamación el plazo para apelar es de 15 días hábiles o 30 días si se trata de precios de transferencia. Este plazo se cuenta a partir del día hábil siguiente a la noticación certicada de la resolución que se está apelando.
Plazos para interponer recurso de apelación Noticación de Acto Apelable 30 días hábiles 15 días hábiles 5 días hábiles
Resoluciones por comiso, internamiento temporal de vehículos Resolución administrativa tributaria Resolución administrativa tributaria sobre precios de transferencia
NOTA: Se puede interponer recurso de apelación fuera de los plazos señalados (sólo hasta 6 meses después de noticada la resolución apelada), en la medida que se pague la deuda tributaria o se presente carta anza bancaria o nanciera de la deuda actualizada hasta por 6 meses posteriores a la fecha de interposición de la apelación, con una vigencia de 6 meses, debiendo renovarse por períodos similares.
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Se debe tener presente que vencido este plazo, se puede apelar con pago de deuda o carta anza hasta el término de 6 meses contados desde el día siguiente de la noticación certicada. Cuando se trata de resoluciones que resuelvan una reclamación sobre comiso, in ternamiento temporal de vehículos, cierre de establecimientos o cierre temporal de establecimientos u ocina de profesionales independientes, así como las resoluciones que sustituyan a estas sanciones, el plazo para apelar es de 5 días hábiles.
10.1. Plazo de caducidad de la apela ción
Se debe tener especial cuidado en el plazo de los 6 meses con que se cuenta para apelar, esto porque se trata de un plazo de caducidad. Signica que una vez que la Administración Tributaria ha resuelto la reclamación, el contribuyente cuenta con un plazo de 6 meses como máximo para interponer la apelación (de acuerdo a lo señalado por el artículo 146° del Código Tributario), luego de lo cual su derecho a apelar desaparece, y la deuda se convierte en exigible en cobranza coactiva. Plazo de caducidad de la apelación RTF Nº 03865-5-2004 “(…) Se conrma la apelada que declaró inadmisible la apelación presentada fuera del plazo de caducidad de 6 meses señalado en el Artículo 146º del CT, siendo además que habiendo vencido el plazo máximo para impugnar la citada resolución, esta última constituye un acto rme y, por tanto, inimpugnable de conformidad con el Artículo 212° de la LPAG, aprobada por la Ley Nº 27444(…)”.
10.2. Supuesto en que no se cuenta el plazo de los 6 meses Si estamos ante el caso de una resolución denegatoria cta de una reclamación, esto es que la Administración no resuelve dentro del plazo, el contribuyente o recurrente no se encuentra dentro del plazo de 6 meses para apelar. Esto debido a que la aplicación del silencio administrativo negativo es una facultad del contribuyente (no una obligación), y él puede o no considerar denegada la reclamación o esperar una N° 194
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Área Tributaria resolución tardía, ya que es un derecho que le asiste el considerar o no denegada la reclamación. Esto tiene lógica, ya que de lo contrario, el contribuyente en todos los casos en que la Administración Tributaria no resuelva dentro del plazo tendría de manera obligatoria de entender denegado su pedido. Como sabemos esto no es así. En resumen, para el caso en que no exista pronunciamiento expreso desestimando la reclamación, no se aplica el plazo de 6 meses para interponer la apelación, este plazo sólo se aplica cuando la Adminis tración Tributaria desestima de manera expresa.
10.3. RTF N° 13960-5-2008, se precisa el plazo que debe entenderse en el artículo 144° Como sabemos, literalmente el artículo 144° del Código Tributario señala que cuando se formule una reclamación ante la Administración Tributaria y ésta no notique su decisión en el plazo de seis (6) meses, o de nueve (9) cuando se trate de precios de transferencia, de dos (2) meses, respecto de la denegatoria tácita de las solicitudes de devolución de saldos a favor de los exportadores y de pagos indebidos o en exceso, o de veinte (20) días hábiles respecto de las resoluciones que establecen sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre de establecimientos, el interesado puede considerar desestimada la reclamación, pudiendo hacer uso de los recursos siguientes: i) interponer apelación ante el superior jerárquico si se trata de un órgano sometido a jerarquía, ii) interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, si se puede recurrir directamente al Tribunal Fiscal, y nosotros agregamos aun cuando el artículo 144° no lo diga expresamente, como es un derecho del contribuyente, puede esperar una resolución tardía. Ahora bien, como sabemos con el Decreto Legislativo 981, que entró en vigencia el 1 de abril del año 2007, el plazo con que cuenta la Administración Tributaria para Resolver una Reclamación se incrementó de 6 a 9 meses, y por ello se modicaron diversos artículos del Código Tributario (entre ellos el artículo 142°), pero como podemos apreciar del artículo 144°, éste no fue modicado (entendemos que por olvido del legislador). En este sentido, ha sido necesario que el Tribunal Fiscal se pronuncie, y así lo ha hecho con la RTF 13960-5-2008 de 16.12.08. En esta RTF el Tribunal aclara que en atención a la modicación del artículo 142° del Código Tributario por el Decreto Legislativo 981, debe interpretarse que a partir de la entrada en vigencia de esta norma el 1.04.07, en los casos en que la AdmiN° 194
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nistración Tributaria no hubiera cumplido con resolver la reclamación dentro de los plazos establecidos en el artículo 142°, el contribuyente tiene expedido su derecho para interponer apelación contra la resolución cta que desestima su reclamación, considerando denegada su petición, esto es que ha operado el silencio administra tivo negativo. En conclusión, el plazo que debe entenderse en el artículo 144° es de 9 meses (y no de 6 como literalmente señala la norma).
En relación al plazo para ofrecer y ac tuar las pruebas es de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de apelación, o de 45 días o 5 días, de acuerdo al siguiente cuadro: Etapa probatoria 30 DÍAS HÁBILES, con tados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de apelación
11. Medios probatorios admisibles Como ya lo hemos señalado anteriormente, uno de los principios que rigen el procedimiento tributario es el de la verdad material, es por ello que la etapa probatoria y la prueba en sí, lo que busca es demostrar la verdad de los hechos que se discuten en el procedimiento contencioso, de tal manera que con las pruebas se pueda formar convicción o demostrar ante el órgano que va resolver tanto la reclamación como la apelación. En la apelación debemos tener especial cuidado con los señalado por el artículo 148° del Código Tributario, en el sentido que ante el Tribunal Fiscal no se admite como medio probatorio aquella documentación que haya sido requerida en primera instancia (reclamación) y que el contribuyente no hubiera presentado o no hubiera exhibido. Medios probatorios admisibles Los documentos
La pericia
La inspección
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Plazo para ofrecer las pruebas y actuar las pruebas
45 DÍAS HÁBILES Tratándose de resoluciones de reclamaciones sobre normas de precios de transferencia
5 DÍAS HÁBILES Tratándose de reclamaciones que resuelvan reclamaciones sobre comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimientos.
11.1. Medio probatorio extemporá neo No obstante ello, el Tribunal Fiscal debe admitir y actuar aquellas pruebas que el contribuyente demuestre que la omisión en la presentación no fue generada por él. El Tribunal también se encuentra obligado a aceptar aquellas pruebas (aun cuando no hayan sido presentadas en la reclamación) en las que el contribuyente acredite la cancelación del monto impugnado siempre que se encuentren vinculadas a las pruebas no presentadas y/o exhibidas en la reclamación.
12. Informe oral Medios probatorios inadmisibles ante el TF • El medio probatorio que habiendo sido requerido en primera instancia, no hubiera sido presentado. • Tampoco se actuará aquellas pruebas que no hubieran sido ofrecidas en primera instancia. Excepciones: • Si el contribuyente prueba que la omisión no se generó por su causa; o • Acredita la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas; o • Presenta carta anza bancaria o nan ciera.
En la apelación, tanto el contribuyente como la Administración Tributaria (las partes del procedimiento de apelación, podrán solicitar el uso de la palabra (se le llama informe oral). El plazo que tienen para efectuar este pedido es de 45 días hábiles que se cuentan a partir del día en que se presenta la apelación, así lo señala el artículo 150° del Código Tributario. Por ello, lo conveniente es que el pedido de uso de la palabra o informe oral sea efectuado en el mismo recurso de apelación. El Tribunal Fiscal por su parte, cuando señala fecha y hora para el informe oral, lo hace para ambas partes, aun cuando sólo una de ellas haya solicitado el uso de la palabra. Actualidad Empresarial
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En el caso del comiso, internamiento de vehículos, cierre temporal de establecimientos u ocina de profesionales, y de resoluciones que sustituyan estas sanciones, el plazo para solicitar el informe oral es de 5 días, por ello nuevamente lo recomendable es que el pedido de uso de la palabra se haga con el escrito de apelación. Hay que tener presente que hay casos es que aun cuando se solicite el informe oral, el Tribunal Fiscal no concederá este pedido, en los siguientes casos:
d) Cuando se trate de quejas. e) Cuando se trate de solicitudes de ampliación, corrección o aclaración.
Cuando hay resoluciones que resuelven
13. Plazo de la Administración reclamaciones contra actos que estaTributaria para resolver una blecieron sanciones de internamiento temporal de vehículos, comiso de bienes apelación El Tribunal Fiscal cuenta con diferentes plazos, dependiendo la materia apelada. De acuerdo a lo señalado por el artículo 150° del Código Tributario, el plazo general que tiene el Tribunal Fiscal para resolver una apelación es de 12 meses. Estos 12 meses se cuentan a partir del día en que ingresa el expediente al Tribunal Fiscal, esto signica que no se cuentan los 30 días de la calicación de los requisitos de admisibilidad. Cuando se trate de precios de transferencia el plazo es mayor, 18 meses. Se cuentan de la misma manera, a partir del día del ingreso del expediente al Tribunal Fiscal.
Informe oral Artículo 150° CT Se puede solicitar hasta 45 ó 5 días de interpuesta la apelación, no procede: a) Cuando apelaciones de puro derecho no caliquen como tales. b) Cuando se declare nulo el concesorio. c) Cuando se declare nula e insubsistente la apelada según artículo 150°.
Plazos para resolver la apelación Fecha de ingreso de los actuados al Tribunal 18 meses
Cuando la materia controvertida sea de puro derecho, interpretación de normas, donde no existan hechos que probar, se puede interponer una apelación de puro derecho, así lo señala el artículo 151° del Código Tributario.
Resoluciones por comiso, internamiento temporal de vehículos Resolución administrativa tributaria Resolución administrativa tributaria sobre precios de transferencia
En el caso de apelaciones contra resoluciones que resuelvan las reclamaciones por comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento o de ocina de profesionales independientes, o de las resoluciones que las sustituyan, el plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver es de 20 días.
Plazos para resolver apelación Clase de apelación Resoluciones que resuelven una reclamación Resolución denegatoria cta de una reclamación Resolución de procedimiento no contencioso Apelación de puro derecho Resolución que resuelve una reclamación sobre comiso, internamiento, cierre; y multas sustitutorias Intervención excluyente de propiedad
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y cierre temporal de establecimiento u ocina de profesionales independientes, así como el caso de las resoluciones que sustituyan estas sanciones, se podrá apelar estas resoluciones ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a los de su noticación. En este caso, el recurso de apelación se presenta ante el órgano que resolvió la apelación, quien vericará que se cumplan con los requisitos de admisibilidad y luego lo remite al Tribunal Fiscal. La recurrente o contribuyente cuenta con un plazo para presentar y actuar pruebas de 5 días hábiles, que se cuentan a partir del día siguiente a la presentación de la apelación. Por su parte el Tribunal Fiscal tiene un plazo de 20 días hábiles para resolver la apelación, que se cuentan a partir del día siguiente de la recepción del expediente.
15. Apelación de puro derecho
12 meses 20 días hábiles
Tratándose de apelaciones presentadas como consecuencia de la aplicación del silencio administrativo negativo, llamada resolución cta denegatoria, el plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver es de 12 meses. Cuando se trate de apelaciones de puro derecho el plazo que tiene el Tribunal es de 20 días hábiles.
14. Apelación contra resolucio nes que resuelvan las reclamaciones de cierre, comiso o internamiento
Plazos 12 meses (general) o 18 meses precios de transferencia 12 meses (plazo general) o 18 meses precios de transferencia 12 meses (plazo general) o 18 meses precios de transferencia 20 días (comiso, internamiento, cierre y multas sustitutorias) o un año (los demás actos) o 18 meses precios de transferencia 20 días 20 días
Características de la apelación de puro derecho • Se discute una norma tributaria, no se discute hechos, determinación ni base imponible. • No es requisito haber interpuesto pre viamente recurso de reclamación. • Se presenta ante el órgano recurrido, quien luego de vericar que se haya cumplido requisitos del artículo 146° CT, elevará el recurso al Tribunal Fiscal.
El plazo que se tiene para interponer este tipo de apelación es de 20 días hábiles que se cuentan a partir de la noticación de los actos de la Administración, de los cuales se discrepa. En este caso no es requisito interponer previamente una reclamación. Cuando la apelación de puro derecho trate sobre comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento o de ocina de profesionales independientes, o de las resoluciones que las sustituyan, el plazo para interponer la apelación es de 10 días hábiles. N° 194
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Área Tributaria reclamación y remite el expediente al órgano que debe conocerlo, noticando de esto al contribuyente que interpuso la apelación. Siempre el expediente se presenta ante el órgano recurrido, quien sólo tiene facultad de vericar que se cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 146° del Código Tributario.
Plazo para interponer apelación de puro derecho • 20 días hábiles siguientes a la noticación de los actos de la Administración Tributaria. • 10 días hábiles, contra resoluciones de comiso, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos o las resoluciones que la sustituyan.
¿Quién calica la apelación como de puro derecho?
20 días hábiles (desde el día hábil siguiente al de la noticación del Acto de la Adminis tración)
Plazo general
Si la apelación versa sobre: • Comiso de bienes. • Internamiento temporal de vehículos. • Cierre temporal de establecimiento o de ocina de profesionales independientes, o de las resoluciones que las sustituyan.
RTF N° 679-2-97 El Tribunal Fiscal es el órgano competente para calicar si la apelación es o no de puro derecho, correspondiendo al órgano ante el cual se presentó el recurso, vericar únicamente el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad de dicha impugnación.
16. Desistimiento
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Es importante saber determinar cuándo nos encontramos ante una apelación de puro derecho, ya que si bien es cierto, el Tribunal Fiscal tiene la potestad de previamente a conocer el caso, calicar si efectivamente se trata o no de una apelación de puro derecho; somos los operadores del derecho tributario quienes debemos conocer cuándo estamos o no ante este tipo de apelación. En el caso el Tribunal Fiscal determine que no se trata de una apelación de puro derecho, le da el trámite de una
De acuerdo a lo señalado por el artículo 130° del Código Tributario, el contribuyente o sujeto pasivo, puede desistirse de sus recursos en cualquier etapa del procedimiento. Esto signica que sí puede desistirse tanto de la reclamación como de la apelación. Es importante tener presente que el desistimiento en el procedimiento de reclamación o de apelación es incondicional e implica el desistimiento de la pretensión, esto signica que el sujeto o contribuyente o sujeto pasivo, no podrá iniciar otro procedimiento sobre el mismo tema, debido a que se ha desistido de la pretensión que tenía. En relación al aspecto formal, es necesario que se presente el escrito de desistimiento con rma legalizada del contribuyente o del representante legal ante el órgano de quien se va desistir.
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Sobre esto, hay que tener en cuenta que la legalización podrá efectuarse ante notario o fedatario de la Administración Tributaria. No obstante lo señalado anteriormente, se debe recordar que el desistimiento tiene que ser aprobado por el órgano encargado de resolver, no es suciente con que el contribuyente lo solicite para que se le tenga por desistido, ya que tiene que ser aceptado por el órgano encargo de resolver aceptar el desistimiento. Desistimiento • Deudor decide no continuar con procedimiento. • El escrito de desistimiento deberá pre sentarse con rma legalizada del contri buyente o representante legal. • La legalización podrá efectuarse ante notario o fedatario de la Administración Tributaria. • El desistimiento en el procedimiento de reclamación o de apelación es incondicional e implica el desistimiento de la pretensión, no de la acción. • El deudor tributario podrá desistirse de sus recursos en cualquier etapa del procedimiento. • Es potestativo del órgano encargado de resolver aceptar el desistimiento. El desis timiento de una reclamación interpuesta contra una resolución cta denegatoria de devolución, tiene como efecto que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la devolución, que el deudor tributario consideró denegada. • El desistimiento de una reclamación interpuesta contra una resolución cta denegatoria de una solicitud de devolución o de una apelación contra dicha resolución cta, tiene como efecto que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la solicitud o resolución, que el deudor tributario consideró denegada. • Se puede presentar desistimiento, el cual será de la pretensión y no de la acción. • Se requiere rma legalizada o autenticada por fedatario.
17. Mapa de la apelación Apelación APELACIÓN DE PURO DERECHO Plazo 20 días hábiles (Artículo 151° CT) Plazo 15 ó 5 días hábiles (Artículos 146° y 152° del CT)
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA
Requisitos de Admisibilidad (Artículo 146° CT) Escrito fundamentado Autorizado por abogado hábil Plazo 15 días hábiles Vencido el plazo de 15 días para apelar, se debe pagar o aanzar la deuda.
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RECURSO DE APELACIÓN
Plazo probatorio 30 ó 5 días hábiles
RESOLUCIÓN TRIBUNAL FISCAL
(Artículo 125° CT)
Plazo para resolver: 12 meses o 18 PT (Artículo 150° CT)
DECLARA 1. Conrma 2. Revoca 3. Fundada 4. Infundada 5. Improcedente 6. Nula e insubsistente 7. Inadmisible
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Breve repaso y comentarios respecto del procedimiento de Cobranza Coactiva (Parte II) Ficha Técnica Autor
:
Dr. Danilo Guevara Cotrina*
Título
:
Breve repaso y comentarios respecto del procedimiento de Cobranza Coactiva (Parte II)
Fuente : Actualidad Empresarial, Nº 194 - Primera Quincena de Noviembre 2009
1. Introducción
En una anterior edición, iniciamos este repaso por la institución de la cobranza coactiva advirtiendo que todos los temas relacionados a ella no podrían ser ago tados en dicha entrega y nos comprometimos a seguir con el estudio de otros tópicos que giran alrededor de aquella en una posterior. PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA El término “coactivo ” encierra las ideas de: fuerza, imposición, exigibilidad, coercitivo. El procedimiento coactivo es el conjunto de actos de coerción que las distintas entidades de la A. P. llevan a cabo para realizar el cobro o la ejecución forzosa de las obligaciones de derecho público. Es un procedimiento inmediato, bajo amenaza de embargo y remate de bienes. No es un juicio porque la autoridad que lo desarrolla no es un Juez sino un “Ejecu tor”. Su intervención no es jurisdiccional, no administra justicia. Es una facultad propia y exclusiva del Estado. Sólo puede iniciarla con el objeto de recuperar sus bienes o recabar sus rentas impagas.
Advirtiendo nuevamente que el estudio de esos temas no se verán agotados gracias a la particular y formidable caracterís tica del Derecho de poder ser modicado, entendido e interpretado de diversas maneras a n de lograr su n supremo que es la justicia 1, pero con la expectativa que sí podrá servir como base para que * Docente del Postítulo en Derecho Tributario de la PUCP. Maestría en Derecho de la Empresa de la PUCP. Ex Ejecutor Coactivo de la Sunat. Actualmente responsable del Área Legal de Sociedad Minera Corona S.A.
1 Quizá la manera más entusiasta de gracar esa característica es recurriendo a una humorada que, hace unos días, un entrañable amigo –también abogado– me envió, y que decía algo así: Se
encontraba Moisés leyendo a su pueblo los mandamientos: ‘Noveno mandamiento: no desear a la mujer del prójimo’. A lo cual se oye
la protesta general del pueblo. En seguida Moisés aclara: ‘Eso dice la ley, esperemos a ver qué dice la jurisprudencia...’.
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todas aquellas personas vinculadas al procedimiento coactivo profundicen su estudio, honramos nuestro compromiso de redactar la continuación del referido artículo en el que hemos considerado oportuno abordar los siguientes temas:
2. La Medida Cautelar Genérica Sabemos que si no se ha producido el cumplimiento de la obligación tributaria dentro del plazo de 7 días hábiles de noticada la Resolución de Ejecución Coactiva (REC), el TUO del Código Tributario otorga la facultad al Ejecutor Coactivo de trabar, indistintamente, cualquier medida cautelar con la que asegure la ecacia o cumplimiento de la obligación exigible. Dentro de dichas medidas cautelares se encuentran, naturalmente, las contempladas expresamente en el mismo texto normativo; es decir, las denominadas medidas cautelares típicas, llámense los embargos en forma de intervención, depósito, retención e inscripción. En adición o en defecto de ellas, y siempre bajo el entendido que el embargo signica la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, el Ejecutor Coactivo puede dictar otras medidas no prevista expresamente en el Código que aseguren de la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria. Y es que existen circunstancias en las que, técnicamente, no resultará propio que sobre determinados bienes de propiedad del deudor se trabe ninguno de los cuatro embargos típicos anteriormente mencionados, pues los supuestos de hecho (circunstancias que se presentan en la realidad) no encuadrarán con los supuestos establecidos en la ley; así tenemos, por ejemplo, el embargo sobre bienes comisados y el embargo sobre devoluciones no compensadas. Veamos: MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA Otras medidas no previstas expresamente que aseguren de la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria. Ejemplo: • Bienes comisados (ver RTFs Nº 1144-3-98 y 1606-52005) • Devoluciones no compensadas (ver RTF Nº 775-3-98) • Draw back
2.1.Embargo sobre bienes comisados El comiso es una de las sanciones que ha jado el Código Tributario en caso el deudor tributario incumpla con ciertas obligaciones de carácter formal. Así tenemos que el comiso, en virtud de lo establecido en los artículos 174°.8 y 184° del Código, se puede aplicar cuando el contribuyente remite bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión. En términos resumidos, la secuencia del comiso es la siguiente: Detectada la infracción y levantada el acta correspondiente, el contribuyente goza de un plazo (10 días en caso de bienes no perecederos) para acreditar ante la Sunat, con el comprobante de pago que cumpla con los requisitos y características señaladas en la norma sobre la materia o, con documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento fehaciente a juicio de la Sunat, su derecho de propiedad o posesión sobre los bienes comisados. Luego de tal acreditación, la Sunat procederá a emitir la Resolución de Comiso correspondiente, en cuyo caso el infractor podrá recuperar sus bienes si en un plazo de quince días hábiles de noticada la referida resolución cumple con pagar una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor de los mismos. Cancelada dicha multa debería proceder, sin ningún problema, la devolución de los bienes a su propietario acreditado, pero ello no necesariamente será así si éste mantiene una deuda en cobranza coactiva. En efecto, es común que el área de comisos de la Sunat, una vez que la antedicha multa esté cancelada, revise su sistema informático para vericar si el contribuyente mantiene alguna otra deuda en etapa coactiva, en cuyo caso da aviso inmediato al Ejecutor para que dicte las medidas que considere oportunas. Y aquí nos volvemos a centrar en el tema que nos convoca, para preguntarnos ¿qué tipo de medida cautelar prevista en el Código Tributario podría trabar el Ejecutor Coactivo sobre los bienes comisados? Si repasamos mentalmente una a una las medidas cautelares típicas, concluiremos que ninguna de ellas será la adecuada para afectar los bienes del deudor que se encuentran en la situación antes descrita. N° 194
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Área Tributaria Así, queda claro que no resultará propio trabar sobre ellos un embargo en forma de depósito (con o sin extracción) dado que los bienes no están físicamente en poder del deudor (requisito para poder extraerlos o dejarlos bajo su custodia) ni un embargo en forma de retención toda vez que aquellos no se encuentran en poder de terceros (se encuentran físicamente en poder del acreedor) 2, y ni qué decir de un embargo en forma de intervención o uno en forma de inscripción (lo cual no requiere siquiera una explicación). Pero ello no es óbice para que el Ejecutor Coactivo, válidamente, pueda dictar “otras medidas no prevista ex pre sam ente en el Códig o que ase guren de la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria” , es decir, una medida
cautelar genérica sobre los referidos bienes disponiendo que los mismos se mantengan en poder de la Administración Tributaria para su posterior tasación y remate. Sabiendo que el Ejecutor Coactivo puede ordenar una medida cautelar genérica sobre bienes comisados una vez que el proceso de comiso ha culminado con el pago de la multa respectiva, cabe preguntarse qué recurso tiene aquel contribuyente que ve embargados por ese mecanismo bienes que le resultan indispensables para su negocio o que forman parte de su unidad de comercio. A nuestro criterio, es absolutamente válido que se aplique en este caso las normas que regulan el embargo en forma de depósito con extracción en tanto estamos frente afectaciones similares que signican la no tenencia del bien por parte de su propietario. Así, las normas citadas, si bien no prohíben que se trabe medidas cautelares sobre bienes que pertenezcan o correspondan a la actividad comercial del deudor, sí establecen un procedimiento en el caso que el embargo recaiga sobre bienes que forman parte de la unidad de comercio, permitiendo excepcionalmente la desposesión inmediata y directa de los bienes sólo si la ausencia aislada de éstos no afecta el proceso de comercialización. En ese sentido, si el contribuyente acredita ante el Ejecutor Coactivo que la medida cautelar genérica ha recaído sobre bienes que son parte del proceso productivo o su que privación afecta el proceso de comercio, dicho funcionario deberá dejar sin efecto la medida de embargo o, en su caso, deberá sustituirla por otra que otorgue la tenencia de los bienes al deudor tributario; en caso de negativa, 2 Al respecto ver la RTF Nº 1144-3-98.
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procederá el recurso de queja ante el Tribunal Fiscal3.
2.2. Embargo sobre devoluciones no compensadas Todo contribuyente tiene derecho a exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso 4, dentro de los plazos establecidos por ley y con las formalidades que exige la Administración Tributaria. Pero, puede ser que dicha devolución jamás llegue a manos del contribuyente porque igualmente cierto es que los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente pueden compensarse total o parcialmente con la deuda tributaria que mantenga aquel o que determine la Sunat con motivo de la vericación o scalización efectuada a partir de la solicitud mencionada. No obstante, para que proceda esa compensación, el Código Tributario exige que los conceptos pagados en exceso o de manera indebida y los conceptos que componen la deuda tributaria sean administrados por el mismo órgano administrador y su recaudación constituya ingreso de una misma entidad. En buena cuenta, en aplicación de esta regla, no procede la compensación de créditos (y deudas) por tributos que son ingresos del Tesoro Público (tales como el Impuesto a la Renta o el IGV) con deudas (y créditos) por aportes a EsSalud o a la ONP ni los créditos y deudas por aportes a una de estas últimas entidades con los de la otra. Así, puede darse el caso que un contribuyente solicite ante la Sunat la devolución de un pago indebido abonado a favor del Tesoro Público (por ejemplo, por concepto de IGV). Después de la vericación respectiva, la Sunat determina que no existen deudas del Tesoro Público que puedan ser materia de compensación con el pago cuya devolución se solicita, pero advierte que sí existen deudas en cobranza coactiva por concepto de aportes al EsSalud. En ese caso, y conforme lo establece el artículo 40 del Código Tributario, la Sunat no podrá efectuar la compensación del crédito por IGV con la deuda de EsSalud, por tratarse de ingresos de distintas entidades; sin embargo, sí será posible que el Ejecutor Coactivo ordene una medida cautelar genérica sobre el importe materia de devolución (repre 3 Al respecto ver la RTF Nº 1606-5-2005.
4 Según el artículo 1267° del Código Civil, pago indebido es aquél efectuado por error de hecho o de derecho, pudiendo considerarse tal el realizado sin causa legítima.
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sentado en cheque) a efectos de que con el mismo se pueda amortizar o cancelar la referida deuda. Nótese que en este caso, al igual que el mencionado en el acápite anterior, ninguno de los embargos típicos servirá para afectar el bien (dinero representado en un cheque) de propiedad del contribuyente. El supuesto de hecho no calzará, pues, con un embargo en forma de depósito ni menos de uno en forma de inscripción o de intervención. Quizá, podría asimilarse a un embargo en forma de retención, pero sin serlo propiamente, toda vez que el Código Tributario señala que este tipo de embargo procede cuando los bienes, valores, derechos de crédito, entre otros, se encuentran en poder de terceros, vale decir, de aquellos que son ajenos a la relación acreedor-deudor tributario respecto de la deuda cuyo pago se pretende asegurar, por lo que mal sería calicar a la Administración Tributaria como un tercero desde que es el acreedor de esa relación jurídica. En ese sentido, si se pretende afectar un derecho de crédito cuya titularidad corresponde al contribuyente y el mismo se encuentra en poder de la Adminis tración –quien no tiene la posición de un tercero–, lo técnicamente correcto será que el Ejecutor Coactivo adopte “otra medida no prevista en el Código que asegure de la forma más adecuada el pago de la deuda materia de cobranza” ;
es decir, una medida cautelar genérica disponiendo que dicho importe no sea entregado al contribuyente, sino más bien se extienda el cheque a favor de la Administración Tributaria con la nalidad de pagar la deuda materia del procedimiento coactivo.
3. Bienes inembargables Como es sabido, el patrimonio de una persona constituye una garantía común para sus acreedores; en consecuencia, los bienes que lo integran se encuentran afectos a la responsabilidad de las obligaciones asumidas y que pesan sobre su titular, incluyendo obviamente las obligaciones de carácter tributario. Las excepciones que se hacen a esta regla deben estar previstas expresamente en la ley y normalmente están fundadas en razones de humanidad, de asistencia y de cohesión familiar. En el caso del ordenamiento peruano, si bien el TUO del Código Tributario no hace una enumeración de los bienes que revisten la condición de inembargables, lo propio es remitirse al artículo 648° del Código Procesal Civil que se aplica Actualidad Empresarial
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de manera supletoria al procedimiento de cobranza coactiva5, y que señala que son inembargables: • Los bienes constituidos en patrimonio familiar. • Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia. • Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, ocio, enseñanza o aprendizaje del obligado. • Las insignias condecorativ as, los uniformes de los funcionarios y servidores del Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. • Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal, siendo el exceso embargable hasta una tercera parte. • Las pensiones alimentarias. • Los bienes muebles de los templos religiosos. • Los sepulcros. Existen igualmente leyes especiales que han declarado inembargables otros tipos de bienes, como es el caso de la Ley Nº 29362 que hizo lo propio con los fondos y recursos de la Caja de Pensiones Militar-Policial. Si bien cada caso de inembargabilidad merece un estudio aparte, en esta ocasión abordaremos sólo algunos que, a nuestro criterio, resultan los más comunes e interesantes; así tenemos:
3.1. Bienes constituidos como patri monio familiar Si bien en un sentido amplio podemos entender como patrimonio familiar al conjunto de los bienes materiales, el capital humano (bienestar familiar) y el acervo cultural-intelectual que posean todos y cada uno de los miembros que componen una familia, la constitución de patrimonio familiar en los términos a que se reere el artículo 488° del Código Civil no es sino la afectación de un bien inmueble para que sirva de vivienda a los miembros de la familia o esté destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio, a efectos de que el entorno familiar tenga recursos sucientes que aseguren su subsistencia. Jurídicamente no signica que dicho bien inmueble pase a ser propiedad de todo el núcleo fami5 La 1.ra DCyF del Código Procesal Civil establece que: “Las dispo siciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza”.
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liar, es decir, propiedad mancomunada y conjunta de madre, padre e hijos, sino que otorga a todos ellos el derecho de disfrutar del bien bajo la seguridad que el mismo tendrá la calidad de inembargable e inalienable. Indudablemente, esta institución está dirigida a proteger al núcleo familiar y tiene un doble objetivo: el económico, tendiente a la conservación de una parte del patrimonio dentro del núcleo familiar; y el social, en cuanto propende al mantenimiento de la unidad de la familia. En el Perú, se puede solicitar la constitución de patrimonio familiar ante el Juez de Paz Letrado o ante Notario Público a través de un procedimiento no con tencioso. En ambos casos se formalizará dicha constitución mediante escritura pública, la misma que deberá ser inscrita en el registro público correspondiente. Por ende, el bien inmueble constituido como patrimonio familiar quedará excluido como garantía de los acreedores a partir de su inscripción en el Registro, no pudiendo ser objeto de embargo, por ejemplo, dentro de un procedimiento de cobranza coactiva respecto de deudas posteriores a dicha inscripción6; a con trario sensu, los créditos anteriores no pierden la ejecutabilidad sobre aquel, lo cual encuentra su justicación en el hecho de que al momento de generarse la obligación todo acreedor del titular del inmueble computaba que el mismo respondería ante un eventual incumplimiento. Interpretar lo contrario, a nuestro entender, sería inferir una lesión al derecho adquirido del acreedor, so pretexto de amparar a la familia. Cabe nalmente precisar que el artículo 492° del Código Civil excepciona la regla del principio de inembargabilidad del bien constituido como patrimonio familiar sólo respecto a los frutos que produce dicho bien y únicamente cuando existen deudas resultantes de condenas penales, cuando existe deuda por tributos referentes al bien y cuando existe deuda por pensiones alimenticias. En lo que a nosotros nos concierne, debemos recalcar que dicha excepción se aplica cuando hay deuda tributaria propia del bien; es decir, por ejemplo, por concepto de Impuesto al Patrimonio Predial.
3.2. Las prendas de estricto uso per sonal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia Si bien, como dijimos anteriormente, el patrimonio del deudor es prenda co6 Al respecto puede verse el Fundamento Nº 11 de la RTF Nº 4970 2-2003.
mún de sus acreedores ante un eventual incumplimiento, no cabe duda de que la ley no puede permitir el abuso de dicho derecho por parte de éstos últimos al extremo de llevar a la indigencia al primero, lo cual resultaría repugnante a los más elementales sentimientos humanitarios. Así, se ha reconocido al deudor el derecho de preservar de toda injerencia de sus acreedores, aquellos bienes que le son necesarios para la subsistencia material y moral de sí mismo y de su familia, y para llevar una vida digna mínimamente decorosa. Tal criterio, que entronca en el contorno de la función social en que corresponde se desenvuelvan los derechos de índole patrimonial, y que impide que sean ejercidos como verdaderas armas agresivas contra los sujetos pasivos7, halla expresión en lo pertinente en el inciso 3 del citado artículo 648° del Código Procesal Civil, que impide, de manera supletoria, que el Ejecutor Coactivo trabe embargos sobre los alimentos, la ropa, los utensilios de carácter personal así como los muebles de “indispensable” uso del deudor y de su familia. Bajo el mismo principio, queda igualmente claro que aunque el texto expreso de la ley no lo mencione, resultan inembargables las medicinas que consume el deudor o su familia para paliar alguna enfermedad o los instrumentos médicos que usa para controlar o diagnosticar la misma. Dado que la legislación no hace una enumeración de los bienes que revisten la condición de “indispensables”, el alcance de este inciso debería haber dado lugar a abundante y variada jurisprudencia, lo cual no necesariamente ha sucedido. A nuestro modesto entender, la indispensabilidad de los bienes integrantes del ajuar doméstico no puede determinarse por un criterio general, sino en cada caso particular. En ese sentido, si el uso de cierto mueble es o no indispensable constituye un problema de oportunidad en función de las particularidades del caso concreto y la valoración en especial del destino dado al mismo, así como al nivel medio de vida alcanzado por la población de la región o del lugar donde se ejecute el embargo. Por citar un ejemplo, la jurisprudencia argentina ha considerado como bienes exceptuados de embargo por aplicación del principio anteriormente expuesto, entre otros, la cocina, los cubiertos, la vajilla, la refrigeradora, el juego de 7 MARTINEZ BOTOS, Raúl. Las medidas cautelares . Editorial Uni versidad. Buenos Aires, 1990. Pág. 286.
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Área Tributaria comedor, juego de living, los libros y hasta el televisor, pero siempre partiendo de la premisa que no se tratan de bienes sun tuarios o lujosos y cuyo despojo causaría un considerable deterioro en el nivel de vida de la familia.
3.3. Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensa bles para el ejercicio directo de la profesión, ocio, enseñanza o aprendizaje del obligado Cuando la norma bajo comentario alude a la profesión, arte u ocio consagra una protección al trabajo individual, a n de que el deudor obtenga el salario o ingreso suciente para su sustento; por ende, sólo resultan comprendidos dentro de su ámbito los implementos, herramientas y útiles de trabajo imprescindibles para el ejercicio individual de aquella actividad, quedando excluidas, desde nuestro punto de vista, las instalaciones, maquinarias o instrumental que importen una acumulación de capital. En otras palabras, un implemento de trabajo será inembargable en la medida que se demuestre la íntima vinculación entre su posesión y la actividad que se realiza con él, de modo tal que su privación impida o haga imposible aquella. Al igual que en el caso del acápite an terior, la calidad de indispensable de ciertos bienes incorporados a un trabajo individual no puede determinarse por un criterio general, sino en cada caso particular. Así tenemos que, por ejemplo, una computadora puede resultar un elemento fundamental e indispensable para un negocio unipersonal dedicado a la programación de sistemas informáticos pero tan sólo un instrumento facilitador de su tarea para otro dedicado a prestar servicios de alquiler de maquinaria 8. Incluso, dentro del propio negocio de programación pueden existir otras computadoras que suplan la ausencia de la que está siendo embargada; consecuen temente, dicha calidad de bien indispensable no proviene mecánicamente de su identidad, sino del uso dado en el caso concreto y de la inexistencia de otros similares. Quizá un ejemplo más común sería el caso de un taxista cuyo único vehículo es embargado a raíz de una deuda tributaria. No nos cabe duda que dicho bien tiene, en principio, la calidad de inembargable según el precepto legal bajo comentario, pero el asunto peliagudo aquí es el tema probatorio dada la alta informalidad reinante alrededor de dicho ocio. 8 Al respecto ver la RTF Nº 826-3-98.
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En el Perú cualquier persona puede ser taxista sin mayor permiso, licencia o requisito que ponerse al timón y estirar la mano izquierda por la ventana para llamar la atención de los potenciales pasajeros al tiempo de tocar rítmicamente la bocina con la derecha. Creemos por ello que para que el Ejecu tor Coactivo pueda válidamente levantar el embargo, el afectado tendrá pues que acreditar su aliación, por ejemplo, al servicio de taxis que ofrecen las municipalidades (como es el caso del Setame) o a una asociación privada de transportistas o entidad similar; caso contrario, ese vehículo se convertiría perfectamente en un bien susceptible de embargo al no ser imprescindible para el ocio que reere desempeñar el deudor, pero que no está acreditado que realmente desempeñe 9.
3.4. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal, siendo el exceso embargable hasta en una tercera parte En este caso, la ley deja establecido que el sueldo o remuneración de una persona no puede ser susceptible de embargo –entendemos por la misma razón anotada en los supuestos anteriores, el cual es asegurar su subsistencia y la de su familia–, salvo una tercera parte del exceso de las primeras 5 URP (cada URP equivale al 10% de la UIT). Así tenemos, por ejemplo, que si un trabajador dependiente recibe una remuneración mensual de S/. 3,000.00, será inembargable la suma de S/. 1,775.00 (resultante de multiplicar por 5 el valor de la URP) 10. El exceso, es decir, S/. 1,225.00 será embargable únicamente hasta una tercera parte, esto es, S/. 408.33. En términos resumidos, de los S/. 3,000.00 que percibe el trabajador del ejemplo, sólo podrán ser embargados S/. 408.33. La casuística respecto a estos embargos se ha visto nutrida desde que en el Perú se instauró la sana costumbre de que los empleadores depositen los sueldos de sus empleados en cuentas bancarias. Así, inicialmente el Tribunal Fiscal tenía el criterio que era posible que el Ejecu tor Coactivo trabe embargo en forma de retención en la cuenta de ahorros del deudor en la que se le depositaba 9 Aunque no es una cuestión propia del tema que nos convoca, cabe advertir que pueden afectarse los bienes señalados en los numerales precedentes cuando se trata de g arantizar el pago del precio en
que han sido adquiridos. Es el caso de la entidad nanciera que desembolsó un préstamo a favor del taxista del ejemplo y que ante
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sus remuneraciones, hasta el 100% de lo que tenía depositado en ella, pues –según exponía– existen dos momentos independientes, por un lado está el pago de la remuneración por el servicios que presta el contribuyente y, por otro, está el depósito de dicho ingreso a una cuenta de ahorros, la que no distingue si es por remuneraciones o por otro ingreso adicional, “pues una vez ingresados al poder de los intermediarios nancieros, esos ingresos dejan de ser remuneraciones y se convierten en montos que perciben intereses, [no
existiendo] prohibición expresa alguna que impida el embargo de los depósitos de ahorro” 11.
Tuvieron que pasar algunos años para que, afortunadamente, el Tribunal Fiscal corrija ese criterio 12, señalando que resul ta imperativo que el Ejecutor Coactivo, a partir de la documentación que le alcance el deudor tributario, distinga qué impor tes abonados en la cuenta embargada se encuentran referidos exclusivamente a los haberes de éste último y qué otros podrían constituir un ingreso adicional distinto a la remuneración. Entonces, acá tenemos igualmente casos donde el elemento probatorio, cuya aportación correrá a cuenta del afectado, es importantísimo. El contribuyente podrá ofrecer como prueba, entre otros, el reporte de los movimientos de su cuenta personal en el que diferencien los depósi tos por concepto de haberes, el contrato de trabajo que lo une laboralmente con el empleador depositante de dichos importes, copia de los ocios remitidos por éste último al banco mediante los cuales le instruye para realizar el abono de la remuneraciones a favor de sus trabajadores y/o copia de las planillas de sueldos y remuneraciones del mismo empleador a efectos de identicar el monto mensual que se abona a su favor. Mientras dure la evaluación de dicha documentación por parte del Ejecutor, creemos que es absolutamente razonable que, a través de un recurso de queja, el contribuyente solicite al Tribunal Fiscal que disponga que la Administración se abstenga de ejecutar la medida cautelar dictada a efectos de evitar un probable, y quizá irreparable, perjuicio al administrado 13. Nótese que una vez identificado el monto proveniente de la remuneración mensual, sólo podrá ser materia de embargo una tercera parte del exceso de cada remuneración, así como la totalidad de otros conceptos como los intereses ganados.
el incumplimiento en el pago de las cuotas, puede válidamente embargar el vehículo pese a que se encuentre acreditado que dicho
bien es destinado por el deudor para el desempeño de su ocio. 10 El valor de la URP para el año 2009 es de S/. 355.00 toda vez que la UIT para el mismo período ha sido jada en la suma de S/. 3,550.00.
11 Ver RTF Nº 661-3-98.
12 Básicamente a partir de la RTF Nº 5349-4-2003. 13 Ver RTF Nº 3155-2-2006.
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Hacemos esta advertencia porque no basta, como hemos leído en algunas resoluciones 14, que el Ejecutor Coactivo “[precise que] es de libre disposición del contribuyente cualquier suma menor o igual
equivalente a 5 Unidades de Referencia Procesal (…)”, pues lo correcto será que esa libre disponibilidad también alcance a las dos terceras partes del exceso de dicho tope respecto de cada remuneración mensual. En ese sentido y para evitar confusiones, creemos que constituirá mejor práctica que el Ejecutor Coactivo, después del estudio de los documentos aportados por el contribuyente y de aquellos que pudiera solicitar de ocio a la entidad bancaria, precise en su resolución un monto exacto que será el afectado con el embargo ordenado por su despacho, según el salario percibido durante cada mes por el trabajador. Cabe advertir que el caso de inembargabilidad bajo comentario no alcanza al supuesto en que las cuentas bancarias involucradas sean de titularidad del empleador, por más que éste señale –y eventualmente demuestre– que el dinero depositado en ellas era el destinado al pago de su planilla de trabajadores, toda vez que en este caso el Ejecutor Coactivo no estará embargando el concepto laboral “remuneración” en tanto la medida cautelar ha recaído antes de que sea abonado y, por tanto, que sea de libre disponibilidad del trabajador, sino que afectará un dinero perteneciente a la empresa deudora del sco titular de la cuenta bancaria embargada 15.
4. Embargos sobre bienes del Estado Estrechamente ligado con el tema anterior, encontramos el tratamiento legisla tivo y jurisprudencial que se ha venido dando en los últimos años alrededor de los bienes de propiedad del Estado. Muchos Ejecutores Coactivos aún man tienen la creencia que éstos constituyen bienes de carácter inembargable, tan es así que hasta la fecha no son muchos los casos en los que se han dictado medidas cautelares sobre aquellos. Para introducirnos en este espinoso terren o, comen zaremos record ando que el artículo 73° de la Constitución Política de 1993 señala que: “Los bienes de dominio público son inalienables e im prescriptibles” . La inalienabilidad, como se conoce, consiste en que el dominio de dichos bienes no puede ser cedido a terceros bajo forma de propiedad; en otras palabras, no puede el Estado en14 Ver RTF Nº 7628-7-2007. 15 Ver RTF Nº 2489-2-2002.
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tregarlos en propiedad a los particulares bajo ninguna forma. Por su parte, la imprescriptibilidad consiste en la imposibilidad que los particulares tienen de adquirir estos bienes por prescripción que, como sabemos, es la adquisición en propiedad por poseer el bien por determinado tiempo y bajo cier tas condiciones establecidas por ley16. En el año 1996, la Ley Nº 2659917 introdujo el inciso primero del artículo 648° del Código Procesal Civil, con el tenor siguiente: “Son inembargables: 1. Los bienes del Estado. Las resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del Estado, sólo serán atendidas con las partidas previamente presu puestadas del Sector al que correspondan”.
Cabe señalar que este inciso fue declarado inconstitucional por Sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de enero de 1997, recaída en el Exp. Nº 00696-I/TC, que declaró fundada en parte la demanda. Dentro de los fundamentos de dicha Sentencia se señala con absoluta claridad que: “Los bienes del Estado se dividen en bienes de dominio privado y bienes de do-
minio público; sobre los primeros el Estado ejerce su propiedad como cualquier persona de derecho privado; sobre los segundos, ejerce administración de carácter tuitivo y
público”. A partir de dicha diferenciación –que a su vez se basa en la doble manera como el Estado maniesta su personalidad jurídica– se deja igualmente establecido que: “El artículo 73º de la Cons-
titución Política del Estado establece, que los
bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, deduciéndose de ello, que no gozan de aquellas inmunidades los bienes que conforman el patrimonio privado del Estado”, concluyendo de este modo que
la Ley Nº 26599 otorgaba indebidamente a los bienes de dominio privado aquella inmunidad que la Constitución otorgó únicamente a los bienes de dominio público. Siendo ello así, mediante Ley N° 26756 18 se constituyó una Comisión encargada de proponer al Congreso un proyecto de ley que determine los bienes del Estado que pueden ser materia de embargo 19 y estableció en su artículo 2° que: “Sólo son 16 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis comparado. 5. a edición. Editora Rao. Lima, 1999. Págs. 387-388.
17 Publicada en el diario ocial El Peruano con fecha 24 de abril de 1996.
18 Publicada en el diario ocial El Peruano el 7 de marzo de 1997. 19 Mediante Ley Nº 26938 (publicada el 3 de abril de 1998), se otorgó un plazo adicional a la Comisión creada por Ley N° 26756. Hasta donde hemos podido indagar, la misma nunca habría sesionado, no habiendo hasta la fecha cumplido el encargo establecido en la Ley.
embargables los bienes del Estado que se
incluyan expresamente en la respectiva ley” . Unos años después, la Ley Nº 27684 20 que modicó el artículo 42° de la entonces reciente Ley Nº 27584 21 –que regula el proceso contencioso administrativo–, introdujo que: “Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen [al Estado] el pago de suma de dinero, serán atendidas única y exclusivamente por el Pliego Pre supuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo a
[ciertos] procedimientos” señalados en la misma ley. Estas iniciativas legislativas dieron lugar a un nuevo pronunciamiento de nuestro máximo intérprete de la Constitución; así, mediante Sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de enero de 2004, recaída dentro del Expediente Nº 015-2001-AI/ TC y acumulados, se declaró la incons titucionalidad del artículo 2° de la Ley N° 26756, en la parte que contiene el adverbio “sólo”, quedando subsistente dicho artículo con la siguiente redacción: “Son embargables los bienes del Estado que
se incluyan expresamente en la respectiva ley” . Igualmente, declaró la inconsti tucionalidad de la expresión “única y exclusivamente” del artículo 42° de la Ley N° 27584, modicado por el artículo 1° de la Ley N° 27684, quedando subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: “Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Plieg o Presupues tario en dond e se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: (...)”, con
lo quedó claro que la pauta del Supremo Tribunal es eliminar toda barrera legislativa que impida a un ciudadano o a otro sujeto de derecho ejercer su facultad de cobrar cualquier acreencia del Estado por la vía de la ejecución forzada, siempre teniendo en cuenta que sólo resultan embargables los bienes de dominio privado. Cuestión importante de este pronunciamiento es que integró al fallo varios de los fundamentos expuestos en su parte considerativa, de cuyo texto podemos destacar lo siguiente: • Que la inexistencia de una ley especial que determine qué bienes del Estado son embargables, no supone que la autoridad correspondiente no pueda dictar o ejecutar embargos sobre bienes del Estado (f. 25).
20 Publicada en el diario ocial El Peruano el 16 de marzo de 2002. 21 Publicada en el d iario ocial El Peruano el 7 de diciembre de 2001.
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Área Tributaria • Que el principi o general es que a dicha autoridad le corresponde pronunciarse respecto del carácter embargable de un determinado bien, analizando, en cada caso concreto, si el mismo está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y si está o no afecto a un uso público (f. 26.) • Que, incluso cuando la ley establece que “los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional, constituyen bienes inembargables” 22, debe interpretarse
que tales depósitos de dinero son sólo aquellos que se encuentren afectos al servicio público, estos es, estén destinados a la satisfacción de intereses y nalidades públicas, resultando indispensable para el cumplimiento de los nes esenciales de los órganos del Estado o porque contribuyen con su funcionamiento (f. 32)23. Para mayor detalle en relación a la distinción entre bienes de dominio público y de dominio privado, es conveniente revisar la RTF Nº 5434-5-200224, que constituye precedente de observancia obligatoria, así como remitirnos al Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda25 que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el cual establece que: a) Son bienes de dominio público aquellos bienes estatales, destinados al uso público como playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros, cuya administración, conservación y mantenimiento corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los nes de responsabilidad estatal, 22 El Decreto Supremo Nº 019-2001 en su artículo 1º estableció que
los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el
Sistema Financiero Nacional, constituían bienes inembargables y que las obligaciones del Estado determinadas por mandato judicial serían pag adas conform e al procedimiento establecido e n la Ley Nº 26756. 23 A la luz ese criterio, se emitieron, entre otras, las RTF Nº 3558-3-
2005 y Nº 3342-1-2008. Ciertamente, existen otras RTF, tales como la Nº 009-1-2004 y la Nº 5652-1-2006 que consideraron como inembargables las cuentas del Estado; no obstante, cabe aclarar que la primera de ellas fue emitida antes de la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional bajo comentario, y, respecto de la segunda, debemos entender que se estimó que los fondos de
la cuenta estaban destinados a nes públicos.
24 En dicha RTF se analizó la natura leza de un bien inmueble de pr o-
o cuya concesión compete al Estado. Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. b) Son bienes de dominio privado del Estado aquellos bienes estatales que siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atribu tos. Este repaso legislativo y jurisprudencial tiene vigencia cuando recordamos que muchas de las Municipalidades y Benecencias Públicas a nivel nacional son las principales deudoras en cuanto a impuestos y contribuciones se reere, en especial por aportes al EsSalud y la ONP. En ese sentido, si bien no resulta deseable, nada impide que un Ejecutor Coactivo trabe embargos respecto de bienes de propiedad de la Municipalidad o de la Benecencia, siempre que sean de dominio privado, como por ejemplo resultaría ser el automóvil asignado al uso exclusivo del Alcalde o el local comercial por cuyo alquiler se percibe una renta26. Para llegar a ello, indudablemente el Ejecutor Coactivo debe hacer un análisis del caso concreto, el cual puede partir del estudio de documentación legal y contable de la entidad, la misma que puede ser requerida a través de un embargo en forma de intervención en información.
sus efectos en caso la Administración Tributaria no ejecute la misma dentro de determinado plazo. Desde ya podemos adelantar que no existe un criterio uniforme al respecto y que las interpretaciones alrededor de este tema son variadas y opuestas dada la cambiante legislación sobre el particular y sobre todo respecto de aquellas medidas cautelares dictadas con anterioridad a la promulgación del Decreto Legislativo Nº 953, tal como lo veremos en adelante.
5. Caducidad de las medidas cautelares
Comenzaremos con un repaso de la cambiante legislación sobre el particular, indicando que el texto original del artículo 625° del Código Procesal Civil señalaba que: “Toda medida cautelar caduca a los
Cuando hablamos de caducidad nos referimos al efecto que en el vigor de una norma o un derecho produce el transcurso del tiempo sin aplicarlos, equiparable en cierto modo a una derogatoria tácita 27; en buena cuenta, es la muerte del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos para ello, gura jurídica la cual ha sido recogida en nuestro ordenamien to en el artículo 2003° del Código Civil, donde explícitamente se señala que la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente28. Para los efectos del presente artículo nos interesa saber si una medida cautelar dictada dentro de un procedimiento de cobranza coactiva tiene un tiempo de vida, vale decir, si alguna vez cesarán
piedad de una Municipalidad cu yo uso fue cedido a un par ticular a cambio de una contraprestación, a e fectos de determinar si esta
última constituye o no tributo. Se concluyó que la cesión del uso o disfrute de un bien de dominio privado a favor de un particular no puede dar origen a un tributo (tasa), a diferencia de lo que
sucedería si se tratase de un bien de dominio público. 25 Publicado en el diario ocial El Peruano el 15 de marzo de 2008.
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26 Al respecto ver las RTF Nº 661-5-2003 y Nº 5672-4-2003 .
27 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editora Heliasta. Buenos Aires, 1988. Pág. 42. 28 A diferencia de la prescripción, que únicamente extingue la acción, más no el derecho.
CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES • Anteriormente el Código Tributario (Dec. Leg. 816) no señalaba expresamente plazos de caducidad para los embargos (salvo MCP). • La LPEC actualmente no señala expresamente nada al respecto; pero la 2. a DF nos remite al CPC. • Con el D.Leg. 953 (06.02.04) las trabadas dentro del PCC no caducan. • Respecto a la LPEC que remite al CPC el art. 625° del CPC modicado por Ley Nº 28473: las medidas cau telares no tienen plazo de caducidad, salvo las trabadas con el derogado C. de PC. ¿Un embargo trabado en enero de 2000 a la fecha se encuentra caduco? Ver: RTFs Nº 5470-4-2002 y 1170-3-
2000 y RTR Nº 027-2002/SUNARPTR/L
dos años de consentida o ejecutoriada la decisión que amparó la pretensión garanti zada con ésta. La caducidad opera de pleno derecho, siendo inimpugnables los actos proc esale s destinados a hace rla efec tiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, toda medida cautelar cadu ca a los cinco años contados desde la fecha de su ejecución”. En el marco de dicho
texto, se promulgó la Ley Nº 26639 29 cuyo artículo 1º dice que “el plazo de caducidad previsto en el artículo 625° del Código Procesal Civil se aplica a todos los embargos y medidas cautelares dispuestas judicial o administrativamen te, inclu so con anterioridad a la vigencia de dicho Código y ya sea que se trate de pro cesos concluidos o en trámite” . Se indica igualmente en
el segundo párrafo del citado artículo,
29 Norma publicada en el diario ocial El Peruano el 27 de junio de 1996 y que, a la fecha, no ha sufrido ninguna derogatoria
expresa.
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la forma que debe revestir la solicitud de cancelación, es decir, formularse a través de “una declaración jurada con rma legalizada por Fedatario o Notario Público, en la que se indique la fecha del asiento de presentación que originó la anotación de la medida cautelar y el tiempo transcurrido” ,
correspondiendo al Registrador la vericación del mismo. Por su parte, el Código Tributario no contenía, sino hasta la dación del Decreto Legislativo Nº 95330, ninguna disposición que tratara el tema de caducidad de manera expresa; consecuentemente, a nuestro entender, se aplicaba el Código Procesal Civil por una doble razón, primero por remisión de la Norma IX del Título Preliminar del propio Código que señala que en lo no previsto por el mismo podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen, y, segundo, por lo establecido en la 1. a Disposición Complementaria y Final del código adjetivo que establece que: “Las disposiciones de este Código [Procesal Civil] se aplican su pletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza”. No obstante, ese no
es el criterio del Tribunal Fiscal. En efecto, el Tribunal Fiscal consideraba 31, y aún considera32, que el Código Tribu tario constituye una norma especial que regula las medidas cautelares dictadas dentro de un procedimiento coactivo tributario; por lo tanto, si dicha norma especial no prevé un plazo de caducidad para los embargos dictados dentro del citado procedimiento, “debido al interés público que se pretende tutelar con ellos, cuál es el pago de la deuda tributaria, no resulta aplicable a tales medidas el plazo de caducidad previsto en el artículo 625° del Código Procesal Civil, ni lo dispuesto por la Ley Nº 26639” , posición que, insistimos,
desde nuestra perspectiva resulta errada y contraria a lo que señalan expresamente las antedichas normas, más propiamente el citado artículo 1° de la Ley Nº 26639 que explícitamente menciona que el plazo de caducidad (de 5 años) “se aplica a todos
los embargos y medidas cautelares dispuestas judicial o administrativamente(…)” (el
subrayado es nuestro) y, dentro de éstas últimas –que duda cabe– se deben considerar las dictadas por el Ejecutor Coactivo, que, nalmente, es el único funcionario administrativo competente para ordenar la adopción de un embargo. Posición similar a la nuestra, por ende contrapuesta a la del Tribunal Fiscal, ha pronunciado el Tribunal Registral 33, quien 30 Publicado en el diario ocial El Peruano el 5 de febrero de 2004. 31 Ver las RTF Nº 5470-4-2002 y Nº 1170 -3-2000. 32 Ver la RTF Nº 8040-2-2007. 33 A través de las Resoluciones del Tribunal Registral Nº 027-2002-
SUNARP-TR-L del 20 de setiembre de 2002 y Nº 164-99-ORLC/ TR del 30 de junio de 1999.
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ha dejado establecido que resulta aplicable a los embargos y medidas cautelares dispuestas administrativamente, el plazo de caducidad de cinco años contados a partir de la fecha de su ejecución, den tro de los cuales se considera a aquellos embargos trabados dentro del procedimiento coactivo. Así, visto ese contraste entre dos tribunales administrativos, si un contribuyente considera que, por ejemplo, el embargo en forma de inscripción dictado por el Ejecutor Coactivo de la Sunat sobre el inmueble de su propiedad ha caducado, lo razonable (y válido) será que recurra directamente al Registrador conforme al procedimiento jado en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 26639 a efectos de que este funcionario verique únicamente el transcurso del tiempo y proceda a anotar la cancelación de la medida cautelar, en lugar de recurrir en queja ante el Tribunal Fiscal. Pero para confundir más las cosas (como si no bastara con que dos tribunales administrativos expresen posiciones diametralmente opuestas respecto de una misma ley), en febrero del año 2004 el Decreto Legislativo Nº 953 modicó el artículo 118° del Código Tributario introduciendo la regla que las medidas cautelares trabadas al amparo de dicha norma “no están sujetas a plazo de caducidad” . Posteriormente, por Ley Nº 28473 34 se modicó también el citado artículo 625° del Código Procesal Civil, limitando toda referencia a la caducidad de las medidas cautelares a las dictadas a las concedidas con el derogado Código de Procedimien tos Civiles de 1912. Y allí comienza otra historia colmada de más interrogantes, siendo las principales: ¿qué suceden con las medidas cautelares trabadas antes de la dación de dicha norma y cuyo plazo de caducidad venció incluso antes de febrero de 2004?, y ¿qué suceden con las medidas cautelares dictadas antes de febrero de 2004 cuyo plazo de caducidad venía transcurriendo al tiempo de dictarse la norma y culminaba con posterioridad a dicha fecha? Previo a intentar una respuesta a dichas interrogantes, cabe preguntarse respecto del porqué de la norma, es decir, cuál fue la razón por la que el legislador in trodujo esa regla en el Código Tributario, y reexionar si realmente es conveniente. Desde nuestro punto de vista, la razón que motivó dicha implantación no fue técnica ni jurídica sino práctica o, llamando las cosas por su nombre, burocrática, pues es sabido que para las Administraciones Tributarias era muy complicado tener un control ordenado de las numerosas medidas cautelares que habían dictado y que por diferentes causas no habían 34 Publicada en el diario ocial El Peruano el 18 de marzo de 2005.
podido ser ejecutadas, las mismas que en muchos casos tenían o estaban próximas a cumplir los cinco años de antigüedad. Ciertamente, normas dadas bajo esos criterios jamás pueden calicarse como convenientes, más aún cuando para su dación no se miden las consecuencias negativas que pueden acarrear al mediano o largo plazo. Así, al margen que esta regla está reconociendo y fomentando la inecacia del Estado, pues éste puede esperar el tiempo que considere oportuno para ejecutar un embargo sin el apremio de que vaya a caducar, puede darse el caso –como anteriormente se daba de manera frecuente– que por negligencia del acreedor o descuido del deudor, una medida cautelar no sea levantada oportunamente una vez que se extingue la deuda cuyo pago pretendía garantizar y, al cabo de unos años, se intente tramitar el levantamiento cuando el expediente coactivo ya se encuentre archivado (v.gr. desaparecido), el Ejecutor Coactivo sea otra persona e, incluso, el interesado sea un heredero del deudor fallecido en el ínterin. Como es de esperar, ese trámite será de nunca acabar para el administrado, pero lo más lamentable será que el bien afectado con la medida difícilmente podrá reintegrarse al tráco jurídico en tanto nadie querrá adquirir una cosa sobre el cual pesa un embargo que prácticamente no podrá ser cancelado. Hecha esa reexión y retornando a las interrogantes planteadas, debemos ser categóricos en armar que en el caso de las medidas cautelares trabadas antes de la dación del Decreto Legislativo Nº 953 y cuyo plazo de caducidad (5 años) venció antes de su entrada en vigencia el 6 de febrero de 2004, las mismas a la fecha se deben considerar caducas, pudiendo el contribuyente solicitar directamente al Registrador la cancelación correspondien te de acuerdo al procedimiento jado en la Ley Nº 26639. Con relación a las medidas cautelares dictadas antes del 6 de febrero de 2004 cuyo plazo de caducidad venía transcurriendo al tiempo de dictarse el Decreto Legislativo Nº 953 la respuesta sí debe ser más estudiada. Sin ánimo de entrar a reexiones jurídicas que rebasarían el propósito del presente artículo, cabe recordar que la Constitución Política consagra la tesis de los hechos cumplidos para la aplicación de las normas 35. En mérito a ello, muchos podrán armar 35 Conforme a esta teoría, los hechos cumplidos bajo la antigua ley se rigen por aquella, en tanto que los efectos o hechos que se produzcan o cumplan lu ego de la entrada en vig encia de la nueva ley se rigen por ésta. Su fundamento radica en que no se puede desconocer el carácter obligatorio de las normas desde su vigencia
ni el poder del Estado para modicar sus propios mandato s cuando las circunstancias lo ameriten. En contrapartida la teoría de los derechos adquiridos busca garantizar la seguridad jurídica de las personas, de modo que una ley
nueva no modique las normas que estaban vigentes al momento en que se adquirieron derechos o se celebraron contratos, hasta su
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Área Tributaria que, promulgado el citado Decreto Legislativo, ninguna medida cautelar dictada en mérito a lo establecido en el artículo 118° del Código Tributario caduca, independientemente de cuándo fue dictada, más aún cuando la 2. a Disposición Complementaria y Final del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, señala que “las normas procesales son de aplicac ión inmediata, incluso al proceso en trámite” . Sin embargo, cabe indicar
que esa misma disposición indica expresamente que “continuarán rigiéndose por la norma anterior, [entre otros], los plazo s que hubieran em pezad o” ; y, resul ta lógico que ello sea así, toda vez que resultaría vulneratorio para la seguridad jurídica que el Estado modique plazos culminación, aun cuando aquellas se modiquen o sean derogadas en el transcurso del tiempo. Para estos c asos, se aplicaría ultractivamente la norma derogada, en vez de aplicar la nueva ley vigente. El ordenamiento jurídico peruano opta por la aplicación inmediata de la Ley. Esto se aprecia en el artículo 109º de la Constitución, conforme al cual las leyes son obligatorias desde el día siguiente
de su publicación en el diario ocial, salvo disposición contraria de
la misma ley, postergando su vigencia en todo o en parte; y en el tercer párrafo del artículo 74º, conforme al cual las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Además, el Artículo III del Título Preliminar del Código Civil es claro al señalar que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes, y no tienen fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución.
que están por vencerse o, más aún, por ejemplo, las competencias de los juzgados, cada vez que su sano arbitrio así lo decida. Entonces, si partimos de la premisa que siempre le fue aplicable supletoriamente a las medidas cautelares dictadas dentro del procedimiento coactivo el artículo 625° del Código Procesal Civil, también le resulta de aplicación la Ley Nº 26639 así como la referida 2. a Disposición Complementaria y Final; en ese sentido, el Decreto Legislativo Nº 953 no inmor taliza automáticamente todas la medidas cautelares dictadas con anterioridad a su dación, pues al tratarse de plazos de caducidad que ya habían empezado a correr éstos no podrían sufrir alteración y, más bien, seguirían rigiéndose por la norma anteriormente aplicable. El panorama no varía para esas medidas con la modificatoria introducida en marzo de 2005 por la Ley Nº 28473, por idéntica razón. Distinto es el caso de los embargos dispuestos dentro del procedimiento coactivo a partir del 6 de febrero de 2004 (fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo
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Nº 953), las mismas que, pese a quien le pese, nunca caducarán. Cabe advertir nalmente que, en la prác tica, algunos Ejecutores Coactivos vienen actualmente “ampliando” las medidas cautelares dictadas con anterioridad al Decreto Legislativo Nº 953 a efectos de no perder la prioridad en el tiempo de la inscripción que determina la preferencia de los derechos que otorga el registro (en caso que existan otras cargas o gravámenes anotadas con posterioridad), lo cual podría ser cuestionable si tenemos en cuenta que no podría “ampliarse” una medida cautelar que ya se encontraría caduca, cuestión que tiene que analizarse según el caso concreto. Por razones de tiempo y espacio, dejamos para una siguiente entrega el análisis que efectuaremos respecto de otros aspectos relevantes del procedimiento coactivo, tales como las causales de suspensión y conclusión, la intervención excluyente de propiedad y las medidas cautelares previas, siempre con la aceptación tácita y generosa de los editores de esta pres tigiosa revista.
6. MAPA DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA DEUDAS EXIGIBLES (Art. 115° CT) 1. La establecidas por RD o RM, o la contenida Resolución de pérdida de fraccionamiento noticadas por la A.T. y no reclamadas en el plazo de ley. Caso pérdida de fraccionamiento. Se mantiene la condición de deuda exigible si efectuada la Reclamación dentro de plazo, no se continúa con el pago de las cuotas del fraccionamiento. 2. La establecida por RD o RM reclamada fuera del plazo de Ley, siempre que no se cumpla con presentar la Carta Fianza de acuerdo al art. 137°. 3. La establecidas por Resolución no apelada en el plazo de ley, o apelada fuera de plazo, siempre que no cumpla con presentar la Carta Fianza respectiva, de acuerdo al art.146°, o la establecida por RTF. 4. La establecida en una Orden de Pago noticada conforme a ley. 5. Las costas y gastos en que la A.T. hubiera incurrido en el PCC, y en la aplicación de sanciones no pecuniarias.
La Noticación de medidas cautelares surte efecto en el momento de su recepción. (Art. 106° CT)
MEDIDAS CAUTELARES 1. Intervención 2. Depósito 3. Inscripción 4. Retención
PAGA INICIO: (Art. 117° CT) El PCC con la noticación de la REC que contiene un mandato de pago, dentro del plazo de siete ( 7 ) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en el caso éstas ya se hubieran dictado. EJECUTOR COACTIVO
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REQUISITOS REC: (Art. 117° CT) La REC debe tener bajo sanción de nulidad: 1. Nombre del deudor tributario. 2. El número de la OP o Resolución objeto de cobranza. 3. El monto del tributo o multa, de los in tereses, y el monto total de la deuda. 4. El tributo o multa y el período a que corresponde.
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DEUDOR TRIBUTARIO NO PAGA Suspensión o Conclusión del PCC (Art. 119°)
Intervención exclu yente de propiedad (Art. 120°)
TASACIÓN Y REMATE • La tasación la efectúa un perito de la A.T. o designado por ella. • Si existe acuerdo deudor y la A.T., no se necesita tasación. • Convoca al remate sobre base 2/3 valor tasación • Si no hay postores la base se reduce en un 15% • Si segunda tampoco hay postores se convoca nuevamente Remate sin señalar precio base • El Remanente se entrega al Ejecu tado
Actualidad Empresarial
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Actualidad y Aplicación Práctica
Resoluciones del Tribunal Fiscal sobre la Queja DEUDA EXIGIBLE COACTIVAMENTE
DOCUMENTACIÓN PROBATORIA
RTF 4415-5-2006: Si la Administración no remite al Tribunal Fiscal las declaraciones juradas que sustentan las órdenes de pago materia de cobranza coactiva a pesar de habérselas solicitado, no acredita que tales valores se ajusten a lo dispuesto por el artículo 78° del Código Tributario y por tanto que la deuda que contienen sea exigible coactivamente. RTF 6445-5-2005 y 451-4-1999: La orden de pago que no se ajusta al supuesto del numeral 1) del artículo 78° del Código Tribu tario, por haber sido emitida objetando lo consignado por la recurrente en su declaración, no constituye deuda exigible coactivamente.
RTF 6561-1-2007 y 6562-1-2007: La queja es infundada cuando el quejoso no acredita que la Administración le haya iniciado un procedimiento de cobranza coactiva ni la existencia de actuaciones que lo afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario.
NOTIFICACIONES RTF 04685-2-2006 y 02000-5-2007: El hecho que se haya consignado como resul tado de la diligencia de noticación que el destinatario era desconocido no supone que el contribuyente y el domicilio scal en el que se realizó la diligencia tengan la condición de “no hallado” o “no habido”, por lo que no procede efectuar la noticación mediante publicación. RTF 2680-5-2007 y 2759-1-2007: Para que la noticación por cedulón prevista por el inciso f) del artículo 104° del Código Tributario sea válida, debe dejarse constancia de que el cedulón se ha jado en el domicilio scal y que los documentos a noticar se han dejado en sobre cerrado, bajo la puerta. RTF 486-4-2007 y 4034-5-2007: La modalidad de noticación por cedulón no se encuentra contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, por lo que no resulta válida para noticar las resoluciones de cobranza coactiva emitidas por los Gobiernos Locales. RTF 01380-1-2006 - Precedente de Obser vancia Obligatoria: Procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la validez de la noticación de los valores y/o resoluciones emitidas por la Administración cuando la deuda tributaria se encuentra en cobranza coactiva. RTF 4488-5-2007: La notificación con junta de la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva vulnera el debido procedimiento y el derecho de defensa en sede administrativa según sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC. ARBITRIOS RTF 06950-5-2006 - Precedente de Ob servancia Obligatoria: No procede que en vía de queja el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre la validez de las ordenanzas que crean Arbitrios; sin embargo, cuando el Tribunal hubiere inaplicado una ordenanza procede que deje sin efecto la cobranza de la deuda sustentada en aquella.
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Instituto Pacífico
PROCEDENCIA DE LA QUEJA RTF 7036-5-2006: No procede la queja cuando se trata de actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria que son susceptibles de ser impugnados mediante el procedimiento contencioso tributario, no procede interponer una queja, debido a que no es la vía adecuada para cuestionar estos actos, justamente porque existe la vía contenciosa tributaria para ello. RTF 5612-1-2007 y RTF 6883-1-2007: No procede la queja cuando se desea cues tionar las resoluciones de determinación o las resoluciones de multa, la queja no es la vía correspondiente. En estos casos la vía correspondiente es el recurso de reclamación o de ser el caso una apelación de puro derecho. RTF 1375-4-1996 y RTF 021-4-2000: No procede la queja cuando se trata de resoluciones emitidas por la Administración Tribu taria que declaran inadmisible los recursos presentados por los interesados, no procede interponer una queja, debido a que no es la vía adecuada, ya que en estos casos procede la interposición de un recurso impugnativo que podría ser una apelación. No procede cuando trata de cuestionar el actuar de la Administración Tributaria durante un procedimiento de scalización. RTF 4197-5-2002: No procede la queja cuando se trata de cuestionar la demora de la Administración Tributaria en pronunciarse sobre una reclamación, ya que la queja no es la vía idónea, debiendo hacerse uso del silencio administrativo negativo, esto es tener por denegado el recurso de reclamación y presentar recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. RTF 02763-4-2005 - Precedente de Ob servancia Obligatoria: No procede la queja contra los requerimientos de pago previo durante la tramitación de un recurso de reclamación o apelación, pues tal cuestionamiento debe ser dilucidado precisamente en dicho procedimiento contencioso en trámite. RTF 06950-5-2006 - Precedente de Ob servancia Obligatoria: No procede la queja cuando se solicita que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre la validez de las ordenanzas que crean Arbitrios; sin embargo, cuando el Tribunal hubiere inaplicado una ordenanza procede que deje sin efecto la cobranza de la deuda sustentada en aquella. RTF 6561-1-2007 y 6562-1-2007: No procede la queja cuando el contribuyente no acredita que la Administración le haya inicia-
do un procedimiento de cobranza coactiva ni la existencia de actuaciones que lo afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. RTF 7036-5-2006: La queja no es la vía para cuestionar los actos emitidos por la Adminis tración que son susceptibles de ser impugnados a través del procedimiento contencioso tributario regulado en el Código Tributario. RTF 5612-1-2007 y 6883-1-2007: La queja no es la vía para cuestionar las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa, sino el recurso de reclamación o apelación de puro derecho. RTF 01194-1-2006: Precedente de observancia obligatoria publicada en El Peruano el 22.03.06 y RTF 4348-5-2007 Procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie en vía de queja sobre la prescripción de la acción de la Administración para exigir el pago de una deuda que se encuentra en cobranza coactiva, siempre y cuando previamente el quejoso hubiere deducido la prescripción ante el ejecutor coactivo.
INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL RTF 3257-5-2007: Papeleta impuesta por “no exhibir la respectiva licencia de funcionamiento” corresponde a una sanción impuesta por una infracción de carácter administrativa y no tributaria, por lo que el Tribunal Fiscal no es competente para emitir pronunciamiento. RTF 1330-5-05: Multa impuesta por el Ministerio de Trabajo por la comisión de “no haber pagado beneficios y derechos laborales irrenunciables”, detectada en el marco de un procedimiento de inspección de trabajo, no tiene naturaleza tributaria sino administrativa. RTF 7134-5-2005: Las multas por “operar un establecimiento sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento y por instalar anuncios sin autorización municipal”, son impuestas por infracciones de carácter administrativo y no tributaria, por lo que el Tribunal Fiscal carece de competencia para pronunciarse sobre el procedimiento de cobranza coactiva de las mismas. RTF 2520-5-2005: Las papeletas por la comisión de una infracción de tránsito como “usar luces altas en vías urbanas o hacer mal uso de las luces (Código C32)”, no tienen naturaleza de obligación tributaria, por lo que el Tribunal Fiscal carece de competencia para pronunciarse sobre los actos para hacer efectiva su cobranza coactiva. RTF 6077-5-2006: Las resoluciones de multa giradas por “operar un establecimiento sin contar con la respectiva licencia de funcionamiento y por carecer del Certicado de Inspección de Defensa Civil”, no responden a infracciones de naturaleza tributaria sino administrativa, por lo que el Tribunal Fiscal no tiene competencia para pronunciarse sobre la apelación interpuesta.
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Nos preguntan y contestamos
Procedimiento de Cobranza Coactiva 1. No debe iniciarse procedimiento de cobranza coactiva cuando se presente el Formulario 194 para quebrar una Resolución de Multa dentro del plazo de 20 días hábiles de notificado el valor Ficha Técnica Autor : Dra. Rosa Sofía Figueroa Suárez Título : Procedimiento de Cobranza Coactiva Fuente : Actualidad Empresarial, Nº 194 - Primera Quincena de Noviembre 2009
Consulta El contador de la empresa textil MARLUV S.A., con RUC 20416559820, presenta y paga correcta y puntualmente todas sus declaraciones en su PDT 621 y 601; sin embargo, en el mes de setiembre de 2009 goza de sus vacaciones por lo que su asistente presenta la declaración de agosto de 2009, que se declara dentro de la fecha, el día 21 de setiembre de 2009. A su regreso, el día 2 de octubre de 2009, se da cuenta de que su asistente presentó correctamente la declaración del PDT 621 por los tributos de IGV y Renta y su declaración del PDT 601 (Planilla Electrónica); no obstante, no cumplió con pagar ningún tributo por lo que ese mismo día cumple con los respectivos pagos de los tributos más intereses y con el pago de sus dos multas por retener y no pagar (numeral 2 del Artículo 178° del Código Tributario) relacionadas a los tributos de ONP y Renta de Quinta Categoría, con la respectiva rebaja del 90% (Artículo 179° del Código Tributario), debido a que no ha sido notificado de ninguna comunicación por parte de la Administración y con los respectivos intereses calculados hasta el día del pago. El día 5 de octubre en la mañana, se le notifica a la empresa de dos Resoluciones de Multa por Retener y no pagar (numeral 2 del Artículo 178° del Código Tributario) relacionadas a los tributos de ONP y Renta de Quinta Categoría. Alertado el contador de dicha situación, el día 6 de octubre se apersona con el gerente general de la empresa a la Sunat para presentar dos (2) Formularios 194, cada uno por los respectivos valores notificados (Resolución de Multa). Cuando ya parecía que todo estaba solucionado,
el día 3 de noviembre de 2009 se le notifica a la empresa de la Resolución de Ejecución Coactiva la cual le daba un plazo de siete (7) días hábiles a fin de que subsane con los pagos debidos, de lo contrario se iniciaría la ejecución forzada de las mismas. Nos consulta el contador al respecto, si es correcto que la Administración le vaya iniciar la ejecución forzada por los respectivos valores debido a que aún no ha sido resuelta su solicitud presentada con el Formulario 194.
Respuesta: En el caso materia de consulta, es correcto que la declaración del período de agosto 2009 se haya presentado dentro de la fecha de vencimiento; por lo que el no pago de los tributos de IGV, Renta de Tercera Categoría y EsSalud generó intereses hasta la fecha de pago. Por su parte, el no pago de los tributos de ONP y Renta de Quinta Categoría además de generar el devengamiento automático de intereses por los tributos impagos, generó la infracción tipicada en el numeral 2 del artículo 178° del Código Tributario (retener y no pagar dentro de los plazos establecidos) con una rebaja del 90% si es que se cumple con pagar el tributo y la multa más los intereses hasta antes de cualquier comunicación por parte de la Administración, según lo estipulado en el artículo 179° del Código Tributario. Es en ese sentido que en el presente caso se cumplió con el pago de los respectivos tributos más intereses hasta antes de cualquier noticación por parte de la Administración, además del pago de la multa con la rebaja del 90% más intereses, debido a que no había sido noticado por la Administración respecto a los referidos períodos y los referidos tributos (ONP y Renta de Quinta Categoría); por lo que no es correcto que se le notique dos Resoluciones de Multa por retener y no pagar ONP y Renta de Quinta Categoría dentro del plazo establecido por la Administración. Al respecto, debemos recordar que mediante la Resolución de Superintendencia 002-97/SUNAT (14/01/97) se aprobó el uso del Formulario 194 para Revocar, Modicar, Sustituir, Complementar o Convalidar Actos Administrativos, debido a
errores cometidos por la Administración, supues tos que deben estar dentro de uno de los nueve (9) motivos que establece dicha Resolución; por ejemplo, cuando existan pagos totales o parciales de la deuda tributaria realizados hasta el día anterior a aquel en que se efectúe la no ticación de las Órdenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Resoluciones de Multa que contienen dicha deuda. Cabe señalar que dicho Formulario 194 es resuelto hasta dentro del plazo de 45 días hábiles. Con referencia al Formulario 194, el Tribunal Fiscal mediante RTF N° 01743-3-2005 ha dispuesto como criterio de observancia obligatoria que el Formulario N° 194 es una reclamación especial en que la voluntad del administrado es cuestionar el acto de cobro, y, en consecuencia, contra lo resuelto por la Administración procederá el recurso de apelación respectivo. En este orden de ideas, el Ejecutor Coactivo debe suspender temporalmente el procedimiento de cobranza coactiva cuando se haya presentado oportunamente el Formulario N° 194, es decir, dentro del plazo indicado en el TUO del Código Tributario respecto de una Orden de Pago que es de 20 días hábiles. En resumen, tratándose de Resoluciones de Determinación y Multa por las cuales se hubiera presentado dentro del plazo de 20 días hábiles el Formulario N° 194, no debe iniciarse el procedimiento de cobranza coactiva, debido a que la deuda contenida en los indicados valores no calica como exigible para el ejercicio de acciones de coerción. Por lo que en el caso consultado, al ser presentado el Formulario 194 dentro del plazo de 20 días hábiles por la empresa textil MARLUV S.A, ya que no era correcto que se le emita dichos valores (Resolución de Multa), debido a que se había cumplido con cancelar la deuda tributaria hasta antes de cualquier noticación por parte de la Administración; el Ejecutor Coactivo al haber iniciado indebidamente el procedimiento de cobranza coactiva, deberá darlo por concluido, levantar los embargos y ordenar el archivo de los actuados, en aplicación del numeral 1 del inciso b) del artículo 119° del TUO del Código Tributario.
s o m a t s e t n o c y n a t n u g e r p s o N
2. Prescripción de una Orden Pago que se encuentra en procedimiento de cobranza coactiva
Consulta La empresa de publicidad Artemix S.A. inició sus actividades desde el 23 de enero de 2003, su gerente general nos comenta que su primera declaración (enero 2003) la realizó dentro de la fecha, pero no efectuó ningún pago debido a que se le olvidó, ya que en ese momento no contaba con contador alguno. Nos señala adicionalmente que no se encuentra funcionando la empresa, pero cumple con declarar mensualmente en cero todos los meses, y que la condición de su RUC siempre es activo y
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habido. Al respecto, nos consulta qué puede hacer debido a que su contador le ha impreso de Internet (con su clave sol) un reporte valores donde aparece una Orden de Pago del período enero de 2003 por tributo de IGV, la cual está en cobranza coactiva; sin embargo, él nos indica que hasta el día de hoy no ha sido notificado del referido valor.
Respuesta: Según lo estipulado en el artículo 43° del Código Tributario, la Sunat tiene un plazo de cuatro (4) años para exigir el pago de la obligación tributa-
ria declarada por el contribuyente; no obstante, el artículo 47° del mencionado código establece que la referida prescripción es a solicitud de parte y no de ocio. Es en ese sentido que, en el presente caso al haber transcurrido el plazo de prescripción, la empresa Artemix S.A. podrá solicitar la prescripción del referido valor; sin embargo, por encontrarse en cobranza coactiva la Administración le interpone medidas cautelares en forma de intervención en recaudación, en forma de depósito, en forma de inscripción y en forma de retención, según lo esta-
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blecido en el artículo 118° del Código Tributario, el contribuyente sobre la base de lo ya establecido por el Tribunal Fiscal, mediante RTF N° 12880-42008 de Observancia Obligatoria, podrá deducir la prescripción de la referida deuda ante el propio ejecutor coactivo, dado que la noticación de dicho valor emitido por dicho tributo y período no interrumpe el plazo prescriptorio por cuanto no se realizó conforme a ley.
Que, en el caso de que el ejecutor coactivo no emita pronunciamiento sobre la prescripción alegada, no obstante que le corresponda hacerlo, procede presentar Queja por parte del contribuyente debido a que ello implicaría que el citado funcionario ha omitido tal vericación, contraviniendo así las reglas del procedimiento señalado en el Codigo Tributario y afectando indebidamente al deudor tributario, lo cual da competencia al Tribunal Fiscal
para emitir un pronunciamiento al respecto en la vía de la queja. Esto debido a que la naturaleza de la queja es la de un remedio con que cuenta el contribuyente por las actuaciones indebidas de la Administración o por la sola contravención de las normas que inciden en la relación jurídica tributaria, permite corregir las actuaciones y reencauzar el procedimiento bajo el marco de lo establecido en las normas correspondientes.
en cualquier momento antes de que se inicie el remate del bien y siempre que esté sustentada mediante documento público que acredite la transferencia de propiedad a favor de los terceris tas con fecha anterior al de la medida cautelar. Es en este sentido que en el presente caso, el señor Federico Gómez Molina al haber adquirido el inmueble con anterioridad a la medida cautelar podrá interponer la Intervención Excluyente de Propiedad, ya que la Escritura Pública es un documento de fecha cierta, y que la inscripción en Registros Públicos no lo constituye como propietario, sino que le permite a los adquiriente publicitar su propiedad frente a terceros. Además la referida deuda en mención no corresponde a él como deudor sino al Sr. Adrián Gutiérrez López. Por lo que el señor Federico Gómez Molina deberá presentar los siguientes documentos ante la Sunat: 1) Escrito fundamentado, señalando su nombre y domicilio real, scal o procesal, rmado por él, adjuntando copia simple de su documento de identidad. 2) Poder otorgado a su representante legal, de
ser el caso (original del documento público o privado con rma autenticada por fedatario designado por la Sunat o legalizada por notario público). 3) Documentación sustentatoria: documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento que acredite fehacien temente la propiedad del bien antes de haberse trabado la medida cautelar; que en el presente caso será su escritura pública. Con referencia a los plazos, cabe señalar que el escrito a través del cual el tercero interpone una intervención excluyente de propiedad es puesto a conocimiento del deudor para que éste conteste el mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a la fecha en que fue noticado. Vencido dicho plazo, con la contestación del deudor o sin ella, el ejecutor emitirá pronunciamiento dentro del plazo establecido. Vencido el plazo de 5 días de noticado el escrito al deudor, la Administración contará un plazo de treinta (30) días hábiles a n de resolver la mencionada solicitud de Intervención Excluyente de Propiedad.
recaída en el Expediente Nº 3797-2006-PA/TC, se ha señalado que el debido procedimiento administrativo obliga a salvaguardar el interés general y, en particular, los derechos constitucionales de los administrados, por lo que la noticación conjunta de una Orden de Pago y de su Resolución de Ejecución Coactiva implica una vulneración del debido procedimiento y del derecho de defensa en sede administrativa. En tal sentido, se debe ordenar la suspensión definitiva del procedimiento iniciado y el levantamiento de las mediadas cautelares en forma de intervención en recaudación, en
forma de depósito, en forma de inscripción y en forma de retención establecidas en el artículo 118º del Código Tributario; así como de las costas y gastos originados en el Procedimiento de Cobranza Coactiva desde el momento de la Resolución de la Ejecución de Cobranza Coactiva, debido a que ha sido iniciado indebidamente. Por lo que procederá interponer su Queja ante el Tribunal Fiscal por la noticación conjunta de la Orden de Pago y la Resolución de Ejecución Coactiva.
3. Tercería excluyente de propiedad
Consulta El señor Federico Gómez Molina nos indica que el día 27.02.05 compró un inmueble al Sr. Adrián Gutiérrez López, el cual lo transfirió mediante escritura pública; sin embargo, no lo llegó a registrar ante Registros Público. El día de ayer intentó vender dicho inmueble, pero cuando estaba haciendo la transferencia de propiedad el notario le indicó que el inmueble se encontraba con una medida cautelar en forma de inscripción por la Sunat, por lo que no pudo vender el inmueble. Al respecto, el Sr. Gutiérrez nos pregunta qué puede hacer, ya que la medida cautelar fue inscrita con posterioridad a la transferencia de propiedad y la deuda ante la Sunat es del Sr. Adrián Gutiérrez López y no de él.
Respuesta: El artículo 120° del Código Tributario establece que el tercero que sea propietario de bienes embargados podrá interponer Intervención Excluyente de Propiedad ante el Ejecutor Coactivo
4. Medidas cautelares
Consulta La empresa farmacéutica Laboratorios S.A., con RUC 20936455566, nos consulta si es correcto que la Administración le haya notificado el día 10 de noviembre de 2009 la Orden de Pago por el período de octubre 2008 por tributo de IGV y conjuntamente la Resolución de Ejecución Coactiva por el referido valor, debido a que le han embargado sus cuentas en el banco.
Respuesta: Según sentencia del Tribunal Constitucional
5. Formas de embargo y bienes inembargables
Consulta La señorita Valentina Fernández Gutiérrez, con RUC 10226459888, tiene su negocio de impresiones como persona natural. Al respecto nos consulta qué consecuencia le va a traer el contar con cuatro (4) Órdenes de Pago por tributo de IGV de los periodos de julio a octubre 2008; sin embargo, el día de ayer le han notificado una Resolución de Ejecución de Cobranza Coactiva por los cuatro (4) valores.
Respuesta: Según lo establecido en el artículo 117° del Código Tributario, el Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la noticación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las Órdenes de I 22
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Pago o Resoluciones en Cobranza, dentro de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas. Las referidas medidas cautelares, surtirán sus efectos desde el momento de su recepción y señalará cualquiera de los bienes y/o derechos del deudor tributario, aun cuando se encuentren en poder de un tercero. Dichas medidas cautelares pueden ser en forma de intervención en recaudación; en forma de depósito, las cuales a solicitud del deudor tributario, podrá sustituir los bienes por otros de igual o mayor valor; en forma de inscripción, debiendo el importe de las tasas registrales u otros derechos, ser pagado por la Administración Tributaria con el producto del remate, luego de obtenido éste, o por el interesado con ocasión del levantamiento de la medida; y en forma de retención, los cuales en caso no cubran la deuda podrá comprender
nuevas cuentas, depósitos, custodia u otros de propiedad del ejecutado. No pudiendo ser embargables los bienes consti tuidos en el patrimonio familiar; las prendas de estricto uso personal; los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión u ocio, enseñanza o aprendizaje del obligado; las insignias condecora tivas, los uniformes y las armas de los funcionarios y de los miembros de las FF.AA. y PNP; las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de 5 URP. El exceso es embargable hasta una tercera parte; las pensiones alimentarias; los bienes muebles de los templos religiosos y los sepulcros. Adicionalmente, el ejecutado está obligado a pagar a la Administración las costas y gastos originados en el Procedimiento de Cobranza Coactiva desde el momento de la noticación de la Resolución de Ejecución Coactiva, salvo que la cobranza se hubiese iniciado indebidamente.
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Naturaleza Jurídica del Formulario 194 Ficha Técnica Autor
:
Dra. Rosa Sofía Figueroa Suárez*
Título
:
Naturaleza Jurídica del Formulario 194
RTF Nº : 1743-3-2005 Fuente : Actualidad Empresarial, Nº 194 - Primera Quincena de Noviembre 2009
de Reclamación, no requiere escrito fundamentado ni rma de abogado hábil, y el plazo para resolverlo es de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Es bajo este marco que se plantea la con troversia respecto a la naturaleza jurídica del Formulario 194 y su similitud con el Recurso de Reclamación.
2. Materia controvertida Sumilla “El Formulario 194 ‘Comunicación para la revocación, modicación, sustitución o complementación de actos adminis trativos’ regulados por la Resolución de Superintendencia N° 002-97/SUNAT es una reclamación especial en que la voluntad del administrado es cuestionar el acto de cobro y, en consecuencia, contra lo resuelto por la Administración procederá el recurso de apelación respectivo. El carácter de especial de la reclamación está dado porque considerando los casos en que procede no le son aplicables los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 137° del Código Tributario excepto el del plazo. En caso lo solicitado por el administrado mediante la comunicación contenida en el Formulario 194, no se encuentre dentro de los supuestos de la mencionada Resolución, procede que la Administración Tributaria le otorgue a dicha comunicación el trámite de recurso de reclamación, en aplicación del artículo 213° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, considerando como fecha de presentación del recurso la que conste como tal en el Formulario 194”. 1. Introducción
Al respecto, mediante la Resolución de Superintendencia 002-97/SUNAT (14.01.97) se aprobó el uso del Formulario 194 para Revocar, Modicar, Sustituir, Comple mentar o Convalidar Actos Administra tivos, debido a errores cometidos por la Administración; supuestos que deben estar dentro de uno de los nueve (9) motivos que establece dicha Resolución. Los deudores tributarios podrán interponer el medio impugnatorio que corresponda, en caso de errores materiales o circunstancias posteriores a la emisión de los actos de la Administración no contemplados en los nueve (9) supuestos establecidos en la Resolución de Superin tendencia N° 002-97/SUNAT. Cabe señalar que, el mencionado Formulario 194 a diferencia de un Recurso * Abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursante de la Maestría de Tributación de la PUCP.
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Consiste en determinar la naturaleza jurídica del Formulario 194 a fin de establecer si el Tribunal Fiscal resulta competente para emitir pronunciamiento sobre la impugnación contra Resolución de Ocina Zonal que resuelve la solicitud de Comunicación para la Revocación, Modicación, Sustitución, Complementación o Convalidación de Actos Administrativos - Formulario 194.
3. Argumentos de la contribu yente En la RTF materia de análisis, la recurrente sostiene que de acuerdo a su declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000, ésta contaba con un saldo a favor mayor al determinado por la Administración al emitir la Resolución de Ocina Zonal N° 171401646, debido a que la Administración emitió la resolución impugnada revocando una Orden de Pago, a raíz de la presentación del Formulario 194.
4. Argumentos de la Administración Tributaria La Administración mediante Resolución de Ocina Zonal N° 171401646 resuelve la solicitud de Comunicación para la Revocación, Modicación, Sustitución, Complementación o Convalidación de Actos Administrativos - Formulario 194, presentada por la recurrente, revocando la Orden de Pago interpuesta por la Administración, debido a que no se había considerado la utilización del saldo a favor del período anterior.
5. Posición del Tribunal Fiscal Para el Tribunal Fiscal, a efectos de resolver la controversia establecida entre la Administración y la Recurrente, se establece que es necesario determinar la naturaleza jurídica del Formulario 194Comunicación para la Revocación, Modificación, Sustitución, Comple mentación o Convalidación de Actos Administrativos a efectos de establecer si el Tribunal es competente para emitir pronunciamiento sobre la impugnación contra la Resolución de Ocina Zonal N° 171401646. En este sentido, el Tribunal establece cuatro interpretaciones respecto a la na-
turaleza jurídica del Formulario 194, a n de establecer un criterio unicado: 1) Debe ser tramitado en todos los casos como un recurso de reclamación, posición recogida en la RTF N° 00262-2001. 2) Tiene la naturaleza de reclamación especial dado que la voluntad del administrado es cuestionar el acto de cobro, no siéndole aplicable los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 137° del Código Tributario, excepto el del plazo. 3) Tiene la naturaleza de una solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria, interpretación recogida en la RTF N° 9392-5-2001. 4) Tiene la naturaleza de una declaración tributaria o comunicación de datos, lo que no afecta el derecho de los deudores tributarios de interponer simultánea o sucesivamente los medios impugnativos correspondientes en los casos previstos en el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 002-97/SUNAT. Al respecto es el segundo criterio el adop tado por el Tribunal mediante Acuerdo recogido en el Acta de reunión de Sala Plena1 N° 20054, sustentado sobre la base de lo establecido por el artículo 108° del Código Tributario en el que se establece que la Administración Tribu taria señalará los casos en que existan circunstancias posteriores a la emisión de sus actos, así como errores materiales, y dictará el procedimiento para revocar, modicar, sustituir o complementar sus actos, según corresponda. Bajo este criterio es que se aprobó la Resolución de Superintendencia Nº 00297/SUNAT en el que se establece que los deudores tributarios deberán presentar el Formulario Nº 194. Sin embargo, tanto el procedimiento regulado por la Resolución de Superintendencia 002-97/SUNAT, como el procedimiento contencioso tributario iniciado con el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 137° del Código Tributario, cuestionan los actos administrativos, sólo que el primero está referido exclusivamente a aquellos actos emitidos por error u omisión de la citada entidad, y que se encuentran incursos en la referida Resolución; mientras que el segundo está dirigido a impugnar los actos administrativos cuando el deudor tributario discrepe de la acotación o
l a i c n e d u r p s i r u J s i s i l á n A
1 La Sala Plena del Tribunal Fiscal está compuesta por todos los vocales del Tribunal Fiscal. Es el órgano encargado de establecer, mediante acuerdos de Sala Plena, los procedimientos que permitan el mejor desempeño de las funciones del Tribunal Fiscal, así como
la unicación de los criterios de sus Salas.
Actualidad Empresarial
I 23
-
I
Análisis Jurisprudencial
decisión de la Administración Tributaria contenida en el acto administrativo, independientemente si dicha discrepancia se basa en la existencia de los supuestos contenidos en la Resolución de Superin tendencia Nº 002-97/SUNAT. Al respecto, el Tribunal Fiscal aclara que en caso la Administración Tributaria considerase que sus actos no se encuentran incursos en dichas causales, la referida entidad en aplicación del artículo 213° de la Ley de Procedimiento Adminis trativo General, deberá dar a la citada comunicación el trámite de recurso de reclamación a que se reere el artículo 137° del Código Tributario, considerando como fecha de interposición del recurso, la que consta como tal en el Formulario 194. En este orden de ideas el Tribunal Fiscal establece que resulta competente para conocer de la apelación interpuesta contra la Resolución de Ocina Zonal N° 171401646, en el extremo referido a la modicación del saldo a favor del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000. En conclusión, se determina que en el presente caso la Administración modicó el saldo a favor consignado en la declaración del ejercicio 2000, el que sólo podría ser recticado mediante Resolución de Determinación como resultado de un procedimiento de scalización o vericación. En tal sentido, al haberse efectuado una nueva determinación del saldo a favor declarado, sin seguir el procedimiento establecido (emisión de resolución de Determinación), la Resolución de Ocina Zonal N° 171401646 deviene en nula, según lo establece el numeral 2 del artículo 109° del Código Tributario.
6. Análisis y comentario En el presente caso coincidimos con la posición del Tribunal Fiscal al establecer que el Formulario 194 tiene la naturaleza de reclamación especial, dado que la voluntad del administrado es cuestionar el acto de cobro; sin embargo, al respecto hay que tener claro dos supuestos que se puede incurrir respecto a la presentación del Formulario 194: Que se presente el Formulario 194 y que luego de presentado la Administración recalique el referido formu lario al área de reclamos Como ya ha quedado establecido mediante la Resolución de Superintendencia N° 002-97/SUNAT, se establece nueve (9) supuestos a n de que se pueda presentar la comunicación de la existencia de errores materiales o circunstancias posteriores a la emisión de actos de la Administración Tributaria. Supuestos tales como el plasmado en el literal i) del artículo 1° de la referida Resolución, donde se aceptará la presentación del Formulario 194 cuando exista una I 24
-
Instituto Pacífico
declaración rectificatoria que hubiera determinado una obligación menor respecto a la deuda tributaria contenida en una Orden de Pago y, de ser el caso, en una Resolución de Multa, siempre que la aludida declaración hubiera surtido efecto si dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella (Artículo 88° del Código Tributario). Pero qué sucedería si se presenta el referido Formulario 194 antes del plazo de los sesenta (60) días hábiles, ¿qué sucederá con la solicitud? Al respecto, la Ley de Procedimiento Administrativo General contempla entre uno de sus principios el Principio de Impulso de Ocio2, según el cual cuando se presente el Formulario 194 y el supuesto alegado por el con tribuyente no encuentre dentro de los supuestos contemplados en la Resolución de Superintendencia Nº 002-97/SUNAT, la Administración deberá derivarlo al área respectiva a n de que se resuelva su trámite iniciado con la nalidad de cuestionar los actos administrativos de la Administración Tributaria; siendo el área encargada el área de reclamación, debido a que tanto en el Formulario 194 como en el recurso de reclamación lo que se busca es cuestionar dichos actos administrativos. Es en ese sentido que en este supuesto no podemos dar el mismo tratamiento que al del siguiente literal, debido a que si bien éste se generó como un Formulario 194, al no cumplir con la causal establecida en el Formulario 194, pero al sí estar acredi tada su cuestionamiento de los actos de la Administración se deriva al área respec tiva, ya que el error en la calicación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter de impugnación. Que se presente el Formulario 194 y que presentado el referido formu lario la Administración denegará su solicitud Del ejemplo mencionado anteriormente, si el referido Formulario es presentado culminado el plazo de sesenta (60) días hábiles, pero dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de noticado el valor, y como consecuencia de dicha formalidad la Administración emitiera un pronunciamiento no favorable al contribuyente. Dicho contribuyente tendrá válido su derecho de presentar su recurso de apelación, debido a que él optó por cuestionar los actos administrativos mediante la presentación del Formulario 194, y no mediante un Recurso de Reclamación. Es por ello que de no ser así vulneraríamos 2 Mediante este principio las autoridades deben dirigir e impulsar de ocio el procedimiento, y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
el Principio del Debido Procedimiento 3 y Principio de Instancia Plural. Con lo establecido en los párrafos anteriores, armamos la posición del Tribunal Fiscal en la que le da un carácter especial de reclamación; pero como lo establece el Tribunal Fiscal, se le da un carácter especial de reclamación, el cual está dado porque considerando los casos en que procede no le son aplicables los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 137° del Código Tributario, a excepción del plazo, es por ello que sólo nos queda señalar las siguientes diferencias que hay entre ellos: Formulario 194
Reclamación
No requiere estar rma- Requiere estar rmado do por abogado hábil. por abogado hábil. El TUPA de la Sunat le da un plazo para ser resuel to de cuarenta y cinco (45) días hábiles.
El artículo 137° del Código Tributario le es tablece un plazo para resolver el referido recurso en un plazo de nueve (9) meses.
Establece nueve (9) supuestos especícos a n de solicitar la Comunicación para la Revocación, Modificación, Sustitución, Complementación o Convalidación de Ac tos Administrativos.
No se establece supues tos especícos, pero se le entiende como un recurso impugnativo. Y el artículo 135° es tablece qué actos son reclamables.
Así como sus similitudes: Formulario 194
Reclamación
Cuestionan los actos administrativos de la Administración Tribu taria.
Cuestionan los actos administrativos de la Administración Tribu taria.
Una vez resuelto el Formulario 194 por la Administración, el Tribunal Fiscal resul ta comp ete nte par a conocer la apelación interpuesta contra la referida Resolución.
Emitida la Resolución de Intendencia que concluye el Recurso de Reclamación, el Tribunal Fiscal resulta competente para conocer la apelación interpuesta contra la referida Reclamación.
Tratándose de Resoluciones de Determinación y Multa, por las cuales se hubiera presentado dentro del plazo señalado en el artículo 137° del TUO del Código Tributario el Formulario N° 194, no debe iniciarse el procedimiento de cobranza coactiva, toda vez que la deuda contenida en los indicados valores no calica como exigible para el ejercicio de acciones de coerción.
Tratándose de Resoluciones de Determinación y Multa, por las cuales se hubiera presentado dentro del plazo señalado en el artículo 137° del TUO del Código Tributario el recurso de reclamación, no debe iniciarse el procedimiento de cobranza coactiva, toda vez que la deuda contenida en los indicados valores no calica como exigible para el ejercicio de acciones de coerción.
3 Mediante este principio los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo,
que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.
N° 194
Primera Quincena - Noviembre 2009
I Jurisprudencia al Día Área Tributaria
Queja El error en la calificación de la queja no es obstáculo para su correcta tramitación RTF Nº 00918-3-2009 (03.02.09) El Tribunal Fiscal a través de la presente Resolución señala que, en conformidad con el artículo 213º de la Ley del Procedimiento Administrativo General no existe impedimento alguno para dar el correcto trámite a un procedimiento mal invocado. En el presente caso observamos que el quejoso presentó una queja por habérsele iniciado, de forma indebida, un procedimiento de cobranza coactiva, ante lo cual el Tribunal Fiscal determinó que las noticaciones emitidas para iniciarse dicho procedimiento eran válidas, según lo establecido en la RTF 1380-1-2006 (JOO). Asimismo, el quejoso extiende su petitorio en el extremo referido a la reclamación interpuesta ante el procedimiento de cobranza coactiva, puesto que no se encuentra de acuerdo con las normas aplicadas a la subsanación de los requisitos de admisibilidad de la reclamación interpuesta, alegando que debe aplicarse el artículo 140º del Código Tributario y no el artículo 125º de la Ley del Procedimiento Administrativo General como lo dispuso la Municipalidad. Por lo expuesto, el Tribunal Fiscal declaró que la vía idónea para conocer la presente controversia no era mediante la queja sino mediante el recurso de apelación.
Procederá la queja sólo cuando se cuestionen actuaciones concretas de la Administración Tributaria que infrinjan lo establecido en el Código Tributario RTF Nº 02510-5-2009 (03.02.09) A través del presente caso, la quejosa maniesta que se han creado las condiciones necesarias para trabar en su contra medidas cautelares previas, puesto que la misma no cumplió con entregar a la Administración Tributaria los libros y diversa documentación contable exigida. Bajo esta premisa, el Tribunal Fiscal declaró improcedente la queja interpuesta, señalando que, según lo establecido en el artículo 155º del Código Tributario, la queja se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afectan directamente o infringen lo establecido en el Código Tributario, no siendo posible recurrir a la misma cuando no hay certeza de que exista alguna actuación de la Administración que vulnere algún derecho, por el contrario, la quejosa asume que dentro del procedimiento de reclamación iniciado, la Administración concluirá denegando su reclamación y que , por lo tanto, tendrá la facultad de dictar medidas cautelares en su contra, hechos que no se han vericado, no pudiéndose dar trámite a la queja interpuesta.
La demora en resolver las solicitudes de devolución no constituye fundamento para interponer el recurso de la queja RTF Nº 1187-3-2008 (29.01.08) Como se sabe, el artículo 162º y 163º del Código Tributario disponen que la Administración Tributaria deberá resolver en un plazo no mayor de 45 días hábiles las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación y de no cumplirse con ello, el deudor tributario podrá interponer recurso de reclamación, esto último tratándose de solicitudes de devolución.
Al respecto, en el presente caso el Tribunal Fiscal mediante RTF 05968-12007, ya se había pronunciado sobre la improcedencia de la queja vertida sobre los hechos referidos a la demora de resolver las solicitudes de devolución, alegados por el quejoso; empero, sin perjuicio de lo ya expuesto, el Tribunal Fiscal resalta que el quejoso tiene la facultad de dar por denegadas las solicitudes que presentó, e interponer la reclamación correspondiente, pues existiendo un procedimiento alternativo no constituye fundamento para la interposición de una queja.
La Administración no puede reabrir una fiscalización si la misma no se encuentra debidamente motivada y contemplada en el artículo 108º del Código Tributario
a í D l a a i c n e d u r p s i r u J
RTF Nº 00118-2-2008 (08.01.08) Una de las facultades tipicadas en el artículo 108º del Código Tributario y otorgadas a la Administración Tributaria es que después de un ejercicio ya scalizado y al cual se le dio término con la respectiva emisión de los valores, acotando omisiones o errores en la autoliquidación, ésta pueda revocar, modicar, sustituir o complementar los actos emitidos después de la noticación siempre y cuando se detecten los hechos contemplados en el numeral 1 artículo 178º, así como en los casos de connivencia entre el personal de la Administración y el deudor tributario; o, cuando la Administración detecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión que demuestren improcedencia así como errores materiales tales como de redacción o cálculo. De esta forma, el Tribunal Fiscal declara fundada la queja interpuesta señalando que no existen razones sucientes que sustenten la decisión de la Administración Tributaria, la cual alegaba que existían circunstancias posteriores a la emisión de los valores resultantes de la primera scalización que justicaban el inicio de la segunda scalización. Estos hechos fueron desvirtuados quedando establecido que los mismos fueron anteriores al inicio de la primera scalización.
No procede que mediante la queja, el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre la validez de las Ordenanzas que crean arbitrios RTF Nº 06950-5-2006 (JOO) (21.12.06) Mediante la STC Nº 0053-2004-PI/TC se prohibió todo inicio o prosecución de cobranza a Arbitrios Municipales basados en ordenanzas que presenten vicios de invalidez; asimismo, se estableció ciertas pautas para que los municipios cobren los arbitrios por los períodos impagos no prescritos. En concordancia con ello, era plausible que el Tribunal Fiscal emitiera pronunciamiento sobre la validez de tales ordenanzas siempre que se cuestionara la cobranza de la deuda tributaria, empero no se determinó si esto abarcaba a las nuevas ordenanzas emitidas por las municipalidades. En ese sentido, el Tribunal Fiscal ha establecido que, siendo la queja un remedio procesal cuya nalidad está orientada a corregir las actuaciones indebidas de la Administración y reencauzar el procedimiento, no corresponde mediante esta vía conocer sobre la validez de estas ordenanzas, pues esto requeriría un examen sobre cómo los municipios han aplicado los criterios dictados por el Tribunal Constitucional. Caso distinto sería si mediante la vía de la queja se cuestionara la cobranza de una deuda tributaria sustentada en una ordenanza declarada inválida por el Tribunal Fiscal, caso en que sí procedería que se deje sin efecto el cobro de la deuda tributaria.
Glosario Tributario 1. ¿Qué se entiende por procedimiento administrativo? 3. En el procedimiento de cobranza coactiva, ¿en qué consiste el em bargo? Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto Si no se ha producido el cumplimiento de la obligación dentro del plazo administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables otorgado, se procede a trabar medida cautelar. A través del embargo se sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. pretende asegurar la ecacia o cumplimiento de la obligación exigible. 2. En el procedimiento de cobranza coactiva, ¿en qué consiste la noti - 4. ¿Cuáles son las características del embargo? cación? Afectación de elementos patrimoniales del ejecutado fundamentada en la Es el acto por el cual se pone en conocimiento del administrado no la obligadeclaración expresa de autoridad competente. Recae sobre elemento patrimoción exigible (que fue objeto de comunicación anterior o simultánea) sino la nial susceptible de realización. El embargante no obtiene ningún derecho real Resolución de Ejecución Coactiva conteniendo un mandato de cumplimiento con el embargo. Otorga un derecho de persecución sobre el bien. Constituye de una obligación dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, bajo apercibiel presupuesto indispensable para la ejecución del bien. La estructura del miento de dictarse embargos o ejecutar los ya dispuestos. embargo es simple, basta la declaración administrativa de afectación.
N° 194
Primera Quincena - Noviembre 2009
Actualidad Empresarial
-25
I
I
Indicadores Tributarios
IMPUESTO A LA RENTA Y NUEVO RUS
s o i r a t u b i r T s e r o d a c i d n I
DETERMINACIÓN DE LAS RETENCIONES POR RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA 1
ID 12
Remuneración mensual por el número de meses que falte para terminar el ejercicio (incluye mes de retención)
=R
ABRIL
Hasta 27 UIT 15%
Gratificaciones ordinarias mes de julio y diciembre
ID 9
Participación en las utilidades Gratificaciones extraordinarias a disposición en el mes de retención
ENERO-MARZO
--
Deducción de 7 UIT
=
Renta Anual
Otros ingresos puestos a disposición en el mes de retención
Exceso de 27 UIT a 54 UIT 21%
IMPUESTO ANUAL
--
Otras Deducciones: - Retención de meses anteriores - Saldos a favor
MAYO-JULIO
ID 8
=R
AGOSTO
ID
=
ID 5
=R
SET. - NOV.
ID 4
Exceso de 54 UIT 30%
Remuneraciones de meses anteriores
=R
R : Retenciones del mes ID : Impuesto determinado
=R
DICIEMBRE
ID = R
Mínimo no imponible promedio para los perceptores de Rentas de Quinta Categoría - Ejercicio 2009: S/. 1775.00 (Referencia: 12 remuneraciones y 2 gratificaciones en el ejercicio) 1 Cálculo aplicable para remuneraciones no variables
VARIACIÓN DE LAS TASAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 1. Persona Jurídica
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Tasa del Impuesto
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Tasa Adicional
4.1%
4.1%
4.1%
4.1%
4.1%
4.1%
2. Personas Naturales Hasta 27 UIT Exceso de 27 UIT hasta 54 UIT Por el exceso de 54 UIT
Con Rentas de Tercera Categ.
4 y 5 categ.* 15% 21% 30% 1 y 2 categ.* 6.25% 30%
15% 21% 30%
30%
30%
15% 21% 30%
30%
30%
Parámetros Total Ingresos Total Adquisiciones Brutos Mensuales Mensuales (Hasta S/.) (Hasta S/.) 5 000
1
Cuota Mensual (S/.)
5 000
20
2
8 000
8 000
50
3
13 000
13 000
200
4
20 000
20 000
400
5
30 000
30 000
600
CATEGORÍA* ESPECIAL RUS
60 000
60 000
0
* Los sujetos de esta categoría deberán tener en cuenta lo siguiente:
* Nuevo régimen de acuerdo a las modicaciones del D.Leg. Nº 972 y la Ley 29308.
SUSPENSIÓN DE RETENCIONES Y/0 PAGOS A CUENTA DE RENTAS DE 4ta. CATEGORÍA(1) No deberá efectuarse la retención del Impuesto a la Renta cuando los recibos de honorarios que se paguen o acrediten sean por un i mporte que no exceda a:
AGENTE RETENEDOR
Categorías 1
1,2,4 y 5 categoría 15% 15% 15% 21% 21% 21% 30% 30% 30% No aplica
30%
TABLA DEL NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO D. LEG. N.° 967 (24-12-06)
S/. 1,500
a. Que se dediquen únicamente a la venta de hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC, realizada en mercado de abastos. b. Sujetos dedicados exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus productos en su estado natural. c. Asimismo, deberán presentar anualmente una declaración jurada informativa a fin de señalar sus 5 (cinco) principales proveedores, en la forma, plazos y condiciones que establezca la SUNAT. Importante: Los que se acojan al Nuevo RUS y n o se ubiquen en alguna cate-
P E R C
E P T O R
E S
No están obligados a efectuar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta los siguientes contribuyentes
Cuyos ingresos por renta de 4ta. (Art. 33 a) y 5ta. percibidas en el mes no superen la suma de:
S/. 2,589
Los directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares, y otras rentas de 4ta. (Art. 33 b) y 5ta. categoría, que no superen la suma de:
S/. 2,071
goría, se encontrarán comprendidos en la categoría más alta hasta el mes que comuniquen la que les corresponde. 1 Tabla de categorización modicada por el artículo 7 del Decreto Legislativo N.° 967 (24-12-06), vigente a partir del 1 de enero de 2007.
TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
* Se debe tener presente que si se superan estos montos los contribuyentes se encuentran obligados a efectuar pagos a
Dólares
cuenta y a presentar la Declaración Determinativa Mensual,
Activos Compra
Pasivos Venta
2008
3.137
3.142
4.319
4.449
2007
2.995
2.997
4.239
4.462
2006
3.194
3,197
4.121
4.249
2005
3.429
3.431
3.951
4.039
PDT 616-Trabajador independiente.
(1) B ase Legal: Resolución de Superintendencia Nº 004-2009/SUNAT (15-01-09)
UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT) Año
S/.
2009
3 550
2008
Activos Compra
Pasivos Venta
Año
S/.
2004
3.280
3.283
4.443
4.497
2004
3 200
2003
3.461
3.464
4.287
4.368
3 500
2003
3 100
2002
3.513
3.515
3.535
3.621
2007
3 450
2002
3 100
2001
3.441
3.446
3.052
3.110
2006
3 400
2001
3 000
2005
3 300
2000
2 900
2000
3.523
3.527
3.206
3.323
-26
I
Euros
Año
Instituto Pacífico
N° 194
Primera Quincena - Noviembre 2009
I
Área Tributaria
DETRACCIONES Y PERCEPCIONES SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL D. LEG. N.º 940 (R.S. N.° 183-2004/SUNAT 15-08-04) CÓD.
TIPO DE BIEN O SERVICIO
OPERACIONES EXCEPTUADAS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA VENTA (INCLUIDO EL RETIRO) DE BIENES GRAVADOS CON EL IGV Y TRASLADO DE BIENES
001 Azúcar
10%
No se aplicará el sistema en cualquiera de los siguientes casos: - En operaciones cuyo importe de la operación sea igual o menor a media (1/2) UIT, salvo que por cada unidad de transporte, la suma de los importes de las operaciones correspondientes a los bienes trasladados sea mayor a media (1/2) UIT. - Tratándose de la venta gravada con el IGV, cuando por la operación se emita póliza de adjudicación con ocasión del remate o adjudicación por los martilleros públicos o entidades que rematan o subastan bienes por cuenta de terceros, o liquidación de compra.
1 O X E N A
PORCENT.
003 Alcohol etílico
10%
VENTA (INCLUIDO EL RETIRO) DE BIENES GRAVADOS CON EL IGV
2 O X E N A
Recursos hidrobiológicos Maíz amarillo duro Algodón Caña de azúcar Madera Arena y piedra Residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios Bienes del inciso a) del apéndice I de la Ley del IGV Aceite de pescado Harina, polvo y «pellets» de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 018 Embarcacionespesqueras 023 Leche cruda entera 004 005 006 007 008 009 010 011 016 017
9% y 15% 7% 10%5 y 15% 10% 9% 10% 10% 10% 9%
No se aplicará el sistema en cualquiera de los siguientes casos:* - El importe de la operación sea igual o menor a setecientos Nuevos Soles (S/. 700.00). - Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios, salvo que el adquirente sea una entidad del Sector Público Nacional. - Se emita cualquiera de los documentos autorizados a que se refiere el numeral 6.1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto las pólizas emitidas por las bolsas de productos. - Se emita liquidación de compra, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
1
2 5 3 5 5
9% 9% 4%
SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV
3 O X E N A
012 019 020 021 022 024 025 026
Intermediación laboral y tercerización Arrendamiento de bienes Mantenimiento y reparación de bienes muebles Movimiento de carga Otros servicios empresariales Comisión mercantil Fabricación de bienes por encargo Servicio de transporte de personas
No se aplicará el sistema en cualquiera de los siguientes casos:* - El importe de la operación sea igual o menor a S/. 700.00. - Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios, salvo que el usuario sea una entidad del Sector Público Nacional. - Se emita cualquiera de los documentos autorizados a que se refiere el numeral 6.1 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago. - El usuario del servicio tenga la condición de no domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta.
Notas 1 El porcentaje de 9% se aplicará cuando el proveedor tenga la condición de titular del permiso de pesca de la embarcación pesquera que efectúa la extracción o descarga de los bienes y gure como tal en el «Listado de proveedores sujetos al SPOT con el porcentaje de 9%» que publique la SUNAT. En caso contrario, se aplicará el porcentaje de 15%. Dicho listado será elaborado sobre la base de la relación de embarcaciones con permiso de pesca vigente que publica el Ministerio de la Producción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el D. S. N.° 012-2001-PE. El referido listado será publicado por la SUNAT a través de SUNAT Virtual, cuya dirección es http.//www.sunat.gob.pe, hasta el último día hábil de cada mes y tendrá vigencia a partir del primer día calendario del mes sigui ente para determinar el porcentaje a aplicar, el sujeto obligado deberá vericar el listado publicado por la SUNAT, vigente a la fecha en que se deba realizar el depósito. 2 El porcentaje a plicable a la venta de algo dón en rama sin desmotar efectuada por u n sujeto que hubiera re nunciado a l a exoneración contenida en el inciso A) del Apéndice I
12% 5 12% 4 9% 4 12% 5 12% 5 12% 4 12% 4 12% 4
de la Ley del lGV es el 15%. 3 La inclusión de es te numeral en el Anexo 2 mediant e la R.S. N.º 178-2005/SUNAT (22-09-05) se aplicará de la siguiente forma: - Tratándose de la venta gravada con IGV y el retiro considerado venta a que se reeren los inciso s a) y b) del num. 2.1 del art. 2: a las operaciones respecto de las cuales no hubiera nacido la obligación tributaria al 01-10-05. - Tratándose de los traslados a que se reere el inciso c) del num. 2.1 del art. 2: a aquellas que se produzcan a partir del 01-10-05. 4 Incluidos mediante R.S. N.° 258-2005/SUNAT del 29-12-05 se aplicarán respecto de aquellas operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria respecto al IGV se produzca a partir del 1 de febrero de 2006. 5 Porcentaje aplicable a las operaciones cuyo momento para efectuar el depósito se produzca a partir del 03-04-06, según R.S. N.° 056-2006/SUNAT (02-04-06). * Aplicables a las operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se produzca a partir del 01-03-06.
SPOT APLICABLE AL TRANSPORTE DE BIENES REALIZADO POR VÍA TERRESTRE (R. S. N.° 073-2006/SUNAT 13-05-06) 1 Operaciones sujetas al sistema El servicio de transporte realizado por vía terrestre gravado con IGV. 1
Operaciones exceptuadas de la aplicación del sistema
4%
Aplicable para operaciones cuya obligación tributaria del IGV se genere a partir del 1 de octubre de 2006 (Res. de S. N.° 158-2006/SUNAT, publicado el 30-09-06). Excepto para aquellos servicios de transporte de bienes que tengan como punto de origen y/o destino los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, para los cuales se aplica a partir del 01-12-06.
RELACIÓN DE BIENES CUYA VENTA SE ENCUENTRA SUJETA AL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV
DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA PERCEPCIÓN DEL IGV APLICABLE A LA IMPORTACIÓN DE BIENES1 Determinación del monto de la percepción aplicando porcentajes sobre el monto de la operación Porcent. Condición Cuando el importador, a la fecha en que se efectúa la numeración de la DUA o DSI: 1. Tenga domicilio fiscal no habido de acuerdo con las normas vigentes. 2. La SUNAT hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en el RUC y dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria. 3. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición figure en los registros de la Administración Tributaria.
10%
6. Estando inscrito en el RUC no se encuentre afecto al IGV. Cuando el importador nacionalice bienes usados.
5% 3.5%
Cuando el importador no se encuentra en ninguno de los supuestos arriba señalados.
1 Inciso b) Segunda Disposición Transitoria Ley Nº 29173 Régimen de Percepciones del IGV (23.12.07) vigente desde el 02.01.08.
RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IGV APLICABLE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 1 Comprende
Percepción
Los señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos derivados de los Hidrocarburos aprobados por Decreto Supremo N.º 045-2001-EM y normas modificatorias, con excepción del GLP (Gas Licuado de Petróleo).
Uno por ciento (1%) sobre el precio de venta
Inciso a) Segunda Disposición Transitoria. Ley Nº 29173 Régimen de Percepciones del IGV (23.12.07) vigente desde el 02.01.08.
N° 194
Primera Quincena - Noviembre 2009
Referencia
Bienes comprendidos en el régimen
1 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 2 Agua, incluida el agua mineral, natural o artificial y demás bebidas no alcohólicas
Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 1101.00.00.00 Bienes comprendidos en alguna de las siguientes subpartidas nacionales: 2201.10.00.11/2201.90.00.10 y 2201.90.00.90/ 2202.90.00.00 Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 2203.00.00.00 Bienes comprendidos en alguna de las siguientes subpartidas nacionales: 2711.11.00.00/2711.19.00.00 Bienes comprendidos en la subpartida na cional: 2811.21.00.00 Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 3907.60.00.10 Sólo envases o preformas, de poli (tereftalato de etileno), comprendidos en la subpartida nacional: 3923.30.90.00 Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 3923.50.00.00 Bienes comprendidos en alguna de las siguientes subpartidas nacionales: 7010.10.00.00/7010.90.40.00
3 Cerveza de malta
5 Dióxido de carbono
5. Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero.
La adquisición de combustibles líquidos derivados del petróleo, que se encuentren gravadas con el IGV.
Apéndice 1 Ley Nº 29173 Régimen de Percepciones del IGV (23.12.07) vigente desde el 02.01.08.
4 Gas licuado de petróleo
4. No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DUA o DSI.
1
Porcentaje
No se aplicará el sistema en los siguientes casos: - El importe de la operación o el valor referencial sea igual o menor a S/. 400.00 - Se emita comprobante de pago que no permita sustentar crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios. Salvo cuando el usuario sea una entidad del Sector Público Nacional. - El usuario del servicio tenga la condición de no domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta.
6 Poli (tereftalato de etileno) sin adición de dióxido de titanio, en formas primarias 7 Envases o prefomas, de poli (tereftalato de etileno) (PET) 8 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 9 Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio 10 Tapones y tapas, cápsulas para botellas, Bienes comprendidos en alguna de las siguientes tapones roscados, sobretapas, precintos y subpartidas nacionales: 8309.10.00.00 y 8309.90.00.00 demás accesorios para envases, de metal común 11 Trigo y morcajo (tranquillón) Bienes compr endido s en algun a de las sigui entes subpartidas nacionales: 1001.10.10.00/1001.90.30.00 12 Bienes vendidos a través de catálogos Bienesque sean ofertados por catálogo ycuya adquisición se efectué por consultores y/o promotores de ventas del agente de percepción. 13 Pinturas, barnices y pigmentos al agua Bienes comprendidos en alguna de las siguientes preparados de los tipos utilizados para el subpartidas nacionales: 3208.10.00.00/3210.00.90.00. acabado del cuero.
Actualidad Empresarial
-27
I
I
Indicadores Tributarios Referencia
Bienes comprendidos en el régimen
Referencia
14 Vidrios en placas, hojas o perfiles; colado o laminado, estirado o soplado, flotado, desbastado o pulido; incluso curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmar- Bienes comprendidos en alguna de car ni combinar con otras materias; vidrio de seguridad las siguientes subpartidas nacionales: constituido por vidrio templado o contrachapado; 7003.12.10.00/7009.92.00.00. vidrieras aislantes de paredes múltiples y espejos de vidrio, incluido los espejos retrovisores. 15 Productos laminados ; alambrón; barras; perfiles; alambre; tiras; tubos; accesorios de tuberías; cables, trenzas, eslingas y artículos similares; de fundición hierro o acero; y puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas y artículos similares; de fundición, hierro, o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre.
18 Jugos de hortalizas, frutas y otros frutos
Bienes comprendidos en alguna de las siguientes subpartidas nacionales: 2009.11.00.00 / 2009.90.00.00.
19 Discos ópticos y estuches porta discos
Sólo los discos ópticos y estuches porta disco, comprendidos en alguna de las siguientes subpartidas nacionales: 3923.10.00.00, 3923.21.00.00, 3923.29.00.90, 3923.90.00.00, 4819.50.00.00 y 8523.90.90.00.
Bienes comprendidos en alguna de las siguientes subpartidasnacionales:7208.10.10.00/7217.90.00.00, 7219.11.00.00/ 7223.00 .00.00 , 7225.11.00.00/7229.90.00.00, 7301.20.00.00, 7303.00.00.00/ 7307.99.00.00, 7312.10.10.00/7313.00.90.00 y 7317.00.00.00.
PORCENTAJES PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA PERCEPCIÓN A LA VENTA DE BIENES 1
16 Adoquines, encintados (bordillos), losas, pla- Bienes comprendidos en alguna de las siguiencas, baldosas, losetas, cubos, dados y artículos tes subpartidas nacionales: 6801.00.00.00, similares. 6802.10.00.00 y 6907.10.00.00/6908.90.00.00. 17 Fregaderos (pilletas de lavar), lavabos, pedestales Bienes comprendidos en alguna de las siguiende lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas tes subpartidas nacionales: 6910.10.00.00/ (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y 6910.90.00.00. aparatos fijos similares, de cerámicas, para usos sanitarios.
Bienes comprendidos en el régimen
1
Condición
Porcentaje
Cuando por la operación sujeta a percepción se emita comprobante de pago que permite ejercer el derecho a crédito fiscal y el cliente figure en el «Listado de clientes que podrán estar sujetos al porcentaje del 0.5% de percepción del IGV».
0.5%
En los demás casos no incluidos anteriormente.
2%
Inciso c) Segunda Disposición Transitoria. Ley Nº 29173 Régimen de Percepciones del IGV (23.12.07) vigente desde el 02.01.08.
LIBROS Y REGISTROS CONTABLES Y PLAZO MÁXIMO DE ATRASO Cód.
1
L ib ro c aj a y b an co s
Máximo atraso permitido
Acto o circunstancia que determina el inicio del plazo para el máximo atraso permitido
Cód.
Tres (3) meses
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se realizaron las operaciones relacionadas con el ingreso o salida del efectivo o quivalente del efectivo.
16
Diez (10) días hábiles
Tratándose de deudores tributarios que obtengan rentas de segunda categoría: desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se cobre, se obtenga el ingreso o se haya puesto a disposición la renta.
17
Desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable.
18
2
Libro de ingresos y gastos
3
Libro de inventarios y balances
Régimen General
Tres (3) meses
4
Libro de retenciones incisos e) y f) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta*
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se realice el pago.
5
Libro diario
Tres (3) meses
Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones.
Libro diario de formato Simplificado
Tres (3) meses
Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas la operaciones
Libro mayor
Tres (3 meses
Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones.
7
Registro de activos fijos
Tres (3) meses
Desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable.
8
Re gi st ro de co mp ra s
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
9
Registro de consignaciones
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
10
Registro de costos
Tres (3) meses
Desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable.
11
Registro de huéspedes
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se emita el comprobante de pago respectivo.
Un (1) mes
Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones relacionadas con la entrada o salida de bienes.
Tres (3) meses
Desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones relacionadas con la entrada o salida de bienes.
5-A 6
12
Registro de inventario permanente en unidades físicas**
13
Registro de inventario permanente valorizado**
14
Registro de ventas e ingresos
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se emita el comprobante de pago respectivo.
15
Registro de ventas e ingresos - artículo 23 Resolución de Superintendencia N.° 266-2004/SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se emita el comprobante de pago respectivo.
-28
I
Libro o Registro vinculado a asuntos tributarios
Instituto Pacífico
Libro o Registro vinculado a asuntos tributarios
Máximo atraso permitido
Acto o circunstancia que determina el inicio del plazo para el máximo atraso permitido
Registro del régimen de percepciones
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se emita el documento que sustenta las transacciones realizadas con los clientes.
Registro del régimen de retenciones
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione o emita, según corresponda, el documento que sustenta las transacciones realizadas con los proveedores.
Registro IVAP
Diez (10) días hábiles
Desde la fecha de ingreso o desde la fecha del retiro de los bienes del Molino, según corresponda.
19
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - artículo 8 Resolución de Superintendencia N.° 022-98/ SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
20
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5 Resolución de Superintendencia N.° 021-99/SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
21
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5 Resolución de Superintendencia N.° 1422001/SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
22
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer párrafo artículo 5 Resolución de Superintendencia N.° 2562004/SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
23
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5 Resolución de Superintendencia N.° 2572004/SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
24
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso c) primer párrafo artículo 5 Resolución de Superintendencia N.° 2582004/SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
25
Registro(s) auxiliar(es) de adquisiciones - inciso a) primer párrafo artículo 5 Resolución de Superintendencia N.° 2592004/SUNAT
Diez (10) días hábiles
Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el comprobante de pago respectivo.
* Se exceptúa de llevar este libro a los sujetos que lleven la Planilla Electrónica a que se refiere el D.S. Nº 098-2007-TR, según lo señala el articulo 3º del D.S. 177-2008-EF (30.12.08), vigente desde el 31.12.08. ** Por el artículo 5º de la Resolución de Superintendencia Nº 239-2008/SUNAT (31-12-08), se incorpora el numeral 13.4 del artículo 13º de la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT en la que se señala que los contribuyentes que se encuentren obligados a llevar el registro de inventario permanente valorizado, se encuentran exceptuados de llevar el registro de inventario permanente en unidades físicas; esta disposición está vigente desde el 1 de enero de 2009.
N° 194
Primera Quincena - Noviembre 2009
I
Área Tributaria
VENCIMIENTOS Y FACTORES TABLA DE VENCIMIENTOS PARA LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE VENCIMIENTO MENSUAL, CUYA RECAUDACIÓN EFECTÚA LA SUNAT 1 VENCIMIENTO DE ACUERDO AL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC
Período Tributario
BUENOS CONTRIBUYENTES 0, 1, 2, 3 y 4 5, 6, 7, 8 y 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ene. 09 Feb. 09 Mar. 09 Abr. 09 May. 09 Jun. 09 Jul. 09 Ago. 09 Set. 09
11 feb. 12 mar. 17 abr. 18 may. 16 jun. 17 jul. 20 ago. 21 set. 09 oct.
12 feb. 13 mar. 20 abr. 19 may. 17 jun. 20 jul. 21 ago. 08 set. 12 oct.
13 feb. 16 mar. 21 abr. 20 may. 18 jun. 21 jul. 10 ago. 09 set. 13 oct.
16 feb. 17 mar. 22 abr. 21 may. 19 jun. 08 jul. 11 ago. 10 set. 14 oct.
17 feb. 18 mar. 23 abr. 22 may. 08 jun. 09 jul. 12 ago. 11 set. 15 oct.
18 feb. 19 mar. 24 abr. 11 may. 09 jun. 10 jul. 13 ago. 14 set. 16 oct.
19 feb. 20 mar. 13 abr. 12 may. 10 jun. 13 jul. 14 ago. 15 set. 19 oct.
20 feb. 09 mar. 14 abr. 13 may. 11 jun. 14 jul. 17 ago. 16 set. 20 oct.
09 feb. 10 mar. 15 abr. 14 may. 12 jun. 15 jul. 18 ago. 17 set. 21 oct.
10 feb. 11 mar. 16 abr. 15 may. 15 jun. 16 jul. 19 ago. 18 set. 22 oct.
23 feb. 24 mar. 27 abr. 26 may. 22 jun. 23 jul. 24 ago. 23 set. 23 oct.
24 feb. 23 mar. 28 abr. 25 may. 23 jun. 22 jul. 25 ago. 22 set. 26 oct.
Oct. 09 Nov. 09
10 nov. 11 dic.
11 nov. 14 dic.
12 nov. 15 dic.
13 nov. 16 dic.
16 nov. 17 dic.
17 nov. 18 dic.
18 nov. 21 dic.
19 nov. 22 dic.
20 nov. 09 dic.
09 nov. 10 dic.
24 nov. 23 dic.
23 nov. 23 dic.
Dic. 09
14 ene.
15 ene.
18 ene.
19 ene.
20 ene.
21 ene.
22 ene.
11 ene.
12 ene.
13 ene.
26 ene.
25 ene.
1 Resolución de Superintendencia N° 237-2008/SUNAT (30-12-08).
TASA DE INTERÉS MORATORIO (TIM) EN MONEDA NACIONAL (S/.) Vigencia
Mensual
Diaria
Base Legal
Del 07-02-03 a la fecha
1.50%
0.0500%
R.S. N.° 032-2003/SUN AT (06-02-03)
Del 01-11-01 al 06-02-03
1.60%
0.0533%
R.S. N.° 126-2001/SUN AT (31-10-01)
Del 01-01-01 al 31-10-01
1.80%
0.0600%
R.S. N.° 144-2000/SUN AT (30-12-00)
Del 03-02-96 al 31-12-00
2.20%
0.0733%
R.S. N.° 011-96-EF/SUN AT (02-02-96)
Del 01-10-94 al 02-02-96
2.50%
0.0833%
R.S. N.° 079-94-EF/SUN AT (30-09-94)
TASA DE INTERÉS MORATORIO (TIM) EN MONEDA EXTRANJERA ($) Vigencia
Mensual
Diaria
Base Legal
Del 01-02-04 a la fecha
0.75%
0.02500%
R.S. N.° 028-2004/SUNAT (31-01-04)
Del 07-02-03 al 31-01-04
0.84%
0.02800%
R.S. N.° 032-2003/SUNAT (06-02-03)
Del 01-11-01 al 06-02-03
0.90%
0.03000%
R.S. N.° 126-2001/SUNAT (31-10-01)
Del 01-08-00 al 31-10-01
1.10%
0.03667%
R.S. N.° 085-2000-EF/SUNAT (30-07-93)
Del 01-12-92 al 31-07-00
1.50%
0.05000%
R.S. N.° 214-92-EF/SUNAT (02-12-92)
*PLAZO PARA LA DECLARACIÓN CRONOGRAMA DE ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES PRECIOS DE TRANSFERENCIA FINANCIERAS EJERCICIO 2008 AÑO 2008 Último dígito de RUC
Fecha de Vencimiento
Último dígito del Nº del RUC o DNI
9
26-03-2009
0
9 de Octubre2009
0
27-03-2009
1
12 de octubre 2009
1
30-03-2009
2
13 de octubre 2009
2
31-03-2009
3
14 de octubre 2009
3
01-04-2009
4
15 de octubre 2009
4
02-04-2009
5
16 de octubre 2009
5
03-04-2009
6
19 de octubre 2009
6
06-04-2009
7
20 de octubre 2009
7
07-04-2009
8
21 de octubre 2009
8
08-04-2009
9
22 de octubre 2009
* Resolución de Superintendencia Nº 001-2009/ SUNAT (Publicado el 09.01.09).
N° 194
*
Fecha de Vencimiento
Resolución de Superintendencia Nº 169-2009/
SUNAT ( Publicado el 08.08.09).
Primera Quincena - Noviembre 2009
FACTORES DE ACTUALIZACIÓN A UTILIZARSE EN EL AJUSTE INTEGRAL EN LOS EE.FF. POR EFECTOS DE LA INFLACIÓN (1) Mes/año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1.051 1.042 1.030 1.026 1.023 1.020 1.012 1.006 1.002 1.001 1.000 1.000
1.053 1.041 1.035 1.029 1.027 1.026 1.020 1.019 1.014 1.009 1.004 1.000
1.038 1.034 1.030 1.025 1.024 1.022 1.016 1.016 1.009 1.005 1.001 1.000
0.977 0.975 0.974 0.975 0.975 0.976 0.982 0.986 0.984 0.990 0.995 1.000
1.019 1.023 1.022 1.015 1.015 1.015 1.009 1.007 0.998 0.993 0.996 1.000
1.022 1.017 1.009 1.011 1.013 1.016 1.019 1.017 1.010 1.008 1.006 1.000
1.043 1.030 1.020 1.014 1.007 1.001 0.999 1.001 1.000 1.000 0.997 1.000
Promedio Anual
1.018 1.065
1.023 1.055
1.018 1.038
0.982 0.978
1.009 1.017
1.012 1.020
1.009 1.049
1 Factores de Actualización aprobados por Resolución de Contaduría Nº 179-2005-EF/93.01 (13-01-05).
TASAS DE DEPRECIACIÓN
1
Bienes
Porcentaje Anual Máximo de Depreciación
1 Edificios y otras construcciones. 2 Ganado de trabajo y reproducción ; redes de pesca. 3 Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general. 4 Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de construcción; excepto muebles, enseres y equipos de oficina. 5 Equipos de procesamiento de datos. 6 Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01-01-91. 7 Otros bienes del activo fijo. 8 Gallinas
3% 2 25% 20% 20% 25% 10% 10% 75% 3
1 Art. 22 del Reglamento de LIR D.S. N.° 122-94-EF (21-09-04).
2 Tasa de depreciación ja anual. 3 R.S. N.° 018-2001/SUNAT (30-01-01).
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PREDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 (30-05-09) Último dígito del N° RUC o documento de identidad
Fechas de vencimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o una letra
25 de agosto de 2009 26 de agosto de 2009 27 de agosto de 2009 28 de agosto de 2009 31 de agosto de 2009 1 de setiembre de 2009 2 de setiembre de 2009 3 de setiembre de 2009 4 de setiembre de 2009 7 de setiembre de 2009
Base Legal: R.S. Nº 114-2009/SUNAT (30.05.09).
Actualidad Empresarial
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