TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Jorge Carrion Lugo TOMO I GRIJLEY. Lima. 2000
PRESENTACIÓN De primera intención debemos señalar que el presente Tratado está destinado a todos aquellos que transitan la teoría y la práctica del proceso en general y del proceso civil en particular; constituyéndose, por lo tanto, en una guía para los estudiantes de Derecho procesal civil, en un conjunto de propuestas para el debate de los especialistas y en un instrumento de orientación para los profesionales que ejercen la defensa en los tribunales. Chiovenda enseñaba que “el puro teórico en el procedimiento es algo que carece de sentido; pero el puro práctico es una desdicha”. El presente Tratado puede catalogarse como el resultado de la larga trayectoria de su autor como magistrado y docente universitario, en la que ha venido cultivando las siguientes ramas: el Derecho procesal civil, el Derecho procesal constitucional y el Derecho procesal del trabajo. En las tres actividades se han combinado el estudio de las teorías de dichas ciencias jurídicas como su aplicación práctica en los casos que ha tenido que resolver ejercitando su función jurisdiccional como juez o ejercitando la enseñanza como docente. Su experiencia en la función jurisdiccional abarca desde cuando fue Juez de Paz Letrado de Lince, pasando por el cargo de juez especializado en lo Civil de Lima, vocal de la Corte Superior de Lima, hasta ocupar por espacio de ocho años el cargo de vocal de la Corte Suprema, integrando salas civiles y de Derecho constitucional y social, en las áreas jurídicas de Derecho civil, Derecho constitucional y Derecho procesal en general. Su experiencia como docente comprende sus enseñanzas en las Facultades de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de San Martín de Porres, ambas de Lima, dictando las cátedras de Derecho Procesal Civil en sus distintas ramas subespecializadas, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal del Trabajo. Su labor docente comprende también sus enseñanzas en la Academia de la Magistratura en la formación de futuros jueces y fiscales en las distintas jerarquías. Todo este cúmulo de actividades no solo han generado las condiciones necesarias para concebir el Derecho procesal civil desde la visión teóricopráctica en todas sus facetas, perspectivas e instituciones –por ello la denominación de Tratado–, sino también la decisión de publicarlo, en la seguridad de que en esta obra el lector encuentre respuestas sobre la variedad de temas que constituye el Derecho procesal civil, vinculado naturalmente a nuestro ordenamiento jurídico, así como la posición que adopta su autor sobre cada uno de los institutos procesales, sin descuidar la naturaleza cambiante del Derecho, que ha influido en la concepción del autor en relación con los indicados institutos. Empero, cabe señalar, que es imposible cubrir todos los temas que se presentan en el área anotada. Las ideas que se vierten en esta obra, naturalmente, han ido madurando con el transcurso del tiempo, especialmente con la enseñanza del Derecho procesal
civil que ejerce su autor, hasta adquirir el desarrollo de un Tratado, el cual aspira a ser un estudio completo de todas las instituciones que lo comprenden. Sin embargo, esta aspiración solo se verá cristalizada en ediciones futuras, como lo hacen otros autores. La revisión de los primeros borradores de esta obra, antes de presentarla para la lectura del público interesado, hizo que incrementara su contenido tomando en cuenta la más reciente doctrina expuesta por estudiosos sobre la materia, la cual no solo es citada, sino también transcrita por considerarla importante. Igualmente, se ha querido enriquecer la exposición con la inserción de ejecutorias dictadas por nuestros tribunales judiciales, que naturalmente amplían la explicación y clarifican su ejercicio práctico. Para un adecuado estudio de los temas que contiene, el presente tratado se ha dividido en varios volúmenes. Los tres primeros comprenden la teoría general del proceso civil con referencia a nuestro ordenamiento procesal civil y los siguientes abarcan y abarcarán el examen y el análisis sistemático, doctrinario y jurisprudencial de los procedimientos civiles contenciosos regulados por el ordenamiento procesal civil nacional, que incluye también el proceso civil en el área del Derecho de familia y en el campo contencioso administrativo. También estudiamos lo relativo a las medidas cautelares y a los procedimientos no contenciosos. En el primer volumen (Teoría General del Proceso Civil. Primera parte) ubicamos el estudio del Derecho procesal civil como ciencia jurídica específica dentro del Derecho procesal en general; examinamos los sistemas y los principios procesales reguladores del proceso civil, especialmente los que recoge nuestro ordenamiento procesal civil interno. Estudiamos, igualmente, y de modo especial, las instituciones como la acción, la jurisdicción y la competencia, que son pilares fundamentales en la edificación doctrinaria del Derecho que nos ocupa. Del mismo modo, tratamos el proceso civil como instrumento, los sujetos que intervienen en el proceso, así como los hechos y los actos procesales. En el segundo volumen (Teoría General del Proceso Civil. Segunda parte) tratamos los medios probatorios y la actividad probatoria, los medios impugnatorios y la postulación del proceso. En efecto, como lo explicamos en el desarrollo de la obra, los procesos, dentro de ellos el civil, sirven para resolver los conflictos de intereses y para dilucidar las incertidumbres, ambas de relevancia jurídica; empero, dentro de ellos, es vital el conocimiento doctrinario y práctico de la actividad probatoria. En materia probatoria –se dice– no basta alegar hechos para que una pretensión procesal sea amparada por el juez, sino, para dicho propósito, deben probarse esos hechos. La apreciación y evaluación de los medios probatorios utilizados y de los propios hechos aportados al proceso usándose esos medios constituyen temas esenciales en el estudio de todo proceso judicial. Igualmente, el análisis de la actividad impugnatoria es esencial no solo para conocer esta actividad como mecanismo de revisión de decisiones judiciales para
garantizar la pluralidad de instancias, sino también para tener conciencia que su estudio y su utilización aseguran y propician decisiones correctas, legales y justas sobre la base de la revisión. Al estudiar la postulación del proceso realmente examinamos la forma cómo se configura la materia en controversia dentro del proceso civil y las fases esenciales del desarrollo del proceso, dentro de ellas: la proposición de las pretensiones procesales, el saneamiento, la audiencia de pruebas y, eventualmente, la decisión anticipada. Nuestro Código Procesal Civil legisla la postulación del proceso como un tema genérico a todos los tipos de proceso civil regulados por nuestro ordenamiento. He ahí la razón para el estudio de ese tema dentro de un capítulo singular. Claro está que al estudiar cada tipo de proceso civil se hace alusión a la postulación del proceso en el ámbito específico. En el tercer volumen (Teoría General del Proceso. Tercera parte) tratamos de la actividad decisoria del juez. Dentro de ese tema genérico nos ocupamos de las fuentes del Derecho, de la aplicación de la norma jurídica como tarea esencial del juez, de la motivación de las resoluciones judiciales y el razonamiento jurídico, finalizando con el tema relativo a la técnica en la estructuración y elaboración de las resoluciones judiciales. Todos estos temas tienen relación esencial con la actividad decisoria del juzgador. Debemos señalar que la argumentación jurídica es esencial dentro de la actividad decisoria del juez. En efecto, en la práctica del Derecho, especialmente en la actividad relacionada con la administración de justicia, como ocurre también en otras áreas del conocimiento, se evidencia no solo la naturaleza de la argumentación que se utiliza, sino también la necesidad de tecnificarla y perfeccionarla. El buen juez o el buen abogado se caracterizan por manejar con habilidad la argumentación jurídica. Los estudiosos de la materia han elaborado todo un conjunto de conocimientos que ha dado lugar a la denominada “teoría de la argumentación jurídica”. Lo que aspiramos en el tercer volumen es hacer determinados planteamientos con el objeto de que el lector encuentre temas de reflexión relacionados especialmente con la argumentación judicial vinculados a la administración de justicia, con el propósito de contribuir naturalmente a mejorar lo que ahora se concibe como tal, tanto en el plano teórico como en el práctico. En la actividad decisoria que desarrollan nuestros jueces, concretamente en las resoluciones que emiten, se reflejan modalidades, estilos, características y formatos, que contienen argumentaciones que exigen unificarlos, perfeccionarlos y mejorarlos. Por ello, en el tercer volumen, tratamos una serie de temas que tienen vinculación con la actividad decisoria del juez y, específicamente, con la argumentación judicial, según la cual los juzgadores estructuran y elaboran sus decisiones. En igual sentido, aludimos a los abogados en su intervención en los procesos, por ejemplo, cuando presentan los escritos de demanda, la contestación de esta, los alegatos, los recursos impugnatorios, etc.; en cuya tarea recurren necesariamente a la argumentación jurídica. Con los objetivos señalados en ese volumen, comprendemos las fuentes del Derecho, en el entendido que el juez necesariamente tiene que conocer el Derecho que debe
aplicar al decidir la causa. Es verdad que el estudio de las fuentes del Derecho corresponde a la teoría general del Derecho; empero, dada su aplicación en las decisiones judiciales, hemos considerado pertinente su estudio en este Tratado, pero no con la profundidad que se asume en su verdadera ubicación de estudio. Es cierto también que en el estudio que hacemos damos mayor énfasis al análisis de la norma jurídica legal que, acorde con nuestro ordenamiento jurídico, constituye la fuente del Derecho por excelencia. A continuación, analizamos la aplicación del Derecho como tarea permanente de los jueces. La aplicación del Derecho, en su acepción más genérica, en las decisiones judiciales nos conduce a tratar específicamente la interpretación de las normas jurídicas, las antinomias jurídicas, la integración del Derecho, la aplicación de las normas en el tiempo y en el espacio. Luego profundizamos en la motivación de las resoluciones judiciales y del razonamiento jurídico, en donde damos nociones elementales de la lógica formal y de la lógica dialéctica. Finalizamos dicho tercer volumen con el tema relativo a la estructuración y elaboración de resoluciones judiciales, tanto de las de mérito como de las de casación. Con lo estudiado en el tercer volumen, remarcamos, no se ha agotado el tratamiento de los temas que comprende. El compromiso de seguir ampliando su estudio es permanente. En el cuarto volumen nos ocupamos de los procesos civiles regulados por el Código Procesal Civil, que comprenden los procesos de cognición o contenciosos propiamente dichos, como son los procesos de conocimiento, abreviado y sumarísimo. Aquí variamos lo que dijimos en la presentación del tercer volumen. Señalamos ahora que en este volumen (en el cuarto) no estudiamos el proceso único de ejecución que, a raíz de la promulgación el 28 de junio de 2008 del Decreto Legislativo Nº 1069, nos impulsó a tratarlo en otro volumen (en el quinto). Estudiamos, en el volumen cuarto, los denominados procesos de cognición, que se caracterizan fundamentalmente porque su finalidad es obtener en términos generales una declaración del Derecho, con la eventualidad de ejecutarse, que en nuestro ordenamiento procesal civil se regula en tres sub especies: de conocimiento, abreviado y sumarísimo, que en lo sustancial se diferencian por la amplitud del trámite con que han sido concebidos, de modo que los asuntos que requieren de un amplio debate se someten al trámite del proceso lato, de conocimiento, y asuntos que requieren de un debate brevísimo, al proceso sumarísimo, pasando por el intermedio, el proceso abreviado. Lo estudiado en los tres primeros volúmenes servirá para que el lector comprenda con mayor claridad la exposición que hacemos en los volúmenes cuarto y quinto de los procesos contenciosos y del proceso único de ejecución, que incluye también el estudio del proceso civil cuando se trata de pretensiones procesales relacionadas al Derecho de familia, como el proceso de divorcio, de separación de cuerpos, de alimentos, de interdicción, etcétera. En el quinto volumen, en efecto, tratamos el proceso único de ejecución, impulsados por la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1069, publicado el 28 de junio de 2008, que en lo esencial concibe como un proceso unitario para la
ejecución de títulos que contienen obligaciones generadas judicial o extrajudicialmente. Comprende también el estudio de las medidas cautelares y de la ejecución forzada, que han sido objeto de modificación legislativa. Se incluye el comentario a las modificaciones establecidas por la ley Nº 29384 relativo a las medidas cautelares. Debemos anotar que como la legislación nacional en materia procesal, especialmente cuando se trata del orden civil, viene modificándose continuamente, su autor se encuentra obligado a actualizar los temas tratados en forma permanente, como en efecto se viene haciendo. Como lo señalamos en la primera edición de los dos primeros volumenes de este Tratado, hoy vislumbramos que la presente obra, especialmente el quinto volumen, será tal vez objetada en su concepción y contenido. Los posibles errores que pudieran encontrarse en su desarrollo deben atribuirse a las naturales limitaciones de orden material que se han presentado en su elaboración, así como a la inexistente publicación de autores nacionales que hayan comentado el nuevo proceso único de ejecución. Las críticas que se propongan no solo serán saludables, sino también demostrativas de la importancia de la publicación y difusión de esta obra, pues las objeciones serias que se formulen serán beneficiosas para el permanente debate que debemos mantener sobre el Código Procesal Civil y para su continuo perfeccionamiento. No olvidemos que la presente obra está dedicada a los estudiantes de Derecho procesal civil, a los abogados y a los magistrados de las especialidades afines a dicha materia. Repetimos lo que expresamos en la primera edición: los temas de derecho, dentro de ellos los relativos al Derecho procesal, por su naturaleza, son discutibles, opinables y dignos de reflexión. Queremos terminar señalando nuestro especial reconocimiento a los alumnos de los estudios de posgrado (maestría y doctorado) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Martín de Porres, quienes han contribuido en el enriquecimiento del contenido de la presente obra, proponiendo conocimientos e ideas en los debates académicos que hemos sostenido en los claustros correspondientes sobre variados temas vinculados a nuestro ordenamiento procesal civil. JORGE CARRIÓN LUGO
Capítulo I Aspectos generales
Capítulo II ACCION, JURISDICCION y COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL
CAPÍTULO III EL PROCESO CIVIL COMO INSTRUMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL
Capítulo IV SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
Capítulo V LOS HECHOS Y LOS ACTOS PROCESALES
Capítulo I Aspectos generales 1 . CONCEPCION y NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO PROCESAL
Progresivamente, con el devenir histórico de la humanidad, se ha llegado al estado actual en que al Estado ,se le ha atribuido la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional. La sociedad, que está conformado por individuos, desde los albores de la vida del hombre, ha estado regulado por el derecho como un medio que hace posible la vida en común. En la sociedad, la vida en común, de los hombres, sin embargo, no siempre se ha desarrollado normalmente; con frecuencia se producen en ella conflictos que se solucionan precisamente aplicando el derecho. La forma de solucionarlos ha ido variando en forma progresiva desde cuando los propios contrincantes acudían a su propia fuerza, pasando por encomendar a terceros su solución, hasta llegar a la situación en que el Estado ha asumido esa tarea de resolverlos.
Para que el Estado, mediante sus organismos pertinentes, pueda intervenir en la solución de los conflictos, tienen que producirse determinadas condiciones que normalmente se dan cuando el derecho de un individuo o de una colectividad es afectado por otro individuo o por otra colectividad, ya sea porque se tratan de derechos contrapuestos o porque se producen violaciones, desconocimientos o incumplimientos de los mismos. El Estado, para la solución de las controversias, no sólo se ha concretado a establecer las normas sustantivas pertinentes para tal propósito, además de establecer organismos especializados para dicha tarea, sino ha tenido que establecer un orden en el debate, asegurando el ejercicio del derecho de defensa de los contrincantes, lo que viene a constituir las reglas de procedimiento que tienen que' observarse para llegar a la decisión final válida y con efecto de cosa juzgada. Por consiguiente, el Estado, para cumplir en concreto con la función jurisdiccional, ha establecido los organismos encargados de administrar justicia, ha fijado sus competencias y ha previsto las normas de procedimiento para el debate judicial. El Derecho procesal tiene que ver, por tanto, con el conjunto de normas que regulan esa actividad del Estado para resolver los conflictos que se producen en la colectividad y que son sometidos a su decisión aplicando el derecho objetivo al caso concreto. Para precisar conceptos, hay que distinguir las normas jurídicas que resuelven directamente el conflicto de intereses reconociendo un derecho o imponiendo una obligación (normas jurídicas materiales o sustantivas) y las normas que regulan las condiciones de los actos encaminados a resolver el conflicto, los medios para dictar la solución e imponerla, y las reglas que establecen el modo de resolverlo (normas jurídicas instrumentales o formales). En un comienzo las reglas de procedimiento no ,sólo se hallaban reguladas
dentro del mismo cuerpo que contenían las normas materiales, sino que participaban de su naturaleza jurídica, calificándose como un aspecto de las normas sustantivas, confundiendo la acción con el derecho material, hasta que se fue independizando, llegando a conformar cuerpos legales autónomos con náturaleza propia. Es así como ha venido originándose el Derecho procesal, cuya autonomía no puede negarse. Ahora podemos distinguir claramente la naturaleza y el objeto de las normas de or den procesal respecto de las de orden material, por lo que el Derecho que tiene relación con el estudio del proceso, que está regulado por normas procesales, tiene su singularidad propia respecto al Derecho que estudia las normas sustantivas en los distintos ámbitos, civil, penal, comercial, administrativo, etc.
El Derecho procesal, claro está, tiene una elaboración posterior al derecho sustantivo. Su origen y desarrollo comQ~iencia autónoma corresponde realmente a fines del siglo pasado y al presente siglo. No es propósito de esta obra hacer un comentario de la historia del Derecho procesal; sin embargo, eso no nos impide hacer algunas anotaciones para comprender cómo hemos llegado al estado actual en dicha materia, en donde podemos hablar con rigor de una Ciencia del Derecho procesal en general y del Derecho procesal civil en particular (como en otras ramas procesales). En ese sentido Enrique VÉSCOVI (1) escribe: "En el desarrollo evolutivo del derecho procesal, aprendemos que el que nos rige tiene sus remotas raíces en el derecho romano, en el cual se originan la mayoría de las instituciones que conocemos. Unas pocas nos vienen del proceso germano por medio de la integración del proceso romano-canónico que se gestó en la Edad Media. La Revolución Francesa trajo importantes modificaciones a este proceso intermedio en materia tanto civil como penal, producto de lo cual son los códigos franceses del proceso civil de 1806 y del proceso penal (instrucción criminal) de 1808, que constituyen los más importantes modelos de los códigos modernos y contemporáneos".
Nuestro Derecho procesal, como el de los demás países latinoamericanos, proviene del de España. La Ley de Enjuiciamiento Civil (leyes de 1855 y 1881) Y de Instrucción Criminal (ley de 1882), incuestionablemente han inspirado nuestros ordenamientos procesales en dichas materias.
Debemos remarcar que, casi por consenso, se reconoce al derecho como una ciencia que estructura un conjunto o sistema de conocimientos, alrededor de su objeto central de estudio constituido por las normas jurídicas en su concepción más genérica. Eduardo B. CARLos (2) apunta: "Admitimos, pues, una ciencia del derecho en cuanto postula un conjunto o sistema de conocimientos que versan sobre un objeto determinado, constituido por las normas jurídicas". El Derecho Procesal, como rama jurídica en particular, desde el punto de vista de la Teoría general del proceso, se concibe como
una ciencia jurídica que tiene por objeto central de su estudio al proceso, instrumento jurídico mediante el cual el Estado, ejercitando su función jurisdiccional, resuelve los conflictos de intereses de orden jurídico o dilucida las incertidumbres jurídicas que se le someten a su decisión. El proceso, en ese sentido, se constituye en un instrumento que contribuye incluso a la realización de los objetivos de un ordenamiento de derecho, a la tangibilización del derecho objetivo, tutelando, lógico está, el derecho subjetivo de sus titulares que haya sido violado. El profesor Juan MONROY GÁLVEZ (3), sobre la autonomía del derecho procesal, dice lo siguiente: "Por lo demás, la autonomía científica del derecho procesal no ha descartado ni soterrado su función instrumental respecto del derecho material. Es una función reconocida y admitida; en cualquier caso se trata de una subordinación lógica. Dentro de un sistema jurídico, las distintas disciplinas que conforman el derecho tienen funciü:nes específicas que cumplir a fin de garantizar la unidad del sistema. El derecho procesal es una disciplina jurídica más, en consecuencia, hay que analizar su función, sin escamotear un ápice su virtualidad científica", El Derecho Procesal Civil, en el sentido anotado, se concibe como una ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso civil; es decir, el estudio de los institutos que lo conforman, de los principios, de las normas y de las garantías que lo regulan como instrumento para el ejercicio, por el Estado, de su función jurisdiccional en materia civil; en su estudio, naturalmente, tiene que comprender el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a que tienen derecho todos los justiciables, la estructura de los órganos jurisdiccionales, sus respectivas competencias, las reglas de procedimiento relativas al debate jurídico y a la ejecución de la decisión. Empero, hay autores que excluyen del ámbito del Derecho procesal el estudio relativo a los órganos judiciales y a la competencia, ubicándolos dentro del llamado Derecho Judicial.
Sobre el contenido del Derecho procesal es interesante la descripción que hace Pedro ARAGONESES ALONSO (4) en los siguientes términos: "Por ello se establece con criterio compartido por la generalidad de la doctrina como contenido del Derecho pro cesal: a) Las normas relativas al denominado derecho orgánico o derecho judicial, las referentes al Ministerio Fiscal y las que afectan a las propias partes procesales, incluso a los sujetos encargados de la postulación, no obstante su organización corporativa. b) En cuando al objeto del proceso, no se limita al análisis de la pretensión concebida como una simple actuación, sino que se extiende al estudio de la acción concebida como un derecho subjetivo público a obtener una sentencia de un contenido determinado, lo que GOLDSCHMIDT denomina pretensión de tutela jurídica, y que constituye el sector puente por él llamado derecho justicial material. c) Menos dudas ofrece como contenido del Derecho procesal el análisis de la pura actividad procesal desde su iniciación hasta su terminación, pasando por su desarrollo. d) Por las mismas razones antes apuntadas forman parte del Derecho procesal los efectos del proceso y el conjunto de la
ejecución, cuyo carácter de derecho justicial material ha sido puesto de relieve anteriormente. e) Y por razones históricas, exclusivamente, se estudia generalmente en el Derecho procesal la llamada jurisdicción voluntaria".
2. RAMAS DEL DERECHO PROCESAL
Antes de señalar las ramas en que se ha dividido el Derecho' Procesal apuntamos una disquisición que se hace sobre su ubicación ya sea dentro del derecho público o del derecho privado, cuya separación defienden algunos estudiosos. Cóncebido el Derecho procesal como una ciencia jurídica, existe en efecto preocupación en determinar si forma parte del derecho público o del derecho privado. Nosotros lo ubicamos como integrante del derecho público en atención a que su estudio tiene relación con una de las funciones públicas fundamentales que ejerce el Estado: la función jurisdiccional. No obstante ello, dicha función la ejerce el Estado para satisfacer en muchos casos intereses priv.idos, además de los intereses públicos.
Sobre el punto aludido, MONROY GÁLVEZ (5) escribe lo siguiente: "Siendo la función jurisdiccional una actividad especializa-. da, única, irrenunciable y exclusiva del Estado, la regulación de su estructura, funcionamiento y métodos supone la existencia de normas cuya naturaleza es de derecho público, utilizando aun cuando sólo fuese por razones didácticas- la clásica, anacrónica y a veces borrosa división del derecho en público y privado". En igual sentido, el procesalista colombiano Hernando DEVIS ECHANDÍA (6) sostiene lo siguiente: "Por último, el derecho procesal, por el mismo hecho de referirse a una de las funciones esenciales del Estado, es un derecho público, con todas las consecuencias que esto acarrea".
En función a la naturaleza del derecho material o sustantivo cuya actuación se pretende en el proceso correspondiente el Derecho procesal se ha dividido en ramas. No obstante ello, los principios, los institutos fundamentales y los conceptos procesales esenciales no son diversos en las distintas ramas, debido indudablemen te al origen común de las ramas especializadas del Derecho procesal. Las primeras ramas que surgieron de este derecho son el Derecho Procesal Civil y el Derecho Procesal Penal, cada una de las cuales con su propio objeto de estudio y con sus normas jurídicas singulares. En esta obra tratamos del Derecho Procesal 'Civil.
Del Derecho Procesal Civil, el cual sirve de teoría general ha surgido el Derecho Procesal Laboral, como una ciencia que estudia el proceso laboral establecido para la actuación de las normas sustantivas relativas al trabajo. En nuestro país, el Código Procesal Civil no sólo ha inspirado sino también ha servido de modelo al legislador para estructurar la Ley Procesal del Trabajo actualmente en vigor. Por ello que hay estudiosos nacionales que consideran que los conflictos laborales perfectamente pueden solucionarse utilizando el proceso civil En nuestro país se esboza el Derecho Procesal Constitucional en base fundamentalmente a los distintos procedimientos establecidos: para el control de la constitucionalidad de las leyes de competencia del Tribunal Constitucional (Art. 2022 (:)QQst. y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N 26435); para la substanciación de la denominada acción popular que tiene por objeto el control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad de los reglamentos y normas administrativas y de las resoluciones y decretos de carácter general que expiden el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y Locales y demás personas de derecho público (Ley N 24968); para la substanciación de las acciones de garantía: hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento (Art. 2002 Const. y Leyes Nos. 23506, 25398 Y 26301). Sin embargo, en nuestro medio, todavía estamos en la etapa de formación de esta rama del Derecho procesal. Hay autores nacionales que vienen elaborando la doctrina sobre la materia, lo que es muy importante.
Por otra parte, en nuestro país tenemos el Código de los Niños y los Adolescentes, que contiene normas que regulan los distintos procedimientos que se siguen para la actuación del derecho sustantivo relativo a los niños y a los adolescentes: de orden civil, de orden tutelar y por infracciones penales. Sin embargo, su estructuración y el lenguaje jurídico procesal utilizado es deficiente, lo que dificulta su aplicación. En algunos casos han copiado normas de los Códigos Procesal Civil y Procesal Penal, lo que ha pevado a muchos a calificarlo como una normatividad híbrida. Por ello estamos distantes todavía para hablar de un Derecho Procesal de los Niños y Adolescentes, pues los estudiosos no se han preocupado decididamente a tratar de . este tema con rigor científico. Muchas de sus normas constituyen copia del Código Procesal Civil.
Finalmente, tenemos los procedimientos de la justicia militar, pero todavíano estamos en condiciones de hablar de un Derecho Procesal Militar con la cientificidad con que hablamos en otras ramas procesales, debido al tratamiento incipiente que se le ha dado a esta materia. Igual podemos señalar respecto a otros procedimientos vigentes en el país.
3. EL REGIMEN JURIDICO PROCESAL QUE RIGE EN EL PERU
El régimen jurídico procesal de un país determinado, que comprende naturalmente su estructura organizativa jurisdiccional, sus competencias y sus distintos procedimientos, tiene efectos fundamentalmente de orden social y económico. Por ello la preocupación no sólo de los legisladores, de los operadores judiciales del derecho (Jueces y auxiliares jurisdiccionales, abogados, etc.), sino también de los propios justiciables de contar con un debido proceso preestablecido que garantice el pleno ejercicio del derecho de defensa por parte de todos los que participen en él y que los juzgadores lo observen rigurosamente. En países donde eL debido proceso no es respetado, en aquellos lugares donde los procedimientos son deficientes, la administración de justicia es lenta y costosa, y no existe transparencia en las decisiones judiciales; en sitios donde la injerencia de factores ajenos a la propia justicia son evidentes, se genera sin lu gar a dudas desconfianza por parte de los justiciables, quienes exteriorizan su malestar cuestionando de primera intención a sus Jueces. En esos lugares, el proceso se constituye en una amenaza y no en una garantía de protección de sus derechos. En cambio, en los países donde se ha preestablecido un debido proceso y se conoce que es observado y respetado plenamente; donde los procedimientos garantizan una justicia oportuna, eficiente y no onerosa; donde la injerencia de factores ajenos a la justicia no se admite ni por asomo, los justiciables tendrán confianza en los organismos jurisdiccionales y el proceso se constituye en un valioso instrumento en manos del Estado para administrar justicia con sujeción a su ordenamiento jurídico.
La Constitución Política del Estado peruano establece los principios esenciales sobre los cuales se sienta el régimen jurisdiccional que nos rige: la igualdad ante la ley; la separación de poderes, que supone, por un lado, la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones y, por otro, la exclusividad de dicho ejercicio por el Poder Judicial, con las salvedades que la naturaleza de los conflictos así lo determinen; el control constitucional de las leyes; el control constitucional y legal de los reglamentos y otras normas de inferior jerarquía respecto a las leyes; el derecho irrestricto a la tutela jurisdiccional de todos los componentes de la sociedad, nacionales o extranjeros, ante los órganos judiciales que el país recqnoce; la observancia del debido proceso al decidir las controversias de todo orden; la gratuidad de la justicia; el principio de no ser privado del ejercicio de su derecho de defensa en todos los procesos; la inamovilidad de los Jueces en sus cargos; la motivación de las decisiones judiciales; etc.
Todo régimen jurídico procesal y específicamente todo régimen jurisdiccional, para su caracterización y calificación, hay que ubicarlo dentro de los grandes sistemas jurídicoprocesales vigentes en el mundo occidental y contemporáneo donde estamos situados: el inquisitivo y el dispositivo. Hugo ALSINA (7) sostiene que: "en realidad no existen sino
dos tipos fundamentales de procedimiento, que responden a dos concepciones distintas del proceso según la posición que en el mismo se asigna al Juez y a las panes: el sistema dispositivo y el sistema inquisitivo". Nuestro régimen procesal se inscribe dentro del sistema denominado iberoamericano que, sin embargo, no tiene todavía una caracterización propia que pueda distanciado de los dos grandes sistemas concebidos por la doctrina y que hemos citado precedentemente. Nuestro sistema jurídicoprocesal se ubica, recogiendo naturalmente sus orientaciones y postulados, dentro de los dos sistemas procesales anotados, el dispositivo y el inquisitivo, donde los derechos sustantivo y adjetivo, fundamentalmente, están consagrados en forma objetiva, utilizando la escritura como medio de exteriorización (códigos), en los que el principio de legalidad es substancial. Específicamente, nuestro régimen procesal en general, en las distintas materias, se ubica dentro de los dos grandes sistemas procesales anotados, de ahí que no hay procesos puramente dispositivos o puramente inquisitivos. Se puede hablar sí de prevalencia de uno u otro sistema en determinado proceso. Hoy en día, en nuestros ordenamientos jurídicoprocesales civil, penal, laboral, etc., podemos sostener, sin duda alguna, que existe una prevalencia del sistema inquisitivo sobre el sistema dispositivo (8).
En principio, la función jurisdiccional en el Perú es ejercida, como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, exclusivamente por el Poder Judicial, cuyos integrantes son necesariamente abogados, salvo los casos de los Jueces de Paz no Letrado. La unidad y la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder Judicial es uno de sus principios básicos.
No existe ni puede establecerse -dice la carta magna- jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral (Art. l39Q, ine. 1, Const.). En cuanto a la denominada jurisdicción militar, que en rigor no forma parte del Poder Judidamentales de la persona (Art.149Q Const.). Este ejercicio es lo que algunos llaman la justicia informaL Esta posibilidad es seme jante a los casos en que la Ley Orgánica del Poder judicial permite el ejercicio de la función jurisdiccional a los iletrados, tratándose de jueces de Paz No Letrados, por ejemplo (Art. 183Q LOPj). Tratándose de las autoridades de las Comunidades Cam pesinas y Nativas, si bien no forman parte del Poder Judicial, sin embargo, por estar autorizados constitucionalmente, debemos sostener valederamen te que ejercen función jurisdiccional. La función jurisdiccional es ejercida haciéndose uso de un instrumento procesal, ideal, inmaterial, llamado proceso. El principio procesal del debido proceso es aquel que exige el cumplimiento de las reglas que regulan dicho instrumento en sus distintos aspectos, reglas que constituyen garantías indispensables para la rectitud de la decisión, con concesión a los justiciables del pleno ejercicio de su derecho de defensa. El proceso, de
otro lado, puede ser civil, penal, laboral, constitucional, etc., dependiendo del derecho sustantivo .aplicable al conflicto de intereses objeto del proceso. El régimen jurisdiccional que rige en el Perú está establecido en la Constitución del Estado de 1993 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Texto Unico Ordenado aprobado por D. S. N 017-93:JUS de 2 de junio de 1993). Las reglas de procedimiento esencialmente las encontramos reguladas en los diferentes códigos procesales vigentes: como el Código Procesal Civil; el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, aprobado por el Congreso y observado por el Poder Ejecutivo (algunos de sus artículos tienen vigencia); la Ley Procesal del Trabajo; el Código de los Niños y Adolescentes; el Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, etc.
4. EL DERECHO PROCESAL CIVIL COMO RAMA JURIDICA SINGULAR y SU DEFINICION
Como lo hemos anotado precedentemente, el Derecho procesal civil ha surgido como una rama del Derecho procesal y su estudio comprende el ordenamiento jurídico relativo al proceso civil. Hoy en día el Derecho procesal civil se concibe como una rama jurídica autónoma, cuyo objeto de estudio abarca todas las materias que hacen referencia al proceso civil, entre ellas, los principios, los institutos, las garantías y las normas que lo regulan. Sin temor a equivocarnos podemos sostener que el Derecho procesal civil, como ciencia jurídica, es la que se ubica a la vanguardia de las otras ramas procesales para fijar nuevos principios, nuevos institutos y nuevas corrientes doctrinarias que son aprovechadas por los otros derechos procesales, a los cuales les sirve de inspiración y de modelo.
Después de lo expuesto podemos conferir la siguiente definición abreviada del Derecho procesal civil: es la ciencia jurídica que tiene por objeto el estudio del proceso civil, comprendiendo el examen de los institutos, de los principios, de las garantías y de las nomas jurídicas que regulan el proceso civil como instrumento para la administración de justicia en materia civil ______________________________________________________________________ _____ 5. LOS SISTEMAS PROCESALES Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CIVIL PERUANO
De primera intención, y antes de examinar cada uno de los principales principios procesales que r,egulan el proceso civil, concebimos por sistema en materia de derecho a un conjunto de principios, normas, reglas y métodos íntimamente vinculados, en relación con una determinada materia jurídica o una institución jurídica. En materia procesal debemos entender por sistema aquel conjunto de nonnas, principios e instituciones, íntimamente vin- . culadas y estructurados con relación al proceso como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Los sistemas procesales para Hugo MINA (9) son los "distintos modos de desenvolverse el proceso, examinado desde un punto de vista externo". Los grandes sistemas procesales, admitidos por la mayoría de estudiosos, son el dispositivo y el inquisitivo. Empero, cabe anotar que algunos procesalistas hablan de principios (dispositivo e inquisitivo) y no de sistemas. Concebido un sistema procesal como el conjunto de reglas y principios racionalmente enlazados entre sí, con instituciones, criterios de clasificación y métodos de interpretación propios, para nosotros, cada uno de los sistemas indicados, de acuerdo a su orientación, pueden utilizar el medio de expresión que más le convenga: oral o escrito; pueden preferir los jueces técnicos O" legos; pueden recurrir a organismos judiciales unipersonales o colegiados; pueden atribuirle al juez amplia libertad en la valoración de las pruebas o sujetarlo a reglas rígidas (prueba tasada); pueden recoger los postulados de detenninados principios procesales y descartar los de otros; etc. En realidad, para nosotros, desde el punto de vista teórico, no existen sino dos sistemas procesales, que responden a dos concepciones distintas del proceso. El liberalismo, que responde a las ideas privatísticas, por su lado, propicia la menor injerencia del juez en el proceso, en tanto que el intervencionismo, que responde a las ideas publicísticas, opta por una posición contraria. Al primero le será más útil usar la escritura, en tanto que al segundo la será más eficaz la oralidad. Al primero le convendrá concederle al juez libertad plena en la apreciación de las pruebas, en tanto que al segundo no. Es que para la corriente primeramente señalada más importante es satisfacer los intereses de los litigantes que el interés colectivo (la paz social) que está siempre inmerso en todo litigio; en tanto que para la segunda corriente es más importante este último interés, el colectivo. El profesor Juan MONROY GÁLVEZ (10), explicando el conjunto de principios e instituciones que configuran una determinada manera de hacer proceso civil, señala que los sistemas procesales son el privatístico y el publicístico. Respecto al primero anota: "El postulado de libertad, por ejemplo, fue llevado al campo de los derechos civiles, en donde se afirmó que éstos eran de control y disposición absolutos y totales de sus titulares, sin ningún tipo de restricción y, por eso, eran derechos privados. Esta consideración se aplicó también en el ámbito procesal: si en el proceso civil se discuten derechos civiles y éstos son privados, entonces "el proceso civil es también una actividad privada". Con relación al sistema publicístico apunta: "La trascendencia social del proceso, expresada en la prese~cia exclusiva y hegemónica del Estado, determinó que se advirtiera el carácter público de aquél. Pero no sólo eso. Muy pronto se constató
que lo más importante en el proceso no es que los particulares resolvieran su conflicto sino que, a través de él, el derecho objetivo -creado por el propio Estado- se tornara eficaz y respetado y, asimismo, a través de la exigencia judicial del cumplimiento del derecho objetivo, se lograra la paz social en justicia", Agrega: "Es importante aclarar que np existe país en donde alguno de los sistemas se presente químicamente puro a nivel normativo, es decir, en posición totalmente antagónica al otro".
En el campo estrictamente procesal debemos anotar que los pueblos, a través del tiempo, han adoptado distintos sistemas en su. administración de justicia, estableciendo los procedimientos correspondien~t que responden lógicamente a las concepciones distintas que se. tiene del proceso, los que a su vez responden a determinadas corrientes político-ideológicas.
Examinado el proceso desde el pun to de vista externo, extrínseco, estático, es decir, examinado objetivamente el conjunto de actos de procedimiento que conforman el proceso, constatamos el modo como se desenvuelve éste y de esta manera llegamos a la determinación del sistema procesal que rige en un lugar y tiempo dados, el sistema procesal al cual se afilia, que responde evidentemente a orientaciones político-doctrinarias.
La doctrina ha establecido que, por un lado, existe un sistema procesal dispositivo. donde el dominio sobre el proceso, esencialmente, está reservado a las partes. En este sistema, corresponde a los litigantes de modo exclusivo el ejercicio de la acción yel planteamiento de la pretensión procesal, ellos fijan la cuestión litigiosa, ellos determinan los hechos que respaldan sus pretensiones procesales, ellos son los que establecen los medios probatorios que convienen a sus pretensiones, ellos tienen la exclusiva facultad de impugnar las decisiones judiciales. El Juez, en este sistema, desempeña un papel esencialmente pasivo; normalmente se halla esperando el momento de la sentencia para atribuir la victoria a quien hubiera acreditado mejor los fundamentos de su pretensión.
El proceso civil, dentro del sistema jurídico en el que nos ubicamos como parte de la cultura occidental, fundamentalmente, se ha concebido dentro de la esfera del sistema procesal dispositivo, porque se ha considerado al proceso como un instrumento para la satisfacción de los intereses individuales. Esta concepción responde, ccmo se ha anotado, a la corriente liberal e individualista.
El maestro Eduardo COUTURE (1]) escribió al respecto lo siguiente::: "Se podría reducir la fórmula de todo el derecho procesal individualista y liberal a los siguientes conceptos: el juicio es una relación de derecho privado, en la cual la voluntad de los particulares se sirve del Estado como instrumento de discernimiento de la justicia y de coacción para cumplir el fallo, si es necesarIo.
Jorge W. PEYRANO (12) anota lo siguiente: 'Lo que para nosotros resulta indudable es que el principio dispositivo representa la cristalización en materia procesal de la apuntada desconfianza que casi todos ayer y hoy no pocos experimentan ante el avance de las fronteras del poder de cualquiera de las ramas que componen el aparato estatal", Al referirse a la desconfianza, PEYR.-\l'\O alude al período histórico ubicado fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, durant~ el cual toda restric ción del poder estatal era bienvenida por todos los que habían soportado el duro yugo de las monarquías absolutas, época esa en que se desconfiaba de todo lo que formaba parte del aparato estatal, incluyendo el Poder Judicial.
En cambio existe el sistem.a inquisitivo, dentro de cuya perspectiva el proceso es un instrumento jurídico para satisfacer los lntereses sociales con prescindencia de los intereses de los particulares, para mantener el orden público, preconizando, de ese modo, que el dominio del proceso esté a cargo del Estado, de los que representan al Estado dentro del proceso. En este sistema el Juez tiene un papel activo, pues puede promover de oficio la acción procesal; confonne a este sistema la acciói incluso se le concede a detenninados órganos del Estado y n< necesariamente al Juez; éste averigua los hechos de oficio en su afán de llegar a la verdad real, frente a la verdad formal que lq pueden presentar las partes, para emitir una decisión justa; se establece la impugnación de resoluciones de oficio; etc.
Jorge W. PEYRANO (13), señalando las notas cómo se exterioriza el sistema que nos ocupa, escribe: "El principio inquisitivo, cuya síntesis podría hacerse diciendo güe en él la iniciación del proceso, su desarrollo, los aportes probatorios, las posibilidades de finiquitarlo, los límites de la sentencia a dictarse y su impugnabilidad, son preocupaciones casi exclusivas del Estado, facilita la consolidación del régimen (político, lo entendemos) y una más segura defensa de los siempre "superiores" intereses de éste".
Hugo ALSINA (14), sobre el tema, anota lo siguiente: "a) En realidad no existen sino dos tipos fundamentales de procedimiento, que responden a dos concepciones distintas del proceso según la posición que en el mismo se asigna al Juez y a las partes. El sistema dispositivo confiere a las partes el dominio del procedimiento y sus reglas fundamentales son las siguientes: el juez no puede iniciar de oficio el proceso; no puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes; debe tener por ciertos los hechos en que aquéllas estuvieron de acuerdo; la sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado; y el juez no puede condenar a más ni a otra cosa que la pedida en la demanda. Por el contrario, en el sistema inquisitivo el juez debe investigar, sin otra limitación que la impuesta por la ley, la verdad material con prescindencia de la activid~e las partes; no sólo puede el juez iniciar de oficio el proceso, sino que está facultado para buscar los hechos, descubriéndolos a través de los que ya conociere y utilizando cualquier medio tendiente a la averiguación de la verdad. Confrontando los dos sistemas se advierte que en el dispositivo no sólo corresponde a las partes el ejercicio de la acción, sino que ellas f~an la cuestión litigiosa, establecen los hechos que determinan su posición respectiva frente a ella y utilizan los medios de prueba que estiman más ventajosa, dentro de los permitidos por la ley, para el éxito de sus pretensiones; por consiguiente, el juez desempeña un papel pasivo, manteniéndose a la expectativa para atribuir en su fallo la victoria a quien mejor hubiera defendido su derecho. En cambio, en el inquisitivo el juez se desempeña activamente, averigua los hechos, trata de descubrir, frente a la verdad formal que le presentan las partes, la verdad real que le permita dictar una sentenciajusta".
El sistema inquisitivo se concibe como antítesis del sistema dispositivo. El sistema inquisitivo se caracteriza pues por la preeminente injerencia del Estado en el proceso, lo que importa sujeción a la orientación publicística, en contraposición a los postulados del sistema dispositivo, que se caracteriza por el dominio de las partes sobre el proceso, lo que implica sujeción a la orientación privatística.
El proceso penal se inscribe indudablemente dentro de la influencia del sistema procesal inquisitivo, porque siempre se ha considerado al proceso penal como un instrumento eficaz' para la satisfacción de intereses de la colectividad, en atención a que los delitos afectan fundamentalmente a la sociedad.
Cabe anotar que los procesos civil y penal tuvieron un origen y una trayectoria comunes y que a partir de principios del presente siglo ha comenzado su verdadera separación. Así como en el orden general el derecho positivo se diversifica en variadas ramas de acuerdo a la naturaleza de las relaciones que regula, cuya tutela jurídica no siempre puede hacerse por los mismos mecanismos, estableciéndose por tanto diversos procesos en consideración al órgano que deba aplicar y al derecho que se pretende
imprimir; en igual sentido, en el orden judicial, la naturaleza del derecho a aplicarse para resolver la materia en controversia, determina el distingo, en el caso que nos ocupa, entre el proceso civil y el proceso penal. Por ello es que han surgido el Derecho procesal civil q~e estudia el proceso civil como su objeto central y los institutos, los principios y las normas jurídicas que tienen que ver con él y el Derecho procesal penal que estudia el proceso penal como su objeto central y los institutos, principios y normas jurídicas vinculados con él. No se descarta, naturalmente, que ambas ramas procesales tienen institutos y principios comunes.
El proceso civil, regulado tanto por el derogado Código de Procedimientos Civiles como por el nuevo Código Procesal Civil, no recoge de modo exclusivo los postulados de uno de los referidos sistemas procesales. Dichos cuerpos legales admiten principios y normas que responden a ambos sistemas para la regulación del proceso civil. Revisados los ordenamientos procesales extranjeros y nacionales constatamos que no hay procesos puramente dispositivos o puramente inquisitivos.
5.1. INFLUENCIA DEL SISTHIA DISPOSITIVO EN EL PROCESO CIVIL
El proceso civil regulado por el Código Procesal Civil peruano, respondiendo a los postulados del sistema dispositivo, establece, por ejemplo, lo siguiente: a) "El proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimación para obrar" (Art. IV, T. P., CPC). Excepcionalmente, el Código permite promover el proceso civil al representante del Ministerio Público, tratándose del patrocinio de intereses difusos, sin que en este caso sea necesaria la invocación de algún interés o legitimación para obrar (Arlo 822 CPC). b) La demanda se presenta por escrito y contendrá: "Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden)' claridad" (Arlo 4242, inc. 6, CPC). e) "Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos" (Arlo 1962 CPC). d) "Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada" (Arlo 2002 CPC). e) La sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado.
La resolución definitoria debe contener: "La relación correlativamente enumerada M los fundamentos de hecho y de los fundamentos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado al derecho" (Art. 1222, inc. 3, CPC). f) El Juez no puede sentenciar más allá de lo pedido, ni decidir sobre algo no reclamado en la demanda. El Código consigna que el Juez "no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes" (Art. VII, T. P.,CPC). g) "Las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado dffl proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia" (Art. 3232 CPC). h) "El demandJdo puede expresamente allanarse o reconocer la demanda" (Arlo 3302 CPC). El actor puede desistirse de la pretensión procesal (Art. 3442 CPC).
5.2. INFLUENCIA DEL SISTEMA INQUISITIVO EN EL PROCESO CIVIL
Todos los dispositivos legales anotados, inequívocamente, han sido inspirados en los dictados del sistema procesal dispositivo, donde se evidencian los mecanismos para que las partes litigantes tengan dominio en gran medida sobre el proceso ci . vil. Sin embargo, este proceso también ha recibido la influencia del sistema procesal inquisitivo, como se evidencia con las previsiones contenidas en los siguientes artículos: a) "La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código" (Art. n, T. P., CPC). b) ''El Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia" (Art. 11, segundo párrafo, T. P., CPC). e) "Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el Juez" (Art. 190Q, primer párrafo, CPC). d) "Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes" (Art. 194Q, primer párrafo, CPC). e) ''El Juez puede disponer la confrontación entre testigos, entre
peritos y entre éstos, aquéllos y las partes y entre estas mismas, para lograr la finalidad de los medios probatorios" (Art. 209Q CPC). f) El Juez puede proponer a las partes los términos para llegar a un arreglo conciliatorio (Art. 327Q CPC). g) Finalmente: ''El Juez debe aPlicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado p01"las partes o lo haya sido erróneamente" (Art. VI, primer párrafo, T. P., CPC).
De todo lo expuesto, sin lugar a dudas, llegamos al convencimiento de que el proceso civil regulado por el nuevo Código Procesal Civil es de carácter mixto, en el sentido de que ha recibido la influencia equilibrada de ambos sistemas procesales, lo que no ocurría en rigor con el proceso civil regulado por el "CÓdigo de Procedimientos Civiles, en el que se notaba una mayor prevalencia del sistema dispositivo.
Consideramos que este equilibrio es saludable, ya que el Juez, del papel eminentemente pasivo con que actuaba de acuerdo al derogado Código de Procedimientos Civiles, pasa a intervenir activamente en el proceso. Es que esta concepción y esta caracterización del nuevo proceso civil concuerda con la corriente doctrinaria mayoritaria que preconiza que el proceso tiene por objeto la protección del derecho subjetivo y en su regulación debe tenerse en cuenta tanto el interés privado de los litigantes como el interés público en el mantenimiento del orden jurídico. El proceso se hace para la justa composición de la litis: su objeto es la paz con justicia. Esta posición recoge también los postulados ge las dos corrientes doctrinarias sobre el objeto del proceso, pues, por un lado adopta la tesis de la concepción privatística, según la cual el proceso constituye un medio para satisfacer el interés individual de las partes y, por otro lado, la concepción publicística, según la cual el proceso constituye un instrumento para el restablecimiento del ordenjurídico alterado por el conflicto. En este sentido, adhiriéndose a esta corriente, el nuevo ordenamiento procesal civil prevé que: "El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o 'eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social con justicia" (Art. In, primer, párrafo, T. P., CPC).
A criterio nuestro, estos son los sistemas que rigen en materia procesal, el dispositivo y el inquisitivo, sea el proceso civil, penal, laboral, etc.; sistemas que, como ya lo hemos explicado, no tienen influencia exclusiva en cada tipo de proceso y organización procesal. No podemos hablar por ello de proceso dispositivo puro y menos de proceso inquisitivo puro. A modo de conclusión, por consiguiente, debemos anotar que nuestra or-ganización jurídica en materia procesal, para regular el proceso civil,
recoge los postulados de los dos sistemas procesales examinados en forma equilibrada, por lo que podemos convenir que el proceso civil peruano se ubica dentro de un sistema mixto en el sentido que admite las orientaciones de los sistemas dispositivo e inquisitivo. El proceso civil peruano responde así a las exigencias del proceso civil moderno. Sin embargo, el estudio de los denominados principios procesales, y no sólo la precisión de las normas jurídicas, nos demostrará lo que acabamos de anotar, estableciendo los postulados de uno y otro sistema que mayor influencia tienen en el proceso civil.
6. EL OBJETO DE ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL CIVIL
El objeto central de estudio del Derecho procesal civil es el proceso civil. Cuando se aborda el estudio del proceso civil, como veremos en el análisis que se hace en la presente obra, debemos examinar: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a que tienen derecho todos los justiciables; la estructura de los órganos jurisdiccionales encargados de resolver los conflictos; las competencias que la ley les asigna; los procedimientos que se observan en los procesos civiles; los principios procesales que sirven no sólo como elementos de orientación para la estructuración de las normas de procedimiento, sino también como directivas para la interpretación de las mismas; las garanúas procesales establecidas para evitar en los organismos jurisdiccionales la arbitrariedad y el exceso de poder; debemos examinar, en conjunto, las normas jurídicas que regulan el proceso como instrumen to eficaz para el ejercicio de la función jurisdiccional y los institutos procesales establecidos.
7. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL CIVIL
Cuando hablamos de las fuentes del Derecho procesal civil nos estamos refiriendo a sus fuentes de producción. Eduardo GARCÍA MAYNEZ (15) señala, refiriéndose a las fuentes del derecho, que "en el léxico jurídico, esa palabra tiene tres acepciones. Se habla así de fuentes formales, reales e históricas. Los procesos de creación de las normas jurídicas, constituyen las primeras. En cuanto a las segundas, están dadas por los factores y elementos cuyo contenido determinan esas normas. Finalmente, la última" refiérese a los documentos que recogen la ley o conjuntos de leyes".
Hugo ALsINA (16) expresa: "LIámanse fuentes del derecho procesal las disposiciones que pueden citarse válidamente en el proceso para fundar un acto de procedimiento. Desde este punto de vista, el derecho procesal no es el legislado únicamente en los códigos de procedimientos, aunque éstos constituyen su fuente inmediata; también se encuentran disposiciones de ese carácter en la Constitución nacional, en los códigos civil, comercial, etc., que el Juez debe tener en cuenta...". Agrega que las fuentes del derecho procesal son las históricas, las legislativas, las constitucionales y las subsidiarias.
Es interesante transcribir aquello que sobre las fuentes del Derecho procesal civil escribe Jaime GUASP (7): "Por encima de todas las fuentes positivas se halla la intrínseca naturaleza humana, la cual da nacimiento a normas procesales civiles que cabe considerar en este sentido como derecho natural procesal civil". Dicho autor señala como tales las siguientes: la norma que establece el.libre acceso de los particulares a los tribunales de justicia; la que establece que nadie puede ser condenado sin ser oído o, por lo menos, sin darle la posibilidad de ser oído; la que establece la igualdad entre las partes; la que establece la imposición de la veracidad y de la buena fe en los actos procesales; etc. Finalmente incluimos la definición concreta que da el procesalista Pedro ARAGONESES ALONSO (8) cuando anota: "En definitiva, sin peIjuicio de perfilar esta idea inicial, podemos decir que fuente del Derecho procesal es todo "aquello" de donde manao surge una normajurídica que tenga relevancia para este sector del Derecho". Asumimos, con fines didácticos, para determinar las fuentes del Derecho procesal civil, la clasificación más difundida: 1) Fuentes directas o inmediatas, dentro de las cuales está la norma procesal en su expresión más amplia y también -para nosotrosla costumbre; 2) Fuentes indirectas o mediatas, dentro de las cuales están la jurisprudencia, la doctrina, los antecedentes históricos, la legislación extranjera, los principios generales del derecho procesal civil formulados por la doctrina científica y lajurisprudencia de los tribunales de justicia. Precisamos que no hay unidad de criterio respecto a las fuentes del Derecho procesal civil, por lo El Código Procesal Civil nacional prescribe que en caso de vacío o defecto en las disposicjones de éste, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso (Art. III, segundo párrafo, T. P., CPC). 7.1. LA NORMA LEGAL PROCESAL La fuente fundamental del Derecho procesal civil, en térmjnos genéricos, es la norma legal procesal civil. A ella la encontramos en la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal Civil y en las leyes complementarias y conexas. Dentro de las normas procesales civiles encontramos las que regulan la organización y funcionamiento de los juzgados y
tribunales; las que señalan .las competencias de los organismos jurisdiccionales; las que establecen derechos, deberes y obligaciones procesales a los sujetos procesales Ouez, partes y terceros) dentro del proceso; las que füan reglas de procedimiento en sus distintas etapas; etc.
Respecto a las normas procesales civiles hay una serie de aspectos que puntualizar. Se dice, por ejemplo, que hay normas procesales de orden público en el sentido de que sus disposiciones son irrenunciables y son de obligatorio cumplimiento, en tanto que hay normas de orden privado en atención a que sus disposiciones son reminciables por haberse establecido a favor de los litigantes. No obstante, no existe un criterio claro para füar cuándo estamos frente a una norma de orden público y cuándo frente a url';;;.norma de orden privado, hecho que origina dificultad én su aplicación práctica. Al final es el criterio del Juez el que va a determinar si una norma es de orden público o privado, quien para el efecto tendrá en cuenta que el proceso como instrumento sirve para resolver los conflictos de los particulares y que como tal está sujeto a determinadas garantías. El Código Procesal Civil nacional prevé que las normas procesales contenidas en dicho cuerpo legal son de carácter imperativo, . salvo regulación permisiva en contrario (Art. IX, T. P., CPC). Nuestro ordenamiento procesal no hace referencia textual a normas de orden público. Otro aspecto que vale la pena señalar es que las normas procesales, como las normas materiales, son objeto de interpretación. Para aplicar una norma procesal, en caso de oscuridad o ambigüedad en su texto, hay que interpretarIa previamente, hay que investigar cuál ha sido la intención del legislador al elaborarIa yaprobarIa. El organismo que dictó la norma está autorizada para interpretar la norma. Losjueces tienen igualmente la facultad ~e interpretar las normas procesales para su correspondiente aplicación. El recurso de casación se constituye en un valioso instrumento para establecer la correcta interpretación de una norma procesal. Existen elementos que deben analizarse al interpretar la norma, como el literal o gramatical, el sistemático, el teleológico, el histórico, etc. Se recurre también al denominado argumento a contrario sensu, en el cual, aplicando el procedimiento deductivo, se encuentra, por vía de exclusión, que una norma contiene implícitamente otra norma contraria. Posteriormente desarrollamos con amplitud el tema de la interpretación de la norma legal, cuya explicación perfectamente se adecúa tratándose de las normas procesales (19).
Finalmente, en materia procesal es posible la integración, admitiéndose que en la normatividad procesal vigente hay lagunas o vacíos. El derecho no tendrá vacíos, pero sí la ley. La mayoría de los doctrinarios, en estos casos, para la integración, nos remiten a los principios generales del derecho procesal y por último a los principios generales del derecho. La analogía constituye un procedimiento eficaz pa~esta tarea de
integración. La jurisprudencia es un medio para consagrar normas procesales integradoras.
7.2. LA COSTUMBRE
Esta constuye una manifestación espontánea de determinados actos estab ida por la comunidad mediante la repetición, atribuyéndole el cara ter de regla de derecho. La: costumbre, para ser tal, exige pues repe . ción de determinados actos o conductas con convicción jurídica. Nuestro ordenamiento procesal civil no regula expresamente la costumbre como fuente del derecho procesal civil. Con relación a los medios probatorios, el citado ordenamiento hace referencia a la costumbre cuando dice que los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión (Art. 1902 CPC), pero como se infiere de su texto se refiere a la costumbre como fuente de derecho material. No obstante, no tenemos ningún argumento para descartar que de la costumbre sUlja una norma procesal generalmente aceptada por la colectividad, siempre que no contravenga la norma procesal de orden legal.
7.3. LA JURISPRUDENCIA
Mayoritariamente se entiende por jurisprudencia las decisiones reiteradas de los órganos jurisdiccionales en asuntos análogos justiciables. En efecto, hay resoluciones judiciales que es- . tablecen criterios procesales de observancia voluntaria donde la norma legal tiene vacíos o ambigüedades o cuando se tratade la interpretación e integración de las normas legales procesales. Se refiere a decisiones judiciales que establecen criterios procesales pero que su aplicación no es obligatoria. Otra cosa es cuando de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal civil envía de casación se establecen criterios procesales que son de obligatoria aplicación, situación ésta en la que las decisiones se homologan con las normas legales procesales.
7.4. LA DOCTRINA
La doctrina en la materia que tratamos está constituida por los estudios de los procesalistas. Cuando los estudios y la opinión de estos especialistas es orgánica y sistematizada recibe la denominación de derecho científico. La doctrina no es obligatoria, pero sí es orientadora para la aplicación de las normas procesales. Se debe a los doctrinarios la concepción del Derecho procesal civil como ciencia jurídica, la estructura adecuada que vienen adoptando las organizaciones judiciales y la modermi normatividad procesal que se vienen implementando en los distintos países. La doctrina es importante para saber, por ejemplo, el sentido de una norma legal procesal desde la óptica de los estudiosos de la materia.
7.5. Los ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Nos referimos aquí a los precedentes legislativos en materia procesal tanto a nivel nacional (por ejemplo, los códigos de procedimientos civiles que nuestro país ha tenido en el siglo pasado y en el presente) como a nivel internacional (la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, verbi gratia, que ha servido de modelo en nuestra patria). Estos precedentes constituyen fuentes mediatas del Derecho procesal civil en el entendido de que pueden servir, por ejemplo, para conocer el sentido de las normas procesales vigentes. 8. PRINCIPIOS PROCESALES QUE RIGEN EL PROCESO CIVIL PERUANO
Empezamos señalando que dentro del Título Preliminar del Código procesal civil se incluyen algunos de los principios procesales que sirvieron de orientación para la estructuración de las normas contenidas en el indicado cuerpo legal y que ahora sirven para su correcta interpretación y aplicación, constituyendo para los abogados defensores de causas, para los juzgadores y para los usuarios en general, verdaderas pautas orientadoras para la correcta observancia de las reglas contenidas en el C~s principios procesales sirven asimismo para extetf(;riz;r las influencias de los sistemas procesales que recibe nuestro ordenamiento procesal. La inclusión de este Título Preliminar indudablemente constituye una novedad en nuestro ordenamiento procesal civil y resulta saludable para la correcta aplicación del mismo. Sin embargo, es oportuno anotar que hay principios que se observan en la aplicación del Código Procesal Civil sin estar expresamente previstos en este ordenamiento. En efecto, además de los contenidos en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, los encontramos en los denominados "Principios y derechos de la función jurisdiccional" previstos en la Constitución Política del Estado y en el rubro "Principios generales" recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A continuación consignamos los principales principios procesales que tieInen que ver con la aplicación del Código Procesal Civil, denominados
también garantías de la administración de justicia, recogidos en gran parte en el propio ordenamiento, procesal civil, tanto en forma explícita como en forma implícita, yen otros ordenamientos, incluyéndose en la propia doctrina. Finalmente, anotamos que estos ,principios no son exclusivos del ordenamiento procesal civil, pues tiene también aplicación en otros ordenamientos procesales.
Antes debemos precisar qué entendemos por principio. Entendemos como principio la base, el fundamento, la razón fundamental, sobre el cual se organiza una institución'y ésta ejerce sus funciones. Los principios procesales son aquellas condiciones, orientaciones, fundamentos, indispensables para la operancia del proceso civil, que es lo que ahora nos interesa, y que asimismo nos servirá para determinar hasta qué punto recibe la influencia de uno y otro sistema procesal, de lo que hemos tratado precedentemente. En el presente caso nos referimos a los principios sobre los cuales se ha edificado el régimen procesal civil vigente. No tratamos de principios procesales que tienen que ver con institutos procesales específicos, como los vinculados por ejemplo a la actividad probatoria, en donde tienen cabida el principio de la carga de la prueba, el principio de la inversión de la carga de la prueba, el principio de la libre convicción en materia probatoria, etc. Nos referimos a los principios genéricos que orientan el proceso civil como una unidad y un conjunto de actos procesales que sirve para el ejercicio de la función jurisdiccional. En este punto es importante anotar el pensamiento de Juan MONROY GÁLVEZ (20) cuando dice: "En definitiva, los principios procesales acogidos en un Código son expresiones de una determinada tendencia. A pesar de ello, debe advertirse que su aplicación exige una interpretación reflexiva que trascienda su sentido literal o histórico cada vez que sean utilizados, privilegiándose los valores vigentes en la sociedad al momento de su aplicación. Estamos abogando por la relativización de los conceptos y de los principios procesales. Es indispensable que el Juez advierta que los principios son pautas orientadoras de su decisión, en tanto éste los somete a cotejo con las necesidades y los intereses sociales al tiempo de su uso".
En ese orden de ideas, cabe señalar que la función jurisdiccional es ejercida fundamentalmente por el Poder Judicial y, por ello, al enumeraT y exponer los principios lo hacemos con referencia a los órganos judiciales y al área civil. Es que nuestro ordenamiento jurídico permite, por excepción, ejercer dicha función, al resolver determinados conflictos de intereses, al Tribunal Constitucional, al Fuero Militar y a las Comunidades Campesinas y Nativas, pues así los autoriza la carta magna. El fuero arbitral, como los hemos anotados precedentemente, no ejerce función jurisdiccional. Los principios que orientan y regulan el régimen jurisdiccional civil en nuestra atria, como se ha anotado, no sólo sirven para carac Izarlo, sino también constituyen condiciones sobre cuya base se ejerce la función jurisdiccional civil. Estos principios,
como se ha dicho, los encontramos normalmente en la Constitución bajo el rubro de "Principios y derechos de la función jurisdiccional", en la Ley Orgánica del Poder Judicial bajo el rubro "Principios generales" y específicamente en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como también los encontramos en la doctrina científica y en lajurisprudencia de nuestros tribunales de justicia. Los principios procesales no necesariamente están escritos, no siempre están contenidos en ordenamientos procesales, pero loimportante es que el Código Procesal Civil implícitamente los reconoce. Para un adecuado estudio de estos principios procesales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico los vamos a dividir teniendo en consideración, en primer lugar a su ubicación en el derecho positivo (la Constitución y la ley ordinaria) y, en segundo lugar, la elaboración hecha por los doctrinarios y reconocida por la jurisprudencia nacional. En tal sentido tenemos lo ~í"g-tliente: principios procesales con rango constitucional (previstos en la carta magna), principios procesales con rango legal (previstos especialmente en el Código Procesal Civil) y principios procesales no fijados normativamente, pero reconocidos por nuestro ordenamiento procesal civil, cuya elaboración se debe a los jusprocesalistas y a la jurisprudencia nacional.
8.1. PRINCIPIOS PROCESALES CON RANGO CONSTITUCIONAL
Señalamos los siguientes:
a) La potestad de administrarjusticia emana del pueblo y se ejerce por el Poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes (Art. 138Q, primer párrafo, Const.). El Poder Judicial administra justicia en nombre de la nación (Art. 143Q Const.). Se establece que el Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de losjueces, salvo que éstos provengan de elección popular (Art. 150Q Const.). Asimismo, se prevé que la Academia de la Magistratura se encarga de la formación y capacitación de los jueces en todos los niveles para los efectos de su elección, precisando que es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia (Art. 151 Q Const.).
b) La unidad y la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder judicial. No hay proceso judicial por comisión o delegación (Art. 139Q, inc. 1, Const). Este principio es relativo. La excepción la encontramos en la justicia del Tribunal Constitucional, la justicia militar, la justicia campesina y nativa y la denominada justicia
arbitral, que como hemos indicado constitucionalmen te-están autorizados para ejercer función jurisdiccional dentro del ámbito de la competencia que la carta magna y la ley les señala. Con relación a la justicia arbitral hemos formulado nuestros reparos. La potestad jurisdiccional del Estado en materia civil-dice el Código Procesal Civil-la ejerce el Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la República (Art. 1 Q CPC).
e) La independencia del Poder judicial en el ejercicio de su fun ción jurisdiccional (Art. 139Q, inc. 2, Const.). Debemos señalar que el Poder Judicial no tiene independencia o autonomía en el aspecto económico (Art. 145Q Const.) ni en el control de la conducta funcional de sus integrantes (un ejemplo es el caso señalado por el artículo 154Q, inc. 3, de la carta política que autoriza al Consejo Nacional de la Magistratura destituir a los Vocales de la Corte Suprema), etc. Pero sí constituye una de las garantías de la administración de justicia y a su vez se erige como un principio esencial de ésta: la independencia y autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Cuando se quiebra esta ~a y principio, se quiebra evidentemente el estado de derecho, elorden jurídico y la seguridad jurÍdica. El Estado garantiza a los magistrados judiciales su independencia, quienes sólo están sometidos a la Constitución y la ley (Art. 146Q, inc. 1, Const.). Ninguna autoridad puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas dispDsiciones -agrega la Constitución- no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional, ni surte efecto jurisdiccional alguno (Art. 139Q, tlltimo párrafo, Const.). d) La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad (Art. 139Q, inc. 19, Const.). Es que los jueces, para ejercer el cargo, deben ser nombrados conforme a las reglas constitucionales y legales. El litigante tiene derecho que su conflicto sea resuelto por suJuez natural. Este principio recusa el nombramiento irregular de jueces. La intervención de los jueces provisionales y suplentes debe ser la excepción para situaciones también excepcionates.
e) La observancia del debido pr;ce-so (Art. l39Q, inc. 3, Conslo).
Como se ha señalado, el proceso es el instrumento mediante el cual el Poder Judicial ejerce su función jurisdiccional. El proceso se dinamiza mediante los procedimientos establecidos. Para conceptualizar el principio que ahora tratamos y determinar su naturaleza, de primera intención, debemos apuntar que el debido proceso se concibe en el plano doctrinario y en el propio plano legislativo, por un lado, como un derecho de los justiciables frente a los encargados de ejercer el poder de decisión, y por otro lado, como un principio procesal. No obstante, el debido proceso, como principio y como un derecho, es todavía un tema en debate.
El debido proceso, como un derecho, supone, desde el punto de vista estático, la presencia de dos condiciones esenciales:
l. Los órganos judiciales encargados de conocer de los conflictos y de las incertidumbres, ambos de relevanciajurídica. deben estar preestablecidos, integrados por jueces naturales, con sus competencias claramente señaladas. A modo de ejemplo, anotamos que ninguna persona -señala la Constitución- puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (Arlo 139Q, inc. 3, Conslo).
2. El proceso como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional debe tener sus procedimientos preestablecidos, de modo que garanticen, entre otros, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la con tradicción, el derecho de las partes a aportar al proceso los hechos que respalden sus afirmaciones haciendo uso de los medios probatodos, el derecho a que las decisiones judiciales estén motivadas fáctica y jurídicamente, el derecho a impugnar las resoluciones, ete., los que en conjunto deben garantizar no sólo un debate judicial transparente y una decisión judicial imparcial, sino también el ejercicio pleno e ineludible del derecho de defensa de cada una de partes en todas las etapas del proceso.
El debido proceso como derecho desde el punto de vista dinámico supone la observancia rigurosa por los jueces, por los auxiliares jurisdiccionales, en suma, por todos los sUjetos procesales,.no sólo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sus competencias, sino también, y esto es lo más resaltante, de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial y el desarrollo de los procedimientos correspondientes, cautelando
el ejercicio ab~recho de defensa de las partes en litigio. Cuando no se cumplen estas condiciones, además de otras que garantizan un debate transparente de la materia en contro versia y una correcta decisión judicial, cuando se recorta el derecho de defensa, decimos que no se ha observando en rigor el debido proceso legal o que se ha violado el debido proceso. Como principio procesal, el debido proceso se concibe como un ideal que sirve de orientación no sólo para la estructuración de los órganos jurisdiccionales con sus respectivas competencias, para el establecimiento de los procedimientos correspondientes que aseguren, entre otros, el ejercicio pleno del derecho de detensa, sino también para garantizar decisiones judiciales COITectas, imparciales y justas, en marcadas dentro de la ley.
Jesús GONZÁLES PÉREZ (21), al tratar del debido proceso, escribe: "La tutela jurisdiccional efectiva no quedará prestada con la recepción por un órgano jurisdiccional de la pretensión y la emisión de una sentencia decidiendo acerca de su conformidad o disconformidad de la misma con el ordenamiento jurídico. La tutela sólo será efectiva si el órgano jurisdiccional reúne ciertas condiciones y antes de dictar sentencia sigue un proceso investido de las garantías que hagan posible la defensa de las . partes. No se emplea, por tanto, la expresión proceso debido en el sentido estricto en que ha venido siendo utilizado. Llamamos proceso debido a aquel proceso que reúna las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por la garantía del Juez natural". En el plano internacional el debido proceso también se halla reconocido y regulado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita y proclamada en París ellO de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución N 217 A. En el artículo 10Q de la Declaración Universal de Derechos Humanos se consagra que: "Toda persona tiene derecho, en condiciones d<1 plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones ... El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y puesta en vigor el 23 de marzo de 1976, reconoce en su numeral 14Q, inciso 1, que: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las d.ebidas garantías por un trihunal competente, independiente e imparcial, establecido por /{L ley, (...) para la determinación de sus derechos u ob!igaciones de carácter civil". El artículo 82, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su lado, reconoce que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial .' establecido con anterioridad por la ley (...) para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fzscal o de cualquier otro carácter". Asimismo, el artículo 252 de dicha Convención Americana señala que: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y ráPido o de cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Como aparece de las normas anotadas, es pertinente destacar que el derecho al debido proceso consagrado por los artl los 14Q, inciso 1, del citado Pacto Internacional, y 8Q, inciso 1, de la
cionada Convención Americana, no se li
mitan sólo a los procesos penales, sino que se extiende a los procesos que tienden a la determinación de derechos u obligaciones de carácter civil según el Pacto o de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter conforme a la Convención Americana. Lo más importante es que en las normas internacionales mencionadas se consignan y se reconocen principios trascendentales que constituyen soportes esenciales del debido proceso, de lo que nos hemos ocupado precedentemente. f) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es otro principio (Art. 139Q, inc. 3, Const.). La tutela jurisdiccional se concibe como una contrapartida de la acción. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción, naturalmente, a un debido proceso. El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persd~a a que se le haga justicia, a que cuando pretenda alguna prestación de otra persona esa pretensión sea atendida, protegida, por el órgano jurisdiccional, a través de un . proceso con las garantías mínimas. El Código Procesal Civil recoge este principio cuando dice que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso (Art. 1, T. P., CPC). Es que la función jurisdiccional como servicio público que es, es a la vez un deber y un poder del Estado, de cuya función no puede excusarse, no puede negarse a conceder la tutelaju.¡:ídica a toda persona que lo solicite. ""' g) La publicidad'en los procesos, salvo disposición contraria de la ley, es otro principio procesal (Art. 139Q, inc. 4, Const.). Este principio le atribuye un carácter excepcional a la privacidad en los procesos, dependiendo ésta de la naturaleza de la materia en controversia, como serían los litigios que tienen que ver con la intimidad, la dignidad o con la moral de las personas. Lo que se preconiza es que los actos procesales, por ser derivados de una función pública, se produzcan en forma transparente, desterrándose que los mismos se desarrollen y generen en forma secreta. Por ejemplo, los procesos judiciales relacionados con la responsabilidad de funcionarios
públicos y los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. Los procesos civiles, donde normalmente se discuten derechos privados, no dejan de estar orientados por el principio de publicidad, h) La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aPlicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan (Art. 139Q, inc. 5, Const.). Esta es indudablemente una de las garanúas de la administración de justicia. También es un principio procesal. La contravención o la inobservancia de este principio daría lugar a la arbitrariedad de los encargados de administrar justicia. En relación con este principio, la Ley Orgánica del Poder Judicial es más explícita cuando dice que todas las resoluciones, con excepción de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sus tentan, pudiendo éstos ser reproducidos en todo o en parte sólo en segunda instancia, al absolver el grado (Art. 122 LOP]). La pregunta que nos formulamos es si las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, que normalmente pueden ser analfabetos e iletrados y están autorizados para admi!listrar justicia: ¿Tendrán que fundamentar sus resoluciones? i) Otro principio de la función jurisdiccional es el de la Pluralidad de instancias en el sentido de que los procesos deben desarrollarse no en menos de dos instancias (Art. 1392, inc. 6, Const.). La ley Orgánica del Poder Judicial señala que lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada (Art. 112 LOP]), lo que importa admitir que dicha ley es~ causas deben conocerse y resolverse sólo en dos instancias. Una sola instancia podría dar lugar a decisiones arbitrarias de los jueces. Tres ir;!stancias importa, en muchos casos, dilatar innecesariamente los procesos. La casación no da lugar a una tercera instancia. En el Perú hay todavía procesos civiles que se vienen ventilando en tres instancias: aquellos que se substancian conforme a las reglas del Código de Procedimientos Civiles. j) El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley (Art. 139, inc. 8, Const.). En efecto, los jueces no pueden dejar de resolver las causas aduciendo vacío o deficiencia de la ley, pues en tal caso deben aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario (Art. 1392, segundo párrafo, Const.). El Código Civil prevé que los jueces no pueden deja¡ de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano (Art. VIII, T. P., CC). Es más, el]uez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la ley incurre en delito (Art. 422 CP).
Los principios generales del derecho constituyen uno de los con- . ceptos jurídicos más discutidos, pues unos los consideran como los axiomas o máximas jurídicas deducidas de las antiguas compilaciones, otros consideran que son dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento inmediato de las disposiciones que dicta y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento. El problema es determinar cuáles son esos principios a que se refiere tanto la carta magna como el Código Civil (22). El derecho consuetudinario es el que nace de la costumbre, es el derecho no escrito. Las reglas contenidas en el ordenamiento procesal civil, que regulan el proceso correspondiente, indudablemente coadyuvan para que los jueces no dejen de administrar justicia por defecto de la ley. El Juez, dice el Código Procesal Civil, debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente (Art. VII, T. P., CPC). Esta norma viabiliza la cristalización del principio en comentario. k) El principio de inaplicabilidad por analogía de las normas procesales que restrinjan derechos (Art. 139Q, ine. 9, Const.). Esta norma concuerda con la previsión contenida en el Código Civil cuando dice que la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía (Art. IV, T. P., CC). En materia procesal civil, por ejemplo, el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de iiteralidad y no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. Recurriendo a la analogía no podría sostenerse válidamente que se ha conferido facultades para allanarse a la pretensión procesal, no obstante no haberse conferido expresamente tales facultades, aduciendo que la figura de la conciliación (para la cual sí se hubiera conferido poder) es similar al allanamiento. 1) La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. (Art. 1392, inc. 13, ConsL). Las resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada son intangibles, inamovibles e inalterables. En el campo civil, por motivaciones especiales, como el caso de fraude o colusión, se permite, en vía de acción, la nulidad de las sentencias que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada (Art. 1782 CPC). Se habla de la cosa juzgada formal cuando la decisión final es cuestionable mediante la demanda de nulida de la cosa juzgada fraudulenta, la que se hace valer dentro de n plazo. Se habla también de la cosa juzgada de fondo cuan o ya no es posible su cuestionamiento en ninguna vía. En el c po penal la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitiv la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. En el ,campo penal, finalmente, es factible, por causal es fijadas en el Código, el recurso de revisión de sentencias ejecutoriadas. Este recurso no está previsto en el orden procesal civil.
Lo que interesa remarcar es que no se puede revivir un proceso que ha finalizado mediante una resolución ejecutoriada. La cosa juzgada no sólo da seguridad jurídica respecto al asunto que ha sido materia del litigio, sino también confiere paz a los que han controvertido. m) El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso (Art. 1392, inc. 14, Const.). Este principio,. que también es un derecho, comprende indudablemente a todos los procesos, no obstante que el dispositivo, por su redacción, pareciera referirse sólo al proceso penal. En efecto, consigna la norma, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o de las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección ya ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. El derecho de defensa constituye '.~gualmente una garantía procesal frente a las arbitrariedades qu~ pudiera cometer el juzgador. El derecho a ser notificado con la demanda, el de contestarla, el de proponer excepciones, el de ofrecer medios probatorios, el de impugnar las resoluciones del juez, etc., son aspectos del ejercicio del derecho de defensa. Nadie puede ser condenado si previamente no se le ha dado la oportunidad de- ejercer su derecho de defensa, lo que supone que el emplazado ha sido debidamente notificado con la demanda. n) El principio de gratuitad de la administración dejusticia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y, para todos, en los casos que la ley señala (Art. 1392, inc. 16, Const.). El Código Procesal Civil dice que el acceso al servicio de justicia es gratuito, sin peIjuicio del pago de costos, costas y multas establecida en este Código y disposiciones administrativas del Poder judicial (Art. VIII, T. P., CPe). Lajusticia civil, concebido como un servicio público en nuestro país, no es ni ha sido realmente gratuita. Ese servicio público, en muchos casos, ineludiblemente tiene que utilizar el justiciable para que se resuelva su conflicto o se dilucide su incertidumbre. Es que en la realidad se presentan situaciones en las que el ciudadano se ubica en un estado de necesidad de la tutela jurisdiccional efectiva. Es verdad que el Art. VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil literalmente prevé que el acceso a la justicia civil es gratuito; empero, en la práctica, el litigante desde la propia presentación de la demanda incurre en una serie de gastos que se traducen en el pago de tasas judiciales, en la presentación de cédulas de notificación, etc. El Código regula el auxilio judicial (Arts. 1792 y ss. CPC) con el propósito de proteger -aplicando el principio en comento- a las personas en litigio de escasos recursos económicos.
o) La obligación del Poder Ejecutivo de prestar colaboración que en los procesos le sea reqúerida (Art. 139Q, ine. 18, Const.). Este es un principio que preconiza el uso de la fuerza pública en determinadas circunstancias del proceso. El Poder Ejecutivo, en determinados supuestos, tiene la obligación de colaborar con la
justicia, como cuando el Código Procesal Civil establece que: "El testigo que sin justificación no comparece a la audiencia de pruebas será sancionado (...) sin perjuicio de ser conducido al juzgado con el auxilio de la fuerza pública, en la fecha que fife el Juez para su declaración, sólo si lo considera necesario" (Art. 232Q CPC). El mismo Código señala que: "La ejecución de la medida [cautelar] será realizada por el Secretario respectivo el día y hora hábiles o habilitados, con el apoyo de la fuerza pública sifuese necesario (...)" (Art. 64P CPC). p) El principio que preconiza derecho de toda persona de formu lar análisis y críticas de las resolucione sentencias judiciales, con las limitaciones de ley (Art. 139Q, inc. 20, Co st.). Este principio evidentemente es importante. Tiene su raza de ser en el hecho de que las críticas que se formulen a las decisiones judiciales desde el punto de vista doctrinario y normativo propician su mejoramiento. Por ello constatamos la publicación de libros, revistas y Qtros medios de difusión con comen tarios de resoluciones que vienen dictando nuestros organismos jurisdiccionales, especialmente por entendidos en la materia. En muchos casos estos comentarios han reorientado los criterios de deci siónjudicial en asuntos donde la leyes obscura, ambigUa o hay un vacío. Los comentarios que se apartan del criterio netamente jurídico no merecep consideración alguna.
8.2. PRINCIPIOS PROCESALES CON RANGO LEGAL
- Tenemos los siguientes:
a) Los principios de dirección e impulso del proceso (Art. n, T.P.,CPC). El Juez es el conductor del proceso y, por tanto, no sólo tiene el deber de hacer cumplir con las normas que lo regulan, sino también tiene la obligación procesal de impulsar su desarrollo, siendo responsable de cualquier demora por su inactividad. EIJuez no es un simple espectador del'proceso. Es un participante activo del mismo como -reflejo del sistema inquisitivo en que en parte se ubica el proceso civil. Es que el proceso no es un instrumento perteneciente a las partes; es un instrumento público. Esa obligación procesal del Juez de impulsar el proceso de oficio no descarta la necesidad de los
litigantes de impulsar también el desarrollo del mismo. Sin embargo, hay determinados procesos en los cuales el proceso sólo es impulsa , do por las partes en litigio, como los casos de separación de I cuerpos y divorcio por causal es . (Art. 4802 CPC), los relativos a las demandas sobre responsabilidad civil de los jueces (Art. 5092 CPC) Y los que tienen que ver con la obtención de un título supletorio, de la prescripción adquisitiva de dominio y de la rectificación o delimitación de áreas o linderos (Art. 5042 CPC). Debe tenerse presente que la inactividad del litigante puede dar lugar a la declaración del abandono del proceso. Este principio refleja claramente que el proceso civil peruano participa de orientaciones que responden a los postulados de los sistemas procesales inquisitivo y dispositivo. b) Otro principio orientador de los procesos civiles es que éstos tienen como finalidad concreta resolver el conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derecho materiales, y que la finalidad abstracta está dada en el propósito de alcanzar la paz social en justicia (Art. 111, T. P., CPC). La función jurisdiccional se patentiza en la solución de los conflictos o en la eliminación de las incertidumbres jurídicas y el instrumento para su ejercicio es el proceso; en el caso que nos ocupa, el proceso civil. Dentro de él, el Juez evalúa los elementos probatorios aportados al proceso y determina el derecho aplicable al caso. El proceso está regulado por normas, orientado por principios y rodeado de garan tías procesales. Asimismo, el Código Procesal Civil, entre otros mecanismos, señala que en caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código deberá recurrirse a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes. En efecto, este principio señala la finalidad concreta del proceso y la finalidad abstracta del mismo, finalidades que orientan no sólo el desarrollo de los trámites procedimentales, sino también la decisión que debe adoptar el juzgador, la misma que contribuirá a encontrar la paz en la colectividad. Es que todo conflicto que se produce en la sociedad importa una alteración de la paz. Con ese propósito se exige que el Juez en su decisión se apoye en la correcta apreciación de los hechos y en la recta aplicación de la ley.
e) El principio de iniciativa de parte para generar un proceso y de la conducta correcta que deben observar dentro de él los sujetos que intervienen (Art. IV, T. P., CPC). No se genera un proceso si la parte no interpone su demanda, en la que deberá invocar interés y legitimidad para obrar, excepto si se trata del representante del _Ministerio Público, del procurador oficioso o de quien defienJa imereses difusos (Arts. SI Q Y S2Q del CPC). No es necesario probar la presencia del interés y la legitimidad para obrar, Si no hay demanda la inactividad del Juez es evidente. Es que el estado de necesidad de tutela jurisdiccional efectiva explica que quien la necesite debe tener la iniciativa para que el proceso entre en movimiento interponiendo su demanda.
Los sujetos del proceso, de otra parte, tienen la obligación de ajustar su condllcta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe (Art. IV, T. p., CPC). Lo que se quiere es que los sujetos procesales observen en el proceso una conducta correcta. Con ese propósito el Código prevé mecanismos para pro-' curar el cumplimiento de los deberes anotados, como las sanciones pecuniarias, la calificación por el Juez de la conducta procesal observada por las partes en conflicto al sentenciar la causa, etc. La calificación de la conducta procesal de los sujetos intervinientes requiere naturalmente de la ponderación del Juez y de la observancia de las condiciones que señala la ley para su aplicación. Este, de otro lado, sin lugar a dudas, tendrá dificultades para evaluar la veracidad, la probidad, la lealtad y la buena fe con que actúan los sujetos procesales. Tampoco se descarta que muchos procesos se resuelven sobre la base de la llamada "verdad formal" y no sobre la base de la "verdad real".
d) El principio procesal de inmediación (Art. V, T. P., CPC). Este principio preconiza que el Juez, como conductor del proceso y como el personaje que va a resolver el litigio, tenga el mayor contacto posible con los sujetos del proceso, con los elementos materiales que tienen que ver con el litigio, con el propio desarrollo de los actos procesales, con la actuación de los medios probatorios, etc. La confrontación entre las partes, por ejemplo, debe realizarse por el propio juzgador, para que de ese modo pueda apreciar la conducta y las reacciones personales de ellas en el esclarecimiento de determinados hechos en que hay contradicción.
e) El principio de concentración (Art. V, T. P., CPC). Este principio propicia la limitación de los actos procesales en el menor tiempo posible. Este principio preconiza que el proceso se desarrolle sin solución de continuidad y que los actos procesales se produzcan en el menor tiempo posible. Las audiencias que se producen en el proceso civil es un claro ejemplo del cumplimiento de este principio, conduciendo a que el Juez tenga participación en todos los actos procesales que tienen cabida en las audiencias. .
f) El principio de economía procesal (Art. V, T. P., CPC). Este principio preconiza el ahorro de tiempo, de gastos y de esfuerzos en el proceso. Habrá ahorro de tiempo cuando el proceso se desarrolle normalmente, observando sus plazos y las formalidades de rigor, sin llegar a la exageración. Habrá ahorro de gastos cuando éstos no impidan que las partes en conflicto ha gan valer sus derechos dentro del proceso. La exigencia de tasas judiciales a cada uno de los cónyuges, no obstante litigar como un patrimonio autónomo, atenta contra este principio. Habrá ahorro de esfuerzos cuando el proceso sea simple, en el sentido que' los actos procesales se desarrollen sin hacer esfuerzos innecesarios. La convalidación de actos es una manera de exteriorizar el
principio de economía procesal, a condición de que tales actos coadyuven a las finalidades del proceso.
g) El principio de celeridad procesal (Art. V, T. P., CPC). Este principio postula, entre otros, la correcta observancia de los plazos en el proceso, recusando la dilación maliciosa o irracional del mismo; permite, además, el impulso procesal ya sea de oficio o a petición de las partes contendientes. Este principio concuerda con el principio de economía proces~l.
h) El principio que proPicia evitar la desigualdad entre las partes en el proceso ~bor razón de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afectando, naturalmente, el desarrollo y el resultado del proceso (Art. VI, T. P., CPC). Este principio, dentro de la orie ción publicística del proceso, propicia desterrar la desigualda , ue en la práctica procesal en muchos casos se constituye en un elemento determinante del desarrollo y del resultado del proceso al momento de la decisión final. Este principio preconiza el rechazo de fallos que sean el resultado de la influencia del poderoso económicamente o del influyente políticamente. Ningún elemento que no sea el derecho debe servir para inclinar la justicia en favor de uno u otro litigante.
El Código Procesal Civil titula este principio como el de socialización del proceso y preconiza que el Juez debe evitar que la desÜ~ualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idiÓma o condición social, política o económica, afecte el desarrollo o resultado del proceso. En consideración a esta orientación, el mismo Código señala como un deber del Juez el hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso (Art. 50Q, inc. 2, CPC). Este principio, entre otros supuestos, ha dado lugar a que cuando el Estado es parte en el proceso éste no debe tener mayores privilegios que el litigante común y corriente. En virtud de este principio ha desaparecido, por ejemplo, la apelación de oficio, que consagraba el ordenamiento derogado en esta materia. En otro aspecto, el Código ha establecido el auxilio judicial para evitar que los gastos que ocasiona el proceso atente contra la subsistencia del litigante de pocos recursos económicos (Arts. 179Q Y ss. CPC). i) El principio iura novit curia. Este principio, consagrado I por el Código Procesal Civil, preconiza que el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin em bargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes (Art. VII, T. P., CPC). Esto supone que el juez, como tal, es el conocedor del derecho y que las partes no necesariamente de
ben ser conocedores del derecho, sino de los hechos. La fundamen tación jurídica de la pretensión procesal puede ser errada o simplemente no esté fundamentada adecuadamente en materia jurídica. Es en este supuesto en que el juez debe aplicar el derecho que corresponda a la controversia. Es tarea fundamental del juez la de determinar la norma jurídica sustantiva aplicable al caso o adecuarla para resolver el conflicto. De otro lado, el juez no puede ni debe ir más allá de lo pedido por las partes en litigio, ni menos debe fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Por ejemplo, no puede el juez soste!1er válidamente que lo que propone el demandante es la resolución del contrato de compraventa, menos declarar (al resolver) la resolución, si del texto de la demanda y de su fundamentación se trata realmente de una demanda sobre rescisión del mismo contrato. El debate procesal debe naturalmente referirse a la rescisión del contrato de compraventa. Menos puede el Juez declarar en su sentencia
la resolución del contrato aduciendo que en el proceso se han acreditado los supuestos para declarar la resolución, no obstante que la demanda se refiere a una de rescisión del contrato. Si esto se produjera inequívocamente se estaría contravinie!1do el principio iura novit curia.
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j) El principio de imperatividad de las normas procesales. El Código Procesal Civil señala que las normas procesales contenidas en él son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario (Art. IX,T. P.,CPC). En base a ello se sostiene que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento. ¿Qué debemos entender por orden público? En principio, se define el derecho público como el conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con los particulares y con los otros Estados, donde predomina el interés genérico. En tanto que el derecho privado rige los actos de los particulares cumplidos en su propio nombre para satisfacer intereses individuales. Si la actividad jurisdiccional es una actividad pública, a cargo del Estado, las normas procesales que regulan esa actividad no sólo son de der cho público sino también son de carácter imperativo, es decir, e naturaleza obligatoria~ No tendrán esta característica, por excep ión, si la propia norma determina su no obligatoriedad. Por ejemp o las reglas relativas al desistimiento del proceso o de la pretensión no son imperativas. Es que estas reglas, no obstante ser de derecho público, no son de carácter obligatorio en el sentido de que el litigante puede, si lo cree conveniente, formular su desistimietito. La ley no lo obliga. Se trata de disposiciones permisivas.
k) El principio de formalidad procesal. El Código prevé que las. formalidades previstas por él son imperativas, obligatorias (Art. IX,T. P., CPC). No obstante esta previsión categórica, el Código autoriza al juzgador adecuar su exigencia al logro de los fines del proceso. Si, por ejemplo, en un proceso se ha actuado la
declaración de parte sin el previo juramento o la promesa de decir la verdad que exige la ley, el Juez puede darle a la declaración el valor que a su criterio corresponda si la misma va a contribuir a la mejor decisión del litigio y a obtener con ella la paz social como fin supremo del proceso. Aquí, indudablemente, es importante la ponderación y la objetividad con que debe actuar el Juez. El Código, asimismo, ha establecido que si el ordenamiente:> procesal civil no señalara una formalidad específica para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada (Art. IX, tercer párrafo, T. P., CPC).
8.3. PRINCIPIOS PROCESALES NO CONSIGNADOS E.N DISPOSITIVO LEGAL CONCRETO, PERO RECONOCIDOS POR EL ORDENAMIENTO PROCESAL 0\1L
a) El principio de imparcialidad con que los Jueces deben actuar en los procesos. Con este propósito la ley ha establecido diversos mecanismos, regulando, por ejemplo, los impedimentos y las recusaciones de los jueces y otros funcionarios. La finalidad es que el Juez que resuelva las causas lo haga sin favorecer a una de las partes, debiendo actuar, por tanto, con imparcialidad.
b) El principio del interés para intervenir en los procesos. En los procesos sólo debe admitirse la injerencia de las personas que tengan legítimo interés tutelado por la ley. Tratándose de terceros, para que intervengan en un proceso, deben acreditar tener un interés legítimo, actual, vinculado a alguna de las partes u opuesto al de éstos.
c) El principio de contradicción. Conforme a este principio todos los actos procesales deben ser de conocimiento de las partes y éstas deben tener la oportunidad de pronunciarse sobre tales actos. Cuando, por ejemplo, una persona plantea una demanda, ésta debe ponerse en conocimiento de la persona contra quien se dirige la misma para que pued,a pronunciarse sobre ella. Cuando se deduce una excepción, ésta debe ponerse en conocimiento de la parte contraria para que se pronuncie so . bre ella. Incluso una resolución que emite el juzgador dentro del proceso tiene que ponerse en conocimiento de las partes para que si lo creen necesario se pronuncien sobre ella, pudiendo incluso silenciar. Lo interesante es que las partes tienen la oportunidad para pronunciarse sobre los actos producidos por su contrario o por el propio juzgador. Otra cosa es que la parte a quien se puso en conocimiento oportuno de un acto procesal se pronuncie o no. Los ordenamientosjurídicos procesales como el nuestro han establecido determinados efectos para quien omite pronunciarse sobre determinado acto jurídico procesal. Ahí tenemos la declaración de rebeldía con sus efectos consiguientes. En resumen, debemos anotar que existe necesidad de oír a la persona contra quien se pide una decisión judicial o se expide una resolución.
d) El principio de prec!usión procesal, denominado también principio de eventualidad. Este principio supone que el proceso se va desarrollando por etapas, de modo que si se supera una etapa o fase se pasa a la siguiente y no existe posibilidad de retroceder. Aplicación de este principio constituyen las siguientes reglas: que las pruebas deben ofrecerse con la demanda y con la contestación de la demanda; la reconvención debe proponerse al contestar la demanda; las pruebas deben actuarse en la audiencia correspondiente; los recursos impugnatorios deben proponerse en los plazos que señala el ordenamiento procesal; etc. Superada la etapa detisoria del proceso, en virtud de este principio, no podríamos volver a la etapa postulatoria del proceso.
e) El principio de .que las sentencias no crean derechos sino que se limitan a declararlas. Es queJos derechos subjetivos son reconocidos por el derecho objetivo. La sentencia se concreta a declarar la existencia del derecho en favor de alguna de las partes en el proceso. Por ello también se dice que las normas procesales son instrumentos de los derechos substanciales.
f) El principio de adquisición procesal. Conforme a este principio, los elementos incorporados al proceso, como por ejemplo las pruebas documentales o las afirmaciones sobre hechos contenidos en escritos, formarán parte del proceso y pueden perfectamente favorecer a la parte que no las haya presentado o no haya hecho las
afirmaciones. Esos elementos forman parte integrante del proceso y no pertenece a quien los aportó y, por tanto, pueden favorecer o desfavorecer a éste.
8.4. REALIZACIÓN o DESARROLLO DE LOS ACTOS PROCESALES EN FORMA ORAL O EN FORMA ESCRITA
En principio debemos anotar que hay autores que hablan del predominio del sistema oral frente al sistema escriturario, en tanto que otros autores hablan de los principios de oralidad y de la escrituralidad. Considero que no se trata de sistemas ni de principios. Lo que ocurre es que los sistemas procesales dispositivo e inquisitivo, que sí constituyen sistemas, como lo hemos explicado precedentemente (23), prefieren para sus fines el desarrollo de los actos procesales en forma escrita o en forma oral, respectivamente. Empero, no existen procesos que se desarrollen exclusivamente en forma oral o procesos que se desarrollen exclusivamente en forma escrita. En el proceso regulado por el derogado Código de Procedimientos Civiles existía predominio de los actos procesales escriturados, en tanto que en el proceso regulado por el vigente Código Procesal Civil existe predominio de la realización de los actos procesales en forma oral. De lo que se trata es conocer cómo se mani:iesta el uso de la oralidad o de la escrituralidad en el desarrollo de los actos procesales.
En efecto, como anotamos, en el proceso regulado por el Código de Procedimientos Civiles existía predominio de la escrituralidad en el desarrollo de los actos procesales, de modo lue la demanda se formulaba por escrito, la contestación de ~lla también se formulaba por escrito, incluso en los procesos en los que existía el comparendo, donde se-suponía que el denandado debía contestar la demanda oralmente y, sin embar~o, en la práctica se desarrollaba en forma escrita, pues el abogado llevaba por escrito su contestación de la demanda y en el lcto del comparendo dictaba al secretario cursor. El desarrollo le la confesión, de la declaración de testigos, de la inspección ocular, que se realizaban oralmente, empero, tenía que dejarse entado en el acta, indicando la forma cómo se habían de sarrolado, pues si no constaban estos detalles en el acta no se la podía pmar en cuenta al momento de resolver. Conforme a sus reglas, !l proceso se constituía en un debate entre abogados, donde los lefensores de las partes eran los que elaboraban prácticamente bs actos procesales, y el papel del Juez era la de un simple árbiro, con potestad de resolver la causa al final del trámite en base a que aparecían de los escritos que conformaban el expediente. :e dice que el predominio del uso de la escrituralidad en los actos procesales respondía a la concepción privatista (otros hablan ,e la concepción privatística) del proceso, donde lo importante para componer asuntos privados de interés de las partes.
En contraposkión a lo reglamentado por el Código anotado, en el proceso regulado por el Código Procesal Civil se advierte predominancia de la oralidad en el desarrollo de los actos procesales, sin que ello signifique que se haya descartado la escrituralidad. Este nuevo ordenamiento recoge las orientacioes en materia procesal por las que se ha venido luchando en tros países desde el siglo pasado. El desarrollo de las audiencias (de saneamiento y conciliación, y de pruebas) patentiza el uso de la oralidad. Empero, el desarrollo de las mismas tiene que describirse en las actas; los detalles que hubieran ocurrido en su realización y que no constaran en el acta es como si no se hubieran producido. Hay un dicho popularizado que tiene relación con esta omisión que dice: "Lo que no está en el expediente no es de este mundo". La escritura es importante. Considero que es conveniente anotar en esta parte que en un gran número de causas, en segunda instancia, se resuelven las mismas basándose en la prueba documental, dentro de ella la instrumental, donde no se toman en consideración, por ejemplo, lo ocurrido en las audiencias de conciliación y de pruebas, unas veces por la deficiencia con que se han redactado las actas o por lo ilegible de las mismas. Estamos de acuerdo con la posición que sostiene que el uso de la oralidad satisface las expectativas de la concepción publicista (algunos hablan de la concepción publicística) del proceso, con lo que se hace realidad el poder de dirección y conducción del proceso por el Juez, favoreciendo la cristalización de los principios procesales de inmediación, concentración y celeridad, y haciendo que la actividad jurisdiccional se haga más activa y transparente. No obstante lo anotado debemos señalar que los jueces de revisión tienen que resolver las causas en base a lo que aparece en los escritos que figuran en el expediente, pues los informes orales de los abogados se esfuman; el desarrollo de algún medio probatorio en segunda instancia es excepcional. Como conclusión debemos indicar que en el proceso civil regulado por el nuevo Código Procesal Civil hay un predominio del uso de la oralidad en la producción de los actos procesales, sin descartar el uso de la escrituralidad.
Capítulo II
ACCION, JURISDICCION y COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL
SUMARIO:
1. LA ACCIÓN PROCESAL. 1.1. Concepto de la acción procesal. 1.2. La acción y la pretensión procesal. 1.3. Ejercicio y alcances del derecho de acción. lA. Derecho de contradicción. 1.5. Regulación de los derechos de acción y contradicción. 1.6. Consecuencias del ejercicio irregular del derecho de acción. 1.7. Acumulación de pretensiones procesales y de procesos. 1.7.1. Pluralidad de pretensiones procesales. 1.7.2. Acumulación objetiva originaria. 1.7.3. Acumulación objetiva sucesiva. 1.7.4. Requisitos para la acumulación objetiva de pretensiones: 1.7.3. Acumulación subjetiva originaria. 1.7.6. Acumulación subjetiva sucesiva. 1.7.7. Requisitos para la acumulación subjetiva de pretensiones. 1.7.8. Requisitos y trámite de la acumulación sucesiva de procesos. 1.7.9. Desacumulación de procesos. 2. LA JURISDICCIÓN 2.1. Concepto. 2.2. El titular de la función jurisdiccional en materia civil. 2.3. Organos jurisdiccionales en materia civil. 2.3.1. Las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia. 2.3.2. Las Salas Civiles de las Cortes Superiores de Justicia. 2.3.3. Los Juzgados Civiles. 2.3.4. Los Juzgados de Paz en materia civil. 2.4. Deberes y facultades de los Jueces Civiles. 2.4.1. Deberes de los Jueces. 204.2. Facultades genéricas de los jueces. 2.4.3. Facultades disciplinarias de los jueces. 2.4.4. Facultades coercitivas de los jueces. 2.5. Auxiliaresjurisdiccionales. 2.5.1. Auxiliares en el área de la jurisdicción civil. 2.5.2. Organos de auxilio judicial en materia civil. 2.5.3. Deberes y responsabilidades de los auxiliares jurisdiccionales. 3. LA COMPETENCIA. 3.1. Concepto. 3.2. Irrenunciabilidad de la competencia. 3.3. Indelegabilidad de la competencia. 3.4. Criterios para f~ar la competencia. 3.4.1. La competencia por razón de la materia. 3.4.2. La competencia por razón de territorio. A) Reglas generales. B) Regla para los casos de dos o más demandados. C) Regla para los casos en que por la conexión de las pretensiones se emplaza a varios demandados. D) Regla para los casos de personas jurídicas regulares demandadas. E) Regla para los casos de personas jurídicas irregulares demandadas. F) Regla para los casos de sucesiones demandadas. G) Regla tratándose de la expropiación. H) Regla tratándose de asuntos relacionados con incapaces. 1) Regla tratándose de procedimientos no contenciosos. J) Competencia facultativa. K) La competencia territorial tratándose del Estado como demandado. L) Prórroga de la competencia. 3.4.3. La competencia por razón de la cuantía. A) Reglas generales. B) Determinación de la cuantía de la demanda. C) Cálculo de la cuantía
tratándose de pretensiones sobre inmuebles. D) Costas, costos y multa por exceso en la cuantía propuesta. 3.4.4. La competencia funcional o por razón de grado. 3.4.5. La prevención de la competencia funcional. 3.4.6. Efectos de la prevención. 3.4.7. La competencia por razón de conexión entre los procesos. 3.4.8. La competencia por razón de turno. 3.4.9. La competencia tratándose de procesos de ejecución. 3.5. Cuestionamiento de la competencia. 3.5.1. Cuestionamiento de la intervención de un juez incompetente. 3.5.2. Conflicto de competencia positivo. 3.5.3. Conflicto de competencia negativo. 3.5,4. Las costas, los costos y las multas tratándose de los conflictos de competencia. 3.5.5. Caso en el que es inadmisible el conflicto de competencia positivo. 3.6.Impedimento, recusación y excusación o abstención. 3.6.1. Impedimento. A) Causal es de impedimento. B) Tramitación. 3.6.2. Recusación. A) Causal es de recusación. B) Recusación por causales que se sustentan en motivaciones que establecen impedimentos del Juez. C)lmprocedencia de la recusación. D)Rechazo liminar de la recusación. E) Trámite de la recusación. 3.6.3. Excusación o abstención por decoro. 3.7.Competencia del Juez peruano tratándose de los asuntos litigiosos a que se refiere el Titulo 11 del Libro X del Código Civil. 3.7.l.Reglas para determinar la competencia del Juez peruano en asuntos de Derecho Internacional Privado. A)Sometimiento expreso a la competencia de los Jueces..geruanos. B Sometimiento tácito a la competencia de los Jueces peruanos. C) Prórroga de la competencia territorial a favor de Juez extranjero. D) Competencia por razón de territorio. E) Determinación de la competencia tratándose de Estados extranjeros y otros organismos internacionales. F) Asuntos de competencia exclusiva de los tribunales peruanos. G) Asuntos de competencia exclusiva de los tribunales extranjeros. H) Competencia de los Jueces peruanos tratándose de universalidades de bienes. I) Competencia de los Jueces peruanos tratándose del estado y capacidad de las personas naturales. J) Competencia de los tribunales peruanos para dictar medidas provisionales de protección de personas naturales. K)Declinatoria de los tribunales peruanos en caso de arbitraje. L) Competencia del Juez peruano para conocer de la demanda y de la reconvención. M) Suspensión del proceso seguido en el Perú en caso de existir otro más antiguo en el extranjero. 3.7.2. Reglas para determinar la competencia de los organi~mos jurisdiccionales peruanos tratándose del reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitral es extranjeros. 3.7.3. Reglas para establecer la competencia para tramitar exhortos y cartas rogatorias dirigidas por Jueces extranjeros. APÉPENDICE DE JURISPRUDENCIA.
1 . LA ACCION PROCESAL
1.1. CONCEPTO DE LA ACCIÓN PROCESAL
Corresponde al Estado, dentro de un país debidamente organizado en el marco de la cultura occidental al que pertene cemos, la solución de los conflictos que se producen en la co munidad. En tal virtud, se ha prohibido que sus integrantes s( hagan justicia por sus "propias manos". Asume el Estado la tute la de los derechos, arrogándose la facultad de declarar el dere cho. Consecuentemente, dentro de ese tipo de organización, si reconoce a los ciudadanos la atribución de requerir su intervención cuando sus derechos se hallen lesionados, desconoci. dos, incumplidos, o cuando se presente una incertidumbre jurídica; esta facultad de las personas constituye la acción. La acción importa, ejercitándose el derecho de petición, la afirmación dé una o más pretensiones procesales e implica el requerimientc de su tutela por parte del Estado, titular exclusivo de la función jurisdiccional. Es que nadie acciona por accionar, sino para pro. poner la tutela de un derecho material. El Código Procesal Civil establece que: 'Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, cor. sujeción a un debido proceso" (Art. 1, T. P., CPC)
1 . LA ACCION PROCESAL
1.1. CONCEPTO DE LA ACCIÓN PROCESAL
Corresponde al Estado, dentro de un país debidament( organizado en el marco de la cultura occidental al que pertene cemos, la solución de los conflictos que se producen en la co munidad. En tal virtud, se ha prohibido que sus integrantes s( hagan justicia por sus "propias manos". Asume el Estado la tute la de los derechos, arrogándose la facultad de declarar el dere cho. Consecuentemente, dentro de ese tipo de organización, si reconoce a los ciudadanos la atribución de requerir su intervención cuando sus derechos se hallen lesionados, desconoci. dos, incumplidos, o cuando se presente una incertidumbre jurídica; esta facultad de las personas constituye la acción. La acción importa, ejercitándose el derecho de petición, la afirmación dé una o más pretensiones procesales e implica el requerimientc de su tutela por parte del Estado, titular exclusivo de la función jurisdiccional. Es que nadie acciona por accionar, sino para proponer la tutela de un derecho material. El Código Procesal Civil establece que: "Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses, cor. sujeción a un debido proceso" (Art. 1, T. P., CPC)
Por el derecho de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho ",la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución de un conflicto de intereses intersubjetivo o solicitando la dilucidación de una incertidumbre jurídica. Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción (Art. 2 CPC).
El Código Procesal Civil, como vemos, perfectamente conceptúa lo que es la acción procesal civil, como un medio de poner en movimiento al órgano jurisdiccional, en este caso, en materia civil, para hacer valer una pretensión procesal y con la aspiración de que ella será protegida por el indicado órgano. Esto significa que toda acción se plantea para hacer valer una pretensión procesal, que a su vez se sustenta en un derecho material. No es posible plantear una acción por plantear, si no es para hacer valer una pretensión procesal, por más que ésta, en la decisión final, sea desestimada.
Ya la doctrina procesal, a través de su larga historia, ha establecido definitivamente que la acción, en el ámbito procesal, es el poder jurídico que tiene el individuo para dirigirse a los órganos de la jurisdicción para requerir su intervención a fin de que la persona a quien debe emplazarse cumpla con la prestación a la que está obligada o asegurarle el pleno goce de su derecho violado o para solicitar la definición de una incertidumbre jurídica. Sin embargo, este vocablo, en el campo del derecho tiene múltiples acepciones. Por ejemplo, en el campo penal, la acción se opone a la omisión en la acuiiación típica de los delitos; en el Derecho mercantil, especialmente tratándose de sociedades, tiene una significación totalmente distinta al campo penal; en el Derecho civil sustantivo, igualmente, se utiliza la palabra acción seguido de nombres propios que caracterizan ciertos tipos de derechos sustanciales, como cuando se dice acción reivindicatoria, acción posesoria, acción pauliana, acción simulatoria, acción rescisoria, etc. Estas acepciones del vocablo acción son totalmente diferentes al sentido que actualmente se le da a la palabra acción en el ámbito procesal, cuya concepción se ha indicado más arriba. Cabe anotar, del mismo modo, las acepciones que ha tenido el vocablo acción dentro del propio Derecho procesal a lo largo de su desenvolvimiento doctrinario. En un primer momento, que pertenece al derecho romano clásico, la acción es un "ius persequendi in iudicio", equivalente a una potestad jurídica de requerir al tribunal la satisfacción de un crédito o la entrega de una cosa. Conforme a esta concepción sólo se concibió la acción, no así los derechos sustanciales que la sustentan. En un segundo momento, se involucra el derecho a la 'acción, por lo que la acción es realmente. para sus defensores el propio derecho en movimiento. En un tercer momento, que es el actual, la acción se desprende. del derecho máterial y se transforma en un poder jurídico autónomo, en el que la acción como instituto procesal entra en el sistema del derecho con un significado propio e inconfundible con las otras acepciones. La corriente moderna concibe la acción como un derecho abstracto a la tutela jurídica por el Estado. Por ello concordamos con los autores que afirman la
independencia de la acción como instituto procesal del derecho material, de cuya diferenciación deriva la autonomía misma del Derecho procesal como disciplina jurídica.
Consecuente con lo expuesto concordamos con los autores que conciben la acción como un derecho subjetivo, público, abstracto u autónomo, propio de todo sujeto de derecho, y que tiene por finalidad requerir la tutela jurisdiccional del Estado a través de sus órganos respectivos.
El mecanismo procesal para accionar es mediante la interposición de la demanda. La acción, como ente abstracto, en cada caso, tiene una existencia efímera. Admitida a trámite la demanda, lo que implica que el órgano jurisdiccional entra en plena actividad, desaparece la acción al haber cumplido con su finalidad. La acción procesal, en suma, es el medio para hacer que los órganos jurisdiccionales entren en funcionamiento. Es el percutor de la función jurisdiccional.
1.2. LA ACCIÓN y LA PRETENSIÓN PROCESAL
El maestro Eduardo J. COUTURE (1) dice: "La pretensión es la amoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica". Es que la pretensión procesal no es la acción. La acción es el poder jurídico que tienen las personas para hacer valer la pretensión procesal. Para comprender mejor la distinción entre ambas instituciones procesales podemos recurrir al aforismo jurídico que dice que "no hay derecho sin acción, ni acción sin derecho", porque un derecho que careciera de protección jurídica no sería derecho (por ejemplo: quién resulta acreedor como consecuencia de un juego de dados, no tiene protección de la ley, pues no tiene acción para hacer valer ese aparente derecho) y una acción sin derecho, cuyo amparo se aspira, no tendría significación alguna, aun cuando al final del proceso se deniegue la tutela de la pretensión procesal.
La acción es un derecho público subjetivo, mediante la cual requerimos la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de un derecho también subjetivo, derecho éste que, hecho valer mediante la acción, constituye lo que llamamos pretensión procesal. Acción y jurisdicción son conceptos que se corresponden, pues la acción es el derecho a ,la jurisdicción. La pretensión procesal que se hace valer con la acción puede o no prosperar, dependiendo que ella esté o no amparada por una norma sustancial y
que se pruebe sus fundamentos de hecho. Así se desampare la pretensión, la acción se habrá ejercitado y la actividad jurisdiccional se habrá puesto en movimiento. La .acción tiende a la protección del derecho subjetivo mediante la aplicación del derecho objetivo.
Otro terna que ha suscitado controversia entre los estudiosos es el de saber quién es el destinatario de la acción, el Estado o el demandado. Si concebimos la acción corno un derecho que se dirige contra el Estado para la protección de una pretensión jurídica, fundada en el derecho privado, la solución aparecerá más clara, porque el Estado será, y en efecto es, el sujeto pasivo de una obligación de naturaleza procesal: la de prestar la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, la de amparar en la sentencia a dictar a quien tenga la razón. En tanlo que el demandado es el sujeto pasivo de la pretensión procesal propuesta, fundada precisamente en la relación procesal derivada de la relación de derecho material. Analizado a fondo advertimos que la acción tiene corno fundamento una pretensión;procesal en la que el actor y el demandado son los sujetos activos, en cuanto ambos pretenden que el Juez, sujeto pasivo de la acción procesal, haga actuar la ley en su favor, admitiendo o rechazando la pretensión procesal mediante la sentencia. Constatamos que esa pretensión procesal hecha valer por el actor va diligida contra e! demandado, con el propósito de que éste cumpla la prestación a que se obligó o para que se declare la inexistencia de una obligación, según e! caso, en donde el Estado, eventualmente, hace uso de la coacción para la satisfacción de! derecho declarado.
En conclusión, recalcamos que e! ejercicio de la acción procesal, por el simple ejercicio, no es admisible. El ejercicio de la acción es admisible para hacer valer algún derecho subjetivo, tutelado por el derecho objetivo, caso en el cual estamos frente a una pretensión procesal. La acción procesal, como derecho a la jurisdicción, está dirigida contra el Estado, en tanto que la pretensión procesal, como derecho subjetivo material, está dirigida contra el demandante.
La pretensión procesal, como hemos anotado, se sustenta en el derecho subjetivo de un sujeto, cuya tutela jurídica solicita mediante la acción al órgano jurisdiccional. Se trata pues de un derecho concreto, individualizado, regulado y amparado por el derecho objetivo. Empero, el nuevo Código, bajo la denominación de intereses difusos, concibe determinadas pretensiones procesales referidas a bienes de inestimable valor patrimonial, como la defensa del medio ambiente, la defensa de bienes y valores culturales o históricos, la defensa del consumidor, etc., en los que la titularidad del derecho subjetivo corresponde a un conjunto indeterminado de personas y donde el derecho de acción se le confía al Ministerio Público y a las asociaciones e instituciones
sin fines de lucro, que según la ley o el criterio del Juez debidamente motivado están legitimados para interponerla (Art. 822, primer y segundo párrafos, CPC). Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente (Art. 822, tercer párrafo, CPC), cuyo institUto lo tratamos posteriormente.
1.3. EJERCICIO y ALCANCES DEL DERECHO DE ACCIÓN
Por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a la tut¿la jurisdiccional efectiva, en forma directa o a través de representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurÍsdiccional, pidiendo la solución de un conflicto de intereses intersubjetivo o la dilucidación de una incertidumbre jurídica (Art. 22, primer párrafo, CPC). El Código Procesal Civil, como vemos, perfectamente conceptúa lo que es la acción procesal civil, como un medio para poner en movimiento el órgano jurisdiccional para hacer valer una pretensión procesal, con la aspiración de que ella sea amparada por el órgano judicial. En otras palabras, el Código distingue la acción como derecho procesal autónomo del derecho material y subjetivo (pretensión procesal) que se hace valer precisamente con la acción y haciendo uso de la demanda. Tratándose de pretensiones procesales difusas o intereses difusos, la acción procesal correspondiente, asimismo, tiene por finalidad que el órgano jurisdiccional entre en actividad y que a su término ampare el derecho pretendido.
1.4. DERECHO DE CONTRADICCIÓN
Como se ha señalado, la demanda es el medio procesal por la cual se acciona. El emplazado con la demanda,' por ser titular también de la tutela jurisdiccional efectiva, tiene derecho a la contradicción (Art. 2Q, segundo párrafo, CPC). En otros términos, el demandado, al ser emplazado, tiene derecho también a la tutela jurisdiccional para hacer valer igualmente su pretensión procesal, que podría ser, por ejemplo, la aspiración a la desestimación de la pretensión procesal planteada por el actor en su demanda. Entonces, puede perfectamente contradecir. Sin embargo, esta posibilidad de contradecir debemos entenderla en sentido extensivo, comprendiendo el derecho de defenderse, la negación de la demanda, la contradicción a ella, la reconvención, la deducción de medios de defensa, etc.
Es que así como el Estado presta tutela jurisdiccional efectiva al accionan te, como un derecho individual, protege igualmente al demandado. Ugo Rocco (2) anota que: "Existe, pues, siempre un interés abstracto y secundario del demandado en que se conceda la prestación jurisdiccional, mediante declaración de certeza, y por ello es necesario que dicho interés, al igual que el del actor, sea tutelado por las normas jurídicas procesales frente al Estado". Para Marco Gerardo MONROY CABRA (3) "el demandado tiene derecho a pretender, y el Estado, mediante el órgano jurisdiccional, a conceder la prestación jurisdiccional. El derecho de contradicción no es sino una modalidad del derecho de acción y se le otorga al demandado para que mediante el proceso y por una sentencia se le decida su pretensión. Frente a la pretensión del demandante existe la oposición del demandado". Dentro de la teoría relacionista del proceso se sostiene que en él se producen, entre otras, dos líneas de relación, una relación de acción entre el demandante y el Juez, y otra relación de contradicción entre el demandado y el Juez. Finalmente, para Hernando DEVIS ECHANDÍA (4)
"el derecho de contradicción, lo mismo que el de acción, pertenece a toda persona natural o jurídica, y tanto su causa como su fin están constituidos por un interés público, que consiste en el derecho de obtener la decisión del' conflicto que se le plantea "al demandado mediante la sentencia que el órgano jurisdiccional debe dictar".
1.5. REGULACIÓK DE LOS DERECHOS DE ACCiÓN Y CONTRADICCIÓN
Los derechos de acción y de contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción alguna, con tal de que ellos se sujeten a los requisitos y a las condiciones que el Código señala (Art. 32 CPC). En tal virtud, las partes en litigio pueden presentar cualquier tipo de pedidos o de recursos a condición de que estén previstos no sólo por el Código Procesal Civil, sino también por todo el ordenamiento jurídico procesal civil, que podríamos encontrarlo en otros cuerpos legales, verbi gratia, en la Constitución, en el Código Civil, etc.
Se ha señalado por los estudiosos, concepción que compartimos, que aquellos derechos (de acción y de con tradicción) tienen su origen en el derecho de petición, que desde antiguo ha sido consagrado por muchas constituciones, incluida nuestra carta magna de 1993 (Art. 22, inc. 20, Const.), por el cual, toda persona, individual o colectivamente, tiene la potestad de acudir al órgano competente para plantear
cualquier pretensión o solicitud que la considere legal y justa. Lo que ha ocurrido es que, con el avance de la ciencia procesal, el derecho de petición se ha perfilado como una institución clara, más elaborada y fortalecida, llegando a establecerse cuerpos legales procesales en las que se han consignado reglas precisas para regularlas. Como contrapartida de la acción, lógicamente, se ha consagrado la contradicción, constatándose que ambas instituciones procesales se hallan técnica y científicamente concebidas, no admitiéndose limitación ni restricción alguna en su ejercicio, que no sean las expresamente establecidas por el Código.
1.6. CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO IRREGULAR DEL DERECHO DE ACCIÓN
En la realidad práctica pueden darse casos en los que el titular de una acción la ejercite irregular o arbitrariamente. En estos casos, concluido el proceso mediante resolución ejeclltoriada que desestime la demanda, advertido por el Juez la malicia con que haya actuado el actor, dentro del mismo pro ceso, sin requerirse de reclamación especial, éste debe ser con- .' denado al pago de las costas, costos y multas establecidos por el
Código en el mismo proceso. Es más, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular yarbitrario, en vía de acción, puede demandar el resarcimiento por los daños y peIjuicios que haya sufrido (An. 42 CPC).
t 11. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES-PROCESALES DE- PROGESO
Aquí consignamos una somera exposición de los distintos supuestos que se presentan dentro del instituto de la acumulación procesal. En el capítulo relativo a los sujetos del proceso tratamos con mayor amplitud sobre este tema.
J. 7.J. Pluralidad M pretensiones procesales
En una demanda se pueden hacer valer ,una o varias pretensiones procesales. Cuando en ella se proponen más de dos pretensiones, estamos frente a lo que el Código llama acumulacián objetiva M pretensiones. En un proceso, asimismo, pueden intervenir dos 0 más personas como demandantes o como demandados. caso en el cual se produce lo que el Código denomina acumulación subjetiva de pretensiones. Ambos tipos de acu . mulación pueden ser originarias o sucesivas, según se planteen en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente (Art. 832 CPC).
Hay conexidadentre pretensiones procesales cuando se presentan elementus comunes entre las distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines entre ellas (Art. 842 CPC).
J. 7.2. Acumulación objetiva originaria
Como se ha señalado, se produce la acumulación objetiva ordinaria cuando dos o más pretensiones se proponen en la --misma demanda. La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada (Art. 872, segundo párrafo, CPC). La acumulación objetiva originaria es alternativa cuando el demandado -dice el Códigoelige cuál de las pretensiones va a cumplir (Art. 872, segundo párrafo, CPC). La acumulación objetiva originaria es accesoria cuando habiendo varias pretensiones procesales, al declararse fundada la principal, se ampara también las demás (Art. 872, segundo párrafo, CPC).
l. 7.3. Acumulación objetiva sucesiva
Este tipo de acumulación se presenta en los siguientes casos: a) cuando el demandante (l.mplía su demanda agregando una o más pretensiones; b) cuando el demandado reconviene, haciendo valer sus pretensiones contra el actor; y c) cuando de oficio o a petición de parte se reúnen dos o más procesos en uno a fin de resolverse mediante una sola sentencia, evitándose pronunciamientos jurisdiccionales opuestos o contradictorios (Art. 88 CPC).
l. 7.4. Requisitos para la acumulación objetiva de pretensiones
Se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que éstas: a) sean de competencia del mismo Juez; b) no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa; o c) sean tramitables en una misma vía procedimen tal.
l. 7.5 Acumulación subjetiva originaria
La acumulación subjetiva de pretensiones originaria se presenta cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas (Art.'8 primer párrafo, CPC).
1. 7.6. Acumulación subjetiva sucesiva
La acumulación subjetiva de pretensiones sucesiva se presenta en los siguientes casos: a) cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u otras pretensiones procesales (Art. 892, tercer párrafo, CPC); o b) cuando dos o más pretensiones intentadas en dos o más procesos qutónomos, se reúnen en un proceso único (Art. 892, cuarto pÚrato, CPC). Siempre deben existir dos o más demandantes o dos o' más demandados. En este último caso el Código le faculta al Juez para que, teniendo en consideración la conexidad entre las pretensiones y la eventual diferencia de trámite de los procesos acumulados, disponga la desacumulación en el trámite, reservándose el derecho de expedir una sola sentencia (Art. 892, último párrafo, CPC).
1. 7. 7. Requisitos para la acumulación subjetiva de pretensiones
Este tipo de acumulación, como se ha anotado, se presenta cuando en un proceso se reúnen varias pretensiones procesales correspondientes a varios demandantes o contra varios demandados (Art. 862, segundo párrafo, CPC). Para que esta acumulación sea
procedente tienen que cumplirse los siguientes requisitos: a) las pretensiones procesales deben provenir de un mismo título; b) las pretensiones procesales deben referirse a un mismo objeto; c) debe existir conexidad entre las pretensiones; d) las pretensiones deben ser de competencia del mismo Juez; e) las pretensiones no deben ser contrarias entre sí; y j) las pretensiones deben estar sujetas a una misma vía procedimental (Art. 862, primer párrafo, CPC).
1. 7.8. Refluisitos y trámite de la acumulación sucesiva de procesos
Se refiere al caso previsto por el inciso 2 del artículo 892 del Código, esto es, a la acumulación subjetiva sucesiva. Para la procedencia de este tipo de acumulaciones, ninguno de los procesos debe estar sentenciado. Planteada la acumulación, los jueces están impedidos de sentenciar en los procesos que se pretenden acumular hasta que se resuelva en definitiva la acumulación s?licitada (Art. 902, primer párrafo, CPC).
1. 7. 9. Desacumulación de procesos
Cuando el Juez considere que la acumulación de procesos afecta el principio de economía procesal, por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano, puede separar los procesos, los que deberán seguirse, independientemente, ante sus jueces originales (Art. 91 Q CPC). La desacumulación de procesos puede darse también cuando al haberse decretado la acumulación no se hayan satisfecho las exigencias legales, caso en el cual no hay otro camino que independizar los procesos para su substanciación ante sus Jueces originarios. En este caso estamos frente a una indebida acumulación. 2. LA JURISDICCION
2.1. CONCEPTO
La palabra jurisdicción deriva de la palabra latina jus dicere,o que quiere decir "declarar el derecho". Sin embargo, la palabra jurisdicción, en nuestro país, como en los demás países latinoamericanos, tiene varias acepciones que no corresponden a su verdadero concepto. Unos conciben a la jurisdicción como ámbito territorial, cuando por ejemplo
dicen que tal inmueble está ubicado en la jurisdicción de determinado Juez. Otros conciben a la jurisdicción como sinónimo de la competencia, cuando, verbi gratia, dicen que ese Juez no tiene competencia porque le han quitado el título que ostentaba. Finalmente, otros, conciben a lá jurisdicción como un conjunto de poderes o potestades, cuando afirman, por ejemplo, que tal organismo público tiene jurisdicción, refiriéndose a una potestad o a una prerrogativa para imponer una multa por haber infringido una regIa de tránsito. Sin embargo, como advierte COUTURE, el Juez, si bien tiene la facultad de juzgar, tiene también el deber de hacerlo; tiene un deber-poder.
La correcta acepción de la jurisdicción es el deber que tiene el Estado, mediante los jueces, para administrar justicia. Es que la jurisdicción debe concebirse como una función qué ejerce el Juez como integrante de un órgano judicial al resolver los conflictos que se le someten a su decisión. El Estado ejerce esa función cuando se presentan determinados presupuestos. Aclaremos esta afirmación. Cuando las personas, en sus relaciones jurídicas, conforman su conducta a los preceptos de la ley, no se produce ninguna alteración, caso en el cual la norma se cumple espontáneamente. Empero, cuando la conducta de las personas se resiste a cumplir la norma, cuando a la pretensión de una persona se opone la resistencia de la otra, sea porque niegue su legitimidad o porque contra ella se plantea una pretensión contraria, se produce lo que constituye una controversia o un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica por contraposiciones de pretensiones. En este estado de cosas, el Estado puede intervenir para restablecer el orden jurídico alterado, en unos casos a instancia de parte y en otros a instancia oficial o de algún organismo público, como ocurre en nuestro medio tratándose de la mayoría de delitos, en los que el Ministerio Público es el titular de la acción. Producido el conflicto de intereses en materia civil, si no hay posibilidad de resolverlo recurriendo a medios pacíficos y amigables, no queda otro camino que recurrir al Estado a fin de que por intermedio de sus organismos jurisdiccionales resuelva la controversia aplicando la ley.
Esa es la esencia de la función jurisdiccional.
El instrumento que hace uso el Estado para ejercer su función jurisdiccional es el proceso. El Estado, para cumplir con esa función, ha tenido que establecer los organismos encarga- . dos del ejercicio de ella, ha determinado sus competencias y ha establecido las reglas de procedimiento para el debate judicial correspondiente. Para que la jurisdicción cumpla con sus fines, la ley les confiere a los jueces una serie de poderes, como las de resolver los conflictos que se le someten a su decisión, la de ejecutar lo resuelto, la de recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones, etc.
Hugo ALSINA (5) señala como elementos de la jurisdicción a la notio, como eldt:!:"echo de conocer determinado asunto; la vocatio, en virtud de la cual el Juez puede obligar a las partes a comparecer al juicio, bajo la declaración de la rebeldía o del abandono; la coertio, por la cual el Juez puede emplear la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones, ya sea sobre las personas (apremios) o sobre las cosas (embargos); la judicium, como la facultad que tiene el Juez para dictar sentencia definitiva revestida de la cosa juzgada; y la ejecutio, que es la facultad que tiene el Juez de ejecutar su resolución. Como corolario de lo expuesto debemos anotar, coincidiendo con el maestro uruguayo Eduardo J. COUTURE, que como contenido de la jurisdicción debemos entender la existencia de un conflicto de intereses (que comprende naturalmente las incertidumbres jurídicas) con relevancia jurídica que es necesario decidir mediante resolución susceptible de adquirir autoridad de cosa juzgada. Es que la cosa juzgada pertenece a la esencia de la jurisdicción. Si el acto no adquiere realmente autoridad de cosa juzgada, no es jurisdiccional. No hay jurisdicción si la decisión no adquiere o no tiene la posibilidad de adquirir la calidad de cosa juzgada. También pertenece al contenido de la jurisdicción el elemento de la coercibilidad o de ejecución, siempre que se trate de decisiones susceptibles de ejecución, pues pueden haber decisiones simplemente declarativas o constitutivas.
Es pertinente anotar que la llamada jurisdicción voluntaria, en sentido estricto, no es jurisdicción. La denominada jurisdicción voluntaria realmente es una actividad administrativa y que por razones de conveniencia se les otorga a los jueces la facultad de decidir sobre determinados asuntos, amparados en su preparación en asuntos jurídicos y en su eficiencia. Es que en la llamada jurisdicción voluntaria no existe controversia entre las partes; la resolución definitiva que se dicta en esta jurisdicción voluntaria no adquiere la calidad de cosa juzgada, pues puede ser impugnada en la llamada jurisdicción contenciosa.
Sobre la base de las ideas expuestas podemos definir a la jurisdicción como una función que ejerce el Estado por intermedio de los jueces integrantes de los organismos jurisdiccionales que componen el Poder judicial, los que, utilizando el proceso como instrumento, dirimen los conflictos de trascendencia jurídica o resuelven las incertidumbres jurídicas que se les somete a su conocimiento y decisión, mediante resoluciones que adquieren la categoría de cosa juzgada, susceptibles de ejecución en los casos en que la decisión final dispone el cumplimiento de una prestación.
2.2. EL TITULAR DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN MATERIA CIVIL
La potestad jurisdiccional del Estado en materia civil-dice el Código- la ejerce el Poder judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la República (Art. P CPC). Empero, en rigor, es el juez el titular del ejercicio de la función jurisdiccional.
Esta previsióril concuerda en lo esencial con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de 1993 y por la Ley Orgánica del Poder judicial. En efecto, estos cuerpos normativos señalan, por un lado, que una de las garanúas de la administración de justicia constituye la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional, no existiendo y no pudiendo establecerse jurisdicción alguna independiente (Art. 1392, inc. 1, Const.) y, por otro lado, que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder judicial a través de sus órganos jerárquicos, con sujeción a la Constitución y las leyes, no existiendo ni pudiendo instituirse jurisdicción alguna independiente (Art. 1 Q LOPJ).
Ambos cuerpos normativos señalan como excepciones "a la jurisdicción arbitral y la militar. En cuanto a la primera, discrepamos totalmente de su carácter jurisdiccional, por cuanto no disfruta de los elementos que configuran la verdadera jurisdicción que antes hemos precisado, entre ellos, la posibilidad de hacer cumplir sus decisiones, debiendo, en tal caso, recurrir, a la justicia civil (Art. 83Q LGA). Por ello es que con acierto el Código prevé que la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil la ejerce el Poder judicial con exclusividad y no dice que la ejerce también la jurisdicción arbitral, como no podía decirlo. En cuanto a la jurisdicción militar, por la especialidad de los asuntos que conocen los organismos jurisdiccionales castrenses y por la naturaleza de las normas que son de aplicación, como lo sostienen muchos autores, estamos de acuerdo en que así se conciba y se denomine.
Cuando el Código señala que la función jurisdiccional es indelegable, concuerda perfectamente con la exclusividad con que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder judicial confieren a este Poder el ejercicio de la mencionada función, prohibiendo incluso los juicios por comisión o delegación. La indelegabilidad de la función completa la concepción de la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder judicial.
Es un acierto, finalmente, que el Código Conciba la jurisdicción como una función y precise que la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil se ejerce por medio del Poder judicial (por los Jueces que lo integran), descartándose la jurisdicción privada, llamada arbitral por algunos estudiosos. La previsión anotada en el sentido de que la función jurisdiccional abarca todo el territorio nacional lo estudiaremos más detalladamente cuando tratemos de la competencia, por ser el criterio territorial un elemento de esta institución.
2.3. ORGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA CIVIL
La justicia civil es ejercida conforme al Código por los Jueces de Paz, por los Jueces de Paz Letrados, por 10sJueces Civiles, por las Salas Civiles de las Cortes Superiores y por las Salas Civiles de la Corte Suprema (Art. 49Q CPC). Esta previsión concuerda con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial (Art. 26Q LOPJ). Sin embargo, es un error de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando establece que son órganos jurisdiccionales la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Superiores deJusticia. Las Salas Especializadas son los órganos jurisdiccionales. Los órganos inferiores a las Salas Civiles Superiores son los Juzgados Especializados en lo Civil. Las funciones de los jueces y de sus auxiliares son de derecho público, cuya realización en con junto está destinada a hacer efectiva la finalidad que persigue el proceso civil, cual es, la de dirimir el litigio (Art. 48 CPC).
Cabe hacer una aclaración en el sentido de que el Código hace referencia a los órganos judiciales, que son los entes encargados de ejecutar la función jurisdiccional. Por ello es que nosotros nos referiremos en esta parte a los órganos jurisdiccio nales, no obstante que éstos están integrados por los jueces.
Para una adecuada comprensión de los organismos encarga dos dé la administración de justicia en materia civil nos referimos a cada uno de ellos, empezando por los de la más alta jerarquía.
2.3.1. Las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia
El trabajo jurisdiccional de la Corte Suprema se distribuye en Salas Especializadas, de cinco Vocales cada una, presididas por el de mayor antigüedad, y es realizada, en materia civil, por las Salas Civiles (Arts. 30 Y 33 LOPj). Dada la tendencia de nuestra organización judicial debemos denominar a dichas Salas Espeda!izadas como Salas de Casación en la especialidad respectiva.
2.3.2. Las Salas Civiles de las Cortes Superiores de justicia
La labor jurisdiccional en materia civil, en el ámbito de las Cortes Superiores de justicia, es realizada por las Salas Civiles o Mixtas, en algunos casos, conformada por tres Vocales en cada Sala, las que resuelven en segunda y última instancia los asuntos de su competencia, con las excepciones que establece la ley (Arts. 37, 38, 39Q Y 40Q LOPj).
2.3.3. Los juzgados Civiles
La función jurisdiccional en asuntos civiles, en el ámbito de la llamada primera instancia para distinguir de la justicia de Paz, es ejecutada por los juzgados Civiles y, en determinados casos, por los juzgados Mixtos. En cada provincia hay cuando menos un juzgado en lo Civil (Arts. 46Q, 47Q Y 49Q LOPj).
2.3. 4. Los juzgados de Paz en materia civil
Los juzgados de Paz conforme a la Ley Orgánica del Poder judicial son Letrados y no Letrados. Hay juzgados de Paz Letrados para conocer asuntos civiles en los Distritos, que solos o unidos a otros, alcancen los volúmenes demográficos rurales y urbanos y reúnan los requisitos que establezca el Consejo de Gobierno del Poder judicial (Arts. 54Q y 55Q LOPj).
Hay juzgados de Paz -que conforme a la Ley Orgánica del Poder judicial no necesariamente están atendidos por Abogados- en todo centro poblado que alcance el volumen demográfico rural y urbano que señale el Consejo Ejecutivo del Poder judicial, debiendo establecerse cuando menos un Juzgado de Paz en cada poblado. Estos Juzgados conocen también de algunos asuntos de naturaleza civil que la Ley Orgánica del Poder judicial señala y que lo tratamos al estudiar la competencia (Arts. 61 Y 65 LOPj).
2.4. DEBERES y FACULTADES DE LOS JUECES CIVILES
La Ley Orgánica del Poder Judicial señala los deberes, los derechos y las facultades que tienen los jueces en general. Nuestro Código Procesal Civil señala los deberes y las facultades que tienen los jueces civiles, comprendiendo a todos los magistra dos que integran los distintos organismos jurisdiccionales en materia civil, dentro del proceso civil en concreto. El incumplimiento de esos deberes por los jueces es sancionado por la ley (Art. 48, último párrafo, CPC).
2.4.1. Deberes de los jueces
Son deberes de los jueces en el proceso civil los siguientes: a) Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal (Art. 50, inc. 1, CPC). Si los jueces tienen estos deberes mal se ha hecho en establecer de modo genérico el abandono del proceso en el nuevo Código. Hay un contrasentido. Esto es lo que se denomina una antinomia. El abandono del proceso se justifica en los procesos que sólo se impulsan a instancia de parte.
b) Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, empleando las facultades que el Código les otorga (Art. 50, inc. 2, CPC). Este deber concuerda con el principio procesal contenido en el artículo VI del Título Preliminar del Código denominado principio de socialización del proceso.
e) Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en las fechas previstas y en el orden que ingresan al despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada (Art. 50, inc. 3, CPC), como en el caso de los juicios de alimentos y en las acciones de amparo, en los que la ley prevé la prelación en la decisión frente a otras causas.
d) Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, incluso en los casos de vacío o defecto de la ley, situación en la cual aplicarán los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia (Art. 50Q, inc. 4, CPC). Esta previsión hay que concordar con el principio contenido en el segundo párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal en estudio. Aquí vale la pena hacer algunos comentarios importantes. Es que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano (Art. VIII, T. P., CC). Algo más: "El Juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la ley (...)"incurre en el delito de denegación y retardo de justicia previsto y penado por el Código Penal vigente (Art. 422 CP). Es más: conforme a la Ley Orgánica del Poder judicial, las Salas Especializadas de la Corte Suprema ordenarán la publicación trimestral de las ejecutorias que ponen principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales, los que serán invocados por los jueces en sus decisiones judiciales como precedente de obligatorio cumplimiento (Art. 22 LOPj). Esta norma en la realidad práctica no se cumple. En cuanto a los principios generales del derecho, a los que debe acudir el juez en caso de defecto o de deficiencia de la ley, la doctrina es discrepante; empero, en el caso práctico, nos inclinamos por señalar que los jueces, en CáSO de deficiencia de la ley, deberían decidir el caso concreto de acuerdo con la regla que el mismo juez establecería si fuese legislador, pero debiendo inspirarse para ello en la doctrina y en la jurisprudencia análoga consagrada, así como a la analogía como mecanismo de integración del derecho si fuese posible. En conclusión, podríamos precisar que la estimación de los principios generales del derecho y los principios que inspiran el derecho peruano en particular quedan enmarcadas como una cuestión de la competencia de los Jueces. Finalmente, debemos agregar que la Constitución del Estado consagra como una de las garantías de la administración de justicia la obligación de los magistrados de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, pues, en tal caso, deben aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario (Art. 1392, inc. 8, Const.). En el volumen relativo a la argumentación judicial y la motivación de las resoluciones judiciales tratamos con alguna amplitud sobre estos temas (6).
e) Sancionar al Abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude (Art. 502, inc. 5, CPe).
f) Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y de congruencia (Art. 502, inc. 6, CPe). Esta previsión concuerda plenamente con una de las garantías de la administración de justicia establecida por la carta magna de 1993, que exige al Juez la motivación escrita de las resoluciones, en todas las instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan (Art. 1392, inc. 5, Const.). Esta norma del Código Procesal Civil tiene congruencia también con los principios constitucionales que prevén, por un lado, que la Constitución prevalece sobre toda otra norma legal, la ley sobre cualquier otra norma de inferior categoría, y así sucesivamente, de acuerdo a su jerarquía jurídica; y por otro lado, que en caso de incompa-. tibilidad entre una norma constitucional y una ley ordinaria, el juez prefiere la primera. Igualmente, prefiere la norma legal sobre toda otra norma subalterna (Art. 138 Const.). Sobre la motivación de las resoluciones judiciales igualmente tratamos en el volumen relativo a la argumentación judicial (i).
g) Por último, el Código establece como un deber procesal que e!juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá e! proceso, salvo que fuera promovido o separado. El juez sustituto continuará efproceso, pero puede ordenar (no dice debe, como sostienen algunos estudio~os), en resolución debidamente motivada que se repitan las audiencias si lo considera indispensable (Art. 50Q, último párrafo, CPC).
2.4.2. Facultades genéricas de los Jueces
Entre las facultades de orden genérico de los jueces civiles podemos señalar las siguientes: a) Adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apropiada, siempre que sea factible su adaptación (Art. 51, inc. 1, CPC). Esta disposición concuerda con las previsiones contenidas en los numerales 4 77, 487 Y 549 de! Código, las que autorizan al juez ordenar el uso de determinada vía procedimental en sustitución al propuesto por el demandante mediante resolución motivada e inimpugnable.
b) Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes (Art. 5, inc. 2, CPC). Dentro de esta facultad puede e! juzgador disponer la actuación de medios probatorios
de oficio cuando por ejemplo se trate de derechos in disponibles o presuma dolo o fraude procesales (Art. 190, inc. 2, CPC), o cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, en cuyo caso el juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes (Art. 193Q CPC). e) Ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes a fin de interrogadas sobre los hechos discutidos. Las partes podrán concurrir con sus Abogados (Art. 51 Q, ine. 3, CPC). d) Rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto por cualquier litigante y por la misma razón, o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, éste pudo ser alegado al promoverse el anterior (Art. 5 P, ine. 4, CPC). e) Ordenar, si lo estima procedente, a pedido de parte y a costa del vencido, la publicación de la parte resolutiva de la decisión final en un medio de comunicación por él designado, si con ello se puede contribuir a reparar el agravio derivado de la publicidad que se le hubiere dado al proceso (Art. 51 Q, ine. 5, CPC). f) Ejercer la libertad de expresión prevista en el artículo 2Q, inciso 4, de la Constitución del Estado de 1993, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder judicial (Art. 51 Q, ine. 6, CPC). g) Ejercer las demás atribuciones que establece el Código y la Ley Orgánica del Poder judicial (Art. 51Q, inc. 7, CPC). En efecto, en los dos cuerpos legales anotados encontramos una serie de facultades, específicas que los jueces deben observar, distintas a las antd señaladas, como el deber de saneamiento del proceso, el deber de rechazar demandas cuyo derecho sub jetivo haya caducado, etc. "", 2.4.3. Facultades disciplinarias de los Jueces Con el fin de conservar, dentro de la actividad judicial, el respeto y la conducta procesal correspondientes a la importan
cia que esa actividad demanda, el Código ha señalado las siguientes facultades disciplinarias que los jueces civiles deben utilizar en el desarrollo de los procesos civiles: a) Ordenar que se suprima la frase o palabra expresada o
. redactada en términos ofensivos o vejatorios (Art. 522, inc. 1, CPC). b) Expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren su desarrollo. Si se trata de una de las partes, se le impondrá además los apercibimientos que hubieran sido aplicables de no haber asistido a la actuación (haciéndolas efectivas, se entiende) (An. 522, inc. 2, CPC). Empero, no encontramos un apercibimiento aplicable en el caso propuesto si no son los señalados por el artículo 2962 del Código en examen relativo a determinadas pruebas. e) Aplicar las sanciones disciplinarias que este Código y otras normas establezcan (Art. 522, inc. 3, CPC).
2.4.4. Facultades coercitivas de los Jueces
Con el propósito de que las facultades disciplinarias que tienen los jueces no constituyan letra muerta, el legislador ha establecido las siguientes facultades coercitivas, que los jueces las pueden usar con el propósito de conservar una conducta procesal correcta y el respeto a la actividad judicial: a) Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión. La multa debe ser establecida por el Juez discrecionalmente dentro de los límites que fija el Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación (Art. 532, inc. 1, CPC). b) Disponer la detención hasta por 24 horas de quien resiste su mandato sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad de la justicia representada por los jueces. En atención a la importancia y urgencia de su mandato, el juez decidirá la aplicación sucesiva, individual o conjunta de as sanciones anotadas. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio del cumplimiento del mandato (Art. 53 inc. 2, CPC).
2.5. AUXILIARES JURISDICCIONALES Aquí tratamos de los denominados auxiliares jurisdiccionales y de los órganos de auxilio judicial.
2.5.1. Auxiliares en el área de la jurisdicción civil
Conforme a la Ley Orgánica del Poder judicial la carrera de auxiliar jurisdiccional comprende los siguientes grados: Secretarios y Relatores de Salas de la Corte Suprema; los Secretarios y Relatores de Salas de las Cortes Superiores; los Secretarios de juzgados Especializados o Mixtos; los Secretarios de juzgados de Paz Letrados; y los Oficiales Auxiliares de justicia (Art. 249Q LOPj). Aquí no tomamos en cuenta las denominaciones que con la última reforma judicial se vienen dando, por no tener legitimidad en el marco de la vigente Ley Orgánica del Poder judicial. Son auxiliares de la jurisdicción civil:-los Secretarios de las Salas Civiles de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, los Relatores de dichas Salas Civiles,.1os Secretarios de juzgado, los Oficiales Auxiliares de justicia y los Organos de Auxilio judicial (Art. 54 CPC).
2.5.2. Orgailos de auxilio judicial en materia civil
Son órganos de auxilio judicial los siguientes: el perit.o, el depositario, el interventor, el martillero público, el curador. procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley, como es el caso del cuerpo médico forense (Art. 55 CPC Y Art. 28 LOPj).
2.5.3. Deberes y responsabilidades de los auxiliares jurisdiccionales
Los deberes y responsabilidades de los auxiliares de la jurisdicción civil se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder judicial y en las normas respectivas. Los órganos de auxilio judicial se rigen por las leyes y demás disposiciones pertinentes (Art. 56 CPC). Los artículos 249 al 272 de la Ley Orgánica del Poder judicial se refieren a los Auxiliares jurisdiccionales. Los artículos 273 al 283 de esta misma Ley Orgánica se refieren a los Organos de Auxilio judicial. 3. LA COMPETENCIA
3.1. CONCEPTO
En principio debemos señalar que la idea de competencia implica distribución de trabajo entre los jueces, recurriendo a una serie de criterios. En efecto, todos los jueces tienen la facultad de ejercer la función jurisdiccional, esto es, la de dirimir conflictos. Pero no todos los jueces, en países dilatados como el nuestro, tienen la facultad de dirimir todos los tipos de conflictos que se presentan en el territorio. Por ello es que a cada juez o grupo de jueces se les ha atribuido la capacidad de conocer determinados tipos de conflictos. Por ello algunos autores dicen que la competencia es la medida cómo la jurisdicción se distribuye entre las diversas autoridades judiciales. Ugo Rocco (8) dice que la competencia es "la distribución y atribución de la jurisdicción entre los distintos jueces". Agrega este mismo autor que la competencia es "aquella parte de la jurisdicción que corresponde en concreto a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos criterios, a trayés de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los distintos órganos ordinarios de ella".
En resumen, podemos señalar que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, en tanto que la competencia es la capacidad o aptitud de ejercer esa función jurisdiccional en detenninados conflictos. Los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia. Entre estos dos conceptos existe entonces una diferencia sustancial; pues la jurisdicción es la potestad de administrar justicia y la competencia fga los límites den tro de los cuales el Juez ejerce dicha facultad. Hugo ALSINA (9)
expresa que puede definirse la competencia como "la aptitud del Juez para ejercer su jurisdicción enun caso determinado". Hugo ALSINA (10) anota las ideas de PRIETO CASTRO sobre el tema que ahora comentamos, que por ser interesantes las transcribimos: "Si la jurisdicción desde el punto de vista subjetivo es el deber y el derecho de impartir justicia, la competencia, también en sentido subjetivo, para el Juez, es ese mismo deber y derecho de administrar justicia en el caso concreto, con exclusión de otros órganos jurisdiccionales, y para las partes el deber y el derecho de recibir justicia precisamente del órgano específicamente determinado y no de otro alguno. En un sentido objetivo la competencia será por tanto las reglas que se siguen para atribuir a los distintos órganos jurisdiccionales el conocimiento de los negocios".
El Código en estudio, en alusión evidente a la competencia por razón de Ja materia, señala que corresponde a los órganosjurisdicciona1es civiles el conocimiento no sólo de
los asuntos netamente civiles, sino también de todo aquello que no esté atribuido de modo específico por la ley a otros órganos jurisdiccionales (Art. 52 CPC).
3.2. IRRENUNCIABIUDAD DE LA COMPETENCIA
Las normas procesales que regulan la competencia son de orden público y, por consiguiente, de estricto cumplimiento. De conformidad con el principio de legalidad, la competencia sólo puede ser establecida por la ley (Art 62, primer párrafo, CPC). Este principio, en la actualidad, no sólo no se observa, sino se contraviene. Por ello decimos que hoy en día en el Perú la institución de la competencia está en crisis. Por ello es que el legislador, siguiendo el principio de irrenunciabilidad de la competencia, ha establecido que la competencia civil no puede ser objeto de renuncia ni modificarse por los titulares de la decisión judicial, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos (Art 62 CPC).
3.3. INDELEGABIUDAD DE LA COMPETENCIA
Ningún Juez civil puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Esto se deriva de aquel principio constitucional que preconiza que la función jurisdiccional es indelegable. Sin embargo, puede el Juez comisionar a otro la r~alización de determinadas actuaciones judiciales fuera del ámbito territorial de su competencia (Art. 72 CPC). En estos casos el Juez comisionista no pierde su potestad de dirimir la causa, lo que ocurre es que, por razones de distancia y por autorización de la ley, puede encomendar a otro Juez la ejecución de determinadas diligencias, como puede ser la notificación con la demanda a una persona o la práctica de una inspección judicial, etc.
3.4. CRITERIOS PARA FIJAR LA COMPETENCIA
La competencia es regulada de diversa manera y recurriendo a variados criterios en las distintas legislaciones, de acuerdo a la organización judicial correspondiente. En otras palabras, hay Jueces competentes en determinados asuntos y que no son competen- ,
tes en otros. Como lo señalamos precedentemente, la competencia es el elemento para distribuir los asuntos justiciables entre los distintos jueces, para lo cual se recurre a una serie de criterios.
La competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario (Art. 82 CPC). Este artículo hace referencia a la interposición de la "solicitud" en alusión inequívoca a los procedimientos no contenciosos, que como lo hemos indicado no constituyen proceso.
Nuestro ordenamiento procesal civil recoge los siguientes criterios para fijar la competencia, los que los vamos a desarrollar en el mismo orden: la materia, el territorio, la cuantía, el grado y la conexión entre los procesos.
3.4.1. La competencia por razón de la materia
La competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales sustantivos que la regulan (Art. 92 CPC). Es decir, se toma en consideraciqn la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la demanda, que constituye la pretensión, y la normatividad aplicable al caso concreto. Si bien, en materia civil,Jundamentalmente se aplica el Código Civil para dirimir las controversias, ello no excluye la aplicación de normas contenidas en otros cuerpos legales orgánicos o en otras disposiciones legales. La especialización de los jueces tienen que ver esencialmente con la competencia po.r razón de la materia.
El legislador, como lo hemos anotado, ha establecido como una regla que tiene que ver con la competencia por razón de la materia cuando señala que corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de todo aquello que no esté atribuido de modo específico por la ley a otros órganos jurisdiccionales (Art. 5 CPC). Esto significa que si se presentara una pretensión procesal que, por su naturaleza, no fuese de competencia de algún Juez Laboral, Agrario, Penal o de los Niños y Adolescentes, el asunto tiene que ser de conocimiento del Juez Civil. Losjueces civiles conocen, pues, de todos los asuntos que no son de competencia exclusiva de los otros jueces especÍalizados.
Como corolario debemos anotar que la necesidad de funcionarios (jueces) especializados, con versación en determinadas cuestiones para las cuales la ley exige preparación adecuada, es la verdadera razón de este tipo de competencia. Esto justifica igualmente que determinados jueces conocen de una categoría de litigios civiles que la ley no les encomienda a otros. Así, un Juez de Paz Letrado no tiene competencia para conocer de una demanda de divorcio por causal, que es de comp~tencia de un Juez en lo Civil. Aquí constatamos claramente que la ley le ha atribuido una competencia por razón de la materia sobre determinado asunto al Juez en lo Civil. Esto nos lleva a señalar que podemos hablar de la competencia por razón de la materia no sólo tratándose de jueces civiles, penales, laborales, etc., sino también entre los propios jueces que conocen, por ejemplo, sólo de asuntos civiles. En efecto, dentro del mismo fuero, la competencia por razón de la materia se ha distribuido entre los órganos jurisdiccionales de distinta jerarquía. Señalamos algunos casos: a) Tratándose de la responsabilidad de los jueces, cuando la demanda es dirigida contra un Juez en lo Civil, Juez de Paz Letrado o Juez de Paz es competente la Sala Ci\'il de turno del Distrito Judicial dentro del ámbito territorial donde ejerce su función el Juez demandado. Cuando la demanda es dirigida contra Vocales de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores es competen te la Sala Civil de la Corte Suprema (Arto 511 Q CPC). Por interpretación analógica llegamos a la conclusión que los órganos anotados son también competentes, según lajerarquía del demandado, tratándose de demandas sobre responsabilidad civil de los jueces en lo penal, en lo laboral, de familia, etc. b) Tratándose del retracto son competentes para conocer sólo los Jueces Civiles y los Jueces de Paz Letrado. e) Los Jueces de Paz (no los Letrados) no tienen competencia para conocer de demandas sobre retracto, título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación o delimitación de áreas o linderos, expropiación, desalojo, etc. (Arto 65Q LOPJ). d) Tratándose de la impugnación de acto o resolución administrativa, es competente la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Suprema cuando la impugnación se refiere a Resolución Suprema o resoluciones emanadas de las asambleas regionales, del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Fiscal, del Tribunal de Aduanas o de los órganos de gestión de la Corte Suprema (Art. 542, tercer párrafo, CPC)o La Sala Civil de la Corte Suprema es competente para conocer de la impugnación de las resoluciones del Tribunal de Defensa de Competencia y Propiedad Intelectual (Art. 64, D. Lego N 807). La Sala Civil de la Corte Superior de turno es competente cuando la resoluciqn objeto de la impugnación es emitida por un órgano administrativo colegiado o autoridad unipersonal de carácter local o regional (Art. 542, segundo párrafo, CPC) o Es
competente el Juez Civil del lugar donde se produjo el acto o se dictó la resolución (Art. 542, primer párrafo, CPC).
3.4.2. La competencia por razón de territorio
Este tipo de competencia tiene en consideración el territorio donde se ejerce la función jurisdiccional o donde se encuentra el domicilio de la persona o donde está ubicada la cosa o donde se ha producido un hecho o un evento. La competencia por razón de territorio se refiere al ámbito territorial donde va a ejercer su función jurisdiccional el titular de la decisión. La atribución a los jueces para el conocimiento de determinados litigios de una circunscripción territorial es la razón de ser de este tipo de competencia.
El Código recoge los dos criterios que la doctrina ha establecido para fúar la competencia por razón de territorio. Desde el punto de vista subjetivo, para fúar la competencia, tiene en consideración al litigante, y desde el punto de vista objetivo, tiene en cuenta al organismo jurisdiccional. En este último caso, verbi gratia, las Salas Civiles de la Corte Suprema (Salas de Casación) tienen competencia en toda la República, las Salas Civiles de las Cortes Superiores tienen competencia en el ámbito territorial que la ley les ha asignado a los Distritos Judiciales, etc. En cambio, con el criterio subjetivo; la competencia se fúa, por ejemplo, teniéndose en consideración el domicilio del demandante o el domicilio del demandado.
La competencia por razón de territorio no es tan rígida como la competencia por razón de la materia, pues, en aquélla, un Juez que no es competente territorialmentepara conocer de un litigio, puede muy bien conocer y resolver la controversia si media el sometimiento tácito o expreso de las partes en contienda. Por ello, en doctrina, se califica a la competencia territorial como relativa, en tanto que a las otras competencias como absolutas y de ineludible observancia.
A) Reglas generales. Nuestro Código precisa una serie de reglas generales para fijar la competencia territorial tratándose de personas naturales. Así tenemos:
1. Cuando se demanda a una persona natural es competente el Juez de su domicilio, salvo disposición legal en contrario (Art. 14, primer párrafo, CPC).
2. Si el demandado domicilia en varios lugares ~ede ser demandado en cualquiera de ellos (Art. 14, segundo párrafo, CPC). 3. Si el demandado carece de domicilio o éste es desconocido, es competente el Juez del lugar donde se encuentre o el del domicilio del demandante, a elección de este último (Art. 14, tercer párrafo, CPC). 4. Si el demandado domicilia en el extranjero, es competente el Juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país (Art. 14, tercer párrafo, CPC).
B) Regla para los casos de dos o más demandados. Si son dos o más los demandados, es competente el Juez del lugar del domicilio de cualquiera de ellos (Art. 15Q CPC).
C) Regla para los casos en que por la conexión de las pretensiones se emPlaza a varios demandados. Cuando por razón de la conexión se demandan varias pretensiones procesales dirigidas contra varios demandados, es Juez competente para conocer de la demanda el del domicilio de cualquiera de ellos (Art. 16 CPC).
D) Regla para los casos de personas jurídicas regulares demandadas. Si se demanda a una persona jurídica debidamente constituida e inscrita, es Juez competente el del lugar en que la demandada tiene su sede principal, salvo disposición legal en con trario (Art. 17Q/primer párrafo, CPC). Por consiguiente, no es competente para conocer de la demanda un Juez que no sea de la sede principal de la entidad si no hay disposición distinta.
En el supuesto de que las personas jurídicas tuvieran sucursales, agencias, establecimientos o representantes debidamente autorizados en otros lugares -debe entenderse fuera de la ciudad donde está la sede principal- ellas pueden ser demandadas, a elección del demandante, ante el Juez del domicilio de la sede principal o ante el Juez de cualquiera de dichos domicilios (sucursales, agencias, establecimientos o representantes) donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la pretensión reclamada (Art. 17Q, segundo párrafo, CPC). E) Regla para los casos de personas jurídicas irregulares demandadas. Si se demanda a asociaciones, fundaciones, comités y sociedades no inscritas o a cualquier otra entidad cuya constitución, inscripción o funcionamiento sea irregular, es Juez competente el del lugar en donde realizan la actividad que motiva la demanda (Art. 18, primer párrafo, CPC). Igual regla se aplica cuando la demanda es planteada directamente contra el representante, el administrador, el director o contra cualquier otra
persona natural que haya.realizado los actos en nombre de la persona jurídica irregular (Art. 18Q, segundo párrafo, CPC).
F) Regla para los casos de sucesiones demandadas. Las sucesiones pueden ser parte en los procesos. En materia sucesoria es Juez competente el del lugar en donde el causante haya tenido su último domicilio en el país (Art. 19 CPC). El numeral agrega que esta competencia es improrrogable. Esto significa que el único y exclusivo Juez para conocer de los asuntos relacionados con la sucesión es el Juez del último aomicilio que haya tenido el causante en el país, no pudiendo atribuirse esta potestad a otros jueces ni expresa ni tácitamente.
G) Regla tratándose de la exproPiación. Tratándose de la expropiación de bienes inscritos es Juez competente el del lugar en donde el derecho de propiedad se encuentra inscrito (Art. 20, primer párrafo, CPC). Tratándose de la expropiación de bienes no inscritos es Juez competente el del lugar donde el bien está situado, siendo de aplicación, en su caso, la previsión contenida en el numeral 24, inciso 1, del Código, que más adelante examinaremos (Art. 20, segundo párrafo, CPC).
H) Regla tratándose de asuntos relacionados con incapaces. Tratándose de asuntos relacionados a la patria potestad, a la tutela ya lacuratela, que se refiere a los asuntos contenciosos o no contenciosos, dice el Código, es Juez competente el del lugar donde se encuentra el incapaz (Art. 21 Q, primer párrafo, CPC). Esta última previsión como se ve es totalmente vaga. En todo caso la norma debe interpretarse en el sentido de que se refiere al domicilio del incapaz o al lugar donde se halle. Empero, la referida disposición ha perdido vigor en virtud de que los asuntos relativos a la patria potestad y a la tutela son de competencia de los Jueces de los Niños y Adolescentes y la competencia por razón de territorio está regulada por el artículo 147 del Texto Cnico Ordenado del Código de los Niños y Adolescentes.
Tratándose de la curatela de bienes a que se refieren los artículos 597 al 600 del Código Civil es Juez competente el del lugar donde se encuentran todos o la mayor parte de los bienes, observándose, en su caso, la regla contenida en el numeral 47 del mismo Código sustantivo (Art. 21, segundo párrafo, CPC). Tratándose de las curatelas especiales a que se refiere el artículo 606 del Código Civil, es Juez competente el del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o en cuyo interés se promueve (Art. 21, tercer párrafo, CPC).
1) Regla tratándose de procedimientos no contenciosos. En los procedimientos no contenciosos es competente el Juez del domicilio de la persona que lo promueve o en su interés se promueve, salvo disposición legal o pacto en contrario (Art. 23 CPC). ]) Competencia facultativa. La regla general es que, tratándose de la competencia por.razón de territorio, esJuez competente el del domicilio del de~,dado. Sin embargo, el Código prevé los Jueces alternativos, cuando dice que, además del Juez del domicilio del demandado, también son competentes, a elección del demandante, los siguientes Jueces:
a) El del lugar en que se encuentre el bien o bienes tratándose de pretensiones sobre derechos reales. Igual regla rige en los procesos de retracto, útulo supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación o delimitación de áreas o linderos, ex . propiación, desalojo e interdictos. Si la demanda versa sobre varios inmuebles situados en diversos lugares, será competente el Juez del lugar donde están ubicados cualquiera de esos bienes (Art. 24, inc. 1, CPC). b) EIJuez del último domicilio conyugal, tratándose de nulidad de matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, separación de cuerpos, divorcio y patria potestad (Art. 24, inc. 2, CPC). Esta norma hay que concordar con la previsión contenida en el primer párrafo del artículo 21 del Código, tratándose de la curatela de mayores de edad. c) El Juez del domicilio del demandante en las pretensiones alimenticias (Art. 24, inc. 3, CPC). d) El Juez del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación (Art. 24Q, inc. 4, CPC). e) El Juez del lugar en donde ocurrió el daño, tratándose de pretensiones indemnizatorias por responsabilidad extracontractual (Art. 24, inc. 5, CPC). j) El Juez del lugar en que se realizó o debió realizarse el hecho generador de la "obligación, tratándose de prestaciones derivadas de la gestión de negocios, enriquecimiento indebido, promesa unilateral y pago indebido (Art. 24, inc. 6, CPC). g) El Juez del lugar donde se desempeña la administración de bienes comunes o ajenos al tiempo de interponerse las demandas de rendición, de aprobación o de desaprobación de cuentas o informes de gestión (Art. 24, inc. 7, CPC). K) La competencia territorial tratándose del Estado como demandado. Cuando el conflicto de intereses tuviera su origen en una relación jurídica de derecho público esJuez competente el del lugar donde tiene su sede la oficina o repartición del Gobierno .' Central, Regional. Departamental, Local o ente de derecho público que hubiera dado lugar al acto o hecho contra el que se reclama (Art. 272, primer párrafo, CPC,.~uando el
conflicto de intereses tuviera su origen en una relacióujurídica de derecho privado se aplican las reglas generales de la competencia por razón de territorio (Arts. 27Q, segundo párrafo, y 142 CPC). Cuando la demanda se interpone contra órgano constitucional autónomo o contra funcionario público que hubiera actuado en uso de sus atribuciones o en ejercicio de sus funciones se aplican las reglas anotadas en los dos párrafos anteriores (Art. 272, tercer párrafo, CPC).
L) Prórroga de la competencia. Es el mecanismo procesal por el cual se hace competente a un Juez que, por razón de territorio, no es competente para conocer de algún asunto. Mediante la prórroga se hace competente a un Juez relativamente incompetente. El Código prevé los dos casos como se puede producir la prórroga de la competencia: convencional o tácitamente.
a) Las partes pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un Juez distinto al que corresponde, salvo que la ley la declare improrrogable, como ocurre tratándose de asuntos vinculados a sucesiones (Art. 252 CPC).
b) Se produce la prórroga tácita de la competencia territorial para el demandante por el hecho de interponer la demanda y para el demandado por comparecer al proceso sin hacer reserva o por dejar transcurrir el plazo sin cuestionar la competencia del Juez (Art. 262 CPC).
3.4.3. La competencia por razón de la cuantía
Otro de los criterios que se ha recogido para fijar la competencia de losjueces es el de la cuantía de las pretensiones procesales que se plantean con la demanda. Se toma en consideración la cuantía, por un lado, para determinar el Juez que debe conocer de la demanda, y por otro, para establecer el procedimiento conforme al cual se debe substanciar el asunto. Es así que, por ejemplo, conforme a nuestro ordenamiento jurídico procesal, por la cuantía, tratándose del reclamo del pago de sumas de dinero, los jueces civiles conocen desde la estimación patrimonial de 50 Unidades de Referencia Procesal (URP) para arriba, debiendo tramitar en la vía del proceso de conocimientocuando la estimación patrimonial del petitorio sea mayor de 300 URP(Art. 475, inc. 2, CPC) y en la vía del proceso abreviado cuando la estimación patrimonial sea mayor de 50 y hasta 300 URP (Art. 486, inc. 7, CPC). Los Jueces de Paz Letrado
conocerán de los asuntos cuando la estimación patrimonial sea inferior a 50 y superior a 20 URP (Art. 488 CPC). Tratándose de accidentes de tránsito, si la pretensión procesal excede de 100 URP, conoce el Juez en lo Civil y si no supera ese monto es de conocimiento de los Jueces de Paz Letrado (5~ DM del CPC). En el proceso sumarísimo, los asuntos de desalojo cuando la renta mensual es mayor a 5 URP, es de conocimiento de los jueces civiles y si la renta mensual no excede ese monto es de conocimiento del Juez de Paz Letrado (Art. 547 CPC). En el proceso ejecutivo, cuando la pretensión procesal es mayor de 50 URP es de conocimiento del Juez en lo Civil y si su monto no excede de esa suma es de conocimiento del Juez de Paz Letrado (Art. 696 cPq. En el procedimiento no contencioso si la estimación patrimonial excede de 50 URP es de conocimiento del Juez en lo Civil y si no excede esa suma es de conocimiento del Juez de Paz Letrado (Art. 750 CPC).
El proceso sumarisimo, cuando la pretensión procesal no excede de 10 URP, es de c'onocimiento del juez de paz no Letrado. A) Reglas.generales. La competencia por razón de la cuantía se determina de acuerdo al valor económico del petitorio conforme a las siguientes normas: a) De acuerdo a lo expresado en la demanda, sin admitir oposición al demandado, salvo disposición legal en contrario (Art. 102, inc. 1, CPC). b) Si de la demanda o de sus anexos aparece que la cuantía es distinta a la indicada por el demandante, el juez, de oficio, efectuará la corrección que corresponda y, de ser el caso, se inhibirá de su conocimiento y la remitirá al juez competente (Art. 102, inc. 2,CPC). Estas reglas permiten el juez corregir algún error en que pudiera haberse incurrido al admitir a trámite la demanda. Verbi gratia, si de.la demanda aparece un monto, cuyo reclamo se ha dispuesto se tramite en la vía del proceso de conocimiento, no obstante que por la cuantía debe tramitarse en la vía del proceso abreviado, el juez, de oficio, debe corregir el error. No hay obstáculo, sin embargo, para que a petición de parte también se corrija el error.
B) Determinación de la cuantía de la demanda. Para calcular la cuantía del asunto, el Código señala algunas reglas claras e importan teso
a) En efecto, pa;a calcular la cuantía, se suma el valor del objeto principal de la pretensión, los frutos, intereses y gastos, daños y peIjuicios, y otros conceptos devengados al tiempo de la interposición de la demanda, pe:ro no los futuros (Art. 1}2, primer párrafo, CPC). b) Si la demanda comprende varias pretensiones procesales, la cuantía se determina por la suma del valor de todas. Si se trata de pretensiones subordinadas o alternativas, sólo se atenderá a la de mayor valor (Art. 1J2, segundo párrafo, CPC). c) Si son varios los demandados, la cuantía se determina por el valor total de lo demandado (Art. 11 , tercer párrafo, CPC).
C) Cálculo M la cuantía tratándose M pretensiones sobre inmuebles. En las pretensiones relativas a derechos reales sobre inmuebles; la cuantía se determina sobre la base del valor del inmueble vigente a la fecha de la interposición de la demanda. Sin embargo, el juez determinará la cuantía de lo que aparece en la demanda y su eventual anexo. Si éstos no ofrecen elementos para su estimación, no se aplicarti el criterio de la cuan tía y será competente el Juez Civil (Art. 12 CPC).
D) Costas, costos y multa por exceso en la cuantía propuesta. Si como consecuencia de una manifiesta alteración de la cuantía se declara fundado un cuestionamiento de la competencia del juez,. el demandante pagará las costas, costos y una multa no menor a una ni mayor a cinco Unidades de Referencia Procesal (Art. 13 CPC).
3.4.4. La competencia funcional o por razón de grado
Esta competencia tiene que ver con la jerarquía de los organismos jurisdiccionales. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico existen juzgados Civiles (primera instancia), Salas Civiles o Mixtas de las Cortes Superiores (segunda instancia) y Salas Civiles de la Corte Suprema (Salas de Casación), cuyos organismos ejercen su función dentro del marco de las otras competencias. Asimismo, en nuestro ordenamiento contamos con los juzgados de Paz y los juzgados de Paz Letrados, que también ejercen su respectiva competencia en materia civil. El Código señala que la competencia funcional queda sujeta a las disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder judicial y del propio Código (Art. 28 CPC).
Si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado el asunto -dice el Código- es de competencia del Juez en lo Civil (Art. 14, tercer párrafo, CPC).
3.4.5. La prevención de la competencia funcional
En materia procesal constituye un principio en virtud del cual ejerce jurisdicción preventiva el Juez que conoce de una causa con anticipación a otros que pudieron haber conocido de ella. La prevención no tiene lugar entre jueces de distinta jerarquía y entre jueces de distinto fuero. Algunos estudiosos sostienen, equivocadamente, que hay prevención cuando habiendo el demandante acudido a un Juez que conforme a las reglas de la competencia por razón de territorio no era apto para conocer de la demanda, el demandado no cuestiona la competencia del Juez y, por ejemplo, contesta la demanda, sometiéndose tácitamente a la competencia del Juez. Aquí lo que se ha producido es la prórroga de la competencia y no hay prevención de ella por el hecho de haber admitido a trámite la demanda. En primera instancia la prevención sólo es procedente por razón de territorio (Art. 3P, primer párrafo, CPC).
La Corte Suprema de Justicia mediante la Circular NQ 19-E, de 15 de noviembre de 1974, ha ordenado que se aplique el principio de prevención en las Cortes Superiores, de tal modo que la Sala Civil (por analogía, las otras Salas) que conoce de la primera apelación que se produzca en el proceso sea competente para conoc~r de las posteriores apelaciones dentro del mismo proceso, tánto en el principal como en los incidentes, aunque estas impugnaciones se interpongan en el turno corres pondiente a otras Salas. Esta medida procesal, por lo menos en teoría, garantiza que los asuntos se traten con unidad de criterio y con menor esfuerzo, precisamente por cuanto al haber prevenido deben conocer de todos los asuntos o puntos en controversia dentro del proceso. El Código Procesal Civil establece que en segunda instancia (Salas Civiles de las Cortes Superiores) previene el órgano jurisdiccional que haya conocido primero el proceso, o sea, que haya conocido en la primera apelación producida en el proceso. Este conocimiento se tiene efectuado por la realización de la primera notificación (Art. 31, segundo párrafo, CPC).
3.4.6. Efectos de la prevención
La prevención convierte en exclusiva la competencia del juez en aquellos casos en los que por disposición de la ley son varios los jueces que podrían conocer del mismo asunto (Art. 30Q CPC).
3.4. 7. La competencia por razón de conexión entre los procesos
Este criterio para establecer la competencia se produce en determinados casos, como por ejemplo en las tercerías de propiedad o en la acumulación de procesos. ¿Quéjuez es competente para conocer de una tercería de propiedad? El juez que conoce del proceso en el que el bien materia de la tercería está afectado 'por la medida cautelar o por la ejecución. ¿Qué juez es competente para conocer de los procesos a acumularse? El juez que debe conocer de los procesos a acumularse es el que haya dictado el primer emplazamiento (Art. 90Q, segundo párrafo, CPC). En estos casos, para fijar la competencia, se toma en consideración la conexidad que existe entre las pretensiones procesales, donde está de por medio la economía procesal y la unidad de criterio con que deben resolverse los asuntos conexos. El Código señala algunos otros casos en lo que se evidencia la competencia por razón de conexión entre las pretensiones procesales. Así tenemos los siguientes:
a) Es competente para conocer la pretensión de garantía, así como de la pretensión accesoria, complementaria o derivada de otra planteada anteriormente, el Juez que conoce de la pretensión procesal principal, aunque consideradas individualmente no alcancen o excedan el límite de la cuantía establecida para la competencia de! Juez o de su competencia territorial. (Art. 32 CPC).
b) Es competente para dictar una medida cautelar antes de la iniciación del proceso, e!Juez competente por razón de grado para conocer de la demanda próxima a interponerse. Asimismo, es competente para conocer de la actuación de una prueba anticipada (Diligencia preparatoria de pruebas), el Juez competen te por razón de grado para conocer de la demanda próxima a interponerse (Art. 33 CPC).
El Código Procesal Civil señala algunas otras reglas sobre la prevención:
a) Previene el Juez que emplaza en primer lugar al demandado (Art. 29, primera parte, CPC). b) En caso de pluralidad de demandados en e! mismo o en diferentes procesos previene el órgano jurisdiccional que efectuó e! primer emplazamiento (Art. 29, segunda parte, CPC). Esta última regla tiene que ver con la acumulación de procesos, en la que se considera que ha prevenido e! Juez que haya dictado la primera resolución admitiendo a trámite la demanda. Previene el que haya dictado e! primer emplazamiento y que la resolución correspondiente haya tenido notificada válidamente al emplazado.
3.4.8. La competencia por razón de turno
El nuevo Código Procesal Civil no regula la competencia por razón de turno. El turno, evidentemente, es un criterio para fijar la competencia de Juzgados y Salas de igual jerarquía y que tienen la misma competencia por razón de la materia, territorio y cuantía. En atención a que esta competencia puede fijarse administrativamente, teniéndose en consideración la rapidez y la eficacia en la administración de justicia, hace bien el Código en no tratarla como lo hace refiriéndose de los otros criterios para fijar la competencia:
3.4.9. La competencia tratándose de procesos de ejecución
Los procesos de ejecución se someten a las reglas generales sobre competencia, salvo disposiciones distintas que señale el Código (Art. 34Q CPC).
3.5. CUESTIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA
Después de haber examinado los distintos criterios que nuestro ordenamiento procesal ha recogido para establecer la competencia, debemos precisar que la competencia por
razón de la materia, por razón de la cuantía y por razón de la jerarquía o grado, son de carácter absoluto, en atención a que se fundan en una división de funciones que tienen relación con el orden público. En cambio la competencia por razón de territorio es de carácter relativo, en atención a que se ha establecido en función del interés de las partes. Por ello es que la competencia territorial puede ser renunciable por las partes, en tanto que las demás competencias no admiten su renuncia. Algo más, tratándose de las competencias absolutas, la incompetencia puede ser declarada de oficio; en cambio la competencia relativa sólo puede ser reclamada por las partes en litigio.
3.5.1. Cuestionamiento de la intervención de un Juez incompetente
La incompetencia de un Juez por razón de la materia, por razón de la cuantía y por razón de territorio (en este último caso cuando la ley lo declara improrrogable), puede ser cuestionada por la parte litigante sólo en vía de excepción, deduciendo la excepción de incompetencia. Estas incompetencias pueden ser declaradas de oficio por el Juez en cualquier estado y grado del proceso (Art. 35, primer párrafo, CPC). La competencia de los jueces de Paz Letrados y de Paz sólo se cuestiona en vía de excepción (Art. 35, cuarto párrafo, CPC). Al declarar su incompetencia, el juez declarará asimismo la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso (Art. 35, segundo párrafo, CPC). No es procedente la excepción para cuestionar la competencia funcional. Empero, podrá ser declarada de oficio o a petición de parte hasta antes de expedirse el auto de saneamiento procesal (Art. 35, tercer párrafo, CPC). La incompetencia de unjuez por razón de territorio sólo puede ser cuestionada por el demandado mediante la excepción de incompetencia o mediante la interposición de la inhibitoria, ello cuando no se haya producido la prórroga de la competencia. Elegida una vía no podrá utilizarse la otra (Art. 37 CPC). Resumiendo, debemos señalar que existen dos medios para cuestionar la intervención de un juez que se considera incompetente: mediante la interposición por el demandado de la inhibitoria del juez que haya admitido a trámite la demanda y mediante la excepción de incompetencia que se plantea ante el juez que conoce de la demanda. La excepción de incompetencia lo estudiamos a.1 tratar de las excepciones como medios de defensa en los protesos en el capítulo relativo a la Postulación del Proceso (11).
3.5.2. Conflicto de competencia positivo
El Código establece el trámite de la inhibitoria, lo que va dar lugar al llamado conflicto de competencia positivo. En efecto, el demandado puede acudir ante el Juez que considera competente para conocer de la demanda solicitando que promueva la inhibitoria del Juez que conoce del proceso, dentro del plazo de 5 días de emplazado con la demanda, más el término de la distancia, en su caso, ofreciendo los medios probatorios pertinentes. El Juez puede rechazar de plano el pedido si se ha formulado extemporáneamente o cuando es manifiestamente improcedente o temeraria (Art. 38 CPC). El demandado, en efecto, puede acudir alJuez (a suJuez) que lo considera competente para conocer de una demanda pidiendo que solicite al Juez que está conociendo del asunto se inhiba. Dicho Juez, si se considera competente, oficiará alJuez que conoce del proceso solicitándole que se inhiba y le remita el expediente. Con el oficio le envía copia certificada del escrito del litigante que solicito promueva la inhibitoria, de sus anexos, de la resolución que expida y de cualquier otra actuación producida. Adicionalmente al oficio, el Juez podrá dar aviso inmediato al otro Juez por facsímil oficial, telex u otro medio (Art. 39 CPC). Recibido el oficio por el Juez que conoce de la demanda, éste comunicará al demandante de la interposición de la inhibitoria y dispondrá la suspensión del proceso. El demandante puede contradecir la inhibitoria y ofrecer medios probatorios dentro de tercero día de notificado (Art. 40, primer párrafo, CPC). Si el Juez se inhibe remite el proceso al Juez solicitante para que asuma el conocimiento del mismo (Art. 40, segundo párrafo, CPC). Si el Juez que recibe el oficio por el que se promue,'e la inhibición se considera competente, remitirá todo lo actuado, inclusive el principal, al organismo superior que deba dirimir la competencia, comunicando al Juez solicitante (Art. 40Q, tercer párrafo, CPC). El organismo superior dirimirá la competencia sin trámite alguno dentro de cinco días de recibido los actuados pertinentes. En estos casos es improcedente el pedido de informe oral. Al dirimir el conflicto de competencia ordenará la remisión del expediente al Juez que considere competente, con oficio que debe cursar al otro Juez (Art. 4P CPC). Durante la tramitación de la inhibitoria el proceso principal se suspende. Sin embargo, cualquiera de los dos jueces puede dictar medidas cautelares, si a su criterio la omisión pudiera provocar perjuicio irreparable para las partes o terceros (Art. 42, primera parte, CPC).
Recibido el expediente por el Juez declarado competente, el proceso continuará su trámite volviendo a compUtarse los plazos para contestar la demanda o para ejecutar los medios de defensa correspondientes, según la clase de proceso de que se trate (Art. 42, segundo párrafo, CPC). Los conflictos de competencia positivos son resueltos si ellos se producen entre Jueces Civiles del mismo Distrito Judicial por la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente. En los demás casos los dirime la Sala Civil de la Corte Suprema (Art. 43Q CPC) .
3.5.3. Conflicto de competencia negativo
En los casos en que se produce la declaración de oficio de la incompetencia, en los supuestos señalados por el numeral 35Q del Código, el Juez a quien se remite el proceso puede declararse también incompetente. En esta situación se produc~() que se llama el conflicto de competencia negativo. En este supuesto se deben observar las siguientes reglas:
a) Tratándose de un conflicto por la materia, se remitirá el proceso al órgano jurisdiccional superior de la especialidad. Si los órganos jurisdiccionales en conflicto pertenecen a distintos Distritos judiciales, se remitirá el expediente a la Sala corres .pondiente de la Corte Suprema (Art. 36Q, primer párrafo, CPC). b) Tratándose de un conflicto por la cuantía se remitirá el" proceso a la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente (Art. 36Q, segundo párrafo, CPC). e) Tratándose de un conflicto por razón de territorio se remitirá el proceso a la Sala Civil correspondiente de la Corte Superior o de la Corte Suprema, según corresponda (Art. 36Q, tercer párrafo, CPC). d) El organismo superior dirimirá el conflicto de. competencia negativo sin trámite alguno, dentro de cinco días de recibido los actuados y el expediente principal. Es improcedente el pedido de informe oral. Al dirimir el conflicto, el superior ordenará la remisión del expediente al juez que considere competente, oficiando al otro juez de esa decisión (Art. 4P CPC).
3.5.4. Las costas, los costos y las multas tratándose de los conflictos de competencia
Si el conflicto se dirime en favor del juez requeriente, tratándose del conflicto de competencia positivo, las costas y costos deben pagarlas el demandante. Si se dirime en favor del juez requerido, las costas y los costos son pagados por el demandado que promovió la inhibitoria (Art. 45Q CPC).
La parte que con malicia, artificio o engaño promueva una inhibitoria (conflicto de competencia positivo) será condenada por el órgano jurisdiccional dirimente a una multa no menor de tres ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal (Art. 46 CPC).
3.5.5. Caso en el que es inadmisible el conflicto de competencia positivo
Es inadmisible el conflicto de competencia positivo entre órganosj:lrisdiccionales de diferente nivel jerárquico. Será, en todo caso, cl-é.rgano superior quien füe su propia competencia, ya sea de oficio, a solicitud del inferior o a pedido de parte (Art. 44Q CPC).
3.6. IMPEDIMENTO, RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN O ABSTENCIÓN
Estos institutos procesales tienen relación con la intervención del Juez y de los Auxiliares Jurisdiccionales en los procesos, los cuales aluden a circunstancias que pueden dar lugar a la imparcialidad en que puedan incurrir los referidos funcionarios en el desarrollo y en la decisión del proceso, que nuestro ordenamiento jurídico procesal rechaza.
3.6.1. Impedimento
El Código regula causales en las cuales el Juez, para evitar la imparcialidad con que podría actuar en el proceso, está impedido de in tervenir y dirigir el proceso, especialmen te cuando está de por medio algún tipo de parentesco del Juez con alguna de las partes. El Código en estudio prevé que el Juez a quien le afecte alguna causal de
impedimento deberá abstenerse y declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de ella (Art. 31P CPC).
A)Causales fie\impedimento. De primera intención debemos señalar que las causales de impedimento se aplican a los jueces de todas las instancias, incluyéndose a los jueces en casación. (Art. 311 Q CPC). El Juez está. impedido de intervenir como tal en los procesos en los siguientes supuestos: . a) Cuando haya sido anteriormente parte en el proceso que ahora está en sus manos (Art. 305Q, inc. 1, CPC). Si se permitiera su intervención, la parcialidad del Juez sería evidente. Puede darse el caso en que el Juez ha sido demandante en el proceso y que la materia en controversia haya sido transferida a tercera persona; en este supuesto el Juez no sólo legalmente, sino por razones morales, estará impedido de intervenir como tal. b) Cuando el Juez, su cónyuge o su concubina tiene parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de adopción con alguna de las partes o con su repre sentante o apoderado o con un Abogado que interviene en el proceso (Art. 305Q, ine. 2, CPC). En estos supuestos la imparcialidad del juzgador se haría incuestionablemente realidad. Este impedimento, con relación al Abogado -dice.eI Código-, se pro duce sólo cuando el letrado ya estaba ejerciendo el patrocinio de la causa. Está prohibido al Abogado asumir una defensa que provoque el impedimento del Juez (Art. 305, último párrafo, CPC). Tendrá impedimento el Juez para seguir conociendo de una causa cuando un Abogado, que puede ser su cuñado, interviene en el proceso con posterioridad a la producción del parentesco. c) Cuando el Juez o su cónyuge o su concubina tiene el cargo de tutor o curador de cualquiera de las partes (Art.305Q, inc. 3, CPC). Estos supuestos también generan desconfianza en el Juez por la imparcialidad con que actuaría. d) Cuando el Juez, o su cónyuge o su concubina, ha recibido beneficios y dádivas de alguna de las partes, antes o después de empezado el proceso, aunque ellos sean de escaso valor (Art. 305Q, ine. 4, CPC). Si los beneficios fueran recibidos por el Juez en pleno trámite del proceso lindaría con el delito, lo que no debe permitirse. e) Cuando el Juez haya conocido de la causa en otra instancia (Art. 305Q, inc. 5, CPC). Puede el Juez haber conocido del proceso en primera instancia, hecho que lo impide conocer en segunda instancia o como integrante de una Sala de Casación. También puede darse el caso en que la causa haya sido conocida por un Juez en su
calidad de Vocal Superior provisional, hecho que igualmente le impide conocer como Juez de primera instancia. La simple intervención en un proceso dictando de cretos de mero trámite no debe calificarse como impedimento válido para intervenir en otra instancia.
B) Tramitación. El trámite del pedido de abstención lo tratamos separadamente, ocupándonos en primer lugar del Juez que ejerce unipersonalmente la función y en segundo lugar del magistrado que ejerce la función en forma colegiada: a) El Juez que se considera impedido remitirá el expediente a quien deba reemplazarlo. Si éste estima que los hechos expuestos por aquél no constituyen causal de Impedimento, expondrá sus razones en la resolución respectiva, y remitirá el ex pediente al superior en consulta para que en el término de 3 días y bajo responsabilidad resuelva sin más trámite sobre su legalidad. Aceptado el impedimento (entendiéndose que si el superior considera atendible el impedimento, aprobará la resolución en consulta), se enviará el expediente al Juez que deba reemplazar al impedido. En caso contrario, mediante resolución especial que debe dictar el superior (de desaprobación), se devolverá al Juez que venía conociendo del proceso, esto es, alJuez originario (Art. 306, primer párrafo, CPC). b) En las Cortes (Superiores y Suprema) el Vocal que se considera impedido informará a su respectiva Sala del impedimento que le afecta, expresando la causal correspondiente y solicitando se le exima de intervenir en el proceso. La Sala resolverá el petitorio sin trámite alguno, integrándose para el efecto con el Vocal llamado por ley. Aceptada la abstención solicitada se integrará la Sala con el Vocal designado por la ley para que conozca del proceso conjuntamente con los demás integrantes de la misma. En caso contrario, el Vocal solicitante de la abstención seguirá conociendo del proceso conjuntamente con los demás magistrados. La resolución que resuelve la abstención (aceptándola o rechazándola) es inimpugnable (Art. 306, segundo párrafo, CPC).
3.6.2. Recusación
Las partes en el proceso están facultados para solicitar que el Juez se aparte del conocimiento del mismo por estar incurso en algunas de las causales previstas por el ordenamiento procesal civil, para evitar naturalmente la imparcialidad del juzgador.
A) Causales de recusación. En principio, las causal es de recusación se aplican a los jueces de todas las instancias y a los miembros de las Salas de. Casación (Art. 311 CPC). Las causales por las cuales se puede recusar al Juez son las siguientes: a) Cuando el Juez es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las partes, demostrado por hechos inequívocos (Art. 307, inc. 1, CPC). b) Cuando el Juez o su cónyuge o su concubina o su pariente en la línea directa o en la línea colateral hasta el segundo grado, primero de afinidad, o adoptado, tiene relaciones de crédito con alguna de las partes, salvo que se trate de persona de derecho público o de persona de servicio público (Art. 307, inc. 2, CPC). c) Cuando el Juez o su cónyuge o concubina son donatarios, empleadores o presuntos herederos de alguna de las partes (Art. 307, inc. 3, CPC). d) Cuando el Juez haya intervenido en el proceso como apoderado, miembro del Ministerio Público, perito, testigo o defensor (Art. 307, inc. 4, CPC). e) Cuando el Juez tiene interés directo o indirecto en el resultado del proceso (Art. 3072, inc. 5, CPC). j) Cuando exista proceso vigente entre el Juez o su cónyuge o concubina con cualquiera de las panes, siempre que no sea promovido con posterioridad al inicio del proceso (Art. 307, 6, CPC). Esta última excepción es discutible. B) Recusación por causales que se sustentan en motivaciones que establecen impedimentos del Juez. El Juez que no cumpla con su deber de abstenerse de intervenir en el proceso por alguna causal de impedimento puede ser recusado por cualquiera de las partes (Art. 3122 CPC). Supongamos que el Juez en lo Civil, que ahora interviene como Juez revisor, haya intervenido en el proceso en su calidad de Juez de Paz Letrado, en un litigio que se haya iniciado ante este último organismo, dicho juzgador tiene el deber de abstenerse de conocer la causa como Juez revisor (Art. 305, inc. 5, CPC), pues de lo contrario se atentaría contra el principio de pluralidad instancias, que importa diversidad de jueces en el conocimiento del proceso. En el supuesto que el Juez de motu proprio no se abstuviera del conocimiento de la ,causa, cualquiera de las partes está facultado para recusarlo. C) Improcedencia de la recusación. Hay supuestos en los cuales no es posible la imparcialidad del juzgador, por lo que el legislador ha establecido la improcedencia de la recusación en tales casos. Cabe señalar también que la recusación sólo es procedente en los procesos en los cuales se ha señalado como trámite la audiencia de conciliación (Art. 309, último párrafo, CPC), de donde se deduce que en los procesos que no tienen como trámite previsto la conciliación no es procedente la recusación. Tratándos¿' del proceso ejecutivo, por excepción, procede la recusación siempre que la causal se sustente en documento fehaciente y sea propuesta dentro del plazo para la contra-'
dicción (Art. 309, último párrafo, CPC). No pueden ser recusados los siguientes jueces y, en todo' caso, la recusación que se formule debe ser rechazada de plano por improcedente:
a) Los jueces que conocen del trámite de la recusación (Art. 309, inc. 1, CPC). b) Los jueces comisionados y quienes deben dirimir conflictos de competencia (Art. 309, inc. 2, CPC). c) Los jueces que conocen de los procedimientos no contenciosos (Art. 309, inc. 3, CPC). d) No se admitirá segunda recusación contra el mismo Juez en el mismo proceso, excepto si se acompaña documento fehaciente que pruebe la causal (Art. 309, último párrafo, CPC). e) En ningún caso se puede recusar por tercera vez al mismo Juez en el mismo proceso (Art. 309, último párrafo, CPC).
D) Rechazo liminar de la recusación. El Código en estudio precisa los casos en los cuales el Juez debe rechazar de plano la recusación que se formule, sin darle trámite alguno: a) Si en el escrito de recusación no se especifica la causal invocada (Art. 314, inc. 1, CPC). b) Si la causal fuese manifiestamente improcedente (Art. 314, inc. 2, CPC). c) Si no se ofrecen los medios probatorios necesarios para acreditar la causal (Art. 314, inc. 3, CPC). E) Trámite de la recusación. En principio, sólo puede formularse recusación hasta 5 días antes de la audiencia donde se promueve la conciliación y después de ella se admitirá únicamente por causal sobreviniente (Art. 308 CPC). La recusación se formulará ante el Juez o la Sala que conoce el proceso, fundamentando la causal alegada. En el mismo escrito se ofrecerán los medios probatorios, excepto la declaración del recusado por ser improcedente (Art. 310, primer párrafo, CPC).
Cuando el Juez recusado acepta la procedencia de la causal, debe excusarse de seguir interviniendo a través de resolución fundamentada, ordenando el envío del expediente a quien deba reemplazado (Art. 31 O, segundo párrafo, CPC) . Si no acepta la recusación,
emitirá informe motivado y formará cuaderno, enviándolo al Juez que corresponda conocer, con citación de las partes. El trámite de la recusación no suspende el proceso principal, pero el recusado deberá abstenerse de expedir cualquier resolución que ponga fin al proceso. El Juez a quien se remite el cuaderno tramitará y resolverá la recusación conforme a lo previsto en el artículo 754 del mismo Código en lo que corresponda (en la misma audiencia, cuya fecha [ua el Juez, se actuarán las pruebas ofrecidas, informarán los Abogados y se resolverá, salvo que el Juez reserve su decisión por un plazo que no excederá de 3 días contados desde la conclusión de la audiencia). Su decisión es inimpugnable (Art. ~10, tercer párrafo, CPC). . Interpuesta recusación contra un Juez de un órgano jurisdiccional colegiado se procede en la forma transcrita para cuando es recusado un Juez que actúa unipersonalmente. La recusación es resuelta por los otros integrantes de la Sala, sin necesidad de integración, debiendo llamar a otro Juez sólo en caso de discordia (Art. 310, cuarto párrafo, CPC). El voto de dos Vocales hace resolución. La resolución es inimpugnable. Cuando la recusación es desestimada, el Juez puede condenar al recusante a pagar una multa no menor de 3 ni mayor de 10 Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de la condena por las costas y costos del trámite de la recusación (Art. 316 CPC).
3.6.3. Excusación o abstención por decoro
Cuando se presentan motivos que perturban la función del Juez, éste, por decoro o delicadeza, puede abstenerse de seguir conociendo del proceso mediante resolución debidamente fundamentada, remitiendo el expediente al Juez que debe conocer de su trámite. Si el Juez a quien se remite los autos considera que los fundamentos expuestos no justifican la separación del proceso, seguirá el trámite previsto en el artículo 306 del Código Procesal Civil, esto es, el trámite del impedimento. La justificación para la abstención por decoro debe ser razonable. Si algún litigante o su abogado presentaran escritos injuriantes u ofensivos, el Juez, tiene la facultad de adoptar las medidas disciplinarias correspondientes y no debe recurrir a la abstención. Hay jueces que recurren a este tipo de excusación para evadir su intervención en procesos complicados, lo que no debe admitirse.
3.7. COMPETENCIA DEL JUEZ PERUANO TRATÁNDOSE DE LOS ASUNTOS LITIGIOSOS A QUE SE REFIERE EL TÍTULO II DEL LIBRO X DEL CÓDIGO CIVIL
El Código Procesal Civil establece que es competente el Juez peruano para conocer los procesos en los casos señalados en el Título II del Libro X del Código Civil (Art. 472 CPC). Por lo que se ve, apartándose del criterio que por consenso está reconocido que las normas procesales deben ubicarse en su Código respectivo, el ordenamiento procesal civil nacional nos remite al Código Civil en materia de competencia y este último cuerpo legal, apartándose de la técnica procesal establecida, utiliza como equivalentes de la palabra "demanda", que es el instituto mediante el cual se promueve un proceso, los términos acción, proceso, litigio. Debe usarse la palabra demanda, como instituto procesal, para evitar confusiones conceptuales. Empero, para evitar la cacofonía usamos algunos de los términos anotados como equivalentes. El Libro X del citado Código, que regula el Derecho Internacional Privado, legisla deficientemente el instituto de la competencia, por lo que con bastante frecuencia se presentan problemas para su determinación. En estos tiempos en que el tráfico comercial cada vez más se intensifica, en que las actividades financieras y económicas se vienen globalizando, por lo que los conflictos de orden internacional en materia jurídica no sólo van en aumento, sino cada vez se hacen más complejos, es imperativo tener reglas precisas en materia de jurisdicción y de competencia.
Lo que nos interesa ahora es el estudio de la competencia del Juez peruano en materia de asuntos civiles regulado por el Derecho Internacional Privado peruano. Claro que para su examen debemos referirnos necesariamente a la competencia de los tribunales extranjeros en dicha materia. Para el efecto se debe entender que el asunto litigioso de naturaleza civil es de Derecho Internacional Privado cuando él tiene algún elemento extranjero de relevancia jurídica, como cuando por ejemplo el matrimonio se haya realizado en Chile, el esposo es peruano y la cónyuge chilena, los cónyuges han tenido su último domicilio estable en Estados Unidos de Norteamérica y el esposo ha planteado su demanda de divorcio en Lima en razón que su esposa transitoriamente reside en la capital peruana. ¿Qué Juez será competente válidamente para conocer de la demanda de divorcio? ¿Será competente el Juez peruano? ¿Si el Juez peruano es competente, aplicará la ley sustantiva peruana o la ley del último domicilio permanente? En el caso propuesto los elementos extranjeros con relación al demandante peruano son los siguientes: la cónyuge es chilena y el último domicilio conyugal se ubica en los Estados Unidos de Norteamérica.
Cuando se presenta algún asunto justiciable de Derecho Internacional Privado lo primero que debe hacer el Juez peruano es determinar SI él es competente o no para conocer de la demanda interpuesta. En otras palabras, para asumir elconoci miento de la demanda, debe previamente declararse competente. Esto es lo que en doctrina se llama determinar la "competencia internacional directa". Una vez establecido
que el Juez peruano es competente para conocer de una determinada demanda, debe precisar el derecho objetivo aplicable al caso, si es el nacional o el extranjero, produciéndose en este caso lo que constituye un conflicto de leyes (12). En ésta lo que vamos a examinar son las reglas específicas relativas a la competencia internacional directa previstas por el Código Civil y las reglas de ¡~ompetencia tratándose del reconocimiento y ejecución de senttncias y laudos arbitrales extranjeros previstas por el Código Procesal Civil. No estudiamos las reglas de aplicación del derecho positivo sustantivo en caso de conflictos de Derecho Internacional Privado por ser un tema propio de esta rama jurídica y no del Derecho Procesal Civil.
La doctrina reconoce la calencia de reglas internacionales para determinar la competencia judicial internacional. Es interesante anotar lo que dice Adolfo MlAJA DE LA MUELA (13) sobre los principios rectores de la competencia judicial internacional cuando escribe: "Por nuestra parte, en congruencia con la exposición hecha sobre la estructura de la norma de conflicto, no"s parecen esenciales en el terreno de la competencia judicial internacional los que siguen: 1) Principio de exclusividad. Cada Estado delimita soberanamente los supuestos de competencia de sus propios tribunales, sin que sus tribunales se encuentren ligados por las normas extranjeras en la materia. 2) Principio de unilateralidad. En virtud del cual ningún tribunal puede declarar competentes a los órganos judiciales de otro Estado. 3) Principio de posibilidad de internacionalización de las reglas estatales de competencia, sostenible en el orden doctrinal como medio para facilitar la conclusión de convenios sobre la materia. En la práctica, casi todos los sistemas procesales se apartan de este principio por la tendencia a -ensanchar el ámbito de la jurisdicción del propio Estado. 4) Principio de efectividad, que aconseja al legislador no conferir competencia a sus propios tribunales en los casos en que la sentencia que dictasen resultara de imposible ejecución. 5) Principio de autonomía de la voluntad, que deje margen a las partes para someterse expresa o tácitamente a tribunales incompetentes en el aspecto territorial". 3.7.1. Reglas para determinar la competencia del Juez peruano en asuntos de Derecho Internacional Privado
De primera intención, antes de ocupamos de las reglas que señala nuestro ordenamiento jurídico en materia de Derecho Internacional Privado para determinar la competencia del Juez (peruano o extranjero) que debe conocer de' la demanda correspondiente, apuntamos a continuación los principales pasos que normalmente debe seguir un juzgador en el tratamiento de controversias donde hay algún elemento extranjero de relevancia jurídica. He aquí los pasos que debe seguir: 1) En primer lugar
el Juez peruano debe determinar si el asunto propuesto con la demanda es de Derecho Internacional Privado de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Ahí es importante determinar el elemento vinculatorio con un ordenamiento extranjero de relevancia jurídica. 2) Si se determina que la pretensión procesal propuesta con la demanda es de Derecho Internacional Privado, el Juez debe determinar si es o no competente para conocer de ella, para lb cual deberá examinar nuestro ordenamiento jurídico. Las reglas para determinar la competencia del Juez que debe conocer del conflicto en cuestión lo tratamos ampliamente a continuación (14). 3) Si el Juez llega a la conclusión que la demanda propuesta no es de su competencia se termina su intervención. Si por el contrario llega a la conclusión que él es competente para conocer de la demanda, viene la tarea de establecer qué norma sustantiva es aplicable al caso, pues, puede encontrada en un tratado internacional, en la norma nacional o en la norma extranjera. Las reglas legales pertinentes para esta determinación las encontramos en los artículos 20682 y siguientes del Código Civil. Los principios que rigen para determinar la norma material pertinente al caso (es un error decir ley competente al caso; sólo los Jueces tienen competencia) los desarrollamos en otra parte de esta obra (15). Las reglas para determinar la competencia del Juez peruano en asuntos de Derecho Internacional Privado están reguladas en el Libro X del Código Civil peruano. Se advierte que la estructuración de las normas para determinar la competencia del Juez peruano en la materia anotada es deficiente, antitécnica legislativamente, pues, por ejemplo, ha debido precisarse de terminados criterios sobre la base de los cuales desarrollar las reglas de la competencia, lo que no lo hace. A continuación señalamos los principios fundamentales y las reglas pertinentes para la determinación de la competencia del Juez peruano para conocer de asuntos litigiosos que contengan algún elemento extranjero.
A) Sometimiento expreso a la competencia de los Jueces peruanos. En primer lugar, puede darse el caso que las partes en conflicto se hayan sometido expresamente a la competencia de los jueces peruanos o a la de los jueces extranjeros, en cuyo caso la determinación del Juez competente para conocer de la demanda no será problemática. Esto sólo opera tratándose de la comparencia por razón de territorio. Esto es lo que se denomina la prórroga convencional de la competencia territorial. " Supongamos que en un convenio de naturaleza comercial las partes celebrantes hubieran establecido que para cualquier divergencia en la interpretación y ejecución del convenio se someten a los jueces peruanos. En este caso, no hay duda sobre la determinación del Juez competente para conocer del asunto, con la salvedad sí de aquellos asuntos que el propio Código señala como de competencia exclusiva de los jueces extranjeros (Art. 2067, incs. 1, 2 Y 3, CC). También es importante tener en consideración la norma que debe aplicar eljuzgador. El artículo 318 del Código Bustamante, en esa orientación, regula como regla general de la competencia civil y mercantil que: "Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase aquel a
quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que. el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario".
B) Sometimiento tácito a la competencia de los Jueces peruanQs. Puede darse también el caso que el demandante interpone su demanda ante Juez incompetente (pongamos ante el Juez peruano) o el demandado comparece al proceso y contesta la demanda sin hacer ninguna reserva respecto a la competencia del Juez. Esto es lo que se denomina la prórroga de la competencia territorial tácita. En este caso igualmente se tendrá en consideración la ley aplicable al asunto litigioso. Por ejemplo, tratándose de asuntos en los cuales los tribunales peruanos carecen de corrlpetencia, como las demandas relativas a derechos reales sobre inmuebles situados fuera del Perú planteado por un extranjero contra otro también extranjero (Art. 2067, .inc. 1, CC), así el demandado comparezca al juzgado nacional y conteste la demanda sin cuestionar la competencia del Juez, no sería viable el sometimiento tácito. Otro caso: no sería viable el sometimiento tácito a la competencia de los jueces pemanos tratándose de la sucesión cuyo último domicilio del causante estuvo ubicado en el extranjero y los bienes sucesorios igualmente están situados en el extranjero (Art. 21002 CC). En esa orientación, el numeral 3222 del Código Bustamante prevé que: "Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la dem~nda y por el demandado con el hecho de practicar, después de apersonado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía".
C) Prórroga de la competencia territorial a favor de juez extranjero. El Código prevé que la elección de un tribunal extra~ero o la prórroga de la competencia territorial a favor del Juez extranjero para conocer de las demandas de contenido patrimonial serán reconocidas por nuestro ordenamiento siempre que no versen sobre asuntos litigiosos de competencia exclusiva de nuestro país, ni constituyan abuso de derecho, ni sean . contrarias al orden público del Perú (Art. 2060 CC). Esto debe explicarse en el sentido de que los jueces extranjeros tienen competencia para conocer de todo tipo de demandas de contenido patrimonial, con las salvedades anotadas. No será factible la prórroga de la competencia en favor de un tribunal extranjero, por ejemplo, si la demanda se refiere a derechos reales relativo a inmuebles ubicados en nuestro país (Art. 20582, inc. 1, último párrafo, CC). En el Tratado de Montevideo de 1940, del cual el Perú es parte, concordante con el criterio anotado, se recoge en el artículo 562 la siguiente regla que tiene que ver con el tema del rubro: "Se permite la prórroga territorial de la jurisdicción si, después de promovida la acción, el demandado la admite voluntariamente, siempre que se trate de acciones referentes a derechos personales
patrimoniales. La voluntad del demandado debe expresarse en forma positiva y no ficta". La prórroga de la competencia territorial a favor de Juez extranjero sobre demandas de contenido patrimonial no será reconocida si se advierte la presencia.de algún elemento que revele que hubo abuso del derecho para elegir al Juez extranjero en la celebración de un contrato, como ocurre por ejemplo en los contratos de adhesión, donde el más fuerte impone condiciones al débil.
D) Competencia por razón de territQrio. Si las reglas indicadas en los acápites anteriores (A, B Y C) no son de aplicación, los jueces peruanos son competentes para conocer de las demandas sobre asuntos litigiosos de Derecho Internacional Privado dirigidas contra personas (naturales o jurídicas) domiciliadas en el territorio nacional, peruanas o extranjeras (Art. 20572~C). De esta regla se deduce una regla genérica en el sentido de que los jueces peruanos no son competentes para conocer de la demanda si la persona demandada tiene su domicilio en el extranjero. Empero, hay excepciones, como por ejemplo la siguiente: Los Jueces peruanos tienen competencia para conocer de las demandas relativas a derechos reales sobre bienes muebles situados en nuestro país aun contra personas no peruanas domiciliadas en país extranjero (Art. 2058,. primer párrafo e inc. 1, CC). El artículo 323 del Código Bustamante, por su lado, señala que: "Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario, será Juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia
E) Determinación de la competencia tratándose de Estados extranjeros y otros organismos internacionales. Tratándose de demandas dirigidas contra Estados extranjeros o sus jefes, representantes diplomáticos, organismos internacionales y sus representantes, la competencia de los tribunales peruanos dependerá. de los Tratados Internacionales ratificados por el Perú (Art. 2067, primer párrafo, CC). El artículo 333 del Código Bustamante, por ejemplo, regula que: "Los jueces y tribunales de cada Estado contratante serán incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados contratantes o sus Jefes, si se ejercita una acción personal, salvo el caso de sumisión expresa o de demandas reconvencionales". En caso de no existir tratado alguno que regule la competencia tendrá que regir la regla del domicilio (Art. 2057Q CC), de modo que si alguno de los entes anotados tiene su domicilio en el Perú serán competentes para conocer de la demanda los Jueces peruanos y si su domicilio lo tiene en el extranjero simplemente el asunto no será de competencia de los tribunales peruanos.
F) Asuntos de competencia exclusiva de los tribunales peruanos.
Hay determinados asuntos justiciables que, no obstante tener algún elemento relevante que vincule con el derecho extranjero, son de exclusiva competencia de los organismos jurisdiccionales peruanos. Dada la complejidad del texto del artículo 2058Q del Código Civil, primeramente determinamos los asuntos que, con algún elemento que vincule con el derecho extranjero, son de competencia de los tribunales peruanos, con la posibilidad eventual de que resulten también de competencia de los tribunales extranjeros (por ello se habla de la competencia facultativa), y a continuación determinamos los asuntos en los que la competencia de los tribunales peruanos es exclusiva. A manera de deducción anotamos que habrá asuntos que no siendo de competencia exclusiva de los tribunales peruanos, lo que equivale a sostener que son de competencia de los tribunales extranjeros, por sometimiento expreso de las partes en controversia a los tribunales nacionales (mediante la prórroga convencional de la competencia, por ejemplo), el asunto resulta de competencia exclusiva de los jueces peruanos. Tratándose de asuntos litigiosos de competencia exclusiva de los tribunales peruanos no es posible la prórroga convencional y menos la tácita por ser las normas que lo regulan de naturaleza imperativa y porque responden al orden público que cautela nuestro ordenamiento jurídico.
En principio, los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de las demandas de contenido patrimonial, aun contra personas de derecho privado (personas naturales y jurídicas) domiciliadas en país extranjero (Art. 2058Q, primer párrafo, CC) cuando: a) Se trate de demandas relativas a derechos reales (reivindicación, demandas posesorias, etc.) sobre bienes (verbi gratia: muebles) ubicados en la República peruana (Art. 2058, inc. 1, CC); sin embargo, es de competencia exclusiva de los tribunales peruanos cuando la demanda se refiera a derechos reales relativo a predios o inmuebles ubicados en nuestro país (Art. 2058Q, inc. 1, último párrafo, CC), El artículo 32Q del Tratado de Montevideo de 1940, en esa orientación, prevé: "Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar en donde están situados en cuanto a su calidad, a su posesión, a su inenajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles", El artículo 324 del Código Bustamante regula lo siguiente: "Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles, será competente el Juez de la situación (.,,)", El numeral 325 del mismo Tratado prevé: "Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será Juez competente el de la situación de los bienes", b) Se trate de demandas relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio nacional peruano (Art. 2058, inc. 2, CC). c) Se trate de demandas que se deriven de contratos celebrados en el territorio peruano (Art. 2058, inc. 2, CC).
d) Se trate de demandas derivadas de hechos realizados en, el Perú (Art. 2058Q, inc. 2, CC), En este caso: ¿Se tratará de hechos voluntarios e involuntarios producidos en el país? ¿Si se trata de un hecho voluntario se referirá, por ejemplo, a la celebración de un contrato, a la aceptación de una obligación, a la producción de un daño originado en la responsabilidad contractual? El Código en este punto es impreciso o muy genérico. En todo caso debemos entender que se refiere a cualquier hecho que se haya producido en el Perú. siempre que por disposición legal expresa su conocimiento iio'~?rresponda a jueces peruanos. Los cuatro asuntos anotados, sin embargo, en virtud de la prórroga de la competencia, pueden resultar de competencia de los tribunales extranjeros. No hay ninguna prohibición sobre el particular. Otra cosa es cuando se trata de asuntos de competencia exclusiva de los tribunales peruanos, supuesto en el cual no es viable la prórroga territorial a favor de jueces extranjeros. Son de competencia exclusiva de los tribunales peruanos los siguientes asuntos: a) Cuando la demanda se refiera a derechos reales vinculados a predios o inmuebles situados en la República peruana (Art. 2058, inc. 1, última parte, CC), como la reivindicación de un inmueble, como la declaración del mejor derecho a la posesión de un predio, como la ejecución de una garantía hipotecaria, etc., en los cuales no es posible ni viable la prórroga de la competencia; b) Cuando se trate de demandas derivadas de delitos o faltas perpetrados o cuyas consecuencias se hayan producidos en el territorio peruano (Art. 2058, inc. 2, última parte, CC), como sería el caso del reclamo formulado por el agraviado sobre indemnización por los daños sufridos como oonsecuencia del hecho delictuoso; c) Cuando se trate de asuntos para cuya decisión judicial se hubieran sometido expresa o tácitamente a la competencia de los jueces peruanos, con las salvedades que hemos apuntado precedentemente (Art. 2058, inc. 3, CC). .
G) Asuntos de competencia exclusiva de los tribunales extranjeros. Hay asuntos de Derecho Internacional Privado de compe tencia exclusiva de tribunales extranjeros, de donde se deduce que los tribunales peruanos carecen de competencia en tales asuntos. Los siguientes casos están señalados por el Código: a) De las demandas relativas a derechos reales sobre predios situados en el extranjero (Art. 20672, inc. 1, CC). Esta norma regula en sentido contrario a la prevista por el inciso 1 del artículo 20582 del Código Civil, en el sentido de que las demandas relativas a derechos reales sobre inmuebles situados en el Perú son de competencia de los Jueces peruanos. b) De los asuntos en los cuales las partes se hubieran sometido expresamente a la competencia de tribunales extranjeros (Arto 2067, inco 2, CC), con la salvedad de los
asuntos de competencia exclusiva de los jueces peruanos señalados por el Código Civil y q!le hemos tratado precedentemente, que por ningún mecanismo procesal pueden ser de competencia de los jueces extranje ros. Resultaría antijurídico, de otro lado, que quien se sometióexpresamente a la competencia de los tribunales extranjeros quiera desligarse unilateralmente de dichos organismos. c) De las demandas relativas al estado y capacidad de las personas naturales o relativo a las relaciones familiares si la causa no tiene ninguna vinculación efectiva con el territorio de la República peruana (Art. 2067, inc. 3, CC). El domicilio del demandado, por ejemplo, es un elemento vinculatorio efectivo y sobre la base de ello el Código Civil establece que los tribunales peruanos son competentes para conocer de las demandas contra personas domiciliadas en el territorio nacional (Art. 2057 CC). Si no hubiera ningún elemento vinculan te como el anotado (el domicilio) con el ordenamiento jurídico peruano, tratándose de demandas relativas al estado y capacidad de las person~s naturales o a relaciones familiares, debemos concluir que la pretensión correspondiente es de competencia exclusiva de los tribunales extranjeros.
H) Competencia de los jueces peruanos tratándose de universalidades de bienes. Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de las demandas relativas a universalidades de bienes (sucesiones y quiebras), aun contra perso'nas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho peruano sea el aplicable para regir el asunto de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional Privado (Art. 2061Q, primer párrafo, CC). Esta norma nos señala que la determinación de la competencia de los jueces pe I ruanos para conocer de los asuntos anotados se establece por la aplicabilidad de las normas sustantivas de acuerdo a las reglas del Derecho Internacional Privado. En el asunto anotado, primeramente, se establece la norma positiva sustantiva aplicable a la materia que será objeto de la controversia y luego se establece qué Juez es competente para conocer de la demanda. Si la norma máterial aplicable es la extranjera, el Juez competente será el extranjero y no el peruano (interpretación contrario sensu del primer párrafo del artículo 206P del Código Civil).
a) Tratándose de sucesiones mortis causa. Los tribunales peruanos, como se ha indicado, son competentes para conocer de los procesos relacionados a la sucesión de bienes por causa de muerte cuando el derecho peruano sea aplicable para regir el asunto de acuerdo a las normas de nuestro Derecho Internacional Privado. En ese sentido el Código Civil prevé que la sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de situación de los bienes, por la ley del último domicilio del causante (Art. 2100 CC), de donde se infiere que si el último domicilio del causante hubiera estado ubicado en el Perú, así se trate de bienes muebles o inmuebles, se aplicarán las leyes peruanas. Empero, esta última regla colisiona con otra norma contenida en el Código Civil, que
prevé claramen te que los tribunales peruanos carecen de competencia para conocer de las acciones relativas a derechos reales sobre predios o inmuebles situados en el extranjero (Art. 2067, inc. 1, CC). ¿Cuál debe primar: la regla del último domicilio del causante o la regla de ubicación del inmueble? Si el causante tuvo como último domicilio uno ubicado en el Perú y hubiera un inmueble de la sucesión en el extranjero consideramos que debe primar la norma que atribuye competencia al Juez extranjero por la ubicación del bien inmueble, que lo sustentamos en el hecho de que el legislador, para fijar la competencia exclusiva de los Jueces (nacionales o extranjeros), ha tomado como criterio, tratándose de inmuebles, la ubicación de estos (Arts. 2058, inc. 1, y 2067, inc. 1, CC). Llegamos a esta afirmación analizando los elementos interpretativos de la sistemática y de la ratio legis de las normas. b ) Tratándose de quiebras. Se respeta la competencia de los tribunales peruanos para conocer de las demandas relativas al patrimonio del declarado en quiebra respecto a los bienes situados en el Perú (Art. 2061 , segundo párrafo, CC). Sin embargo, cuando la última parte del artículo 2061 dice "y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro" debemos entender que si se trata de bienes del quebrado ubicados en el extranjero serán competentes los jueces extranjeros y se observarán las normas contenidas en el artículo 2105 del Código Civil relativas al reconocimiento de sentencias extranjeras. Los artículos 88 al 90 del Decreto Legislativo N 845 (Ley de Reestructuración Patrimonial) regulan la insolvencia de las empresas, la que debe ventilarse judicialp1ente, destinado a que, previa verificación de la extinción del patrimonio de la empresa, el Juez Civil declare la insolvencia del deudor, la extinción de la empresa y la incobrabilidad de sus deudas. 1) Competencia de los Jueces peruanos tratándose del estado y capacidad de las personas naturales. Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las demandas relativas al estado y la capacidad de las personas naturales, o a las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes:
a) Cuando el dere.cho peruano es el aplicable al asunto litigioso de acuerdo con'S'ns.normas de Derecho Internacional Privado (Art. 2062Q, inc. 1, Ce). El ordenamiento civil nacional prevé que el estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de su domicilio y que el cambio de domicilio no altera el estado ni restringe la capacidad adquirida en virtud de la ley del domicilio anterior (Art. 2070.Q,primer y segundo párrafo, CC). La primera regla establece que la determinación de la competencia del Juez, en las materias anotadas, depende de la ley aplicable. Si la norma aplicable es, por ejemplo, la chilena, el Juez competente debe ser el de Chile. Si la ley aplicable es la peruana, el Juez competente debe ser el del Perú. Lo técnico, en la regulación legislativa, es que primeramente se establezcan las reglas para fijar la competencia del Juez sobre la base de los criterios de territorialidad y de la materia, teniendo presente incluso los asuntos de competencia exclusiva de los jueces
nacionales y extranjeros, para después determinar la norma sustantiva aplicable para dirimir la controversia. La normatividad está establecida así. Tratándose de pretensiones procesales relativas al estado y capacidad de las personas naturales o de las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, se ha regulado en el Código Civil a la inversa de lo que hemos anotado. Sobre la base de lo expuesto podemos llegar a la conclusión de que en las materias anotadas si la ley sustantiva aplicable es la peruana de acuerdo al Derecho Internacional Privado, el Juez peruano adquiere competencia exclusiva. Si analizamos las reglas anotadas en materia de competencia, digamos en materia de asuntos de familia, llegamos a la . siguiente determinación: el derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rige por la ley del domicilio conyugal (Arto 20812 CC). Las causas del divorcio y de la separación de cuer pos se someten a la ley del domicilio conyugal (Art. 2082 CC)
Si el domicilio conyugal de una pareja formada por un peruano y una argentina estuviera ubicado en Chile, será Juez competente para conocer de la demanda de divorcio el de Chile (interpretación contrario sensu del inciso 1 del artículo 20622 del Código Civil) o Con el mismo razonamiento podemos llegar a la conclusión siguiente: supongamos que una pareja de esposos, ambos extranjeros, se casaron en Bolivia, nunca domiciliaron en el Perú, pero que por razones de trabajo llegaron a radicar temporalmente en nuestra patria, yel esposo pretende su divor cio. En este caso los tribunales peruanos, conforme a las reglas anotadas, son competentes para conocer de la demanda de divorcio, si se tiene en consideración además que el Código Civil establece que la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentra (Arto 412 CC) Y los tribunales peruanos son competentes para conocer de las demandas contra personas domiciliadas en el territorio nacional (Art. 20572 CC) o El elemento vinculatorio con el ordenamiento jurídico peruano será la residencia temporal de la demandada en el Perú. b )"Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a la competencia de los Jueces peruanos, siempre que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República (Art. 20622, inc. 2, CC), n<;> debiendo referirse al domicilio por cuanto con relación a est'e elemento el Código Civil ya lo ha regulado (Art. 2057 CC) o Esta norma tiene como antecedentes lo previsto por los artículos 562 y siguientes del Tratado de Montevideo de 1940, y 318 Y siguientes del Código Bustamante.
J) Competencia de los tribunales peruanos para dictar medidas provisionales de protección de personas naturales. Los tribunales peruanos son competentes para dictar medidas provisionales de protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio de la República, aun contra personas domiciliadas en país,extranjero, así
carezcan de competencia para conocer del fondo del asunto (Art. 20632 CC). Dentro de esta previ 'sión, por tanto, los jueces peruanos podrían dictar medidas cautelares de orden civil a favor de extranjeros cuando se hallen sufriendo un daño físico o moral o porque se encuentran en inminente peligro de sufrirlo y requieren entonces urgentemente de protección judicial, siempre y cuando se encuentren en nuestro territorio. Estas medidas son provisionales en tanto los tribunales extranjeros competentes resuelvan sobre el fondo del asunto.
K) Declinatoria de los tribunales peruanos en caso de arbitraje. Se trata de la primacía que tiene una convención arbitral sobre asuntos litigiosos donde la competencia de los Jueces peruanos es facultativa y no exclusiva. Un tribunal peruano declinará de su competencia si las partes en litigio hubiesen convenido someter a arbitraje un asunto litigioso de competencia facultativa de los jueces peruanos (Art. 20642, primer párrafo, CC), esto es, de asuntos que pueden ser de conocimiento de jueces peruanos o extranjeros, salvo los casos siguientes:
a) Que en el compromiso. arbitral se haya previsto la eventual sumisión al fuero peruano (Art. 20642, inc. 1, CC), es decir, que las partes hayan convenido someterse eventualmente a la competencia de los jueces nacionales, no obstante haber celebrado el compromiso arbitral para el conocimiento de una demanda de competencia facultativa de tribunales peruanos. Si el tribunal peruano declinara, el interesado podrá oponerse acreditando la existencia del compromiso arbitral en el que se haya previsto la posible sumisión al fuero nacioÚal, de modo que el Juez peruano, de no proceder la declinatoria, tendrá que seguir conociendo de la demanda.
b) Que el compromiso arbitral tenga por objeto privar de manera abusiva a la parte más débil de la competencia prevista en el título relativo a la competencia en materia de Derecho Internacional Privado regulado en nuestro Código Civil (Art. 20642, inc. 2, CC). Si el tribunal peruano declinara de su competencia, no obstante advertirse que en un contrato, por ejemplo, se haya estipulado una condición abusiva en materia de competencia en peIjuicio de la parte débil, el interesado podrá oponerse acreditando la motivación anotada, de modo que el Juez peruano siga (:onociendo de la demanda, si se prueba la falta de igualdad en la celebración del convenio arbitral.
L) Competencia del Juez peruano para conocer de la demanda y de la reconvención. El Código prevé que el tribunal peruano que conoce válidamente de la demanda es también competente para conocer de la reconvención (Art. 2065 CC). Esta regulación
es deficiente. Da la impresión que el legislador ha querido que el Juez que conoce de la demanda puede conocer de la reconvención cualquiera que sea la materia o la pretensión que se proponga con ella, así fuese un asunto de competencia exclusiva de tribunales extranjeros. Aquí se daría un conflicto de competencias. Consideramos que el Juez debe calificarla previamente para admitir una pretensión propuesta reconvencionalmente. La reconvención como instituto procesal es un mecanismo para proponer pretensiones procesales contra el demandante dentro del mismo proceso. La reconvención es perfectamente una demanda del demandado contra el actor dentro del mismo proceso. AnOtaffios\\ no obstante, como lo veremos al tratar de la postulación del proceso, lo que técnicamente regula el Código Procesal Civil es la contrademanda y no la reconvención en rigor. Agregamos, asimismo, el hecho que se produzca una acu.: mulación sucesiva de pretensiones con motivo de la reconvención, eso no significa que sea aplicable tanto a ésta como a la demanda la ley de un solo país para resolver las respectivas pretensiones. Aquí entra en juego las reglas relativas a la ley aplicable para dirimir la controversia (Art. 2068 y ss. CC).
M) Suspensión del proceso seguido en el Perú en caso de existir otro más antigi;.o en el extranjero. Cuando existiera un proceso en trámite en el dt.::anjero y otro en nuestro país, siendo el primero anterior al segundo, sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, el tribunal peruano suspenderá el proceso, siempre y cuando el juez peruano pueda prever que el Juez extranjero emita dentro del plazo no mayor de los tres meses una resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú. Para los efectos de la determinación de la antigüedad de los procesos se considera iniciado el proceso peruano en la fecha de la notificación con la demanda al demandado. El tribunal peruano dejará sin efecto lo actuado en el proceso nacional si se le presenta copia autenticada de la resolución extranjera (Art. 2066 CC). En este caso se trata de un pleito pendiente. Lo que se persigue con esta norma es evitar sentencias contradictorias. Al aplicar esta norma, el juzgador peruano debe tener presente que las materias de competencia exclusiva de los tribunales peruanos no pueden ser reconocidas ni ejecutadas en el Perú. En todo caso, debe tratarse de pretensiones procesales de competencia facultativa de los jueces peruanos. Estos no podrán suspender el proceso si se trata de pretensiones procesales de conocimiento exclusivo de los tribunales del Perú. El interesado estará obli gado a presentar las pruebas pertinentes para la suspensión del proceso nacional en el supuesto anotado. Si no se acreditan los requisitos anotados el Juez nacional no debe suspender el proceso. El artículo 3942 del Código Bustamante, que es antecedente del numeral que ahora comentamos, prevé lo siguiente: "La litispendencia por Pleito en otro de los Estados contratantes podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que dicte uno de ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada ",'
3.7.2. Reglas para " determinar la competencia de los organismos jurisdiccionales peruanos tratándose del reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros
Tratándose de los procedimientos que se siguen para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones materia del robro, son competentes para su conocimiento las Salas Civiles de las Cortes Superiores de la República en cuyo terntorio donde ejercen competencia tiene su domicilio la persona contra quien se pretende hacer valer (Art. 8372 CPC). No obstan te esta última disposición, es pertinente anotar que en muchos casos, especialmente tratándose del divorcio, el domicilio de la persona contra quien se pretende hacer valer la resolución extranjera no está ubicado en el Perú. En caso de apelación de las resoluciones que emitan las Salas Superiores, el conocimiento del recurso corresponde a las Salas Civiles (Salas de Casación) de la Corte Suprema de Justicia. En doctrina se habla, en este campo del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, de la competencia internacional indirecta, es decir, de la competencia del Juez que dictó la sentencia examinada por el Juez que debe reconocerla o ejecutarla, en contraposición de la competencia internacional directa, que es la del Juez para dictar una sentencia. Es pertinente aclarar que cuando hablamos del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras nos estamos refiriendo a aquellas derivadas de las relaciones privadas, incluyéndose las indemnizaciones civiles derivadas de procesos penales. En estos casos el Juez peruano \debe examinar la competencia internacional indirecta del Juez que dictó la resolución extranjera. El Tratado de Derecho Procesal Internacional firmado en Montevideo el 19 de marzo de 1940, del cual es signatario el Perú, prevéque las sentencias y los laudos homologados, dictados en asuntos civiles, comerciales o contencioso-administrativos se considerarán auténticos en los otros Estados signatarios siempre que estén debidamente legalizados (Art. 32 de dicho Tratado). La legalización se considerará hecha en debida forma cuando se practique con arreglo a las leyes del país de donde el documento procede, y éste se halle autenticado por el agente diplomático o consular que en dicho país tuviere acreditado el Gobierno del Estado (del peruano, por ejemplo) en cuyo territorio se pide .la ejecución (Art. 42 de dicho Tratado). En este tema, acorde con la materia en comentario, nosotros nos concretamos sólo a precisar las reglas de competencia de los organismos judiciales peruanos para conocer del reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. El trámite procesal que se observa en estas materias es tema que se trata en el capítulo relativo a los procedimientos nO contenciosos.
3. 7.3. REglas para establecer la competencia para tramitar exhortos y cartas rogatorias dirigidas por Jueces extranjeros
En principio debemos apuntar que el Código señala que no se requiere seguir el trámite del reconocimiento deresoluciones extranjeras para la actuación de exhortos y cartas rogatorias dirigidas por jueces extranjeros que tengan por objeto practicar notificaciones, recibir declaraciones u otros actos análogos, bastando para ello que la solicitud esté contenida en documentos legalizados y debidamente traducidos, de ser el caso' (Art. 839 CPC). El Código no determina el organismo competente para tramitar dichos exhortos y documentos análogos. Por analogía consideramos que ese trámite debe seguirse ante las Salas Civiles Superiores de la República. El Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940 prevé que los exhortas y cartas rogatorias serán diligenciados con arreglo a las leyes del país al cual se pide la ejecución (Art. 132 de dicho Tratado). 3. Del escrito antes referido se advierte que la emplazada no ha guardado el debido respeto al señor magistrado, incumpliendo así lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 109 del Código Procesal Civil, sobre deberes de los abogados; 4. Ante tal hecho el Juez posee la facultad disciplinaria prevista por el inciso primero del artículo 52 del Código Procesal Civil y por la cual puede ordenar la supresión de la frase redactada en términos ofensivos e incluso utilizar las facultades coercitivas del artículo 53 de nuestro Código adjetivo; 5. A que al no haber hecho uso previamente de dichas facultades el Juez Especializado en lo Civil de Ate-Vitarte, Chaclacayo y Chosica no se encuentra en la posibilidad de evaluar si la actitud de la emplazada constituye motivo suficiente para abstenerse por decoro; 6. A que, en tales circunstancias, lo expresado por el Juez del Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima en su resolución de fajas ciento ochentitrés y que la eleva en consulta, se ajusta a ley; 7. Por estas consideraciones y en aplicación del primer párrafo del artículo 306Q del Código Procesal Civil, modificado por el artículo prim¡;¡ro de la Ley 26634;
DECISiÓN:
1 . APROBARON el auto de fojas ciento ochentitrés, su fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventiocho, por el cual se rechaza la abstención por decoro materia de este cuaderno; y, en consecuencia,
2. DISPUSIERON que eI Juez Especializado en lo Civil de AteVitarte, Chaclacayo y Chosica continúe con el conocimiento del proceso, remitiéndosele al efecto los autos; y los devolvieron.
CAPÍTULO III
EL PROCESO CIVIL COMO INSTRUMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION JURISDICCIONAL
SUMARIO:
1. ¿QUÉ ES EL PROCESO CIVIL? 2. FINALIDAD y OBJETO DEL PROCESO CIVIL. 3. EL PROCESO CIVIL COMO DETERMINACION DE UNA RELACIÓN PROCESAL. 4. Los PRESUPUESTOS PROCESALES. 4.1. Concepto. 4.2. Clasificación. 4.2.1. Presupuestos procesales de forma. A) La demanda en forma. B) La capacidad procesal de las partes. C) La competencia del Juez. 4.2.2. Presupuestos procesales de fondo. 4.3. Los presupuestos procesales y las excepciones. 5. ELEMENTOS REGULADORES DEL PROCESO CIVIL. 5.1. Concepto. 5.2. Los sistemas procesales y el proceso civil. 5.3. Los principios procesales. 5.4. Las garantias de la administración de justicia o las garantias procesales. 5.4.1. Concepto. 5.4.2. Las garantías de la administración de justicia en la Constitución de 1993. A) La unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. B) La independencia del Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional. C) Ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. D) La motivación escrita de las resoluciones judiciales. E) Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. F) Nadie puede ser privado del derecho que tiene de defenderse en ningún estado del proceso. G) La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. H) La obligación que tiene el Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que se le requiera en los procesos civiles. 1) La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado Juez en la forma prescrita por la Constitución o la ley. J) La instancia plural, que permite la revisión de las decisiones judiciales expedidas por el inferior. K) El derecho que tiene toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de la ley. L) La observancia del debido proceso. 5.5. Las normas jurídicas que contienen reglas de procedimiento en materia civil. 5.5.1. Concepto. 5.5.2. Cuerpos legales que contienen reglas de procedimiento en materia civil. A) El Código Procesal Civil. B) El Código Civil. C) La Ley Orgánica del Poder Judicial. 5.5.1. Caso de vacíos o defectos en las disposiciones del Código Procesal Civil. 6. bITERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN y CONCLUSIÓN DEL PROCESO. 6.1. Ideas previas. 6.2. Interrupción del plazo y diferimiento del término para la realización de un acto procesal. 6.3. Suspensión del proceso y del plazo para la
realización de un acto procesal. 6.3.1. Suspensión convencional. 6.3.2. Suspensión legal. 6.3.3. Suspensión judicial. 6.4. Conclusión del proceso. 6.4.1. Conclusión anticipada del proceso. A) Conclusión anticipada sin declaración sobre el fondo del litigio. a) Cuando la pretensión procesal se sustrae del ámbito jurisdiccional. b) Cuando por disposición legal el conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable. c) Cuando se declara el abandono del proceso. d) Cuando queda ejecutoriada la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa sin que el demandante haya cumplido con sanear la relación procesal dentro del plazo concedido. e) Cuando el Juez declara la caducidad del derecho. f) Cuando el de mandante se desiste del proceso o de la pretensión. g) Cuando sobreviene consolidación en los derechos de los litigantes. h) En los demás casos previstos en las disposiciones legales. B) Conclusión anticipada con declaración sobre el fondo del litigio. a) Cuando las partes concilian. b) Cuando las partes transigen. c) Cuando el demandante renuncia al derecho que sustenta su pretensión. 6.4.2. Conclusión normal del proceso.
1 . ¿QUÉ ES EL PROCESO CIVIL?
En primer lugar, debemos señalar que en el lenguaje jurídico procesal se utilizan como sinónimos de la palabra proceso los términos juicio, procedimiento, litigio, litis, controversia, etc. La palabra proceso en materia jurídica es de uso modÚnó y es más expresiva con relación a las demás denominaciones anotadas, pues comprende no sólo todos los actos que realizan las partes, el Juez y todos los que intervienen en él, para alcanzar la finalidad concreta que persigue como instrumento procesal mediante el cual el Estado ejerce la función jurisdiccional al resolver los conflictos, sino también abarca su naturaleza, sus características y su finalidad concreta que es buscar la paz social y cuya decisión final que se adopte en él se revista de la cosa juzgada.
Como hemos señalado antes, en todo supuesto en que se produzca un conflicto de intereses o una incertidumbre, ambas de relevancia jurídica, no hay otro camino, si el propósito es el de dirimir la controversia o de eliminar la incertidumbre, que acudir al Estado, es decir, al Poder judicial, el que actúa mediante sus organismos establecidos especialmente pará ejercer la función jurisdiccional. Desde la interposición de la demanda -que es el medio procesal por el cual se acciona y se hacen valer las pretensiones procesales- hasta que el Juez emita su sentencia -amparando o desamparando la demanda-, se suceden una serie de actos de procedimiento, que enconjunto constituye el proceso, el mismo que viene a ser la herramienta procesal mediante la cual se va a dirimir la controversia o el conflicto o se va a eliminar la incertidumbre jurídica. Dentro del proceso, ni el Juez, ni las partes, ni quienes tienen injerencia en él, actúan libre, arbitraria e independientemente, pues sus actos están
condicionados entre sí y regulados por principios y por nbrmas jurídicas. Por ello es que se concibe al proceso como un ente orgánico, con una estructura preestablecida y bien ordenada, con reglas de juego claras y precisas, el mismo que será percibido en su aspecto dinámico cuando estudiemos la postulación del proceso y los que el Código denomina procesos contenciosos, concretándonos en estos capítulos a examinarlo en su aspecto estático.
El proceso lo concebimos como una serie de actos que se desenvuelven y se producen progresivamente, con el fin de resolver -como dice Eduardo J. COUTURE- "median te un juicio de autoridad" un conflicto de intereses sometido al conocimiento y decisión del titular de la decisión. Por ello que la idea de proceso no se queda en la simple secuencia de actos, sino que persigue la solución del conflicto, mediante una resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada. El maestro COUTURE (1) precisa que "la idea de proceso es necesariamente teleológica. Si no culmina en la cosa juzgada, el proceso es sólo procedimiento". Esta concepción, incluso, nos sirve de fundamento para diferenciar el proceso del procedimiento, que se caracteriza por la simple secuencia de actos. Es más, el proceso, como tal, se caracteriza por constituar una relación jurídica den tro del conjunto de actos, un conjunto de ligámenes o vinculaciones que la ley establece entre las partes y el órgano jurisdiccional recíprocamente entre las partes entre sí. La variedad de esas vinculaciones no es obstáculo para concebir al proceso como una unidad orgánica y como una relación jurídica.
Ugo Rocco (2) dice que "podemos definir, pues, el proceso civil, como el conjunto de las actividades de los órganos jurisdiccionales y de las partes necesarias para la declaración de certeza o para la realización coactiva de los ,intereses tutelados por las normas juridicas en caso de falta de certeza o de inobservancia de esas mismas normas". CARNELUlTI (3) dice que "el fin del proceso es la composición del litigio para el logro de la paz social".
Desde el punto de vista sociológico, como lo señalan algunos estudiosos, el proceso es un instrumento necesario para solucionar el choque de intereses que se produce entre por lo menos dos individuos o entidades, o para eliminar una incertidumbre jurídica que se haya presentado como contraposición de intereses entre las personas, porque de su solución depende la paz social, tan necesaria para el mantenimiento de la convivencia humana.
Desde el punto de vista jurídico el proceso se considera como un instrumento ideal, inmaterial e inespacial, para resolver los conflictos de intereses que se producen en la sociedad y necesario para la actuación del derecho sustantivo y para satisfacer derechos subjetivos de los contendientes. En suma, es un instrumento en manos del Estado para satisfacer derechos subjetivos, cuyas decisiones se revisten de la cosa juzgada, elemento necesario e indispensable para alcanzar la seguridad jurídica y la paz social dentro de la colectividad. Mediante el proceso incluso el Juez declara la vigencia del derecho sustantivo y garantiza su cumplimiento al poner fin al conflicto de intereses jurídicos o al eliminar la incertidumbre jurídica producida entre los particulares y aun entre éstos y el propio Estado. Por ello no compartimos el criterio de denominar "proceso cautelar" a los procedimientos relativos a las medidas cautelares y "procesos no contenciosos" a los procedimientos donde no hay controversia. El proceso, específicamente el proceso civil, es un todo, es ,único y tiene una finalidad, en el que por ejemplo las medidas cautelares forman parte de ese todo, cuyo propósito es asegurar las resultas del proceso y propiciar la eficacia de las decisiones judiciales y no es su papel el resolver el conflicto principal (Art. 608Q CPC). El maestro ALZAMORA V ALDEZ decía que el proceso es el continente, y la postulación, la aportación de pruebas, las incidencias, las medidas cautelares, entre otros, forman parte del contenido de aquél. Una medida cautelar no se puede concebir si no es en función de un conflicto, objeto del proceso, cuyo resultado se pretende asegurar, aun se trate de una medida cautelar previa a un proceso a iniciar en el futuro. Es más, la medida cautelar obtenida en un proceso, en la que la demanda al final es declarada infundada, no ha dejado de depender de la pretensión procesal objeto del proceso cuya tutela jurisdiccional ha aspirado el actor. Si la sentencia de primera instancia desestima la demanda, la medida cautelar queda cancelada de pleno derecho, aunque aquélla hubiera sido impugnada (Art. 630 CPC). Es que no hay medida cautelar que se dicte por sí misma, si no es para garantizar la efectividad de la pretensión procesal propuesta. Con esta aclaración no sólo defendemos nuestra posición con relación al denominado "proceso cautelar", sino también nos ponemos en una opción congruente con los principios contenidos, entre otros, en los artículos II, III, IV, VI Y VII del Título PreÍiminar del Código Procesal Civil.
2. FINALIDAD Y OBJETO DEL PROCESO CIVIL
En doctrina encontramos posiciones contrarias en relación con la finalidad del proceso, especialmente con relación al proceso civil. Para un sector de estudiosos el proceso constituye una institución de derecho privado, por lo que para ellos el proceso tiene por finalidad decidir conflictos producidos entre los particulares y conciben al proceso como la discusión que sostiene las partes con arreglo a determinadas normas procesales sobre sus respectivos derechos y que termina con una decisión del organismo encargado de dirimir la controversia. Según este criterio, cuya concepción es
claramente privatística, el proceso es una contienda entre particulares, en la que el interés público sólo intenriene para imponer ciertas normas que aseguren un correcto debate, una adecuada libertad para aportar laspruebas y unajusta decisión. En otras palabras, el proceso es un instrumento que el Estado pone en manos de los particulares para la protección de sus respectivos derechos subjetivos. CHIOVENDA y otros tratadistas objetan esta posición sosteniendo que esta manera de considerar el proceso es inexacta, porque puede haber una decisión sobre la controversia sin que exista proceso, como es el caso del arbitraje; puede haber proceso sin controversia, como son aquellos casos que se siguen en rebeldía del demandado; puede haber proceso sin definición de controversia, como ocurre en los casos de los procesos de ejecución. En contra de la posición expuesta surge la concepción publicística del proceso, según la cual el proceso es un instrumento que la ley pone en manos del juez para la actuación del derecho objetivo. Conforme a esta tendencia el derecho ha determinado que se le atribuya al juez una función pública encaminada al mantenimiento del orden jurídico basado en el derecho objetivo; considera que los conflictos que se producen en la sociedad son fenómenos sociales, cuya justa solución interesa a la colectividad para restablecer el orden alterado. Para estos efectos la ley le confiere aljuez de facultades suficientes para procurar llegar a la verdad real y no quedarse simplemente en la verdad formal, que es la que normalmente presentan las partes, dándole la potestad, por ejemplo, de ordenar la actuación de pruebas de oficio. Esta posición tampoco ha estado exenta de objeción. Por ello se dice que el derecho objetivo no tiene un fin en sí mismo, sino que es el medio por el cual el Estado tutela los intereses de los particulares, cuya actuación, en muchos de los casos, no requiere del proceso, como cuando se produce el cumplimiento voluntario de la obligación;
Como una posición ecléctica surge una tercera opción, sostenida por CHIOVENDA, según el cual el proceso tiene por propósito la protección del derecho subjetivo mediante la actuación del derecho objetivo y en su regulación debe tenerse en cuenta tanto el interés privado de los litigantes como el interés público del Estado en el mantenimiento del orden jurídico. En efecto, no podemos negar que en el proceso civil, que normalmente se inicia a instancia de parte, se busca la satisfacción de un interés particular o individual mediante la tutelajurisdiccional efectiva de parte del Estado, en tanto que el Juez persigue la satisfacción de un interés público, abstracto, actuando (al aplicar) el derecho objetivo al caso concreto propuesto. Entre los sujetos del proceso -el Juez y las partes- ciertamente no existe una desvinculación, total. Podríamos señalar, como culminación, que el proceso tiene las dos finalidades: satisfacer un interés público y componer el litigio satisfaciendo un interés privado.
El objeto del proceso está constituido por la o las pretensiones procesales que se han planteado con la demanda. La pretensión procesal es el derecho subjetivo del sujeto, sustentado en el derecho objetivo, hecho valer mediante la demanda, pues, antes de la demanda, será simplemente una pretensión material o substantiva. El conflicto de
intereses se genera normalmente antes del proceso se exterioriza mediante la demanda y su contestación. Sobre la pretensión procesal es que redunda la controversia entre las partes. No se podría concebir el proceso si no existiera pretensión procesal. No interesa que al final del litigio se desestime la aspiración procesal; lo que interesa es que el pro ceso se ha iniciado y se ha generado con la demanda, con la que se plantean las pretensiones procesales. No se puede plantear una demanda por plantear si no es para hacer valer determinadas pretensiones procesales.
3. EL PROCESO CIVIL COMO DETERMINANTE DE UNA RELACION PROCESAL
Sobre la naturaleza jurídica del proceso, sobre la esencia del proceso, se han estructurado una serie de posiciones o teorías como la con tractualista, -la de la relación jurídica, la de la situación jurídica, la de la pluralidad de relaciones, etc. Cada teoría, lógicamente, conduce a conclusiones diferentes, que servirán, incluso, de inspiración para la elaboración de los ordenamientos procesales.
El Código Procesal Civil peruano, inequívocamente, se inclina por la teoría relacionista del proceso y por ello es que nosotros hemos consignado como título el que orienta este rubro. Es que la teoría de la relación jurídica es la más difundida en la moderna literatura procesal y a ella se debe en gran parte el estudio sistematizado del Derecho Procesal en general.
La concepción de la relación jurídica ha sido expuesta, en el campo procesal, por primera vez, por Oscar VON BULOW, en su obra La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, como lo citan Hugo ALsINA (4) Y Eduardo B. CARLos (5). El complejo de actividades que realizan el Juez y las partes que en el .' proceso intervienen establece nexos y vinculaciones de carácter jurídico que los relacionan entre sí, porque es la ley la que les atribuye derechos y deberes recíprocos, cuya finalidad común es la aplicación del derecho sustantivo.
No hay unidad de criterio en cuanto a la forma cómo se produce o se establece esa relación. Para BULOW la relación que se da en el proceso es trilateral y recíproca entre los litigantes y el órgano jurisdiccional, posición ésta también predominante. La fuente generadora de los deberes y derechos se encuentra en la ley procesal, que regula la actividad de los sujetos en esa relación jurídica, conducen te al fin señalado.
El proceso determina la existencia de una relación de carácter procesal entre todos los que intervienen en él, generando derechos y obligaciones para cada uno de ellos, pero persiguiendo todos la actuación de la ley. De este modo, se producen una serie de relaciones: una autónoma, por cuanto tiene vida propia fundada en las normas procesales, distinta de la relación que se genera con motivo del derecho material objeto del proceso; una compleja, porque comprende un conjunto indefinido de derechos y obligaciones; y una perteneciente al derecho público, porque deriva de normas que regulan una actividad pública. Como ejemplos de obligaciones procesales podríamos señalas las siguientes: el Juez tiene la obligación procesal de proveer la demanda y de diTimir la controversia; las partes tienen la obligación procesal de exponer los fundamentos de hecho y de derecho, de aportar las pruebas para acreditar los hechos alegados, etc. Recípr6camente surgen los derechos de orden procesal, como el que la parte demandante tiene derecho, si la demanda cumple con todos los requisitos de ley, a que se provea" su demanda admitiéndola a trámite; además, tiene derecho a que se actúen los medios probatorios ofrecidos dentro de las reglas procesales, etc. El desaparecido maestro sanmarquino Mario Alzamora V ALDEZ (6), precursor del nuevo Código Procesal Civil, al ocuparse de la naturaleza del proceso civil, se ubica dentro de los estudiosos que conciben al proceso como una relación jurídico procesal. ALZAMORA VALDEZ anota: "Ese quehacer del Juez y de las partes que constituye el proceso civil, no se produce en forma desordenada, ni al azar, sino que se desenvuelve dentro de una línea de organización y coherencia interna que es la relación jurídica procesal".
En forma independiente de la relación jUrídica de orden material o substantiva, sobre la (ual se ha originado el conflicto de intereses o la incertidumbre, ambos con relevancia jurídica, que constituye el contenido del proceso, éste -el proceso- origina otra relación jurídica de orden procesal, de carácter autónomo, que a su vez origina deberes y derechos distintos a los derivados de los derechos materiales. Las vinculaciones que se producen entre los sujetos del proceso, especialmente entre el actor y el demandado, son totalmente diferentes de las vinculaciones de derecho sustantivo y, por tanto, son independientes. Esas vinculaciones vaI;iadas y complejas que se producen dentro del proceso no le quita el carácter unitario que tiene la relación jurídico procesal, la misma que por estar regida por normas de orden público, es también una relación de carácter público. 4. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES
4.1. CONCEPTO
Para que en un proceso se produzca una relación jurídicoprocesal válida no basta la interposición de la demanda, la presencia de las partes y la intervención del Juez. Para que un proceso sea válido y eficaz deben estar presentes en él los denominados presupuestos procesales, unos de orden formal y otros de orden material o de fondo. Si la demanda careciera de los requisitos que la ley señala como fundamentales, si las partes carecieran de aptitud para intervenir personalmente en el proceso (si tienen incapacidad procesal) o el juez careciera de competencia para conocer de la demanda (incompetenCia del Juez), no habría proceso válido por la ausencia de dichos presupuestos procesales formales.
Sin embargo, siguiendo la orientación del Código Procesal Civil, debemos anotar que no es suficiente la presencia de los indicados presupuestos procesales formales para que exista un proceso válido, sino también deben darse las llamadas condiciones de la acción, denominados presupuestos Procesales de fondo o materiales, que conforme a la doctrina y al propio Código son las siguientes: .ti) la existencia del derecho que tutela la pretensión procesal, lo que otros denominan la voluntad de la ley; b) la legitimidad para obrar; c) el interés para obrar; y d) que la pretensión procesal no haya caducado, como sostienen algunos autores. Por consiguiente, concluimos que los elementos que conforman la relación jurídico-procesal son los presupuestos procesales formales y de fondo; los presupuestos procesales, ya sean de orden formal o de orden material, son pues requisitos ineludibles para que se genere una relación jurídico-procesal válida y para que, por consiguiente, exista un proceso válido.
El Juez, al calificar la demanda, examina la existencia de los elementos anotados. Contestada la demanda, el Juez, en la fase del saneamiento del proceso, examina los elementos que configuran la relación procesal (los presupuestos procesales de forma y de fondo) , emitier.do una resolución ya sea declarando la existencia de una relación procesal válida, ya sea declarando la existencia de una relación procesal inválida -pero subsanable en sus defectos- o ya sea declarando la existencia de una relación procesal inválida, pero insubsanable en sus defectos.
Las excepciones, de otro lado, y esto se infiere del tercer párrafo del artículo 449Q del Código Procesal Civil, en "estricto rigor, tienen por objeto verificar la existencia o no de una relación jurídico procesal válida. En efecto, las excepciones, como medios de defensa, constituyen mecanismos para denunciar la inexistencia de una relación procesal válida por la ausencia de algún presupuesto procesal formal y de algún presupuesto procesal de fondo. De ahí que el Código prevé que cuando el Juez declara infundada una excepción debe declarar además saneado el proceso (Art. 449, tercér párrafo, CPC).
4.2. CLASIFICACIÓN
En doctrina encontramos una serie de clasificaciones de los presupuestos procesales. Sin embargo, para los fines del adecuado estudio del Código Procesal Civil, vamos a exponer aquella que clasifica a los presupuestos procesales en formales y de fondo.
4.2.1. Presupuestos procesales .de forma
Son aquellos requisitos sin los cuales no se constituye una relación procesal válida. Si falta algún presupuesto procesal formal no habrá proceso válido. Constituyen presupuestos formales los siguientes: la demanda en forma, la capacidad procesal. de las partes y la competencia del Juez. Un proceso seguido ante quien ya no es Juez, no es realmente un proceso; será un trámite, pero no tendrá la calidad y la eficacia de un proceso. Un litigio que se siga por dos incapaces procesalmente tampoco constituye un proceso; puede igualmente considerarse un trámite, pero sin la categoría y la eficacia de un proceso. Una demanda que no contenga una pretensión procesal, por ejemplo, no puede generar un proceso, y el trámite que se siga, simplemente, no tendrá la eficacia jurídica de un proceso. Para el maestro uruguayo Eduardo J. COUTURE (7) los anotados presupuestos constituyen presupuestos de la acciól}, cuya ausencia obsta al andamiento de una acción yal nacimieft.t.ct de un proceso. Para nosotros, los anotados presupuestos, son presupuestos procesales de forma del proceso, cuya ausencia deja al trámite seguido como un proceso inválido.
A) La demanda en forma. La demanda -que es el medio procesal para accionar y para hacer valer las pretensiones procesales-, para generar un proceso válido, debe reunir los requisitos formales y de fondo que la ley procesal señala. No debe admitirse a trámite la demanda: que no contenga los fundamentos de hecho que sustente la pretensión procesal; que no contenga la fundamentación jurídica; que no precise quién es el deudor; que tenga incompleta o imprecisa la pretensión procesal planteada; que contenga pretensiones contradictorias, obscuras o ininteligibles; en la que el actor carezca evidentemente de legitimidad para obrar; etc.
El Código señala los requisitos que debe contener la demanda (Art. 424 CPC) y los anexos que deben acompañarse a ella (Art. 425 CPC). El mismo Código señala las causales por las cuales el Juez puede declarar inadmisible la demanda (Art. 426 CPC) y
las causales por las cuales puede decretar la improcedencia de la misma (Art. 427 CPC). Tratándose de la inadmisibilidad de la demanda, el Juez tiene la facultad de ordenar que el demandante subsane la omisión o el defecto en que se haya incurrido en un plazo no mayor de diez días y, en el supuesto que el actor no cumpliera con lo ordenado, el Juez está en la aptitud de rechazar la demanda y ordenar el archivo' del expediente (Art. 426, último párrafo, CPC). Igualmente, si el Juez estimara que la demanda es manifiestamente improcedente, tiene la facultad de declarar improcedente de plano y de devolver los anexos presentados con ella (Art. 427, penúltimo párrafo, CPC). El demandado también, en su caso, podría deducir la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda (Art. 446, inc. 4, CPC), la excepción de falta de legitimidad para obrar (Art. 446, inc. 6, CPC), etc.
B) La capacidad procesal de las partes. Es la aptitud para comparecer personalmente, por sí mismo, en el proceso. Su equivalente lo encontramos en el Derecho Civil en la capacidad de ejercicio. Tienen legitimatio ad processum todos los que conforme al Código Civil tienen capacidad de obligarse sin necesidad de autorización de otras personas. Sólo las personas naturales tienen capacidad procesal, en tanto que las personas jurídicas no tienen capacidad procesal, pues, por ellas, se apersonan al pro ceso las personas naturales. El demandante y el demandado deben tener capacidad procesal, que conforme a nuestro ordenamiento jurídico se adquiere cuando ellos hayan adquirido la plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles, esto es, cuando hayan cumplido los 18 años de edad (Art. 42 CC). Si al actor careciera de capacidad procesal, el demandado perfectamente podría deducir la excepción de incapacidad del demandante (Art. 446, inc. 2, CPC).
Cabe agregar que no es suficiente para tener la capacidad procesal que la persona natural haya cumplido los 18 años de edad, sino que esa persona no se halle en las circunstancias de incapacidad absoluta o relativa señaladas por el Código Civil (Arts. 43 Y 44 CC), quienes no pueden ejercer por sí mismos sus derechos civiles y por tanto no podrían ejercer una acción procesal válidamente. Los representantes legales de los incapaces ejercen los derechos civiles de éstos (Art. 45 CC) y, por tanto, ejercen también sus derechos procesales. La incapacidad civil de las personas mayores de 16 y menores de 18 años cesa por matrimonio o por-obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión o un oficio. Tratándose de mujeres mayOres de 14 años cesa también la incapacidad por matrimonio. La capacidad adquirida por matrimonio, incluso, no se pierde por la terminación de éste (Art. 46 CC), por lo que debemos concluir que esas personas, por esas circunstancias, adquieren plenamente la capacidad procesal y perfectamente pueden intervenir personalmente en el proceso correspondiente. C) La competencia del Juez. La competencia del Juez constituye uno de los presupuestos procesales fundamentales de carácter formal. Sin embargo, el artículo
427 del Código considera como una causal de improcedencia de la demanda la incompetencia del Juez (Art. 427, inc. 4, CPC), no obstante que el Código establece que el Juez declara la improcedencia de un acto procesal si la omisión o defecto es de un requisito de fondo (Art. 128 CPC). Tratándose de la competencia absoluta, que comprende a la competencia por razón de la materia, de lajerarquía, de la cuantía y de turno, la intervención de Juez incompetente da lugar a una relación jurídico-procesal inválida. En cambio tratándose de la competencia relativa, que comprende la competencia por razón de territorio, puede producirse, si no se cuestiona oportunamente la intervención del Juez, la prórroga de la competencia, dando lugar a la validación del proceso. Conforme al Código la demanda puede ser declarada improcedente si el Juez carece de competencia (Art. 427, ine. 4, CPC). Asimismo, el demandado puede deducir la excepción de incompetencia (Art. 446, ihe. 1, CPe). Finalmente, la incompetencia absoluta puede ser declarada de oficio, en tanto que la incompetencia relativa sólo puede ser declarada a instancia de parte, interpretándose en ese sentido ia-..p!evisión contenida en el Código (Art. 427, inc. 4, CPe).
4.2.2. Presupuestos procesales de fondo
Para nosotros son las condiciones necesarias para que una pretensión procesal hecha valer con la demanda sea objeto de pronunciamiento por el Juez. La falta de este presupuesto im . pediría al Juez pronunciarse sobre el fondo del litigio. Estas condiciones son las siguientes: existencia de un derecho tutelado por la ley o lo que también se suele llamar voluntad de la ley, interés actual para plantear la pretensión, la calidad de acreedor en su sentido más amplio del demandante (lo que en doctrina se llama la legitimatio ad causam activa) y la calidad de deudor también en el mismo sentido del demandado (lo que en doctrina se denomina la legitimatio ad causam pasiva). Si no existiera el derecho, no se hubiera cumplido con el plazo fuado para la exigencia de la obligación, si el demandante no fuera el acreedor legítimo o el demandado no fuera el deudor legítimo, indudablemente, el Juez no se pronunciará sobre la pretensión procesal propuesta con la demanda. En estos supuestos se pronunciará sobre la improcedencia de la demanda. La demanda, conforme al Código Procesal Civil, será declarada improcedente cuando el demandante carece evidentemente de legitimidad para obrar, cuando el demandante carece manifiestamente de interés para obrar, cuando el Juez advierte la caducidad de la pretensión procesal planteada, cuando el Juez carece de competencia, cuando no exista conexión lógica en tre los hechos expuestos y la pretensión procesal propuesta, cuando ésta fuese jurídica o físicamente imposible o cuando contenga una indebida acumulación de pretensiones (Art. 427 CPC). La pretensión procesal será desestimada
si el demandante no acredita los fundamentos de hecho que sirven de sustento precisamente de su pretensión procesal.
4.3. Los PRESUPCESTOS PROCESALES y LAS EXCEPCIONES
En principio debemos señalar que hay procesalistas que bajo la denominación de presupuestos procesales consideran sólo los elementos que necesariá~nte deben coexistir para constituir una relación jurídico-procesal válida, como la competencia del Juez, la capacidad procesal de las partes y que la demanda reúna los requisitos formales señalados por la ley. Empero, si analizamos nuestro ordenamiento procesal civil, especialmente lo relativo a la admisibilidad y la procedencia d~ la demanda, así como a las excepciones, advertimos que para considerar una relación jurídico-procesal válida no sólo debe darse la presencia de los indicados presupuestos procesales formales, sino también de los presupuestos procesales de fondo.
Si meditamos sobre los fundamentos que sirven de base para deducir las excepciones reconocidas por nuestro ordenamiento procesal llegamos a la conclusión de que estas excepciones son medios procesales para denunciar ante el Juez la ausencia de algún presupuesto procesal formal o de fondo necesario para la validez del proceso. Cuando, por ejemplo, deducimos la excepción de incompetencia (Art. 446Q, inc. 1, CPC), estamos denunciando la carencia de capacidad del titular de la decisión (el Juez) para conocer de la demanda planteada. Cuando deducimos la excepción de incapacidad del demandante o de su representante (Art. 446, inc. 2, CPC), estamos denunciando la incapacidad procesal del actor o de su representante. Cuando deducimos la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado (Art. 446, inc. 3, CPC), estamos denunciando la deficiente representación de las partes en el proceso. Cuando deducimos la excepción de oscuridad o ambigüedad de la demanda (Art. 446, inc. 4, CPC), en el fondo, estamos denunciando la ausencia de formas esenciales que debe tener la demanda, especialmente de la pretensión procesal.
- En igual sentido, a manera de especulación, podemos anotar que cuando deducimos la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa (Art. 446Q, inc. 5, CPC), lo que estamos expresando es que el Juez no puede conocer de una demanda si la pretensión procesal objeto de ella no ha sido tratada previamente en todas las instancias administrativas, lo que equivale también a sostener que el Juez carece de
aptitud procesal para conocer de la demanda si la materia reclamada no ha sido decidida previamente por todas las instancias administrativas. Asimismo, si deducimQs la excepción de litispendencia (Art. 446Q, inc. 7, CPC), lo que estamos denunciando al Juez es su falta de aptitud para conocer de una demanda que versa sobre pretensiones procesales que a su vez son objeto de otra demanda anterior? cuyo proceso está en trámite. Así podríamos seguir analizando las demás excepciones que prevé el Código. Hay que precisar que la falta de algún presupuesto procesal formal o de fondo puede ser declarada de oficio, pues así lo autoriza nuestro Código Procesal Civil al referirse a la inadmisibilidad o a la improcedencia de la demanda (Arts. 426Q Y 427Q CPC). En cambio las excepciones tienen que ser deducidas u opuestas por la parte demandada.
Es pertinente anotar que en doctrina se dice que la kgitimatio ad causam identifica a la persona a quien la ley confiere la titularidad del derecho (que se circunscribe a que la pretensión esté tutelada por la ley, a la legitimidad para obrar y al interés para obrar) y la kgitimatio ad processum identifica a la persona que conduce directamente el proceso desde la interposición de la demanda (que se circunscribe en nuestro ordenamiento a la capacidad procesal tanto del demandante como de su representante, así como a la capacidad procesal del demandado o de su representante). Hay presupuestos procesales que tienen que ver con la kgitimatio ad causam y hay presupuestos procesales que tienen que ver con la kgitimatio ad processum.
De lo expuesto podemos concluir que la ausencia de algún presupuesto procesal formal o de fondo, que el Juez puede determinar al calificar la demanda, al examinar el proceso en la fase del saneamiento o al declarar fundada una excepción, invalida inequívocamente la relación jurídico procesal trabada, lo que equivale a que el proceso generado es inválido e ineficaz. 5. ELEMENTOS REGUlADORES DEL PROCESO CIVIL
5.1. CONCEPTO
Como ya lo anotáramos, el proceso civil, como todo proceso, en su perspectiva dinámica, es un instrumento ordenado y, por tanto, regulado por determinados elementos. Sólo así se puede garantizar un debido debate judicial y una eficaz decisión del órgano jurisdiccional. Los elementos reguladores del proceso civil, además de las normas jurídicas, son los principios procesales y las garantías procesales.
5.2. Los SISTEMAS PROCESALES Y EL PROCESO CIVIL
El tema de los sistemas procesales lo hemos tratado líneas arriba (8). Lo que aquí haremos es una referencia a dichos sistemas vinculados al proceso civil regulado por nuestro ordenamiento jurídico. Los grandes sistemas procesales admitidos por la mayoría de estudiasos son el dispositivo y el inquisitivo. Concebido un sistema procesal como el conjunto de reglas y principios racionalmente enlazados entre sí, para nosotros cada uno de los sistemas indicados, de acuerdo a su orientación, pueden utilizar el medio de expresión que más le convei1,ga: oral o escrito; pueden preferir los jueces técnicos o legos; pueden recurrir a organismos judiciales unipersonales o colegiados; pueden atribuirle al Juez amplia libertad en la valoración de las pruebas o sujetarlo a reglas rígidas (prueba tasada); pueden recoger los postulados de determinados principios procesales y descartar los de otros; etc. En realidad, desde el punto de vista teórico, no existen sino dos sistemas procesales, que responden a dos concepciones distintas del proceso. La doctrina ha establecido que, por un lado, existe un sistema procesal dispositivo, donde el dominio sobre el proceso, esencialmente, está reservado a las partes. El Juez, en este siste I ma, desempeña un papel esencialmente pasivo; normalmente se halla esperando el momento de la sentencia para atribuir la victoria a quien hubiera acreditado mejor los fundamentos de su pretensión. En cambio existe el sistema inquisitivo, dentro de cuya perspectivael proceso es un instrumento jurídico para satisfacer los intereses sociales con prescindencia al de los particulares, para mantener el orden público, preconizando, de ese modo, que el dominio del proceso esté a cargo del Estado, más concretamente, de los que representan al Estado dentro del proceso. -En este sistema: el Juez tiene un papel activo, pues puede promover de oficio la acción procesal; la acción se le concede, incluso, a determinados órganos del Estado y no necesariamente al Juez; el Juez averigua los hechos de oficio en su afán de llegar a la verdad real, frente a la verdad formal que le presentan las partes, para emitir una decisión justa; se establece la impugnación de resoluciones de oficio; etc.
El proceso civil, regulado tanto por el derogado Código de Procedimientos Civiles como por el Código Procesal Civil, no recoge de modo exclusivo los postulados de uno de los referidos sistemas procesales. Dichos cuerpos legales admiten principios y normas que responden a ambos sistemas para la regulación del proceso civil.
A modo de conclusión, por consiguiente, debemos anotar que nuestra organización jurídica, para regular el proceso civil, recoge los postulados de ~os dos sistemas procesales examinados en forma equilibrada,p<>.( lo que podemos convenir que el proceso civil peruano se ubica aentro de un sistema mixto en el sentido que admite las orientaciones de los sistemas dispositivo e inquisitivo. El proceso civil peruano responde así a las exigencias del proceso civil moderno.
5.3. Los PRINCIPIOS PROCESALES
Como se ha anotado, los sistemas procesales responden a la concepción políticojurídica que se tiene del proceso como instrumento para la administración de justicia y se exteriorizan por la forma cómo se desenvuelven los procedimientos en los cuales tienen influencia. Sin embargo, el proceso no sólo es un conjunto de instituciones y de actos de procedimiento estáticos, sino también constituye un conjunto de actividades, una unidad viviente y dinámica de actos que realizan principalmente el Juez y las partes, que comienza con la demanda y normalmente termina con la sentencia, pero regulados por la ley (la norma jurídica por excelencia), por los llamados principios procesales o principios formativos del proceso y por las denominadas garantías procesales.
Estos principios, como yalo hemos expuesto (9), se conciben como ideas fundamentales, como directivas, como orientaciones, que inspifan los procesos para, por un lado, estructurar las normas de. procedimiento cuando se tiene que legislar y, por otro, constituir verdaderos instrumentos de interpretación de dichas normas. Estos principios son elaborados por los juristas y, al concebirlos, indudablemente lo hacen bajo la influencia de uno u otro sistema procesal, que a su vez responden a criterios ideológicos y políticos diferentes. Si bien es verdad que hay varios dispositivos dentro del Título Preliminar del Código Procesal Civil que consagran determinados principios formativos del proceso; empero,
por la redacción un tanto escueta de los mismos, es necesario recurrir a la doctrina para conocer la esencia de dichos principios, concluyendo que la previsión legal establecida debe tomarse como una simple aplicación del principio. Es más, el nuevo ordenamiento procesal civil nacional no consagra ni reconoce como únicos principios procesales los señalados en el aludido Título Preliminar, sino que hay principios admitidos por el Código, pero que no se han concretado en normas, o que simplemente emergen de su articulado, por haber inspirado a los legisladores que han concebido el Código.
5.4. LAS GARANTÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA o LAS GARANTÍAS PROCESALES
Para una comprensión cabal de este instituto trataremos en primer lugar de su concepto y posteriormente precisamos las principales garantías que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido.
5.4.1. Concepto
Consideramos que las garantías de la administración de justicia sirven también como elementos reguladores de los procesos. En efecto, los jueces, para ejercitar su función, hacen uso del proceso. Con el objeto de defender a las partes de la arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces, se han establecido las llamadas garantías de la administración de justicia o simplemente las garantías procesales. En la Constitución de 1993 los encontramos en el rubro relativo a 10& principios y derechos de la función jurisdiccional (Art. 139Q Const.). Por ejemplo, una de las garantías de la adminisu"ación de justicia es el derecho de defensa que tienen las partes en conflicto (Art. 139Q, inc. 14, Const.), que no pude ser recortado en modo alguno por el Juez. Si le recortara arbitrariamente el Juez a alguna de las partes el ejercicio de su derecho de defenderse, indudablemente, estaría incurriendo en un hecho delictuoso. Lo que se quiere es que la justicia se desplace con sujeción a la ley y que las partes estén amparadas por ella dentro del debate judicial hasta la decisión final. Las garantías procesales son, pues, derechos que se reconocen en favor de las partes para defenderse de la posible arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces. Debemos precisar también que algunas de las garantías procesales son consideradas por algunos estudiosos como principios procesales. Así tenemos el caso de la garantía procesal consagrada en la Constitución de 1993 relativo a la instancia plural
(Art. 139, inc. 6, Const.), que algunos doctrinarios lo conciben como un principio procesal. Por ejemplo, MONROY CABRA. (10) concibe como principio fundamental de procedimiento el de las dos instancias.
5.4.2. Las garantías de la administración dejusticia en la Constitución de 1993
El constituyente de 1993 ha querido darle el rango de norma constitucional a las garantías procesales, denominándolas principios)' derechos di la función jurisdiccional (Art. 139 Const.), posiblemente con la idea de que dándole esa categoría los jueces la respetarán con todo rigor, aun cuando en la práctica pue.da ocurrir lo contrario. Se advierte también que al consignarse las garantías de la administración de justicia, algunas de ellas son propias del campo penal, como aquella que señala: "La aPli .cación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales" (Art. 1392, inc. 11, Const.); o la que prescribe: "La inaPlicabilidad por analogía de la ley penal o de las nÓrmas que restrinjan derechos" (Art. 1392, inc. 9, Const.), etc. Lo más técnico habría sido precisar, por un lado, las garantías procesales que tienen aplicación en todo acto relativo a la administración de justicia y, de otro lado, las garantías propias para cada campo del derecho aplicable al caso éoncreto. A continuación consignamos las garantías de la administración de justicia aplicables al campo civil, sin que ello signifique que esa garantía sea propia y exclusiva de ese campo. A) La unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación (Art. 1392, inc. 1, Const.). Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, sólo el Poder judicial está facultado para ejercer la función jurisdiccional. Con ello han desaparecido los fueros privativos de trabajo y agrario, que antes de que se promulgara la vigente Ley Orgánica del Poder judicial funcionaban prácticamente en forma independiente del Poder judicial, no obstante la vigencia incluso de la Constitución de 1979 que unificó los fueros. Se mantiene la justicia militar como un fuero casi independiente del Poder judicial, en atención a la naturaleza de los conflictos cuya decisión se le ha encomendado. No obstante ello, la Sala Penal de la Corte Suprema puede investigar y juzgar a los miembros del Consejo Supremo de justicia Militar (Art. 342, inc. 4, LOPj), lo que en cierta forma le resta independencia al fuero castrense. La llamada justicia arbitral en rigor no importa un ejercicio de la función jurisdiccional en el sentido estricto de su concepción. La ' función jurisdiccional es indelegable y menos puede comisionarse, como sí ocurre por ejemplo con la función legislativa, porque la Constitución así lo autoriza. La función arbi tral tiene otra connotación.
..... B) La independericia del Poder judicial en el ejercicio de la fun ción jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno (Art. 139, inc. 2, Const.). Si examinamos la Constitución Política del Estado y las leyes relacionadas con la función que ejerce el Poder Judicial encontrainos que este Poder no tiene, ni podía tener, dentro de la concepción que tuvieron los constituyentes de 1993, independencia política, económica y administrativa (comprendiendo dentro de esta última el nombramiento de Magistrados, la vigilancia de la conducta de éstos en el ejercicio de sus funciones, etc.). Lo único que queda es la autonomía o independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional, esto es, que el Poder Judicial (los jueces), en la decisión que debe adoptar al resolver los conflictos que se le sometan a su conocimiento, no debe recibir ningún tipo de injerencia, sometiéndose el Juez tan sólo a la Constitución ya la ley. Por ello resulta lírico, irreal y confusa la previsión contenida en el artículo 2 de laLey Orgánica del Poder Judicial cuando establece como un principi~ que el Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente ley. Esta disposición no concuerda con la Constitución de 1993, por ejemplo, cuando ésta establece que es atribución del Congreso aprobar el Presupuesto y la Cuenta General de la República (Art. 1022, ine. 4, Const.), que comprende el Presupuesto del Poder judicial (Art. 1452 Const.). C) Se establece que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución y que esta disposición no afecta el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso. Esta es una garantía adicional a la in dependencia del Poder judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es que las decisiones judiciales que se adoptan dentro del proceso, para dar seguridad jurídica a los contendientes en sus derechos, tienen que revestirse de la cosa juzgada, pues, de lo contrario, se generaría el caos y la alteración del orden jurídico, situaciones que no son compatibles <;:on el estado de derecho. . D) La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aPlicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan (Art. 1392, ine. 5, Const.). Constituye una garantía de la administración de justicia la fundamentación de las resoluciones judiciales, pues, de lo contrario, los justiciables fácilmente serían víctimas de la
arbitrariedad de los jueces. Esta garantía procesal tiene relación con la regla contenida en el Código Civil cuando señala que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda (Art. VII, T. P., CC), así como con la previsión del Código Procesal Civil que establece que los jueces debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamen te (Art. VII, T. P., CPC). E) Otra garantía procesal que tiene plena relación con la anteriormente señalada (D) es la que prevé que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. pues, en tal caso, deben aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario (Art. 139Q, inc. 8, Const.). Esta garantía de la administración de justicia está prevista casi textualmente en el Código Civil (Art. VIII, T. P., CC). Es que la ley puede tener vacíos, en tanto que el derecho no los tiene. El Juez, para toda decisión de naturaleza jurisdiccional tiene que encontrar los fundamentos jurídicos en el derecho y no sólo en la ley. F) Otra garantía de la administración de justicia es que nadie puede ser privado del derecho que tiene de defenderse en ningún estado del proceso (Art. 139Q, inc. 14, Const.). Otra cosa es que el emplazado con una demanda judicial no se defienda. Lo que la ley quiere es que ese emplazado no esté impedido, en modo algu no, de ejercer su derecho de defensa. Tenga la oportunidad de defenderse. G) La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada (.-'\11.. 139Q, inc. 13, Const.). La cosa juzgada, que mencionamos precedentemente, impide revivir un proceso que haya culminado con una decisión final y firme. Admitir lo contrario importaría atentar contra la cosa juzgada que, como lo hemos señalado, es también una garantía de la administración de justicia fundamental. La nulidad de la cosa juzgada fraudulenta tiene otra significación, como lo veremos más adelante (JI). H) La obligación que tiene el Poder t,jecu,tivo de prestar la colaboración que se le requiera en los procesos civiles (Art. 139Q, inc. 18, Const.), por ejemplo, para la efectivizaCión de las medidas cautelares que ordepa el Juez Civil. 1) La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado Juez en la forma prescrita por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales, bajo responsabilidad de sus miembros, no pueden darle posesión de! cargo (Art. 139Q, inc. 19, Const.). Admitir lo contrario constituiría un atentado contra e! propio estado de derecho. El ideal es que sólo ejerzan esta función los jueces naturales. J) La instancia plural, que permite la revisión de las decisiones judiciales expedidas por el inferior (Art. 139Q, ine. 6, Const.). En nuestro ordenamiento jurídico, tendiendo a que las causas, especialmente las civiles, se resuelvan en un
má.ximo de dos instancias, se señala que lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada y su impugnación sólo procede en los casos previstos en la ley (Art. 11 Q LOP]). No existe ni debe existir meca nismo procesal que permita que las causas civiles se resuelvan sólo en una instancia. K) El derecho que tiene toda persona de formular análisis y criticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de la ley (Art. 139Q, ine. 20, Const.). En tal sentido, es posible la publicación de las resoluciones judiciales con el propósito de divulgar las críticas que se le hagan. Esto es muy común en el ámbito universitario. Como algo afín a esta garantía se ha establecido por el nuevo Código Procesal Civil la facul tad de los] ueces para ordenar, si lo estiman procedente, a pedido de parte y a costa del vencido, la publicación de la parte resolutiva de la decisión final en un medio de comunicación por él designado, si con ello se puede contribuir a reparar e! agravio derivado de la publicidad que se le hubiere dado al proceso (Art. 51 Q, ine. 5, CPC). L) La observancia del debido proceso (Art. 139Q, ine. 3, Const.) . Algunos estudiosos asimilan al debido proceso simplemente con e! ejercicio del derecho de defensa, lo que no es totalmente correcto. Conforme a la Constitución peruana toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a un debido proceso. En efecto, la protección que el Estado presta a los justiciables cuando su derecho haya sido violado no es arbitrario ni menos caótico. La tutela exige un reclamo previo del
interesado, el emplazamiento eficaz al demandado para oírlo y para darle la oportunidad de defenderse; requiere de un debate judicial con sujeción a una serie de reglas; reclama una decisión juS(cial imparcial y sustentada en los hechos acreditados en el proceso y en la ley vigente. En suma, requiere la correcta observancia de las normas jurídicas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento jurídico eficaz para resolver los conflictos o dilucidar las incertidumbres de derecho. El debido proceso importa precisamente la correcta observancia de esos elementos reguladores del proceso, valga la redundancia. Nuestro ordenamiento jurídico recusa su transgresión. En otro lugar, en el rubro relativo a los principios procesales, tratamos con cierta amplitud sobre el debido proceso como derecho de los justiciables y como un principio procesal (12).
5.5. LAS NORMAS JURÍDICAS QUE CONTIENEN REGLAS DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA CIVIL
Las normas jurídicas, especialmente las legales, constituyen también elementos reguladores del proceso civil y su importancia está en que mediante ellas se exteriorizan los postulados de los sistemas procesales que tienen influencia en el proceso civil correspondiente.
5.5.1. Concepto
Las normas jurídicas legales son las disposiciones dadas por los organismos cdmpetentes del Estado. Existen pues normas jurídicas procesales que han sido dadas para regular el origen y el desarrollo del proceso civil. Actualmente tenemos el nuevo Código Procesal Civil, cuyas normas se han establecido para regular básicamente el proceso civil. Sin embargo, algunas normas, que tienen que ver con los procesos civiles, las encontramos en otros cuerpos legales, como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil y en otros cuerpos legales. Esto se debe a las distintas circunstancias en que se han dado estas normatividades. Lo ideal sería que todas las normas procesales para regular el proceso civil las encon tráramos en el Código Procesal Civil, pero eso no siempre ocurre. Por ejemplo, el legislador que estructuró el Código Civil de 1984 se vio en la necesidad de incluir normas procesales en materia de divorcio, por cuanto el Código de Procedimientos Civiles resultaba incapaz para regular adecuadamente la institución del divorcio con la nueva orientación que se le ha dado en el Código Civil de 1984. Algo más, este Código Civil ha sido' a su vez modificado por el Código Procesal Civil en gran número de sus artículos en busca de una adecuada concordancia en sus institutos.
5.5.2. Cuerpos legales que contienen reglas de procedimiento en materia civil
Señalamos algunos cuerpos legales que contienen normas de procedimiento en materia civil, incluyendo, por supuesto, el Código Procesal Civil. A) El Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil esencialmente contiene la nueva normatividad que regula el proceso civil peruano, en donde encontramos todas las reglas que regulan las distintas instituciones que venimos estudiando aquí. Algunos especialistas sostienen que ha debido agregarse también en el Título Preliminar del Código Procesal Civil lo siguiente: los denominados, en doctrina, principios fundamentales del Derecho Procesal Civil, como la exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional en materia civil por el fuero civil, con la salvedad de la llamada
'Jurisdicción arbitral"; la independencia de los jueces civiles en el ejercicio de su función jurisdiccional; la imparcialidad con que deben actuar los jueces civiles en la materia de su competencia; la igualdad de las partes ante la ley procesal civil; la necesidad del debido proceso y" la ineludible defensa frente al pedido de una decisión judicial. El contenido de los artículos 1 Q Y 5Q del Código Procesal Civil, por ejemplo, agregan, deben formar parte perfectamente del Título Preliminar del mismo cuerpo legal. Empero, si hacemos un análisis más profundo, nos encontramos con que esos principios en realidad no son exclusivos del proceso civil, son los genéricos para todo proceso, aplicados sí al área civil, los que a su vez constituyen garantías de la propia administración de justicia en general.
B) El Código Civil. Si revisamos el Código Civil de 1984, por ejemplo, en el Título relativo al "Decaimiento y disolución del vínculo del matrimonio", encontramos que la mayoría de sus artículos son netamente procesales. Así el numeral 334Q establece claramente quiénes tienen la titularidad de la acción de separación de cuerpos, que es aplicable al divorcio de conformidad con el artículo 355Q del mismo cuerpo legal. En ese sentido, en el Código Civil encontraremos innumerables artículos netamente procesales. C) La Ley Orgánica del Poder Judicial. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial correctamente contiene las normas relativas a la estructura, organización y funciones del fuero civil y a su competencia, empero, en ella encontramos también reglas netamente procesales aplicables al proceso civil. A modo de ejemplo revisemos los articulos 129 al 155 de dicha ley, cuyas disposiciones son de aplicación en materia civil.
5.5.3. Caso de vacíos o defectos en las disposiciones del Código Procesal Civil
En caso de vacíos en las disposiciones del Código Procesal Civil se debe recurrir a los principios generales del Derecho Procesal, a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso (Art. III, segundo párrafo, T. P., CPC). En igual sentido, para la integración de la ley, en cuanto se refiere al derecho sustantivo que debe aplicar el Juez al resolver la causa que se le ha encomendado dirimir, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil prevé que los Jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley y que en tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano (Art. VIII, T. P., CC). En conclusión, en el campo procesal, es posible, en los casos señalados, la integración de la norma procesal.
En términos generales, se reconoce a los principios generales del derecho como fuente supletoria, a la que acude el Juez cuando advierte lagunas o deficiencias en la ley substantiva o procesal. El concepto de principios generales del derecho equivale al "criterio judicial" en el sentido más amplio, que el Juez imprime al ejercer su función, frente al defecto o a la deficiencia de la ley substantiva o formal. Hay estudiosos que sostienen que debe distinguirse entre los principios informantes del derecho nacional u ordenamiento jurídico vigente en un país y los principios generales del derecho universal, prefiriéndose a los primeros y acudiendo sólo a los segundos cuando aquéllos no sean suficientes para dar solución al caso. El Código Civil suizo de 1909 consagra una fórmula acertada que resume lo anteriormente dicho, como lo hemos expuesto anteriormente. En otro lugar trataremos con mayor amplitud los principios generales del derecho (13).
En nuestro ordenamiento jurídico procesal civil, en caso de vacíos o defectos,juegan un importante papel los denominados "principios jurisprudenciales", que son elaborados por las Salas Especializadas de la Corte Suprema de justicia, principios que incluso serán de obligatoria aplicacion,- en todas las instancias judiciales (Art. 22 LOPj). Igual función tendrá la denominada doctrina jurisprudencial, que estará adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia Sala de casación. 6. INTERRUPCION, SUSPENSION y CONCLUSION DEL PROCESO
6.1. IDEAS PREVIAS
El plazo para la realización de un acto procesal puede interrumpirse. También puede diferirse el término para la realización de un acto procesal. El plazo, como lo hemos indicado, es el lapso de tiempo dentro del cual se pueden realizar determinados actos procesales, en tanto que el término es la fecha f~a señalada para la realización de un acto procesal, como cuando se señala fecha para la audiencia de conciliación.
6.2. INTERRUPCIÓN DEL PlAZO Y DIFERIMIENTO DEL TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ACTO PROCESAL
La declaraciónjudicial de interrupción del plazo o el diferimiento del término para la realización de un acto procesal tiene por efecto cortar el plazo o diferir el término para la realización de un~actuaciónjudicial, produciendo la ineficacia de la fracción del plazo
transcurrido o difiriendo el término transcurrido. El Código, como se advierte, se refiere, no a la interrupción del proceso, sino a la interrupción de los plazos que prevé el ordenamiento dentro de los procesos civiles. La interrupción será declarada por el Juez en resolución inimpugnable, de oficio o pedido de parte, sustentándola en la ocurrencia de" un hecho imprevisto o que siendo previsible es inevitable (Art. 317, primer y segundo párrafos, CPC). Una catástrofe de la naturaleza que impida el funcionamiento de los organismos judiciales o la muerte de una de las partes en el proceso, serían algunos de esos casos en los cuales tendría que producirse la interrupción de los plazos dentro del proceso o, en su caso, el diferimiento del término señalado para la realización de un acto procesal concreto. Esos hechos justifican la interrupción del plazo o el diferimiento del término. El plazo para solicitar la declaración de interrupción vence al tercer día de cesado el hecho interruptivo (Art. 317, tercer párrafo. CPC).
6.3. SUSPENSIÓN DEL PROCESO Y DEL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ACTO PROCESAL
Es posible también la suspensión del proceso o del término para la realización del acto procesal. La suspensión importa la inutilización de un período de tiempo del proceso o de una parte del plazo concedido para la realización de un acto procesal (Art. 318Q CPC).
6.3.1. Suspensión convencional
La suspensión puede ser convencional cuando es acordada por las partes, requiriendo en este caso la aprobación del Juez. Se concede sólo una vez por instancia y no puede ser mayor de dos meses en cada caso (Art. 319 CPC).
6.3.2. Suspensión legal
La suspensión puede ser legal, en cuyo caso se puede de clarar la suspensión de oficio o a pedido de parte en los supuestos previstos legalmente (Art. 320 CPC), como son los casos siguientes: muerte o declaración de ausencia, incapacidad sobrevenida del
representante o del apoderado, remoción o cese de nombramiento del representante legal de un incapaz (Art. 79, tercer párrafo, CPC).
6.3.3. Suspensiónjudicial
La suspensión puede ser judicial cuando a criterio del Juez sea necesario ordenarla (Art. 320 CPC), como es el caso en el que el Juez suspende el trámite del proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal tratándose del litisconsorcio necesario (Art. 95; tercer párrafo, CPC).
6.4. CONCLUSIÓN DEL PROCESO
El proceso puede terminar normalmente mediante la expedición de la sentencia que pone término al litigio. También puede terminar en forma anticipada, en unos casos sin declaración sobre el fondo del litigio y en otros casos con declaración sobre el fondo del litigio.
. 6.4.1. Conclusión q,nticipada del proceso
El Juezdeclarará concluido el proceso si durante su tramitación se presentan una serie de supuestos que más adelante señalamos, sin que sea necesario esperar la sentencia. Son los casos enlos cuales el proceso concluye anticipadamente, ya sea sin pronunciamiento sobre el fondo del litigio o con pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
A) Conclusión anticipada sin declaración sobre el fondo dellitigio. Concluye un proceso sin declaración sobre el fondo del litigio en los siguientes casos:
a) Cuando la pretensión procesal se sustrae del ámbito jurisdiccional (Art. 321, inc. 1, CPC). La pretensión procesal, como lo hemos señaladq precedentemente, es el derecho material hecho valer medianteJ.a demanda, mecanismo procesal éste que sirve para accionar y para generar un proceso. Toda pretensión procesal tiene su sustento en el derecho objetivo invocado por el demandante, quien considera que su aspiración procesal está tutelado por la norma jurídica invocada. El planteamiento de una pretensión procesal no implica necesariamente la existencia del derecho, pudiéndose dar casos de pretensiones fundadas e infundadas. Si por ejemplo una persona demanda el desalojo de un inmueble, pretendiendo la restitución de! predio por parte del demandado o si durante el desarrollo del proceso éste desocupa e! bien y pone a disposición de!Juzgado las llaves correspondientes, estaremos frente a un caso en el cual la materia en controversia, la pretensión procesal, se ha sustraído del ámbito jurisdiccional. En este supuesto carecería de objeto la continuación del proceso y la emisión de la sentencia respectiva. Esta situación perfectamente concluye e! proceso sin pronunciamiento o declaración sobre el fondo de la controversia.
b) Cuando por disposición legal el conflicto de intereses deja de ser un casojusticiable. (Art. 321 , inc. 2, CPC). Puede darse e! caso en que los organismos gubernamentales autorizados emitan una disposición legal, por razones sociales o de emergencia, por ejemplo, mediante la cual establezcan la prohibición del desalojo por determinadas causales señaladas por el Código Civil. En este supuesto no estamos en la situación en que una pretensión procesal nunca hubiera estado tute!ada por el derecho, sino en el caso en que estando la pretensión procesal tutelada por el derecho, mediante una disposición legal sobreviniente deja de ser un asunto que pueda someterse el conocimiento y decisión de los organismos jurisdiccionales o si habiendo sido sometida deja de ser justiciable. Un hecho concreto ilustrativo sobre el presente caso ocurrió con la dación del Decreto Ley N 21168, de 10 de junio de 1975, durante el gobierno de facto de aquel entonces, mediante el cual se suspendió en el estado en que se encontraban los juicios de desahucio y de aviso de despedida de inmuebles urbanos destinados a casa-habitación, aun los que estuvieran en ejecución de sentencia, a excepción de los segui- . dos por falta de pago de los arrendamientos y tratándose de casa-habitación única cuando el propietario la requiere para ocuparla de inmediato. A la dación de dicho Decreto Ley se dieron por concluidos los procesos de desahucio y de aviso de despedida relativas a casa-habitación por causales distintas a las antes mencionadas.
c) Cuando se declara el abandono del proceso (Art. 321, inc. 3, CPC). En efecto, cuando el proceso permanezca en primera instancia durante cuatro meses sin que se realice acto que lo impulse, el Juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de
parte o de tercero legitimado. El abandono del proceso pone fin al mismo sin afectar la pretensión (Art. 351 CPC). Sobre este instituto hemos tratado con mayor amplitud cuando nos hemos ocupado de las formas especiales que el nuevo Código Procesal Civil concibe para la terminación del proceso.
d) Cuando queda ejecutoriada la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa sin que el demandante haya cumPlido con sanear larelación procesal dentro del plazo concedido (Art. 321, ine. 4, CPC). Ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las siguientes excepciones: de incapacidad del demandante o de su representante, o de defecto o de insuficiencia de la representación del demandante, o de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda~ o de falta de legitimidad para obrar del demandado, el Juez concede al actor un plazo para subsanar los defectos. Vencido el plazo, sin que el demandante haya subsanado los defectos señalados por el juzgador, se declarará la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso (Art. 45P, sexto párrafo, CPC). Es que esas excepciones tienen que ver con la validez de la relación procesal, pues si faltara alguno de los elementos constitutivos de la relación, que en el fondo' sirven de sustento de las anotadas excepciones, no habrá relación jurídica procesal válida. En estos casos el proceso termina sin que se haya producido declaración sobre el fondo dellitigio. Del texto del inciso en comentario pareciera deducirse que tratándose de las excepciones distintas a las anotadas, en los cuales el juez no concede ningún plazo para subsanar algún defecto, el proceso no concluiría si se declarase fundada la excepción. Esa deducción no es c~cta, pues el propio Código señala que el juez anulará lo actua¿p y dará por concluido el proceso si se ampara alguna de las excepciones distintas a las subsanables (Art. 451, inc. 5, CPC). Cualquiera de las excepciones, en las que la ley no prevé la subsanación de algún defecto, si son amparadas, dan por concluido el proceso sin declaración sobre el fondo de la controversia (Art. 321, inc. 8, CPC). Estos argumentos explican también la posibilidad de dar por terminado el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo de la controversia si se ampara una defensa previa.
e) Cuando el Juez declara la caducidad del derecho {Art. 321, inc. 5, CPC). Como se ha anotado, el nuevo ordenamiento procesal civil reconoce a la caducidad como una excepción procesal. La caducidad importa la cesación del derecho a entablar una acción o a proseguir un proceso en virtud de no haberse ejercitado la acción dentro del plazo señalado específicamente para determinada pretensión procesal. Tratándose de la caducidad el juez no está autorizado para conceder plazo alguno para subsanar algún defecto, porque realmente no hay defecto que subsanar. Declarada la caducidad, que extingue el derecho material sustento de la pretensión procesal y la acción corres pondiente (Art. 2003 CC), concluye el proceso anticipadamente, sin que se produzca pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. El juez, incluso, está autorizado para rechazar de plano la demanda cuando la pretensión procesal está sujeta a un plazo de
caducidad y se advierte que éste se ha vencido (Art. 184, inc. 11, LOPj). En este caso no se genera el proceso. Sin embargo, no hay inconveniente para que la caducidad sea declarada al sentenciar la causa, si no se dedujo la excepción correspondiente.
f) Cuando el demandante se desiste del proceso o de la pretensión. (Art. 321 , inc. 6, CPC). El Código Procesal Civil prevé dos tipos de desistimiento: del proceso y de la pretensión (Art. 340 CPC). Por el desistimiento del proceso se da por concluido éste sin afectar la pretensión procesal. Tiene que formularse por escrito, legalizando su firma el proponente ante el Secretario de la causa. El desistimiento del proceso se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto. Sentenciada la causa no es posible el desistimiento del proceso. Cuando se formula desistimiento del proceso después de notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado expresada dentro de tercero día de notificado o en su rebeldía, por lo que el Juez para admitirlo, previamente, debe poner en conocimiento del emplazado con la demanda. Si hubiera oposición, el desistimiento carecerá de eficacia, debiendo continuar el proceso. La aprobación del desistimiento del proceso" concluye la litis sin pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. El desistimiento de la pretensión implica la declaración del actor de abandonar, de renunciar su pretensión hecha valer en el proceso. Esta manifestación de voluntad de renunciar a la pretensión procesal puede tener su origen en la estimación de que no existe el derecho material que la sustente o porque considera que va a ser desestimada en la sentencia o porque existe una razón subyacente. Conforme al Código, la resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión produce los efectos de una demanda tnfundada, con la autoridad de la cosa juzgada. Este desistimiento no requiere la conformidad del demandado, debiendo el Juez revisar únicamente la capacidad de quien lo realiza, que no afecte el orden público o las buenas costumbres, que no comprenda derechos in disponibles, etc. (Art. 344 CPC). La aprobación del desistimiento de la pretensión no es obstáculo para la continuación del trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo Juez cualquiera que fuese su cuantía (Art. 344, último párrafo, CPC). El desistimiento de la pretensión procesal da por concluido el proceso sin que se haya prod~cido pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
g) Cuando sobreviene consolidación en los derechos de los litigantes (Art. 321, inc. 7, CPC). La consolidación o confusión constituye uno de los modos de extinción de las obligaciones regulado por el Código Civil (Arts. 1300 Y 1301 CC). Consiste en la reunión en una misma persona de las calidades incompatibles de acreedor y deudor. Resulta imposible que una persona se cobre a sí mismo, o se deba, o se pague a sí misma. Supongamos que una persona demanda a otra ei pago de una suma de dinero y que por razones de herencia ésta llega a ser heredera del acreedor. En este caso se
habrá producido la consolidación, pues el deudor, por esa razón, resultaría acreedor de sí mismo, lo que resulta incompatible. Igual situación ocurre cuando en un proceso sobre una deuda hipotecaria el acreedor, en el remate, se adjudica el inmueble hipotecado en garantía de su crédito. Si en el proceso sobreviene la consolidación en los derechos de los litigantes, inequívocamente se produce la conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo del litigio.
h) En los demás casos previstos en las disposiciones legales (Art. 321 , inc. 8, CPC). Podríamos señalar el caso de inconcurrencia de las dos partes ala audiencia de pruebas, supuesto en el cual el Juez está autorizado para declarar concluido el proceso (Art. 203; último párrafo, CPC, modificado por la Ley NQ 26635). Para garantía de la declaración el Juez debe dictar el acta correspondiente, dejando constancia de la ausencia de las partes. Otro supuesto es el previsto por el Código para casos en los cuales el Juez ampara ura excepción, donde no es viable la subsanación de algún defecto, situación en la cual el Juez debe anular lo actuado y dar por concluido el proceso (Art. 451, inc. 5, CPC). En estos casos evidentemente no hay pronunciamiento del Juez sobre el fondo de la controversia.
En estas formas de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo del litigio, las costas y los costos del proceso se füan atendiendo a la institución acogida y a la parte que dio motivo a la declaración de conclusión (Art. 321, último párrafo, CPC).
B) Conclusión anticipada con declaración sobre el fondo dellitigio. El proceso puede concluir anticipadamente, sin esperar la sentencia, con declaración sobre el fondo del litigio, en los siguientes casos:
a) Cuando las partes concilian (Art. 322, inc. 2, CPC). En efecto, las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia (Art. 323 CPC). La conciliación puede ocurrir ante el Juez del proceso en la audiencia respectiva o en la audiencia que éste convoque de oficio o cuando lo soliciten las partes (Art. 324 CPC). El Juez aprobará la conciliación que trate sobre derechos disponibles, siempre que el acuerdo se adecúe a la naturaleza del derecho en litigio (Art. 325 CPC). Aprobado el arreglo conciljatorio propuesto por las partes o aceptada por éstas la propuesta conciliatoria del Juez, si versa sobre todas las pretensiones procesales, éste declarará concluido el proceso (Art. 327 CPC). La conciliación, que importa la decisión por las partes de su conflicto de
intereses, da por concluido el proceso con declaración, no por el Juez, sino por las partes, sobre el fondo del litigio.
b) Cuando las partes transigen (Art. 322, inc. 4, CPC). La transacción, adef,llás de ser un contrato, es un mecanismo procesal para dar término a los procesos con declaración sobre el fondo de la controversia. La transacción como tal puede darse dentro del proceso o fuera de él, por ello se habla de transacción judicial o extra judicial (Art. 335 CPC). La transacción judicial debe ser realizada únicamente por las partes o por quienes en su nombre tengan facultad expresa para hacerlo, presentándose por escrito, precisando su contenido y legalizando sus firmas ante el Secretario respectivo (Art. 335Q, primer párrafo, CPC). La transacción extra judicial que se produce habiendo proceso abierto se presentará en documento escrito, debiendo sus suscribientes legalizan sus firmas ante el Secretario respectivo, requisito que no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o en documento con firma legalizada notarialmente en su caso (Art. 335, segundo párrafo, CPC). En la transacción el Juez no tiene participación activa. La transacción sólo versa sobre derechos patrimoniales e importa concesiones recíprocas (Arts. 1302 y 1305 CC). La transacción puede producirse en cualquier estado del proceso, incluso durante el trámite del recurso de casación y aun cuando la causa esté al voto o en discordia (Art. 334 CPC). EIJuez aprobará la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales, no afecte el orden público o las buenas costumbres y sólo dará por concluido el proceso si alcanza la totalidad de las pretensiones procesales (Art. 337 CPC). La transacciónjudicial que pone fin al proceso tiene la autoridad de la cosa juzgada (Art. 337, segundo párrafo, CPC) y, por consiguiente, debe procederse a su ejecución como cualquier sentencia que contenga un mandato para cumplir una prestación (Art. 1312 CC), en tanto que la transacción extra judicial se ejecuta en la vía ejecutiva (Art. 1312 CC Y Art. 693, inc. 5, CPC). El Código Procesal Civil contiene una regla muy interesante con relación a la transacción judicial, cuando señala que mediante ella no se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones materiales ajenas al proceso (Art. 337, cuarto párrafo, CPC). No obstante, el Código Civil establece que con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes (Art. 1302, segundo párrafo, CC). Aquí hay evidentemente una antinomia que con los criterios f~ados por la doctrina y la legislación debe ser resuelta por el Juez en el caso correspondiente.
e) Cuando el demarídante Tenuncia al deTecho que sustenta su pretensión. (Art. 322, inc. 5, CPC). En este caso el Código Procesal Civil no es claro, pues no señala cuándo estamos frente al desistimiento de la pretensión procesal y cuándo frente a la renuncia al derecho que sustenta la pretensión procesal. En la práctica suele confundirse
desistimiento y renuncia. Teóricamente se entiende que la renuncia afecta el derecho en cuanto se quisiera hacer valer en un proceso, todavía dentro del ámbito del derecho material o sustantivo, en tanto que el desistimiento de la pretensión afecta el derecho material hecho valer dentro de un proceso y que está pendiente de decisión. Puede un litigante desistirse de la pretensión procesal, sin expresar que renuncia al derecho pretendido. Cumplidos los requisitos para su procedencia el Juez simplemente lo aprobará, sin que ello importe un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Si el actor presenta un escrito expresando que renuncia al derecho que ha invocado como sustento de su pretensión, en observancia de la norma en comentario, el Juez tendrá que examinar los alcances de la renuncia y para aprobarla deberá entender que lo expresado por el demandante importa un pronunciamiento unilateral sobre el fondo del conflicto de intereses. Confesamos que sobre esta norma no encontramos un supuesto fáctico que explique su sentido y que nos haga distinguir cuándo estamos realmente frente a un desistimiento de la pretensión procesal y cuándo frente a la renuncia del derecho que sustenta la pretensión.
6.4.2. Conclusión normal del proceso
La forma normal como termina un proceso es mediante la sentencia. Sin embargo, es pertinente aclarar que el proceso, en una instancia, concluye cuando contiene un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, no así si mediante ella se anula lo actuado por alguna deficiencia procesal en su tramitación, situación en la cual la causa se repone al momento en que se hubiera cometido algún vicio procesal. No olvidemos que con forme a la Ley Orgánica del Poder Judicial las causas terminan con ]a sentencia que se emite en segunda instancia (Art. 11 LOPJ). El recurso de casación, como medio impugnatorio, no propicia una instancia más en el proceso, como lo veremos al tratar in extenso los medios impugnatorios (14).
Capítulo IV
SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
SUMARIO:
1. NOTA PRELIMINAR. 2. EL JUEZ. 3. Los AUXILIARES JURISDICCIONALES. 4. Los ORGANOS DE AUXILIO JUDICIAL. 5. LAS PARTES. 5.1. Institutos jurídico-procesales vinculados al tema de las partes en el proceso. 5.1.1. Capacidad de ser parte en el proceso. 5.1.2. Capacidad procesal. 5.1.3. La representación en el proceso. A) ,La representación legal en el Código Procesal Civil. B) La representación convencional en el Código Procesal Civil. a) ¿Qué tipo de personas directamente puede conferir poder? b) Requisitos para ser apoderado. c) Formas como se puede conferir poder. d) Facultades generales y especiales que se pueden otorgar. e) Apoderado común. f) Sustitución y delegación del poder. Sustitución y sucesión procesal. g) Cese de la representación procesal. C) La representación judicial en el Código Procesal Civil. D) Intervención oficiosa en los procesos. 5.2. La acumulación procesal. 5.2.1. Acumulación objetiva. A) Acumulación objetiva originaria. a) Acumulación objetiva originaria subordinada. b) Acumulación objetiva originaria alternativa. c) Acumulación objetiva originaria accesoria. d) Acumulación objetiva originaria de pretensiones autónomas. B) Acumulación objetiva sucesiva. 5.2.2. Acumulación subjetiva. A) Acumulación subjetiva originaria. B) Acumulación subjetiva sucesiva. 5.3. Ellitisconsorcio. 5.3.1. Litisconsorcio necesario. 5.3.2. Litisconsorcio cuasinecesario o impropiamente necesario. 5.3.3. Litisconsorcio facultativo. 5.4. La intervención de terceros. 5.4.1. Concepto procesal de tercero y de tercero legitimado. 5.4.2. Tipos de intervención de terceros. A) Intervención voluntaria de un tercero. a) Intervención coadyuvan te de un tercero. b) Intervención litisconsorcial de un tercero. c) Intervención excluyente principal. d) Intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente. e) Requisitos y trámite tratándose de la intervención voluntaria. B) Intervención provocada de un tercero. a) Llamamiento en garantía o aseguramiento de pretensión futura. b) Llamamiento posesorio. c) Llamamiento en caso de fraude o colusión. 5.5. La extromisión. 6. Los ABOGADOS. 7. EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÜBLICO. 8. APÉNDlCE DE JURISPRUDENCIA.
1 . NOTA PRELIMINAR
Cualquiera sea el proceso, en su aspecto formal, presupone la intervención de varias personas (naturales o colectivas), independiente de la materia en litigio, quienes reciben la denominación de sujetos del proceso o sujetos procesales.
En el proceso civil, en efecto, intervienen una serie de sujetos, dentro de los cuales el Juez es el sujeto central, pues él representa al Poder Judicial, encargado de resolver el litigio. Tienen también vital importancia en el proceso la intervención del sujeto demandante y la del sujeto demandado, como contrincantes del derecho en disputa. El Juez, el demandante y el demandado son los sujetos principales y necesarios. Intervienen, asimismo, los abogados defensores de las partes en el proceso, que pueden actuar simplemente como tales o como defensores y representantes del demandante o del demandado. También tienen intervención los denominados auxiliares jurisdiccionales (como son los secretarios de Juzgado, los relatores, los secretarios de Sala) y los auxiliares judiciales (como los peritos, la policía judicial, los traductores, los intérpretes, los martille ros públicos, etc.). Tiene también injerencia en el proceso el representante del Ministerio Público (una veces como parte y otras como ilustrador del Juez, en los que dictamina). El propio Estado interviene en muchos litigios como parte en el proceso, el que lo hace mediante los procuradores públicos, quienes ofician como sus representantes en los procesos judiciales. Finalmente, tienen intervención en determinados procesos los denominados terceros, que no son parte formal en el momento de constituirse la relación procesal, pero que al ser incorporados adquieren la calidad de terceros legitimados.
A continuación trataremos al detalle la participación en el proceso de los distintos sujetos procesales y de las diferentes formas cómo se incorporan en él.
2. EL JUEZ
El Juez, ya sea en forma unipersonal como en forma colegiada, es el que ejerce la función jurisdiccional, esto es, resuelve las controversias de derecho o dilucida las incertidumbres jurídicas que se le proponen. La función de administrar justicia, en efecto, se ejerce por personas naturales o físicas, a quienes el Estado les confiere la potestad de resolver los conflictos que se le someten para su decisión. Cabe aclarar que si bien la función jurisdiccional en rigor es desarrollada por personas naturales, empero, el Estado, para el cumplimiento de su aludida fUI1ción, ha estructurado los denominados organismos jurisdiccionales (los Juzgados y los Tribunales) ,conformado por un solo Juez o por varios Jueces colegiados. Por ello es que la persona del Juez adquiere una importancia tal que a él se le confía la tutela del honor, de la libertad, de la vida, de la propiedad de los ciudadanos, razón por la cual se le exige una serie de requisitos especiales para su nombramiento, se le rodea de un sin número de garantías para su ejercicio funcional y, eventualmente, se le impone sanciones cuando incurre en inconducta funcional. La autonomía y la independencia como garantías de la administra ción de justicia se ha establecido en función de la persona del Juez. El Juez natural es aquel que ha sido nombrado de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes pertinentes y que se le asigna un determinado cargo en función a su nombramiento, con el carácter de permanente, de modo que los usuarios de la administración de justicia tengan conocimiento pleno dé~iénes son sus jueces con antelación al planteamiento de alguna,demanda y que el demandado conozca en igual forma alJuez ante quién ha sido emplazado. Concluimos reiterando que el Juez es el sujeto central y principal del proceso.
3. LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES
En los procesos civiles también tienen intervención los llamados -tanto por el Código Procesal Civil como por la Ley Orgánica del Poder Judicial- auxiliares jurisdiccionales.. Los auxiliares de la jurisdicción civil están integrados por los Secretarios y Relatores de las Salas Jurisdiccionales, por los Secretarios de Juzgado, los Oficiales Auxiliares de Justicia y los Organos de Auxilio Judicial (Art. 542 CPC; Arts. 2492 Y ss. LOPJ). Los deberes, las obligaciones y las responsabilidades que tienen estos auxiliares en las actuaciones y diligencias judiciales están determinados por la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las normas procesales respectivas (Art. 562 CPC). Cabe agregar que algunas de las normas relacionadas a dichos auxiliares han quedado temporalmente suspendidas y que en tanto no sean derogadas o modificadas por una disposición de igual rango que la aludida ley seguirán vigentes después que quede sin efecto la suspensión.
4. LOS ORGANOS DE AUXILIO JUDICIAL
En los procesos, como se ha indicado, tienen injerencia los denominados Organos de Auxilio Judicial que colaboran con los distintos organismos jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones. Estos órganos están conformados por los peritos en las distintas materias que requieren conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u otra análoga, así como por el depositario, el interventor, el martillero público, el curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley (Art. 552 CPC). La Ley Orgánica del Poder judicial señala que son también Organos de Auxilio judicial el cuerpo médico forense, el cuerpo de traducción e intérpretes, además de los precisados por el Código Procesal Civil (Art. 281 LOPj).
5. LAS PARTES
Normalmente en el proceso civil hay dos partes: la parte demandante y la parte demandada, que pueden ser personas naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos, etc. Cada parte, por otro lado, puede estar constituida por una o más personas, dando lugar a la figura procesal dellitisconsorcio. La ideade parte excluye la de terceros. Podemos conceptuar que es parte aquel que, en su propio nombre o en cuyo nombre se pide, invoca la tutela jurisdiccional de algún derecho subjetivo, promoviendo la actuación de la voluntad de la ley contenida en el derecho- objetivo; también es parte aquel contra quien se formula el pedido. De lo anotado es posible establecer una perfecta distinción entre el que pide la tutela jurisdiccional y aquel en favor de quien se pide la tutela. Algo más, en el derecho sustantivo se hace también una distinción entre la parte acreedora (en términos abstractos y genéricos) y la parte deudora (también en los mismos iérminos), diferente, lógicamente, de lo que ocurre en el aspecto procesal, es decir, en la relación procesal. Normalmente el acreedor en la relación material coincide con la posición que adopta quien es parte demandante y el deudor con la que adopta la posición de quien es parte demandada en la relación procesal. Por ello la importancia de determinar las partes en la relaciónjuridica material y, luego, las partes en el proceso correspondiente, para poder explicar la presencia de la relación jurídica procesal que nuestro ordenamiento procesal civil exige como condición para la validez y eficacia del proceso como instrumento jurisdiccional. Empero, debemos señalar que el concepto de parte se utiliza con más frecuencia en el ámbito procesal, de modo que parte en el proceso es quien reclama y contra quien se reclama la
satisfacción de una pretensión procesal. Los terceros incorporados al proceso suelen considerarse como parte en el proceso, dependiendo de la naturaleza del interés con que se incorporan a él.
Juan MORALES GODO (1) sobre el tema que ahora tratamos escribe: "El concepto de parte no es exclusivo del proceso; está presente en otras ramas del derecho, y aun en el lenguaje común, como bien nos lo recuerda SAITA. En efecto, los sujetos que intervienen en el contrato suelen denominárseles partes contratantes y, en un sentido más general, se suele denominar partes a los in te gran tes de la relación jurídico sustancial, la misma que puede provenir de una relación jurídica contractual como también extracontractual. La expresión parte, implica la presencia de un todo, por lo tanto, a una unidad que, en el campo del derecho sustancial puede ser el contrato, y, en el área procesal es el proceso. Conviene señalar, entonces, la diferencia del concepto de partes del proceso con los otros conceptos de parte. La idea de parte implica un devenir; se es parte porque existe una unidad hacia la cual se converge; esta idea no es ajena al proceso que también implica la idea de devenir. Sin embargo, a diferencia de los otros campos del sentido común, en el proceso, la norma que se pretende hacer valer no es obra de las partes; no son ellas que las crean o las imponen, ni siquiera en los aspectos formales, porque ya existen. No ocurre lo mismo con un contrato, donde la relación jurídica es creación de las partes, generando ellas sus propias normas sin más limitaciones que el orden público y las buenas costumbres (Art. V, Título Preliminar del Código Civil)".
5.1. INSTITUTOS JURÍDICO-PROCESALES VINCULADOS AL TEMA DE LAS PARTES EN EL PROCESO
Al tratar del tema de las partes en el proceso hay que estudiar necesariamente determinados institutos procesales, cuyo examen doctrinario y legislativo abordamos a continuación, empezando naturalmente con el estudio de lo que se entiende por capacidad de ser parte en el proceso.
5.1.1 Capacidad de ser parte en el proceso
La capacidad de ser parte en el proceso implica en principio aptitud de ser titular de los derechos materiales o sustantivos en controversia o, mejor, aptitud para afirmar en un proceso que se tiene la calidad de titular de tales derechos. También se dice que quien es parte en un proceso es quien tiene la legitimatio ad causam, de modo que, por ejemplo, un menor de edad, un enfermo mental, etc., pueden ser perfectamente parte en un proceso. Lo importante es que el hecho de ser parte en un proceso importa pretender ser titular de un derecho en conflicto amparado por la ley, pues, recién en la sentencia se determinará si en efecto quitn hizo la referida afirmación es realmente el titular del derecho alegado o no.
a) El Código .Procesal Civil señala, como regla general, que toda persona natural o jurídica, los árganos constitucionales autónomos, la sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, pueden ser parte material en un. proceso (Art. 572 CPC).
b) El tStado y sus dependencias también pueden ser parte en el proceso civil, ya sea como demandantes o como demandados. El ordenamiento procesal civil señala que cuando el Estado y sus dependencias, o las empresas públicas y privadas con , participación económica determinante de aquél, intervienen en un proceso civil, cualquiera sea la calificación o ubicación procesal que se le asigne, se someterán al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en el Código Procesal Civil (Art. 59 C,PC). De lo contrario se violaría el principio de socialización del proceso (Art. VI, T. P., CPC).
e) Las personas jurídicas de derecho público externo igualmente pueden ser parte en un proceso civil, como, por el ejemplo, el caso de la Cruz Roja In ternacional, que puede ser demandante o demandada ante los organismos judiciales del país.
d) También pueden ser parte material en el proceso civil los titulares abstractamente considerados de los intereses difusos, es decir, un conjunto indeterminado de personas titulares de determinados derechos, tales como el derecho a la protección de su medio ambiente donde domicilian, el derecho a que sus recursos naturales sean protegidos, el derecho a la tranquilidad y al desarrollo integral de sus componentes, el derecho a tener un adecuado servicio de transporte público, el derecho a que sean protegidos sus bienes culturales e históricos donde viven, el derecho a que sus integrantes consuman bienes en condiciones adecuadas a su salud, etc. (El artículo 68 de la Constitución establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad
biológica y de las áreas naturales protegidas). Tales derechos naturalmente protegen bienes que 'por su naturaleza son de inestimable valor patrimonial, a los que el Código Procesal Civil denomina intereses difusos. Interés difuso,; dice el Código, es aquél cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor económico, tales como la.. defensa del medio ambiente, de bienes o valores culturales o históricos o del consumidor (Art. 82Q CPC). Los intereses difusos son denominados también intereses transpersonales, colectivos, comunes, sociales, públicos, etc., correspondientes a un conjunto indeterminado de personas. El Código de los Niños y Adolescentes prevé que corresponde al Fiscal promover la acción civil o administrativa para la protección de los intereses difusos o los colectivos de los niños establecidos en dicho Código (Art. 157, inc. e, CoNA).
¿Qué debemos entender por intereses difusos? ¿Interés difuso será igual a derecho subjetivo? Entendemos que hay derechos subjetivos que corresponden a una colectividad de personas naturales, derivados del derecho objetivo (del derecho normativo material). Este último derecho, por eJt:mplo, determina que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (Art. 2, inc. 22, Const.). El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y, asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas en un nivel compatible con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda interferir en el normal desarrollo ,de toda forma de vida y de la sociedad. Las personas están obtIgadas a contribuir y colaborar inexcusablemente con estos propósitos (Art. I, T. P., CMA). Sobre la base de este derecho objetivo toda persona que se sienta afectada en su derecho subjetivo (derecho individual de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida personal), tendrá expedita la facultad de acudir al Estado en busca de la tutela jurisdiccional efectiva en defensa de su derecho afectado. El mencionado Código del Medio Ambiente y los Recur sos Naturales, respecto a esta defensa, establece que toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales y culturales, pudiendo interponer acciones (demandas) aun en los casos en que no se afecte el interés económico del de°mandante o denunciante; el interés moral autoriza la acción (interponer demandas) aun cuando no se refiera directamente al agente o a su familia (Art. III, T. P., CMA). Por ello se dice que el derecho subjetivo confiere la facultad de defenderlo. El titular de un derecho subjetivo puede ser un conjunto de personas naturales organizado (como un sindicato, una asociación, una institución, etc.) o un conjunto de personas no organizado (como los componentes y residentes en una
ciudad, en un barrio, en una avenida, etc.), cuya característica fundamental está dada por la imprecisión de sus componentes. Entendemos que cuando el Código Procesal Civil habla de interés difuso se refiere al derecho subjetivo perteneciente a una colectividad de personas imprecisa que se hace valer en un proceso, en atención a que comprendemos como interés todo beneficio, utilidad, sea de orden material o moral, que el ejercicio de un derecho representa para una persona. Por ello es que el Código señala que la titularidad de ese interés o derecho corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tal como ocurre con la defensa del medio ambiente. Por tanto concebimos que hay derechos subjetivos que pertenecen a una persona individualmente considerada, a una colectividad de personas organizada o a una colectividad de personas no organizada, dispersa, imprecisa. Los intereses difusos se refieren al derecho subjetivo abstracto correspondiente a una colectividad de personas naturales no organizadas. Los intereses difusos son pues aquellos cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas sin personería relativo a bienes jurídicos de inestimable valor patrimonial, los que pueden tener un contenido patrimonial, no patrimonial o mixto. El conjunto indeterminado de personas realmente es titular del derecho subjetivo abstracto y no debe concebirse como la sumatoria de los derechos subjetivos individuales de sus componentes. Cuando ese derecho subjetivo abstracto es violado nace la necesidad de defenderlo, de buscar que el poder jurisdiccional tutele el derecho quebrantado. Para ejercitar ese derecho a la tutela jurisdiccional, por tratarse de personas indeterminadas, no organizadas, la ley ha establecido quién o quiénes tienen la legitimidad para obrar en defensa de esos intereses difusos, naturalmente en representación de sus titulares. Por ello es que los legitimados para obrar en estos casos deben invocar legítimo interés para obrar y no es necesario que aleguen ser titulares del derecho violado cuya tutela reclaman. El procesalistajuan MONTERa ARoCA (21, sobre el tema que nos ocupa, escribe: "Los intereses difusos, por el contrario, se caracterizan porque corresponden a una serie de personas que están absolutamente indeterminadas, no existiendo entre ellas vínculo jurídico alguno, de modo que la afectación a todas ellas deriva sólo de razones de hecho contingentes, como ser posibles consumidores de un mismo producto, vivir en el mismo lugar, ser destinatarios de una campaña de publicidad, etc. Tiene que quedar claro así que el interés difuso no es el que puede centrarse en una categoría o profesión. El interés difuso supone que no es posible identificar á las personas físicas implicadas y que no existe un ente, sea o no persona jurídica, que pueda afirmar que agrupa a todas esas personas físicas". Se señalan como características de los intereses difusos los siguientes: a) desde el punto de vista de sus titulares, son indeterminados, imprecisos; b) desde el punto de vista del objeto del derecho subjetivo abstracto o del interés difuso es indivisible, inescindible, infraccionable; e) desde el punto de vista de la naturaleza del conflicto que puede generar su violación éste puede ser de naturaleza material o inmaterial, nacional o internacional.
Con relación a la comparecencia al proceso señalamos que el patrocinio de los intereses difusos es una forma de comparecer al juicio de determinados sl~etos procesales, es por ello que su tratamiento está dentro de la sección relativa a los sujetos del proceso del ordenamiento procesal civil. Dentro de este ordenamiento, en su Título Preliminar, se consigna el principio de iniciativa de parte para promover un proceso, estableciendo que el proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar, no requiriendo invocarlos el representante del Ministerio Público, el procurador oficioso ni quien defiende intereses difusos (Art. IV, T. P., CPC). Esta norma, al establecer los anotados casos de excepción, indudablemente ha modificado el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil que señala que para ejercitar o contestar una acción (una demanda) es necesario tener legítimo interés económico o moral. Ndrmalmente quien tiene legitimidad para obrar, es decir, para reclamar por el derecho violado, incumplido o desconocido es el titular del mismo; sin embargo. tratándose de derechos subjetivos difusos o intereses difusos el Código Procesal Civil se aparta de la anotada regla, autorizando promover la defensa de los intereses difusos, generando un proceso, o interviniendo en él, al representante del Ministerio Público ya las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley o a criterio del Juez (ésta última por resolución debidamente motivada) estén legitimados para ello. Empero. consideramos que para la admisión de una demanda sobre intereses difusos, acorde con el principio consagrado en el Título Preliminar del Código Procesal Civil, basta la invocación genérica del interés y la legitimidad para obrar en representación de terceros indeterminados por parte del representante del Ministerio Público, de la asociación o institución sin fines de lucro, invocación que los legitima para proponer una demanda, no requiriendo la invocación de la titularidad del derecho cuya tutela se solicita al organismo jurisdiccional. Comentando la legitimación de las asociaciones o instituciones sin fines de lucro a las que se refiere el artículo 82º del Código Procesal Civil, Juan MONTERa AROCA (3) anota: "Si se quiere que la defensa jurisdiccional del medio ambiente sea posible en cuanto sea adecuada, es decir, guardando proporción entre medios y fines, la única solución lógica consiste en conceder legitimación a personas jurídicas que asuman como objetivo social propio la defensa de intereses genéricos de grupos indeterminados de personas". ¿Qué tipo de representación ejercen los legitimados para interponer una demanda en defensa de intereses difusos? La sentencia que se emita no los va afectar a los legitimados para obrar, sino a los titulares imprecisos de esos intereses. Por ello el Código Procesal establece que la sentencia definitiva que declare fundada la demanda será obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso (Art. 82º, cuarto párrafo, CPC). Los autorizados para interponer la demanda lo hacen invocando una representación. Esa representación es legal por que el ordenamiento jurídico es el que lo establece. No es judicial porque el Juez simplemente se concreta a calificar si la asociación o institución, sin fines de lucro, está autorizado o no según la ley o el criterio del propio Juez para demandar.
La demanda deberá contener pretensiones procesales que dependan de la naturaleza del interés materia de la misma, consistentes, por ejemplo, en la paralización del o de los actos dañosos que afectan los intereses difusos, en el pago de una indemnización ya sea en dinero o en especie. Los medios probatorios que se ofrezcan deben ser pertinentes a la naturaleza de los intereses difusos materia de la demanda. La sentencia respectiva deberá pronunciarse sobre todas las pretensiones procesales propuestas. Admitida a trámite la demanda mediante el auto admisorio correspondiente, además de notificarse con dicha resolución al o a los demandados, el Juez debe ordenar la publicación de la síntesis de la demanda en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación del distrito judicial respectivo (Art. 82º, tercer párrafo, CPC). Son aplicables a los procesos relacionados con los intereses difusos las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente (Art. 82º, tercer párrafo, CPC). En otra parte tratamos sobre este tipo de acumulación. La sentencia que no sea apelada por el desfavorecido con la misma será elevada en consulta a las Sala Civil correspondiente (Art. 82º, cuarto párrafo, CPC), cuya decisión, según el caso, puede ser objeto del recurso de casación.
e) El referido Código, por otro lado, establece que el Ministerio Público interviene en determinados procesos como parte (Art. 113º CPC). Específicamen te, la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que es atribución del Fiscal Provincial en lo Civil intervenir como parte, ejercitando los recursos y ofrecien:io las pruebas pertinentes, en los juicios de nulidad de matrinonio, de separación de los casados y de divorcio (Art. 96º, inc. l, LOMP). ¿En este caso podrá sostenerse válidamente que el vrinisterio Público se constituye en parte demandante o en par.e demandada? De ser así se presentaría la figura del itisconsorcio. Consideramos que en los procesos anotados se :onstituye en parte singular del proceso, no identificándose plenamente con las partes naturales del proceso (actor y demandado), en donde la ley le confiere la facultad de intervenir defendiendo la subsistencia del matrimonio, sobre cuya vigencia evidentemente la sociedad tiene legítimo interés. f) Finalmente, otro tema que trataremos a continuación es el relativo a determinar cómo intervienen en el proceso el menor de edad, el enfermo mental, las propias personas jurídicas en general y determinados entes como los patrimonios autónomos en términos genéricos y las sociedades conyugales como patrimonios autónomos en términos singulares, regulado por nuestro Código Procesal Civil (Art. 65º CPC).
5.1.2. Capacidad procesal
La capacidad procesal, es decir, la legitimatio ad processum, sólo la tienen aquellas personas naturales que por sí mismas pueden intervenir en el proceso; más preciso, aquellas personas que se hallan habilitadas por la ley para hacer valer sus derechos por sí mismas planteando la demanda, contradiciéndola y realizando determinados actos procesales. Esto nos explica aún más la distinción que hay entre ser parte en la relación material (parte acreedora y parte deudora) y ser parte en la relación procesal (parte demandante y parte demandada). Si el titular de un derecho pretendido en el proceso coincide con la misma persona que interpone válidamente la demanda diremos que esa persona no sólo es parte en el proceso sino también tiene capacidad procesal. En otras palabras, la capacidad procesal importa tener capacidad para obrar por sí mismo en el proceso. La capacidad procesal normalmente se adquiere. a los 18 años de edad, pues ésta constituye una forma de ejercitar los derechos civiles· (Art. 42º CC). Sólo las personas naturales tienen capacidad procesal, en atención a que ésta importa intervención personal y directa en el proceso.
El Código Procesal Civil, recogiendo el concepto anotado, señala que tienen capacidad para comparecer por sí en un proceso las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a quienes la ley se lo faculte (Art. 58º, primer párrafo, CPC). La pregunta que surge a continuación es: ¿Quiénes pueden disponer válidamente de los derechos que en un proceso se discuten? La respuesta, formulada genéricamente, es que para disponer de tales derechos válidamente se debe tener capacidad de ejercicio de los derechos civiles, que como lo establece el Código Civil (Art. 42º CC) se adquiere a los 18 años de edad, con la salvedad que dicho numeral señala. El mismo Código Procesal Civil prevé que tienen capacidad para conferir representación designando apoderado judicial-se entiende dentro de un proceso o fuera de él para hacerla valer en el proceso- las personas que también pueden disponer de los derechos que en él se debaten (Art. 582, primer párrafo, CPC). Es que para conferir poder dentro del proceso se supone que el representante (quien va a conferir poder) se ha apersonado válidamente al proceso, lo que importa que quien confiere representación tiene capacidad procesal.
Cuando el Código prevé que las demás personas deben comparecer al proceso por medio de representante legal (Art. 58º, primer párrafo, CPC), se refiere a aquellas personas que no tienen capacidad procesal, aludiendo a aquellas que no pueden comparecer al proceso por sí mismos. Como ejemplo señalamos el caso de las personas físicas que no pueden ejercitar válidamente sus derechos civiles, el caso de las personas jurídicas que son entes ideales, etc.
5.1.3. La representación en el proceso
En términos genéricos, la representación importa la celebración de negocios jurídicos en nombre de otra persona y que sus efectos son vinculantes para el representado. La representación se ha establecido para satisfacer necesidades humanas. Si no existiera este instituto la actividad del hombre se reduciría; el patrimonio de los incapaces, por ejemplo, no sería pasible de negocios jurídicos. Mediante la representación se suple la falta de capacidad de ejercicio de los derechos .civiles de las personas. Nuestro ordenamiento civil establece que el acto jurídico puede ser realizado mediante representante y que la facultad de representación la otorga el propio interesado o la confiere la ley (Art. 145º CC). En el orden procesal, toda persona, natural o jurídica, o entes singulares como los patrimonios autónomos, tienen derecho para intervenir en el proceso para defender sus intereses en controversia. Pero hay casos en los cuales,el titular del derecho en litigio en el proceso no tiene capacidad procesal (no ha cumplido, por ejemplo, los 18 años de edad la persona natural); en estos supuestos, terceras personas señaladas por la ley son las que intervienen en nombre y representación de los incapaces. Estamos aquí frente a la denominada representación legal. En cambio, hay supuestos en los cuales la persona titular de un derecho en controversia en el proceso, no obstante tener capacidad procesal, por múltiples razones, puede ponerse en la situación de no poder intervenir personalmente en el proceso, caso en el cual perfectamen te puede delegar en terceras personas .su representación, de modo que éstas intervengan en representación del litigante. En estos casos estamos frente a la denominada representación voluntaria. Finalmente, hay también supuestos en los cuales el Juez es quien designa al representante, como el caso de la designación del curador procesal; en este caso estamos frente a la (1~ominada representación judicial o representación judiciaria, autorizada, naturalmente, por la ley.
Para la válida intervención de los representantes en el proceso, éstos deben acreditar fehacientemente su calidad de tales, pues. de lo contrario, el Juez debe rechazar su participación o, en su caso, la parte contraria tendrá perfectamente la facultad de cuestionar la intervención del tercero que invoca una representación. El padre del hijo menor de edad demandante, que ejerce la patria potestad, por ejemplo, acreditará su representación en el proceso presentando la partida de nacimiento del menor; el representante de una sociedad comercial podrá acreditar su personería con la presentación de su estatuto. Tratándose de la representación voluntaria, quien se apersona al proceso en nombre de alguna de las partes, acreditará su personería presentando el poder conferido en la forma señalada por la ley, por ejemplo, la escritura pública que contenga el poder conferido. Finalmente, tratándose de la representación judicial, para el nombramiento de! representante deben cumplirse determinados
requisitos y trámites que e! ordenamiento procesal determina; sólo así tendrá válida representación. A) La representación legal en el Código Procesal Civil. El Código trata de la representación legal en el título relativo a la representación procesal. La representación legal en los procesos se ha establecido también para cubrir una necesidad, pues, de lo contrario, por ejemplo, los incapaces no tendrían la posibilidad de que sus derechos sean defendidos en los casos que fuesen violados o desconocidos por terceras personas. Es que los intereses de todas las personas tienen que estar tutelados por el derecho, Por ello es que la ley también, en determinados supuestos, impone la obligación de representar. El ordenamiento procesal civil señala que las personas naturales que no tienen el libre ejercicio de sus derechos comparecen al proceso representados según dispongan las leyes pertinentes (Art. 63º CPC). Tratándose de personas naturales, e! Código Civil determina que son representantes de los menores de edad los padres que ejercen la patria potestad (Art. 419º CC) y si no estuvieran sujetos a la patria potestad e! tutor designado (Art. 502º CC); el curador de bienes del incapaz representa en juicio a éste (Art. 603º CC). Las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan la Constituci
(Art. 3º Decreto Ley Nº 17537). Hay que precisar que los Procuradores Generales de la República, además de tener la representación plena del Estado en los juicios civiles, ejercen su defensa, lo que significa que en su calidad de abogados patrocinan al Estado en la defensa de sus intereses y derechos. Son a la vez, por tanto, su representante legal y su Abogado. La interrogante que surge es la siguiente: ¿El Procurador General de la República estará autorizado para conferir representación voluntaria (poder) para representar al Estado: El mencionado Decreto Ley señala que los Procuradores Generales de la República Titulares y Procuradores Adjuntos, en su caso, podrán conferir poder enjuicio por acta o delegar su representación por simple escrito en favor de abogados auxiliares (Art. 18º Decreto Ley Nº 17537). En efecto, los Procuradores Generales de la República pueden delegar la representación del Estado no sólo en favor de Abogados auxiliares, sino también a favor de los denominados Procuradores Adjuntos (Art. 16º, segundo párrafo, Decreto Ley Nº-17537). Mediante Resolución Administrat~va del titular del pliego del Poder judicial (Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder judicial) Nº 49698-SE-TP-CME-Pj de 11 de diciembre de 1998, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de diciembre de 1998, se establece textualmente en su artículo único lo siguiente: "La delegación de representación en juicio conferida por los Procuradores Generales de la República o Procuradores Adjuntos, en su caso, se rige por lo establecido en el artículo 18º del Decreto Ley Nº 17537, ampliatorias, modificatorias y conexas, incluyendo los Decretos Supremos ~ºs. O 19-82:fCS de 9 de agosto de 1982 y 015-90JUS de 21 de setiembre de 1990; en consecuencia, los Procuradores encargados de la defensa de los intereses del Estado podrán conferir poder en juicio por acta o delegar su representación por simple escrito judicial a favor de los abogados auxiliares".
La Ley Nº 26789, promulgada el12 de mayo de 1997, establece que el administrador, representante legal o presidente del consejo directivo, según corresponda, de las personas jurídicas reguladas en la Sección Segunda del Libro J del Código Civil gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil por el solo mérito de su nombramiento inscrito en el registro correspondiente, salvo disposición estatutaria en contrario, para cuyo efecto basta presentar al proceso copia notarialmente certificada del documento donde consta el nombramiento inscrito. También debemos anotar que la Ley Generales de Sociedades seúala que el nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad, así como el otorgamiento de poderes surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes; además, que el gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la materia (en este caso el Código Procesal Civil), por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario del estatuto (Art. 14º LGS).
En este caso. para acreditar la representación, bastará presentar el documento que pruebe el nombramiento. Las personas jurídicas extranjeras, sus sucursales. agencias o establecimientos, que realicen actividad en el Perú, están sujetas a las mismas exigencias de representación que la ley señala para las personas jurídicas nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en contrario (Art. 67º CPC). Estas personasjurídicas y sus dependencias, si ejercitan ac~dades en nuestro país, tienen que sujetarse a las reglas nacionales .>obre personas jurídicas peruanas. En materia comercial es frecuente la celebración entre los Estados, entre ellos el Perú, de convenios internacionales en los cuales se pueden establecer normas que regulen la actividad de esas personas extranjeras en nuestro país, nOlmas que tendrán preferencia frente a las nacionales. Tratándose de patrimonios autónomos, es decir, cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una personajurídica (una copropiedad, una sucesión), la representación conesponde a cualquiera de sus partícipes si es demandante y si es demandado la representación conesponde a la totalidad de los que lo conforman (Art. 65º CPC). La representación de la sociedad conyugal es ejercida co~untamente por los cónyuges, sin peljuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil (Art. 292º CC); la sociedad conyugal es representada en proceso por cualquiera de los cónyuges si es demandante y si es demandada la representación recae en los dos consortes (Art. 65º CPC). B) La representación convericional en el Código Procesal Civil. La representación convencional, en términos genéricos, emerge de la voluntad de aquel que quiere ser representado en la celebración de actos jurídicos, confiriendo al efecto el poder correspondiente, en el que se fijarán los actos para los cuales se confiere la representación)' sus alcances. El acto jurídico, como está regulado por el Código Civil, puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley; la facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley (Art. l45º CC). Puede conferirse represen tación a una sola persona o a varias. Si son varios los representantes, dice el Código Civil, se presume que lo son incl.istintamente, salvo que expresamente se establezca que actuarán conjunta o sucesivamente o que estén específicamente designados para practicar actos diferentes (Art. 147º CC). En el orden procesal, quien tiene capacidad para comparecer por sí mismo al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten puede nombrar uno o más representantes voluntarios, llamados también representantes convencionales o apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente y cada uno de ellos asume su responsabilidad por los actos procesales que realice. No es válida la designación o actuación de apoderados conjuntos, salvo para los actos de -allanamiento, transacción o desistimiento (Art. 68Q CPC). El poder procesal, que interesa tratar en esta parte, es la facultad de representación que una persona concede a otra dentro de un proceso judicial. Otra cosa es el instrumento donde consta el otorgamiento de esa facultad. El poder normalmente se confiere por
escrito, pudiendo otorgarse mediante escritura pública, mediante acta ante el Juez y por escrito dirigido a él. Cuando aludimos al poder procesal, o simplemente al poder, nos estamos refiriendo a la facultad que tiene el apoderado que representa a su poderdante para actuar en el proceso en nombre de éste. Cabe aclarar que el tratamiento del poder, que consideramos una institución netamente procesal, es diferente del tratamiento del mandato, que es una institución eminentemente de orden civil. En este entendido, cuando el Código Civil menciona o utiliza la palabra poder hay que comprender que se está refiriendo al instituto que en doctrina se conoce como poder de representación. Cuando se hace alusión al poder de representación nos estamos refiriendo a la facultad que tiene el represen- I tante para negociar, celebrar y ejecutar actos jurídicos de orden material en nombre del representado. Luis DIEZ-PICAZO (4), sobre el poder de representación, anota lo siguiente: "En nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra práctica forense la expresión poder, referida a la representación, se emplea en varios sentidos, que, aunque no dejan de ser próximos entre sí, conviene distinguir nítidamente. En primer lugar, en ocasiones con la expresión poder se designa el documento en el cual consta, 0 en el cual se ha plasmado o mediante el cual se acredita la representación que se ha conferido. Otras veces, sin embargo, con ~ la expresión poder se alude al acto o negocio jurídico por me- ~ dio del cual se otorga la representación, y ello con independencia de que tal negocio jurídico se encuentre o no fijado documentalmente. Se comprende en seguida que, en este último sentido, el poder es un prius respecto del primero, puesto
que antes habrá de celebrarse el negocio jurídico de otorgamiento de la representación y después habrá de plasmarse documentalmen te. Por último, con la expresión poder se desig- (;') na aquella situación jurídica en virtud de la cual el representan- '-l:./ te influye con sus actos -o está facultado para influir con sus actos- en la esfera jurídica del representado. Normalmente, en este último sentido, se tratará de una consecuencia del fenómeno antes aludido. En virtud del negocio jurídico de otorgamiento de la representación se coloca al representante en una situación que le faculta para actuar en nombre, por cuenta o con influencia en la esferajurídica ajena".
La significación que se le da a la institución del poder como el documento que contiene la representación conferida no es correcta en rigor. En doctrina y en algunas legislaciones se utiliza la expresión apoderamiento, con la que se designa el acto de concesión de un poder de representación y, eventualmente, el documento a través del cual se plasma o se hace constar. Para otros la expresión poder de -representación designa estrictamente la situación jurídica de que es investido o en que es colocado el
representante y que le pennite o le faculta para actuar en la esfera jurídica ajena. Esta última concepción resulta más adecuada.
En nuestra práctica procesal se utilizan como equivalentes los términos poderdanteapoderado. representado-representan- te, mandante-mandatal-io. 1\0 obstante, existen estudiosos que sostienen -con lo que estamos de acuerdo- que las palabras andante-mandatario, que aluden al mandato, son del campo civil, y que las palabras representado-representantey poderdante-apoderada son propios del área procesal. No obstante, en el área civil es frecuente el uso de las palabras representado y representante en atención a que es posible el mandato con representación. A continuación examinamos algunos temas relacionados con la representación voluntaria y al poder regulados por el Código Procesal Civil. a) ¿ Qué tipo de personas directamente puede confenr poder? Quien tiene capacidad procesal. es decir, quien tiene capacidad para comparecer por sí mismo al proceso y dispotter de los derechos que en él se discuten, puede nombrar uno o más apoderados para que intervengan en él en su nombre y representación (Art. 68Q CPC). Por consiguiente, sólo las personas naturales están en aptitud de conferir poder en forma directa y personal. Tema diferente es que la persona natural puede conferir poder en nombre y representación de otras personas, naturales o jurídicas, que son parte en el proceso, premunido naturalmente de las facultades pertinentes. b) Requisitos para ser apoderado. La persona designada como apoderado debe tener capacidad procesal, es decir, capacidad para comparecer e interyenir por sí mismo en el proceso. Por consiguiente sólo las personas naturales son las únicas que pueden ser nombrados apoderados (Art. 70Q CPC). c) Fonnas conw se puede COnfen1" poder. El Código Procesal Civil habla de clases de poder atendiendo a la formalidad empleada para conferir el poder. El Código, de modo genénco, señala que el poder para litigar (para in tervenir en el proceso) se puede otorgar sólo por escritura pública o por acta ante el juez de.l proceso, salvo disposición legal diferente. Para su eficacia procesal el poder conferido mediante escritura pública no requiere estar inscrito en los Registros Públicos (Art. 72º CPC). No obstante lo anotado, debemos consignar que el Código Procesal Ciyil prevé otra forma singular para conferir representación en los procesos, cuando dice que en el primer escrito que se presente al proceso el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado que lo autorice las facultades generales de representación a que se refiere el artículo 74º, en cuyo supuesto no se requiere observar las formalidades del numeral 72º, pero sí que se designe el domicilio personal del representado y la declaración de éste de estar instruido de la representación o delegación que otorga y de sus alcances (Art. 80º CPC). Este es el denominado poder por escri to dirigido al Juez otorgado a favor del Abogado defensor. Esta forma de
conferir poder sólo se limita a las facultades generales de representación y no a las especiales reguladas por el artículo 75º del Código Procesal Civil, pues para este último caso se requiere observar las formalidades previstas por el artículo 72º del indicado ordenamiento procesal civil. Estas facultades generales se pueden conferir al Abogado defensor no sólo en el primer escrito que presente el litigante, sino también puede otorgarse en los escritos posteriores, cuando se presentan casos que lo justifican, como cuando hay cambio de abogado, cuando éste fallece, etc. En este punto cabe la siguiente interrogante: ¿Habrá incongruencia entre la disposición contenida en el artículo 80º del Código Procesal Civil y el numeral 290º de la Ley Orgánica del Poder Judicial? La primera norma señala la forma cómo se puede conferir representación general al abogado dentro del proceso, en tanto que la segunda, que ha sido modificada mediante la Ley Nº 26624 de 15 de junio de 1996, establece que en los procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley y que el abogado no requiere de poder especial para interponer medios impugnatorios en representación de su cliente. Pareciera que esta última disposición hubiera derogado implíc\tamente el artículo 80Q del Código Procesal Civil; sin embargo, Sl'Se. tiene en cuenta que la Ley NQ 26624 lo que ha modificado es un'artÍculo de la Ley Orgánica del Poder judicial y que la Décima Disposición Final del mencionado ordenamiento procesal civil prevé que las normas del Código Procesal Civil se aplican preferentemente respecto de las de la Ley Orgánica del Poder judicial, llegamos a la conclusión de que el artículo 80Q del Código sigue vigente y tiene lógicamente aplicación preferente respecto al artículo 290Q de la Ley Orgánica del Poder judicial. En todo caso, esta última norma será de aplicación en otros procesos distintos del proceso civil. Por consiguiente, el abogado, si no tiene poder general conferido conforme a las reglas del Código Procesal Civil (por escritura pública, por acta ante el juez o por escrito dirigido a éste) no podrá interponer válidamente, por ejemplo, recursos impugnatorios en un proceso civil. El abogado que ostenta poder conferido conforme al artículo 80Q del Código Procesal Civil está facultado para interponer recursos impugnatorios en nombre de su representado, no requiriendo para tal efecto de facultades especiales, pues el numeral 75Q del mismo cuerpo procesal no señala que para impugnar resoluciones se requiera de facultades expresas o especiales. En todo caso surge la siguiente interrogante: ¿El Abogado que no tenga poder conferido bajo las tres formas anotadas podrá válidamente impugnar resoluciones judiciales invocando el artículo 290Q de la Ley Orgánica del Poder judicial? Consideramos que en los procesos civiles no está facultado para impugnar. La sentencia en casación signada como Caso Q 1056, Lima (5), trata sobre estos tipos de poderes, estableciendo que el otorgamiento de poder al amparo del artículo 80º del Código Procesal Civil confiere facultades generales para intervenir en el proceso y autoriza válidamente interponer el recurso de apelación. No obstante lo regulado por el Código Procesal Civil (Art. 72º CPC), la Ley Nº 26789 ha establecido una formalidad para conferir representación procesal de las personas jurídicas reguladas en la Sección Segunda del Libro 1 del Código Civil, cuando dice que el administrador, representante legal o presidente del consejo directivo, según
corresponda, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas por los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil. por el solo mérito de su nombramiento inscrito en el registro correspondiente, salvo disposición estatutaria en contrario, debiendo al efecto -he aquí la formalidad- presentarse copia notarialmente certificada del documento donde consta el nombramiento inscrito, que puede constar en actas de sus organismos de gobierno. En estos casos, como se ve, no se requiere del otorgamiento del poder por·escritura pública, sino normalmente debe presentarse copia del acta de nombramiento del representante debidamente inscrito en los Registros Públicos. Hav que aclarar, sin embargo, que esta última norma sólo se refiere a las personas jurídicas reguladas por el Código Civil y no a las personas jurídicas (sociedades comerciales y civiles) reguladas por la Ley General de Sociedades, pues tratándose de estas últimas no se requiere de la inscripción en los Registros Públicos: señala esta norma que el gerente general o los administradores de la socie. dad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas por el Código Procesal Civil (debemos entender así en el presente comentario) por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario del estatuto U\rt. 14º LGS). En el orden práctico. empero. es recomendable la presentación del nombramiento correspondiente con su inscripción en los Registros Públicos.
Como complemento del estudio del tema de la fonnalidad en el otorgamiento del poder debemos referir que nuestro ordenamiento procesal civil exige su acepta(:Íón para el ejercicio de la representación. Por tanto debemos admitir que la aceptación del poder constituye también una formalidad para el ejercicio de las facultades conferidas en él. Esta aceptación puede ser tácita, como cuando el apoderado ejerce de hecho la representación haciendo uso de! poder conferido, o expresa, cuando el apoderado explícitamente acepta el ejercicio de la representación presentando un escrito en ese sentido. El Código Procesal Civil (Art. 71 º CPC) prevé que e! poder se presume aceptado por su ejercicio (se entiende que el poder ha sido conferido en e! país); si el poder ha sido otorgado en el extranjero -debidamente traducido, de ser e! caso-, debe ser aceptado expresamente por el apoderado en el escrito en que se apersona como tal (Art. 73º CPC). d) Facultades generales)' especiales que se pueden otorgar. Estudiamos en primer lugar cómo está regulado en nuestro ordenamiento procesal civil las facultades generales que se pueden conferir para intervenir en los procesos civiles y a continuación trataremos de las facultades especiales que se otorgan con los mismos propósitos. d ') El tema de las facultades generales está regulado por el numeral 74º del Código Procesal Civil. En primer término, hay que señalar que cuando un litigante otorga facultades generales confiere al representante las atribuciones suficientes para
intervenir y desanollar actos procesales en su nombre, excepto en los supuestos en los cuales la ley exige la presencia personal del litigante en su actuación o el ordenamiento procesal requiere de facultades especiales para su intervención. La representación general se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos. Esta representación, como está regulado en nuestro ordenamiento procesal ci\~l, legitima al representante para inten'enir en el proceso)' realizar todos los actos del mismo, con la limitación -ya lo hemos anotado- de los casos en los cuales el Código Procesal Civil exige la intervención personal y directa del litigante (Art. 74º CPC) o exige ostentar facultades .especiales. El Código establece también que a la audiencia de pruebas deberán concurrir personalmente las partes, los terceros legitimados y el representante del Ministerio Público, en su caso; que sólo si se prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, el juez autorizará a una parte a actuar mediante representante (Art. 203º CPC). Por otro lado, dicho ordenamiento, para determinados actos específicos, prevé que deben conferirse expresamente facultades especiales. El Código Procesal Civil estatuye que la represen tación judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas (Art. 74º CPC) o especiales. Se confiere facultades generales, por ejemplo: para presentar escritos señalando nuevo domicilio procesal; para presentar medios probatorios fuera de la demanda; para proponer oposiciones; para absolver traslados que no se refieran a la contestación de la demanda o de la reconvención; para tachar documentos; para solicitar medidas cautelares, etc. Es posible, finalmente, en cualquiera de las formas que hemos señalado, conferir las facultades generales y especiales de representación. d") Como se ha indicado, para determinados actos procesales específicos, el Código exige que el representante ostente facultades especiales. Se requiere del otorgamiento de facultades especiales, dice el Código Procesal Civil, para realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos -se entiende controvertidos- y para demandar, reconvenir, contestar demandas )' reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley (Art. 75º CPC). En este tipo de representación rige el principio de literalid~ en e! sentido que las facultades especiales tienen que conferirse a~ modo expreso e indubitable. Por ello, el Código Procesal Civil dice que no se presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente (Art. 75º CPC). El ordenamiento procesal civil establece que para poder disponer derechos sustantivos que-se debaten dentro del proceso se requiere de poder especial, esto es, debe el apoderado ostentar facultades expresas con esa finalidad (Art. 75º CPC). Por ejemplo, si dentro de un proceso se estuviera discutiendo el mejor derecho a la propiedad sobre
determinado bien, el apoderado, para enajenar ese pretendido derecho, debe estar premunido de poder explícito para ejercitar ese acto. En ese sentido, en el supuesto anotado, debe interpretarse la aludida previsión de! Código Procesal Civil. Igual ocurre si en un proceso se estuviera debatiendo la resolución del contrato de compraventa de un inmueble por falta de pago del precio por parte de! comprador. En estos casos lo que podría transferirse son derechos expectaticios sobre un bien, derechos materiales que se discuten en el proceso, pues, si se desestima la demanda respectiva, el comprador de esos derechos asume las consecuencias correspondientes. Lo que interesa es remarcar que para la enajenación respectiva se requiere de poder especial y no es suficiente el poder general. Sólo así podrá también producirse válidamente la sustitución procesal. El Código, igualmente, exige poder especial para demandar y reconvenir (Art. 75º CPC). La demanda constituye uno de' los actos procesales fundamentales, con la que e! proponente no sólo acciona para hacer valer su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, sino también plantea su pretensión procesal, con cuya admisión a trámite se va a generar el proceso y consecuentemente una relación jurídico-procesal entre actor y demandado. Igualmente, tratándose de la reconvención -en rigor, lo que se regula en nuestro ordenamiento jurídico-procesal bajo esa denominación es la contrademanda-, se señala que el deman~ dado también acude al organismo jurisdiccional ante el cual ha sido emplazado con la demanda haciendo igualmente uso de su derecho a la tutela jurisdiccipnal y proponiendo su propia pretensión procesal. La trascendencia de dichos actos ha conducido pues a nuestro legislador para estatuir tal rigurosidad para exigir que el apoderado que proponga una demanda o una reconvención esté premunido de un poder especial que confiera esas facultades. Es más, consideramos conveniente la anotada exigencia por las consecuencias que genera el proceso y que debe afectar necesariamente al poderdante o representado, en vista que la materia en controversia objeto de la decisión judicial, que en su oportunidad se va a revestir de la cosa juzgada, impedirá volver a replantearla en otro proceso. Se requiere de poder especial para contestar demandas J reconvenciones (Art. 75º CPC). La contestación de la demanda constituye un acto procesal trascendente del demandado, con la que el emplazado puede admitir el derecho reclamado, negarlo o contradecirlo. Como existe la posibilidad de afectar el derecho del demandante, es conveniente que el apoderado ostente poder específico para tales efectos. Igual explicación cabe tratándose de la contestación de la reconvención. Las excepciones que puede hacer valer el demandado son medios de defensa que se hacen valer contra la demanda propuesta por el actor. El Código Procesal Civil no señala de modo expreso que para deducir excepciones se requiere de poder especial, por lo que llegamos a la conclusión que para deducir válidamente esos medios de defensa, como también ocurre con las defensas previas, basta ostentar poder general. Igualmente, basta tener poder general para absolver válidamente el traslado que se confiere de las excepciones o las defensas preVIas deducidas.
En cuanto al desistimiento del proceso)' de la prelensióll el Código exige de poder especial (Art. 75º CPC). Nuestro ordenamiento procesal ci\il prevé el desistimiento del proceso, el cual da lugar a la conclusión del proceso sin afectar la pretensión procesal propuesta (Art. 343º CPC), lo que significa que el derecho material sustento de la pretensión queda incólume. Prevé el Código, asimismo, el desistimiento de la pretensión procesal, cuya aprobación produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada. Si bien en el primer caso el derecho material sustento de la pretensión procesal queda \igente, empero, con el desistimiento del proceso queda sin efecto el trámite que se ha seguido, con las consecuencias que podrían afectar los derechos del demandante. Por ejemplo: los gastos en que se ha incurrido en el proceso en que se haya desistido son asumidos por él; el transcurso del tiempo podría afectar su derecho material, pues si lo quisiera hacer valer nuevamente generando un nuevo proceso puede encontrarse con que su pretensión haya prescrito; etc. En el segundo caso, como se ha anotado, los efectos del desistimiento de la pretensión son fatales para el titular del derecho en debate. En ambos casos, por las razones anotadas, resulta justificable que el Código exija de poder especial para que el apoderado pueda realizar válidamente los mencionados actos de desistimiento. Para allanarse a la pretensión procesal se requiere igualmente de poder especial (Art. 752 CPC). El Código Procesal Civil regula el allanamiento y el reconocimiento a la demanda, de modo que en el primer caso el emplazado acepta la pretensión procesal dirigida contra él y en el segundo caso no sólo acepta la pretensión sino también admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta (Art. 330º CPC). El Juez declarará improcedente el allanamiento, ordenando la continuación del proceso, cuando el apoderado del demandado careciera de facultades para allanarse a la demanda en nombre del emplazado (Art. 332º, inc. 2, CPC), esto es, cuando careciera de facultad especial para realizar dicho acto. Declarado el allanamiento, si es procedente, e1Juez debe expedir sentencia, se entiende, amparando la pretensión procesal planteada. Dada esa trascendencia procesal resulta razonable .que el representante ostente poder especial.
Para celebrar conciliación sobre las pretensiones procesales en . controversia se requiere también de facultades especiales (Art. 75º CPC). La conciliación es una forma como termina el proceso sin que sea necesaria la expedición de la sentencia, siempre que se trate de derechos disponibles. La conciliación importa por tanto un acuerdo e implica disposición de derechos en conflicto, cuya consecuencia necesariamente afecta a la parte litigante. Ese hecho naturalmente justifica que el apoderado para conciliar válidamente debe tener poder especial.
Para transigir en un proceso sobre las pretensiones procesales en conflicto se requiere de facultades especiales (Art. 75º CPC). La transacción, que importa la resolución de un
conflicto por los propios contendientes, presupone concesión recíproca de derechos dentro de un proceso y debe versar sobre derechos patrimoniales que no afecten el orden público o las buenas costumbres. La transacción es una forma como puede terminar el proceso, sin que sea necesaria la expedición de la sentencia. Si la transacción importa disponer o conceder derechos patrimoniales dentro de un proceso es razonable que el apoderado ostente facultades específicas para tales actos. El sometimiento a arbitraje de pretensiones procesa/es en debate dentro de un proceso requiere que el apoderado esté atribuido de facultades explícitas para tal efecto (Art. 75º CPC). El arbitraje se concibe como una alternativa de solución de conflictos ajeno al sometimiento de la controversia a la decisión del poder jurisdiccional. Para someter un conflicto a la decisión arbitral el legislador ha visto por conveniente que el apoderado ostente de facultades especiales, lo que resulta razonable si se tiene en consideración los derechos que pueden ser obJ " de arbitraje, normalmente de orden patrimonial. l n asunto materia de la controversia dentro de un proceso puede ser lle\"ado a arbitraje si las partes en conflicto se ponen de acuerdo, y ~; esa decisión debe ser asumida por el apoderado, éste debe tener poder especial para tal propósito.
En los procesos es factible sustituir o dl'legor la representación procesal. La sustitución implica el cese de la representación sin posibilidad por parte del apoderado de reasumir la representación que ostentaba; en tanto que la delegación implica el cese de la representación pero con la facultad por parte del delegante para revocar y reasumir la representación. La actuación del apoderado sustituto o delegado (no del sustituido ni del delegante) obliga a la parte representada dentro de los límites de las facultades conferidas. La formalidad para conferir sustitución o delegación es la misma para otorgar poder (Art. ¡¡Q CPC). Para sustituir o delegar la representación procesal el apoderado requiere ostentar poder especial (Art. 75Q CPC). La naturaleza de la sustitución y de la delegación de la representación procesal justifica que el Código exija de poder especial. Más adelante tratamos con más amplitud estos institutos procesales (fil. El Código Procesal Civil estatuye finalmente que se requiere de facultades especiales "para los demás casos que exprese la ley" I (Art. 75Q CPC). Esta es una forma de legislar para prevenir otros supuestos que en el futuro se regule sin que sea necesario ampliar el texto del citado artículo 75Qo Empero, hay un caso en el cual se requiere de facultades especiales, no obstante no estar regulado expresamente por el artículo últimamente mencionado. Se trata del caso regulado por nuestro ordenamiento procesal civil cuando prevé que el emplazamiento con la demanda puede entenderse con el apoderado siempre que éste tenga facultad para ello y el demandado no se hallara en el ámbito de competencia territorial del Juzgado (Art. 4369 CPC). En efecto, una persona puede conferir poder especial autorizando a su apoderado para ser emplazado con demandas dirigidas contra él, que es diferente de la facultad especial que se puede conferir para contestar la demanda, justificándose ello por las necesidades que pueden tener las personas de confelir ese tipo de facultades. Si se tiene en cuenta los efectos
que produce el emplazamiento válido con la demanda (Ar1. 438º CPC) el demandado debe conferir facultades especiales a su apoderado para que pueda ser notificado válidamente con la demanda dirigida contra su poderdante.
Discrepamos con algunos estudiosos que sostienen que se requiere de poder especial para que un apoderado pueda intervenir en representación de su poderdante en la audiencia de pruebas. Para que un apoderado pueda intervenir en la audiencia de pruebas en nombre y representación de su poderdame lo que requiere es autorización del Juez, siempre que se produzcan hechos graves o justificables que impidan su presencia personal (Art. 203º, segundo párrafo, CPC), así tenga el apoderado poder especial para dichos efectos. Es que la inten:ención personal de la parte litigante en la audiencia de pruebas es fundamental para procurar llegar a la verdad real de los hechos y el principio de inmediación así lo determina.
e) Apoderado común. Hay procesos en los cuales una o ambas partes están conformadas por varias personas, como cuando se trata de copropietarios demandantes o demandados .. \quÍ tenemos la presencia del instituto procesal dellitisconsorcio. el que supone que en la situación de parte hay más de una persona.· En estos supuestos esas personas tienen que actuar en el proceso en forma conjunta (por ejemplo, presentando en conjunto el escrito de contestación de la demanda) o mediante apoderado común. Para este efecto todos tienen la obligación procesal de suscribir el escrito correspondiente o de nombrar un apoderado común. Si no lo hicieran, el juez les debe exigir la actuación en común o el nombramiento de apoderado común en el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de designarlo por ellos. La resolución· que contiene el nombramiento es título suficiente para acreditar la personería del apoderado común que representa a los litigantes que conforman una de las partes, el que necesariamente tiene que ser uno de los abogados (Art. 76Q, primer y segundo párrafos, CPC).
Nuestro ordenamiento procesal civil prevé que la negativa de una persona a la designación de apoderado común o a continuar siendo representada por él, es mérito suficiente para litigar por separado (Art. 76Q, tercer párrafo, GPC). Si se tiene en consideración que la designación de apoderado común se ha establecido para evitar la complicación del trámite del proceso si se permite que cada persona actúe separadamente -no obstante la comunidad de intereses- para autorizar a una persona litigar por separado el juez debe evaluar cuidadosamente las razones que se expongan al formular el petitorio, pues de lo contrario se estaría dando cabida a la dilación maliciosa del proceso por parte del litigante inescrupuloso.
La revocación que se hiciera del poder conferido a una persona o la renuncia que formulara el apoderado común designado no surte su efecto mientras no se designe uno nuevo y éste se apersone al proceso (Art. 76, cuarto párrafo, CPC). En tanto no se proceda a la designación del nuevo apoderado común el proceso tiene que paralizarse necesariamente. Este es un -caso en el cual el juez puede hacer uso de las facultades de impulso oficial del proceso que el Código le autoriza para de ese modo propiciar que el proceso cumpla con su finalidad, debiendo depender naturalmente de la naturaleza de la materia en con troversia.
fJ Sustitución)' delegación del poder. Sustitución)' sucesión procesal. Sustitución, en términos genéricos, significa acción de sustitución, es decir, poner a una persona o a una cosa en lugar de otra; en tanto que sucesión significa acción o efecto de suceder y .tiene una connotación semejante a la anterior, que podríamos sintetizar en el hecho de que una persona o cosa entra en lugar de otra o le· sigue a ésta.
Conforme al Código Procesal Civil el apoderado puede sustituir sus facultades o delegarlas, siempre que se encuentre expresamen te autorizado para ello (Art. 77º, primer párrafo, CPC).
[) En primer término, en relación a la sustitución del poder, debemos indicar que en los procesos civiles es posible que el demandante o el demandado confieran a su apoderado (al representante convencional) la facultad de nombrar un nuevo apoderado que lo sustituya en la actuación procesal, de modo que este nuevo representante voluntario actúe en nombre y representación de la parte litigante que ha otorgado la representación originaria. Esta facultad tiene que conferirse en forma expresa, lo que significa que el poderdante debe otorgar poder especial para tales efectos. Es que cuando se produce la sustitución del poder cesa la representación que ostentaba el primer apoderado y desaparece la posibilidad de reasumir la representación (Art. 77º, segundo párrafo, CPC). Puede, entonces, el primer apoderado, nombrar a su sustituto para que siga interviniendo en el proceso en nombre no de él, sino del poderdante titular del derecho en debate, actividad que procesalmente recibe la denominación de sustitución del poder, la que puede ejecutarse mediante acta ante el juez o por escritura pública (Art. 77º, último párrafo, CPC).
La actuación del apoderado sustituto en el proceso obliga a la parte representada dentro de los límites de las facultades conferidas (Art. 772, tercer párrafo, CPC).
f) Es posible que un litigante confiera a su apoderado la facultad de delegar en otra persona la representación para que actúe en el proceso en su nombre y representación, caso en el cual, conforme al Código Procesal Civil, el poder correspondiente debe ser expreso. Esto significa que la parte litigante debe conferir poder especial para tales efectos. La diferencia que se ha establecido entre la sustitución del poder y la delegación del poder es que en el primer caso el apoderado sustituido cesa en el encargo de la representación sin posibilidad de reasumirla, en tanto que en la deiegación de poder el delegante tiene la facultad de revocar la delegación y reasumir la representación del litigan.te (Art. 77º, segundo párrafo, CPC). En la sustitución como en la delegación de poder una persona que está investida de determinadas facultades de representación conferidas por cualquiera de las partes en litigio da a otra persona esas facultades para actuar en el proceso, siempre en representación del litigante, y lo que los diferencia es que en la sustitución no hay posibilidad de revocatoria para reasumir la representación y en la delegación sí hay esa posibilidad. La actuación del apoderado delegado (como el sustituto) obliga a la parte representada dentro de los límites de las facultades conferidas (Art. 77º, tercer párrafo, CPC). La formalidad para conferir facultades de delegación de poder, dice el Código, es la misma que se emplea para el otorgamiento del poder (Art. 77º, cuarto párrafo, CPC); empero, como lo hemos anotado, esas facultades tienen que otorgarse mediante la formalidad señalada por el numeral75º de nuestro ordenamiento procesal civil.
f') La sustitución del poder es diferente de la sustitución procesaL En un litigio, normalmente, las posiciones de demandante y de demandado (relación procesal) corresponden a los titulares de la relación jurídica substancial (relación material), que actúan ya sea en forma personal o mediante representantes legales o voluntarios. Sin embargo, hay supuestos en los cuales en lugar del titular del derecho comparece al proceso en curso un tercero, que actúa en interés propio. pero defendiendo el derecho del titular en debate. Ese tercero se constituye en parte dentro del proceso, es decir, en sl~eto de la rei~~ión procesaL cuya intervención puede ser consentida por el titular del derecho material o puede producirse contra su voluntad.
Unos ejemplos nos van a clarificar la exposición anterior.
De acuerdo a nuestro Código Ciyil, promoyido el juicio de evicción, queda el adquirente obligado a solicitar, dentro del plazo para contestar la demanda, que ésta (la demanda) se notifique al transferente que él designe (Art. 1498º CC). Si el transferente sale ajuicio ocupará el lugar del adquirente como demandado hasta la conclusión del proceso. pudiendo el adquirente, previa solicitud, coadyuvar en la defensa (Art. 1499º CC). Debemos entender por evicción el abandono que obligatoriamente tiene que hacer de la
cosa el adquierente de la misma, en todo o en parte, en virtud de una sentencia judicial dictada a instancia de quien resulta ser su legítimo dueño. El saneamiento consti~uye el efecto de la evicción, que importa obligar al que hizo la enajenación de demlver al adquirente el precio de la cosa perdida, indemnizar los gastos del contrato. los del proceso de saneamiento y los frutos, cuya restitución se le hubiere impuesto. El saneamiento por evicción presupone que la cosa que se ha vendido es ajena. En el ejemplo anotado el adquirente queda obligado a solicitar que se le emplace con la demanda al transferente del bien, quien al salir a juicio ocupará el lugar del adquirente que ha sido demandado por saneamiento por evicción. Ahí perfectamente advertimos la sustitución procesal, que se sustenta en que al defender el derecho del titular estará defendiendo también S~l propio interés. Otro caso es el regulado también por el inciso 4 y del artículo 1219º del Código Civil cuando establece que es efecto de las obligaciones autorizar al a~reedor para ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o par;,. asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohiba la ley. El acreedor, para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en eljuicio que promueva. En este supuesto, el acreedor, ante un deudor negligente e insolvente, tiene la facultad de plantear las demandas destinadas a lograr que reingrese materialmente en el patrimonio de su deudor lo que jurídicamente le corresponde, naturalmente, en el entendido de que en esa forma la acreencia del demandante será satisfecha como consecuencia del éxito que logre en el proceso. AquÍ también se configura la sustitución procesal, donde el acreedor se sustituye al deudor generando un proceso o interviniendo en el promovido. En estos dos ,ejemplos, como se ha indicado, no se necesita que se produzca el otorgamiento de poderes o se genere la· sustitución de poderes. En todo caso, la ley confiere tales facultades a determinadas personas que ella misma señala. SUSTITUCION PROCESAL (0)
l. CONCEPTO
Ya hemos señalado en el capítulo anterior la distinción entre sucesión procesal y sustitución procesal, pudiendo rescatarse de tales líneas la extensión del concepto que comenzamos a analizar. PAlAQO define la sustitución procesal señalando que se da "cuando la ley habilita para intervenir en un proceso, como parte legítima, a una persona jurídicamente vinculada. por un derecho o una obligación de garantía, a uno de los partícipes de dicha relación", con lo que queda dicho que la sustitución en lo procesal requiere la interdependencia de dos intereses clarame11le diferenciados: por un lado el del sustituido, que se nos aparece como titular de una relación jurídica subyacente con
otra persona, y por el otro el sustituyente que, en virtud de la ley, podrá intervenir en el proceso iniciado entre los anteriores como parte legítima y en reemplazo del primero. CARNELtJlTI, en el marco de la doctrina italiana, explica este fenómeno de la interdependencia de intereses que sirve de base a la sustitución procesal: "El principio a tener en cuenta es el de la interdependencia de intereses. Que el derecho de alguien sea respetado, puede ser útil, no sólo a él, sino también a otros, en el sentido de que la satisfacción de un interés de estos otros dependa de dicho respeto. Toda una serie de instituciones procesales enra'ízan en este principio. Muy característico es el caso del acreedor, hace poco mencionado: el manufacturero puede pagar a quien le ha proporcionado la materia prima, si su cliente le paga lo manufacturado, y, por consiguiente, que el crédito del primero sea satisfecho no es sólo un interés suyo, sino también de su proveedor. Imagínese, en otro sentido, la hipótesis de quien haya contraído dos matrimonios con dos personas vivas; es indudable que una de éstas tiene, junto a él, interés en la nulidad del matrimonio por él c011lraído con la otra. He aquí hipótesis en las que se comprende por qué una persona pueda afirmar y hacer valer en juicio el derecho de otra". GA.Lo\.'>iANDREJ distingue la legitimación normal de la anormal. "Mientras normalmente -señala- en los sujetos de la relación sustancial coincide la legitimación ad causam activa y pasiva (legitimación normal), cada vez más numerosos son en las legislaciones modernas los casos de legitimación anómala, en que el poder de provocar la providencia judicial sobre una relación sustancial, es atribuido a personas (o contra personas) distintas de los titulares de la relación misma. Esta excepcional escisión entre el derecho y el poder de hacerla valer enjuicio, se verifica, ~Qr ejemplo, en los casos de legitimación por categoría, en que e i"l0der de accionar para modificar judicialmente una cierta relaciÓn o status corresponde a personas pertenecientes a un determinado círculo familiar o social, distintas de las que son directamente partícipes de la relación controvertida: otro ejemplo de legitimación anómala es precisamente el de la sustitución procesal, la cual sin embargo, se distingue de las demás figuras que entran en este más vasto fenómeno, por valer en juicio el derecho de! sustituido. En efecto, e! sustituto procesal está legitimado para hacer valer en juicio e! derecho ajeno, porque entre él y el sustituido existe un relación o situación de derecho sustancial en virtud de la cual, a través del ejercicio del derecho del sustituido, el sustituto viene a satisfacer un interés individual suyo propio". Con estas aclaraciones, la idea de sustitución procesal gira sobre algunos pivotes que claramente emergen en el análisis del concepto: dualidad de intereses, legitimación anómala y ejercicio de un derecho ~eno por interés propio, todo en virtud de un mandato legal. La dualidad de intereses ha quedado debidamente explicitada en las líneas anteriores, y en la diferencia con la sucesión procesal. Ratifiquemos solamente para una mejor profundización del concepto, que la presencia del interés del sustituyente no excluye la presencia del interés del sustituido: he aquí la mencionada idea de dualidad que se debe remarcar.
La legitimación anómala, según la clara terminología de CAlA\-IANDRE!, es característica de la sustitución, toda vez que el derecho (legitímatio ad causam) aparece luego de la sustitución, ejercido por quien no es su titular, sino por un tercero. Por ello lo de anómala, aunque bien cabe ratificar que ese tercero no es absolutamente ajeno a tal derecho: no es su titular, pero su ejercicio le interesa en defensa propia. En virtud de ese interés jurídicamente relevante, la ley por ello lo de mandato legal-le faculta a ejercer enjuicio un derecho que le es ajeno. A modo de resumido concepto, señalamos que la sustitución procesal implica la legitimación de un tercero ajeno al proceso, pero interesado en su resultado, para ejercer la acción o la defensa en el mismo en \-;rtud de un mandato legal.
2. SUSTITUCIÓN y REPRESENTACIÓN
"Mientras el representante hace valer en juicio un derecho ajeno en nombre ajeno (es decir, un derecho del representado a nombre del representado), el sustituto hace \'aler en juicio un derecho ajeno en nombre propio (es decir. un derecho del sustituido, en nombre del sustituto); lo cual significa. que, mientras en la representación parte en causa es el representado y no el representante, en la sustitución es parte en causa el sustituto, no el sustituido". "La sustitución procesal se diferencia -dice MICHELl- por consiguiente, de la representación, en cuanto no sólo el sustituto obra en nombre propio, sino en interés propio o, en general, por aquel interés del que es portador". Además de la cuestión referente a.la posición procesal que ocupa cada uno -el sustituto es parte que actúa en nombre propio, el representante no es parte, sino el representado-, es dable también señalar que la representación puede ser voluntaria o necesaria, mientras que la sustitución reconoce su origen exclusivamente en un mandato legal y, por último. el representante no sufre los efectos de la sentencia, en cuanto a que la cosa juzgada no lo abarca. Ya veremos en su momento que la sentencia engloba a ambos sujetos en caso de sustitución. 3. ClASES DE SUSTITIJCIÓN Según sea la visualización del tema, existen diversos tipos o clases de sustitución que conviene sel1.alar: a. Se habla de sustitución activa para conceptual izar a aquella en la cual el sustituto inte'lJone la pretensión en lugar del sustituto, actuando consecuentemente en el rol de actos (v. gT., acción subrogatoria). En cambio, con el róullo de sustitución
pasiva se engloban los supuestos en los cuales el sustituto reemplaza al sustituido en el rol de demandado. b. La clasificación antes señalada tiene relación con otra, que distingue la sustituci.ón originaria de la sucesiva, según que se produzca en la iniciación del proceso o en el decurso de éste. c. También se subdivide la sustitución en espontánea o provocada, según que el fenómeno procesal se produzca a instancias del sustituto, quien se apersona al proceso a tales efectos, o bien por convocatoria del sustituido. y. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la clasificación más importante es la que distingue la sustitución absoluta o total 'de la relativa o parcial. En sentido estricto, es la sustitución absoluta o total la que corresponde al fenómeno procesal de la sustitución, pues en ella el sustituto desplaza completamente al sustituido en el marco del proceso. En cambio, la sustitución relativa o parcial donde el sustituto actúa juntamente con el sustituido, constituye un caso de transformación que analizaremos oportunamente, e. No se puede dejar de mencionar la distinción que hace Podetti: sustitución procesal como facultad del sustituto, en el cual éste decidirá su participación en función exclusi\'amente de obtener un beneficio (v. gr., acción subrogatoria) sin que su omisión le ocasione un peIjuicio, y sustitución procesal como carga, imperativo del propio interés. "pues persiguen liberarse o hacer menos onerosa una obligación propia". 4. EL SUsnTUTO PROCFSAL FS PARTE EN EL PROCFSO Es éste un aspecto esencial del tema que estamos tratando, puesto que ya en el supuesto estricto de sustitución, como es la sustitución absoluta, donde el sustituto reemplaza, excluyéndolo. al sustituido, como en los casos de transformación, el sustituto es parte en el proceso, 5. EFEeros DE lA SENTENCIA EN CASO DE sUSrrruCJÓN Si bien como principio básico es dable señalar que en caso de sustitución. tanto espontánea como provocada, la sentencia a dictarse se extiende a ambos sujetos, es indudable que debemos remitimos a cada figuraen particular, y que ya hemos tratado, donde surgirán especíJ~6amente los efectos de la sentencia. f''')La suceswn procesal es otro instituto regulado novedosamente por el Código Procesal Civil. Para conocer su naturaleza y sus alcances, en vista de que no existe una exposición de motivos del Código, hay que recurrir al examen literal de las normas pertinentes. La sucesión procesal tiene lugar cuando una persona que es parte en el proceso, por razones voluntarias (por ejemplo, la transferencia de la cosa litigiosa) o por razones ajenas a la voiuntad (como el fallecimiento del litigante), deja su calidad de parte en e! proceso a otra, quien asume la titularidad del derecho en debate y adquiere
plenas facultades para intervenir en el proceso, es decir, adquiere las atribuciones de actuar en su propio nombre y por derecho propio. Supongamos que en un proceso en que se debate el mejor derecho a la propiedad de un inmueble, el demandante transfiere los derechos y acciones sobre la cosa litigiosa a favor de un tercero; en este caso, el adquirente asume no sólo la titularidad de! derecho en debate, sino también la calidad de demandante. Esta sucesión normalmenté se produce tratándose de derechos patrimoniales, pues no tendrá lugar tratándose de derechos intuitu personae, como es el caso de una demanda de divorcio. Depende de la naturaleza de la pretensión procesal en controversia. Igualmente, como consecuencia de la muerte del actor, quienes asumen la misma posición que tenía el fallecido en el proceso y la calidad de titulares expectaticios del derecho material en debate son sus sucesores declarados testamentariamente o mediante resolución judicial, dependiendo también de la naturaleza de la pretensión procesal. El Código Procesal Civil establece que por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso al reemplazado como titular activo o pasivo del derecho discutido (Art. l08Q, primer párrafo, CPC). En principio, al fallecimiento de una persona física, le sucede en el derecho discutido el heredero designado testamentariamente o establecido mediante e! trámite de la sucesión in testada. El Código Civil establece que desde el momento de la muerte de una persona los bienes. derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores (Art. 669º CC). Se presenta la sucesión procesal cuando fallecida una persona que sea parte en ~tproceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario (Art. 108º, inc. 1, CPC). Sucesor es el heredero de una persona fallecida. El heredero puede instituirse mediante testamento, que es el instmmento mediante el cual una persona dispone de sus bienes, totalo parcialmente, para después de su muerte y ordenar Sil propia sucesión dentro de los límites de la ley (Art. 686º CC). En el caso en que no se hubiera instituido heredero mediante testamento se recurre al procedimiento de la sucesión in testada. En este caso la herencia corresponde a los herederos legales, a cuyo procedimiento se acude no sólo cuando el causante muere sin dejar testamento, sino también en los demás supuestos fácticos que señala el numeral 815º del Código Civil. En estos casos la falta de comparecencia de los sucesores determina que se nombre por el Juez, a petición del interesado, al curador procesal con quien continuará el desarrollo del proceso (Arts. 61 Q Y 108º, sexto párrafo, CPC) . . También se presenta la sucesión procesal cuando al extinguirse o fusionarse una persona jurídica sus sucesores en el derecho discutido comparecen y continúan el proceso (Art. 108º, inc. 2, CPC). No entendemos cómo se presentaría el supuesto de que una persona jurídica al extinguirse tenga sucesores. Da la impresión de que en el texto del Código se ha utilizado indebidamente la conjunción disyuntiva "o". Lo que el legislador quiso decir, se infiere, es que la sucesión procesal puede producirse cuando una persona jurídica se extingue por' fusión. Por ejemplo, puede darse el caso que una persona jurídica que es parte en el proceso se fusione a otra; en este caso la entidad
absorbente asume la titularidad del derecho controvertido y se constituye en sucesora de la entidad litigante extjnguida; esta persona jurídica sucesora tiene que apersonarse al proceso. Es que el patrimonio de la persona jurídica que se fusiona a otra incorpora su patrimonio a ésta y, si ello es así, la entidad absorbente asume e! acti\o v el pasi\'o patrimonial, encontrándose dentro de ellos el derecho controvertido en un proceso, hecho que justifica la intervención de la en tidad absorben te como sucesora de la persona jurídica extinguida. Aquí un tema de reflexión: ¿Una personajurídica que tiene un derecho patrimonial en discusión en un proceso podrá extinguirse? Consideramos que no. En todo caso, la persona jurídica que tiene patrimonio se liquida o si ha cumplido con su objetivo se da por terminada. En el supuesto previsto en el párrafo anterior, así como en e! supuesto regulado por el inciso 1 del aludido artículo 108º del Código, si no comparecen los sucesores se tiene que nombrar curador procesal para la continuidad del proceso. Se presenta, igualmente, la sucesión procesal cuando el adquirente por acto entre vivos de un derecho discutido sucede en el proceso al enajenante, qlie supone la adquisición de la titularidad de! derecl10 en debate. Esta enajenación se produce mediante un acto jurídico, oneroso o gratuito, nominado o innominado; puede producirse, por ejemplo, una cesión de créditos o la cesión de la posición contractual, que son también mecanismos de transmisión de derechos y obligaciones. En este supuesto, el Código prevé una regla especial, pues la parte contraria puede oponerse no a la sucesión sino al apartamiento del litigante originario, caso en e! cual el enajenante debe mantenerse en e! proceso como litisconsorte de su sucesor (Art. 108º, inc. 3, CPC). Hay casos en los cuales el litigante recurre a la enajenación del derecho en controversia para evadir su declaración personal ofrecida por su contrario. Con la regla anotada se evita que los litigantes inescrupulosos acudan a la anotada maniobra. El Código Procesal Civil consigna en forma un tanto vaga e ininteligible otro supuesto de sucesión procesal cuando dice que se produce esta figura en el supuesto que el plazo del derecho discutido vence durante el proceso y el sujeto que adquiere o recupera el derecho sucede en el proceso al que lo perdió (Art. 1 08º, ine. 4, CPC). No se en tiende si se refiere al plazo de prescripción, al plazo de caducidad o a otro tipo de plazo. No encontramos un caso práctico que se subsuma dentro de la anotada norma para explicar su sentido, por lo que llegamos a la conclusión que se trata de una norma inútil. La última parte del numeral que comentamos establece que será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes perdió la titularidad del derecho discutido (pongamos, transfiere sus derechos y acciones del derecho controvertido). Si transcurridos 30 días de la fecha en que se produce la pérdida de la titularidad del derechQ no comparece el sucesor al proceso éste seguirá con un curador procesal nombrado a pedido de parte (Art. 108º, último párrafo, CPC). Se infiere que el proceso tendrá que paralizarse hasta que el sucesor se apersone a la causa o hasta que se apersone el curador procesal nombrado. Con la previsión contenida en la última parte del mencionado artículo carece de sentido la regulación contenida en el sexto párrafo de dicha norma.
Como corolario de lo expuesto debemos anotar que la transferencia de un derecho que se discute en juicio obliga la incorporación del sucesor al proceso en reemplazo de la parte Oliginaria. incorporación que interesa a ambas partes, la que dependerá de la posición que ostente en relación a la pretensión procesal en debate. El juez, en su caso, al recibir el escrito de apersonamiento, determinará el tipo de sucesión que se invoca y luego emitirá la resolución incorporando o no al solicitante, actividad que implica establecer la legitimidad del tercero para intervenir en el proceso, denominada por algunos estudiosos legitimidad derivada, pues la sucesión procesal importa en el fondo la intervención de un tercero en el proceso. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
SUCESION PROCESAL 1°)
l. CAMBIO DE PARTES
Si bien quienes participan en un proceso e individualizan de tal manera la relación procesal nprmalmente permanecen en el ambi\'alente carácter de actor y demandado hasta su finalización, no se puede sostener que e~((' regla es absoluta. Ante determinadas situaciones, puede variar la identidad de las partes, ya sea estrictamente por el cambio del sujeto que la integra por otro. o bien por adición -de slljl'lO singular a sujeto múltiple- o por detracción -de sujeto mllltiple a sujeto singular-. Este fenómeno no pasa desapercibido para las legislaciones procesales que, en mayor o lnenO( medida, lo contemplan. A su vez, dentro del marco genérico del denominado cambio de partes, abarcador de todos los supuestos de mutaciones que describimos, resulta imprescindible distinguir diversas categorías que comprenden diferentes situaciones,
2. SUCESIÓN PROCESAL
"En términos generales -dice ¡' ..o. LAClo- cabe hablar de sucesión procesal siempre que, a raíz d.t: la extinción, pérdida de legitimación o modificación SllSt~H1( ¡al
producida en la composición de una de las partes, ésta c., reemplazada en el proceso por una persona distinta", conccfJLO que no se puede escindir de la norma genérica del arto :~:'l(j2 del Cód. Ci\'. [argentino]. según la cual "las personas
En consecuencia, bien se pueden señalar como caracteres específicos de la sucesión procesal, dos aspectos: en primer lugar, una de las partes en el decurso del proceso sufre una variación importante en su esencia (extinción, pérdida de legitimación o modifií..ación sustancial), y en segundo lugar, como consecuencia de tal cirL'.;lnstancia, se produce su reemplazo por una persona distinta que anteriormente permanecía ajena al proceso en cuestión. Coexisten dos tipos de sucesiones procesales -a título universal y a título singular- que luego analizaremos.
3. SUCESiÓN A TÍTULo UNIVERSAL
El arto 43 CPN [Código Procesal de la Nación argentina] señala, bajo e! útulo de "Muerte o incapacidad": "Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado e! hecho, el Juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el art. 53, inc. 5". Obvio resulta señalar que el presente arúculo se limita a las personas físicas que actuaren personalmente en el proceso, y que se contemplan dos supuestos diferentes: uno de ellos, la muerte de la parte que actúa personalmente; el otro, la incapacidad de la misma. La muerte de la parte que actúa personalmente motiva un supuesto de sucesión a título universal, no así la incapacidad donde la parte sigue siendo la misma, pero carente en aptitud para realizar personalmente actos procesales válidos. Comprobado fehacientemente el fallecimiento de una de las partes que actuare personalmente en el proceso, el Juez debe proceder conforme lo señala e! arto 43, suspendiendo el mismo y ordenando la citación de los herederos o e! representante legal. Como principio entonces, valga desde ya afirmar que la muerte de una de las partes no lleva.automáticamente a la extinción del proceso, el que continuará tramitándose con los herederos o representantes legales. Este principio general reconoce· algunas excepciones en aquellos procesos en que alguna de las partes
asume tal entidad que constituye la razón de! mismo, v. gr., la muerte del que debe ser declarado interdicto o inhábil, sin peIjuicio de que aun en estos casos, ya los efectos de dilucidar cuestiones incidentales, el proceso continúe.
Para ello el magistrado debe selialar un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos.
No varía el principio porque se trate de una parte que haya sido declarada rebelde, quien también debe ser citada. Se ha de recordar que el rebelde, según lo establece el arto 64 CPl"\, puede comparecer en cualquier momento del proceso sin que éste se pueda retrogradar. En tal caso, cesará el procedimiento en rebeldía y será tenido como parte, por lo que no existe razón para obviar la citación de sus herederos. La citación a los herederos o al representante legal se debe hacer bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el supuesto de domicilio conocido y citación directa; y de nombrarles defensor si fueren citados por edictos por desconocerse su domicilio. El término heredero que utiliza el art. 43 debe ser entendido en sentido amplio. como sinónimo, pensamos, de sucesor monis causa.
Doctrinariamente se ha afirmado que en nuestro derecho "hay dos clases' de sucesores mortis cau.sa: los herederos y los legatarios. Los primeros son sucesores universales. continúan según el concepto romano, la persona del causante. tienen derecho a acrecer eventualmente, responden ultra virl!S. Los legatarios en cambio. son sucesores singulares, no confunden su patrimonio con el del causante ni continúan su persona, su responsabilidad por las deudas de aquél se limita al valor de la cosa legada". A ello cabría agregar la figura del legatario de parte alícuota, cuyo carácter de sucesor universal ha suscitado opiniones dispares, pero a quien se le ha reconocido la posibilidad de intervenir en el proceso sucesorio en carácter de parte. Distinciones aparte, y a los efectos del art. 43, creemos que todos ellos son herederos en el sentido amplio del término consecuentemente deben ser citacos.
El representante legal a que hace mención el artículo es el administrador de la sucesión (CPr\". art. 709).
A su vez, mientras dure el estado de indivisión de la herencia, todos los herederos. con la extensión que le hemos dado al arúcu]o. se hallan legitimados para intervenir en calidad de parte en el proceso de trámite. Producida la división yaprobada la partición, la legitimación se desplaza hacia el heredero adjudicatario del derecho o el objeto en litigio.
Consecuentemente, contra la actuación en el proceso de herederos no adjudicatarios con poste¡;oridad a la partición es procedente la excepción de falta de legitimación para obrar (CPr\", art. 347, inc. 3) que emerge manifiestamente. El heredero no adjudicatario en la cuenta panicionaria del bien litigioso. carece de legilimalio ad causam. El heredero inten'iniente en el proceso lo toma en el estado en que se encuentra teniendo plena yalidez los actos procesales anteriores, y actúa con los mismos derechos y obligaciones que la parte primitiva, con la sola excepción del arto 356, ine. 1, CPl\. La intervención del heredero en el proceso tampoco altera la competencia del juez interviniente en la causa, salvo el único supuesto en que la sucesión se realice en la persona del demandado y se trate de una pretensión personal, en cuvo caso funciona el fuero de atracción del sucesorio (Cód. Civ., art. 3284).
Senala PODETI]: "También puede influir la sucesión procesal en la excepción de arraigo. Así. se ha exigido arraigo, y se produce la sucesión del st0eto a quien le fue exigido, por quien esti domiciliado en el lugar donde tramita el pleito, el arraigo no procede".
Por último. "alga senalar que la suspensión del tramite como decisión judicial por la muerte de una de las partes interrumpe el término para la perención (CPl\, arto 311), puesto que se trata de un claro supuesto de susp<;nsión por disppsición del juez que contempla el mencionado artículo. Tal suspensión del término de la perención se debe computar a partir del decreto que ordena la suspensión del p¡;ncipal hasta la notificación de la reanudación del proceso ya por comparendo de los herederos, por declaración de rebeldía, o por nombltlmiento de defensor, en su caso.
Sucesión de personas dr pxislmcia ideal.- El art. 48 del Cód. Civ., texto ordenado por la ley 17.711, explica: "Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar:
1) por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros. aprobada por la autoridad competente;
2) por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización. o porque sea imposible e! cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;
3) por la conclusión de los bienes desúnados a sostenerlas. La decisión administraú\"a sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos previstos en el art. 45. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida". Un supuesto de sucesión de persona de existencia ideal se da en los casos de absolución, fusión o transformación de sociedades.
4. SUCESIÓN A TITULO PARTICUlAR
El CP1\', siguiendo la distinción realizada por ALSINA, titula o. Sustitución de parte o.. en su arto 44, el supuesto que, en rigor, contempla la sucesión a título singular o particular. En tal sentido seI'iala: "Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeLO del litigio o cediere el derecho reclamado. el adquiriente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerla en la calidad prevista por los arts. 90, inc. 1 y 91, primer párrafo". El ano 28 del CPSF [Código Procesal de la Provincia de Santa Fe] dice: "Si durante la tramitación de! proceso cambia la persona a la cual pertenece el interés en 'liús' por otro título que no sea la muerte o exúnción de aquella, la que intef\~no al comienzo conservará su calidad de parte y sus obligaciones en e! pleito seguirán siendo las mismas, salvo expresa conformidad de la contraria. El cesionario podrá actuar siempre como tercero coadyuvante".
Surg~desde ya, y conviene remarcarlo en primer término, una diferencia esencial entre la sucesión universal y particular, además de las ya señaladas: nótese que en la sucesión universal, la mutación sujeto que actúa en calidad de parte por un tercero en principio ajeno y que es convocado por su carácter de heredero, no depende del consentimiento de la contraparte. En la sucesión a título particular, y,ello es señalado expresamente por las normas citadas, para que se produzca tal variación subjetiva es
imprescindible la conformidad de la parte adversaria, con la cual se debe sustanciar el pedido. Con esta facultad que la ley reconoce a la contraparte, y que al decir de MICHELI, comentando el art. 111 del Código de Procedimiento Civil italiano, "se inspira en la exigencia de no empeorar la posición de la parte en causa cuando en el curso del proceso se verifique una sucesión a título particular", puede la misma controlar la legitimidad de la transmisión de la cosa o el derecho litigioso.
Sin embargo, creemos que cabe distinguir la entidad de la eventual oposición según se trate de sucesión a título particular del actor o del demandado. Si la sucesión lo es en la persona del actor, la oposición del demandado debe, a nuestro entender, ser fundada. y sus fundamentos eventualmente contra· dichos por el actor primitivo y.el que pretende intervenir en el proceso, por trámite incidental. En cambio, sólo con la conformidad expresa del actor se puede reemplazar al demandado en causa. No es carga del actor. a nuestro entender, formular oposición expresa y menos fundarla, sino que impide el ingreso del tercero con sólo no prestar tal conformidad requerida.
5. ROL DE LOS INTERVINIENTES EN I.A SUCESIÓN A TITULO PARTICULAR
El rol que asuma cada uno de los intervinientes en los supuestos de sucesión a título particular depende pnmordialmente del consentimiento expreso prestado por la contraparte. En tal sentido. si la contraparte presta su consentimiento expreso. en los términos que señalamos en el punto anterior, el tercero que accede al pleito (sucesor) se convierte en parte y reemplaza en tal rol a la parte originaria (sucedido) que queda así fuera del pleito. Es un caso típico de sucesión a título particular.
En cambio, si la contraparte no presta conformidad para la mutación de parte que se pretende, la parte originaria debe continuar en el trámite, y el que pretendía ingresar en el proceso en carácter de sucesor, ante tal impedimento, puede actuar como coadyuvante adhesivo simple en el procedimiento nacional (art. 90. inc. 1) o como coadyuvante autónomo en el procedimiento santafecino (CPSF, arto 302).
Efecto de la sl'ntencia.- Cualquiera haya sido la situación procesal de los intervinientes, que depende como vimos de la conformidad de la contraparte, la sentencia a dictarse los alcanza a todos. Por de pronto, ninguna duda cabe de su extensión hacia las partes
en el proceso en que se ven directamente alcanzadas por los efectos de la sentencia. En cuanto a los terceros, tanto coadyuvante simple como autónomo. ya en su oportunidad hemos analizado la extensión del decisol;o y a ello nos remitimos.
g) Cese de la representación procesal. La representación judicial (hay que entender que se refiere a la representación voluntaria), dice el código adjetivo, termina por las mismas razones que causan el cese de la representación o del mandato (Art. 782 CPC), que está estatuido por el código sustanúvo. El ordenamiento procesal civil, en efecto, nos remite a las reglas del cese de la representación o del mandato regulados por el Código Civil (Arts. 1452 y ss., y 18012 CC). A modo de ejemplo anotamos los siguientes supuestos que pueden dar lugar al cese de la representación voluntaria en los procesos: la revocatoria por parte del representado del poder conferido; la renuncia formulada por el representante del poder que se le ha conferido; la muerte, interdicción o inhabilitación del representado o del apoderado; etc.
Cabe anotar que la ejecución de un acto procesal por el representado no importa ni supone la revocatoria del poder conferido, salvo que el representado expresamente lo decida, normalmente, mediante escrito presentado al Juez o por acta an te él (Art. 78Q CPC).
En todo caso de finalización de la representación que se origine en la decisión del representado, cualquiera que fuera la causal de cese (verbi gratia, median te la revocatoria del poder), la cesación sólo surtirá efectos desde que la parte litigante comparece al proceso por sí o por medio de nuevo apoderado, con independencia de la fecha o de la forma en que el cese le haya sido comunicado al anterior apoderado (Art. 79Q, primer párrafo, CPC). Así debe interpretarse la norma en atención a que sólo la parte que tiene capacidad procesal puede conferir represen tación convencional. Cuando el cese de la representación pr~cesal se origina en la decisión del apoderado, cualquiera que fuera la razón -por ejemplo, la renuncia a ejercer el poder conferidosurte efecto cinco días después de haber sido notificado personalmente el representado u otro cualquiera de sus apoderados, cuando el litigante hubiera nombrado varios apoderados, bajo apercibimiento de continuar el proceso en su rebeldía (Art. 79Q, segundo párrafo, CPC). Este es un caso especial en el cual el Código prevé la posibilidad de que el Juez ordene la continuación del proceso en rebeldía de la parte litigante cuando éste no nombra a su nuevo apoderado, en vista de la renuncia que hubiera formulado el anterior apoderado.
El Código Procesal Civil señala, con relación al cese de la representación, que el proceso se suspenderá por un plazo máximo de 30 días, mientras se designa representante o surador (An. 79, tercer párrafo, CPC). Los casos que señala el Código son e los siguientes: en caso de muerte o de declaración de ausencia, incapacidad sobrevenida del representante o del apoderado nombrado, remoción o cese de nombramiento del representante legal de un incapaz y circunstancias análogas. Así debe interpretarse la norma. No podemos descartar que el representado sufra también de alguna de las eventualidades anotadas. 1'\adie, por ejemplo. puede seguir siendo apoderado de un demandante fallecido, de un curador de incapaz demandante cuyo nombramiento haya cesado.
C) La representación judicial en el Código Procesal Civil. AquÍ se trata de casos en los cuales compete al juzgador la designación de la persona a quien, en determinadas situaciones, corresponde la representación de otra. Es obvio, como lo hemos indicado precedentemente. que en tales supuestos la autoridad judicial opera en base a una norma legal previamente dada. Eljuzgador es pues quien elige al representante, lo que naturalmente le impone responsabilidad en el nombramiento. Nuestro ordenamiento procesal.civil prevé varios supuestos en los cuales el Juez debe nombrar a un representante para intervenir en el proceso en nombre y representación de determinadas personas. He aquí algunos casos que sei1ala nuestro código adjetivo:
a) Cuando el incapaz relativo no tenga representante legal o éste estU\~era ausente o sUlja la necesidad de comparecer en un proceso, lo expondrá así aljuez para que le designe ctIrador procesal o confirme al designado por él, si lo considera idóneo (Art. 66º, ine. 1, CPC).
b) Cuando la demanda se dirija contra un incapaz que carece de representante o éste se halle ausente. el Juez le nombrará un curador procesal o confirmará el propuesto por el incapaz relativo, si lo considera idóneo (Art. 66º, ine. 2, CPC).
c) El juez nombrará curador procesal para el incapaz que pretenda demandar a su representante legal, o que sea demandado por éste, o confirmará el propuesto por el relativamente incapaz, si fuera idóneo (Art. 66º, inc. 3, CPC).
d) También se procederá al nombramiento de curador procesal cuando el juez advierta la aparición de un conflicto de intereses entre el incapaz y su representante legal, o confirmará el propuesto por el incapaz relativo (Art. 66º, inc. 4, CPC).
D) Intervención oficiosa en los procesos. Nuestro ordenamiento ~,~dico procesal civil regula la figura procesal de la procura~ión oficiosa, permitiendo la comparecencia en nombre de personas que no tienen representación judicial siempre que concurran determinados supuestos, como el caso de un ausente del país (Art. 81 º CPC). El Código hace referencia a la carencia de la representación jU9icial, pero hay que entender que se trata de la carencia de la represen tación legal, convencional y judicial en rigor. Una persona, por ejemplo, puede válidamente apersonarse a un proceso seguido contra otra -que supongamos no tuviera representación conferida con poder suficiente a favor de tercero y que se hallara fuera del país- para defender sus inte~ reses en el proceso. El Código, en determinados casos, concede legitimidad para intervenir en e11itigio en representación de quien no tiene ningún tipo de representante. En estos supuestos el Juez debe examinar cuidadosamente la legitimidad para obrar del tercero. Señalemos a continuación esos supuestos:
a) Se puede comparecer al proceso en nombre de persona de quien no se tiene representación siempre que concurran los siguientes supuestos fácticos: que la persona por quien se comparece se encuentra impedida dé hacerlo por sí misma, estuviera ausente del país, tenga razones fundadas de temor o amenaza, se trate de una situación de emergencia o de inminente peligro o cualquier otra causa análoga, a condición de que se desconozca de la existencia de representante con poder suficiente, tratándose, se supone, de personas naturales capaces, (Art. 81 º, inc. 1, CPC).
b) Se puede comparecer al proceso en nombre de persona de quien no se tiene representación cuando la parte contraria lo pida, caso en el cual el procurador oficioso prestará garantía suficiente a criterio del Juez de que su gestión será ratificada por el procurado (representado) dentro de los dos meses siguientes a la comparecencia de éste. Si no se produce la ratificación se declarará concluido el proceso y se podrá condenar al procurador al pago de daños y perjuicios, así como a las costas y costos, siempre que, a criterio del juez, la intervención oficiosa haya sido manifiestamente injustificada o temeraria. Se presume con carácter absoluto la ratificación de la procuración cuando el interesado comparece por sí o debidamente representado y no rechaza expresamen te la actuación del procurador. Es inválida la ratificación parcial o condicional. La ratificación tiene efectos retroactivos a la fecha de la comparecencia del procurador, sin perjuicio del derecho de terceros (Art. 81 Q, ine. 2, CPC).
5.2. LA ACUMULACIÓN PROCESAL
En este punto de esta obra tratamos de la pluralidad de personas litigantes y de pretensiones procesales que se presentan con frecuencia en los litigios. En los procesos no siempre hay un demandante y un demandado y una sola pretensión procesal. En muchos procesos, que muy bien se puede calificar como la generalidad, se advierte la intervención de más de dos personas y la presencia de más de una pretensión procesal. Es que la realidad social es compleja y, por ende, los conflictos que se suscitan entre sus miembros también son complejos, dando lugar naturalmente a la pluralidad de personas y de pretensiones en los procesos. Es así como se presenta la figura de la acumulación procesal.
Los principios que justifican la acumulación, y en esto hay consenso, son: a) evitar pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios; y b) la economía procesal, que permite el ahorro de tiempo, de gastos y de esfuerzos.
Siguiendo la regulación con tenida en el Código Procesal Civil. señalada especÍficamente en el numeral 83 encontramos distintas formas de acumulación, con características propias y con la fúación de diferentes requisitos para su procedencia. Genéricamente hay dos tipos de acumulación procesal: la objetiva y la subjetiva. No se descarta la acumulación procesal objetiva-subjetiva, cuando en un proceso, por ejemplo, hay más de una persona en la calidad de demandan tes y más de una pretensión procesal propuesta.
La acumulación objetiva se da cuando en un proceso se proponen más de una pretensión procesal, ya sea por la parte demandante como por la parte demandada. Es decir, en el proceso hay en debate más de una pretensión procesal.
La acumulación subjetiva se presenta cuando en un proceso dado la parte demandante está integrada por dos o más personas. por dos o más actores (acumulación subjetiva activa), o la . parte demandada está integrada por dos o más personas, por dos o más emplazados (acumulación subjetiva pasiva) o que tan to la parte actora como la parte emplazada están conformadas por dos o más personas, por dos o más demandantes y por dos o más demandados (acumulación subjetiva mixta).
Tanto la acumulación objetiva como la acumulación subietiva. por la oportunidad en el tiempo en que se proponen las pretensiones procesales y por la oportunidad en el tiempo en que las personas se incorporan al proceso. respectiv~mente, se subclasifican
en: a) acumulación objetiva originaria)' acumulación objetir.a sucesiva; y b) acumulación subjetiva originaáa)' acumularión sul~eti11a sucesiva.
Trataremos en primer lugar de la acumulación objetiva y en segundo lugar de la acumulación subjetiva.
5.2.1. A.cumulacion objetiva
La acumulación objetiva supone la presencia de dos o más pretensiones procesales dentro de un proceso.
Estamos fren te a la acumulación objetiva originaria cuando la pluralidad de pretensiones es propuesta con la demanda. Puede, por ejemplo, plantearse en ella tres pretensiones procesa,les: la resolución del contrato de compraventa de un inmueble, la entrega del bien y la indemnización por los daños y peIjuicios que alega el actor ha sufrido. Estamos frente a la acumulación objeti1Ja sucesiva cuando la pluralidad de pretensiones se presenta después de iniciado el proceso, como cuando se reconviene proponiendo una pretensión procesal o cuando se produce la acumulación de procesos. Así, por ejemplo, en un proceso donde la demanda contiene como pretensión procesal la resolución del contrato de compraventa de un inmueble, el demandado recOl1\"iene para que el actor le entregue el bien relativo a dicha compraventa. En cuanto a la acumulación de procesos, supongamos que en un proceso se estuviera ventilando la resolución del contrato de compraventa de un inmueble y en otro proceso, que se acumula al ~nterior, se estuviera debatiendo el cumplimiento de la entrega del bien derivado de la anotada compraventa. En estos casos se advierten claramente la presencia de la acumulación objetiva sucesiva.
A) Acumulación objetiva originaria. Profundizando aún más la mencionada subclasificación con relación a la acumulación objetiva originaria, en nuestro ordenamiento procesal civil encontramos una segunda sub-clasificación, bojo cuyas reglas se pueden (el Código no dice que se deben) plantear determinadas pretensiones procesales. En efecto, la acumulación objetiva originaria puede ser a su vez: subordinada, altemativa y accesoria.
a) Acumulación objetiva originaria subm'dinada. Estamos frente a una acumulación objetiva originaria subordinada cuando las pretensiones procesales propuestas en la demanda guardan una relación, si se quiere, de dependencia, de modo que una pretensión es principal y la otra es subordinada a aquélla, en el sentido de que si prospera la principal simplemente el Juez no se pronuncia sobre la subordinada y si no fuera así el Juez tiene que pronunciarse sobre la pretensión procesal propuesta subordinadamente (Art. 87º CPC). Por ejemplo: si como pretensión procesal principal se propone la resolución por falta de pago del saldo de precio del contrato de compraventa de un inmueble y subordinadamente se propone el pago de la diferencia de precio que adeuda el comprador, en el supuesto que el juez amparara la pretensión principal, ya no se pronunciará sobre la pretensión subordinada. En caso contrario, si el juez desampara la pretensión procesal plincipal, en el supuesto que el comprador haya pagado más de la mitad del precio, recién el juez analizará y se pronunciará sobre la pretensión subordinada. En este supuesto el juez no puede ni debe pronunciarse amparando las dos pretensiones procesales planteadas, aun en el caso de haberse acreditado sus fundamentos. Cabe anotar que cuando se plantea una demanda que contenga una pretensión principal y otra subordinada, las mismas deben ser claramente propuestas; el actor debe precisar que una de las pretensiones la propone como principal y la otra la plantea como subordinada, pues de lo contrario el juez está autorizado para declarar improcedente la demanda basado en una indebida acumulación de pretensiones (Art. 427º, inc. 7, CPC).
b) Acumulación objetiva originaria alternativa. Estamos frente a una acumulación objetiva originaria alternativa cuando se proponen en la demanda dos pretensiones procesales que el juez puede ampararlas (las dos en conjunto) en la sentencia, confiriendo el ordenamiento procesal civil al demandado el derecho de elegir la pretensión amparada que desea cumplir. Esta alternatividad se ha establecido en función del demandádo y para la ejecución de la sentencia. En este supuesto, recién enejecución de sentencia, el demandado está autorizado para elegir la pretensión procesal amparada por el juez que quiera cumplir. Claro está que si el demandado no elige, o renuncia a elegir, es el propio demandante el que seI1ala la pretensión que debe cumplir el vencido en el proceso (Art. 87º CPC). En el mismo ejemplo anotado precedentemente, si el actor ha demandado la resolución del contrato de compraventa por falta de pago con entrega del bien y alternativamente (no subordinadamente) el pago del saldo de precio, el Juez puede muy bi,?n, si las pruebas aportadas al proceso lo ameritan, amparar las do~ pretensiones. En ejecución de sentencia el demandado elegirá si cumple con la entrega del inmueble como consecuencia de la resolución del contrato o si cumple con pagar el saldo de precio adeudado.
c) Acumulación objetiva originaria accesoria. Estamos freme a una acumulación objetiva originaria accesoria cuando en una demanda se propone una pretensión procesal principal u otras accesorias a ella, de modo que si el Juez ampara la principal necesariamente tendrá que acoger las accesorias' (Art. 87º CPC), salvo que no se hayan probado sus fundamentos de hecho. En el mismo ejemplo anotado, puede el actor demandar la resolución del contrato de compraventa del inmueble por la falta de pago de una parte del precio (pretensión principal) y accesoriamente puede proponer la devolución del bien yel pago de una suma de dinero por concepto de indemnización pactado en el contrato. Si se ampara la pretensión procesal principal necesariamente tendrá que ampararse las pretensiones accesorias. La suerte de la pretensión principal determina la suerte de las pretensiones accesorias. Las pretensiones procesales accesorias pueden proponerse hasta el día de la audiencia de conciliación (Art. 87º, cuarto párrafo, CPC). Cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se consideran tácitamente integradas a la demanda (Art. 87º, quinto párrafo, CPC). En este sentido, por ejemplo, el artículo 1985º del Código Civil prevé una accesoriedad legal, que no requiere ser propuesta expresamente, por tratarse de una norma imperativa; es el caso del pago de los intereses cuando se trata de la responsabilidad extracontractual, sobre el cual el Juez obligatoriamente debe pronunciarse aun cuando no se haya demandado expresamente.
Tratándose de pretensiones que tienen que ver con la separación de cuerpos y de divorcio por causales, el Código Procesal Civil prevé una acumulación originaria y accesoria de pretensiones estableciendo que pueden acumularse a la pretensión principal de separación o de divorcio las pretensiones sobre alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad, separación de bienes gananciales y las demás relativas a derechos u obligaciones de los cónyuges o de éstos con sus hijos, o de la sociedad conyugal, que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la pretensión principal (Art. 483º, primer párrafo, CPC). Este tipo de acumulación supone que no existe proceso fenecid'o sobre separación por causales o divorcio. En este caso de acumulación no son de aplicación las reglas refelidas a la competencia del Juez y a la vía procedimental como requisitos de la acumulación objetiva (Art. 483º, segundo párrafo, CPC). Es posible la acumulación de pretensiones accesorias que tuvieran decisión ejecutoriada (decisión firme) a condici6n de que soliciten su variación (Art. 483º, tercer párrafo, CPC).
d) Acumulación objetiva originaria de pretensiones autónomas.
En la casuÍstica procesal, y la doctrina lo admite, encontramos este tipo de acumulación de pretensiones procesales que no se subsumen dentro de la clasificación anotada (subordinada, alternativa y accesoria), en la que perfectamente pueden ampararse unas
y desestimarse otras, por tener cada una supuestos de hecho propios y amparo legal diferente, sin sujeción de una pretensión con otra. Hay autores que designan a este tipo de acumulación como acumulación objetiva originaria de pretensiones autónomas. Un ejemplo es el siguiente: una persona puede proponer en una misma demanda dirigida contra un mismo demandado las siguientes pretensiones consistentes cada una de ellas en la entrega de sumas de dinero: a) el pago del importe de un mutuo hipotecalio; b) el pago del importe de una letra de cambio; y c) el pago de un préstamo quirografario. Sumadas las tres pretensiones se llega al monto señalado por nuestro ordenamiento procesal civil para tramitarse en la vía del proceso de conocimiento y de competencia del juez en lo Civil. Dichas pretensiones no tienen conexión alguna que no sea que el acreedor y el deudor en cada una de ellas son los mismos, por lo que no es posible plantearlas subordinada, alternativa o accesoriamente. Se trata de pretensiones autónomas con supuestos de hecho diferentes y con amparo legal distinto. Sin embargo, este tipo de acumulación de pretensiones es viable proponerse, pues tiene sustento en el principio de economía procesal y en el segundo párrafo del numeral 11 º del Código Procesal Civil. El Juez perfectamente puede amparar una pretensión y desestimar las otras, dependiendo de los elementos probatorios aportados al proceso.
B) Acumulación objetiva sucesiva. La acumulación objetiva sucesiva se presenta cuando se incorporan al proceso pretensiones procesales con posterioridad a la presentación, admisión y notificación con la demanda. Es el caso cuando el actor amplía su demanda proponiendo otras pretensiones, una o más, al amparo de lo dispuesto por el numeral 428º del Código Procesal Civil (Art. 88º. ine. 1, CPC). Otro caso es cuando el demandado reconviene (en sentido estricto cuando plantea una contrademanda), incorporando al proceso pretensiones procesales nuevas (Art. 88º, ine. 2, CPC). Finalmente, otro supuesto en que se produce la acumulación objetiva sucesiva de pretenS;ones es cuando se acumulan procesos, de oficio o a petición de p<.rte, a fin de que se resuelva en una sola sentencia, con lo que se evitan decisiones contradictorias (Art. 88º, inc. 3, CPC)' Un caso regulado por el Código sobre acumulación objetiva de pretensiones sucesiva es el que autoriza que los procesos donde se ventilan las pretensiones que pueden acumularse como accesorias a las de separación por causal es y de divorcio (aliment tenencia y cuidado de los hijos, suspensión y privación de patria potestad, separación de bienes gananciales, etc.) se a, mulen al proceso de separación o de divorcio, siempre a pe do de parte (Art. 484Q, primer párrafo, CPC). La acumulaci se solicita acreditando la existencia del proceso donde, por eje plo, se ventila una pretensión que el Código le da la natural( de accesoria a la de separación y de divorcio. El Juez que COI ce de estas últimas pretensiones debe resolver sobre la prol dencia o no, debiendo ordenar la remisión del expediente r, pectivo dentro de tercero día, bajo responsabilidad (Art. 48, segundo párrafo, CPC). No dice si esa responsabilidad es I naturaleza penal, civil o administrativa.
Tratándose de la acumulación de procesos, el Código Pr cesal Civil señala algunas reglas importantes: a) La acumulaci( de procesos sólo puede pedirse (se supone un pedido viabl antes que ellos hayan sido sentenciados, petición que impide expedición de la sentencia hasta que se resuelva en definitiva acumulación solicitada (Art. 90Q, primer párrafo, CPC). b) 1 acumulación de procesos se solicita an te cualquiera de los ju ces, debiendo adjuntarse copia certificada de la demanda y ( su contestación, si la hubiera. Si el pedido es declarado fund do el nuevo proceso se acumula al proceso en el que se ha: realizado el primer emplazamiento (Art. 90Q, segundo párrat CPC), entendiéndose que se refiere al proceso donde se ha) producido la primera notificación válida con la demanda, ql es la forma como se produce formalmente el emplazamientl No se refiere a la simple presentación de la demanda, ni a I fecha en que se haya dictado el auto admisorio de la instancia; e) De la solicitud de acumulación se confiere traslado a la part contraria por el plazo de 3 días; con su contestación o sin ella 1 Juez resolverá atendiendo al mérito de los medios probatoric acompañados al pedido de acumulación (Art. 90Q, tercer párré fo, CPC), en el que debe analizarse la conexidad entre las pretensiones procesales materia de cada proceso y la vía procedimental en que se sustancian; la decisión es apelable sin efecto suspensivo (Art. 90º, tercer párrafo, CPC). d) La acumulación será declarada de oficio cuando los procesos se tramitan ante un mismo Juzgado (Art. 90º, cuarto párrafo, CPCh .. no descartándose la posibilidad de que los interesados lo soliciten. Más adelante nos referiremos a la desacumulación de procesos que regula nuestro ordenamiento procesal civil.
5.2.2. Acumulacion subjetiva
La acumulación subjetiva supone la presencia de más de dos personas dentro de un proceso ya sea como demandantes, como demandados o como demandantes y demandados. El litisconsorcio, en realidad, implica una acumulación.subjetiya por la presencia de más de una persona en la calidad de demandantes o en la de demandados.
A) Acumulación subjetiva originaria. Habrá acumulación subjetiva originaria cuando la demanda es interpuesta por dos o más personas o es dirigidia contra dos o más personas o cuando una demanda de dos o más personas es dirigida contra dos o más personas (Art. 89º; primer párrafo, CPC), es decir, cuando en la propia demanda intervienen una pluralidad de sujetos como demandantes o ella es dirigida contra una pluralidad de sl~etos como demandados o cuando una pluralidad de sujetos como demandantes dirigen la demanda contra una pluralidad de sujetos como demandados.
B) Acumulación subjetiva sucesiva. Estamos frente a una acumulación subjetiva sucesiva cuando la pluralidad de sujetos se presenta con posterioridad a la admisión y notificación con la demanda, es decir, cuando en pleno desarrollo del proceso se incorporan otras personas. Esta forma de acumulación regula los supuestos de incorporación de un tercero al proceso, la de la acumulación de pretensiones propuestas en procesos distintos para ser decididos en'una sola sentencia. Este tipo de acumulación es realmente complejo. Se presenta la acumulación subjetiya sucesiya cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u orras pretensiones procesales (Are 89Q, inc. 1, CPC). Otro caso en que se presenta este tipo de acumulación es cuando dos o más pretensiones intentadas en <:los o más procesos autónomos se reúnen en un proceso único (Are 89, inc. 2, CPC). Estos casos suponen la incorporación de otros sujetos procesales.
La figura procesal de la desacumulación de procesos está regulado por el Código Procesal Civil. Dicho ordenamiento, por un lado, señala que cuando se hubieran acumulado en un proceso único dos o más procesos autónomos, atendiendo a la conexidad y a la eventual diferencia de trámite de los procesos acumulados, el juez puede disponer su desacumulación en el trámite, lo que significa que no se trata de una desacumulación absoluta, reservándose el derecho de expedir una sola sentencia (Are 89, último párrafo, CPC). En otro numeral el Código establece que cuando el juez considere que la acumulación afecta el principio de economía procesal, por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano, puede separar los procesos, los que deberán seguirse independientemente ante sus jueces originales (Art. 91 Q CPC), entendiéndose, por su texto, que en este último caso la desacumulación es absoluta, pues el juez de la acumulación no se reserva el derecho de sentenciar las causas acumuladas, como en el caso anterior. 5.3. EL LITISCONSORCIO
Cuando hablamos de la acumulación subjetiva necesariamente tenemos que referimos a los institutos procesales del litisconsorcio v de la in tervención de terceros. Al tratar de la intervención de terceros nos ocuparemos necesariamente de las distintas modalidades de participación de terceros, dentro de ellas, de la intervención litisconsorcial. Habrá litisconsorcio cuando en el proceso exista más de una persona defendiendo en forma conjunta (ya sea como demandantes o como demandados) alguna pretensión procesal que a todos ellos les interesa o que su pretensión se deriva de un mismo título, teniendo entr.e ellos lógicamente algún tipo de vinculación, como sería el caso de copropietarios demandantes o de copropietarios demandados. Si se discutiera en el proceso el derecho de copropiedad que supuestamente tuvieran tres personas, todas ellas como copropietarias tendrán el mismo interés de que la sentencia
les sea favorable. Lo que interesa en este caso es que varias personas litigan en forma conjunta porque existe entre ellos algún interés común, algún derecho común, alguna pretensión común que se deri"a de un mismo título.
La doctrina ha elaborado una variada clasificación de modalidades de litisconsorcio, una de las cuales ha sido recogida por nuestro ordenamiento procesal civil. En efecto, se regula en el Código Procesal Civil las figuras d<. litisconsorcio necesario y del litisconsorcio facultativo. En doctrina igualmente se habla del litiscons01úo impropiamente necesario o cuasinecesario, que no es regulado específicamente por dicho cuerpo procesal. Hay que precisar que en nuestro ordenamiento se regula el litisconsorcio en función a su naturaleza jurídica (Arts. 922 al 96º del CPC) y en función a la incorporación del litisconsorte bajo la figura de intervención de terceros (Art. 982 CPC).
Es pertinente anotar lo que Adolfo A. RrvAS (7), profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Buenos Aires, escribe sobre las clases de litisconsorcio, interesante con relación a nuestro ordenamiento jurídico procesal. Dicho autor sei'iala: "Es, diríamos, universal, la clasificación de los litisconsorcios en activos, pasivos y mixtos, según donde se encuen tre ubicada la plur lidad de sujetos. En coincidencia con ese criterio, CAR.\iELU1 los clasifica en simples y recíprocos, según una pluralidad de act res se enfrentara con un solo, o varios demandados contra L actor, o bien en la segunda categoría, se enfrentasen más de u actor con más de un demandado. Otra división, ya clásica en doctrina. la divide en originarios y sucesivos. oso tras tomam< esas categorías y le damos el nombre de originarios y sobrevinientl En los primeros, la pluralidad se produce en la etapa constitul va con la demanda o con la contestación, según así resulta dI Art. 88º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación [a gen tina] . En los segundos, la pluralidad se produce al allegars al juicio ya iniciado diversos sujetos, median te el fenómeno d la intervención de terceros en sus distintas modalidades: recor vención conexa litisconsorcial, acumulación de procesos y te cerías de dominio o de mejor derecho. [ ... ] [El] litisconsorci, puede ser de extensión absoluta o de extensión parcial, según la ce munidad de postulación alcance a todos los aspectos dellitigic o a alguna de sus facetas respectivamente. A su vez, e litisconsorcio de extensión parcial puede ser con comunidad reü tiva o con contradicción; en el primer caso la extensión parcial SI encontrará liberada de toda relación de confronración. Por ejem plo, el caso del asegurador que ingresa al pleito coincidiend< plenamente con las postulaciones del asegurado hasta la concu rrencia del seguro, pero sin participar en el litigio en cuanto ( lo que exceda a dicho ámbito. Cambia la cuestión si ur litisconsorte muestra con otro coincidencias y a la vez contra dicciones en otros aspectos; por ejemplo, el mismo asegurado] que postula con igual sentido en lo referente a los montos) rubros por lo que cubre al asegurado, pero discrepa con éste en cuanto pudiera pretender que el primero le debe responder por el total de lo que se le reclama".
LITISCONSORCIO (°)
(*) Tomado de la obra de PARR~ QCljA.'
A. SIGNIFICACIÓN ETIMOLÓGICA
Esta palabra traduce o denota la presencia de varias personas en el proceso, unidas en determinada situ~ión. Se podría afirmar que todas las legislaciones y doctrinas acimiten la existencia de varias personas en la situación de demandante o demandado, o en ambas calidades.
B. ClASmCACIóN DE LITISCONSORCIO
Atendiendo a su fuente u origen, ellitisconsorcio es:
a.
voluntario, facultativo o útil; y
b.
necesario
El litisconsorcio puede ser necesario o voluntario,. atendiendo a la fuente de donde proviene; si proviene de la libre y espontánea voluntad de quienes como personas lo integran, tiene lugar el litisconsorcio voluntario; si lo que existe es una carga (onus) para que se integre, nacida ésta, o de la relación material por no ser posible dividida en cuanto a su resolución por el número de personas que la integran, o de la ley, existe entonces el litisconsorcio necesario.
C. LITISCONSORCIO VOLUNTARIO
a. Noción
Hay que decir que solamente. para no romper la tradición, se ha hablado aquí de litisconsorcio voluntario; ya que la denominación no corresponde al contenido; este término significa comunidad. de suertes, y en esta modalidad de litisconsorcio no hay esa comunidad de suertes; lo que existe es una pluralidad de partes que aprovecha, por así decirlo, un mismo procedimiento. Lo anterior significa, entonces, que no hay una parte integrada por varias personas. sino tantas partes como personas; cada persona es una parte, pero unida por el procedimiento que se ha de seguir. El Código de Procedimiento Civil colombiano acoge este criterio cuandosostiene en el art. 50: "Salvo disposición en contrario, los litisconsortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados".
Ya he dicho anteriormente que su formación depende de la voluntad de los demandantes en integrarse para demandar conjuntamente. o bien cuando el único o varios demandantes demandan a "arias personas en el mismo proceso. Esos "arios demandantes podían haber demandado separadamente, pero prefieren hacerlo conjuntamente, o los demanaantes podían demandar separadamente, pero prefieren hacerlo en el mismo proceso.
. Clasificación del litisconsorcio voluntario
1. Litisconsorr.io voluntario propio. En este litisconsorcio, los litisconsortes están vinculados por la causa, por e! objeto o por el título de las pretensiones. Esta modalidad de litisconsorcio está consagrada en el art. 82 del Código de Procedimiento Civil colombiano. cuando sostiene: "También podrán acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que provengan de la misma causa o "ersen sobre el mismo objeto ... ".
2. Litisconsorr.io voluntario impropio. En e! evento estudiado en el punto anterior, las leyes de cada país están previendo la posibilidad de que exista una conexión entre las
pretensiones de los litisconsortes por la causa, objeto, útulo o expresiones equivalentes; en cambio, en este caso sólo se podría hablar de afinidad, y está prevista en e! arto 82 de! Código de Procedimiento Ciivil colombiano, cuando sostiene: " ... o se hallen entre sí en relación de dependencia o deban servirse de las mismas pruebas ... ".
c.
1:..]e(tos procesales dellitisconsorcio voluntario
1. En cuanto a la sentencia. La sentencia es formalmente única y omnicomprensiya, en el sentido de que en ella se estudian todas las pretensiones incoadas por los distintos litisconsortes, lo mismo que las excepciones que haya que resolver. Lo anterior no significa, de ninguna manera, que la sentencia sea idéntica para los distintos litisconsortes; ya que en principio puede ser distinta, no sólo en cuanto a las sumas que determine en procesos de condena con este tipo de prestación, sino distinta en sus resultados; ya que puede ser inhibitoria para unos y de fondo o mérito para otros; puede establecer condena en favor de los litisconsortes, 0, al contrario, absolver a la contraparte de las pretensiones incoadas por alguno o algunos de ellos. Lo que se persigue con la actividad probatoria, mirada la sentencia, es producir una convicción única (unidad) y la emisión como consecuencia de una providencia única para todas las panes (Ugo Roceo).
2. En cuanto a los actos de disposición del derecho ('"11 litigio. Como la comunidad o afinidad de intereses, según sea ellitisconsorcio, propio o impropio. no resta autonomía, según sostiene Ramiro PODEIT!, a los litisconsortes. por ello es perfectamente viable que se produzca por alguno el desistimiento. la transacción o el allanamiento.
3. En cuanto a las pruebas aportadas al proceso. Es importante en este tema distinguir claramente si se trata de hechos comunes a todos o que se relacionen sólo con uno o algunos de los litisconsortes. En el primer caso. el juez debe valorar, como lo sostiene Lino Enrique PALACIO, conjuntamente, las diligencias probatorias producidas por cada Iistisconsorte, pues no cabe concebir que el con\'enimiento judicial acerca de la verdad de un hecho común se produzca sólo respecto de uno o algunos de los litisconsortes. Por lo tanto. si un solo litisconsorte prueba un hecho común en el proceso, éste debe ser apreciado como si hubiera,sido probado por todos y cada uno de ellos: por ejemplo, un hecho impeditivo, extintivo, constitutivo. Un ejemplo tomado de Ramiro PODETI!, permite explicar este presupuesto: "Imaginemos un Iitisconsorte voluntario propio en una relación sustancial común: un contrato. La prueba del contrato, básica para el resultado del pleito, es una prueba común, en un d.oble sentid.o. T.od.os y cualquiera
de l.os litisconsortes pueden y tienen interés en producir la prueba de la existencia o inexistencia de! contrato". Y la prueba de la existencia del contrato (su agregación al proceso y reconocimien to, por ejempl.o) vale respecto de t.od.os, aun cuando no lo hayan .ofrecido ni pr.oducido. No sería posible declarar que e! contrato existe respecto de un.o y que no existe respecto de otro, per.o debe distinguirse la prueba, del recon.ocimiento. Si frente a un contrat.o negad.o p.or l.os litisc.onsortes, uno de ellos lo reconoce luego, por ejemplo, en un interrogatori.o, ese reconocimient.o carece de eficacia respecto de los otros. En un accidente de tránsito, en virtud del cual se lesi.onan varias personas, hay que probar el accidente, hecho común, pero la prueba de las lesiones debe ser individual, lo mismo que e! monto de los perjuici.os (claro que hay que tener en cuenta las facultades oficiosas de!juez).
Todo lo anterior, con la observación de que en virtud del principio de la comunidad de la prueba, ésta debe ser apreciada si hace patentes hechos c.omunes a t.od.os l.os que intervienen en el proceso, sin que imp.orte much.o la iniciativa de la pers.ona que obtuv.o su práctica .o que la ap.orte al proceso (deb.o observar que el mism.o c.omentari.o es válido cuando, a pesar de ser un hecho individual, aparece probado por la iniciativa de otro litisconsorte). En cuanto a la c.onfesión, es imp.ortante tener en cuenta que sólo afecta allitisconsorte que la realiza (son partes separadas) , y respecto de los demás litiscons.ortes se tendrá como testim.onio o declaración de tercero.
4. En materia de recursos y nulidades. Se p.odría afirmar, en principio, que los recursos interpuestos por uno de los litisc.onsortes no benefician a los restantes. S.ostiene Ramir.o PODETTI: "El recurs.o existe respecto de cada litiscons.orte. Así, si el proceso es fallad.o en contra de los litiscons.ortes y alguno de ést.os n.o apela, aunque la sentencia definitiva sea revocat.oria carecería de efectos en favor de quienes n.o la .objetaron. A la inversa, si los litiscons.ortes obtienen sentencia fav.orable en primera instancia, al vencid.o le basta apelar, para que la instancia se abra y tenga efect.os en c.ontra de t.od.os los litisc.ons.ortes". Pero c.omo un.o de l.os litisc.onsortes voluntarios es considerado en sus relaciones con la contraparte como litigante separado, es posible que el vencido pueda reducir su recurso excluyendo de él a uno o algunos de los vencedores.
5. En materia de costas y expensas. Se pueden presentar las siguientes hipótesis: a) Que triunfen los litisconsortes voluntarios totalmente; en este evento será para aquéllos la condena favorable en costas. b) Que algunos de los litisconsortes resulten triunfantes; a ellos favorecerá la condena en costas, yaquelIos cuyas pretensiones no han sido acogidas serán condenados a pagar costas. c) Cada parte deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de diligencias y pmebas que solicite y contribuir
al pago de los que sean comunes. Esto significa que si se acoge mi tesis de que los litisconsortes son partes separadas y unidas solamente por el procedimiento, cada uno de elIos pagará sus costas sin que haya solidaridad y, además, que los gastos que demanden las pmebas solicitadas por cada uno de elIos serán pagadas por el solicitante; respecto de las pruebas comunes, el gasto se distribuirá a prorrata entre todos.
6. ¿Puede un litisconsorte voluntario llamar a declaración de tercero a otro? Según el planteamiento que hemos hecho anteriormente, de que cada litisconsorte es considerado en sus relaciones con la contraparte corno litigante separado, y que habrá .tantas partes c'omo Iitisconsortes, nos parece que es innegable que un litisconsorte puede lIamar a su colitigante a declarar, ya que parcialmente es extraño a la relación debatida entre su cotitular y la otra parte (claro que teniendo en cuenta las reglas de la crítica del testimonio).
D. LITISCONSORCIO NECESARlO
a. Noción
El arto 83 del Código de Procedimiento Civil colombiano sostiene: "Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas",
Se puede sostener que el criterio es universal; se habla de la imposibilidad de escindir, romper la relación material, para resolver separadamente las pretensiones de cada uno de los litisconsones necesarios. El Iitisconsotcio es impuesto por la naturaleza de la relación material; es una imposición de la relación material con vigencia en la relación procesal, no para la existencia del proceso, sino para que se pueda, como en el caso de Colombia, dictar sentencia de mérito o de fondo. y, ¿por qué no?, como sostiene la legislación argentina, "sentencia útil". La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho: "Como es sabido. la figura procesal del Iitisconsorcio necesario surge cuando la relación de derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el juez, está integrada por una pluralidad de sujetos,
bien sean activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, 'si'no que se presenta como una, única e indivisible frente al conjunto de tales SlUetos. En tal hipótesis, por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación no puede proceder con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquélla, sino necesariamente con la de todos. Sólo estando presente en el respectivu proceso la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial. queda debida e integralmente constituida desde el punto de \Ísta subjetivo la relación jurídico-procesal y, por lo mismo, sólo cuando las cosas son así podrá el juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario. deberá limitarse a profelir fallo inhibitorio".
b.
Origen o fuente dellitisconsorcio necesario
Se puede sostener que la fuente dellitisconsorcio necesario es la relación material objeto de la controversia; es decir, que su oligen hay que buscarlo fuera de la relación procesal, en la relación material, pero obser;ando que esa influencia de la relación matelial no es para la validez de la relación procesal, sino otra cosa muy distinta: para que la sentencia pueda ser de fondo o de mérito. OU"as veces la fuente dellitisconsorcio necesario es la ley; ésta ordena en determinados casos su integración.
c. Clasificación del lilisconsorcio necesario
Atendiendo a su fuenre, éste puede ser: litisconsorcio propiamente necesario e impropiamente necesario.
1. Litisconcorcio propia~ntf necesario. Aquí existe este tipo de litisconsorcio cuando la ley expresamente ordena integrarlo; se puede, utilizando las expresiones de Jaime GUASP, sostener que se trata de "una carga" establecida en la ley.
2. Litisconsorcio impropiamente necesario. La necesidad de que se integre este tipo de Jitisconsorcio no viene establecida como carga directamente por la ley, sino que la exigencia surge en el proceso por la relación material que es objeto de éste; la relación
material es única, pero con titularidad en "arias personas, y el tratamiento que se le dé sólo puede ser eficaz si están todos presentes, o por lo menos citados a él.
d.
éJectos procesales del litisconsorcio necesario
1 . En cuanto a la sentencia .. En ellistisconsorcio necesario existe una pretensión o varias de la cual son titulares varias personas que corren la misma suerte; de tal manera que la sentencia debe ser única e idéntica para todos.
2. En wanto al proceáimiento. Como existe un solo proceso, los términos para interponer recursos y correr traslados son comunes, o existen simultáneamente para todos los litisconsortes. una vez surtida la notificación a todos ellos. El traslado de la demanda es separado cuando no haya un apoderado común (sea que voluntariamente lo escojan las personas .que integran la parte o que la legislación del país respectivo exija la unidad del apoderamiento judicial).
3. En cuanto a los arios qUf' imlJliqufn disposición del derecho en litigio. Como todos los litisconsortes necesarios integran la parte, los actos que impliquen disposición de! derecho en litigio deben provenir de t('dos ellos para que e! acto sea eficaz. La confesión, la transacción,~ desistimiento, sólo tendrán eficacia si emanan de todos; sin embargo, con respecto a la confesión que haga uno de ellos o varios, pero no todos, se tiene como testimonio frente a los otros, pero no tiene \'alor de confesión ni siquiera frente a quien la realizó.
4. En cuanto a las nulidades. En materia de nulidades, por falta de capacidad o representación o citación, lo mismo que con las recusaciones, rige el principio de que el saneamiento de la nulidad o del vicio en general sólo lo puede hacer la persona a quien se lt: causa perjuicio con el acto acusado. Las demás puede alegarlaS"walquiera, pero deben ser saneadas o ratificadas por todos. ' 5. En materia de excepciones. Las excepciones propuestas por uno o algunos de los litisconsortes necesarios, sea que se funden en hechos comunes o individuales, favorecen a los demás. 6. En materia de recursos. Los recursos interpuestos por cualquiera de los litisconsortes favorecen o perjudican a los demás.
7. En cuanto a costas o expensas. Cuando hay condena contra los !itisconsortes, sin que nada se diga, se entiende que las pagarán por partes iguales, salvo que se diga otra cosa. e.
Integración de la [itis
Primero: Se ha sostenido que, a diferencia de lo que sucede en el litisconsorcio voluntario, en el necesario existe una pretensión única con varios sujetos legitimados para que sea interpuesta por ellos, o que lo sea contra ellos, no contra unos, sino necesariamente contra todos. Segundo: Lo anterior hace surgir la necesidad de obtener la citación de todos los !itisconsortes necesarios, para que el juez pueda resolver de mérito o de fondo. Tercero: El art. 83 del Código de Procedimiento Civil colombiano establece que en el supuesto de no demandarse a todos o demandar todos los litisconsortes necesarios, "el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará la citación de quienes falten para integrar el contradictorio, la que se hará en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado". Es, entonces, una obligación del Juez, emanada de las medidas de saneamiento que debe tomar a fin de evitar una sentencia inhibitoria. Cuarto: La ley prevé la forma en que las partes pueden solicitar la integración de la !ilis así: el demandante. una vez admitida la demanda sin haberse notificado al demandado o demandados, puede reformarla incluyendo a los litisconsortes que falten. Si ya está trabada la relación jurídica procesal, puede reformar la demanda dentro del límite señalado en el art. 89 del Código de Procedimiento Civil colombiano. En general, puede solicitar al juez que ordene la citación del litisconsorte que ha sido omitido antes de que dicte sentencia de primera instancia. El demandado, dentro del término que tiene para contestar la demanda, puede denunciar como falta dé legitimación en la causa, en calidad de excepción previa, la consagrada en el arto 97, numeral 7, del C. de P.C. colombiano: "No comprender la demanda a todas las personas que constituyen el litisconsorcio necesario"; si llega a prosperar la excepción, el art. 99 del Código de Procedimiento Civil colombiano establece: u ooo cuando faltare la integración dellitisconsorcio necesario, dispondrá las citaciones que sean del caso en la forma prevista en el arto 87 ... ". Quinto: El art. 83 del e. de P.e. colombiano sostiene: "Cuando por cualquier causa no se haya ordenado tal citación al admitirse la demanda, el juez la decretará posteriormente, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan". Pues bien, el artículo transcrito limita la facultad de petición de las partes, pero de ninguna manera la facultad oficiosa del juez, de tal manera que éste no puede ser un límite para él insalvable.
Pero se podrá decir que esto es retrotraer el proceso. Si se tiene en cuenta la finalidad que éste debe cumplir, o sea, la de resolver las pretensiones, se encontrará la justificación a mi planteamiento. De allí que se pueda decir, sin temor a equivocación; que si el juez al ir a dictar sentencia comprueba que ha omitido citar a alguno de los litisconsortes, debe disponer la integración del litisconsorcio, porque de lo contrario habría lugar a sentencia inhibitoria, con lo cual se comprobaría que el juez se dio cuenta de que estaba mal integrado el litisconsorcio y no quiso, con el criterio moderno, emplear sus poderes.
f Suspensión del proceso Se ha \~sto que, según el an. 83 de! e. de P.e., ine. 3, ocurre la suspensión del proceso mientras no se cita a las partes (litisconsortes) omitidas. Esta disposición tiene su fundamento en la necesidad de dar a esas partes la posibilidad de ejercer las facultades procesales que ejercieron o tU\~eron oportunidad de ejercer las partes primitivas, porque de lo contrario se afectaría el derecho de defensa de quienes, pese a no haber sido inicialmente citados, pueden ser alcanzados por los efectos de la sentencia definitiva que se producirá en el proceso. Este término de suspensión del proceso, mientras no se hace la citación y, además durante el término que tiene la parte citada para que comparezca, pe¡'mite al juez ordenar la citación del litisconsorte, como ya se ha indicado, utilizando cualquiera de las formas de hacer notificaciones.
E. LITISCONSORCIO CUASINECESARIO
a.
Noción general
Entre e! litisconsorcio necesario, cuyos caracteres y efectos se analizaron en los números precedentes, y el litisconsorcio facultativo, la doctrina suele admitir la existencia de un tipo intermedio, no del todo nítido en cuanto a su configuración jurídica, y al cual se ha dado en llamar litisconsorcio cuasinecesario. Este tipo de Jitisconsorcio, que, como advierte FAIRt" GllJill:-;, "depende más de los tratamientos normativos que de la propia natural.eza de las relaciones jurídicas materiales", ocunirá "cuando, existiendo varias personas eventualmente legitimadas para intentar una determinada pretensión, o para oponerse a ella, la sentencia es susceptible de afectar a todos por igual, aun en el supuesto de que no hayan participado o no hayan sido citadas al correspondiente proceso. No se exige, por tanto,
como ocurre en el supuesto de litisconsorcio ¡"i~~esario, que todas esas personas demanden o sean demandadas el': forma cOl-Uunta".
b.
Ejemplos deI litisconsorcio cuasinecesario
Es el caso de las obligaciones solidarias de que trata e! art. 1141 del Código Civil español, que establece: "Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea peIjudicial. Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios, peIjudicará a todos éstos".
Otro 'supuesto para el autor a que se alude sería el de las pretensiones de nulidad y anulación de los arts. 67 a 70 de la Ley de Sociedades Anónimas. La ley no obliga a que todos los accionistas demanden, pero la resolución que re caiga los afectará a todos y la ley toma precauciones para que todas las pretensiones sean consideradas en un mismo proceso, aunque se presenten con independencia unas de otras para que obtengan resolución común, ya que no puede admitirse que un acuerdo social sea declarado nulo respecto de unos socios y no de otros. El litisconsorcio cuasinecesario, según este autor, debe seguir, en cuanto a su regulación general, la misma suerte del necesario.
c. Intervención litisconsorcial cuasinecesana
Como se ha dicho,.el litisconsorcio cuasinecesrio se presenta cuando existe una relación material regulada por la ley, que atribuye a varios sujetos legitimidad para intervenir en determinados eventos que se refieren a esa relación. Es decir, que existe una relación material que para determinados eventos la ley regula y al regularla en ese evento les da legitimidad a varios sujetos (a todos o a uno). Los supuestos de esta intervención son los siguientes:
1. Debe existir, como se estableció. una relación material regulada por la ley. para que en un evento determinado, existan varios sujetos legitimados.
2. La sentencia que se refiere al evento regulado por la ley, referido a la relación material, debe afectar al tercero y por ello hallarse éste legitimado para intervenir.
3. Puede voluntariamente concurrir y no se requiere que sea citado. por cuanto su presencia no es necesaria en el proceso; sin su citación, y sin su presencia en general, se puede y debe dictar sentencia de fondo.
4. Interviene en el proceso en el estado en que se halle, ya que no involucra a éste una pretensión propia, pues ésta ya ha sido tenida en cuenta en la actividad jurisdiccional; su intervención se puede producir en cualquier momento antes de que se dicte sentencia definitiva.
5.3.1. Litisconsorcio necesario Estamos frente a un litisconsorcio necesario cuando la p: te demandante o la parte demandada está conformada por m de una persona titulares de la relación sustantiva y que tod ellos tienen un interés común, esto es, una sola pretensión pr cesal que les interesa sea tutelada por el Juez. El Código Pro( sal Civil señala que cuando la decisión a recaer en el proce. afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes sólo se expedida válidamente si todos comparecen o son emplazad, según se trate de litisconsorcio activo o pasivo (Art. 93º CPC Ellitisconsorcio necesario importa la existencia de una vincul ción de dos o más personas con relación al derecho materi que ha originado la controversia y ha conducido al proceso. 1 ausencia de alguna de las personas que tienen un derecho c mún daría lugar a que la decisión judicial no tenga la eficac legal correspondiente. No habrá incluso, en este caso, una rel ción jurídica procesal válida. En concreto, la ausencia de u litisconsorte necesario en un proceso invalida la decisión fin: que se tome por el juez. El ordenamiento procesal civil estatu) que tratándose del litisconsorte necesario el juez puede intl grar la relación procesal emplazando a una persona, si de I demanda o de la contestación aparece evidente que la decisió a recaer en el proceso le va a afectar (Art. 95º, primer párraf< CPC). Agrega el ordenamiento señalado que si el juez carec de la información necesaria devolverá la demanda y requerir al demandante los datos para el emplazamiento dellitisconsort (Art. 95º, segundo párrafo, CPC). Este podría ser el caso de 1 intervención de un tercero provocada por el juzgador. Si ~ defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificad la demanda, agrega nuestro ordenamiento, suspenderá la trc mitación del proceso hasta que se establezca correctamente 1 relación procesal (Art. 95º, tercer párrafo, CPC), incorporar do naturalmente al litisconsorte necesario. Para clarificar 1 explicación anotamos el siguiente ejemplo: si una persona compradora demanda la rescisión de un contrato de compraventa de un inmueble, aduciendo que se le ha vendido un bien ajeno -es decir, un bien que no es del vendedor sino de un tercero-, en este caso tiene que emplazarse con la demanda no sólo al vendedor, sino ta:} bién al tercero. No habrá una relación jurídico-procesal válida cie no estar presente en el proceso todos los integrantes de la relación sustantiva.
Cuando las Salas Civiles de la Corte Suprema declara inadmisible un recurso de casación porque cada uno de los cónyuges no ha presentado la tasa judicial correspondiente en procesos en los cuales se ha demandado a una sociedad conyugal, que el Código Procesal Civil lo califica .como un patrimonio autónomo, implica que dichos organismos consideran a dicho patrimonio autónomo como un caso de litisconsorte. A nuestro criterio, tratándose de un patrimonio autónomo, basta la presentación de una sola tasa judicial. Una cosa es señalar quiénes representan a un patrimonio autónomo, dentro de ellos a una sociedad conyugal, y otra considerar a la sociedad conyugal como un ente patrimonial autónomo, sin constituir una persona jurídica, con personería sui generis. Cuando el Código Procesal Civil establece que si un 'patrimonio autónomo es demandado, la representación re cae en la totalidad de los que lo conforman (Art. 65Q CPC), siendo de aplicación, en este caso, el artículo 93Q del mismo ordenamiento procesal; entendemos que no se está calificando a dicho patrimonio como un caso de litisconsorte, sino simplemente que se trata de una remisión, para su aplicación, a algunas reglas relativas a la institución de litisconsorcio necesario cuando dichos patrimonios son demandados. Por ello es que cuando un patrimonio autónomo es demandante puede ser representado por cualquiera de sus partícipes, no siendo, en este caso, de aplicación las reglas relativas allitisconsorcio necesario. Si al momento de la integración de la relación procesal, en el caso del litisconsorcio necesario, ya se hubiera realizado la probatorios, el Juez f0ará el día y la hora para una audiencia complementaria de pruebas que debe realizarse dentro de un plazo que no excederá de 20 días (Art. 96º CPC). Esto significa que la incorporación del litisconsorcio necesario puede producirse incluso con posterioridad a la audiencia de pruebas, entendemos hasta antes que el Juez expida la sentencia correspondiente.
El procesalista Víctor FAIRÉl\" GüILLÉ!'i (8) dice que: "El litisconsorte necesario es el que exige la intervención en un proceso -único- desde su comienzo, de todos los litisconsortes y aparece en los casos en que la acción y pretensión solamente pueden proponerse válidamente ope legis por varias personas o contra \"arias personas. El objetivo de esta figura es el de obtener en un proceso único una resolución única para todos los litisconsortes, por tratarse de una pretensión única, con respecto a la cual la legitimación esté integrada (activa o pasiva) por todas dichas personas, pero no separadamente, sino unidos".
A continuación transcribimos un ejemplo ilustrativo que nos da el profesorjuan MO~ROY GALVEZ (9) cuando dice: "Un cónyuge demanda la nulidad de un contrato de compraventa sobre un bien social o común, dado que ha sido vendido por su cónyuge sin su intervención. Sin embargo, la demanda la dirige únicamente contra el comprador, dejando fuera de la relación procesal a su cónyuge. La demanda no refleja la relación sustanti\"a: así. siendo el conflicto de intereses la nulidad de un acto jurídico, forman
parte de la relación sustantiva -relación de conflicto- quien pide la nulidad y los que participaron con su declaración de volun tad en el acto jurídico. Dado que el cónyuge vendedor no ha sido demandado, resulta evidente que la relación procesal es defectuosa, faltó demandar a un litisconsorte necesario".
5.3.2. Litisconsorcio cuasinecesario o impropiamente necesario En este caso se está dentro de una situación híbrida entre el litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo. En si-
I tuaciones normales, todos los que tienen relación e interés con la materia en controversia deben intel\lenir necesariamente en el proceso, pues de lo contrario la relación procesal, por un lado, no tendrá validez, y por otro, la decisión que se emita no tendrá eficacia jurídica. Sin embargo, hay supuestos fácticos en los que, no obstante que la naturaleza de la pretensión procesal no permite sino una declaración judicial unitaria que comprende a todos los que tienen relación con ella, no supone que todos los interesados tengan que intel\lenir en el proceso. Un ~jemplo sobre esta modalidad de litisconsorcio lo tenemos regulado por el Código Civil cuando dice que el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno. no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás deudores solidarios mientras no resulte pagada la deuda por completo (Art. 1186º CC). La sentencia pronunciada en el juicio seguido en tre el acreedor y uno de los deudores solidarios no surte efecto contra los demás codeudores. Sin embargo, los otros deudores pueden oponerla al acreedor, se supone en el proceso que se instaure contra"iQs no emplazados en el primer litigio, salvo que se fundamente en relaciones personales del deudor que litigó anteriormente (Art. 1193º CC). Lo que interesa señalar, en este caso, es que no obstante la naturaleza de la obligación que vincula a los deudores solidarios, para que en el proceso se produzca una relación jurídica válida, r es imperativo emplazar a todos los deudores. La relación proe sal producida con el o los deudores solidalios emplazados es vá da. Lo que no ocurre en el caso dellitisconsorcio necesario, en que la no intervención de uno de los litisconsortes invalida relación jurídico procesal; el Código incluso autoriza al Juez emplazarlo. La pregunta que nos formulamos sobre este pun es la siguiente: ¿El litisconsorte cuasinecesario estará facultae para solicitar su intervención en el proceso en el que no ha sic emplazado? Consideramos que bajo el amparo del numeral 9: del Código Procesal Civil puede válidamente solicitar al Juez ~ incorporación al litigio si se tiene en cuenta su vinculación indi cutible con la pretensión procesal materia de la controversia. FAlRÉN GUILLÉN (ID), sobre el litisconsorcio impropiamenl necesario, escribe lo siguiente: "Varias personas se hallan, anl un determinado evento jurídico, en situación igual de calidac de tal modo que, teniendo todas ellas legitimación para pretel der o ser pretendidas, alg.unas lo hacen y otras no, pero sin en bargo, la resolución que recaiga
en un proceso, les va afectar todas, por ser única la relación que existe entre el evento yelL y modificado éste, se modifica esta relación unitaria derivad de la ci tada iden tidad de calidad". Roland AR.-\ZI (11), profesor d Derecho Procesal de la Universidad de Belgrano, escribe sobr ellitisconsorcio cuasinecesario lo siguiente: "Son los casos m~ difíciles de resolver, participan dellitisconsorcio voluntario po que el proceso puede constituirse válidamente sin la presenci de todos los litisconsortes. Sin embargo, una vez formado ( litisconsorcio, la suerte de las partes se encuentra estrechamernte ligada porque se reclama el cumplimiento de una misma y única obligación. Ejemplos de este tipo de litisconsorcio son las obligaciones solidarias y las indivisibles; con relación a estas últimas, el art. 686Q del Código Civil argentino dispone que cualquiera de los acr ~dores originarios, o los que lo sean por sucesión o contrato, pueden exigir de cada uno de los codeudores, o de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible. Situación similar ocurre con las obligaciones solidarias. Es posible que los acreedores demanden solos o en conjunto, a uno o más deudores; el litisconsorcio participa entonces de la naturaleza de facultativo, pero los problemas que suscitan no tienen igual solución en que éste sino que, en general, se rigen por las normas dellitisconsorcio necesario",
LITISCONSORCIO CUASI-NECESARIO (0)
Dentro de la clasificación a que nos estamos refiriendo, que atiende a la necesidad de la presencia de los varios sujetos en el proceso. Se ha creado por la doctrina una figura intermedia entre el necesario y el voluntario, al que parte de la doctrina le llama lirisconsorcio cuasi-necesario, mientras algún autor le da el nombre de impropiamente necesario: la existencia de esta figura la basa la doctrina que la admite en "los casos en que varias personas se hallan ante un determinado evento jurídico, en situación de igualdad de calidad, de tal modo que teniendo legitimación con referencia al asunto cada una de ellas, sin embargo la resolución que los tribunales puedan adoptar, les afectará a todos por ser única la relación que existe entre ellos y el evento, y modificado éste se modifica esta relación por la naturaleza de la relación jurídica en la que se hallan interesados varios sujetos, puede ser indispensable que la reforma que el litisconsorcio será cuasi-necesario por ser única la relación jurídica)' afectarle a todas las partes la resolución, al estar cada uno de los interesados legitimados con respecto a dicha relación, por lo que creemos se podría encuadrar teóricamente dentro del litisconsorcio necesario strictu sensu, pero se diferencia del último litisconsorcio en que no "iene impuesto por ley, )' en que los que se hallan en esta situación de igualdad de calidad, no han de demandar o ser demandados conjuntamente, ni la naturaleza de la relación jurídica obliga a figurar en el proceso al conjunto de sujetos activos o pasivos interesados en ella.
Un supuesto típico de esta figura que propugnan los creadores de la misma, sería el caso de las obligaciones solidarias, en el que no es necesario que todos los acreedores demanden conjuntamente ni que demanden a todos los demandados en un mismo proceso, expresado en el art. 1.144 e.e., al o'rdenar que: "El acreedor puede diligirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos conjuntamente. Las reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo". Y el arto 1.141 e.e.: "Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial. Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios, perjudicarán a todos éstos". Otro supuesto sería el de los procesos de impugnación de acuerdos sociales de las sociedades anónimas, de los ans. 115 a 122 de la L.S.A., ya que la ley no impone que todos los accionistas legitimados demanden, pero la resolución que recaiga les afectará a todos, por ello el art. 122 dice que: "La sentencia que estime la acción de impugnación producirá efectos frente a todos los accionistas". Por su parte, el arto 117 n. 3 del mismo cuerpo legal ordena que: "Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad" y sigue diciendo el mismo artículo, ahora en el n. 4 que: "Los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez". Otro supuesto de litisconsorcio cuasi-necesario sería el de los arts. 1.084 y 1.085, en este caso del e.e. Así el an. 1.084 establece que: "Hecha la partición. los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario"; y el art. 1.085 dice que: "El coheredero que hubiese pagado más de lo que corresponde a su participación en la herencia, podrá reclamar de los demás su parte proporcional". Por lo expuesto, vemos que este tipo de liúsconsorcio -como se dijo-, se da cuando dos o más personas, a pesar de que la resolución jurídica les afecta por igual, se puede entablar un proceso único, )' excluir a alguno de los titulares; si bien en ese proceso intervienen todos o alf;lll1os de los legitimados, se da el supuesto del llamado litisconsorcio cuasi-necesario. Antes habíamos mencionado cómo algún autor le llama impropiamente necesario, y la razón está en que este tipo de litisconsorcio puede referirse no ya a la necesidad procesal o material de que varios intervengan procesalmente unidos, sino a la exigencia procesal de que si varias partes acuden efectivamente a un proceso, entonces deben actuar unidas y no separadamente.
Sobre este punto también opinaba CHIOVENDA diciendo que: "hay demandas que pueden ser propuestas por uno solo de los varios que tendrían derecho a proponerlas. pero si varios entre éstos las proponen, las demandas han de ser decididas y
terminadas al mismo tiempo y uniformemente; esto ocurre cuando un derecho de impugnación corresponde a varias personas. cada una puede obrar por cuenta propia, "~o gr., cada socio puede reclamar contra el balance de la sociedad, pero si obran varios el proceso es necesariamente único". La relación jurídica en litigio. dada su naturaleza, no permite sino una declaración unitaria, extensiva a todos los incluidos en ella, no supone por fuerza que todos tengan que acudir activa o pasivamente al proceso, lo que sucede si sólo alguno de ellos aparece como demandante o demandado siendo las ac-::iQnes de todos idénticas, la sentencia que se dicte abarca a la vez, '- ,los demás litisconsortes. Así, las acciones de impugnación de los acuerdos de la junta general de la S.A. que pueden ejercitar todos los accionistas demandando a la sociedad.
Creemos que este tipo de litisconsorcio conocido comúnmente con el nombre de cuasinecesario, no provoca tanto un nuevo tipo de litisconsorcio, cuanto una especialidad de intervención. Por ello parte de la doctrina no comparte la existencia de esta discutible figura de litisconsorcio cuasi-necesario, creación un tanto artificial y cuyo concepto lleva a la posibilidad de una intervención en el proceso de personas interesadas, vinculadas a algunas de las partes actuantes en el proceso, por la relación jurídica que se discute y acerca de la cual están legitimados y acuden al proceso a defender su propio derecho. Estaríamos en estos casos ante una intervención adhesiva litisconsorcial, "introducción en un proceso pendiente entre (dos o más partes, de un tercero que alega un derecho propio discutido en el proceso y defendido ya por alguna de las partes". Este tercero cotitular de la parte en la relación jurídica que se discute en el proceso, goza de legitimación normal no sólo para intervenir, sino incluso para haber incoado un proceso bien como actor o demandado originario. Los supuestos vistos como de litisconsorcio creemos que podrían considerarse como hipótesis claras de intervención litisconsorcial, como se puede desprender del arto 1.144 C.c., ya que en él puede faltar ellitisconsorcio, caso de dirigirse la demanda contra uno solo de los deudores solidarios y la sentencia tendrá el mismo contenido. estén todos los deudores solidarios o uno solo; lo mismo podríamos decir del supuesto del art. 1.084 C.c., de los herederos a quien los acreedores podrán exigir el pago de la deuda a cualquiera de ellos, etc. En todos estos supuestos. se constata el carácter meramente facultativo de la intervención de los sujetos no demandados. Por todo ello, consideramos a esta figura superflua. ya que los casos y razones que pueden fundamentarla, se encuadran perfectamente dentro de la intervención adhesiva litisconsorcial.
5. 3. 3. Litisconsorcio facultativo
Estamos frente al litisconsbrcio facultativo o voluntario ( coadyuvante cuando una persona que tiene interés propio' particular interviene en el proceso ya sea como demandante ( como demandado, proponiendo, lógicamente su pretensión procesal en base a elementos fácticos propios y bajo el amparo de una disposición sustantiva. EIJuez, al resolver la causa, tiene que pronunciarse sobre todas las pretensiones procesales propuestas, incluyendo las planteadas por ellitisconsorte facultativo. Ni t Código Procesal Civil, ni la propia naturaleza del derecho en conJoversia, obligan allitisconsorte voluntario intervenir en el proceso, pues lo que hace es permitir que éste participe en él proponiendo sus pretensiones. Hay que remarcar que si bien los litisconsortes facultativos no forman parte de la relación sustantiva originaria o principal, empero sus pretensiones deben tener alguna vinculación con ella, ya que pueden ser afectadas por la resolución que emita el Juez. Se trata de casos en los que las personas no están intrínsicamente unidas en la relación sustantiva principal. Su no intervención en el proceso no lo invalida ni lo afecta. Voluntariamente pueden apersonarse al proceso. Claro está que el Juez tiene que calificar el interés y la graduación correspondiente de la persona frente a la relación sustantiva originaria que dio lugar al proceso o el tipo de relaciónque mantiene con alguna de las partes en el proceso en que quiere intervenir como litisconsorte facultativo. La persona que alegue simplemente tener la calidad de litisconsorte fa· cultativo, sin mayor probanza, no puede ser admitido dentro del proceso. Un ejemplo que clarifique esta explicación es el siguiente: supongamos que Juan Miguel (el prestamista) ha ceo lebrado un mutuo con Alfredo, y Víctor Raúl, como garantí~ del mutuo, ha hipotecado su inmueble en favor de Juan Mi· guel. Si Alfredo (el prestatario) demandara la nulidad del mu tuo, perfectamente Víctor Raúl podría intervenir en el procese para contribuir en demostrar la nulidad alegada por Alfredo Víctor Raúl es el litisconsorte facultativo. Su intervención, sir embargo, no es indispensable. Si se anula el mutuo, la hipotee< quedará sin efecto al desaparecer el crédito que garantizaba. E artículo 97Q del Código Procesal Civil regula la intervenciór litisconsorcial coadyuvante o facultativa.
Como corolario de lo expuesto podemos señalar que el litisconsorcio facultativo o voluntario en realidad no es propiamente un litisconsorcio por cuanto en él no encontramos en rigor lo que caracteriza a este instituto que es la comunidad de intereses, de suertes y de actuación procesal.
Los ejemplos de casos prácticos son muy útiles para captar mejor el sentido del instituto procesal. En ese orden, Hugo ALsI1\A (12) escribe 10 siguiente: [La] ... Intervención adhesiva (conservatoria o coadyuvante) [ ... es aquella] que tiene por objeto ayudar a una de las partes en el proceso, para lo cual basta justificar un interés legítimo, por ejemplo, el vendedor que viene a secundar la acción del deudor para prevenir su negligencia o mala fe; el legatario que concurre al pleito entre el heredero legítimo yel
testamentario sobre nulidad del testamento; el fiador que interviene en el juicio entre acreedor y el deudor sobre la existencia o \'alidez de la obligación principal [ ... ]".
INTERVENCION ADHESIVA (COADYUVANTE)
PRESUPUESTOS DE LA INTERVENCIÓN ADHESIVA
Los presupuestos de la inter,ención adhesiva son los siguientes:
A. Que el proceso esté pendiente. El arl. 52 del Código de Procedimiento Civil colombiano establece: "La intervención anterior a la notificación de! demandado. se resolverá luego de efectuada ésta ... ". El Código de Procedimiento Civil colombiano parte del supuesto de que, para poder ingresar e! coadym'lI1te, debe estar el proceso pendiente; ya que, si éste no ha surgido o está fenecido. no tendría objeto la intervención que se está tratando. Existe proceso desde que se notifica e! auto admisorio de la demanda al demandado, hasta que se dicta sentencia o ésta queda ejecutoriada; pero es importante tener en cuenta que también e! proceso puede terminar de manera anormal; en este caso, tam~oco se justificará la intervención adhesiva. B. Que el interviniente no esté actuando en el' proceso como parte o intervenga en otra calidad. Ninguna de las partes puede ser coadyuvante de sí misma y, por lo tanto, no puede cambiar la calidad que tiene en el proceso. Si interviene como demandante. demandado o imerviniente principal, no puede convertirse en parte adhesiva. C. Que el interviniente tenga un interés personal en el éxito de la pretensión o de la defensa de una de las partes principales.
¿QUE CLASE DE INTERÉS DEBE TENER EL lNTERVlNIENTE ADHESIVO?
Con base en el Código de Procedimiento Civil colombiano, la relación material origina el interés para intervenir, pero ese interés en la legitimación debe estar jurídicamen te tutelado; con esto no afirmo que en todo caso sea jurídico, sino que en general esté
jurídicamente tlae!ado, para citar el concepto de C."Rl\ELLTrI. El interés tutelado puede ser patrimonial, moral o familiar. pero obsérvese bien, siempre y cuando tenga como base una relación sustancial.
Veamos estos ejemplos (el primero de la doctrina soviética): "Cuando se presentase una demanda relativa a la reclamación de alimentos para la manutención de hijos y se comprobase que al demandado ya se le reclaman alimento-~ para la manutención de hijos (del primer matrimonio), la maat
tutelado y lo está cuando el legislador consagra el derecho a intervenir de quien tiene una relación sustancial existente entre él y la parte principal. E. No puede ser un interés simplemente formal. No podría aspirarse sólo a que se dictara la sentencia en el proceso en que se tiene el deseo de intervenir; lo importante es la relación sustancial que se tiene con la parte: este interés, por lo tanto, ha de ser real, y no meramente formal o especulativo. fueros PROCESALES DE lA INTERVENCIÓN DEL COADYUVANTE
A. El interviniente ingresa en el proceso una vez que su solicitud es aceptada por el juez. Al admitir la intervención por medio de auto, faculta al hasta entonces tercero para que se comporte como parte dentro del área del proceso. El interviniente conservará su calidad de parte hasta tanto le sea revocada por medio de auto. Si, como se ha dicho anteriormente, en la solicitud de intervención se interpone un recurso, se entenderá que en el auto que admita la intervención se estudiará la posibilidad de conceder el recurso como oportunamente interpuesto.
B. El coadyuvante es parte en el proceso de condición secundaria o accesoria. Según lo he sostenido antes, es indudablemente una parte, pero con menos legitimidad que la parte principal. Sin embargo, tiene legitimación permanente hasta la terminación del proceso, sea en forma normal o anormal; salvo algunas limitaciones, el coadyuvante puede realizar todos los actos que le están permitidos a las partes principales.
C. El coadyuvante toma el proceso en la situación en que se halla y bajo ningún aspecto se retrotrae. El interviniente lo toma en el estado en que esté y se habrá producido preclusión ¿:: :C,- o.o .:i.v"" realizados con anterioridad a su intervención.
D. No puede modificar ni ampliar la "litiscontestación" o "el objeto del litigio". El interviniente adhesivo no enriquece la relación jurídica procesal, no la amplía, como sucede con la intervención ad excludendum, sino que al contrario, hace suya, por así decir1o, prohíja la pretensión que ya se encuentra en el caudal jurisdicciona1 o la posición del demandado, según sea el caso; por tal razón, éste no puede reformar la demanda, aun en el supuesto de que estuviera en tiempo para hacerlo, si coadyuva al demandado no puede proponer demanda de reconvención, no se le permite proponer compensación con base en un crédito suyo, ya que la relación material que se discute en el proceso no le pertenece, ni es supuestamente ti tular de ella. E. No puede actuar en el proceso en contradicción con la parte coadyuvada. El art. 52 del C. de P. C. colombiano establece: "El coadyuvante podrá efectuar los aClOS
procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en Iitigio-. En resumen, la parte coadyuvante no puede entrar en contradicción con la parte que coadyuva; y como el derecho en litigio no le pertenece no puede disponer de éste, como se estudiará específicamente más adelante.
F. No puede interponer recursos que el coadym'ante no desee o en desacuerdo con éste, Esta que es una explicación específica que perfectamente se había podido incluir en la explicación de la letra E, pero que se le da entidad para una mayor claridad, se halla prevista en el Código de Procedimiento Civil colombiano, como ya se dijo, en el art. 52, cuando dice: "El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta", En mi concepto, todo se resuelve teniendo una posición clara sobre la calidad de parte del interviniente adhesivo: si ello es así, éste puede interponer todos los recursos que sea permitido interponer a la parte principal cuando ésta, por negligencia o por cualquier otra causa, no lo haya interpuesto o lo haya hecho en forma improc('dpntP Seg-ún el Código de Procedimiento Civil colombIano, SI la p'u ~ r- .. ~,~" , . pone un recurso manifestando expresamente su deseo de no interponerlo o sencillamente aceptando la providencia que pudiera ser objeto de impugnación, aun estando denu'o del término para interponerlo, es ineficaz el del recurso interpuesto por el coadyuvante. Si, como sucede en el Código de Procedimiento Civil colombiano, se exige una prueba que justifique el interés para imervenir. no estoy de acuerdo en que. el criterio de la parte principal preyalezca en la iJiterposición de recursos. Es suficiente para que alguien se comporte como coadyuvante, que esté apoyando la pretensión de una de las partes; es decir, que no involucre una pretensión propia y que como es obvio no solicite sentencia en su favor; pero en toda la actuación debía tener exactamente todos los derechos de la parte principal, excepto, como es apenas lógico, el de disponer del derecho en litigio que no le pertenece; podría, sin embargo, en forma autónoma y aun contra el querer de la parte principal, interponer los recursos correspondientes, sujeto al pago de las costas del recurso fallido. Si lo anterior no es cierto, prácticamente la figura de la intervención no se justifica, "ayudar" podría hacerlo en forma extraprocesal y sin necesidad de hacer gastos para concurrir a un proceso para evitar el fraude que se pueda presentar emre las partes; pero a la luz del Código colombiano, no puede hacer nada, incluso como ya tuve oportunidad de decir, ni siquiera oponerse a que se acepte el allanamiento y ningún otro acto de disposición; si bien no debe disponer del derecho en litigio, como ha
demostrado tener un interés, debía existir la posibilidad de que opusiera a los actos de disposición. El art. 52 del C. de P. C. colombiano debe ser reformado para que en el inciso 2 se dijera: "el coadyuvame podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuamo no impliquen disposición del derecho en litigio", para dejar abierta la posibilidad que he planteado.
G. No puede ser testigo ni perito. Anteriormente he dicho que en Alemania el imervinieme adhesivo o coadyuvante no es considerado parte y como consecuencia puede ser testigo y perito. En Colombia, por tener la calidad de parte, así sea accesoria, no puede ser testigo ni perito, ya que esto atentaría contra la imparcialidad y desinterés necesarios para la eficacia de la prueba.
H. Puede disponer de su intervención en el proceso. El interviniente adhesivo se vincula voluntariamente al proceso; la presencia de esta parte no es necesaria y forzada; por tanto, puede desistir en cualquier momento de la intervención que viene haciendo en el proceso y con respecto a ésta puede ser condenado a pagar las costas.
I. La sentencia lo vincula. Existen algunos efectos de la sentencia con respecto a la intervención adhesiva; en este punto acojo el criterio del profesor Hernando DEvIs ECHA,,-nL o. , según el cual indudablemente el interviniente no puede desconocer la sentencia que se dictó en el proceso en que intervino y no podrá, en un nuevo proceso. discutir este fallo.
J. Goza de autonomía en cuanto a capacidad o representación y debe reunir los requisitos generales. El apoderado o mandatario judicial de la parte principal puede ser el apoderado de la parte coadyuvante; incluso si la parte principal tiene la calidad de abogado y viene actuando en nombre propio. podrá ser el apoderado de la parte coadyuvante.
K. La competencia del juez que conoce del proceso queda configurada con la intervención del coadyuvante, ya que no introduce un nuevo litigio o pretensión en el proceso ya formado.
L. Debe sufrir la condena en costas y soportar las expensas,- como lo sostiene el profesor Devis, y para el evento de que el recurso haya sido co~unto con el coadyuvado, deben dividirse las costas por partes iguales, como ocurre en el litisconsorcio y en la intervención ad excludendurn." 5.4. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS
La intervención de terceros importa una acumulación subjetiva sucesiva, pues con posterioridad a la notificación con la demanda al emplazado se incorporan al proceso otros sujetos. De por medio está el interés y la legitimidad de los terceros para pretender incorporarse voluntariamente al proceso o para se incorporados a él, ya sea de oficio, por el juzgador, o a petición de parte. Esto significa que cualquier tercero no puede incorporarse al proceso. Por de pronto debemos precisar que la denuncia civil constituye un mecanismo procesal para incorporar a terceros al pleito.
Se sostiene que la decisión que se emita en un proceso sólo debe afectar a los que hayan intervenido en él: al actor y al demandado. Empero, no obstante que en un proceso intervienen el actor y el demandado -quienes reciben la denominación co-litigantes originarios; otros los llaman partes originarias-, hay situaciones, circunstancias y justificaciones por las cuales se hace imperativo el ingreso de terceros en el proceso. Atilio C. CONZÁLEZ (13), Juez y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires, escribe lo siguiente: "La intervención de los terceros en el proceso es uno de los temas más preocupantes de la doctrina; pues, por principio, el proceso comprende a las dos partes entre los que habitualmente tramita -el actor y el demandado- y únicamente a ellos aprovechan o perjudican los límites subjetivos de la cosa juzgada que la sentencia definitiva es susceptible de adquirir. No obstante lo cual, las relaciones jurídicas suelen ser de tal complejidad -máxime en la actualidad, tan vecina del segundo milenio de la era cristiana- que con frecuencia la litis afecta derechos de terceros; quienes, de ese modo, se encuentran vinculados a un proceso en el cual no han intervenido -por lo menos inicialmente- y cuya sentencia es susceptible, no obstante la expresada circunstancia, de generarles un perjuicio. Allí nace, precisamente, la necesidad de regular el instituto de la intervención de terceros en el proceso civil".
5.4.1. Concepto procesal de tercera y de tercera legitimada
Se llama tercero en el campo procesal a todo aquel que no es parte en el proceso, es decir, a todo aquel ajeno absolutamente a la relación jurídico-procesal que se produce en él. Una persona puede ser calificada como tercero con relación a un proceso dado; sin embargo puede tener vinculación con la relación material, con el derecho sustantivo, caso en el cual se le califica como parte material. Claro está que, como en la relación procesal hay terceros totalmente extraños a ella, en la relación sustantiva existen también terceros totalmente ajenos a ella. Tercero, en términos absolutos, será aquel ajeno totalmente a ambas relaciones. Quien no tiene vinculación alguna con la relación material siempre tendrá la condición de tercero en atención a que no tendrá la legitimidad o el interés legítimo para tener participación en el proceso correspondiente.
Un tercero que se considera facultado para intervenir en un juicio dado debe estar necesariamente vinculado a la materia en controversia, ya sea por un interés directo o indirecto, propio o ajeno, concurrente o excluyente, respecto al interés de las partes en litigio. En otras palabras, quien quiere intervenir en un proceso debe tener y acreditar legitimidad o interés legítimo para participar en él, debe probar un interés propio o ajeno, pero actual. Si se admite la intervención de un tercero en el proceso, por cuanto el Juez ha encontrado que tiene legitimidad para participar en él, ese tercero recibe la denominación de tercero legitimado.
La invocación que hacen los terceros sobre el grado de interés que aducen tener con relación al derecho material en debate (intervención voluntaria), así como el interés que esgrimen las partes para solicitar al Juez -incluyéndose la propia decisión de éste sobre el resultado que pueda tener el proceso principal-la incorporación de un tercero al proceso (intervención provocada), ha dado lugar a los distintos tipos de terceros legitimados que se dan en los juicios. A manera de ejemplo, consignamos a continuación algunos supuestos de hecho que revelan los distintos tipos de interés que se invocan para la incorporación de terceros al proceso, los que se hallan previstos como tales en nuestro ordenamiento procesal civil.
a) Un tercero, con el propósito de tener participación en el proceso, invocando un derecho propio, independiente y oponible al que pretenden las partes en litigio, puede plantear una pretensión procesal con el carácter de autónoma y proponible como una pretensión principal. Dentro de este rubro se presentan dos supuestos: a) Un tercero, por ejemplo, solicita intervenir en el proceso pretendiendo se le reconozca tener derecho preferente, solicitando al efecto que su crédito sea cubierto con el producto de la ejecución forzada antes que el crédito del demandante (Art. 100º, segundo párrafo, CPC). En este caso el tercero no pretende se excluya o se anule el derecho del demandante, sino simplemente, respetando el derecho del actor originario, solicita que su derecho sea reconocido como preferente al del accionante.
b) Un tercero, para intervenir en un proceso sobre declaración de propietario, propone una pretensión sustentada en un derecho incompatible con los del actor y demandado, aspirando a que judicialmente se declare que él tiene mejor derecho de propiedad sobre el inmueble materia del proceso principal, acerca del cual igualmente las partes originarias en litigio pretenden tener mejor derecho de dominio (Art. 99º, primer párrafo, CPC).
b) Un tercero puede invocar, con el propósito de participar en el proceso, un derecho propio vinculado al que es materia del debate judicial o que es similar, en todo o en parte, al pretendido derecho de las partes en el proceso, como sería el caso en que el demandado y el tercero fuesen copropietarios del inmueble materia del juicio de nulidad del título, caso en el cual el derecho invocado por el tercero al proponer su pretensión procesal resulta ser el mismo que el del demandado y, por tanto, legitimado para participar en el proceso, dando lugar a la intervención litisconsorcial del mismo (Art. 98º CPC).
c) Un tercero puede invocar no un derecho propio, con el propósito de lograr una decisión judicial sobre él, sino el interés que tiene en la suerte que corra la pretensión procesal una de las partes en litigio. Así, por ejemplo, el acreedor del demandado, su deudor, tendrá interés en que éste no sea vencido en el proceso correspondiente, porque de suceder ello podría originar que su crédito nunca sea pagado. Para este efecto el Código Procesal Civil autoriza al tercero para intervenir en el, coadyuvando en la defensa de su deudor (Art. 97º CPC).
d) Un tercero, a quien se le pretende incorporar al proceso, puede ser considerado por el demandado -además de él en su lugar- como obligado o responsable en el derecho discutido y, por tanto, en la pretensión procesal materia del litigio. En este caso, que tiene que ver con la intervención provocada en el proceso, es el demandado el que invoca esa situación para incorporar al tercero al proceso formulando la denuncia civil respectiva, indudablemente esgrimiendo un interés personal proponiendo una pretensión autónoma dirigida contra el tercero (Art. 102º CPC). Una vez incorporado éste, naturalmente asume la calidad de tercero legitimado.
e) Finalmente, un tercero puede ser incorporado al proceso por el Juez en caso de fraude procesal para que aquél haga valer o defienda su derecho que puede ser afectado en el proceso fraudulento (Art. 106º CPC), invocando un interés supremo sustentado en que nuestro ordenamiento no permite el uso de proceso como instrumento para lograr una decisión fraudulenta. Este es un caso especial de intervención provocada de un tercero en el proceso. Normalmente el tercero no hace
ninguna invocación sobre su derecho que puede ser afectado en el proceso ilegal sino cuando es llamado al litigio por el Juez, por que él no solicita su intervención, recibiendo en el momento de su incorporación la calidad de tercero legitimado.
5.4.2. Tipos de intervención de terceros
Hay distintos tipos de intervención de terceros, como le tratamos a continuación. Pero antes señalemos algunas clasificaciones que se han formulado en doctrina sobre la intervención de terceros.
Una clasificación de la intervención de terceros toma en cuenta el origen del pedido de ingreso. Puede originarse en la voluntad de las personas, en el sentido que un tercero voluntariamente pide y logra intervenir en un proceso dado, recibiendo este tipo de participación el nombre de intervención voluntaria. Puede originarse también en la iniciativa del juzgador o en el pedido de alguna de las partes, quienes formulan la solicitud para el llamamiento correspondiente a efectos de que un tercero ingrese al proceso, recibiendo esta participación la denominación de intervención provocada o forzada.
En la intervención voluntaria el tercero puede, por un lado, pretender ayudar a alguna de las partes en el desarrollo del proceso, planteado los pedidos y recursos que coadyuven a su mejor defensa y, por otro lado, pretender defender su propio derecho con relación a las pretensiones procesales que son materia del debate en el proceso principal, en cuyo caso puede haber concordancia con las pretensiones de una de las partes (intervención litisconsorcial) o simplemente para incorporar al proceso una pretensión contraria a la de los contrincantes (intervención del tercerista).
Otra clasificación toma en consideración el tipo de interés del tercero respecto a la pretensión procesal materia del debate judicial es decir, toma en cuenta el grado de interés de quien quiere ingresar al proceso voluntariamente sobre el derecho sustantivo que sustenta la pretensión. Esta clasificación no se refiere a los terceros que forzadamente son incorporados al proceso, no obstante que éstos pueden tener interés respecto a la pretensión procesal materia del litigio. Es así como en doctrina encontramos la siguiente clasificación: a) la intervención principal; y b) la intervención accesoria.
La intervención principal, a su vez, se subclasifica en: i) intervención excluyente principal, prevista por el artículo 99º del Código Procesal Civil e intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente prevista por el numeral 100º del citado cuerpo procesal; y ii) intervención litisconsorcial prevista por el artículo 98º del Código Procesal Civil.
La intervención accesoria se da cuando un tercero que, sin alegar derecho propio en relación a la pretensión procesal materia de debate en el proceso principal, ayuda a alguna de las partes con el interés de que el litigante a quien coadyuva no sea vencido en el proceso y de ese modo no se perjudique, basado en que con éste tiene una relación jurídica sustancial, supuesto que está legislado en el articulo 97º del mencionado ordenamiento procesal.
Es interesante el pensamiento de Ana María ARRARTE ARIS!\ABARRETA (14), profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Lima, cuando trata específicamente de las clases de intervención de terceros: "Las diversas formas de intervención de terceros estarán determinadas por la legitimidad del interés jurídico que sea invocado, es decir, mientras más cercano esté de la relación material involucrada en el proceso, las facultades de las que gozará el tercero legitimado serán mayores. A manera de precisión resulta pertinente indicar que al analizar cada una de las modalidades de terceros, podremos apreciar que, en estricto, dos de ellas (la intervención coadyuvante y la litisconsorcial) formarán parte del sub-género de los litisconsorcios facultativos o cuasinecesarios -al haber descartado la posibilidad que un tercero sea parte en el proceso, hemos excluido también que un tercero pueda ser considerado litisconsorte necesario-, mientras que las modalidades de terceros excluyentes (sea principal, de derecho preferente o de propiedad) pertenecerán al género que será simplemente la acumulación subjetiva sucesiva, en la medida que estaremos frente a supuestos donde se pretende evitar la multiplicidad de procesos respecto a temas vinculados".
Aquí vamos a tratar en principio de los dos tipos de intervención de terceros que tienen en cuenta el pedido para su incorporación; al estudiarlos necesariamente nos ocuparemos de los otros tipos de intervención que para su clasificación toma en cuenta el interés del tercero para su incorporación.
A) Intervención voluntaria de un tercero. La intervención de un tercero puede ser voluntaria o espontánea cuando el interviniente solicita su ingreso al proceso. Dentro de
la intervención voluntaria, siguiendo el orden regulado por el Código Procesal Civil, señalamos los siguientes sub-tipos:
a) Intervención coadyuvante de un tercero. La intervención de un tercero en el proceso es coadyuvante cuando su participación tiene por objeto ayudar a una de las partes, colaborar con él en el litigio, sin incorporar pretensión alguna al proceso. El Código Procesal Civil establece que quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella (Art. 97º CPC). Veamos un ejemplo: Es el caso en que una acreedora (Carmen Julia) interviene en el proceso para colaborar con el demandado (Juan Miguel), quien es su deudor, a fin que éste no pierda el litigio que le ha instaurado la actora (María Elena), su otra acreedora, procurando evitar con su apoyo el remate de la casa de éste, en atención a que este bien es el único patrimonio que haría posible la satisfacción de su crédito como tercera (es decir, Carmen Julia). Puede la tercera invocar como justificación para ingresar al proceso que el demandado no se está defendiendo adecuadamente y que el bien discutido en el proceso principal es único de propiedad del demandado, deudor tanto de la actora (María Elena) como de la tercera (Carmen Julia). El Código Procesal Civil regula en otra norma la posibilidad de que un tercero coadyuve en la defensa del demandante en el proceso ya iniciado cuando tenga interés en el resultado sin necesidad de acreditar derecho propio o interés directo en la materia discutida (Art. 60º CPC). En este caso el tercero tiene que acreditar de algún modo el interés sobre el resultado en el proceso, pues sólo ese interés lo legitimará para participar en juicio como colaborador procesal.
La intervención del tercero coadyuvante puede admitir incluso durante el trámite en segunda instancia (Art. 97º, segundo párrafo, CPC), entendiéndose que como el trámite en segunda instancia no termina normalmente con la sentencia que se emita en ese nivel, el tercero adherente está en aptitud procesal de interponer el recurso de casación correspondiente pues el Código hace referencia al trámite y no a la sentencia de segunda instancia. El tercero colaborador en la defensa puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido (Art. 97º, tercer párrafo, CPC), no pudiendo celebrar, por ejemplo, una transacción.
La intervención coadyuvante es calificada como accesoria en atención a que ella no importa la inclusión al proceso de una pretensión propia del tercero, sino que su tarea se concreta a defender el derecho que sustenta la pretensión de la parte; quien
coadyuva en la defensa. Esta intervención servirá asimismo para evitar que el actor y el demandado acudan al fraude procesal para burlar el derecho de tercero.
Víctor FAIRÉN GUILLÉN (15) anota sobre la intervención adhesiva que: "Es la participación o entrada de un tercero en un proceso pendiente entre otros dos, no alegando un derecho propio independiente del de las partes primitivas, sino en nombre propio y por un interés suyo, pero por un derecho de la parte con la cual coadyuva en su victoria, por tener un interés jurídico que se beneficia con este resultado favorable".
Ugo Rocco (16) transcribe los fundamentos de una resolución en casación y anota lo siguiente que interesa al tema que en esta parte del libro tratamos: "Mediante la intervención adherente, el tercero aspira, en efecto, únicamente a aliarse con una de las partes en litigio, a fin de ayudada a hacer valer sus derechos contra la otra, y así hacer valer un interés propio, y no un derecho propio, por cuanto la victoria o la derrota de la parte ayudada implica correlativamente una ventaja o una desventaja tales que repercuten en una relación jurídica de la cual es sujeto el interviniente".
El profesor MONROY GÁLVEZ (17) señala que: "Dentro de los diferentes grados de interés o involucramiento que un interviniente puede tener con la relación jurídica sustantiva que conecta a las partes en un proceso, la intervención coadyuvante es la más lejana". Agrega que a este instituto "Suele llamársele también intervención conservativa, accesoria o adhesiva, siendo esta última la denominación que recibe en la doctrina y legislación italianas".
Es pertinente añadir que a nuestro criterio el tercero coadyuvante tiene la calidad de parte en la relación procesal y no tiene la calidad de parte en la relación material subyacente en el proceso. Por ello el Código Procesal Civil señala que el coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido (Art. 97º, tercer párrafo, CPC).
La intervención coadyuvante presupone la existencia de un proceso en pleno desarrollo, pues si éste no se hubiera iniciado o hubiera terminado mediante una sentencia firme no tendría sentido que el coadyuvante pretenda intervenir y que el tercero interviniente tenga legítimo interés en el éxito del litigante a quien ayuda. Finalmente, como corolario, anotamos que en la práctica judicial, esporádicamente se advierten procesos en los que se hace uso de este instituto.
b) Intervención litisconsorcial de un tercero. La intervención de un tercero es litisconsorcial cuando alguien que se considere titular de una relación jurídica substancial, a la que presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso, puede intervenir como litisconsorte de una de las partes, con las mismas facultades de ésta (Art. 98º, primer párrafo, CPC). Supongamos que un socio demanda la nulidad de un acuerdo adoptado por una sociedad aduciendo alguna causal y otro socio de la misma empresa tiene igualmente interés para que se anule el mismo acuerdo propuesto por el anterior socio, pero por razones diferentes. En este caso, el seudo socio tiene perfectamente derecho para apersonarse al proceso en su calidad de litisconsorte del socio demandante, por constituir en el fondo una misma pretensión procesal propuesta contra la sociedad.
La intervención litisconsorcial es aquella en la que un tercero interviene en el proceso para defender sus propios derechos que son objeto del debate judicial, los que son similares, total o parcialmente, a los de las partes originarias del litigio. Como consecuencia de esta intervención, si en un proceso hubiera un solo demandante y un solo demandado, una de las partes se incrementará en el número de sujetos que la conforman. Este tipo de intervención genera el denominado litisconsorcio sucesivo, porque se produce estando en trámite el proceso correspondiente. La intervención litisconsorcial importa que el interviniente lleva al proceso una pretensión procesal jurídicamente conexa y paralela con la de las partes originarias por sustentarse en un mismo título, en una misma causa jurídica o en una misma relación material, de modo que el resultado del proceso afectará tanto a la parte originaria como al sujeto consorcial. Una de las formas como se puede identificar y justificar la intervención litisconsorcial es cuando el interviniente ha podido ser perfectamente demandante o demandado originario, pero no lo ha sido, y logra obtener la calidad de tal o cual parte originaria mediante la intervención litisconsorcial, llegando a la convicción naturalmente que la sentencia correspondiente afectará la pretensión procesal tanto de la parte originaria como la del interviniente litisconsorcial.
La intervención litisconsorcial puede producirse incluso durante el trámite en segunda instancia (Art. 98º, segundo párrafo, CPC). Consideramos que esta intervención puede permitirse incluso desde que se ha emitido la sentencia de segunda instancia hasta plantear el recurso de casación, en su caso, puesto que este recurso puede dar lugar a una sentencia de mérito a nivel de las Salas de Casación cuando se ampara el medio impugnatorio por alguna causal de orden material, pudiendo favorecer la decisión a la parte originaria y al litisconsorte que tienen derechos comunes. Es más, el Código hace referencia al trámite en segunda instancia, que incluye naturalmente al anotado recurso. Dicho ordenamiento no dice que la intervención debe producirse hasta antes de la
emisión de la sentencia de segunda instancia. En todo caso esta anotación constituye un tema de reflexión.
¿Qué relación encontramos entre el denominado litisconsorcio necesario regulado por el numeral 93º del Código Procesal Civil y el litisconsorcio facultativo estatuido por el artículo 94º del mismo ordenamiento procesal y la intervención litisconsorcial que estamos tratando en este acápite, regulado por el numeral 98º del mismo cuerpo procesal? El litisconsorcio necesario se produciría, verbi gratia, cuando una persona demanda la nulidad de un contrato de compraventa contra varios demandados (pongamos tres compradores que tienen la calidad de copropietarios), quienes comparecerán en la calidad de litisconsortes necesarios al proceso como co-titulares del derecho en controversia en atención a que la sentencia que emita al Juez los afectará a todos por igual. Lo que el Código señala en su artículo 93º es que: para que sea válida la decisión que se emita en esos casos, deben ser emplazados todos los litisconsortes, por tratarse, en el supuesto anotado, de un caso de litisconsorcio pasivo y necesario. Si uno de los litisconsortes no fuese emplazado y por tanto no compareciese al proceso, en principio, el Juez está en la obligación de incorporarlo para integrar la relación procesal de modo válido. Si no se procediera así, la sentencia que se emita no tendrá validez. En tanto no se emplace a todos los copropietarios el Juez no debe dictar sentencia. Por otro lado, complementando lo regulado por el artículo 93º del mencionado cuerpo procesal, el numeral 98º establece que quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido demandado en el proceso, puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las mismas facultades de ésta. Ambas normas, como se ve, se complementan.
Esta incorporación constituye pues una intervención litisconsorcial. En cambio tratándose del litisconsorcio facultativo éste puede intervenir en el proceso si lo decide así, pues su no participación en el proceso no impide que se produzca una relación jurídico procesal válida y el Juez no tendrá ningún obstáculo para pronunciarse sobre la materia en controversia, cuyos efectos se extenderá respecto al litisconsorte facultativo. Un ejemplo es el caso siguiente: Pedro celebra un mutuo con Juan Miguel, interviniendo Víctor Raúl como garante anticrético en favor de Pedro. Supongamos que Juan Miguel demanda la nulidad del mutuo, en el proceso correspondiente Víctor Raúl puede o no intervenir. Si se declara la nulidad, lógicamente la decisión favorecerá no sólo a Juan Miguel sino también a Víctor Raúl. Por ello el litisconsorte facultativo, si interviene en el proceso, debe ser considerado como un litigante independiente, y los actos que desarrollen cada uno de ellos -el demandante originario Juan Miguel y el litisconsorte facultativo Víctor Raúl no los favorece ni los perjudica, sin que por ese motivo se afecte la unidad del proceso.
e) Intervención excluyente principal. La intervención excluyente principal se presenta cuando alguien pretenda su incorporación al proceso a fin de hacer valer dentro de él su propia pretensión procesal, que se supone opuesto a las pretensiones de las partes en el proceso (Art. 99º, primer párrafo, CPC). En los estrados judiciales se presentan con frecuencia casos como el siguiente: supongamos que dos personas, dentro de un proceso, discuten el mejor derecho de propiedad sobre un inmueble; un tercero, en pleno trámite del litigio, solicita incorporarse al proceso alegando igualmente tener mejor derecho de propiedad sobre el mismo bien; formulada la pretensión mediante una demanda en forma el Juez determina que ella constituye una pretensión procesal excluyente respecto a las planteadas por las partes en el proceso. En este caso el Juez debe calificar los medios probatorios presentados por el tercero para determinar si realmente tiene o no el título que legitime su intervención en el proceso en su calidad de tercero excluyente principal. Este es un supuesto en que un tercero se incorpora al proceso invocando un derecho propio y excluyente al derecho de las partes en litigio. La intervención excluyente principal sólo será admisible antes de la expedición de la sentencia de primera instancia (Art. 99º, segundo párrafo, CPC). El tercero excluyente actuará como una parte más en el proceso (Art. 99º, tercer párrafo, CPC), dando lugar a un caso sui generis en el cual habrá tres partes intervinientes en el proceso con sendas pretensiones procesales. Si el tercero excluyente principal ofreciera pruebas, su admisión y tramitación se sujetarán a las reglas propias del proceso en que interviene con las mismas facultades que tienen las partes originarias del mismo (Art. 99º, tercer párrafo, CPC). La intervención del tercero excluyente principal no suspende el proceso sino la expedición de la sentencia (Art. 99º, cuarto párrafo, CPC), en la cual el Juez tiene que pronunciarse sobre todas las pretensiones procesales en debate.
INTERVENCIÓN PRINCIPAL (INTERVENCIÓN EXCLUYENTE PRINCIPAL)
(*) Tomado de la obra de PARRA QUIJANO, Jairo, La intervención de terceros en el proceso civil, Depalma, Buenos Aires, 1986, pp. 95 Y ss., utilizada por la Academia de la Magistratura en los cursos de actualización a los Magistrados del Poder Judicial.
NOClON GENERAL
La intervención principal se produce por causa de una demanda interpuesta por un tercero, el cual pretende total o parcialmente el objeto, la cosa, el derecho litigioso de un proceso contra los dos.
La intervención principal tiene por objeto hacer valer, frente al demandado o al actor, un derecho propio del que interviene, e incompatible con la pretensión del actor en el proceso (ad infringendum iura itrius que competitoris).
PRESUPUESTOS DE lA INTERVENCIÓN PRINCIPAL
Primero. El interviniente debe tener la calidad procesal de tercero. Víctor FAlRÉN GVILLEN sostiene: "Es preciso que la persona que quiere intervenir tenga la calidad procesal de tercero con referencia al proceso que pende ya. Todo lo anterior nos permite sostener que el interviniente debe ser tercero y no debe tener legitimidad para ser litisconsorte, porque si llega a tenerla deberá intervenir con tal calidad, pero nunca como interviniente principal".
Segundo. Debe pretender total o parcialmente la cosa o el derecho que es objeto del proceso. Es decir, que concurra lo que CHIOVENDA denomina la incompatibilidad. La pretensión que el tercero involucra al proceso debe ser "repugnante" e incompatible con las de las partes originales. Toda la doctrina sostiene que "cosa" comprende también el derecho sobre la "cosa". De acuerdo con lo dicho anteriormente, se recalca la necesidad de que el tercero involucra al proceso una pretensión que sea incompatible con la de las partes originales, por pretender para sí la cosa o el derecho en cuestión en el respectivo proceso. En la doctrina se sostiene que el interviniente futuro debe afirmar: Que él mismo es el sujeto del derecho pretendido por el primus petitor, o bien que le corresponde a él exclusivamente "el derecho" de demandar; lo cual ocurre, en cuanto al primer caso en los litigios judiciales sobre propiedad, derechos hereditarios, de posesión, hipoteca, de patentes, y en el segundo en cuanto al deudor solidario, cuando el administrador ha demandado sobre una prestación que no corresponde a la masa.
Si el tercero quiere perseguir o pretender por razón de un derecho que se entiende que fue afirmado por el actor, como sujeto legitimado para pretenderlo, en realidad el tercero debe involucrar una pretensión más fuerte que la del primitivo actor y dirigirse contra el demandado, ya que si el primitivo actor no hubiese demandado, este tercero o interviniente principal hubiera tenido la necesidad de demandar. Se requiere que los derechos pretendidos estén en oposición; no que sean distintos; no siempre que sean distintos son incompatibles, porque puede suceder que sean distintos, pero no incompatibles, como sucede en el caso de la intervención del acreedor hipotecario en un proceso donde se discute la propiedad. En realidad, los derechos pretendidos son distintos pero no incompatibles.
Tercero. Que exista un proceso pendiente: se entiende que si el tercero pretende involucrar su pretensión al "caudal" jurisdiccional ya formado, lo lógico es que éste exista; por lo tanto, que se haya trabado la relación jurídica procesal y no exista sentencia ejecutoriada dentro de él.
Cuarto. El procedimiento para el litigio que plantea el interviniente debe ser el mismo del proceso en curso. La doctrina en general se ha preguntado si se requiere que la pretensión que se involucre como incompatible con la de las partes originales debe tener señalado un procedimiento similar al que se viene siguiendo o no; la respuesta generalmente ha sido que debe seguir el mismo procedimiento que se viene adelantando (en el sentido de que sea el legalmente establecido en la ley); sin embargo, la misma ley puede crear excepciones, y en ese caso se seguiría el procedimiento que legalmente estableciera la ley para la pretensión originaria; es decir, la involucrada por el demandante contra el demandado original. Me inclino por la tesis que sostiene que la pretensión del tercero debe tener establecido en la ley un trámite igual al que se viene siguiendo. El profesor Hernando DEVlS ECHANDÍA sostiene que si la pretensión del tercero no tiene establecido el mismo trámite, esa intervención sería imposible. No es que realmente sea imposible, ya que, como lo he dicho anteriormente, la misma ley puede establecer la excepción, pero mientras no la establezca la intervención no sería viable.
Quinto. El juez o magistrado que conoce del proceso debe ser competente para la demanda del interviniente. Quiero sobre este punto dejarme llevar de la mano de FAIRÉN GUlLLEN: "La intervención principal, según cierta doctrina de origen antiguo, produce un caso de acumulación subjetiva de pretensiones por razones de conexión material. y para conseguir una de las ventajas que le dan finalidad, esto es, la de evitar diversos procesos separados, su característica debe estribar en producir, en dar lugar a la
aparición de un nuevo fuero, de un fuero común, a una competencia combinada como la denomina KOHLER, y exclusiva (pues la competencia combinada excluye a la prorrogada). Si el tercero que pretende intervenir hubiera demandado por separado, hubiera debido ir a hacerlo a los fueros generales o especiales normales; pero actuando por medio de una intervención principal se evita esta diseminación de competencia, puesto que debe hacerlo en el fuero ante el cual se está desarrollando el primer proceso".
Al reflexionar con detenimiento sobre lo anterior, se puede llegar a conclusiones muy importantes:
a) El fuero que le pudiera corresponder a la pretensión del interviniente principal, corresponde al del lugar donde se tramita el proceso en que se pretende intervenir. b) Es decir, que si para la pretensión de intervención existían varios fueros, es el actor en el proceso inicial quien ha determinado el lugar donde se resolverá sobre la intervención. c) Si existe prórroga de la competencia, ella también existe para el interviniente principal. d) No se puede presentar problema en cuanto se refiere al factor objetivo de la competencia, ya que el tercero pretende en todo o en parte la cosa o el asunto cuestionado, y nunca podrá pretender más, lo que evita el surgimiento de nuevas pretensiones.
e) La competencia funcional sí puede traer problemas: 1) Si se considera que la intervención da lugar a un nuevo proceso, es indudable que debe ser presentada la demanda de intervención ante el juez de primera instancia y en ese evento se podrá solicitar la paralización del proceso inicial hasta cuando el recién iniciado alcance la etapa en que se halla el primero. 2) Si se considera que la intervención sólo amplía el proceso Original, considero que debe intervenirse en la primera instancia y como consecuencia debe presentarse la demanda de intervención ante este juez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay legislaciones que admiten que intervenga en la segunda instancia, claro que tomando el proceso en el estado en que se halla; en este caso debe presentarse la demanda ante este juez. Sobre este punto se hablará más adelante.
Sexto. La intervención debe ocurrir en la primera instancia.
FUEROS PROCESALES DE LA INTERVENCIÓN PRINCIPAL A) El interviniente es parte principal. Según la concepción de la legitimación en la causa, que he expuesto, el tercero al afirmarse titular total o parcial de la cosa o el derecho que es objeto del proceso, en todo caso explicando los supuestos fácticos cuando se trata de derecho, tiene la legitimación en la causa como parte principal, por cuanto la ley ha anhelado en esa forma el interés que la puede asistir. Recuérdese mi concepción de la legitimación en la causa. Se puede decir que por esencia debe ser parte principal, por cuanto si así no fuera se estaría frente a cualquier otra figura, pero no a la intervención principal. B) Las partes originales (que también son principales) pasan a ser Iitisconsortes pasivos. Son litisconsortes simples, o necesarios (o cuasinecesarios), o recíprocos. Para mí existe un litisconsorcio cuasinecesario, sobre todo si se mira a los demandados (partes originales), como lo sostiene Víctor FAlRÉN GUILLEN. C) El tercero debe asumir la calidad de demandante. D) Intervención excluyente de propiedad o de derecho preferente. El Código Procesal Civil establece que puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en oposición al de los litigantes como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho que el titular de la medida cautelar (Art. 100º, primer párrafo, CPC). Para la viabilidad de la intervención del tercero, en este caso, se supone la existencia de una medida cautelar dictada dentro de un proceso, incompatible con el derecho de propiedad o de algún otro derecho de un tercero (tercerista) respecto al bien gravado; en este caso, el tercero puede intervenir en el proceso con el propósito de obtener una declaración judicial sobre la prelación de su derecho. Es verdad que en este caso tiene que formarse un cuaderno especial para su sustanciación por razones de orden en su tramitación, pero ello no le resta a la participación del tercero la calidad con que lo hace: como titular de la intervención excluyente de propiedad.
Otro caso regulado por el ordenamiento procesal civil se presenta cuando un tercero pretende que del resultado del remate de un bien, en ejecución de sentencia naturalmente, su crédito sea cubierto con preferencia al del demandante (Art. 100º, segundo párrafo, CPC), caso en el cual tiene vital importancia el rango que tienen los créditos establecido por la ley. Este es el caso de la intervención excluyente de preferencia o de igualdad de crédito.
Las tercerías excluyentes de propiedad o de derecho preferente se tramitan, no como los otros tipos de intervención voluntaria, sino conforme a las reglas contenidas en los
artículos 533º y siguientes del Código Procesal Civil, pues así lo dispone dicho ordenamiento (Art. 100º, tercer párrafo, CPC).
Tratándose de la tercería excluyente de propiedad, la demanda correspondiente puede interponerse en cualquier momento antes de que se inicie el remate del bien (Art. 534º CPC). La demanda de tercería debe reunir los requisitos señalados por el numeral 424º del Código Procesal Civil; dentro de ellos debe presentar la prueba que acredite el pretendido derecho, consistente en documento público o privado de fecha cierta, así como prestar garantía suficiente a criterio del Juez para responder por los daños y perjuicios que la tercería pudiera irrogar (Art. 535º CPC). En caso de no satisfacerse con estas exigencias el juez debe declarar inadmisible la demanda.
Admitida a trámite la tercería de propiedad se suspenderá el proceso si estuviera en la etapa de -ejecución, aunque esté ejecutoriada la resolución que ordena la venta de los bienes, salvo que estén sujetos a deterioro, corrupción o desaparición o que su conservación resulte excesivamente onerosa. En estos últimos casos el producto de la venta queda afectado al resultado de la tercería (Art. 536º, primer párrafo, CPC).
El tercerista puede obtener la suspensión de la medida cautelar o de la ejecución del bien afectado si la garantía otorgada es suficiente a criterio del juez para responder de los daños y perjuicios en caso que el tercerista no pruebe que los bienes son de su propiedad (Art. 536º, segundo párrafo, CPC) y se desestime su demanda de tercería.
El Código Procesal Civil regula un caso especial cuando establece que el perjudicado por una medida cautelar dictada en proceso en que éste no es parte en el juicio puede pedir su suspensión sin interponer tercería si anexa a su solicitud título de propiedad registrado. Del pedido se corre traslado a las partes en el proceso principal y con su contestación o sin ella el juez resuelve la solicitud. Si ordena la suspensión de la medida cautelar la resolución es irrecurrible, pues queda ejecutoriada en una sola instancia. Si no ordena la suspensión el interesado puede interponer su demanda de tercería con las formalidades anotadas (Art. 539º CPC).
Tratándose de la tercería preferente de crédito la demanda debe proponerse antes que se realice el pago al acreedor, que nominalmente es el demandante en el proceso principal (Art. 534º CPC).
En cuanto a los requisitos de la demanda sobre tercería preferente de crédito, son de observancia las reglas contenidas en el artículo 535º del Código Procesal Civil, de los cuales hemos tratado al referimos a la tercería excluyente de propiedad. Si no se cumplen rigurosamente con los requisitos que señala dicho numeral el juez debe declarar inadmisible la demanda.
Admitida la demanda sobre tercería de derecho preferente de crédito se suspende el pago al acreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia, salvo que el tercerista otorgue garantía suficiente a criterio del juez para responder por el capital, intereses, costas, costos y multas. El tercerista puede intervenir en las actuaciones relacionadas con el remate del bien (Art. 537º CPC).
Finalmente, el Código Procesal Civil establece una norma especial para el caso que se probara la connivencia entre tercerista y demandado (un proceso fraudulento), señalando que se impondrá a ambos y a sus abogados, para que respondan solidariamente, una multa no menor de 5 ni mayor de 20 Unidades de Referencia Procesal, más la indemnización de daños y perjuicios, costos y costas. Además el juez remitirá al Ministerio Público copia certificada de los actuados pertinentes para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Iguales sanciones se le impondrá al litigante que haya solicitado y logrado maliciosamente la ejecución de una medida cautelar (Art. 538º CPC), produciéndose en este último caso igualmente un proceso fraudulento. El fraude procesal que cause daño a terceros está vedado por nuestro ordenamiento procesal.
e) Requisitos y trámite tratándose de la intervención voluntaria. Lo que aquí anotamos son los requisitos y las reglas de orden genérico relativo a la intervención voluntaria, pues los requisitos y las reglas específicas los hemos señalado el tratar cada caso de intervención voluntaria. Los terceros que pretenden ingresar al proceso deben invocar interés legítimo y se apersonarán al proceso presentando su solicitud con las formalidades previstas para la demanda en lo que le fuere aplicable, debiendo de modo esencial acompañarse los medios probatorios que quiera hacer valer (Art. 101 º, primer párrafo, CPC).
El Juez declarará la procedencia o denegará de plano el pedido de intervención del tercero. En el primer caso dará curso a las peticiones del tercero, que al ser incorporado al proceso recibe la calidad de tercero legitimado. Los intervinientes se incorporan al proceso en el estado en que éste se halle al momento de su intervención (Art. 101 º, segundo párrafo, CPC), regla ésta que debe aplicarse en los casos que no exista norma
específica en sentido diferente. Sólo es apelable la resolución que deniega la intervención (Art. 101 º, segundo párrafo, CPC). La resolución que declara procedente la intervención del tercero no es impugnable en atención a que conforme al Código sólo es apelable la resolución que deniega la intervención, la que debe concederse sin efecto suspensivo. Empero, en el supuesto que indebidamente se le hubiera dado injerencia en el proceso a un tercero que carece de legitimidad, se recurrirá a la figura procesal de la extromisión para separarlo de él.
B) Intervención provocada de un tercero. La intervención de un tercero es provocada u obligatoria cuando alguna de las partes solicita o el propio juez dispone su incorporación al proceso. La intervención del tercero en este caso no proviene de su voluntad, sino que se ve impelido para intervenir en el litigio como consecuencia de un llamamiento formulado por el juez, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes mediante la denuncia civil correspondiente.
La denuncia civil como una forma de llamamiento de terceros al pleito, desde una visión genérica, constituye una forma de propiciar una intervención obligada de un tercero en el proceso. Es un mecanismo procesal mediante el cual una de las partes en el litigio solicita la incorporación de un tercero al proceso, además de él o en su lugar, por tener alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, para lo cual debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio a fin de que, si el Juez considera procedente, sea emplazado con las formalidades establecidas para la notificación con la demanda (Art. 1 02Q CPC). La denuncia civil constituye un mecanismo de intromisión de un tercero en el proceso. No obstante que el Código, por su redacción, sólo autorizaría al demandado para formular la denuncia civil (Art. 102° CPC), consideramos que la denuncia civil puede ser formulada también por el actor cuando sea demandado reconvencionalmente.
El Código Procesal Civil establece sustentos específicos en base a los cuales se debe formular la denuncia civil correspondiente: puede invocarse el aseguramiento de una pretensión futura y puede esgrimirse el llamamiento posesorio. Hay que anotar que el llamamiento del tercero que hace el Juez en caso de fraude o colusión procesal es un llamamiento sui generis, que no se encuadra en rigor en la norma contenida en el artículo 102 de dicho Código, ya que tiene como sustento la conducta fraudulenta de las partes y tiene como propósito dar la oportunidad al tercero para defender su derecho discutido en el proceso fraudulento o que pueda ser afectado. Cabría, sin embargo, señalar que los jueces deben admitir al amparo del artículo 102° otros supuestos de hecho que invocan las partes al formular la denuncia civil respectiva por contener dicha norma la regla genérica del instituto en estudio, como podría ser el caso en que un demandado formule la denuncia civil respectiva para que un tercero asuma con él la
calidad de demandados frente a una pretensión procesal en que ambos tengan responsabilidad compartida (tratándose, por ejemplo, de las obligaciones solidarias), sin necesidad de esperar el resultado del proceso principal, de modo que en la misma sentencia se condene a los dos demandados en favor del actor. En rigor, no se trataría del llamamiento a un litisconsorte necesario, por cuanto el Código Civil faculta al acreedor reclamar el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios y no necesariamente a todos. En todo Caso la denuncia civil servirá para conocer y, consecuentemente, emplazar al litisconsorte necesario, que se supone no conocía el actor.
Si el Juez considera procedente la denuncia civil emplazará al denunciado con las formalidades establecidas para la notificación de la demanda, concediéndole un plazo no mayor de 10 días para que intervenga en el proceso, el cual quedará suspendido desde que se admite la denuncia hasta que se emplaza al denunciado. Una vez emplazado, éste será considerado litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades que éste. La sentencia resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial entre el denunciante y el denunciado (Art. 103º CPC). DENUNCIA DE TERCEROS (Exposición Proceso uruguayo) (*)
de
Motivos
del
Código
General
del
(*) Tomado de la Exposición de Motivos del Código General del Proceso uruguayo, elaborado por Enrique Vescovi (Editorial Abaco, Montevideo, 1990, pp. 198 Y ss.).
"Art. 53.- Denuncia de terceros.- El demandado, en un proceso en el que considere que otra persona, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad en la cuestión controvertida, deberá denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a los efectos de que se les noticie el pleito, bajo responsabilidad de los daños y perjuicios que correspondieren por su omisión".
l. El instituto de la laudatio o nominatio autoris.
Generalidades.- El instituto regulado en este articulo es el que, fuera de algunas discrepancias, se lo denomina laudatio o nominatio autoris, que nos viene del derecho romano y cuyo origen está en la norma del derecho intermedio que dispone una carga para el demandado como poseedor que realmente detiene la cosa en nombre ajeno, de nombrar a este tercero indicando sus datos con el fin de que el actor pueda dirigir correctamente la demanda si es que lo hizo erróneamente.
En puridad, se trata de un deber de colaboración con la Justicia que obliga a quien sabe por conocimiento propio que la demanda está erróneamente dirigida contra él a indicar el verdadero responsable, en virtud de la situación sustantivo que se ha planteado en el proceso.
Se trata, sin duda, de un caso diferente al regulado en el art. 51 (*), pues en este caso e! demandado no pide la citación de! tercero sino que se limita a denunciar la situación (que determinará que haya otro a quien demandar sea en vez o además de él) indicando el (o los) nombre y domicilio de ese sujeto "a los efectos de que se le noticie del pleito".
Por eso, en lugar de un llamamiento de terceros estamos ante una "Denuncia de terceros" como dice el nomen iuru del artículo.
(*) Art. 51. INTERVENCIÓN NECESARIA POR CITACIÓN. El demandado, en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo, podrá solicitar el emplazamiento de un tercero en garantía o de aquél respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El emplazado no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y deberá comparecer, tendrá los mismos derechos, deberes y cargas que el demandado",
2. Diversas posiciones de la doctrina y la legislación.- Este instituto no ha sido recogido por todas las legislaciones, y en las que aparece ha sido regulado de diversa manera. Así, está en el Código italiano y el adelantado Código del Brasil lo regula solamente para el caso del detentador de la cosa en nombre ajeno, y la regulación demuestra que la finalidad de la figura es, fundamentalmente, la noticia al actor para que decida si amplía o sustituye la demanda.
PALACIO, en Argentina, donde tampoco se regula el instituto, sostiene la aplicación del mismo a todos los casos en que el demandado carece de legitimación para estar en el proceso y puede indicar un tercero legitimado para colocar al actor en condiciones de proseguir su actuación frente a éste.
DEVIS ECHANDÍA, desde Colombia, donde sí se regula el instituto refiriéndolo a la legislación sustancial (art. 54), recalca en este instituto la colaboración con el actor para que éste decida si continúa el pleito con el denunciado.
En general, la legislación comparada se ciñe al caso del pleito que tiene por objeto una cosa (mueble o inmueble), en el cual al que se demanda no es a quien (o no sólo a él) detenta la cosa por sí, sino a nombre de otro o quien posee en nombre ajeno. El Código de Brasil se refiere en un segundo artículo a la pretensión de perjuicios contra una cosa intentada por su propietario (o titular de un derecho sobre esa cosa) contra quien es el autor de los perjuicios pero practicó el acto por orden o en cumplimiento de instrucciones de un tercero (art. 63).
3. La denuncia del tercero en el Código General del Proceso.- La normativa de nuestra leyes más amplia pues comprende no sólo los casos en que se trata de una cosa como objeto del proceso sino también otros casos pues habla de cuando existiera una "obligación o responsabilidad en la cuestión controvertida" con lo que el espectro de los casos es mayor.
Naturalmente que dichos casos son aquellos en los cuales el derecho de fondo establece la responsabilidad ajena (a quien es demandado) o ciertas normas procesales disponen expresamente dicha denuncia y la consecuente notificación del tercero.
Así se da el caso regulado por el Art. 681 del Cód. Civil, que establece la carga del mero tenedor que es demandado por reivindicación de denunciar el nombre de aquel por quien posee, verdadero destinatario de la pretensión reivindicatoria so pena de sufrir las consecuencias previstas en el arto 683 del mismo cuerpo de leyes.
También corresponde recordar aquí que las leyes de arrendamientos y desalojos, urbanas y rurales, disponen que el arrendatario desalojado tiene la carga de denunciar los nombres y domicilios de sus arrendatarios, para que sean debidamente citados
ajuicio por el juzgado, so pena de responsabilidad (art. 47, ley 14.219 de arrendamientos urbanos y art. 40. ley 14.384 de arrendamientos rurales).
La amplitud de la fórmula utilizada por nuestro Código, siguiendo al "modelo" para Iberoamérica, permite comprender otros casos. En especial funciona como una fórmula residual de la hipótesis del arto 51, que regula el llamamiento de terceros, permitiendo incluir los casos allá no contemplados. Inclusive, como vimos al comentar ese artículo tan complejo, hay ciertas opiniones que, frente a casos considerados por otros autores (Jueces, etc.), como pasibles de determinar un llamado de terceros que se resuelvan por esta situación (la de un simple conocimiento de la litis).
Hay quienes sostienen, como vimos al tratar el art. 51, que quien pretende desplazar su responsabilidad hacia un tercero en caso de accidentes de tránsito (como entienden en esa posición restringida que no cabría su citación), debería aplicar este artículo. Lo que no resulta muy explicable por no ser una hipótesis de daños y perjuicios el omitir la denuncia pues no produciría esta consecuencia.
El tema está especialmente relacionado con el de cosa juzgada puesto que habrá que considerar, entre otros tantos aspectos de esta temática del llamado o denuncia de terceros, la cuestión del eventual efecto de la sentencia respecto de éstos, que trataremos de comentar el art. 218 (especialmente su num. 3). Puesto que resulta fundamental saber si ese tercero, en especial si no es llamado o citado, puede ser o no alcanzado por la cosa juzgada.
4. Denuncia del tercero pretendiente.- Se trata, en este caso de una hipótesis diversa que contempla la doctrina para el caso del tercero que pretende ser propietario de la cosa reclamada o titular de la deuda exigida, en cuyo caso se regula su "denuncia" o "llamamiento", según los autores. Con un criterio amplio podrá entenderse que entra en esta figura, en especial en las hipótesis en las cuales se da también una diferente legitimación a la pretendida por el actor, aunque en este caso se refiere a la situación activa y no a la pasiva. Como el efecto procesal que veremos enseguida no opera ninguna transformación en las partes originales del pleito, no habrá inconveniente en admitir esta forma especial de denuncia como comprendida en la figura procesal regulada por este artículo. No cabe duda de que el tema es opinable.
5. Régimen procesal de la denuncia del tercero.- Corresponde ahora el estudio del procedimiento en caso de la denuncia del tercero, el cual es, en cierto modo, diferente al del art.5l.
El que puede hacer la denuncia o debe realizarla, en su caso, es siempre el demandado y no el actor. Y también resulta una carga procesal de la que se podrá sufrir, eventualmente, de no cumplir con ella sus consecuencias: daños y perjuicios. La oportunidad para realizarla parece ser la del plazo para contestar por aplicación de lo dispuesto por el art. 51, dado que hay un paralelismo en ambas situaciones, así como por lo que surge del art. 133, ord. 6 (O).
Este tercero tiene facultad de comparecer o no y no tiene plazo para hacerlo. Esto es que, como su entrada en el juicio es facultativa y por ello no se le realiza un emplazamiento ni puede ser declarado rebelde como el citado en garantía, la que puede hacer en cualquier momento. Reiteramos, porque no es un demandado sino un tercero y está sometido al régimen de éste, esto es, que podrá comparecer en cualquier momento, dentro de ciertos límites, deberá tomar la causa en el estado en que se encuentre sin hacerla retrogradar, etc., también como tercero estará sometido a los presupuestos de las tercerías y deber justificar, entre otras cosas, su interés y legitimación. No es el caso del llamamiento del tercero cuyas cualidades surgen del propio llamado. Por ello, en este caso, podrá ser rechazado por el juez, en las oportunidades previstas, para lo que no es óbice a que haya sido denunciado por el demandado. Procesalmente, de ser admitido, será como todo tercero. Es decir, que podrá ser coadyuvante o excluyente y, aunque esto sea dudosa, litisconsorcial.
Por supuesto, de comparecer lo será en los mismos autos y ante la misma sede, y le será aplicable en lo pertinente, lo repetimos, por el procedimiento previsto en los arts. 51 y 52 (*) en primer término y luego por el de las tercerías.
(*) "Art. 52.- OPOSICIÓN AL LLAMAMIENTO DE TERCEROS.- La contraparte podrá oponerse a la citación de un tercero y el tribunal resolverá la procedencia de la misma por sentencia interlocutoria, que sólo será apelable cuando rechaza la intervención".
DENUNCIA DE LA LITIS EN LA DOCTRINA ITALIANA Y ALEMANA (**)
"DENUNCIA DE LA LITIS"
(LLAMAMIENTO EN LA CAUSA O DENUNCIA DE LA LlTIS EN ITALIA)
(**) Tomado de la obra de PARRA QUIJANO, Jairo, La intervención de terceros en el prouso civil, Depalma, Buenos Aires, 1986. pp. 246 Y ss., Y 257 Y ss., utilizada por la Academia de la Magistratura en los cursos de actualización a los Magistrados del Poder Judicial.
Para apreciar la doctrina italiana, debe hacerse una transcripción de las normas vigentes dentro de estos temas en la legislación y doctrina de ese país. "El comprador que ha reconocido espontáneamente el derecho del tercero, pierde el derecho a la garantía, si no prueba que no existían razones suficientes para impedir la evicción"
Tesis de Piero CALAMANDREI:
Se puede decir que la obra cumbre en torno a este tema tan apasionante en el derecho procesal, es indudablemente la llamada en garantía de Piero CALAMANDREI. Este autor, basado en la legislación italiana vigente, sostiene en esencia esto: "Cuando una
persona se encuentra en causa por un objeto acerca del cual un tercero está obligado, por derecho sustancial, a prestarle garantia, puede comportarse, en relación a ese tercero garantizador, de dos maneras diferentes: puede limitarse a llamado en causa (cfr. en cuanto a la garanúa proveniente de venta, art 1485, C.C.) (*), al solo objeto de informarlo de la pendencia de la causa principal; o puede llamado en garantia, proponiendo contra él, al mismo tiempo que lo llama a la causa principal, la demanda de garantia, es decir, de regreso (art. 32)" (**).
(*) Art. 1485 del Código Civil italiano: "El comprador demandado por un tercero que pretende tener derecho sobre la cosa vendida, debe llamar en causa al vendedor. Cuando no lo haga y sea condenado por sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, pierde el derecho a la garantía, SI el vendedor prueba que existian razones suficientes para hacer rechazar la demanda". (**) Art. 32 del Código de Procedimiento: "Causas de garantía. La demanda de garantia puede proponerse al juez competente para conocer de la causa principal, a fin de que la decida en el mismo proceso, aun cuando exceda de su competencia por razón del valor".
Para este autor, entonces, la denuncia de la litis es algo menos que el llamamiento en garantía, ya que en este caso se contiene en sí la proposición de una nueva demanda del garantizado contra el garante (causa de garantía).
En la primera hipótesis, el garantizado se limita a llamar en causa al garante para informarlo de la existencia del proceso. El llamado puede intervenir en causa ad' adiuvandum al garantizado contra su adversario y hasta si quiere puede "asumir la causa" en lugar del garantizado (el art. 108 del Código de Procedimien to Civil italiano) (***)·
(***) Art. 108 del Código de Procedimiento Civil: "Si el garante comparece y acepta asumir la causa en lugar del garantizado, éste puede pedir, cuando las otras partes no se opongan, la propia extromisión. Ésta se dispone por el juez por medio de ordenanza; pero la sentencia de fondo pronunciada en el juicio, despliega sus efectos también con quien ha sido objeto de extromisión".
La importancia aquí de denunciar el pleito, según este autor, consiste en que informado del proceso, el denunciado no puede alegar con posterioridad que oo había razones suficientes para hacer que se rechazara la demanda" (véase el ya transcrito art. 1485 del Código Civil italiano). En la segunda hipótesis, el garantizado en lugar de limitarse a esa simple litis denuntiatio, puede proponer contra el garante el verdadero y propio llamamiento en garantía; éste tiene un doble efecto: por una parte, sirve para poner al garante en condiciones de intervenir como parte en la causa principal, como se ha indicado, pero sirve para proponer una demanda eventual (nueva demanda es llamada por CALAMANDREI), mediante la cual el garantizado, para la hipótesis de que en la causa principal haya de salir vencido frente a su adversario, pide que el garante sea condenado a indemnizarlo de esa derrota. Así, en virtud del llamamiento en garantía, se encuentran reunidas ante el mismo juez (art. 32) dos causas: la principal, entre las partes principales, donde puede ocurrir que el llamado en garantía también tome parte en la forma antedicha, y la garantía entre el garantizado actor y el garantizado demandado. Para este autor, "garantía es la defensa en juicio dirigida a rechazar una demanda de un tercero o a sostener una demanda contra un tercero, y al resarcimiento de los daños derivados de la no efectuada o no lograda defensa de una persona denominada garante, está obligado a presentar por ley o por contrato, a otra persona llamada garantizado". A su vez, el autor mencionado define la llamada en garantía como la institución procesal en virtud de la cual, quien es parte de una causa pendiente respecto de un objeto por el cual un tercero le debe garantía (causa de molestia), llama a la causa a este tercero para permitirle prestar espontáneamente la defensa; o si consistiendo en prestarla, pierde la causa, pide al mismo juez que conoce de la causa de molestia, que declare al tercero obligado a prestar la defensa (acción de defensa) ya resarcir el daño derivado de la no prestada o no lograda defensa (acción de regreso).
La anterior tesis de CALAMANDREI puede ser explicada con la siguiente gráfica: Denuncia del pleito Proceso de A contra B B denuncia el pleito a C Si B pierde el bien, tendrá que iniciar un proceso separado para que condene C a indemnizarle por la no prestada o no lograda defensa. ¿Cuál es entonces la importancia de haber denunciado el pleito? Según lo sostenido en el art. 1485 del Código Civil italiano, en e! nuevo pleito el garante no podrá probar que "existían razones suficientes para hacer rechazar la demanda", En cambio, respecto al llamamiento en garantía:
A demanda a B B llama en garantía a C Si B es condenado, C puede ser condenado tainbién a pagar la indemnización en e! mimo proceso en favor de B (esto es lo que sostiene e! Art. 32 del Código de Procedimiento Civil italiano). Criterio de CHIOVENDA Como sucede en la concepción de Piero CALAMANDREI ya explicada, Giuseppe CHIOVENDA distingue entre la denuncia de! pleito y el llamamiento en garantía, así: "Cuando a la llamada del tercero contra el cual la parte de que procede la citación tiene una acción de regreso se añade la proposición in eventum de esta acción en la misma litis, se tiene la llamada en garantía", Esta teoría es de origen germánico, sí bien la moderna ley alemana no la reconoce. "La acción de regreso se propone condicionalmente: de este modo, en la hipótesis de que el que hace la llamada sucumba frente a su contrario, el llamado no sólo se encontraría (como en la simple [itis denuntiatio) en la imposibilidad de desconocer su responsabilidad, que tiene por presupuesto esta derrota, habiendo estado en condiciones de defenderse, sino es que, al mismo tiempo, condenado a responder de las consecuencias de tal derrota". Lo antenor significa entonces que para los dos autores citados, inclusive para las normas de derecho positivo citadas, la diferencia entre la denuncia del pleito y el llamamiento en garanúa estriba sobre todo en que simplemente se noticia, se informa la existencia del proceso, con el objeto de que en proceso posterior para cobrar las indemnizaciones si el denunciante pierde el bien, el denunciado no pueda alegar y probar que exisúan razones suficientes para hacer rechazar la demanda.
En cambio, en el llamamiento en garantía, se informa de la existencia del proceso para que en él, en caso de que el llaman te lo pierda, si es el caso, se condene al llamado a pagar las indemnizaciones al llaman te.
CHIOVENDA, finalmente sostiene: "A la parte que, en caso de perder el pleito, le corresponda una acción de regreso contra un tercero, le es dable denunciar la litis a este tercero para darle ocasión de intervenir y ayudarle en su defensa, y evitar la excepción de negligencia en la defensa en el juicio posterior.
Luis MATIIROLO sostiene: "Por lo que, en otras palabras, diremos que la llamada en garantía supone simple y necesariamente un obligado, e implica la idea de la demanda eventual de condena del garante, la llamada, en cambio, sólo para la intervención
implica únicamente la idea de una comunión de derechos y de obligaciones entre el tercero llamado a intervenir y uno de los litigantes".
DENUNCIA CIVIL (Litisdenunciante en el derecho alemán)
Las normas del Código de Procedimiento Civil alemán disponen lo siguiente respecto al tema de la litis denunciatio.
72: "Toda parte de un proceso que, en el caso de resolverse éste en perjuicio de ella, crea que puede ejercitar una acción de garantía o de repetición contra un tercero, o que actúe cuidando del derecho de un tercero, puede denunciar judicialmente al tercero la pendencia de la causa, hasta el momento de la resolución firme de la misma.
"El tercero puede, a su vez, denunciar la causa a otra persona".
73: "La denuncia del litigio se hará por medio de escrito notificado al tercero, en el cual se indicará el motivo de la denuncia y el estado de la causa, De este escrito se pasará una copia a la parte contraria",
74: "Si el tercero entra en la causa con el litisdenunciante, su relación con respecto a las partes se regirá por los preceptos reguladores de la intervención adhesiva. Si el tercero se niega a intervenir o no hace ninguna manifestación, la causa seguirá su curso sin él. En todos los casos enunciados en este parágrafo se aplicarán contra el tercero los preceptos del 68, pero en vez de atenderse al tiempo de la intervención, 'se tendrá en cuenta aquél en que fuera posible la intervención por efecto de la denuncia",
68: "El interviniente adhesivo, para los efectos de su relación con la parte principal, no será oído con la afirmación de que la causa, tal como le ha sido presentada al juez, ha sido resuelta con error; sólo será oído si afirma que la parte principal ha llevado malla causa cuando por el estado de la misma al tiempo de su entrada en ella o por las manifestaciones y actos de la parte principal, haya estado impedido de ejercitar medios de ataque y de defensa, o Ct:L, 30 la parte principal intencionadamente o por negligencia grave, no haya hecho uso de medios de ataqur . de defensa que él no conocia". Según Leo ROSENBERG, "la litis denuntiatio es la comunicación formal a un tercero de una controversia pendiente por una de las partes", James GOLDSCHMIDT dice: "Cuando una parte litigante estima que, en el caso de sucumbir en el proceso, tiene derecho a ejercitar una acción de garantía (verbigracia, el comprador vencido, contra el vendedor), puede denunciar al tercero, hasta el momento del fallo del negocio, la pendencia de la causa, por medio de escrito", Adolfo SCHONKE sostiene: "La litisdenunciación es la comunicación formal de una causa dirigida por una de las partes de la misma a un tercero, Con ella no se ejercita una verdadera acción procesal, según ha declarado el Tribunal Supremo",
De la transcripción de las normas del Código de Procedimiento Civil alemán y de las citas de las definiciones anteriores, se pueden sacar las siguientes conclusiones:
Primera: Para los alemanes, la litis denuntiatio puede ser utilizada para hacer viable la intervención litisconsorcial, la intervención principal y además para la figura de la "laudatio nominatio auctoris ".
Segunda: Para el tema que interesa, en Alemania, la denuncia del pleito es una simple comunicación; no está prevista la posibilidad de condenar en el mismo proceso al llamado.
Tercera: Si e! denunciado decide intervenir en el proceso, se le recibirá como interviniente adhesivo.
Cuarta: Si e! receptor de la denuncia no se adhiriese al denunciante del litigio, la causa proseguirá sin tenerlo en cuenta. Pero la sentencia, a pesar de eso y aun cuando el receptor de la denuncia se adhiera al adversario del denunciante de! litigio, tendrá el
mismo efecto para un futuro proceso entre él ye! denunciante del litigio que si se hubiese adherido a"'·· último; sólo que también aquí decide el tiempo en que posible la adhesión a consecuencia de la denuncia del lit para la excepción de gestación procesal defectuosa.
Quinta: En la legislación alemana la citación tiene por Otr jeto que la sentencia que se dicte en ese proceso afecte al llamado o receptor de la denuncia. Si el llamado comparece será considerado como coadyuvante del llaman te. Si la citación es demorada. cuando realmente e! llamado en nada puede colaborar, en el nuevo proceso que se inicia por parte de!llamante contra el llamado, éste puede argumentar que se le llamó tarde y es entonces cuando se estudiará la procedencia y la forma de la denuncia.
Las consecuencias anteriores quedan claras con la siguiente cita de Adolfo SCH01'<'KE: "Los efectos de la litisdenunciación consisten en que entre e!litisdenunciante y el tercero se producen todas las consecuencias de la intervención adhesiva, prescindiendo de que el tercero entre en la causa o no. Mas siempre para la alegación sobre la defectuosa gestión del proceso (exceptio mate gesti processus) se habrá de tener en cuenta no e! momento en que entró en e! proceso, sino e! momento en que a consecuencia de la litisdenunciación le fue posible",
Más adelante agrega: "Si el tercero no interviene se prosigue eljuicio sin tenerlo en cuenta. En el juicio en que se realiza la litisdenunciación no puede examinarse si existen los requisitos de la litisdenunciación; este examen solamente puede y debe efectuarse en el posible proceso entre el litisdenunciante y el litisdenuncia,po".
En el derecho alemán existe la simple denuncia de la litis, y si el denunciado quiere intervenir lo hace como coadyuvante. En el proceso donde se hace el llamado no se estudia la viabilidad, sino solamente en el proceso donde se estudie la acción revérsica; será en éste donde haya oportunidad de estudiar la viabilidad y la seriedad de la denuncia hecha en el antenor proceso.
A continuación estudiamos los supuestos fácticos que se pueden esgrimir al formular la denuncia civil, incluyéndose el llamamiento en caso de fraude o colusión.
a) Llamamiento en garantía o aseguramiento de pretensión futura.
Nuestro ordenamiento procesal civil regula el instituto con el nombre de aseguramiento de pretensión futura, el que en doctrina recibe también el nombre de llamamiento en garantía. El Código Procesal Civil prevé que la parte que considere tener derecho para exigir de un tercero una indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado de un proceso, o considere tener derecho a repetir contra dicho tercero lo que debiera pagar en ejecución de sentencia, puede solicitar el emplazamiento del tercero con el objeto que en el mismo proceso se resuelva además la pretensión que tuviera contra él (Art. 104º, primer párrafo, CPC).
Este instituto procesal constituye una especie de denuncia civil previsto para aquellos casos en los cuales las partes demandante o demandado- consideran estar facultados para exigir de un tercero el cumplimiento de alguna prestación como consecuencia de la decisión que en su contra se produzca en el proceso. Para aclarar esta concepción vamos a señalar algunos ejemplos: 1) Supongamos que VÍetor Raúl, que ha adquirido de Alfredo mediante un contrato de compraventa la propiedad de un inmueble, es demandado por Juan Miguel para privarlo de su dominio alegando tener un derecho preferencial; en este supuesto VÍctor Raúl tiene la facultad de solicitar al Juez que emplace a su vendedor Alfredo para que intervenga también en el proceso, ya que si se ampara la demanda planteada por Juan Miguel, debe declararse que VÍctor Raúl carece del derecho de propiedad ostentado, ordenándosele entregar el bien, condenándose, en la misma sentencia, a Alfredo -tercero llamado al proceso- a que no sólo devuelva el impone pagado por VÍctor Raúl como importe del bien, sino también para que pague el importe de los daños y peIjuicios generados por la venta de un bien ajeno. 2) Supongamos otro caso en que MarÍaJulia demanda a María Elena, la avalista de VÍctor Raúl, el pago del importe de una letra de cambio. En dicho supuesto ylaría Elena puede solicitar que la demanda se entienda también con VÍctor Raúl, el aceptan te de la misma, a fin de que, si la sentencia le obliga a María Elena a efectuar el pago de la obligación a favor de Carmen Julia, VÍctor Raúl, el tercero llamado al proceso, cumpla con devolverle a la demandada \larÍa Elena lo que ésta tenga que abonar a Carmen Julia, decisión que debe estar contenida también en la misma sentencia. 3) Otro supuesto sería cuando al demandado Jaime, no obstante ser casado, se le reclama el pago de una deuda contraída por la sociedad conyugal conformada por dicho demandado y Dora, supuesto en el cual Jaime tiene el deber de denunciar su estado cÍ\il y proporcionar los datos exactos para proceder a la notificación de todos los representantes del patrimonio autónomo constituido por la sociedad conyugal. La sentencia final, si se acreditan los fundamentos de hecho, obligará a la sociedad conyugal al pago de la suma de dinero reclamada y no sólo aJaime. En este caso, que a nuestro criterio tiene amparo en el artículo 101º del Código Procesal Civil y, e-n todo caso, en la norma genérica prevista por el artículo 102º de dicho cuerpo procesal. el demandado tiene que formular la denuncia civil correspondiente. Sin embargo, está obligación procesal no descarta la posibilidad que el demandado, con el propósito de
hacer ineficaz la decisión judicial, deje de formular la denuncia, supuesto en el cual la conducta del demandado se aleja de la probidad, debiendo ser pasible de alguna sanción de orden civil, como el pago de una multa_ 4) Otro caso sería cuando el propietario de un vehículo, Abel, es demandado por atto sobre indemnización por daños y perjuicios causados como consecuencia de un atropello vehicular. supuesto en el cual Abel puede solicitar el emplazamiento del conductor del mismo, Roger, que nunca ha estado bajo su dependencia, para que en el mismo proceso se resuelva, además de la pretensión de atto, la que corresponde al demandado Abel contra el tercero Roger, que sería el importe de la indemnización que fije el juez. 5) A criteriQ, nuestro, es viable también, aplicando la mencionada norma procesal, en el caso que Alfredo y atto, fueran los demandados, el primero como fiador y el segundo como deudor principal, que Alfredo solicite que en la sentencia final el juez condene a su codemandado atto al pago del importe de la obligación satisfecha (por Alfredo) a favor del demandante en vía de repetición. Estos ejemplos, naturalmente, no agotan todos los supuestos que puedan encuadrarse en la norma que regula el llamado aseguramiento d.e pretensión futura. En todo caso debe recurrirse a la interpretación extensiva de la norma para hacer viable otros supuestos análogos a los descritos.
En los mencionados casos cualquiera de las partes, según la posición que ocupen en el proceso (por ejemplo como demandado o como demandado reconvencional), pueden pedir el emplazamiento del tercero, planteando realmente una pretensión procesal con todas las formalidades que señala el ordenamiento procesal civil, para que el juez, en el mismo proceso, decida sobre dicha pretensión. El amparo o no de la pretensión planteada contra el tercero estará subordinada a la suerte de la pretensión originaria propuesta contra la parte que solicita la incorporación del tercero al proceso, cualquiera que sea el sentido de la decisión, porque supongamos que prospere la pretensión del demandante, ello no necesariamente conducirá a que la pretensión del demandado propuesta contra el tercero prospere, ya que ésta dependerá que sus fundamentos se acrediten en el proceso, especialmente la conexidad que sustente la subordinación entre la pretensión del demandado contra el tercero respecto a la pretensión originaria, que en los ejemplos anotados claramente se advierte. Asimismo, si no prospera la pretensión del demandante, la pretensión del demandado contra el tercero tampoco prosperará. Por tanto, la pretensión propuesta por el demandado contra el tercero mediante el aseguramiento de pretensión futura no tiene el carácter de autónomo. Otra cosa es que el demandado acuda al trámite del aseguramiento de pretensión futura en el mismo proceso o recurra a una demanda en forma originando un nuevo proceso después que culmine el anterior, en cuyos casos la suerte de la pretensión formulada contra el tercero en el mismo proceso o la nueva pretensión propuesta en el nuevo juicio dependerá también de la suerte que haya corrido la pretensión primigenia y de las pruebas que se aporten al proceso en ambos casos. Hay una especie de subordinación entre la pretensión propuesta por el demandado contra el tercero respecto de la pretensión primigenia del demandante.
El pensamiento de Piero CALAMADREI (18) nos permite diferenciar entre poner en conocimiento de un tercero de la existencia de un proceso que puede originar una demanda dirigida a él, respecto a proponer en un proceso dado el emplazamiento con una pretensión procesal a un tercero, de modo que esa pretensión (de garantía) cobre vida en el supuesto de que el denunciante civil sea d'esfavorecido con la sentencia: "Cuando una persona se encuentra' en causa por un objeto acerca del cual un tercero está obligado, por derecho sustancial, a prestarle garantía, puede comportarse, en relación a ese tercero garantizador de dos maneras diferentes: puede limitarse a llamarlo en causa al solo objeto de informarlo de la pendencia de la causa principal; o puede llamarlo en garantía, proponiendo contra él, al mismo tiempo que lo· llama a la causa principal, la demanda de garantía, es decir, de regreso".
Para Enrique VÉSCOVI (19) el llamamiento en garantía importa que "una de las partes, normalmente el reo, pide la citación (y emplazamiento) de un tercero para que concurra a defenderIo y eventualmente sea condenado", como ocurre en el supuesto relativo a la evicción por saneamiento a que nos hemos referido al tratar de la sustitución procesal.
El instituto que estudiamos, en el fondo, no sólo importa una denuncia civil para lograr la consecuente incorporación del tercero al proceso, sino también propende a garantizar la pretensión del demandado que va a surgir precisamente como consecuencia del resultado negativo del proceso, es decir, cuan- I do el demandado es vencido en el litigio (por ejemplo: en el caso que se le prive al demandado de su propiedad; en el caso que al demandado se le mande pagar, como avalista, el importe de la letra de cambio; etc.), consiguiendo que el propio Juez ampare la pretensión procesal del demandado frente al tercero incorporado. Aquí, en efecto, se ve claramente la vigencia, como sustento del instituto, de los principios de economía procesal y de la congruencia de las decisiones judiciales que no permite sentencias contradictorias. La práctica judicial nos demuestra la conveniencia del instituto en estudio regulado en el Código Procesal Civil, pues, antes de su entrada en vigor, el demandado, para proponer judicialmente su pretensión contra el tercero, tenía que esperar la culminación del proceso originario, lo que atentaba contra el principio de economía procesal y no en pocos casos contra el principio que no permite decisiones judiciales contradictorias.
Para que el tercero llamado al proceso responda por la pretensión propuesta por el solicitante éste debe hacer uso de la denuncia civil de aseguramiento de pretensión futura o llamamiento en garantía. Con este tipo de denuncia no se persigue que el denunciado reemplace a la parte denunCiante. sino se busca que el tercero responda en favor del demandado de las consecuencias del proceso originario en que ha sido vencido.
El llamamiento para efectos del aseguramiento de pretensión futura debe sujetarse al trámite y efectos previstos en el artículo l03º c;iel Código en estudio (Art. I04º, segundo párrafo, CPC).
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA (*)
(*) Tomado de la obra de PARRA QUIJANO, Jairo; La intervención de terceros en el proceso civil, Depalma, Buenos Aires, 1986, pp. 191 Y SS., utilizada por la Academia de la Magistratura en los cursos de actualización a los Magistrados del Poder Judicial.
1. NOCIÓN GENERAL
Se puede sostener que el llamamiento en garantia es de origen germánico, sin embargo, se podrá obsendr en el estudio de derecho comparado que se hace al final de esta obra, que la Ordenanza Procesal alemana del 30 de enero de 1877, no ha consagrado la figura mencionada, cuestión que sólo llegó a ser clara cuando Piero CALAMANDREI escribió en 1903 La ehiamata in garantia. En el derecho italiano existía, además de ésta, la simple denuncia, en Alemania solamente se había consagrado la simple denuncia.
Hay simple denuncia cuando la parte, que en caso de ser vencida en un proceso tiene acción reversiva contra un tercero. solicita que se le comunique a éste la pendencia del proceso, para facilitarle que comparezca y le ayude a evitar así la excepción de negligente defensa,en el proceso que posteriormenle podrá iniciar contra el llamado en caso de que pierda, en cambio, hav llamamiento en garantía cuando el llamamiento del tercero contra el que la parte que llama tiene una acción de regresión, ésta añade eventualmente la resolución de la responsabilidad e indemnizaciones en favor del denunciante y en contra del denunciado para que sea resuelta en el mismo proceso. Así las cosas, en mi opinión, la diferencia entre la figura de la denuncia del pleito y el llamamiento en garantía no estriba en el contenido del derecho material, es decir, que la una se puede emplear para garantías reales y la otra para garantías simplemente personales. La diferencia es eminentemente procesal si, además de comunicar el pleito
a un tercero. éste resulta únculado como parte y puede ser condenado, en e! evento de que el llaman te pierda el proceso ocurre el llamamienlo en garantía, si, en cambio, lo que se persigue es simplemente noticial a un tercero de la existencia del proceso para que ayude al llamante en el triunfo, sin que eventualmente se proponga en el mismo proceso la condena del denunciado, aparece sin lugar a dudas la simple denuncia del pleito.
II. EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y LA ECONOMÍA PROCESAL
Es indudable que con el llamamiento en garantía se desarrolla mejor el principio de la economía procesal, porque el juez que conoce de la causa es quien está en mejores condiciones de resolver sobre la responsabilidad del llamado frente al llamante, así se evitarán sentencias contradictorias.
En tal sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Bogotá, 5 de setiembre de 1978, en el proceso seguido por Alfredo Santos Villanizar contra la Sociedad Petroquímica Colombiana S.A. A continuación se transcribe la referida decisión jurisprudencial:
jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia colombiana. "Llamamiento en garantía y su semejanza con la acumulación de pretensiones sucesivas.
1) A modo y semejanza de la acumulación de pretensiones sucesivas, el llamamiento en garantía, o mejor la pretensión a él inherente, está condicionada al resultado de la sentencia, pues cobra fuerza y virtualidad sólo cuando una de las partes tenga derecho legal o contractual de exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que Ilegaran a sufrir, el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer" (Art. 57 del C. de P. C).
"Es las locuciones condicionales que se han subrayado, aunadas al presupuesto de pender del resultado del pleito, implican que sobre el llamamiento en garantía no procede decisión autónoma o independiente, sino condicionada al resultado de un proceso que dé lugar a fallo que en últimas decrete la indemnización de un perjuicio
sufrido por quien efectúa el llamamiento o que a éste le quepa condena que implique un pago que le deba ser reembolsado total o parcialmente".
"Si tales indemnizaciones o reembolsos dependen ineludiblemente del "resultado de la sentencia", como reza el Código, es evidente que si el fallo no contiene declaración o condena alguna en contra de quien efectúa el llamamiento, es innecesario que exista pronunciamiento, obviamente desestimatorio por sustracción de materia. en relación con el llamado a garantizar".
"De ahí que, por estar expresamente sometido el llamamiento en garantía a lo dispuesto en los arts. 55 y 56 del C. de P. c., en virtud del apartado final del art. 57, ibídem, le sea aplicable el último inciso del arto 56, que dispone que en la sentencia se resolverá cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial entre denunciante (o convocante) y denunciado (o convocado), sin que por tanto sea pertinente ese pronunciamiento en caso de no ser acogidas las súplicas de la pretensión principal [ ... ].
III. ¿CUÁNDO SE LlAMA EN GARANTÍA, SE EJERCE UNA ACCIÓN? ,
Se interpreta el derecho de contradicción con un criterio dinámico, en virtud de éste el demandado puede denunciar el pleito, llamar en garantia, e incluir eventualmente una pretensión contra ese tercero en el proceso ya formado. Pero la posición frente al tercero, que es ajeno al proceso y contra el cual se involucra una pretensión que soportará en el evento que el que llama pierda el proceso, sí implica innegablemente el ejercicio de la acción. Con la gráfica se aclara la cuestión.
A demanda a B
Hay simple denuncia cuando
B llama a C
La relación existe entre A y. B. B ejerce su derecho de contradicción llamando a C para que le ayude o lo defienda.
Llamamiento en garantia
A demanda a B B llama a C
IV. JUSTIFlCACIÓN SOCIOLÓGICA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
El llamamiento en garantía disminuye la incertidumbre de quien sabe que, en caso de perder el proceso, se condenará también a quien le dio cualquier tipo de garantía que permitiría una acción de regresión.
La simple denuncia, al contrario, no solamente atenta contra el principio de la economía procesal, sino que además, crea la angustia de quien perdió el proceso. b) Llamamiento posesorio. Con un ejemplo iniciamos su estudio. Supongamos que Federico dirige una demanda de desalojo contra Luis, que no es la persona que verdaderamente está en posesión del bien cuya restitución reclama, siendo simplemente un tenedor del inmueble en nombre de otro. En este caso Luis, al contestar la demanda, debe expresar su verdadera situación, indicando el nombre y domicilio real del verdadero poseedor. Esto importa una denuncia civil especial que dará lugar a que el proceso se suspenda hasta el momento del emplazamiento de denunciado. Aquí se pueden presentar dos situaciones: Uno, si el denunciado comparece y reconoce su condición de poseedor, será emplazado con la demanda con las formalidades señaladas por el numeral 103º del Código Procesal Civil y reemplazará al demandado originario, quien será apartado del proceso. Dos, si por el contrario el denunciado no comparece al proceso, o haciéndolo niega ser poseedor, el proceso seguirá su curso contra ambos, esto es, contra el demandado originario y contra el denunciado en su condición de litisconsorte, a quien necesariamente, aunque no lo diga el Código, se le
debe notificar con la demanda con las formalidades que señala el artículo 103º de dicho ordenamiento, caso en el cual la sentencia, si ampara la demanda, afectará a los dos, si las pruebas lo ameritan.
El Código Procesal Civil regula el llamamiento posesorio señalando que q\lien teniendo (no poseyendo) un bien en nombre de otro es demandado como poseedor de él. En este caso el emplazado debe expresarlo en la contestación de la demanda, precisando el domicilio del verdadero poseedor. Si no precisara el domicilio, será conminado a hacerlo bajo apercibimiento de ser condenado en el mismo proceso a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que su silencio cause al demandante, además de la multa prevista en el artículo 65º del Código (Art. 105º, primer párrafo, CPC). Es que, dicho apercibimiento, en '" alguna forma, morigera la conducta del litigante in escrupuloso que intencionalmente pueda omitir con efectuar las precisiones anotadas: señalar que no es poseedor sino tenedor, que el verdadero poseedor es tercera persona e indicando el domicilio real de éste. En caso que esa omisión se produjera, al demandado se le impondrá una multa no menor de lo-ni mayor de 50 Unidades de Referencia Procesál, además de obligarlo al pago de los daños v peJjuicios que su omisión cause al actor.
Para el emplazamiento al poseedor designado se seguirá los trámites señalados por el numeral103º del mencionado ordenamiento procesal civil, de los que hemos tratado precedentemente (Art. I05º, primer párrafo, CPC). Si el citado comparece y reconoce que es el poseedor reemplazará al demandado, quien quedará fuera del proceso, debiendo el Juez emplazar con la demanda al poseedor (Art. I 05º, segundo párrafo, CPC). Si el citado no comparece, o haciéndolo niega su calidad de poseedor, el proceso seguirá con el demandado, pero la sentencia surtirá efecto respecto de éste y del poseedor por él designado (Art. 105, tercer párrafo, CPC).
Lo norrnado en este artículo -dice el Código en examen- es aplicable a quien fue demandado como tenedor de un bien (no como poseedor), cuando la tenencia radica en otra persona (Art. 105, cuarto párrafo, CPC). Esta regla supone un caso inverso al señalado .precedentemente, donde el poseedor es demandado atribuyéndosele la calidad de tenedor del bien. En este supuesto el demandado debe señalar que él es el verdadero poseedor del bien v denunciar la persona que realmente ocupa o tiene el predio.
Esta figura procesal del llamamiento posesorio tiene relación con la legitimidad para obrar del demandado, que constituye una de las condiciones para un adecuado pronunciamiento sobre el fondo de la controversia (llamada por algunos estudiosos condiciones de la acción), pues con ella se evitará que el proceso se siga contra una persona que realmente no debe ser demandada, dando lugar a un proceso inútil. Por ello es viable también que el emplazado, que es demandado atribuyéndosele una condición que realmente no tiene (aducir que es poseedor, sin serIo realmente), deduzca perfectamente la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, la que si se ampara conducirá a la suspensión del proceso y, eventualmente, a la nulidad de lo actuado y conclusión del proceso (Art. 451 º, inc. 4, CPC). LAUDATIO O NOMINATIO AUCTORlS (Llamamiento posesorio) (*)
(*) Tomado de la obra de DAVILA MILLA, Encarnación, Litisconsorcio necesario. Concepto) tratamiento procesal, Bosch, Barcelona, 1992, p. 44, utilizada por la Academia de la Magistratura en los cursos de actualización a los Magistrados del Poder Judicial.
Es otro supuesto de intervención provocada que consiste en la citación que efectúa el demandado que le ha sido reclamado la propiedad de una cosa,-sobre la que disfrute determinados derechos, arrendamiento, usufructo, etc., al propietario para que intervenga en el proceso a defender los derechos.
Con respecto a este supuesto de intervención, en general la doctrina se inclina a decir que se trata de un cambio de partes, y por tanto no se produce con motivo de esta intervención un litisconsorcio, "en este supuesto lo normal es que el demandado ponga en conocimiento del poseedor mediato h incoación del proceso para que éste, a quien interesa la defensa de la propiedad. lo asuma como parte, y el demandado sea liberado de la continuación del mismo". De la misma forma, Gómez Orbaneja afirma: "el poseedor inmediato demandado con una acción relativa a la propiedad de la cosa, puede quedar fuera del litigio, designando a aquél de quien su posesión trae causa (poseedor mediato), con la notificación a éste de la demanda se libera de la obligación de responder de los daños y perjuicios que se produzcan en el derecho de la
propiedad". También SERRA trata el supuesto entre los de intervención Iitisconsorcial pro\'ocada: "Puede ocurrir que la intervención del propietario en el proceso sea paralela al apartamiento del primitivo demandado, en cuyo caso se da un proceso sin pluralidad de partes, un simple cambio en la persona de la parte demandada".
Si bien esta figura no está regul'L.da en nuestro ordenamiento positivo, sí ha sido objeto de estuch.:\en la corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los profesores de Derecho Procesal, en el Anteproyecto, en el art. 11, que dice: "Si se promoviere un juicio en el que se reclame la propiedad o la posesión de una cosa que está siendo poseída por el demandado en ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber, éste solicitará del tribunal que sea notificada la pendencia del juicio, con entrega de una copia de la demanda al propietario cuando proceda, al poseedor mediato de la cosa".
En el ordenamiento alemán, viene regulado en el parágrafo 76 de la Z.P.O. "La persona demandada como poseedor inmediato podrá denunciar la causa al poseedor mediato y citarle para que comparezca", si el llamado reconoce como cierta la afirmación del demandado, queda autorizado para continuar la causa en ese lugar, quedará desligado éste de la demanda oo. Lo mismo la doctrina. En este supuesto de intervención, no estamos normalmente ante el fenómeno de! proceso con pluralidad de partes, ya que el demandado una vez notificada la pendencia del proceso al poseedor mediato, puede ocurrir: ii) Que el llamado acuda al proceso a defender su propio derecho y el primitivo demandado se aparte de la causa. jj) Que el llamado no acuda al proceso y en este caso, el demandado (poseedor inmediato) puede alegar su falta de legitimación, o continuar el proceso. kk) Puede ocurrir que venga el llamado y el llaman te quiera seguir e! proceso. pudiendo hacerlo a modo de coadyuvante. En ningún caso se dará un supuesto de litisconsorcio.
c) Llamamiento en caso de fraude o (olusión. Nuestro ordenamiento procesal civil establece que cuando en cualquier etapa del pro.ceso se presuma fraude o colusión entre las partes, el juez, de oficio, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas con ese proceso, a fin de que hagan valer sus derechos, suspendiendo, para el efecto, el proceso por un plazo no mayor de 30 días (Art. 106º CPC),
En el supuesto anotado se advierte que el autorizado para producir el llamamiento es el juez, pues. por lógica. deducimos, no podrían hacerla los contendientes en el proceso fraudulento. El problema que se presenta es cuando el juez no tiene ningún elemento de juicio para establecer el domicilio de los terceros que pudieran ser afectados por el proceso en curso, ya que no estaría en condiciones, por ejemplo, de ordenar la notificación por edictos. Esa es la dificultad que encuentran los jueces en procesos fraudulentos, como se advierten en muchos juicios sobre alimentos que se siguen para aparentar por el obligado otras cargas alimentarias en perjuicio de terceros alimentistas. En el supuesto que se conociera el domicilio del tercero y se le notificara haciéndole conocer del proceso fraudulento en trámite: ¿Cuál sería la condición de ese tercero? ¿Será emplazado con la demanda? ¿Se le autorizará pedir la nulidad de todo lo actuad,o aduciendo fraude y el archivamiento del proceso? ¿Intervendrá en el litigio para rechazar los fundamentos de la demanda? ¿Será un interviniente principal va sea excluyente o litisconsorcial? Bueno, dependerá del interés que tenga el tercero sobre el derecho en debate en el proceso fraudulento, pues, por ello el Código permite el llamamiento a los terceros "a fin de que hagan valer sus derechos", Sin embargo, el Juez, debe tener cuidado en la calificación, pues, puede tratarse de un litisconsorcio necesario, en el cual, para la existencia válida de una relación jurídico-procesal, debe obligatoriamente incorporarse al proceso allitisconsorte. Es que en el proceso fraudulento se presupone la existencia de una relaciónjurídico-procesal válida y lo que se cuestiona es la conducta procesal de los participantes como partes en él.
El llamamiento que ahora nos ocupa puede producirse en cualquier estado del proceso, empero, dada la naturaleza del derecho en debate, consideramos que el llamamiento no tendría objeto si se produjera después de emitida la sentencia de primera instancia. Supongamos que en el proceso fraudulento se estuviera discutiendo el mejor derecho de propiedad sobre un inmueble, no obstante que ambos contrincantes tuvieran pleno conocimiento que un tercero tiene su título de propiedad contenido en una escritura pública inobjetable. Si no hay posibilidad de que el juez haga el llamamiento correspondiente a dicho tercero, consideramos que la sentencia que se emita, en todo caso, no debe afectarle, simplemente por no haber intervenido en el proceso fraudulento. Si hay posibilidad de llamarl o y si en ese momento se hubiera emitido la sentencia de primera instancia, a lo mejor ejecutoriada por no haber sido impugnada, los que se hubieran coludido para seguir ese proceso alegarían la santidad de la cosa juzgada para impedir la intervención del tercero. Consideramos, finalmente, que no debe impedirse el ingreso al proceso de un tercero que alega fraude procesal, si del examen que haga el juzgador encuentra elementos dejuicio que lleven a la presunción indubitable de la naturaleza fraudulenta del proceso. En la práctica, con frecuencia, encontramos decisiones de jueces que, con el simple argumento de que el tercero no es parte en el proceso, deniegan su participación, sin ninguna motivación respecto al alegado fraude procesal. Empero, (:1 juzgador, en estos supuestos, debe ser cuidadoso en la calificación del proceso.
5.5. LA EXTROMISIÓN
El Juez, como lo hemos estudiado pl'ecedentemente, de oficio, a petición de alguna de las partes o a petición del propio terce 0 puede admitir la intervención de este último en el proceS(;o Como contrapartida de esa actividad, cuyo instituto recibe la denominación de intromisión procesal, el Código regula el instituto de la extromisión, por el cual el juez, de oficio o a pedido de parte, y por resolución debidamente motivada, retira del proceso a un t~rcero legitimado que había sido admitido inicialmente como tal, pudiendo producirse en dos supuestos: a) Cuando el Juez considera que el legítimo interés que estuvo presente cuando se admitió al tercero ha desaparecido. b) Cuando se comprueba que la calificación dada al tercero al momento de su incorporación ha sido incorrecta (Art. 107º CPC). El juez, al declarar la extromisión y, consecuentemente, la separación del proceso de un tercero legitimado, debe emitir una resolución debidamente motivada, que contenga expresamente los fundamentos por los cuales considera que el interés o derecho que legitimó la intervención del tercero ha desaparecido o las razones que sustentan la comprobación de su inexistencia. La decisión, en este sentido, puede ser dictada por el juez en cualquier etapa del proceso. 6. LOS ABOGADOS Abogado es la persona que cuenta COll un título profesional de tal otorgado por una Universidad en nuestro país o revalidado por ella y que lo autoriza para asesorar, asistir y defender a los litigantes en los procesos civiles, como en otros procesos judiciales. Nuestro ordenamiento establece que el abogado, para intervenir en los procesos, requiere estar inscrito en el Colegio de Abogados correspondiente (Art. 285º, inc. 3, LOPj). Como toda persona tiene derecho a ser patrocinada por el abogado de su libre elección, en los procesos civiles se exige que el escrito que se presente al proceso debe estar autorizado por abogado colegiado, con indicación clara de su nombre y número de registro, pues de lo contrario no se le concederá trámite (Art. 132º CPC). En relación a la demanda, el Código Procesal Civil firma del abogado (Art. 424º, inc. 11, CPC). Finalmente, los abogados están facultados para intervenir en todas las audiencias y actuaciones que ~e produzcan en el proceso asistiendo a sus patrocinados. Es pos1bJ..e que los abogados intervengan en los procesos civiles, además ae defensores, como apoderados, ostentando representación voluntaria.
Son deberes de los abogados proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso (Art. 1 09º, inc. 1, CPC); no actuar
temerariamen te en el ejercicio de su patrocinio (Art. 109º, inc. 2, CPC); abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones (Art. 109º, inc. 3, CPC); guardar el debido respeto a las partes y a los auxiliares de justicia (Art. 1 09º, inc. 4, CPC); concurrir ante el Juez cuando éste lo cite y acatar sus órdenes en las actuaciones judiciales (Art. 1 09º, inc. 5, CPC); prestar al Juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales, bajo apercibimiento de ser sancionado por inconducta con una multa no menor de 3 ni mayor de 5 Unidades de Referencia Procesal (Art. 1 09º, inc. 6, CPC).
Los abogados responden por los peIjuicios que causen con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe (Art. 110º CPC). Cuando el Juez considere que el abogado actúa o ha actuado con temeridad o mala fe remitirá copia de las actúaciones respectivas a la Presidencia de la Corte Superior, al Ministerio Público yal Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar (Art. 111 º CPC).
Se con.sidera que ha existido temeridad o mala fe en los . siguientes casos: cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, con testación o medio impugnatorio (Art. 112º, inc. 1, CPC); cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (Art. 112º, inc. 2, CPC); cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del expediente (Art. 112º, inc. 3, CPC); cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulen tos (Art. 112º, inc. 4, CPC); cuando se obstruya la actuaciones de medios probatorios (Art. 112º, inc. 5, CPC); cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso (Art. 112º, inc. 6, CPC).
7. EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO
Juntamente con el PoderJudicial, existe un organismo que, si bien no forma parte de él, colabora con la tarea de administrar justicia sin estar facultado para decidir litigios. Ese organismo es el Ministerio Público, el que, dentro de un verdadero estado de derecho, tiene como funciones principalesla defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad enjuicio para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social; velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil; velar también por la prevención del delito, por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia (Art. 1 º LOMP).
El Ministerio Público, mediante sus representantes, en el ámbito civil, ejerce las siguientes atribuciones:
a) Como parte en el proceso (Art. 113º, inc. 1, CPC). Al tratar de las partes en el proceso hemos explicado que el representante del Ministerio Público interviene en determinados procesos civiles como parte singular o especial, como ocurre en los procesos de divorcio, en los procesos sobre separación convencional, etc. Cuando el Ministerio Público es parte en los citados procesos no emite dictamen (Art.· 481 º CPC). Esta norma ha derogado las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público que autorizan a los representantes de dicho organismo emitir dictamen previo a la sentencia que pone fin a la instancia en los procesos anotados. b) Como tercero con interés cuando la ley dispone que se le cite (Art. 113º, inc. 3, CPC). El Ministerio Público puede in tervenir en el proceso como tercero legitimado, cuando por ejemplo en un proceso se disputan entre los padres la tenencia de un menor de edad, con el propósito de defender sus derechos.
c) Como dictaminador (Art. 113º, inc. 3, CPC). Hay procesos civiles. como los relativos a la división y participación de bienes en las uniones de hecho a que se refiere el artículo 9º de la Constitución -en cuanto se tienda a asegurar los bienes y derechos de las partes y de los hijos comunes (Art. 96º, inc. 2, LOMP), en los que el representante del Ministerio fúblico debe dictaminar. El dictamen debe ser debidamente fundamentado (Art. 114º CPC). El dictamen debe ser emitido después de actuados los medios probatorios y antes que se expida sentencia (Art. 116º CPC). El dictamen será meramente ilustrativo y su omisión no causará nulidad procesal en los casos que expresamente señala la lev (Art. 89º, inc. b, LOMP).
Los 'representantes del Ministerio Público deben excusarse o abstenerse de inten'enir en el proceso por las mismas causal es que afectan a los jueces. Estos representantes no pueden ser recusados (Art. 117º CPC). El representante del Ministerio Público es también responsable civilmente cuando en el ejercicio de sus funciones actúa con negligencia, dolo o fraude. El proceso se sujeta al trámite que corresponde al de la responsabilidad civil de los jueces (Arts. 118º, 509º Y ss. CPC).
APENDICE DE JURISPRUDENCIA
1. AUTO QUE DECLARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
El otorgamiento de poder al amparo del Art. 809 del Código Procesal Civil confiere facultades generales para intervenir en el proceso y autoriza vá/¡damente interponer el recurso de apelación.
CAS: N 1056-96-LIMA Lima, doce de noviembre de mil novecientos noventiséis.
VISTOS; con el acompañado; Y ATENDIENDO: a que conforme aparece de lo actuado se ha cumplido con todos los requisitos formales para el concesorio del recurso de casación y, por tanto, para la admisión del mismo; Y CONSIDERANDO: 1. Que el recurrente don Carlos Armando Iglesias Alva fundamenta su recurso de casación interpuesto a fajas cuatrocientos veintiuno en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso conforme al artículo trescientos ochentiséis inciso tercero del Código Procesal Civil; 2. Que, para tal efecto, refiere que el artículo doscientos noventa de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que en los procesos, sin necesidad de intervención de su cliente, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley; que el artículo once de la citada ley señala que la interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable; que, en el presente caso, sostiene la impugnante, de conformidad con el artículo ochenta del Código Procesal Civil, la parte demandada ha delegado al abogado las facultades generales de re¡:..;esentación señaladas en el artículo setenticuatro del Código Proce~! Civil; 3. Que, en consecuencia, al haberse pronunciado la Corte únicamente respecto a la apelación del demandante, obviando los fundamentos de los recursos de la parte demandada, bajo el argumento de que el referido profesional carece de las facultades especiales contenidas en el artículo setenticinco del Código Procesal Civil considera que se ha configurado la causal contemplada en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del referido Código Procesal, porque significa un menoscabo a su derecho de defensa, principio recogido en el inciso cuarto del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política;
4. Que es evidente que en el presente caso se ha cumplido con el requisito de fondo establecido en-el rubro dos punto tres del inciso segundo del artículo trescientos ochentiocho del Código Procesal Civil, razones por las que es procedente el control casatorio:
DECISION:
Declararon PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por don Carlos Armando Iglesias Alva a fojas cuatrocientos veintiuno e Instalaciones Electromecánicas Sociedad Anónima a fojas trecientos noventisiete; en los seguidos por don Jorge Francisco Seminario Seminario con don Carlos Iglesias Alva y otro, sobre pago de dólares; y, en consecuencia, desígnase oportunamente. SS: Roncalla Román Reyes Vásquez Echevarría
2. SENTENCIA QUE AMPARA EL RECURSO
Lima, veintinueve de agosto de mil novecientos noventisiete La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la causa vista en audiencia pública el veintiocho de agosto del año en curso, emite la siguiente sentencia, teniendo a la vista el acompañado:
1. MATERIA DEL RECURSO:
Se trata de los recursos de casación interpuesto por don Carlos Armando Iglesias Alva e Instalaciones Electromecánicas Sociedad Anónima, INEMEC, contra la resolución de
fojas...trescientos setentinueve, su fecha veinte de mayo de mil novecientos noventiséis, por cuanto declara insubsistente las apelaciones concedidas a su parte.
2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
La Corte, mediante resolución de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventiséis, ha estimado procedente ambos recursos por la causal relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sustentando en que la Sala Superior ha menoscabado su derecho de defensa al pronunciarse sobre su apelación y determinar que el abogado de los recurrentes carecía de las facultades contenidas en el recurso de apelación y declarar la improcedencia de dichas solicitudes.
3. CONSIDERANDOS:
Primero: Que la causal de contravención a las normas que garantizan el derecho aun debido proceso está dirigida a cuestionar la inobservancia de normas de orden público y de ineludible cumplimiento, por garantizar la observancia de éstas una justicia imparcial, no arbitraria y ajustarla a ley.
Segundo: Que la representación judicial del abogado, según el artículo ochenta del Código Procesal Civil, exige de la parte material o de su representante, siempre que éste tenga facultad de delegación, que en el primer escrito que presente al proceso exprese su voluntad de otorgar tal representación. Tercero: Que, en el presente caso, a fajas doscientos cuarenta la recurrente otorga representación al doctor Ricardo Reyes Ramos para que la represente en el proceso, por lo que se concluye que el abogado tenía facultad para interponer el recurso impugnatorio. Cuarto: Que de lo expuesto se concluye que la Sala Superior, al declarar nula la apelación concedida en primera instancia, ha contravenido las normas procesales.
4. DECISION:
A) Estando a las conclusiones a las que se arriba, de conformidad con el artículo trescientos noventiséis rubro dos punto uno del Código Procesal Civil, se declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fajas cuatrocientos veintiuno y a fajas trescientos noventisiete y, en consecuencia, CASARON la sentencia de fajas trescientos setentinueve, su fecha veinte de mayo de mil novecientos noventiséis, que declara insubsistente las apelaciones concedidas a fajas trescientos sesentiséis y trescientos cuarenticinco respectivamente; MANDARON que la Sala Superior expida nuevo fallo; B) ORDENARON la publicación de esta resolución en el diario Oficial El Peruano, en los seguidos por Jorge Francisco Semina/ río Seminario con Carlos Armando Iglesias Alva y otro sobre obligación de dar suma de dinero y otro concepto; y los devolvieron. SS. Pantoja Iberico Roncalla Castillo Marull
Capítulo V
LOS HECHOS Y LOS ACTOS PROCESALES
SUMARIO:
1. IDEAS PRELlMINARES. 2. REQl'ISITOS PARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES. 2.1. Debe ser producido por agente capaz. 2.2. Debe mediar el consentimiento. 2.3. Debe ser jurídicamente posible. 2.4. Debe cumplir determinados fonnalismos. 3. FORMALIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES. 3.1. Formalidad en los actos procesales provenientes del Juez. 3.1.1. Formalidades genéricas de los aClos procesales provenientes del Juez. 3.1.2. Formalidades referidas específicamente a las resoluciones judiciales. A) De las resoluciones judiciales. B) Contenidos genéricos de las resoluciones. C) Contenidos específicos de las resoluciones. 3.1.3. La cosa juzgada. 3.1.1. Plazos máximos para expedir resoluciones. 3.1.5. La numeración de las resoluciones que expida el organismo jurisdiccional. 3.1.6. Indelegabilidad de la atención del despacho judicial. 3.1.7. Dirección de las actuaciones judiciales. 3.1.8. Declaración judicial de inadmisibilidad o de improcedencia de un acto procesal propuesto por las partes. 3.1.9. Los oficios y los exhortas. 3.2. Fomlalidad en los actos procesales provenientes de las partes. 3.2.1. Formalidad en los escritos. 3.2.2.Copia de escritos y anexos y su entrega al destinatario. 3.3. Formalidad en las notificaciones como actos procesales provenientes de los auxiliaresjurisdiccionales. 3.3.1. Notificación por nota. 3.3.2. Notificación por cédula. 3.3.3. Notificación por comisión. 3.3.4. Notificación por telegrama o facsímil u otro medio. 3.3.5. Notificación por edictos. 3.3.6. Notificación por radiodifusión. 4. EL TIEMPO DI LOS ACTOS PROCESALES. 5. FORMACIÓ:-l DEL EXPEDlE:-ITE. 6. NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES. 6.1. Principios que rigen la nulidad de los actos procesales. 6.1.1. Principio de legalidad en la nulidad , de los actos procesales. 6.1.2. Principio de trascendencia. 6.1.3. Principio de la declaración judicial. 6.1...!. Principio de finalidad. 6.1.5. Principio de convalidación. 6.1.6. Principio de subsanación. 6.1.7. Principio de integración. 6.2. Legitimidad para proponer la nulidad. 6.3. Oportunidad para proponer y trámite, de la nulidad. 6.4. Inadmisibilidad e improcedencia del pedido de nulidad. 6.5. Contenido de la resolución que declara la nulidad. 6.6. Extensión de la nulidad. 7. NULIDAD DE LA COSA JUZGADA FRAUDULENTA. 7.1. Nociones preliminares. 7.2. La sentencia con la calidad de cosa juzgada como presupuesto. 7.3. ¿Contra qué resoluciones procede la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? 7.4. Juez competente. 7.5. Causales previstas por el Código Procesal Civil para proponer la demanda. 7.5.1. Fraude civil y fraude procesal.
7.5.2. La colusión como causal. 7.5.3. La afectación del debido proceso como efecto del acto fraudulento. 7.6. ¿Quiénes tienen legitimidad para demandar? 7.7. ¿Quiénes deben ser demandados legítimamente? 7.8. El plazo de caducidad contenido en el artículo 178 del Código Procesal Civil. 7.9. Efectos de la sentencia que ampara la demanda de nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. 7.10. Medidas cautelares en estos procesos .. APENDICE DE JURlSPRUDENCIA.
1 . IDEAS PRELIMINARES
El proceso se desarrolla sobre la base de un conjunto y de una sucesión de actos. Los actos procesales son los actos jurídicos que se producen dentro del proceso. Estos actos naturalmente producen efectos dentro de los procesos. No obsta.hte, en los procesos, en términos genéricos, tienen injerencia los hechos jurídicos en su acepción más amplia, que comprenden los hechos voluntarios y los hechos involuntarios. Dentro de los hechos involuntarios tenemos los hechos propios de la naturaleza. donde para su producción no hay participación de la voluntad humana, como un terremoto, una inundación, el nacimiento de una persona natural, la muerte de un ser humano, etc., que en determinados supuestos tienen influencia en los procesos. Los hechos jurídicos voluntarios, que se generan en la voluntad de las personas, en cambio, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas, constituyendo verdaderos actos jurídicos, que por su injerencia en los procesos reciben la denominación de actos jurídicos procesales o simplemente actos procesales. 1 uestro Código Procesal Civil, sin definir, señala que estos actos tienen por objeto la constitución, modificación o extindón de derechos y cargas procesales (Art. 129º CPC). Podemos establecer claramente que el acto procesal es una especie del acto jurídico y éste, a su vez, es una especie de un hecho jurídico. Para entender mejor que los actos procesales son verdaderos actos jurídicos producidos en los procesos, la teoría general de los actos procesales admite adaptar al ámbito procesal la teoría general de los actos jurídicos.
En efecto, debemos precisar que entendemos por hecho todo acaecer, todo acontecimiento, todo suceso, que ocurre en el mundo. Por ejemplo, ocurren terremotos, inundaciones, el nacimiento de las personas naturales, la muerte de éstas, el propio transcurso del tiempo, la presentación de un petitorio ante una autoridad, la compra de un bien, etc. Entran en la figura genérica de los hechos no sólo los hechos naturales, sino también los hechos que realiza el hombre en su actividad cotidiana, lo que denominamos hechos humanos.
Cuando el derecho toma en consideración los efectos de estos y otros hechos o cuando tiene en cuenta sus consecuencjas jurídicas para el que los ejecuta o los sufre, entonces nos encontramos en presencia de lo que se denomina hecho jurídico. Los hechos, como tales, son lo que son. Sin embargo, cuando esos hechos son tomados en consideración por el derecho, adquieren una connotación jurídica. Entonces, podemos conceptualizar los hechosjurídicos, en términos genéricos, como los acaeceres, los acontecimientos, los sucesos, a los cuales el derecho objetivo les atribuye el
nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica. Las relaciones jurídicas se generan en los hechos y el derecho simplemente los regula. Cuando los hechos afectan al derecho estamos frente a un hecho jurídico.
Surge, por consiguiente, la pregunta: ¿Qué son los hechos jurídicos procesales? Los hechos jurídicos procesales específicamente son aquellos acontecimientos procesales (la presentación de una demanda, la deducción de una excepción, la emisión de una sentencia, la apelación de una resolución, la muerte de una de las partes si se trata de una persona natural, una inundación que hace desaparecer el bien materia del conflicto, la conciliación, la transacción, el abandono del proceso, etc.) a los cuales el ordenamiento procesal o~jetivo les atribuye efectos jurídicos procesales, esto es, el nacimiento, la modificación o la extinción de los llamados derechos y obligaciones proces¡:¡.les (cargas procesales. conforme al Código en estudio).
Los hechos jurídicos procesales se distinguen en hechos jurídicos involuntarios o hechos naturales y en hechos jurídicos volun tarios. Estos últimos son los denominados actos jurídicos procesales o simplemente actos procesales. Los actos procesales, por tanto, importan la exteriorización de la voluntad de un sujeto del proceso que producen efectos procesales.
Se sei'ialan por la mayoría de estudiosos como actos procesales involuntarios y que tienen influencia trascendente en los procesos el nacimiento de una persona natural, la muerte de un ser humano, el transcurso del tiempo, la amnesia de un testigo, el extravío fortuito de un expediente, un terremoto, etc. A modo de ejemplo nos referiremos a alguno de ellos. En cuanto al nacimiento de una persona natural, se sei'iala que al recién nacido, en términos abstractos, el derecho en general le atribuye la titularidad de todos los derechos y facultades procesales, pues, puede ser parte en el proceso, aun cuando no tenga capacidad procesal. Las personas naturales que no tienen el libre ejercicio de sus derechos civiles comparecen al proceso representados según dispongan las leyes pertinentes (Art. 63º CPC). En cuanto a la muerte de una de las partes se anota que también tiene influencia en el proceso, pues, si, por ejemplo, fallece el demandado, sus sucesores a título universal lo sustituirán en la calidad de demandados, produciéndose lo que se llama la sucesión procesal monis causa prevista en el Código Proceso Civil. (Art. 108º, inc. 1, CPC). Finalmente, el tiempo o el transcurso del tiempo, que constituye por sí mismo un hecho jurídico ajeno a la voluntad del hombre, tiene influencia en el proceso, como en los siguientes casos: a) cuando se declara la prescripción de la acción correspondiente por haber transcurri( tiempo ,señalado por la ley antes de la interposición de 1: manda; b) cuando haya vencido el plazo para la contestll de la demanda sin que el demandado la haya producido, en el cual éste es declarado rebelde, etc,
Los hechos jurídicos procesales voluntaIios o simple] te los actos procesales como todo acto jurídico son aquellos ducidos por el hombre como una manifestación de su v( tad, donde existe de por medio la libertad de actuar posit negativamente (acción u omisión), El proceso está conforn por todo un conjunto de actos que practican el Juez, las paJ los terceros. Tales actos son pues los actos jurídicos procesa le:
Para COUTURE (1), con quien coinciden muchos autor< entiende por acto procesal "el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción y aun de los terceros dos al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales", Para Giuseppe CHIOVENDA (2): "Llámense actos jurídicos procesales los que tienen importancia jurídica respecto de la relación procesal, o sea los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, conservación, desarrollo modificación y definición de la relación procesal, esto es: a) actos de parte; b) actos de los órganos jurisdiccionales".
Por su lado, es interesante la siguiente reflexión de Enrique VÉSCOVI (3): "La moderna doctIina procesalista, a diferencia del procedimentalismo, ha tratado de formular una teoría general de los actos procesales. De esta manera, en lugar de considerar cada uno por _separado, se trata de aprehender los caracteres y principios generales que se dan en los actos del proceso, los cuales están informados por las ideas generales de lo~ actos jurídicos y las particularidades que les da su inserción en e'~Woceso, como integrantes de una cadena y tendientes a un fin". '
Nosotros al estudiar los actos procesales, en atención a que la doctrina no es uniforme tanto en su concepción como en los temas que debe comprender su análisis, su clasificación y sus elementos configurativos, vamos a tratarlos recogiendo los lineamientos señalados por nuestro propio Código Procesal Civil, procurando profundizar donde nos ha sido posible hacerlo, como ocurre en lo relativo a la nulidad de los actos procesales.
2. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES
El acto jurídico procesal, para su validez, debe reunir determinados requisitos o elementos, bajo pena de nulidad. Entre estos requisitos debemos citar los siguientes:
2.1. DEBE SER PRODUCIDO POR AGENTE CAPAZ
En el orden procesal, tratándose de las partes, éstas deben tener capacidad procesal para producir un acto procesal válido. Supongamos que la demanda fuese interpuesta por un incapaz absoluto, ello. será nula; si la demanda fuese dirigida contra un incapaz y ella fuese absuelta, no por su representante, sino por el mismo incapaz, esa contestación es inválida.
Aquí cabe una explicación con relación a la representación, que se configura cuando una persona realiza un acto jurídico en nombre de otra. El representante es la persona que realiza el acto directamente (por ejemplo la persona que premunida de poder firma e interpone una demanda) y el representado es el que realiza el acto indirectamente (la persona en nombre de quien se ha interpuesto la demanda). Como ya lo hemos estudiado precedentemente, existe una representación legal que es la que se ejercita por mandato de la ley, como es el caso de los padres y tutores respecto de los menores y los curadores en cuanto a los mayores incapaces a quienes representan. En este caso señalamos que la representación se origina en la voluntad de la ley. La representación voluntaria o convencional es la ejercida por el mandatario, que surge por la libre decisión del mandan te, que encomienda a otra persona, mandatario, intervenir en el proceso ejecutando naturalmente actosjurídicos procesales. En este caso se requiere normalmente de un poder y por ello en el Código esta representación está regulada bajo el título de "Apoderado judicial". En este caso admitimos que la representación se origina en la voluntad de la persona otorgante de la misma. Finalmente, existe la representación judicial, que surge en la designación que hace el juez de un representante de alguna de las partes, denominado curador procesal, cuando por ejemplo fallece el demandado y no se apersonan al proceso sus sucesores (Art. 1082, inc. 1, CPe). En este último supuesto concebimos que la representación se origina en la voluntad del juez.
2.2. DEBE MEDIAR EL CONSENTIMIENTO
Otro requisito esencial para la validez de un acto procesal es el consentimiento, que se manifiesta mediante una declaración de yoluntad, que puede ser expresa o tácita. Es que el acto jurídico procesal emerge ante todo como una manifestación de la voluntad. En el otorgamiento de un poder por acta ante el juez indudablemente se exterioriza una
manifestación de voluntad expresa. Habrá una manifestación de voluntad tácita cuando por ejemplo el demandado recibe una sentencia en su contra, no la impugna, y que por el contrario cumple su mandato. Los actos procesales para su validez deben responder a la voluntad de quien los produce. El contenido de los actosjurídicos procesales está constituido por la voluntad, que dependerá de su autor, y por ello hablamos de actos del Juez, de los auxiliares jurisdiccionales, de las partes, de los terceros, etc. Respecto al contenido de las resoluciones judiciales se señala por unos que está dado por el acto voluntario del Juez y por otros por el raciocinio lógico conducente a la decisión. Este es un tema de reflexión. Empero, podríamos admitir que ese raciocinio lógico conducente a la decisión que adopta el Juez es, en todo caso, la expresión de la voluntad de la ley exteriorizada por el juzgador quien, por imperio de ella, está en el deber de resolver el conflicto aplicando el derecho objetivo .
2.3. DEBE SERjURÍDICAMEl\'TE POSIBLE
El contenido del acto procesal debe ser jurídicamente posible y no debe ser contrario a la moral. Es que su finalidad debe ser lícita. UnJuez no podría dictar válidamente una resolución ordenando que el propio actor proceda a desalojar al demandado del bien que ha sido objeto de la sentencia, por tratarse de un mandato jurídicamente imposible. Es el auxiliar jurisdiccional el autorizado para realizar esa diligencia. Un escrito injurioso contra la parte litigante o contra la majestad del Juzgado le resta validez al petitorio contenido en el escrito y, por tanto, no puede tener la validez de un acto procesal.
2.4. DEBE CUMPLIR DETERMINADOS FORMALISMOS
EstO& actos, para su validez, deben reunir los requisitos externos que la ley exige para su eficacia, es decir, deben sujetarse al formalismo previsto por la ley. En la concepción del Código Procesal Civil el formalismo de los actos procesales es una de sus características esenciales, señalando que las formalidades previstas por dicho ordenamiento son imperativas; no obstan el Código contiene algunas reglas que lo ha flexibilizado. Con formalidades que debe cumplir el juzgador citamos las sigui<: tes: la audiencia de pruebas será dirigida personalmente por juez, bajo sanción de nulidad (Art. 202Q CPC); las resolucion deben contener la descripción correlativamente enumerada I los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la de sión; la sentencia debe tener tres partes: la expositiva, considerativa y la resolutiva, etc. (Art. 122Q CPC). Como
fom lidades que deben cumplir las partes citamos las siguientes: 1 actos pueden ser practicados personalmente, por sus represe tantes o por su apoderados; los escritos deben estar autorizad por abogado; en los escritos deben consignarse la sumilla d petitorio, etc.
El Código Procesal Civil, al ocuparse de la actividad proe sal en la Sección Tercera del Libro Primero, se refiere no sólc los actos jurídicos procesales, sino también se refiere a los r. chosjurídicos procesales involuntarios. como es el caso. del tie! po. En otras secciones el Código se refiere a los otros hech jurídicos naturales o involuntarios, como el nacimiento o muerte de una persona natural. Sin embargo, el Código, e cuantó a los actos procesales, trata fundamentalmente de la fe malidad de los actos que realizan el juez o los organismosjur diccionales, las partes y los Auxiliares jurisdiccionales, por que cabe hacer su estudio con la amplitud que lo hace el nue ordenamiento procesal civil. En cuanto a la existencia de distintos tipos de actos proc sales el Código implícitamente recoge'la clasificación de los ¡; tos jurídicos procesales teniendo en consideración los sujet que lo producen: los jueces y los Aux..iliaresjurisdiccionales, I partes y los terceros. Existen también otras clasificaciones de 1 actos procesales, como la que tiene en cuenta la manera de g nerarlos: unilaterales, como la demanda, la apelación, la noti cación, etc.; multilaterales, como la transacción dentro del proceso, la conciliación intraproceso, el pedido de las dos partes para la suspensión del proceso, etc. Hay otra clasificación que tiene en cuenta la forma y establece los acto~ solemnes, como el otorgamiento de poder (Art. 72º CPC), Y 10s"a6l:os no solemnes que pueden adoptar cualquier formalidad con r.al de que cumplan con la finalidad correspondiente. Sobre esto último el Código regula que las formalidades previstas en el ordenamiento procesal civil son imperativas y, sin embargo, autoriza aljuez a adecuar su exigencia al logro de los fines del proceso (Art. IX, tercer párrafo, T. P., CPC).
3. FORMALIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
Ahora tratamos con mayor detalle el requisito relativo a la formalidad de los actos procesales. Una de las notas distintivas de los actos procesales, por regla general, es su formalidad. Los partidarios del formalismo para destacar el valor de las formas procesales se apoyan en que el proceso constituye una relación eminentemente de carácter público y una garantía de seguridad, por lo que -sostienen- el acto procesal, para su validez, debe reunir los requisitos externos que la ley señala. Sin embargo, el exagerado predominio de las formas origina dilación en la tramitación del proceso y aumenta el costo del mismo. El ordenamiento procesal, apartándose de la rigidez del formalismo, recogiendo el criterio de flexibilización, establece que cuando la ley
prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad pará la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose realizado de otro modo ha cumplido su propósito (Art. 171 º, segundo párrafo, CPC). Algo más, el ordenamiento procesal civil, en el Título Preliminar, fija el principio de formalidad cuando dice que las formalidades previstas en este Código son imperativas y, sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso; que cuando la ley no señala una formalidad específica para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada" (Art. IX, segundo y tercer párrafos, T. P., CPC).
3.1. FORMALIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES PROVENIENTES DEL JUEZ
En principio debemos precisar que cuando hablamos del juez nos estamos refiriendo a los organismos jurisdiccionales en general. Losjueces emiten fundamentalmente resoluciones, pero también intervienen en las actuaciones judiciales, tales como en la actuación de pruebas (practicar una inspección judicial, recibir una declaración de parte, etc.), en la recepción de informes orales de las partes y los abogaqos, en el otorgamiento de copias certificadas, etc. AlIado de estos actos los jueces también ejecutan actos· de tipo coercitivo, como imponer multas y disponer la detención de las personas que agravien a las partes o a la majestad del juzgado (Art. 53Q CPC); o actos de tipo disciplinario, como ordenar que se suprima frases o palabras ofensivas o vejatorias de los escritos o expulsar a las personas que alteren las actuaciones judiciales (Art. 52Q CPC); etc.
3.1.1. Formalidades genéricas de los actos procesales provenientes del Juez
En las resoluciones y actuaciones judiciales no se emplean abreviaturas. Las fechas y las cantidades se escriben con letras. Las referencias a disposiciones legales y a documentos de identidad pueden escribirse en números, como es el caso del número de una ley o de la libreta electoral del litigante. Las palabras y frases equivocadas no se borran, sino se anulan, mediante una línea que permita su lectura. Al final del texto se hará constar la anulación. Está prohibido interpolar o yuxtaponer palabras o frases (Art. 119 CPC).
3.1.2. Fonnalidades referidas espeeífieamente a las resoluciones . les
Las resoluciones judiciales, que son los actos procesales más ortantes provenientes del juez, tienen determinadas formas que para ostentar validez y eficacia tienen que cumplirse necesariamente. Para abordar su estudio, en primer lugar, describimos finalidades de cada tipo de decisión judicial y luego tratamos de los requisitos genéricos y específicos de cada tipo de resolución.
A):De las resoluciones judiciales. Los actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide al interior del proceso o se pone fin a éste son los decretos, los autos y las sentencias, respectivamente (Art. 120º CPC). Aun cuando el Código no señala concepto sustancial de diferenciación de estas resoluciones, émbargo, precisa su distinción estableciendo los objetivos y formalidades de cada una de ellas.
Mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite (Art. 121º, primer párrafo, CPC). Estas resoluciones en cuanto a su forma se caracterizan por su simplicidad, por ser breves y por carecer de motivación en su texto. Ejemplos: !la conocimiento", "a los autos", "téngase presente", etc.
Mediante los autos el Juez resuelve: la admisibilidad y la inadmisibilidad de la demanda o de la reconvención; la procedencia o la improcedencia de la demanda o de la reconvencion; el saneamiento del proceso; la interrupción, la suspenon o la conclusión del proceso; las formas especiales de conclusión del proceso; el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios; la admisión, improcedencia o modifican de las medidas cautelares; y las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento (Art. 121 º, segundo párrafo, CPC). Estas resoluciones en cuanto a su formalidad se caracterizan por tener dos partes, una considera y otra resolutiva. Mediante la sentencia el Juez pone fin al proceso en ( nitiva en la instancia correspondiente, pronunciándose en cisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controve da, declarando el derecho de las partes o, excepcionalmel sobre la validez del proceso (Art. 121 º, tercer párrafo, CP Esto significa que hay la posibilidad de que en cada instanci: emita la sentencia correspondiente. Existe la posibilidad t; bién de que la causa quede ejecutoriada en la primera instar si no se ha impugnado la decisión y se ha consentido la res e ción. Por último existe la posibilidad de que al sentenciarsl causa se declare la nulidad del proceso si no se tiene la pres cia de una relación jurídica procesal válida (Art. 121º, últi párrafo, CPC). Esta posibilidad de anulación se puede pres tar no obstante haberse declarado en la etapa del saneamiel del proceso la existencia de una relación procesal válida. Código prevé que la resolución que declara la existencia de t relación jurídica procesal precluye toda petición referida dir ta o
indirectamente a la validez de la relación citada (Art. 4· CPC). Sería el caso en que la causal se produzca después dictado el auto de saneamiento o el caso en que hubo defid cia por parte del Juez en la determinación del saneamiento.
B) Contenidos genéricos de las resoluciones. Las resoluciones néricamente deben contener lo siguiente: a) La indicación del lugar y fecha en que se expiden (A 122º, inc. 1, CPC). b) El número de orden que les corresponde dentro del ex] diente o del cuaderno en que se expiden (Art. 122º, inc. 2, CPC) c) La descripción correlativamente enumerada de los ft damentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho (Art. 122º, inc. 3, CPC). Constituye uno de los deberes de los jueces en el proceso fundamentar los autos y las sentencias, bajo sancion de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas el de congruencia (Art. 50º, inc. 6, CPC).
d) La expresión clara y pre'bsa de lo que se decide u ord na respecto de todos los puntos controvertidos (Art. 122º, in 4, CPC). La resolución que omite decidir algún punto contri vertido es nula. En estos casos es posible su integración. com se verá más adelante.
e) El plazo para su cumplimiento, si fuera el caso (Are 122 inc. 5, CPC).
j) La condena en costas y costos y, si procediera, la impo~ ción del pago de multas; o la exoneración de su pago (Art. 122 inc. 6, CPC).
g) La suscripción del juez y del Auxiliar jurisdiccional re pectivo (Art. 122º, inc. 7, CPC). El Auxiliar jurisdiccional r frenda la resolución del Juez.
La resolución que no cumpliera con los requisitos señal dos es nula (Art. ,122º, noveno párrafo, CPC), salvo que se tral de decretos que no requieran de fundamentación, no señale plazo para el cumplimiento de algún acto y que no sirvan paJ condenar al pago de costas y costos ni para multar.
C) Contenidos específicos de las resoluciones. Los decretos, com se ha anotado, dada su naturaleza, no requieren, para su ya dez, de la fundamentación, de la fuación de un plazo para ~ cumplimiento y no contienen condena alguna de costas, cost( o multas (Art. 122º, noveno párrafo, CPC). Los decretos so expedidos por los Auxiliares jurisdiccionales y serán suscrit( con su firma completa. Los jueces también pueden emitir d cretos dentro de las audiencias (Art. 122º, último párrafo, CPC
Los autos, por su parte, en su estructura, tienen dos parte la considerativa y la resolutiva. Los autqs normalmente no contienen condena alguna de costas, costos y multas (Art. 122º, noveno párrafo, CPC). Los autos, en las tres instancias, llevarán media firma de quien o quienes lo expidan y las sentencias firma completa del Juez oJueces, si es órgano colegiado (Art. 122º, undécimo párrafo, CPC). Cuando los órganos jurisdiccionales colegiados expidan autos, sólo será necesaria la conformidad y firma del número de miembros que hagan mayoría relativa (Art. 122º, penúltimo párrafo, CPC). Esto significa que para que haya resolución válida en un organismo civil de tres miembros (Sala Civil de Corte Superior) se requiere de dos votos conformes )' en un organismo de cinco miembros (Sala Civil de la Corte Suprema) se requiere de tres votos conformes. La norma legal en este punto es clara y, por tanto, para su interpretación, no se requiere acudir al análisis de otros elementos interpretativos.
Sin embargo, sobre la votación en los casos de autos, en las Salas de Casación de la Corte Suprema se han producido dos resoluciones contradictorias. El primer caso es la contenida en la resolución de 30 de diciembre de 1997, emitida en el trámite del recurso de casación signada como Caso Nº 637-95, Lima (4). En esta ocasión, con fecha 26 de diciembre de 1995 se dictó por la propia Sala de Casación la resolución de improcedencia del recurso por las razones que en ella se consignan con la votación conforme de 3 Vocales; la parte desfavorecida con la resolución solicitó la nulidad del auto por no tener la conformidad de votos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, 4 votos conformes. La Sala de Casación declaró sin lugar la nulidad solicitada basándose en que por el principio de especialidad en el proceso se aplican preferentemente las normas del Código Procesal Civil, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 122º de este Código, en el que se prevé que cuando los organismos colegiados expidan autos sólo es necesaria la conformidad y firma del número de miembros que hagan mayoría relati\'a. Debemos agregar que conforme a la Vigésimo Tercera Disposición Final de la Ley Orgánica del Poder judicial, las disposiciones de carácter procesal contenida en esta Ley (LOPj) son de aplicación supletoria a las normas procesales espeéíficas. Es más, la Décima Disposición Final del Código Procesal Civil señala que las normas del Código Procesal Civil se aplican preferentemente respecto a las de la Ley Orgánica del Poder judicial. En el caso que comentamos la ley específica establece que para la emisión de autos basta la conformidad de una mayoría relativa de votos tratándose de órganos judiciales colegiados. Además, el numeral 122º del Código Procesal Civil no distingue entre autos
que ponen fin al proceso y aquellos que no ponen fin al litigio. Donde la ley no distingue nadie está autorizado para distinguir reza un adagio conocido. El segundo caso es el siguiente: Con fecha 12 de noviembre de 1998 se ha dictado sentencia en el caso signado como Caso Nº 129-98, Huánuco (5\ en cuyos considerandos 5º, 6º Y 7º; para amparar el recurso de casación y anular el auto correspondiente dice "[Que] en cuanto a la contravención del artículo 141 º de la Ley Orgánica del Poder judicial, tal como señala el recurrente y lo dispone dicha norma, en las Cortes Superiores 3 votos conformes hacen resolución tratándose de las que ponen fin a la instancia (oo.) [Que] la resolución impugnada sólo cuenta con 2 votos conformes, pues uno de los miembros de la Sala Superior ha emitido voto discordante; por ello este extremo del recurso es amparable ( ... ) [Que] debe tenerse en cuenta, asimismo, que esta Corte Suprema ha establecido que las resoluciones que ordenan la ejecución de garantías se homologan a las senre.ncias y, de otro lado, debe también entenderse que la norma que' contiene el cuarto apartado del artículo 122º del Código adjetivo está referido a los au que no ponen fin al proceso". Estos fundamentos, frente a lo I puesto tratándose del primer caso, resultan inconsistentes. La sentencia exigirá en su redacción la separación de ~ partes expositiva, considerativa y resolutiva (Art. 122º, décir párrafo, CPC). Empero, conforme a la práctica judicial, sólo sentencia de primera instancia consigna la parte expositiva} sentencia superior que se emite en revisión no la consigna. sentencia, para su validez, requiere de firma completa delJt o de los Jueces, si es órgano colegiado, que la hayan expedi (Art. 122º, undécimo párrafo, CPC). Para que haya decisión' lida mediante una sentencia se requiere de 4 votos conforrr en las Salas Jurisdiccionales de la Corte Suprema y de 3 val conformes en las Salas Jurisdiccionales de las Cortes SuperiOl (Art. 141º LOPJ).
3.1.3. La cosa juzgada
La cosa juzgada en principio es la institución destinad; proteger las resoluciones judiciales dándoles el carácter intangibles, in modificables y coercibles. Es necesario confon a nuestro ordenamiento determinar qué es lo que se entien por cosa juzgada, ya que el Código no precisa su concepto y : son pocos los cuestionamientos doctrinarios al respecto. En efc to, para comprender su esencia debemos indicar que cuan, hablamos de cosa juzgada suponemos una cuestión o un asun que ha constituido objeto de un juicio lógico por parte de 1 órganos jurisdiccionales, una cuestión acerca de la cual ha te do lugar un proceso, en el que se ha resuelto un conflicto rr diante la aplicación de la norma general de derecho y que p: cisamente porque ha constituido objeto de un juicio lógico si. le llamarse cosa juzgada. En el idioma castellano la cosa juzga, significa lo decidido, lo que ha sido materia de la decisión jU1 cial. El resultado de todo ese trabajo de interpretación yaplic ción del derecho a un caso concreto realizado por el Estado
mediante los organismos jurisdiccionales es lo que constituye 1 sentencia. La sentencia es la síntesis del debate judicial y d( juicio lógico impuesto por el juzgador. Si al asunto o ¡cuestión que ha constituido el objeto d( proceso, que ha sido re..<;uelto con la sentencia, se le agrega ( imperium característico, se tiene lo que se llama la "autoridad d cosa juzgada". Se debe sostener que la fuerza obligatoria in he rente a la materia decidida contenida en la sentencia es la qu le da esa autoridad. COUTURE (6), tratando de definir el concept jurídico de cosa juzgada, anota que "podemos decir que la cos ju'zgada- es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cual do no existen contra ella medios de impugnación que permita modificarIa". La autoridad de la cosa juzgada es la calidad o e atributo de la sentencia que emana de un órgano jurisdiccion; cuando ha adquirido carácter definitivo. Pero al lado de la autoridad, la cosa juzgada se compl, menta con una medida de eficacia, que se resume, como lo s, ñala el citado jurista uruguayo, en tres posibilidades: ] inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad de la cue tión resuelta. E,s inimpugnable porque la ley impide s cuestionamiento para obtener la revisión de lo resuelto. Es i mutable porque la ley impide la modificación del asunto decic do, cambiar el sentido de la decisión. Es coercible porque exist eventualmente, la posibilidad de la ejecución forzada de lo d cidido, especialmente de las sentencias de condena. El Código prevé que la resolución que adquiere la auto dad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispues por los artículos 178º y 407º del mismo cuerpo legal (Art. 123 quinto párrafo, CPC). En los supuestos a que se refieren esas normas, en rigor, no se ya contra la inmutabilidad de la sentencia. En efecto, el artÍCulo 1 78º del Código Procesal Civil prescribe que hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable, puede demandarse, a través del proceso de conocimiento, la nulidad de una sentencia, alegando fraude, como lo analizamos al tratar de dicho instituto procesal. En este caso realmente no se pretende modificar lo decidido en la sentencia misma materia de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, sino su nulidad, su ineficacia, si se prueba naturalmente que ha mediado un acto fraudulento. El artículo 407 del mencionado Código establece que antes que la resolución cause ejecutoria, el juez, puede, de oficio o a pedido de parte, y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. ~os errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. En este caso el sentido-de la sentencia, en rigor, queda inmutable e in cambiable, pues sólo se corrige algún error material. La cosa juzgada es el fin del proceso, concebido éste en su sentido teleológico. El proceso apunta hacia la cosa juzgada como su fin natural. Sin proceso no se puede hablar de la cosa juzgada. Conforme al Código Procesal Civil una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada en los siguientes casos:
a) Cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya planteados y resueltos (Art. 123º, ine. 1, CPC). Se trata del caso en que se hayan agotado los recursos legales previstos por el Código para impugnar una resolución. b) Cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios (Art. 123º, inc. 2, CPC), pues el Código prevé la posibilidad de renunciar a interponer recurso contra las resoluciones que, pronunciándose sobre el fondo dellitigio, ponen fin al proceso (Art. 361 º CPC). e) Cuando se dejan transcurrir los plazos sin formular los recursos (Art. 123º, inc. 2, CPC). Aquí se produce lo que se I denomina el consentimiento de la resolución. Por consiguiente la resolución consentida queda ejecutoriada. Es un pleonasmo cuando se dice que la resolución ha quedado consentid a y ejecutoriada. Basta con decir que la resolución ha quedado ejecutoriada mediante el agotamiento de los recursos impugnatorios, o mediante el consentimiento derivado de la no impugnación o de la renuncia a impugnar. En cuanto a los alcances de la cosa juzgada es pertinente I hacer algunas disquisiciones sobre la base especialmente de la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, cuyas decisiones muchas veces no se publican, y de la opinión de algunos tratadistas. En efecto, constituye un principio de que la cosa juzgada alcanza a quienes han sido parte en el proceso, extendiéndose a sus herederos en virtud de la denominada sucesión mortis causa, que hace que el patrimonio, con todos sus activos y pasivos, los reciba el heredero tal cual se hallaba en vida del causante. Este mismo criterio rige tratándose de la sucesión singuIar; pues, verbi gratia, si alguien vende un bien gravado con una servidumbre establecida en virtud de una sentencia ejecutoriada, esa decisión le alcanza también al comprador de bien. La cosa juzgada producida en un proceso, en el que sólo ha intervenido el representante, ella sólo alcanza al representado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera atribuirse al representante por alguna causal señalada por la ley. Lo trascendente es que en estos casos no se trata de una identidad de las personas, sino de una identidad jurídica. Este tema es importante para cuando tratemos de la excepción de cosa juzgada (Art. 446º, inc. 8, CPC). Las interrogantes que siempre han surgido están relacionadas sobre si la cosa juzgada alcanza también a los terceros. ¿A un copropietario que no ha intervenido en el proceso le podrá alcanzar la cosa juzgada derivada de un proceso seguido contra el otro copropietario? ¿A un acreedor hipotecario le podrá alcanzar los efectos de una sentencia ejecutoriada producida en un proceso sobre reivindicación seguida por una persona contra el deudor hipotecario? La reiterada jurisprudencia ha establecido casi uniformemente que la cosa juzgada no afecta a los terceros que no hayan intervenido en el proceso.
El Código establece que la cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, dice el mismo cuerpo legal, que la cosa juzgada se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda (Art. 123º, cuarto párrafo, CPC). Es importante recalcar que el nuevo ordenamiento procesal civil, siguiendo la jurisprudencia nacional, como condición para que la cosa juzgada alcance a los terceros, establece que éstos deben ser citados con la demanda. Sobre la intervención de los terceros en el proceso nos remitimos a lo tratado en otro lugar sobre los sujetos del proceso (7).
3.1.4. Plazos máximos para expedir resoluciones
En este rubro constatamos la influencia del tiempo en los actos procesales provenientes de los organismos jurisdiccionales. Nuestra exposición con relación a los plazos seguirá el mismo orden en que el Código los trata. En primera instancia, los decretos se expiden a los dos días (entendemos dentro de los dos días hábiles) de presentado el escrito que los motivan y los autos dentro de cinco días hábiles, computados desde la fecha en que el proceso se encuentra expedito para ser resuelto, salvo disposición distinta del Código. Las sentencias se expiden dentro del plazo máximo previsto en cada VÍa procedimental, contados desde la notificación de la resolución que declara que la causa está expedita para ser resuelta (Art. l24º, primer párrafo, CPC). Por ejemplo, en el supuesto d~ que en el proceso se hubiera producido la audiencia de prueb~ntes de darIa por concluida, el Juez comunicará a las partes que'el proceso está expedito para ser sentenciado, precisando el plazo en que lo hará (Art. 211 \l CPC). A partir de esa comunicación correrá el plazo para expedir la sentencia correspondiente, sin que sea necesaria la notificación. En el proceso de conocimiento el plazo máximo para expedir sentencia es de 50 días (Art. 478º, inc. 12, CPC), en el abreviado es de 25 días (Art. 491 º, inc. 11, CPC) y en el sumarísimo la sentencia se expide en la audiencia única (Art. 555º, cuarto párrafo, CPC) .
En segunda instancia, dice el Código, los plazos se sujetarán a lo dispuesto en el mismo cuerpo legal (Art. 124º; segundo párrafo, CPC). Así, por ejemplo, concedida la apelación de la sentencia, se elevará el expediente dentro de un plazo no mayor de 20 días, contado desde el día siguiente de notificado el concesofio del recurso (así debe entenderse el artículo) .. \lr suelto el traslado de la apelación y de la adhesión, si se planteara esta última, el proceso queda expedito para ser resuelto con la declaración del organismo superior en tal sentido, señalando día y hora para la vista de la causa (Art. 373º CPC). En los procesos de conocimiento y abreviado la designación de la fecha
para la vista de la causa se notifica a las partes 10 días antes de su realización (Art. 375º CPC). En todo caso se observarán los plazos fijados para el recurso de apelación.
En la Corte Suprema los plazos se sujetan a lo dispuesto por el Código sobre el recurso de casación (Art. 124º, tercer párrafo, CPC).
El retardo en la expedición de las resoludones será sancionado disciplinariamente por el superior jerárquico, sin peIjuicio de las responsabilidades adicionales a las que hubiera lugar (Art. 1242, cuarto párrafo, CPC). Esta previsión, realmente, es de carácter lírico, pues existen factores ajenos a la voluntad del juez que atentan contra la celeridad procesal, como la abll..1madora carga procesal en Lima, la complejidad de algunos conflictos, las deficientes condiciones de trabajo y, en no pocos casos, las maniobras dilatorias que oponen los defensores. Por tanto estos plazos en muchos casos no se cumplen. 3.1.5. La numeración de las resoluciones que expida el organismo jurisdiccional Las resoluciones que el juez emita dentro de un proceso o dentro del cuaderno en que se decretan deben contener el número de orden que les conesponde (Art. 122, inc. 2, CPC). Las resoluciones judiciales que emita serán numeradas cOlTelativarnente en el día de su expedición, bajo responsabilidad (Art. 125 CPC). Todo con el objeto, indudable, de no pennitir que se expidan resoluciones en una fecha distinta a la que realmente le conesponda o se atente contra el orden que debe existir en el proceso.
3.1.6. Indelegabilidad de la atención del despacho judicial
El juez atenderá personalmente el despacho judicial durante el horario que establece la ley Art. 126 CPC). El despacho comprende fundamentalmente la emisión de las resoluciones pertinentes en cada proceso, proveyendo los escritos y demás petitorios que formulan los litigantes e impulsando el avance del proceso.
3.1.7. Dirección de las actuaciones judiciales
El juez dirigirá personalmente, se entiende, las actuaciones judiciales y ordenará que las partes, sus apoderados y los Abogados observen las disposiciones legales (Art. 127 CPC). Por ejemplo, la audiencia de pruebas será dirigida personalmente por el juez, bajo sanción de nulidad (Art. 202 CPC).
3.1.8. Declaración judicial de inadmisibilidad o de improcedencia de un acto procesal propuesto por las partes El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando éste carece de un requisito de forma o el acto se cumple defectuosamente (Art. 128º CPC). Verbi gratia, una demanda sin la autOlización del abogado debe declararse inadmisible. El juez declara la improcedencia de un acto procesal si la omisión o defecto es de un requisito de fondo (Art. 128º CPC). Vale decir, el Juez debe declararimprocedente la demanda si existe incongruencia entre losfundamentos de hecho y la pretensión procesal propuesta.
3.1.9. Los oficios y los exhortos
A los fines del proceso los jueces se dirigen mediante oficio a los funcionarios públicos que no son parte en él. Entre jueces la comunicación igualmente se hace mediante oficio (Art. 148º CPC). El oficio se remitirá por facsímil oficial u otro medio, debiendo el secretario agregar al expediente el original del oficio y certificar la fecha de su remisión. Cuando el trámite no se realice a través de facsímil, el auxiliar entregará el original al interesado, dejando copia del oficio en el expediente, con certi. ficación de su fecha de entrega (Art. 149º CPC). Cuando los jueces deben dirigirse a los funcionarios públicos extranjeros y a los miembros de embajadas o consulados peruanos en el exterior los oficios deben cursarse por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y conforme a las disposiciones de los convenios internacionales y de la ley (Art. 150º CPC). Cuando una actuación judicial debe practicarse fuera de la competencia territorial del juez del proceso, éste encomendará su ejecución al juez que corresponda, libránd~se para el efecto lo que se denomina exhorto. El Juez exhortado de atribución para aplicar, de oficio, los apremios que permite el Código, con el propósito de cumplir con el encargo. El exhorto también puede dirigirse a los Cónsules del Perú, quienes tienen las mismas atribuciones del juez, salvo el uso de apremios (Art. 151 CPC). El exhorto debe contener el escrito en que se solicita, la resolución que lo ordena, las piezas necesarias para la actuación judicial y el oficio respectivo (Art. 152 CPC). Los exhortas se tramitan y devuelven a través del facsímil oficial. Los documentos originales se mantienen en posesión de cada Juez, formando parte del expediente en un caso yagregándose al archivo del Juez exhortado en el otro. Cuando el uso del facsímil no sea posible, los
originales son tramitados por correo oficial (Art. 153 CPC). Las partes o sus Abogados pueden in ter· venir en las actuaciones materia del exhorto, señalando para el efecto el domicilio procesal correspondiente (Art. 154 CPC).
3.2. FORMALIDAD EN LOS ACTOS PROCESALES PROVENIENTES DE LAS PARTE~
Los actos procesales que producen las partes, como tode acto jurídico procesal, tienen por finalidad la constitución, mo dificación o extinción de derechos y cargas procesales (Art. 129! CPC). Los actos procesales de las partes esencialmente se exte riorizan mediante escritos, los que, para surtir los efectos seña lados, deben responder a determinadas formalidades. Median te los escritos normalmente las partes formulan sus petitorio: para la emisión de resoluciones o para producir actos de dispo sición como un desistimiento, un allanamiento, etc.
3.2.1. Formalidad en los escritos
Excediéndose en formalismos, que será difícil que se cum plan rigurosamente en muchos lugares de la patria, el Código señala que el escrito que se presente al proceso se sujeta a la siguientes regulaciones: a) Debe escribirse a máquina u otro medio técnico (Arl 130, inc. 1, CPC). b)Debe mantenerse en blanco un espacio de no menos d 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho (Ar 130, inc. 2, CPC). e) Debe ser redactado por un solo lado ya doble espacio (Art. 1302, ine. 3, CPC) . d) Cada interesado debe numerar correlativamente sus escritos (Art. 1302, ine. 4, CPC).
" e) Debe sumillarse el pedido en la parte superior derecha del escrito (Art. 1302, inc. 5, CPC).
j) Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra (Art. 130Q, inc. 6, CPC) .
g) Debe usarse el idioma castellano, salvo que la ley o el Juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del ayrnara (Art. 1302, ine. 7, CPC).
h) La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al Juez del proceso y, de ser el caso, se hará referencia al número de la resolución, escrito o anexo que se cite (Art. 130Q, inc. 8, CPC) .
i) Si el escrito contiene otrosÍes o fórmulas similares, éstos deben contener pedidos independientes del principal (Art. 130, ine. 9, CPC).
j) Los escritos serán firmados, debajo de la fecha, por la parte, tercero legitimado o abogado que lo representa. Si la parte o tercero legitimado no sabe firmar, pondrá su huella digital, la que será certificada por el Auxiliar Jurisdiccional respectivo (Art. 1312 CPC). k) El escrito debe estar autorizado por Abogado colegiado, con indicación clara de su nombre y número de registro, pues de lo contrario no se le concederá trámite (Art. 132 CPC). La Ley N 27020 establece que el Abogado para patrocinar requiere tener título de tal, hallarse en ejercicio de sus derechos civiles, tener inscrito el útulo profesional en la Corte Superior de Justicia correspondiente y si no lo hubiera en la Corte Superior de Justicia más cercana y estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondien te y si no lo hubiere en el distrito judicial más cercano. Agrega que se dan por cumplidos con los dos últimos requisitos anotados, para patrocinar a nivel nacional, con la sola inscripción en una Corte Superior de j usticla y en un Colegio de Abogados de cualquier Distrito judicial del país. Si el Abogado actúa como apoderado y como patrocinanteno es necesario que firme dos veces.
3.2.2. Copia de escritos y anexos y su entrega al destinatario Tratándose de escritos y anexos sobre los que deba recaer alguna de las resoluciones citadas en el artículo 157º del Código (se refiere a las resoluciones que deben notificarse necesariamente haciendo uso de las cédulas), quien los presente debe acompañar tantas copias simples de ambos (escrito y anexo) como interesados deba notificarse. El auxiliar jurisdiccional colTespondiente verificará la conformidad y legibilidad de las copias. Si no las encuentra conformes, ordenará su sustitución dentro de 24 horas, bajo apercibimiento de tenerse
por no presentado el escrito. Todo reclamo sobre la idoneidad de las copias será resuelto por el juez en el día mediante resolución inimpugnable (Art. 133º CPC). En el acto de notificarse la resolución respectiva se hará entrega a la parte contraria de las copias a que se refiere la primera parte del artículo 133º del Código (Art. 134º CPC). La parte o tercero legitimado puede exigir que el Auxiliar dejusticia le devuelva una copia sellada del escrito y sus anexos, con indicación del día y la hora de su presentación (Art. 135º CPC).
3.3. FORMALIDAD EN LAS NOTIFICACIONES COMO ACTOS PROCESALES PROVENIENTES DE LOS AUXILIARES JURISDICCIONALES
El acto de la notificación corresponde fundamentalmente a los auxiliares jurisdiccionales y tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales (Art. 155Q, primer párrafo, CPC). Las resolucionesjudiciales sólo producen efectos en virtud de la notificación hecha con arreglo a las disposiciones del Código, salvo los casos expresamente exceptuados (Art. 1552, segundo párrafo, CPC). El Código senala que el juez, mediante resolución motivada, puede ordenar que se notifique a persona ajena al proceso (Art. 155º, primer parrafo, CPC). En Distritos judiciales. como el de Lima, para la práctica de la notificación se recurre a entidades privadas, ajenas naturalmente al Poder judicial.
El nuevo ordenamiento procesal establece varias formas I de notificación de las decisiones judiciales: por nota, por cédula, por comisión, por telegrama, por facsímil, por edictos y por radio difusión.
3.3.1. Notificación por nota
En todas las instancias, con excepción de las resoluciones señaladas por el artículo 1572 del Código, las resolucionesjudiciales quedan notificadas en la Secretaría correspondiente de la Corte o del juzgado los días Martes o jueves, o el día hábil siguiente si alguno de ellos fuera inhábil (Art. 156Q, primer párrafo, CPC). En los días de notificación se publicará de manera clara y visible en el local del juzgado o en la Secretaría de Sala correspondiente una relación firmada y sellada por el
Secretario respectivo, en la que se hará constar un listado numérico de los expedientes con resoluCiones a notificarse en la fecha, copia del cual será entregado aljuez el día hábil siguiente, quien dispondrá su archivamiento (Art. 1562, segundo párrafo, CPC). El acto de la notificación por nota puede entenderse con, la propia parte, con su Abogado o con la persona o las personas que el interesado haya designado por escrito presentado en el expediente, y se realiza mediante lectura de la resolución respectiva a la vista del expediente (Art. 156º, tercer párrafo, CPC).
No se considera cumplida la notificación si el expediente no está en Secretaría, siempre que el interesado concurrente deje constancia del hecho en el Libro de Asistencia de Notificaciones, indicando día y hora, nombre, firma e identificación del expediente (Art. 156º, cuarto párrafo, CPC). 3.3.2. Notificación por cédula El numeral 157º del Código Procesal Civil, que regula la notificación por cédula, ha sido modificado y reordenado por la Ley Nº 26808 promulgado el13 de junio de 1997. Sólo serán notificadas mediante cédula las siguientes resoluciones judiciales: a) La que declara inadmisible o improcedente la demanda (Art. 157º, inc. 1, CPC). b) La que contiene el traslado de la demanda, de la reconvención y de sus contestaciones, si las hubiera (Art. 157º, inc. 2, CPC). c) La que contiene la admisión de un tercero con interés, de un sucesor procesal o de un sustituto procesal (Art. 157º, inc. 3, CPC). d) La que declara fundada una excepción o una defensa previa (Art. 157º, inc. 4, CPC). e) La que contiene unjuzgamiento anticipado del procesq (Art. 157º, inc. 5, CPC). El título relativo aljuzgamiento anticipado del proceso comprende dos capítulos: el juzgamiento anticipado del proceso y la conclusión anticipada del proceso (Arts. 473º y 474º CPC). Por la imprecisión del inciso en comentario hay que entender que el legislador lo que ha querido establecer es que debe notificarse mediante cédula, en primer lugar, la resolución por la cual comunica a las partes su decisión de expedir sentencia sin admitir otro trámite: 1) cuando, luego de rechazada su fórmula conciliatoria, advierte que la cuestión debatida es sólo de derecho o siendo también de hecho', no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva; 2) cuando queda ejecutoriada la resolución que declara saneado el proceso, en los casos en que la declaración de rebeldía produce presunción legal relativa de verdad. Esta decisión, por su naturaleza y por su trascendencia, debe notificarse por cédula. En segundo lugar, la resolución que contiene una conclusión anticipada del proceso en los supuestos señalados por los artículos 321 º Y 322º del Código Procesal Civil, que no comprende
naturalmente la sentencia. Podemos señalar como ejemplos las resoluciones que contengan: la declaración del abandono del proceso; la sustracción de la materia controvertida; la declaración de la caducidad del derecho; la aprobación del acuerdo conciliatorio; la aprobación de la transacción; ete. En estos supuestos, según el caso, hay unjuzgamiento anticipado del proceso sin declaración o con declaración sobre el fondo de la controversia. j) La que cita a alguna de las audiencias previstas en el Código (Art. 1572, ine. 6, CPC), esto es, las resoluciones por las cuales se convoca a las audiencias de conciliación, de pmeba y otras especiales.,
g) La que contiene una declaración de suspensión o de conclusión del proceso (Art. 157º, ine. 7, CPC). Esta regla hay que concordada con la prevista en el inciso 5 del mencionado numeral.
h) La que contiene una sentencia o alguna forma especial de conclusión del proceso (Art. 157º, inc. 8, CPC). Esta regla igualmente hay que concordada con las contenidas en los incisos 5 y 7 del aludido numeral.
i) La que contiene una medida cautelar (Art. 157º, ine. 9, CPC).
j) Los autos y sentencias que expidan las Salas de la Corte Suprema (Art. 1572, ine. 10, CPC). Se.entiende que los autos y sentencias que expidan las Salas Civiles o Mixtas de las Cortes Superiores también deben notificarse por cédulas. k) Otras resoluciones que el juez disponga motivadamente (Art. 157º, inc. 11, CPC). La forma de la cédula de notificación se sujeta al formato que fúa el Consejo Ejecutivo del Poder judicial. La cédula se escribirá en forma clara, sin emplear abreviaturas y contendrá: 1) nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste; 2) proceso al que corresponda; 3)juzgado y Secretaría donde se tramita y número del expediente; 4) transcripción de la resolución, con indicación del folio respectivo en el expediente \' fecha y número del escrito a que correspond~, de ser el caso; 5) fecha y firma del Secretario; 6) en caso de adjuntarse copias de escritos y documentos, la cédula deberá expresar la cantidad de hojas que se acompañan y sumaria mención de su identificación (Art. 158º CPC). La cédula será entregada por el órgano de auxilio judicial o por el encargado de la oficina respectiva, según el caso, en el domicilio real o legal, o el procesal señalado en
autos, de lo que dejará constancia con el nombre, firma e identificación del receptor (Art. 158º, último párrafo, CPC). Las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las 24 horas de expedida la resolución, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga el reglamento correspondiente (Art. 159º CPC). Si la notificación se hace por cédula, el funcionario o empleado -encargado de practicarla, entrega al interesado copia de la cédul~. haciendo constar, con su firma, el día y hora del acto. El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora del acto, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia (Art. 160º CPC). Si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución que admite la demanda, le dejará aviso para que espere el día indicado en éste con el objeto-de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160Q del Código. Si no pudiera entregarla, la adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta, según sea el caso. Esta forma de notificación se utiliza tratándose del rebel¡de (Art. 161 Q CPC).
3.3.3. Notificación por comisión
La notificación de una resolución judicial a quien domicilia fuera de la competencia territorial del Juzgado se hará mediante el libramiento del exhorto. Si la persona a notificar se halla dentro del país, el exhorto es enviado al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra; puede también usarse en este caso cualquiera de los medios técnicos como el telegrama, el facsímil u otro medio idóneo. Si la persona se halla fuera del país, el exhorto se librará a los órganos jurisdiccionales del país en que reside o al representante diplomático del Perú en ese lugar, a elección del interesado (Art. 162Q CPC).
3.3.4. Notificación por telegrama o facsímil u otro medio
Las resoluciones referidas en el artículo 157º del Código, excepto el traslado de la demanda o de la reconvención, la citación para absolver posiciones y la sentencia, pueden, a pedido de parte, ser notificadas, además del uso de cédulas, por telegrama, facsímil u otro medio idóneo. Los gastos para la realización de esta notificación quedan incluidos en la condena en costas (Art. 163 CPC).
El documento para la notificación por facsímil u otro medio contendrá los datos de la cédula. El facsímil u otro medio se emitirá en doble ejemplar, uno de los cuales será entregado para su envío y bajo constancia al interesado por el Secretario respectivo, y el otro con su firma se agregará al expediente. La, fecha de la notificación será la de la constancia de la entrega del facsímil al destinatario. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podrá disponer la adopción de un texto uniforme para la redacción de estos documentos (Art. 1642 CPC).
3.3.5. Notificación por edictos
La notificación por edictos procederá cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte debe manifestar bajo juramento o promesa que ha agotado las gestiones destinadas a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si se pmeba que la afirmación hecha es falsa o se acredita que pudo conocerla empleando la diligencia normal, se anulará todo lo actuado y el Juez condenará a la parte al pago de una multa no menor de 5 ni mayor de 50 Unidades de Referencia Procesal, que impondrá atendiendo a la naturaleza de la pretensión y a la cuan tía del proceso (Art. 165º CPC). Se aplicarán además las medidas señaladas por el artículo 441 º del Código, esto es, se remitirá copia de lo actuado al Ministerio PÚI blico para la investigación del delito y al Colegio de Abogados respectivo para la investigación por falta contra la ética profesional, si uno de los dos fuese Abogado. Si debe notificarse a más de 10 personas que tienen un derecho común, el Juez, a pedido de parte, ordenará se las notifique por edictos. Adicionalmente se hará la notificación regular que corresponda a un número de litigante s que estén en proporción de uno por cada diez o fracción de diez, prefiriéndose a los que han comparecido(Art. 166º CPC).
La publicación de los edictos se hace en el diario oficial y en uno de los diarios de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuera conocido, o, en su defecto, del lugar del proceso. Se acredita su realización agregando al expediente el primer y el último ejemplares que contiene la notificación. A falta de diarios en los lugares mencionados, la publicación se hace en la localidad más próxima que los tuviera, ~. el edicto se fuará, además, en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión. En atención a la cuantía del proceso el juez puede ordenar la prescindencia de la publicación, realizándose sólo en la tablilla del juzgado y en los lugares que aseguren una mayor difusión. (Art. 167º CPC) .
Los edictos contendrán, en síntesis, las mismas prescripciones de la cédula, con transcripción ·sumaria de la resolución. La publicación se hará por 3 días hábiles, salvo que el Código establezca número distinto. La resolución se tendrá por notificada el tercer día contado desde la última publicación, salvo disposición legal en contrario. El Consejo Ejecutivo del Poder judicial podrá disponer la adopción de un texto uniforme· para la redacción de edictos (Art. 168º CPC).
3.3.6. Notificación por mdiodifusión
Esta es una novedad que trae el Código Procesal Civil. En todos los casos en que el Código autoriza la publicación de edictos, de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar que además se notifique al interesado por radiodifusión. Las transmisiones se harán por una emisora oficial o las que determine el Consejo Ejecutivo en cada Corte. El número de veces que se anuncie será correspondiente con el número respecto de la notificación por edictos. Esta notificación se acreditará agregando al expediente declaración jurada expedida por la empresa radiodifusora, en donde constará el texto del anuncio y los días:horas en que se difundió. La resolución. se tendrá por notificada el día siguiente de la última transmisión radiofónica. Los gastos que demande esta notificación quedan incluidos en la condena en costas (Art. 169º CPC). Al quedar firme la resolución que declara infundada la nulidad de una notificación, ésta surte sus efectos desde la fecha en que se realizó (Art. 170º CPC). 4. EL TIEMPO EN LOS ACTOS PROCESALES
El tiempo tiene decisiva influencia no sólo en todo el proceso. sino también en el desarrollo de los actos procesales. Es que el proceso desde el punto de vista dinámico se desarrolla dentro de un espacio de tiempo. ena de las preocupaciones vitales que se
tiene es que los conflictos se solucionen con la celeridad razonable, pues su demora es calificada como injusticia.
No hay acuerdo para distinguir entre plazo y término, pues algunos lo consideran como sinónimos para significar siempre un período. Empero, para nuestro comentario, adoptando el criterio recogido por el Código en estudio, conviene señalar que el plazo es el espacio de tiempo dentro del cual se pueden practicar los actos procesales, en tanto que el término es el punto límite del plazo. Ejemplo: el término del plazo es el día 20 de enero del año en curso. Hay actos procesales que se realizan en determinada fecha y hora, señalada por el Juez, que normalmente se ubican dentro de un plazo determinado.
Las actuaciones judiciales o los actos procesales se practican puntualmente en el día y hora hábil señalados, sin admitirse dilación. Só. días hábiles los comprendidos entre el lunes y el viernes de cada :.emana, salvo feriados. Son horas hábiles las que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma que ha señalado como horas hábiles las que median entre las seis y las veinte horas (Art. 124 LOPJ). Para las actuaciones de actos que deban actuarse fuera del despacho judicial, son horas hábiles las que están comprendidas entre las siete y las veinte horas, salvo acuerdo distinto del Consejo Ejecutivo del Poder judicial (Art. 141 Q CPC). Los actos procesales desarrollados en días y horas inhábiles simplemente son nulos.
De oficio o a pedido de parte el juez puede habilitar días y horas inhábiles en aquellos casos que no pueda realizarse una actuación judicial dentro del plazo que el Código establece o cuando se trate de actuaciones urgentes cuya demora puede peIjudicar a una de las partes (Art. 142Q CPC). La actuación judicial iniciada en día y hora hábiles, podrá continuar hasta su conclusión en tiempo inhábil, sin necesidad de que previamente se declare su habilitación (Art. 143Q CPC).
Cuando la actuación judicial requiera más tiempo del previsto, podrá ser suspendida para su continuación al siguiente día hábil o cuando el Juez lo f~e. Tal decisión se hará constar en el acta (Art. 144Q CPC). Incurre en falta grave el Juez que, sinjustificación, no cumple con realizar la actuación judicial en la fecha señalada o dentro del plazo legal respectivo (Art. 145Q CPC).
Los plazos previstos en el Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales. La misma regla se aplica al plazo
judicial, es decir, al plazo fijado por el juez. A falta del plazo legal, lo f~a el juez (Art. 146Q CPC).
El plazo se cuenta desde el día siguiente de notificada la resolución que lo fija )', cuando es común, desde la última notificación. No se consideran para el cómputo los días inhábiles. Entre la notificación para una actuación procesal y su realización, deben transcurrir por lo menos 3 días hábiles, salvo disposición distin ta del Código (Art. 147Q CPC).
5. FORMACION DEL EXPEDIENTE
Los Auxiliares jurisdiccionales son los responsables de la formación, conservación y seguridad de los exped~entes. Cuidarán, además, de la numeración correlativa y sin inf~\polación de los folios; que las actas que contienen actuaciones judiciales sean suscritas por el juez y por los que intervengan en ellas, dando fe de la veracidad de su contenido y las demás responsabilidades que la ley les señala. La interpolación en la numeración correlativa sólo es procedente por resolución autoritativa del Juez y bajo su responsabilidad (Art. 136º CPC). El expediente se conserva regularmente en la oficina del Secretario de juzgado o de la Secretaría de la Sala o en la oficina del juez. El expediente podrá ser trasladado a un lugar distinto sólo en los casos previstos por la ley o por resolución autoritativa del juez, fijándose el plazo respectivo (Art. 137º CPC).
Las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en qUe se conservan, pudiendo tomar nota de su contenido (Art. 138º CPC).
Los Secretarios de Sala y de juzgado en tregarán copias simples de las actas de las actuaciones judiciales concluidas a los intervinientes en ellas que lo soliciten. En cualquier instancia, a pedido de parte y previo pago de la tasa respectiva, el juez ordenará de plano la expedición de copias certificadas de los folios que se precisen. La resolución que ordena la expedición de copias certificadas precisará el estado del proceso y formará parte de las copias que se entregan. En la misma resolución el juez podrá ordenar se expidan copias c'ertificadas de otros folios. Concluido el proceso, cualquier persona podrá solicitar copias certificadas de folios de un expediente. El juez puede denegar el pedido en atención a la naturaleza personalísima de la materia controvertida (Art. '139º CPC).
En caso de pérdida o extravío de un expediente, el juez ordenará una investigación sumaria con conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder judicial. De ser el caso, ordenará su recomposición de oficio o a pedido de parte, quedando éstas obligadas a entregar, dentro de tercer día, copias de los escritos y resoluciones que obren en su poder. Vencido el plazo y con las copias de los actuados que tenga en su poder el Juez las pondrá de manifiesto por un plazo de 2 días, luego del cual declarará recompuesto el expediente. Si apareciera el expediente, será agregado al rehecho (Art. HOQ CPC) . ~lediante la Resolución Administrativa Nº 032-94-CE-Pj de 7 de :\tIayo de 1994 el Consejo Ejecutivo del Poder judicial ha dictado un Reglamento para regular el trámite de la recomposición de expedientes judiciales, el mismo que se viene aplicando en la actualidad. 6. NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
Todo acto jurídico debe ser la fiel expresión de una voluntad expresada lib(emente, de modo que el querer, el deseo del agente, coincida exactamente con lo que éste ha manifestado, ha expresado, ha exteriorizado. Sin embargo, en los litigios, no siempre ocurre así, debido a la influencia de diversos factores, que unas veces surgen del propio agente y otras por factores atribuibles a otros agentes, que vician el proceso. Para que los actos procesales tengan validez y eficacia jurídica tienen que estar desprovistos de vicios y errores. El acto procesal por tanto será nulo si está afecto de algún vicio o de algún error. Se señala que un acto procesal está viciado cuando éste no constituya la manifestación de voluntad del agente, cuando haya sido practicado ·por persona absolutamente incapaz, cuando su finalidad es ilícita (causar un daño a terceros), cuando sea producto de un acto fraudulento (una simulación, por ejemplo), cuando no revista la formalidad.que señala la ley, etc. Como ejemplo podemos señalar que carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno (Art. 199º CPC). El errcrrconsiste en la falta de coordinación o coincidencia entre la representación mental que el agente hace de una persona, cosa o hecho o de la ley, no respondiendo éstos a la realidad. Citamos los siguientes ejemplos en los que existe error: El caso en que el Juez erróneamente considera que un instrumento contiene un contrato de trabajo cuando en realidad contiene un contrato de locación de servicios o el supuesto en que el Juzgador le da un trámite que no le corresponde a un pedido formulado por la parte litigante o cuando el Juzgador aplica una norma retroactivamente no obstante qlle la Constitución lo prohibe, etc. La ignorancia equivale indudablemente al error. Estos errores surgen del propio agente procesal. El fraude en el área civil importa engaño, abuso de confianza, artimaña, maniobra, normalmente en la celebración de un acto jurídico, para producir daño material y moral a
un tercero. El dolo ci.vil es concebido por unos como una especie del fraude. en tanto que otros lo conciben como equivalentes. Esta figura (el fraude) en el campo procesal significa el uso del proceso por uno de los litigantes o por ambos para causar daño a la propia contraparte o a un tercero, según el caso. La colusión en el proceso en realidad es el fraude procesal perpetrado por ambas partes para causar un daño a terceros. La intimidación, la violencia y el cohecho importan conductas fraudulentas. La mayoría de los casos de nulidad, sin embargo, se refieren a la violación de las jC"'malidades de los actos procesales y de los trámites establecidos por eÍ'Código Procesal Civil, que por su naturaleza son violatorios del debido proceso. Es que la forma del acto procesal es el modo de expresión de la voluntad de quien lo ejecuta. Todos los actos procesales tienen una forma determinada de exteriorizarse, unas veces impuesta por la ley como condición de su existencia y otras queda librada al criterio de quien lo realiza. La formalidad de la demanda, que se produce en un solo acto, está fijada por la ley y no queda librada al criterio de quien la propone. La inspección judicial se refiere a un conjunto de actos, cuyarealización es indispensable para que tenga validez, pues comprende su ofrecimiento, su admisión, la oportunidad de actuación previa notificación, la intervención del juzgador para llevar a cabo la constatación del hecho, etc. La oportunidad y el lugar donde debe producirse el acto se concibe también como formalidad, pues si una sentencia es dictada por quien no ejerce jurisdicción en un lugar donde se expida será nula o si se ha interpuesto un recurso impugnatorio fuera del plazo señalado el organismo jurisdiccional debe rechazarlo. Todos estos elementos son calificados como constitutivos de la formalidad que prevé el Código Procesal Civil.
Por consiguien te, prima jacie, debemos señalar que la nulidad importa una sanción que tiende a privar de efectos a un acto procesal que contenga un vicio, un error o en cuya ejecucióI1 no se han observado determinadas formas señaladas por la ley. Los actos procesales afectos de algún vicio, error o de inobservancia de la formalidad señalada por la ley que conspiran contra su plena validez son susceptibles de ser anulados. La nulidad tiene que verse como una sanción que priva al acto el poder producir efectos jurídicos normales propios de un acto regular. La sanción debe establecerse mediante una declaración judicial. La nulidad debe originarse en una causa existente al constituirse el acto. Por último, se señala que la finalidad de las nulidades es remediar los vicios y errores de los actos procesales o la inobservancia de la formalidad legal.
En relación de las nulidades en doctrina hay un cúmulo de opiniones. Así se habla de actos procesales inexistentes, cuando el acto carece de requisitos indispensables para tener existencia jurídica, como el caso de una sentencia emitida por quien ha dejado de ser Juez, acto que en modo alguno puede ser convalidado (nulidad absoluta). Tambié se habla de actos procesales afectos de nulidad que producen sus efectos en tanto no sean invalidados de oficio o a petición de parte, lo que significa asimismo que pueden ser convalidados por consentimiento o falta de impugnación (nulidad relativa), como
ocurre en el supuesto de que no obstante que el demandado no ha sido debidamente emplazado con la demanda, sin embargo, se concreta a contestarIa, sin reclamar la falta de notificación. Los actos afectos de nulidad absoluta no son convalidables, en tanto que los actos afectos de nulidad relativa sí pueden convalidarse expresa o tácitamente. Estos casos se refieren a nulidades relacionadas a las formas procesales, las que no tienen otro sentido que el de garantizar el derecho de las partes en el proceso, constituyéndose las nulidades con el propósito de salvaguardar esas garanúas. La interrogante que surge es: ¿qué ocurre cuando un acto procesal está viciado, por ejemplo, de un hecho fraudulento? En este caso no estamos frente a un supuesto de afectación de la formalidad procesal sino de la afectación del fondo del acto procesal. Aquí deben regir igualmente las reglas previstas para las nulidades de los actos procesales por afectación formal. Los recursos de apelación y de casación tienen también por finalidad correL gir vicios y errores que afectan determinados actos procesales. Puede darse el caso también de recurrir a la vía de la acción para lograr la nulidad de todo el proceso cuando, por ejemplo, se da el fraude procesal en la simulación de un proceso.
6.1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
El régimen de las nulidades procesales se rige por una serie de principios que los desarrollaremos someramente; principios que. naturalmente han servido para estructurar las normas reguladoras del instituto y que sirven asimismo para su interpretación. Respondiendo al orden que señala nuestro ordenamiento procesal civil, estudiamos los principios de legalidad, de declaración judicial, de trascendencia, de convalidación, de subsanación y de integración.
6.1.1. Principio de legalidad en la nulidad de los actos procesales Conforme a este principio no se admite la nulidad de un acto procesal si no se expresa la causa legal en que se funda. Esto importa, indudablemente, que las causal es de nulidad están previstas expresamente por la ley. Este principio tiende a limitar el ejercicio abusivo que pueda hacer el solicitante del pedido de nulidades procesales, enmarcándolas dentro de las causales señaladas por el ordenamiento. La nulidad se sanciona -dice el Código Procesal Civil- sólo por causa establecida en la ley (Art. 171 º, primer párrafo, CPC). Empero, nuestro vigente Código no señala las causales en forma específica por las cuales se puede declarar la nulidad, por lo que resulta un contrasentido que pregone el principio de legalidad y no obstante 'no señale las causales. El derogado Código de Procedimientos Civiles sí enumeraba las motivaciones por las cuales se podía proponer
y consecuentemente declarar la nulidad (Art. 1085º CdePC). Sin embargo -agrega el citado cuerpo procesal en forma genérica- es posible declarar la nulidad de un acto procesal cuando éste carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad (Art. 171 º, primer párrafo, CPC). En el supuesto, por ejemplo, que la inspección judicial haya sido practicado por el auxiliar jurisdiccional y no por el propio Juez, quien no sólo es el autorizado para practicar esa diligencia, sino que él es el que debe constatar personalmente (principio de inmediación) determinados hechos que se pretende acreditar mediante dicho medio probatorio, el acto procesal (la inspección judicial) carece de un requisito indispensable para obtener la finalidad de la diligencia, cual es, la constatación personal de hechos por elJuzgador.
En doctrina se conciben las denominadas nulidades implícitas, que naturalmente se contraponen al principio de legalidad por no estar previstas en el ordenamiento, pero que surgen por el propio hecho de que el legislador no puede describir en detalle en la normatividad los casos que se presentan en la práctica y emergen de la propia filosofía que sustenta el ordenamiento procesal, como ocurre en el caso de violación del derecho de defensa, que no es necesario que se considere como una causal de nulidad para sancionarla. El Código recoge este principio de las nulidades implícitas cuando hace referencia a formalidades sin sanción de nulidad, previendo la posibilidad de declarar la nulidad de un acto procesal, aun sin sanción establecida en la ley, cuando dicho acto se haya producido de modo diferente al señalado por el Código y no obstante no cumple su propósito, conclusión ésta a la que se llega mediante interpretación contrario sensu del segundo párrafo del artículo 171 Q del Código en estudio. Dice el Código que cuando la ley prescribe una formalidad determinada, sin sanción de nulidad, para la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito (Art. 171 Q, segundo párrafo, CPC). Sería el caso, por ejemplo, en que se presenta un escrito con la firma ilegible del abogado, sin la impresión de su sello que contiene el número de su registro y sin ningún otro elemento que lo identifique. Ese escrito tendrá validez por haber cumplido con su finalidad, aun cuando no se haya producido con las formalidades de ley.
6.1.2. Principio de trascendencia
Este principio preconiza que no hay nulidad si no hay perjuicio o daño. No basta la infracción deJa formalidad, que sirve para garantizar los derechos de las partes, sino que debe existir peljuicio, de donde se deduce que la nulidad sirve para corregir o remediar ese menoscabo. Dentro de esta orientación cabe el supuesto de que el Juez por un error le da a una demanda un trámite más amplio que el que le corresponde; en este caso no habría daño que se cause a alguna de las partes, por lo que no cabría
nulidad alguna, si se tiene en cuenta además que la amplitud del trámite da mayores garantías a los contendientes en el proceso. Nuestro ordenamiento procesal civil, recogiendo este principio, señala que quien formula nulidad .tiene que acreditar estar peIjudicado con el acto procesal viciado (Art. 174º CPC). Eduardo J. COUTURE (8) dice: "No existe impugnación de nulidad, en ninguna de sus formas, si no existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por la anulación no vale".
'Este principio determina que el agraviado o peIjudicado con el acto es el que tiene legitimidad para solicitar una nulidad.
6.1.3. Principio de la declaración judicial
No habrá nulidad de un acto procesal si no ha sido declarada judicialmente. Sólo el Juez debe declararla. Surge una pregunta: ¿Antes de la declaración judicial de nulidad de un acto éste debe surtir sus efectos pertinentes? Hay casos, como el supuesto en que la sentencia es emitida por quien ya no es juez, en los que el acto realmente es inexistente, supuesto en el cual la autoridad simplemente lo verifica y que su deClaración no hace nulo al acto inexistente. En cambio hay actos procesales afectos de nulidad que surten sus efectos en tanto no son declarados nulos por el Juez, casos en los cuales es posible su convalidación. Por eso también se habla de actos procesales afectos de causal de nulidad absoluta y relativa.
6.1.4. Principio de finalidad Conforme a este principio los actos procesales no son nulificables si ellos han cumolido con su finalidad no obstante tener defectos de orden forma} ~uestro ordenamiento procesal civil recoge este principio cuando dice que si la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito (Art. 171 Q, primer párrafo, CPC). Las formalidades previstas por el Código Procesal Civil son imperativas y, sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso; cuando el ordenamiento no señale una formalidad específica para la realización del acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la forma empleada (Art. IX, T. P., CPC). Dice el Código, recogiendo el principio, que también hay convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado (Art. 172Q, segundo párrafo, CPC).
. 6.1.5. Principio de convalidación
Frente a los actos procesales afectos de nulidad tenemos la figura de la convalidación, que importa confirmar la validez del acto. Es que en los procesos existen razones de seguridad y certeza jurídica de los actos, así como la cosa juzgada, que hacen que se apliquen en los procesos la convalidación de las nulidades, de manera que precluida una etapa del proceso no se pue- . da volver a una etapa anterior. La convalidación constituye realmente un remedio, un elemento saneador, para los actos afectos de nulidad. En vez de invalidar el acto se sanea. La manifestación expresa o la manifestación tácita, que importan consen-. timientos, pueden ser los mecanismos de convalidación.
Tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución (Art. 172º, primer párrafo, CPC), sin formular reclamación alguna para obtener su nulidad. Es un caso de convalidación tácita, pues el litigante implícitamente confirma el acto.
Otro supuesto en que habrá convalidación es cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado (Art. 172º, segundo párrafo, CPC), careciendo de sentido el pedido de su nulidad. En este supuesto realmente se presenta un caso de convalidación pero impuesta por b ley, pues, no emerge de la voluntad tácita o explícita de la parte litigante.
Otro caso de convalidación tácita que regula el ordenamiento procesal es cuando señala que se producirá dicha figura en el supuesto que el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerla (Art. 172º, tercer párrafo, CPC). Este es un caso en que definitivamente hay una convalidación tácita. Supongamos que el demandado no haya sido debidamente notificado con la demanda y los anexos correspondientes y, sin embargo, procede a contestar la demanda sin solicitar la anulación del acto viciado. Con esa contestación habrá convalidado el acto nulo. Un pedido posterior de nulidad tiene que ser rechazado.
6.1. 6. Principio de subsanación
Tiene cabida este principio cuando un acto afecto de nulidad no requiere de declaración de nulidad y sólo de una subsanación, de una corrección. El Código establece como un supuesto de convalidación cuando señala que no hay nulidad de un acto procesal afecto de algún vicio si la subsanación del mismo no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal (Art. 172º, cuarto párrafo, CPC), careciendo de sentido el pedido de nulidad que se pueda formular. Por ejemplo, cuando se dicta una sentencia poniendo como año de emisión 1998, no obstante que realmente se ha dictado en 1999, consignándose entonces, por error, un año diferente. Este es un caso en que la sentencia tiene un elemento que la invalida, sin embargo, se trata de un vicio subsanable. En estos y otros análogos (como el error en los nombres, en la ubicación del inmueble, etc.) no hay posibilidad de solicitar y m~nos de obtener la nulidad del acto procesal, ya que ese acto puede ser objeto de subsanación. En la práctica puede subsanarse la anotada irregularidad dictándose una resolución que diga: "Entiéndase como fecha en que se emitió la sentencia de fojas x el día 10 de abril de 1999". Este sería un supuesto de convalidación del acto procesal por subsanación.
6.1. 7. Principio de integración
Los jueces tienen la obligación proces~l de resolver, por ejemplo, al sentenciar la causa, todos los puntos en controversia, esto es, lo relativo a la pretensión procesal, a laS pretensiones accesorias, a las tachas de testigos y documentos, etc. La sentencia que omita resolver algún extremo de la controversia es nula. En estos casos opera el principio de integración procesal, que implica subsanar la omisión en que el Juzgador haya incurrido, pronunciándose sobre el punto o los puntos que omitió resolver. La integración procesal de resoluciones importa un modo de subsanación de las mismas y por tanto una manera de convalidarlas.
El Juez puede integrar una resolución antes de su notificación (Art. 172, quinto párrafo, CPC). Es decir, eljuzgador que haya omitido pronunciarse sobre algún punto de la controversia, puede subsanar su sentencia emitiendo pronunciamiento, con la fundamentación correspondiente, de ti-16G.8 que la nueva resolución que dicte forme parte de la sentencia originaria. No es necesario que anule su sentencia y dicte una nueva resolviendo todos los asuntos en controversia. Este es el caso en que . todavía no se ha notificado a las partes con la sentencia emitida en forma incompleta. En tanto
no se notifique a las partes con la resolución no se podría hablar válidamente de sentencia nula. El tema se hace interesante y requiere de una explicación cl!ando la sentencia incompleta y por tanto nula ha sido notificada a las partes. En estos supuestos ocurre que el propio juez, de oficio o a petición de parte, completa su sentencia', emitiendo pronunciamiento sobre el punto omitido, caso en el cual debe subsanarla dentro del plazo en que las partes pueden apelar de la resolución. En estos casos el plazo para apelar se computa a partir de la notificación de la resolución que completa la sentencia (Art. 172º, quinto párrafo, CPC). Las interrogantes que surgen son las siguientes: ¿La sentencia que ha sido subsanada mediante otra resolución fuera del plazo para apelar de ella será nula de modo absoluto? ¿Si nadie la objeta, no podría sostenerse que ha operado la convalidación? ¿Si proponen su nulidad, e1juez inexorablemente debe declararla así? Aquí debe operar las reglas de la convalidación. En todo caso los jueces deben tener en consideración si su nulidad traería o no beneficios para las partes. El Juez superior (por ejemplo, de las Salas Civiles) puede integrar la resolución recurrida cuando concurran los supuestos del párrafo anterior (Art. 172º, último párrafo, CPe). Aquí la norma es confusa y consideramos errada, pues no precisa cuáles son esos supuestos y si se remite al quinto párrafo del artículo 172º del Código Procesal Civil se estaría refiriendo sólo a la omisión de pronunciamiento del juez inferior. El Código Procesal Civil, al tratar del recurso de apelación, establece que los jueces superiores pueden integrar laresolución apelada a condición de que se refiera a la omisión de pronunciamiento sobre algún punto controvertido en la parte decisoria de la resolución, pero que contenga su fundamentación en la parte considerativa de ella. Son dos condiciones que no pueden prescindirse. Si el Juez inferior no ha tratado en la parte considerativa sobre las razones y el sentido de la decisión omitida en la parte decisoria, el Juez superior no está autorizado para integrar la resolución, dentro de ellas la sentencia. Si lo hiciera no obstante la falta defln,damentación en la parte considerativa de la resolución se estaría atentando contra el principio de la doble instancia (Art. X, T. P., CPC).
6.2. LEGITIMIDAD PARA PROPONER LA NULIDAD
Quien formula una nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado o errado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, deberá acreditar interés propio y específico con relación a su pedido (Art. 174º CPC). En términos genéricos, tratándose de resoluciones, sólo el agraviado con ella es el que se encuentra legitimado para impugnarla. Ese mismo principio rige en materia de nulidad de actos procesales. Es que la resolución judicial es un acto procesal. El agravio que causa un acto procesal
afecto de nulidad a quien es parte en el proceso es el que lo legitima para proponer su invalidación. El agraviado, por tanto, tendrá interés para reclamar la nulidad del acto. Quien ha contribuido para que el acto se halle afecto de nulidad no podrá solicitar su invalida- I ción, que se sustenta en que nadie puede fundar la nulidad en su propia conducta (Art. 175º, inc. 1, CPC), pues, no tendría interés válido para proponerlo. Los jueces sólo declararán de oficio las nulidades insubsartables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda (Art. 176º, tercer párrafo, CPC). En efecto, la nulidad puede ser declarada de oficio, pero debe proceder así en casos excepcionales, en supuestos en que de por medio esté el interés público o exista una disposición expresa. Conforme al Código Procesal Civil citamos el siguiente ejemplo: el Juez, al sentenciar la causa, puede declarar la ~lUlidad de todo lo actuado al constatar en el proceso la inexistencia de una relación jurídico procesal válida (Art. 121 Q, última parte, CPC). Es que si no hay una relación procesal válida no hay proceso válido. Lo que interesa es que los procesos no se hallen afectos de nulidad y, en todo caso, sus vicios deben convalidarse conforme a las modalidades que señala el ordenamiento.
6.3. OPORTUNIDAD PARA PROPONER Y TRAMITE DE LA NULIDAD
El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad en que el perjudicado tuviera para hacerla, antes de la sentencia de primera instancia. En este caso, el Juez resolverá previo traslado por tres días (Art. 176, primer párrafo, CPC). El hecho de no proponer la nulidad en la primera oportunidad en que el agraviado tuviera para hacerla dará lugar a la convalidación del acto viciado (Art. 172, tercer párrafo, CPC), salvo que se trate de nulidades en los que los organismosjurisdiccionales están facultados para declararlos de oficio, especialmente cuando se trate de nulidades insubsanables o esté de por medio el interés públicQ o exista una norma expresa. Si por ejemplo una sentencia ha sido expedida por quien ya no es juez debe invalidarse de oficio, pues se trata de un acto insubsanable.
Sentenciado el proceso en primera instancia la nulidad procesal sólo puede ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. En este caso, la Sala Civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de especial pronunciamiento o al momento de absolver el grado (Art. 176, primer párrafo, CPC), al sentenciar. El recurso de apelación, dice el Código Procesal Civil, contiene intrínsecamente el de nulidad sólo en los casos que los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada (Art. 382 CPC). La instancia revisora, al absolver el grado, tiene que examinar de primera intención si lo actuado en el. proceso o un acto de modo singular están afectos de
alguna causal de nulidad o no. Si estuviera afecto tendrá que declarar la nulidad si no ha sido objeto de convalidación o si se trata de casos en los que puede declarar de oficio. En caso contrario sólo tiene que pronunciarse sobre la materia apelada.
Las nulidades por vicios o errores ocurridos en segunda instancia serán formuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo, debiendo la Sala Civil resolverlas de plano u oyendo a la otra parte (Art. 176, segundo párrafo, CPC). En estos casos la Sala debe tener en consideración las reglas relativas a la convalidación y a los supuestos en que es posible la declaración de nulidad de oficio. Si declara la nulidad tendrá que reponer la causa al estado que corresponda. Por ejemplo, si se vio la causa en la fecha designada para la vista, sin que el abogado de una de las partes haya sido notificado para tal acto, no obstante haber solicitado oportunamente para informar oralmente, y se ampara la nulidad, tendrá que fijarse nuevo día y hora para dicha vista.
6.4. INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA DEL PEDIDO DE NULIDAD
El Código no diferencia los supuestos en los cuales hay inadmisibilidad o hay improcedencia. Sin embargo, bajo la orientación del numeral 128º de dicho ordenamiento, diremos que el pedido de nulidad será declarado inadmisible cuando: a) se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio; b) se sustente en causal no prevista por el Código (Art. 175Q, incs. 1 y 2, CPC); e) se trate de una cuestión anteriormente resuelta, es decir, cuando se repita el mismo pedido de nulidad que ya ha sido resuelto con anterioridad. El pedido de nulidad será decl4f
6.5. CONTENIDO DE LA RESOLUCiÓN QUE DECLARA LA NULIDAD
La resolución que declara la nulidad ordena la renovación del acto o actos procesales afectados y las medidas efectivas para tal fin, imponiendo el pago de las costas y costos al responsable (Art. 177º CPC). Como una innovación del nuevo ordenamiento procesal civil se establece que a pedido del agraviado, en la sentencia correspondiente, se puede ordenar el resarcimiento por quien corresponda de los daños causados por la
nulidad, pedido que puede formularse con un simple escrito (Art. 177º CPC). El Juez tendrá que examinar los daños causados y la responsabilidad del imputado para determinar el monto de la indemnización.
6.6. EXTENSIÓN DE LA NULIDAD
La declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de aquél. Asimismo, la invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resulten independientes de ella, ni impide la producción de efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición expresa en contrario (Art. 173º CPC). La calificación de la independencia de los actos procesales es tarea fundamental de los jueces para los efectos de determinar la extensión de la nulidad declarada. 7. NULIDAD DE LA COSA JUZGADA FRAUDULENTA
7.1. NOCIONES PRELIMINARES
De primera intención debemos anotar que conforme al ordenamiento procesal civil nacional la institución de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta está ubicada dentro del título relativo a la nulidad de los actos procesales. Conforme a dicho ordenamiento es posible, hasta dentro del plazo de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuere ejecutable, demandarse, a través del proceso de conocimiento, la nulidad de una sentencia o del acuerdo de las partes homologado por el Juez con la sentencia, que ponen fin al proceso, alegando que ha sido obtenido a través de un proceso seguido con fraude o colusión y afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una o por ambas panes o por el Juez o por éste y aquéllas, autorizándose demandar la nulidad a la parte o al tercero ajeno al proceso que se consideren directamente agraviados por la sentencia o el acuerdo homologado (Art. 178º CPC, modificado por la Ley Nº 27101, promulgado el 1 de mayo de 1999). Por consiguiente: ¿Podemos sostener válidamente que la santidad de la cosa juzgada está en crisis? Bueno, al final de la presente exposición tendremos mayores elementos de juicio para pronunciarnos sobre esta interrogante.
Precisamos, de inmediato, que el tema que ahora abordamos presenta variadas dificultades y recibe como instituto procesal diferentes denominaciones como acción
rescisoria, acción revocatoria, acción de nulidad y, como la nuestra, demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
El profesor español Manuel SERRA DOMINGUEZ (9) anota: "Muy discutible nos parece la posibilidad reconocida por el artículo 178º del Código Procesal Civil peruano de declarar la nulidad de una sentencia una vez devenida firme. La ausencia en el CPC peruano de un proceso similar al de revisión de sentencias firmes previsto en los artículos 1796º y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil [española] obliga ciertamente a establecer un pronunciamiento específico para declarar la nulidad de aquellas sentencias obtenidas mediante dolo, fraude o colusión. En tales supuestos, más que ante una cosa juzgada, nos encontramos ante una apariencia de cosa juzgada que debe ser eliminada mediante un proceso excepcional". Agrega: "Pero no parece adecuado que dicho proceso se tramite ante el mismo Juez que ha entendido del proceso principal, y mucho menos que el plazo para efectuar la impugnación empiece a correr desde la fecha de firmeza o ejecución de la sentencia, y no desde el momento en que la parte perjudicada haya tenido conocimiento de la misma".
Consideramos, por tanto, que en vista de que el ordenamiento procesal civil nacional no prevé el denominado recurso de revisión, como sí lo tenemos regulado en materia penal en el Código de Procedimientos Penales (Arts. 361º Y ss. CdePP). el legislador ha considerado conveniente regular un procedimiento adecuado a los fines de invalidar una sentencia obtenida en un proceso mediante artificios fraudulentos, afectándose naturalmente el derecho a un debido proceso. La regulación por nuestro ordenamiento del instituto que tratamos, por lo demás, era necesaria, si se tiene en cuenta que en nuestra realidad judicial advertimos la presencia frecuente de procesos simulados para perjudicar a terceros, la utilización de instrumentos falsos o la deposición de testigos falseando la verdad para obtener una decisión judicial favorable a sus oferentes, sin excluir claro está algunos casos de inconducta que observan los jueces en la conducción del proceso y en la emisión de la decisión final. 0io obstante que el Código Procesal Civil contiene reglas no sólo para regular la correcta conducta procesal que deben observar los sujetos del proceso, sino también reglas para sancionar a los infractores de esa conducta, el fraude procesal en su concepción genérica es inevitable. En efecto, no hay forma de impedir la existencia de decisiones judiciales en base a pruebas falsas. así como es imposible desterrar la posibilidad de ,resoluciones basándose en pruebas insuficientes por obra de la parte victoriosa, no obstante existir pruebas fundamentales ignoradas por la perdedora y descubierta con posterioridad a la decisión: en suma, es inevitable la presencia de conductas fraudulentas de las partes en litigio, de los auxiliares jurisdiccionales, de los que prestan auxilio judicial (como los peritos), de los propios jueces, en el desarrollo de los procesos en general.
7.2. LA. SENTENCIA CON LA CALIDAD DE COSA JUZGADA COMO PRESUPUESTO
De primera intención debemos precisar cómo se concibe la cosa juzgada conforme a nuestro ordenamiento procesal civil. Una resolución -no necesariamente una sentenciaadquiere la autoridad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos (Art. 123º, inc. 1, CPC), lo que significa que una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada cuando las partes hayan agotado contra ella los recursos impugnatorios previstos por el ordenamiento. También una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios contra ella o dejan transcurrir los plazos sin formularlos (Art. 123º, inc. 2, CPC). El Código, en efecto, prevé que durante el proceso las partes pueden convenir la renuncia a interponer recurso contra las resoluciones que pronunciándose sobre el fondo le ponen fin al proceso (Art. 361º CPC). Si se produce la renuncia a recurrir o simplemente se consiente de la resolución que agravia, sin plantear el recurso pertinente, la resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada. La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ella deriven sus derechos (Art. 123º, cuarto párrafo, CPC), indicando que la redacción de este párrafo en lo demás que contiene es incomprensible. Finalmente, el Código establece que la resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de que puede ser objeto de la demanda de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o que puede ser pasible de una aclaración o corrección (Art. 123º, último párrafo, CPC). Como vemos, sin decirlo expresamente, el propio ordenamiento prevé que una resolución puede adquirir la autoridad de cosa juzgada y, sin embargo, puede ser cuestionada mediante la demanda por fraude, aún en el caso que en el proceso se hayan agotado los recursos impugnatorios, se hubiera renunciado a interponerlos o se hubiera consentido de la resolución.
Para plantear una demanda sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta ineludiblemente se supone que existe una sentencia emitida en el proceso anterior revestida de ese elemento que le da seguridad y estabilidad a la decisión: la autoridad de cosa juzgada. Igual explicación se tiene tratándose de un acuerdo homologado con una sentencia. Empero, la particularidad en este caso es que el demandante de la nulidad considera que esa sentencia es el producto de una actividad fraudulenta, por lo que cuestiona los efectos normales que debe tener una decisión judicial válida. Esto significa que no será viable la demanda contra una sentencia si supongamos está pendiente de resolver el recurso de casación que se hubiera propuesto contra ella.
¿Será admisible plantear la nulidad de una sentencia que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada? Si nos remitimos a nuestro ordenamiento procesal civil la respuesta es
simplemente afirmativa. Empero, para responder esta interrogante en forma adecuada hay que hacer la siguiente reflexión. El inciso 2 del artículo 139º de la Constitución, calificándolo como un principio y un derecho de la función jurisdiccional, establece que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones; tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Esto significa que la sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada, que es el elemento que atribuye a la decisión judicial el carácter de intangible, inmodificable e inalterable, concede directamente a los justiciables seguridad jurídica e indirectamente a 1a sociedad estabilidad y paz social. Frente a esta previsión constitucional surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo se justifica que el numeral 178º del Código Procesal Civil posibilite la nulidad de la sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada? ¿Esa posibilidad puede calificarse como atentatoria de la santidad de la cosa juzgada y, consecuentemente, de la seguridad jurídica, que están garantizadas por la Constitución del Estado? A manera de justificación debemos indicar que el numeral 178º del ordenamiento procesal civil presupone que la sentencia final dictada en un proceso, para tener la autoridad de cosa juzgada, debe haberse obtenido no sólo siguiendo las reglas que garantizan el derecho al debido proceso, sino también, y esto hay que remarcar, sin la contaminación de elementos fraudulentos, pues si ella ha sido obtenida con la presencia de estos elementos negativos estaremos frente a una sentencia que aparentemente se ha revestido de la autoridad de cosa juzgada. La sentencia obtenida sin la presencia de vicios como los anotados que la invalidan mantendrá no sólo su calidad de tal, sino que ciertamente será intangible, in modificable e inalterable, es decir, tendrá la calidad de cosa juzgada válida o se estará frente a una auténtica res iudicata.
La antinomia entre la norma constitucional y la norma procesal en estudio es evidente. La inquietud es: ¿Cómo romper esa antinomia? La previsión constitucional naturalmente tiene -debe tener- como sustento que la sentencia debe ser el producto de una decisión en la cual no haya existido en absoluto la presencia de ningún elemento fraudulento. La previsión procesal coadyuva con ese propósito. Esto quiere significar que de por medio existen valores. Surge así la pregunta: ¿Qué valores están de por medio y cuál debe primar? En efecto, por un lado, tenemos el valor seguridad jurídica y, por otro lado, el valor justicia. Consideramos que ambos valores son compatibles. Sin embargo, en caso de tutelar dichos valores, debe prevalecer la que corresponda al valor justicia. En todo caso, la cosa juzgada, dentro de un debido y lícito proceso, debe asegurar la eficacia y la justicia de la sentencia emitida.
Jorge W. PEYR--\.'lO (ID) escribe, al respecto, lo siguiente: "Abordaremos ahora el tema de la llamada cosa juzgada fraudulenta. Encararemos aquí, y de manera preferente, tan espinosa problemática por constituir la cosa juzgada fraudulenta el mayor perjuicio y la más grande afrenta que el siempre vituperable fraude procesal puede ocasionar a la
majestad de la justicia. Bien puede calificarse a la tesis de la inmutabilidad y santidad, cualesquiera que fueran los vicios de que su dictado adoleciera, como mito propio de una ideología exacerbadamente individualista. En la eterna opción entre el valor de seguridad y el valor justicia, debía prevalecer, a todo trance, el primero". La pregunta que surge frente a esta anotación del profesor rioplatense, si se tiene en cuenta que no hay posibilidad de desterrar de modo definitivo la existencia de procesos fraudulentos: ¿Debemos, en aras de la prevalencia del valor seguridad. pern1itir la subsistencia del fraude procesal, sin posibilitar su nulidad? El mismo estudioso concluye -con lo que estamos de acuerdo- que no debe existir: "Ni endiosamiento del valor seguridad en detrimento del valor justicia. ni invocación indiscriminada de éste para convalidar atentados también en cierta medida inicuos, contra aquél".
Nelson RAMÍREZ JIMÉNEZ (11), sobre la antinomia legislativa que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y sobre la contradicción que encontramos entre la cosa juzgada que da seguridad jurídica y la justicia que se apoya en el debido proceso, escribe lo siguiente: "No es cierto que el instituto (el de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta) agreda la santidad de la cosa juzgada, como lo sostiene algún sector de la doctrina. La impugnación de la sentencia se sustenta en el valor justicia, mientras que el de la cosa juzgada lo hace en la seguridad. No son valores que se cruzan ni se oponen, pues la revisión afecta los derechos mal adquiridos a través de una sentencia que contiene un remedo de justicia, basada en el fraude; por otro lado, no se afecta a terceros de buena fe y a título oneroso. Por ello, bien se pregunta Camusso: ¿Basta que exista una sentencia para que cualquiera que sea su contenido y presupuestos operen los efectos de la res iudicata? O, inversamente, ¿será necesario que el decisorio contenga un plus, que la sentencia sea válida o, lo que es igual, que no haya sido dictada mediante vicios?" Agrega RAMÍREZ JIMÉNEZ, a manera de conclusión, que "la cosa juzgada obtiene el carácter de inmutable sólo en la medida que la sentencia haya sido emitida dentro de un proceso serio, imparcial y que ha respetado el principio de igualdad para las partes",
He aquí una interrogante de reflexión dentro del marco legislativo nacional: ¿Podrá sostenerse válidamente que todas las sentencias aparentemente están revestidas de la seguridad que da la cosa juzgada en tanto no haya caducado la pretensión que pem1ite su invalidación mediante la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta o, si se hubiera planteado la demanda respectiva, no se produzca la nueva decisión final firme? Es que en la realidad nacional constatamos que un gran número de litigantes vencidos en un proceso recurren a la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, no sabemos si porque realmente tienen la justificación necesaria, para paliar el estado de ánimo del perdedor en el anterior proceso, o para engañar al litigante vencido. Algo más, en la mayoría de demandas encontramos la invocación de todas las causales previstas por el artículo 178º del Código Procesal Civil (cuando en su versión original establecía como causal es: el dolo, el fraude, la colusión y la afectación del debido
proceso), en muchos casos sin fundamentarlas, por si el Juez ampara su nueva decisión en alguna que a su criterio se haya acreditado, llegándose a situaciones donde la audacia del litigante (o de su defensor) llegaba al extremo de tratar de entorpecer con el auto admisorio de la demanda de nulidad la ejecución de la sentencia cuestionada cuando eran ejecutables.
Debemos señalar que casi dogmáticamente se sostenía la concepción en el sentido d:: que contra una sentencia ejecutoriada nada cabía sino el cumplimiento de su mandato. Empero, si efectuamos una somera revisión de la doctrina pertinente, del derecho comparado y de nuestra propia legislación, podemos observar que desde hace un considerable tiempo esta tesis era puesta ya en tela de juicio y rechazada mayoritariamente, y se propugnaba la revisión de sentencias judiciales firmes dictadas contra le ley.
Hugo ALSINA (l2) admitía claramente la uniformidad de la doctrina imperante cuando escribió su tratado en cuanto al derecho de los terceros a la revocatoria de la cosa juzgada fraudulenta. Enrico Tullio LIEBMAN (13) en la década del 40 escribía: "Pero la sentencia puede ser contraria a la ley en cuanto al contenido y esto produce su injusticia. La nulidad invalida la sentencia como acto final del proceso y, por consiguiente, puede ser hecha valer sólo en el mismo proceso con los medios de impugnación establecidos por la ley, y únicamente por las partes, que son los sujetos de la relación procesal y, por tanto, las únicas personas lesionadas por la nulidad e interesadas en hacerla reparar. La injusticia se refiere, en cambio, a la sentencia como juicio y puede depender tanto de un error de derecho cuanto de un error de hecho; en todo caso, la concreta voluntad del Estado es diversa de la declarada y puede, por consiguiente, perjudicar injustamente al tercero cuyo derecho sea de algún modo conexo con la relación decidida con la sentencia". Mario ALZAMORA VALDEZ (14) admitía igualmente en casos excepcionales de conflicto entre la justicia y el contenido de una sentencia ejecutoriada la revisión y revocabilidad de la cosa juzgada. El maestro sanmarquino en 1966 escribía lo siguiente: "La cosa juzgada se basa en razones de seguridad jurídica. El derecho busca no sólo la justicia, sino la seguridad, es decir, la certeza como base la estabilidad de las relaciones jurídicas. Pueden producirse conflictos entre la justicia y el contenido de una sentencia ejecutoriada que haya alcanzado calidad de cosa juzgada, de allí que se propicie en casos excepcionales su revisión y su revocabilidad".Juan C. HITIERS (15), en la década del 70, escribía:
"Es cosa sabida que en nuestro derecho positivo [se refiere al argentino] los vicios formales que puede contener el acto procesal deben enmendarse en la misma instancia, por la vía incidental y dentro del breve plazo que fijan las leyes rituales; o por recurso en los casos pertinentes. De ello se deriva que una vez consentidos los mismos,
el perjudicado no podrá luego pedir la nulidad de los actos cumplidos. ¿Pero son éstos los únicos defectos que puede padecer una sentencia? Evidentemente no, pues como lo adelantamos existen ciertas deformaciones de naturaleza sustancial que afectan a los actos del proceso. En estos casos el perjudicado queda facultado para pedir la retractación de los mismos a través de una acción autónoma o del recurso de revisión, conforme a las condiciones que ahora veremos".
En el plano nacional, válidamente podemos considerar al instituto de "la contradicción de sentencia" que regulaba el Código de Procedimientos Civiles de 1912 como un preceden te legislativo -del instituto con tenido en el numeral 178º del Código Procesal Civil. En efecto, el artículo 1082º del citado Código derogado regulaba lo que constituye la cosa juzgada material y absoluta, cuando señalaba que "las sentencias ejecutoriadas producen efectos irrevocables respecto de las personas que siguieron el juicio y de las que deriven de ellas su derecho; de modo que no puede seguirse nuevo juicio por la misma causa o acción, sobre la misma cosa y objeto controvertido", estableciendo como características, se infiere, su inmutabilidad y su coercibilidad, que son atributos de la cosa juzgada. El numeral 1083º del indicado cuerpo legal, señalaba que las sentencias emitidas en los procesos que no se tramitaban en el denominado juicio ordinario, Juicios ejecutivos, sumarios, etc.), podían ser objeto de contradicción en la vía ordinaria, lo que significaba que el propio ordenamiento autorizaba volver a controvertir lo que había sido objeto de juzgamiento en el proceso anterior. Era una forma de revisar la decisión que había adquirido autoridad de cosa juzgada. El autor de esta obra, aplicando estas normas, ha sido ponente en innumerables decisiones sobre contradicción de sentencia, en cuya sentencia no sólo se hacía alusión a que en el proceso anterior se habían violado reglas que regulaban el debido proceso, sino que se volvían a evaluar las pruebas aportadas en el juicio anterior, se cotejaban con las aportadas en el proceso de contradicción de sentencia, llegando incluso a decisiones no en pocos casos en sentido contrario a las anteriores. La previsión contenida en el mencionado artículo 1083º regulaba pues la denominada cosa juzgada formal o relativa. con la eventualidad de poder adquirir la calidad de cosa juzgada material o absoluta cuando caducaba la posibilidad de contradecirla o, si habiéndose planteado la demanda de contradicción, la sentencia en este último proceso era desestimatoria. Estas normas del Código derogado, indudablemente, señalaban características de alguna forma semejantes a las de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta regulada por el nuevo Código Procesal Civil, remarcando, no obstante, que se tratan, por su naturaleza, de institutos procesales diferentes.
El derecho comparado, por su lado, nos demuestra que en muchas legislaciones se posibilita la revisión de sentencias ejecutoriadas Irritas, estatuyendo los mecanismos correspondientes, diferenciándose unos de otros en la motivación para proponer, en el órgano que resuelve, en el procedimiento que debe seguirse y en el plazo para proponer. Existen legislaciones que recurren al pedido de nulidad dentro del mismo
proceso; al recurso impugnatorio como la apelación y la casación en los que se denuncia la causal anulatoria; al recurso específico de revisión de sentencia como ocurre en Bolivia (Arts. 297º y ss. C. de P.C.), España (Arts. 1796º Y ss L. de E.C.), Colombia (Arts. 377º y SS C. de P.C.) y Chile (Arts. 810º Y ss. C. de P.C.); ya la demanda para generar un proceso autónomo como ocurre en Brasil (Arts. 282º Y ss. CPC que la regula bajo la denominación de acción rescisoria) y Venezuela (Arts. 327º Y ss. C. de P.C., regulada bajo la denominación de recurso de invalidación).
Esa corriente revisionista, incuestionablemente, ha impulsado la regulación del instituto por nuestro Código Procesal Civil. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el texto del artículo 178º, no obstante la modificatoria establecida por la Ley Nº 27101, es deficiente y que se presta a una serie de cuestionamientos y dificultades.
Consideramos pertinente anotar, como algo singular, que en la práctica procesal se han presentado casos, en los cuales el emplazado con la demanda de nulidad de la sentencia fraudulenta ha propuesto la excepción de cosa juzgada; alegando que c~n la nueva demanda se pretendía atentar contra una sentencia que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, atentándose contra un precepto constitucional. La pregunta que nos formulamos fue la siguiente: ¿Es admisible o no la excepción propuesta tratándose de la pretensión que estudiamos? La excepción de cosa juzgada evidentemente impide revivir un proceso fenecido en el cual se haya debatido la misma materia que la propuesta en el nuevo proceso. En el caso indicado realmente no se da la triple identidad, concretamente la que se refiere el petitorio. La identidad de sujetos o partes, así como el interés para obrar, pueden ser los mismos, sin embargo, el petitorio es diferente. En el proceso anterior puede haberse discutido, por ejemplo, la primacía sobre el derecho de propiedad, en tanto que en el segundo proceso se va a discutir el fraude procesal alegado como causal al proponer la nulidad de la sentencia. Las materias en controversia realmente son diferentes, por lo que no puede prosperar la excepción de cosa juzgada. Es que en tal caso no se trata de revivir un proceso fenecido.
7.3. ¿CONTRA QUÉ RESOLUCIONES PROCEDE LA DEMANDA DE NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA?
Teóricamente puede recurrirse a la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra cualquier tipo de sentencia, sea cual fuere el fuero que lo hubiera dictado. El Código Procesal Civil naturalmente permite este tipo de demandas contra sentencias que se pronuncian sobre el fondo de la controversia y que perjudican a terceros
emitidas por todos los organismos jurisdiccionales competentes en materia civil y contra acuerdos a que llegan las partes en litigio, como por ejemplo el arreglo conciliatorio que se homologa con la sentencia, porque de ese modo se da también por terminado el proceso con pronunciamiento sobre e! fondo de la controversia. No se establece, sin embargo, que dicha demanda sólo debe ser viable contra sentencias exclusivamente de naturaleza civil. Lo que no está prohibido expresamente está permitido. No es posible, de otro lado, recurrir a este tipo de demandas para proponer la nulidad de sentencias que no perjudiquen a terceros. Este perjuicio es el que legitima la interposición de la demanda.
7.4. JUEZ COMPETENTE
El propio ordenamiento procesal civil nacional señala que corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de todo aquello que no esté atribuido por la ley a otros órganos jurisdiccionales (Art. 5º CPC). Las sentencias dictadas por e! fuero laboral, por consiguiente, eran cuestionadas mediante las demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta ante el fuero civil. Recientemente se ha dado la Ley Nº 27021, publicado en e! diario El Peruano e! 23 de diciembre de 1998, que modifica la Ley Procesal del Trabajo, por la cual se establece que los jueces de Trabajo son competentes para conocer de las demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta prevista por el artículo 178º de! Código Procesal Civil tratándose de sentencias: de naturaleza laboral. Lo regula bajo el rubro "Nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral" (Art. 2º Ley Nº 27021). Por lo que concluimos que la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, cualquiera sea el organismo y el fuero que haya dictado la sentencia que se pretende cuestionar, cOn excepción de la de carácter laboral, es de competencia exclusiva de los jueces "Especializados en lo Civil.
7.5. CAUSALES PREVISTAS POR EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA PROPO ER LA DEMANDA
El estudio de las causal es señaladas por el articulo 178º del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 27101, motivaciones que pueden invocarse en las demandas sobre nulidad de la cosa juzgada fraudulenta es importante, no sólo porque su conocimiento permitirá un adecuado manejo del instituto tanto por los abogados como por los propios magistrados, sino también para enteramos del propósito que ha tenido el
legislador al estatuir determinados hechos como motivaciones para plantear este tipo de demandas.
El indicado numeral modificado literalmente señala como causal es el fraude y la colusión que afecten el derecho al debido proceso. Prima facie, podemos indicar que el artículo del Código en comentario recoge como única causal el fraude, que comprende incuestionablemente sus variantes, el dolo y la colusión, que se determinan por la conducta procesal que observan los sujetos que participan en el acto fraudulento.
7.5.1. Fraude civil y fraude procesal
El Código Civil regula la figura jurídica del fraude civil (Arts. 195º al 200º CC), la que opera dentro de una relación obligacional o crediticia y en el ámbito del acto jurídico. El fraude civil constituye la disminución intencional del patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores, en unos casos de modo unilateral del deudor (la donación, por ejemplo) y en otros mediante concierto entre el deudor y un tercero (un contrato de compraventa, por ejemplo). Es que dentro del derecho de crédito se ha estimado siempre que el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del deudor sirve de garantía de sus obligaciones. Por eso que la ley tiene interés en tutelar el patrimonio del deudor y evitar que sea disminuido en agravio de los acreedores. El fraude civil importa la realización por parte de los deudores de actos jurídicos reales y legales para disponer u ocultar bienes a título oneroso o gratuito con el propósito de burlar la ley y perjudicar los derechos de sus acreedores. El Código Civil establece los mecanismos para tutelar los derechos de los acreedores, estatuyendo, en un caso, la acción oblicua o subrogatoria (Art. 1219º, inc. 4, CC) que autoriza al acreedor a ejercer una acción civil en nombre de su deudor para que el patrimonio de éste aumente y de ese modo se haga pago de su crédito, y en otro 9so, la acción pauliana o revocatoria (Art. 195º y ss. CC), que faculta al acreedor demandar proponiendo la revocación respecto de los actos de transferencia de bienes de su deudor realizados con el propósito de eludir el cumplimiento de la obligación que tiene con el acreedor demandante. El fraude en términos genéricos importa engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza, que produce un daño generalmente de orden material. Esta figura jurídica hace uso del acto jurídico para causar daño a un tercero, el que supone, en unos casos, una decisión unilateral del deudor, y en otros, un acuerdo entre los celebrantes del acto para causar daño a un tercero. En el ámbito procesal el fraude tiene una significación más o menos semejante, en el que un litigante, en unos casos unilateralmente, hace uso del proceso para causar daño a su propia contraparte o a un tercero (utilizando verbi gratia un documento falso), )' en otros, se produce un acuerdo entre dos personas con el propósito de seguir un proceso simulado (un proceso fraudulento), también con el
propósito de perjudicar a un tercero, recibiendo en este último caso la denominación de colusión. Estos dos casos (el fraude unilateral y el fraude concertado) se enmarcan dentro de la figura genérica del fraude procesal constituyendo la colusión una de sus variantes. En ambos ámbitos, en el civil y en el procesal civil, se utiliza el engaño para causar daño a tercero.
7.5.2. La colusión como causal
El Código Procesal Civil señala como causal para proponer el tipo de pretensión que ahora examinamos la colusión.. Colusión significa convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, hecha en forma fraudulenta y secreta, en forma engañosa, con el propósito de perjudicar a un tercero. Cuando hablamos de la figura de la colusión en el área procesal nos estamos refiriendo normalmente a los procesos simulados, en los que dos o más personas se ponen de acuerdo para seguir un proceso con apariencia de realidad, aunque su propósito es el de perjudicar a un tercero. Se da el caso cuando una persona "A", para aparentar insolvencia y evadir alguna obligación respecto a su acreedor "B", se hace demandar por otra persona "C" en base a un crédito ficticio, haciéndose embargar sus bienes con dicho propósito. En ese caso se seguirá un proceso con apariencia de realidad, pero con un fin ilícito. No se descarta la posibilidad en que una de las partes y el Juez se coludan para, en el proceso, perjudicar a la otra parte. En este caso, como se ha indicado, se está en realidad dentro de la figura genérica del fraude y por ello cuando hay colusión se habla de proceso fraudulento. En la reciente modificatoria del numeral 178º del Código Procesal Civil (la mencionada Ley Nº 27101 de 5 de mayo de 1999) se hubiera consignando como causal simplemente el fraude, que comprende el fraude unilateral como el fraude concertado (la colusión).
7.5.3. La afectación del debido proceso como efecto del acto fraudulento
Cabe anotar que conforme al texto modificado del artículo 178º del Código Procesal Civil no es suficiente que se haya producido el acto fraudulento en el proceso anterior para la viabilidad de la demanda de nulidad, sino que la actitud fraudulenta debe afectar el derecho al debido proceso y que haya causado agravio a alguna de las contrapartes o a un tercero, según el caso. Es preciso establecer claramente lo siguiente: ¿Qué se entiende por derecho al debido proceso? ¿Qué concepto debemos tener del derecho al debido proceso? Anteriormente (l6), al tratar de los principios procesales, hemos dado el
concepto que se debe tener sobre el debido proceso como derecho y como principio procesal. La Constitución peruana incorpora como un principio y como un derecho de la función jurisdiccional al debido proceso. Sobre el debido proceso, como hemos anotado, hay una serie de concepciones. En efecto, se concibe al proceso como un instrumento mediante el cual el Poder Judicial ejerce su función jurisdiccional. Los órganos que deben conocer de los asuntos sometidos a la decisión judicial, dentro de ellos los civiles, deben estar preestablecidos, con sus competencias igualmente prefijadas. El proceso tiene sus reglas de procedimiento, las que deben también estar predeterminadas, cuya regulación garantizará un adecuado debate y la rectitud de las decisiones jurisdiccionales. Cuando se cumplen estas condiciones, además de otras, contenidas en el ordenamiento, que garantizan un juicio transparente sobre la materia en controversia y una decisión final que se apoye en la correcta valoración de los hechos aportados al proceso y en la objetiva aplicación de la ley pertinente, decimos que se ha observando en rigor el debido proceso. En caso contrario diremos que se ha violado el debido proceso.
Dentro de este marco conceptual naturalmente se halla inmerso el derecho de defensa, que a nuestro modo de ver es consubstancial al del debido proceso, pues sin la presencia del derecho de defensa, no habrá un debido proceso. Por ello sostenemos que el debido proceso en el fondo es posibilidad y efectividad del ejercicio del derecho de defensa en sus distintos aspectos y oportunidades. Significa que la persona que se siente afectada en su derecho debe estar facultado para acudir en busca de tutela jurisdiccional efectiva y defender la validez de su derecho violado o desconocido; que la persona demandada debe tener derecho a ser debidamente emplazado con la demanda para darle la oportunidad de defenderse; que el demandado debe tener derecho a ser oído por el juez, con la facultad de exponer los hechos y el derecho en defensa de la posición que asuma al contestar la demanda; que ambas partes deben tener el derecho de recusar al juzgador en defensa de la imparcialidad de quien va a decidir su causa; que ambas partes, demandante y demandado, deben tener derecho para ofrecer y actuar sus medios probatorios para defender sus respectivos derechos en debate en el proceso; que ambas partes deben tener derecho para formular sus alegatos defendiendo su posición en la controversia; que ambas partes deben tener derecho a que su causa no sólo sea resuelta por un juez natural sino también que la decisión sea emitida basándose en las pruebas aportadas y a la correcta aplicación de la ley; que ambas partes, en defensa de sus derechos, deben tener la facultad no sólo de impugnar las decisiones judiciales, sino también de utilizar los mecanismos que confiere la ley contra los actos arbitrarios que puedan cometer los jueces, etc.
Como advertimos, el derecho de defensa tiene injerencia en todos los aspectos del proceso y en sus distintas facetas. Por ello también concebimos al debido proceso como el mecanismo jurídico que concede a las personas la posibilidad y la efectividad de hacer uso de su derecho de defensa en el sentido más amplio de la expresión y en
busca de la tutela jurisdiccional efectiva de su derecho subjetivo afectado. Cuando no se concede a un litigante la posibilidad de ejercitar su derecho de defensa en su concepción más amplia se dirá que se ha violado el debido proceso. Todas las personas, dentro de una sociedad civilizada y dentro de un verdadero estado de derecho, tienen, alga la redundancia; derecho a un debido proceso. Su violación debe conducir a la anulación del proceso seguido lícitamente.
La afectación del derecho al debido proceso, antes de la dación de la Ley Nº 27101, era considerada como causal para proponer la demanda de nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Sobre esta afectación como causal hay una información un tanto anecdótica que vale la pena anotar: Se dice que la versión originaria del artículo 178º del ordenamiento procesal civil, después de citar como causal es el dolo, el fraude y la colusión, utilizaba la conjunción "y" seguida de la frase" afectando el derecho al debido proceso", entendiéndose que el dolo, el fraude y la colusión como causal es de nulidad debían de afectar 'realmente dicho derecho, y que por error de una mecanógrafa se había consignado la disyunción "o" en el texto oficial, constituyendo así, sobre la base de un error, una nueva causal para plantear la demanda correspondiente: la afectación del derecho a un debido proceso. Hoy en día hay una infinidad de procesos, en cuya demanda se ha invocado como causal simplemente la afectación del derecho al debido proceso. Basados en que dicho error no debía subsistir, algunos procesalistas propusieron su vuelta a la versión originaria, sosteniendo que el fraude procesal que involucra al dolo y a la colusión, en sí mismos son violatorios del debido proceso, y que la regulación con el texto vigente en ese entonces (antes de la dación de la Ley Nº 27101) era redundante. Lo cierto es que con la dación de la Ley Nº 27101 no sólo se ha vuelto a la mencionada versión originaria, sino que se ha suprimido como causal el dolo, que constituye en el orden procesal una variante del fraude. La nueva versión del artículo 178º del código adjetivo consigna en el fondo como único causal el fraude, lo cual nos parece correcto.
¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en los estrados judiciales en este tipo de demandas? A manera de apreciación señalamos lo siguiente: La mayoría de las demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta no dejan de invocar como causal la violación del derecho al debido proceso. El mayor número de demandas es planteada por los que han sido vencidos en el proceso cuya sentencia cuestionan, siendo pocas las demandas propuestas por terceros. Hay casos en que el perdedor en un proceso acude, para cuestionar la sentencia que le ha sido desfavorable, por un lado, a la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta y, por otro, a la vía paralela de la acción de amparo invocando la misma causal: la violación del derecho del debido proceso. En un gran número de casos con la admisión de la demanda sobre nulidad, los demandantes tienden a entorpecer la ejecución de la sentencia materia de la nulidad por fraude. Finalmente debemos anotar que, no obstante que la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta debe ser una vía procesal excepcional para cuestionar sentencias emitidas
irregularmente (mediando el fraude como figura genérica), en nuestro medio se ha convertido en una vía procesal si se quiere común. Para evitar el abuso en el planteamiento de este tipo de demandas el citado artículo, modificado en su última parte, prevé que si la demanda no fuera amparada el demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no menor de 20 Unidades de Referencia Procesal (Art. 178º, último párrafo, CPC); no señala el tope mayor que se puede fijar como multa.
7.6. ¿QUIÉNES TIENEN LEGITIMIDAD PARA DEMANDAR?
Tienen legitimidad quienes han sido parte en el proceso o el tercero ajeno al proceso que se consideren directamente agraviados por la sentencia o el acuerdo homologado (Art. 178º, segundo párrafo, CPC). Un tercero legitimado igualmente está autorizado para demandar la nulidad de la sentencia. Quien no es agraviado con la sentencia o el acuerdo homologado no tiene legitimidad para demandar, carece de legitimidad para obrar activa. Si esta carencia es manifiesta, el Juez está facultado para declarar improcedente la demanda. Consideramos que el Ministerio Público y las instituciones y asociaciones sin fines de lucro que conforme al Código Procesal Civil están autorizados para patrocinar o defender intereses difusos (Art. 82º CPC), también están autorizados para promover demandas de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra sentencias que, además de ser el resultado de una actividad fraudulenta, perjudican a un conjunto indeterminado de personas titulares de intereses difusos. En este último caso el Juez deberá calificar el perjuicio alegado, que es lo que legitima la interposición de la demanda correspondiente.
7.7. ¿QUIÉNES DEBEN SER DEMANDADOS LEGITIMAMENTE?
El ordenamiento procesal civil no precisa quiénes deben ser lo demandados tratándose de la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Consideramos que normalmente deben ser emplazados con la demanda todos los que son imputados con la irregularidad procesal, es decir. con la causal invocada. En todo caso, si es demandante una de las partes del proceso anterior, debe ser emplazado la contraparte, aunque no haya sido expresamente imputada en la comisión de la causal alegada. Si se! invoca como causal la colusión de las dos partes del proceso anterior, ambos deben ser emplazados con la demanda de nulidad. Si los imputados son todos los jueces que han intervenido en el proceso, todos ellos deben ser emplazados con la demanda; no obstante, si la
imputación recae también sobre los Jueces superiores, sólo deben ser emplazados éstos y no los Jueces inferiores. En conclusión, todos los sujetos procesales que han intervenido en el proceso y son imputados con la causal tienen legitimidad para obrar pasiva. En el Pleno Jurisdiccional realizado en la ciudad de Piura, en 1998, hubo un grupo de Magistrados que sostuvo que no sólo debe ser emplazado con la demanda el Juez imputado, sino también el Procurador Público encargado de la defensa de los asuntos relacionados con el Poder Judicial en atención a que los Jueces no tienen tiempo para defenderse y que la sentencia es dictada a nombre de la Nación.
7.8. EL PLAZO DE CADUCIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 178º DEL CÓDIGO PROCESAL CML
El Código establece que hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuera ejecutable puede demandarse la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por e1 Juez aduciendo actividad fraudulenta (Art. 178º, primer párrafo, CPC). Del texto del artículo en estudio se llega a la determinación que la nulidad se refiere a sentencias ejecutables y no ejecutables, clasificación que tiene en cuenta los efectos que producen esas resoluciones. Sentencias ejecutables son las que contienen una condena ,sentencia ejecutiva que manda pagar una suma de dinero) o una declaración y condena (sentencia de indemnización que manda pagar una suma de dinero por el daño causado), en tanto que las sentencias no ejecutables son aquellas que no contienen ninguna condena, tales como las sentencias declarativas (resoluciones de pura declaración de certeza: como aquella que dilucida una incertidumbre sobre la naturaleza de un contrato o cuando se declara infundada una demanda) y constitutivas (como aquellas resoluciones que tienen como efecto constituir, modificar o extinguir una relación jurídica existente previa declaración de certeza de las condiciones que según la legislación son necesarias para que se produzca el cambio, tales como las sentencias de divorcio, que tienen como efecto cambiar el estado civil de los casados o el caso de la resolución de un contrato de compraventa de un inmueble que tiene como consecuencia dejar sin efecto esa compraventa y volver las cosas al estado anterior a su celebración). Estas sentencias, declarativa y constitutiva, no requieren de ejecución alguna. De otro lado, para plantear la demanda se supone la existencia de una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada; igualmente, para la viabilidad de la demanda, se supone el conocimiento de la sentencia fraudulenta por el perjudicado con la decisión. Finalmente, hay que tener en consideración de la persona que plantea la demanda, pues es distinto que un tercero (totalmente ajeno al proceso) interponga la demanda respecto a quien ha sido parte en el proceso anterior.
Si bien el Código no precisa de modo expreso las fechas para el cómputo del plazo, empero, de su texto se infiere que el plazo debe computarse a partir de la fecha en que queda ejecutoriada la decisión y corre hasta seis meses de ejecutada la resolución si se trata de sentencias ejecutables y hasta seis meses de ejecutoriada la resolución si se trata de sentencias no ejecutables. Tratándose de sentencias ejecutables, el plazo es amplio en atención naturalmente a la gravedad que revisten los actos fraudulentos y que con la ejecución de la decisión podría causar un daño irreparable al agraviado con el acto fraudulento. Sin embargo, en la práctica forense se han producido dos posiciones: una que considera que para admitir la demanda respectiva debe ejecutarse necesariamente la sentencia, si se trata de decisiones ejecutables, a partir de cuya fecha debe computarse II referido plazo, esgrimiendo como sustento que las demandas, de nulidad de la sentencia fraudulenta en la práctica son utilizadas para entorpecer la ejecución de la sentencia que cuestionan, y otra que no exige la ejecución, sosteniendo que el plazo debe computarse desde cuando queda firme la decisión hasta seis meses de ejecutada la sentencia. Sobre este ultimo punto, para unos debe ejecutarse totalmente la sentencia y para otros hasta que comience la ejecución. Tratándose de terceros, que o han intervenido en el proceso, que supone han conocido de sentencia fraudulenta como consecuencia de la ejecución de la decisión judicial o por cualquier otra circunstancia, no hay duda que el plazo para plantear la demanda debe computarse desde cuando es conocida la sentencia fraudulenta. En este último caso no habría impedimento para que la nulidad la proponga inmediatamente de conocida la decisión fraudulenta, así se haya ejecutado o no la sentencia que contenga una condena, teniéndose como justificación que los terceros no han sido parte en el proceso fraudulento. El plazo, en ese supuesto, debe prolongarse hasta los seis meses de ejecutada la decisión si es ejecutable. Tratándose de sentencias no ejecutables, el plazo para que el tercero plantee su demanda debe computarse desde que tuvo conocimiento de la sel1lencra hasta los seis meses de dicho acto cognocitivo. El texto del numeral que estudiamos, no obstante su modificatoria, realmente no es feliz, pues por ello se han dado distintas interpretaciones que hace imperativa su corrección legislativa. Si la demanda es propuesta fuera del plazo señalado, el Juez debe declarar la improcedencia de la demanda sobre la base de la caducidad, cuya declaración puede producirse de oficio.
En el Pleno Jurisdicción en los Civil rea1izado en la ciudad del Cusco en setiembre de 1999, al tratar del plazo para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta de sentencias ejecutables por quien ha sido parte en el proceso, los Magistrados intervinientes se dividieron en dos grupos: uno consideró que para admitir la demanda la decisión a cuestionar debe ejecutarse previamente; y otro consideró que para admitir la demanda no es necesaria la ejecución de la sentencia, pudiendo plantearse la demanda desde que quede ejecutoriada la decisión judicial hasta los seis meses de ejecutada la misma. Tratándose de terceros se estableció que la demanda de nulidad de la cosa juzgada puede ser interpuesta en cuanto tengan conocimiento de la sentencia fraudulenta, sin tomar en consideración de si la decisión judicial es ejecutable
o no. Lo interesante es que en ese evento se han esgrimido argumentos en favor de una y otra posición, sin que los criterios que han obtenido una mayor votación tengan el carácter de vinculante.
7.9. EFECTOS DE lA SENIENCIA QUE AMPARA LA DEMANDA DE NULILIDAD DE LA C0SA JUZGADA FRAUDULENTA
Respecto a los efectos que produciría una sentencia que ampare la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta el artículo en examen es confuso e impreciso. El Código dice que si la decisión fuese anulada se repondrán las cosas al estado que corresponda y que, sin embargo, la nulidad no afectará a los terceros de buena fe y a título oneroso (Art. 178º, último párrafo, CPC). Genéricamente el ordenamiento señala que las cosas se repondrán al estado que corresponda, esto es, al estado en que la sentencia cuestionada queda nula y sin efecto. La interrogante que surge es la siguiente: ¿Qué debe ocurrir con el proceso en que se anula la sentencia? Dependerá de la causal y de la participación de los sujetos en el acto fraudulento. Si en la causal han intervenido ambas partes (colusión), dando lugar al proceso fraudulento, éste debe paralizarse definitivamente. Si en el acto fraudulento hubiera participado sólo una de las partes, el proceso continuará según su estado, debiendo el juez interviniente tener en consideración la motivación que sirvió para anular la sentencia. Si en el acto fraudulento hubiera participado una de las partes y el juez, éste debe abstenerse de intervenir en el proceso a reiniciarse o, en todo caso, debe ser recusado; en el trámite respectivo, el juez igualmente debe tener en cuenta las razones por las cuales se ha anulado la sentencia. En fin, la experiencia demostrará el tipo de regulación que debe imponerse como consecuencia de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Es pertinente anotar que el número de sentencias en el Distrito judicial de Lima que han amparado este tipo de demandas es totalmente Ínfimo. Por último, no deben ser afectados los derechos adquiridos por terceros que hayan actuado de buena fe y a título oneroso, por ejemplo, si como consecuencia de! remate de un inmueble en un proceso fraudulento un tercero hubiera adquirido e! bien de buena fe y pagado su valor establecido, el derecho del tercero no debe afectarse. En todo caso, los autores del proceso fraudulento deberán asumir la responsabilidad respectiva frente al perjudicado. Es interesante transcribir la opinión de Nelson RAMIREZ JIMÉNEZ (17) con relación a los efectos de la sentencia anulatoria cuando dice: "Como se aprecia, son muchas las variables, por lo que se hace necesario precisar los alcances de la nulidad. Sin perjuicio de ello, estimo pertinente reflexionemos sobre el efecto que debe tener la sentencia que se dicta en el proceso de revisión de la cosa juzgada fraudulenta. Quizá sea conveniente, por economía procesal, que se evite el reenvío (tal como sucede en la casación), autorizando a que e! juez que revisa la sentencia fraudulenta, a la vez que la
anula (actividad rescisoria) se pronuncie sobre el fondo de la materia controvertida (actividad reformadora por adquisición de competencia positiva). Así sucede en Alemania, Portugal, Brasil, Francia, [con lo que] evitaríamos que el proceso vuelva al juez originario, quien dicho sea de paso. si no es 'parte del fraude. ya adelantó opinión y tiene una convicción formada".
7.10. MEDIDAS CAUTELARES EN ESTOS PROCESOS
El Código en análisis determina que en los procesos sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta sólo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles (Art. 178º, tercer párrafo, CPC).
Las únicas medidas cautelares inscribibles son el embargo en forma de inscripción (Art. 656º CPC). }' la anotación de la demanda en los Registros Públicos (Art. 673º CPC). Esta última medida es la que normalmente se viene concediendo. Sobre estas medidas precautorias utilizables en el proceso que nos ocupa igualmente el Código es impreciso. Las medidas cautelares inscribibles suponen la existencia de derechos sobre bienes inscritos en los Registros Públicos correspondientes, por lo que se deduce que en relación a otros derechos relativos a bienes que no están inscritos no es posible las medidas precautorias inscribibles. En la práctica, frente a la realidad nacional en la que una gran minoría de bienes se hallan inscritos en los Registros Públicos, los demandantes de nulidad de sentencias fraudulentas insisten en que el organismo judicial conceda otro tipo de medidas cautelares más eficaces para proteger su pretendido derecho, con resultados naturalmente negativos en virtud de la norma anotada. En todo caso, para otorgar la medida cautelar el juez debe tener presente la naturaleza del derecho que se considera afectado por el proceso fraudulento.
APENDICE DE JURISPRUDENCIA
En las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución tratándose de autos que ponen fin a la instancia. Siendo una resolución que ordena ejecución de garantías, la misma que se homologa a la sentencia, resulta nula la resolución de vista al haber un voto en discordia (').
CASACION N 129-98-HUANUCO
Lima, doce de noviembre de mil novecientos noventiocho La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la causa vista en audiencia pública de once del mes en curso, emite la siguiente sentencia:
1. MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por don Gustavo Baldeón Cruz mediante escrito de fojas noventiséis, contra la resolución de vista de fojas ochentiocho, su fecha 5 de diciembre de 1997, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huanuco que, confirmando el auto apelado de fojas
(*) En esta sentencia en casación se distingue donde la ley no distingue, pues el numeral 122º (penúltimo párrafo) del Código Procesal Civil no hace distingo alguno respecto a autos.
2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
La casación se funda en que: a) La resolución impugnada no ha tenido en cuenta el expediente Nº 432-91; b) La resolución impugnada es un auto que pone fin al proceso y a tenor de lo dispuesto en el artículo 141 º de la Ley Orgánica del Poder Judicial es necesario tres votos para hacer resolución. c) Se han vulnerado los artículos 57º, 58º, 171 º, 172º Y 427º del Código Procesal Civil, pues no se ha notificado a su coejecutado; y d) Existe inobservancia del artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. CONSIDERANDOS:
Primero. Que concedido el recurso de casación a fajas 103 fue declarado procedente por resolución de 25 de febrero de 1998 por la causal prevista en el inciso tercero del artículo 386º del código adjetivo. Segundo. Que en lo que respecta a los puntos a) y d) el recurrente se refiere al expediente judicial Nº 432-91 seguido entre las mismas partes sobre pago de nuevos soles en la vía ejecutiva, ofrecido como medio probatorio por él; señala que dicho expediente ha concluido mediante sentencia que declara fundada su oposición a la ejecución sustentada en la falsedad del título valor, la que se refiere al mismo pagaré Nº 000300, con el que apareja el presente proceso de ejecución de garantía hipotecaria; además sostiene que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a la resolución recaída en el referido expediente. Tercero. Que, al respecto, tratándose de un proceso de ejecución de garantía el título que apareja ejecución está constituido por el documento que contiene dicha garantía. Cuarto. Que, en el presente proceso, dicho documento es la escritura pública de otorgamiento de línea de crédito con fianza hipotecaria de fajas 1 a 4, y no el título valor a que alude el recurrente, por lo tanto, los argumentos vertidos por aquél son impertinentes. Quinto. Que, en cuanto a la contravención del artículo 141 º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal como señala el recurrente y lo dispone dicha norma, en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución tratándose de las que ponen fin a la instancia. Sexto. Que la resolución impugnada sólo cuenta con dos votos conformes, pues uno de los miembros de la Sala Superior ha emitido voto discordante; por ello este extremo del recurso es amparable. Sétimo. Que debe tenerse en cuenta, asimismo, que esta Corte Suprema ha establecido que las resoluciones que ordenan la ejecución de garantías se homologan a las sentencias y, de otro lado, debe también entenderse que la norma que contiene el cuarto apartado del artículo 122º del código adjetivo está referido a los autos que no ponen fin al proceso. Octavo. Que, finalmente, en cuanto a la falta de notificación del ea-ejecutado del recurrente, no se advierte que ello contravenga el derecho al debido proceso de este último, ya que en todo caso, dicho vicio enerva el derecho de aquél, quien no lo ha hecho valer conforme a ley.
4. DECISION:
Por los fundamentos expuestos, en observancia de lo preceptuado en el numeral 2.1 de: inciso 2 del artículo 396º del Código Procesal Civil.
a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Gustavo Baldeón Cruz y, en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas 88, su fecha 5 de diciembre de 1997; MANDARON que la Sala Civil emita nuevo fallo con arreglo a ley. b) DISPUSIERON se publique la presente resolución en el diario oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco Popular en liquidación, sobre ejecución de garantía hipotecaria; y los devolvieron. ss: Pantoja Iberico Ortiz Sánchez Palacios Castillo L.R.S.
La Sala de Casación de la Corte Suprema ha establecido que tratándose de autos se requiere la conformidad de votos que haga mayor/a, en aplicación de lo dispuesto por el articulo 122!? del Código Procesal Civil).
CASACION Nº 637-95 Lima, veintiséis de diciembre de mil novecientos noventicinco VISTOS Y ATENDIENDO: 1) que de lo actuado aparece que el Banco Central Hipotecario en liquidación ha cumplido con todos los requisitos formales para el concesorio de recurso de casación y, por tanto, para la admisión del mismo; ( ... ) Por estas razones y en uso de la facultad conferida en el artículo 392º del aludido Código Procesal; a) Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fajas quinientos treintinueve por Banco Hipotecario en Liquidación; en los seguidos por Fernando Larios
Meoño con la firma Promatco Sociedad Anónima y otra sobre nulidad de acto jurídico y otros conceptos;
(") La resolución de la Sala de Casación que declaró procedente el recurso de casación se emitió con la conformidad de 3 votos y el desfavorecido con dicha resolución solicitó su nulidad por no tener el número de votos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial (4 votos). La resolución que declara la improcedencia del recurso es extensa y por ello la recortamos, consignando lo esencial. Lo que aquí interesa es la formalidad procesal establecida respecto al número de votos para la emisión de autos.
b) MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, y los devolvieron. S.S, Roncalla Reyes Urrutia
EL VOTO DE LOS SEÑORES ROMAN SANTISTEBAN y ECHEVARRIA ADRIANZEN, es como sigue: y CONSIDERANDO: 1) que la casación se sustenta en las causales señaladas en los incisos 1 y 2 del artículo 386º del Código Procesal Civil; 2) que, respecto del inciso 1, se funda en la interpretación errónea del artículo 1 099º del Código Civil y cuál es la interpretación correcta de dicho dispositivo en el sentido de que no puede intervenir en la hipoteca quien no es su propietario y no tiene inscrito su derecho, que además dicho artículo no protege al adquiriente de buena fe y no hace imperativa su intervención; 3) que el inciso 2 lo sustenta en la inaplicación de los artículos 926º, 1363º, 1534º, 2013º Y 2022º del Código Civil; 4) que, en consecuencia, el recurso reúne los requisitos de fondo contemplados en los acápites 2.1 y 2.2 del inciso 2 del artículo 388º del Código Procesal Civil: NUESTRO VOTO es porque se declare PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto. S,S, Román Echevarría
CASACION N 637-95 Lima, treinta de diciembre de mil novecientos noventisiete Dado cuenta con el cuadernillo; Y ATENDIENDO: A que por el principio de ESPECIAUDAD en el proceso se aplica preferentemente las normas del Código Procesal Civil, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 122º, en el que se señala que cuando los órganos jurisdiccionales colegiados expidan autos, sólo será necesaria la conformidad y firma del número de miembros que hagan mayoría relativa, como consta en autos en el que se declaró improcedente el recurso de casación; por estas consideraciones: declararon NO HA LUGAR a la nulidad que se propone. S.S. Pantoja Iberico Roncalla Castillo Marull
