Módulo 2 Sociedades de Personas y S.R.L.
9. Sociedades de personas “La mutua confianza entre los socios, caracterizada por el vínculo familiar, fue ampliada con la incorporación o integración de las sociedades con socios so cios no parientes pero siempre subsistió la confianza, el carácter intuitu personae que limita el acceso a los socios”. socios”. (Richard & Muiño, 2004, p. 328).
Las sociedades de personas, o también llamadas sociedades de interés, son aquellas en las cuales las cualidades personales de quienes integran la sociedad son fundamentales a la hora de constituir el ente y formar el elenco de socios, con preponderancia por sobre el capital que se aporta. Las sociedades personalistas en la ley de sociedades son las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades de capital e industria. Tienen en común las siguientes características: características: a) Fuerte acento personal en relación con los socios que las integran. b) La responsabilidad de los socios es subsidiaria, ilimitada y solidaria. c) La división del capital social es en partes de interés. El elemento personal es tan fuerte en este tipo de sociedades que de perderse la affectio societatis de uno o varios de sus integrantes, puede producir la exclusión o la disolución de aquella, respectivamente.
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9.1. Sociedad Colectiva 9.1.1. Definición y denominación social La ley de sociedades define a la sociedad colectiva destacando su característica principal, cual es la responsabilidad solidaria e ilimitada y subsidiaria de los socios respecto de las obligaciones sociales. Los acreedores de la sociedad pueden accionar en contra de los socios, quienes pueden oponer el beneficio de excusión de los bienes sociales (art. 56 LS). El beneficio de excusión impone que los acreedores deberán ejecutar en un primer momento los bienes de la sociedad; en caso de insuficiencia, podrán dirigirse contra cualquiera de los socios. Si bien la excusión es un instituto propio del ámbito civil, otorgado en beneficio del fiador, la ley de d e sociedades lo recepta como un mecanismo de defensa de los socios ilimitada y solidariamente responsables. Debe aclararse que el beneficio no llega al extremo de autorizar al socio para exigir al acreedor la total ejecución de los bienes sociales, ya que si así fuese, se dificultaría sobremanera el cobro al acreedor de su crédito, resultando contrario a la naturaleza y finalidad de la LS. Bastará, entonces, acreditar la insuficiencia del patrimonio social para que el beneficio de excusión no sea procedente. El beneficio no procede automáticamente, sino que debe ser alegado por el socio perseguido. Cuando uno de los socios socios haya hecho frente a la deuda reclamada, tiene el derecho de solicitar a sus consocios el reintegro de lo pagado conforme se haya pactado en el contrato social. Por otro lado, en la práctica, la utilización de la figura sociedad colectiva es muy poco común frente a otros tipos societarios que ofrecen mejores condiciones, específicamente, con relación al tema de la responsabilidad. La realidad jurídico económica impone la necesidad para quien emprende una actividad comercial de limitar la responsabilidad ante los posibles avatares que puedan ocurrir en los vertiginosos y cambiantes tiempos actuales en los cuales la economía de nuestro país sufre idas y vueltas en forma permanente. En cuanto a la denominación de la sociedad colectiva, podrá optar entre el uso de una razón social o de una denominación social propiamente dicha.
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Para el primer caso, se exige que la misma incluya el nombre de alguno, algunos o todos los socios y la palabra “y compañía , o su abreviatura si no estuviesen la totalidad de los socios mencionados. ”
Para el segundo caso, la LS exige la incorporación del aditamento “sociedad colectiva” o su abreviatura.
9.1.2. Caracteres particulares Las partes de interés no pueden ser vendidas por el acreedor, que sólo podrá cobrarse sobre las utilidades y la cuota de liquidación. (art. 57 LS). Se justifica dicha norma en que la ejecución forzada de las partes de interés atentaría contra el carácter personalista de la sociedad, contra su esencia misma al permitir la incorporación al elenco de socio a terceros que no han formado parte del proyecto inicial y puede que no tengan nada en común con los socios restantes. La transferencia de las partes de interés requiere la conformidad de los restantes socios, salvo que se pacte lo contrario. Esta solución también apunta a mantener la conformación con los miembros originales, cuyas características y cualidades han sido preferidas para la formación de la sociedad. Los aportes pueden consistir en cualquier tipo de bienes y dicha amplitud tiene estricta relación con la responsabilidad ilimitada de los socios para hacer frente a las obligaciones del ente. Otra cuestión digna de mención es aquella que se suscita cuando un socio realiza actos en competencia con la sociedad. Dicho comportamiento les está vedado, sea que lo realicen personalmente o por interpósita persona, con la sola excepción de que tengan expresa autorización por unanimidad de los restantes socios. De esta manera, se pretende que los esfuerzos del socio sean en provecho de la sociedad y no en el propio. Su incumplimiento acarreará la sanción de exclusión, sin perjuicio del derecho de la sociedad de incorporar los beneficios obtenidos con el actuar ilegítimo del socio desleal, que deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados.
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9.1.3. Administración y representación Podemos establecer el régimen en las siguientes normas: a) Todos los administradores son representantes de la sociedad. b) Salvo que el contrato contenga regulación al respecto, todos los socios pueden administrar en forma indistinta (art. 127 LS). c) Si son varios los socios que tienen a su cargo la administración y no se indica qué funciones cumplirá cada uno, pueden actuar indistintamente (art. 128 LS). d) Pueden ser administradores los mismos socios o terceros (art. 129 LS).
A su vez, el art. 128 LS estipula que si se hubiese convenido la administración conjunta, ningún administrador puede actuar individualmente. Los administradores pueden ser removidos sin invocación de justa causa, decisión que sin embargo debe adoptarse por mayoría, que al no definir qué es lo que se entiende por justa causa, dicho concepto queda librado a interpretación judicial.
9.1.4. Resoluciones sociales Los socios se congregan en reuniones sociales o asambleas a fin de adoptar las decisiones. El art. 132 LS dispone que por mayoría se entiende a la mayoría absoluta de capital, sin perjuicio que contractualmente se estipule un régimen diferente. Otra norma que refleja el fuerte vínculo que relaciona a los socios es la del art. 131 LS, que determina que las modificaciones de contrato, lo que incluye la transferencia de la parte a otro socio, requieren el consentimiento de todos los socios, siempre y cuando no haya un pacto en contrario.
9.2. Sociedad en comandita simple 9.2.1 Definición y denominación social Es otra de las sociedades de personas y constituye un tipo social de escasa utilización.
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Uno de los motivos lo constituye la existencia de la sociedad de responsabilidad limitada, que ofrece a todos los socios las ventajas que tienen en este tipo los socios comanditarios. La principal característica de esta sociedad es la existencia de dos categorías de socios: los comanditados o solidarios, por un lado, quienes responden como los socios de la sociedad colectiva descripta anteriormente; y por el otro, los socios comanditarios, que ven limitada su responsabilidad al aporte realizado. Existe un impedimento por el que un socio no puede revestir ambas calidades al mismo tiempo. En relación con la denominación, pueden utilizar una objetiva que incorpore el aditamento “sociedad en comandita simple” o en su caso, la abreviatura (SCS), o una razón social integrada únicamente con el nombre de los socios comanditados y conforme el art. 126 LS (art. 134 LS). Esto se explica en virtud de la tutela a los terceros que contraten con la sociedad, por lo cual los socios que poseen responsabilidad limitada no pueden figurar. La sanción que contiene el art. 136 LS in fine es grave, imponiendo la responsabilidad social solidaria, subsidiaria e ilimitada a los socios comanditarios que figuren.
9.2.2. Caracteres particulares Podemos señalar entre sus particularidades: 1) Son sociedades intuitu personae: sociedad de personas en las que las cualidades de los socios son determinantes. 2) Coexisten dos categorías de socios con derechos y responsabilidades diferenciadas: o
Comanditados: responden por las obligaciones sociales ilimitada, solidaria y subsidiariamente.
A ellos les compete de modo exclusivo la administración social. o
Comanditarios: responden limitadamente al capital que se obliguen a aportar. En caso de quiebra, a ellos no se les extiende.
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9.2.3. Aportes La diferenciación de los socios no sólo tiene implicancias desde el punto de vista de la responsabilidad, sino también en cuanto a la naturaleza de los aportes. Los socios comanditarios, al no aportar dinero en efectivo, sólo aportarán obligaciones de dar (art 35 LS), no dinerarias, excluyendo de esta manera prestaciones de industria o trabajo personal. En cuanto a la valuación de estos aportes, se indicará n en el contrato constitutivo los antecedentes que la justifiquen, salvo que se decida realizar el procedimiento de valuación judicial del art. 51 LS. Por otra parte, los socios comanditados podrán realizar cualquier tipo de aporte.
9.2.4. Administración y representación El art. 136 LS dispone que la administración y representación es ejercida por los socios comanditados o terceros que sean designados para ello, haciendo aplicables las normas dispuestas para la sociedad colectiva. El mismo artículo establece la sanción en caso de violación al artículo que hace responsables solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones que se contraigan en infracción.
9.2.5. Resoluciones sociales El art. 139 LS remite a los artículos de la sociedad colectiva, pero un aspecto distintivo lo constituye la norma que dispone que los socios comanditarios tienen votos en la consideración de los estados contables y para la designación de administrador.
9.2.6. Quiebra, muerte, incapacidad del socio comanditado En este caso, puede el socio comanditario realizar actos urgentes que requieran el desarrollo de la actividad y el negocio hasta tanto se regularice lo acontecido, sin que ello le implique responsabilidad agravada. (art. 140 LS).
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Así mismo, se establece una causal de disolución para el caso que no se regularice o se transforme la sociedad en el término de 3 meses A modo de síntesis y para una mejor comprensión del tema, exponemos un cuadro que enfrenta las principales diferencias entre las categorías de socios.
Tabla 1 COMANDITADOS
COMANDITARIOS
Nombre de la sociedad
Puede llevar el nombre de uno de los socios
Prohibición de figurar por tener la responsabilidad limitada
Administración
Les compete en forma exclusiva.
Sólo ejercen los derechos derivados del estatus de socio.
Gestión social
A su cargo
No pueden intervenir (art. 137 LS). Sólo en casos excepcionales (art. 140 LS)
Responsabilidad frente a las deudas sociales
Responden por las obligaciones sociales ilimitada, solidaria y subsidiariamente
Responden limitadamente al capital que se obligaron a aportar. No se les extiende la quiebra.
Fuente: Elaboración propia
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9.3. Sociedades de Capital e Industria 9.3.1. Definición y denominación social Este tipo social se caracteriza por la existencia de dos categorías de socios: a) Socios capitalistas: sólo pueden realizar prestaciones de dar. Responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. b) Socios industriales: Aportan su industria, una obligación de hacer. Sólo responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas.
En cuanto a su denominación, el art. 142 LS regla que se integra con el aditamento “sociedad de capital e industria” o su abreviatura. En el caso de utilizar una razón social, no puede figurar el nombre del socio industrial, teniendo en cuenta que dicha calidad de socio tiene una responsabilidad menor. La violación de lo antes dispuesto implica la responsabilidad solidaria del firmante, sea el socio industrial según la administración que se haya convenido.
9.3.2. Caracteres particulares Como bien señalamos antes, su distinción radica en la coexistencia de socios capitalistas y socios industriales. La idea del legislador al crear este tipo social es la de brindar a quien puede aportar su trabajo el acceso a una estructura societaria y legal. A pesar de ello, la realidad demuestra que su utilización es muy poco común, dado que posiblemente a quien aporta su industria puede que le resulte más beneficioso encontrarse en una relación de dependencia.
9.3.3. Administración y representación La administración de la sociedad así como la representación, tal como lo establece el art. 143 LS, puede ser ejercida por cualquiera de los socios, es decir, capitalistas o industriales.
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9.3.4. Resoluciones sociales Le es aplicable por disposición del art. 145 LS el art. 139 LS, que remite al 131 y 132 LS. Se recomienda la lectura del fallo que se presenta a continuación, que nos brinda en la faz práctica una visión real del conflicto que puede presentarse en el seno de este tipo social.
Citar ABELEDO PERROT Nº: 70048821
Tribunal: Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba Fecha: 16/09/2008 Partes: Bornia, Aldo G. y otro v. Hormigones Córdoba S.C.I transformada en S.R.L
SOCIEDADES (EN PARTICULAR) - Sociedad de capital e industria - Asambleas Actuación por mandatario - Aplicación analógica del art. 239, LSC. - Improcedencia - Exclusión de socios extrajudicialmente - Previsión contractual - Efectos 2ª INSTANCIA.- Córdoba, septiembre 16 de 2008. Reunidos en Audiencia Pública los vocales de la Cámara 2ª de Apelaciones de esta ciudad, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados "Bornia, A ldo G. y otro v. Hormigones Córdoba S.C.I transformada en S.R.L s/ societario contencioso impugnación de asamblea" (expte. 815.681/36) y su acumulado "Hormigones Córdoba Sociedad de Capital e Industria v. Bornia, Aldo G. y otros s/ societario contencioso - exclusión de socio" (expte. 824.890/36), venidos en apelación del Juzgado de 1ª instancia y 13ª nominación Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo del Dr. Carlos Tale, en contra de la sent. 331, del 26/5/2006, por la que se resolvía: "1) Acoger el planteo de los Sres. Aldo G. Bornia y Elvio D. Ledesma consistente en la nulidad de la reunión social de "Hormigones Córdoba - S.C.I", celebrada el 21/2/2005 y de todo lo allí decidido, con costas a la sociedad y al socio capitalista y administrador, Sr. Jorge A. Martínez; 2) No hacer lugar a la acción de exclusión del socio Aldo G. Bornia, con costas a los actores, esto es, a la sociedad y al socio Sr. Martínez; 3) Hacer lugar a la acción de exclusión en contra del Sr. Elvio D. Ledesma, con costas a cargo de este último; 4) Diferir la regulación de honorarios de los abogados actuantes y perito contadora para cuando se fije la base regulatoria al efecto y se halle el tribunal en condiciones de practicar dicha regulación; 5) Protocolícese..."(fs. 629/644). Este tribunal, en presencia de la actuaria se plantea las siguientes cuestiones a
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resolver: 1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada? 2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? 1ª cuestión.- La Dra. Chiapero dijo: 1.- Contra la sent. 331 dictada con fecha 26 /5/2006 por el juez de 1ª instancia y 13ª nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, interpusieron recurso de apelación la sociedad Hormigones Córdoba S.C.I (fs. 646), el socio Elvio D . Ledesma (fs. 648) y el socio Jorge A. Martínez (fs. 649 ), siendo todos concedidos por el a quo (fs. 647 y 650). Radicados los autos en esta sede, expresa agravios la sociedad Hormigones Córdoba S.C.I (fs. 657/674) siendo confutados por los socios Ledesma y Bornia (fs. 697/702 vta.). A su turno expresa agravios el socio Elvio D. Ledesma (fs. 705/715) siendo contestados por Hormigones Córdoba S.C.I (fs. 717/728). Finalmente expresa agravios el socio Jorge A. Martínez ( fs. 731) siendo contestados por los socios Bornia y Ledesma (fs. 736/737 vta.). Dictado y consentido el proveído de autos y la integración del tribunal queda la causa en estado de estudio y resolución. 2.- Apelación de la Sociedad Hormigones Córdoba S.C.I Se queja –mediante apoderado – por cuanto se decidiera acoger la nulidad de la reunión de social de Hormigones Córdoba S.C.I celebrada el 21/2/2005 y de todo lo allí decidido con costas a la sociedad y al socio capitalista Sr. Jorge A. Mar tínez y por cuanto se rechaza la exclusión de socio del socio Aldo G. Bornia con idéntica imposición de costas. Dice que la primera decisión es errónea por cuanto se decide con fundamento en que no se permitió el ingreso del abogado Alejandro I. Fiorenza como mandatario del Sr. Elvio D. Ledesma soslayando que en el tipo de sociedades personalistas, como es la Sociedad de Capital e Industria, el socio -salvo impedimento- tiene la obligación de concurrir por sí o por otro socio pero no puede hacerse representar por terceros. Denuncia que la aplicación analógica de lo normado por el art. 239 es incorrecta porque tal directiva es aplicable a las sociedades de capital pero no es extensible a las sociedades de personas. Denuncia que la alusión a la práctica y doctrina es arbitraria desde que hace más de 40 años que no se constituye una sociedad de capital e industria en el país. Agrega que ni B ornia ni Ledesma tuvieron impedimento para asistir a la reunión de socios sino que estuvieron el día y hora señalados en el predio de la empresa. En lo concerniente a la segunda decisión se queja por cuanto el juez declara inaceptable la "exclusión extrajudicial" no obstante la previsión contractual consignada en la cláusula Quinta del contrato social.
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Agrega en relación al socio Bornia que es equivocada la decisión de considerar caduco el plazo para demandar por exclusión desde que tal decisión parte del error de no distinguir entre derecho de exclusión y acción de exclusión. Sostiene que el plazo para computar la caducidad debe correr a partir del momento en que los socios Bornia y Ledesma rechazaron la exclusión extrajudicial y que el incumplimiento de las obligaciones sociales por parte de los socios industriales nunca fue consentido. 3.- Apelación del socio Elvio D. Ledesma. Se queja por el dies a quo del cómputo del plazo de caducidad. Dice que el juez se equivoca al interpretar que si Ledesma se apropió de cuatro facturas que van desde el 5 al 11/1/2005, el hecho necesariamente debió ocurrir con posterioridad al 11/1/2005, con lo que la acción de exclusión no habría caducado. Dice que lo real es que se le imputan a Ledesma muchos otros incumplimientos que se habrían producido durante el año 2004 por lo resulta patente que al interponer la acción el plazo ya había caducado. Cita doctrina en virtud de la cual la continuidad o permanencia de la conducta observada por el socio no modificaría el comienzo del cómputo del plazo de caducidad, debiendo correr a partir del primer acto que configura causal de exclusión, que en el caso se remontaría al 21/12/2004, fecha en que terminó la auditoria, momento en que se le hace conocer a Ledesma que habría incurrido en conductas que entorpecieron el normal funcionamiento de la sociedad. Se agravia también por la interpretación amplia realizada por el a quo respecto de las casuales de exclusión o los incumplimientos en desmedro de la continuidad y permanencia del socio en la sociedad. Agrega que se alude a que "la estructura empresarial recibió el impacto, produciendo daños a la sociedad" sin señalarse los daños o secuelas quedadas con posterioridad a la presumible comisión de inconductas de los socios Bornia y Ledesma. En suma sostiene que no se encontraría acreditado en autos con rigor probatorio irrefutable conductas de magnitud e importancia que justifiquen una decisión extrema, arbitraria y unilateral como la de excluir a dos socios industriales fundadores. 4.- Apelación del socio capitalista administrador Sr. Jorge A. Martínez. Se queja por cuanto se le imponen conjuntamente con la sociedad las costas en su condición de socio capitalista administrador en los ptos. 1 y 2 del Resuelvo, sin advertir que la decisión adoptada en la asamblea del 21/2/2005 fue de la sociedad y no del socio de modo que la condena en costas a su parte debe ser revocada. Agrega que en el punto dos del resuelvo se lo condena como consecuencia de considerarlo erróneamente actor cuando compareció en representación de la sociedad Hormigones Córdoba S.C.I en ejercicio de los derechos que le acuerdan el art. 91 LSC. y la cláusula 5ª del Contrato Social.
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5.- El fundamento central por el cual el juzgador admite la nulidad de la reunión de socios celebrada el 21/2/2005 concierne al supuesto defecto formal en lo tocante a la constitución de la reunión social. Sostiene al respecto que el impedimento impuesto por el socio capital ista Martínez a la intervención del apoderado del socio Ledesma se apoyó en un argumento "incompartible" cuál es el de que en una sociedad personalista como lo es la de Capital e industria tal intervención no sería posible. Arguye que la ley de sociedades no existe dicha prohibición lo que dejaría sin sustento la postura asumida por Martínez y que además una interpretación analógica de la ley societaria, autoriza la aplicación analógica de la solución contenida en el art. 239 LSC. para las sociedades anónimas el que admite la actuación del socio por mandatario sin exigencias especiales. Análisis de la apelación de la Sociedad Hormigones Córdoba S.C.I Coincido con la sociedad apelante en que la aplicación analógica propiciada por el iudicante no puede ser mantenida. Es verdadero que el ordenamiento jurídico autoriza al intérprete, en caso de afinidad de hecho y relación precisa entre el caso contemplado legislativamente y el conflicto no contemplado llevado a resolución, acudir al argumento analógico integrando las leyes de modo de cumplimentar el espíritu que provocó su dic tado. Es también de toda racionalidad el resultado que deriva de esta aplicación, ya que con esta interpretación se logra el propósito evidente perseguido por el legislador quien no puede contemplar todas las situaciones que plantea la realidad de la vida. Sin embargo, si tenemos en cuenta que "interpretar es aclarar dudas acerca de la voluntad manifestada en las normas, desentrañándola del texto legal conforme a un proceso lógico de significación jurídica" (Clariá Olmedo, Jorge, "Derecho Procesal", t. I, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1983, p. 118) ello supone que se interprete dentro del contexto mismo de la norma como en su relación con las restantes directivas del cuerpo normativo en el que se encuentra inserta, a los fines de dar con la mayor fidelidad posible a la intención expresada por el legislador en la norma interpretada (Frosini, Vittorio,"Teoría de la interpretación jurídica", Ed. Temis, Santa Fe de Bogotá, 1991, p. 8). En esa senda el intérprete no está autorizado a acudir mecánicamente a la interpretación analógica renunciando a indagar el verdadero sentido y alcance de la norma, lo que sólo se logra con un examen atento de sus términos pero consultando la voluntad del legislador. Es por ello que existen principios que deben respetarse para la aplicación analógica que pueden sintetizarse así: a) que no exista disposición expresa que contemple el
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caso; b) que entre el caso previsto y el sometido a examen exista af inidad de hecho; c) que las diferencias entre ambos no sean sustanciales; d) que las razones que tuvo el legislador para establecer la norma sean aplicables al caso no previsto, y e) que la aplicación analógica conduzca a un resultado racional. En el caso su examine la única condición que concurre es la reseñada en primer término desde que el legislador no ha previsto si los socios de una sociedad personalista como lo es la de capital e industria pueda intervenir por apoderado a las reuniones sociales. Empero no concurren ninguna de los restantes condiciones que autorizan la aplicación analógica desde que no existe afinidad de hecho entre la plataforma fáctica sobre la que se construyó la norma que autoriza a los accionistas de una sociedad anónima a hacerse representar en las asambleas (art. 239 LSC.), con la que subyace en la que ha sido traída a resolución en estos autos que refiere a la posibilidad de los socios de una sociedad personalista (S.C.I) a hacer lo propio en las reuniones de socios. Muy por el contrario, las diferencias entre ambos tipos de sociedades son profundas y ameritan soluciones diversas. Nótese que, como acertadamente lo pone de resalto el apelante, las disimilitudes operan en torno a la organización (autorganicismo en las personalistas y organicismo diferenciado en las de capital) , a la responsabilidad de los socios (en la S.C.I el socio capitalista responde por las obligac iones sociales en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada en las sociedades anónimas el accionista limita su responsabilidad por las obligaciones sociales), en la administración (en la S.C.I la sociedad puede ser administrada solo por los socios en cambio en la S.A el director no necesariamente debe ser accionista), fiscalización (en la S.C.I son fiscalizadas por los propios socios en las S.A lo son por un órgano específico), gobierno (en la S.C.I el órgano de gobierno es la reunión de socios en tanto que en la S.A es la Asamblea a lo que se suma que el accionista tiene el derecho pero no la obligación de concurrir a la Asamblea en tanto que el socio de las sociedades personalistas tiene el derecho y la obligación de concurrir y salvo impedimento justificante su inconcurrencia puede ser causal de exclusión), Affecto societatis (mucho más intenso en las sociedades personalistas que en las de capital), acciones y partes de interés (las partes de interés pueden transferirse con acuerdo unánime de los socios en cambio las acciones integran un título circulatorio negociable de libre circulación), personas y capitales (las sociedades personalistas ponen el acento en las personas y las de capital en el capital). En suma las diferencias entre ambos tipos de sociedades lucen de suficiente envergadura como para concluir que la s razones que pudo tener el legislador para permitir que en las S.A los accionistas pueden hacerse representar por apoderados,
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no puedan extenderse derechamente a sociedades del tipo personalista como lo es la de Sociedad de Capital e industria donde el socio no solo tiene el derecho sino tiene la obligación de concurrir a las reuniones de socios salvo impedimento debidamente justificado. Y ese último aspecto no resulta para nada indiferente desde que la pretensión nulificante de los socios industriales Bornia y Ledesma luce menos justificada a poco que se repare que existe prueba suficiente (ver testimoniales obrantes a fs. 347, 350, 384 y 406 correspondientes a los testigos Christian O. Cicarelli, Ricardo R. Scavino, Carlos Palacio y Roberto R. Coria) de que el día y a la hora fijada para que tenga lugar la reunión de socios aquellos se encontraban en el predio de la sociedad sin haber argüido motivo legítimo que los inclinara a incumplir con el deber de asistencia personal a la reunión que fuera convocada, maxime cuando sabían que era el ámbito en el cual podían verter explicaciones respecto de los incumplimientos que se les endilgaba y que desencadenaron la voluntad de excluirlos. Si lo hasta aquí considerado en pos de demostrar la inconveniencia de la aplicación analógica realizada fuera considerado insuficiente, es bueno agregar que la aplicación analógica está vedada cuando la norma se refiere a circunstancias excepcionales. Ello así pues no es concebible que una directiva que establece una solución de excepción (derecho del accionista a intervenir en la asamblea por apoderado), so pretexto de laguna legal, sea llamada para permitir utilizar la solución de excepción en otros supuestos disímiles, pues las hipótesis no contempladas por la norma de excepción encuentran marco en la regla general, que en el caso es la obligación de los socios de sociedades personalistas de concurrir personalmente a las reuniones de socios. Finalmente la ubicación metodológica de la norma en la sección correspondiente a las sociedades anónimas y no entre las normas generales, se erige en un argumento más para inferir que el legislador quiso establecer la representación por tercero solo para las primeras. Por consiguiente, no resultando válida la aplicación por analogía efectuada por el sentenciante y siendo la regla en materia de sociedades personalistas la obligac ión de asistir personalmente a las reuniones de socios, salvo invocación de impedimento justificado que en la especie no ha sido invocado y menos probado, corresponde revocar la decisión en cuanto declara l a nulidad de la reunión de socios realizada el 21/2/2005 con fundamento en un defecto formal de constitución (impedir la participación del apoderado del socio industrial Ledesma). El segundo agravio también debe admitirse. No es verdadero que en el diseño de la ley, la "exclusión extrajudicial" dispuesta contractualmente en la cláusula séptima de la constitución de la sociedad de capital
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e industria por la totalidad de los socios, sea inaceptable, como lo ha decidido el sentenciante. En sentido contrario al temperamento sentencial se alzan voces de prestigiosa doctrina nacional expresando "La ley impone la necesidad de acudir a la justicia para lograr la exclusión del socio, pero nada obsta a que se pacte, en virtud del art. 1197 CCiv., que la exclusión operará extrajudicialmente por la sola decisión de la sociedad, dejando a salvo -por supuesto- el derecho del socio excluido de acudir a la justicia para que revoque tal medida"(conf. Escutti, Ignacio A. (H), "Receso, exclusión y muerte del socio", Ed. Depalma, p. 74; íd.: Cámara, Héctor, "Disolución y Liquidación de Sociedades Mercantiles", 2ª ed., Ed. TEA, Buenos Aires, 1959, p. 141; Zunnino, Jorge, "Disolución y liquidación", p. 170). Es decir que si se encuentra -como aquí acontece- previsto contractualmente la posibilidad de exclusión extrajudicial del socio por voluntad del órgano de gobierno de la sociedad dicha previsión (cláusula quinta), por resultar producto de la autonomía de la voluntad de los socios (arg. art. 1197, CCiv.) debe tenerse por válida. No obsta la anterior conclusión la circunstancia del socio capitalista cuente con cuatro votos en tanto que los socios industriales cuenten con solo un voto cada uno, porque tal distribución fue producto del libre acuerdo de voluntades al tiempo de constituir la sociedad y no resulta abusiva en los términos del art. 1071, CCiv. desde que la proporción guarda relación con la distinta situación que tienen los socios capitalistas de los industriales, desde que los primeros además de aportar el capital, responde subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales en tanto que los socios industriales solo responden con las utilidades no percibidas. Tampoco resulta nula la cláusula desde que no introduce el llamado derecho absoluto de exclusión, o sea que no atribuye a la mayoría un poder de exclusión arbitrario e incontrolable sino que tiene previsto que la exclusión se f unde en justa causa. Es cierto que si se hubiera pactado una cláusula de exclusión basada en la simple mayoría societaria, ella sería nula, dado que los motivos contractuales de exclusión deben basarse en una causa y que dicha causa debe responder al concepto de justicia. Grave incumplimiento de las obligaciones de socio o imposibilidad sobreviviente. Pero la cláusula quinta prevé justamente las causales de exclusión enumerando el mal desempeño, falta de cumplimiento de la industria aportada, pérdida de interés o incapacidad física o mental para su desempeño. Pero además de ello cualquier sombra de ejercicio abusivo del derecho se
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desvanece si se repara en que, pese a que conforme se reseñara ut supra, de conformidad a las previsiones contractuales hubiera correspondido a los socios excluidos iniciar acción judicial a los fines de obtener la revocación de tales medidas, en el caso es la propia sociedad quien promueve acción judicial po niendo a consideración judicial si han existido verdaderamente actos de entorpecimiento funcional con envergadura que autorice legítimamente la decisión de excluir a los socios industriales de la sociedad que integraban, lo que lo releva a la decisión de todo resabio de arbitrariedad. Dicho en otros términos, si la previsión contractual de excluir sin necesidad de otra demostración que la decisión adoptada en la forma prevista, pudiera ser considerada excesiva, tal mote no podría justificar en este caso la invalidación de la decisión de excluir a los socios Bornia y Ledesma desde que la sociedad invocó y probó la existencia de verdaderas causas que justificaban la exclusión. De otro costado no se sostiene la pretendida violación a lo normado en el art. 145 LSC. ya que, como o sostiene la doctrina, dicha directiva legal es derogable por pacto en contrario atento que no se encuentra afectado el orden público (conf. Escutti Romero, Richard (h), "Manual", p. 195 citado por Verón, "Sociedades comerciales", t. II, Ed. Astrea, p. 695). Finalmente el tercer agravio también resulta viable, aunque por argumentos parcialmente diversos a los esgrimidos por la sociedad apelante. El sentenciante, pese a reconocer que se encuentra acreditado en autos que el socio industrial Aldo G. Bornia incurrió en grave incumplimiento de sus obligaciones, rechaza la exclusión por considerar que la acción no fue incoada en tiempo oportuno (art. 91 LSC.). Todo el esfuerzo recursivo está enderezado a cuestionar el dies a quo del cómputo del plazo de caducidad previsto por la directiva societaria y a diferenciar los conceptos "derecho a exclusión" y "acción de exclusión". Así el apelante sostiene que si la sociedad, de conformidad a la cláusula quinta, decidió excluir en forma extrajudicial a los socios Bornia y Ledesma en la reunión de socios del 21/2/2005 por grave incumplimiento de las obligac iones derivadas de la calidad de socios, el plazo de caducidad debía computarse a partir del momento en que los excluidos rechazaron la exclusión extracontractual, por cuanto si admitían no hubiera sido necesario la promoción de la demanda. En mi opinión la apelación debe prosperar por argumentos diversos. Conforme lo afirmara ut supra, la más autorizada doctrina nacional entiende que nada obsta a que se pacte -como aquí ha sucedido en la cláusula 5ª- que la exclusión operará extrajudicialmente por decisión de la sociedad, dejando a salvo el derecho del socio o socios excluidos de acudir a la justicia para que se revoque tal medida en caso de
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considerarla injusta o arbitraria. Ergo, si eran los socios y no la sociedad quien debía acudir a la justicia para obtener la revocación de la medida, no encuentro asidero para rechazar la exclusión de uno de los socios con fundamento en la caducidad del plazo para promover una demanda que no estaban obligados a interponer. Por consiguiente, debe admitirse que el derecho a excluir a los socios fue ejercido extrajudicialmente de conformidad lo autorizan las previsiones contractuales que fueron producto de la autonomía de la voluntad de los socios en su conjunto al tiempo de constituir la sociedad. 6.- Apelación de Elvio D. Ledesma. Conforme lo resuelto precedentemente la apelación del socio industrial Elvio D. Ledesma vinculado al cómputo del plazo de caducidad debe denegarse por idénticos fundamentos. Si era el socio quien debía, en caso de disentir con la decisión extrajudicial de la sociedad de excluirlo, interponer acción judicial para obtener la revocación de la decisión, no es razonable recibir su queja por el inadecuado cómputo del plazo de caducidad que efectuara al iudicante respecto de la acción deducida por la sociedad. Los restantes agravios vinculados con la prueba de las causales de exclusión tampoco merecen recibo. En este aspecto coincido con el meduloso examen de la prueba rendida que efectúa el sentenciante para arribar a la conclusión de que ha habido entorpecimiento funcional por parte de ambos socios excluidos o cuanto menos cierta reticencia o demora en la transmisión de la información comercial al sector "Administración" que no constituyó un mero actuar obstruccionista sino que impactó sobre la estructura empresarial produciendo daños a la so ciedad. Las meras referencias a incumplimientos del socio Martínez o las conductas que el apelante entiende debió adoptar no constituyen embate crítico suficiente al prolijo y exhaustivo análisis del plexo probatorio efectuado por el juzgador. Tampoco lo es la referencia a la necesariedad de ser alertados de sus inconductas o interpelados previamente, desde que ello no constituye requisito para decidir la exclusión. En ese sentido la regla general indica que basta el mero grave incumplimiento de las obligaciones sociales. En cuanto a la necesidad de acreditar los daños o secuelas quedadas después de la presumible comisión de inconductas, es suficiente el incumplimiento considerado objetivamente sin que sea menester la prueba precisa del daño patrimonial que
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acarrea a la sociedad, desde que la exclusión puede decidirse cuando se comprueba que las conductas reiteradas de falta de colaboración y reticencia impide el normal funcionamiento de la relación societaria perjudicando con ella la función económica perseguida. En suma, las conductas desplegadas por los socios que fueron minuciosamente reseñadas por el iudicante prueban la existencia de casuales de exclusión desde que alcanzan para formar certeza moral en el tribunal, que excluye toda duda razonable, de la existencia de conductas que se encuentra reñidas con la calidad de socios, no incumbiendo a esta alzada efectuar un nuevo análisis exhaustivo de la prueba producida a los fines de demostrar la concurrencia de las causales de exclusión porque el análisis del sentenciante no fue rebatido críticamente. Nótese que el apelante se limitó a formular una censura global y a introducir cuestionamiento a la conducta del socio capitalista que no resultan dirimentes para modificar las razones dadas por el juzgador para tener por acreditados los incumplimientos de los socios industriales, déficit recursivo que impide al tribunal de apelación revisar los supuestos errores de hecho o de derecho en que pudo haber incurrido el sentenciante. 7.- Apelación del Sr. Jorge A. Martínez. Las censuras concernientes a la imposición de costas devienen abstractas dado la forma en que se resuelve, lo que exime su tratamiento. Ello así pues las costas por el planteo de nulidad de la reunión social deben ser toleradas por los nulidicentes Sres. Aldo G. Bornia y Elvio D. Ledesma atento su condición de vencidos (art. 130 CPCC Córdoba). Las generadas por la acción de exclusión de socios promovida por la sociedad Hormigones Córdoba S.C.I deben ser soportadas por el orden en que fueron causadas, habida cuenta la forma en que se resuelve y en especial la conclusión a la que se arriba precedentemente en orden a que no era la actora quien debía acudir a la justicia para mantener su decisión extrajudicial de excluir a los socios Bornia y Ledesma, sino estos últimos quien debieron hacerlo en caso de considerar arbitraria o ilegítima la exclusión decidida extrajudicialmente. La Dra. Montoto de Spila dijo: Que adhiere al voto y fundamentos emitidos por la vocal preopinante, votando de igual modo. El Dr. Sánchez Torres dijo: Que adhiere al voto y conclusiones arribadas por la vocal Chiapero, votando en idéntico sentido.
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2ª cuestión.- La Dra. Chiapero dijo: En mi opinión corresponde: 1) Admitir la apelación de Hormigones Córdoba S.C.I y en consecuencia, revocar la sentencia en todo cuanto decide. En su l ugar, rechazar la demanda de nulidad de la reunión social del 21/2/2005, y en consecuencia, otorgar validez a la exclusión extrajudicial de los socios Aldo G. Bornia y Elvio D. Ledesma, con costas a estos últimos atento su calidad de vencidos respecto de la acción de nulidad (art. 130, CPCC Córdoba), y por el orden causado respecto de la acción de exclusión promovida por Hormigones Córdoba S.C.I atento lo decidido en la 1ª cuestión (art. 130, in fine CPCC Córdoba) difiriéndose la regulación de honorarios para cuando exista base económica; 2) R echazar la apelación de Elvio D. Ledesma, con costas atento su condición de vencido (art. 130, CPCC Córdoba); 3) Declarar abstracta la apelación del socio capitalista Jorge A. Martínez. La Dra. Montoto de Spila dijo: Que adhiere al voto y fundamentos emitidos por la vocal pr eopinante, votando en idéntico sentido. El Dr. Sánchez Torres dijo: Que adhiere al voto y conclusiones arribadas por la vocal Chiapero, votando en la misma forma. A mérito del acuerdo que antecede, se resuelve: I.- Admitir la apelación de Hormigones Córdoba S.C.I. y revocar la sentencia en todo cuanto decide. En su lugar, rechazar la demanda de nulidad de l a reunión social del 21/2/2005, y otorgar validez a la exclusión extrajudicial de los socios Aldo G. Bornia y Elvio D. Ledesma, con costas a estos últimos atento su calidad de vencidos respecto de la acción de nulidad (art. 130, CPCC Córdoba), y por el orden causado respecto de la acción de exclusión promovida por Ho rmigones Córdoba S.C.I atento lo decidido en la 1ª cuestión (art. 130, in fine, CPCC Córdoba) difiriéndose la regulación de honorarios para cuando exista base económica. II.- Rechazar la apelación de Elvio D. Ledesma, con costas atento su condición de vencido (art. 130 CPCC Córdoba). III.- Declarar abstracta la apelación del socio capitalista Jorge A. Martínez. Protocolícese y bajen.- Silvana M. Chiapero.- Marta N. Montoto de Spila.- Julio C. Sánchez Torres.1
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Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba en autos "Bornia, Aldo G. y otro v. Hormigones Córdoba S.C.I
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9.3.5. Quiebra, muerte, incapacidad, inhabilitación del socio administrador El art. 145 2º párrafo LS dispone que se aplica el art. 140 LS cuando el socio industrial no ejerza la administración. Por lo tanto, si el socio industrial no ejerce la administración, la quiebra, la muerte, la incapacidad o la inhabilitación de todos los administradores lo habilita para ejercer los actos urgentes de gestión de la sociedad hasta tanto la situación sea regularizada, sin que le sea aplicable la responsabilidad solidaria e ilimitada.
transformada en S.R.L s/ societario contencioso - impugnación de asamblea" (expte. 815.681/36)” del 16 de septiembre de 2008.
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10. Sociedad de Responsabilidad Limitada 10.1. Definición y denominación social La sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L) constituye un tipo social que, tal como citamos antes, ha dejado en desuso al resto de las sociedades de personas.
Sus características propias, principalmente la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de su aporte, la división del capital social en cuotas que pueden ser cedidas libremente entre los socios, la integración de los aportes en un 25% inicial cuando se trata de dinero en efectivo y el saldo a completarse en dos años y la fiscalización por parte de los socios, han convertido a la S.R.L en un espacio atractivo para las necesidades de las pequeñas y medianas organizaciones para desarrollar su actividad comercial. La S.R.L tiene una naturaleza mixta entre las sociedades personalistas y las sociedades anónimas, ya que si bien tiene elementos que destacan la importancia de la persona de los socios –por ejemplo, limitando a 50 como número máximo –, en cuanto a funcionamiento y organización se asimila a la sociedad anónima sin requerir una estructura tan compleja. Esa semejanza se manifiesta en las siguientes normas: 1) La transferencia de cuotas no implica la modificación del contrato social. 2) La copropiedad de las cuotas sociales, como también la constitución de derechos reales sobre las mismas, se rige por las normas de la sociedad anónima.
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3) Los derechos y obligaciones de los gerentes, como también las prohibiciones e incompatibilidades a las que están sujetos, también siguen las reglas de la sociedad anónima. 4) El control interno de los socios, exclusivo de estos en las sociedades personalistas, puede ser suplido por un órgano específico, lo que resulta obligatorio en determinados supuestos. 5) Dentro del órgano de gobierno, rigen para los socios las limitaciones del art. 248 LS, previstas para los accionistas de las sociedades anónimas. La única excepción al régimen de aplicación supletoria de las reglas de la sociedad anónima es la posibilidad de que se proceda a la resolución parcial de la sociedad, en los supuestos de fallecimiento, retiro o exclusión de uno de los socios. En cuanto a su denominación social, puede llevar el nombre de los socios como denominación subjetiva. Otra posibilidad consiste en utilizar un nombre de fantasía o denominación objetiva. En todos los casos, debe contener la indicación “sociedad de responsabilidad limitada”, su abreviatura o la sigla S.R.L. Como sanción se aplica la responsabilidad ilimitada y solidaria del gerente que celebre actos omitiendo tal requisito.
10.2. Caracteres Sus características particulares son: a) El capital se divide en cuotas sociales. b) Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriben e integran. c) La administración y representación está en cabeza de un gerente. d) El máximo número de socios es de 50.
A continuación, relataremos resumidamente el procedimiento de constitución de una S.R.L en los Tribunales de la Provincia de Córdoba. El procedimiento de constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada se inicia en Tribunales, teniendo en cuenta que en Córdoba existen juzgados especializados en Concursos y Sociedades.
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En primer lugar, se presenta la solicitud de inscripción en la Mesa de Entradas de Tribunales mediante formulario, donde se sortea la causa que se radicará en alguno de los ocho Juzgados de Concursos y Sociedades. Cuando se haya asignado Tribunal, deberán ser agregadas las boletas correspondientes a todo proceso judicial ya abonadas de tasa de justicia, Caja de Abogados y Colegio de abogados. El importe correspondiente a abonar para el rubro Caja da Abogados tiene una relación directa con el capital de la Sociedad que se pretende inscribir, siendo del 4‰ del capital social. Respecto al documental principal que se debe acompañar al inicio del trámite, referimos al Contrato Social, con todos los requisitos que establece la ley en el art. 11 LS y suscripto por todos los socios con firmas certificadas por escribano público, o mediante ratificación de firmas ante el Tribunal (art. 5 L.S). En el caso que estuviese incompleto alguno de los elementos e senciales que la ley estipula como integrantes del Contrato social, se ordenará mediante decreto que sea subsanada tal deficiencia mediante Acta Social Complementaria, la que deberá reunir los mismos requisitos respecto de las firmas que el Contrato Social. Esto tiene que ver con el control de legalidad que realiza el Tribunal del contenido y las cláusulas del Contrato. Por ello, si advirtiese algún aspecto poco claro o confuso, también se decretará su aclaración. Luego de esta etapa, se ordenará por decreto la publicación de edictos. Deben haber sido redactados de acuerdo con lo establecido por el Art. 10 de la L.S. Una vez publicado el edicto por un día en el diario de publicaciones oficiales, se acompaña la constancia de la publicación al Juzgado para su agregación en autos, dejando así constancia del trámite realizado. Así mismo y en esta instancia, en el caso que el aporte sea de dinero se requerirá que se haya integrado el 25% del capital social. Para ello se realiza un depósito en el Banco de Córdoba, para el caso de la realización del trámite en la provincia de Córdoba, en la cuenta judicial abierta para el expediente y se acompaña la boleta de depósito como constancia del mismo para que sea agregada al expediente. En el caso de aporte de bienes, el inventario correspondiente firmado por los socios deberá contener el detalle de los bienes aportados, quién los aportó y la valuación de los mismos conforme lo establecido por la ley. En el caso de bienes registrables, se deberá acompañar la inscripción preventiva del bien conforme lo establece el art. 38 LS.
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Una vez cumplidos estos requisitos, el Tribunal está en condiciones de dictar sentencia. Previamente y a los fines de la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, los letrados deben haber manifestado y acreditado su situación frente al IVA. Para culminar el trámite ante los Tribunales, se dicta sentencia ordenando la inscripción en el Registro Público de la constitución de la sociedad.
10.3. El capital social: Las cuotas sociales Como hemos expuesto, el capital está representado en cuotas sociales, la s que deben ser de diez pesos o múltiplos de diez (art. 148 LS). La titularidad de las mismas se acredita con el contrato social en la respectiva cláusula que lo estipule o conforme el contrato de cesión de cuotas suscripto e inscripto debidamente en el Registro Público. Existen previsiones dentro del tratamiento de la S.R.L que tienden a permitirle su aumento para satisfacer las necesidades de su evolución comercial, sin tener que adoptar el régimen del art. 160 y sus mayorías. Estas previsiones refieren a la posibilidad de emitir cuotas suplementarias, para lo cual el art. 151 LS establece los siguientes requisitos: 1) Autorización del contrato social, sea originalmente o bien habiéndose reformado e incorporada en el mismo una cláusula específica, siguiendo el régimen del art. 160, 1º párr. LS. 2) Exigibilidad exclusiva de la sociedad, excluyéndose a los acreedores sociales. La emisión deberá decidirse por el acuerdo de los socios que representen más de la mitad del capital social. Luego la decisión deberá inscribirse y es en ese momento que es obligatorio para los socios integrarlas. Deberán estar presentes en el balance a partir de su registración. Queda descartada la posibilidad de que sea otorgado un plazo para su integración. Si no se integraren, serán de aplicación las sanciones del art. 37 LS, o sea, la exclusión del socio por mora en el aporte.
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10.3.1. Suscripción e integración de aportes Tal como se ha señalado antes, el capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad (art. 149 LS). Cuando se trate de aportes en dinero, se integra el 25 % en el acto de la constitución como mínimo y debe completarse el resto en el plazo de dos años. Si se trata de aportes en especie, deben ser integrados totalmente. Cuando se trate de bienes registrables, deberán ser inscriptos preventivamente a nombre de la sociedad en formación (art. 38 LS).
10.3.2. Responsabilidad de los socios y garantías por los aportes El art. 150 LS establece que los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes suscriptos. En este punto, su responsabilidad no se encuentra limitada.
Para mayor desarrollo del tema, consultar Ricardo Nissen (2006) Curso de Derecho Societario (pág. 104 a 112).
10.3.3. Transferencia de las cuotas sociales. Limitación La transferencia de las cuotas puede tener origen en un acto voluntario o forzoso, sea en vida del socio o a causa de su fallecimiento. La transferencia es una especie de cesión de derechos reglamentada en los arts. 152 y 153 LS, y debe instrumentarse por instrumento público o privado, que en el caso de este último para su oponibilidad a terceros deberá tener las firmas certificadas. Desde el punto de vista de los intervinientes en la cesión, podrá oponerse entre ellos desde el momento mismo de la celebración del acto. En relación con la sociedad, será oponible desde el momento que le sea comunicada mediando entrega de una copia de la misma.
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En cuanto a la oponibilidad a terceros, se exige la inscripción en el Registro Público. El art. 152 LS establece como principio general que las cuotas son libremente transmisibles, salvo que se pacte lo contrario, que nunca puede prohibirlo, sólo limitarlo. Las cláusulas limitativas deberán incorporarse al contrato social y deben establecer los procedimientos requeridos para la conformidad o el ejercicio de compra por parte de los socios restantes. (art. 153 LS).
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando muere un socio, se ha previsto la incorporación de los herederos y a su vez el contrato contiene cláusulas que limitan la libre transmisibilidad?
10.3.4. Ejecución forzada Tal como lo establece el art. 57 LS, los acreedores particulares de los socios de sociedades de responsabilidad limitada pueden ejecutar las cuotas sociales de su titularidad. Así mismo y a fin de tutelar la incorporación a la sociedad de terceros preservando el carácter personar de los socios, el art. 153 LS reglamenta la ejecución judicial de cuotas sociales.
10.3.5. Copropiedad de cuotas, derechos reales y medidas precautorias El art. 156 LS dispone la aplicación para lo copropiedad de cuotas las regla del condominio. A su vez, continúa dicha norma con el tema de los derechos reales y medidas precautorias y dispone que dichas medidas se inscribirán en el Registro Público.
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10.4. Órgano de administración: La gerencia 10.4.1. Organización y designación Este es otro elemento tipificante de la S.R.L, la organización de la administración en un gerente. Los gerentes pueden ser socios o terceros y su organización puede ser individual o plural. En este caso, pueden determinarse en el contrato las funciones que le competen a cada uno, o que pueden actuar de manera indistinta (en caso de silencio, se aplica esta última solución). En cuanto a su designación, puede ser realizada en el mismo contrato de constitución o en acta social separada, siempre inscripto en el Registro Público. La designación posterior requiere la mayoría del art. 160 LS (mayoría de capital presente), excepto que en el contrato se estipule una solución diferente.
10.4.2. Derechos y obligaciones de los gerentes En relación con este punto, se aplica lo dispuesto para los directores de las sociedades anónimas (art. 157 tercer párrafo LS).
10.4.3. Remoción. Causales y responsabilidad En las S.R.L rige el principio de la libre revocabilidad de los gerentes conforme lo dispone de modo expreso el art. 157 5º párrafo LS. El mismo artículo continúa estableciendo la excepción, en los casos en los que su nombramiento haya sido condición de la constitución de la sociedad. Cuando así fuese, se mantendrá en su cargo hasta tanto una sentencia judicial no lo separe. Los gerentes también pueden ser removidos por los socios por acción judicial invocando una causa que sustente la exclusión. En cuanto a causales, podemos hablar de una actuación en competencia, desvío de fondos y toda otra actuación que comprometa al interés social provocando un daño.
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En cuanto a la responsabilidad, deberá estarse al caso conforme la organización de la gerencia. Si la administración es plural colegiada, se aplican las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas. Si la gerencia fuese plural en forma conjunta o indistinta y en el caso algunos gerentes hayan participado del hecho reprochable, el juez puede fijar la parte que le corresponda a cada uno en la reparación por los daños causados conforme la actuación que haya tenido (art. 157 4º párr. LS).
10.5. Órgano de Gobierno Según lo dispuesto por el art. 159, tres son las maneras de adoptar decisiones sociales: 1) A través de una asamblea de socios, método obligatorio si la sociedad encuadra en las previsiones del art. 299, inc. 2. LS. 2) Mediante el sistema de consulta por la gerencia de la sociedad a cada uno de los socios. 3) Mediante la declaración por escrito de todos los socios. Sin dudas, el legislador ha hecho un gran esfuerzo para facilitar la toma de decisiones en este tipo social, atento el sector de pequeñas y medianas empresas al que apunta, innovando sustancialmente en la toma de decisiones. Como consecuencia de ello, surge que las decisiones sociales podrán adoptarse por escrito, por vía postal o por cualquier otro medio fehaciente de expresión de la voluntad de los socios.
10.5.1. Resoluciones sociales El contrato social deberá establecer la forma de las deliberaciones y toma de decisiones por parte de los integrantes de la sociedad, debiendo establecer qué mayorías deban adoptarse en asamblea de socios o a través del sistema de consulta por escrito, que actúa como regla general en caso de silencio en el contrato social. La implementación del voto por consulta ha sido objeto de fuertes críticas, atento no logra generar entre los socios un debate de opiniones o un intercambio de pareceres, sólo permitiendo expresión del voto en sentido afirmativo o negativo. El procedimiento del voto por consulta está previsto
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en el art. 159 párr. 1º LS y establece que el voto deberá ser comunicado a la gerencia por cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, dentro de los diez días de habérsele cursado consulta simultánea a los socios a través también de un medio fehaciente, o las que resulten de declaración escrita en la que todos los socios expresen su voto. Al respecto, realizamos las siguientes consideraciones: 1) Para que el sistema sea viable, las propuestas deben ser suficientemente claras, disminuyendo el riesgo de equívocos a la hora de votar por la afirmativa o negativa. 2) Si bien el legislador ha previsto consultas simultáneas, que deben ser contestadas en un término concreto, dicho plazo podría ampliarse sin inconvenientes, si fuera necesario recabar explicaciones o aclaraciones de la Gerencia. 3) La consulta no contestada deberá ser tenida en cuenta como abstención. 4) El voto no puede estar condicionado, debe ser puro y simple. 5) Las comunicaciones deben dirigirse al domicilio expresado en el contrato social o en comunicación a la Gerencia. 6) Las decisiones que se adopten por este método deben constar en el libro de actas respectivo. Las actas serán confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del quinto día de cerrado el acuerdo. Cabe aclarar que el sistema bajo estudio no resulta de gran aplicación en la práctica.
10.5.2. Deliberación. Mayorías En el régimen de mayorías para las S.R.L, el legislador ha dispuesto que en los casos de acuerdos sociales que impliquen modificaciones al contrato social deban seguirse las siguientes previsiones: 1) Deben representar, las mayorías, más de la mitad del capital social como mínimo, salvo que se haya establecido un régimen más riguroso. 2) Si no existiese previsión contractual, será necesario el voto de las 3/4 partes del capital social. 3) Si existiese un socio que representara el voto mayoritario, será necesario el voto de otro socio.
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Para el resto de las decisiones sociales, será suficiente la mayoría del capital presente o partícipe en el acuerdo, salvo que se exija una mayoría superior. Nótese que la solución prevista en el art. 160, párr.. 3º LS, para la sociedad compuesta por dos socios, podría considerarse que invierte en los el orden de valores, dando a los socios minoritarios la posibilidad de definir la decisión, sin importar el capital que poseyeran.
Todas las decisiones sociales se plasman en las actas respectivas de modo tal que queda constancia escrita de lo sucedido, especialmente en los casos en que es necesario saber quién votó a favor, quién ha votado en contra de determinada resolución y quién ha estado ausente.
Cabe distinguir dos supuestos: 1) Si se trata de una decisión adoptada por la asamblea de socios, deberán labrarse en el libro respectivo, con todas las formalidades de los libros de comercio, firmadas por los socios designados para ello y por el gerente de la sociedad. 2) Si se trata del método de consulta por escrito, se deberá transcribir la consulta y el sentido de los votos respectivos respondiendo a la misma y deberán, según ya lo hemos referido, ser firmadas por los gerentes dentro de los 5 días de concluido el acuerdo.
En todos los casos, los socios podrán solicitar copia del acta, en los términos del art. 249 LS, que por analogía se aplica a todos los tipos societarios. Recuérdese que el administrador debe conservar por el término de tres años las respuestas que contengan el voto de los socios, pudiendo ser consultada sin inconvenientes por estos.
10.5.3. Derecho de receso. Supuestos y consecuencias La ley concede a los socios que votaron en contra el derecho de receso en varios supuestos, a saber:
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Revocación de la designación de gerente cuando su designación fuese condición expresa de la constitución (art. 157 LS)
Transformación
Fusión
Escisión
Prórroga
Reconducción
Transferencia de domicilio al extranjero
Cambio fundamental del objeto
Luego el art. 160 LS deja una puerta abierta a otros casos cuando se trate de “todo acuerdo que incremente la obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios”. En cuanto al ejercicio del derecho de receso, habrá que estar a lo dispuesto por el art. 245 LS y a lo que se haya pactado en el contrato.
10.5.4. El retiro voluntario y la exclusión de socio: causales y consecuencias El retiro voluntario de uno de los socios tiene que ver con un derecho y una decisión personal de hacerlo, ante lo cual la sociedad se ve en la obligación de restituirle el valor de su participación, valuado conforme el último balance. Para el tema exclusión de socio, ver lo tratado en el punto 8.4.1. del programa.
10.6. Fiscalización Como principio general, la fiscalización en las S.R.L está a cargo de los socios, quienes pueden solicitar la información necesaria y pedir los informes pertinentes para tal fin. Aun así, conforme el art. 158 LS otorga la posibilidad de que los socios establezcan un órgano de fiscalización sea Sindicatura o Consejo de vigilancia.
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Cabe aclarar que en los casos de las S.R.L, cuyo capital alcance el importe fijado por el art. 299 inc. 2º de la ley, la fiscalización es obligatoria.
Luego del recorrido por estos tipos sociales, ¿cuál elegirías para iniciar un emprendimiento comercial propio?
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