SOCIEDADES_Lectura1

Módulo 1 Parte General

1. La sociedad "El espíritu de grupo es lo que da a muchas empresas una ventaja sobre sus competido competidores". res". (George L. Clements, 1985). Clements, 1985).

1.1 Sociedad 1.1.1 Definición

La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCC) ha impactado significativamente en la materia de sociedades, eliminando las sociedades civiles. Consecuencia de ello, la antes llamada Ley de Sociedades Comerciales pasa llamarse Ley General de Sociedades Nº 19.550 (en adelante LS).

1.1.2 Análisis del art. 1 de la Ley General de Sociedades El artículo 1º, con la última reforma legislativa citada de la Ley Nº 26.994, nos brinda un concepto de sociedad mediante la enumeración de los elementos necesarios e indispensables para su conformación: la existencia de uno o más socios, la organización, la tipicidad, la realización de aportes y la participación en beneficios y pérdidas. La posibilidad de crear sociedades unipersonales bajo la forma de la sociedad anónima es una de las novedades incorporadas, ya que antes la pluralidad de socios era una exigencia para la constitución de la sociedad, y ahora puede admitirse mediante un acto de voluntad unilateral.

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En cuanto al elemento organizativo, implica toda una estructura de un negocio que se instrumenta en el acto constitutivo, donde se establecen las reglas y normas de funcionamiento y organización para la realización de una actividad con el fin de obtener un lucro. Aun así, el elemento organización nada agrega a la definición, y el legislador ha querido justificarlo en la idea económica de empresa, cuando es muy difícil que se presente el supuesto de que no exista empresa cuando el mismo art. 1º LS dispone para la sociedad la realización de una actividad mercantil para que sea tal. Los restantes elementos contenidos en la definición serán desarrollados en el punto 2.2 de la presente lectura. Otro aspecto para destacar del concepto de sociedad resulta de la eliminación de los actos de comercio (ahora son actos jurídicos) es la eliminación de la distinción entre sociedades civiles y comerciales, dejando de lado el vocablo “sociedades comerciales” para hablar meramente de sociedades.

1.2. La personalidad de las sociedades La personalidad jurídica del ente societario surge del artículo 2º de la LS, que establece que la sociedad es un sujeto de derecho, otorgándole a dicha prerrogativa el alcance fijado en la ley. A su vez, el Código Civil y Comercial, en su art. 141 , establece que “S on personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación ”1. La personalidad jurídica del ente societario tiene justificación en la práctica, ya que su patrimonio opera como garantía por las deudas en las que los representantes de la sociedad incurran frente a los terceros contratantes con la sociedad. Por otro lado, son instrumentos que aventajan el esfuerzo asociado y los capitales que los socios han aportado, manteniendo en principio el patrimonio propio ajeno al riesgo empresario

1 Art. 141 Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobado por Ley Nº 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley Nº 27.077 B.O. 19/12/2014. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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1.2.1 Definición La personalidad jurídica conceptualiza un centro de imputación diferenciado de sus miembros (art. 143), con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones (art. 141); generando un patrimonio, prenda común de los acreedores de esa nueva persona, que no pueden agredir los acreedores individuales de sus miembros. (Richard, 2015, p. 2).

El otorgamiento de la personalidad jurídica responde a fines eminentemente prácticos, ya que satisface las necesidades que el mundo mercantil presenta.

1.2.2 Atributos. Efectos El Código Civil y Comercial les otorga a las sociedades el carácter de personas jurídicas privadas (art. 148 inc. a), y conforme lo establecido en dicho cuerpo legal, goza de los siguientes atributos de la personalidad: 



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El nombre, como designación que las individualiza con el aditamento de la forma jurídica adoptada (Art. 151 CCC). Domicilio y sede social (Art. 152 CCC). Patrimonio como conjunto de bienes de la sociedad (Art. 154 CCC).



Duración (Art. 155 CCC).



Objeto, preciso y determinado (Art. 156 CCC).

En cuanto a los efectos del reconocimiento de la personalidad, establece al art. 143 CCC: Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial. 2

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Art. 143. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobado por Ley Nº 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley Nº 27.077 B.O. 19/12/2014. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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Es el efecto de la división patrimonial, de la generación de un nuevo patrimonio. Se plasma el efecto fundamental del reconocimiento de la existencia de una persona jurídica privada: quien reclame a la misma debe intentar satisfacer el daño del patrimonio de la persona jurídica. Sólo excepcionalmente podrán reclamarse a los miembros que la constituyeron, que pueden tener que responder conforme al tipo de persona jurídica que han constituido, lo que se advierte fácilmente en el caso de sociedades donde la elección va desde tipos con responsabilidad de sus miembros hasta otros que relativizan y condicionan cualquier reclamo de responsabilidad. Se generan centros diversos sobre el que los acreedores de la persona jurídica podrán pretender excluir a los acreedores individuales de los miembros. El concurso preventivo o quiebra de esa persona jurídica generará una masa invulnerable, ya que los acreedores personales de los titulares de participaciones en la concursada o fallida no podrán pretender derechos sobre esos bienes. (Richard. E. 2015, p. 3).

Se recomienda, para profundizar el estudio del tema, la lectura del artículo Sobre la personalidad jurídica privada en el nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994), del Dr. Efraín Hugo

Richard. www.elDial.com - DC1EAE. Publicado el 13/03/2015

1.2.3. Nacimiento y extinción El art. 142 CCC establece: Comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiera autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla.3

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Afirmamos, entonces, que la personalidad jurídica nace con el ente social, por lo que es independiente de la inscripción del ente en el Registro Público, cuyo efecto es otorgar oponibilidad al acto frente a terceros cuando el tipo social escogido exija recaudos especiales de publicidad, como el caso de una sociedad de responsabilidad limitada.

1.2.4. Abuso de la personalidad Tal como lo citamos anteriormente, el art. 2 LS le otorga a la sociedad el carácter de sujeto de derecho con el alcance fijado por la ley, lo que da la idea de ciertos límites. El abuso de la personalidad jurídica se configura cuando se utiliza al ente societario para fines distintos y desviados de los que el legislador ha tenido en cuenta al otorgarle el carácter de sujeto de derecho. Se utilizan las ventajas que otorga el reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades para cometer abusos a través de la figura de la sociedad comercial, escudando mediante su uso intereses y negocios ajenos a la consecución del objeto social y al margen de las previsiones legales. Un caso ejemplo de esta modalidad es la creación de una sociedad a la cual se transfieren los bienes de una persona física a fin de ocultar su patrimonio y así operar en el mercado por cuenta propia, contraer deudas y eludir la responsabilidad ante cualquier acción de cobro.

1.2.5. La inoponibilidad de la persona jurídica Para aplicar la sanción a las maniobras que se escudan en la personalidad jurídica para enmascarar otras intenciones, el art. 54 in fine LS establece la inoponibilidad de la persona jurídica e impone a los socios o controlantes la responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios ocasionados. El Código Civil y Comercial ha incorporado al articulado la figura de la inoponibilidad de la persona jurídica en el art. 144 que dispone: Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron

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posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. 4

De la comparación entre el texto de la Ley General de Sociedades y del CCC, advertimos que este último resulta más extensa en su redacción porque comprende, tal como lo establece la propia norma, todas las formas asociativas y hace pasible de la responsabilidad al controlante haciendo la aclaración de directo e indirecto.

1.3. La Sociedad Anónima Unipersonal Luego de décadas de discusión y opinión de la doctrina nacional, y así como lo prevén leyes de otros países, la Ley Nº 26.994 ha incorporado a la LS la posibilidad de constituir sociedades unipersonales, es decir, conformadas por una sola persona.

1.3.1. Definición. Denominación Las sociedades unipersonales son aquellas constituidas por una sola persona sea humana o jurídica, creadas por un acto de voluntad unilateral, con características y requisitos particulares y definidos conforme lo ha establecido la ley. Conforme lo dispone el art. 164 LS, su denominación es sociedad anónima unipersonal y la denominación social debe contener la expresión “sociedad anónima unipersonal” o la sigla S.A.U., en razón de que la sociedad anónima es el tipo que ha escogido el legislador para su existencia. La ley ha omitido prever una sanción para el caso que se celebren actos sin la mención a la denominación exigida.

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1.3.2. Régimen. Responsabilidad En primer lugar, y teniendo en cuenta que el tipo legal exigido para la constitución de las sociedades unipersonales es la sociedad anónima, se impone el requisito de que deben ser constituidas por instrumento público y acto único. Además, la sociedad unipersonal no puede ser constituida por otra sociedad unipersonal (art. 1° LS). En relación con el capital social, debe ser integrado de modo total en el acto constitutivo (art. 11 inc. 4º LS), así como en suscripciones de futuros aumentos. La ley no lo prevé de modo expreso, pero se infiere del art. 186 inc. 3 LS. Otra consecuencia de la incorporación de las S.A.U. a la ley societaria argentina hace que la reducción a uno del número de socios de las sociedades anónimas haya sido eliminada como causal de disolución de la sociedad (art. 94 LS). Implica dicho caso que deban adecuar su denominación a S.A.U. y cumplir con el régimen de fiscalización dispuesto por el art. 299 LS. Además, la reforma ha incorporado el art. 94 bis LS, que dispone la transformación de pleno derecho en sociedad anónima unipersonal de las sociedades en comandita simple o por acciones y de capital e industria cuyo elenco de socios quedará reducido a uno si en el término de 3 meses no se toma un resolución al respecto. En cuanto al régimen de responsabilidad, la reforma no ha incluido norma alguna que imponga la obligación de que los créditos cuya titularidad del único socio respecto de la sociedad unipersonal o familiares y afines de cierto grado deban subordinarse respecto de los créditos cuyos titulares sean acreedores sociales (Vítolo, 2015). Claro está que una norma en ese sentido ha sido pensada para la protección de los derechos de terceros que puedan contratar con la S.A.U. y pudiesen resultar afectados en su derecho de cobro.

1.3.3. Fiscalización En cuanto al régimen de fiscalización, el art. 299 inc. 7º LS dispone que están sujetas a fiscalización estatal permanente, lo cual las obliga a contar con una

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estructura compleja que incluye una sindicatura colegiada y un directorio plural. A modo de reflexión de este nuevo instituto tan aclamado durante años por muchos sectores del derecho mercantil, el régimen que la LS ha establecido para las S.A.U. es complejo y estricto para que el pequeño empresario pueda acogerse a él, con lo cual una estructura social como la exigida al parecer puede que exceda sus posibilidades.

¿Es conveniente en la práctica la constitución de la S.A.U. para los pequeños empresarios?

1.4. Diferencias con otras figuras afines 1.4.1. Asociaciones En cuanto a la comparación de la sociedad con las asociaciones, exponemos las figuras en un cuadro de doble entrada para su mejor comprensión.

Tabla 1 SOCIEDADES

ASOCIACIONES

Son sujetos de derecho, poseen un patrimonio y una organización en su funcionamiento. Fin perseguido

La obtención de un lucro

Consecución del bien común

Integración del capital

Aporte de los socios

Cuota social de los asociados para el uso de los servicios

Voluntad social

En función de la participación social

Igual derecho a voto

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Saldo por disolución

Si hay saldo de la realización del activo y cancelación del pasivo, se reintegra a los socios.

Se destina a un fin de bien común o al Estado.

Fuente: Elaboración propia.

1.4.2. Fundaciones En relación con las fundaciones, la comparación con la figura societaria carece de puntos comunes, dado que estas organizaciones están exentas de la idea de lucro, lo que los contrapone al concepto mismo de sociedad. La fundación puede conceptualizarse como un conjunto de bienes aportados por los fundadores y que se encuentran al servicio de los objetivos que rigen la organización cuya finalidad es satisfacer un bien común. Las fundaciones están regidas por la ley 19.836.

1.4.3. Contratos asociativos Los contratos asociativos se distinguen primariamente de la sociedad, ya que no son sujetos de derecho, con lo cual carecen de personalidad jurídica. Como estudiaremos más adelante en el Módulo 4-Unidad 16, la Ley Nª 26.994 ha dispuesto que las normas generales que regulan los contratos asociativos antes desarrollados en la ley societaria hayan sido incluidas en el texto del Código Civil y Comercial, distinguiendo las cualidades que los separan de la figura societaria. La regulación de los contratos asociativos incluye el tratamiento de las figuras del negocio en participación, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación.

1.4.4. Condominio La comparación de la sociedad con el condominio resalta las claras diferencias entre una figura y otra.

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Tabla 2 SOCIEDADES

CONDOMINIO

Régimen

Sujeto de derecho organizado a fin de realizar actividades productivas para la obtención de un lucro

No es sujeto de derecho. Figura estática limitada al goce de un bien

Creación

Por acuerdo de voluntades o acto unilateral de voluntad

Por testamento, acuerdo de voluntades o imperio de la ley

Disolución

Posee un régimen disolutorio

No se disuelve, se divide

Saldo por disolución

Si hay saldo de la realización del activo y cancelación del pasivo, se reintegra a los socios

Se destina a un fin de bien común o al Estado

Fuente: Elaboración propia.

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2. La constitución de la sociedad 2.1. Tipicidad En este punto del programa analizaremos el concepto de tipicidad, su significado y las consecuencias de acogerse o no a lo dispuesto por los tipos sociales previstos por la ley societaria.

2.1.1. Definición La tipicidad es un requisito de orden público contenido en el art. 1º de la LS, que exige a los socios adecuarse a un esquema normativo de tipos sociales que constituyen un número cerrado reglado por la LS. Su fundamento es la seguridad jurídica, tanto para los integrantes de la sociedad como para los terceros que contratan con esta, quienes al conocer el tipo social de que se trata podrán inferir fácilmente la responsabilidad de los socios, el régimen de administración y funcionamiento, entre otras cuestiones.

2.1.2. Requisitos esenciales tipificantes. Efectos Cuando la sociedad ha sido debidamente instrumentada, el efecto principal es poder acogerse a las consecuencias propias del tipo elegido. Un claro ejemplo de ello lo constituye la limitación de la responsabilidad que caracteriza a las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Los requisitos esenciales tipificantes, además de caracterizar a un determinado tipo social conforme la ley lo ha establecido, diferencian a un tipo de otro. Por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada representan su capital en cuotas sociales y su órgano de representación es la gerencia, mientras que las sociedades anónimas poseen acciones y el directorio es el órgano de administración.

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Requisitos generales del contrato de sociedad En este apartado estudiaremos los requisitos que se exigen para el acto constitutivo.

2.2.1. Elementos esenciales: sujetos, consentimiento, capacidad, objeto, causa y forma Si es una sociedad unipersonal, recurrimos al artículo 1.800 del Código Civil y Comercial, que dispone para los actos de declaración unilateral de voluntad: “Regla general: la declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbre. Se le aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos”.5 Cuando la sociedad está constituida por dos o más socios, los elementos esenciales son los comunes a todo contrato: los sujetos (con capacidad conforme lo establece el Código Civil y Comercial); Objeto, causa y forma.

Para profundizar el punto, véase Nissen, Ricardo. (2006). Curso de Derecho Societario (págs. 65 a 80), en correlación con la

actualización dispuesta por el Código Civil y Comercial de las normas pertinentes.

2.2.2. Elementos especiales: affectio societatis, aportes, participación en los beneficios y soportación de las pérdidas En relación con los elementos especiales comunes a todo acto constitutivo de una sociedad, son: Affectio societatis: podemos entenderla como la existencia de una intención

de los socios de trabajar en forma coordinada a los fines de realizar el objeto social. 5

Art. 1.800. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobado por Ley Nº 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley Nº 27.077 B.O. 19/12/2014. Honorable Congreso de la Nación Argentina.

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Es la voluntad de cada socio de adecuar su conducta y sus intereses personales a las necesidades de la sociedad, predisponerse anímicamente a la colaboración en todo lo relacionado con el objeto social y formar parte de un proyecto común para lograr el fin social. Ahora bien, tal definición no implica necesariamente un permanente estado de gracia y concordia entre los socios. Nada tienen que ver la amistad y la cordialidad entre ellos, ya que las conductas impuestas por la ley en miras del bien social generalmente producen intercambios de opinión y discusiones, lógicas en cualquier organización de personas. Es por ello que la pérdida de affectio societatis no constituye por sí mismo una causal de resolución parcial del contrato de sociedad. Ahora bien, si de dicha pérdida se derivan inconductas de un socio que impidan el normal desenvolvimiento de la vida social, como por ejemplo reiteradas e injustificadas ausencias a las asambleas que impidan la toma de decisiones, podrá requerirse su exclusión, pero no en mérito de la pérdida de affectio societatis, sino con motivo de sus inconductas. Aportes: Son las contribuciones que cada integrante de la sociedad debe

realizar a fin de constituir el patrimonio social, destinada al desarrollo del objeto social. El aporte debe ser lícito, serio y resultar del contrato social. Más adelante será desarrollado en profundidad en el punto 3.1.3 del presente Módulo. Participación en los beneficios y soportación de las pérdidas: Este punto

tiene que ver con la idea de negocio común. En cuanto a la participación en los beneficios, la LS no habla de lucro, sino de beneficios, un concepto más amplio, que no se limita exclusivamente a una ganancia a repartirse, por más de que la sociedad esté dirigida hacia la consecución del lucro, objeto de toda actividad comercial. Los socios, entonces, gozan de un derecho innegable a la distribución de los beneficios, que no puede ser restringida ni menoscabada, salvo casos excepcionales. De la misma manera sucede con las pérdidas y deberá mantenerse la proporción indicada en el contrato constitutivo, o en su defecto en la medida del aporte realizado. Valga destacar que el art. 13 inc. 1 L.S. sanciona con nulidad aquellas cláusulas que eximan a alguno de los socios a soportar las pérdidas de la sociedad.

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2.3. Contenido del instrumento constitutivo 2.3.1. Análisis del art. 11 Ley General de Sociedades El art. 11 LS establece cuáles son los datos que debe contener el instrumento constitutivo. 1º. Datos personales. Deben consignarse los datos personales

completos de los socios: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento. Ello a los fines de su correcta individualización y control respectivo, referente a inhabilitaciones e inhibiciones que pudieran pesar sobre los integrantes. 2º. Razón social o denominación de la sociedad y su domicilio. El

nombre es un atributivo derivado de su personalidad que permite su individualización. A diferencia de lo que ocurre con el nombre comercial que se adquiere por el uso y respecto del fondo de comercio que se refiere, el nombre de una sociedad comercial es intransferible y sólo procederá su modificación en supuestos que con carácter de excepción así lo justifiquen.

Para complementar lo expuesto, véase como Anexo: Otamendi, J. (Mayo 2015). Requisitos del nombre de una persona jurídica en el Código Civil y Comercial . La Ley, Año LXXIX Nº 83, pág. 1 y

2. Recuperado de: www.laleyonline.com.ar/doc/1338/2015 En relación con el domicilio social, vale aclarar que consiste en la jurisdicción donde residirá la sociedad. El concepto de sede social implica la designación exacta de la calle y número donde la sociedad va a funcionar. Su determinación reviste gran importancia, por cuanto es el domicilio donde se notificará de manera fehaciente a la sociedad a lo largo de su existencia. En la práctica, resulta conveniente la designación del domicilio (jurisdicción) en el texto del instrumento constitutivo y la fijación de sede social mediante acta complementaria, a los fines de que en caso

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de traslado de la sede no sea necesaria una modificación de estatuto o de contrato social sino de una inscripción de la modificación. El CCC, en el art. 152, hace una distinción entre domicilio y sede social, aunque sin definir los conceptos ni efectuar las distinciones del caso.

3º. Objeto social. Está constituido por los actos o categorías de actos que

por el instrumento constitutivo podrá realizar la sociedad para lograr su fin mediante el ejercicio de su actividad comercial . * Los requisitos que debe cumplir son los siguientes: a) Debe ser lícito, como también deben serlo las actividades que se llevan adelante. (arts. 18 y 19 LS); b) Posible, desde el punto de vista fáctico. Si la imposibilidad fuese preexistente y absoluta, entonces la sociedad será nula; si fuese sobreviniente, deberá disolverse. c) Preciso y determinado, debiendo ser claro y lograr la mayor exactitud posible con las actividades que tengan relación unas con otras, evitando enumeraciones genéricas, que probablemente generen observaciones por parte de los órganos de contralor. De ninguna manera quedan excluidos los objetos múltiples, pero deberán identificarse de manera clara y precisa. Su importancia radica en la legitimación que brinda a los administradores y representantes para actuar, sirviendo también de referencia de garantía para los terceros 4º. Capital social. Está compuesto por los aportes de los socios y debe

respetar cierta relación con el objeto social, adecuándose a la actividad comercial que pretende llevar adelante. Debe ser expresado en moneda argentina. Para las S.A.U., debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo. 5º. Plazo de duración de la sociedad. Debe ser determinado.

Fundamento de ello es que de tal manera se brinda seguridad a los socios, que así conocen la existencia de sus derechos y obligaciones como también lo hace respecto de los acreedores particulares de los socios, en cuanto la sociedad no puede ser prorrogada si no existe la conformidad de estos y permite además la consecución del objeto social, por la permanencia del vínculo societario en el tiempo. Nuestra LS no establece plazos máximos ni mínimos, sólo se exige su determinación.

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Al hablar de plazo, debemos mencionar necesariamente los conceptos de prórroga y reconducción, ambos institutos destinados a evitar la disolución y liquidación de la sociedad por el vencimiento del plazo. La prórroga prolonga el plazo de vencimiento, pero tal decisión (adoptada por las mayorías pertinentes) deber tener lugar antes del vencimiento. Hablamos de reconducción cuando ha expirado el plazo, pero se decide la continuación. 6º. La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios. Estos elementos son de gestión y organización

para el funcionamiento del ente. 7°. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En

caso de silencio, será en proporción a los aportes. Recuerda que el art. 13 inc. 1 LS sanciona con nulidad aquellas cláusulas que eximan a alguno de los socios a soportar las pérdidas de la sociedad. 8°. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Es otro elemento que tiene relación con la organización del

ente. 9°. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Estas previsiones deben respetar lo dispuesto por los

arts. 94 a 112 LS.

2.4. Forma, publicidad y registración 2.4.1. Forma del instrumento constitutivo En cuanto a la forma del acto constitutivo, la LS en su art. 4 dispone que el contrato constitutivo y sus modificaciones debe ser otorgado a través de instrumento público o privado. En este último caso, el instrumento debe cumplimentar, además, con lo dispuesto por el art. 5 segundo párrafo LS que establece la necesidad de que las firmas sean ratificadas por los otorgantes o autenticadas por escribano público o funcionario competente. Los socios podrán optar por uno u otro instrumento, a excepción de las sociedades por acciones y la sociedad anónima unipersonal, que deberán

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hacerlo a través de un instrumento público como lo impone expresamente la ley en el art. 165 LS.

2.4.2. La publicidad edictal En cuanto a la publicidad por edictos, la ley de sociedades en su art. 10 dispone para los procesos constitutivos y modificatorios de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas la necesidad de publicar un día en el Boletín Oficial un edicto que debe contener los siguientes requisitos: a) En oportunidad de su constitución:

1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad de los socios; 2. Fecha del instrumento de constitución; 3. La razón social o denominación de la sociedad; 4. Domicilio de la sociedad; 5. Objeto social; 6. Plazo de duración; 7. Capital social; 8. Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, duración en los cargos; 9. Organización de la representación legal; 10. Fecha de cierre del ejercicio; b) En oportunidad de la modificación del contrato o disolución:

1. Fecha de la resolución de la sociedad que aprobó la modificación del contrato o su disolución; 2. Cuando la modificación afecte los puntos enumerados de los incisos 3 a 10 del apartado a), la publicación deberá determinarlo en la forma allí establecida.6 La finalidad de esta disposición es la publicidad erga omnes del contenido del instrumento cuya inscripción se pretende. A continuación, podemos ver, a modo de ejemplo, un edicto de constitución publicado en el Boletín Oficial.

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Ley General de Sociedades Nº 19.550. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 25 de abril de 1972. Inspección de Personas Jurídicas.

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GABEL S.R.L. Constitución de Sociedad 1) Contrato constitutivo de fecha: 28/04/2015 con firmas certificadas notarialmente el 08/05/2015 2) Socios:a) Gastón Carballo, D.N.I.: 28.429.540, de 34 años de edad, casado, Argentino, de Profesión Técnico Superior de Turismo y Hotelería, yb) María Belén García Moreno, D.N.I.: 28.426.369, de 34 años de edad, casada, Argentina, de Profesión Ama de Casa, ambos con domicilio en calle Tafi 1287, Ciudad de Córdoba. 3) Denominación de la Sociedad: GABEL S.R.L. 4) Domicilio y Sede Social de la Sociedad: Tafi 1287, Ciudad de Córdoba. 5) Objeto Social: AGENCIA DE VIAJES, consistente en realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, dentro y fuera del país las siguientes actividades: reserva, compra y venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales e internacionales, organización, promoción, contratación y realización de viajes y de todo tipo de servicios turísticos, personales o grupales, mediante la organización de tours tanto dentro como fuera del país, y hacia y desde el extranjero, organizando ferias, congresos y eventos similares, traslados, visitas guiadas y excursiones propias o de terceros, reservas en hoteles, hospedajes y alojamientos dentro o fuera del país; reserva y venta de entradas a espectáculos en general; representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos de hoteles, compañías de transporte, restaurantes y todo otro ente u organización relacionada en forma directa o indirecta con el turismo y sus actividades conexas, en el país y en el exterior; y toda otra actividad relacionada con el objeto principal. 6) Plazo de duración de la Sociedad: 99 años desde la fecha de inscripción en el Reg. Pub. De Comer. 7) Capital Social:

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$30.000 8) Administración, Representación y uso de la firma social: estará a cargo de un gerente titular con mandato por el tiempo de duración de la Sociedad. La Reunión de Socios podrá designar también, un gerente suplente a los fines de llenar las vacantes que se produjeran por falta, ausencia o imposibilidad de ejercicio del gerente titular, con el mismo tiempo de duración en el cargo. 9) Gerente Titular: Gastón Carballo, D.N.I. 28.429.540, Gerente Suplente: María Belén García Moreno, D.N.I. 28.426.369 10) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Of: 14/ 05/15 Juzgado de 1° inst.y 33° Nominacion, con y soc N°6. Expte. 2715551/36. María Vanesa Nasif – Prosecretaria Letrada. N° 9175 - $ 624,52

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2.4.3. La inscripción en el Registro General de Sociedades. Efectos. El art. 5 LS establece que tanto el acto constitutivo, modificación y el reglamento -en caso que exista-, deben ser inscriptos en el Registro Público que corresponda al domicilio social así como en el Registro respectivo al asiento de cada sucursal. Además, el tercer párrafo del artículo 5 LS ha incorporado con motivo de la reforma de la Ley Nº 26.994 un agregado que impone el deber de la sociedad de hacer constar en la documentación que emane de ellas la dirección de la sede, así como también los datos que identifique la inscripción de la sociedad en el Registro. Tal como lo dispone el art. 6 LS, dentro de los 20 días del acto constitutivo debe presentarse al Registro Público para su inscripción o, en su caso, autoridad de contralor.

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www.cba.gob.ar

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Se otorga un plazo de 30 días adicionales para completar el trámite, cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. A su vez, la ley establece que la inscripción solicitada tardíamente o vencido el plazo complementario se dispondrá si no media oposición de parte interesada. Las personas autorizadas para la inscripción de los instrumentos en el caso que no se hubiesen designado mandatarios especiales son los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo. En su defecto, cualquier socio puede instarla a expensas de la sociedad. El efecto de la inscripción es el de considerar a la sociedad regularmente constituida (art. 7 LS). Una vez ordenada la inscripción, en los Registros se forma un legajo para cada sociedad cuya consulta es pública (art. 9 LS).

La inscripción en el Registro Público se fundamenta en la protección de las relaciones comerciales, ya que es de interés de los participantes y contratantes conocer las distintas circunstancias que refieren a la sociedad, los socios y su participación, sede social, objeto social, administrador y todo otro aspecto que resulte relevante de la documentación social.

2.4.4. Modificaciones del contrato constitutivo. Régimen Conforme lo dispuesto por el art. 5 LS., las modificaciones del instrumento constitutivo deben respetar las mismas exigencias legales que al momento de la constitución.

2.5. El registro General de Sociedades 2.5.1. Funciones registrales y de fiscalización Es oportuno hacer mención a que el Registro Público, anteriormente denominado “Registro Público de Comercio”, ha sido otro de los g randes puntos de reforma de la Ley Nº 26.994, aunque deben precisarse

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legislativamente las condiciones de funcionamiento y organización del mismo. El Registro Mercantil es un instrumento de publicidad legal de forma que los hechos y actos inscriptos en él se supone que son conocidos por todos y, contrariamente, los hechos y actos que deben ser inscriptos, pero cuya inscripción se omite, se consideran que son desconocidos por terceros salvo en algunas excepciones donde tal régimen de conocimiento puede ser suplido por un acceso directo a la información, por parte de los interesados (Vítolo, 2015, p. 83).

Ahora bien, en materia del control y la fiscalización, la Ley Nº 26.994 ha introducido reformas radicales. En primer lugar, elimina el control de legalidad por parte del registrador contenido en el antiguo art. 6 de la Ley de Sociedades Comerciales, que disponía: Facultades del Juez. Toma de razón. ARTICULO 6º — El Juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. En su caso dispondrá la toma de razón y la previa publicación que corresponda 8.

El control que antes imponía la norma respecto de la documentación a inscribir en el Registro implicaba amplias facultades de examen y verificación. Por lo tanto, eliminado el control del artículo citado, la reforma hace presumir que estamos frente a un nuevo sistema de registración automática que convierte al Registro Público en un receptor de documentos, donde los efectos de la toma de razón quedan limitados a la publicidad (Vítolo, 2015). Seguramente, la práctica societaria y las decisiones legislativas posteriores nos brindarán claridad y precisiones al respecto.

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Art. 6º. Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 25 de a bril de 1972. Inspección de Personas Jurídicas.

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3. La estructura de la sociedad 3.1. Los socios Quienes integran una determinada sociedad, son denominados socios. Si bien los distintos tipos sociales imponen algunas características particulares a los socios, existen rasgos comunes a todas ellas.

3.1.1. Definición y relaciones con la sociedad El carácter de socio conlleva la asunción de determinadas actuaciones frente a la sociedad que integra y frente a sus consocios, ya que tal estado implica derechos y obligaciones de distinta índole, tendientes a posibilitar el cumplimiento de los fines de la sociedad. Es de destacar que el estado de socio no es idéntico para todos los tipos societarios, sino que deberá tenerse en cuenta el tipo de sociedad de la que forma parte. En efecto, si estamos frente a una sociedad de interés o de personas (sociedad colectiva, de capital e industria y en comandita simple) y en algunos casos en las sociedades de responsabilidad limitada, el vínculo personal es muy fuerte entre el socio y la sociedad. Esto no ocurre con las sociedades de capital, la sociedad anónima, que pone el acento más en la inversión de capital que en las características personales de los aportantes.

3.1.2. Derechos Una vez que el estado de socio ha sido adquirido, los derechos y obligaciones que conlleva dicho estatus resultan independientes de su voluntad, ya que se encuentran determinados por la ley, el estatuto de la persona jurídica, así como de las particularidades de la propia relación (Richard y Muiño, 2004). Los derechos en general son los mismos para todos los tipos sociales. Pueden ser clasificados en dos grandes grupos:

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1) Políticos: están relacionados con la actuación del socio en la sociedad. El derecho a voto, el derecho a la información, ejercer el derecho de receso, entre otros. 2) Económicos: son los derechos que tienen que ver con el fin de lucro. El derecho primordial es el de obtener el dividendo. También el derecho a obtener la cuota de liquidación.

3.1.3. Aportes: Bienes aportables, forma y determinación; valuación y mora. Supuestos legales Respecto de las obligaciones de los socios, la primera consiste en el deber de cumplir con los aportes prometidos, lo que reviste un carácter esencial, ya que sin dicho aporte no existirá capital para llevar adelante el objeto social. En principio, todas las cosas y derechos pueden ser aportados con la salvedad del tipo social de que se trate. En las sociedades en las cuales los socios responden por las obligaciones sociales solidaria e ilimitadamente, la ley es más flexible y admite que los aportes consistan en obligaciones de dar o de hacer. En cambio, en las sociedades en las que la responsabilidad de los socios se limita al aporte efectuado, lógicamente se exige que consistan en obligaciones de dar susceptibles de ejecución forzada.

En relación con la forma de integración de los aportes y las exigencias legales, véase Nissen, R. (2006) Curso de Derecho Societario (p. 105 a 113) y los arts. 38 a 50 LS. La valuación del aporte en especie debe ajustarse a las previsiones del art. 51 LS. Seguidamente, el art. 52 LS contempla la posibilidad de impugnar dicha valuación. En relación con la mora en el aporte, si el socio incumpliera con este deber impuesto por el art. 37 LS, incurrirá en mora por el mero vencimiento del plazo y deberá resarcir los daños e intereses correspondientes a la sociedad. La situación se agrava en las sociedades personalistas, ya que además de los mencionado, se procederá a la exclusión del socio moroso, sin necesidad

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(para este supuesto concreto) de la promoción de las acciones judiciales pertinentes. En las sociedades anónimas, además se suspende automáticamente el ejercicio de los derechos propios de las acciones morosas, pudiendo establecerse en el estatuto sanciones tales como: a) que los derechos de suscripción sean vendidos en remate público; b) la caducidad de los derechos que otorgan las acciones en mora. Otra obligación inherente a la calidad de socio consiste en adecuar su conducta y sus intereses personales al interés social, así como a las necesidades de la sociedad. Tiene relación con lo desarrollado atinente a la affectio societatis. El deber de lealtad se impone a lo largo del articulado, debiendo abstenerse de votar cuando sus intereses personales pudieran colisionar con los sociales (art. 248 LS), no utilizar la estructura societaria para fines extrasocietarios ni para defraudar a terceros (art. 54 LS).

Para mayor desarrollo del tema, véase Nissen, R. (2006). Curso de Derecho Societario (pág. 104 a 112).

3.1.4. La responsabilidad frente a terceros En los tipos sociales en los que se limita la responsabilidad, los acreedores de la sociedad no podrán atacar el patrimonio personal de los socios, así como los acreedores de los socios no pueden agredir el patrimonio social, sólo en relación sobre las participaciones sociales. En cambio, en las sociedades en las cuales no existe tal limitación, los acreedores sociales pueden perseguir el cobro de sus créditos sobre el patrimonio de los socios, ya que estos tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las deudas sociales. Cabe aclarar que los acreedores particulares de los socios no pueden agredir el patrimonio social para perseguir el cobro de sus acreencias. Los socios son garantes subsidiarios porque gozan del beneficio de excusión contenido en el art 56 LS, que establece la previsión de que previo a la ejecución del patrimonio particular del socio deba atacar el patrimonio de la sociedad.

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Además, los acreedores del socio no pueden hacer vender las partes de interés y sólo podrán cobrar su deuda sobre las utilidades y la cuota de liquidación que le correspondiese al socio deudor. En relación con las cuotas y acciones, pueden ejecutarse mediante la venta forzada para el cobro de las acreencias, aunque también cobrar sobre las utilidades y cuota de liquidación.

3.1.5. Socio oculto, socio del socio y socio aparente En la práctica societaria se presentan situaciones en las cuales se advierte que el verdadero socio decide no figurar en el contrato constitutivo o esconderse detrás de un presta nombre, logrando así separar su patrimonio en distintas sociedades comerciales de las cuales él no forma parte. Es el caso del socio aparente, tratado por la LS en su art. 34. Al respecto, debemos tener en cuenta dos puntos de vista: el primero, en la relación de este socio ficticio con los demás socios; y el segundo, en su relación con terceros. Analizando el primer caso, vemos que la LS prohíbe al presta nombre invocar su aparente carácter de socio frente a la sociedad y sus integrantes, no pudiendo en consecuencia ejercer ningún derecho inherente a la calidad de tal. Frente a los terceros, deberá cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, no pudiendo eludirlas mediante la invocación de calidad de socio aparente, manteniendo, sin embargo, las acciones pertinentes contra los socios para ser indemnizado de los gastos que eventualmente deba afrontar. Las disposiciones de la ley de sociedades para socio aparente son comprensivas de la situación en la cual un sujeto permite la utilización de su nombre y también la que tolera su empleo sin poner fin a esa situación, vale decir que se podrá incurrir en la situación prevista en el art. 34, sea por acción o por omisión. El socio oculto es aquella persona que no figura en el contrato social como integrante de la sociedad y que niega ante terceros su condición de tal, pero de manera directa o indirecta (a través de un presta nombre) y goza de los beneficios de la calidad de socio. En este caso, la LS sanciona tal comportamiento fuertemente, debiendo responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones

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sociales, pudiendo incluso extendérsele la quiebra de la sociedad a la cual niega o esconde su participación. La figura de socio del socio también está prevista en la LS en el art. 35. No se prohíbe a quien reviste la calidad de socio dar participaciones a terceros, pero se deja aclarado expresamente que estos carecerán de todo derecho, tanto patrimonial o político, inherente a la calidad de socio. Es por ello que de ninguna manera el socio del socio podrá requerir el amparo de los mismos a la sociedad. Es importante tener siempre presente que el socio del socio no es socio de la sociedad, sino exclusivamente del socio que les otorgó la participación, siendo un socio gestor de este último frente a la sociedad, rigiendo entre ellos una relación que sigue las normas propias de la sociedad accidental o en participación. El socio del socio además deberá rendir cuentas, ya que su participación en la sociedad tiene en miras el interés del socio que le otorgó la participación.

3.2. Los órganos sociales 3.2.1. La teoría del órgano El carácter de sujeto de derecho que el art. 2 LS otorga a las sociedades requiere para su obrar frente a terceros que deba hacerlo por intermedio de las personas físicas que han sido designadas para tal cometido. La ley de sociedades acoge la teoría del órgano para explicar la naturaleza jurídica de la relación entre la sociedad y sus administradores. En virtud de ella, los administradores son funcionarios de la sociedad, con lo cual cuando ellos en su calidad de personas físicas intervienen, se entiende que es la sociedad misma la que actúa frente a los terceros.

3.2.2. El órgano de gobierno: Definición, funciones y responsabilidad El órgano de gobierno está constituido por el conjunto de socios y constituye el seno en el cual se adoptarán las decisiones sociales. Funciona conforme un régimen de quórum y mayorías que deberá ser regulado en el instrumento constitutivo conforme el principio de autonomía de la voluntad para las decisiones ordinarias.

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Hay casos en los cuales las resoluciones que se adopten pueden considerarse trascendentes para la vida del ente, por lo que la ley exige mayorías agravadas para tomar dicha medida, como por ejemplo, el traslado de la jurisdicción de la sociedad, un aumento de capital, la transformación o fusión, entre otros. De dichas reuniones se deberán labrar actas que se llevan en un libro especial, conforme lo establece el art. 73 LS para las actas de deliberaciones de los órganos colegiados, cualquiera sea el tipo social.

3.2.3. El órgano de administración: Definición. Nombramiento e inscripción. Funciones. Responsabilidad En el ámbito societario, debemos distinguir la administración de la representación. Es en el ámbito de las sociedades anónimas donde puede advertirse con mayor claridad esta diferencia: el directorio será el órgano de administración, pero si se trata de una organización en forma colegiada, la representación de la sociedad la tiene el presidente. Sólo él obliga a la sociedad frente a terceros, excluyendo la posibilidad de que lo haga cualquier otro miembro integrante. La administración pertenece a la gestión interna de los negocios del ente. Pueden organizarse en forma singular, con lo cual la administración y representación recaen en la misma persona. Otro modo es en forma plural, por lo que ambas funciones pueden estar en manos de todos los administradores (administración plural indistinta) o requerir conforme se lo haya establecido en el instrumento constitutivo la necesaria intervención de dos o más administradores (administración plural conjunta). También puede establecerse la forma colegiada. El nombramiento de los administradores está a cargo, en principio, del órgano de gobierno de la sociedad, conforme la mayoría simple, y debe inscribirse en el Registro Público, según lo dispuesto por el art. 60 de la LS, cumpliendo dicha inscripción efectos declarativos. Esto significa que si bien el administrador reviste tal carácter desde su designación, es a partir de la registración pertinente que asume la

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representación de la sociedad y la obliga por todos los actos celebrados en nombre de ella. La registración es esencial a los fines de la oponibilidad frente a terceros. En consecuencia, si un administrador ha sido desvinculado y tal situación no ha sido debidamente inscripta, continuará obligando a la sociedad con los riesgos que tal negligencia (la falta de inscripción de la desvinculación) implica sin perjuicio de la responsabilidad de tal administrador frente al ente. El objeto de la inscripción por ante el Registro Público tiene en miras la protección de los derechos de los terceros que contratan con la sociedad. La carga de la inscripción no corresponde sólo a la sociedad, sino que también corresponde o puede ser llevada adelante por quienes revistieron el carácter de administradores y pretenden con ello hacer pública su desvinculación, a los fines de evitar cualquier tipo de responsabilidad. Para estos supuestos, los interesados deberán acompañar la documentación pertinente que acredite la desvinculación pretendida de manera fehaciente. Adentrándonos en materia de responsabilidad de los administradores, el art. 59 LS nos brinda los principios generales, señalando el estándar de conducta que los administradores y representantes de la sociedad deben llevar adelante, quienes deben desempeñar la tarea con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. El deber de lealtad, como ya hemos visto, es propio de la calidad de socio e implica actuar con honestidad, postergando su interés personal cuando pueda perjudicar el interés social. La diligencia tiene en miras la idoneidad y la eficiencia en el desempeño de las funciones asignadas, o sea, contar con competencia suficiente y aptitud profesional para llevar adelante los negocios que se le han confiado. Si no cumpliesen con tales requisitos, la LS prevé que respondan de manera solidaria e ilimitada por los daños y perjuicios que ocasionaren a la sociedad, sea por acción u omisión. Analizaremos más adelante estas cuestiones, sin embargo, debemos tener siempre presente que, al ser custodios de bienes ajenos, los administradores están obligados a: a) conservar los bienes de la sociedad, manteniéndolos en el patrimonio social, justificando debidamente toda enajenación; b) afectar los bienes de cambio al giro ordinario de la empresa, teniendo presente el objeto social;

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c) evitar el agravamiento de la responsabilidad patrimonial de la sociedad; d) respetar las normas de funcionamiento interno de la sociedad y los derechos de sus integrantes; e) y promover las acciones judiciales para evitar que los órganos sociales adopten resoluciones que pudieran afectar a la sociedad.

Siguiendo lo dispuesto en el art. 274 LS, los administradores deberán responder por el mal desempeño de su cargo, por la violación de la ley, los estatutos o los reglamentos, así como se harán responsables también por cualquier otro daño que haya sido producido por dolo, por abuso de facultades o culpa grave. Esta última referencia no autoriza a sostener que pueda excluirse la responsabilidad por culpa leve y deberá estarse al análisis del caso concreto, ya que se trata de un parámetro para la apreciación judicial de la actuación del administrador, atento la LS tiene presente que la función que cumple supone la aceptación permanente de los riesgos que implica la actividad empresaria. Es por ello que deberemos analizar cada caso concreto, teniendo en cuenta distintos factores como, por ejemplo, la dimensión de la empresa, el objeto de la sociedad, las funciones genéricas y específicas que lleva adelante, las circunstancias en que debió tomar la decisión, entre otras.

3.2.4. El órgano de representación. Definición. Nombramiento e inscripción. Funciones. Responsabilidad. La teoría de la apariencia La representación pertenece a la faz externa del ente y es la facultad de actuar frente a terceros. ¿Cómo puede un tercero conocer el ámbito de actuaciones de un administrador? Para tal cuestión, viene en nuestro auxilio la teoría de la apariencia. El art. 58 LS dispone que el administrador o representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

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Entonces, el objeto social en principio marca el límite de actuación del representante, de lo que deriva la importancia de su precisión al momento de constitución de la sociedad. El representante conoce el límite de sus facultades cuando contrata con un tercero, mientras que el tercero no tiene certeza absoluta ni conoce las estipulaciones contractuales. Por lo tanto, y en protección de las relaciones comerciales, la sociedad queda obligada por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, lo que resulta una cuestión de hecho debiendo estar al caso concreto y en caso de duda la sociedad quedará obligada sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el abuso de facultades. El tercero que contrata tiene derecho a presumir que se han cumplido todas las regulaciones internas y que los actos del administrador o representante gozan de una presunción de legitimidad. La existencia y los alcances de la actuación con relación a terceros de buena fe deben ser juzgados sobre la base de la manifestación externa, de manera tal que dicha configuración produzca convicción respecto de su regularidad y realidad.

3.2.5. El órgano de fiscalización. Definición, funciones y responsabilidad El órgano de fiscalización es aquel cuya función es justamente controlar, fiscalizar la gestión de la sociedad en general, participar en determinados actos, presentar informes y todas aquellas competencias establecidas en la ley. Puede representarse por medio del consejo de vigilancia (art. 280 LS) o la sindicatura (art. 284 LS). El órgano de fiscalización no es exigido para todos los tipos sociales. En las SRL, en principio se encuentra a cargo de cualquiera de los socios (art. 55 LS). En los casos del art. 158 LS, es decir, cuando el capital social alcanza el importe fijado por el art 299 inc. 2º LS, el control interno es obligatorio. En los casos de las sociedades anónimas, tal como lo establece el art. 284 in fine LS, las que no se encuentren en los supuestos del art. 299 pueden prescindir de la sindicatura cuando así se prevea en el estatuto.

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Además de la fiscalización interna, para las sociedades anónimas del art. 299 LS, la ley prevé una fiscalización estatal externa que en los casos de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones (art. 299 inc1º LS) es de carácter permanente, no así para el resto.

3.3. El capital social 3.3.1. Definición y función El capital social es uno de los elementos esenciales de las sociedades comerciales y cumple fundamentalmente las siguientes funciones: a) De productividad. Una función netamente económica, por medio de la cual el capital sirve como un fondo patrimonial empleado para la obtención de un determinado beneficio, a través de la realización de una actividad comercial. b) Determina la posición del socio. A través de un cálculo matemático podemos medir su participación. En las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, puede medir su responsabilidad. c) Garantía de los acreedores de la sociedad. Es la función de mayor relevancia, ya que es la forma en que se compensa la exoneración de responsabilidad de la que gozan los patrimonios personales de los integrantes de la sociedad.

3.3.2. Relación con el patrimonio neto y el valor real de la participación societaria El capital social es un número permanente en la contabilidad, invariable (salvo los casos de aumento o reducción), que permite dar a conocer a los terceros cuál es la cifra con la que la sociedad responderá por las obligaciones contraídas. En cambio, el patrimonio social es fluctuante y variable con relación al giro y la suerte de los negocios conforme el desarrollo de la actividad comercial. El patrimonio neto está conformado por la diferencia entre el activo de la sociedad deducido su pasivo.

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3.3.3. Suscripción e integración El capital suscripto está representado por la totalidad de los aportes que los socios se han comprometido a efectuar. La ley exige que se suscriba el 100% del capital al momento de la constitución de la sociedad. La integración del capital es el aporte efectivo del capital suscripto. En el caso de las S.A.U., el art. 11 inc 4º LS exige que la integración del capital al momento del acto constitutivo sea del 100%. Para las SRL, el art. 149 LS establece que los aportes en dinero se deben integrar en un 25% como mínimo y completarse en el plazo de dos años.

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4. Nulidades y control societario 4.1. Nulidades La Ley General de Sociedades, en virtud de sus particularidades, contiene disposiciones específicas en el tema de nulidad, que se regulan en diferentes normad del articulado.

4.1.1. Régimen general Las características particulares del régimen de sociedades hacen que la normativa respecto de las nulidades contenida en el Código Civil y Comercial para los actos jurídicos sea poco adaptable. A modo de ejemplo, si pensamos en un vicio que pudiere adolecer la voluntad de uno de los socios y afectare la existencia de la sociedad. Eso, en principio, no podría suceder, porque de ser así afectaría los derechos de los terceros de buena fe que se vincularon de alguna manera con la sociedad, atentando de esa forma contra la seguridad jurídica y la estabilidad de las operaciones comerciales. En la materia específica societaria, las normas que regulan el régimen de nulidades se encuentran dispersas a lo largo de todo el articulado.

4.1.2. Atipicidad El concepto de atipicidad, entendido como el apartamiento de los parámetros establecidos por la ley para la constitución de una sociedad conforme uno de los tipos previstos (tipicidad), según lo dispone el art. 17 LS modificado por la ley 26.994, ha eliminado la nulidad a las sociedades que hayan incurrido en la omisión de requisitos esenciales tipificantes o por contener elementos incompatibles con el tipo legal escogido. En estos casos, la sanción gravísima de nulidad ha sido sustituida por la no producción de los efectos del tipo y por imponer para su funcionamiento el régimen dispuesto en la sección IV de la LS. Para esclarecer el concepto de atipicidad, podemos brindar algunos ejemplos: 

Una sociedad que se haya constituido bajo un régimen que sea admitido en la legislación de otro país.

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





Una sociedad de responsabilidad limitada que establezca como órgano de administración al Directorio. Una sociedad anónima que pretenda representar su capital en cuotas sociales. Una sociedad en comandita simple que no distinga a las dos clases de socios comanditados y comanditarios que la caracterizan.

4.1.3. Sociedad de objeto ilícito En relación con las sociedades de objeto ilícito, el art. 18 LS impone la nulidad absoluta de la sociedad, debiendo proceder a su liquidación. Una sociedad que tenga por objeto la comercialización de estupefacientes encuadraría en este supuesto. La responsabilidad dispuesta para el caso para socios y administradores es solidaria e ilimitada por el pasivo social y los perjuicios ocasionados.

4.1.4. Sociedad de objeto ilícito con actividad ilícita Las sociedades de objeto lícito y actividad ilícita (art. 19 LS) también deben ser disueltas y liquidadas, pero a diferencia de la sociedad de objeto ilícito, los socios que acreditan su buena fe quedan excluidos de la responsabilidad ilimitada y solidaria por el pasivo social y por los perjuicios causados, pudiendo recuperar sus aportes luego de la realización del activo y la cancelación del pasivo. Consideraremos que existe actividad ilícita si existe una reiteración de actos o revisten determinada importancia, no encuadrando en este supuesto el acto ilícito aislado, que generará responsabilidades exclusivamente para su autor.

4.1.5. Objeto prohibido en función del tipo social El art. 20 de la LS trata las sociedades de objeto prohibido. Se trata de sociedades cuyo objeto social se encuentre prohibido en razón del tipo societario elegido. Nuestra legislación establece determinados tipos, exigencia y controles para actividades como la financiera, bancaria, aseguradoras, con lo cual una sociedad creada para operar como “mesa de dinero” cae en el caso del objeto prohibi do. Estas sociedades son nulas de nulidad absoluta y les son aplicables las disposiciones del art. 18 LS, con

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excepción de lo referente al remanente de la liquidación que se rige conforme la sección XIII de la LGS.

4.2. Participación y vinculación entre sociedades La vinculación entre las sociedades surge de la realidad y la práctica que impone una economía globalizada y fluctuante que lleva a los operadores mercantiles a aunarse y relacionarse para potenciar sus negocios y beneficios. La participación entre sociedades se encuentra contemplada en los arts. 31 y 32 LS, los cuales establecen las condiciones y limitaciones de la misma. Las sociedades vinculadas se definen en el art. 33 LS, como los casos en los que una sociedad participe en más del 10% del capital de la otra.

4.2.1. Control interno y externo. Definición, características y consecuencias. Derechos de los accionistas. El daño Podemos definir al control como la posibilidad de que una determinada sociedad pueda adoptar o hacer adoptar una decisión. El art. 33 LS establece los casos en que una sociedad se denomina controlada. El inc. 1º define lo que denominamos control interno y refiere a la posibilidad de obtener los votos suficientes que le permitan la mayoría en las reuniones sociales o asambleas para imponer su voluntad. Mientras tanto, el inc. 2º refiere al control externo, que deriva de una posición dominante de una sociedad respecto de la controlada, que se encuentra en un estado de subordinación económica. El control en sí no configura un ilícito, pero en los casos en los cuales se genera un daño al patrimonio del ente, afectando al interés social, y como consecuencia se genera el derecho a la reparación del mismo. Es una acción de responsabilidad civil por daño y la responsabilidad recae sobre los administradores que hayan participado cuando se configuren los

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presupuestos de responsabilidad civil: antijuridicidad, factor de atribución, la relación de causalidad y, por supuesto, el daño.

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5. Las sociedades bajo el régimen de la sección IV de la Ley General de Sociedades 5.1. Sociedades incluidas La incorporación a la LS de esta sección, que contiene un régimen para “las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo II y otros supuestos”, es otro de los grandes puntos de reforma de la Ley Nº 26.994. Como punto de partida, la ley establece en el art. 21 LS que las sociedades incluidas en este régimen son aquellas que no se constituyan con sujeción a los tipos del Capítulo II, las que omitan requisitos esenciales o que no cumplan con las formalidades exigidas por la ley. Este capítulo contiene a: a) Las sociedades que no se constituyan conforme los tipos autorizados por la ley. b) Las sociedades que omitan requisitos esenciales (tipificantes o no). Con esta inclusión se relativiza el principio de tipicidad.

c)

Las sociedades que no cumplan con las formalidades que la ley exige.

5.2. Régimen aplicable El régimen que se aplica a las sociedades incluidas en la sección IV es aplicable a todas las sociedades incluidas. En primer término, al eliminar la ley la sanción de anulabilidad, hace que estas sociedades sean plenamente válidas Además, las cláusulas del contrato social o estatuto que los socios hayan previsto son plenamente oponibles entre ellos (art. 22 LS).

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La existencia de la sociedad, conforme lo determina la ley, se puede acreditar por cualquier medio de prueba lo que otorga a quien afirme la existencia una amplia variedad de posibilidades probatorias.

Una de las novedades aclamadas respecto a las ya desaparecidas sociedades de hecho es la incorporación de la posibilidad de adquirir bienes registrables, para lo cual debe acreditar ante el Registro Público la existencia de la sociedad y las facultades del representante mediante un acto de reconocimiento de quienes afirman ser socios. El acto deberá instrumentarse en escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas por escribano. Luego, el bien puede inscribirse a nombre de la sociedad, indicándose la proporción en que participan los socios (art. 23 3º párrafo LS).

5.3. Representación, administración y gobierno Las cláusulas que refieren a la representación, administración, organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios. En cuanto a la relación con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato o estatuto. Si se prueba que el tercero hubiese conocido efectivamente cuándo nació la relación jurídica, la disposición del contrato le puede ser opuesta (art. 23 LS).

5.4. Responsabilidad de los socios Los socios responden frente a terceros como obligados mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad se haya pactado, en cuyo caso responderán solidariamente (art. 24 LS).

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Resulta curioso que los socios de sociedades regulados en la sección IV, bajo un tipo no previsto, se encuentran en mejores condiciones de responder patrimonialmente a los acreedores que los socios de una sociedad colectiva.

5.5. Subsanación El art. 25 LS dispone el instituto de la subsanación para el caso de que la sociedad o los socios tengan la intención de corregir la omisión de requisitos o los elementos incompatibles con el tipo elegido, otorgándoles la posibilidad de hacerlo en cualquier tiempo durante el plazo que ha previsto el contrato. En caso de no haber acuerdo unánime entre los socios, puede ser ordenada judicialmente. El socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la resolución judicial en los términos del art. 92 LS. Sin duda alguna, la intención del legislador ha sido otorgar la oportunidad de que las sociedades bajo este régimen continúen funcionando y trabajando con la posibilidad de acogerse a los tipos previstos en la ley sin demasiadas exigencias y con un plazo generoso de tiempo para ello.

5.6. Disolución. Liquidación La segunda parte del art. 25 establece que cualquiera de los socios puede provocar la disolución si no existiera pacto de duración por escrito, mediante una notificación fehaciente a todos los socios. Los efectos se producen de pleno derecho entre los socios a los 90 días de la última notificación. Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deberán abonar a los que se retiren su parte social. Mientras tanto, se estipula que la liquidación se rige por las normas del contrato y lo establecido por la ley.

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5.7. Relación entre los acreedores particulares de los socios y los acreedores de la sociedad El art. 26 LS dispone que las relaciones entre los acreedores de la sociedad y los acreedores particulares de los socios se juzgan como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el capítulo II. Se formula la aclaración de que ello será así aún en caso de quiebra y respecto de los bienes registrables.

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6. Documentación y contabilidad El Código Civil y Comercial en su art. 320 establece: “Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios…” 9. Entonces, siendo las sociedades personas jurídicas privadas, tienen la citada obligación de llevar contabilidad. La importancia de la documentación contable puede resumirse en lo siguiente: 1) Reporta un beneficio para el tráfico mercantil, ya que pone en evidencia la evolución de los negocios y permite la reconstrucción de su patrimonio en un momento determinado. 2) Permite al ente conocer y dar seguimiento a la evolución de sus negocios. 3) Permite el derecho de control e información inherente a la calidad de socio.

6.1. Los libros sociales Los libros societarios son aquellos que deben llevar de manera obligatoria las sociedades, conforme el tipo social que se haya adoptado. En el libro de Actas de Asamblea se plasma el resumen de las manifestaciones vertidas por los socios durante las asambleas, la forma en que se ha votado el orden del día y los resultados de esas votaciones. En el libro de Actas de Directorio se transcriben resumidamente y de manera similar al anterior las manifestaciones y votaciones de las decisiones

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adoptadas en el órgano, cuyo ámbito de actuación es la administración de la sociedad. El libro de Registro de Asistencia a Asambleas de Accionistas registra la manifestación de voluntad de aquellos socios que decidieron participar de la Asamblea de Accionistas, comunicándolo fehacientemente en el término de tres días hábiles anteriores a la fecha estipulada; se deja constancia de sus domicilios, documento de identidad, número de votos con los que cuenta y la identificación de su apoderado si correspondiere. El libro de Registro de Acciones es otro de los libros que deben emplear las sociedades y cuya importancia radica en que el carácter de accionista se adquiere desde la inscripción de la transferencia en el libro.

6.2. Medios mecánicos y electrónicos El art. 61 LS autoriza a prescindir de las formalidades de los libros de comercio y autoriza a llevar otros medios de registración, excepto para los libros inventario y balance. Los medios pueden ser mecánicos, electrónicos y otros que puedan surgir informáticamente y la autorización requiere de la inscripción en el Registro Público, previo dictamen técnico de profesional al efecto.

6.3. Los balances y estados contables 6.3.1. El balance. Activo y pasivo El balance es un documento contable que representa con exactitud la situación económica y financiera de la sociedad al momento de su cierre. Por un lado, indica el activo de la sociedad y por el otro, el pasivo al cual debe sumarse el capital social para determinar en esa compensación si existen o no utilidades (Richard y Muiño, 2009) Generalmente, un balance dispone en el activo la siguiente información: 1) Efectivo (Caja y Bancos) 2) Créditos provenientes de las actividades sociales 3) Bienes de Cambio (materias primas, productos en elaboración y terminados)

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4) Inversiones en títulos de deuda pública 5) Bienes de uso, con sus respectivas amortizaciones 6) Bienes inmateriales y todo otro concepto que deba incluirse en el activo.

En el pasivo se incluye: 1) Deudas, separadas según su naturaleza 2) Previsiones por eventualidades 3) Rentas percibidas por adelantado así como todo otro concepto que amerite figurar en el pasivo.

Tanto el activo como el pasivo se clasifican en corriente y no corriente, según el plazo de vencimiento o realización sea inferior o superior a un año, respectivamente. Ello permite saber con cierta precisión la solvencia de una empresa. Otros rubros que integran el balance son capital social, reservas legales y utilidades de ejercicios anteriores. El art. 63 LS nos brinda mayores precisiones sobre su contenido.

6.3.2. El estado de resultados El estado de resultados complementa al balance e informa sobre los resultados de la actividad, sean positivos o no, lo que permitirá evaluar la distribución de dividendos entre los socios y la remuneración de los administradores. La información que surge de este documento contable es: 1) El producido de las ventas o servicios prestados, agrupados por actividad. 2) Los gastos ordinarios de administración, comercialización y financiación entre otros. 3) Las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio en cuestión. 4) Los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores.

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Se complementa con el estado de evolución del patrimonio neto, donde se incluyen las causas de los cambios acaecidos a lo largo del ejercicio en el patrimonio neto, permitiendo a su vez comparar la evolución de dicho patrimonio en el ejercicio en relación con ejercicios anteriores.

6.3.3. Las notas complementarias y los cuadros anexos Si la información de los balances no fuese suficiente para poner de manifiesto la situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad, podrán prepararse a tales efectos notas complementarias y cuadros anexos, donde por lo general surge información que viene a completar los anteriores estados contables. El art. 65 LS nos brinda precisiones sobre ambos instrumentos contables.

6.3.4. La memoria La memoria del ejercicio forma parte de los estados contables, dando detalle de las operaciones realizadas y a realizarse. Básicamente, informa sobre la situación presente y futura de la sociedad dando las razones del caso. Su importancia radica en la necesaria inclusión de los aspectos indispensables para informar respecto de la situación actual y futura del ente social así como la explicación de los administradores en relación con las variaciones de los estados contables vinculados a los anteriores.

6.4. Dividendos 6.4.1. Definición. Distribución El dividendo “desde el punto de vista contable es el monto resultante de

dividir las utilidades repartibles por el índice de participación que a cada socio le corresponda, contractual o legalmente sobre las mismas ” (Roitman, Aguirre, Chiavassa, 2009, p. 384). Desde el momento en el que se adopta la decisión social por el órgano de gobierno, nace un derecho a favor del socio de percibir la parte que le corresponde.

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En cuanto a su distribución, el art. 68 LS establece que no pueden ser aprobados ni distribuidos si no lo es por ganancias realizadas y líquidas que resulten de un balance aprobado (excepto art. 224 párr. 2º). En caso de violación a lo antes dispuesto, las ganancias son repetibles.

6.5. Reservas legales y facultativas La reserva legal tiende a resguardar a terceros que tengan acreencias contra la sociedad. El art. 70 LS establece que la reserva legal, para las SRL y SA no debe ser menor al 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital social. Las reservas facultativas están previstas en el último párrafo del artículo, instituyendo para su formación los principios de razonabilidad y prudencia en la administración para su formación.

6.6. Confección y aprobación de los documentos contables. Derechos de los socios La presentación de la documentación contable al órgano de gobierno implica una rendición de cuentas de los administradores respecto de su gestión. Por lo tanto, la ley protege a los socios otorgándoles derechos al respecto. El art. 67 LS establece que en la sede social deben quedar copias de la documentación contable a disposición de los socios 15 días antes de ser considerados. Es en virtud de la protección del derecho a la información y anoticiamiento debido y anticipado para el correspondiente estudio y análisis de los instrumentos. Por su parte, el art. 69 LS regula el derecho tanto a la aprobación como a la impugnación de los estados contables así como la adopción de resoluciones de cualquier orden al respecto. Es una disposición de orden público, ya que la ley establece que es irrenunciable.

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7. El cese, la remoción y la intervención del órgano de administración 7.1. Cese y remoción de los administradores La renuncia de los administradores a los cargos que ocupan varía en sus consecuencias según el tipo de sociedad de que se trate. En el caso de las sociedades personalistas, salvo pacto en contrario, el administrador puede renunciar en cualquier momento, aunque será responsable la renuncia si fuese dolosa e intempestiva. En cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, la desvinculación no es automática debido a que debe ser aceptada, no debe ser dolosa ni intempestiva ni afectar el funcionamiento del órgano.

7.1.1. Causales legales y contractuales de remoción El principio general relativo a la remoción de los administradores en sus cargos es la libertad de los socios de elegir a la persona que consideren más idónea para que tenga bajo su responsabilidad la administración del patrimonio social. Por lo tanto, la remoción puede proceder sin invocación de causa, cumpliendo sólo el recaudo de lograr las mayorías necesarias. En las sociedades de interés y teniendo presente lo manifestado, se podrá establecer libremente la necesidad de justa causa para la remoción de los administradores. En las sociedades de responsabilidad limitada, podrá limitarse la libre revocabilidad de los administradores cuando la designación de estos haya sido condición expresa de constitución.

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En las sociedades anónimas, el estatuto no podrá restringirla, la designación será revocable exclusivamente por la asamblea, sin perjuicio de que cualquiera de los accionistas pueda solicitar la remoción con causa de ellos a través del juicio abreviado correspondiente, que deberá tramitarse contra la sociedad y los directores cuya remoción se pretende.

7.2. Intervención judicial 7.2.1. Definición y procedencia La gestión social llevada a cabo por los administradores de manera irregular o deficiente, puede suscitar una serie de conflictos y perjuicios que pongan en peligro el interés social. En dichos casos, se presenta la intervención judicial como una medida cautelar que tiene como fin evitar perjuicios mayores para la sociedad mientras se sustancia la acción de remoción de los cuestionados administradores. La intervención judicial es medida cautelar de la acción de remoción. Así mismo, cabe aclarar que existen otros casos de aplicación de la intervención judicial cuando la administración del ente se encuentra acéfala.

7.2.2. Requisitos y prueba Como requisitos de procedencia, la ley exige: a) Acreditar la condición de socio por parte de quien solicita la medida. b) Demostrar el peligro grave. c) Acreditar el agotamiento de los recursos que brinda la ley o en su caso el contrato social para poner fin al conflicto que motiva la solicitud de la medida. d) La promoción de la acción de remoción del administrador. El art. 115 LS establece cuáles son las clases de medidas de intervención previstas por la ley y las posibilidades tienen que ver con diferentes grados.

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7.2.3. Clases de intervención: Veedor, coadministrador e interventor administrador En primer término, hablamos del veedor, quien tiene la misión de controlar la gestión de los administradores y mantener informado al juez. En un grado intermedio se encuentra el co-administrador o interventor judicial, quien no sustituye al administrador actual, sino que tiene intervención en la administración social, debiendo prestar en algunos casos expreso consentimiento para que la decisión sea adoptada. La medida más extrema y grave es la del administrador judicial, ya que implica el desplazamiento total de los administradores y su reemplazo. Sólo se justifica en aquellos casos en que el patrimonio de la sociedad corre grave riesgo, como por ejemplo, en los casos en que los administradores realizaren maniobras fraudulentas que perjudicaren sustancialmente a la sociedad. El interventor deberá desempeñar sus funciones de manera personal, no pudiendo delegarlas, cumplimentando de esa manera con las disposiciones de la providencia que lo designe. Su conducta se rige por lo dispuesto en los artículos 59, 271 a 273 LS, relativos a las responsabilidades de los administradores. Hemos referido anteriormente que se trata de una operatoria cautelar, por lo que deben configurarse todos los supuestos de los códigos de rito, en especial, la prestación de contracautela suficiente, ante la eventualidad de que su solicitud fuese infundada y se debiesen reparar eventuales daños y perjuicios a la sociedad.

7.2.4. Recursos en contra de su adopción Conforme lo determina el art. 117 LS, la decisión judicial que dispone la intervención judicial puede ser apelada al sólo efecto devolutivo, por lo que no suspende el despacho de la medida cautelar hasta que se pronuncie el tribunal de alzada.

7.2.5. El instituto de la intervención en los Códigos procesales El instituto de la intervención judicial ha sido contemplado en algunos Códigos procesales con diferentes matices.

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Así, al respecto, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CPCCN) en la Sección cuarta regula la figura en estudio. El art. 222 CPCCN dispone que además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, se pueden disponer las figuras contempladas en dicho cuerpo legal. Así, encontramos, por un lado, al interventor recaudador, respecto del cual el art. 223 CPCCN establece que a pedido de acreedor y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, podrá designarse y su función se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. También contiene a la figura del interventor informante en el art. 224 CPCCN, para que dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Cabe aclarar que la intervención judicial para las sociedades comerciales, sea cual fuere el código de procedimiento aplicable en la jurisdicción, siempre va a estar sujeta a los requisitos de procedencia establecidos en la Ley Nº 19.550. Por otra parte, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba (en adelante, CPCCC) en la sección 3º arts. 475 a 480 regula también el instituto de la intervención judicial. Así, en el art. 476 prevé la figura del interventor recaudador, de similares características que la figura en el CPCCN. El interventor informante se encuentra previsto en el art. 477 CPCCC.

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8. Reorganización societaria. Disolución y liquidación La reestructuración de las sociedades es un fenómeno que se presenta frecuentemente como consecuencia de la globalización y la dinámica de los negocios a nivel general.

8.1. Transformación 8.1.1. Definición y requisitos La transformación consiste en la adopción por parte de la sociedad de un tipo distinto al adoptado originariamente, debiendo someterse al régimen de la nueva forma societaria adoptada, liberándose de las disposiciones que regían el tipo anterior. Con la transformación no se produce la disolución de la sociedad transformada, sino que supone la continuación de dicho organismo pero con modificaciones en su forma. Estamos frente al mismo sujeto jurídico que abandona una forma vieja, para asumir una nueva, manteniéndose las relaciones jurídicas preexistentes en el mismo estado en que se hallaban con anterioridad a la transformación. Los requisitos que deben cumplimentarse a los fines de la reorganización bajo análisis consisten en: 1) El acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario. 2) Balance específico de transformación, cuya fecha deberá ser anterior al acuerdo que los socios que resuelvan la transformación, deberá cerrarse en una fecha que no exceda de un mes del acuerdo y puesto a disposición de los socios con no menos de quince días de antelación al acuerdo de transformación. 3) Otorgamiento del acto que instrumente la transformación, que debe hacerse a través de los órganos competentes de la sociedad que se transforma y la concurrencia de los nuevos otorgantes, dejando

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expresa constancia de los socios que se retiran, capital que estos representan y cumplimiento de las formalidades del nuevo tipo societario; de esa manera, todo el proceso queda debidamente documentado, ya que el acuerdo de transformación modifica el originario contrato social. 4) Cumplir con las publicaciones de edictos pertinentes a los fines de la publicidad del acto. 5) Inscripción del mismo en el Registro Público.

8.1.2. El derecho de receso y de preferencia Dado que la transformación importa una modificación en el contrato social originario, los socios tienen el derecho de receso propio de su calidad. Decidido el ejercicio de este derecho, debemos recordar que procederá solamente para aquellos socios que hayan votado en contra de la transformación y aquellos que se encontraban ausentes al momento de su tratamiento, debiendo ejercerse dentro de los quince días de adoptado el acuerdo de transformación. Al momento de su salida, el socio tendrá derecho al reembolso de su participación societaria, utilizando a tales fines el balance especial de transformación. Los socios que decidan permanecer en la nueva sociedad podrán ejercer el derecho de preferencia sobre las participaciones de los recedentes, salvo pacto en contrario (art. 79 LS).

8.1.3. Responsabilidad El proceso de transformación en nada puede afectar a los terceros que resultan ajenos al fenómeno. Por ese motivo, la LS mantiene la responsabilidad asumida por los socios con respecto a las obligaciones que resultaren anteriores a la transformación por más que su cumplimiento sea posterior, como lo dispone el art. 75 de la LS. Si por la transformación hay socios que pasan a asumir en virtud de la nueva forma una responsabilidad ilimitada, esta no va a extenderse a las obligaciones sociales anteriores a la transformación, a excepción que así se disponga expresamente (art. 76 LS).

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8.1.4. Rescisión y caducidad ¿Qué sucede si los socios deciden dejar sin efecto la transformación? Mientras no haya sido inscripto el acto en el Registro Público de Comercio, no hay mayores inconvenientes; si aconteció la publicación de edictos, deberá realizarse una nueva a los fines de cumplir con la publicidad pertinente. Por otro lado, ¿puede caducar el acuerdo de transformación? La respuesta es afirmativa. Si los socios no inscriben el acuerdo en el plazo de tres meses, queda sin efecto, con la sola excepción de que el plazo se excediera por el normal cumplimiento de los trámites correspondientes.

8.2. Fusión 8.2.1. Definición y requisitos La fusión es otra de las formas de reorganización societaria y tiene lugar cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para formar una nueva sociedad (es la función propiamente dicha) o cuando una sociedad ya existente incorpora o absorbe a otra, que sin liquidarse se disuelven (fusión por absorción). La fusión tiene por objeto la transferencia universal del patrimonio, sea a la nueva sociedad, en el primer caso, sea a la sociedad absorbente. Esta es la diferencia principal que existe respecto de la transferencia de fondos de comercio, donde existe una transferencia parcial de bienes. Es por ello que no cumplen idénticas funciones ni gozan de los mismos efectos, sin que puedan ser comparados bajo ningún aspecto. Ello en cuanto que, al transferirse el fondo de comercio, el adquirente asume el activo, pero no el pasivo del establecimiento, salvo que se pacte lo contrario. Es así que la transferencia no implica la extinción de quien lleva a cabo la enajenación, pudiendo continuar en su personalidad jurídica. Para que pueda llevarse adelante, los sujetos intervinientes deberán estar constituidos regularmente, debiendo tratarse exclusivamente de sociedades comerciales. Los requisitos para llevar a cabo la fusión se encuentran detalladamente establecidos en el art. 83 LS y son: a) La exposición de los motivos y finalidades de la fusión;

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b) Los balances especiales especiales de fusión de cada sociedad, preparados por sus administradores, con informes de los síndicos en su caso, cerrados en una misma fecha que no será anterior a tres (3) meses a la firma del compromiso, y confeccionados sobre bases homogénicas y criterios de valuación idénticos; c) La relación de cambios de las participaciones sociales, cuotas o acciones; d) El proyecto de contrato contrato o estatuto de la sociedad absorbente según el caso; e) Las limitaciones que las sociedades convengan en la respectiva administración de sus negocios y la garantía que establezcan para el cumplimiento de una actividad normal en su gestión, durante el lapso que transcurra hasta que la fusión fu sión se inscriba;

Resoluciones sociales

La aprobación del compromiso previo de fusión y de los balances especiales por las sociedades participantes en la fusión con los requisitos necesarios para la modificación del contrato social o estatuto. e statuto. A tal efecto deben quedar copias en las respectivas sedes sociales del compromiso previo y del informe del síndico en su caso, a disposición de los socios o accionistas con no menos de quince (15) días de anticipación a su consideración;

Publicidad

La publicación por tres (3) días de un aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación general en la República, que deberá contener: a) La razón social o denominación, la sede social y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio de cada una de las sociedades; b) El capital de la nueva sociedad o el importe del aumento del capital social de la sociedad incorporante;

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c) La valuación del activo y el pasivo de las sociedades fusionantes, con indicación de la fecha a que se refiere; d) La razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a constituirse; e) Las fechas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo aprobaron;

Acreedores: oposición

Dentro de los quince (15) días desde la última publicación del aviso, los acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión. Las oposiciones no impiden la prosecución de las operaciones de fusión, pero el acuerdo definitivo no podrá otorgarse hasta veinte (20) días después del vencimiento del plazo antes indicado, a fin de que los oponentes que no fueren desinteresados o debidamente garantizados por las fusionantes puedan obtener embargo judicial;

Acuerdo definitivo de fusión

El acuerdo definitivo de fusión, otorgados por los representantes de las sociedades una vez cumplidos los requisitos anteriores, que contendrá: a) Las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión; b) La nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que representen en cada sociedad; c) La nómina de los acreedores que habiéndose opuesto hubieren sido garantizados y de los que hubieren obtenido embargo judicial; en ambos casos constará la causa o título, el monto del crédito y las medidas cautelares dispuestas, y una lista de los acreedores desinteresados con un informe sucinto de su incidencia en los balances a que se refiere el inciso 1), apartado b);

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d) La agregación de los balances especiales y de un balance consolidado de las sociedades que se fusionan; Inscripción registral

La inscripción del acuerdo definitivo de fusión en el Registro Público de Comercio. Cuando las sociedades que se disuelven por la fusión estén inscriptas en distintas jurisdicciones, deberá acreditarse que en ellas se ha dado cumplimiento al artículo 98. 10

8.2.2. Clases de fusión Las clases de fusión se encuentran contempladas en la definición del art. 82 LS. Así, la fusión puede consistir en dos o más sociedades que se disuelven sin liquidarse para: constituir una nueva, es la fusión propiamente dicha. 

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cuando una ya existente incorpora a una u otras, es la fusión por absorción

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8.2.3. Efectos El principal efecto de la fusión es que la nueva sociedad o la incorporante, según se trate de un caso y otro de fusión, adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el Registro Público el acuerdo definitivo de la fusión y el contrato c ontrato o estatuto de la nueva sociedad, o el aumento de capital que hubiere tenido que efectuar la incorporante. 11 Además, otro efecto de la fusión es otorgar la calidad de socios a quienes lo eran de las sociedades disueltas.

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Art. 83 Ley General de Sociedades Nº 19.550. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 25 de abril de 1972. Inspección de Personas Jurídicas. 11 Art. 82 Ley General de Sociedades Nº 19.550. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 25 de abril de 1972. Inspección de Personas Jurídicas.

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8.2.4. Derechos de los socios: Receso y preferencia El art. 85 LS remite a los arts. 78 y 79 para la aplicación de los derechos de receso y preferencia admitidos.

8.2.5. Revocación y rescisión El compromiso de fusión puede dejarse sin efecto por cualquiera de sus partes, cuando no se obtienen las resoluciones sociales de su aprobación en el plazo de 3 meses desde la suscripción. Así mismo, puede revocarse por el mismo órgano de gobierno de las sociedades mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo con los requisitos para su celebración y mientras no se causen perjuicios a las sociedades, socios y terceros (art. 86 LS).

8.3. Escisión 8.3.1. Definición y requisitos La escisión es otra de las formas de reorganización societaria mediante la adopción de una nueva organización jurídica que supone un desprendimiento patrimonial. Puede presentarse de distintas formas: 1) Escisión incorporación o con absorción: se presenta cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio a otra sociedad que ya existe. 2) Fusión escisión: cuando una sociedad participa con otra en la creación de una nueva sociedad con parte de sus patrimonios, en este supuesto los socios de ambas sociedades pasan a ser socios de la nueva sociedad. 3) Escisión propiamente dicha: entendiéndola como aquella en la que una sociedad destina parte de su patrimonio para la creación de una nueva sociedad o varias de ellas. 4) Escisión división, donde una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir nuevas sociedades con la totalidad de su patrimonio. Salvo el supuesto de escisión división, no existe en este tipo de operación una transferencia universal de bienes, lo que la diferencia netamente de la fusión, que ya hemos tratado.

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El supuesto de excepción mencionado es considerado como el tipo más puro de escisión, ya que lleva a la formación de dos o más sociedades nuevas, dividiendo el activo de la escindente, que se disuelve sin liquidarse, y en ese estado se produce la entrega del patrimonio a las nuevas sociedades, donde cada una recibe su parte a título universal. Los accionistas de la sociedad desmembrada reciben la participación accionaria que les corresponde de la nueva sociedad, a cambio de sus acciones en la escindente, adjudicándoselas directamente. ¿Podrán adjudicarse acciones entre los socios de la nueva sociedad que no respeten las participaciones en la escindente? La respuesta es afirmativa, siempre que exista el consentimiento expreso de todos los socios, ya que de otra manera se estarían avasallando sus derechos. Salvo para el supuesto de escisión fusión, que sigue las disposiciones propias de la fusión, los requisitos de la escisión son: 1) Resolución aprobatoria de la escisión del contrato social o estatuto de la sociedad escisionaria, la reforma del contrato o estatuto de la escindente en su caso y el balance especial de escisión, que sigue lo dispuesto por el art. 83 inc. 2 LS. relativo a la fusión. 2) La resolución aprobatoria. 3) Cumplimentar con las publicaciones pertinentes. 4) Otorgar el debido plazo de para que los acreedores ejerzan su derecho de oposición, similar a lo dispuesto para la fusión. 5) Inscribir la operación en el Registro Público.

8.3.2. Efectos Los socios pueden ejercer el derecho de receso y de preferencia, los cuales se rigen conforme las disposiciones de los arts. 78 y 79 LS. Además, respecto de los acreedores la ley ha previsto que puedan oponerse al acuerdo de escisión (art. 88 in. 5 LS).

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8.4. Resolución Parcial y Disolución 8.4.1. Resolución parcial: Muerte de un socio y exclusión del socio Desde ya, anticipamos que la técnica legislativa que trata bajo un mismo título a la resolución parcial y a la disolución incurre en error, toda vez que no son institutos ni complementarios, ni compatibles, sino, por el contrario, son contrapuestos. La resolución parcial importa la desvinculación del socio, siguiendo los restantes con la actividad propia de la sociedad. Opera, generalmente, cuando existe reducción en el elenco de los integrantes de la sociedad, modificándose el contrato constitutivo, pero sin afectar a la sociedad. Los supuestos que quedan encuadrados en este ítem son la muerte, la exclusión o retiro voluntario de los socios; los dos primeros se encuentran regulados en la LS en los artículos 90 a 93, mientras que el retiro del socio no está contemplado. Si bien la inclusión de cláusulas que habiliten el retiro voluntario no es del todo frecuente, podemos recurrir a ellas sin ningún tipo de impedimento legal. No existe la necesidad de invocar causa, ya que se trata de una decisión unilateral del socio, pero para el caso deberá existir una cláusula expresa que habilite dicha posibilidad en el contrato social. La muerte de un socio constituye un supuesto de resolución parcial que tiene distintos efectos según la sociedad que haya integrado. En las sociedades colectivas y en comandita simple, resuelve parcialmente el contrato, pero es lícito pactar la continuidad de la sociedad con sus herederos. En las sociedades de capital e industria resolverá el contrato, no pudiendo los herederos ingresar a la sociedad, pero teniendo derecho a percibir el valor de la participación correspondiente. En las sociedades de responsabilidad limitada debemos estar atentos al contrato constitutivo: en caso de silencio, deberá entenderse que la sociedad se resuelve parcialmente. Sin embargo, podrá preverse expresamente la incorporación de los herederos con las salvedades del caso.

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En cuanto a las sociedades anónimas y para el socio comanditario de las sociedades en comandita por acciones, la muerte de un socio nunca tendrá efectos resolutorios del contrato por las características propias de este tipo de acciones. Continuando con el análisis, veremos el supuesto de exclusión del socio. Es el remedio societario utilizado contra aquellos socios que no cumplen con sus obligaciones sociales, aunque también procede para los casos de inhabilitación, incapacidad, quiebra o concurso preventivo del socio. A pesar de lo mencionado, debe quedar en claro que, aun cuando se aplica como sanción, la exclusión nunca podrá privar al socio del valor de su participación y del lucro generado. Para que proceda la exclusión, bastará con que haya existido un grave incumplimiento de las obligaciones, lo que habilitará el camino judicial, ya que el juez es el único que decide la exclusión, no los socios, con la sola excepción del art. 37 LS. Además de las causales expuestas en el art. 91 LS, la jurisprudencia ha establecido las siguientes: 1) Distracción del patrimonio social en beneficio personal del socio; 2) Incumplimiento del deber de colaboración para la adopción de acuerdos imprescindibles para la sociedad; 3) Perturbación del normal funcionamiento de la sociedad; 4) Oposición sistemática a todas las iniciativas; 5) Notoria inconducta que afecte a la empresa; 6) Inasistencia permanente en una sociedad de dos socios. La decisión social de la exclusión y la promoción de la demanda deben producirse en el término de los 90 días contados desde que se tomó conocimiento del hecho que motiva la exclusión. La acción judicial de exclusión podrá ser promovida por: 1) Representante legal de la sociedad; 2) Representante ad hoc o por nuevo representante, si el socio excluido reviste carácter de administrador en forma exclusiva; 3) Síndico, cuando estuviera prevista la existencia de ese órgano de control;

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4) Cualquiera de los socios, cuando la Asamblea no se haya pronunciado o haya resuelto en contra de la promoción, siempre que haya votado a favor de la exclusión. Es importante no olvidar que la acción de exclusión corresponde a la sociedad, aunque sea promovida por alguno de los socios, según hemos analizado. Si el socio resulta excluido, se producen los efectos propios de las modificaciones al contrato social, debiendo cumplir con las inscripciones correspondientes en el Registro Público a los fines de su oponibilidad frente a terceros. El instrumento a inscribir es la propia sentencia. La disolución de la sociedad, a diferencia de la resolución parcial, implica el punto final de su existencia, con lo cual se dejan de realizar las actividades propias de su objeto social para dedicar sus esfuerzos a la venta de los bienes sociales y de esa manera cancelar el pasivo y repartir el remanente, si existiere, respetando la medida de la participación de los socios. Es un momento en el que se detiene el cumplimiento del objeto social y se dedican los esfuerzos a concluir las relaciones pendientes de la sociedad. Es la primera etapa del proceso de liquidación, sin importar ello el cese intempestivo de las actividades ni la pérdida de la personalidad jurídica, que se mantiene todo a lo largo del proceso de liquidación. Es importante tener presente que la sociedad perderá el carácter de sujeto de derecho sólo con las inscripción de la cancelación de la inscripción en el Registro Público.

8.4.2. Causales legales y convencionales El art. 94 LS realiza una enumeración de causales disolutorias que no es taxativa, pudiendo los socios prever estatutariamente otras causales no contempladas en la ley (art. 89 LS).

8.4.3. Disolución judicial La disolución podrá solicitarse judicialmente, teniendo la sentencia efecto retroactivo al día que se presentó la causa que motivó su solicitud. Dicha solicitud se tramita por juicio abreviado, debiendo ser citados todos los socios, quienes deberán actuar formando un litisconsorcio necesario.

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¿Qué sucede en los casos en los que producida una causal resolutoria la sociedad ignora o es remisa a las mismas? En dichos supuestos nace para el socio o accionista el derecho de solicitar la disolución por vía judicial, teniendo efecto retroactivo al día en que tuvo lugar la causa generadora. Esta retroactividad permite sancionar a los administradores y socios por las consecuencias, responsabilizándolos de manera solidaria e ilimitada (art. 99 LS). Pueden solicitar la disolución los socios o accionistas, ya que de esa manera lograrán el reembolso de sus participaciones, pero también tiene facultades para hacerlo el órgano administrativo de control. Respecto de la legitimación pasiva, parte de la doctrina entiende que debe entablarse demanda contra la sociedad y los socios, formando un litisconsorcio necesario; otros entienden que basta con citar a la totalidad de los socios. Ahora bien, la sentencia judicial que se dicte acogiendo la demanda sólo tiene por efecto declarar operada la disolución de la sociedad, a la fecha de la causa generadora, pero su registración es necesaria para la oponibilidad a terceros, ello se cumplimenta con la debida inscripción en el Registro Público.

8.4.4. El vencimiento del plazo: Prórroga y reconducción Como hemos estudiado anteriormente, uno de los requisitos del instrumento constitutivo del art. 11 LS es la fijación del plazo de duración de la sociedad. Ahora bien, cuando el mismo se acerca a su fin y los socios tienen la intención de continuar con la actividad social, pueden ocurrir dos cosas: a) Prórroga: es el caso que la decisión (unánime salvo pacto en contrario) se resuelva y se solicite la inscripción antes del vencimiento del plazo. b) Reconducción: el plazo ya ha vencido, pero puede acordarse hasta tanto no se haya inscripto el nombramiento de liquidador. Ambas figuras se hayan contempladas en el art. 95 LS.

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8.4.5 Remoción de causales resolutorias La incorporación de este instituto es otra de las novedades que ha incorporado la reforma. Establece el art. 100 párr. 1º que las causales de disolución pueden ser removidas mediando decisión del órgano de gobierno y si se elimina la causa que le dio origen, siempre y cuando exista viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. Además, agrega otro requisito: la resolución deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio de terceros y de las responsabilidades asumidas.

8.5. Liquidación 8.5.1. Definición. Personalidad de la sociedad en liquidación Resuelta la disolución, el siguiente paso es la liquidación de la sociedad, cuando se venden los bienes sociales para pagar las obligaciones pendientes y los gastos de liquidación, quedando el saldo en poder de los socios. El procedimiento liquidatorio no es instantáneo, sino que se desarrolla en un determinado período, suficiente para realizar el activo y cancelar el pasivo, podrán venderse los bienes por separado o como integrantes de una totalidad. El proceso tiene en cuenta fundamentalmente la protección de los terceros, no tanto de los socios. La sociedad conserva su personalidad durante el proceso liquidatorio, conforme lo establece art. 101 LS, que dispone que la sociedad en liquidación conserva su personalidad “a ese efecto”.

Véase el texto de Ricardo Nissen (2006): Curso de Derecho Societario (p. 285 y 286). Si el pasivo social quedara insatisfecho, se hará responsable de manera solidaria e ilimitada a los administradores de la sociedad, sobre quienes cae el deber de conservar el activo de la sociedad y el destino de los bienes que

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lo integran. Dicha responsabilidad se extenderá a los síndicos, si fuera el caso, por los mismos motivos.

8.5.2. Designación, inscripción y remoción del liquidador Ahora bien, salvo disposición contractual o los casos de excepción, la liquidación corresponde al órgano de administración en funciones al momento de la liquidación. Puede acontecer también que se designe en el contrato social otra persona distinta de estos, en cuyo caso la designación procederá por mayoría simple en asamblea o reunión de socios, a celebrarse dentro de los 30 de que ha acontecido la causal de disolución. ¿Qué sucede si el órgano de administración no lleva adelante las conductas correspondientes o no convoca a la asamblea para su designación? En este caso cualquier socio, independientemente de su participación social, podrá exigir al juez la designación de un liquidador, habiendo incurrido los administradores en un incumplimiento de sus funciones, quedando allanado el camino para la solicitud de su remoción y desplazamiento. ¿Cuál sería la situación si los liquidadores no aceptaran el cargo? Se podrá requerir una nueva designación, por cualquiera de los procedimientos mencionados. Es importante tener presente que el liquidador no debe esperar la registración de la disolución, e incluso si se encuentra no inscripta su designación, se encuentra habilitado para ejecutar la voluntad social, siendo sus actos oponibles no sólo a la sociedad, sino también a terceros.

8.5.3. Facultades y obligaciones del liquidador Como facultades, en primer lugar, el liquidador ejerce la representación de la sociedad. El liquidador podrá efectuar todos los actos necesarios para la realización del activo y la cancelación del pasivo, y si bien se encuentra subordinado a las instrucciones de los socios, se entiende que estas tratan la manera en que debe llevar a cabo tal actividad, y no referida a algún tipo de autorización, que no es necesaria por el estado mismo en que se encuentra la sociedad. Por tal motivo, es el liquidador el que ejerce de manera exclusiva y excluyente la representación del ente. Además, tiene el derecho a percibir una remuneración por la tarea realizada.

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En cuanto a las obligaciones del liquidador, se encuentran tratadas en el art. 103 LS, cuyo incumplimiento motiva su lógica remoción, le impide el cobro de la remuneración correspondiente y lo hace plausible de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados. La primera de ellas es la realización, dentro de los 30 días de aceptado el cargo de liquidador, de un inventario y balance inicial de liquidación, a los fines de individualizar la composición patrimonial de la sociedad, lo que brinda seguridad a todos los intervinientes, esta obligación debe respetarse aun cuando los liquidadores sean los mismos administradores. Dicho balance debe ser puesto a consideración de todos los socios. Nótese que la LS no exige la aprobación de dicho instrumento contable, sino sólo su puesta a disposición, sin mencionar los derechos que a estos les asiste. Asimismo los liquidadores deberán brindar información periódica de la situación, por lo menos de manera trimestral, además de los balances anuales si el proceso de liquidación se extendiere en el tiempo. Estamos sin ningún lugar a dudas frente a una rendición de cuentas que los liquidadores deben presentar a los socios. El incumplimiento acarrea las mismas consecuencias que hemos tratado al estudiar el balance inicial. En cuanto a los derechos con los que cuenta, el liquidador podrá efectuar todos los actos necesarios para la realización del activo y la cancelación del pasivo, y si bien se encuentra subordinado a las instrucciones de los socios, se entiende que estas tratan la manera en que debe llevar a cabo tal actividad, y no referida a algún tipo de autorización, que no es necesaria por el estado mismo en que se encuentra la sociedad. Por tal motivo, es el liquidador el que ejerce de manera exclusiva y excluyente la representación del ente. A los fines de su actuación, deberá sumar a la razón social la frase en liquidación; si omitiera hacerlo, no lo vuelve responsable de manera solidaria e ilimitada, pues la disolución puede ser conocida por terceros atento su inscripción, pero sí resultará responsable por los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

8.5.4. Contribuciones debidas ¿Qué sucede si los fondos resultan insuficientes para afrontar el pasivo? El liquidador, para los casos de sociedades en que exista responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, deberá exigirles los montos necesarios,

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comúnmente denominadas contribuciones debidas. En aquellas sociedades con responsabilidad limitada, sólo podrán reclamarse las integraciones de los aportes comprometidos.

8.5.5. Balance final, plan de partición y distribución Paso siguiente a la cancelación del pasivo, es la redacción del balance final de liquidación, que deberá registrar: 1) La inexistencia de deudas; 2) El producido de la enajenación; 3) El reembolso del capital aportado por los socios; 4) Si correspondiere el excedente. Respecto de la partición, no existen reglas específicas que la traten en la LS, resultando plenamente compatibles las disposiciones del Código Civil y Comercial al tratar la partición de la herencia. Si existiesen dudas o discrepancias acerca del valor de los bienes sociales, podrá recurrirse a peritos tasadores, nombrados de común acuerdo por las partes o por el Juez, en su defecto. El art. 111 LS trata el balance final y proyecto de distribución, que variará según las características propias de cada tipo societario. Ahora bien, luego de que se encuentren aprobados, de manera implícita o explícita, los liquidadores deberán agregarlos en el legajo de la sociedad y comenzar la ejecución de los mismos, abonando a cada socio el importe correspondiente según su participación. Dicha actividad podrá cumplirse a través de dinero en efectivo o en bienes, si se hubiera convenido de tal forma.

8.5.6. Responsabilidad del liquidador Por encontrarse sometido a las obligaciones y responsabilidades de los administradores, su actuación se regirá por lo dispuesto en los arts. 108, 274 y 279 LS.

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8.5.7. Cancelación de la inscripción. Efectos Cumplido el proceso de liquidación, se procede a la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público, acordando los socios quiénes conservarán los libros sociales y la documentación relacionada con la sociedad, o en su defecto será el juez quien indique al responsable.

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