346 15 DE ABRIL 2015
EVITE ERRORES EN SU ISR ANUAL
La información sobre las operaciones relevantes no puede considerarse legal, ni estimarse constitucional, por ende, procede su impugnación”
Lic. Antonio Alberto Vela Peón Socio-Director de Abogados Empresariales AVP
Síganos: FISCAL, CONTABILIDAD FISCAL E IDCONLINE
SEGURIDAD SOCIAL
Evite errores en su ISR anual
Valor del dictamen del IMSS Entérese de quienes están obligados a presentarlo y sus beneficios 5 LABORAL
Indemnizaciones ¿cuándo proceden y cómo se pagan? Conozca su marco regulatorio y aprenda a calcularlas
JURÍDICO CORPORATIVO
Retos y oportunidades en la posible Ley de Aguas Reflexiones sobre los retos que deberá sortear esta legislación para contribuir al desarrollo nacional 2
Asesor Jurídico y Fiscal Precio por ejemplar $170.00
Recomendaciones para la presentación de la declaración anual de personas físicas 5 5 5
5
Generalidades Preguntas frecuentes Determinación de la base para pago de ISR y PTU en actividades empresariales Dividendos a accionistas
346
15/ABRIL/2015
Due dilligence para antilavado Particularidades de esta figura y su papel como mecanismo de protección contra la llegada de capitales de procedencia ilegal 5
SEGURIDAD SOCIAL
Obtenga la opinión del IMSS sobre sus obligaciones 5
Marco jurídico aplicable Naturaleza de las contribuciones de seguridad social
5
Procedimiento para obtener la constancia
5
2
COMERCIO EXTERIOR
Con malas noticias del correo de sus bienes 2
Recupere las mercancías enviadas por vía postal que son retenidas en las aduanas
2
$170.00 MN EXHIBIRSE HASTA EL 30/ABRIL/2015
BOLETÍN QUINCENAL AÑO 28 · 4a ÉPOCA
Editorial
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EDITOR GENERAL Lic. Eréndira Ramírez Vieyra
PUBLISHER Nadia Reyes
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[email protected] Tel (55) 5061-2405
Editor Adjunto Web y Print C.P. Erika María Rivera Romero
BRAND MANAGER DIGITAL Jorge Arriaga
COORDINADORES Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior Lic. Ernesto Martínez Pantoja
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Coordinador Consultoría y Contabilidad Fiscal L.C. Francisco Brito Márquez
Coordinador Suscripciones y Seminarios Alejandra Morales
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Editora de enlace web www.idconline.com.mx Lic. Surya Palacios Rodríguez
EN CONTACTO CON EL LECTOR
Relaciones Públicas y Alianzas Luis Guido
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Redactor Web Allan Morgan Hernández Actualizador Web Miriam López Rivera
OMBUDSMAN DE LA NIÑEZ CAUSARÁ IMPACTO
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Comercio Exterior Lic. Irene Vega Rivera
Tel (55) 4040-3641
PRODUCCIÓN
Contabilidad Fiscal L.C. Paris Pérez García
Eder Gúzman
Fiscal Mtro. Joyce Pasantes Pérez Jurídico Corporativo Lic. Aglaé Ordoñez Fonseca
E
s necesario que el sector empresarial asuma que pronto habrá un vigilante más en el aparato estatal: la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Procuraduría). Su función será proteger y restituir los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, a nivel federal por lo que podrá denunciar ante las autoridades laborales las circunstancias que los perjudiquen: existirán también organismos similares en cada entidad federativa.
Las prerrogativas de los infantes y los jóvenes se afectan por el solo hecho de que estén expuestos a un riesgo lo cual compromete al Estado y hasta al sector privado a salvaguardarlos en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya aplicación podría repercutir en el ámbito jurídico de las compañías mexicanas. Esto es así porque la nueva Procuraduría estaría facultada para solicitar el auxilio de las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) cuando detecte en el seno familiar o en el lugar donde se encuentren los menores la restricción o vulneración de sus derechos e incluso podría representarlos en procedimientos judiciales o administrativos. Se aproxima la conformación de esta Procuraduría –en junio próximo–, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará 49 millones de pesos para tal efecto. Con ello se da continuidad a las acciones estatales implementadas para proteger a esa parte de la población. Entre estas últimas resaltan: la modificación constitucional para aumentar la edad mínima para trabajar a 15 años; el reciente rescate de 13 infantes con menos edad que la permitida que laboraban en condiciones de esclavitud en un campo agrícola, realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como parte de la ejecución del programa “México con Trabajo Digno” y el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de que la sola situación de riesgo en la que se encuentre un menor vulnera sus derechos y no necesariamente debe esperarse al daño en sus bienes o prerrogativas.
Laboral Lic. Leopoldo Adolfo Gama García Seguridad Social Lic. José Juan Ríos Aguilar
CONSULTORES L.C. Antonio Castillo Sánchez, Lic. Berenice Chávez Islas, L.C. Emmanuel Castañeda Jiménez, LIc. Angeles de la Consolación Paniagua Márques Asistente editorial Lizbeth González Romo de Vivar
ARTE Editor de Arte Saúl Miranda Sandoval Ilustraciones Oldemar
COLABORADORES PERMANENTES Lic. Juan de la Cruz Higuera, Lic. Gerardo Jaramillo Vázquez, Lic. Roberto Hernández, socio y director de COMAD, S.C., Ancelmo García Pineda, colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo.
COLABORADORES ESPECIALES Lic. Ivan Rueda Heduán, sócio-director de la firma Abogados Empresariales, S.C., Lic. Octavio Carvajal Bustamante, miembro de la Comisión Laboral de Concamin y socio de la firma Carvajal, Rubalcava y Asociados, Dr. Hugo Italo Morales Saldaña, Asesor laboral de la Canacintra y de la Antad y socio de su propia firma, Lic. Tomás Natividad Sánchez, asesor laboral de Coparmex y director del despacho Natividad Abogados S.C., Lic. Julio Flores Luna, socio del despacho Goodrich Riquelme y Asociados y miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex, Lic. Luis Velasco Ramírez, Consultor independiente, Lic. Dionisio Kaye, socio de la firma Kaye abogados S.C., Lic. Mario Becerril Hernández, Director General del Despacho Asesoría y Defensa Legal Aduanera, Lic. Víctor Monroy Juárez, socio y director del despacho Monroy Abogados, S.C., Lic. Ricardo de Buen Rodríguez, socio director del despacho De Buen Rodríguez Abogados S.C. Consulta el Aviso de Privacidad de Datos en la siguiente dirección: http://grupoexpansion.mx/proteccion.html IDC, Asesor Jurídico y Fiscal, se publica quincenalmente y encierra en su contenido información Fiscal, Laboral, Seguridad Social, Jurídico-Corporativa y de Comercio Exterior. Suscripción anual: $4,190.00 pesos (23 números). Ejemplar suelto: $170.00 pesos. Impreso en: SPI Servicios Profesionales de Impresión. Dirección: Mimosas 31, Col. Sta. María Insurgentes C.P. 06430 Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total incluyendo cualquier medio electrónico o magnético. Derechos reservados © Expansión, S.A. de C.V., Av. Constituyentes 956, Col. Lomas Altas, CP 11950, México, D.F. Copyright 1993. Autorizada como Publicación Periódica por SEPOMEX, Permiso No. PP09-0200 características 316251816. Certificado de Licitud de Título No. 3044 y de contenido No. 1942 expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 17 de octubre de 1986. Número de reserva al Título otorgado por la Dirección General del Derecho de Autor No. 641- 86. No. ISSN 1870-1280. IDC, Asesor Jurídico y Fiscal, es una publicación y marca registrada de GRUPO EXPANSIÓN
INFORMES: Tel. 9177-4153 SERVICIOS AL CLIENTE: 4040-3641 TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN IDC, Asesor Jurídico y Fiscal, ES CRITERIO DE LA EDITORIAL, POR LO QUE LA TOMA DE DECISIONES Y LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN POR EL USO DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EDITOR, EXPANSIÓN S.A. DE C.V, NO TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD.
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ESTO ES LO QUE DEBIO LEER EN ESTE NUMERO PARA PROFUNDIZAR
Tope de deducciones, inconstitucional
El tope de las deducciones personales que los contribuyentes personas físicas deben considerar en su declaración anual de ISR, transgrede los derechos fundamentales al mínimo vital y el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, por lo que éstos pueden interponer un juicio de amparo en contra de las disposiciones que prevén tal límite
¿Qué hay de nuevo? 5
5
Hacienda extiende un año más el otorgamiento de subsidios en el pago de las cuotas obrero-patronales y la reducción de impuestos como el IVA e ISR Se otorgaron distintas facilidades fiscales a los contribuyentes afectados por el huracán Odile; a los que presten servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación; las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan la utilidad gravable y a los que enajenen suplementos alimenticios
Guía de trámites 5
5
Declaración anual de personas físicas 2014 Opinión del IMSS sobre el cumplimiento de obligaciones en seguridad social
No olvidar 5
A más tardar el 30 de abril de 2015, las personas físicas deben presentar su declaración anual de 2014, así como CF02 realizar el entero del ISR
5
Los patrones que se dictaminan para efectos del IMSS no son objeto de visitas domiciliarias, ni se les emitirá cédulas de liquidación por diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos, por los periodos SS05 dictaminados
5
Una investigación “de debida diligencia” requiere que el cliente entregue a la empresa con la que inició o va a comenzar una relación contractual, los datos demográficos mínimos previstos en las diversas disposiciones antilavado, como lo son nombre y género; fecha y lugar de nacimiento; RFC o su equivalente; credencial de identificación oficial, y JC05 la documentación soporte
Para comentar Un trabajador despedido, puede reclamar ante la autoridad el pago de la indemnización de tres meses, o solicitar la reinstalación a su trabajo. En este último caso si el patrón es condenado a reincorporarlo y se niega hacerlo, debe pagarle 90 días de salario y 20 días por año de servicios prestados
Lo que aprendí 5
5
Las personas físicas que obtuvieron en 2014 ingresos por dividendos distribuidos por personas morales residentes en México, deben acumularlos a sus demás percepciones en su declaración anual Si el contribuyente presenta la forma oficial 32 “Solicitud de Devolución” incompleta, esto no es un motivo para que la autoridad no le devuelva los recursos a su favor, pues este documento es solo un formulismo
Revisar Quienes introduzcan mercancías susceptibles de identificación individual a territorio nacional deben transmitir electrónicamente a la ventanilla digital la información que permita identificarlas y distinguirlas de otras similares, en caso de no hacerlo se impondrá una sanción de $2,930.00 a $4,400.00
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Las prerrogativas de los infantes y los jóvenes se afectan por el solo hecho de que estén expuestos a un riesgo lo cual compromete al Estado y hasta al sector privado a salvaguardarlos en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya aplicación podría repercutir en el ámbito jurídico de las compañías mexicanas. Esto es así porque la nueva Procuraduría estaría facultada para solicitar el auxilio de las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) cuando detecte en el seno familiar o en el lugar donde se encuentren los menores la restricción o vulneración de sus derechos e incluso podría representarlos en procedimientos judiciales o administrativos. Se aproxima la conformación de esta Procuraduría –en junio próximo–, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará 49 millones de pesos para tal efecto. Con ello se da continuidad a las acciones estatales implementadas para proteger a esa parte de la población. Entre estas últimas resaltan: la modificación constitucional para aumentar la edad mínima para trabajar a 15 años; el reciente rescate de 13 infantes con menos edad que la permitida que laboraban en condiciones de esclavitud en un campo agrícola, realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como parte de la ejecución del programa “México con Trabajo Digno” y el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de que la sola situación de riesgo en la que se encuentre un menor vulnera sus derechos y no necesariamente debe esperarse al daño en sus bienes o prerrogativas.
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346
Año XXVIII/4a. Época/15 de abril de 2015
02
DE TRASCENDENCIA
Personas físicas, ¡a declarar! Respuesta a las dudas comunes en relación con la acumulación del ingreso y la aplicación de las deducciones
10
EN OPINIÓN DE 5
13
PARA TOMARSE EN CUENTA 5
14
INFORME DE OPERACIÓN RELEVANTE VS LA CONSTITUCIÓN La omisión de informar o el cumplimiento extemporáneo de una informativa, a criterio del SAT, implica el rechazo de la deducción, pero hay posibilidades de defensa
BENEFICIOS FISCALES PARA VARIOS SECTORES
LA EMPRESA CONSULTA 5 5
EX REPECO ACREDITA SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESOS DEL RÉGIMEN AGRÍCOLA EXENTOS
@
IDCONLINE 5
NOTAS PUBLICADAS EN EXCLUSIVA EN NUESTRA PÁGINA WEB EN EL PERIODO DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2015 5 Habrá lista de emisores que justificaron operaciones 5 Nombran a Manuel Hallivis presidente de la AMDF 5 Actualizan lista de morosos y emisores falsos 5 Deduce la renta de casa para ejecutivos 5 Revertir reforma fiscal ¿ayudará al país? 5 Procesos fiscales digitales impulsaron recaudación 5 Cinco puntos para ponerte al corriente con el fisco 5 Estables ingresos fiscales de Latinoamérica 5 RIF busca crecimiento recíproco: SHCP
DE TRASCENDENCIA
Personas físicas, ¡a declarar! No se pierda al momento de acumular los ingresos y aplicar las deducciones procedentes, aplique el criterio correcto.
E
s deber de las personas físicas exhibir cada año su declaración, en esta ocasión la de 2014, por eso a continuación se muestran las generalidades en torno a ese tópico (obligados, cómo se hace, el mecanismo para presentarla, la fecha límite y en dónde se entera el impuesto a cargo); un apartado de dudas frecuentes en relación con la acumulación y la deducción (ingresos esporádicos, aportaciones en efectivo, pago de intereses por adquirir una casa habitación e inversiones no pagadas). Además, un caso práctico en el que se muestra cómo se envía la declaración de quien percibe ingresos únicamente por salarios.
Generalidades En la infografía de las páginas 8 y 9 de este mismo apartado puede apreciar quiénes están constreñidos a presentar la declaración, cómo realizarla, cuándo y en dónde se entera el impuesto.
Dudas frecuentes Enseguida se muestran ciertas dudas en materia de ingresos y deducciones detectadas en nuestro sistema de consultoría que causan incertidumbre en los contribuyentes
INGRESOS OCASIONALES La percepción de ingresos esporádicos proveniente de una persona moral que realizó la retención del ISR correspondiente, ¿se considera un pago definitivo?, en su caso, ¿implica la presentación de la declaración anual?
La retención efectuada por la sociedad tiene el carácter de un pago provisional y la persona física ha de exhibir su declaración anual por esos ingresos, pudiendo acreditar contra el ISR del ejercicio dicho entero. Ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 145, tercer párrafo de la LISR que prevé: cuando una persona física perciba recursos de los contemplados en el capítulo de los demás ingresos y el pago lo realice una persona moral (Título II), esta le retendrá como pago provisional el 20 % sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar el comprobante fiscal respectivo. Por otro lado, el numeral 150, primer párrafo de ese mismo ordenamiento señala que quienes obtengan ingresos en un año de calendario, excepto los exentos y aquellos por los cuales se hubiese
pagado impuesto definitivo, deben enterar su impuesto anual mediante la declaración del ejercicio. En ese tenor, es clara su naturaleza de pago provisional (únicamente a cuenta del causado en el ejercicio), por disposición expresa de ley, por ende, la obligación de exhibir la declaración anual.
¿APORTACIÓN EN EFECTIVO SE ACUMULA? Si un socio únicamente obtiene ingresos por dividendos y durante 2014 realizó una aportación en efectivo por la cantidad de $750,000.00, pero la persona moral omitió informar al SAT sobre esa situación, ¿debe acumular ese importe?
El accionista no tiene la obligación de acumular la aportación en su declaración anual a pesar de haberla realizado en efectivo al no existir disposición alguna que lo contemple. Al contrario, quien estaba constreñida a informarlo a la autoridad hacendaria era la sociedad, por haber excedido la cantidad de $600,000.00 con fundamento en el artículo 76, fracción XVI de la LISR. En el evento de que la corporación hubiese omitido informar, esta será quien acumule el ingreso con fundamento en el artículo 18, fracción XI de la LISR.
EJERCICIO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Quienes tengan ingresos por actividades empresariales y profesionales, además por arrendamiento de bienes inmuebles obligadas al pago del ISR, y que durante el 2014 suspendieron sus actividades, ¿están constreñidos a presentar su declaración anual?
En efecto, se ha de exhibir con fundamento en el artículo 30, fracción IV, inciso a) del RCFF: “La presentación del aviso a que se refiere este inciso libera al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante la suspensión de actividades, excepto tratándose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades”. Es claro que las personas físicas que suspendan sus actividades exhibirán la declaración por el periodo de enero a diciembre sin importar cuándo se materialice la interrupción, pues el ISR se calcula por ejercicio y ha de coincidir con el año de calendario (arts. 152, LISR y 11, CFF).
02/15 abril 2015
DEDUCCIÓN DEL INTERÉS POR ADQUISICIÓN Si en 2014 se otorga en arrendamiento un departamento destinado a casa habitación, adquirido y arrendado con apoyo y consentimiento del Infonavit, ¿es correcto acumular los ingresos correspondientes por el arrendamiento, aun cuando provenga de un crédito de ese Instituto, y, en su caso, deducir los intereses devengados por el pago de dicho crédito para efectos del ISR?
Es imperioso acumular los ingresos derivados del arrendamiento del departamento, toda vez que el artículo 114 de la LISR no distingue o limita tal acumulación al tipo de financiamiento que se hubiese celebrado para la adquisición del inmueble. Ahora bien, las viviendas adquiridas de esa forma pueden ser objeto de arrendamiento, si está al corriente en los pagos y se le da aviso al Instituto por escrito, como acontece en su situación, por lo que no tendría problema alguno por ese lado. Por su parte, la deducción de intereses es procedente, ya sea como propia de la actividad o como una deducción personal, sin que en ningún caso puedan aplicarse ambas al mismo tiempo (arts. 115, fracc. III, 151, fracc. IV, LISR y 229 de su Reglamento).
INVERSIONES NO PAGADAS Las personas físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales que adquieran activos fijos para utilizarse en su actividad, ¿pueden deducirlos aunque no estén pagados?
mento en el artículo 104, segundo párrafo de la LISR y 105, fracción I, último párrafo de ese ordenamiento. Para ello se aplicarán los porcentajes y procedimientos descritos en los numerales 31 a 36 de la LISR, bastando con reunir los demás requisitos de las deducciones aplicables a estas personas, entre ellas destacan: 5 recabar la documentación con requisitos fiscales 5 aplicar la depreciación a partir del ejercicio de utilización o el siguiente 5 destinar los activos a la actividad del contribuyente. Esto obedece a la interpretación del artículo 104 respecto de que no es condición para la deducción de las inversiones el efectuar el pago en su totalidad, sino es suficiente con reunir los demás requisitos generales indicados
Límite a deducciones personales Como resultado de la reforma fiscal para 2014, las deducciones personales sufrieron un importante ajuste, mismo que se verá reflejado en la declaración que no ocupa: Dicho ajuste es considerado para diversos especialistas como ilegal. En efecto, el tope a las deducciones personales de los contribuyentes, consistente en deducir la cantidad que resulte menor entre el 10 % de sus ingresos anuales o cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica respectiva prevista en el artículo 151 de la LISR, se considera violatorio a los siguientes derechos fundamentales:
Es factible deducirlos a pesar de no haberse pagado con funda-
Transgresión Al mínimo vital
Principio de proporcionalidad y equidad tributaria (art. 31, fracc. IV, Constitución)
Razón El hecho de erogar cantidades, por ejemplo en salud, y solo poder deducir cierto porcentaje, no reconoce que el particular destina un importe considerable de sus ingresos para satisfacer ese derecho humano reconocido en la carta magna y que en muchos casos el propio Estado no proporciona reduciendo sus recursos de manera considerable El límite a la deducción distorsiona la capacidad contributiva, porque no atiende a la real situación económica del contribuyente
Por lo antes expuesto, los pagadores de impuestos que se vean afectados por tal restricción podrán interponer un amparo en contra de las disposiciones que prevén el límite dentro de los 15 días a partir de que exhiban la declaración anual, al ser el primer acto de aplicación. Para una asesoría más puntal se puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), institución que ha externado su preocupación por tal atropello a las prerrogativas inherentes de los causantes.
Caso práctico El señor Armando Iridia García es ingeniero y labora para la empresa Lap Sensorial, S.A. de C.V. Únicamente obtiene ingresos por salarios cuyo monto excede los 400 mil pesos, por ende, debe presentar su declaración anual. A continuación se muestran los pasos a seguir para hacerlo.
1 Ingresar al portal de Internet del SAT ir a “Trámites”, elegir del menú “Declaraciones”, luego “Anuales” y posteriormente “Asalariados” como se muestra
03/15 abril 2015
2 Capturar el RFC y la contraseña o la Fiel y dar click en enviar
04/15 abril 2015
3 Seleccionar el tipo de declaración (Normal) que se va a presentar y el ejercicio (2014), indicar el área geográfica que le corresponda al contribuyente. En el ejemplo “Zona B”, sin informar sobre préstamos, donativos o herencias al no ubicarse en la hipótesis
4 Anotar los datos de las deducciones personales y presionar “Agregar deducción”. Posteriormente aparecerá el detalle de las ingresadas y se presiona “Calcular” para que el sistema determine el resultado
5 Al haber obtenido un saldo a favor se elige la opción “Devolución”, y se anota el número de cuenta clabe y el banco
05/15 abril 2015
6 Para comprobar que la información cargada en el sistema es correcta se da click en “Vista previa”, se mostrará un archivo pdf, el cual contendrá los datos y se procede a su revisión. De no haber ningún error se elige “Presentar”
7 De no existir ninguna anomalía, se mostrará un mensaje para confirmar el envío y se selecciona “Sí”
8 Se visualiza la información de la declaración presentada y se pulsa “Descargar”
06/15 abril 2015
9 Enseguida aparecerá el acuse respectivo. De resultar impuesto a cargo contendrá la línea de captura para el entero respectivo. En el ejemplo no se actualiza esa hipótesis 10 Esperar a que la autoridad hacendaria deposite en la cuenta proporcionada el monto solicitado en devolución dentro de cinco días, a decir del SAT, aunque en la práctica puede demorar un poco más.
Reflexión Al momento de realizar la declaración anual se dificulta discernir si se ha de acumular cierto ingreso y si se puede deducir algún concepto debido a la complejidad de las disposiciones tributarias. Sin embargo, es loable que la autoridad hacendaria cuente con herramientas para facilitar el cumplimiento de ese deber, como en el caso de quienes perciben ingresos únicamente por salarios, ya que pueden hacerlo de una forma sencilla.
Viable el programa para asalariados 5
5
5
5
5
07/15 abril 2015
Si las deducciones personales son mínimas se llena sin gran complejidad Su uso es factible si se obtuvieron los ingresos de un solo patrón Aconsejable si los datos ya cargados al sistema son los correctos Se sugiere esperar al DeclaraSAT si existe error en la información almacenada por el SAT No es recomendable si se perciben ingresos por otros conceptos
Obligados
Medio de presentación
Están constreñidas las personas físicas que reciban ingresos por: salarios, si sus ingresos exceden de 4 millones de pesos o hubiesen comunicado por escrito al patrón que presentarán la declaración, o si tienen ingresos adicionales a su sueldo honorarios renta de bienes inmuebles enajenación de bienes premios adquisición de bienes dividendos actividades empresariales y profesionales intereses otros ingresos (regalías, intereses pagados en el extranjero)
A través de la herramienta DeclaraSAT. Si percibe ingresos solo por salarios existe la aplicación “declaración anual para asalariados“
¿Cómo se hace? Sí
Ingresar al portal de Internet del SAT
Elegir del menú Trámites/Declaraciones /Anuales/Asalariados
¿Recibe ingresos solo por salarios?
No
(1) Si se perciben ingresos por: honorarios o arrendamiento de bienes inmuebles y en 2013 fueron inferiores a $300,000.00 actividades empresariales (comerciales, industriales, agropecuarias) en el régimen general y en 2013 fueron inferiores a $1’750,000 .00 salarios de uno, dos o más patrones sin importar el monto salarios e intereses, enajenación o adquisición de bienes, y la suma de todos en 2013 fue hasta $400,000.00 (2) Quienes no se ubiquen en las hipótesis descritas en el numeral que antecede
Llenar los campos que se solicitan
Enviar la declaración y obtener el acuse respectivo
Ubicar la herramienta DeclaraSAT
Pagar en la ventanilla de la institución de crédito (1) o en el portal bancario (2) con la línea de captura emitida por el DeclaraSAT
Sí
¿Existe impuesto a cargo?
Fin del proceso
08/15 abril 2015
No
¿Qué se puede deducir?
Datos extra necesarios
Donativos no onerosos ni remunerativos Intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la casa habitación Honorarios médicos y dentales Gastos hospitalarios Medicinas, análisis y estudios clínicos Lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales Prótesis Gastos funerarios Primas por seguros de gastos médicos Gastos por transportación escolar obligatoria Aportaciones complementarias para el retiro Colegiaturas Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro Pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro Adquisición de acciones de sociedades de inversión
No olvide informar sobre ciertos ingresos El efecto de no reportar la obtención de estos ingresos es: donativos y préstamos en monto mayor a $600,000.00, se consideran gravados premios, solos o con los ingresos indicados en el punto anterior y en ese mismo monto, no se estimará el impuesto retenido como definitivo viáticos, herencias o legados y venta de casa habitación del causante, se pierde la exención si exceden de $500,000.00
RFC, Firma Electrónica Avanzada (Fiel) o contraseña Bitácora de información mensual de los ingresos, deducciones y pagos realizados en el año Constancias de retención Cuenta clabe a 18 dígitos para solicitar la devolución Declaraciones mensuales o trimestrales Comprobantes fiscales que amparen las deducciones relacionadas con el tipo de actividad realizada, así como de las personales Asalariado: comprobantes fiscales que amparen las deducciones personales (recibos de honorarios o facturas) y constancia de remuneraciones y retenciones proporcionadas por el patrón
Considere la opción de pagar en parcialidades El ISR a cargo se puede pagar hasta en seis mensualidades consecutivas e iguales, elección que se realiza en el DeclaraSAt o en la declaración simplificada (asalariados), sin necesidad de garantizar el interés fiscal
Bancos autorizados para recibir el pago Banjercito HSBC Banamex Scotiabank Banorte
Fecha límite para exhibirla A más tardar el 30 de abril de 2015
Interacciones Banca Mifel Santander BBVA Bancomer Bansi Banca Múltiple
Afirme BanBajio CIbanco BanRegio Inbursa
Bancomultiva MUFG Bank of TokyoMitsubishi UFJ (México), S.A.
Aplique el estímulo por el pago de colegiaturas Nivel educativo Preescolar Primaria Secundaria Profesional técnico Bachillerato o su equivalente
09/15 abril 2015
Límite de deducción $14,200.00 $12,900.00 $19,900.00 $17,100.00 $24,500.00
EN OPINION DE...
Informe de operación relevante vs la constitución Para evitar un conflicto con el SAT se recomienda presentar las informativas en tiempo y forma, o impugnarlas, en su caso, para reducir riesgos fiscales. Resulta difícil para la administración tributaria –en este caso se alude al SAT, empero aplica a cualquier otra entidad de esta naturaleza jurídica– el conocer la realización del hecho generador que actualiza la contribución respectiva y con la cual surge, generalmente, la relación jurídico-tributaria. Por tal razón, la legislación fiscal impone a los particulares, contribuyentes y, en ocasiones, a los terceros relacionados con éstos la obligación de informar el momento o la fecha de realización del hecho generador y la base gravable con la cual se determinó y pagó la contribución relativa, así como algunas circunstancias relacionadas con ello –en donde pueden estar incluso las personas involucradas y sus datos fiscales–. Así, el fisco se allega de los elementos necesarios y útiles para la aplicación y determinación de la contribución causada. Estos datos e información que se manifiestan a la autoridad fiscal se les conoce comúnmente como declaración fiscal, la que sirve a ésta en el desarrollo de su función de vigilancia para conocer el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, ejercer sus facultades de determinación y cobro. Dentro de la gama de declaraciones están las vinculadas con los impuestos causados y otras que son simplemente de observación, inspección o investigación, por ende, hay diversos tipos, de: liquidación, vigilancia y control fiscal. Solo se alude a la segunda modalidad (vigilancia) que coloquialmente se le denomina declaración informativa, ya que las dos primeras se refieren a la cuantificación y pago del tributo. A continuación el Lic. Antonio Alberto Vela Peón, Socio-Director de Abogados Empresariales AVP y miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, además de los Comités de Derecho Fiscal y Derecho Constitucional y Amparo de la ANADE, Colegio de Abogados, expone la utilidad de las declaraciones informativas (DI), la problemática que representa el condicionar la presentación de éstas para gozar de ciertos beneficios
o derechos fiscales (deducción, acreditamiento o devolución de saldos a favor), así como los argumentos en caso de instaurar una defensa para salvaguardar los derechos del contribuyente, finalmente puntualizar que la declaración de operaciones relevantes puede estimarse inconstitucional por no cumplir formal y materialmente lo que es una declaración tributaria de carácter informativo.
Utilidad
Lic. Alberto Vela Peón Director de Abogados Empresariales AVP
La información de las operaciones relevantes no puede considerarse legal, ni menos constitucional, por ende, procede su impugnación
Las DI pueden calificarse como actos jurídicos mediante los cuales el sujeto obligado comunica a la administración tributaria ciertos datos, información –no proporciona documentos, ya que ello es propio de las facultades de comprobación– y demás particularidades vinculadas con la contribución o la relación tributaria que se pretenda observar, inspeccionar o investigar, que serán examinados por aquélla para corroborar su veracidad o solicitar datos, información o documentos adicionales para aclarar o señalar su inexactitud del hecho generador de la contribución. Actualmente, la legislación fiscal contempla, entre otros alcances, que las DI: condicionan la aplicación de beneficio fiscal; son un requisito para la deducción en la base gravable del ISR; se requieren para la procedencia de la devolución de saldos a favor de impuestos; y, en otros supuestos, se puede incurrir en responsabilidad solidaria en el pago de la contribución que causa el contribuyente, amén de que su incumplimiento origina multas. Ante ese escenario, el contribuyente puede promover los medios de defensa, sea el constitucional, el jurisdiccional y el administrativo, en virtud de que se actualizan una multiplicidad de situaciones jurídicas al respecto.
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Principios que rigen las DI La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha interpretado, en diversas ejecutorias1, que a las DI no les aplican los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria contemplados en el artículo 31, fracción IV, constitucional al no impactar en el pago del tributo, pues estos principios de justicia tributaria solo están circunscritos al contenido de la contribución en sí y no a las obligaciones formales. Sin embargo, la Corte ha precisado que ello no implica que las DI escapen del control constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pues cualquier disposición o norma fiscal, ya sea legislativa o administrativa, debe pasar por el análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución). Así, nuestro máximo tribunal establece que su estudio debe realizarse a la luz del principio de legalidad, así como de los principios de racionalidad y razonabilidad contenidos en los artículos 1o, 14 y 16 de la carta magna, salvo que las DI repercutan directamente en la contribución o modifiquen alguno de sus elementos esenciales del tributo o alteren la cantidad que legalmente hubiere correspondido cubrir, en cuyo caso su análisis sí deberá llevarse a cabo bajo los principios tributarios de justicia fiscal al estar las DI dentro del perímetro de la obligación del pago de la contribución. Por ejemplo, las DI mencionadas en las fracciones del artículo 27 de la LISR y que se han de exhibir para la procedencia de la deducción de que se trate, sin duda, repercuten directamente en el entero de dicho gravamen, por lo que, su examen sí puede realizarse bajos los principios tributarios de justicia fiscal del artículo 31, fracción IV, de la Constitución. A diferencia de lo que acontece con la reciente obligación de reportar sobre la “informativa de operaciones relevantes” a que alude el artículo 31–A del CFF, mediante la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes”, que su análisis debe efectuarse atendiendo a los principios de legalidad y racionalidad y razonabilidad antes señalados. De ahí la importancia de verificar las violaciones y argumentos que se enderecen en el juicio de amparo, ya sea en el indirecto o en el directo, según sea el caso, para lo cual es recomendable contar con la asesoría profesional en materia legal.
Legalidad de los datos en las informativas Tal y como se señaló, las DI deben estar circunscritas a los datos e información, además de las particularidades referentes a la contribución o a la relación tributaria que se pretenda observar, inspeccionar o investigar, pero en ocasiones, a percepción del informante (contribuyente o terceros), pareciera que en los formatos existe un
exceso de datos o informes a proporcionar que no están relacionados con el vínculo tributario lo que pudiera dar lugar a cuestionar su legalidad, pues el medio utilizado y el fin perseguido no es legal, violando en consecuencia, los derechos de los contribuyentes. Así, la demasía de datos e informes a la administración fiscal, incluso proporcionar éstos en exceso y su falta de vinculación con el hecho generador de la contribución serán la parte medular de los argumentos a exponer al juez para instaurar una buena defensa basados en los principios de legalidad, racionalidad y razonabilidad derivados de los artículos 1o, 14 y 16 constitucionales, desmembrando, en primer lugar, la obligación tributaria a cumplir como está diseñada en la legislación fiscal, ya que esta debe dar los parámetros y el marco normativo del actuar de la autoridad administrativa tanto al expedir el formato respectivo como los datos e información que requiere para la vigilancia de la obligación respectiva. Por lo tanto, si el medio para suministrar los datos e información a la autoridad es el idóneo y susceptible para alcanzar la finalidad perseguida por la norma fiscal las DI o la “información” a proporcionar no pueden calificarse de legales y mucho menos constitucionales, lo que deberá sancionarse por los tribunales, en su caso.
Información de operaciones relevantes El análisis de la forma oficial 76 ha de realizarse confrontado la información a proporcionar frente a la obligación consignada en el artículo 31-A del CFF, la que por cierto es ambigua y vaga en su concepción: por sí misma pudiera estimarse inconstitucional por carecer de certeza y certidumbre jurídica, pues la forma y el CFF no aluden a un hecho generador específico ni precisa qué operaciones o actos se informarán a la administración fiscal para su control y vigilancia, así como su vinculación a algún tributo, dejando, en consecuencia, al arbitrio y discrecionalidad de la autoridad fiscal el solicitar datos e información de un sin número de deberes tributarios que no están circunscritos a impuestos en particular lo que debiera sancionarse por los órganos jurisdiccionales competentes con no suministrarlos a la administración fiscal, máxime que pudiera no calificarse como una DI en los términos que hemos expuesto con anterioridad. En este sentido, se considera que esta situación se asimila más a una fiscalización, sin cumplir con el mandato constitucional, que a un simple reporte de datos e informes de vigilancia fiscal, ya que dicha informativa contiene el siguiente catálogo de transacciones: 5 financieras previstas en los artículos 20 y 21 de la LISR 5 de precios de transferencia 5 reorganización y reestructuras 5 enajenación de intangibles 5 estructuras de financiamiento 5 pagos de regalías
1 Tesis números 1a. XCIX/2006, 1a. XXXIV/2007 y 2a./J. 183/2004 de la novena época de voces: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LAS OBLIGACIONES FORMALES QUE NO TRASCIENDEN A LA OBLIGACIÓN FISCAL SUSTANTIVA, NO DEBEN ANALIZARSE DESDE LA ÓPTICA DE DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL; EQUIDAD TRIBUTARIA. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN COMPRENDE DISPOSICIONES LEGALES QUE TRASCIENDEN AL MONTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PAGO, AUNQUE NO AFECTEN DIRECTAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN; y EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS, visibles en los Semanarios Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XXIII, XXV y XXI, de los meses de junio de 2006, febrero de 2007 y enero de 2005, páginas 187, 639 y 541, registros 174853, 173305 y 179587, respectivamente
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de participación en el capital y residencia fiscal migración a paraísos fiscales 5 derivadas 5 otras que se “califican como estrategias fiscales agresivas o abusivas” según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), bajo el “Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios” (BEPS, por sus siglas en inglés, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) En ese tenor, no puede considerarse legal, ni estimarse constitucional la obligación de informar sobre todas esas operaciones o actos, así como la forma oficial con la que se reportan dichos datos e informes. 5
Directrices de las informativas
Excepción
Ceñirse a los datos, información y demás particularidades referentes a la contribución o a la relación tributaria que se pretenda inspeccionar o investigar Observar los principios de legalidad, racionalidad y razonabilidad contenidos en los artículos 1o, 14 y 16 constitucionales
No todas las DI han de constreñirse a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad (justicia fiscal) previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, salvo que repercutan directamente en la contribución
5
Efecto de no informar o hacerlo mal La omisión de informar o el cumplimiento extemporáneo de una DI, a criterio del SAT, implica el rechazo de la deducción, si está condicionada a una partida deducible para efectos del ISR, pues la norma señala que es necesario cumplir con ese deber en los plazos expresamente indicados, incluso cuando no hubiese exactitud en los datos que contiene la misma. Aunado a lo anterior, el fisco federal trata de aplicar por analogía lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32 del CFF en el sentido de considerar que una informativa no puede modificarse al ser definitiva. Sin embargo, sobre tal particularidad la regla 2.8.4.4. de la RMISC 2015 precisa que en las declaraciones complementarias de la DIM presentadas por los contribuyentes, se ha de indicar el número de operación asignado y la fecha de exhibición de la que se complementa, con lo cual queda manifiesta la ilegalidad de dicho criterio por parte del SAT y estaría zanjada la problemática en torno a poseer el carácter de definitivas. En ese tenor, una debida interpretación abarcaría a todas las DI, incluyendo –si se asume que sea una declaración– la información de operaciones relevantes. Sobre otros temas de repercusiones económicas para los contribuyentes, los tribunales federales no tienen una postura definida, ya que las sentencias pronunciadas sobre esos tópicos dependen del tribunal en donde se resuelva el asunto, por lo tanto, la tendencia es variable. Así, los contribuyentes involucrados en este tipo de procesos, generalmente, alegan que el cumplimiento de una obligación estrictamente formal no puede ser tan grave y con una repercusión económica tan alta de llegar a perder la deducción, aun cuando la DI sea un requisito para acceder a la misma, toda vez que desde el punto de vista legal es factible subsanar esa situación, por ende, la última instancia legal con la que cuentan es el juicio de amparo, esgrimiendo las argumentos descritos.
laridades, exhibirlas a requerimiento de la autoridad fiscal, incluso, no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos indicados, constituye una infracción sancionada con una multa que va desde $1,240.00 a $25,300.00 por las no declaradas o a petición del SAT, según sea el caso, y de $30.00 a $3,350.00 por anotar datos equívocos o incorrectos o no asentar los mismos, por cada uno, lo que en muchas ocasiones puede ser una sangría financiera para los contribuyentes por lo que en caso de incurrir existen medios para desvirtuarlas.
Aclaración administrativa Ante estas eventualidades, la primera instancia es la llamada “justicia de ventanilla” (art. 33-A, CFF) consistente en que el particular acuda ante la autoridad fiscal dentro del plazo de seis días siguientes al cual hubiese surtido efectos la notificación de la resolución que impuso la multa para hacer las aclaraciones pertinentes y dejar sin efecto dicha sanción. El fisco federal resolverá en un plazo de seis días contados a partir de haberse integrado debidamente el expediente, observando el procedimiento previsto en las fichas de trámite “128/CFF “Aclaración de requerimientos de obligaciones omitidas (declaraciones)” o 129/CFF “Aclaración sobre créditos fiscales. Adeudo por error aritmético en declaraciones”, según sea el caso. La resolución expedida no constituye instancia, ni suspende o interrumpe los plazos para interponer el recurso administrativo de revocación o el juicio contencioso administrativo federal, además de que tampoco se puede impugnar, salvo mediante el juicio de amparo por violación directa a algún precepto constitucional que consagre un derecho fundamental.
Medios de defensa
Multas procedentes
RECURSO DE REVOCACIÓN
Lo más recurrente en la no presentación de las declaraciones o hacerlo en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales –ahora, en medios electrónicos–, incompletas, con errores o irregu-
Si no se desea efectuar una aclaración o esta no es procedente por tratarse del tema de interpretación legal, lo viable es el recurso administrativo de revocación como una opción para anular la sanción.
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Se presenta por el buzón tributario dentro de los 30 días siguientes en que hubiese surtido efectos la notificación de la multa sin necesidad de garantizar el interés fiscal, si se promovió en tiempo y forma hasta en tanto sea resuelto. Para dicho efecto, el recurso se presentará mediante un escrito libre que reúna los requisitos previstos en los artículos 18, 122 y 123 del CFF, ante la autoridad competente en razón del domicilio fiscal del contribuyente o la que emitió o ejecutó el acto. Asimismo, la regla 2.18.1. de la RMISC 2015 precisa que el recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto por correo certificado con acuse de recibo, si el envío se realiza desde el lugar en que resida el re-
Modalidad
currente. En este caso, se tendrá como fecha de presentación la del día en el cual se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos. Una vez notificada la resolución, si esta fuere adversa al particular tendrá 10 días para pagar, garantizar e impedir que inicie el procedimiento administrativo de ejecución o, incluso, iniciar el juicio contencioso administrativo federal.
JUICIO DE NULIDAD En esta instancia se argumentan aspectos de estricta legalidad en la actualización de la infracción y la aplicación de la sanción, así como el actuar de la autoridad y se tramita en las siguientes vías:
Plazo para promoverlo
Sumaria
15 días a partir de que surta efectos la notificación de la multa
Tradicional
45 días desde que surta efectos la notificación del acto impugnado
Condición Si el monto del crédito fiscal no excede de cinco veces el salario mínimo general vigente en el DF elevado al año al momento de su emisión. Es indispensable garantizar el interés fiscal dentro de los 30 días siguientes de haberse notificado la sanción Si el importe del adeudo excede de la cantidad indicada. También es necesario garantizar el interés fiscal en los términos indicados
Conclusión Sin duda el SAT a través de las DI cuenta con amplios datos e información de las operaciones o actos que realizan los contribuyentes, vinculados con el hecho generador de las contribuciones, los cuales se almacenan en su gran base de datos, misma que es de gran utilidad cuando se va a iniciar un proceso de fiscalización, pues la autoridad hace un cruce de datos e informes y al arrojar diferencias, por omisiones o errores, es muy probable que se requiera la aclaración o se inicie una revisión fiscal, pero en todo caso debe cumplirse el mandamiento constitucional previsto para ello.
Para evitar cualquier inconveniente y/o contingencia que acabe en tribunales federales, lo más recomendable es presentar en tiempo y forma las DI o, en su caso, instrumentar los medios legales de defensa, como es el juicio de amparo para dirimir la constitucionalidad de los datos e información a suministrar al SAT, y disminuir los posibles riesgos fiscales que pudieran originarse sobre el particular.
PARA TOMARSE EN CUENTA
Beneficios fiscales para varios sectores El 26 de marzo de 2015 se publicaron en el DOF diversas facilidades para varios sectores que enseguida se puntualizan.
de las zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2014, publicado el 19 de septiembre de 2014).
AFECTADOS POR ODILE
VIVIENDA
Los contribuyentes de Baja California Sur afectados por el huracán Odile podrán hasta el 30 de junio de 2015 (anteriormente 31 de marzo) aplicar la deducción inmediata del 100% de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo que realicen en las zonas impactadas por ese fenómeno natural (art. tercero, Decreto por el que se modifica el diverso por el cual se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que presten servicios parciales de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, si el prestador proporciona la mano de obra y materiales, además (arts. primero y segundo, Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales –en adelante Decreto–):
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no traslade al prestatario de los servicios cantidad alguna del IVA expida el comprobante fiscal amparando solo los servicios parciales destinados a casa habitación 5 recabe del prestatario una manifestación en la cual indique que los inmuebles donde se proporciona el servicio se destinan a casa habitación, el número de licencia, permiso o autorización de construcción, la voluntad de asumir la responsabilidad solidaria por el IVA correspondiente al servicio 5 manifieste en la declaración del IVA el monto de los mismos como una actividad por la que no se ha de pagar el impuesto Los contribuyentes actualmente dedicados a proporcionar dichos servicios tendrán las siguientes repercusiones: 5 el IVA trasladado por la compra de material para prestar servicios parciales de construcción incluyendo la mano de obra será acreditable 5 un estímulo equivalente al 100% del IVA causado conforme a lo siguiente: 5 5
IVA que debiera trasladarse
$120,000.00
Estímulo fiscal IVA a trasladar
$120,000.00 $0.00
Menos: Igual:
el IVA objeto del estímulo no debe desglosarse en el comprobante los servicios se considerarán como actividades por las que no se debe pagar el IVA y producirán efectos similares a los actos exentos En ese tenor, la implicación es que el IVA que les trasladaron no debe ser acreditable, por eso, de conformidad con el artículo 28, fracción XV de la LISR se considera como un gasto deducible. 5 5
ENAJENANTES DE SUPLEMENTOS Se condona el pago del IVA y sus accesorios causados hasta el 31 de diciembre de 2014 por las enajenaciones de suplementos alimenticios, si el gravamen no fue trasladado ni cobrado al adquirente de dichos productos (art. quinto, Decreto).
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN Las sociedades cooperativas de producción que determinen utilidad gravable del ejercicio fiscal y no la distribuyan, podrán diferir la totalidad del ISR anual calculado conforme al artículo 194, fracción I de la LISR, en tres ejercicios fiscales (art. noveno, Decreto). En todos los casos serán procedentes los beneficios si se cumplen ciertos requisitos. Las facilidades no dan lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno, y están vigentes desde el 27 de marzo de 2015.
LA EMPRESA CONSULTA EX REPECO ACREDITA SUBSIDIO AL EMPLEO
INGRESOS DEL RÉGIMEN AGRÍCOLA EXENTOS
Soy propietario de un restaurante de comida rápida, que desde el 2012 se inscribió en el régimen de pequeños contribuyentes (REPECO), y ante la desaparición de ese esquema en 2014 estoy en el de incorporación fiscal (RIF). Cuento con una cantidad del subsidio para el empleo entregado a mis trabajadores en 2012 y 2013 pendiente de aplicar, ¿lo puedo acreditar contra el ISR causado a partir de 2015? No, en virtud de que el estímulo del 100 % en el pago del ISR se prorrogó durante 2015 con fundamento en el IDC artículo primero del Decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del RIF. En el evento de que para 2016 tuviere impuesto a cargo procedería el acreditamiento, sin ser óbice que hubiese migrado al RIF, pues el cambio fue por ministerio de ley.
Constituimos una sociedad de producción rural, tributamos en el régimen de actividades agrícolas, y uno de nuestros socios realiza por cuenta propia actos agropecuarios. ¿Podemos aprovechar la exención de ingresos a pesar de que el socio aplicó la de 40 veces el salario mínimo elevado al año prevista en el artículo 74, onceavo párrafo de la LISR? Sí puede materializar la exención en comento, toda vez que no existe limitación alguna, al tratarse de personas IDC independientes. Esto es, el socio por sus actividades propias tiene derecho a aplicar la exención, y de igual forma la productora rural, sin que se excluya una de otra, pues la LISR no prevé tal situación.
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Año XXVIII/4a. Época/15 de abril de 2015
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CASOS PRÁCTICOS
Anual de actividades empresariales Personas físicas con actividades empresariales, calculen su carga fiscal de 2014 y aprovechen las deducciones personales para disminuirla
15
ACCIONISTA, DECLARA TUS DIVIDENDOS Aun cuando sea el único ingreso obtenido, debe calcular el ISR del ejercicio
20
ESTÍMULO A LA CONSTRUCCIÓN Utilice esta facilidad para posponer el pago del ISR por la venta a crédito de inmuebles destinados a la vivienda
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Anual de actividades empresariales Aprenda a determinar la base para el pago del ISR y la PTU del 2014, a cargo de las personas físicas que tributan en el régimen general de la ley.
A
más tardar el 30 de abril de 2015, las personas físicas deben presentar su declaración anual del 2014 así como realizar el entero del ISR a pagar que en su caso hubieran determinado. A continuación se muestran las cédulas de trabajo a elaborar por parte de las personas físicas que obtuvieron ingresos por la realización de actividades empresariales y que cumplen con sus obligaciones fiscales en términos del Título IV, Capítulo II, Sección I, de la LISR. Para tener un panorama más completo de dicha obligación, en la edición 345 del 31 de marzo de 2015, en esta misma sección, se publicó el artículo “Asalariados, solos o con otros ingresos”, en el cual se muestran las generalidades que deben observar las personas físicas al momento de presentar su declaración anual, como: ingresos exentos, medios para declarar, requisitos de las deducciones personales y estímulos fiscales para el ISR.
Caso práctico El señor Ramón Jiménez Preciado, durante el ejercicio inmediato anterior obtuvo ingresos por venta de artículos publicitarios superiores a $2,000,000.00, por lo que tributa en el régimen general para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Desea conocer el ISR a su cargo por el ejercicio 2014, por lo que presenta las transacciones realizadas durante el año.
Por estos bienes se determinará la depreciación aplicada en los pagos provisionales y la del ejercicio, en términos de la Sección II, del Capítulo II, del Título II de la LISR (art. 104, LISR).
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO ACTUALIZADA DE LA COMPUTADORA Concepto
Por: Igual: Entre: Igual: Por: Igual: Por: Igual:
Concepto Computadora Plotter de impresión Mobiliario de oficina Equipo de transporte Inmueble (solo comprende la construcción)
MOI $29,654.00 102,050.00 44,560.00 115,000.00 $1,150,302.00
Fecha de adquisición
Importe 25/08/12 $29,654.00 30 % 8,896.20 12 741.35 12 8,896.20 1.0706 $9,524.27
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES El contribuyente cuenta con los siguientes activos para el desarrollo de sus actividades.
Fecha de adquisición MOI Tasa de depreciación Depreciación anual Doce Depreciación mensual Meses completos de uso en el ejercicio Depreciación del ejercicio Factor de actualización Depreciación del ejercicio actualizada de la computadora
Entre: Igual:
25/08/12 03/04/13 13/06/10 20/11/11 05/04/09
02/15 abril 2015
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio (junio 2014) INPC del mes de adquisición (agosto 2012) Factor de actualización
Importe 112.7220
105.2790 1.0706
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEL PERIODO DE LA COMPUTADORA Concepto Por: Igual: Por: Igual:
Concepto Por: Igual: Por:
Igual:
Enero
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del periodo de la computadora
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del periodo de la computadora
Febrero
$741.35 1.0591 785.16 1
Julio
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$741.35 1.0686 792.21 2
$741.35 1.0686 792.21 3
$741.35 1.0713 794.21 4
$741.35 1.0713 794.21 5
$741.35 1.0742 796.36 6
$785.16 $1,584.42
$2,376.63
$3,176.84
$3,971.05
$4,778.16
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$741.35 1.0742 796.36
$741.35 1.0722 794.88
$741.35 1.0722 794.88
$741.35 1.0688 792.35
$741.35 1.0688 792.35
$741.35 1.0706 793.69
7
8
9
10
11
12
$5,574.52
$6,359.04
$7,153.92
$7,923.50
$8,715.85
$9,524.28
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
Entre: Igual:
Concepto
Entre: Igual:
Enero
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (agosto 2012) Factor de actualización
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (agosto 2012) Factor de actualización
Marzo
Abril
Mayo
Junio
111.5080
112.5050
112.5050
112.7900
112.7900
113.0990
105.2790 1.0591
105.2790 1.0686
105.2790 1.0686
105.2790 1.0713
105.2790 1.0713
105.2790 1.0742
Julio
Agosto
Concepto
Por: Igual: Entre: Igual: Por: Igual: Por: Igual:
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
113.0990
112.8880
112.8880
112.5270
112.5270
112.7220
105.2790
105.2790
105.2790
105.2790
105.2790
105.2790
1.0742
1.0722
1.0722
1.0688
1.0688
1.0706
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEL PLOTTER Fecha de adquisición MOI Tasa de depreciación Depreciación anual Doce Depreciación mensual Meses completos de uso en el ejercicio Depreciación del ejercicio Factor de actualización Depreciación del ejercicio actualizada del plotter
Febrero
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
Importe 03/04/13 $102,050.00 30 % 30,615.00 12 2,551.25 12
Concepto
Entre: Igual:
30,615.00 1.0334 $31,637.54
03/15 abril 2015
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio de enajenación (junio 2014) INPC del mes de adquisición (abril 2013) Factor de actualización
Importe 112.7220
109.074 1.0334
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEL PERIODO DEL PLOTTER Concepto Por: Igual: Por:
Igual:
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del periodo del plotter
Concepto Por: Igual: Por:
Igual:
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del periodo del plotter
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$2,551.25 1.0223 2,608.14 1
Febrero $2,551.25 1.0314 2,631.36 2
$2,551.25 1.0314 2,631.36 3
$2,551.25 1.034 2,637.99 4
$2,551.25 1.034 2,637.99 5
$2,551.25 1.0369 2,645.39 6
$2,608.14
$5,262.72
$7,894.08
$10,551.96
$13,189.95
$15,872.34
Noviembre
Diciembre
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
$2,551.25 1.0369 2,645.39
$2,551.25 1.0349 2,640.29
$2,551.25 1.0349 2,640.29
$2,551.25 1.0316 2,631.87
$2,551.25 1.0316 2,631.87
$2,551.25 1.0334 2,636.46
7
8
9
10
11
12
$18,517.73
$21,122.32
$23,762.61
$26,318.70
$28,950.57
$31,637.52
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
Entre: Igual:
Concepto
Entre: Igual:
Enero
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (abril 2013) Factor de actualización
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (abril 2013) Factor de actualización
Julio
Marzo
Abril
Mayo
Junio
111.5080
Febrero 112.5050
112.5050
112.7900
112.7900
113.0990
109.074 1.0223
109.0740 1.0314
109.0740 1.0314
109.0740 1.0340
109.0740 1.0340
109.0740 1.0369
Agosto
Septiembre
112.5270
112.5270
112.7220
109.0740
109.0740
109.0740
109.0740
109.0740
109.0740
1.0369
1.0349
1.0349
1.0316
1.0316
1.0334
DEPRECIACIÓN ACUMULADA A OCTUBRE DE 2014
Igual:
Por: Igual: Entre: Igual:
Diciembre
112.8880
Por:
Concepto
Noviembre
112.8880
El 31 de octubre de 2014, el contribuyente enajenó su mobiliario y equipo de oficina, por la que se obtiene la siguiente utilidad o pérdida en venta de activos fijos.
MOI Por ciento de depreciación Depreciación anual Doce Depreciación mensual
Octubre
113.0990
Concepto
Importe $44,560.00 10 % 4,456.00 12 371.33
04/15 abril 2015
Meses completos de uso acumulados desde que se comenzó a utilizar el bien y hasta su venta Depreciación acumulada a octubre de 2014
Importe 52
$19,309.16
SALDO PENDIENTE POR DEPRECIAR ACTUALIZADO A OCTUBRE 2014 Concepto
Adquisición de automóvil
MOI Menos: Depreciación acumulada a octubre de 2014 Igual: Saldo pendiente por deducir Por: Factor de actualización Igual: Saldo pendiente por depreciar actualizado a octubre 2014
25,250.84 1.1616 $29,331.38
Concepto
Igual:
! % " !
$44,560.00 19,309.16
' " &# "
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
Entre:
! " ! ' ! ! " $ !
Importe
Importe
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio (mayo 2014) INPC del mes de adquisición (junio 2010) Factor de actualización
112.527
96.8672 1.1616
GANANCIA FISCAL POR ENAJENACIÓN DE ACTIVO Concepto
Importe
Precio de venta del activo Menos: Saldo pendiente por depreciar actualizado a octubre 2014 Igual:
$34,500.00 29,331.38
Ganancia (pérdida) fiscal por enajenación de activo
$5,168.62
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEL PERIODO DEL MOBILIARIO DE OFICINA Concepto Por: Igual: Por: Igual:
Concepto Por: Igual: Por:
Igual:
Enero
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del periodo del mobiliario de oficina
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del periodo del mobiliario de oficina
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$371.33 1.1511 427.44 1
$371.33 1.1614 431.26 2
$371.33 1.1614 431.26 3
$371.33 1.1643 432.34 4
$371.33 1.1643 432.34 5
$371.33 1.1675 433.53 6
$427.44
$862.52
$1,293.78
$1,729.36
$2,161.70
$2,601.18
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
$371.33 1.1675 433.53 7
$371.33 1.1653 432.71 8
$371.33 1.1653 432.71 9
$371.33 1.1616 431.34 10
$3,034.71
$3,461.68
$3,894.39
$4,313.40
05/15 abril 2015
Noviembre Diciembre
$4,313.40
$4,313.40
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
Entre: Igual:
Concepto
Entre: Igual:
Enero
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (junio 2010) Factor de actualización
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (junio 2010) Factor de actualización
Marzo
Abril
Mayo
Junio
111.5080
Febrero 112.5050
112.5050
112.7900
112.7900
113.0990
96.8672 1.1511
96.8672 1.1614
96.8672 1.1614
96.8672 1.1643
96.8672 1.1643
96.8672 1.1675
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
113.0990
112.8880
112.8880
112.5270
96.8672
96.8672
96.8672
96.8672
1.1675
1.1653
1.1653
1.1616
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO ACTUALIZADA DEL AUTOMÓVIL
Noviembre Diciembre
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
Concepto
Por: Igual: Entre: Igual: Por: Igual: Por: Igual:
Fecha de adquisición MOI Tasa de depreciación Depreciación anual Doce Depreciación mensual Meses completos de uso en el ejercicio Depreciación del ejercicio Factor de actualización Depreciación del ejercicio actualizada del automóvil
Importe 20/11/11 $115,000.00 25 % 28,750.00 12 2,395.83 12
Entre: Igual:
Importe
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio (junio 2014) INPC del mes de adquisición (noviembre 2011) Factor de actualización
112.7220
102.7070 1.0975
28,749.96 1.0975 $31,553.08
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEL AUTOMÓVIL DEL PERIODO Concepto Por: Igual: Por:
Igual:
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del automóvil del periodo
Concepto Por: Igual:
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada
Enero
Febrero
$2,395.83 1.0856 2,600.91 1
$2,395.83 1.0953 2,624.15 2
$2,600.91
$5,248.30
Julio
Agosto
$2,395.83 1.1011 2,638.05
$2,395.83 1.0991 2,633.26
06/15 abril 2015
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$2,395.83 1.0953 2,624.15 3
$2,395.83 1.0981 2,630.86 4
$2,395.83 1.0981 2,630.86 5
$2,395.83 1.1011 2,638.05 6
$7,872.45 $10,523.44
$13,154.30
$15,828.30
Septiembre $2,395.83 1.0991 2,633.26
Octubre $2,395.83 1.0956 2,624.87
Noviembre Diciembre $2,395.83 1.0956 2,624.87
$2,395.83 1.0975 2,629.42
Concepto Por:
Igual:
Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del automóvil del periodo
Julio
Agosto 7
Septiembre 8
Octubre
9
$18,466.35 $21,066.08
Noviembre Diciembre
10
11
12
$23,699.34 $26,248.70
$28,873.57
$31,553.04
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
Entre: Igual:
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (noviembre 2011) Factor de actualización
Concepto
Entre: Igual:
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (noviembre 2011) Factor de actualización
Enero
Abril
Mayo
Junio
111.5080
Febrero 112.5050
112.5050
112.7900
112.7900
113.0990
102.7070
102.7070
102.7070
102.7070
102.7070
102.7070
1.0856
1.0953
1.0953
1.0981
1.0981
1.1011
Julio
Agosto
Marzo
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
113.0990
112.8880
112.8880
112.5270
112.5270
112.7220
102.7070
102.7070
102.7070
102.7070
102.7070
102.7070
1.1011
1.0991
1.0991
1.0956
1.0956
1.0975
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO DEL INMUEBLE ACTUALIZADA
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
Concepto
Por: Igual: Entre: Igual: Por: Igual: Por: Igual:
Fecha de adquisición MOI Tasa de depreciación Depreciación anual Doce Depreciación mensual Meses completos de uso en el ejercicio Depreciación del ejercicio Factor de actualización Depreciación del ejercicio del inmueble actualizada
Importe 05/04/09 $1,150,302.00 5% 57,515.10 12 4,792.93 12
Entre: Igual:
Importe
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio (junio 2014) INPC del mes de adquisición (abril 2009) Factor de actualización
112.722
93.5178 1.2053
57,515.16 1.2053 $69,323.02
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEL INMUEBLE Concepto Por: Igual: Por:
Igual:
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del inmueble
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$4,792.93 1.1923 5,714.61 1
Febrero $4,792.93 1.203 5,765.89 2
$4,792.93 1.203 5,765.89 3
$4,792.93 1.206 5,780.27 4
$4,792.93 1.206 5,780.27 5
$4,792.93 1.2093 5,796.09 6
$5,714.61
$11,531.78
$17,297.67
$23,121.08
07/15 abril 2015
$28,901.35 $34,776.54
Concepto Por: Igual: Por:
Igual:
Depreciación mensual Factor de actualización Depreciación mensual actualizada Número de meses acumulados al que corresponde el pago provisional Depreciación actualizada del inmueble
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
$4,792.93 1.2093 5,796.09
$4,792.93 1.2071 5,785.55
$4,792.93 1.2071 5,785.55
$4,792.93 1.2032 5,766.85
$4,792.93 1.2032 5,766.85
$4,792.93 1.2053 5,776.92
7
8
9
10
11
12
$40,572.63 $46,284.40
$52,069.95 $57,668.50
$63,435.35 $69,323.04
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Concepto
Entre: Igual:
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (abril 2009) Factor de actualización
Concepto
Entre: Igual:
INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio INPC del mes de adquisición (abril 2009) Factor de actualización
Enero
Abril
Mayo
Junio
111.5080
Febrero 112.5050
112.5050
112.7900
112.7900
113.0990
93.5178
93.5178
93.5178
93.5178
93.5178
93.5178
1.1923
1.2030
1.2030
1.2060
1.2060
1.2093
Julio
Agosto
Marzo
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
113.0990
112.8880
112.8880
112.5270
112.5270
112.7220
93.5178
93.5178
93.5178
93.5178
93.5178
93.5178
1.2093
1.2071
1.2071
1.2032
1.2032
1.2053
El resumen de la depreciación de los activos del ejercicio es:
TOTAL DE LA DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DEL PERIODO Depreciación actualizada del periodo de Más: Más: Más: Más: Igual:
Computadora Plotter Mobiliario de oficina Automóvil Inmueble Total de la depreciación actualizada del periodo
Enero
Febrero
$785.16 $1,584.42 2,608.14 5,262.72 427.44 862.52 2,600.91 5,248.30 5,714.61 11,531.78 $12,136.26 $24,489.74
08/15 abril 2015
Marzo
Abril
$2,376.63 $3,176.84 7,894.08 10,551.96 1,293.78 1,729.36 7,872.45 10,523.44 17,297.67 23,121.08 $36,734.61 $49,102.68
Mayo
Junio
$3,971.05 13,189.95 2,161.70 13,154.30 28,901.35 $61,378.35
$4,778.16 15,872.34 2,601.18 15,828.30 34,776.54 $73,856.52
Depreciación actualizada del periodo de Más: Más: Más: Más: Igual:
Computadora Plotter Mobiliario de oficina Automóvil Inmueble Total de la depreciación actualizada del periodo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$5,574.52 $6,359.04 $7,153.92 $7,923.50 $8,715.85 $9,524.28 18,517.73 21,122.32 23,762.61 26,318.70 28,950.57 31,637.52 3,034.71 3,461.68 3,894.39 4,313.40 4,313.40 4,313.40 18,466.35 21,066.08 23,699.34 26,248.70 28,873.57 31,553.04 40,572.63 46,284.40 52,069.95 57,668.50 63,435.35 69,323.04 $86,165.94 $98,293.52 $110,580.21 $122,472.80 $134,288.74 $146,351.28
PAGOS PROVISIONALES Los ingresos efectivamente cobrados y las deducciones efectivamente erogadas del ejercicio, con los cuales se determinaron los pagos provisionales son:
INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO Concepto
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total de ventas $854,034.00 $814,943.00 $834,595.00 $837,372.00 $840,577.00 $811,738.00 Más: Ganancia por 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 enajenación de bienes de activo Menos: Ventas a crédito 46,116.00 44,005.00 45,066.00 45,216.00 45,389.00 43,833.00 Igual: Ingresos 807,918.00 770,938.00 789,529.00 792,156.00 795,188.00 767,905.00 cobrados Más: Ventas cobrados 42,380.00 44,640.00 42,597.00 43,625.00 43,770.00 43,937.00 de periodos anteriores Igual: Ingresos 850,298.00 815,578.00 832,126.00 835,781.00 838,958.00 811,842.00 acumulables Más: Ingresos 0.00 850,298.00 1,665,876.00 2,498,002.00 3,333,783.00 4,172,741.00 acumulables de periodos anteriores Igual: Ingresos $850,298.00 $1,665,876.00 $2,498,002.00 $3,333,783.00 $4,172,741.00 $4,984,583.00 acumulables del periodo
Concepto Total de ventas Ganancia por enajenación de bienes de activo Menos: Ventas a crédito Igual: Ingresos cobrados Más: Ventas cobrados de periodos anteriores Más:
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$823,273.00 0.00
$849,121.00 0.00
$852,965.00 0.00
$815,027.00 5,168.62
$840,043.00 0.00
$845,917.00 0.00
44,457.00 778,816.00
45,850.00 803,271.00
46,057.00 806,908.00
44,009.00 776,186.62
45,361.00 794,682.00
45,678.00 800,239.00
42,429.00
43,033.00
44,383.00
44,585.00
42,601.00
43,650.00
09/15 abril 2015
Concepto Igual: Más:
Igual:
Ingresos acumulables Ingresos acumulables de periodos anteriores Ingresos acumulables del periodo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
821,245.00
846,304.00
851,291.00
820,771.62
837,283.00
843,889.00
4,984,583.00
5,805,828.00
6,652,132.00
7,503,423.00
8,324,194.62
9,161,477.62
$5,805,828.00 $6,652,132.00 $7,503,423.00 $8,324,194.62 $9,161,477.62 $10,005,366.62
Para obtener las deducciones autorizadas debe recordarse que los pagos por sueldos y salarios que a su vez son un ingreso exento para los trabajadores, son deducibles solo en una parte.
En este supuesto en un 53 %, ya que las prestaciones otorgadas en 2014 son superiores a las de 2013 (arts. 103, último párrafo y 28, fracc. XXX, LISR).
PAGOS EXENTOS PARA LOS TRABAJADORES DEDUCIBLES Concepto Más: Más: Más: Igual: Por: Igual:
Horas extras exentas Prima vacacional exenta Aguinaldo exento Prestaciones de previsión social exentas Total de pagos exentos para los trabajadores Factor de deducibilidad Pagos exentos para los trabajadores deducibles
Concepto Más: Más: Más: Igual: Por: Igual:
Enero
Febrero
Marzo
$1,365.00 684.00 0.00 3,654.00 5,703.00
$1,254.00 758.00 0.00 3,456.00 5,468.00
$1,025.00 598.00 0.00 3,745.00 5,368.00
Abril
Mayo
Junio
$1,297.00 698.00 0.00 3,648.00 5,643.00
$1,335.00 704.00 0.00 3,651.00 5,690.00
53 % 53 % 53 % 53 % 53 % $3,022.59 $2,898.04 $2,845.04 $2,703.00 $2,990.79
53 % $3,015.70
Julio
Agosto
Horas extras exentas $1,157.00 $1,005.00 Prima vacacional exenta 654.00 684.00 Aguinaldo exento 0.00 0.00 Prestaciones de previsión social 3,548.00 3,344.00 exentas Total de pagos exentos para los 5,359.00 5,033.00 trabajadores Factor de deducibilidad 53 % 53 % Pagos exentos para los trabajadores $2,840.27 $2,667.49 deducibles
Septiembre
$1,156.00 599.00 0.00 3,345.00 5,100.00
Octubre
Noviembre Diciembre
$1,235.00 745.00 0.00 3,654.00
$1,199.00 665.00 0.00 3,840.00
$1,305.00 689.00 0.00 3,798.00
$1,005.00 740.00 30,281.00 3,799.00
5,634.00
5,704.00
5,792.00
35,825.00
53 % $2,986.02
53 % $3,023.12
53 % 53 % $3,069.76 $18,987.25
TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLES Concepto Más: Más: Igual:
Salarios Prestaciones gravadas Pagos exentos para los trabajadores deducibles Total de sueldos y salarios deducibles
Enero $98,740.00 4,658.00 3,022.59
Febrero
Marzo
$96,548.00 4,846.00 2,898.04
$97,845.00 4,704.00 2,845.04
Abril $98,546.00 4,625.00 2,703.00
Mayo $96,487.00 4,561.00 2,990.79
Junio $97,845.00 4,684.00 3,015.70
$106,420.59 $104,292.04 $105,394.04 $105,874.00 $104,038.79 $105,544.70
10/15 abril 2015
Concepto Más: Más: Igual:
Julio
Salarios Prestaciones gravadas Pagos exentos para los trabajadores deducibles Total de sueldos y salarios deducibles
Agosto
$97,845.00 4,743.00 2,840.27 $105,428.27
$98,430.00 4,635.00 2,667.49
Septiembre $96,548.00 4,745.00 2,986.02
$105,732.49 $104,279.02
Octubre $97,450.00 4,668.00 3,023.12
Noviembre
Diciembre
$96,548.00 4,748.00 3,069.76
$97,456.00 49,874.00 18,987.25
$105,141.12 $104,365.76
$166,317.25
Con esto, el total de deducciones autorizadas del ejercicio son:
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
Más: Más: Más: Más: Más: Más:
Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Igual:
Más: Igual: Más:
Igual:
Concepto
Enero
Compras de mercancías Devoluciones y rebajas sobre ventas Total de sueldos y salarios deducibles Cuotas IMSS e Infonavit Impuesto sobre nóminas Honorarios Consumos en restaurante deducibles Combustible y lubricantes Publicidad Cuotas y suscripciones Viáticos y gastos de viaje Teléfonos Luz Papelería y útiles de oficina Mantenimiento Seguros y fianzas Otros gastos Total de gastos efectivamente erogados Gastos de periodos anteriores Gastos acumulados del periodo Depreciación actualizada del periodo Deducciones autorizadas
$282,640.00
$276,461.00
Febrero
$279,429.00
Marzo
$282,996.00
Abril
$286,614.00
Mayo
$279,650.00
Junio
3,075.00
2,349.00
2,077.00
2,558.00
2,427.00
2,543.00
106,420.59
104,292.04
105,394.04
105,874.00
104,038.79
105,544.70
13,562.00
5,042.00
13,441.00
5,160.00
13,562.00
5,160.00
971.00
971.00
971.00
971.00
971.00
971.00
38,886.00 335.00
39,363.00 340.00
39,844.00 342.00
40,325.00 346.00
38,982.00 335.00
39,991.00 342.00
22,717.00
22,998.00
23,284.00
23,559.00
22,777.00
23,365.00
967.00 2,354.00
1,378.00 1,965.00
1,791.00 0.00
2,208.00 0.00
1,048.00 0.00
1,917.00 2,150.00
7,733.00
7,830.00
7,924.00
8,020.00
7,755.00
7,956.00
4,058.00 10,335.00 3,065.00
4,058.00 10,610.00 3,148.00
4,058.00 10,891.00 3,238.00
4,058.00 11,180.00 3,327.00
4,058.00 11,477.00 3,078.00
4,058.00 11,780.00 3,266.00
3,977.00 11,565.00 22,714.00 535,374.59
3,977.00 0.00 22,989.00 507,771.04
3,977.00 0.00 23,273.00 519,934.04
3,977.00 0.00 23,550.00 518,109.00
3,977.00 0.00 22,766.00 523,865.79
3,977.00 0.00 23,355.00 516,025.70
0.00
535,374.59
1,043,145.63
1,563,079.67
2,081,188.67
2,605,054.46
535,374.59
1,043,145.63
1,563,079.67
2,081,188.67
2,605,054.46
3,121,080.16
12,136.26
24,489.74
36,734.61
49,102.68
61,378.35
73,856.52
$547,510.85 $1,067,635.37 $1,599,814.28 $2,130,291.35 $2,666,432.81 $3,194,936.68
11/15 abril 2015
Concepto
Más:
Más:
Más: Más: Más: Más:
Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Más: Igual:
Más:
Igual:
Más:
Igual:
Compras de mercancías Devoluciones y rebajas sobre ventas Total de sueldos y salarios deducibles Cuotas IMSS e Infonavit Impuesto sobre nóminas Honorarios Consumos en restaurante deducibles Combustible y lubricantes Publicidad Cuotas y suscripciones Viáticos y gastos de viaje Teléfonos Luz Papelería y útiles de oficina Mantenimiento Seguros y fianzas Otros gastos Total de gastos efectivamente erogados Gastos de periodos anteriores Gastos acumulados del periodo Depreciación actualizada del periodo Deducciones autorizadas
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$284,153.00
$291,463.00
$270,337.00
$272,268.00
$276,939.00
$296,715.00
2,201.00
1,977.00
2,229.00
2,753.00
2,224.00
2,693.00
105,428.27
105,732.49
104,279.02
105,141.12
104,365.76
166,317.25
13,562.00
5,373.00
13,552.00
5,373.00
13,351.00
5,373.00
986.00
1,005.00
971.00
971.00
971.00
1,456.00
39,413.00 340.00
39,125.00 335.00
42,727.00 367.00
41,766.00 361.00
39,363.00 340.00
40,278.00 346.00
23,027.00
22,860.00
24,963.00
24,403.00
22,998.00
23,528.00
1,423.00 0.00
1,172.00 6,429.00
2,580.00 0.00
1,755.00 0.00
1,378.00 0.00
2,166.00 0.00
7,838.00
7,781.00
8,495.00
8,305.00
7,830.00
8,012.00
4,058.00 12,092.00 3,160.00
4,058.00 12,414.00 3,109.00
4,058.00 12,742.00 3,766.00
4,058.00 13,080.00 3,591.00
4,058.00 13,428.00 3,148.00
4,058.00 13,785.00 3,320.00
3,977.00 0.00 23,020.00 524,678.27
3,977.00 0.00 22,852.00 529,662.49
3,977.00 0.00 24,959.00 520,002.02
3,977.00 0.00 24,395.00 512,197.12
3,977.00 0.00 22,989.00 517,359.76
3,977.00 0.00 23,527.00 595,551.25
3,121,080.16
3,645,758.43
4,175,420.92
4,695,422.94
5,207,620.06
5,724,979.82
3,645,758.43
4,175,420.92
4,695,422.94
5,207,620.06
5,724,979.82
6,320,531.07
86,165.94
98,293.52
110,580.21
122,472.80
134,288.74
146,351.28
$3,731,924.37 $4,273,714.44 $4,806,003.15 $5,330,092.86 $5,859,268.56 $6,466,882.35
Así, los pagos provisionales del ISR que se efectuaron en el ejercicio fueron:
12/15 abril 2015
ISR A PAGAR Concepto Ingresos acumulables Menos: Deducciones autorizadas Igual: Base gravable Menos: Límite inferior Igual: Excedente del límite inferior Por: Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior Igual: Impuesto marginal Más: Cuota fija Igual: ISR Menos: Pagos provisionales de periodos anteriores Igual: ISR a cargo
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
35.00 %
35.00 %
35.00 %
35.00 %
35.00 %
35.00 %
18,475.50 78,404.23 96,879.73 0.00
34,384.22 156,808.46 191,192.68 96,879.73
51,865.70 235,212.69 287,078.39 191,192.68
71,222.07 313,616.92 384,838.99 287,078.39
89,707.86 392,021.15 481,729.01 384,838.99
101,376.21 470,425.38 571,801.59 481,729.01
$96,879.73
$94,312.95
$95,885.71
$97,760.60
$96,890.02
$90,072.58
Concepto Ingresos acumulables Menos: Deducciones autorizadas Igual: Base gravable Menos: Límite inferior Igual: Excedente del límite inferior Por: Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior Igual: Impuesto marginal Más: Cuota fija Igual: ISR Menos: Pagos provisionales de periodos anteriores Igual: ISR a cargo
Febrero
$850,298.00 $1,665,876.00 $2,498,002.00 $3,333,783.00 $4,172,741.00 $4,984,583.00 547,510.85 1,067,635.37 1,599,814.28 2,130,291.35 2,666,432.81 3,194,936.68 302,787.15 598,240.63 898,187.72 1,203,491.65 1,506,308.19 1,789,646.32 250,000.01 500,000.01 750,000.01 1,000,000.01 1,250,000.01 1,500,000.01 52,787.14 98,240.62 148,187.71 203,491.64 256,308.18 289,646.31
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
$5,805,828.00 $6,652,132.00 $7,503,423.00 $8,324,194.62 3,731,924.37 4,273,714.44 4,806,003.15 5,330,092.86 2,073,903.63 2,378,417.56 1,750,000.01 2,000,000.01 323,903.62 378,417.55
2,697,419.85 2,994,101.76 2,250,000.01 2,500,000.01 447,419.84 494,101.75
Noviembre
Diciembre
$9,161,477.62 $10,005,366.62 5,859,268.56 6,466,882.35 3,302,209.06 2,750,000.01 552,209.05
3,538,484.27 3,000,000.01 538,484.26
35.00 %
35.00 %
35.00 %
35.00 %
35.00 %
35.00 %
113,366.27 548,829.61 662,195.88 571,801.59
132,446.14 627,233.84 759,679.98 662,195.88
156,596.94 705,638.07 862,235.01 759,679.98
172,935.61 784,042.30 956,977.91 862,235.01
193,273.17 862,446.53 1,055,719.70 956,977.91
188,469.49 940,850.81 1,129,320.30 1,055,719.70
$90,394.29
$97,484.10
$102,555.03
$94,742.90
$98,741.79
$73,600.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO La utilidad fiscal del ISR es la diferencia entre el total de los ingresos efectivamente cobrados y los gastos erogados.
PAGOS EXENTOS PARA LOS TRABAJADORES NO DEDUCIBLES
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO Concepto Ingresos acumulables Menos: Deducciones autorizadas Igual: Utilidad fiscal del ejercicio
no pudieron deducirse para obtener la utilidad fiscal del ejercicio (art. 109, cuarto, quinto y sexto, párrafos).
Importe $10,005,366.62 6,466,882.35 $3,538,484.27
PTU
Concepto Total de pagos exentos para los trabajadores Menos: Pagos exentos para los trabajadores deducibles Igual: Pagos exentos para los trabajadores no deducibles
La PTU del ejercicio se determina a partir de los ingresos acumulables del ejercicio menos los pagos exentos para los trabajadores que
13/15 abril 2015
Importe $96,319.00 51,049.07 $45,269.93
INGRESOS PARA EFECTOS DE LA PTU Concepto Ingresos acumulables Menos: Pagos exentos para los trabajadores no deducibles Igual: Ingresos para efectos de la PTU
LÍMITE DE DEDUCCIONES PERSONALES CONFORME A INGRESOS Importe
$9,960,096.69
A los ingresos así disminuidos se restarán las deducciones autorizadas.
IMPORTE DE LAS UTILIDADES A REPARTIR ENTRE LOS TRABAJADORES Concepto Ingresos para efectos de la PTU Menos: Deducciones autorizadas Igual: Utilidad base para la PTU Por: Por ciento determinado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas para 2012 Igual: Importe de las utilidades a repartir entre los trabajadores
Concepto
$10,005,366.62 45,269.93
Importe $9,960,096.69 6,466,882.35 3,493,214.34 10 %
$349,321.43
Por: Igual:
Importe
Total de ingresos del ejercicio $10,005,366.62 Por ciento límite 10 % Límite de deducciones personales $1,000,536.66 conforme a ingresos
El límite de los cuatro SMG elevados al año por $98,243.40, es por mucho menor al citado 10 %, por lo que se toman los cuatro SMG anuales como límite para topar las deducciones personales. Asimismo, durante el ejercicio pagó un total de colegiaturas por $32,165.00 de uno de sus hijos de nivel secundaria y por su otro descendiente de nivel bachillerato $29,456.00. Sin embargo, el estímulo fiscal para la deducción de las colegiaturas se encuentra limitado a los importes señalados en el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, por lo tanto solo se deducirán por estos conceptos los siguientes límites.
COLEGIATURAS DE NIVEL SECUNDARIA NO DEDUCIBLES Concepto
ISR DEL EJERCICIO Como toda persona física que presenta su declaración del ejercicio, podrá disminuir de su utilidad fiscal las deducciones personales y estímulos fiscales con los que cuente. En este ejemplo, el señor Jiménez incurrió en los siguientes gastos.
DEDUCCIONES PERSONALES DEL EJERCICIO Concepto Más: Más: Más: Más: Más: Igual:
Gastos médicos y hospitalarios Lentes ópticos graduados Gastos funerarios Intereses reales por créditos hipotecarios Primas por seguros de gastos médicos Gastos por transportación escolar obligatoria Deducciones personales del ejercicio
Colegiaturas de nivel secundaria pagadas Menos: Límite deducible para colegiaturas de nivel secundaria Igual: Colegiaturas de nivel secundaria no deducibles
Importe $32,165.00 19,900.00 $12,265.00
COLEGIATURAS DE NIVEL BACHILLERATO NO DEDUCIBLES
Importe $29,456.00 5,000.00 17,456.00 25,460.00 23,540.00
Concepto Colegiaturas de nivel bachillerato pagadas Menos: Límite deducible para colegiaturas de nivel bachillerato Igual: Colegiaturas de nivel bachillerato no deducibles
Importe $29,456.00 24,500.00 $4,956.00
12,540.00 $113,452.00
Con estos datos puede calcularse la base gravable del ISR para el ejercicio fiscal de 2014.
Cabe recordar que las deducciones personales permitidas no pueden exceder de la cantidad que resulte menor entre el 10 % del total de los ingresos del contribuyente y el equivalente a cuatro SMG elevados al año.
14/15 abril 2015
BASE GRAVABLE DEL EJERCICIO PARA EL ISR Concepto Utilidad fiscal del ejercicio Menos: Deducciones personales del ejercicio topadas Menos: Límite deducible para colegiaturas de nivel secundaria Menos: Límite deducible para colegiaturas de nivel bachillerato Igual: Base gravable del ejercicio para el ISR
ISR A PAGAR (FAVOR)
Importe $3,538,484.27 98,243.40 19,900.00 24,500.00 $3,395,840.87
A la base se le aplicará la tarifa vigente para 2014:
TARIFA ANUAL DEL ISR Límite inferior $
Límite superior $
Por ciento para Cuota fija aplicarse sobre $ el excedente del límite inferior %
0.01 5,952.84 0.00 5,952.85 50,524.92 114.29 50,524.93 88,793.04 2,966.91 88,793.05 103,218.00 7,130.48 103,218.01 123,580.20 9,438.47 123,580.21 249,243.48 13,087.37 249,243.49 392,841.96 39,929.05 392,841.97 750,000.00 73,703.41 750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 3,000,000.01 En adelante 940,850.81
1.92 6.40 10.88 16.00 17.92 21.36 23.52 30.00 32.00 34.00 35.00
Concepto Base gravable del ejercicio para el ISR Menos: Límite inferior Igual: Excedente del límite inferior Por: Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior Igual: Impuesto marginal Más: Cuota fija Igual: ISR del ejercicio Menos: Pagos provisionales Igual: ISR a pagar (favor) del ejercicio
Importe $3,395,840.87 3,000,000.01 395,840.86 35.00 % 138,544.30 940,850.81 $1,079,395.11 1,129,320.30 ($49,925.19)
Al contar con deducciones personales, el cálculo anual del ISR del ejercicio es menor al que se había obtenido en los pagos provisionales, por lo que resulta un saldo a favor, el cual podrá solicitarse en devolución o compensarse. La opción que se elija debe señalarse en el recuadro correspondiente en la declaración del ejercicio (art. 22, CFF y regla 2.3.1., RMISC 2015). Como el saldo a favor es superior a $40,000.00, la declaración anual deberá firmarla con la Fiel.
Conclusión Quienes determinen un ISR a pagar en la declaración anual, deberá enterarlo a más tardar el 30 de abril de 2015, para no generar recargos, actualización y en caso de que la autoridad lo requiriera, la imposición de multas. Cuando se obtenga un saldo a favor, la autoridad a dado a conocer a través de su página en Internet que se realizará su devolución en un plazo de 10 días contados a partir de la presentación de la declaración anual.
Accionista, declara tus dividendos Conozca cual es el ingreso acumulable del ejercicio, las deducciones, acreditamientos que pueden tomarse para determinar el ISR del ejercicio 2014.
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as personas físicas que obtienen ingresos por dividendos distribuidos por personas morales residentes en México, están obligadas a acumularlos a sus demás ingresos que en su caso obtengan en el ejercicio para presentar su declaración del ejercicio 2014, a más tardar el 30 de abril de 2015 (art. 140, LISR). Si solo se perciben este tipo de ingresos, serán los únicos por los que se presentará la declaración anual. Para tales efectos, se puede acreditar, contra el impuesto del ejercicio, el ISR pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos,
siempre que se considere como ingreso acumulable, además del dividendo el monto de dicho ISR. Además, es necesario que el accionista cuenten con la constancia de pagos y retenciones emitida por la empresa (art. 76, fracc. XI y octavo transitorio para 2014, fracc. X, LISR). En dicho documento se incluirán los datos de los dividendos provenientes o no de la CUFIN. A partir del 2014, la LISR prevé que las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10 % sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México,
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Flujo en el reparto de dividendos
Dividendos
CUFINRE (art. Segundo transitorio, fracción XLV LISR 2002)
CUFIN
Utilidad distribuida de otra cuenta (art. 10 de la LISR)
Retención del 10 % por utilidades generadas a partir 2014
Ingreso acumulable para ISR anual por socio persona física
CFDI Constancia DIM
impuesto que es retenido por la empresa y tiene el carácter de pago definitivo, por lo que no es posible considerarlo acreditable en ningún momento (art. 140, LISR). Dicha retención aplica solo a las utilidades que se generen a partir del 2014. Por lo tanto, las personas morales deben manejar una cuenta de CUFIN por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra CUFIN con las utilidades generadas a partir del 1o de enero de 2014, en los términos del nuevo artículo 77 de la LISR. Si no se llevan las dos CUFINES por separado o cuando no se identifique a qué periodo corresponden las utilidades, se entenderá que las mismas fueron generadas a partir del año 2014, por lo tanto se pagará el 10 % de ISR sobre ellas (art. Noveno, fracc. XXX, de las disposiciones transitorias, LISR 2014).
Caso práctico
Este fue el único ingreso que obtuvo en el ejercicio. Como toda persona física tiene el derecho a disminuir de sus ingresos acumulables, las deducciones personales que erogó en el ejercicio (art. 151, LISR).
DEDUCCIONES PERSONALES DEL EJERCICIO Concepto
Más: Más: Más: Igual:
La señora María Morales Torres percibió dividendos en noviembre de 2014, provenientes de utilidades anteriores a dicho año, según las constancias de retenciones que le emitieron, las cuales se muestran en las siguientes páginas.
Gastos médicos y hospitalarios deducibles Gastos funerarios Intereses reales por créditos hipotecarios Primas por seguros de gastos médicos Deducciones personales del ejercicio
Importe $61,235.00 17,564.00 26,540.00 18,654.00 $123,993.00
Estas deducciones personales no pueden ser mayores al 10 % del total de ingresos del contribuyente o al equivalente a 4 SMG elevados al año, que son $98,243.40.
16/15 abril 2015
17/15 abril 2015
18/15 abril 2015
LÍMITE DE DEDUCCIONES PERSONALES CONFORME A INGRESOS
BASE GRAVABLE Concepto
Concepto Más: Igual: Por: Igual:
Importe
Dividendos provenientes de CUFIN Dividendos no provenientes de CUFIN Total de ingresos del ejercicio Por ciento límite Límite de deducciones personales conforme a ingresos
$780,261.00 416,039.00 1,196,300.00 10 % $119,630.00
Ingreso acumulable para el accionista Menos: Deducciones personales topadas Menos: Colegiaturas de nivel secundaria deducibles Igual: Base gravable
Importe $1,709,010.25 98,243.40 19,900.00 $1,590,866.85
ISR DEL EJERCICIO
El límite de los 4 SMG es menor al 10 % de los ingresos, por lo que solo se pueden aplicar $98,243.40 por concepto de deducciones personales. Asimismo, pagó colegiaturas por $21,600.00, por su descendiente que cursa el nivel de secundaria, de las cuales puede deducir hasta el límite permitido en el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado el 26 de diciembre de 2013 en el DOF.
COLEGIATURAS DE NIVEL SECUNDARIA NO DEDUCIBLES
Concepto Base gravable Menos: Límite inferior Igual: Por: Igual: Más: Igual:
Excedente del límite inferior Por ciento sobre el excedente del límite inferior Impuesto marginal Cuota fija ISR del ejercicio
Importe $1,590,866.85 1,000,000.01 590,866.84 34.00 % 200,894.73 260,850.81 $461,745.54
ISR A PAGAR (FAVOR) DEL EJERCICIO Concepto Colegiaturas de nivel secundaria pagadas Menos: Límite deducible para colegiaturas de nivel secundaria Igual: Colegiaturas de nivel secundaria no deducibles
Importe
19,900.00 $1,700.00
Con estos datos, la base gravable e ISR del ejercicio se determinará de la siguiente forma.
ISR CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS Concepto Por: Igual: Por: Igual:
Dividendos Factor Dividendos piramidados Tasa del ISR ISR correspondiente a los dividendos
Concepto
$21,600.00
Importe $1,196,300.00 1.4286 1,709,034.18 30 % $512,710.25
ISR del ejercicio Menos: ISR correspondiente a los dividendos (acreditable) Igual: ISR a pagar (favor)
Concepto Más: Igual:
$461,745.54 512,710.25 ($50,964.71)
Como el impuesto acreditable es superior al ISR, se obtiene un saldo a favor, el cual puede solicitarse en devolución.
Conclusión Si los dividendos se hubieran generado a partir de las utilidades del 2014, al momento de que la empresa los pagó, hubiera retenido un 10%, es decir $119,630.00, como pago definitivo. Si bien en este último supuesto dicho ISR retenido no juega para el cálculo anual, si representa una carga fiscal adicional para el accionista, que hasta 2013 no tenía.
INGRESO ACUMULABLE PARA EL ACCIONISTA Dividendos ISR correspondiente a los dividendos Ingreso acumulable para el accionista
Importe
Importe $1,196,300.00 512,710.25 $1,709,010.25
19/15 abril 2015
Estímulo a la construcción Los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de casa habitación podrán diferir el ISR a cargo de sus ventas a crédito.
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a LISR vigente hasta 2013, permitía a las personas morales que realizarán enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades en términos del CFF, que solo se pagara el ISR por los ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio, sin embargo esta facilidad se eliminó con la publicación de la nueva LISR de 2014. El 22 de enero de 2015 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda 22 de enero de 2015” (Decreto), mediante el cual se permite que los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, considerar como ingreso obtenido en el ejercicio la parte del precio exigible durante el mismo, siempre que: ● su enajenación se haya pactado a plazos ● la operación no sea financiada mediante créditos otorgados por instituciones del sistema financiero, por dependencias y entidades públicas o privadas ● previamente el contrato respectivo sea registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor ● se ejerza por la totalidad de contratos celebrados a plazos Cabe recordar que se consideran ventas a plazo cuando se cumplan los siguientes puntos: ● se efectúen con público en general ● difiera más del 35 % del precio para después del sexto mes, y ● exceda el plazo de pago de doce meses Para guardar una proporción entre lo acumulable y lo deducible, el costo de lo vendido se aplicará en la proporción que represente el ingreso percibido en el ejercicio, respecto del total de los pagos pactados. Para comprender mejor cómo se aplica este beneficio considérense los siguientes datos estimados para el ejercicio 2015, de la inmobiliaria “Casas de Calidad, S.A.”, que optó por acumular solo la parte de los ingresos cobrados por las ventas a plazos de inmuebles destinados a casa habitación. En este supuesto solo se realizó este tipo de operaciones en enero y febrero de 2015, a un plazo de 18 meses, conforme a los siguientes montos:
DATOS GENERALES Ventas a plazo facturadas en enero y febrero 2015 Monto cobrado en 2015 Monto a cobrar en 2016
PROPORCIÓN DE INGRESOS COBRADOS 2015 Concepto Importe cobrado en 2015 Entre: Total de precio pactado en ventas a plazos facturadas en 2015 Igual: Proporción de ingresos cobrados
0.6339
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE EN 2015 Concepto Costo de lo vendido por el total de ventas a plazos facturadas 2015 Por: Proporción de ingresos cobrados Igual: Costo de lo vendido deducible en 2015
Importe $18,654,050.00 0.6339 $11,824,802.30
COSTO DE LO VENDIDO POR APLICAR EN 2016 Concepto Costo de lo vendido por el total de ventas a plazos facturadas 2015 Menos: Costo de lo vendido deducible en 2015 Igual: Costo de lo vendido por aplicar en 2016
Importe $18,654,050.00 11,824,802.30 $6,829,247.70
UTILIDAD GRAVABLE POR VENTAS A PLAZO Concepto Ventas a plazos facturadas en 2015 cobradas en 2016 Menos: Costo de lo vendido en 2016 Igual: Utilidad gravable por ventas a plazo de ejercicios anteriores
●
$34,650,550.00 21,965,050.00 $12,685,500.00
Importe $21,965,050.00 $34,650,550.00
●
Importe $12,685,500.00 6,829,247.70 $5,856,252.30
Debe tener presente que: cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de cobro o los dé en pago, deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la enajenación o la dación en pago, y en el caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones a plazo, se reportará como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades cobradas al comprador, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo
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Año XXVIII/4a. Época/15 de abril de 2015
02
CASOS PRÁCTICOS
Indemnizaciones ¿cuándo proceden y cómo se pagan? Identifique las causas generadoras del pago de estos conceptos, así como la mecánica de su cálculo y el procedimiento para cubrirlos a los colaboradores
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PARA TOMARSE EN CUENTA 5
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RESULTADOS DE LA REFORMA LABORAL A MÁS DE DOS AÑOS MENORES CELEBRAN EL 30 DE ABRIL TRABAJANDO TABLAS DE INCAPACIDADES DE RT LUCEN POR SU AUSENCIA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE UN BOTIQUÍN EVITE ESTRÉS AJUSTANDO LAS CARGAS DE TRABAJO
LA EMPRESA CONSULTA 5 5
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TIPO DE CONTRATACIÓN DE MAESTROS CÓMPUTO DE VACACIONES EN JORNADA DISTRIBUIDA PATRÓN ¿ADMINISTRADOR DE CAJA DE AHORRO?
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IDCONLINE 5
NOTAS PUBLICADAS EN EXCLUSIVA EN NUESTRA PÁGINA WEB EN EL PERIODO DEL 11 AL 26 DE MARZO 5 Auguran 500,000 empleos en 1er semestre 5 SAT debe entregar datos de salarios caídos: IFAI 5 STPS asegura que hay más y mejor trabajo 5 Productividad laboral creció 2.6% a finales de 2014 5 Acuerdan homologación geográfica de salarios 5 Falta equidad en remuneraciones laborales 5 Reiteran compromiso por homologación de salario 5 Vigila la actuación del inspector de trabajo 5 Salario subirá 1.83 pesos en zona geográfica B
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Indemnizaciones ¿cuándo proceden y cómo se pagan? Conozca los supuestos en que los subordinados deben ser indemnizados e identifique cómo deben calcularse las prestaciones a que tienen derecho.
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levar a cabo un despido injustificado de un trabajador implica para el patrón hacer frente a ciertas responsabilidades económicas, consistentes en cubrir el finiquito, la prima de antigüedad correspondiente y la indemnización de tres meses de salario, y en algunos casos los 20 días por año. Esto genera entre el sector patronal una serie de confusiones en cuanto a la procedencia del pago de estos últimos conceptos y cómo se determinan, lo que provoca que se incurran en violaciones a la LFT, y en consecuencia ser objeto de juicios laborales. Desde el nacimiento de toda relación laboral, los trabajadores y patrones son sabedores que en algún momento concluirá el vínculo que los une, y por ende la parte patronal debe erogar ciertas cantidades de dinero a su contraparte, según el motivo de la separación: renuncia, terminación de contrato por obra o tiempo determinado, fallecimiento, rescisión, invalidez, incapacidad permanente total o despido injustificado. Tratándose de despido injustificado, la LFT establece que el trabajador cuenta con dos acciones a ejercer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) respectiva, reclamar: el pago de una indemnización de tres meses de salario o la reinstalación a su puesto de trabajo, de tal forma que si en este último supuesto, la empresa es condenada y se niega a reincorporar al subordinado demandante, se le obliga a cubrir además de la indemnización de 90 días de salario constitucionales, 20 días de salario por año de servicios prestados (arts. 48; 49 y 50, LFT). No hay que olvidar que estas acciones son excluyentes entre sí, esto es, el subordinado solo puede elegir una de ellas.
Diferencias y procedencia de los tres meses y 20 días por año INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL La indemnización de tres meses (90 días) tiene por objeto que por un lado el trabajador y su familia puedan subsistir durante esos tres meses en lo que se reubica en un nuevo empleo, y por otro sancionar al patrón que sin causa justificada lo deja sin fuente de subsistencia (arts. 123, apartado A, fracc. XXII, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —CPEUM— y 48, LFT).
Su pago es integro porque atiende al hecho del despido y no a las características de los trabajadores despedidos (como su antigüedad), es por ello que no se cubre en forma proporcional al tiempo de prestación de servicios.
INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO Por lo que hace a la indemnización de 20 días por año se debe tener claro que tiene por finalidad sancionar al patrón que separó injustificadamente de su puesto a un colaborador por tiempo indefinido. De ahí que debe cubrirse en las siguientes cuatro hipótesis (arts. 49, 50, fracc. II, 51, 52, 439 y 947, LFT): 5 negativa de reinstalación: Como ya se mencionó es cuando el trabajador despedido demanda a su patrón la reinstalación en su puesto ante la JCA respectiva y ésta condena al patrón a reinstalarlo mediante la emisión de un laudo (sentencia) y éste se niega a hacerlo 5 rescisión imputable al patrón: Si el patrón incurre en alguna de las hipótesis de rescisión establecidas a favor del trabajador en el numeral 51 de la LFT y el trabajador gana el juicio respectivo 5 reajuste de personal por implantación de maquinaria o procesos nuevos: Cuando el centro de labores adquiere nueva maquinaria o establece procesos lo que trae como consecuencia la reducción de personal. Para tal efecto el patrón debe contar con la autorización de la JCA, e 5 insumisión al arbitraje: Se presenta cuando el patrón se niega a someter sus diferencias ante la JCA. La insumisión puede invocarse en cualquier momento y hasta antes de la etapa de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral En caso de subordinados contratados por tiempo determinado no tienen derecho a los 20 días de indemnización por año laborado, sino que en términos del artículo 50, fracción I de la LFT deben percibir lo siguiente según la vigencia de su contrato: 5 menor de un año: la indemnización equivale a la mitad del importe de los salarios recibidos durante el tiempo de servicios prestados, y 5 mayor de un año: la indemnización será por un monto de seis meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiesen laborado Además de estas indemnizaciones, los patrones parte del juicio
02/15 abril 2015
laboral deben cubrir los tres meses de indemnización constitucional, salarios caídos, parte proporcional de prestaciones y la prima de antigüedad correspondientes (arts. 48, 50, fracción III, 79 segundo párrafo, 80, 87 y 162, fracc. III, LFT). La LFT es omisa respecto a si esta indemnización debe cubrirse por año completo de servicios o en forma proporcional. Por lo que en sentido estricto, el patrón tiene que pagarla exclusivamente por años cumplidos laborados.
Procedimiento para el pago de una liquidación por despido injustificado
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Empresa
BASE SALARIAL Ambas indemnizaciones se pagan con base en el salario integrado, el cual se compone de: cuota diaria, gratificaciones, primas, percepciones, habitación, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus labores (arts. 84 y 89, LFT). Tratándose de colaboradores que perciban ingresos variables (salario por unidad de obra o tiempo), debe considerarse el promedio de los últimos 30 días efectivamente laborados. Si en este plazo se dio un aumento salarial, se tomará como salario diario integrado el promedio de las últimas percepciones obtenidas a partir del día del incremento (art. 89, LFT). En el caso de comisionistas, el salario diario integrado se calculará con el promedio de las comisiones generadas en el último año o las percibidas en el tiempo que hubiese laborado de no haber cumplido el año de servicios (arts. 84 y 289, LFT). Cuando los colaboradores perciban ingresos mixtos, se consideran los elementos variables más los fijos. Si desea conocer la mecánica de su determinación se recomienda la lectura de los temas: “Cómo se conforma el salario diario integrado” y “Qué pagar al término de la relación laboral” disponibles en nuestra página web: www.idconline.com.mx.
Trabajador
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LIQUIDACIÓN: INDEMNIZACIÓN MÁS FINIQUITO No existe una definición legal del término liquidación, sin embargo en la práctica usualmente se habla de ella cuando existe un despido injustificado. En este supuesto le corresponde al subordinado afectado recibir además de los tres meses de salario y en su caso los 20 días de salario por año laborado, sus derechos adquiridos —a los cuales se denomina finiquito— hasta el momento del rompimiento del vínculo en comento, tales como: salarios adeudados; prestaciones legales (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional) y extralegales (bonos de puntualidad y asistencia, vales de despensa, bonos por resultados, entre otros).
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Empresa
Empresa
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¿PRESCRIBE EL DERECHO A RECIBIR ESTOS CONCEPTOS? Todo colaborador que se considere despedido injustificadamente cuenta con dos meses para demandar a su patrón el pago de una indemnización o reinstalación a su puesto. Dicho lapso corre a partir del día siguiente al día de la separación a su cargo. Se debe considerar que por la carga laboral de las JCA, la notificación de la demanda al domicilio de la empresa puede ser posterior a ese término (art. 518, LFT).
03/15 abril 2015
Por lo que toca al finiquito el artículo 516 de la LFT señala que el trabajador cuenta con un año para cobrarlo.
Preguntas frecuentes INDEMNIZACIÓN DE LOS TRES MESES ¿Es posible negociar con el colaborador el pago parcial de la indemnización constitucional?
Toda vez que el pago de la indemnización por despido injustificado es un derecho irrenunciable de los trabajadores de acuerdo con el artículo 33, primer párrafo de la LFT, no es viable acordar cubrir una cantidad menor a la prevista en la LFT y la constitución. En todo caso, lo recomendable es manejar la terminación del vínculo laboral como una renuncia voluntaria (recabando para tal efecto la expresión escrita del subordinado de concluir la relación de trabajo), en cuyo caso el pago negociado por las partes de la fracción de la indemnización a cubrir debe considerarse en el finiquito como gratificación extraordinaria por retiro. Esto para evitar que con posterioridad el colaborador les demande la diferencia argumentando la renuncia de sus derechos indemnizatorios. Algunos colaboradores que han sido despedidos injustificadamente por su patrón aseguran que además de la indemnización de tres meses tienen derecho a un monto adicional ¿es cierto?
Ni la LFT ni sus reglamentos prevén la obligación patronal de pagar un monto adicional a los tres meses de salario, por lo que dicho reclamo es notoriamente improcedente. En tal virtud los trabajadores deben recibir tres meses de salario de indemnización constitucional, sus prestaciones devengadas y no pagadas, esto es la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y 12 días de salario por cada año de servicios prestados por concepto de prima de antigüedad (arts. 48; 79, segundo párrafo; 80, 87 y 162, fracc. III, LFT). ¿Es viable descontar la pensión alimenticia de la indemnización constitucional?
Es trascendental que el patrón verifique el contenido del mandato judicial que recibió del Juez de lo Familiar. Si éste señala que deben llevar a cabo la retención al salario y a cualquier otro ingreso ordinario y extraordinario que reciba el trabajador por la prestación de sus servicios, se sugiere efectuar el descuento a las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, pero no a la indemnización constitucional de tres meses de salario, pues su función es garantizar su subsistencia mientras se ubica en otra fuente de trabajo (arts. 48; 79, segundo párrafo; 80; 87 y 162, fraccs. I y III, LFT). Este criterio se confirma con la resolución de los tribunales bajo el rubro: PENSIÓN ALIMENTICIA. PERCEPCIONES QUE CONFIGURAN LA, localizada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, p. 242, Materia Civil, Tesis XX. 427 C, Tesis Aislada, Registro 209129, febrero de 1995.
¿La indemnización debe pagarse con el salario base de cotización del IMSS?
No, es incorrecto pagar a un trabajador despedido una indemnización laboral con el salario base de cotización (SBC) del IMSS e Infonavit. Esto en virtud de que tal base solo debe utilizarse para cubrir las primas de los diferentes Seguros del Régimen Obligatorio del Seguro Social. Además para la determinación del SBC se tienen que considerar los topes y las exenciones establecidas en los artículos 27 y 28 de la LSS, mientras que para el salario diario integrado no existen tales limitaciones, según los numerales 82, 84 y 89 de la LFT. A los trabajadores contratados por tiempo determinado ¿cómo se le paga la indemnización constitucional?
El artículo 37 de LFT señala que los patrones pueden celebrar con sus trabajadores contratos por el tiempo que requiera la actividad materia de la relación laboral, siempre y cuando, se justifique la misma, esto es que: la naturaleza del trabajo así lo exija, o tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador Por tal razón si el patrón concluye la relación con un trabajador contratado por tiempo determinado de manera injustificada, antes de la fecha del vencimiento de dicho contrato, está obligado a cubrirle tres meses de salario integrado y las partes proporcionales de las prestaciones devengadas tales como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad respectiva (arts. 77, 79, 80, 84, 87, 89 y 162, fracc, III, LFT).
INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS DE SALARIO POR AÑO DE SERVICIOS ¿Este concepto forma pare del SBC para el pago de cuotas al Seguro Social?
Toda vez que los 20 días por año son un monto cubierto a los trabajadores como consecuencia de la terminación de la relación laboral, no forma parte del SBC, ya que en éste último solo se consideran aquellas cantidades cubiertas a los subordinados por la prestación de servicios durante el tiempo en que se encuentra vigente el vínculo de trabajo (art. 27, LSS). Ante el cierre de una empresa por motivos financieros ¿debe cubrírseles a los trabajadores despedidos esta indemnización?
No, porque no está previsto este supuesto en la LFT; por ende exclusivamente deben pagársele a los colaboradores la indemnización de tres meses, la parte proporcional de prestaciones (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional), así como 12 días de salario por cada año laborado de prima de antigüedad (arts. 48, 79, segundo párrafo, 80, 87, 162, fracc. III y 436, LFT). Si el despido de los subordinados obedece a una terminación colectiva de las relaciones laborales ¿se les debe cubrir los 20 días por año?
Tratándose de terminación colectiva, salvo en el supuesto de implantación de maquinaria o procesos nuevos, no procede el pago de la indemnización de 20 días por año; por tanto los trabajadores tienen derecho a recibir la indemnización de tres meses, la parte proporcional de presta-
04/15 abril 2015
ciones —aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—, así como la prima de antigüedad respectiva (arts. 48, 79, segundo párrafo, 80, 87, y 162, fracción III, LFT).
1. DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO INTEGRADO (SDI) a) Cálculo de la proporción diaria de aguinaldo
¿Cuántos años de servicios se requieren para que un subordinado tenga derecho a que se le paguen los 20 días por año?
No existe alguna disposición en la LFT o en sus reglamentos que imponga la obligación patronal de cubrir el referido concepto a un trabajador con ciertos años de prestación de servicios. Recuerde que para la procedencia del pago de esta indemnización el colaborador de que se trate debe ubicarse en los supuestos legales mencionados, pues de lo contrario solo debe percibir la indemnización de tres meses, la parte proporcional de prestaciones (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional), así como la prima de antigüedad (arts. 48, 79, segundo párrafo, 80, 87 y 162, fracc. III, LFT). En caso de que el patrón le rescinda justificadamente al trabajador ¿debe cubrirle los 20 días por año?
No, porque el pago de los 20 días por año tiene por objeto resarcir al trabajador el perjuicio ocasionado por no poder continuar laborando por una causa ajena a él. Ello porque el patrón no desea que el trabajador siga trabajando para él o realizó una conducta negativa en su contra, de tal manera que este último rompe el vínculo laboral que los une, perdiendo en ambos casos su salario. En el supuesto de una rescisión imputable al trabajador, se entiende que la terminación de la relación laboral es plenamente justificada, por ende no procede esta indemnización. Así, la empresa solo tiene el deber de pagarle la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo y la prima de antigüedad correspondiente (arts. 79, segundo párrafo, 80, 87 y 162, fracc. III LFT).
Fórmula Por: Igual: Entre: Igual:
Días de aguinaldo Salario cuota diaria Importe de aguinaldo Días del año Proporción diaria de aguinaldo
Sustitución 15 $150.00 $2,250.00 365 $6.16
b) Cálculo de la proporción diaria de prima vacacional Fórmula Por: Igual: Entre: Igual: Por: Igual:
Días de vacaciones Salario cuota diaria Importe de vacaciones Días del año Proporción diaria de vacaciones Porcentaje de prima vacacional Proporción diaria de prima vacacional
Sustitución 14 $150.00 $2,100.00 365 $5.75 25% $1.44
c) Determinación del SDI para efectos indemnizatorios Fórmula Más: Más: Más: Más:
Caso práctico 1 Igual:
Salario cuota diaria Cuota diaria de aguinaldo Cuota diaria de prima vacacional Cuota diaria del bono trimestral Cuota diaria de la gratificación anual garantizada Salario diario integrado
Sustitución $150.00 6.16 1.44 0.00 0.00 $157.60
INDEMNIZACIÓN DE TRES MESES La empresa Envases Plásticos Industrializados, SA de CV despidió sin causa justificada a Juan Pérez López, por lo que desea determinar el monto de su indemnización de tres meses de salario y demás conceptos a que tiene derecho. Los datos a considerar son los siguientes:
2. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS TRES MESES Fórmula
Nombre del trabajador Puesto Antigüedad Fecha de ingreso Fecha de despido Salario diario Aguinaldo Vacaciones a disfrutar Prima vacacional
Juan Pérez López Chofer 5 años 1o. de abril de 2010 1o. de abril de 2015 $150.00 15 días 14 días 25%
Por: Igual:
05/15 abril 2015
Salario diario integrado Número de días de tres meses Indemnización a cubrir
Sustitución $157.60 90 $14,184.00
3. CÁLCULO DEL FINIQUITO DEVENGADO
4. TOTAL BRUTO A PAGAR AL TRABAJADOR
a) Parte proporcional devengada de vacaciones y prima vacacional Fórmula Por: Igual: Entre: Igual:
Más: Igual: Por: Igual:
Días de vacaciones Salario cuota diaria Importe de vacaciones Días del año Proporción diaria de vacaciones por laborar un día del sexto año de servicios Importe de vacaciones no disfrutadas Total de vacaciones a pagar Porcentaje de prima vacacional Proporción de prima vacacional
Sustitución 14 $150.00 $2,100.00 365 $6.00
Fórmula Más: Más: Más: Más: Igual:
Indemnización de tres meses a cubrir Vacaciones a pagar Prima vacacional Aguinaldo proporcional Prima de antigüedad Total de la liquidación
Sustitución $14,184.00 2,106.00 526.50 560.56 8,416.61 $25,793.67
Modelo de liquidación con indemnización de tres meses de salario
$2,100.00 $2,106.00 25% $526.50
b) Parte proporcional devengada de aguinaldo Fórmula Por: Igual: Entre: Igual: Por: Igual:
Salario diario Días de aguinaldo Aguinaldo anual Días del año Proporción diaria de aguinaldo Días laborados en el año Aguinaldo proporcional a pagar
Sustitución $150.00 15 $2,250.00 365 $6.16 91 $560.56
c) Prima de antigüedad devengada Fórmula Por: Igual: Más:
Igual:
Salario cuota diaria topado1 Días acumulados de servicios2 Importe de prima de antigüedad La proporción de prima de antigüedad por el sexto año de servicios3 Total de prima de antigüedad a pagar
sustitución $140.20 60 $8,412.00 $4.61
$8,416.61
Notas: 1 Para el pago de la prima de antigüedad el salario se topa a dos veces el salario mínimo diario del área geográfica en donde se preste el servicio. En este caso fue en el DF por lo que se multiplica el salario mínimo en esa zona ($70.10) por dos (arts. 162, fracc. II, y 486, LFT). 2 Por este concepto se cubren 12 días de salario por cada año laborado, por lo que cinco años se multiplica por 12 3 Según la tesis PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO PROPORCIONAL DE LA, EN CASO DE SERVICIOS INFERIORES A UN AÑO, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Cuarta Sala, 151-156 Quinta Parte, p. 184, Materia Laboral, Jurisprudencia, Registro 818610, se paga en proporción este concepto: un día por mes laborado [($140.20 x 1) / 30 días]
Caso práctico 2 INDEMNIZACIÓN 20 DÍAS DE SALARIO POR AÑO LABORADO Suponiendo que Juan Pérez López, trabajador de confianza de la empresa Envases Plásticos Industrializados, SA de CV, al momento de ser despedido en lugar de aceptar los tres meses de salario que le ofrecía su patrón, hubiese decidido demandar su reinstalación ante la JCA competente, obteniendo una resolución favorable; y la empresa se hubiese negado rotundamente a reinstalarlo. La JCA la eximirá de esa obligación siempre que pague al subordinado los 20 días de salario por año laborado, más los tres meses de indemnización y el finiquito respectivo.
06/15 abril 2015
Sirve de base para el cálculo de esta indemnización el SDI del Caso práctico 1 ($157.59):
1. CÁLCULO DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LOS 20 DÍAS DE SALARIO POR AÑO LABORADO Fórmula Por: Igual: Por: Igual:
Sustitución
Días por año Años laborados Total de días a pagar Salario diario integrado Indemnización por 20 días a cubrir
20 5 100 $157.59 $15,759.00
Notas: 1 Para el pago de la prima de antigüedad el salario se topa a dos veces el salario mínimo diario del área geográfica en donde se preste el servicio. En este caso fue en el DF por lo que se multiplica el salario mínimo en esa zona ($70.10) por dos (arts. 162, fracc. II, y 486, LFT). 2 Por este concepto se cubren 12 días de salario por cada año laborado, por lo que cinco años se multiplica por 12 3 Según la tesis PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO PROPORCIONAL DE LA, EN CASO DE SERVICIOS INFERIORES A UN AÑO, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Cuarta Sala, 151-156 Quinta Parte, p. 184, Materia Laboral, Jurisprudencia, Registro 818610, se paga en proporción este concepto: un día por mes laborado [($140.20 x 1) / 30 días]
3. TOTAL BRUTO A PAGAR AL TRABAJADOR Fórmula
2. CÁLCULO DEL FINIQUITO DEVENGADO Más:
a) Proporciones de vacaciones y prima vacacional Fórmula Por: Igual: Entre: Igual:
Más: Igual: Por: Igual:
Días de vacaciones Salario cuota diaria Importe de vacaciones Días del año Proporción diaria de vacaciones por laborar un día del sexto año de servicios Importe de vacaciones Total de vacaciones a pagar Porcentaje de prima vacacional Proporción diaria de prima vacacional
Sustitución 14 $150.00 $2,100.00 365 $6.00
Más: Más: Más: Más: Igual:
Fórmula Por: Igual: Entre: Igual: Por: Igual:
$2,100.00 $2,106.00 25% $526.50
Sustitución $150.00 15 $2,250.00 365 $6.16 91 $560.56
c) Prima de antigüedad proporcional Fórmula Por: Igual: más:
Igual:
Salario cuota diaria topado1 Días acumulados de servicios2 Importe de prima de antigüedad La proporción de prima de antigüedad por el sexto año de servicios3 Total de prima de antigüedad a pagar
Sustitución $15,759.00 14,184.00 2,106.00 526.50 560.56 8,416.61 $41,552.67
Modelo de liquidación con indemnización de 20 días por año laborado
b) Parte proporcional de aguinaldo proporcional Salario diario Días de aguinaldo Aguinaldo anual Días del año Proporción diaria de aguinaldo Días laborados en el año Aguinaldo proporcional a pagar
Indemnización por 20 días a cubrir Indemnización de tres meses a cubrir Vacaciones a pagar Prima vacacional Aguinaldo proporcional Prima de antigüedad Total de la liquidación
Sustitución $140.20 60 $8,412.00 $4.60
$8,416.61
07/15 abril 2015
Conclusión Saber identificar la procedencia de las indemnizaciones por despido injustificado de los tres meses y los 20 días de salario por año de servicios, permite a las organizaciones reconocer la viabilidad legal del pago de estos conceptos y no dejarse presionar por reclamaciones improcedentes de los trabajadores separados de sus puestos y de sus abogados.
Por otra parte conocer la base salarial con la cual se cubren las indemnizaciones de referencia (salario integrado), y determinarla correctamente evita el cálculo de pagos inferiores a los legales y en consecuencia ser objeto de demandas laborales interpuestas por los trabajadores ante las JCA competentes por dicha diferencia.
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Resultados de la reforma laboral a más de dos años Recientemente el secretario del trabajo y previsión social, Alfonso Navarrete Prida, presentó ante representantes del sector industrial, dirigentes de centrales obreras y el director de la oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, el informe de resultados de las enmiendas a la LFT. Entre los frutos de tal modificación legal están: 5 en 2014 se generaron 714,000 puestos de trabajo inscritos ante el IMSS (segunda cifra anual más alta desde que se tiene registro), y en enero de 2015 cerca de 60,000 nuevos aseguramientos 5 la tasa de informalidad pasó del 60.3% en enero de 2013, a 57.5% en enero de 2015; es decir, casi tres puntos porcentuales menos que al inicio de la actual administración 5 el empleo formal creció de forma más acelerada, incluso más que la propia economía; y en 2013 la economía aumentó 1.4%; en tanto que el empleo formal lo hizo al 2.9%, lo cual se debe a los nuevos mecanismos de contratación, más flexibles: a prueba y con capacitación inicial obligatoria, dirigidos a jóvenes y mujeres principalmente, quienes pueden compaginar sus estudios o sus responsabilidades familiares con el trabajo 5 en 2013 y 2014 más de 1,000 negociaciones contractuales de jurisdicción federal y más de 1,600 de jurisdicción local, acordaron bonos de productividad a favor de los trabajadores 5 en los dos primeros meses de 2015, en 134 revisiones contractuales se pactaron bonos de productividad en beneficio de más de 65,000 subordinados. Ello responde a que en la LFT se incluyó la definición de productividad y los mecanismos para promover su crecimiento y distribuir equitativamente sus frutos; la creación del Comité Nacional de Productividad y el deber empresarial de formar las Comisiones de Capacitación, Adiestramiento y Productividad respectivas 5 con la incorporación del concepto de trabajo decente —en el que prohíbe la discriminación — se ha logrado que en los dos
últimos años, más de 27,500 personas con algún tipo de discapacidad y más de 78,500 adultos mayores encuentren una fuente de empleo 5 mientras que en 2012 el total de conciliaciones ascendió a 6,907, en 2014 fue de 8,390. Además, el 77% de estos acuerdos resultaron favorables al trabajador, cifra superior a la registrada en 2012 (73.2%) 5 con los nuevos mecanismos de conciliación y juicios sumarios, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha brindado cerca de 470,000 servicios gratuitos de asesoría y representación jurídica para los trabajadores, resolviéndose en favor de éstos casi 50,000 juicios. Esto ha permitido recuperar para los trabajadores y sus familias recursos por más de 6,000 millones de pesos 5 en los primeros meses de 2015, la Profedet logró el pago de recursos administrados por las Administradoras de Fondos para el Retiro a trabajadores o sus beneficiarios, por un monto cercano a los 300 millones de pesos 5 actualmente existen más de 256,000 centros de trabajo registrados al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores lo que ha generado la colocación de más de 23,000 millones de pesos en créditos, y 5 de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se ha logrado que más de 540,000 niños y adolescentes dejen de trabajar. En 2011 había más de tres millones de menores laborando y para 2013, esa cifra se redujo a 2.5 millones Si bien estos números son datos positivos, aún no se percibe una mejoría generalizada en las condiciones laborales de los trabajadores, posiblemente por los vaivenes de la economía y la política nacional, por lo que se requiere un contexto de mayor estabilidad para poder apreciar el crecimiento que sostiene la autoridad laboral.
08/15 abril 2015
Menores celebran el 30 de abril trabajando Se acerca el día del niño y más que un motivo de celebración debe ser una buena oportunidad para reflexionar si verdaderamente se está haciendo algo por la infancia. Cada día se observa deambular por las calles, procurando su sustento y el de su familia, a pequeños mal comidos y sin ninguna educación. Existen diversas campañas internacionales y nacionales en contra del trabajo infantil, tanto de organismos gubernamentales como de privados independientes. Tan es así que México adecuó a finales de 2012 su legislación laboral para brindar mayor protección a la infancia. Entre las modificaciones están: 5 establecimiento de 15 años como edad mínima para trabajar (art. 22) 5 cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 14 años ordenará que de inmediato cesen sus labores, y se sancionará al patrón que incurra en esta conducta con una multa de 50 a 2,500 veces el salario mínimo general en el DF (arts. 22 Bis y 995 Bis) 5 la STPS en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, está obligada a desarrollar programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil (art. 173) 5 los mayores de 14 y menores de 16 años, deben tramitar un certificado médico con el que se acredite su aptitud para desempeñar las labores para las cuales se pretende contratar y someterse a los exámenes médicos que determinen las autoridades laborales (art. 174)
la prohibición del trabajo infantil en labores insalubres y peligrosas en los numerales 175 y 176 de la LFT. Para mayor información consulte el tema “Contratación a menores de edad sin violar sus derechos” disponible en nuestro portal de Internet: www.idconline.com.mx) , y 5 en caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que lo determine la autoridad competente, no puede utilizarse el trabajo de menores de 16 años, sin que por ello sufran perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. No obstante, si la contingencia sanitaria implica la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, los menores deben recibir una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día de suspensión, sin que pueda exceder de un mes (arts. 175, penúltimo y último párrafo y 429, fracc. IV) Sin embargo la legislación permite la prestación de servicios de menores de edad en círculo familiar (a los cuales no se les reconoce como trabajo); esto es, las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de 15 años, relacionadas con la creación artística; el desarrollo científico, deportivo o de talento; la ejecución musical, o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, lo cual no tiene sentido ni justificación alguna. Quizás en un futuro pueda celebrarse el día del niño como debe ser, cuando los pequeños tengan asegurados sus alimentos, vestido, un techo y el acceso a una buena educación. 5
Tablas de incapacidades de RT lucen por su ausencia Actualmente son enfermedades de trabajo las determinadas por la LFT y, en su caso, por la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) —art. 476, LFT—. Según el artículo 513 de la LFT la Secretaría, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CCNSST), está obligada actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Estas tablas se publicarán en el DOF, serán de observancia general en todo el territorio nacional y revisables cada vez que se considere necesario y conveniente para el país, siempre y cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen. No obstante, la STPS debió expedir estas tablas a más tardar el 1o. de junio de 2013, esto es en un término de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la nueva ley laboral; lo que lamentablemente a la fecha de cierre de esta edición no ha ocurrido, a pesar de su notorio rezago.
Esto ocasiona que los trastornos emocionales y ergonómicos sean tratados por el IMSS como enfermedades generales, pues no están reconocidos como riesgos de trabajo. Posiblemente este excesivo retraso es por la oposición del sector empresarial a que se consideren estos nuevos padecimientos como riesgos profesionales, ya que les impactará en el cálculo de su prima del Seguro de Riesgos de Trabajo. Si bien es cierto esto le ayudaría al Seguro Social a recaudar más, también lo es que las erogaciones en pagos de prestaciones en especie y en dinero a los trabajadores diagnosticados con estos padecimientos (de reconocerlos como enfermedades de trabajo) serían mayúsculos, lo que comprometería aún más las finanzas del mismo. A pesar de ello ojalá pronto se lleven a cabo las actualizaciones en comento, pues es injusto que sean la salud y el patrimonio de los trabajadores los que resulten afectados por una inobservancia legal.
09/15 abril 2015
Requerimientos mínimos de un botiquín Los trabajadores de todo establecimiento o local de una compañía están expuestos a determinados agentes de riesgo que pueden ocasionarles algún tipo de alteración en su salud. Por ello es necesario que las organizaciones siempre cuenten con un equipo médico de atención temprana para que puedan proporcionar los primeros cuidados, en lo que llegan los servicios médicos de urgencia o se les traslada a un centro hospitalario. Este equipo médico es conocido usualmente como botiquín, que es el conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. La Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligro-
sas, contempla una guía de referencia cuyas recomendaciones no son obligatorias, pero se basan en el Manual de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Mexicana. Según esta NOM todo botiquín requiere que: sea de fácil acceso y transporte; sea identificable con una cruz roja visible, de peso no excesivo y sin candados o dispositivos que dificulten su empleo y debe contar con un listado del contenido. Para que el botiquín se conserve en buen estado se debe colocar en un lugar fresco y seco; mantener el instrumental limpio; evitar que los medicamentos estén caducados; cuidar que el material esté ordenado y si cuenta con instrumental quirúrgico como: tijeras o pinzas debe estar empacado en pequeños paños de tela o en papel absorbente y etiquetado con el nombre del utensilio que contiene. Respecto al contenido de dicho botiquín la NOM prevé:
MATERIAL LÍQUIDO
MATERIAL SECO
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MATERIAL COMPLEMENTARIO INSTRUMENTAL " ! ! ! %! !-
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10/15 abril 2015
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Sin lugar a dudas el contar con un botiquín en las instalaciones de una empresa permitirá a los patrones proporcionar a sus colaboradores la primera atención médica en caso de un accidente o enfermedad.
No obstante esta medida resulta inútil si el patrón no cuenta con personal capacitado en primeros auxilios, esto es con una brigada de colaboradores debidamente adiestrados en estos menesteres.
Evite estrés ajustando las cargas de trabajo Indudablemente uno de los grandes padecimientos de finales del siglo XX y principios del XXI es el estrés laboral sufrido por los trabajadores. Si bien es cierto que algunos especialistas médicos señalan que existen conductas potencializadoras de este padecimiento (malos hábitos) tales como fumar o beber compulsivamente o no descansar de manera adecuada, también lo es que generalmente las condiciones que se mantienen en el centro de trabajo son las causantes. Esto es así porque lamentablemente la globalización de los mercados requiere que los procesos de trabajo se realicen con más efectividad y eficiencia, pero con menos personal, lo que impacta directa y severamente en la vida y conducta de los subordinados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el manual “La prevención del estrés en el trabajo” recomienda que para evitar el estrés laboral es necesario que las organizaciones lleven a cabo reajustes en las cargas totales de trabajo, considerando en todo momento el número y la capacidad de los subordinados. Algunos aspectos que justifican estos reacomodos son que: 5 una carga de trabajo justa para cada trabajador favorece a su rendimiento laboral. Los buenos gerentes conocen el tipo y la demanda del trabajo ideal de su personal. Para ello consideran que el exceso de asignaciones no es solo una cuestión de cantidad o demanda física, sino un aspecto cualitativo que exige concentración, vigilancia, superposición de tareas e interacción en las relaciones humanas 5 los trabajadores sobrecargados experimentan fatiga, pérdida de concentración y sensación de agobio, y 5 un ajuste realista de la carga de trabajo mantiene un desempeño aceptable y conduce a la satisfacción del cliente ya que éste último recibe los beneficios de un producto o servicio bien realizado Para llevar a cabo reajustes equitativos en las tareas de los subordinados la OIT sugiere:
evaluar la carga de trabajo individual y del equipo a través de la observación y la discusión con los propios colaboradores, a efectos de comprobar si el cambio es necesario y factible 5 acomodar, de ser procedente, la cantidad de trabajo para evitar las sobrecargas. Para ello debe considerarse que las labores deben efectuarse sin dificultad; con los estándares de calidad establecidos en la empresa y dentro de la fecha límite; y al mismo tiempo tomar en cuenta las características físicas, la experiencia y las habilidades de cada trabajador 5 realizar contrataciones adicionales cuando los procesos de trabajo así lo exijan y en los puestos en donde sea forzoso 5 reducir las tareas innecesarias o superfluas en relación con los controles de las operaciones, la redacción de informes, el llenado de formularios o registros de labores, porque estas actividades tienen un impacto significativo en la capacidad de concentración 5 disminuir las interrupciones innecesarias porque rompen la concentración de los trabajadores e interfieren con la producción o el alcance de objetivos, y 5 cambiar los esquemas de trabajo de tal forma que se facilite el cumplimiento de la cuota productiva; por ejemplo la revisión de la distribución de tareas o la utilización de enfoques y tecnologías innovadoras Por lo expuesto se infiere que una buena distribución de las cargas de trabajo no solo está relacionada con la cantidad de trabajo asignado a los subordinados, sino también a sus capacidades, experiencia y aptitudes físicas. De ahí que los directivos conozcan y atiendan las recomendaciones de la OIT, ya que éstas puede ser de gran ayuda para su organización, porque de una óptima asignación de tareas depende lograr los estándares de productividad requeridos. 5
11/15 abril 2015
9. 2:=?2@. 0<;@B9A. TIPO DE CONTRATACIÓN DE MAESTROS Vamos a iniciar actividades como una institución educativa por lo que vacilamos en firmar con los futuros maestros contratos laborales por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales debido a que en verano dejaremos de laborar un mes y medio aproximadamente. ¿Cuál es la mejor opción? Toda relación jurídica en la que una persona física presta a otra, física o moral, sus servicios personales y subordiIDC nados a cambio de una contraprestación tiene el carácter de laboral, porque el trabajador realiza sus actividades bajo el poder de mando de su patrón (arts. 8o. y 10, LFT).
Por lo anterior, cuando un profesor accede a impartir su cátedra, bajo un horario determinado, siguiendo un programa concreto y llevando a cabo actos académicos complementarios (reuniones periódicas; exámenes; informes de avance; calificaciones, etc.), sus actividades laborales se rigen bajo el régimen de subordinación, y por ende existe una relación de trabajo que los une y debe celebrarse un contrato laboral. De ahí que si ustedes deciden celebrar con cada uno de los maestros un acto de índole civil como lo es el contrato de servicios profesionales independientes, en lugar de uno laboral (contrato individual de trabajo), estarían creando una simulación jurídica nula de pleno derecho; pues recuérdese que todo contrato se sujeta a la naturaleza del objeto y no por la denominación que se le dé. Por ello, es aconsejable que contraten laboralmente por tiempo indefinido a esos colaboradores con todas las prestaciones previstas en la LFT, aplicadas proporcionalmente al número de horas de clases que imparte, sin que el ciclo escolar influya en la modalidad de su contratación (arts. 35 y 37, LFT).
CÓMPUTO DE VACACIONES EN JORNADA DISTRIBUIDA Un trabajador que labora de lunes a viernes bajo el amparo de jornada distribuida nos solicitó el disfrute de sus vacaciones pero nos exige que no consideremos el sábado como parte de ellas. Pensamos que es incorrecta tal petición porque el sábado es un día laborable a pesar de que lo descansa por efecto de la distribución citada. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? El numeral 59 de la LFT permite a las partes obrero patronal convenir sobre la repartición de las horas de IDC trabajo del sábado con la finalidad de conceder a los subordinados el reposo de ese día en la tarde o cualquier modalidad equivalente; es decir, permite un reordenamiento de las horas laborales a conveniencia de las partes, siempre que la jornada pactada no rebase los máximos legales (arts. 60 y 61, LFT).
El resultado de esta distribución es que las horas repartidas se suman a las trabajadas diaria y ordinariamente de lunes a viernes, las cuales no son consideradas como tiempo extraordinario, en consecuencia el sábado se convierte en un día de descanso. Por tanto, para determinar el periodo durante el cual esa persona gozará de su periodo vacacional, solo deben computarse los días en que efectivamente presta sus servicios (cinco en la semana), pues el numeral 76 de la LFT expresamente señala que las mismas se disfrutarán sobre días laborables.
PATRÓN ¿ADMINISTRADOR DE CAJA DE AHORRO? Los trabajadores constituirán una caja de ahorro y nos están solicitando que la empresa se encargue de la administración. ¿Podemos abrir a nombre de la empresa la cuenta bancaria en la cual se captarán los recursos económicos? La LFT no regula las cajas de ahorro, solo el numeral 110, fracción IV de la LFT permite que el patrón lleve cabo los IDC descuentos al salario de las cuotas para la constitución y fomento de aquellas, siempre que los colaboradores manifiesten de manera expresa y libre su consentimiento, y éstos no rebasen del 30% del excedente del salario mínimo. Esto se confirma con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existente bajo el rubro: CAJAS DE AHORRO. SU EVOLUCIÓN DOCTRINAL Y LEGISLATIVA publicado
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XVI, p. 466, Materia Civil-Administrativa, Tesis 2a. CCXXXI/2001, Tesis Aislada, Registro 185,813, octubre de 2002, el cual señala que una caja de ahorro es una asociación de subordinados de un centro de trabajo que, utilizando las aportaciones económicas de éstos, otorgan créditos o préstamos a los mismos con tasas de interés reducidas. De ahí que lo correcto sea que la operación de la caja de ahorro, y por consiguiente la apertura de la cuenta bancaria respectiva, recaiga en los trabajadores; en razón de que si ustedes la llevarán y se suscitará algún problema, el personal podría hacerlos objeto de juicios de índole penal o civil, afectando así su esfera jurídica y patrimonial.
12/15 abril 2015
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Año XXVIII/4a. Época/15 de abril de 2015
Seguro Social CASOS PRÁCTICOS
Obtenga la opinión del IMSS sobre sus obligaciones Revise los requisitos para obtener esta constancia, así como el procedimiento para tramitarla vía online
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DE TRASCENDENCIA 5
VALOR DEL DICTAMEN IMSS Enterese de quiénes están obligados a revisar sus obligaciones ante el IMSS y en qué casos puede hacerlo de forma voluntaria
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CUÁNDO ES INAPLICABLE LA ESTIMACIÓN DE CUOTAS DE CONSTRUCTORES CÓMO QUEDÓ EL SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PATRONES RIF
LA EMPRESA CONSULTA 5
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BENEFICIOS IMSS POR CONTRATACIÓN DE ADULTO MAYOR ¿QUÉ HACER ANTE NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA? RIÑA EN CENTRO DE TRABAJO ¿RIESGO LABORAL? PAGO DE SALARIO EN INCAPACIDAD TEMPORAL ¿VÁLIDO?
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¿APORTACIONES HASTA LA ENTREGA DEL FINIQUITO? EMBARGO A EMPRESA DIVERSA ¿LEGAL?
IDCONLINE NOTAS PUBLICADAS EN EXCLUSIVA EN NUESTRA PÁGINA WEB EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2015 5 ¿Cómo invierten las Afores sus recursos? 5 Fundamentación de fiscalización de Subdelegaciones IMSS 5 Válido: crédito fiscal tras revisión de dictamen IMSS 5 Nulos los costos y factores de mano de obra 5 Válidos créditos fiscales de patrones en trámite de dictamen 5 Oficio del IMSS con diferencias por corrección 5 Continúa baja penetración de seguros de salud 5 Adiós a tu crédito Infonavit, descubre qué hacer
Seguro Social
CASOS PRACTICOS
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L
os patrones que requieran obtener subsidios de las dependencias gubernamentales o deseen celebrar contratos con éstas, deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago. Situación que tienen que comprobar ante dichas entidades públicas a través de la exhibición de las “constancias de no adeudo”. Por ello a continuación se da a conocer el procedimiento a seguir ante el IMSS para obtener la opinión de cumplimiento de tales deberes en materia de seguridad social.
Marco jurídico aplicable El numeral 32-D del CFF señala que la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública ni tampoco otorgarán subsidios o estímulos con los particulares que: 5 tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el CFF 5 tengan a su cargo créditos fiscales firmes 5 no se encuentren inscritos en el RFC 5 habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Esto resulta aplicable a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31-A del CFF Cuando los particulares se encuentren en los dos primeros supuestos y convengan con las autoridades fiscales cubrir sus adeudos fiscales a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar, no les es aplicable la prohibición de contratar con la administración pública, siempre que no se ubiquen en algún otro de los supuestos referidos. Para estos efectos, en el convenio respectivo se debe precisar que la dependencia de que se trate debe retenerle al contribu-
yente una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago del adeudo a cargo de aquel. Tratándose de subsidios, a los particulares ubicados en los primeros dos supuestos, se les otorgará el beneficio de que se trate si celebran un convenio con la autoridad fiscal relativa, para cubrir los créditos fiscales a su cargo, ya sea como pago diferido o en parcialidades. Asimismo el numeral 32-D del CFF citado prevé que cuando los contribuyentes se encuentren en alguno de los demás supuestos, cuentan con un plazo de 15 días para corregir su situación fiscal. Dicho lapso se computa a partir del día siguiente a aquel en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. También indica que los contratistas deben entregar a las entidades públicas respectivas las constancias de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los subcontratantes, en caso de que se desee subcontratar una parte de la obra, de lo contrario no pueden hacerlo. Por su parte la Resolución Fiscal Miscelánea 2015, específicamente en las reglas 2.1.26 y 2.1.27, contempla que cuando la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deben exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que éstos últimos subcontraten, la exhibición del documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o generarlo en la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione tal organismo. Igualmente este dispositivo señala que cuando dichas dependencias tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, previo a la entrega o autorización de éstos, deben cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los beneficiarios, excepto en los que no estén obligados a inscribirse en el RFC o cuando se trate del otorgamiento de un subsidio o estímulo hasta por $30,000.00.
02/15 abril 2015
Pero ¿qué es un crédito fiscal?
Constancia emitida por el IMSS
Es necesario mencionar que según el precepto 4o. del CFF los créditos fiscales son las contribuciones, los aprovechamientos y sus accesorios (recargos, sanciones y gastos de ejecución) que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a recibir. Según el numeral 2o. del CFF dentro del rubro de contribuciones están los impuestos, las contribuciones de mejora, los derechos y las aportaciones de seguridad social. Estas últimas están previstas en ley y son a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la legislación en materia de seguridad social o a las que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. En ese mismo contexto el precepto 287 de la LSS señala que las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas, los gastos realizados por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de personas no derechohabientes tienen el carácter de créditos fiscales. Estas contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, en este caso, desde el momento en que se inicia una relación laboral con un trabajador. Se causan por mensualidad o bimestre vencido; su cuantía se calcula por los patrones y se realiza el pago respectivo, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al de su causación (arts. 6o., CFF; 12, fracc. I, y 39, LSS). De todo lo anterior se infiere que cuando un patrón contrata a un subordinado se obliga a pagar una contribución, misma que es un crédito fiscal (que puede comprender desde cuotas obreropatronales, capitales constitutivos, actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución). También se genera un crédito fiscal cuando un empresario con trabajadores a su servicio no cubre oportunamente las cuotas obreropatronales o lo hace erróneamente y el Instituto le determina en cantidad líquida a su cargo, con la emisión de la cédula de liquidación correspondiente, la cual debe ser pagada con la actualización y los recargos respectivos, dentro de los 15 días hábiles siguientes, a aquel en que surta efectos su notificación (art. 127, Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización —RACERF—). Hasta aquí queda claro que cada mes causado (pago de cuotas obrero-patronales), o bien, con la emisión de una cédula de liquidación por parte del Instituto y notificada al patrón, se genera un crédito fiscal, el cual no tiene el carácter de firme. Todo crédito fiscal se convierte en firme, cuando se tiene por consentido, es decir cuando el particular afectado no paga el adeudo fiscal a su cargo en el término legal aplicable ni impugna su improcedencia por un medio de defensa (recurso de inconformidad o juicio de nulidad); siempre y cuando hubiese transcurrido el plazo legal para ejercer su derecho a combatirlo (arts. 294, segundo párrafo, LSS y 8o., fracc. IV, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo).
En tal virtud, por lo que hace a las contribuciones de seguridad social, los patrones interesados en obtener su “constancia de no adeudo” deben observar lo previsto en el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, del 27 de febrero de 2015, mismo que está vigente desde el pasado 2 de marzo. Este documento señala que el Seguro Social puede emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones patronales en sentido positivo o negativo. Para tal efecto, el Instituto verificará que el patrón interesado: 5 esté inscrito ante el IMSS, en caso de estar obligado, y que sus registros patronales se encuentren vigentes 5 no tenga créditos fiscales firmes determinados 5 hubiese garantizado el interés fiscal de conformidad con el CFF en caso de que: 5 cuente con una autorización para pagar a plazos un adeudo a su cargo, y que tal autorización no estuviese revocada, o 5 hubiese interpuesto algún medio de defensa en contra de un crédito fiscal a su cargo Por otra parte en el acuerdo precisa que cuando se trate de un crédito fiscal firme el Instituto considerará que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 5 tenga una autorización para pagar a plazos y ésta no se encuentre revocada 5 no hubiese vencido el plazo de pago de 15 días hábiles previsto en el artículo 127 del RACERF, o 5 hubiese interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y esté debidamente garantizado el interés fiscal
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PATRONAL Como el trámite que deben desahogar los patrones para obtener la opinión en comento es totalmente electrónico, a continuación se detallan los pasos que deben seguir:
1 Ingresar al portal del Seguro Social: www.imss.gob.mx; elegir el apartado “Patrones o empresas” e inmediatamente presionar la opción “Escritorio virtual”.
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2 En la pantalla Acceso Escritorio Virtual si el patrón aún no se ha registrado en esta plataforma, debe pulsar la opción Crear una cuenta y proporcionar la información requerida por ésta; si ya se encuentra registrado, debe dar clic en el botón Ingresar
3 En la pantalla Firma Digital debe capturar su RFC, oprimir los botones BUSCAR para seleccionar su Certificado (*.cer) y su Clave Privada (*.key); asimismo tiene que digitar su password en el campo Contraseña de clave privada y presionar VERIFICAR y AUTENTICAR. De ser exitoso el procedimiento, aparecerá un mensaje de que ha accedido correctamente
5 El sistema arrojará un archivo PDF con la Opinion del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social respectiva, mismo que puede imprimirse y guardarse en la ruta asignada por el patrón
Opinión positiva
4 En su Escritorio Virtual, apartado Datos Fiscales (si es que no ha modificado la posición de los apartados), dar clic en la flecha localizada al lado del botón Acciones e inmediatamente apretar la opción Opinión de Cumplimiento. Aparecerá posteriormente el cuadro de diálogo Mensaje de Sistema, el cual indica que la petición se está procesando
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Conclusión
Opinión negativa
Como podrá observar el trámite para la obtención de la opinión es sencillo, sin embargo para poder acceder a éste es menester tener su Certificado (*.cer) asignado por el SAT y Clave Privada (*.key) respectiva. Es necesario señalar que la opinión emitida no es una resolución definitiva, por lo que no es combatible; pero si es contraria a los intereses de los patrones, éstos pueden realizar la aclaración ante el Seguro Social, a efectos de que en un plazo máximo de 10 días hábiles el Instituto le resuelva y expida la opinión correspondiente; la que si es en sentido positivo tiene vigencia de 30 días siguientes al de su generación. Finalmente es de congratularse que el Instituto ponga a disposición de los patrones esta herramienta, pues no solo va a servir para las personas señaladas en el CFF, sino también, para aquellas que celebran contratos de prestación de servicios con particulares quienes les requieren este tipo de constancias, por ejemplo los patrones denominados outsourcing, a los cuales sus clientes les solicitan la entrega de una constancia de cumplimiento, con la finalidad de verificar lo dispuesto en el artículo 15-A de la LSS.
DE TRASCENDENCIA
Valor del dictamen IMSS Conozca quienes pueden presentar un dictamen ante el Seguro Social, las bondades que ofrece a los patrones y el marco jurídico aplicable. El dictamen en materia fiscal por años fue uno de los mecanismos de regularización más utilizados por los contribuyentes, no solo por su obligatoriedad, sino porque gozaba de un alta credibilidad ante las autoridades, pues era avalado por un profesional especializado de la contaduría pública organizada. Aun cuando para efectos del SAT, esta forma de fiscalización indirecta ya no es obligatoria, para el Seguro Social si lo es; de ahí que se aborden los aspectos más importantes de la misma.
Sujetos obligados Los patrones que hubiesen tenido a su servicio en el ejercicio fiscal 2014 un promedio anual de 300 o más trabajadores están obligados
a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Seguro Social por contador público autorizado, en términos del artículo 16 de la LSS. Para obtener este promedio los patrones deben sumar el número de los colaboradores que en cada mes de 2014 laboraron para ellos (tomando en cuenta todos sus registros patronales); y el resultado dividirlo entre 12 (art. 152, Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización —RACERF—). No obstante en la práctica se ha detectado que algunas subdelegaciones del IMSS equivocadamente toman como base los trabajadores de un año anterior al ejercicio objeto de dictamen, e imponen a los
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patrones una sanción pecuniaria por la omisión de la presentación del dictamen; acto que puede impugnarse vía un recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional correspondiente al domicilio de su registro patronal, o un juicio de nulidad por la vía sumaria ante el TFJFA –si el monto de la multa no rebasa cinco veces el salario mínimo general vigente en el DF elevado al año al momento de su emisión (esto equivale actualmente a $127,932.50) – u ordinaria, si excede de dicho importe (arts. 294, 295, 304-A, fracc. XIX; 304-B, fracc. I, LSS; 13, fracc. I, inciso a), 58-1 y 58-2, fracc. I y último párrafo, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; del 4o. al 6o., Reglamento del Recurso de Inconformidad).
Sujetos optativos Aquellos patrones que no reúnan el promedio de número de trabajadores citado pueden optar por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones, observando el procedimiento legal aplicable (art. 16, segundo párrafo, LSS). También pueden dictaminarse, previa autorización del Instituto, quienes reciben una orden de visita domiciliaria, siempre y cuando el IMSS no hubiese iniciado la revisión documental respectiva. En este caso se tienen que dictaminar los últimos tres ejercicios (art. 159, segundo párrafo, RACERF).
Tipo de dictamen Inicial
Tanto los patrones que por ley están obligados a dictaminarse, así como los que deseen hacerlo en forma voluntaria, deben presentar ante el área de Auditoría a Patrones de la subdelegación correspondiente a su domicilio fiscal, a más tardar el próximo 30 de abril, el formato DICP-02, Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social respectivo. En caso de que cuenten con dos o más registros patronales deben exhibir un solo aviso, el cual tiene que comprender la totalidad de sus registros (art. 156, segundo párrafo, RACERF). El DICP-02 deber estar suscrito por el patrón o su representante legal y por el contador público autorizado responsable de la formulación el dictamen. En él debe precisarse: el número de registro patronal; el RFC, el nombre o la razón social, el domicilio fiscal y la actividad del patrón; el ejercicio o periodo a dictaminar; el número de trabajadores promedio, y en su caso, la fecha de presentación del primer aviso de dictamen. Este aviso se acompaña con el Anexo 1 Para patrones con más de un registro patronal (DICP- 02 A1) si el patrón cuenta con varios registros patronales o el Anexo 2 Para patrones con un registro patronal único (DICP-02 A2) cuando tiene un Registro Patronal Único (RPU) Adicionalmente deben adjuntarse los siguientes documentos, según el tipo de dictamen de que se trate:
Documentación a exhibir 5 5
5
Subsecuente
Presentación del aviso
5
5
RFC Original y copia simple para cotejo de: 5 acta constitutiva y los instrumentos notariales que la modifiquen 5 poder para pleitos y cobranzas del representante legal del patrón, salvo que venga en los documentos anteriores 5 identificación oficial del representante legal del patrón 5 tarjeta patronal de cada registro patronal, y 5 constancia de acreditación de la evaluación del Contador Público autorizado para efectos del IMSS o credencial expedida por la Coordinación de Corrección y Dictamen que acredita al contador como dictaminador, e Identificación del contador público dictaminador Constancia de acreditación de la evaluación del Contador Público autorizado para efectos del IMSS o credencial expedida por la Coordinación de Corrección y Dictamen que acredita al contador como dictaminador, e Identificación del contador público dictaminador
Los patrones pueden presentar su aviso de dictaminación electrónicamente, a través del Sistema Único de Dictamen IMSS (SUDINET) disponible en la página web: http://dictamendigital.imss.gob.mx/SudiNet/. En este caso es preciso que tengan a la mano su: 5 número patronal de identificación electrónica 5 certificado digital, para acceder a la página de Sistema Único de Dictamen por Internet (SUDINET), y 5 firma electrónica avanzada No obstante deben exhibir en el área de Auditoría a Patrones de la subdelegación correspondiente a su domicilio fiscal el acuse de recibido generado por el SUDINET, en original y copia, acompañado de los documentos descritos a efectos de que se les abra el expediente correspondiente.
Se entiende que el aviso es aceptado por el Seguro Social si en 15 días hábiles, contados a partir de su entrega, no le notifica al patrón de que se trate algún oficio de rechazo (art. 157, último párrafo, RACERF). Según el numeral 158 del RACERF el aviso de dictaminación presentado por un patrón no surte efectos cuando: 5 se presente después de abril o en un formato distinto al autorizado por el IMSS 5 no esté firmado por el representante legal del patrón o por el contador público 5 el registro del dictaminador esté suspendido o cancelado 5 previo a la presentación del aviso, el Instituto esté desarrollando una visita domiciliaria al patrón a dictaminar, o
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el dictaminador no cumpla con la norma de educación continua ante el colegio o asociación de la profesión contable al que pertenece o tenga algún impedimento legal para dictaminar al patrón que lo contrató. El numeral 155 del RACERF señala como impedimentos para dictaminar, que el contador: 5 sea el patrón a dictaminar, o en su caso, socio, asociado, director, administrador o empleado que tenga intervención en su administración 5 sea cónyuge, pariente por consanguinidad en línea recta o colateral dentro del cuarto grado o por afinidad, de la persona a dictaminar 5 labore o hubiese laborado para el patrón o alguna empresa filial, subsidiaria o que esté vinculada económicamente o administrativamente con el propio patrón 5 esté o hubiese estado vinculado económicamente en los negocios del patrón durante el ejercicio que comprenda el dictamen 5 sea agente o corredor de bolsa de valores activo en su ejercicio profesional 5 esté vinculado con el patrón de tal manera que le impida independencia o imparcialidad de criterios, o que los resultados de su dictamen determinen sus emolumentos 5 preste sus servicios al IMSS o a otra autoridad fiscal competente a fin de determinar contribuciones federales o locales, o 5 se encuentre en una situación análoga a las anteriores que afecte su imparcialidad
Aspectos patronales objeto de revisión Los patrones sujetos a dictaminarse deben proporcionarle al despacho o contador que los va auditar todos los documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. Por su parte el dictaminador debe enfocar sus esfuerzos en revisar, entre otros aspectos los siguientes: 5 riesgos de trabajo. Como el numeral 72 de la LSS prevé que todo patrón debe cubrir las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo conforme a su siniestralidad laboral, el contador independiente en su revisión debe considerar lo siguiente, tratándose de empresas con: 5 registro inicial: que la clase, prima, grupo y fracción manifestada al momento de darse de alta coincida con alguna de las actividades previstas en el Catálogo de Actividades contenido en el RACERF; de no ser así, debe efectuar la reclasificación respectiva, y 5 más de un año natural de registro ante el IMSS, que la: 5 actividad y clase, manifestadas en su declaración anual ante el IMSS, no haya sufrido ningún cambio, y de ser así, llevar a cabo la reclasificación correspondiente, y 5 prima de riesgos de trabajo calculada y declarada por la empresa sea correcta, de lo contrario, tiene que corregirla 5 sujetos de aseguramiento. Según el artículo 12, fracción I de la LSS, debe afiliarse en el Régimen Obligatorio del Seguro Social –ROSS– toda persona física que preste, de manera eventual o permanente, un servicio personal subordinado a otra persona física o moral, a cambio una contraprestación, cualquiera que sea el acto jurídico que le dé origen. En tal virtud el contador requiere precisar el momento en que la em-
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presa se vinculó laboralmente con otras personas. Para ello, tiene que: 5 identificar la naturaleza de los servicios prestados, por ejemplo de tipo civil (prestadores de servicios por honorarios) o mercantil (comisionistas) 5 ubicar el lugar en donde prestaron sus servicios 5 reunir: 5 los elementos que demuestren que la empresa respecto de las relaciones mercantiles o civiles celebradas con terceras personas, de ninguna manera se les: proporcionó herramientas de trabajo, uniformes, capacitación, etc.; o fijó un horario de labores 5 los comunicados de los prestadores de servicios en donde hubiesen requerido a la empresa dictaminada la asimilación de sus ingresos a salarios para efectos de la retención del impuesto sobre la renta (ISR) 5 verificar: 5 los contratos celebrados con terceras personas, a efectos de precisar las condiciones y características de cada uno, y 5 la correcta afectación de los honorarios y/o comisiones pagadas en los gastos de la empresa, así como sus retenciones en materia de impuestos (ISR e IVA), e integración de los salarios base de cotización (SBC) de los trabajadores. El artículo 27 de la LSS prevé que el SBC se conforma por todas aquellas cantidades y prestaciones que reciben los trabajadores a cambio de su labor, a excepción de los conceptos enunciados en sus diversas fracciones. De ahí que el dictaminador deba: 5 identificar: en los contratos colectivo o individuales de trabajo, así como en los planes de previsión social, o en las políticas de otorgamiento de prestaciones del patrón, los conceptos integrantes o no del SBC, y compararlas con los considerados o no por el patrón, y 5 verificar la correcta: integración y aplicación de los factores de integración salarial a los salarios diarios de los trabajadores, y la determinación del promedio de los ingresos variables (primas, gratificaciones, tiempo extra, premios de puntualidad y asistencia, incentivos, bonos de productividad, pagos de días festivos y de descanso semanales laborados), de conformidad con el numeral 27 de la LSS; y en caso de que detecte anomalías, integre lo conducente
Entrega del dictamen Una vez presentado el aviso, los patrones tienen hasta el 30 de septiembre del año de que se trate para entregar al IMSS el dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones patronales derivadas de la LSS. No obstante aquellos que presentaron el aviso para dictaminarse, como consecuencia de la notificación de una invitación del Instituto para corregirse o de una orden de visita domiciliaria, deben exhibirlo dentro de los nueve meses siguientes a la fecha en que entregaron dicho aviso (art. 161, RACERF). De conformidad con el numeral 162 del RACERF, los lapsos aludidos pueden prorrogarse hasta por 40 días hábiles, por algún caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando se acredite que existen limitaciones de carácter físico o legal que hacen imposible la entrega oportuna del dictamen.
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Para tales efectos es preciso solicitar por escrito tal prórroga, antes del vencimiento los términos descritos. Si la autoridad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, no se pronuncia al respecto, el patrón debe entender que su petición fue aceptada. Aquel patrón que hubiese optado por la entrega presencial de su dictamen debe acudir al Departamento de Auditoría a Patrones de la subdelegación correspondiente a su domicilio fiscal y presentar dos legajos de su dictamen relativos a la totalidad de sus registros patronales vigentes en el ejercicio dictaminado. Cada tanto debe integrarse con: la carta de presentación; la opinión del dictaminador y los anexos del dictamen debidamente llenados. Estos documentos se dieron a conocer en el DOF del 8 de mayo de 2013 y están disponibles en nuestra página web: www.idconline.com.mx, ruta: herramientas/ formas, formularios y software/ seguridad social/ dictamen IMSS . Si bien es cierto el numeral 170 del RACERF señala que se presume la validez de los dictámenes presentados por los patrones, salvo que exista prueba en contrario, también lo es que el Seguro Social puede revisar su contenido. Para llevar a cabo tal revisión le requiere al contador público por escrito con copia al patrón que exhiba: 5 la información o documentación que debe incluirse en el dictamen, la cual es entregable dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación del requerimiento 5 los papeles de trabajo de la auditoría, los que deben presentarse en un periodo de 15 días hábiles, contado a partir de la fecha de notificación del requerimiento. Este lapso puede prorrogarse hasta por 10 días más, y 5 información y documentación correspondientes a las partidas sujetas a aclaración, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del patrón (deberá exhibirse en 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento, prorrogables hasta por 10 días hábiles) Si el dictaminador no desahoga el requerimiento o lo hace inadecuadamente, le solicita al patrón, con copia al contador público, la información y documentación descrita, además la exhibición de los sistemas y registros contables y la documentación original, cuando lo considere necesario. Estos datos deben entregarse en 15 días hábiles siguientes a la notificación de la petición Cuando la información suministrada por el patrón no sea suficiente para desvirtuar alguna presunción institucional, el personal del Seguro Social lo hará del conocimiento del patrón y el contador público de que se trate, para que en un plazo de 15 días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este tiempo, el Instituto emitirá la resolución correspondiente, y en su caso ejercerá las facultades de comprobación que le otorga la ley (art. 172, LSS).
Ventajas de dictaminarse Conforme a los preceptos 16 de la LSS y 173 del RACERF los patrones dictaminados no son objeto de visita domiciliaria por los ejercicios dictaminados, salvo que: 5 el dictamen se hubiese presentado con abstención de opinión, con opinión negativa o con salvedades sobre aspectos que, a juicio del contador público, recaigan sobre elementos esenciales del dictamen
Anexos del dictamen Anexos I y I-A. Informe de la situación del patrón dictaminado, para patrón con un solo Registro Patronal (RP) y con varios registros, respectivamente Anexos II y II-A. Cuadro analítico de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en el dictamen para patrón con un solo RP y con varios registros, respectivamente Anexos III y III-A. Análisis de los conceptos de percepción por grupos o categorías de trabajadores, indicando si éstos se acumularon o no al salario base de cotización y revisión a los pagos efectuados a personas físicas para patrones con un solo RP y con varios registros, respectivamente Anexos IV y IV-A. Conciliación del total de percepciones de trabajadores en registros contables contra la base de salarios manifestados para el Instituto; así como contra lo declarado para efectos del impuesto sobre la renta para patrones con un solo RP y con varios registros, respectivamente Anexo V. Reporte de las actividades y clasificación de la empresa dictaminada para cualquier patrón derivado de la revisión interna del dictamen, se hubiesen determinado diferencias a su cargo, y éstas no hubiesen sido aclaradas y, en su caso, pagadas, o 5 al revisar el dictamen, el IMSS hubiese detectado irregularidades, de tal naturaleza, que lo obliguen a ejercer sus facultades de comprobación El Instituto se abstiene de emitirles cédulas de liquidación por diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, siempre que hubiesen: 5 comunicado oportunamente los avisos afiliatorios derivados del dictamen, y 5 terminado y presentado el dictamen correspondiente 5 cubierto las cuotas obrero- patronales derivadas del dictamen o se hubiese convenido su pago en parcialidades Este beneficio no es aplicable a los créditos del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; capitales constitutivos, recargos documentados, visitas domiciliarias y en general, resoluciones derivadas de cualquier medio de defensa ejercido por el patrón. 5
Conclusiones Los patrones que se dictaminan para efectos del Seguro Social gozan de ciertas prerrogativas, sin embargo dicho documento debe estar bien elaborado y no contener información falsa, ya que el Instituto está facultado para revisarlo, y en su caso determinar las irregularidades existentes en el mismo. Además conforme al artículo 176 de la LSS, los contadores públicos podrán ser amonestados, o bien, suspendérseles o cancelarles su registro ante el IMSS.
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PARA TOMARSE EN CUENTA
Cuándo es inaplicable la estimación de cuotas de constructores Los patrones de la construcción pueden verse afectados por un crédito fiscal derivado de la aplicación por parte del IMSS de la presuntiva de cuotas obrero-patronales relativas a una obra de construcción que llevaron a cabo. Este procedimiento a pesar de que en muchas ocasiones es totalmente improcedente, los afectados no lo impugnan ante las instancias correspondientes, básicamente porque el desconocimiento que existe sobre el tema. De ahí que a continuación se hagan las siguientes precisiones. No obstante que todas las personas debieran recibir el mismo trato ante la ley, los patrones de la construcción no solo están sujetos a las disposiciones de la LSS y del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), sino a las previstas en el ordenamiento jurídico especial que los regula (el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado — ROTC—). Esto se debe a la naturaleza de los servicios que prestan sus colaboradores y el tipo de instrumento jurídico que generalmente utilizan para contratarlos (contratos por obra o tiempo determinado). En este contexto, además de registrarse como patrones ante el IMSS y registrar las obras que edifican; inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social; presentar los avisos afiliatorios de éstos; elaborar y conservar los registros y controles administrativos de los movimientos de sus subordinados, los constructores deben: 5 calcular y enterar al Seguro Social las cuotas obrero-patronales a su cargo, aun cuando no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se les deban aplicar, a causa del incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y sus Reglamentos. En este caso el monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial del IMSS, sin perjuicio de aquellos subordinados que acrediten sus derechos, demostrando la relación laboral con el patrón que hubiese pagado sus cuotas en forma estimativa durante el tiempo en que se dio el vínculo de trabajo (arts. 15, fracc. III, LSS; 16, ROTC y 72, RACERF) 5 proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, establecidas en la ley y sus reglamentos (art. 15, fracción IV LSS) 5 permitir las inspecciones y visitas domiciliarias practicadas por el Seguro Social, con apego a la Ley, el CFF y los Reglamentos aplicables (art. 15, fracc. V, LSS), y
expedir y entregar a cada trabajador una constancia escrita del número de días laborados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pago legales, las cuales, en su caso, podrán ser exhibidas por los subordinados para acreditar sus derechos (art. 15, fracc. VI LSS) Adicionalmente, según lo dispuesto en el último párrafo del numeral 12 del ROTC, cuando finalizan sus trabajos, deben exhibir ante el Instituto el aviso de terminación de la obra correspondiente (formato SATIC-03, Aviso de incidencia de obra), dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la edificación. En caso de que estos patrones no cumplan con lo anterior, son notificados por el Instituto, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas (art. 18, ROTC). En el supuesto de que estos sujetos no proporcionen la información señalada, el IMSS fijará en cantidad líquida el crédito cuyo pago se hubiese omitido, basándose en los datos con los que cuente y los que de acuerdo con sus experiencias considere como probables, siguiendo para tal efecto, el procedimiento de estimativa de cuotas del numeral 18 del ROTC. No obstante si le demuestran al Seguro Social que los elementos que le exhibieron (registros de nóminas, listas de raya en las que se asiente el número de trabajadores, sus nombres, número de días trabajados y los salarios) son suficientes para que lleve a cabo la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, éste no puede aplicar la estimativa de cuotas en comento. Esto se confirma en la jurisprudencia bajo el rubro: DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. SUPUESTO EN EL QUE NO PROCEDE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO, publicada en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima Época. Año IV, número 40, p. 59, número VII-J-SS-134, noviembre 2014. Como puede observarse para evitar la aplicación de estima de cuotas, es necesario contar con todos los documentos debidamente firmados por los trabajadores con los que se acrediten los salarios percibidos por éstos, el tiempo de la vigencia de las relación de trabajo que tengan entabladas y los días efectivamente laborados. 5
09/15 abril 2015
Cómo quedó el subsidio de seguridad social para patrones RIF Recientemente la SHCP extendió un año más los beneficios fiscales aplicables a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Así las cosas, las personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el RIF previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que aplicaron el 50% del subsidio de la contribución de seguridad social previsto en el “Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social del 8 de abril de 2014, pueden seguir haciéndolo hasta el 2016. Para ello este año (2015) será considerado como el inicio del subsidio, por tanto durante 2015 y 2016 podrán beneficiarse de un subsidio del 50% en el pago de cuotas obreropatronales causadas. De tal suerte que el porcentaje del beneficio quedará en los siguientes términos:
Años 2017 y 2018 2019 y 2020 2021 y 2022 2023 y 2024
Subsidio aplicable 40% 30% 20% 10%
Todo lo anterior de conformidad con el Decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal del 11 de marzo de 2015. Finalmente si desea conocer los requisitos a cubrir por los interesados en obtener este subsidio puede consultar en nuestro portal de Internet: www.idconline.com.mx las notas intituladas “Subsidio a pagos al IMSS e Infonavit” y “¿Tributas en el RIF? Obtén los beneficios que ofrece el IMSS”.
conoce quienes pueden obtener un subsidio en el pago de cuotas
conoce el trámite para obtener el subsidio de cuotas
LA EMPRESA CONSULTA BENEFICIO IMSS POR CONTRATACIÓN DE ADULTO MAYOR Contratamos a una persona que tiene 66 años de edad y deseamos saber si el Seguro Social tiene algún programa de exención del pago de cuotas obrero-patronales respecto a la afiliación de personas en edad avanzada. ¿Pueden orientarnos? En la LSS no está prevista ninguna exención en el pago de las contribuciones de seguridad social correspondientes IDC a los trabajadores adultos mayores, además dicho organismo no está facultado para liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero-patronales (art. 40-F, LSS). Así las cosas, desde el momento en que la compañía cuente con el servicio personal subordinado del colaborador referido en su pregunta y le paguen un salario, ésta ineludiblemente debe inscribirlo ante el IMSS e Infonavit, incluso determinar y enterar las cuotas obrero-patronales y las aportaciones del 5% de vivien-
da respectivas (arts. 15, fraccs. I y III, LSS y 29, fraccs. I y II, Ley del Infonavit). No obstante es recomendable que ustedes verifiquen si el individuo goza de algún tipo de pensión por parte del IMSS, a efectos de tomar las provisiones necesarias, ya que si se trata de un pensionado por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez (bajo cualquiera de las leyes de seguridad —1973 o 1997—), y reingresa al Régimen Obligatorio del Seguro Social (ROSS), no causa las cuotas referentes al Seguro de Invalidez y Vida ni las de los gastos médicos para pensionados del Seguro de Enfermedades y Maternidad, salvo que reciba una pensión garantizada, en cuyo caso si le sería suspendido el otorgamiento de tal pensión (arts. 25, segundo párrafo; 173, primer párrafo y 196, LSS).
10/15 abril 2015
¿QUÉ HACER ANTE NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA? Soy un patrón persona física con registro patronal en Tlaxcala; un trabajador que constantemente se traslada a Puebla para darle mantenimiento a varias maquinarias de uno de nuestros clientes, acudió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) cercana a las instalaciones de donde presta sus servicios. El personal médico le dijo que no podían atenderlo porque estaba registrado en una de las clínicas de Tlaxcala. ¿Qué debemos hacer para que el Instituto le preste el servicio médico? Deben tramitar de inmediato para el trabajador una autorización para recibir atención médica en circunscripción IDC foránea, ya que por la naturaleza de los servicios que presta requiere constantemente salir de su lugar de adscripción (art. 107, Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS —RPM—). Esta autorización puede solicitarse a través del IMSS Desde su
Empresa (IDSE) o directamente en las oficinas del Seguro Social. Si desean llevar a cabo esta gestión de manera presencial deben acudir al área de Patrones del Departamento de Afiliación-Vigencia de Derechos de la subdelegación correspondiente al domicilio de su registro patronal, en donde deben presentar un escrito libre en el que plasmen la necesidad del trabajador de recibir atención médica en Puebla, ya que por el desarrollo de sus funciones constantemente está en aquella localidad. Adicionalmente en dicho documento deben precisar los siguientes datos del asegurado: su nombre completo; número de seguridad social (NSS); Clave Única de Registro de Población (CURP), y el domicilio en donde reside. Dicho escrito debe acompañarse del original y copia simple de: su tarjeta de identificación patronal e identificación oficial del patrón o su representante legal (credencial para votar con fotografía, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar, cédula profesional).
RIÑA EN CENTRO DE TRABAJO ¿RIESGO LABORAL?
PAGO DE SALARIO EN INCAPACIDAD TEMPORAL ¿VÁLIDO?
Producto de la riña en que participó, un subordinado de la línea de ensamblaje acudió al Seguro Social con la nariz rota. Como recibimos el formato ST-7, “Aviso de atención médica y calificación de probable accidente de trabajo”, asentamos en el mismo que la lesión del trabajador derivaba de aquella pelea y adjuntamos una copia del acta administrativa que elaboramos sobre los hechos. No obstante el IMSS calificó tal evento como de trabajo, acto que desde nuestro punto de vista es incorrecto. ¿A quién le asiste la razón? Un accidente de trabajo se presenta cuando un colaborador sufre una lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata IDC o posterior o la muerte en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y tiempo en que se preste (art. 41, LSS). En tal virtud es incorrecta la calificación del Seguro Social, porque no se trata de una afección derivada de la actividad laboral del trabajador referido en su consulta. Además el precepto 46, fracción IV de la LSS señala que la incapacidad o siniestro producto de una riña no debe ser tratada como riesgo profesional. Por lo anterior, ustedes podrán interponer un recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional relativo al domicilio de su registro patronal, dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, o bien, un juicio de nulidad ante el TFJFA dentro de los 45 días hábiles siguientes a aquel en que hubiese surtido efectos dicha notificación. En este caso lo procedente sería ofrecer como prueba la documentación que acredite los hechos que suscitaron la condición física del trabajador, tal como el acta administrativa que elaboraron en su momento (arts. 294 y 295, LSS; 13, fracc. I, inciso a) y 58-2, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA); 4o.; 5o. y 6o., Reglamento del Recurso de Inconformidad).
En la empresa deseamos ayudar a un trabajador que sufrió una enfermedad no profesional grave, y respecto de la cual el Seguro Social ya ha emitido dos certificados de incapacidad temporal para laborar, por lo que pretendemos pagarle su salario completo durante el tiempo que esté incapacitado. ¿Cuál son las consecuencias que sufriría la empresa por esta acción? El apoyo económico que desean otorgar a este trabajador no tendría naturaleza retributiva, simplemente porque en IDC el tiempo amparado por los certificados de incapacidad, no está apto para desempeñar sus labores, tan es así que la LFT, en su numeral 42, fracción III señala que tal estado provoca que la relación laboral entablada por las partes obrero-patronal esté suspendida. Por ende, el subordinado no está obligado a prestar los servicios para los que fue contratado ni la empresa está comprometida a cubrir las percepciones salariales respectivas (art. 82, LFT). En tal virtud, la ayuda en comento es un subsidio por incapacidad, el cual no debe ser mayor del 40% de su último salario base de cotización (SBC) comunicado al IMSS, pues el 60% restante está a cargo del Seguro Social (art. 98, LSS). No obstante si desean brindarle una cantidad superior tendrían que manejarla como una gratificación, en cuyo caso es menester que plasmen por escrito que se pagará por única ocasión, justificando su entrega por el buen desempeño del colaborador, lo cual implica debe integrarse en su SBC, en términos del artículo 27 de la LSS.
11/15 abril 2015
Infonavit
LA EMPRESA CONSULTA ¿APORTACIONES HASTA LA ENTREGA DEL FINIQUITO?
EMBARGO A EMPRESA DIVERSA ¿LEGAL?
Como consecuencia de una revisión de gabinete, el Infonavit insiste en que debimos presentar las bajas de nuestros trabajadores con la fecha en que les cubrimos su finiquito y no con la que aparece en las renuncias respectivas, y que por ende debemos pagarle las aportaciones de vivienda causadas entre esos dos periodos. Creemos que el Instituto está equivocado porque si bien es cierto por problemas de liquidez les demoramos el finiquito a estas personas también lo es presentamos oportunamente sus avisos de baja ante el IMSS. ¿Qué nos pueden comentar sobre el particular? La obligación de pago de las aportaciones patronales de vivienda subsiste hasta la presentación del aviso de baja IDC de los colaboradores, de conformidad con artículo 36, segundo párrafo del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Infonavit. De ahí que si ustedes indicaron en los avisos de estos trabajadores como fecha baja la de la renuncia, y presentaron oportunamente al Seguro Social tales movimientos, la pretensión del Infornavit es improcedente. En tal caso, lo conducente es que argumenten que el vínculo laboral que los unían con aquellos trabajadores concluyó en la fecha de presentación de su renuncia, misma que coincide con el dato comunicado al IMSS. Esto debe hacerse valer dentro de los 20 días siguientes a que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, según el numeral 48, fracción VI del CFF. Si a pesar de ello el Instituto determina el monto de las aportaciones supuestamente omitidas, la empresa podrá impugnar la cédula de liquidación correspondiente, a través de la interposición de un recurso de inconformidad ante la Comisión de Inconformidades y Valuación del Infonavit, dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de dicha cédula o un juicio de nulidad ante el TFJFA dentro de los 15 o 45 días hábiles siguientes al de la notificación de la liquidación, según el monto del crédito (arts. 52 y 54, Ley del Infonavit; 9o., Reglamento de la Comisión de Inconformidades y de Valuación del Infonavit; 13, fracc. I, inciso a) y 58-2, fracc. I, LFPCA).
A pesar de que hicimos del conocimiento del notificador del Infonavit que la cédula de liquidación y el citatorio para la práctica de un embargo estaban a nombre de la compañía, a quien anteriormente le arrendábamos el inmueble, nos comentó que como el Instituto no habían recibido ningún aviso de baja o cambio de domicilio de dicha empresa, llevarían a cabo la diligencia en la hora y día señalados en el citatorio. ¿Qué podemos hacer en contra tal acto? De acuerdo con los numerales 16 de nuestra Carta Magna y 38 del CFF, todo acto de molestia, como la orden de IDC embargo señalada en su consulta, debe señalar el nombre completo de la persona a quien va dirigido, que debe ser la misma a la que se le notifica el documento. Para tal efecto el notificador al realizar la diligencia respectiva está obligado a identificar al patrón afectado por su nombre propio o de pila y uno o más apellidos, si es persona física; ya que en caso de ser persona moral, es al representante de la razón o denominación social patronal. Atendiendo a lo anterior la diligencia es improcedente porque se notificó a un ente jurídico distinto al que se pretende ejecutar; además el embargo solo debe practicarse al deudor del crédito fiscal, según los artículos 30, fracción III de la Ley del Infonavit y 151 del CFF. Ante tal circunstancia se sugiere elaborar un escrito libre, dirigido a la oficina ejecutora del Infonavit, en donde se le dé a conocer que la empresa sujeta a embargo ya no se encuentra en dicho domicilio; razón por la cual se oponen a la ejecución de la diligencia. Asimismo se sugiere enfatizar que de llevarse a cabo tal diligencia, el ejecutor estaría abusando de su cargo, pues se entenderá que llevó a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución sin que mediara el mandamiento escrito de la autoridad correspondiente, conducta que sería denunciada al Órgano de Control Interno del Instituto a efecto de que se le aplique la sanción administrativa correspondiente (arts. 8o., fracc. I; 13 y 14, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos).
12/15 abril 2015
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Año XXVIII/4a. Época/15 de abril de 2015
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DE TRASCENDENCIA
Retos y oportunidades en la posible Ley de Aguas Las mejores transformaciones nacen en época de crisis, por lo que prever el panorama de dicho recurso natural en nuestro país puede ser una gran oferta de negocio
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EN OPINIÓN DE... ●
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PARA TOMARSE EN CUENTA ●
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PUBLICIDAD ENGAÑOSA, POR UN NUEVO PARADIGMA
LA EMPRESA CONSULTA ● ● ●
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DUE DILLIGENCE PARA ANTILAVADO Celebrar actividades vulnerables y no llevar a cabo una debida diligencia representa un riesgo, y además, puede ser motivo de multas
¿QUÉ REVISAR EN UN ESCRITO OFICIAL? LIBROS SOCIALES ¿DEJAR USAR MI MARCA?
RÉGIMEN ●
SECRETO INDUSTRIAL VS PATENTE: ¡QUE GANE EL MEJOR! Dos figuras que le ayudarán a posicionarse en el mercado, utilice la adecuada a sus necesidades
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IDCONLINE ●
NOTAS PUBLICADAS EN EXCLUSIVA EN NUESTRA PÁGINA WEB EN EL PERIODO DEL 11 AL 26 DE MARZO DE 2015 ● Fortalecen Buró de Entidades Financieras ● Valor de inmuebles afectado por ley condominal ● ¿Seguro para tu ahorro bancario? ● Internet, clave para hacer crecer Mipymes ● Reformas ¿beneficiaron a los consumidores? ● Lanzan app para impulsar competitividad de Pymes ● Rol del consumidor ● Dispositivos móviles ¿indispensables para la población? ● Buscan prevenir casos como el de Ficrea ● Sube financiamiento de banca comercial a empresas ● Promueven conciencia sobre uso de datos sensibles ● Profeco e Inadem protegerán a emprendedores ● Reforma financiera ¿ya muestra resultados? ● Buscan avanzar hacia un gobierno más abierto
DE TRASCENDENCIA
Retos y desafíos en la posible Ley de Aguas El cambio siempre es motivo de miedo, no obstante, son los desafíos los que generan las mejores transformaciones.
E
l sector empresarial, los académicos y las organizaciones no gubernamentales han comenzado a expresar su preocupación con algunos puntos del proyecto de Decreto para expedir la Ley General de Aguas (LGA). Con tal antecedente, y para poseer un panorama más amplio de estas inquietudes, el licenciado Orlando F. Cabrera C., abogado de Ibáñez Parkman, S.C. abordará el posicionamiento de la Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce —ICC—) y la opinión de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Asimismo, presentará los antecedentes de dicha iniciativa, dará un panorama general del proyecto de ley y emitirá unas reflexiones sobre cuáles son los retos que deberá sortear la legislación para contribuir al desarrollo nacional.
Preocupaciones empresariales La vigencia de una concesión es vital para dar certeza a los inversionistas. De acuerdo con el proyecto reseñado, las concesiones podrán ser de entre cinco y 30 años (art. 94). Al respecto, ICC señala que en la práctica se reduce a 10 años, lo cual representa una desventaja competitiva para invertir si se compara con las oportunidades existentes en otros países. Por eso resulta inaceptable que el máximo sea de 10 años y sugiere que los plazos sean en razón de las inversiones. Esta opinión cobra mayor lógica si se considera que la tasa interna de retorno de un proyecto puede ser superior a ese tiempo. Otra de las desventajas puntualizadas es la imposibilidad de renovar la concesión por más de una ocasión (art. 95). Ante la limitada disponibilidad del agua, las actividades productivas se desarrollan en zonas reglamentadas o de vedas donde no se permiten nuevas concesiones. La imposibilidad de prorrogar la concesión obliga a obtener una en zonas donde no es legalmente factible su emisión. Con esas limitaciones, la ICC opina que se niega sistemáticamente el acceso al vital líquido. La ICC recomienda que no se acote la transmisión temporal solo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pues este hecho desincentiva la práctica ante la incertidumbre existente por el retorno del recurso al cedente temporal. No sorprende la existencia de un mercado negro de derechos del agua y se aliente el acaparamiento del recurso. Con base en lo anterior, la ICC propone que se permita la transmisión entre particulares para reducir la carga administrativa, siempre que las condiciones lo permitan. Es imperativo contar con una política hídrica a largo plazo que
esté previamente consensada con toda la sociedad y sea inamovible frente al cambio de sexenio para dar certitud al empresariado y a la ciudadanía.
Postura de las ONGs ¿PRIVATIZACIÓN?
Lic. Orlando F. Cabrera Colorado
Abogado de Ibáñez En algunos foros se ha estimado que la LGA Parkman, S.C. privatiza el agua. Para sostener esta afirmaMéxico enfrenta un panorama complejo ción citan como ejemplo el acueducto Monen la materia de terrey VI que llevará agua del Río Pánuco a agua, y de no Monterrey. Este proyecto se adjudicó a una poner la atención Asociación Público Privada (APP), sin em- adecuada, este podría agudizarse bargo, no se debe confundir una privatización con un ente de esta naturaleza, pues es a través de una APP que el gobierno y los particulares desarrollan proyectos en conjunto. La utilización de este vehículo es común en el desarrollo de las carreteras y se justifica porque los particulares frecuentemente invierten la mayor parte de los recursos que el gobierno no tiene para desarrollar un proyecto. Así, el capital invertido por el sector privado se le puede regresar a largo plazo mediante las tarifas del servicio, y al final del negocio se puede transferir la propiedad al gobierno.
¿ENCARECIMIENTO DEL SERVICIO? Han comentado que las tarifas representarán cargas desproporcionadas a la sociedad. No obstante, resulta evidente la necesidad de una tarifa que permita financiar el proyecto, al ser indispensable para desarrollar la infraestructura hidráulica, por lo que ante la ausencia de recursos públicos disponibles, es menester ofrecer tarifas atractivas para la iniciativa privada que no pongan fin al desarrollo. Empero, las tarifas altas no son populares sobre todo en tiempos electorales, por lo cual los políticos tienen un interés personal para velar por el balance y que estas no sean desproporcionadas. Con independencia de ello, la ley debe contener los criterios suficientes para normar las tarifas.
02/15 abril 2015
FRACKING
Motivos de reflexión
Tal vez la intranquilidad más válida esté en ● El agua es un elemento esencial para la vida humana torno al fracking. Este método es utilizado ● México se enfrenta a un panorama difícil, por eso requiere una política adecuada para obtener el shale gas o gas de lutitas, y funciona fracturando la roca con el líquique garantice el derecho a ese vital líquido a futuro ● La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Decreto para expedir la Ley do presurizado hidráulicamente, a base de agua, arena y químicos, por lo que requiere General de Aguas pendiente de discusión ● Derivado de la referida iniciativa surgieron varias preocupaciones, entre ellas: de grandes cantidades de agua. ● De la sociedad civil: Sin embargo, la nueva LGA no contiene ● privatización de este servicio público disposiciones expresas para la fracturación ● encarecimiento del servicio hidráulica. Por consiguiente, la figura apli● fracking y sus efectos en el consumo y contaminación del agua cable para dicha actividad sería la concesión ● Del empresariado, la: para uso industrial, generando preocupacio● vigencia de las concesiones no hace atrativa la inversión nes si se analiza que pueda ser utilizada para ● imposibilidad de renovar las concesiones por más de una ocasión el fracking, aun cuando este no se encuentre previsto puntualmente. Las inquietudes del fracking están justificadas si se pondera que se utilizan cerca de 600 químicos con car- Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de Decreto para excinógenos y toxinas, liberándose metano y otros elementos dañinos. pedir la LGA. Se tenía planeado discutir el referido proyecto en el Además, se ha documentado la existencia de grandes riesgos si el pleno de esa Cámara el 10 de marzo, sin embargo la junta de cooragua utilizada para ese método se destina al consumo humano. dinación política la pospuso por el tiempo que sea necesario para Así, la falta de regulación especial crea una enorme incertidum- aclarar algunas inquietudes, siendo la principal, la concerniente a la bre debidamente fundada. privatización del servicio de agua, y, adicionalmente, autorizó foros de discusión para resolver estas preocupaciones conjuntamente con diversos actores sociales. SERVICIOS PÚBLICOS ¿POR PARTICULARES? Otro aspecto vinculado con la falta de certeza es la concesión de varios servicios hacia los particulares. ANTECEDENTES En mi opinión, esta posibilidad no es motivo de desconfianza, pues La finalidad del proyecto de ley en comento es implementar la resi existen particulares con capacidad técnica y financiera suficiente forma del 8 de febrero de 2012 que agregó al artículo 4o de la Conspara lograr un desarrollo más eficiente de los proyectos, incluso me- titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) el jor que el propio gobierno, no se debe impedir su participación. siguiente párrafo: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición La preocupación más bien está en cuestionar si contamos con y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forfuncionarios capacitados y con un verdadero interés legítimo de sal- ma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará vaguardar los intereses de la ciudadanía, dejando de lado cualquier este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el tipo de corrupción o favoritismo. acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estaPor lo tanto, es preferible prestar mayor atención a los procedimien- bleciendo la participación de la Federación, las entidades federativas tos de licitación, buscando que estos sean transparentes y los proyectos y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la sean concesionados a quienes de verdad están capacitados para aten- consecución de dichos fines. der las necesidades de la población. Dentro de esa misma reforma se previó el artículo tercero transitorio para materializarla, al señalar que el Congreso de la Unión contaría con un plazo de 360 días para emitir una LGA. No obstante, Genealogía de la ley Los recursos hídricos existentes en nuestro país plantean un panora- descuidando el cumplimiento del término, es hasta tres años (26 de ma difícil con retos importantes para el futuro; factores climatológicos febrero de 2015) después que en sesión ordinaria la Cámara de Dipuy socioeconómicos han incidido negativamente en la disponibilidad tados presentó la iniciativa del proyecto mencionado. per cápita de tales recursos, que, cabe mencionar, han decrecido significativamente. ESTRUCTURA La concentración poblacional en localidades urbanas incrementa La iniciativa consta de 11 títulos y un apartado de generalidades la demanda del agua para satisfacer sus necesidades: los fenómenos que pormenorizan su naturaleza y objeto, mismos que están enhidrometeorológicos como las sequías acentúan la crisis. caminados a reglamentar los artículos 4o y 27 constitucionales, El Estado mexicano debe tomar las acciones concretas para ase- aunado a establecer la participación de la Federación, los estados, gurar que el derecho humano al agua sea una realidad. el DF, los municipios y ciudadanía para hacer efectivo el acceso, Ante este escenario, el 4 de marzo de 2015 las Comisiones Unidas disposición y saneamiento del agua para consumo, y la regulación de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos de la de las aguas nacionales.
03/15 abril 2015
COORDINACIÓN En el título primero se definen las atribuciones de los tres órganos de gobierno. Corresponderá a la Federación y el Ejecutivo, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la CONAGUA, la administración de aguas nacionales. En ese mismo título se puntualizan las facultades que corresponderán a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Al existir puntos coincidentes entre los estados, el DF y los municipios, en la iniciativa se señalan sus funciones conjuntas, pero también se especifican sus atribuciones por separado, en materia de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
DERECHO HUMANO Si bien el derecho al agua ya está reconocido en el artículo 4o de la Constitución, en la iniciativa se definen los conceptos que abarcará: acceso, disposición, saneamiento, suficiente, salubre, aceptable y asequible. También se determinan las obligaciones del Estado para garantizar este derecho humano, en armonía con la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este entendido, será conforme a los Consejos de Cuenca que se buscará la participación ciudadana para el acceso y uso equitativo y sustentable del agua. Atinadamente se pretende crear el Sistema Nacional de Información del Agua para promover el acceso a la información relacionada con dicho recurso, y a la de la infraestructura hidráulica y servicios relacionados.
ción para la cual no se requerirá concesión: el uso doméstico, con lo cual se busca asegurar el derecho humano al agua, siempre que este se haga por medios manuales y no desvíe su cauce o disminuya significativamente su caudal (art. 150).
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS Las restricciones de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas por causas de utilidad pública son semejantes a las previstas en la LAN, mas con un cambio de nomenclatura, ahora son: vedas, reglamentos específicos y reservas de aguas; cabe decir que se agregan nuevos supuestos de procedencia. Un punto destacable es la inmersión de procedimientos más simples, con un encuadre de administración sustentable y el reestablecimiento del equilibrio ecológico y la calidad de aguas (arts. 196-204). La prevención y control de contaminación serán obligaciones tanto de los concesionarios como de las entidades de gobierno. De igual modo, se enfatiza en que la vigilancia del agua destinada a consumo humano se revisará cumpla con las normas oficiales mexicanas. De manera acertada se propone crear una institución denominada Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua encargada de proveer criterios para su muestreo y medición.
DESASTRES Y EMERGENCIA El proyecto postula una orientación preventiva en donde participan el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad para implementar medidas que permitan reducir y mitigar los riesgos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos, además de socorrer a la población y recuperar su entorno. Dentro de este rubro también se contemplan medidas para garantizar el derecho al agua en los tiempos de sequía.
FINANCIAMIENTO POLÍTICA DE AGUA Y CONCESIONES Se estipulan los principios de política hídrica nacional. La planeación y programación son un instrumento esencial para la gestión del agua y su seguridad. Los usos doméstico, urbano y de conservación ecológica tienen preferencia. Para el otorgamiento, prórroga y transmisión de concesiones para explotar, usar y aprovechar las aguas nacionales, o en su defecto, para la suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión se mantienen preceptos similares a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente. A pesar de ello, se incluyen nuevas figuras como el trasvase: la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se trasladan de una cuenca para usarse en una distinta con la que no exista una conexión natural. La autorización del trasvase permitirá o impedirá el traslado de aguas naturales (arts. 116-119). La construcción de obra requiere de otro trámite denominado permiso de construcción de obra hidráulica (arts. 137-147). En lo atinente al uso de las aguas nacionales, se reproducen las disposiciones de la LAN para el uso público, urbano, agrícola y de generación de energía eléctrica. No obstante, se plantea una excep-
La iniciativa de mérito busca obtener recursos para el sector hídrico bajo una perspectiva que incluya la sustentabilidad, la eficiencia económica y la equidad, y será a través del capital que se garantizará el derecho humano al agua, la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados. De tal modo, se indican cuáles serán las bases para fijar las tarifas que conformen un marco de referencia para privilegiar o fomentar la sustentabilidad financiera, así como los criterios para que las contribuciones y aprovechamientos obtenidos por la explotación de agua e infraestructura alcancen una solvencia financiera. Se propone un sistema de colaboración para establecer tarifas que aseguren un estándar mínimo de calidad en el servicio público y los criterios que servirán para precisar los montos suficientes para asegurar su sustentabilidad.
SANCIONES Se señalan infracciones, medidas y sanciones para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad y prevenir riesgos, daños y el deterioro de la salud o del agua. Un punto que resalta dentro de este tema es el aumento en el monto de las multas para inhibir las conductas prohibidas por la ley.
04/15 abril 2015
Dentro de las sanciones se prevé la clausura, remoción o demolición de la infraestructura; suspensión o revocación de la concesión o permiso, con independencia de la remediación del sitio contaminado.
Reflexiones finales México enfrenta una situación hídrica compleja y crítica que requiere de atención inmediata por parte de los distintos órdenes de gobierno, incluso una participación activa de la ciudadanía, para hacer realmente asequible el derecho universal al agua, garantizándolo no
solo para las generaciones presentes sino también para las futuras. Hoy más que nunca se requiere un cambio de paradigma que permita aprovechar de manera óptima el agua. Considerando las razones vertidas, los legisladores deben asumir su papel con delicadeza sopesando las preocupaciones del sector social, y así crear una legislación que sea acertada para el futuro del país.
[email protected] www.i-parkman.com.mx
EN OPINION DE...
Due dilligence para antilavado Si aún no sabe lo qué es una debida diligencia y celebra actividades vulnerables, es momento de adentrarse en el tema y evitar multas. El due dilligence o debida diligencia es una figura que engloba todos los actos que implican llevar a cabo una investigación de una empresa o persona, con antelación a la celebración de un contrato o inicio de un negocio, es decir, un deber de cuidado. A la par de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró a escena una herramienta jurídica, que hasta ese momento, parecía estar reservada al mundo financiero: la investigación del due dilligence. Este proceso de búsqueda y recopilación de información generó un descontento entre el empresariado, pues como lo han señalado de forma franca, ha complicado o, peor aún, ahuyentado a sus clientes, y además, enfrenta al sector empresarial a un reto desconocido, comenta el licenciado Salvador Mejía, socio de Torres, Martínez y Mejía. El cumplir con la obligación de recabar información y documentación de sus clientes fue recibida como un factor tan importante como para terminar una relación de negocios, y no como un instrumento para proteger su operatividad. Siendo honesto, la realidad ha demostrado que un elevado porcentaje del empresariado mexicano, junto con sus abogados, no estaban preparados para hacer frente a las obligaciones provenientes de la ley antilavado, de entre las que destaca la referida a la identificación de los clientes que celebren actividades vulnerables en términos del listado de su artículo 17, y de acuerdo con los lineamientos señalados por su Reglamento y sus Reglas de Carácter General. Si se revisa la operatividad del sector financiero, se podrá apreciar que el hecho de que las áreas de compliance investiguen a un cliente antes de establecer una relación contractual o de liberación de recursos económicos no es un capricho. Es más, dichos sondeos están regulados por las diversas Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero (existe una especí-
fica para cada sector, es decir, las hay para bancos, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, etc.), las que contienen una serie de reglas operativas “mínimas-máximas” para desarrollar procesos de análisis de riesgos, y conocer con quién se está buscando hacer negocios, o en su caso, contar con los argumentos pertinentes para no iniciar una relación.
Prácticas internacionales
Lic. Salvador Mejía Socio de Torres, Martínez y Mejía
El due dilligence no debe ser visto como un obstáculo para las empresas, sino más bien como un instrumento para proteger su operatividad
Las mejores prácticas internacionales plantean que si bien la columna vertebral de un sistema de prevención de lavado de dinero es el manual interno redactado con base en las necesidades de cada entidad, serán los expedientes de identificación de los clientes, junto con el proceso que permita su elaboración, los que harán una verdadera diferencia. Una investigación superficial de los antecedentes de un cliente potencial, aun cuando cumpla con los requisitos mínimos-máximos, no garantizará que una persona o empresa con la cual no se desea realizar un negocio se mantenga alejada. Es menester señalar que las prácticas internacionales detallan claramente que el enhaced due dilligence (debida diligencia forzada) no es un lujo, sino una necesidad. Lo anterior se motiva al decir que si una entidad financiera omite realizar una investigación detallada de su cliente, y este resulta ligado a un grupo criminal incluido en cualquiera de las listas negras de los Estados Unidos de América, aquella enfrentará sanciones que van desde multas, congelamiento de bienes y cuentas bancarias has-
05/15 abril 2015
ta acusaciones criminales, sumándose el correspondiente impacto en su reputación, que aunque resulta difícil de medir, es innegable reconocer que es capaz de afectar a cualquier empresa, sobre todo si cotiza en la bolsa. En la práctica, el concepto de debida diligencia está arraigado con fuerza en la mayoría de las corporaciones globales. Ejemplo de esta afirmación es General Electric y su esquema corporativo que incluye dos políticas internas enfocadas a prevenir el lavado de dinero, la corrupción y los fraudes: ● GE Miney Global Anti-Money Laundering Policy ● The Spirit & The Letter Estas políticas son aplicables en todos los negocios de la mencionada compañía, sin menoscabo de que no sean parte del sistema financiero. Adicionalmente, ambas comparten un elemento esencial de investigación: know your customer o KYC por sus siglas. Esta práctica es un ejemplo de due dilligence, y se aplica no solo a sus posibles clientes sino también a sus proveedores o intermediarios.
¿Cómo llevarla a cabo? Una investigación de debida diligencia requiere que el cliente entregue a la empresa o entidad los datos demográficos mínimos previstos en las diversas disposiciones antilavado, como lo son: ● nombre y género ● fecha y lugar de nacimiento ● RFC o su equivalente ● credencial de identificación oficial, y la documentación soporte En algunos casos se llenarán los formatos atinentes a la información del primer y segundo círculo familiar, junto con la de sus asociados de negocios. Una vez que el área de ventas ha obtenido todos esos datos, estos serán introducidos a los “sistemas de originación” conectados con los “sistemas de búsqueda” en listas negras y de personas políticamente expuestas, así como en metabuscadores, para que en una instancia final el departamento de compliance revise la información y emita una opinión sobre el cliente. No obstante, también es posible efectuar una investigación de segundo nivel sobre el cliente si se estima que los resultados obtenidos no son satisfactorios, o en su caso, este es considerado como de alto riesgo.
Investigar ¿atenta contra la privacidad? No es inusual que las corporaciones se pregunten si la ejecución de las investigaciones de due dilligence a terceros viola de alguna manera lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), sustentando sus dudas, por lo general, en un debate previo entre sus áreas de compliance y jurídico. Ante esa disyuntiva, las empresas esperarían que como asesor externo respalde la postura del personal jurídico: realizar un due dilligence conlleva una violación de la protección de los datos personales. Sin embargo, dicha afirmación no podría estar más errada. Ejecutar un due dilligence no viola el contenido de la LFPDPPP, y para sostener la postura es imperioso observar las siguientes particularidades (art. 18, LFPIORPI): ● la legislación permite, es más obliga, a las entidades financieras
y a los sujetos obligados por la ley antilavado a recopilar cierta información de clientes y usarios (identificar), y en ciertos supuestos, a mandar reportes regulatorios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o al SAT, según competa ● en el evento de que un cliente no entregue la información y documentación requerida, la entidad o empresa puede (o debe) abstenerse de realizar operaciones con aquel ● dentro de las obligaciones derivadas de la normatividad antilavado, a la par del deber del due dilligence, se encuentra la atinente a establecer las medidas de seguridad pertinentes para garantizar que la información y documentación del cliente esté lo suficientemente resguardada y custodiada, y a disposición de la entidad regulatoria que corresponda. Con tal medida, se garantiza que los titulares de datos personales conservarán su privacidad ● de ser necesario realizar un due dilligence de segundo nivel, el personal de compliance hará búsquedas en sistemas automatizados y/o en bases de datos proveídos por terceros, y que son alimentadas por información pública y/o por investigaciones privadas, o en fuentes abiertas Aunado a ello, el artículo 63 de la LFPIORPI prevé que quien revele o divulgue por cualquier medio información vinculada con cualquier aviso o requerimiento de información relacionado con las actividades vulnerables será sancionado con prisión de cuatro a 10 años y con 500 días de multa conforme al Código Penal Federal. Lo único a destacar como obligación adicional a cumplir es que el estar sometidos al imperio de la ley antilavado no es obstáculo para que también satisfagan las obligaciones de protección de privacidad de datos personales y autodeterminación informativa cuando la recopilación de dicha información se haga de forma directa con sus titulares. El principal cometido será darle a conocer al titular de los datos (con quien se esté celebrando una actividad vulnerable) la información que se está recabando y con qué fines, a través del aviso de privacidad. El citado aviso contendrá por lo menos (art. 16, LFPDPPP): ● identidad y domicilo del responsable que está recabando los datos ● finalidad del tratamiento ● medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar su uso o divulgación ● los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ● si los datos recabados serán transferidos ● procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará al titular los cambios al aviso de privacidad Al respecto, para cubrir estas exigencias, al elaborar el aviso de privacidad, dentro de la finalidad del tratamiento, se incluirá el destinado al cumplimiento de la LFPIORPI, de modo que se informe al titular el destino de esos datos (art. 15, LFPDPPP). Entonces, para cumplir con las obligaciones de identificación y presentación de avisos previstas en la LFPIORPI, no es necesario contar con el consentimiento expreso del titular de los datos personales requeridos para llevar a cabo tanto el tratamiento como la transferencia de los mismos, pues este está previsto en una ley (art. 37, LFPDPPP). No obstante, el hecho de que el requisito del consentimiento ex-
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preso esté exceptuado por la LFPDPPP, no es razón suficiente para dejar de cumplir con el principio de información y, por ende, presentar el aviso de privacidad respectivo.
Comentarios finales Con base en todas las razones vertidas no resulta difícil aceptar que una debida diligencia es un mecanismo insustituible para proteger a las empresas en una época caracterizada por los capitales provenientes de la delincuencia financiera y su búsqueda para dar una apariencia de legalidad, y así lograr infiltrarse a los negocios
legítimos, dejando atrás un gran problema para el empresariado. Que una corporación opte por un due dilligence, sin menoscabo de que por su objeto social u operatividad, no esté obligada a ello, representa una forma ideal para blindar su capital y reputación comercial, toda vez que la mayor parte de los escándalos regulatorios del sector económico y financiero han tenido su epicentro en la ausencia o debilidad de los expedientes de identificación de sus clientes.
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PARA TOMARSE EN CUENTA
Publicidad engañosa, por un nuevo paradigma La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en defensa de los derechos del consumidor al resolver el amparo directo en revisión 2244/2014, en el cual se determinó a quién corresponderá la carga de la prueba en el evento de que algún proveedor esté difundiendo publicidad engañosa. Para comprender el criterio, es pertinente recordar que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) protege y promueve la cultura y derechos el consumidor, así como la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. En ese sentido, se estipula en el artículo 1o, como un principio básico de las relaciones de consumo, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva. Asimismo, el artículo 32 de la LFPC prescribe que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difunda por cualquier medio o forma, deberá ser veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Se define que la información o publicidad engañosa o abusiva será aquella que refiera características o información relacionada con un bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdadera, induce a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta (art. 32, LFPC). El amparo en comento proviene de una acción de grupo iniciada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en contra de Adidas de México, bajo el argumento de que dicha empresa lleva a cabo conductas ilícitas al emitir publicidad engañosa en medios televisivos y electrónicos, ya que esta se basa en declaraciones infundadas y sin sustento científico. La publicidad señalada como engañosa promociona que el uso de los zapatos deportivos Easy Tone provocan más firmeza y tonicidad en los músculos de los glúteos en un 28 %, y en los de la pantorilla y los tendones en un 11 %, comparados con un calzado común.
Mediante ese acción se llegó a primera y segunda instancia con una sentencia que absolvía a la marca deportiva por estimar que la Procuraduría no había aportado el material probatorio suficiente para comprobar que la publicidad difundida era engañosa, por lo que no se acreditaban los extremos de la acción. No obstante, se promovió el juicio de amparo y la Primera Sala de la SCJN resolvió en un sentido diferente revocando la sentencia recurrida, al considerar que cuando se trata de la afectación de los derechos de los consumidores mediante el uso de publicidad engañosa, será sobre el proveedor que recaerá el deber de desvirtuar lo dicho por sus consumidores, y así demostrar que su información es exacta, moderada, justa, real u objetiva para los términos en los que sus productos son ofertados. La Sala en comento apoya su argumento en los principios favor debilis y de acceso a la justicia, ya que aprecia indispensable sopesar que los consumidores no cuentan con la información y aptitudes técnicas y científicas capaces para poder aportar los elementos de prueba pertinentes para demostrar que la publicidad difundida no se ajusta a los requerimientos legales. Además, se toma en cuenta que el proveedor está en una posición de ventaja frente a sus clientes, ya que conoce la eficacia de los productos ofrecidos y es propietario de la información necesaria para probar que su publicidad no induce al error o genera un daño o perjuicio. Entonces, el exigir que sean los consumidores quienes deban aportar pruebas irrefutables para demostrar la ilegalidad de la publicidad invalidaría su derecho a acceder a la justicia, pues es el proveedor el que conoce la producción del bien comercializado, y por tanto, la publicidad con la que lo promociona. Con ese antecedente, la Primera Sala de la SCJN devolvió los autos al tribunal colegiado para que entre de nuevo al estudio de la legalidad de la resolución bajo la pauta enmarcada en su ejecutoria, y de ese modo se salvaguarden los derechos de los consumidores.
07/15 abril 2015
LA EMPRESA CONSULTA ¿QUÉ REVISAR EN UN ESCRITO OFICIAL? La semana pasada llegó un oficio a la empresa en donde se anuncia que estaremos sujetos a una revisión, por lo cual ordenan permitirle el paso a los verificadores que están designados. No obstante, hay muchas inconsistencias que nos hacen dudar de la legalidad del documento, ante ello ¿existen requisitos especiales a cubrir? Sí existen, puesto que dicho oficio es emitido por una dependencia pública, por ende, se convierte en un acto IDC administrativo. Al respecto, el artículo 16 de la constitución política federal señala que todo acto de molestia dirigido a los gobernados, ya sea en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones debe estar fundado y motivado (garantía de legalidad). Aunado a ello, será expresado por escrito y emanar de un órgano competente, en ejercicio de sus atribuciones. Así, estos parámetros otorgan certeza a los ciudadanos y evita las arbitrariedades. Además de esta fundamentación y motivación, la garantía de legalidad obliga que los actos administrativos que afecten de manera unilateral a los gobernados, cumplan ciertos requisitos indicados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Dicha norma aplica para todos los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, de los organismos descentralizados, los servicios que preste el Estado de forma exclusiva, y los contratos celebrados entre este y los particulares, exceptuándose la materia fiscal, las responsabilidades de los servidores públicos, la justicia agraria y laboral (art. 1o, LFPA). Son elementos y requisitos del acto administrativo (art. 3o, LFPA): ● ser expedido:
por órgano competente, a través de servidor público sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo ● sin que medie error en relación con la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas ● sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o el fin del acto, así como dolo o violencia ● decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley ● tener objeto que pueda ser materia del mismo (determinado o determinable), que sea preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y esté previsto por la ley ● cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, es decir, sin perseguir otros fines ● constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en los supuestos en los cuales la ley autorice otra forma de emisión ● estar fundado y motivado ● indicar el órgano del cual emana ● señalar lugar y fecha de emisión ● mencionar, tratándose de actos administrativos: ● que deban notificarse, la oficina en donde se encuentra y podrá ser consultado el expediente ● recurribles, los recursos que procedan Con lo anterior, usted puede apreciar los requisitos atinentes a un acto administrativo, y de esa forma conocer si es legal. ● ●
LIBROS SOCIALES Asesoro a una empresa que fue constituida desde los años ochentas, y los socios están pensando vender todas sus acciones. En ese entendido, inicié a revisar todas las transacciones y documentos vinculados con su giro, y noté que solo se han estado llevando libros contables, pero ninguno relacionado con las cuestiones sociales. ¿Qué libros serían obligatorios? En su caso, ¿estaríamos sujetos a alguna sanción por omitir llevarlos? La obligación de contar con libros sociales está prescrita en el artículo 16 del Código de Comercio (CCom). Estos compilados permiten conocer todos los IDC movimientos que sean importantes dentro de una sociedad, como lo son los acuerdos tomados, incrementos del capital social, inclusión de nuevos socios o cualquier acto de similar naturaleza. En esta tesitura, se identifican los siguientes libros de:
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actas, es el de mayor importancia, pues contiene todos los acuerdos que inciden en la vida corporativa, al incluir todas las actas derivadas de las asambleas celebradas, así como los tomados por el consejo de administración (art. 36, CCom). La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) prescribe que todas las actas provenientes de las asambleas generales, ya sean ordinarias o extraordinarias, se asentarán en el libro referido y serán firmadas por el presidente, el secretario y los comisarios que acudan. Asimismo, señala que si no se pudiera añadir alguna acta a dicho libro, esta deberá ser protocolizada (art. 194) registro de socios, se inscribirá el nombre y el domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones, aunado a la transmisión de las partes sociales, porque de no hacerlo, no surtirán efectos contra terceros (art. 73, LGSM) de acciones, es exclusivo de las sociedades anónimas, dada la
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constitución de su capital social. Estará integrado por (art. 128, LGSM): ● nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista y la mención del número de acciones que le pertenezcan, expresando los números, series, clases o cualquier particularidad ● las trasmisiones que se realicen. Estas inscripciones son fundamentales porque se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca en el registro (art. 129, LGSM) anotaciones de aumento o disminución de capital, contempla todo cambio efectuado en el capital social (art. 219, LGSM) Como se observa, sí es obligatorio integrar los libros sociales
con base en las disposiciones reseñadas. Adicionalmente, su establecimiento fomenta un gobierno corporativo transparente, permite una mejor toma de decisiones y también facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, e incluso podrían conformar elementos de prueba dentro de un juicio mercantil. En torno a las sanciones, es menester señalar que ni la LGSM ni el CCom prevén sanciones por la falta de tales libros, no obstante, si están buscando trasmitir la totalidad del control de la empresa, será indispensable presentarle a los posibles nuevos dueños el camino histórico de las operaciones de la sociedad, para que estos tengan un panorama real de su situación actual.
¿DEJAR USAR MI MARCA? Soy una persona física y cuento con una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En torno a ella, una empresa está interesada en pagarme para que les deje utilizar la misma, ¿es posible hacerlo? El registro de una marca ante el IMPI se acredita cuando ese organismo expide un título, siempre que el interesado IDC lo haya solicitado y cubierto los requisitos respectivos para acreditar el derecho que le asiste al titular para usarla de forma exclusiva. Dicho título otorga a quien lo obtuvo la calidad de propietario, junto
con los derechos inherentes al uso. Al ser un derecho, considerado un bien mueble de acuerdo con el artículo 754 del Código Civil Federal, puede ser objeto de comercialización. Para materializar esa operación es necesario seguir lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 136, que estipula que el titular de una marca podrá conceder mediante convenio licencia de uso, en relación con todos o algunos de los productos o servicios aplicados para la misma. Además, la licencia otorgada deberá ser inscrita en el IMPI para que surta efectos.
REGIMEN
Secreto industrial vs patente: ¡qué gane el mejor! Conocer las características intrínsecas de estas dos figuras no solo sirve para elegir, sino también permite aprovechar sus ventajas. La propiedad intelectual está relacionada con toda creación de la mente, ya sean invenciones, obras literarias o artísticas, marcas, nombres, imágenes y diseños destinados a la promoción del comercio. En la actualidad, tanto el secreto industrial como la patente tienen una gran utilidad en el comercio y en la industria, pues representan ventajas frente a los competidores, y son un activo para las empresas preocupadas en invertir en desarrollo tecnológico o de mercadeo. Por ese motivo, se desenvolverá de forma breve los lineamientos de ambas figuras, así como un comparativo de los alcances de cada una.
Utilidad de la propiedad industrial La propiedad intelectual da pauta al surgimiento de una serie de
derechos, cuya finalidad está en promover e incentivar la innovación y los adelantos tecnológicos, al otorgar una prerrogativa económica o reconocimiento al inventor o autor. Así, al ser titular de un derecho de esta naturaleza mediante una patente, marca o derecho de autor, es posible beneficiarse de los frutos provenientes de la obra o invención, y además, como cualquier otro derecho de propiedad, es susceptible de ser explotado. Es gracias a la propiedad industrial que es posible promover y fomentar la actividad inventiva, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos como herramientas de los sectores productivos del país. En nuestro país se regula en la Ley de la Propiedad Industrial
09/15 abril 2015
Antes de elegir, compare
Patente
Secreto industrial
¿Mi invento cumple con los requisitos para serlo?
¿Mi información es confidencial? ¿Cuento con los elementos de seguridad indispensable para garantizar su reserva?
¿Es necesario impedir que terceros lleguen a mi invento por cualquier proceso?
¿Mi información representa una ventaja competitiva frente a terceros?
¿Necesito un plazo menor a 20 años para explotar mi invento?
¿Compartiré mi secreto industrial?
¿Cuento con el tiempo necesario para mantener el secreto de mi invento hasta en tanto se termine el trámite administrativo?
(LPI) y su Reglamento, y la autoridad administrativa de la materia es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Patente Toda persona física que realice una invención tendrá el derecho exclusivo de explotarlo en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, el cual será otorgado a través de una patente (arts. 9o y 10, LPI). Se considerará invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía existentes en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacción de sus necesidades concretas (art. 15, LPI). Dicha patente no es más que un reconocimiento del Estado a favor de los inventores para brindarles protección, y a la par, que estos gocen de prerrogativas y privilegios exclusivos, por lo cual, para conseguirla será necesario solicitarla ante el IMPI. Una vez que sea otorgada tendrá una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa. Cabe mencionar que podrán ser titulares de la misma personas físicas o morales, sin perjuicio del inventor que aparezca en la misma (arts. 13 y 23, LPI). El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas, es decir, por las características esenciales del producto o proceso del cual se esté reclamando la protección de manera precisa en la solicitud de patente (arts. 12 y 21, LPI). En ese sentido, solo serán patentables las invenciones que sean (arts. 12 y 16, LPI): ● nuevas: todas aquellas que no se encuentren en el estado de la técnica
estado de la técnica: conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero resultado de una actividad inventiva: proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia susceptibles de aplicación industrial: a la posibilidad de que tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines descritos en la solicitud Se exceptuarán de ser patentables (art. 16, LPI): los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza las razas animales el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen las variedades vegetales ●
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DERECHOS EXCLUSIVOS Quien ostente la titularidad de una patente tendrá derechos exclusivos sobre su explotación, y podrá ejercer ciertas prerrogativas especiales. Una de ellas será la posibilidad de demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento de aquella, hubieran explotado sin su consentimiento el proceso o producto amparado, siempre que dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud (art. 24, LPI).
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Asimismo, el titular podrá, si la materia del objeto de la patente es un (art. 25, LPI): ● producto, impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado sin su consentimiento ● proceso, no permitir a otras personas utilizar ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso sin su consentimiento
Secreto industrial Un secreto industrial será toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad o el acceso restringido a la misma (art. 82, LPI).
LINEAMIENTOS La información que pretenda ser considerada como secreto industrial deberá reunir las características referidas a continuación (arts. 82 y 83, LPI): ● estar referida a: ● los métodos o procesos de producción ● la naturaleza, características o finalidades de los productos ● los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios ● no resultar evidente para un técnico en la materia ● constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares ● no ser del dominio público Toda persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero (art. 84, LPI).
DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Todo usuario que sea autorizado a utilizar un secreto industrial estará obligado a no divulgarlo por ningún medio. Al respecto, en todos los convenios por los que se trasmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán contener cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, así como todos los aspectos que serán resguardados bajo esas cláusulas (art. 84, LPI). Este deber de confidencialidad no se limita a los autorizados, sino
también abarcará a cualquier persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios tenga acceso a un secreto industrial, siempre que se le hubiese prevenido de su confidencialidad, por lo que se abstendrá de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto (art. 85, LPI). Por otro lado, todo aquel que contrate a un trabajador o a un prestador de servicios, asesor o consultor que hubiese prestado sus servicios para otra persona, con la finalidad de obtener sus secretos industriales, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione. En general, toda persona física o moral, que por cualquier medio ilícito acceda a información calificada como un secreto industrial será responsable del pago de daños y perjuicios (art. 86, LPI).
CARACTERÍSTICAS Un secreto industrial presentará obligatoriamente un carácter confidencial, es decir, ser reservado en lo absoluto para quien lo ostenta, de tal modo que le otorgue una ventaja competitiva frente a terceros, ya sea información de carácter técnico o comercial. En ese orden de ideas, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió una tesis de rubro: CONTRATO DE FRANQUICIA Y KNOW HOW (SECRETO INDUSTRIAL). SU CONCEPTO, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 2, Materia Civil, Tesis I.3o.C.99 C (10a.), Tesis Aislada, registro 2003835, p. 1250, junio de 2013, señalando que un secreto industrial podrá estar conformado por técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados, constituyendo una serie de informaciones prácticas probadas y resultantes de la experiencia del titular, y para tal efecto, deberá contar con los siguientes elementos: ● secreto, que no sea conocido ni resulte de fácil acceso ● sustancial, incluirá información importante para la venta de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales, y en particular, la gestión financiera y administrativa ● identificado, estar descrito de forma que permita verificar si reúne las condiciones de los elementos secreto y sustancial
¿Patente o secreto industrial? Antes de tomar una decisión respecto a qué protección se dará a una invención, es necesario atender las diferencias existentes entre el secreto industrial y una patente, ya que con base en ellas se podrá elegir qué clase de protección se busca:
Patente
Secreto industrial
Solo podrá ser patentado un invento que sea: ● novedoso ● resultado de una actividad inventiva ● susceptible de aplicación industrial Ofrece una mayor seguridad, al contar con el reconocimiento gubernamental del derecho de exclusividad
Se considerará como secreto industrial a cualquier tipo de información, inventiva o comercial, que sea: ● confidencial ● represente una ventaja competitiva para su titular Concede una protección más débil, pues solo otorga al titular el derecho de exigir una compensación económica por los daños y perjuicios que le sean ocasionados por terceros que utilicen su información comercial sin autorización
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Tendrá una vida más corta, toda vez que la protección está sujeta a un plazo de tiempo improrrogable (20 años) El trámite de protección y reconocimiento por parte del Estado tiene un costo La protección de una invención se presentará hasta el momento en que la solicitud presentada cumpla con los requisitos contenidos en la LPI Impide que la competencia imite los productos que contengan la invención, ya que su protección abarcará el uso, producción o comercialización
Otorga un monopolio legal Evita que los terceros desarrollen el mismo producto mediante procesos contrarios o distintos, pues la patente protege en su totalidad a la invención, y, en consecuencia, a todos los caminos por los cuales se pueda llegar a esta Permite una mayor flexibilidad para compartir información, es decir, si el titular de la patente necesita participar su invención con terceros o empleados contará con una real protección sin necesidad de mantener la confidencialidad
Conclusiones En la práctica es común que una invención inicie como un secreto industrial, y con posterioridad se decida dar el paso hacia su registro como patente. Para ello, cada empresa deberá dilucidar cuáles son sus necesidades de protección, y, además, estudiar de forma minuciosa si la invención satisface los requisitos de patentabilidad prescritos por la LPI. Cabe mencionar que cualquiera de las dos figuras tiene una utilidad real si se identifica a la perfección ante qué tipo de producto o información se encuentra, y con qué clase de medidas se cuenta para las necesidades de cada una. Es decir, si no es posible implementar las medidas de seguridad
Su vida será más larga, al no existir un límite temporal de protección, quedando indefinido hasta en tanto se mantenga su confidencialidad Su carácter de secreto industrial no necesita de ningún registro, y, por ende, de pago, por lo que solo será imperioso cumplir con los lineamientos contenidos en la ley Su reconocimiento cuenta con un efecto inmediato, una vez que cumpla las características indicadas por la LPI No es posible impedir que los competidores copien la información confidencial, pues esta no cuenta con una protección especial, y es por esa razón que los titulares deben anteponer sobre todo su reserva, y determinar con sumo cuidado quiénes podrán acceder a ella No da un monopolio legal Al no existir una protección legal sobre la información en sí, es posible que los terceros desarrollen o implementen los esquemas que conforman el secreto industrial Parte primordial del funcionamiento de un secreto industrial consiste en el mantener el carácter reservado de la información, por lo que, si fuese necesario compartirla, sería indispensable celebrar contratos de confidencialidad, y mantener estrictos controles de seguridad, acciones que sin duda elevarían los costos y control de confidencialidad del secreto industrial, lo mejor será patentar el invento, pues de trasgredirse dicha reserva se dejaría de contar con la posibilidad de demandar cualquier daño y perjuicio en contra de terceros. Por el contrario, si se posee un invento que no reúne las características determinadas por la LPI para obtener una patente, deberá optarse de inmediato por resguardar la información que lo integre, para considerarlo como un secreto industrial. Además de lo anterior, deberán concatenarse instrumentos como acuerdos de no divulgación, contratos de confidencialidad, cláusulas que penalicen el compartir datos reservados, y sobre todo, limitar el número de personas que tienen acceso a aquella.
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Año XXVIII/4a. Época/15 de abril de 2015
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DE TRASCENDENCIA
Con malas noticias del correo de sus bienes
LECTURA OBLIGADA
Antes de importar mercancías por vía postal, verifique que no estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, de ser así podría resultarle más costoso 05
EN OPINIÓN DE... 5
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PARA TOMARSE EN CUENTA 5
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IMPLICACIONES DE LA NEGOCIACIÓN AUTOMOTRIZ TLC CON PANAMÁ, YA ES UN HECHO DECLARE EL NÚMERO DE SERIE
LA EMPRESA CONSULTA 5
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EL OCASO DE LA RIGUROSA REGULACIÓN ADUANERA La regulación aduanera mexicana podría ser flexible conforme a los modelos internacionales
SUSPENSIÓN DEL IMMEX ¿SE PUEDE SOLICITAR? ESCRITO LIBRE ¿ACREDITA UNA EXPORTACIÓN? INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA AUTORIZAR EL PADRÓN EN ABANDONO, ¿SE PAGAN CONTRIBUCIONES?
RÉGIMEN 5
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SI USO UN INCOTERM, ¿CÓMO CUMPLO EN ADUANAS? Los términos internacionales tienen connotaciones distintas, no se confunda
IDCONLINE 5
NOTAS PUBLICADAS EN EXCLUSIVA EN NUESTRA PÁGINA WEB EN EL PERIODO DEL 11 AL 26 DE MARZO 5 SAT blinda al Tequila 5 Cupo de importación a bienes infantiles 5 Prevén crecimiento de 12% en industria textil 5 Bancomext promueve comercio exterior 5 Cómo seleccionar un mercado para exportar 5 Amplían franquicia de importación a paisanos 5 Industria de autopartes prevé crecimiento este año 5 México y China fortalecen comercio agroalimentario
DE TRASCENDENCIA LECTURA OBLIGADA
Con malas noticias del correo de sus bienes Las mercancías enviadas por vía postal pueden ser detenidas en la aduana, revise cómo actuar para recuperarlas o retornarlas.
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oy día se sigue utilizando el servicio de correos de México –en adelante Correos– (conocido como Servicio Postal Mexicano1) para recibir envíos de paquetería internacional, de cosméticos, prendas de vestir, objetos de bisutería, complementos alimenticios adquiridos por Internet, que se ofrecen por este conducto por ser más económico. Este servicio va más allá de un simple reparto por el cartero, al implicar la observancia de diversas formalidades en materia aduanera para ingresar las mercancías a territorio nacional, que si bien no se perciben por quien lo solicita, sí existen, y muchas veces se percatan de ellas hasta cuando se requiere al interesado para acudir a las oficinas postales a realizar alguna gestión para recibirlas. Por ello, se presentan los aspectos generales y los requisitos a considerar para la importación de productos por este medio, y qué hacer si son retenidos en Correos.
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Aspectos generales VÍAS DE ACCESO AL PAÍS
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Las mercancías se podrán introducir al país por tráfico: marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, otros medios de conducción y vía postal (art. 11, Ley Aduanera –LA–). Los bienes que ingresen a territorio nacional por servicio postal quedarán confinados a Correos, bajo la vigilancia y control de las autoridades aduaneras; y al igual que los demás productos, se introducirán por el lugar autorizado, en día y hora hábil (art. 10, LA). Cabe aclarar que la aduana del Aeropuerto Internacional de México “Lic. Benito Juárez” de la Ciudad de México cuenta con la sección aduanera del Centro Postal Mecanizado en donde se realizan la importación y exportación por vía postal y por tráfico aéreo de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. (Anexo 4, Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior –RCGCE– 2014).
presentar la mercancía, la declaración postal y la documentación anexa para que la autoridad proceda a su despacho, o la clasifique arancelariamente, o efectúe la valoración o determinación de los créditos fiscales en su caso proporcionar los datos y otorgar la documentación requerida por la autoridad para ejercer sus facultades. Está autorizado para recabarlos del interesado recibir el pago de los créditos fiscales y demás conceptos que se causen, tratándose de importaciones y exportaciones, y enterarlo a la Tesorería de la Federación a más tardar 30 días después de exhibir los productos para su despacho entregar los bienes cuando se acaten los deberes en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias –RRNA´s– (permisos o autorizaciones expedidos por diversas dependencias gubernamentales) y se cubran los créditos fiscales respectivos poner los productos a disposición de las autoridades, dentro de los 10 días siguientes a su rezago. Después de este plazo pasarán a propiedad del fisco federal remitir electrónicamente de forma semanal a la Administración General Aduanas la información de los bultos y remesas de las mercancías que ingresen al país; de aquellos retornados al remitente; y de los que introduzcan productos prohibidos (arts. 21, LA, 28 y 29, Reglamento de la LA y regla 2.4.8., RCGCE 2014)
Consideraciones aduaneras PERSONA FACULTADA PARA CALCULAR LOS IMPUESTOS La autoridad aduanera es quien determinará las contribuciones relativas a la importación por vía postal y, de ser aplicables, las cuotas compensatorias. El interesado, previa solicitud, podrá hacerlo por conducto del agente o apoderado aduanal (art. 82, LA).
DECLARACIÓN FISCAL
Obligaciones Correos se encargará de: 5 abrir, en presencia de la autoridad, los bultos postales procedentes del extranjero en las oficinas postales de cambio
El documento para la determinación y pago de las contribuciones será la “Boleta aduanal”, la cual podrá utilizarse para los bienes cuyo valor no exceda de 1,000 dólares o, en su caso, el pedimento correspondiente (regla 1.6.1., RCGCE 2014).
1 Anexo Glosario de definiciones y acrónimos de las RCGCE 2014, publicado en el DOF del 2 de septiembre de 2014
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La “Boleta aduanal” se publicó en el Anexo 1 de las RCGCE 2014 (DOF del 1o de septiembre de 2014).
AGENTE ADUANAL No se necesitará de los servicios de este prestador de servicios cuando las importaciones se realicen con la Boleta aduanal, y el valor de las mercancías no exceda de 1,000 dólares.
CONTRIBUCIONES Se estará a lo siguiente, según se trate, si el valor en aduana por destinatario o consignatario: 5 es igual o menor a 300 dólares, si el producto no está sujeto a RRNA´s, o se trata de los de consumo personal usados o nuevos, que conforme a su naturaleza y cantidad no puedan comercializarse, no se cubrirá impuesto general de importación (IGI), IVA ni el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) 5 no exceda de 1,000 dólares y se utilice la “Boleta aduanal”, se aplicará una tasa global del 16% por concepto de IGI o, tratándose de bebidas alcohólicas o cigarros, el arancel señalado en las fracciones I y II de la regla 3.7.4., según corresponda. No se erogará el DTA. Estas importaciones no podrán deducirse para efectos fiscales (regla 3.7.1., RCGCE 2014)
análisis físicos y/o químicos) para conocer su composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para fijar su clasificación arancelaria, independientemente de la cantidad y del valor consignado. En este supuesto se utilizarán los servicios del agente o apoderado aduanal.
Rechazo de la mercancía Cuando en Correos se abra algún bulto que contenga productos por los que se suponga necesario cumplir alguna RRNA, se mandará al consignatario un aviso a su domicilio notificándole que deberá gestionar el trámite aduanal para su liberación. El aviso que recibirá el consignatario de la mercancía es igual al siguiente:
RECTIFICACIÓN DE LA BOLETA Los datos contenidos en la “Boleta aduanal” son definitivos, y solamente podrán modificarse los relativos a la descripción, el valor o la cantidad a pagar. Esto se realizará solo una vez hasta antes de llevarse a cabo el despacho, si procede a juicio de la autoridad. Para ello, el interesado presentará la solicitud por escrito dirigida a la autoridad que determine las contribuciones, o ante la oficina de Correos. La rectificación se efectuará en la misma boleta y se asentará la firma y sello de la autoridad que la realice.
LIMITACIONES No se podrán importar por este medio las mercancías de difícil identificación (polvos, líquidos o formas farmacéuticas –pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas, grageas– que requieran de
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En ese documento se darán a conocer los datos del consignatario y de identificación de la mercancía, y se informará que la misma se sometió a una revisión ante un verificador aduanal, quien determinó su examen por la autoridad competente. El área de Trámites Especiales (TE) de Correos resguardará los bienes hasta que el personal de la dependencia respectiva los inspeccione y puntualice el procedimiento a seguir, cuyos resultados pueden ser, ordenar: 5 su liberación: el área de TE que reciba la “Boleta aduanal” lo remitirá a su destino 5 la exhibición, según se trate: 5 del documento comprobatorio de las RRNA´s, para esto se girará un aviso al destinatario. En este se indicarán los datos de
Consignatario
5
la remesa (origen, guía, número de control), y se especificará el lugar en donde debe gestionarse de la receta médica, usualmente la Secretaría de Salud solicita este documento en la importación de los productos confundibles con medicamentos, tales como los suplementos alimenticios, o aquellos para bajar de peso, etc.
Opciones RECUPERACIÓN Una vez obtenido el documento comprobatorio de la observancia de la RRNA aplicable, se podrá recuperar la mercancía atendiendo este procedimiento:
Entrega el permiso o autorización de importación de que se trate
Área de TE de Correos ubicada en el Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez Determina si libera la “Boleta aduanal” para el despacho
Exhibe la documentación
Autoridad aduanera
RETORNO De no contarse con la documentación requerida, se podrá solicitar el retorno de los bienes al país de origen, para ello se contemplará lo siguiente:
Consignatario
Hace la petición del retorno en escrito libre, en él específica los números de envío y control interno, y describe el motivo por el cual solicita el retorno. Anexa copia de su identificación oficial
Entrega ese mismo escrito
Autoridad aduanera
Área de TE de Correos ubicada en el Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez
Retorna la mercancía al lugar de origen
Fuente: Manual de Organización Institucional de Correos
Recomendación final Aun cuando el servicio postal es considerado un medio económico para recibir los envíos del extranjero, antes de utilizarlo revise las especificaciones y naturaleza de los productos a comprar, pues si
se tratara de aquellos por los que se debe entregar algún permiso o autorización de importación, el costo podría ser mayor debido al tiempo que invertirá para obtenerlos ante la autoridad competente.
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EN OPINION DE...
El ocaso de la rigurosa regulación aduanera México tendrá que apegarse a modelos externos y prácticas de facilitación; un especialista le aclara el porqué. El comercio exterior en nuestro país refleja un incremento en la fiscalización, los trámites, y, especialmente, los niveles de desconfianza en la actuación de los contribuyentes, lo que va en contra de la tendencia mundial expresada en diversos acuerdos internacionales que, en su momento, serán de aplicación obligatoria para México. Tales instrumentos se analizan por el licenciado Carlos Federico Aguirre Cárdenas, Director General de la prestigiada firma Law and International Trade Consulting Group, con el objeto de exponer cuál es la directriz que marcará la normatividad doméstica en la materia.
Aspectos generales ANTECEDENTES PARA LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE KIOTO Las reformas a la Ley Aduanera (LA), en vigor en diciembre del 2013, no fueron relevantes por tratarse de una modificación sustancial a la ley, sino por el impacto mediático que tuvieron. Una idea difundida a partir de esa reforma fue que los agentes aduanales desaparecerían; era común escuchar preguntas en ese sentido (sin descartar que en algunas personas aún prevalece tal percepción). Es cierto que se incluyó la no utilización forzosa del agente aduanal para promover el despacho (para lo cual las empresas deben asumir riesgos y mantener controles que podrían no ser atractivos), pero no su eliminación. Al no imponer la obligación de utilizar los servicios de este especialista, la LA resuelve un punto medular que puede llevar a ratificar el Convenio de Kioto Revisado (CKR), creado en 1999 por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cabe mencionar que en diversos foros se ha discutido con frecuencia la conveniencia de que México suscriba y sea parte del CKR desde que en 2006 entró en vigor. En este momento el CKR es sin duda un instrumento que goza de una aplicación importante en la comunidad internacional, destacando que algunos de nuestros principales socios comerciales ya son miembros, como es el caso de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, China y Japón. Destaca su aceptación y uso por economías como las mencio-
nadas, sus normas marcan la pauta en la regulación aduanera, y únicamente son de aplicación estricta por los países parte de la Convención.
OTRO INSTRUMENTO INTERNACIONAL
Lic. Carlos Federico
Existe otro acuerdo –actualmente en neAguirre Cárdenas. gociación en el seno de la Organización Director General de LIT Consultores Group Mundial de Comercio (OMC)–, que también Una vez que se deposite el incluirá esas disposiciones y que, una vez instrumento de en vigor, asegurará una aplicación generaliaceptación del zada de sus preceptos. AFC por México, el mismo será Se trata del llamado Acuerdo sobre Faciliobligatorio tación del Comercio (AFC), que inicialmente formó parte de las decisiones ministeriales adoptadas por los miembros de la OMC en la Conferencia Ministerial celebrada en Bali, Indonesia, en diciembre de 2013, decisiones que en su conjunto son conocidas como el “Paquete de Bali”. Al igual que el CKR, el AFC incluye figuras y prácticas que muestran cómo es la legislación aduanera en el mundo. Si nos preguntamos cuál es el futuro del marco regulatorio de la aduana, basta con revisar los preceptos de ambos instrumentos para tener respuesta a nuestra pregunta.
CKR El Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kioto) está vigente desde 1974, un año después de su creación por el entonces Consejo de Cooperación Aduanera (organización base de la OMA). La actual versión es el resultado de la revisión de 1999 al Convenio de 1974. Su estructura está dividida en tres partes, conformadas de la siguiente manera, la: 5 primera, con normas de carácter institucional (por ejemplo, gestión del Convenio, quienes pueden ser partes del mismo y mecanismo de solución de controversias). Son de observancia obligatoria para todos los integrantes 5 segunda, es un Anexo General que también es de uso forzoso para quienes lo integran 5 tercera, por Anexos Específicos, en este caso los países suscritos
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pueden decidir cuál de ellos adopta, y pueden aceptar uno o más capítulos que se incluyan en los mismos Exclusivamente los países que suscriban, ratifiquen o se adhieran al CKR están obligados a su observancia. Nuestro país actualmente no es parte del Convenio.
AFC Con un retraso inicial en el proceso de implementación debido a la negativa de la India a aceptar el Protocolo de Enmienda con el que se concretará el acuerdo, en noviembre de 2014 el Consejo General de la OMC aprobó dicho instrumento, el cual se encuentra abierto a aceptación por quienes forman el organismo. El AFC entrará en vigor hasta que dos terceras partes lo hayan aprobado (107 países). A la fecha, Hong Kong, Singapur, los Estados Unidos de América y Mauricio han depositado el instrumento de aceptación.
ACEPTACIÓN En la Conferencia Ministerial de Bali, celebrada en diciembre de 2013, se acordó adoptar un Protocolo de Enmienda al Anexo 1-A
Beneficios
Disposiciones en común Tanto el CKR como el AFC, contienen principios comunes cuya finalidad es facilitar el comercio, limitar la discrecionalidad de las autoridades aduaneras y, en general, brindar seguridad jurídica al área que, en el comercio internacional, generalmente se ha percibido como gris: la aduana. El AFC, por ser de reciente creación, incluye disciplinas que reflejan la actualidad de las operaciones aduaneras en el mundo, tales como el empleo una ventanilla única, sin embargo, ambos instrumentos contemplan aspectos generales comunes y beneficios distintos, como se aprecia enseguida:
Instrumento
Concepto Regulaciones comunes
de su Acuerdo, para otorgarle al AFC la misma validez de los acuerdos multilaterales que administra (entre ellos, el Acuerdo de Valoración en Aduana y el Acuerdo Antidumping, que han servido de base para la reducción de diversas regulaciones, tanto de la LA como de la Ley de Comercio Exterior). Una vez que se deposite el instrumento de aceptación del AFC por México, el mismo será obligatorio.
CKR
AFC
Facilitar el acceso a las normas aduaneras de alcance general mantener un procedimiento de consulta con los organismos que intervienen en frontera 5 establecer el derecho a la interposición de recursos en contra de resoluciones de la aduana, con la diferencia de que el CKR considera dos recursos administrativos con una revisión judicial posterior 5 definir que los derechos y cargas por importaciones y exportaciones deben corresponder al costo aproximado de los servicios prestados por la aduana. Importante acotación para México, ya que el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), salvo diversas excepciones, se fija sobre el valor en aduana de las mercancías y no sobre el costo de los referidos servicios 5 efectuar la tramitación del despacho previo a la llegada de las mercancías 5 mantener la gestión de riesgo para la revisión de los bienes presentados a despacho y de los controles de auditoría posteriores al mismo 5 dar un tratamiento especial para determinado tipo de empresas (operador autorizado en términos del AFC; personas autorizadas en términos del CKR) 5 llevar una coordinación entre oficinas ubicadas en frontera para la atención al público en un horario común Aunado a lo anterior, también insertan la medida sobre el uso de agentes aduanales a la que se hace referencia en un punto especial de esta colaboración 5 En su Anexo General, cuya aplicación es obligatoria 5 La oportunidad de formular resoluciones anticipadas para las Partes del Convenio: sobre diversas materias, como clasificación 5 corregir la declaración ante la aduana. Actualmente arancelaria de la mercancía y origen, con la eventualidad de acceder a un mecanismo de revisión lo prevé la LA a partir de las modificaciones de dicha resolución de diciembre de 2013, con condiciones para la 5 el derecho a un segundo análisis sobre muestras rectificación de ciertos campos del pedimento 5 no imponer multas excesivas derivadas de errores sin tomadas en la aduana durante el despacho 5 el establecimiento de plazos para completar el intención fraudulenta o grave negligencia 5 retirar mercancías de la aduana con un posterior despacho aduanero de mercancías pago de impuestos 5 obtener la devolución de impuestos que resulten por el cambio de régimen de mercancías (cuando no esté limitado, como ocurre en términos de la LA) 5 5
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Algunos de los aspectos comentados, como el uso de ventanilla única, el despacho electrónico, la rectificación de campos del pedimento, la auditoría basada en gestión de riesgo y las reglamentaciones especiales para operadores económicos autorizados, forman parte de la realidad del comercio exterior de México, pero destacamos que la mayor difusión que se ha dado a ambos instrumentos es el papel que se le concede a los agentes aduanales.
Rol del agente aduanal Las ordenanzas para estos prestadores de servicio del despacho aduanero en el CKR y en el AFC pueden sintetizarse en lo siguiente: 5 ninguno de los dos instrumentos prevé su eliminación 5 su empleo no es obligatorio El AFC determina que el otorgamiento de las licencias de los agentes aduanales se realizará con apego a normas transparentes y objetivas. El CKR establece que tanto los particulares que actúen de forma directa con la aduana, como los terceros (agentes aduanales) en su representación, tendrán el mismo tratamiento. No se trata de una obligación de desaparecer la figura del agente aduanal, sino que su empleo no es forzoso. En nuestra opinión, las reformas de diciembre de 2013 a la LA, específicamente, la creación de la figura de “representante legal” para efectos aduaneros, cumple con el requisito de ambos acuerdos al indicar que los particulares pueden, en primer lugar, promover el despacho de mercancías de forma directa (mejor dicho, a través de su representante legal) y, como opción, mediante un agente aduanal. Los particulares que pretendan promover el despacho por conducto de sus representantes legales cumplirán previamente con diversas formalidades anunciadas en la LA y en reglas de carácter general.
Conclusiones Las modificaciones de diciembre de 2013 a la LA implican un importante avance para que México adopte los principios del CKR, sin embargo, no solo la no obligatoriedad del uso de agentes aduanales y la posibilidad de rectificar pedimentos son acciones que lograrán cumplir con dicho objetivo.
En el caso del CKR, sus disposiciones obligan exclusivamente a los países (o uniones aduaneras) que lo adoptan, por lo que México, mientras no lo suscriba, ratifique o adhiera, no debe acatarlas. No ocurrirá lo mismo con el AFC, cuyas normas serán obligatorias para nuestra nación en su condición de integrante de la OMC. Nuestra nación no está preparada para adoptar la totalidad de los principios considerados en esos instrumentos y será labor de la propia autoridad aduanera adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las directrices de ambos acuerdos. Como ejemplo de lo anterior está el derecho a un segundo análisis de muestra. Actualmente las resoluciones emitidas en materia de clasificación arancelaria únicamente se basan en lo resuelto por la propia autoridad, sin que exista la posibilidad, en la instancia administrativa, de que los particulares recurran a un segundo dictamen por un laboratorio independiente. Cierto es que en la instancia judicial, mediante el desahogo de una prueba pericial, los particulares pueden desvirtuar lo que las autoridades hubieran determinado, no obstante, esto ocurre hasta ese momento y se trata de una prueba, no de un derecho como se plantea en términos del AFC. Disposiciones como la eliminación de sanciones excesivas por errores involuntarios (las multas aplicadas en términos de la LA por datos inexactos por cada pedimento es ejemplo de ello), el establecimiento de plazos para concluir el despacho y el retiro de mercancías antes de la determinación definitiva de contribuciones, son medidas que pereciera difícil encajar en nuestra legislación, pero que, en términos del AFC deberán observarse. En consecuencia, la adopción de las disciplinas del CKR y del AFC va más allá de la eliminación de la obligatoriedad del uso de agentes aduanales. Si bien las reformas a la LA de diciembre de 2013 facilitan la adopción de ambos instrumentos, será necesario hacer los cambios legislativos y de las propias prácticas de las autoridades aduaneras hacia los contribuyentes para acatar las normas de los acuerdos internacionales comentados.
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PARA TOMARSE EN CUENTA
Implicaciones de la negociación automotriz El pasado 19 de marzo de 2015 se publicaron en el DOF dos Protocolos Modificatorios al “Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE-55)” suscrito por México y países miembros del Mercosur,1 que fijan las bases para el intercambio de bienes del sector automotriz con preferencia arancelaria en el comercio entre nuestro país, Brasil y Argentina. Respecto a dichas reformas –en vigor el mismo día de su publicación– el licenciado Carlos Federico Aguirre Cárdenas, Director General de la prestigiada firma Law and International Trade Consulting Group, destaca que representan un cambio significativo en el comercio del mencionado sector de México con esas naciones, debido a que: 5 se conserva el mecanismo de cupo para la importación de vehículos terminados con arancel preferencial del 0%. Sin embargo, en los cambios al ACE-55 negociados en 2012 se establecía que a partir del 19 de marzo de 2015 el comercio de esos bienes no estaría sujeto a cupo 5 la nueva fecha tentativa para restablecer el libre comercio en ese rubro, que estuvo vigente hasta 2012, es el 19 de marzo de 2019 (lo cual no implica que antes de esa fecha se vuelva a renegociar el acuerdo para extender la aplicación del mecanismo de cupos) 5 el requisito de cumplimiento de un Índice de Contenido Regional (ICR) para vehículos terminados se mantiene en 35% hasta el 19 de marzo de 2019
se advierte que las reformas tendrán una afectación significativa para la industria de autopartes, al imponer la regla general de cumplimiento de origen a través del ICR, que impide considerar como “originarios” los costos relacionados con la producción de los bienes en el territorio de las partes (como es el claro ejemplo de la mano de obra). No obstante, la obligación de observar un ICR para la exportación de esos bienes en el marco del Acuerdo, no se extiende a aquellos utilizados por las empresas armadoras de vehículos, quienes podrán seguir empleando los criterios de origen previstos originalmente en el ACE-55 (con la opción de utilizar los relativos al salto arancelario a nivel partida o de materiales no originarios en un valor que no exceda el 50% del precio del producto). Por otro lado, también se observa que en el supuesto de las autopartes, los protocolos adoptados son omisos en proveer un mecanismo transitorio para los bienes en tránsito, además de que, atento a nuestra regulación interna, no es claro si la Secretaría de Economía cancelará los registros de producto (de vigencia indefinida) en los casos en que los bienes a exportar no cumplan con las nuevas condiciones de origen. 5
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Se trata del Quinto Protocolo Adicional al Apéndice I “Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México”, del Acuerdo de Complementación Económica No. 55 celebrado entre el Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos, y el Quinto Protocolo Adicional al Apéndice II “Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre Brasil y México”, de dicho Acuerdo
TLC con Panamá, ya es un hecho El Senado de la República ratificó el 12 de marzo de 2015 el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá (TLC), país con el que se han duplicado las operaciones comerciales en los últimos 10 años, al sumar 1,009 millones de dólares en 2014, lo cual lo ubica en el cuarto socio de México en Centroamérica y décimo segundo en América Latina y el Caribe. Al igual que los otros tratados suscritos por nuestra nación, contendrá, entre otros capítulos, los referentes a: acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, inversión, solución de controversias, etc., pero a diferencia de los demás, incluirá uno denominado “facilitación de comercio”. En este último capítulo se compilarán diversas obligaciones en materia aduanera para las partes, entre ellas: 5 designar o mantener puntos de consulta y publicar anticipa-
5
5
damente cualquier regulación de aplicación general que se proponga incluir usar las tecnologías de la información, lo cual permitirá: que los sistemas electrónicos sean accesibles para los usuarios de aduanas y faciliten el intercambio de datos y prever el envío y procesamiento de la información de los bienes para agilizar el despacho al momento de su llegada adoptar o mantener: 5 procedimientos –en la medida de lo posible– para despachar las mercancías de forma segura y en menores tiempos, tales como: llevarlo a cabo dentro de las 48 horas siguientes a su descarga, y realizarlo en el punto de acceso al país sin traslado temporal a depósitos u otros recintos 5 sistemas de administración o gestión de riesgos para inspec-
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5
cionar los productos basándose en criterios de selectividad adecuados y con la ayuda de instrumentos no intrusivos de inspección, con la finalidad de reducir su inspección física suscribir Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de sus Programas de Operador Económico potenciar sus Ventanillas Únicas de Comercio Exterior para acelerar y facilitar el comercio, procurando la interoperabilidad entre ellas, a fin de cruzar información para verificar las operaciones realizadas
23 de mayo Por instrucción de los mandatarios de ambas naciones, la SE y el Ministerio de Comercio e Industrias de ese país anunciaron el inicio de las negociaciones para alcanzar un TLC
El TLC incluirá un Anexo que prevé el “Programa de eliminación arancelaria”, en el que se identifican por fracción arancelaria los productos que ingresarán libres de arancel a la fecha de su entrada en vigor, y aquellos que se irán desgravando paulatinamente en etapas anuales de cinco, ocho, 10, 12 y 15 años, hasta quedar totalmente exentas el 1o de enero del año 15. Este tratado se venía negociando desde el 2013, según el proceso que se muestra al efecto:
Comienzan las rondas intersesionales de negociaciones de libre comercio: 13 al 17 de enero Primera 5 y 7 de marzo Segunda
Inician las rondas de negociaciones:
Continúan las negociaciones:
30 julio al 2 de agosto Primera en Panamá
4 y 7 de febrero Cuarta en México
17 al 20 de septiembre Segunda en México
18 y 21 de marzo Quinta en Panamá
12 al 15 de noviembre Tercera en Panamá
24 de marzo Concluyen formalmente las negociaciones
12 de marzo El Senado mexicano emite la aprobación del TLC El TLC entrará en vigor una vez que se hayan intercambiado las comunicaciones de conclusión de sus procedimientos legales internos Ya finalizada esta formalidad, en México se publicarán en el DOF el Decreto Promulgatorio del Tratado y el Acuerdo mediante el cual se implementen internamente las preferencias arancelarias acordadas entre los dos países
3 de abril Suscriben el TLC México y Panamá Octubre El Ejecutivo presenta el Tratado al Senado de la República para su aprobación Noviembre Panamá da a conocer la aprobación del TLC por parte de su Asamblea Nacional en su Gaceta Oficial
De acuerdo con información de la SE, Panamá es considerado el país con la economía más dinámica en la región durante el último decenio, al haber tenido un crecimiento promedio anual de 9.1% del
Producto Interno Bruto (Fuente: Boletín de Prensa de la SE de fecha 12 de marzo de 2015, y texto del TLC).
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Declare el número de serie El artículo 36-A, segundo párrafo, fracción I de la Ley Aduanera (LA) prevé que quienes introduzcan mercancías susceptibles de identificación individual a territorio nacional deben transmitir la información No todos los contribuyentes están obligados Únicamente se transmite cuando la mercancía contiene datos de identificación Solamente se puede enviar electrónicamente
que permita identificarlas y distinguirlas de otras similares. Para conocer si aplica o no esa disposición tome en cuenta lo siguiente:
Solo aquellos que importen las mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente Tienen que ser los concernientes a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales La transmisión debe realizarse por la Ventanilla Digital, mediante: 5 un comprobante Electrónico de Valor –COVE– (reglas. 1.9.14., 3.1.5, último párrafo, y 3.1.29, primer párrafo, Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior –RCGCE– 2014), o 5 un documento que relacione dicha información, el cual se anexará en forma electrónica o mediante su envío en forma digital (Boletín del SAT, número P014, de fecha 11 de febrero de 2015)
Se requiere contar con los documentos que Pueden capturarse de las facturas o de los documentos de comercialización de incluyan los referidos datos las mercancías, pudiendo ser los contratos de compraventa, remisiones, cartas
facturas, etc. En el supuesto de tener mercancías de procedencia extranjera por las que se deba transmitir esa información para su importación,
los interesados contemplarán las formalidades enunciadas en el siguiente esquema:
Agente o apoderado aduanal, o importador: Transmite de la mercancía su número de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales
En una relación anexa
Por Ventanilla Digital, ya sea:
A través del Comprobante de Valor Electrónico
Se envía en forma electrónica o digital
Una vez transmitido el documento la Ventanilla Digital genera el acuse de referencia:
Se consiga en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de la mercancía
Este dato se declara, según se trate, en el pedimento de importación que ampara la mercancía susceptible de identificación individual
Número de COVE
El e-document
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Quienes omitan la citada obligación serán sancionados con una multa que oscila entre los montos de $2,930.00 a $4,400.00, y en el supuesto de llevarla a cabo extemporáneamente, esta se reducirá al 50% (arts. 184, fracc. I y 185, fracc. I, LA).
Específicamente y con independencia de las demás sanciones que procedan, de transmitirse esa información de manera incompleta o con datos inexactos, la multa es mayor, va de $18,000.00 a $30,000.00 (arts. 184-A y 184-B, LA).
LA EMPRESA CONSULTA SUSPENSIÓN DEL IMMEX ¿SE PUEDE SOLICITAR? La Secretaría de Economía (SE) nos autorizó en 2010 el Programa IMMEX, y aun cuando estamos al corriente de las obligaciones fiscales y aduaneras demandadas para seguir operándolo, incluso retornamos todos los materiales importados temporalmente, hemos decidido que en 2015 no lo utilizaremos por así convenir a nuestros intereses. Para evitar imponderables ante el posible incumplimiento de los deberes vinculados con el Programa, pues no lograremos el porcentaje de exportación requerido
en este año, nos han sugerido solicitar su suspensión, ¿esto es factible?, de serlo, ¿cuánto tiempo es necesario esperar para reactivarlo? El Decreto IMMEX prevé la interrupción temporal de los IDC beneficios que otorga el Programa IMMEX, solo para las empresas que se encuentren en el supuesto de suspensión de actividades (art. 29, penúltimo párrafo). Por lo tanto, al no actualizarse esa hipótesis no podría pedir la suspensión.
Pese a lo anterior, ustedes cuentan con la alternativa de formular la petición de la cancelación, y en el entendido de que no han infringido alguna disposición del Decreto IMMEX, podrán solicitar otro Programa cuando lo necesiten. El trámite se podrá gestionar electrónicamente en la Ventanilla Digital y no será indispensable anexar documento alguno. La cancelación es inmediata (reglas 5.1.1. y 5.3., rubro E, numeral 3, Reglas y Criterios de la SE).
ESCRITO LIBRE ¿ACREDITA UNA EXPORTACIÓN? A pesar de contar con un Programa IMMEX, desde este año importamos definitivamente los insumos utilizados en nuestros procesos, y por única ocasión enajenaremos parte de los productos manufacturados a una empresa nacional. Para la facturación el adquirente pide que se le aplique la tasa del 0% del IVA, pues los destinará a países centroamericanos en donde los comercializará, pero el contador no está de acuerdo porque no se trata de una venta de exportación sino doméstica. No obstante, y para no perder la transacción, el personal de logística argumenta que no habría problema si esta persona nos proporciona una declaratoria de la salida de la mercancía. ¿Cuál es el fundamento para sustentar esta opción? Al personal logístico le asiste la razón en el sentido de que las IMMEX pueden recibir de las compañías a las que les venden IDC mercancías nacionales o nacionalizadas un escrito en donde declaren que los productos salieron físicamente del país, sin embargo, ese documento exclusivamente sirve para
acreditar las exportaciones indirectas (exportaciones realizadas a través de terceras personas). Cabe aclarar que a las IMMEX se les exige realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 500,000 dólares, o su equivalente en moneda nacional, o bien, facturar el 10% de exportaciones totales, y para ello se les concede el beneficio de integrar en esos conceptos las exportaciones indirectas; operaciones que pueden comprobar con el citado documento cuando incluya el valor y volumen de lo facturado y el porcentaje que se destinó a la exportación (art. 24, fracc. I, Decreto IMMEX y regla 3.1.4., Reglas y Criterios de la SE). Por lo tanto, el escrito referido no podrá servir para soportar el tratamiento fiscal pretendido, por eso es imperioso facturar a la tasa del 16% por tratarse de una enajenación consumada en territorio nacional (arts. 1o, fracc. I y 10, LIVA).
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INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA AUTORIZAR EL PADRÓN Realizamos el trámite de inscripción al padrón sectorial para poder importar algunas telas con la finalidad de fabricar los muebles de un cliente inglés, pero el SAT lo rechazó porque el representante legal no exhibió su declaración del ejercicio anterior. En este supuesto, ¿se suspende el plazo de los 15 días para otorgar el Padrón y se reanuda hasta que se cumpla? Desafortunadamente no. Las solicitudes de inscripción al Padrón de Importadores de Sectores Específicos para IDC bienes textiles que no observen todos los requisitos exigidos serán rechazadas y se tendrán por no presentadas. Por ende, una vez que el representante legal corrija su situación fiscal podrá gestionar nuevamente la solicitud, y esperar el plazo para su resolución (Instructivo de trámite para inscribirse en el Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores Específicos, de conformidad con la regla 1.3.2, rubro B, numeral 6, inciso a).
EN ABANDONO, ¿SE PAGAN CONTRIBUCIONES? La autoridad nos está notificando que el plazo de almacenaje gratuito de las mercancías resguardadas en depósito ante la aduana ya ha vencido y han causado abandono; de pretender recuperarlas necesitamos cubrir las contribuciones para su importación. En realidad no estamos interesados en ellas, aún así ¿debemos avisarle a la autoridad para que no cobre lo señalado? No se requiere, pues como seguramente señala la resolución, si su empresa opta por no recobrar los bienes, IDC simplemente no realice acto alguno, y la mercancía pasará a propiedad del fisco federal (art. 32, LA). En ese supuesto no estaría obligado a pagar los conceptos aludidos, ya que el SAT determinará el destino de las mismas, y respecto de las mercancías que no aproveche, estas serán entregadas a los recintos fiscales o fiscalizados que hubieran prestado el servicio de almacenamiento y custodia para que las vendan, donen o destruyan, según les convenga.
REGIMEN
Si uso un Incoterm, ¿cómo cumplo en aduanas? La autoridad exige el uso de un término internacional para determinar el valor en aduana de la mercancía, ¡asiéntelo correctamente! El agente aduanal solicita a los importadores indicar el dato del Incoterm con el propósito de consignarlo en el pedimento de la mercancía que se introducirá a territorio nacional, y lo más importante, conocer la forma en qué se facturó para identificar los gastos incrementables que integrarán su valor en aduana. No es negociable el proporcionar esa información, pero, ¿qué son los Incoterms?, ¿son realmente obligatorios? Estas y otras dudas se responden enseguida, para ello se hacen diversas observaciones respecto a este tópico.
¿Qué son los Incoterms? Es la abreviatura del concepto inglés International Commercial Terms (traducido al español “Términos Internacionales de Comercio”). Se establecieron desde 1936 por la Cámara Internacional de Comercio (CCI) con el objeto de evitar incertidumbre entre las partes contratantes por las diversas interpretaciones a los usos comerciales regionales. Específicamente son un conjunto de términos que definen de forma uniforme las prácticas, usos y costumbres comerciales en el ámbito
mundial; es decir, detallan los derechos y las obligaciones que asumen los compradores y vendedores en un contrato de compraventa en lo que respecta a los costos y riesgos en la entrega de la mercancía. Los Incoterms son revisados y actualizados cada 10 años con la finalidad de adecuarlos a las necesidades del intercambio internacional, los más recientes son los de 2010. Cabe aclarar que existen otras terminologías como son los RAFTD (Revised American Foreign Trade Definitions por sus siglas en inglés) que si bien están derogados siguen siendo utilizados por algunos empresarios americanos.
¿En dónde están normados? Los Incoterms no están regulados en un tratado o acuerdo internacional o en una ley doméstica, sin embargo, como recomendaciones internacionales aceptadas por las partes en el contrato de compraventa de mercancías, se reconocen en el artículo 9, numerales 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que a letra dice:
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Las partes quedarán obligadas por cualquier USO en que hayan convenido y por cualquier PRÁCTICA que hayan establecido entre ellas. Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicable al contrato o a su formación un USO del que tenían o debían haber tenido conocimiento y que, EN EL COMERCIO INTERNACIONAL SEA AMPLIAMENTE CONOCIDO Y REGULARMENTE OBSERVADO POR LAS PARTES EN CONTRATOS DEL MISMO TIPO EN EL TRÁFICO MERCANTIL DE QUE SE TRATE *Lo resaltado es nuestro La citada Convención se aprobó y suscribió en Viena en abril de 1980, y está vigente desde enero de 1988. México ratificó su adhesión el 29 de diciembre de 1987 sin reserva alguna, la cual entró en vigor el 1o de enero de 1989.
¿Quiénes los operan? Los Incoterms tienen un carácter facultativo (no obligatorio), y solo en el caso de que sean aceptados voluntariamente y se pacten en un contrato de compraventa, las partes los cumplirán forzosamente. Los compradores y vendedores que hagan uso de los Incoterms de la CCI deben indicar que se trata de los Incoterms® 2010.
¿Por qué se exigen en México? En nuestro país no se obliga a negociar las operaciones comerciales utilizando los Incoterms, las partes son libres de pactar las condiciones de la entrega de las mercancías conforme lo juzguen conveniente en el contrato de compraventa. La observancia de dar a conocer el dato del Incoterm es para efectos aduaneros.
proveedor/comprador, numeral 7”, en el cual se pide: anotar la forma de facturación de acuerdo con los INCOTERMS internacionales vigentes, relacionados en el Apéndice 14 de dicho Anexo; o exhibir una declaración bajo protesta de decir verdad del importador, agente o apoderado aduanal cuando en la factura se cita un término de facturación distinto a los del citado Apéndice –por ejemplo los RAFTD–, antes de activar el mecanismo de selección automatizada. Igualmente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito se ha pronunciado a favor de brindar obligatoriamente el dato del Incoterm por ser primordial para determinar el valor en aduana de las mercancías. Así lo expresó en el criterio con el rubro; INCOTERMS. SU RELEVANCIA EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DE IMPORTACIÓN DERIVA DE SU UTILIDAD PARA DETERMINAR EL VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍAS, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, p. 1051, Materia Administrativa, Tesis Aislada IV.2o.A.217 A, Registro 169685, mayo de 2008. En dicha tesis se sostiene que la trascendencia del uso de los Incoterms en el ámbito nacional –regulado mediante los instructivos para el llenado de pedimentos de importación de las RCGCE–, está justificado en las operaciones de importación por tratarse de términos comunes o estandarizados para la mayoría de las naciones y resultan útiles para identificar los términos o condiciones en que una mercancía es comprada o vendida, y especialmente cuáles fueron los gastos relativos a su entrega, aseguramiento, flete, embalaje o traslado, y a cargo de quienes corrieron, con el objeto determinar el valor en aduana de la misma.
¿El Incoterm se declara en la factura? La regla 3.1.5. de las RCGCE 2014 no prevé que la factura comercial de las mercancías deba contener el dato del Incoterm utilizado en la transacción, pero en la práctica se asienta en la misma o en documento anexo firmado bajo protesta de decir verdad –carta de instrucciones–.
¿Para qué le sirve ese dato al agente aduanal? Consideraciones finales Es importante para fijar la forma de facturación del extranjero (lugar de entrega de las mercancías y gastos cubiertos por las partes), ya que dependiendo del Incoterm acordado se determinará si el costo de los fletes y seguros forman parte de la base gravable del pago del impuesto general de importación. Además, es necesario anotarlo en el campo del pedimento de importación correspondiente.
¿Dónde está prevista la obligación?
Los Incoterms no son de aplicación obligatoria en una operación comercial, son optativos y solo se acatarán cuando se pacte su uso en el contrato de compraventa. Ahora bien, no declarar en el pedimento el término de facturación celebrado conforme al Incoterm vigente, u omitir la declaración de que se trató de una forma distinta, implica una falta administrativa, sancionada con una multa que oscila entre $2,930.00 a $4,400.00 (arts. 184, fracc. III y 185, fracc. II, Ley Aduanera).
Está sustentada en el Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (RCGCE) 2014, en el “Instructivo para el llenado del pedimento”, en el bloque relativo a “Datos del
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