Derecho Civil I. Bolilla I. 1- Derecho. (concepto). Según la etimología la palabra derecho se refiere a “directum”, dirigido. Con lo que se indica sujeción a una regla. El derecho es anterior a la ley escrita, ya que los hombres primitivos no vivían sin derecho, derecho, pero tampoco tenían una ley escrita, escrita, sino que se apoyaban en las “mores maiorum” (costumbre de los antepasados). Además hay que tener en cuenta que la ley es imperfecta por oscuridades e incongruencias, prevee lo que generalmente ocurre (no es exacta) y en muchos casos posee lagunas. Por lo que se puede decir que no tiene un rendimiento ilimitado. ilimitado. En suma la ley es un instrumento de expresión del derecho, que debe conjugarse con otros. El derecho es así un orden social justo. Ese orden de la vida social, que es la única manera de existir la vida humana, es el derecho. Pero para que éste sea verdaderamente tal, el orden impuesto debe ser justo, es decir, adecuado a las características propias de la conducta humana. Un orden social será justo y verdadero derecho, cuando instaure una disciplina de la conducta humana que considere al hombre como criatura racional que se propone los fines más diversos, y en vista de ello le provea un ambiente social apto en su organización para el logro de tales fines. Para Arauz Castex el derecho es la coexistencia humana normativamente pensada en función de justicia. Borda: el derecho es el conjunto de normas de conducta humana establecidas por el Estado, con carácter obligatorio y conforme a la justicia. Salvat: el derecho es el conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones de los hombres en sociedad, en cuanto se trate de reglas cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta a los individuos. Ihering: el derecho es la garantía de las condiciones de vida de la sociedad en la forma de coacción. Kelsen: el derecho es en esencia un orden para promover la paz. Tiene por objeto que un grupo de individuos puedan convivir en tal forma que los conflictos que se susciten entre ellos puedan ser solucionados de una manera pacífica, esto es, sin recurrir a la fuerza y de conformidad con un orden de validez general. Este orden es el Derecho. Para Kelsen la concepción de justicia aparece sustituida por la paz, pero la paz no es la causa final del derecho, sino fruto del mismo. No se busca la paz, sino la justicia, pero en el logro de ésta también se encuentra la verdadera paz. Para Borda el derecho es un conjunto de normas de conducta humana establecidas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a la justicia. El derecho objetivo es entonces la regla de conducta exterior al hombre a quien se dirige.
Derecho objetivo.
Se alude a la prerrogativa de la persona para exigir de los demás un determinado comportamiento. Derecho subjetivo.
Ambas nociones se corresponden y exigen recíprocamente. Es entonces que el derecho objetivo es un ordenamiento social justo. En cuanto al derecho subjetivo existen diferentes posturas doctrinarias acerca de su naturaleza jurídica: Página 1 de 169
S. XIX: el derecho subjetivo es un poder atribuido a la voluntad, para Savigny es un ámbito en el que reina la voluntad de la persona. Si bien la voluntad es elemento esencial en la dinámica no lo es en el aspecto estático (goce) que se comprueban con la adquisición de derechos más allá de la voluntad del adquirente.
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Von Ihering: el aspecto sustancial del derecho subjetivo radica en la utilidad que brinda al hombre, afirma que los derechos son intereses jurídicamente protegidos, interés visto desde el aspecto humano y no económico. El derecho subjetivo es entonces la prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción satisfacción de intereses humanos.
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Concepción Individualista: Individualista: se basa en una filosofía del hombre según la cual éste encuentra su razón de ser en el ser individual. En esta posición toda la sustancia humana se reduce a la libertad y ésta es considerada como pura facultad. La libertad vale por encima de cualquier realización que con ella se obtenga de fin alguno que la ordene.
La clasificación más remota de las ramas del derecho se remonta al derecho romano, que opone derecho público a derecho privado, basándose tal distinción en el interés protegido por el derecho. El derecho público se refería al Estado y la cosa pública y el derecho privado lo ateniente a la actividad de los particulares. Gurvith y Radbruch han desarrollado una tesis t esis donde hablan respectivamente de las relaciones de subordinación cuando aluden al derecho público y relaciones de coordinación para referirse al privado, el inconveniente que presenta ésta tesis es que deja de lado al derecho internacional público. La postura actual es la que tiene en consideración la calidad de los sujetos de derecho: si alude al Estado como poder público, es derecho público; si alude a los sujetos que realizan sus actos sin soberanía política, es derecho privado. Derecho público y privado.
Ramas.
Derecho Público:
a) Derecho constitucional: constitucional: organiza los poderes, poderes, atribuciones y deberes deberes del Estado en sí mismo mismo y en su relación con los gobernados. b) Derecho administrativo: se encarga encarga de la organización de la administración administración pública. c) Derecho penal: determina la represión de los hechos hechos que ponen en peligro la digan subsistencia de la sociedad. d) Derecho internacional internacional público: rige las relaciones relaciones entre los Estados Estados extranjeros. e) Derecho eclesiástico: es el conjunto de norma que que rigen las relaciones de la iglesia. Derecho Privado: a) Derecho civil: es el tronco común, común, es el fondo residual residual persistente luego de de los diversos desmembramientos. b) Derecho comercial: rige las relaciones de los comerciantes comerciantes y determina las consecuencias consecuencias de los actos de comercio. c) Derecho de trabajo: trabajo: rige las relaciones relaciones entre patrones patrones y obreros. obreros. d) Derecho agrario: rige las relaciones de de la vecindad rural y resuelve las dificultades dificultades provenientes de la explotación agricola-ganadera agricola-ganadera.. Página 2 de 169
Además debe mencionarse el derecho procesal que según Borda sería público o privado según el procedimiento de que se trate, mientras que para Aruz Castex el procesal está fuera de tal clasificación ya que ésta tiene sólo naturaleza meramente instrumental. La palabra civil proviene del latín “civile”. En Roma se diferenciaba el derecho natural común a todos los hombres y el Ius Civile, derecho propio de los ciudadanos romanos, este se refería al derecho vigente en Roma y abarcaba normas de derecho público y privado.
El derecho civil.
Con la caída del Imperio Romano de Occidente y con la invasión de los Germanos es que las normas del derecho público incluidas en el ius civil, perdieron vigencia siendo sustituidas sustituidas por normas germanas. De todas formas se reserva la denominación (ius civil) para las normas de derecho privado, que seguían subsistiendo, entonces se identifica al derecho civil con el derecho privado. Es durante la edad Media que cobran vigencia los cánones e la Iglesia que regían las nuevas relaciones suscitadas suscitadas por la actividad propia de la Iglesia. En ese momento el derecho civil se refería al derecho privado de origen romano, oponiéndose así al derecho canónigo que se originaba en la jurisdicción reconocida a la Iglesia. Ésta forma que incluía todo el derecho privado bajo el rótulo de derecho civil, no tuvo eco, ya que a fines de la Edad Media los comerciantes dejaron de regirse por el ius civil para atenerse a las normas consuetudinarias que serían el origen del derecho comercial. En la Edad Moderna se produjo otro desmembramiento: el procedimiento ante los jueces dejó de ajustarse al derecho civil con lo que queda formado el derecho procesal. En la Edad Contemporánea también ocurrieron nuevas disgregaciones: las relaciones entre patronos y obreros serán regidas por el derecho laboral. Más allá de tales disgregaciones el derecho civil sigue siendo la disciplina fundamental fundamental ya que comprende todas las relaciones de derecho privado que no están incluidas en un ordenamiento especial. Además el derecho civil suministra a todas las demás ramas los lineamientos básicos de la ciencia del derecho, como la teoría de las personas y actos jurídicos en general. Evolución Histórica.
El derecho civil se conecta con otras disciplinas jurídicas, jurídicas, ya por una razón de orden histórica en cuanto al derecho civil ha sido núcleo fundamental del cual se han ido separando los demás ordenamientos especiales, ya que por esa unidad esencial del derecho se comunica a las diversas ramas entre sí. Es muy grande la conexión del derecho civil con las demás ramas, porque aquel sigue siendo el manantial inagotable donde acuden en busca de orientación a falta de una norma expresa o implícita que contemple la situación. Esto revela que las otras ramas no tienen completa autonomía, y siguen dependiendo en cierta medida del derecho civil, como se advierte en lo dispuesto del Código de Comercio en el art. 1: “en los casos en que no están expresamente regidos por éste código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil”. Especialmente estrecha es la relación entre el derecho civil y el derecho procesal, porque éste último busca la efectividad de los derechos subjetivos mediante su adecuando reconocimiento de justicia, se comprenden con cuidado con que habrán de organizarse las reglas procesales para que resulten desvirtuados los derechos que las normas de fondo reconocen. Por esa función que el derecho civil cumple respecto a las demás disciplinas jurídicas, jurídicas, es también llamado derecho común. Papel actual frente a las demás ramas del derecho.
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Dominio de aplicación del derecho civil. No obstante los
desmembramientos ocurridos, el derecho civil sigue siendo la disciplina fundamental con un enorme contenido residual, puesto que comprende todas las relaciones jurídicas de derecho privado que no quedan incluidas en un ordenamiento especial. El derecho civil suministra a todas las demás ramas del derecho los lineamientos básicos de la ciencia del derecho, tales como las teorías de las personas, de las cosas, de los hechos y actos jurídicos en general, que son acogidas por aquellas otras disciplinas en todo cuanto no hubieran sido modificadas especialmente. No se puede hacer una separación radical de los ordenes jurídico y moral, pero sí se puede efectuar su distinción. Moral y derecho difieren en cuanto a su objeto formal, la moral rige la conducta humana en mira inmediata del bien de la persona individual; el derecho la rige en vista del bien común. La moral encauza los actos humano hacia el bien, el derecho los encausa inmediatamente a la obtención de bienes naturales y sólo mediata y pasivamente al logro del bien. Moral y derecho comparten el mismo objeto material, la actividad humana. Josserand, no distingue las fronteras de uno y otro orden, que según él no han existido sino en la imaginación de los autores, pues el derecho no sería otra cosa que la moral social, la moral en acción “la moral en la medida que es susceptible de coerción”. Por su parte Ripert, no cree que halla una diferencia de naturaleza entre moral y derecho, pues entiende que éste aún en sus partes más técnicas es siempre dominado por la ley moral. Velez Sarsfield no confundió ambos ordenes, pero al elaborar las normas jurídicas siempre atendió a las directivas morales para que aquellas no pudieran conspirar al desarraigo de éstas. Ello aparece con evidencia en el tratamiento del contenido moral del acto jurídico, en la elevación a la categoría de valores irreparables, que los particulares no pueden desconocer en sus convenciones, a los que hacen al “orden público y buenas costumbres”, y en la regulación de la sanción de nulidad absoluta, con todo lo que ello implica, que recae sobre los actos jurídicos violatorios de orden moral. Respecto del acto jurídico de todas las menciones que contiene el art. 953, la más importante y trascendente es la que se refiere a las buenas costumbres, estos es el contenido moral del acto jurídico. El derecho es una disciplina de conducta al servicio del hombre, en la plenitud de su vida y en la dignidad de su fines,. Por esto es que el derecho no autoriza no ampara los actos contrarios a la moral, a los que esta misma disposición legal declara con una frase enfática: “nulos como si no tuviesen objetos”. Relación con la moral.
2 – Instituciones del derecho civil:
1) Personalidad: Considera a la persona en si misma y organiza su desenvolvimiento en la sociedad estableciendo las condiciones bajo las cuales el ser humano o nucleamiento de hombres son considerados sujetos de derecho. Divisiones: a) Existencia e individualización de la persona física. b) Capacidad de las personas físicas y sus variaciones. c) Existencia, individualización y capacidad de las personas morales. 2) Familia: Este derecho rige la organización de la sociedad primaria en que el hombre nace y se desenvuelve y define dentro de la comunidad familiar el estado de cada uno de sus miembros. Se divide en: Página 4 de 169
a) Matrimonio: Normas de celebración, efectos en cuanto a las personas y los bienes, sanción, disolución. b) Filiación: Legitima, extramatrimonial, adoptiva. c) Parentesco. d) Patria Potestad, Tutela y Curatela. 3) Patrimonio: El derecho patrimonial rige las relaciones derivadas de la apropiación de la riqueza y del aprovechamiento de los servicios. Se divide en: a) Derechos reales. b) Derechos personales. c) Derechos intelectuales. 4) Herencia: Rige las transmisiones de bienes mortis causa, sucesión ab-intestato, testamentaria, legados, etc.. Se hace cargo de la índole perecedera de la criatura humana y establece la suerte de las relaciones jurídicas luego del fallecimiento de las personas 3-
Son prerrogativas, facultades que las normas jurídicas reconoces a las personas para que puedan satisfacer sus necesidades y exigir de las demás personas un determinado comportamiento. Ejemplo: el acreedor tiene el derecho subjetivo de exigir el pago de la deuda al deudor. Para Llambias es la facultad reconocida por el ordenamiento jurídico para exigir de los demás un determinado comportamiento. Derecho subjetivo:
El análisis de toda relación jurídica permite la discriminación de tres elementos esenciales: sujeto, objeto y causa. La relación jurídica:
1) SUJETO: A)
Sujetos activo : es la
persona que puede ejercer la prerrogativa a que ella se refiere. Si hablamos de derecho de propiedad, el sujeto activo es quien puede usar , gozar, disponer de la cosa y exigir de la sociedad el respeto de su derecho. B) Sujeto pasivo : es quien soporta de manera inmediata el ejercicio de la prerrogativa del titular. Si se trata de una obligación de dar una cosa el sujeto pasivo es el deudor, y es el que debe entregar la cosa al acreedor. Los derechos llamados absolutos carecen de sujeto pasivo individualizado ya que se ejercen erga omnes, es decir contra cualquiera que se oponga a su ejercicio, es lo que sucede con los derechos reales de dominio. En estas relaciones jurídicas, que corresponden a derechos absolutos, el sujeto pasivo es toda la sociedad mientras que en las otras relaciones jurídicas además de un sujeto pasivo universal hay uno individualizado. 2)
OBJETO : Esta constituido por el contenido de la
prerrogativa del titular. En el derecho de propiedad el objeto es ese cumulo de beneficios y provechos que la cosa puede brindar al dueño. Mientras en los derechos de crédito el objeto es la prestación que debe dar el deudor a favor del acreedor. Página 5 de 169
3)
CAUSA: Es el hecho
del cual deriva. En el caso del ejemplo anterior del derecho de propiedad la causa puede haberse originado en un contrato de compraventa o de una disposición testamentaria, En esos ejemplos como la relación jurídica reconoce su origen en un hecho que la antecede es decir, en la causa de la relación jurídica. Desde el punto de vista del titular o sujeto activo como dueño de la facultad o poder, se considera a las relaciones jurídicas como derechos subjetivos. Los derechos subjetivos se dividen en políticos y civiles; los primeros son inherentes al titular por su condición de ciudadanos, mientras que los civiles son los que le pertenecen al titular por su condición de habitante, son las garantías establecidas en la constitución nacional (art. 14 a 20).
Para ésta concepción es necesario distinguir entre uso y abuso de los derechos. Tiene la intención de afirmar los derechos subjetivos ya que de su reconocimiento depende la dignidad humana, pero estos derechos pueden apartarse de la justicia o del fin por el cual fueron reconocidos, y se usan para aplastar o explotar a los demás. Esta teoría es un principio regulador de los derechos subjetivos que extiende su influencia a todo el orden jurídico, es decir, que aunque haya diversos criterios para determinar cundo hay abuso de un derecho subjetivo hay total coincidencia en la afirmación de la validez de ésta teoría: Teoría del abuso del derecho antes y después de la reforma del 1968.
a) Criterio Subjetivo: 1) Identifica el abuso en la intención de perjudicar que tenga su titular. 2) Considera abuso tanto el ejercicio doloso como el culpable del derecho. 3) Hay abuso cuando el titular obra sin interés legítimo o sin utilidad alguna, no aporta nada porque si falta interés o utilidad, debe entenderse que su conducta es dolosa o culpable. b) Criterio Objetivos: 1) El abuso es el ejercicio anormal o contrario al destino económico o social del derecho subjetivo. No debe pensarse que estos dos fines son los únicos de los derechos subjetivo, también hay que tener en cuenta el fin individual. 2) El acto abusivo es el contrario al objeto de la institución del respectivo derecho, es buscar un fin diferente al que tenía el legislador, se desvía el derecho del destino norma para el cual ha sido creado. 3) El abuso se caracteriza por el ejercicio del derecho contrario a la moral y buenas costumbres. c)
Criterio Mixto: considera que es imposible elaborar una noción del abuso aplicable a toda clase de derecho, liberando la determinación de esto a la apreciación judicial en cada caso. Para este criterio solo se requiere la intención de perjudicar en algunas situaciones o la culpa más o menos grave y aún la ausencia de un motivo legítimo en otras situaciones, los tribunales sobran en cada caso hacer la aplicación adecuada. Antes de la ley 17711 se hacía referencia al art. 35 de la Constitución del año 1949: “los abusos de derechos y garantías constitucionales que perjudique a la humanidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes”. Esta constitución fue suprimida por el gobierno de facto de 1955. La ley 17711 sienta el principio Página 6 de 169
general en el art. 1071: “el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. Para ésta ley hay abuso cuando se ejerce un derecho contrariando el objeto de su institución y además subordina el ejercicio de un derecho a la moral. Efectos del abuso. Las consecuencias se operan en dos direcciones:
1º) El abuso configura un acto ilícito y comprende la responsabilidad del titular del derecho exortándolo al resarcimiento del daño. 2º) El abuso es una causa legítima de paralización del derecho. Mediante acción judicial se procederá para que el titular cese en el ejercicio irregular, o bien deducir la excepción que permita bloquear el intento abusivo de tal derecho. 4- Teoría de las fuentes (formas en que se manifiesta el derecho). a) La ley. (concepto)
Legislación: modo de creación
de normas generales escritas, emanadas de una autoridad competente (Congreso o legislatura). El desarrollo de este procedimiento tiene como resultado proceso-legislación / producto-ley ). la ley (dualismo = proceso-legislación ). Se incumbe al poder legislativo y ocasionalmente al poder administrativo. administrativo. Ley: es la norma general establecida por la autoridad competente mediante la palabra escrita. Es la expresión más importante de un órgano o funcionario de la comunidad mediante la cual se establece una relación general entre ciertos hechos y ciertas conductas que deben ser aplicadas. Clasificación de las leyes. Imperativas: normas que se imponen
a los particulares inmediatamente y aún contrariando cualquier manifestación manifestación de voluntad de los mismos. Los titulares no pueden regular a su placer sus relaciones jurídicas, jurídicas, sino que se encuentran previstos y normados por la ley contra lo que nada puede la manifestación de la voluntad privada. Son leyes en las que se encuentra interesado el orden público, la moral o las buenas costumbres y que por consiguiente han sido establecidas teniendo en la mira la estructura general de la sociedad por sobre la situación privada. Supletorias: en principio el orden jurídico concede a las partes la regulación de sus relaciones
jurídicas, no obstante, la ley prevee el caso en que las partes no regulen específicamente esas relaciones con normas supletorias. Es decir que las partes pueden dar a sus convenciones el contenido que deseen (siempre que no se vea afectado el orden público, la moral o las buenas costumbres) y para el caso de silencio u omisión en algún aspecto especifico por parte de las interesados existen normas supletorias a las cuales recurrir. Página 7 de 169
b) La costumbre.
Son conductas que se repiten ante similares circunstancias con convicción de obligatoriedad. obligatoriedad. Debe existir un sentido común que una a todas las circunstancias que que son costumbre. Es al primer fuente del derecho en la historia. En el derecho primitivo antes de aparecer la legislación, las costumbres eran las fuentes básicas del derecho. La costumbre como fuente es la costumbre jurídica, es repetición de costumbre e interferencia intersubjetiva, tiene como finalidad la creación de una norma consuetudinaria. Clasificación de la costumbre en su relación con la ley. •
Costumbre según la ley: (secendum legen) costumbre jurídica como fuente de derecho
que la ley se remita a la conducta
•
para
Costumbre más allá de la ley: (piraster legen) cuando no hay ninguna ley para solucionar el
caso, el juez utiliza la costumbre. •
Costumbre contra la ley: (contra legen) lo que prescriben las costumbres es diferente a la
ley.
Además se puede hablar de:
- Desuetudo: es la derogación o anulación de la
ley por la costumbre, pero a la ley sólo puede derogarla otra ley, por lo tanto, sería la pérdida de vigencia de una ley por una costumbre violatoria que prevalece. - Costumbre derogatoria: es la costumbre que deroga una ley que alguna vez tuvo vigencia. - Costumbre abrogatoria: costumbre que esta en contra de la ley desde su principio, la ley nunca entra en vigencia, nunca se cumple. Importancia de la costumbre según las distintas ramas del derecho.
La Constitución no tiene porque tener necesariamente una fuente legal sino que puede emanar de una fuente consuetudinaria. En nuestra Constitución prevalece la fuente legal sobre las consuetudinarias, no obstante tenemos algunas instituciones de origen consuetudinarias consuetudinarias como la derogación consuetudinarias consuetudinarias de algunos textos constitucionales. Ej: la municipalidad municipalidad puede ser una ley consuetudinaria. consuetudinaria. 1º D.Constitucional.
Excluye a la costumbre. Art. 17. Cod. Civil: “las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte sino por otra ley. El uso, la costumbre no pueden crear derecho, sino cuando las leyes se refieran a ellos”. Más allá del texto legal, la realidad nos muestra que hay instituciones civiles consuetudinarias, consuetudinarias, es decir, regulados por la conducta, por ejemplo: los contratos de servicio doméstico, a veces están en contra de lo legal. 2º D.Civil.
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Utiliza a al costumbre como fuente. Pero hay que mantenerse al margen del principio, “no hay crimen ni pena sin ley previa”, porque esta es un obstáculo para formar la costumbre incriminatoria. incriminatoria. No existe nada que se oponga a al formación de una conducta sobre el apoyo de los juristas a la ley considerada esta como única fuente del Derecho Penal. 3º D.Penal.
En nuestro derecho las costumbres ocupan la máxima importancia en esta rama. El Código Comercial las considera específicamente como fuente del derecho y se remite a ella en lo que se refiere a interpretar la voluntad de las partes. 4º D.Comercial.
c) La jurisprudencia. (concepto).
Etimológicamente es la Ciencia del Derecho. Para Ulpiano era el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo e injusto. Actualmente se refiere a los fallos judiciales que sirven de precedente a futuros pronunciamientos. Se discute si la jurisprudencia jurisprudencia debe ser considerada como fuente formal e independiente del derecho. Desde el punto de vista lógico, para la dogma tradicional, el juez no hace otra cosa que aplicar e interpretar la ley, nunca crea derecho. Sin embargo, en la practica, la jurisprudencia jurisprudencia es una fuente fuente rica de norma. Los profesionales (abogados) (abogados) recurren a los repertorios de la jurisprudencia jurisprudencia para dar solución objetiva a sus casos. Se diferencia con la costumbre ya que ésta nace de la comunidad y la jurisprudencia, jurisprudencia, en cambio, es elaborada por los órganos jurisdiccionales. jurisdiccionales. Doctrina Inglesa: en Inglaterra se designa jurisprudencia a al Ciencia del Derecho o a la Filosofía del Derecho. Como fuente del derecho: jurisprudencia jurisprudencia es el conjunto de fallos y sentencias que dictan los jueces (sentido amplio) y más específicamente es el conjunto de fallos concordantes sobre un mismo asunto. Clasificación. • •
Pacífica: los jueces resuelven, dictan sentencias, en sentido similar. No Pacífica: Se produce un conflicto y los jueces proceden y resuelven en sentido diferente.
d) La doctrina. (Concepto).
Es el saber de los juristas, es el conjunto de opiniones de los juristas sobre un caso o una materia. No es posible desconocerle a la doctrina el carácter de fuente, puesto que es invocada por los jueces para fundar en ella la fuerza de convicción objetiva de los fallos. Según la clasificación de fuente, la doctrina sería una fuente formal ya que no solamente suministra un género en el cual analizar el caso sino que denota una valoración vigente. No obstante, debe admitirse que la doctrina de la obligatoriedad propia de la ley y la costumbre y en la que participa en cierta medida la jurisprudencia. jurisprudencia. En aquellas fuentes el sentido general que goza de acatamiento comunitario, está directamente directamente dado en la comunidad (costumbre) o en sus órganos (ley y jurisprudencia). El juez accede voluntariamente a al doctrina para encontrar el sentido objetivo del caso, señala en ella la intersubjetividad intersubjetividad necesaria pero no se encuentra constreñido a ello por la comunidad. Importancia en la actualidad. actualidad. Página 9 de 169
En nuestro país la doctrina no es obligatoria, vale conforme al prestigio e importancia que tiene el autor. Es invocada por los jueces para fundar con ella la fuerza de convicción de sus fallos, puede decirse que no es fuente formal aunque influye en las decisiones de los juristas u órganos del Estado. Se atribuye a los jurisconsultos la elevada misión de elaborar conceptos generales que ayudan al juez a capturar jurídicamente los casos concretos y además de revisarlos a renovarlos de acuerdo con las exigencias de los hechos. La doctrina de los juristas es fundamental cuando se trata de cuestiones que no han sido previstas en los Códigos. Otras fuentes.
el derecho natural interpretado objetivamente por el juez a la medida de los casos concretos y de sus exigencias. El juez se servirá entonces de la equidad para decir el derecho cuando el legislador es oscuro o incompleto. La función de la equidad es complementaria a la de la ley; para adaptar la generalidad de la ley a los casos particulares o cuando la ley remite a ella, por ejemplo el art. 4 de la Constitución Nacional exige el carácter equitativo de los impuestos. Da origen a la obligación natural (que son aquellas que no tienen una acción para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas autorizan al acreedor a retener lo que se le ha dado), en este caso la equidad es una fuente de eficacia jurídica restringida. Impide que una prerrogativa individual fundada en una norma de derecho positivo menoscabe una facultad o atribución fundada en el derecho natural. Casares ha visto con lucidez singular cuales son las virtualidades de la equidad, establece el propósito general y esencial de la constitución Nacional, según el cual uno de los fines de la organización político – social argentina es “afianzar la justicia” (preámbulo), que no significa solamente crear el Poder Judicial. Una magistratura sabiamente organizada, que obliga a aplicar sin recurso alguno leyes inocuas, no afianza la justicia, sino la inequidad. El art. 59 del antiguo Código de procedimiento de la Capital Federal, se oponía a ésta supremacía de la equidad sobre la inequidad legislativa: “el juez debe siempre resolver según la ley. Nunca le es permitido juzgar el valor intrínseco o de la equidad de la ley”. La equidad es una fuente del derecho incuestionable, pero mal aplicada puede quebrantar la seguridad de la ley positiva. En algunos casos es mejor que la equidad ceda ante la ley para salvar el orden de la sociedad. La ley 17711 agrega al art. 907 el principio de la equidad: el juez puede, en caso de daño involuntario, disponer un resarcimiento a favor de la víctima por razones de equidad, teniendo en cuenta el patrimonio del autor del hecho y el de la víctima del daño. •
•
Equidad: es la versión inmediata y directa del derecho natural, es
Derecho Comparado: consiste en el
estudio de las diversas instituciones jurídicas, a través de las legislaciones positivas vigentes en distintos países. El derecho comparado es una disciplina auxiliar del derecho nacional positivo que contribuye a reforzar las soluciones de éste o insinuar sus cambios. Según Saleilles no se trata de difundir el derecho local en un sistema comparativo unificado, se trata de estudiar principalmente en una o varias legislaciones dadas el funcionamiento de la institución en la cual se busca inspiración a fin de examinar de cerca la organización práctica, pensar las ventajas e inconvenientes y preguntarle cuales han sido los resultados adquiridos. Es innegable la importancia del derecho comparado, aún más cuando la evolución económica y social de los pueblos se orienta hacia un tráfico más frecuente de personas, ideas y bienes. En nuestro Código se utilizó el Página 10 de 169
derecho comparado para redactar el art. 152 bis (causas de inhabilitación judicial, sobre todo en el caso del pródigo) y el art. 954 (donde se ha adoptado la lesión enorme como causa de nulidad de los actos jurídicos) ambos según ley 17711. En nuestro país, por el sistema federal adoptado por la constitución conviven dos ordenes jurídicos yuxtapuestos, el nacional y el provincial. Para evitar conflictos entre los dos ordenes, la constitución nacional deslinda las competencias propias de cada uno. Bases constitucionales; leyes nacionales y provinciales; códigos nacionales: En la cima de la jerarquía de leyes esta la constitución nacional, todas las leyes deben ajustarse a ella; y las constituciones provinciales deben garantizar el sistema representativo republicano (articulo 5 de la C.N.) Los decretos reglamentarios son los que dicta el presidente de la nación en la capital federal, o los gobernadores para facilitar y precisar el cumplimiento de las leyes, las ordenanzas municipales y los edictos de policía hacen efectivas las funciones que les competen a los municipios o policía. La constitución nacional en el art. 67 inciso 11 reserva como atributo del congreso nacional, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social (que no esta hecho); manteniendo la legislación básica heredada de España. La reforma constitucional del 60 aclaro que la aplicación de esos códigos correspondía tanto a los tribunales nacionales como provinciales según que las cosas o personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones, se ha interpretado que corresponde a las provincias dictar los códigos de procedimientos. 5- Sistema de las fuentes en el derecho argentino:
La principal fuente de manifestación del derecho civil es el código civil, es decir, lo que establezcan explícita y implícitamente sus normas, es por ello que el articulo 22 CC dispone: “lo que esta dicho explícitamente o implícitamente” en ningún articulo de este código, no puede tener fuerza de ley en el derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por un a ley general, sea por una especial. Este articulo determina en el campo del derecho civil toda la derogación del derecho español y de las leyes nacionales desde 1810, como también de las costumbres vigentes hasta la sanción del código civil. Pero no es la única fuente del derecho civil, lo que veremos en el siguiente articulo: “Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes” art. 15 CC. Como vemos deben recurrir a otras fuentes que son las indicadas por el art. 16 CC: “Si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aun la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”. Acerca de los principios generales del derecho, Buso discute, y para el son los fundamentales del derecho positivo, de la legislación positiva, que no están aun escritos. Para Borda son principios superiores de justicia, radicados fuera del derecho positivo (se trata del derecho natural). Art. 17: “Los usos y costumbres no pueden crear derecho sino cuando una norma se refiere a ellos o en situaciones no regladas legalmente” (texto según ley 17711). El anterior artículo solo reconocía como fuente la costumbre, según la ley, en cambio esta reforma admite la costumbre mas allá de la ley. Las fuentes en materia civil:
6- El Código Civil Argentino: el derecho vigente anterior a Página 11 de 169
su sanción.
Cuando se produjo el descubrimiento de América y su posterior colonización, los conquistadores Europeos trajeron con ellos los elementos de su propia civilización y por consiguiente su ordenamiento jurídico. En el Virreinato del Río de La Plata y luego de la independencia, en las Provincias Unidas del Río de La Plata, la legislación Española existente en 1810, continuó en vigencia hasta su derogación por el Código Civil, a partir del 1 de enero del 1871. Hasta entonces rigió en nuestro país la Nueva Recopilación de 1567, que contiene leyes provenientes del fuero real, del ordenamiento de Alcalá, del ordenamiento de Montalvo y de las Leyes de Toro. Por lo demás, las antiguas leyes quedaron subsistentes, conforme al siguiente orden de prelación: 1) Nuevas Recopilaciones. 2) Fuero Real. 3) Fuero Juzgo. 4) Fuero de Castilla. 5) Las Partidas. Pero es de notar que por el prestigio que tenía adquirido este último cuerpo de leyes y por el mayor conocimiento que tenían los jueces y abogados sobre éste, el derecho que se aplicaba ordinariamente era el contenido en las Leyes de Partida. En cuanto a la novísima recopilación de 1805, no tuvo aplicación entre nosotros porque la emancipación vivida desde 1810, ocurrió antes de que se comunicara aquella compilación. La recopilación de las leyes de India (1680) tuvo escasa aplicación en el orden del derecho civil, porque su contenido era substancialmente de derecho público. Algunas características de las legislaciones pueden ser: a) Falta de unidad. Los códigos y recopilaciones se sucedían unos a otros sin derogarse. b) Confusión e inseguridad respecto del derecho aplicable. c) Falta de garantía en la organización de justicia. Después de 50 años de vida independiente, era necesaria la codificación de las leyes Civiles, pues el país, en una etapa de crecimiento en todos los ordenes, no podía quedar sujeto a la incertidumbre de una legislación española muy antigua y casi desconocida. En 1824 Las Heras, designa dos comisiones, una para redactar el Código de Comercio y la otra el Código Militar. A pesar de esto, nunca se hicieron. En 1831 la legislatura de Buenos Aires adopta como suyo el Código de Comercio Español de 1829, designando una comisión para que lo reformara convenientemente. En 1852, luego de Caseros, Urquiza crea una comisión de 14 miembros, presidido por Juan García de Cossio, para proyectar los códigos: Civil, Penal, Comercial y de Procedimiento. El redactor en la subcomisión fue Velez Sarsfield. Pero ese mismo año, Buenos Aires se separa de la confederación, lo que impide que esa labor tenga éxito. En 1853, el 1 de Mayo, se sanciona la Constitución Nacional, redactada en Santa fe, en el texto se ve la preocupación porque el país tuviera una adecuada codificación de su Derecho de Fondo, lo vemos en el art. 67 inc.11 (hoy inc.12) y en el art. 24. En 1854 por ley número 12, promulgada por Urquiza y propiciada por el senador Zubiría de Córdoba, esta ley autoriza al Poder Ejecutivo a nombrar una comisión que proyectara los códigos, pero por razones financieras se tuvo que postergar esta iniciativa. En la Prov. De Buenos Aires, se sanciona una ley (1857) por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir fondos para la redacción de los códigos: Civil, Criminal y de Procedimiento. Génesis y sanción del código.
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Un ensayo sobre el Código Civil se frustró, no así sobre el Código de Comercio, que fue encargado a Velez Sarsfield y Acevedo, quienes al poco tiempo lo terminaron y se envió a la legislatura en junio de 1857. Fue aprobado gracias al empeño de Sarmiento. Dos años después se convierte en el Código de Comercio del Estado de Buenos Aires. En el año 1862 fue adoptado por la Nación y substancialmente modificado en 1889. En 1863, el Congreso sanciona la ley nro. 36, por iniciativa del diputado Cabral (Corrientes), por esa ley se autoriza al Poder Ejecutivo a nombrar comisiones encargadas de redactar los proyectos del Código Civil, Penal, de Minería y de las Ordenanzas del Ejercito. Estas comisiones eran pluripersonales, pero el presidente Mitre encargó por decreto a Velez Sarsfield redactar el Proyecto del Código Civil. Luego de que Mitre la encargara a Velez Sarsfield tal tarea, éste se puso a trabajar con su habitual tenacidad. No tuvo colaboradores en la redacción, si fue ayudado por de la Plaza, Diaz de Vivar y por su hijo, quienes fueron encargados de pasar en limpio sus borradores. A medida que culminaban los libros, los remitió al Poder Ejecutivo quien los mandaba a imprimir y repartir al Congreso y juristas. El Libro I, fue terminado en 1865; las secciones I y II del Libro II (sobre obligaciones, hechos y actos jurídicos) fueron terminadas en 1866; la sección III del Libro II (sobre contratos) fue terminada en 1867; el Libro III (sobre hechos reales) fue terminada en 1868; el Libro IV (sucesiones, privilegios y prescripciones) fue terminado en 1869. Con eso se termina el Código Civil, en cuatro años y dos meses. El presidente Sarmiento en agosta de 1869 emite un mensaje al Congreso propiciando la ley que pusiera en vigencia el proyecto del Código Civil; confiando su reforma a diferentes leyes dictadas cuando la experiencia determinó su necesidad. El proyecto se aprobó el 22 de septiembre de 1869 en la Cámara de Diputados, fijando como fecha de entrada en vigencia el 1 de enero de 1871; el Senado lo aprobó por ley 340 de igual mes y año. La aprobación del proyecto se izo con el procedimiento conocido como “sanción a libro cerrado” que según Llambias es el único posible tratándose de la sanción de un Código, porque como dice Arauz Castex “los cuerpos parlamentarios, por si composición y funcionamiento carecen de idoneidad para emprender el estudio y debate analítico de una obra científica de tal delicado carácter sistemático como es un Código”. Sanción.
Se denomina “fuente” de una ley o de un Código, a la procedencia u origen de los materiales de los que se ha valido el autor para confeccionar ese código o ley. Fuentes.
Las fuentes pueden ser: a) directas: son aquellas en que se ha inspirado el autor de la ley o del código. b) Indirectas: son las que han gravitado sobre las fuentes directas y por ésta vía viene a influir también sobre el autor de la ley o del código. influye sobre todo el derecho privado de nuestro tiempo y es donde se han originado casi todas las instituciones actuales. Su mayor influencia la vemos en la regulación de los Derechos Patrimoniales, sobre todo en la teoría de las obligaciones; es sensiblemente menor la importancia dentro del Derecho de Familia, (sobre todo por nuestra religión Católica) igual que en las ramas de reciente aplicación como el Derecho Comercial, Procesal, Laboral, etc. Finalmente en el derecho Público los rastros del derecho Romano están casi totalmente perdidos. El derecho Romano como fuente:
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Como fuente indirecta de Código: lo vemos a través de los romanistas que admiraba y frecuentaba Velez Sarsfield,como la fueron Vimmio, Heinecio, Cujas y Pothier; pero el más importante fue el romanista alemán Savigny por medio de su obra llamada “Sistema de Derecho Romano Actual”. Como fuente directa del Código: fue prácticamente nula porque ninguna disposición del Código fue extraída directamente del Corpus Iuris Civilis o de algún pasaje romano.
inmediatamente publicado el proyecto de Velez Sarsfield se le reprocho a este el haber dejado de lado las leyes españolas, para usar fuentes extranjeras; crítica hecha por Alberdi y Colmo. El mismo Velez respondió que de la primer fuente que se valió fue la de las leyes españolas. El mayor número de los artículos, tiene la nota de una ley de Partida del Fuero real, de las recopiladas, etc. La crítica moderna (Borda, Arauz Castex, Salvat) le han dado la razón, la legislación española ajena a toda sistematización científica no influyó, con justa razón, en cuanto al método y técnica en la confección de nuestro código, pero sí influyó en cuanto a la substancia o materia que contenía esa legislación, que sobrevivió gracias a la aplicación de ésta en el código (siempre adecuada a los nuevos tiempos). La legislación española como fuente:
la legislación nacional en el campo del derecho Privado fue escasa aunque no dejaron de tener su influencia como se observa en el art. 3572, donde se reconoce vocación hereditaria al cónyuge con exclusión de los parientes colaterales del ausente; éste art. tiene su antecedente en la ley de 1857 de Buenos Aires. El derecho patrio como fuente:
fueron siempre tenidos en cuenta por el codificador sobre todo en lo referente a la organización de la familia; si bien es cierto que el art. 17 quita a la costumbre de todo valor. Usos y costumbres como fuentes:
influyó sobre toda América. En nuestro código como fuente directa gravita por la versión de varias de sus disposiciones, Segovia luego de su estudio, calculó que 145 artículos de nuestro código han sido copiados del texto francés; como fuente indirecta por medio de los comentaristas frecuentados por Velez Sarsfield, encontramos a Aubry y Rau quienes en 1838 publicaron un manual que fue casi una aducción a la obra de Zachariac (jurisconsulto alemán), pero en ediciones posteriores se fue modificando a tal punto que llega a ser obra maestra de la doctrina francesa. La tercera edición fue la que más consultó Velez sarsfield, de donde extrajo varios pasajes convertidos en artículos. Segovia calcula que fueron unos 700 artículos, otro comentarista fue Troplong que suministró 50 artículos relativos a la sucesión testamentaria y derechos Reales; otro fue Demolombre de donde Velez Sarsfield toma 52 artículos; de Chabot toma 18 artículos y de Sacharía toma 70 artículos. El Código de Napoleon y sus comentarios como fuente:
Freitas fue un jurisconsulto brasileño, al cual se le encomendó la tarea de realizar el proyecto del Código civil de Brasil. Freitas comenzó éste proyecto pero quedó ya que faltaban los artículos que hablaban de sucesiones. Igualmente, Velex consultó mucho éste proyecto, superó sus fallas provenientes de arduas clasificaciones y definiciones, y volcó gran parte del material en nuestro código. La obra de Freitas como fuente:
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Otras fuentes.
Llambias coloca al derecho canónico a la altura de las otras fuentes. Es el conjunto de las reglas que rigen a la iglesia Católica, las fuentes formales de éste derecho son tres: las sagradas escrituras; los derechos de los concilios y la Constitución, bulas u otros documentos emanados del Papa, así como también las costumbres no desaprobadas por el código Canónico de 1917. Durante la Edad media y Moderna se entendió como materias del derecho Canónico al matrimonio, testamentos, juramentos, actos referentes al estado civil y su registro, etc.; luego de la Revolución francesa se pierde la armonía entre el poder espiritual y el terrenal, éste último adoptó como propias aquellas materias que eran material mixta, así paralelamente al matrimonio religioso crea el matrimonio civil, quitando al primero toda eficacia en el orden temporal; este proceso de secularización estaba en pleno curso cuando se sanciona nuestro código. Velez Sarsfield adoptó los registros públicos que se crearan en las municipalidades (art. 80 C.C), en lo referente a la prueba del estado civil; pero en cambio en materia de matrimonio lo dejó bajo la jurisdicción de la iglesia, esto se debió al respeto de Velez Sarsfield por la religión y por las costumbres (así lo explicó en la nota del art. 167). A los 20 años de la sanción del Código civil se dio la institución del matrimonio civil. Derecho canónico:
el Código chileno redactado por bello y sancionado en 1855 tiene una belleza literaria, similar al francés; Velez Sarsfield compuso bajo su influencia 170 artículos. El Código de Luisiana del cual extrajo 52 artículos. El Código Ruso que fue mas bien una consolidación de leyes, de la que Velez Sarsfield extrajo 13 artículos para el Libro II. El Código de Estado de Nueva York que brindó 4 artículos. Otros códigos:
De Goyena del año 1851, cuando España pugnaba por lograr su codificación y entregar a Goyena el proyecto del Código Civil Español, consta de 3.000 artículos que siguen fielmente la línea del Código Francés. Velez Sarsfield extrae 300 artículos. De Acevedo, autor del proyecto del Código Civil Uruguayo de 1851, consta de 2.309 art. de los cuales Velez Sarfield extrajo 27 y aprovechó varias notas. Proyectos:
Método del código civil:
Velez Sarsfield admite la importancia del método y así lo dice en la nota de remisión de uno de los libros del código, donde expresa la dificultad que le trajo la búsqueda del mismo. Luego de considerar el método de las Institutas de Justiniano que siguió Bello, manifestó haber seguido el de la consolidación de las leyes de Freitas que reconoce su origen en Savigny. El código civil originariamente constaba de 4051 artículos. Luego de la ley 17711 tiene 4044 ya que derogo 20 y sanciono 13. El código se inicia con dos Rótulos Preliminares: el primero trata de las leyes y contiene la teoría general de la ley; el segundo se refiere al modo de contar los intervalos del Derecho; el rotulo con el cual finaliza el Código, que es un rotulo complementario se ocupa de disposiciones transitorias para resolver cuestiones suscitadas por la implementación de la nueva legislación. Consta de cuatro libros: Libro I: De las personas (30 al 494) Sección 1: de las personas en general Página 15 de 169
Sección 2: de la familia, denominado por Velez Sarsfield como de los derechos personales en la relación de familia. El Rotulo 1 del matrimonio fue derogado por ley 2393. Libro II: De los derechos personales en las relaciones civiles (495 al 2310) Sección 1: de las obligaciones en general. Sección 2: de los derechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones. Sección 3: de las obligaciones que nacen de los contratos (1137 al 2310) Libro III: De los derechos reales (2311 al 3261) Libro IV: De los derechos reales y personales (2312 al 4043) Titulo Preliminar: sin Transmisión de los Derechos en general (bastante criticado) Sección 1: de la transmisión de los derechos por la muerte de las personas a quienes corresponde (sucesiones mortis causa) Sección 2: concurrencia de los derechos reales y personales (privilegios y Derecho de Retención) Sección 3: de la adquisición y perdida de los derechos reales personales por el transcurso del tiempo (se trata de las prescripciones) Titulo Complementario: De la aplicación de las leyes civiles. Desde su sanción el Código Civil ha sido objeto de reformas parciales. En orden cronológico son: A) Ley de erratas: Fue ordenada por ley 527 y contiene una lista con 24 correcciones denominadas erratas y que se crean para adecuar la edición de Nueva York a la de Buenos Aires. Las correcciones fueran hechas por Victorino de la Plaza y el Dr. Prado, nombrados por el Poder Ejecutivo, quien en 1871 declaro oficial la edición de Buenos Aires, para después por ley 527 declarar oficial la edición de Nueva York con las 24 erratas (agosto de 1872). B) Ley 1196 (agosto de 1882): introdujo enmiendas de orden gramática y reformas de fondo en los artículos: 325: los hijos naturales tienen acción para pedir ser reconocidos por el padre o madre, o para que el juez los declare tales, cuando los padres negasen que son hijos suyos, admitiéndose en la investigación todas las pruebas que se admiten para probar los hechos y que concurran a demostrar la filiación maternal. No habiendo posesión de estado, este Derecho solo puede ser usado por los hijos durante la vida de sus padres. 356: en el caso de que el viudo o viuda sea llamado a la sucesión en concurrencia con descendientes, no tendrá el cónyuge sobreviviente, parte alguna en la división de los bienes que correspondiesen al cónyuge muerto, a rotulo de gananciales del matrimonio con el referido viudo o viuda. Principales reformas:
Principales reformas posteriores:
A) Ley 2393 de matrimonio civil (02 – 11 – 1888): Deroga artículos 159 a 239. Modifica art. 80 y del 339 al 344. Ampliada por ley 3989 del 3-6-1908 sobre celebración de matrimonio en territorios nacionales, que luego de la provincializacion de estos tal ley perdió interés. B) Ley 3861 (14 – 10 – 1899): Crea un privilegio en materia de seguros agrícolas. C) Ley 3942 (04 – 08 – 1901): Sobre seguros de vida. D) Ley 7092 (11 – 09 – 1910): Sobre la propiedad intelectual. Luego fue sustituida por la ley 11723 del 18-09-1933. Esta ultima ha sido modificada ampliando el derecho de autor hasta 50 años después del fallecimiento del titular. Página 16 de 169
E) Ley 9151 (27 – 09 – 1913): Modificatoria de los artículos 998, 1001, 1003 de Código Civil. F) Ley 9644 (03 – 09 – 1914): Sobre prendas agrarias. G) Ley 10284 (1917): Llamada del hogar. Sustituida por ley 14394 de 1951. H) Ley 10903 (29 – 09 – 1919): Sobre patronato de menores. Modificatoria de artículos 264 y del 306 al 310 del Código Civil. I) Ley 11077 (30 – 09 – 1920): Sobre extinción de las obligaciones del deudor por el concurso civil de los acreedores. I bis) Ley 11156 (19 – 09 – 1921): Sobre la locación. Modifica art. 1504, 1507, 1509, 1583, 1604 y 1610 del código civil. J) Ley 11357 (1926): Denominada de los derechos civiles de la mujer, altera sustancialmente el estado jurídico de la mujer casada. Ley 13252 (23 – 09 – 1948): Sobre adopción. K) Ley 13482 (14 – 10 – 1948): Sobre el Registro Nacional de las Personas. K bis) Ley 14005: Sobre ventas de lotes a plazos. L) Ley 14159 (14 – 10 – 1952): Sobre catastro. Modifica la adquisición de inmuebles de prescripción. M) Ley 14394 (30 – 12 – 1954): Modifica el régimen penal de los menores, la edad mínima para contraer matrimonio, de presunción de muerte, instituye el divorcio vincular por la lucha del gobierno por la iglesia, pero luego fue derogada por el gobierno que asume después de la revolución de 1955. N) Ley 15875 (14 – 09 – 1961): Sobre la eliminación de testigos en las escrituras publicas. O) Ley 16668 (30 – 06 – 1965): Extiende a la mujer la obligación del certificado medico prenupcial. P) Ley 17711 (22 – 04 – 1968): Abarca casi 200 artículos. Contiene la más importante reforma, supresión de todo rastro de incapacidad de la mujer casada, reduce la mayoría de edad a los 21 años, la posible habilitación de menores con 18 años, amplia la capacidad laboral y profesional a los 18 años, la inclusión de la lesión como causa de impugnación de contrato; según Llambias es una reforma parcial muy amplia que no esta seguro que halla sido conveniente. Q) Ley 17801 (28 – 06 – 1968): Complementaria del Código Civil, fija el régimen uniforme al que quedaran sujetos los registros de la propiedad inmueble existentes en la capital federal y en la provincia. Los cambios que se han producido desde la sanción del código sugieren la conveniencia de encarar la reforma integral del código de Velez Sarsfield y dotar al paso de un instrumento legal adaptado a las necesidades actuales y a la elaboración científica que la ciencia jurídica ha logrado, especialmente en el presente siglo. Los proyectos de la reforma integral:
Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla II. 1- Aplicación e interpretación de la ley. (concepto). Establecida la norma jurídica incumbe a todos los habitantes y en particular a los funcionarios públicos y jueces la obligación de aplicarla. Para la aplicación de la norma se exige una previa interpretación para determinar si el caso concreto que se examina debe incluirse o no en aquella. Ésta tarea es la función más alta Página 17 de 169
del juez y la ardua por las dificultades graves que se presentan al establecer el alcance del precepto jurídico, sobre todo cuando resulta obscuro o ambiguo. Interpretar es buscar el sentido y el valor de la norma para medir su extención precisa y apreciar su eficiencia, en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas aparentemente comprendidas en el ámbito de su vigencia. La aplicación de la norma requiere una labor intelectual mediante la cual se incluye un caso particular en una fórmula general, no es posible realizar tal aplicación sin la interpretación de la norma. Es erróneo afirmar que únicamente existen leyes claras u obscuras, ya que todas deben ser interpretadas. La labor del interprete conforma una actividad que no es arbitraria ya que aquel está sujeto al uso de varios medios a los que puede acudir, cuya armónica coordinación formula la teoría de la hermenéutica. Distintas clases de interpretación.
Es la realizada por el legislador para definir cual es el alcance y sentido de una norma precedente, su característica es que es obligatoria para él interprete como la ley misma, porque se basa en la autoridad del legislador. Para regir la actividad del interprete, el legislador al interpretar una ley y aclararla por medio de otra lo hace con entera libertad. II. Judicial. Es la que realizan los tribunales de justicia al aplicar las leyes, sólo resultan obligatorias para las partes interesadas del juicio (excepto en las sentencias plenarias) pero para las demás personas también ejercen influencia a causa de la tendencia de los tribunales a seguir los precedentes. III. Doctrinaria. Es la que emana de los autores de obras jurídicas, carece de obligatoriedad formal, pero ejerce gran influencia porque el acabado conocimiento de la norma llega a quienes han de hacer la aplicación de las leyes, por intermedio de la doctrina de los autores. Por eso se dice que la ley es lo que dicen los jueces que es, los jueces no suelen decir sino los que los doctrinarios han dicho. I.
Legislativa.
Entre la interpretación judicial y doctrinaria existe una diferencia de sensibilidad, los jueces pueden caer en un empirismo por estar tratando siempre con casos particulares, los juristas pueden pecar de racionalistas por apartarse un poco de la vida del hombre y sus fines, la verdadera interpretación es la que combina el respeto de los principios fundamentales con la exigencias vitales del hombre. Elementos de la interpretación.
Según De Ruggerio los elementos que constituyen el proceso interpretativo son cuatro: 1) Elemento Gramatical: es el que hace referencia al art. 16 C.C. al indicar “las palabras de la ley” como el primer modo de aproximación al conocimiento de la norma. Se dirige a indagar la significación de las palabras que viene formulando el precepto. Es así, que cuando una palabra tenga diversas significaciones habrá que asignarle la más apropiada para que no se desconecte de las demás. Generalmente la palabra tiene un sentido técnico diverso del vulgar, y es por regla general que se refiere al primero ya que se presume que el legislador se expresa en términos técnicos. Página 18 de 169
Es así, que cuando el C.C. hace referencia al régimen de las cosas muebles no se refiere a las cosas que componen una casa sino a las que se pueden trasladar de un lugar a otro. 2) Elemento Lógico: cuando el elemento gramatical es insuficiente se acude a la investigación lógica de la norma que intenta la reconstrucción del pensamiento del legislador, indagando los fines a que tiende y la ocasión en que se dictó la norma, alcanzándose el espíritu de la ley, a este es al que se refiere en segundo término el art. 16 C.C. este proceso lógico tiende a reconstruir el pensamiento y la voluntad del legislador que según la escuela clásica francesa, es la voluntad y el pensamiento del autor de la norma. Por ello el interprete debe investigar las fuentes legislativas, discusiones parlamentarias, etc. En suma el elemento lógico que indaga el espíritu de la norma que se interpreta, se define, por el fin social al cual queda destinado el sentido de la norma. 3) Elemento Histórico: contribuye al adecuando significado de la norma. Para ello se debe acudir a la historia de las instituciones, a los precedentes inmediatos y más próximos, a los mediatos y remotos. Es aquí que se manifiesta en todo su valor el método de Savigny o de la escuela histórica. 4) Elemento Sociológico: proviene de los datos sociales. Como la vida social se transforma constantemente, en la interpretación hay que tener en cuenta todos los factores sociales. 2- Escuelas de interpretación tradicionales. Escuela de la Exégesis. Agrupó en el
siglo XIX a los principales civilistas franceses, ejerciendo en todo el mundo un dominio incrontrastable. Su doctrina se caracterizaba por cuatro rasgos distintivos: El culto al texto de la ley o fetichismo de la ley escrita: es el aspecto fundamental de esta escuela. La preocupación del jurista debe ser el derecho positivo que se identifica con la ley escrita. El estudio del derecho debe partir de los textos del respectivo código y situarse en el campo de acción del mismo. Pues como ha dicho Laurent “los códigos no dejan nada librado al interprete, el derecho está hecho, no existe incertidumbre”, o como decía Bugnet “no conozco el derecho civil, sólo enseño el Código de Napoleon. La sumisión a la intención del legislador: suele suceder que los textos no hablan por si mismos y que sean susceptibles de dos o más sentidos. La exégesis no tolera libertad en el interprete, para ella un texto vale únicamente por la intención del legislador. 1) El carácter estatista: esta escuela tiene un carácter extremadamente estatista. Se coloca por la vía del culto extremo a la intención del legislador, el derecho no es sino lo que el Estado quiere que sea. Algunos autores proclamaban la infalibilidad del legislador diciendo que no había nada sobrante en la ley, y que no debía excluirse con el pretexto de no estar de acuerdo con la equidad natural. 2) La supremacía del argumento de autoridad: esta fue una de las escuelas que tuvo mayor respeto por los precedentes y por los jurisconsultos prestigiosos. Ésta entregada en algunos maestros, no fue lo mejor para ésta escuela, ya que contribuyó a estacionar su doctrina. Página 19 de 169
Los métodos utilizados por ésta escuela fueron tres: 1) Método Exegetico Puro: reduce la exposición y elaboración del derecho, con ello en realidad no se hace ciencia sino más bien glosa. 2) Método Dogmático: considera que el material de la ciencia jurídica está dado por los redactores del código exclusivamente. De modo que el jurisconsulto queda limitado en sus investigaciones y obligado a situarse en el conjunto de las reglas dictadas. Los autores siguen fieles a la intención del legislador, estudiando el material legislativo según sea establecido por un tratamiento científico que les permita crear principios no expresados de manera taxativa por el legislador. Así por un procedimiento inductivo se remontan de las soluciones particulares al principio general que las explica, obteniendo así otras aplicaciones particulares que son las construcciones jurídicas (teoría del patrimonio o teoría del acto jurídico) 3) Método Ecléctico: es seguido por aquellos que exponen al derecho según el orden de los libros, secciones, títulos y capítulos del código, alterando el orden de los artículos incluidos por el método dogmático. Escuelas modernas.
Escuela histórica. Tiene dos ideas
fundamentales:
1º) La ley como fuente principal del derecho, es la base de todo sistema jurídico. La ley tiene una doble función: adaptarse a las exigencias del momento de su sanción, respondiendo a las necesidades que la han hecho nacer y adaptarse a las exigencias del porvenir. 2º) La ley para cumplir su función, debe ser interpretada con un método científico y los textos deben ser tomados como expresión o revelación de las necesidades sociales que han dado lugar a su sanción; y al transformarse las necesidades sociales también surgen nuevos sistemas jurídicos, es por ello que se le denomina “método histórico” ya que los textos siguen la evolución de las necesidades sociales y económicas. Sistema de Geny o método de la libre investigación científica. Pertenece a la escuela científica
y tiene dos ideas fundamentales: 1º) La fuente principal del derecho es la ley: las bases de la interpretación y aplicación son: a) la ley escrita debe ser considerada como un acto de la voluntad humana y responde a un cierto orden de ideas y necesidades que la han hecho surgir; b) para determinar su contenido y por lo tanto aplicarla se debe indagar el sentido y alcance de la voluntad del legislador; c) desaparecidas las condiciones y necesidades previstas por aquel, la ley debe ser aplicable y dar lugar a otras fuentes. 2º) A falta de ley escrita, se debe recurrir a otras fuentes: a) costumbre; b) autoridad (doctrina y jurisprudencia moderna); c) tradición (doctrina y jurisprudencia antigua); d) naturaleza de las cosas; e) etc. Escuela del derecho libre. Procura la emancipación del juez respecto de la norma legal, es
un
movimiento de reacción contra le escuela clásica. Se caracteriza por: 1º) Rechazo de la suficiencia absoluta de la ley y de la interpretación jurídica elaborada sobre esta base. Página 20 de 169
2º) Las amplias atribuciones que le otorga al juez, a quien asigna funciones de legislador o de autoridad administrativa. Teoría de la hermenéutica. Se denomina así al conjunto de principios que debe tomar
en cuenta el interprete para una adecuada interpretación de la norma jurídica. Si bien esos principios aluden a la ley, también valen para las restantes fuentes formales del derecho. Una cuestión previa es conocer la fuente de la teoría de la hermenéutica y si los principios de tal teoría pueden ser establecidos imperativamente por el legislador. Esta teoría se elabora por la doctrina y la jurisprudencia a la que corresponde elaborar el derecho y promover su desarrollo. En suma la teoría de la hermenéutica es la expresión de la ciencia jurídica que debe ser respetada por su conformidad con los principios científicos y no por su articulación en un texto legal. Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley se atenderá a los principios de leyes análogas, y si aún la cuestión fuere dudosa se resolverá por los principios generales del derecho teniendo en consideración los circunstancias del caso. Las reglas de interpretación y aplicación de la ley establecidas por el método tradicional están consagradas en este artículo. El principio de analogía constituye un procedimiento interpretativo al que se recurre cuando no se halla una norma aplicable al caso. La analogía consiste en buscar las condiciones del mismo principio en otras hipótesis a las que se lo aplica por vía deductiva. Lo esencial para el funcionamiento de la analogía consiste en que el caso no normado tenga elementos comunes al previsto por la norma. La jurisprudencia en distintos casos ha aplicado la analogía para resolver lo concerniente a la tenencia de los hijos de matrimonios separados. Los principios generales del derecho: en caso de falta de norma jurídica positiva el interprete debe acudir a las fuentes reales del derecho, es decir, a los principios generales a los que hace referencia el art. 16. Para una primera tendencia sería los principios fundamentales de la legislación positiva. Por otra parte según Borda no se avanza nada sobre el espíritu de la ley al que hace alusión el art. 16, ya que le parece que al sentar el codificador la doctrina de consulta a los principios generales del derecho ha querido dar una solución para todo caso que no encontrase respuesta en la ley. Otros consideran que se trataría de principios superiores de justicia, radicados fuera del derecho positivo (derecho natural). Para Velez la aplicación del derecho natural se hará considerando las circunstancias del caso. Reglas de código (art. 16).
3- Efectos de la ley. a)
b)
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Respecto de las personas: art.1- las leyes son obligatorias para todos los que habitan el
territorio de la república, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes. Con respecto al tiempo: son tres las cuestiones involucradas en este tema: desde cuando rige la ley, hasta cuando rige la ley, y como afecta la ley a las situaciones existentes al tiempo de su sanción. Vigencia de la ley: efectuada su publicación entra en vigor a partir de la fecha que determine su texto. Art. 2 C.C. reformado por ley 16504: “las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determine, sino determinan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”. En los proyectos de reforma Página 21 de 169
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se adoptó el sistema de uniformidad considerando a todo el país como un solo distrito, de manera que la ley entre en vigor simultáneamente en todo el territorio. Derogación de la ley: en principio las leyes se sancionan para regir indefinidamente, pero se pueden derogar en forma parcial o total. La derogación es expresa cuando una nueva ley dispone de manera expresa la cesación de la anterior. Es tácita cuando resulta de la incompatibilidad existente entre la nueva ley y la anterior, esta incompatibilidad debe ser absoluta. Caducidad de la ley: independientemente de su derogación por la sanción de una nueva ley, puede extinguirse la fuerza de una ley sea, por una costumbre contraria a la ley o por haberse dado un cambio radical de las circunstancias tenidas en cuanta por el legislador. En el 1º caso se deroga una norma legal por una consuetudinaria ulterior. En el 2º caso la caducidad está impuesta por los modernos principios de interpretación jurídica.
Aplicación inmediata, retroactiva y diferida.
Art. 3.según ley 17711: “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”. El nuevo texto afirma rotundamente la irretroactividad de la ley al expresar que ella “no tiene efecto retroactivo”. Pero al hacer esta afirmación indica la salvedad de la disposición en contrario, con la cual aclara que este principio, no obliga al legislador sino al interprete, pues siempre puede el Poder Legislativo dictar normas retroactivas, en tanto no halla ocurrido el consumo jurídico. Afirma también este articulo que la retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Es una prevención innecesaria, porque el legislador carece de atribuciones constitucionales para desconocer los derechos garantidos por la CN. Así, si llegara a dictarse una ley retroactiva o irretroactiva, que lesionara tales derechos seria declarada inconstitucional por el PJ. Conceptos: Relación jurídica: Es la vinculación entre personas autorizada por el derecho, que les impone un cierto comportamiento de carácter peculiar, particular y esencialmente variable (ej: la obligación nacida de un contrato). Situación Jurídica: Es un modo permanente y objetivo de estar alguien con respecto a otro, que habilita a aquel o titular para el ejercicio indefinido de poderes o prerrogativas mientras tal situación subsista. Las consecuencias son las derivaciones de hecho que reconocen su causa eficiente en tal relación o situación jurídica. Fundamentos del Principio de irretroactividad: A) El legislador es dueño de sujetar a un cierto comportamiento la conducta presente o futura de los hombres, pero no es dueño de cambiar lo pasado, que ocurrió de conformidad al régimen legal imperante. B) Si no obstante el legislador se arrogara al poder de gobernar el pasado, o modificar lo ya acontecido que era legitimo, por ser conforme a derecho se caería en la más horrible inseguridad jurídica. En este sentido este principio protege la pacifica subsistencia de la sociedad humana. Página 22 de 169
Vinculación del principio con la Garantía Constitucional de la propiedad: Este principio pasa a ser una exigencia constitucional entre dos hipótesis: A) Cuando la aplicación retroactiva de la ley redundara en menoscabo de la propiedad particular que esta protegida por el art. 17 CN. B) Cuando se tratara de leyes penales, no pueden tener aplicación retroactiva por el art. 18 CN. Criterios para determinar cuando una ley es retroactiva: Podemos adoptar tres variantes: 1) Postura de Velez: Para el una ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiridos y no lo es cuando priva al sujeto de derechos en expectativas o de meras facultades. 2) Posturas modernas: a) Savigny sostiene que hay dos categorías de leyes: las referentes a la adquisición de derecho, que no deben ser retroactivas y las leyes que conciernen a la existencia o inexistencia de una institución jurídica. b) Tesis de los hechos cumplidos: La nueva ley no puede regir los hechos cumplidos con anterioridad a su sanción. Si el hecho estaba en transe de realización no concluido cae bajo la nueva ley. Las dudas se aparecen cuando ya no se trata de apreciar el hecho en si mismo sino sus consecuencias. Para Planiol las consecuencias anteriores se rigen por la ley anterior y las nuevas por la ley nueva. c) Llambias: El principio de irretroactividad solo importa una directiva para los jueces, de ahí la necesidad de entrar en el examen del mismo para saber cuando poder ellos aplicar una nueva ley a hechos acontecidos después pero originados antes, sin incurrir en aplicación retroactiva de la norma, lo que le esta vedado. De ahí también la necesidad de conocer los limites de aquel principio es decir, cuando cesa la virtualidad de su directiva. Hay que resolver dos cuestiones: - Consumo jurídico: Los hechos pasados que han agotado la vitalidad que les es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley y si se los afectara se incurriría en retroactividad. - Limites del Principio de irretroactividad: Ha de resolverse en pura teoría por la aplicación de los criterios clásicos. 3) Postura adoptada por la ley 17711: Es lo expresado en el art. 3. Nos falta aplicar de este articulo su ultima parte “...a los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias”, significa que algunas leyes continúan rigiendo después de haber sido derogadas, es un caso en que la vigencia de la ley se prolonga mas allá de su vida. Este tiene sus desventajas: A) Desemboca en una dualidad de régimen, así los contenidos anteriores al 1 – 7- 68 se rigen por el código del Velez Sarsfield y los posteriores por el nuevo articulo. B) Trae como consecuencia inseguridad, la noción de las leyes imperativas y supletorias no es suficiente para discriminar si son o no retroactivas. Por todo eso hubiera sido preferible al efecto inmediato de la ley nueva, y no da lugar a esto lo que se denomina efecto diferido de dicha ley, cuya vigencia resulta postergada por la prolongación de la eficacia de una ley derogada. Tiene ese efecto la nueva dispersión de los artículos 509 y 1204. c) En cuanto al territorio: El problema que acá se presenta es cuando los elementos de la relación jurídica no están comprendidos en igual jurisdicción estatal. Se plantea la cuestión de saber cual es la norma que habrá de regir el caso, si será del tribunal ante el cual se someta la controversia, o si será la ley extranjera en cuyo ámbito tiene sede tal o cual elemento de la relación jurídica. Página 23 de 169
Este es el problema de los efectos de la ley con relación al territorio que encara los casos de posible colisión de dos o más leyes en un mismo territorio en función de la relación jurídica de que se trate. Así, si se discute acerca de un contrato celebrado en el extranjero para tener cumplimiento en nuestro país, deberán considerarse varios problemas, a saber: cual es la ley que rige la forma de derecho y de hecho de los contratantes, cual es la ley que rige la forma del acto, cual es la que rige la prueba del mismo y cual la que establece la validez del contrato atendiendo al contenido u objeto del mismo. De la determinación de la ley aplicable se ocupa el derecho internacional privado, disciplina que tiene autonomía científica y se estudia en la facultad de derecho. Pero como los principios de ese derecho están sustancialmente contenidos en el código civil, de ahí el estudio sumario que se hace de los mismos en los cursos de derecho civil. Concepto de territorio: El territorio de nuestro país a los efectos de la aplicación de las leyes argentinas esta integrado por los siguientes lugares: 1) El suelo, comprendido dentro de los limites, y todo lo que este debajo en cualquier profundidad en línea perpendicular. 2) El espacio aéreo, sobre el suelo nacional. 3) El mar territorial, que es el que baña las costas hasta 200 millas marinas medidas desde la línea más baja de marea. 4) Los ríos limítrofes hasta la línea del cauce mas profundo. 5) Los golfos, bahías o ensenadas aunque no queden totalmente cubiertos por el mar territorial. 6) Las embajadas y delegaciones del país en el extranjero. 7) Los barcos y aeronaves de guerra, donde se encuentren. 8) Los barcos y aeronaves mercantes, de bandera argentina, cuando están en altamar. Cuando entran en aguas territoriales caen bajo jurisdicción. Determinación de la ley aplicable: A lo largo de la historia este problema tuvo distintas soluciones: 1) Sistema de la personalidad de la ley: Edad antigua: La ley se aplicaba personalmente, es decir a los súbditos del soberano que dictaba la ley. Por ejemplo, en roma el derecho civil era el derecho propio de los ciudadanos romanos y alcanzaba a estos en donde estos estuvieran, ese estado de cosas perduro aun después de la invasión de los bárbaros, pues estos también se sujetaban al principio de la personalidad de la ley. Luego del establecimiento de los bárbaros en el imperio romano y la formación de diversas monarquías germánicas, convivieron en carácter de legislación del país leyes romano germánicas. 2) Sistema de la territorialidad de la ley: edad media: Surge con el régimen feudal, consiste en la aplicación, dictada por el soberano, a todos sus súbditos o habitantes del país, sin discriminación de nacionalidades. 3) Sistema de los estatutos: alta edad media: La situación precedente daba lugar a grandes dificultades, porque una misma persona, que ejercía sus actividades en dos o más países, lo que era mas o menos frecuente por la escasa extensión de ciertos estados. Para resolver esto los posglosadores italianos crearon la teoría de los estatutos que distinguían los estatutos personales que se aplicaban a la relación jurídica en la cual la persona aparecía como factor primordial, por ejemplo si se trataba de apreciar la capacidad del sujeto para realizar un acto; y los estatutos reales que se aplicaban a relaciones donde las cosas eran el factor primordial. Así cuando se trataba de apreciar el modo de enajenación de una cosa se aplicaba el estatuto real. Por regla general se aplicaba el derecho romano y como excepción Página 24 de 169
los estatutos personales, según actuaran personas extranjeras o el objeto de la relación lo fuera. Esto se hacia por cortesía y era reciproco. 4) Sistema de la comunidad de derecho: Savigny: Sostiene que las naciones que forman parte de la misma cultura, participan de una comunidad de derecho. Cuando se aplica una ley extranjera, no es por cortesía sino porque el respeto del derecho así lo impone (además porque esta ley esta respaldada por razones científicas). La ley es extraterritorial porque ha de elegirse lo que corresponda a cada relación jurídica, según su naturaleza, independientemente de que sea la ley nacional del país donde deba hacerse aplicación de ella. Las excepciones que encuentra esta teoría son en cuestión del orden publico donde no acepta sino su propia legislación. 5) Teoría de la nacionalidad: siglo XIX: En Italia se difundió esta teoría de Maucini, la cual sostiene como criterio para determinar que ley es aplicable, la nacionalidad de las personas que forman la relación jurídica. Para esta tesis la nación, es la verdadera unidad social y no el estado que es una forma política y artificial, por eso el individuo esta sujeto a la ley de su nación. Esta teoría no tuvo mucha repercusión porque esta en contra del estado y porque en nuestro país, con gran cantidad de inmigrantes, esta teoría crearía una legislación mosaico debido a la gran cantidad de legislaciones extranjeras. Aplicación en nuestro país: Las leyes son el principio de aplicación territorial. Así surge del art. 1 CC. Hay excepciones que marca la misma ley expresamente en las cuales la ley se aplica extraordinariamente, es decir jueces argentinos aplican una ley extranjera. El art. 14 dice que las leyes extranjeras no serán aplicables: 1) Cuando su aplicación se oponga al derecho publico o al criminal de la república o a la religión del estado o a la tolerancia de cultos o a la moral y buenas costumbres. 2) Cuando su aplicación sea incompatible con el espíritu de la legislación de este código. 3) Cuando fueran de mero privilegio. 4) Cuando las leyes de este código, en colisión con las leyes extranjeras, fueran más favorables a la validez de los actos. Salvat sostiene que esta enumeración no es limitada ya que si el juez advierte que una ley extranjera pudiera perjudicar nuestras instituciones la dejara de lado y aplicara leyes nacionales, se cuadre o no el caso en algún inciso del art. 14. Cuando la ley territorial, así lo dispone, cesa la aplicabilidad de esta para hacer lugar a la aplicación de la ley extranjera, la enunciación de la situación en la que la ley territorial cede a la aplicación de la ley extranjera, integra el contenido del derecho internacional privado, esos casos están enunciados en nuestro código civil, en el art. 6: “La capacidad o la incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la república sea nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de este código, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en país extranjero”. Art. 7: “La incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la república será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la república”. Significa que para determinar la capacidad de hecho de una persona, se aplica la ley del lugar de domicilio, sin importar otro factor nacional. Borda dice: El sistema de domicilio para determinar que ley aplicar es una innovación de Velez Sarsfield que permitió la asimilación de los inmigrantes a nuestro derecho, ya que si se aplicaban las leyes de su país de origen se hubiera debilitado nuestra unidad. Si bien el art. no declara que esa capacidad de hecho es indudable, ya que en materia de capacidad de derecho se rige por el principio de territorialidad de la ley. Página 25 de 169
Art. 8: “Los contratos son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado”. Art. 10: “Los bienes inmuebles situados en la república son regidos por las leyes del país”. El titulo de una propiedad puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la república. En cuanto a las cosas situadas en el extranjero el código no determina nada, pero la doctrina conforme al derecho internacional privado sostiene que habría que aplicar el derecho vigente en el lugar de situación de la cosa. Art. 11: “Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se conservan sin intención de transportarlos son regidos por las leyes del lugar donde están situados, pero los muebles que el propietario lleva consigo, o que son de su uso personal, están o no en su domicilio, o los que tiene para ser vendidos o transportarlos, son regidos por las leyes del domicilio del dueño”. Art. 12: “Las reformas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento publico son regidas por la ley del país donde se hallan otorgado”. Este articulo acepta el principio del derecho privado, por el cual la forma de los actos jurídicos queda sujeta a las prescripciones del lugar donde se realizan. Art. 3283: “Las sucesiones son regidas por ley del ultimo domicilio del causante cualquiera sea la nacionalidad del domicilio de los herederos o del lugar de situación de los bienes”. Fuera de la capacidad, los demás atributos de la personalidad, se rigen también por la ley de su domicilio. Esto no esta expresamente determinado por el código pero no se dudad de su exactitud. Acerca de la aplicación de la ley extranjera, el art. 13 dice que la aplicación de esta en los casos en que el código lo autorice, nunca tendrá lugar sino a solicitud de la parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dicha ley. d)
Respecto de la voluntad individual: Las leyes se clasifican en:
Son las leyes que prevalecen sobre cualquier acuerdo de voluntades de las personas sujetas a ellas, deben cumplirse aun cuando ambas partes prefieran no hacerlo. En algunos casos asumen forma de mandatos o de prohibiciones. Supletorias: Son aquellas que pueden ser modificadas o derogadas por las partes bajo un acuerdo común. Son numerosas en materia de contratos. Solo tienen validez en el caso en que las partes no hallan dispuesto nada sobre ciertas consecuencias que no hallan previsto, de ahí que se llaman supletorias. También son denominadas interpretativas porque el legislador procura interpretar lo que hubieran establecido los contratantes. Si de ello no están de acuerdo, pueden dejarlo sin efecto disponiendo otra cosa. Si bien son numerosas, se acentúa el intervencionismo estatal en esferas antes libradas a la voluntad de las partes. Si el legislador no expresa el carácter de la norma, si es imperativa o supletoria, el interprete debe tener en cuenta la finalidad y contenido de la misma; el art. 21 sostiene: “Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes cuya observancia están interesadas al orden publico y buenas costumbres”. Art. 19: “Para renunciarse a los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés individual y que no este prohibida su renuncia, si la norma se ha establecido en atención a intereses de las partes , solo se ha querido reglar relaciones particulares, serán consideradas supletorias. Imperativas:
4- Orden Público. Se denomina orden público al conjunto de principio eminentemente religiosos, morales, políticos, económicos, a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organización Página 26 de 169
social establecida. Alude a una categoría o clase de disposiciones de interés fundamental para el pueblo, para la nación, para la sociedad entera. Fuentes del orden público: denominadas leyes de orden público son: a) Las que constituyen el derecho público de un país o constituciones políticas. b) Las que organizan las instituciones fundamentales al derecho privado que conciernen: 1) A la personalidad (nombre, estado, domicilio, etc) 2) A la familia (matrimonio, parentesco, patria potestad, tutela, curatela), 3) A la herencia (orden sucesorio, libertad de testar, legitimar, etc). 4) Al régimen de los bienes (dominio, condominio, usufructo, uso, servidumbre, etc). c) Aquellos cuya observancia interesa al mantenimiento de la moral y las buenas costumbres. Es difícil formular una definición de orden público ya que son varias las opiniones vertidas por diferentes autores. Salvat: la noción de orden público resulta de un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos , a los cuales una sociedad considera estrictamente vinculados a la existencia y la conservación de organización social establecida. Por ejemplo la separación de los distintos poderes que ejerce el gobierno, la libertad individual, la propiedad, etc. Arauz Castex: la noción de orden público no tiene n contenido concreto y contante, no hay leyes de orden público por si mismas. Lo que cuadra es hacer una estimación o balance, en términos de justicia, controlando el contrato, el derecho adquirido o la conducta basada en el extranjero con la ley para apreciar cual es el factor cuya aplicación arroja un resultado más valioso (más justo). Borda: en torna a este problema este autor ha asumido una posición muy particular. La noción clásica del orden público es fundamentalmente equivoca: una cuestión es de orden público cuando responde a un interés general (colectivo), por oposición a las cuestiones de derecho privado, en la que sólo juega un interés particular. Toda ley imperativa es de orden público. En conclusión las leyes imperativas y leyes de orden público, son conceptos sinónimos. Llambias: orden público es el conjunto de principios fundamentales en que se cimienta la organización social. La dificultad proviene de la misma materia del orden público que obsta a la elaboración de un concepto preciso y definido del mismo, pero no impide su existencia en cada Estado o país como ese núcleo de principios fundamentales de la organización social. Importancia práctica: desde el punto de vista práctico tiene una gran importancia por su incidencia respecto del funcionamiento de la autonomía de la voluntad de los particulares y de la aplicabilidad extraterritorial de la ley extrajera. Orden público y leyes extranjeras: el art. 14 indica cuales son los casos y situaciones en que está prohibido la aplicación extraterritorial de la ley, por ejemplo cuando se oponga al derecho público criminal, o a la moral y buenas costumbres, o a la religión católica, o que fuera incompatible con la legislación del C.C., etc. Estos casos son aplicaciones del principio del orden público, toda vez que la ley extranjera lesione una institución fundamental de la organización social, como por ejemplo la familia, es inaplicable aunque no está encuadrado en el art. 14. Orden público y retroactividad de la ley: el art. 5, derogado por ley 17711, decía: “ninguna persona pude tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público”, es decir, afirmaba una excepción al principio de irretroactividad. Sin embargo, la Suprema Corte fiel a sus principios de que las leyes no pueden afectar derechos adquiridos de orden Página 27 de 169
patrimonial, ha declarado que ni siquiera las leyes de orden público pueden lesionarlos ya que están amparados por el art. 17 de la C.N. La ley 17711 modifica el art. 3 y sostiene que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. Es decir que una ley por ser de orden público no es retroactiva a menos que lo disponga expresamente. 5- Modos de contar los intervalos del derecho. Todas las acciones humanas están encuadradas en el tiempo, es por ello que el C.C. fija ciertas normas referentes al transcurso de los plazos (art. 23 al 29). Según el art. 29 las disposiciones de los art. anteriores serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, por los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o esos actos no se disponga de otro modo. Esto significa que tienen un carácter meramente supletorio, es decir, que los particulares pueden dejar de lado esas prescripciones, estableciendo que el plazo dado al deudor se contara por el calendario juliano y no por el adoptado por el codificador. Calendario gregoriano: el art. 23 establece para el computa de los plazos el calendario gregoriano (Gregorio XIII, 1582). El calendario juliano (implantado por julio cesar) asignaba al año una duración de 365 días y seis horas, que cada cuatro años formaban un día en el año bisiesto, pero la duración del año solar por los equinoccios se fue corriendo hasta llegar a la diferencia de diez días, por ello el Papa Gregorio determinó que los años de fin de siglo perdieran su carácter normal de bisiestos, salvo que tuvieran una cifra (sin contar los ceros) divisible por cuatro. Por la aplicación de esta reforma se logró una aproximación del calendario civil con el calendario solar. En la actualidad todos los países excepto Rusia se rigen por este calendario. Plazos de días: art. 24: “el día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche; y los plazos de días no se contarán de momento a momento ni por horas, sino desde la media noche en que termina el día de su fecha”. Ej: si se constituye una obligación a diez días el 15 del enero, el primer días del plazo es el 16 y el último el 25 a las 14 horas. Plazos de meses y años: art. 25: “los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así un plazo que principie el 15 de n mes, terminará el 15 del mes correspondiente cualquiera sea el número de días que tengan los meses o años”. Art. 26: “si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos meses exceda el segundo, el último día del plazo será el último día de ese segundo mes”. Ej: una obligación constituido el 31 de octubre, con plazo de cuatro meses vence el 28 o 29 de febrero según el caso. Continuidad de los plazos: art. 27: “todos los plazos sabrán continuos y completos debiendo siempre continuar en la medianoche del último día; y así los actos que deban ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo”. Esta regla sienta un principio general, sin perjuicio de las modificaciones del mismo que pueden establecer otras disposiciones legales con respecto de instituciones particulares. Feriados: en un principio los feriados integran los días del plazo que se completan en forma corrida, salvo que se exprese lo contrario. Esto la determina el art. 28. Página 28 de 169
Plazos de horas: como el Código no prevée que el plazo pueda ser por horas se ha dado una solución a este posible problema: a) cuando el lapsus de horas no corresponde a días completos habrá que entender que las partes han querido que el plazo venciera con la última hora del plazo, sin esperar a la hora 24 del día del vencimiento. Autor: Roman Derecho Civil I Bolilla 3. 1- Personas: concepto. Según el artículo 30 del Código Civil, “son personas todos aquellos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones”. Especies: - personas de existencia visible (art. 51)
- personas de existencia ideal o personas jurídicas (art. 32)
2- Personas de existencia visible. “ todos los entes que presenten signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible ” (art. 51). Comienzo: en nuestro derecho se reconoce la existencia de la personalidad humana desde la concepción del ser en el claustro (art. 70). Diversos criterios. •
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Velez: adapta el derecho a la
realidad biológica. Pues desde que ha comenzado a existir el nuevo ser, por la fecundación del óvulo materno, es innegable que se está en presencia de un individuo de la especie humana que existe antes del nacimiento. Freitas: se adapta el sistema de derecho romano. Considera la existencia de la persona desde el día de su nacimiento. Velez acepta este punto de vista y adelanta el momento inicial de la vida humana hasta cubrir el período de la concepción Orgaz: este autor alude al hombre después del nacimiento, es decir, cuando ha adquirido vida individual y autónoma. Orgaz entiende que el sujeto debe ser autónomo de otro cualquiera. “es indudable que la vida humana comienza con la concepción, pero otra cosa es establecer desde cuando existe persona humana: desde la concepción hay “vida” humana, pero sólo desde el nacimiento hay “persona”. Legislación comparada: el derecho extranjero ha seguido fiel a las tradiciones romanas y continúa considerando que el comienzo de la personalidad humana tiene lugar en el momento del nacimiento.
“son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno” (art. 63). Personas por nacer.
Condición jurídica.
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Personalidad: el concebido es persona para el derecho, pero
esto es “subconditione”, es decir, que la personalidad pues está subordinada al acontecimiento de que nazca o no con vida. Capacidad de hecho: es persona absolutamente incapaz, ya que no puede celebrar por sí mismo acto alguno. Su representante es quien ejerce sus derechos. Capacidad de derecho: es persona de capacidad restringida. En principio goza de amplia capacidad para adquirir bienes pero no para obligarse.
Es el hecho biológico de la formación de un nuevo ser en el seno materno. Marca el momento inicial de la vida humana y así mismo de reconocimiento de la personalidad jurídica del nuevo ser. La importancia de ésta determinación, es fundamental para establecer la suerte de los derechos que pudiera haber adquirido el concebido y para fijar el estado de familia de éste. Los derechos adquiridos por la persona por nacer quedarían desvanecidos si en función de la fecha de nacimiento de ésa persona se llegara a establecer que la transmisión de los derechos se produjo antes del momento de la concepción Con respecto a la situación familiar, si el período de la concepción es antes de la celebración del matrimonio o después de su disolución, el hijo no será tenido como legítimo. Para establecer en el tiempo el momento de la concepción, la ley aplica nociones de fecha entre un máximo (10 meses o 300 días) y un mínimo (6 meses o 180 días) de duración del embarazo, esto lo determina el Código Civil en sus artículos 76 y 77. Concepción.
es el estado biológico de la mujer que ha concebido, mientras dura el período de gestación. Es importante para el derecho saber quien esta en ese estado por la incidencia que puede tener en las relaciones jurídicas. La prueba del embarazo se establece por la simple denuncia de ese estado por cualquier persona interesada (art. 65). Las partes interesadas se enumeran en el art. 66. Embarazo:
En torna a la verificación de embarazo y del parto suelen entrar en conflicto la madre del concebido con los parientes del padre, especialmente si éste ha fallecido, pues la presencia del concebido puede alterar el orden sucesorio: la esposa del causante no excluye de la herencia a los padres de éste, pero sí lo hace el hijo concebido. La herencia se reparte en partes iguales entre el concebido y su madre (art. 3565, 3567, 3571). Así, si la mujer embarazada no estaba casada con el causante, la existencia del hijo concebido provoca alteraciones en la distribución de la herencia, por lo cual el hijo extramatrimonial, junto con los ascendientes legítimos tomarán la mitad de la herencia. En estas situaciones pueden ocurrir diversos fraudes: Supresión del parto: muerte del niño en el acto del nacimiento. Ocultación del parto: desaparición de la criatura luego de nacida. Suposición del parto: luego de fingir el embarazo se finge el parto aparentando haber dado a luz a una criatura extraña a la mujer. Sustitución del parto: cuando la mujer sustituye al hijo propio nacido muerto por otro vivo ajeno a ella. Para prevenir éstos fraudes es necesario adoptar medidas de seguridad para la comprobación de la efectividad del embarazo y del parto. En ningún caso se admiten medidas judiciales tendientes a la verificación del embarazo o del parto (art. 78). Sólo para el parto se admiten medidas policiales (art. 67). Al respecto es claro el art. 65 que indica que el embarazo puede ser declarado por cualquiera de las partes Medidas de seguridad autorizadas.
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interesadas. Sólo se permiten medidas policiales si hay peligro de la comisión de algún delito, por lo que estas estarán encaminadas a prevenir tal delito p procurar su castigo. Es, en sentido directo, salir del vientre materno, el nacimiento habrá quedado consumado cuando el concebido halla sido sacado del claustro materno y quede separado de la madre. La ley no distingue si el nacimiento ha sido espontáneo o por operación quirúrgica (art. 71). Nacimiento.
las relaciones jurídicas, ya que aniquila retroactivamente la personalidad del concebido y desvanece los derechos constituidos en cabeza suya. (“Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieran existido”). Art. 74. Nacimiento con vida: tiene interés jurídico ya que desaparece el peligro el peligro que amenazaba los derechos de la persona por nacer, los cuales resultan consolidados por ese hecho. Presunción de vida: “en caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron vivos, incumbiendo la prueba que alegare lo contrario” (art. 75). Prueba sobre la muerte: a quien pretenda desvirtuar la presunción de la vida sentada por el art. 75, le incumbe acreditar que la criatura nació muerta. En la actualidad hay medios certeros para establecer éste hecho, pues si el tejido pulmonar no flotaba en el agua es porque nunca alcanzó a respirar, e indirectamente con ello se prueba que no nació vivo. Inversamente si el tejido pulmonar sobrenada, es porque la criatura ha respirado con lo que se configura la presunción de vida sentada por la ley. Por ésta prueba se deja sin efecto lo que dice el art. 73. •
Nacimiento sin vida: hay una mayor influencia en
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(reconocer la personalidad al recién nacido). Algunas legislaciones extranjeras subordinan la concreción de la personalidad, a la aptitud que tenga el recién nacido para prolongar la vida, ya que se considera inútil conceder tal investidura a quienes están destinados a morir. Mientras que las legislaciones modernas han dejado de lado el requisito de la viabilidad para prolongar la vida, caso de los códigos alemán, suizo, brasileño, etc. Nuestro código sigue a Freitas como la expone el art. 72 “Tampoco importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla, o que mueran después de nacer...”. Los argumentos sustentados por el codificador en su nota al art. 72 son verdaderamente ilevantables; en 1º lugar porque al fundar la capacidad de derecho en la viabilidad y no en la vida, se están contradiciendo los principios generales según los cuales es inherente a los seres humanos su capacidad de derecho, independientemente de la mayor o menor duración de su vida. En 2º término la aptitud para prolongar la vida es un asunto muchas veces dudoso que origina discusiones y opiniones encontradas entre los facultativos. Basta que la criatura viva, aunque por instantes, para que el derecho no pueda tenerla como inexistente. Viabilidad.
Nacimiento de varios hijos en un solo parto: más halla de las teorías biológicas sobre la
prioridad del origen de los mellizos, engendrados en óvulos distintos (no aplicables a gemelos), la ley no efectúa distinción y los considera a todos de la misma edad. Así lo determina el art. 88. 3- Genética y Derecho. Bioética. Página 31 de 169
La genética es la rama de la biología que se ocupa de los mecanismos responsables de la herencia. Es una de las ciencias de mayor desarrollo en el último siglo y ha logrado modificar el origen de las estructuras genéticas (manipulación genética) con la intención de determinar el nacimiento de enfermedades y la forma de combatir ciertos males. La ingeniería genética aplica técnica de recombinación artificial de materiales genéticos provenientes de organismos vivos. Esto genera muchos riesgos ya que se puede modificar la herencia y alterar la especie humana. El derecho se relaciona con estas ciencias ya que el mismo debe hacer respetar a la persona humana y proteger las condiciones para que se desarrolle como tal. La necesaria articulación de los nuevos derechos de integridad, la calidad de vida, la atención de la salud como derecho fundamental, el respeto al cuerpo, a la preservación de la especie y la protección del medio natural y espiritual, expresan la estrecha relación entre la bioética, la filosofía del derecho y el ordenamiento jurídico, encuadrado todo ello en la más amplia perspectiva de los Derechos Humanos. Temas de la bioética que preocupan al Derecho. •
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Clonación: consiste en reproducir un ser vivo a partir del
núcleo de una célula no sexual y un óvulo femenino desnuclearizado. El nuevo ser será idéntico al que aportó el núcleo. En nuestro país existe un absoluto vacío legislativo al respecto, pero son de aplicación los tratados internacionales de derechos humanos contemplados en la constitución nacional y los códigos Civil y Penal. Ablación y transplante: regulado por la ley 24193 que indica que el transplante sólo puede ser autorizado por cónyuges y familiares directos, esto tiene el fin de evitar cualquier tipo de maniobra no moral, como puede ser la compraventa de órganos. Fecundación asistida: es la fecundación que necesita asistencia médica para efectuar el proceso de reproducción humana. Puede ser Intrauterino o Extrauterino, Homologa (el material es de la pareja) o Heteróloga (el material es aportado por un tercero). Importa al derecho por las siguientes cuestiones: a) comienzo de la existencia de la persona; b) condición jurídica de los embriones crioconservados; c) responsabilidades por daños genéticos; d) posibilidad de gestación de parejas homosexuales; e) fecundación postmortem, f) determinación de la filiación en fecundación heteróloga, etc. No existe en nuestro país una legislación al respecto. Los grandes problemas jurídicos que esto plantea son principalmente la filiación y la herencia. Casos de anancefalia: implica la ausencia de los hemisferios neuronales y de la estructura ósea del cráneo, se presenta entre los 17 y 23 días de gestación. En estos casos se recomienda inducir al parto ya que el feto no tiene expectativa de vida. En la mayoría de los casos la justicia resuelve a favor de ésta práctica. Negativa a determinado tratamiento médico: incurre normalmente por cuestiones religiosas. En estos casos la justicia resuelve que se respete la voluntad del paciente basándose en la libertad de culto, las convicciones íntimas de una persona y la posibilidad de que los individuos puedan aceptar o rechazar libremente toda interferencia en el ámbito de su intimidad corporal. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de pacientes con posibilidades físicas, psíquicas y jurídicas para expresar su voluntad. Página 32 de 169
La bioética para Van R. Potter “es la disciplina del conocimiento biológico aplicado a la mejor calidad de vida”. Para Retca “es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las Ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la ley de los principios y los valores morales”. La palabra bioética deriva del griego Bios (vida) y Ethike (moral). La bioética comprende tres planos: 1- Microética: relación médico-paciente, secreto profesional, etc. 2- Mesobioética: son todas las intervenciones biomédicas desde el nacimiento hasta la muerte. 3- Macrobioética: comprende todos los temas relacionados a la vida y la humanidad. Principios: beneficencia, autonomía y justicia. •
•
•
Beneficencia: este está relacionado con la labor de
los médicos y está unido a los conceptos filosóficos de “no dañar” y de “hacer el bien” que resumen el principio de “no maleficencia” (hacer el mayor bien con el menor daño posible) y trata de la relación médico-paciente. Autonomía: los tiempos modernos han reconocido el rol activo del paciente en la práctica médica, la opinión del mismo siempre debe ser tenida en cuenta y a ella refiere el principio de autonomía. Ante una enfermedad el médico debe diagnosticar correctamente e indicar todos los tratamientos posibles con los riesgos y beneficios de cada uno (beneficencia), entonces el paciente decidirá por alguna de éstas prácticas (autonomía). Justicia: en la practica médica no sólo están presentes el médico y el paciente, sino que juegan un papel importante una gran cantidad de personas e intereses, lo que puede generar conflictos. La medicina está, sin dudas, inserta en una sociedad y para evitar esos conflictos existe el principio de justicia. Dentro de la bioética, entonces, deben coexistir tres agentes morales (médico, paciente, sociedad) que defienden tres principios éticos distintos (beneficencia, autonomía y justicia). Para lograr un equilibrio entre éstos interviene el Derecho, el cual tratar de establecer los mínimos morales o ética mínima que implique una obligatoriedad objetivamente exigible a todos los miembros de la sociedad.
Los comités de ética o bioética. Son organismos multidisciplinarios que en
muchos casos actúan en las cuestiones que no tienen solución explícita legal o cuando la misma ley requiere su consulta. Su misión verdadera es informar, explicar y analizar todos los aspectos del asunto desde el plano científico, jurídico, ético y moral. 4- Derechos de la personalidad. Son los derechos innatos del hombre cuya privación importaría el aniquilamiento de su personalidad. Existe una controversia entre los que opinan que no constituyen derechos subjetivos, sino que importan presupuestos jurídicos de la personalidad y los que opinan que se trata de derechos subjetivos de contenido peculiar. Entre los primeros (no subjetivos) se encuentra Orgaz, quien dice que los derechos de la personalidad no son derechos subjetivos porque falta en ellos un “deber jurídico” en correspondencia a la prerrogativa del titular, así como también un objeto sobre el que pueda recaer la prerrogativa del sujeto, que en ésta situación no podría distinguirse del mismo sujeto. Además, tales pretendidos derechos de la personalidad no son susceptibles de adquisición, modificación, transferencia o extinción, lo cual Naturaleza jurídica.
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sería demostrativo de que no constituyen verdaderos derechos subjetivos, sino bienes personales tutelados por el derecho objetivo. Asimismo, la opinión mayoritaria considera que éstos derechos son efectivos derechos subjetivos. Borda, establece que poseen un deber jurídico que pesa sobre todos los integrantes de la sociedad. En cuanto a la falta de objeto, observa que si bien idealmente el honor, la libertad, la integridad física, deben integrar la personalidad humana, pueden darse casos de que una persona se vea privada de ellos, son por consiguientes separables del sujeto y en cuanto elementos separados pueden constituir el objeto de una derecho. Enunciación, clasificación y estudio de los mismos. •
este está protegido por disposiciones diversas que ofrecen integrar una tutela de carácter público, independiente de la voluntad de los individuos. Art. 21 Derecho a la vida:
Principales disposiciones.
- Las que castigan el aborto y lo incriminan penalmente (art. 85 C.P.) - Las que sancionan el homicidio aun cuando fuere con el consentimiento de la víctima o por motivo de una piedad mal entendida (eutanasia, art. 79 y subsiguientes de C.P.) - Las que acuerdan prestaciones alimentarias a favor de parientes y aún de las personas por nacer (art. 367 y subsiguientes C.C). - Las referentes al trabajo de las mujeres embarazadas o con criaturas de pecho (art. 13, 14 y 15 de la ley 11357). Los tribunales han admitido que la vida humana tiene por sí un valor económico indemnizable con arreglo a las circunstancias relacionadas con la víctima y sus parientes, para cuya aplicación tiene el arbitrio judicial un amplio margen. •
esta comprendido en el anterior y contempla los atentados varias maneras. Así como se sanciona el delito de lesiones en el cuerpo o en la salud de otro (art. 84 parciales a la vida de las personas. La protección de la integridad física de las personas se realiza de y subsiguientes C.P.) o se contempla el resarcimiento de los daños y perjuicios que las lesiones han provocado (art. 1086 y 1109 C.C). Los tribunales han considerado que la salud e integridad física de la víctima de una accidente tiene un valor estimable en dinero, aunque no ejercite ninguna actividad lucrativa. Con respecto al derecho a la integridad corporal se requiere la conformidad del paciente para someterlo a una operación quirúrgica o a sus representantes o parientes más cercanos cuando no estuviera en condiciones de ser consultado. Igualmente tal conformidad se precisa para la realización de exámenes médicos o actos de intervención en el cuerpo, tales como inyecciones, vacunaciones, extracción de sangre, etc.
Derecho a la integridad corporal:
El cuerpo humano como objeto de actos jurídicos. Orgaz advierte que el cuerpo de una persona es una cosa viva, no una cosa susceptible de apreciación económica. Por esto, son nulos los actos jurídicos que tengan por objeto el cuerpo humano o partes de no separadas del mismo, aunque se trate de partes susceptibles de renovación, como es el caso de la sangre, leche materna, cabellos, etc. Estas últimas partes pueden ser objetos de una acto jurídico con el consentimiento de la persona. Página 34 de 169
El cadáver: este no puede ser tratado como una
“cosa” , ni ser objeto de actos jurídicos. Su destino debe ser el que halla señalado la persona antes de morir, siempre que no contradiga las buenas costumbres. El cadáver no integra herencia, pero los parientes pueden disponer del mismo (en carácter de parientes, no de herederos) siempre que se respeten las convicciones religiosas del difunto. •
la libertad de las personas es protegida y asegurada por normas del derecho público y del privado. Derecho a la libertad:
-Derecho publico:
1) La Constitución Nacional ampara ampliamente la libertad personal (art. 14, 15, 17 a 19. 2). 2) El C.P. considera delito la reducción de una persona a servidumbre o a otra condición análoga, así como la privación de la libertad personal y la violación de domicilio (art. 140 y subs. Art. 150 y subs). -
Derecho privado:
1) Los art. 910 y 911 C.C. prohiben la restricción ilegítima de la libertad ajena. 2) El art. 953 C.C. declara sin valor los actos jurídicos que tengan por objeto hechos que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia. 3) El art. 531 C.C. prohibe y por consiguiente anula los pactos si están condicionados (no son de expresa voluntad de las partes) los pactos a que refiere son: a) habitar siempre un lugar determinado o permitir la elección de domicilio a un tercero; b) mudar o no de religión; c) casarse con determinada persona o no casarse; d) vivir célibe perpetua o temporariamente o no casarse con determinada persona o divorciarse. 4) El art. 1087 C.C. prevée el delito contra la libertad individual y establece como se medirá la indemnización correspondiente. Finalmente se ha resuelto que en los delitos contra la libertad individual, es también indemnizable el daño moral. •
•
protegido por normas de carácter penal que resguardan al honor y el buen nombre de las personas incriminando las calumnias, las injurias y las acciones contra la honestidad y el pudor (art. 109, 110, 118 y subs del C.P.) y también por normas del derecho civil que obligan al resarcimiento de los daños y perjuicios que se causen con tales hechos (art. 1077 a 1079, 1088 a 1090 1109 C.C y art. 109 ley 2393 derogada, aplicable art. 225 C.C.). Derecho de privacidad: la ley 21173 dispuso la intercalación en el C.C. del art. 1071 bis que trata sobre la violación de la privacidad en todos sus aspectos obligando al causante a cesar tales actos, indemnizar al perjudicado e incluso éste puede pedir la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esto contribuyera para una adecuada reparación. Derecho al honor y la integridad moral:
Requisitos del acto lisivo de la intimidad. 1)
Según la ley el entrometimiento es acción y efecto de entrometerse es la acción de quien interfiere en el ámbito privado de otro. El entrometimiento puede efectuarse por un hecho propio o por un hecho de otro a quien se debe responder. Que halla entrometimiento en la vida ajena.
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2)
3)
4)
Una de las características del acto lesivo de la intimidad es que sea arbitraria, es decir, contraria ala justicia, a la razón o a las leyes. Perturbación de la intimidad. El resultado de la interferencia es la perturbación de la intimidad. La ley prohibe cualquier acto que perturbe de cualquier modo la intimidad del sujeto, por ej: publicación de retratos (sólo permitida con fines didácticos, científicos o culturales); difusión de correspondencia (ésta es confidencial y su difusión puede implicar la divulgación de un secreto), mortificación con respecto a costumbres o sentimientos (prohibido por el art. 1071bis C.C.) Ausencia del delito penal. Si el acto lesivo de la intimidad fuese un delito penal, entrarían a funcionar los principios ordinarios de la responsabilidad civil, lo que agrava la situación del causante. Arbitrariedad del entrometimiento.
Caracteres de los derechos de la personalidad.
1- son innatos: corresponden al titular desde el origen de éste. 2- son vitalicios: acompañan al sujeto durante toda su vida. 3- son inalienables: están fuera del comercio. 4- son imprescriptibles: el efecto del tiempo no influye en su pérdida, no obstante el abandona o dejadez del titular, así siempre podrá accionar en defensa de su honor la persona aun cuando por largo tiempo hubiese consentido los actos lesivos del mismo. 5- son extrapatrimoniales: aun cuando la lesión de éstos derechos pueda hacer nacer derechos patrimoniales. 6- son absolutos: no se tienen contra alguien en particular, sino contra quienquiera los vulnere. 4- Atributos de la personalidad. Son calidades dependientes e inseparables del ente personal, de manera que no pueden existir sino en él. Son :nombre, capacidad, domicilio y patrimonio. •
Nombre: es la designación exclusiva que corresponde a cada persona.
Caracteres. a- Necesario: toda persona debe tener un nombre. b- Unico: nadie puede tener mas de una designación. c- Inalienable: no es susceptible de enajenación ni de renuncia. d- Imprescriptible: tampoco puede ganarse o perderse por el transcurso del tiempo. e- Inembargable: ídem inalienable. f- Inmutable: nadie puede cambiar voluntariamente su denominación. g- Indivisible: la persona tiene el derecho y el deber de llevar un mismo nombre frente a todos. Naturaleza jurídica: teorías.
1- Derecho de propiedad: el nombre constituye un derecho de propiedad análogo al que se tiene sobre las cosas materiales, porque el titular del nombre puede hacerlo vales frente a todos. 2- Propiedad “sui generis”: nada se sabe de la razón por la cual se le asimila a la propiedad. Página 36 de 169
3- Derecho de la personalidad: el nombre es una de los derechos destinados a la protección de la personalidad. 4- Institución de policía civil: el nombre es la forma obligatoria de designación de las personas, por lo tanto es la obligación impuesta por la sociedad interesada en la identificación de las personas. 5- Institución compleja: protege intereses individuales y sociales, por un lado protege un bien de la vida y por el otro cumple una función de interés social, es un derecho –obligación de identidad. En nuestro país el nombre era de origen consuetudinario con una mínima parte de origen legal. Pero el 10 de junio de 1969 se sanciona 18248 que ha plasmado jurisprudencia sobre el tema, desde entonces el régimen del nombre deja de tener base consuetudinaria para pasar a ser estrictamente legal. Régimen legal.
Regla del nombre individual y del apellido.
Nombre individual: es el elemento individual del nombre que sirve ara distinguir a la persona dentro de su familia. Esta materia esta regida por la ley 18248 que indica entre otras cosas, que la elección del nombre en principio es discrecional, es decir, que el derecho a elegir el nombre se ejercerá libremente (art. 3º de la ley 18248) con la salvedad de que no podrán inscribirse: 1- Los nombres extravagantes, ridículos, contrarios a las costumbres, que signifique tendencias políticas o ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone. 2- Los nombre extranjeros, salvo los castellanizados, o cuando se trata de los nombres de los padres del inscripto si fuesen de fácil pronunciación. Queda exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones diplomáticas a consulados acreditados en nuestro país. 3- Los apellidos como nombres. 4- Primeros nombres idénticos a los de los hermanos vivos. 5- Mas de tres nombres. El apellido: es la designación común a todos los miembros de una misma familia que vinculado a l nombre de PILA determina la identificación del individuo. La adquisición del apellido puede ser originaria (cuando se vincula a la filiación del individuo) o derivada (cuando tiene lugar por el cambio de estado civil del individuo) Adquisición originaria. •
•
Filiación legitima: el hijo concebido dentro del matrimonio tiene obligatoriamente el apellido
del padre, al que puede agregar facultativamente el apellido de la madre, solicitándolo ante el registro civil desde los 18 años (art. 4º 18248). Filiación extramaonial: el hijo extramatrimonial tiene el apellido del padre o de la madre que loo ha reconocido espontanea o forzadamente por la admisión de una acción de filiación. Art. 5º ley 18348 “el hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido ” “si es reconocido por ambos adopta el apellido del padre. Si el reconocimiento Página 37 de 169
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del padre fuese posterior al de la madre podrá con autorización judicial mantenerse el apellido de la madre (...) si la madre fuese viuda e hijo llevará su apellido de soltera”. Filiación desconocida: cuando se ignora la filiación del hijo, no se puede seguir las reglas
anteriores, entonces el articulo 6º de la ley 18248, impone al funcionario el deber de atribuir al denunciado “un apellido común”, a menos “que hubiese usado apellido, en cuyo caso se le impondrá este”. “si hubiera reconocimiento posterior se sustituirá por el del progenitor”; “toda persona mayor de 18 años que careciere de apellido podrá pedir ante el registro civil la inscripción del que hubiese usado”. Filiación adoptiva: la adquisición del apellido del adoptante se produce en el mismo momento en el que la adopción se consuma. El régimen del apellido del adoptado depende de que si la adopción es Plena o Simple. -Plena: borra la filiación del adoptado e inserta a este en la familia del adoptante, con los mismo derechos y deberes que los hijos legítimos. (Ley de adopción 19134). Si el adoptante es un varón en cualquier condición civil el adoptado llevara el apellido de este. Si el adoptante es mujer se debe diferenciar de acuerdo a: -soltera: su apellido pasa a ser del adoptado. -casada: el apellido adquiere el apellido del marido, si este se opone el adoptado llevara el apellido de --soltera, salvo que existen causas justificadas para imponerle el de casada. -viuda: como esta conserva el apellido del marido, el adoptado llevara el apellido del difunto. -divorciada: si pese al divorcio la mujer conserva el apellido de casada, este será el que lleve el adoptado. Si por vía de sanción lo a perdido, entonces el adoptado llevara el apellido del adoptante. •
-Simple: deja subsistir el parentesco de sangre del adoptado, a esto hace referencia el art. 23 de la ley 19134: “ la adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante pero aquel podrá agregar el suyo propio. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto”. Él podrá agregar su apellido de sangre luego de cumplido los
18 años.
Supuesto de nulidad o revocación de la adopción. La adopción puede anularse y
también revocarse si se trata de adopción simple. De esta manera, como se impone al adoptado llevar el apellido del adoptante, al cesar la adopción, también cesa tal imposición, por lo que el adoptado deberá sustituir su apellido por el original de su familia. No obstante si el adoptado no fuese culpable del cese de la adopción podrá judicialmente ser autorizado para seguir llevando el apellido del adoptante si se alegaran los perjuicios que la perdida le ocasionasen (art. 14 ley 18248). Adquisición derivada. •
La mujer casada: adiciona a su nombre el apellido de su
marido precedido por la partícula “de” (art. 8 de la ley 18248). Si la mujer fuese conocida en el comercio, la industria o su profesión por su apellido de soltera, podrá seguir usándolo después de contraído el matrimonio solo para el ejercicio de sus actividades. La ley 23515 modifica el art.8 de la ley 18248 indicando que la mujer podrá optar libremente por usar sus apellidos de soltero o de casada, esto implicaría una equívoca sobre su estado civil, y además hecha por tierra el Página 38 de 169
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carácter indivisible del nombre: “la persona tiene el derecho y el deber de llevar el mismo nombre frente a todos”. Mujer viuda: la muerte del marido no altera la denominación de la viuda, mientras esta no se case de nuevo, caso el que adquiere el apellido de su nuevo marido (art.10 de la ley 18248). Mujer divorciado: la jurisprudencia anterior a la ley 18248 había sentado la obligación de la mujer divorciada (que también es su derecho) a usar el apellido del marido. El art. 9 de la ley 18248 indica que “decretado el divorcio será optativo para la mujer llevar o no el apellido del marido”. Con esto ha dejado de ser un derecho para convertirse en una facultad. Mujer separada de hecho: la separación de hecho no faculta a la mujer casada a prescindir del apellido marital, asunto este sujeto a decisión judicial que puede darse habiendo causa grave. Nulidad del matrimonio: “decretada la nulidad del matrimonio, la mujer perderá el apellido del marido. Sin embargo, si lo pidiese será autorizada a usarlo cuando tuviera hijo y fuese cónyuge de buena fe”. Art. 11 ley 18248)
Sobrenombre y Seudónimo. •
Sobrenombre: es la denominación familiar que suele darse a las personas y que no sale
del
circulo de sus íntimos, pero prácticamente carece de importancia para el derecho. Seudónimo: no debe confundirse con el sobrenombre, ya que a diferencia de aquel tiene importancia jurídica. El seudónimo es una denominación ficticia para identificar cierta actividad de la persona que desea dejar de lado su propio nombre y personalidad, como suele ocurrir con actividades teatrales o televisivas. La ley 18248 ha otorgado amplia protección al titular del seudónimo: “cuando el seudónimo hubiese adquirido notoriedad, notoriedad, goza de la tutela del nombre”. (art. 23 ley 18248). En tales actividades el seudónimo se considera sustituto del nombre civil y es utilizado en las relaciones sociales y en las manifestaciones de la actividad profesional. •
- Adquisición del seudónimo:
1- Por la sola voluntad voluntad del creador creador que se apropiara apropiara de él, por el uso. 2- Se obtiene luego de una larga larga posesión del mismo. mismo. 3- Por la notoriedad que que puede brindar su portador. portador. Prueba de la titularidad del seudónimo: el titular verá facilitada la prueba de su derecho con
la
inscripción del seudónimo el Registro de la Propiedad Intelectual, con lo que adquiere la propiedad del mismo. (art. 3 ley 11723 de Propiedad intelectual). Comparación del seudónimo con el nombre: el nombre es un atributo de la personalidad, por lo tanto es necesario, inalienable, imprescriptible e inmutable. Mientras que el seudónimo no es reflejo constante de la personalidad y por lo tanto no posee las características del nombre. De todas maneras como se asemeja al nombre, en conexión a la profesión de la persona, recibe así análoga protección del ordenamiento jurídico, por lo que el titular podrá ejercer en su defensa las acciones que correspondan. correspondan. Autor: Roman Página 39 de 169
Derecho Civil I. Bolilla 4. 1- Capacidad. (concepto). Es la aptitud de la persona para ser titular o actuar en las relaciones jurídicas. Es un atributo de la personalidad y por lo tanto no puede faltar en el individuo, aunque nunca se encuentra plena e intacta, es decir, oscila en grados sin falta nunca ya que si ello ocurriera sería contradictoria de la personalidad. Especies.
Capacidad de hecho: aptitud de las personas naturales para actuar por si mismas en la vida
civil (obrar, ejercitar). Dinámica. Capacidad de derecho: aptitud de las personas para ser titular de relaciones jurídicas (goce, titularidad). Estática. Caracteres. a)
Es susceptible de grados: puede tener menor o mayor extensión en orden al
bien común,
admite innumerables modulaciones. b) Es un principio general: una vez sentado por los artículos 52 y 53 C.C. queda agotado por sí, sólo habrá de referirse el Código a las excepciones. c) Incapacidad: es la limitación excepcional de la capacidad que emana siempre de la ley y es de interpretación estricta, está más allá de la voluntad de las partes. La capacidad difiere del poder, ya que ésta es la aptitud del sujeto para adquirir derechos para el mismo, en cambio el poder es la facultad que se tiene para la l a gestión de derechos ajenos. 2- Incapacidad. (concepto). Es la ausencia de capacidad en el sujeto. Especies. a)
Incapacidad de hecho: cuando se carece de la aptitud para ejercer por
que se tienen. b)
sí mismo derechos
Incapacidad de derecho: cuando falta la aptitud para ser titular de determinada relación
jurídica.
Ambas incapacidades difieren en cuanto a: Fundamento.
a) De hecho: se instituye en razón de una insuficiencia psicológica del sujeto para el pleno ejercicio de sus derechos. Dado que la capacidad es una institución rígida, no será más capaz de hecho un menor muy inteligente, que un adulto muy disminuido intelectualmente. b) De derecho: se sustenta generalmente en razones de orden moral. El Remedio. Página 40 de 169
De hecho: se suple con un representante. b) De derecho: no es susceptible de remedio, ya que ello
a)
legal que provoca la incapacidad. incapacidad.
sería contradictorio de la prohibición
Sentido o razón de ser.
De hecho: se establece para amparar al sujeto sobre quien recae. b) De derecho: se instituye contra del incapaz para prevenir incorrecciones que podría
a)
cometer. Nulidad:
a)
b)
puede ser absoluta o relativa.
Absoluta: trata de la persona por nacer,
implica la pérdida total de la posibilidad de ejercer cualquier derecho del que se es titular, pero otra persona puede obrar en su nombre y por su cuenta, es de hecho, ya que si fuera de derecho implicaría la muerte civil. Relativa: es la que tiene excepciones a la hora de ejercer los derechos (de hecho), no hay incapaces de derecho, sino personas que padecen incapacidad de derecho en relación a ciertos actos.
Actos de disposición, administración y conservatorios.
El antiguo art. 135 enumeraba los actos que le eran relativamente prohibidos al menor emancipado, que sólo podía realizar con autorización judicial, así: la venta o hipoteca de bienes inmuebles de cualquier valor, la venta de fondos o rentas públicas ni acciones de compañías de comercio o de industria, ni contraer deudas que pasen el valor de 500 pesos, ni hacer arrendamiento como arrendatarios por plazos que exceda de tres años, ni recibir pagos que pasen de 1000 pesos, ni hacer transacciones, ni sujetar un negocio a juicio arbitral, ni estar en pleito civil. Todas esta importantes restricciones han quedado prácticamente desvanecidas desvanecidas por la ley 17711 que modificó el art. 135 que dice: “los emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de sus bienes, pero con respecto de los adquiridos por título gratuito antes o después de la emancipación judicial, sólo podrán disponer de ellos mediante una autorización judicial, judicial, salvo que mediase acuerdo de ambos cónyuge y uno de estos fuera mayor de edad”. Actos de disposición: según Orgaz es aquel que importado o no una enajenación, altera o modifica sustancialmente sustancialmente los elementos que forman el capital de su patrimonio o que compromete se porvenir a largo tiempo. Por ejemplo: enajenación de cosas productivas de frutos, arrendamiento a largo plazo, cambio de destino de una cosa. Actos de administración: es aquel que manteniendo la conservación de los capitales tiene por objeto hacerles producir los beneficios de que normalmente ellos son susceptibles de acuerdo con su naturaleza y su destino. Ejemplo: actos de explotación normal del capital c apital (colocar dinero para generar intereses), venta de cosas destinadas a su venta. Actos de conservación: tienen por finalidad conservar el valor patrimonial en peligro inminente de perderse. Ejemplo: venta d mercaderías, reparación de edificios de difícil conservación. 3- Incapaces de hecho. Pueden ser absolutos o relativos. Página 41 de 169
Incapacidad absoluta: la persona no puede ejercer ninguno de los derechos de
los cuales es titular. Según el art. 54 C.C. son incapaces absolutos: las personas por nacer, los menores impúberes (o a 14 años), los dementes, los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito. Estos contraen obligaciones por medio de sus representantes. Incapacidad relativa: la persona es básicamente incapaz, pero ésta incapacidad admite excepciones y por lo tanto es relativa. El art. 55 C.C. indica que “los menores adultos sólo tienen capacidad para actos que las leyes les autoricen” Limitaciones a la capacidad de hecho. a)
b)
Nuestro código no considera incapaces a los pródigos, toxicómanos, ebrios consuetudinarios, ciegos de nacimiento, pero la ley 17711 contempla la posible inhabilitación de los pródigos, los toxicómanos y los ebrios consuetudinarios cuando estén expuestos a dañarse mediante el ejercicio de su plena capacidad. En tal caso se nombra un curador, se debe tener en cuenta que la finalidad d las inhabilitaciones es evitar al inhabilitado un perjuicio (generalmente económico). El inhabilitado no es incapaz, tiene una capacidad restringida. Condenaciones penales. El art. 12 del C.P. dice “la reclusión y la prisión por más de tres años... Importan... la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el C.C. para los incapaces”. Si bien es una condena penal tiene repercusión el orden civil. No es el penado incapaz, sino que tiene una capacidad restringida al estar inhabilitado para aquello expresamente especificado en el C.P. (privado de la patria potestad, de la administración de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos). Inhabilitaciones.
4- Incapaces de derecho: supuestos legales. Es la prohibición legal para la realización de ciertos actos jurídicos. Se estudiaran algunos casos. Incapacidad para contratar: el art. 1160 C.C.
contratar: a)
b)
refiere a las personas incapaces para
Los que están excluidos de poder hacerlo con personas determinadas: es el caso de los esposos en la compraventa (art. 1358 C.C.), cesión de derechos (art. 1441 C.C.), permuta (art. 1490 C.C.). Son casos que suponen un interés divergente (opuesto) o el desplazamiento de bienes entre ellos (art. 1218 C.C.) o donaciones (art. 1807 C.C.). En cambio, sí pueden celebrar contratos sin divergencia de intereses como el mandato, el comodato o el depósito. Esto rige igualmente para contratos entre padres con hijos menores y los tutores con sus pupilos. Respecto de cosas especiales: la prohibición de contratar respecto de ciertas cosas puede provenir de la calidad de la persona (hay incapacidad de derecho, por ejemplo: el mandatario no puede adquirir los bienes del mandante) o de la calidad de la cosa (hay una prohibición de objeto, por ejemplo: contrato sobre herencia futura). Página 42 de 169
c)
d)
e)
Disposiciones relativas a cada uno de los contratos: es establecida en la parte del Código referida a cada contrato en particular. Ej: incapacidad de los sacerdotes de ser fiadores (garantes). Religiosos profesos: son aquellos que han ingresado a una congregación u orden haciendo votos de obediencia, pobreza y castidad. Su incapacidad abarca los contratos, la patria potestad, la tutela, la calidad de testigo en un instrumento público, el ejercicio del comercio, la fianza. Ésta incapacidad cesa cuando se trata de compras al contado de cosas muebles o cuando se obra en nombre del convento. Se trata esta incapacidad de un rastro de muerte civil que antes acompañaba a la profesión religiosa. En la actualidad sólo se prohibe el ejercicio del comercio, la tutela y la patria potestad. Comerciantes fallidos: esta disposición proviene de Freitas. Se trata de no una incapacidad, sino de un mero efecto del desapoderamiento que implica el estado de falencia, el comerciante fallido no puede oponerse a los actos de la masa de acreedores. Los contratos del fallido son válidos pero no pueden serle reclamados a los acreedores del concurso; si el fallido es rehabilitado, el contrato precedente puede hacerse válida (efectivo) sobre el saldo de los bienes que quedasen después del cobro de los acreedores y sobre los nuevos bienes que adquiriese el ex fallido. Incapaces para ser tutores: el art. 398 C.C. da
una amplia lista de quienes entran en ésta incapacidad (menores, mudos, privados de razón, no domiciliados en la República, fallidos, privados de patria potestad, los que tengan notoria mala conducta, condenados a pena infamante, removidos de otra tutela, militares y marinos en servicio, profesionales religiosos). Ésta no es una incapacidad de derecho, sino que se trata de aquellos que no son idóneos en ese cargo. Incapacidad para contraer matrimonio: el art.166 C.C. indica los casos de las personas incapaces para contraer matrimonio. Éstas incapacidades, cuando no son respetadas, dan lugar a la nulidad del matrimonio, salvo en el caso de los afectados por enfermedades venéreas, caso en el cual no se anula el matrimonio, pero si el causante es posible de una sanción. Los incapaces de contraer matrimonio son: parientes entre sí, quien está ligado por un matrimonio subsistente, quien carece de edad suficiente, el autor cómplice del homicidio de una de los cónyuges, los privados de razón, los sordomudos que no puedan manifestar su voluntad, los afectados de enfermedades venéreas en período de contagio. Impedimentos de contratar de hecho: aquí no se trata de incapacidades, sino de impedimentos. Ejemplos: el analfabeto (no puede otorgar testamento cerrado u ológrafo), el sordo (no puede testar por acto público dado que no puede oír la lectura), el ciego (no puede ser testigo en instrumento público), el mudo (no puede ser tutor), el impotente (no puede celebrar matrimonio válido). 5- Protección de los incapaces y de los disminuidos en su capacidad. La incapacidad de hecho es remediada por la ley. Pero también para proteger a las personas, esta protección es completada por otras medidas legales, a saber: - La nulidad de los actos obrados en contravención de la incapacidad establecida. - La institución de una representación adecuada. - La intervención de un organismo especial dedicado a la protección de los incapaces (el ministerio de menores). - En ciertos casos el ejercicio del Patronato de Menores, a cargo de los jueces. Página 43 de 169
Como medios complementarios del amparo legal se pueden nombrar, la suspensión de la prescripción a favor de los incapaces no representados y la apropiación de los bienes consumidos que no pueden restituirse una vez declarada la nulidad del acto por el cual adquirieron tales bienes. Se ha dejado de lado el beneficio de la restitución “in integrum” por la cual se retornaba al estado anterior al acto anulable. Para remediar la incapacidad de hecho de las personas y por exigencia del principio de igualdad ante la ley, ésta provee los siguientes modos: Representación y asistencia.
Representación: se designa a una persona para que sustituya al incapaz en el ejercicio de
los derechos de éste y realice los actos para los cuales el titular está legalmente impedido. El representante actúa por su sola voluntad e iniciativa, sin intervención de la voluntad del incapaz, que queda en la más absoluta pasividad siendo reemplazado por el representante en el manejo de sus intereses. Caracteres. a) b) c) d)
Legal: proviene de la ley y no de la voluntad del representado (art. 56 y 58 C.C.) Necesaria: no puede prescindirse de ella (art. 56 C.C.) Dual y Conjunta: dos representantes, el legal individual (padre, tutor, curador) y el promiscuo (Ministerio de Menores). Es conjunta pero no es de paridad entre ambos. Controlada: sujeta a aprobación judicial. Asistencia: el incapaz no es sustituido por otro en
el ejercicio de sus derechos, sino llamado conjuntamente con otro al desempeño de ese ejercicio. Aquí no se prescinde de la voluntad del incapaz, sino que dicha voluntad es completada por la voluntad de la persona que desempeña la función de controlador. Si el controlador niega su autorización, el incapaz puede recurrir al juez para que de la venia supletoria. Utilización conjunta de ambos sistemas. Es frecuente el uso conjunto de ambos sistemas en el
remedio de la incapacidad de hecho, como ocurre con el Ministerio de Menores, cuya función es representativa (art. 59 C.C.) pero que en la realidad tiene carácter de asistencia y controlador, aunque puede tomar el papel de representante, para suplir la omiso actuación de los representantes legales individuales (art. 493 C.C.) También hay conjunción de ambos sistemas en los supuestos de actuación de los representantes con previa autorización judicial, aquí la asistencia es desempeñada por el juez. Representación individual: son representantes: (art. 57 C.C.) -
de las personas por nacer: sus padres o los curadores que se les nombre. de los menores no emancipados: sus padres o tutores. de los dementes o sordomudos: los curadores que se les nombre.
Se derogó por la ley 17711 la representación por el marido de la mujer casada. El art. 61 C.C. indica que cuando los intereses de los incapaces son opuestos a los de sus representantes, éstos Página 44 de 169
dejarán de serlo (sólo para el caso) y tomarán la representación curadores especiales. La denuncia es obligación del representante, caso contrario sus actos serán nulos. Extensión de la representación: según el art. 62 C.C. la
representación se extiende a todos los actos que no fueran exceptuados por el Código. Éstos actos son los llamados “personalísimos”, que sólo están librados a la voluntad del autor del acto (matrimonio, divorcio, reconocimiento de filiación, etc) en el caso de que el representado sea incapaz para éstos actos, los mismos no podrán ser celebrados por nadie. Representación promiscua: se da a través de
un cuerpo colectivo creado especialmente para atender el cuidado del incapaz, ésta representación cae en e Ministerio de Menores (art. 59 C.C.). Es el organismo estatal de protección de los incapaces, es una institución originada en el año 1814 por el Director Supremo, Gervasio Posadas. Si bien tiene carácter representativo, sus funciones son principalmente la asistencia y vigilancia de los representantes legales de los incapaces, a saber: a) debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no los tengan (art.491 C.C.) b) debe vigilar y asistir el proceso de designación de los representantes individuales (art. 491 C.C) c) debe intervenir en todo acto o pleito sobre la tutela o curatela o sobre el cumplimiento de las obligaciones de los tutores o curadores (art. 493) d) debe intervenir en los inventarios de los bienes de os menores e incapaces y en las enajenaciones o contratos que conviniese hacer (art. 493 C.C) e) debe pedir la renovación de los tutores o curadores por su mala administración (art. 493) f) en síntesis, tendrá amplias funciones en todo asunto judicial relacionado con los menores y sus bienes (art. 59 C.C) Ministerio de menores.
En casos excepcionales el Ministerio de Menores puede asumir la representación directa de los incapaces, pero sólo por razones de urgencia ante la ausencia d representantes individuales. Estos casos son: a) Puede pedir que se aseguren la persona y los bienes del menor en casa decente. b) Puede deducir las acciones que correspondan a los tutores o curadores cuando éstos no lo hicieran. c) Puede denunciar la existencia de una persona por nacer asumiendo el carácter de parte en el proceso a nombre del incapaz. d) Puede pedir la declaración de demencia. e) Puede pedir al padre los alimentos para el hijo. f) Puede deducir la nulidad del matrimonio. Los funcionarios del Ministerio de Menores no deben necesariamente plegarse a la postura más favorable a los intereses patrimoniales del incapaz, sino dictaminar conforme al derecho. La omisión de la intervención del Ministerio de Menores es sancionada con la nulidad de lo obrado bajo esa forma (art. 59 y 494 C.C). La mayoría de los juristas entiende que se trata de una nulidad relativa, ya que si el asesor de menores pide la nulidad, no es forzosa que la declare Página 45 de 169
el juez. Si cuando al pedido de nulidad, se pliega también el representante legal individual del incapaz, entonces el juez, está obligado a declarar la nulidad. El Ministerio de Menores está integrado por: el Asesor de Menores e Incapaces (que vela por los intereses de los mismos, y controla a los representantes), y por el Consejo Nacional de Protección de Menores (que cuida a los menores huérfanos o abandonados, atiende quejas por malos tratos a menores, impone penas de exclusión correccional para menores que observen mala conducta. Es la denominación que recibe el régimen por el cual el Estado provee directamente la protección de los menores, disponiendo de ellos en sustitución de sus padres cuando ocurre la pérdida o suspensión de la patria potestad o pérdida de su ejercicio (art. 307 a 310). Su finalidad es atender a la salud, seguridad, educación moral e intelectual del menor, proveyendo a su tutela sin perjuicio de los artículos 390 y 391. Se ejerce por medio de los jueces nacionales o provinciales con concordancia del Consejo Nacional del Menor y del Ministerio de Menores. Patronato.
6- Cesación de la incapacidad de los menores. Según el art.128 C.C. “cesa la incapacidad de los menores por la mayoría de edad, el día en que cumplieren 21 años, y por emancipación antes de que fuesen mayores”. a)
Opera automáticamente borrando la incapacidad del sujeto que queda habilitado para realizar todos los actos de la vida civil, sin depender de la formalidad o autorización de los padres, tutores o jueces (art.129 C.C). En caso de conflicto bastará con la prueba legal de la mayoría de edad por medio de la partida de nacimiento. Mayoría de edad.
Emancipación: es la institución por la cual los menores
de edad quedan liberados de la incapacidad que pesa sobre ellos, con anticipación a la mayoría de edad. b) Emancipación por matrimonio. Se fundamenta en la incompatibilidad del estado de esposo con la sujeción del mismo a la patria potestad o tutelar, y en necesidad de permitir a quien ha asumido las responsabilidades consiguientes a la fundación de una familia, para poder desenvolverse en el orden patrimonial sin trabas que la incapacidad supone. Requisitos.
a) Edad hábil para contraer nupcias (18 años en el varón y 16 años en la mujer) b) Haber celebrado matrimonio. Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el art.134 C.C. Si se hubiesen casado sin autorización no tendrán hasta los 21 años de edad la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieran a título gratuito continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación, es decir, que si los menores se casan sin autorización, serán considerados incapaces como si no fueran casados (Freitas), actualmente tal situación igualmente produce la emancipación del menor casado, pero se le impide a éste entrar en la posesión de los bienes, cuya administración compete al padre. (sólo los bienes adquiridos antes de la celebración del matrimonio o a título de donación o Efectos.
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herencia, ya que los adquiridos por el menor durante su trabajo, quedan bajo su administración ya que son los destinados a mantener a su familia. En caso de disolución del matrimonio la emancipación perdura, ya que ésta es irrevocable, pero si el matrimonio es anulado, la emancipación es de ningún efecto (art.132 C.C). La anulación se puede producir por haber actuado los cónyuges de mala fe, pero si uno de ellos opera de buena fe, la emancipación subsiste. La emancipación en principio produce la extinción de la patria potestad y de la incapacidad del menor, que da éste habilitado para todos los actos de la vida civil, pero igualmente su condición es diferente a la de los mayores de edad, pues su capacidad sufre incidencia de los art. 134 y 135 C.C. Actos absolutamente prohibidos. (art.134):
1) Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito (estos asuntos competen al juez de la tutela). 2) Hacer donaciones de bienes que hubiesen recibido o título gratuito y sus frutos (ésta prohibición no alcanza a las herencias y testamentos, a los bienes adquiridos por su profesión o industria, a los obsequios, donaciones religiosas). 3) Afianzar obligaciones. (no pueden ser fiadores). Actos supeditados a autorización judicial. (art. 135):
Los emancipados sólo podrán administrar los bienes adquiridos por título gratuito antes o después de la emancipación, para poder disponer de ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y una de ellos ea mayor de edad. El Código Civil no contempla originariamente otra emancipación que la del matrimonio, pero la ley 17711 creó la emancipación por edad o dativa. Ésta se contempla en el art.131 C.C reformado primeramente, como se ha hecho por la ley 17711 y posteriormente por la ley 23264: “los menores que hubieran cumplido los 18 años de edad podrán emanciparse por habilitación de edad”. Por habilitación de edad.
Requisitos.
a) Consentimiento del menor (para que no sea una herramienta para liberarse de las obligaciones de la patria potestad) b) Mediante autorización de los padres. Si el menor se encontrara bajo tutela, el juez podrá autorizar la emancipación a pedido del menor (aún contra el tutor) y con previa sumaria información sobre la actitud del menor. Pruebas: la habilitación de los padres se otorgará por instrumento público que deberá incluirse
en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. La habilitación judicial bastará con la inscripción de la sentencia en dicho registro. Revocación: la habilitación podrá revocarse cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, de quien era su tutor o del Ministerio de Menores cuando actúa como representante. El habilitado por edad no tiene permitido casarse sin autorización (art. 168 C.C) Página 47 de 169
c)
Es la que se otorga al menor de edad a fin de habilitarlo para el ejercicio del comercio. Al respecto se determina en los art. 10 y 11 del Código de Comercio que regulan el ejercicio mercantil de los menores, estableciendo que toda persona mayor de 18 años puede ejercer el comercio con tal de que acredite estar emancipado o autorizado legalmente por los padres (art.10) y que la habilitación es legítima y publicada en el Tribunal de Comercio correspondiente (art.11). Emancipación comercial.
Toda habilitación comercial no va más halla de los actos y obligaciones comerciales, el menor conserva su incapacidad para la vida civil y el menor emancipado civilmente no está por ello habilitado para el comercio, debiendo para ello seguir el trámite correspondiente. El C.C, en su art.131 dispone que para el ejercicio del comercio por parte del menor, se deberán seguir las disposiciones de Código de Comercio. Una vez lograda la habilitación, no regirán para el menor en su actividad comercial, las disposiciones del art.134 y 135 C.C. Alcance.
Autor: Roman Derecho Civil I Bolilla V. 1- Dementes. El Código Civil argentino denomina dementes a los enfermos mentales en general, en cambio para la medicina, la “demencia”. Es una forma clínica de alienación, y los “dementes” sólo una clase de enfermos mentales. Por ello se ha propuesto sustituir el término “demente” por “alienado”, pero ésta denominación no puede extenderse a otras personas incapaces, como los semialienados, los que no pueden dirigir sus acciones. Al ser estos términos no jurídicos, se usará la denominación “interdicto” para referirse al hecho determinante (causa de la interdicción) de la incapacidad, cualquiera sea el antecedente del pronunciamiento (alienación, semialienación, insuficiencia psíquica, etc). La interdicción, entonces, es la declaración judicial de incapacidad, es la privación del ejercicio de los derechos civiles por incapacidad. Fundamento: el ser humano es reconocido como agente de
consecuencia jurídica porque tiene facultades (razón) que lo caracterizan y diferencian de los animales. Cuando una enfermedad mental u otra causa impide al sujeto ser dueño de sus acciones, es lógico retirarle la capacidad que normalmente le corresponde, el fundamento de la interdicción radica en la necesidad de proteger al sujeto inepto para el gobierno de su persona y sus bienes. Esta protección se logra con la declaración de incapacidad del mismo y con el nombramiento de un curador encargado de proteger y gobernar los bienes del interdicto. Además, a toda incapacidad, corresponde la sanción de nulidad respecto de los actos jurídicos obrados por el incapaz, que es otra medida adoptada para ampararlo. Criterios.
Se enuncian tres sistemas para declarar la incapacidad del sujeto:
1) El criterio primeramente médico: se examina al sujeto, si se le encuentra alguna dolencia mental típica (de las consideradas por la ciencia psiquiátricas). Aún cuando esta no incida en la vida de relación, es declarado incapaz. 2) El sistema biológico jurídico: exige la concurrencia de dos factores: el psiquiátrico, que permite la finalidad de ese pronunciamiento judicial, y el social, que indica la finalidad de ese Página 48 de 169
pronunciamiento. Porque si se incapacita a un insano es en tanto y en cuanto, la dolencia lo inhiba para el manejo de sí mismo y de sus bienes. Una enfermedad mental carente de incidencia en la vida de relación no interesa al Derecho. 3) El sistema económico-social: la incapacidad debe decretarse respecto de quienes sean ineptos para administrar sus bienes, independientemente de su estado mental. Éste es un criterio inseguro, ya que se puede declarar incapaz a una persona sana, sobre la base de pruebas más o menos discutibles respecto de su capacidad de administrarse. Régimen del Código antes y después de la Reforma.
La ley 17711 hace dos referencias:
a) El título “de los dementes” por “de los dementes e inhabilitados”, esto es porque esta ley agrega el art. 152 bis, donde enumera las personas que se pueden inhabilitar judicialmente. b) La definición de los dementes del art. 141 era: los individuos de uno u otro sexo que se hallan en estado habitual de manía, demencia, o imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos o la manía sea parcial. Este concepto se ajustaba a la clasificación de enfermedades mentales hecha por el psiquiatra francés Pinel, que adoptó también Freitas; pero como dice Bordas es ajena al derecho. Lo único que importa a la ciencia jurídica es la capacidad del sujeto, es decir, si está o no dotado de la aptitud mental para ejercer sus derechos; el derecho penal investigará su capacidad para distinguir. El nuevo art.141: “se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales, no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes”. Con ésta fórmula se elimina la enunciación de formas clínicas de alienación, las cuales pueden diferir según la época. El criterio adoptado por esta ley, es compartido por la mayoría de la doctrina, que lo denomina sistema biológico jurídico. En cuanto a la disminución de facultades que no configura demencia, la ley 17711 dicta el art. 152 bis, que dice: “a los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el art. 141 de éste Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio”; entonces al no ser dementes no se los incapacita, pero para su protección se los inhabilita judicialmente, por ejemplo: los débiles mentales por razón de ancianidad y no de enfermedad, que no han llegado a la demencia senil, que sí es la causa de interdicción. 2- Juicio de insania. En esta materia encontramos la novedad de que el Código Civil contiene ciertas disposiciones de índole procesal, que son básicas y adoptadas en resguardo de la capacidad de las personas, y que deben ser respetadas por las leyes de procedimiento que dicten las provincias. Además de estas normas de fondo, el Congreso Nacional para la Capital Federal, y las Legislaturas provinciales para sus provincias han dictado normas procesales, que basándose en el Código Civil regulan el procedimiento del juicio de insania. por la trascendencia de esta materia, la decisión que se adopte, no puede estar sino en manos de los jueces por la garantía que su intervención representa para el denunciado como insano. Por eso el art.140 condiciona la incapacidad del demente a la previa verificación y declaración de la enfermedad por el juez competente. Normas del Código Civil:
Quienes pueden pedir la declaración: esta determinado en el art. 144: “los
declaración de demente son:
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que pueden pedir la
1) El esposo o esposa no divorciada (es natural que el cónyuge sea la persona preocupada por la protección del insano: pero el art. limita ese derecho y se lo quita al cónyuge divorciado, cosa que para Llambias no está bien ya que se debería considerar que cuando el cónyuge insano fue el culpable del divorcio el otro conserva su vocación hereditaria, entonces no puede quedar desamparado por el despilfarro que hace el insano de los bienes gananciales). 2) Los parientes del demente (la ley no diferencia que parientes entonces, tanto los sanguíneos como los afines, los naturales como los legítimos; aunque debe reconocerse como límite el cuarto grado; no se justifica reconocerles este derecho a parientes más lejanos, ya que carecen de derechos hereditarios. El pedir la declaración es derecho-deber, cuando si no se hace el insano queda desamparado, entonces es causa de dignidad para heredar. 3) El Ministerio de Menores (esta atribución emana no de la representación promiscua del incapaz, sino de este precepto que otorga al organismo personería, para suplir cualquier situación de desamparo del enfermo, o de interés de los parientes por eludir la curatela. Es una de las pocas veces que la ley confiere al ministerio una función de representación de las personas que protege). 4) El respectivo Cónsul, si el insano fuera extranjero (esta disposición no tiene justificación alguna, ha sido criticada por toda la doctrina porque los extranjeros tienen garantizado por nuestra constitución un trato igualitario, pero no ventajoso como este precepto, que fue escrito en una época donde se ofrecían las mayores garantías a los extranjeros que desearan habitar nuestro país). 5) Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso o incomode a sus vecinos (Bordas justifica esta norma debido al carácter de la locura y el peligro que puede causar a cualquier vecino; en cambio, Llambias sostiene que cualquiera del pueblo no inviste la calidad de denunciante, ni tiene los eventuales derechos de tal, sino que solo se limita a informar a la autoridad judicial que hay un insano y procede el Ministerio de Menores a hacer la denuncia suya). Entonces queda claro que no pueden denunciar al insano, los socios, los acreedores o los simples amigos del insano, éstos pueden denunciarlo ante el Ministerio de Menores para que éste obre en consecuencia. Curadores provisionales.
Durante el trámite del juicio pueden nombrarse dos clases de
curadores: 1) Curadores ad-litem: la vemos en el art. 147: “que determina que al demandado, se le nombrará un curador provisorio para que lo represente y lo defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia. La designación de este curador es necesaria, sino el demente quedaría indefenso, y su tarea principal sería la averiguación del real estado mental de aquel. Todo lo que se obre sin intervención de este curador, será nulo, por parte esencial del procedimiento. 2) Curador de los bienes: no es, su designación forzosa sino que debe darse: a- el estado notorio de la enfermedad; b- la existencia de bienes que pueden peligrar por el abandono del dueño; Si se dan ambos supuestos entonces el juez deberá designar un curador de bienes, en este caso se recaudarán los bienes del demente y se los entregará, bajo inventario, a un curador provisorio para que los administre (art. 148). Acerca de sus funciones existen diferentes opiniones en la doctrina: Salvat, Orgaz, etc, opinan que sólo tienen la conservación y custodia de los bienes; Llambias adhiere porque sostiene que es lo mejor para los intereses del demente; en Página 50 de 169
cambio, Spota y Llerena le otorgan al curador funciones más amplias que abarcan el acto de administración ordinaria; la jurisprudencia ha adquirido esta opinión decidiendo que el curador provisorio tiene las mismas atribuciones que el curador definitivo, variando sólo en cuanto a la temporalidad de su contenido. El art.142 afirma “ la declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte y después de un examen de facultativos”, entonces e posible emitir la revisión de los médicos aun cuando pareciera innecesario por tratarse de una persona ya internada en un hospicio de alienados. Es un elemento constitutivo y esencial del debido procedimiento legal. La designación de los peritos la hace el juez o a propuesta de partes (en una lista oficial o libre), según la ley local de procedimiento. También es posible que el denunciado designe a un facultativo adicional que garantizaría una mejor defensa. El art. 143 afirma “si el examen corrobora la demencia deberá ser calificada en su respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total”, esto es para mayor precisión dada la importancia del asunto. Valor del dictamen: sabemos que el examen es un elemento esencial, cabe ahora averiguar, si resulta obligatorio para el juez, en el supuesto que todos los médicos coincidan en el estado del denunciado. Hay diferentes opiniones: a) Para la mayoría y favorecida por la jurisprudencia, el dictamen médico no es obligatorio para el juez. Así lo determina el Código de Procedimiento, entonces la prueba de los peritos queda librada al criterio judicial, por lo que el juez prodra fallar diferente al dictamen médico. b) Orgaz sostiene que el dictamen obliga al juez en el aspecto técnico de la medicina, pero no en el aspecto jurídico. Si la ley eleva el dictamen médico a elemento esencial no ve como puede explicarse la actitud del juez que se aparta de él, si bien puede ordenar una ampliación de fundamentos o de médicos. c) A pesar de lo persuasivo del argumento de Orgaz, Llambias sostiene que lo mejor es hacer una distinción acerca del sentido del dictamen: si el mismo asegura que el denunciado está sano, parece inaceptable que el juez, dicte la interdicción, ya que se desconocería el valor del examen como garantía del procedimiento; pero si el dictamen afirma la enfermedad del denunciado entonces el juez, en base a otras pruebas podrá persuadirse de lo contrario, y no estaría lesionando la capacidad del denunciado. Dictamen Médico.
Los efectos generales de la sentencia de interdicción son muy importantes, ya que el pronunciamiento incide sobre la capacidad del sujeto y consiguientemente sobre la validez de los actos jurídicos que pueda otorgar en adelante y sobre los que ya hubiera otorgado. También da lugar al nombramiento de caracteres definitivos que gobernará la persona y bienes del incapaz. Pero la sentencia es irrelevante respecto de la responsabilidad del sujeto que se medirá de acuerdo al discernimiento en el momento de obrar. Sentencia, efectos.
Las normas de orden procesal referentes al juicio de insania están contenidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, ley 17454. Este ordenamiento comienza con los recaudos previos a la iniciación del juicio y continua con los diferentes tramites del mismo: Normas procesales.
•
Desarrollo del juicio: recaudos preliminares para que una denuncia de Página 51 de 169
insania sea viable:
a) Que el denunciante sea uno de los enumerados en el art. 144 C.C b) Que el denunciante exponga certificado de dos médicos relativos al estado mental del presunto incapaz y su peligrosidad actual. Sin no fuera posible, el juez ordenara la opinión de dos médicos forenses, quienes se expedirán dentro de las 48 horas; si fuera necesario el juez puede ordenar la internación, por igual tiempo, para su examen. •
Tramite inicial: Una vez cumplido con lo anterior y
previa vista del asesor de menores e
incapaces, el juez resolverá: a) Nombrar un curador provisional que recaerá en un abogado; sus funciones duraran hasta el final del juicio. b) Fijar un plazo no mayor de 300 días donde deberán producirse todas las pruebas. c) Designar tres médicos psiquiatras o legistas, para que informen, dentro de ese plazo el estado de las facultades mentales del denunciado. Se lo entregaran personalmente al juez. También por principios generales se notifica el examen del curador. •
Quienes son parte: El curador provisional y el asesor de menores. Pero también están
facultados para rendir y ofrecer pruebas el denunciante y el denunciado. Además cualquiera de los cuatro puede apelar la sentencia dentro de los cinco días. •
Pericia medica: Lo que los médicos deben precisar en el
examen es:
a) Diagnostico. b) Fecha aproximada en que comenzó la enfermedad. c) Pronostico. d) Régimen aconsejable para la protección del insano. e) Necesidad de internación. La fecha en que comenzó tiene mucha importancia porque desde esa fecha nace un periodo de sospecha sobre los actos obrados. otras pruebas, se envían por cinco días al denunciante, al presunto insano y al curador provisorio, y con su resultado se dará vista al asesor de menores e incapaces. Antes de la sentencia, y si las características del caso lo aconsejan, el juez vera al denunciado. La sentencia se dictara en 15 días y se comunicara a los registros de incapaces y del estado civil de las personas. •
•
el
Tramite final: Una vez producido el examen médico y
Costas del juicio: En principio los gastos son soportados por el denunciado, ya que todas las actividades del juicio se desenvuelven por su interés. Una excepción a este principio es cuando la denuncia se rechaza, y el demandante actuó maliciosamente o por error. El nuevo ordenamiento fija como máximo los gastos del juicio en 10% del monto de los bienes.
La incapacidad provocada por la interdicción perdura indefinidamente mientras el incapaz no es rehabilitado, así lo determina el art. 150 CC “la cesación de incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes, solo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativo, y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio de Menores”, entonces la única causa de rehabilitación es Cesación de la incapacidad.
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el total restablecimiento mental del interdicto, el juez no rehabilita por un restablecimiento parcial o una simple mejoría, es el criterio contrario al que tiene el juez cuando dicta la interdicción que ante toda duda mantiene la capacidad de la persona; en cambio cuando existe duda acerca de si la cura fue total se mantiene la incapacidad. El Código no aclara quienes pueden pedir la rehabilitación, pero por analogía, todos coinciden en que son las personas enumeradas en el art.144 CC, excepto las personas del pueblo. También esta en el deber de hacerlo el curador. Aunque con algunas diferencias tanto la doctrina como la jurisprudencia aceptan que el propio interdicto promueva el juicio de rehabilitación, aun cuando siguiera representado por el curador. Así lo determina la ley 17454: “El declarado demente podrá promover su rehabilitación”. El juez competente será aquel que declara la interdicción, así lo afirma la ley 17454 de procedimiento, entonces todo juicio intentado por el juez incompetente es nulo, pero como toda nulidad procesal es “relativa” puede ser cubierta con la conformidad expresa o tácita del curador y del ministerio de menores. Son parte en el juicio, todos los que lo fueron en el anterior excepto el curador ad-litem que será reemplazado por el curador definitivo que es el representante legal del incapaz. El examen médico, es en este juicio también un elemento esencial y su ausencia hace nulo todo lo obrado. Los médicos serán nombrados por el juez de igual forma que en el juicio de interdicción: Orgaz lo considera obligatorio para el juez, Busso sostiene que se pueden analizar otros elementos, como la opinión del médico, examen personal del incapaz, etc., Llambias sostiene de igual forma que en el caso anterior si el dictamen medico afirma que el incapaz sigue enfermo, el juez no puede darlo por curado, en cambio si los médicos afirman que esta curado entonces el juez puede considerar otras pruebas y llegar a una conclusión diferente. La sentencia de rehabilitación produce el efecto de cesar la incapacidad incapacidad que pesaba sobre el interdicto, quien recupera de inmediato su capacidad sin dependencia de formalidad alguna. Juicio de rehabilitación.
3- Efectos jurídicos de la demencia. A) Sobre la capacidad del sujeto: a tal efecto hay que diferenciar diferenciar entre: a)
Demencia declarada: una vez que el
juez realiza la sentencia de interdicción, ésta afecta sobre la capacidad del sujeto y también sobre la validez de sus actos. Para estudiar el régimen de los actos jurídicos del demente declarado, hay que diferenciar entre: los actos anteriores: que en principio son válidos porque al momento de su celebración no pesaba ninguna interdicción sobre el sujeto. Sin embargo, el art. 473 dispone que “podrán ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el juez, existía públicamente en la época en que los actos fueros ejecutados”. Como la lectura no era muy clara, la ley 17711 agrega un párrafo que aclara que y en parte modifica lo anterior: “si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya habido o no sentencia de incapacidad, contra contratantes de buena fe y a título oneroso”, entonces para que la acción de nulidad, entablada por el demente si se cura, prospere, es necesario: 1º) probar que la demencia existía cuando fue celebrado el acto; 2º) que fuera pública y notoria. Lo que se trata de establecer es la protección de quien contrata con buena fe y a título oneroso, para evitar que luego se declare nulo el acto, por incapacidad de la otra parte. Si la demencia era pública, entonces hace presumir la mala fe de la otra parte, sin que se admita prueba en Página 53 de 169
contrario. La ley no protege los contratos a título general, basta probar la demencia, aunque no sea notoria para declarar nulos los actos; y está bien porque la otra parte no da nada y no es justo que se beneficie con el acto de un loco; y los actos posteriores: como el sujeto ya carece de capacidad, los actos que celebren son nulos, así lo determina el art. 472: “si la sentencia que concluya el juicio declarase incapaz al demandado, serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrare”. Aunque sólo alude a los actos de administración, no quiere decir que los otros tengan valor, ya que están prohibidos por los art. 1040 y 1041, entonces no sólo son nulos los actos de administración patrimonial, sino también los de carácter extrapatrimonial, como los denominados “personalísimos”, como el matrimonio, el testamento, el reconocimiento de filiación, etc. El tema del testamento ha dividido a la doctrina en una de de la más amplia controversia, controversia, que surge por las diferentes diferentes interpretaciones que se le da al art. 3615 que afirma; “... los dementes sólo podrán testar en los intervalos de lucidez que sean suficientemente ciertos y prolongados para asegurarle que la enfermedad ha cesado por entonces”. Para parte de la doctrina, la norma se refiere a los dementes de hecho (no declarados), para otros, incluyendo a Bordas, la norma alude tanto a los dementes no declarados como también a los declarados, el fundamento de que sea así, es para convalidar las disposiciones testamentarias, siempre que el juez tenga el convencimiento de que al momento de otorgarlo, el testador estaba en pleno uso de su razón, no interesa que haya o no sentencia de interdicción. Para Llambias y otros, el art. 3615 no alude a la capacidad, sino el discernimiento, y reproduce para los actos de última voluntad las disposiciones generales que exigen la presencia de discernimiento en el agente para que su actividad resulte jurídicamente eficaz. Dementes no declarados: mientras no se dicte sentencia de interdicción, el insano es una
persona capaz, y esto es así porque la capacidad es asunto que maneja la ley y que en este caso lo hace por medio de un procedimiento que no se ha cumplido. Esta afirmación teórica no ha podido mantenerse frente a ciertas situaciones prácticas, prácticas, por ejemplo, si se tratara de locos furiosos, la autoridad policial puede por razón de peligro, proceder a su internación, dando cuenta al juez para que éste decida lo que corresponda. Con respecto al régimen de los actos jurídicos, los actos obrados por los insanos son anulables, es decir, susceptibles de ser anulados por el pronunciamiento que se dicte al respecto; el fundamento es la ausencia de discernimiento del agente, por eso no se le puede imputar a ese acto, la obligación a cargo del insano, entonces una vez recobrada la salud o su representante establezca la interdicción, se puede promover una acción de anulación para que ese acto sea anulado por los tribunales. El carácter de nulidad es relativa, porque es una protección al insano, no un castigo. (art. 1045. Inc. 1º). Para anular el acto hay que probar que el sujeto era insano en el momento de otorgar el acto, es decir, que estaba privado de su razón, no es suficiente el que carezca de discernimiento en la época del otorgamiento (ésta es sólo una facilidad para el testamento). Es más fácil la prueba de falta de discernimiento cuando cuando al tiempo de promover la acción de nulidad, está ya declarada la interdicción del insano, entonces no necesita la prueba de que al momento de otorgar el acto, el sujeto estaba privado privado de discernimiento, discernimiento, que es casi imposible. imposible. La muerte del insano tiene tiene mucha influencia sobre los actos entre vivos, así lo afirma el art. 474: “después que una persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad”. Como señala Segovia, debió decir “por causa de demencia o insanidad” y no de incapacidad; incapacidad; esto es así, porque es imposible probar la falta de lucidez, ya que el examen médico se ha vuelto imposible. El artículo contempla dos excepciones: “...a no ser esta (la insania) resultante de los mismos Página 54 de 169
actos o que se hallan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad”. La última excepción alude a los actos efectuados por el sujeto denunciado como insano, después de interpuesta la denuncia, pero antes de la sentencia, que no se pudo dictar por el fallecimiento, también incluye los actos anteriores al juicio, pero cuyos efectos se prolongan más halla del juicio. La ley 17711 agrega agrega el último párrafo párrafo del art. 474: “ésta disposición disposición no rige si si se mostrase la mala fe de quien contrato con el fallecido”. Entonces probando la mala fe, se puede impugnar los actos del fallecido en razón de la enfermedad mental, no diferenciando los actos obrados antes o después de interpuesta la demanda. Con respecto al testamento el art. 474 no dice nada, ya que sólo alude a los actos entre vivos, lo relativo al discernimiento discernimiento testamentario está en los art. 3615 y 3616. Para Llambias, no debería existir una dualidad de criterios sobre el discernimiento del sujeto, según que este celebre actos onerosos o gratuitos; la noción de discernimiento, que no está en el Código, es unívoca y se verifica en cada caso, según la posibilidad del sujeto para conocer lo que hace y las consecuencias que produce. produce. Otra posición es la de Borda, para el cual sólo basta probar que el testador no se hallaba en completa razón al tiempo de hacer sus disposiciones, para que la nulidad prospere, entonces la ley es menos severa en este caso, eso sí, la l a prueba debe ser concluyente y no debe dejar duda alguna del ánimo del juez; en caso de dudas la ley presume que está en su sano juicio. En principio los insanos carecen de responsabilidad, responsabilidad, así lo determina el art. 1076: “para que el acto se repute delito es necesario que sea el resultado de una libre determinación de parte del autor. El demente y el menor de 10 años no son responsables por los perjuicios que causaren”. Excepto lo dispuesto por el art. 1070: “no se reputa involuntario el acto ilícito practicado por demente en intervalos de lucidez, aunque hayan sido declarados tales en juicio...”. juicio...”. Estos artículos son congruentes con el fundamento fundamento que tiene en nuestro Código la responsabilidad civil que debe darse al dolo, culpa o negligencia del autor del hecho (art. 1067), entonces, como lo afirma el art. 921: “los actos serán reputados hechos sin discernimiento cuando cuando son ilícitos hechos impúberes; o ilícitos hechos por menores de 10 años, también los actos de los dementes que no fuesen practicados en intervalos lúcidos y los practicados por los que por cualquier accidente, están sin uso de razón”. Entonces como se consideran sin discernimiento es lógico que no surja de ellos ninguna responsabilidad. A pesar que esta solución sea muy lógica, muchas veces resulta injusta; el ejemplo típico es el loco millonario que atropella a un pobre hombre, a causa de su manejo imprudente, la solución del Código sería que la responsabilidad fuera del curador. La ley 17711 hizo dos referencias en el sistema del Código, aunque la regla de la irresponsabilidad de los dementes sigue en pie, se han admitido dos excepciones: a) En el párrafo párrafo que agrega agrega la ley en el art. 907: “los jueces jueces podrán podrán disponer disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta el patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima”. Es una solución que han adoptado otras legislaciones para evitar injusticias. b) En el el art. art. 1113 se introduce introduce la teoría teoría del riesgo riesgo por por el el cual cual el demen demente te respo responderá nderá no ya ya como autor del hecho, sino como dueño o guardián de la cosa con que se hizo el daño, sería un responsable sin culpa, que sólo evitaría si la víctima se acredita la culpa. B)
Sobre la imputabilidad. imputabilidad.
Acerca de esto el art. 482: “el demente no será privado de su libertad, pero sino en los casos en que usando de ella se dañe a si mismo o a otros. No podrá ser tampoco, trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial”. La ley 17711 agrega: “las C)
Sobre la libertad.
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autoridades policiales podrán disponer la internación, informando inmediatamente al juez, de enfermedad mental, alcohólicos crónicos o toxicómanos que pudieran dañar su salud o la de terceros o afecten la tranquilidad pública. La internación sólo se ordenará, cuando exista un previo dictamen del médico oficial. El juez, por pedido de las personas enumeradas en el art. 144, y previa información sumaria, puede disponer la internación de enfermos mentales, alcohólicos crónicos y toxicómanos (aunque los enfermos mentales no justifiquen la declaración de demencia) que requieran asistencia en establecimientos adecuados, debiendo designar un defensor especial para asegurar que la internación no se prolongue más de lo indispensable y aún evitarla; si pueden prestarle debida asistencia las personas obligadas a la prestación de alimentos”. 4- Sordomudos. (concepto). Vulgarmente los sordomudos son aquellos que están privados del habla a causa de su sordera de nacimiento. Jurídicamente: son los que no pueden hablar, ni oír la que se les dice, sin tener en cuanta el origen de su deficiencia, debido a la inferioridad en que los coloca su problema, el derecho los protege incapacitándolos, sólo aquellos que no saben darse a entender por escrito. Moderadamente hay otros sistemas para ampararlos. Alcance de su incapacidad: el art. 54 Inc. 4º declara absolutamente incapaces a los sordomudos que no se den a entender por escrito, coincidentemente con el art. 153 que afirma: “los sordomudos serán habidos incapaces para los actos de la vida civil cuando fuesen tales que no puedan darse a entender por escrito”. En otros art. se cambia la terminología: “no darse a entender por escrito” por “no saber leer ni escribir” frase que la jurisprudencia considera equivalente. Es un proceso similar al anterior; el art. 154: “para que tenga lugar la representación de los sordomudos, debe procederse como con respecto a los dementes”. Entonces es un procedimiento análogo con algunas diferencias: requisitos de interdicción, que se compruebe que la persona es sordomuda y que no sabe leer ni escribir; que hayan cumplido los 14 años(art.157). Procedimiento para su declaración.
Finalidad del examen médico: el art. 155: “
el examen de los facultativos verificará si pueden darse a entender por escrito. Si no pueden, examinarán si padecen enfermedad mental que les impida dirigir su persona y sus bienes y en tal caso se seguirá el trámite de incapacidad mental por demencia”. El valor de este examen es igual al de demencia. Las personas que pueden solicitar la interdicción, son las mismas que enumera el art. 144, así lo determina el art. 156. Hay que quitar las personas del pueblo. Efectos de la sentencia de interdicción: son suprimir la capacidad de que gozaba hasta ese
momento, desde entonces el sujeto queda absolutamente incapaz, y representado en todos sus actos de vida por su curador que se nombrará en el mismo acto; claro que no podrá realizar por el incapaz los actos personalísimos, que salvo algún expreso facultamiento en caso de matrimonio, queda también impedido de hacer por sí mismo. Actos anteriores al pronunciamiento: sólo se podrán invalidar, si se establece la falta de
discernimiento en el momento de otorgarles, los actos posteriores a la interdicción del sordomudo. Estos actos son nulos, de nulidad relativa porque la incapacidad es una protección. Página 56 de 169
El art. 158 sostiene: “cesará la incapacidad de los sordomudos de igual forma que la de los dementes”. En el derecho moderno se ha eliminado la incapacidad del sordomudo, ya que no es un problema jurídico, sino uno médico, y actualmente los casos que no se curan se entienden por escrito, ya que han aumentado las escuelas para ellos. En el anteproyecto del `54, desaparece la categoría de sordomudos como incapaz, entendiendo que si la sordera no responde a una lesión cerebral o meningitis, entonces el sujeto es inteligente, y se puede manejar por signos expresando sus pensamientos. El problema es cuando por descuido o falta de posibilidades, los padres no educan adecuadamente al sordomudo, entonces este proyecto los protegía incluyéndolos en los inhabilitados. Es de notar que la ley 17711 no ha recogido esta solución y dejó al sistema tal como lo dispuso el codificado. 5- Ausencia simple: requisitos declaración y efectos. decía que tenían “incapacidad absoluta los ausentes declarados tales en juicios”. La ley 17711 deroga este inciso lo que significa que haya desaparecido el ausente declarado tal en juicio. Mucho se ha dificultado acerca de cuales eran los ausentes, que se mencionaban en ese artículo, ya que tiene diferentes acepciones: 1) Salvat, Borda, Llerena, etc., afirman que los ausentes declarados en juicio eran los ausentes con presunción de fallecimiento, sobre los que se legislaba los art. 110 y 55, hoy derogados. 2) Aguilar sostiene que los ausentes declarados tales en juicios, eran los simples ausentes que citados en un juicio donde fuesen parte, no comparecieran. 3) Machado considera que ambos casos estaban incluidos en el inciso 5º del art.54. 4) Llambias y la mayoría de la doctrina, sostienen que no puede confundirse los ausentes del art.54 con los ausentes presuntamente fallecidos que constituyen una categoría que omitió Velez Sarsfield. •
Ausentes: el art. 54 Inc. 5º
Requisitos.
a) b) c)
La desaparición de una persona. Existencia de bienes en peligro. La inexistencia de personas autorizadas para obrar en nombre del ausente
La desaparición de la persona produce el efecto de permitir la interferencia en el patrimonio del desaparecido y disponer de su administración. El juez, a pedido de parte interesada, designa un curador para los bienes. Efectos.
Declaración. -
(normas de la ley 14394).
Quienes pueden declarar la ausencia: el art. 17:”podrán pedir la declaración de ausencia y el
nombramiento del curador, el Ministerio Público y toda persona que tuviese interés legítimo respecto de los bienes del ausente” - Juez competente: art16: “será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si éste no los hubiere tenido en el país o no fuesen conocidos, lo será del lugar del que existan bienes abandonados, o el que hubiesen prevenido cuando dichos bienes se encontraran en diferentes jurisdicciones”. Página 57 de 169
-
Procedimiento: art.18:”el presunto ausente será citado por edictos durante 5 días, si no
aparece, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor al ausente. El Ministerio Público será parte necesaria en el juicio”. En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen. Art.19: “oído el defensor del ausente (procede abrir el juicio por un breve período de prueba para recibir las medidas que acrediten los extremos legales); se declara la ausencia y se nombrará curador, para esta designación serán preferidos los parientes idóneos del ausente en el siguiente orden: 1º. El cónyuge (cuando conserva vocación hereditaria). 2º. Los hijos. 3º. El padre o madre. 4º. Los hermanos y tíos. 5º. Los demás parientes en grados susesible. Art.20: “las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por lo dispuesto en el Código Civil respecto a tutores y curadores. Si antes de la designación del curador se dedujeron acciones contra el ausente, lo representará el defensor cuyo nombramiento prevé el art.18. Entonces, las facultades del curador hacen a la mera custodia y conservación de bienes y al cobro de créditos y pagos de los de las deudas, no puede innovar en la administración cambiando el destino y explotación de los bienes. También compete al curador el ejercicio de las acciones y defensas de su representado. Cesación de la curatela: art.21: termina la curatela de los ausentes:
a) b) c)
Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderados. Por la muerte del mismo. Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado.
La mujer casada ha evolucionada en nuestro país de acuerdo a las transformaciones operadas en las costumbres y a las variaciones de criterio de las diferentes épocas. La mujer casada.
Evolución Legal.
Puede dividirse en tres grandes etapas:
a) Sistema de nuestro Código adoptado por Velez Sarsfield: el art.55 inc.2 decía: “son incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos...las mujeres casadas”. Es decir, pesaba sobre ellas una incapacidad de hecho relativa, tenían prohibido: - La administración de sus bienes propios o gananciales. - La actuación en juicio. - La celebración o rescisión de contratos. - La adquisición de bienes y contratación de obligaciones a su cargo. - La aceptación o repudiación de herencias. - Los actos concernientes con la partición de bienes hereditarios. Esta incapacidad se remediaba con la venia marital o con autorización del juez. En cambio sí podía hacer por sí sola: - Los actos personalísimos. Página 58 de 169
Podía administrar los bienes que se hubieran reservado en la convención matrimonial. El fundamento de esta incapacidad residía en la conveniencia de concurrir a la consolidación del núcleo familiar; la sanción de la Ley de Matrimonio Civil nº 2393, cambió la institución matrimonial, pero mantuvo el régimen de la mujer casada. Sin embargo determinó que la mujer divorciada, mayor de edad es plenamente capaz. -
ésta ley tampoco definía la situación de la mujer, la misma hay que extraerla de varias disposiciones. Situación de la mujer soltera, separada o viuda mayor de edad: tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones que las leyes reconocen al hombre mayor de edad. b)
Sistema de la ley 11357 (año 1926):
Situación de la mujer casada mayor de edad:
a) b)
Conserva y ejerce la patria potestad de sus hijos de un matrimonio anterior. Sin necesitar autorización marital o judicial puede: - Formar asociaciones civiles o comerciales y sociedades cooperativas. - Ejercer profesión, empleo, oficio etc, y administrar y disponer de lo ganado. - Administrar y disponer a título oneroso sus propios bienes y la parte ganancial. - Administrar los bienes de los hijos de un matrimonio anterior, sin que los frutos pertenezcan a la nueva sociedad conyugal. - Aceptar herencias con beneficio de inventario. Por estos motivos, Salvat, Orgaz y Spota sostienen que la incapacidad de la mujer casada había sido derogada; Llambias y otros afirman que el art.1º se refiere a la mujer soltera, divorciada o viuda, entonces no abarca a la mujer casada, que si bien modifica su situación, no quita completamente su incapacidad. con esta ley si desaparece toda incapacidad de la mujer casada, modifica el art. 1º de la ley 11357 que queda: “la mujer mayor de edad cualquiera sea su estado, tiene plena capacidad civil: Con respecto a la mujer menor de edad, el régimen anterior a la ley 17711 no era muy claro, la ley 11357 afirmaba que la mujer casada menor de edad tenía iguales derechos civiles que la mujer casada mayor de edad, con la salvedad que para los actos de disposición de sus bienes, necesitaban la venia del marido, cuando este sea mayor de edad, sino necesitan la autorización del juez. La ley 17711 aclaró que la mujer casada menor de edad, no tiene un estatuto legal diferente del que corresponde al menor varón. c)
Sistema de la ley 17711 (año 1968):
6- Inhabilitación. Como ya hemos visto, nuestro Código Civil, omitió legislar sobre los semialienados (ebrios, toxicómanos, disminuidos mentales que no son dementes) y sobre los pródigos. La reforma de la ley 17711, salvó dicha omisión mediante el art. 152 bis. El nuevo art. 152 bis contempla los siguientes caso: a) Los ebrios habituales y los toxicómanos. b) Los disminuidos en sus facultades, que no lleguen a ser dementes. c) Los pródigos. Página 59 de 169
a) Ebrios habituales y toxicómanos: art. 152 bis inc 1º: “ podrá inhabilitarse judicialmente a quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio” b) Disminuidos en sus facultades, que no lleguen a ser dementes: art. 152 bis inc 2º: “a los disminuidos en sus facultades mentales, cuando sin llegar al supuesto previsto en el art. 141, el juez estime que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumible daño a su persona y patrimonio”. c) Los pródigos: art. 152 bis inc 3º: “a quienes por la prodigalidad de los actos de administración y disposición de sus bienes expusieran a su familia a la perdida de su patrimonio. Solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendiente o descendiente y hubiera dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación solo corresponderá al cónyuge, ascendientes o descendientes...”. El prodigo, es la persona que imprudentemente, gasta los bienes que constituyen su patrimonio, exponiéndose el y su familia a la perdida de esos bienes y en consecuencia a la miseria. La inhabilitación del prodigo tiene como objeto fundamental la protección de la familia del mismo. Efectos de la declaración: La inhabilitación debe ser declarada judicialmente. Declarada la misma, el inhabilitado queda en un estado de capacidad limitada conforme al art. 152 bis. Art. 152 bis: “Se nombra un curador al inhabilitado (...) Sin la conformidad del curador, los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes para actos entre vivos. Los inhabilitados podrán otorgar por si solos actos de administración, salvo que los limite la sentencia.”. Procedimiento para decretar la inhabilitación: quienes pueden pedirla. Normas aplicables. Cese de la inhabilitación. El art. 152 bis establece que “... se aplicaran en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación...” En cuanto a quienes pueden pedir la declaración, tratándose de los inc. 1 y 2: podrán pedirla los mismos que pueden pedir la declaración de demencia. Tratándose del inc 3 (prodigo), el pedido de inhabilitación solo corresponderá al cónyuge, ascendientes o descendientes. Para que proceda la inhabilitación del prodigo se deben dar los siguientes requisitos: 1_ Que su acto exponga a sus familiares a la perdida del patrimonio. 2_ Que tenga cónyuge, ascendientes o descendientes. 3_ Que ya hubiera dilapidado una parte importante de su patrimonio. Por ultimo, cabe agregar que se puede proceder a la internación de los que padecen enfermedades mentales, o de los ebrios crónicos o toxicómanos, cuando pudieran dañar su salud o la de terceros, afectar la tranquilidad publica o cuando necesiten asistencia en establecimientos adecuados (conforme articulo 482 CC). Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla VI. 1- Estado. (concepto). En la significación moderna, es un modo de ser de la persona, con relación a la familia. Concepto: según Savatier “ el estado de una persona es el conjunto de las cualidades extrapatrimoniales determinantes de su situación individual y familiar”. Otras concepciones: Página 60 de 169
a) Se considera al estado como la posición que corresponde a la persona en relación al grupo social y al grupo familiar, a los cuales pertenece. Es la que más se aproxima al concepto romano de estado. b) Agrega a la concepción anterior las cualidades inherentes a la persona (edad, sexo o salud mental). Es el estado el conjunto de cualidades legales que resultando de actos confieren a la persona el modo de ser y determinan su individualidad. c) Para Ferrara el estado estaría integrado por toda cualidad de la persona con influencia sobre un conjunto más o menos extenso de relaciones jurídicas: calidad de ausente, heredero, empleado, militar, etc. Para nuestro ordenamiento jurídico, la palabra estado refiere a una significación precisa que no se confunde con toda cualidad o situación jurídica personal, para nosotros, el estado no puede tener sentido sino con referencia a la familia. Caracteres.
1) Está fuera del ámbito de la autonomía de la voluntad, y está sujeto a una regulación de orden publico. 2) Es intransmisible e inalienable. 3) Es irrenunciable (art. 845 y 872 C.C). 4) Es imprescriptible (art. 251 y 4019 inc.2 C.C). 5) Es indivisible. 6) Es reciproco, en cuanto al estado de una persona corresponde otro igual o desigual correlativo (esposo-esposa = igual / padre-hijo = desigual). Efectos.
1) Influye sobre la capacidad y el nombre de la persona. 2) Genera un derecho subjetivo a favor de la persona que puede amparar su estado con las “acciones de estado”. 3) Origina todo el derecho de familia (art. 159 a 494 C.C). 4) Origina gran parte del derecho hereditario. 5) Impone el deber de denunciar la orfandad o vacancia de tutela de parientes menores de edad. 6) Impone el deber de denunciar la demencia de parientes. 7) Determina la incapacidad de derecho en ciertos supuestos para ser testigos. Estado civil. •
•
Para Orgaz la palabra estado tiene dos sentidos:
Sentido vulgar: alude a situaciones de hecho en que puede encontrarse la persona (estado de
manía, demencia, art. 141 C.C; estado de enfermedad, art. 266 C.C; estado de embriaguez, art. 1070 C.C). Aquí el estado precisa una manera de “estar” de la persona, aplicable también a las cosas, a los derechos o al patrimonio. Sentido técnico: Aquí estado alude al “estado civil” de las personas físicas, se refiere exclusivamente al modo de ser de las personas, dentro de la familia (padre, hijo, casado, pariente, hermano, etc). Página 61 de 169
Hay posesión de estado cuando alguien disfruta de “estado” con independencia del título sobre el mismo. En el orden de la familia hay posesión de estado cuando alguien ocupa una determinada situación familiar de padre, hijo, esposo y goza de hecho de las ventajas anexas a la misma y soporta los deberes inherentes a esa situación. Generalmente quien ejerce posesión de Estado, tiene también título a ese Estado; Ej: el hijo inscripto en el Registro Civil, o el extrapatrimonial reconocido y tratado como hijo. Pero hay casos en que no coincide, por ejemplo el hijo que tiene posesión de estado pero carece de título, cuando es educado y mantenido por el padre, pero éste no lo reconoce como hijo, o al revés, cuando tiene el título pero no la posesión del estado. Posesión de estado.
Efectos de la posesión de estado.
Para los glosadores y sobre todo los canonistas eran tres los elementos integrantes de la posesión de estados: nomen, tractatus y fama. - El 1º consistía en el uso del apellido del padre o madre. - El 2º se refiere al trato de hijo recibido de sus padres o de su padre o madre. - El 3º se refería a la paternidad o maternidad del hijo, atribuida a tal o cual persona. Para Demolombe, se integra con elementos análogos a la posesión de cosas: continuidad, publicidad, inequivocidad y buena fe. No fue muy aceptada esta teoría. Para la doctrina y jurisprudencia imperante, asimilan la posesión de estado a un reconocimiento de hecho del parentesco. Aplicación práctica.
La posesión del estado tiene dos aplicaciones muy importantes: a) La reclamación del estado de hijo extramatrimonial después del fallecimiento del padre: art. 325 dice: “no habiendo posesión de estado, éste derecho sólo puede ser ejercido por los hijos la vida de sus padres”; pero éste art. fue derogado por la ley 23264 que equiparó los hijos extramatrimoniales en caso de ejercer la acción de reclamación de estado. La posesión de estado debidamente acreditada, valdrá como un reconocimiento expreso... (art. 256). b) La reclamación del estado de esposo/a: la posesión de estado de esposo/a, sin título no basta para gozar de las prerrogativas de ese estado, pero sí basta cuando el matrimonio es nulo por vicios de forma para convalidar ese matrimonio. Así lo determina el art. 101 de la ley 2393 de matrimonio civil. Acciones de estado. La protección al estado se da mediante dos acciones diferentes. a) La acción de reclamación de estado: tiene por finalidad el reconocimiento del estado del
b)
accionante que es desconocido por el demandado. Esta acción la puede ejercer el hijo legítimo para que se le reconozca, o para ser reconocido como cónyuge de una persona, si carece de título conyugal por nulidad del acta de matrimonio, pérdida, etc. La acción de impugnación de estado: tiene por objeto el reconocimiento de la existencia o falsedad del estado que se atribuye el demandado. Ésta acción por impugnación de paternidad sea por desconocimiento simple en razón de haber sido concebido antes de la celebración del matrimonio, la acción por impugnación de maternidad en razón de no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. , etc. Página 62 de 169
2- Prueba del estado civil. Los registros civiles provinciales, según lo establece el art. 113 de la ley 2393, son de jurisdicción provincial, organizándose generalmente sin apartarse de lo dispuesto por el Congreso Nacional para la Capital Federal En el ámbito de la Capital Federal el Registro Civil fue creado en 1884 por la ley 1565 en vigor hasta 1958, fecha en la que comenzó a regir la ley 14586. El primer registro fue creado por Servio Tulio quien lo encomendó a un colegio de sacerdotes, también dentro de la evolución se produjo el proceso de secularización. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, varias de las funciones que eran desempeñadas por funcionarios imperiales, fueron asumidas por sacerdotes de la Iglesia Católica, que pudo resistir el alud de los bárbaros. En lo que hace el estado de las personas, los curas párrocos, al desaparecer los registros imperiales, anotaban en cada parroquia la prueba de la existencia y estado civil de las personas, así también como las defunciones. Durante los siglos XVI y XVIII los reyes fueron tomando providencia en esta materia para cubrir las situaciones de la persona que no profesaban el culto y no poseían constancia referente a su estado civil. En 1787 Luis XVI, sanciona la libertad de cultos, y organiza un registro civil para dementes. Con la revolución francesa, se produjo la secularización de los registros, organizando el Estado sin propios registros para acreditar los nacimientos y las defunciones. Luego se estableció el matrimonio civil y sólo se reconoció la eficacia civil a la unión formalizada ante el funcionario del Estado. Registro del estado civil y capacidad: evolución histórica.
Municipalización de los registros: en 1833 el gobierno de Buenos Aires de
Viamonte había creado un registro para dementes. Con la secularización de los registros se elimina el valor probatorio de los apuntes parroquiales. El art. 80 se refería a ello al establecer que la prueba de los nacidos en la Provincia, debía ser por certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos que para tal fin deben crear las municipalidades. Provincialización del registro civil: con la sanción de la ley
2393 se eliminó el matrimonio religioso y se lo sustituyó por el civil para todos los habitantes, cualquiera fuera su credo. En cuanto a la prueba del estado civil, ésta ley importó una reforma, ya que sustituyó la jurisdicción de orden municipal por la de orden provincial. Se denominan partidas de registro civil a los asientos extendidos en los libros respectivos con arreglo a la ley y las copias auténticas de los mismos. Las partidas parroquiales son las que llevan las parroquias conforma a la legislación canónica. Esto es referido en el art. 979 inc 10 que dice así: “... los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros municipales y las copias sacadas de esos libros o registros”. Partidas.
Las partidas de registro civil son instrumentos públicos y el art. 979 en su inc 10 se refiere a las partidas de matrimonio porque como dice en su parte inicial se refiere a los instrumentos públicos referentes a actos jurídicos ya que el nacimiento y la defunción son hechos jurídicos. En lo que respecta a las partidas parroquiales estas han perdido el carácter Naturaleza jurídica.
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de instrumento público que antes tenían y en lo que hace a las partidas de matrimonio estas conservan tal carácter hasta 1889, momento en que entra en vigor la ley de matrimonio civil. Esto aparece corroborado por lo dispuesto en el art. 24 del decreto – ley 8204/63, modificado por ley 18327 al decir que los testimonios, copias, certificados, libreta de familia u otro documento público, debían tener la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva. Éstos son instrumentos públicos y crean la presunción legal de verdad de su contenido en los términos que prescribe el código civil. Las partidas contienen las siguientes menciones: Fecha y datos personales de los comparecientes. Inscripción de los hechos denunciados u otorgados. Transcripciones de sentencia u otros actos cumplidos ante otros oficiales públicos. Notas marginales referenciales que sirvan para vincular los diferentes asientos entre sí.
Contenido de las partidas.
a) b) c) d)
Las partidas pueden ser nulas por: a) Ausencia de capacidad en el oficial público otorgante. b) Por falta de competencia material o local en el funcionario interviniente. c) Por inobservancia de formalidades legales. En éste último aspecto se ha distinguido entre formalidades substanciales y no substanciales. La partida es nula si padece un vicio de forma que el substancial, pero no si la falla es subsanable. Son fallas substanciales: la falta de firmas del oficial público, o de los testigos o comparecientes; así también la partida obrante fuera de los libros del Registro Civil. Se consideran fallas subsanables a: la ausencia de referencias marginales; la omisión de circunstancias o datos personales de los comparecientes si se pudiera identificar a éstos. Nulidad y rectificación de las partidas.
Las partidas son anulables cuando la falla substancial es dependiente de la apreciación judicial. Así la partida surte pleno efecto hasta tanto sea destituida por la sentencia que la anule. Son asimilables las partidas si fueran tachadas de falsedad en todo o en parte principal; si tuvieran enmiendas, borraduras en partes esenciales no salvadas al final. Anulabilidad de las partidas.
Si la falla fuera subsanable corresponde su rectificación. La ley 14586 prevé la rectificación de las partidas y asea por vía administrativa o judicial. Rectificación de las partidas.
Rectificación por vía administrativa. procede cuando existen omisiones o errores materiales que
surgen del propio texto o del cotejo con instrumentos públicos. Así la Dirección del Registro Civil puede de oficio o a pedido de las partes comprobar la omisión o error y disponer la rectificación. Dispuesta la rectificación del asiento “no podrá darse testimonio o certificado del mismo sin que conste también dicha circunstancia, disposiciones del decreto – ley 8204/63 han sido complementadas por la ley 18248. Rectificación por vía judicial: se diferencian de la administrativa en su finalidad, ya que estos
tienden a subsanar una irregularidad de la partida. (error del funcionario que libró el acto). En este caso el juez competente, el del lugar donde se encuentra el asiento original que pretenda rectificarse, realiza la rectificación. En cuanto al procedimiento según art. 66 de la ley 14586, Página 64 de 169
será sumario con intervención de los ministerios públicos; norma generalizada para todo el país por el decreto – ley 8204/63. Son parte en el juicio de rectificación: a) quien tenga interés en la subsanación de la falla de la partida y sobre todo la persona a que la partida se refiere; b) el representante del Registro Civil quien puede iniciar el trámite de rectificación; c) la intervención del agente fiscal: por sí la rectificación puede tener incidencia en el estado de la persona. Cuando no se puede producir la prueba legal por medio de las partidas, se recurre a la prueba supletoria que tiende a dejar establecido el hecho en cuestión. Según el art. 85 del Código Civil que dice así: “ no habiendo registros públicos, o por falta de asiento en ellos, o no estando los asientos en la debida forma, puede probarse el día del nacimiento o por lo menos el mes o el año, por otros documentos o por otros medios de prueba. Prueba supletoria.
Entre los medios de prueba supletoria más utilizados estarían: las partidas parroquiales posteriores a la creación del Registro Civil; el pasaporte extranjero; los papeles de familia o libreta de familia; los testigos y hasta las presunciones siempre y cuando no sean la prueba única del hecho que se desea establecer. En última instancia de pruebas se decidirá aproximadamente la edad por la fisonomía, a juicio de peritos médicos nombrados por el juez. Medios de prueba supletoria.
Para formularse la denuncia de una defunción y asentarse en los libros del Registro Civil se requiere certificado médico de defunción o manifestación de dos testigos de haber visto el cadáver. La prueba de partidas queda descartada cuando el fallecimiento se ha producido en tales circunstancias que el cadáver no ha podido ser visto. En el art. 108 C.C se dispone que a falta de los documentos pertinentes, la prueba del fallecimiento de la persona, podrá ser suplida por otro documento en el que conste el fallecimiento. La jurisprudencia ha admitido que aunque no se hallara el cadáver, la muerte podría tenerse por comprobada si las circunstancias producían la certeza moral del fallecimiento. Prueba supletoria del fallecimiento.
A falta de prueba legal correspondiente es factible recurrir a otros medios de prueba luego de habilitada la admisibilidad de la prueba supletoria. El art. 97 de la ley de matrimonio civil expresa “ si hubiere imposibilidad de presentar el acta o su testimonio, se admitan todos los medios de prueba”. Con esto sólo basta probar la imposibilidad en que se está para presentar la pertinente partida de registro civil. Imposibilidad que se corrobora cuando el matrimonio ha sido celebrado en país que se encuentra en guerra. Es este caso sirve como prueba supletoria el referente a la posesión de estado. Prueba supletoria de matrimonio.
3- Domicilio. Concepto. Para Salvat y Spota el domicilio es el asiento jurídico de la persona. Busso dice por su parte que el domicilio es el lugar que la ley instituye como asiento de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Por su parte Orgaz dice que es la sede legal de la persona o también el centro territorial de las relaciones jurídicas de una persona o bien el lugar en que la ley sitúa a una persona para la generalidad de sus relaciones de derecho. Características del domicilio. Página 65 de 169
a) Legal: lo instituye la ley, basándose en elementos materiales. b) Necesario: no puede faltar si no la persona carece de soporte territorial para sus derechos y obligaciones. c) Único: la constitución de un nuevo domicilio, extingue los efectos del procedente. Siempre la persona tiene un domicilio personal y sólo uno. Importancia práctica. La importancia práctica se ve plasmada en varios casos: 1) En derecho internacional privado:
a- Domicilio: determina la ley que rige la capacidad de hecho de las personas. b- La ley del domicilio: rige los atributos inherentes a la persona. c- Ley del domicilio del difunto: rige la sucesión. 2) Competencia del juez:
a- Domicilio del demandado: para entender sobre acciones personales. b- Domicilio del menor: para el discernimiento de la tutela o del domicilio del presunto insano. c- Domicilio del deudor: para promover ante el juez los juicios de concurso civil del acreedor y quiebra. 3)
Las notificaciones: deben ser efectuadas en el domicilio del notificado. Ej: un demandado
por reivindicación de inmueble, la notificación debe ser enviada al domicilio del demandado. El cumplimiento de las obligaciones, si no se pactó otra cosa, debe hacerse efectivo en el domicilio del deudor, si éste se mudó, el acreedor puede optativamente exigir el cumplimiento en el anterior o en el actual. Distintas clases de domicilios. •
•
Domicilio general: es el que la ley
determina para cualquier derecho u obligación. Se divide en: domicilio legal y domicilio real. Domicilio especial: produce efectos limitados a una o varias relaciones jurídicas. Se subdivide en: domicilio convencional o de elección; domicilio procesal o constituido; domicilio conyugal; domicilio comercial de la mujer casada; domicilio de las sucursales; etc.
4- Domicilio general. (concepto y especies). Es el que la ley determina para cualquier derecho u obligación. Dentro del domicilio general encontramos: el domicilio legal y el domicilio real. (concepto) está dado por el art. 89 que dice: “el domicilio real de las personas es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia y sus negocios.” *Residencia: alude al lugar donde ordinariamente habita una persona. Domicilio real.
Caracteres: •
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Real: es cuando tiene como base la efectiva residencia de la persona en un cierto lugar. Voluntario: es cuando su constitución, mantenimiento y extinción depende de la voluntad de la persona a quien afecta. Página 66 de 169
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Libre elección: la ley asegura y garantiza la libertad del interesado para elegir su domicilio y trasladarlo al lugar de su conveniencia o sus posibilidades.
Requisitos: el domicilio real surge de dos elementos, uno materia (corpus) y
otro espiritual
(animus). Corpus: es la residencia efectiva de la persona en un lugar. En ocasiones ésta residencia aparece dividida en varios lugares y para determinar cuál es la residencia que acusa domicilio hay que atender al asiento principal de la persona. Animus: es la intención de permanecer en el lugar y de constituir allí el centro de los afectos e intereses por tiempo indefinido. Ej: art. 92: “para que la habitación cause domicilio, la residencia debe ser habitual y no accidental, aunque no se tenga la intención de fijarse allí”; el art. 99: “el domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo o de no adoptar otro”. •
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Constitución: se requiere la concurrencia de dos elementos. Para mantener el domicilio real es
necesario que subsista uno de sus elementos. Se conserva el domicilio sólo con el animus cuando al interesado le falta la intención de abandonar su domicilio primitivo. Y también se conserva por la presencia del corpus. Duración: el domicilio real a voluntad no se
extingue mientras no se constituya uno nuevo. El art. 97 dice: “el cambio de domicilio se verifica por el hecho de la traslación de la residencia (corpus) de un lugar a otro, con animo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento (animus)”. El art. 98 agrega: “el último domicilio de una persona es el que prevalece cuando no se conoció el nuevo. Otra forma de extinción del domicilio es a partir del fin de la existencia de la persona. En caso que exista conflicto entre el domicilio legal y real de una persona, teniendo el primero desaparece el segundo. (concepto) es el lugar donde la ley presume que una persona reside de una manera permanente. Domicilio legal.
Caracteres: •
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Forzoso: la ley lo impone independientemente de la voluntad del interesado. Ficticio: la ley supone una presencia del interesado en ese lugar. Excepcional y de interpretación restrictiva: sólo actúa en las hipótesis previstas por la ley, sin extenderse a otras situaciones análogas. Único: en el sentido de que sólo un hecho material se toma en cuanta para fijarlo.
Casos: son enunciados en los incisos del art. 90: -
Inciso 1. (funcionarios)“ los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su
domicilio en el lugar en que se deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas o de simple comisión”. Ej: legislador.
Funcionarios a los que alude: Página 67 de 169
-
Para algunos doctrinarios: a todo empleado o funcionario público cualquiera sea su labor. Para Llambias y otros: sólo a aquellos que tienen facultad decisoria y concurren con su voluntad a formar la actividad administrativa. Carecen de domicilio legal los que están supeditados a las órdenes de sus superiores.
Constitución: a partir de la fecha en
fecha de nombramiento.
que el funcionario toma posesión del cargo. No desde la
Efectos: propios de todo domicilio general (efectos del domicilio real y legal).
Extiende su eficacia a todas las relaciones jurídicas. Es idóneo para determinar competencia del juez. Es idóneo para enviar notificaciones al funcionario. La constitución del domicilio legal implica la extinción del domicilio real, para todos los efectos legales. En el anteproyecto de Bibiloni, proyecto del 36, aparecía. En el anteproyecto del 54, se suprimió. -
-
“ los militares en servicio activo tiene su domicilio en el lugar que se hallen prestándolo, si no manifestasen intención en contrario por algún establecimiento permanente o asiento principal de sus negocios en otro lugar”. Inciso 2. (militares)
Militares a los que alude:
Sólo los que están en servicio activo. Sólo los que desempeñan funciones auxiliares (médicos, enfermeros). En tiempo de guerra cesa el domicilio legal del militar por ignorarse el lugar de destino. Los autores señalan que es absolutamente inútil, porque se constituye ateniendo a circunstancias plausible (recomendable) para fijar el domicilio real y porque de no existir igualmente quedaría allí fijado por ser ese lugar (destino militar) el asiento principal de la persona, salvo que ésta tuviese familia establecida en otro lugar (en ese caso puede elegir que fijen su domicilio con el de su familia). -
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Inciso 3. (personas de existencia ideal) “el domicilio de las
corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el gobierno, es el lugar donde está situada su dirección y administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuvieran un domicilio señalado”.
Domicilio de las personas de existencia ideal: -
Autorizadas: el domicilio fijado en el estatuto o aprobado por quien le reconoce la personería jurídica. En su defecto: su lugar de dirección y administración.
Domicilio de las personas de existencia necesaria: Página 68 de 169
-
Art. 44 “las personas jurídicas nacionales o extranjeras”: lugar en el que se hallaren o donde funcionen su dirección o administración principal.
ESTADO NACIONAL... en Capital Federal. ESTADOS PROVINCIALES... en la capital de su estado provincial. MUNICIPIOS... en la sede de cada diócesis. IGLESIA CATÓLICA... en la sede de cada diócesis. ESTADOS Y ORGANISMOS EXTRANJEROS... en su sede. “ los transeúntes o las personas de ejercicio deambulante como los que no tuvieren domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual”. La mera habitación o simple residencia sirve para fijar el domicilio de éstas personas. Es muy importante dar ubicación a las personas, ya que de otra manera no podrían ser fijadas en algún lugar para el ejercicio de sus derechos y cumplimientos de las obligaciones. -
Inciso 5. (deambulantes).
“Los incapaces tienen el domicilio de su representante”. Los incapaces están impedidos por la ausencia de capacidad de poder constituir válidamente domicilio. Se les atribuye el de su representante, sea real o legal. -
Inciso 6. (incapaces).
•
Menores emancipados : inhabilitados (capaces), son aptos para constituir domicilio por
mismos. • •
Penados: su domicilio será el de su residencia actual, la cárcel. Variantes: hijos legítimos y adoptivos. Tienen el domicilio del padre o de la
si
madre que tenga
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la patria potestad (su ejercicio). Padres divorciados: el hijo tiene el domicilio del padre al cual se le confió su tenencia, aunque no tuviese el ejercicio de su patria potestad. Padres adoptivos: el hijo tiene el domicilio del padre adoptivo (adoptante). Hijos extramatrimoniales : tienen el domicilio del progenitor que los hubiere reconocido. Menores huérfanos o abandonados no reconocidos : cuando se les asigna u tutor, tiene el domicilio de éste. Antes de tal discernimiento o designación: si se conociere conservan el último domicilio de sus progenitores; si no se conociere el domicilio, éste será el del guardador; si no se conociere a sus padres, la designación del tutor corresponde al juez del lugar donde se hubiera encontrado al menor. Insanos, dementes y sordomudos: Después de la designación de curador, tienen el domicilio de éste. Luego de realizada la rehabilitación, conservan el domicilio del curador hasta que se les designe uno nuevo. Insano casado: tiene el domicilio de su cónyuge.
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Inciso 8.
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Inciso 9.
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• • •
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“los mayores de edad que sirven o trabajan, o que están agregados en la casa de otros, tienen el domicilio de la persona que sirven o para quien trabajan, siempre que residan en la misma casa y en habitaciones accesorias, con excepción de la mujer casada que como obrera o doméstica habita otra casa distinta de la de su marido”. “mujer casada, obrera o doméstica (derogado por ley 23515, divorcio vincular). Página 69 de 169
5- Domicilio de origen. Está definido en el art. 89 como: “el lugar del domicilio del padre, en el día de nacimiento de los hijos”. Es el primer domicilio de la persona, pues como incapaz tiene el domicilio del padre. Los hijos de filiación desconocida carecen de domicilio de origen, asá Freitas determinó que fuese en el lugar en que la persona hubiere nacido. Naturaleza. Es una especie de domicilio legal, porque es instituido, impuesto por la ley. Con
independencia de la voluntad de la persona a quien afecta.
Son muy reducidos: a) Fija el domicilio de la persona cuando ésta se ausenta de su domicilio en el extranjero, sin ánimo de regreso, durante el viaje se sujeta al domicilio de origen. b) Determina la ley aplicable a la legitimación de los hijos extramatrimoniales; si tuvieran su domicilio de origen en nuestro país, sólo serán legitimado según los modos establecidos en nuestro Código; si en cambio su domicilio de origen está en país extranjero, son legitimados por los modos establecidos en ese país. Casos de aplicación.
Es una característica del domicilio. Siendo el domicilio un atributo de la persona, que la caracteriza e individualiza como tal, teóricamente no se concibe la existencia de una persona sin domicilio. Para del legitimidad a este principio, la ley ha cubierto todos los supuestos para determinar su domicilio en función de las circunstancias propias de una persona. Por ejemplo: “los transeúntes o personas de ejercicio ambulante como los que no tuvieren domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual”. (conforme al art. 90 inc.5). Consecuentemente siempre es posible determinar cual es el domicilio de una persona, luego de superar las dificultades de hecho que puedan presentarse para conocer las circunstancias de ella según la Ley son constitutivas de domicilio. Principio de necesidad.
No se concibe la existencia de dos domicilios generales, esto se deduce de varias disposiciones del Código. Principio de unidad.
Efectos posibles:
1- Es de imaginar las confusiones y trastornos que acarrearían la existencia de dos domicilio generales, porque una persona podría ser a la vez capaz e incapaz, tener sujetos sus bienes a regímenes legales diferentes, estar presentes en dos o más lugares para el cumplimiento de sus obligaciones (por esto sobre el domicilio real prevalece el legal). 2- Si consideramos una estricta aplicación de éste principio, resulta algo injusto para el tercero: si un tercero contrata con una persona, en el lugar donde ella tiene su casa o comercio, debe investigar si no tiene otro asunto más importante para tener que acudir a litigar a la jurisdicción correspondiente al mismo. 3- Pero si consideramos que junto al domicilio general de una persona pueden existir uno o más Página 70 de 169
domicilios especiales para el cumplimiento de una obligación, éstos inconvenientes se solucionan. 6- Domicilio especial. (concepto) Es el domicilio que las partes convienen para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Se establece para una o más relaciones jurídicas particulares determinadas, a fin de que ellas tengan su sede en un lugar. Caracteres:
1- No es necesario (diferente al general), es perfectamente posible que la persona no tenga constituido domicilio especial alguno. 2- Es múltiple, no es único, no hay objeción para que la persona cumule a su propio domicilio general u ordinario, uno o vario s domicilio especiales. 3- No es imprescriptible e inalienable (diferente al domicilio general que sí es atributo de la personalidad) 4- No perece con el fin de la persona, es transmisible a los herederos. Diferentes supuestos. •
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Domicilio Procesal o Constituido: es el que debe fijar cada persona en
cada presentación en
juicio (art. 40 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Domicilio Matrimonial: es el domicilio de los esposos, que rige lo relativo al divorcio y nulidad del matrimonio, acciones que deben ser promovidas ante el juez de dicho domicilio aunque el hombre ya no viva ahí. Es especial porque surte efectos únicamente para promover las acciones de divorcio y nulidad. Domicilio Comercial: es el de los comerciantes, que teniendo a su familia en un lugar, tienen el asiento de su negocio en un lugar diferente, independiza su domicilio real con su familia. Es especial porque produce efectos para el cumplimiento de las obligaciones comerciales allí contraídas y determina la competencia judicial con respecto a ellas. Domicilio de las sucursales: a pesar de estar enumerado dentro de los casos de domicilio legal, es un tipo de domicilio especial, porque si bien es fijado por la ley, produce efectos sólo en relación con las otras obligaciones allí contraídas por los gerentes de sucursales que tienen su casa central en otro lugar.
Autor: Roman Derecho Civil I.
Bolilla VII.
1- Fin de la existencia de las personas naturales. En las legislaciones antiguas las causas de extinción jurídica de las personas naturales eran la muerte, la esclavitud y la muerte civil por profesión religiosa o condena perpetua. En la actualidad, solo subsiste la muerte, que pone termino a la vida del hombre y esto altera las relaciones jurídicas del difunto, y estas relaciones se extinguen con la persona que le servia de soporte, son los derechos u obligaciones inherentes a la persona; otras, se transmiten a los herederos del fallecido y resultan por Página 71 de 169
sucesión investidos del carácter de propietario, acreedor o deudor que correspondía la causante. La muerte del ser humano es un hecho jurídico. El articulo 103 primera parte: “termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas”. Para formular la denuncia de una defunción y poderse lograr el asiento en los libros del registro civil, se requiere un certificado medico de defunción o manifestación de dos testigos de haber visto el cadáver. Consiguientemente la prueba de partidas queda descartada, no solo en los supuestos del articulo 85 aplicables al caso por vías de la remisión que contiene el articulo 104, sino también cuando el fallecimiento se ha producido en circunstancias tales que el cadáver no ha podido ser visto, por ejemplo quien ha caído en un abismo insondable. También la jurisprudencia admitió que aunque no se hallara el cadáver podía darse por comprobada la muerte si las circunstancias del caso producían la certeza moral del fallecimiento. Esto ha sido confirmado por la ley 14394: “en los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la correspondiente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicara en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver”. Muerte natural. (concepto)
Puede ocurrir que se produzca el fallecimiento de dos personas de las cuales una sea heredera de la otra, en circunstancias tales que impidan conocer cual murió primero, y por tanto, si media transmisión de derechos entre ellas. En el caso de que marido y mujer perezcan en un accidente, si no dejaran hijos, tendría la mayor importancia saber cual de los cónyuges falleció primero, pues el otro en calidad de heredero suyo recibiría sus bienes y por efecto de la ulterior muerte los transmitiría a sus propios parientes. De no poderse acreditar esa transmisión de derechos entre los cónyuges, los bienes de cada esposo corresponderían a los herederos legítimos respectivos, sin que los parientes de la mujer pudieran recibir indirectamente los bienes del marido, ni viceversa. Conmoriencia.
De acuerdo al artículo 109 C.C no juegan presunciones legales de ninguna clase y quien pretenda la transmisión de derechos entre fallecidos tendría que probar que efectivamente uno murió antes que el otro, pues a falta de esa prueba se considerara que la muerte se produjo simultáneamente. En nuestro tiempo la muerte civil ha sido suprimida de todas las legislaciones, en nuestra legislación se trata al respecto en el articulo 103 C.C. Supresión de la muerte civil: fundamento.
2- Efectos de la muerte con relación a los derechos. Producida la muerte de una persona el derecho establece cual es la suerte de las relaciones jurídicas constituidas sobre el difunto. Estas se distinguen según su contenido patrimonial en patrimoniales o extrapatrimoniales. Efectos en cuanto a los atributos de la personalidad del difunto: los atributos son calidades de las personas, la muerte incide en la eficacia jurídica de dichos atributos. Además de la extinción de las personas importa también la de sus atributos como por ejemplo: el nombre que servia para identificar a la persona se extingue con ella, lo mismo ocurre con la capacidad y el domicilio. Los sucesores universales del difunto pueden continuar todas las acciones de estado iniciadas por el causante, salvo la de divorcio. En cuanto al patrimonio, se extingue con la muerte de la •
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persona, pero como universalidad o conjunto de los bienes del difunto se transmite a sus sucesores, que los reciben e importan a su propio patrimonio. Efectos en cuanto a los derechos extrapatrimoniales del difunto: la muerte provoca la extinción de los derechos extrapatrimoniales del difunto. Es lo que ocurre con los derechos de familia: la muerte disuelve el matrimonio, y con ello extingue los derechos y deberes conyugales que emanaban de esa unión, lo mismo ocurre con la patria potestad, la tutela y la curatela. También cesan los derechos de la personalidad tales como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad y al honor, etc. También se extinguen con la muerte las acciones penales contra el difunto, ya sean privadas o de instancias privadas. Sin embargo por calumnia o injuria pueden ser ejercitadas luego de la muerte del ofendido por su cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. Efectos en cuanto a los derechos patrimoniales del difunto: estos no se extinguen con la muerte de su titular, sino que se transmiten a los sucesores de este, dando lugar al fenómeno jurídico denominado sucesión por causa de muerte. •
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La sucesión respecto de un derecho tiene lugar cuando el titular es reemplazado en ese carácter por otra persona (transmisión activa). Igualmente se opera la sucesión cuando la persona sometida a la prerrogativa jurídica de otra, traspasa a un tercero el derecho que le incumbe (transmisión pasiva). La sucesión puede ser por actos entre vivos o mortis causa (art. 3279 C.C). Sucesión por causa de muerte. (concepto).
El art. 3417 establece: “El heredero continúa con la personalidad del difunto, y es propietario acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor. Con la excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión.” El art. 498 C.C agrega: “Los derechos no transmisibles a los herederos del acreedor como las obligaciones no transmisibles a los herederos del deudor, se denominan: derechos inherentes a la persona y obligaciones inherentes a la persona. Derechos que no se transmiten. Son aquellos que no pueden conseguirse independientemente de las personas, ligados a la misma ya sea por su naturaleza que no lo consiente o por disposición expresa de la ley que veda la transmisión. Derechos que se transmiten.
- Por su naturaleza: son los derechos originados en relaciones jurídicas creadas por la calidad especial de la persona que se refiere. Son las obligaciones formadas teniendo en cuenta la condición de la persona. Son las obligaciones de prestar servicios que asumen los profesionales, artistas o artesanos. - Por disposición de la ley: son los derechos reales de usufructo, uso y habitación (art. 2920 y 2969 C.C). Los derechos emanados del mandato (art. 1963 inc. 3 C.C). Los derechos de socio, salvo convención contraria (art. 1670 y 1761 C.C). Los derechos emanados de leyes de previsión social como la jubilación y la pensión. El derecho emanados del pacto de preferencia en la compraventa (art.1368 y 1396). El derecho a obtener la reparación del agravio moral, a menos que el difunto hubiera ya establecido la acción judicial art. 1099 C.C). 3- Presunción de fallecimiento: esta situación se presenta cuando una persona se ausenta del lugar de su domicilio o residencia y transcurre un lapso más o menos prolongado sin dar noticia Página 73 de 169
alguna de su existencia. En este caso, es posible presumir el fallecimiento del ausente por su ausencia prolongado y la falta de noticias de su paradero, influyendo esto sobre las diferentes relaciones jurídicas que afectaban al desaparecido. Evolución legal: en Roma no
se conocía la presunción de fallecimiento. El caso más común de ausencia se presentaba con quienes caía prisioneros. Primeramente se decidía la extinción de los derechos y obligaciones del prisionero pero luego no mediando el conocimiento de su muerte, no se disponía sobre los bienes del mismo. En la antigua legislación española tampoco se tenia en cuenta la presunción de fallecimiento. Primeramente se designaba a uno o más guardadores de los bienes de la persona ausente o muerta sin herederos. En caso de quienes se han ausentado por causas extrañas por más de diez años, los parientes de estos podían disputar sobre la disposición de sus bienes. En el derecho de los antiguas Germanos surgió la hipótesis de incertidumbre sobre la subsistencia de las personas, teniendo en cuenta las ausencias prolongadas por lapsos que iban entre cinco y veinte años. En el derecho francés, se ignoró la declaración de muerte del derecho Germánico. El Código de Napoleón creó la regulación de la ausencia de las personas pero sin relacionarla con la posible muerte de las mismas, es decir que distingue la presunción de ausencia y la declaración de ausencia con el traspaso de los bienes a los herederos del ausente Nuestro código adoptó un sistema mixto combinando dos ideas diferentes: la declaración de muerte del derecho Germánico y la presunción de ausencia del derecho Francés. Así surge la institución de la ausencia con presunción de fallecimiento. Régimen legal: normas de la ley 14394 (art. 22
al 32). Causa de presunción de fallecimiento: la causa que hace presumir el fallecimiento de una persona es su ausencia del lugar de su domicilio o residencia, calificada por la falte de noticia alguna durante lapsos más o menos prolongados. 1º Caso ordinario: se requiere simplemente la prolongación de aquella situación (ausencia sin noticias) durante tres años (art. 22 ley 14394). 2º Caso extraordinario genérico: se requiere que el desaparecido halla estado en el lugar de un
incendio, terremoto, acción de guerra, o halla participado de una empresa que implique el mismo riesgo. En tal caso la presunción de fallecimiento se comienza a los dos años de ausencia sin noticias. (art. 23 inc 1 ley 14394). 3º Caso extraordinario específico: se presenta cuando el desaparecido ha estado en una nave o aeronave naufragada o perdida. La presunción se causa a los seis 6 meses (art. 23 inc ley 14394). Según la ley 14394 podrán pedir la declaración del día presuntivo de fallecimiento todos los que tuvieran algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate: el cónyuge, los herederos legítimos o testamentarios, los legatarios que manifiesten un derecho supeditado a la muerte del testador, el Fisco, el beneficiario de un segura sobre la vida del ausente, cualquier contratante cuyas obligaciones caduquen por la muerte del ausente, los acreedores. Para establecer el fallecimiento presunto de una persona desaparecida se debe seguir un juicio. El juez competente es el del domicilio o última residencia del desaparecido. Procedimiento para su declaración.
Requisitos: De procedencia de la acción y admisibilidad de la misma. Página 74 de 169
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De procedencia de la acción: son requisitos puramente formales o procesales que hacen a la
regularidad del juicio: que la desaparición de la persona esté comprobada; que se justifique la competencia del juez; que el denunciante acredite ser dueño de un derecho subordinado a la muerte del desaparecido. Admisibilidad de la misma: son los extremos que han de acreditarse para que el juez pueda dictar la declaración de fallecimiento son: la falta de noticias del desaparecido; la subsistencia de esta situación durante los plazos establecidos por la ley; la prueba del hecho extraordinario (incendio, terremoto, etc); el cumplimiento del procedimiento legal adecuado ( el llamado por edictos). El procedimiento legal adecuando esta integrado por: Apertura de juicio Nombramiento del defensor ausente según art. 25 ley 14394 Citación por edictos al desaparecido durante seis meses Recepción de pruebas, principalmente las que acrediten los requisitos de admisibilidad Intervención del defensor que deberá ser oído luego de producidas la pruebas para que se expida sobre el mérito de las mismas, además todas las pruebas han de rendirse bajo su control. De acuerdo al art. 26 ley 14394 el juez declarará el fallecimiento presunto del ausente y dispondrá el día presuntivo de su muerte (según art. 27 ley 14394) y la inscripción de la sentencia en el registro civil.
Procedimiento. • • • • •
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4- Efectos de la declaración respecto al matrimonio. En tanto que la muerte de alguno de los cónyuges es causa de disolución del matrimonio, la presunción de esa muerte es solo causa de disolubilidad de la unión. Según el art. 31 ley 14394 “la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento autoriza al otro cónyuge a contraer nuevo matrimonio, quedando disuelto el vinculo matrimonial al contraerse estas nuevas nupcias. La declaración del fallecimiento presunto de una persona causa la apertura de su sucesión, es decir transfiere desde el momento del día presuntivo del fallecimiento, los bienes que componen la herencia de aquella a quienes fueren sus sucesores a esa misma fecha. Según el art. 28 ley 14394 “ dictada la declaratoria del juez mandara a abrir, si existe, el testamento que hubiese dejado el desaparecido, los herederos al día presuntivo del fallecimiento y los legatarios, o sus sucesores, recibirán los bienes del ausente, previa formación del inventario. Tienen derecho a los bienes: los herederos legítimos o testamentarios y los legatarios y sus sucesores. Efectos en cuanto a los bienes del presunto muerto.
Prenotación. Es el periodo durante el cual los
titulares actuales de los bienes que componían el patrimonio del presunto muerto carecen de facultades de disposición respecto a esos bienes, a menos que concurra la autorización judicial, tiene una duración relativamente corta. El art. 30 ley 14394 dice “transcurridos los cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona, quedara sin efecto la prenotacion prescripta, pudiendo desde ese momento disponerse de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal” De esto surge que el periodo aludido puede finalizar, ya por el transcurso del plazo legal, ya por la edad avanzada del desaparecido. Página 75 de 169
Transcurso del plazo legal. La causa ordinaria de cesación del periodo de la prenotación consiste
en el solo transcurso de cinco años a contar desde el día del fallecimiento presunto del desaparecido. Caso de desaparecido octogenario. Para esto se toma en cuenta la avanzada edad del desaparecido para acortar el periodo de indisponibilidad de sus bienes en manos de sus sucesores, porque a la presunción de muerte emanada de la sola ausencia se agrega la hipótesis que surge de la avanzada edad del desaparecido. Apertura del período definitivo o de dominio pleno. Transcurrido el periodo de la prenotacion, se abre el periodo definitivo referente al goce de los derechos transmitidos a favor de los sucesores del presunto muerto. Este aspecto es fundamental con respecto a la disolución de la vida conyugal, a la caducidad de las restricciones que limitaban las facultades de disposición de los sucesores. Al respecto el art. 30 ley 14394 indica que transcurridos los cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento u ochenta años desde el nacimiento de la persona queda concluida y podrá liquidarse la vida conyugal. Cuando el ausente reaparece o se tienen noticias verídicas de su existencia, surge la necesidad de reponer el estado de las cosas al momento en que se encontraban cuando se declaro la muerte. Reaparición del ausente.
Efectos de la reaparición del ausente con relación a los bienes. La reaparición del ausente,
declarado muerto, puede surgir como: antes de la entrega de dichos bienes, durante el periodo de prenotacion, luego de cesada la prenotacion. Antes de la entrega de los bienes. La ley no preve el supuesto que el desaparecido reaparezca en el curso del juicio de presunción de fallecimiento, o luego de la declaración pero antes de quedar esta cumplimentada por la entrega de los bienes a los sucesores. Ante este caso se deja sin efecto la presunción de fallecimiento que se halla dictado, además quedaran impedidos los sucesores para pretender entrar en la posesión de los bienes o inscribir los bienes a su nombre. Durante el período de prenotación . Lo que provoca la ineficiencia del titulo por el cual se ha hecho entrega de los bienes, son la presencia del presunto muerto o la noticia cierta de su existencia. Los obligados a restituir los bienes, deben rendir cuentas de su gestión para justificar que no han dispuesto de los bienes recibidos. También puede surgir que no obstante el tenerse noticias ciertas de la existencia del declarado muerto presunto, este no comparezca a reclamar sus bienes. En este caso toda persona que tuviera interés legitimo respecto de los bienes del ausente puede hacer la denuncia del hecho y si se comprobare, procederá a colocar sus bienes bajo la custodia de un curador. Reaparición después de cesada la prenotación. Según el art. 32 ley 14394 “si el ausente reapareciera podrá reclamar la entrega de los bienes que existen y en el estado en que se hallasen; los adquiridos con el valor de los que faltaren, el precio que se adeudase de los que hubieran enajenado, y los frutos no consumidos.” •
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EFECTOS EN CUANTO AL MATRIMONIO: El art. 31 ley 14394 en su ultima parte establece “... la aparición del ausente no causara la nulidad del nuevo matrimonio” (texto según ley 23515) Autor: Roman Página 76 de 169
Derecho Civil I. Bolilla VIII. 1- Personas de existencia ideal. (concepto). Denominación usada por el legislador civil argentino en el art. 31 del C.C, para caracterizar la índole incorpórea o no físicamente humana de la persona jurídica. Esa denominación proviene de Freitas. El art. 31 dice: “las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible...” con lo que da a entender que esas dos categorías agotan las posibles especies de personas. Mientras define a la persona de existencia visible positivamente como aquella que presenta signos de humanidad (art. 51); a las de existencia ideal las define negativamente y por eliminación, art. 32: “todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas”. La doctrina también las denomina personas ficticias, civiles, colectivas, morales o jurídicas. Ésta última es la denominación más usada en el derecho moderno, pero nuestro Código denomina persona jurídica a las personas públicas, que son aquellas que existen necesariamente. Por eso para evitar confusiones, las denomina personas ideales. 2- Personas Jurídica. (concepto). Son las entidades ideales reconocidas como sujetos de derecho, ya por su conexión por la existencia misma de la Nación (personas de carácter público), ya por un acto administrativo expreso que les confiere personalidad en cada caso (personas jurídicas de carácter privado); según lo previsto en el art. 45 primera parte. Caracteres.
a) Su concurrencia al bien común de la sociedad (art. 33, segunda parte, inc.1). b) Reglamentación estatal (sea por aprobación, creación o reconocimiento expreso del Estado (nacional, provincial, municipal o entidades autárquicas) o por el reconocimiento estatal de sus propios estatutos, asociaciones o fundaciones. El concepto de “persona jurídica” demoró en surgir en la historia del derecho. En la Roma primitiva sólo los individuos humanos eran personas de derecho, la idea de personalidad moral no habrá de aparecer en Roma hasta la época del Imperio. Generalmente antes había algunos indicios de ella: así el poder público era denominado en la República como el Senado y Pueblos romanos, mención que denotaba no un concepto unitario propio de la personalidad moral, sino colectivo, referido al ejercicio del mando y no a la titularidad de derechos y obligaciones. Pero la idea de “persona de existencia ideal” aparece por primera vez delineada cuando las ciudades vencidas por Roma, resultan por razón de la derrota, privadas de su soberanía y reducidas al derecho de los particulares. De ese modo se admitió la existencia de un ente colectivo que actuaba en el derecho a la par de los ciudadanos, usando las formas propias del comercio jurídico y compareciendo ante los jueces de acuerdo a las reglas del procedimiento. Génesis y evolución histórica.
Auge de la persona jurídica. La noción de persona jurídica se mantuvo en un
segundo plano hasta el siglo XIX, en que el capitalismo moderno la usó como un resorte de su expansión y predominio. Página 77 de 169
La utilización de la “forma” de la persona jurídica permitió la reunión de grandes capitales con lo que se formaron empresas económicas inaccesibles para los individuos aislados. Ese auge del capitalismo, multiplicado en sus posibilidades de acción por el recurso económico-jurídico de la personalidad moral de las asociaciones anónimas, puso en el primer plano de la ciencia del derecho la consideración referente a la naturaleza de esas entidades. Naturaleza jurídica: teorías.
a) Teoría de la ficción: fue especialmente desenvuelta y sistematizada pro Savigny. Éste parte del derecho subjetivo al que considera como un poder atribuido a la voluntad, por lo cual, los seres dotados de voluntad pueden ser personas. Pero el derecho positivo puede modificar este principio, ya sea negando la capacidad natural a algunos hombres con la institución de la esclavitud, o extendiéndola a entes que no son hombres, como sucede con la personas jurídicas. A éstos sujetos del derecho Savingy los llama “ personas jurídicas” porque sólo son admitidas para un objeto de derecho que queda ubicado en el sector patrimonial. Características. -
-
b)
Derivan de una creación artificial. Gozan de una capacidad puramente patrimonial. Son entes carentes de voluntad que dependen de la actividad que en su nombre realicen sus representantes. Dentro de esta carencia importa excluir la responsabilidad de las personas jurídicas por los hechos jurídicos ilícitos obrados por sus representantes, ya que es inadmisible una representación para delinquir. Aparece una independencia entre la persona jurídica y sus miembros, ya que puede concebirse la muerte de sus miembros subsistiendo la entidad. Teoría negatoria de la personalidad : surge contra la teoría de
la ficción, parte de la misma base y niega la personalidad de los entes ideales, ya que existen bienes pero no una persona independiente de la persona física.
Distintos criterios. -
-
Teoría de los patrimonios de afectación: para ésta tesis, si bien hay una sólo
clase de personas (los individuos humanos), hay en cambio dos clases de patrimonio: los pertenecientes a las personas determinadas y los atribuidos a un fin específico. Según Brinz la afectación de un patrimonio con una finalidad especial no implica el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho. Completa Bekker diciendo que el manejo de tal patrimonio exige la presencia de una persona en calidad de titular suyo, puesta la voluntad individual en el gestor. Ej: los niños, los locos, etc se benefician con la gestión patrimonial de alguien que obra a nombre suyo. Teoría de los bienes sin sujeto: Duguit se basa en la realidad y en ésta no descubre entes diferentes al humano, dentro de éstos se percibe la solidaridad social junto con voluntades individuales que están amparadas por la norma objeto. Entonces las personas jurídicas no son sujetos de derechos ya que éste no existe. Página 78 de 169
-
Teoría de los derechos individuales peculiares: la persona jurídica no es un sujeto real sino
-
aparente que encubre al verdadero titular (seres humanos). La persona jurídica es un instrumento técnico destinado a corregir la indeterminación de los sujetos. Teoría de la propiedad colectiva: la persona jurídica es una concepción simple y superficial. Se diferencia a la propiedad colectiva de la individual, ya que la primera es similar al condominio, con la diferencia de que en éste cada titular es dueño de una cuota ideal, y en la propiedad colectiva el conjunto de propietarios es el único titular.
c)
Teoría de la realidad : sostiene que la personalidad de los entes ideales existe de manera
para lela a la de las personas físicas, la unión de éstas engendra una unidad superior y distinta a la de sus integrantes. De ésta teoría surgen: - Teoría voluntarista: sostiene que la suma de voluntades de los individuos que integran el ente ideal genera una voluntad distinta, superior e independiente de todas las voluntades individuales. La existencia de ésta voluntad le permite convertirse en un sujeto de derecho. - Teoría organicista: concibe a la sociedad como un organismo con actos de voluntad semejantes a los individuales, estos constituyen un organismo total que decide por sus asambleas (las personas físicas son órganos integrales de las personas jurídicas). - Teoría del interés: sostiene que el interés de la persona jurídica es diferente al de sus miembros, y éste interés sería el sustrato real elevado a la categoría de derecho subjetivo, cuyo titular debe ser un sujeto (persona humana). - Teoría de la institución: la institución es una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social, y que sujeta a su servicio voluntades renovadas. Elementos: una idea fuerza – un poder para servirla – una adhesión a tal idea. La idea es el primer elemento de la institución, el núcleo vital en torno al cual se centran las voluntades individuales consagradas a su servicio. Además tiene la necesidad de construir un poder organizado para que coordine los medios conducentes al fin propuesto. Pero no basta la idea ni el poder para que surja la institución sino que se requiere la participación de un número suficiente de individuos que alienten y estimulen ésta obra. Influencia en el Código Civil.
a) Salvat afirma que nuestro código adopta la teoría de la ficción, se apoya en la denominada existencia ideal, no real o ficticia; al admitir que el estado puede crear o extinguir las personas jurídicas (art. 45 y 48). Se admite que son creaciones carentes de existencia por sí mismas, la irresponsabilidad de las personas jurídicas por hechos ilícitos se establecía en el anterior art. 43. Estos argumentos no son decisivos. b) García López y Llambias: para ellos no es obligatorio para el interprete derivar de las disposiciones del código una especia concepción sobre las personas jurídicas, lo que sí es cometido por la ciencia del derecho, ya que las normas legales concretas son idóneas para regir el comportamiento humano, pero no para fijar ideas del hombre. Clasificación de las personas jurídicas
1- El Estado
Nacional De carácter público. Página 79 de 169
2- Cada Provincia 3- Cada Municipio
4- Entidades
Autárquicas
Personas
Católica La ley 17711
Civiles
otras
5- La iglesia
Jurídicas (art.33) Personas de
De carácter privado
Existencia ideal
1- Asociaciones
2- Fundaciones Personas de existencia ideal
1- Socs civiles, Comercs y entidades q n requieran d autoriz
estatal
(art. 33) 2- Simples asocs (art. 46)
Es una unión estable de una pluralidad de personas que tiene una constitución corporativa y un nombre colectivo, cuyos bienes son administrados por los mismos miembros. Clasificación: a) Comerciales: Son las que persiguen un fin de lucro que será en beneficio de sus miembros. b) Civiles: Persiguen finalidades exentas de lucro y tienden al fin común. Asociaciones:
Es una organización para la realización de un fin desinteresado. La fundación es reconocida como sujeto de derecho y no consiste en una unión de personas. Ley 14836: viene a llenar el vacío anterior de la legislación sobre las fundaciones (antes se regían por estatutos). Esta ley legisla sobre: organismos administrativos, fiscalización y control, beneficiarios, etc. Caracteres: - Persigue un fin desinteresado. - Carece de miembros. - Esta sustentada en la voluntad del fundador. Constitución: Se origina en un acto jurídico emanado de la voluntad particular llamado “acto funcional”. Este es un acto jurídico unilateral que proviene de la voluntad de un sujeto de derecho (visible o ideal) que determina el fin de la institución y los medios apropiados (patrimonio y gobierno). Fundaciones:
Distinción entre asociación y fundación: 1) Las asociaciones tienen miembros que reciben el beneficio de la entidad; las fundaciones carecen de estos, solo tienen administradores y beneficiarios que son extraños a ella. Página 80 de 169
2) El estatuto de la asociación se origina en la voluntad de sus miembros que pueden modificarlo o no; el estatuto de la fundación se origina en la voluntad del fundador que es persona ajena a la entidad. Pero esta no puede cambiar su propio estatuto. 3) El fin de la asociación tiende al beneficio de los propios asociados y el de la fundación tiende al beneficio de terceros que son ajenos a ella. Simples asociaciones: Son sujetos de derecho provistos por el concurso de los
miembros que
los constituyen carentes de finalidad lucrativa. Elementos esenciales: 1) Tiene pluralidad de miembros. 2) Son de duración indefinida. 3) Disponen de un fondo social. 4) Persiguen un fin desinteresado. Régimen legal: Las simples asociaciones no tienen en nuestro código un régimen propio, sino que se gobiernan por las reglas del Contrato de Sociedades. 4 – Constitución de las personas jurídicas privadas:
Acerca del momento inicial de las personas jurídicas, el articulo 45 parte primera dice: “comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el carácter de personas jurídicas, desde el ida que fueren autorizadas por la ley o por el gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa”. Acto constitutivo: Este tramite administrativo se inicia con un pedido de los particulares interesados en la gestión de la personería y aun antes por medio de un acto jurídico que vincula a esos interesados en el propósito de constituir la persona jurídica; es el acto jurídico constitutivo de la entidad que si se tratara de una asociación se llamaría “acto conjunto” o “acto funcional” si se refiere a una fundación, pero que en ambos casos contiene un proyecto de estatuto o carta que habrá de regir la vida de la persona jurídica. Autorización estatal: La personería jurídica es otorgada mediante un decreto dictado por el poder ejecutivo, luego del tramite seguido al efecto ante la inspección general de justicia (art. 3 y 4 de la ley 22315). Pero nada se opone, a que el propio congreso de la nación, en la jurisdicción de esta, y las legislaturas locales, confieran la personería mediante una ley en sentido formal. Requisitos y recursos: Tanto las asociaciones como las fundaciones están sometidas a la reunión de ciertos requisitos para existir. Para que las asociaciones y fundaciones puedan producir efectos necesitas requisitos de fondo y forma. De fondo:
1) Finalidad de bien común: Este es un rasgo característico de todas las personas jurídicas privadas. Ella hace el bien común cuando la actividad de la entidad concurre al bien de todos. 2) Patrimonio propio: La existencia de este es un supuesto indispensable para que la entidad pueda acceder a la personalidad jurídica. 3) Dispositivo de gobierno de la entidad: Es un requerimiento fundamental ya que es el que administra y gobierna la entidad para lograr los fines determinados por medios apropiados. De forma: Son los modos por los cuales se
jurídica.
manifiesta la existencia de la entidad como persona
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1) Un acto constitutivo de carácter privado: Se inicia con un pedido de los particulares interesados en la gestión de la personería y por medio de un acto jurídico que vincula a esos interesados en el propósito de constituir la persona jurídica. Este acto si se trata de una asociación se llama “acto conjunto” y si se trata de una fundación se llama “acto fundacional”. Este acto no solo rige a los interesados con relación a las obligaciones que hubieren asumido, sino también por el posterior reconocimiento estatal. Todo este tramite es realizado por el ministerio de justicia. 2) Reconocimiento estatal: Es la culminación de lo anterior. Resulta de la conjunción de la voluntad particular expresada en el acto jurídico constitutivo y de la voluntad estatal que se concreta en el acto de autorización. Requisitos especiales: En algunos supuestos es indispensable agregar algunos requisitos adicionales que se imponen, ya por razón de la forma que adopta la entidad (así las S.A. deben cumplir con las exigencias de los artículos 163 y 55 de la ley de sociedades) o ya por razón de la actividad a desarrollar (como ocurre en los bancos que deben cumplir las prescripciones de constitución de la ley 12962. 5 - La persona jurídica y sus miembros: Art. 39 CC: “Las corporaciones, asociaciones, etc.
Serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros i todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubieran obligado como fiadores, mancomunados con ella”. Distinción: 1) La existencia de los distintos patrimonios (el de la entidad y el de sus miembros) que nutren con su actividad humana la propia de la entidad. 2) La distinta titularidad de derechos a que da lugar la actividad de la entidad. 3) La diversa responsabilidad a que da lugar la aludida actividad, que en principio, sólo compromete la de la propia entidad actuante. 4) La posibilidad de alterar la composición humana del núcleo sin que se modifique la situación jurídica de la entidad. 5) La posibilidad que la entidad rija su propio orden interno y establezca los derechos y deberes de los individuos que componen la entidad o que se benefician con su actividad. Consecuencias:
- patrimonio: el patrimonio es un atributo de la persona, si ésta carece de patrimonio no sería persona El patrimonio de la persona jurídica está compuesta por todos los bienes de que ella es titular y así mismo de las cargas que la gravan. Por consiguiente los bines de la entidad figuran en su propio patrimonio y no en el de los individuos que la componen. -
responsabilidad: la actuación de la entidad compromete su propia responsabilidad y no la de sus individuos que con sus actos configuran la actividad de aquella. Art. 39: “ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación”, no pudiéndose embargar por ejemplo los bienes de un gerente para satisfacer las obligaciones de la entidad.
6- Responsabilidad de las personas jurídicas. Página 82 de 169
Responsabilidad: consiste en la aptitud de alguien para ser pasible de una sanción (comportamiento que se impone al infractor de un deber jurídico). Ante la infracción entran en juego los dos tipos de responsabilidad civil y penal. La responsabilidad civil de las personas jurídicas varía en función de la causa que la haya originado, en contractual o extracontractual. La primera proviene del incumplimiento de un contrato celebrado por la persona jurídica, la segunda de la infracción de cualquier otro deber jurídico en que hubieren incurrido los individuos humanos que conforman con su actividad, la propia persona jurídica (dirigentes) o dependientes y en especial los hechos ilícitos cometidos por ellos (delitos y cuasidelitos). Contemplada en el art. 42 del C.C.: “las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución de sus bienes”. Por lo tanto, si no cumplen con las obligaciones que tuvieren, es dable comportarse del mismo modo como podría obrarse respecto de cualquier deudor (persona visible) ya que se trata de una aplicación del derecho común. Pero se presenta el problema respecto a la imputabilidad de los actos de los dirigentes de la persona jurídica, variando las soluciones según los distintos fundamentos en que se sustenta dicha imputación y quienes propician la teoría del órgano. Responsabilidad contractual.
a)
b)
Teoría de la Representación. Explicación suministrada por los
teóricos de la ficción. Las personas jurídicas carecen de voluntad por lo que deben ser asimiladas a las personas humanas también carentes de voluntad. Por ello y para que puedan hacer valer su capacidad de derecho, la ley los provee de representantes legales, que actúan y obran a nombre de ellos; por lo tanto cuanto realicen esos representantes, en los límites de su representación obliga y compromete a la persona representada, como en los supuestos ordinarios de mandato. Teoría del órgano. Sostenida por los partidarios de la doctrina de la realidad. Sostiene que siendo estas personas entes reales que expresan su voluntad jurídica por medio de sus agentes, no hay dualismo entre estos y la entidad, no existe entre la entidad y los dirigentes un vínculo contractual, sino una relación institucional que proviene de la constitución y organización de la persona jurídica, por lo tanto, los administradores no están fuera sino dentro de ella, y ofician y actúan como órganos suyos. Por esta razón responde la entidad por la actuación de sus dirigentes u órganos, sea en el orden contractual o extracontractual, cuando ellos han obrado en función de tales miembros.
Nuestro sistema legal. Esta instrumentado según el art. 36 del C.C.: “se reputan actos de
las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren sólo producirán efectos respecto de los mandatarios”. Con ésta última frase el codificador se enrola en la teoría de la representación. Así, obrado algún acto a nombre de la persona jurídica con exceso de atribuciones, ello no se imputa a la entidad, sino al individuo humano que se ha desorbitado en su cometido. Pero éste nunca queda obligado a realizar lo prometido, sino eventualmente a resarcir los daños y perjuicios que sufriera la otra parte. Para determinar la desorbitación o no del representante, hay que acudir a las normas constitutivas de la entidad y en caso de silencio de éstas, a las reglas del mandato, según lo previsto en el art. 37 C.C. ante toda duda sobre tales facultades ha de resolverse en el sentido de la carencia de atribuciones. Página 83 de 169
La ratificación que realizare la persona jurídica, por intermedio de sus órganos competentes, cubre toda imperfección que hubiere en lo obrado por sus anteriores representantes (nulidad relativa). Aplicación del principio de enriquecimiento sin causa.
La persona jurídica queda obligada a restituir las adquisiciones recibidas por intermedio de sus representantes que hubiesen obrado con exceso de sus atribuciones no obstante no queda comprometida la persona jurídica por esto último. Responsabilidad extracontractual.
Cuestión en el código de Velez, análisis de los art. 41, 42 y 43:
a) Art. 41: Sienta el principio de la paridad jurídica entre las personas jurídicas y los particulares, y así la igual posibilidad de actuar en el campo del derecho. b) Art. 42: Establece que las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y puede hacerse ejecución de sus bienes, se trata de toda clase de acciones civiles incluso las resarcitorias de daños y perjuicios. c) Art. 43: “No se puede ejercer contra las personas jurídicas acciones criminales o civiles, por indemnización de daños, aunque sus miembros en común, o sus administradores individualmente hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio de ellas”. Se trata de una excepción a la paridad establecida en los art. 41 y 42. Sobre el contenido de esta excepción se han vertido distintas opiniones doctrinarias: Según esta opinión, sustentada por la Corte Suprema hasta el año 1921 y auspiciada por Segovia, el art. 43 excluía todo supuesto de responsabilidad proveniente de actos ilícitos a cargo de las personas jurídicas. Para estos el principio general de responsabilidad habría sido sentado en el art. 42, haciéndose excepción al mismo en el art. 43, con respecto a los supuestos de delitos y cuasidelitos civiles. Esta teoría enrola al codificador en la teoría de la ficción, resultado su criterio impracticable e injusto, en oposición al principio de igualdad ante la ley que garantiza la Constitución Nacional. En la actualidad este criterio ha sido superado. Criterio amplio de responsabilidad plena salvo con respecto a los delitos criminales: Esta 2) opinión considera que el art. 43 solo determina una excepción de responsabilidad de las personas jurídicas, respecto de los delitos criminales, pero dejaba subsistente esa responsabilidad con relación a los delitos y cuasidelitos civiles del art. 42. Arriban a esta conclusión por la diferencia textual entre el art. 300 del Esbozo de Freitas (fuente “a la letra” según Velez) y la redacción del art. 43; así debe ser sustituida la palabra “aunque” por “cuando” que es la utilizada en la fuente. 3) Criterios intermedios: En esta posición se ubican Salvat, Aguiar y Machado. Para Salvat se debe extinguir la responsabilidad directa o por el hecho propio de la responsabilidad indirecta, proviene del hecho ajeno de los obreros y empleados. Así la persona jurídica no responde por el hecho propio (obrado por miembros y administradores de la entidad) pero si responde por el hecho ajeno o por las cosas de que se sirven o que tienen a su cuidado (en concordancia con lo dispuesto en el art. 1103 CC). 1)
Criterio clásico de irresponsabilidad total por hechos ilícitos:
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Para Machado, las personas jurídicas responden por los cuasidelitos pero no por los delitos. Para Aguiar determina que el art. 43 es la excepción al régimen básico determinado por el art. 42, sacando esta conclusión por la comparación con el art. 300 de Freitas y concluyendo que solo era irresponsable la persona jurídica respecto de los delitos criminales o civiles cometidos por sus administradores. Criterios derogatorios: Spota derivando conclusiones extrañas a la letra del art. 43 4) llegando a obviarlo por completo; y Borda expresando enfáticamente su opinión sobre el anacronismo y la injusticia de lo dispuesto en ese art. llegan propiciar la reforma y derogación del texto. Borda opina que al tiempo de su declaración la jurisprudencia ya lo había derogado. 5) Llambias: En su opinión coincidente con Rivarola, Garcia Lopez, Aguiar, etc., el texto legal se plegaba al sentido literal del art. 300 de Freitas. Para él subsistía la responsabilidad de la persona jurídica si se trataba de cualesquiera otros derechos que no fuesen delitos civiles cometidos por los administradores de la entidad, aun cuando configurasen delitos criminales. El art. 43 negaba acción criminal contra la persona jurídica por los delitos cometidos por sus miembros, lo que implicaba una invasión de la materia propia del código penal. Esta impropia regulación de la responsabilidad penal era desde el punto de vista técnico. La ley 17711 renueva el texto del art. 43 en los siguientes términos: “las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirigen o administran, en el ejercicio o con ocasión de sus funciones”. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título: “de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”. La fórmula “ en ejercicio y con ocasión de sus funciones” ha dado lugar a diversas interpretaciones doctrinarias. Según Llambias sólo puede ser imputado el obrar de quienes dirigen o administran a la entidad cuando es practicado “en el ejercicio de la función”, es decir cuando fuese consecuencia de actos que correspondieren por su naturaleza a la función, pues sólo entonces el agente obra como órgano de la persona jurídica, no cuando obra sólo con “ocasión” de esa función (accidente “in itinere”). (Ocasión: actos ajenos o extraños a la función específica, pero que únicamente han podido ser llevados a cabo por el representante o dependiente en tal calidad y con motivo de sus funciones). Con respecto a la segunda parte del art. 43 (nueva) las responsabilidades de las personas jurídicas se asimilan a la de las personas de existencia visible quedando regidas por los principios que establece el art. 1113 del C.C. Reforma.
Evolución doctrinaria. a)
Doctrina de la ficción: la persona jurídica carece de
toda responsabilidad extracontractual, ya que siendo la responsabilidad la aptitud de alguien de ser pasible de sanción, no es posible imputar esta responsabilidad a las personas jurídicas, ya que son entes ficticios carentes de voluntad psíquica. Además la persona jurídica es ente de derecho y toda ilícita está fuera de su órbita (principio de la especialidad). Finalmente el hecho ilícito excede el mandato conferido al mandatario, por lo que no cabe nunca imputarlo nunca a la persona jurídica (mandante). A ésta posición es dable criticar que coloca a los sujetos de derecho en un grado de privilegio (pues goza de las ventajas de la actuación jurídica de los mandatarios y se exime de los perjuicios que ésta actuación pudiera aparejar. Página 85 de 169
b) Teorías negatorias:
1- Bekker: no admite responsabilidad de las personas jurídicas pues no puede ser responsable quien no es. 2- Ihering: impone responsabilidad por motivos de equidad. Cree así gravar a quienes se han vinculado bajo la forma de persona jurídica. 3- Duguit: pone en juego la idea de riesgo creado, aquel que suscita riesgo de perjuicio debe repararlo. c)
Teoría de la realidad : hay responsabilidad de las
personas jurídicas desde el momento que son equiparables en condiciones con las personas naturales. La falta o imprudencia es imputable al órgano de la persona jurídica, dispositivo por el que se expresa la voluntad de la entidad. Es desde el punto de vista jurídico un acto de la entidad misma por lo que trae aparejada su propia responsabilidad.
Hasta 1921 la Corte no admitió la responsabilidad civil de una persona jurídica por hechos ilícitos obrados por sus dirigentes o dependientes. Luego el tribunal reconoce la responsabilidad de una persona jurídica dedicada a la actividad naviera, por los daños imputados a la culpa de sus empleados, entonces interpreta que el art. 43 no impedía hacer efectiva la responsabilidad indirecta del principal por el hecho de sus dependientes. La Corte ha resuelto varios casos en los que se duda de la responsabilidad de las personas jurídicas por hechos culposos de sus dependientes, en todos se pronunció por la admisión de esa responsabilidad. Pero en estos casos se trató de cuasidelitos, a delitos civiles obrados por empleados de la persona jurídica. Llambias aprueba la jurisprudencia de la Corte que no admitía la responsabilidad de las personas jurídicas por los hechos de los administradores de la entidad, es decir, por las personas que concurren con su voluntad a determinar la actividad que habrá de imputarse a aquella. Jurisprudencia.
7- Capacidad de las personas jurídicas. Para la realización de los fines, la persona jurídica goza de una capacidad referida tanto a los derechos patrimoniales como a los extrapatrimoniales, aunque carece de toda capacidad para adquirir derechos inseparables de la condición humana (matrimonio, patria potestad). Cuando se habla de capacidad se alude a la capacidad de derecho, ya que la capacidad de hecho corresponde solamente a las personas de existencia visible. Con relación a las personas jurídicas no es posible concebir ese desdoblamiento entre la titularidad de los derechos y su ejercicio, porque desde su misma constitución cuenta con un dispositivo de actuación que permite a la entidad alternar el mundo jurídico. Principio de capacidad: Como las personas naturales, las personas jurídicas se rigen en cuanto a
su capacidad por un principio de libertad y amplitud, es decir que ellas pueden adquirir todos los derechos (art. 31) y ejercer los actos que no le sean prohibidos (art. 35). Pero este principio general resulta moderado por el principio de la especialidad, por las restricciones impuestas por la ley, o por la naturaleza de las cosas.
Limitaciones: Página 86 de 169
1)
Principio de Especialidad: Este indica que la capacidad de la persona jurídica solo puede
ejercerse en orden a los fines de su institución, en vista de los cuales el estado reconoció al ente como sujeto de derecho. Al margen de estos fines la persona jurídica carece de toda capacidad, porque en verdad carece de personalidad. Este principio esta contemplado en el art. 35, en el que se establece la posibilidad para las personas jurídicas de adquirir derechos y ejercer actos conducentes a sus fines de institución que se hallan contemplados en el código o expresamente prohibidos. Este principio impide que se desvirtúe el objeto para el cual se ha constituido la persona jurídica. 2) Impuestas por la Ley: Las personas jurídicas ven restringida su capacidad para la adquisición o mantenimiento de ciertos derechos por imperio de la ley. Tal es el caso del usufructo, uso, habitación y servidumbres personales que se constituyen a favor de las personas jurídicas, derechos estos que no pueden perdurar mas de 20 años, mientras que para las personas visibles pueden prolongarse por mucho mas tiempo. 3) Restricciones provenientes de la naturaleza de las Cosas: De la sola naturaleza de las cosas surge la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan ser titulares de derechos inseparables de la condición humana. Aun existiendo las restricciones anteriores, queda a favor de la persona jurídica una serie de derechos de carácter patrimonial de que pueden gozar estas; estos son: a) La posesión de las cosas y la cuasi posesión de bienes. (posesión verdadera: las cosas corporales/cosas incorporales. Cuasi posesión: de un derecho es el goce que tiene el titular al que pertenece). b) Los demás derechos reales con la limitación expresada en cuanto a la duración del usufructo, uso, habitación, etc. c) Los derechos intelectuales en su significación patrimonial, como también las patentes de invención y las marcas de fabrica. d) Los derechos creditorios en general, emanados de contratos, hechos ilícitos, enriquecimiento sin causa, etc. e) Pueden prescribir a su favor y son también pasables de prescripción. f) Pueden recibir herencias y legados. Derechos de carácter extrapatrimonial: a) Atributos inherentes a la personalidad, menos el Estado que es exclusivo de la persona visible. b) Derecho de ejercer comercio. c) Se le reconoce el derecho al honor y tiene acciones civiles y penales en defensa de su honor y buena fama. d) Puede ser tutor de todo menor confiado a estas personas jurídicas, espontáneamente por sus padres, tutores o guardadores, siendo un órgano de beneficencia privado o publico. e) Gozan de derechos constitucionales de libertad de prensa, de libre asociación y de libre enseñanza. f) Pueden crear una fundación. g) Gozan de derechos disciplinarios respecto de terceros y en conformidad con sus estatutos. 8 - Fin de la existencia de las personas jurídicas.
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No se contempla especialmente en el código civil, aunque si en los proyectos de reforma del código penal (1951) y en las distintas leyes de las instituciones. Estos criterios han tenido aceptación en la jurisprudencia penal. Diversas causas: Retiro de la personería: La vida de la
persona jurídica termina por el acto contrario al de su nacimiento, otorgado por el poder ejecutivo, que se concreta en el retiro de la personería jurídica. Este acto debe fundarse en la concurrencia de alguna causa legitima que justifique la adopción de esa medida. El código civil enuncia en los art. 48 y 49 las causas que pueden dar lugar a la extinción de las personas jurídicas. Nuevo articulo 48: “Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar: 1_ por su disolución por la decisión de sus miembros aprobada por la autoridad competente; 2_ disolución en virtud de la ley, (...), o por haberse abusado o transgredido las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque es imposible el cumplimiento de los estatutos, o porque fuese necesaria a los intereses públicos; 3_ por la conclusión de los bienes destinados a sostenerla”. Esta decisión admite la oposición de los recursos previstos en el art. 45, en este caso el juez podrá disponer la suspensión provisoria de los efectos de la resolución recurrida. La doctrina agrega a estas causas, el agotamiento de la finalidad perseguida por la institución y la expiración del plazo de duración de la entidad previsto en los estatutos. Se distinguen las causales del articulo: a_ solo referentes a las asociaciones y b_ comunes a las personas jurídicas privadas, de cualquier tipo (asociaciones y fundaciones). Causales de extinción comunes a las asociaciones y fundaciones :
1) Imposibilidad del cumplimiento de los estatutos. 2) Conclusión de los bienes destinados al sostenimiento de la entidad. 3) Agotamiento de la finalidad perseguida. 4) Expiración del plazo de duración previsto en los estatutos. Solo la expiración del plazo previsto, configura una causal que opera de pleno derecho, ya que las demás requieren un acto administrativo que verifique las causales. En estos casos el pronunciamiento de la autoridad que retira la personería jurídica tiene un alcance meramente declarativo y no constitutivo. Causales de extinción propias de las asociaciones: Se refiere a la decisión de los
sanción con que se puede castigar la actuación de la entidad.
miembros y a la
a) Según el código, la decisión de los miembros es presupuesto adecuado para el retiro de las personas jurídicas que pueda determinar el gobierno, aprobando esa determinación. Este pronunciamiento de la autoridad administrativa, que aprueba la deliberación de los miembros, tiene un alcance constitutivo de la extinción de la persona jurídica. b) Por vía de sanción: La autoridad reprime de esa manera la actuación ilegitima de la persona jurídica si esta abusa de su reconocimiento como sujeto de derecho, o cuando transgrede las condiciones o cláusulas de la autorización legal, por realizar actividades incompatibles con los Página 88 de 169
intereses públicos (art. 48 in. 3). En este caso la decisión adoptada, no es susceptible de recurso judicial lo que significaría romper el equilibrio entre los poderes del estado. Muerte de los miembros de la entidad: La muerte de los miembros integrantes de una
corporación, no constituye una causa especifica de extinción de la persona jurídica, pero puede llegar a serlo si ella se traduce en la imposibilidad de cumplir los estatutos, lo que es materia de consideración de la autoridad publica competente; por lo tanto corresponde al gobierno, si los estatutos no lo hubieren previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo como debe hacerse su renovación. Según lo previsto en el art. 49 CC. Sociedades Anónimas (causales de extinción): Las sociedades anónimas desde el punto de
vista
de la estructura participan del genero de las corporaciones, diferenciándose de las corporaciones civiles por su fin lucrativo. De ahí que se discuta sobre si las causales de extinción de las personas jurídicas se aplican a las S.A. a) Salvat opina que las S.A. tienen un régimen propio de disolución establecido en los art. 369 a 371 del código de comercio (derogado por ley 19550). b) Para Llambias se aplican subsidiariamente las disposiciones del código civil, sin desconocer la vigencia de los art. del código de comercio y en virtud de lo dispuesto en el art. 1 del mismo. Ley de Sociedades (19550): La personería de las sociedades anónimas ya no se gobierna por
sistema de concesión estatal, sino por el sistema normativo de constitución (interesados por escritura publica o instrumento privado, presentado a ente controlador), contra las decisiones derogatorias de las autoridades administrativas o del juez del registro hay un recurso judicial. En cuanto a la terminación de la entidad, ya no hay un retiro de personería sino “disolución” de aquella. Revisión judicial:
La ley 17711 en el agregado realizado al art. 48 del CC confirma la doctrina que considera viable discutir la legitimidad del acto administrativo que cancela el otorgamiento de la personalidad jurídica, cuando la decisión se funda en la existencia de hechos a los que objetivamente la ley erige como causales de extinción de esa personalidad, pero en cambio reputa inadmisible la revisión cuando la autoridad administrativa ha hecho uso de las facultades discrecionales a ese respecto. Efectos del retiro de la personería jurídica: El efecto inmediato provoca la extinción del sujeto
de derecho. No provoca la creación inmediata de una simple asociación, pues la existencia de uno u otro sujeto ( persona jurídica y simple asociación), son por entero independientes, por lo que la extinción de las personas jurídicas da lugar a las consecuencias normales de toda extinción, con la consiguiente liquidación de deudas, pago de deudas y destino del remanente, sin perjuicio de que los ex miembros constituyan una simple asociación reuniendo los requisitos necesarios. En tal caso no podrán contar con el remanente de los bienes de la extinción, ya que estos bienes tienen un destino señalado (por ley o por los estatutos). Destino del patrimonio: El art. 50 CC
fija la suerte del patrimonio y así también de las relaciones jurídicas pendientes a partir de la extinción de la persona jurídica, lo que da lugar a un proceso patrimonial señalado por los siguientes pasos: Página 89 de 169
1) Liquidación de los bienes: reducción de los bienes a dinero efectivo u análoga forma que permite la adjudicación de los mismos a quien corresponda. 2) Pago de las deudas de la persona jurídica. 3) Aplicación del remanente de los bienes al destino final que disponga el cuerpo legislativo. A pesar de que en el art. 50 se menciona a las asociaciones, su régimen es extensible a las fundaciones. Ley de fundaciones (19836): Dice en su art. 30 que
a falta de previsión en los estatutos sobre el destino de los bienes, ello puede ser materia de decisión de las propias autoridades, con arreglo del criterio legal y conforme la autorización del estado. Liquidación de patrimonio: A pesar de decretada la extinción de la
corporación o fundación, se prolonga la personería y función de sus organismos directivos al solo efecto de la liquidación de los bienes, y la masa en liquidación toma el nombre de la extinguida persona jurídica mas el agregado “en liquidación”. Pago de deudas: Practicada la liquidación, el producido de la misma debe aplicarse al pago de las
deudas como se infiere del art. 50, y cabe también la satisfacción de las prestaciones que correspondieren a obligaciones exigibles.
Destino de los bienes: El remanente del producido de los bienes cumplidos los pasos anteriores,
debe aplicarse al destino previsto en los estatutos o en su defecto al “objeto que disponga el cuerpo legislativo”, son dos directivas subordinadas una a la otra. Subsidiariamente si los estatutos nada dijeren de los bienes, estos se reputan vacantes y en esa calidad son entregados al organismo estatal correspondiente.
Reintegro a los miembros de la entidad extinguida: Se distingue según se trate de las entidades
con fin lucrativo y las de fin desinteresado. Si se trata de las primeras el remanente de los bienes ha de distribuirse entre los socios en proporción a sus respectivos aportes y cubiertos estos excedentes se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en las ganancias (ley 19550). Por tanto no hay posibilidad que resulten bienes vacantes ya que los bienes de esa clase de entidades pertenecen a los socios. En cambio si las corporaciones persiguen fines desinteresados, sus bienes se reputan vacantes sin posibilidad de reintegro alguno a favor de sus asociados, a causa de la independencia de la personalidad entre estos y el ente. Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla IX.
1- Bienes. (concepto). Aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se ayudan. Son aquellas que compones la hacienda, el caudal o la riqueza de las personas. Cosas. (concepto). En su acepción más amplia comprende todo lo existente. De manera corporal o incorporal, natural o artificial, real o abstracta. Se llama “cosa” en el Código Civil Argentino a los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Página 90 de 169
2- Clasificación de las cosas. son las cosas que tienen la característica de poder ser trasladadas de un lado a otro, utilizando una fuerza externa. Por su naturaleza: art. 2318 “ son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por si mismas, sea que solo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles”. Se dividen en: Semovientes (son las cosas muebles que tienen la propiedad de moverse por sí mismas. Ej: el ganado). Locomóviles y automotores ( artefactos rodantes con propulsión propia. Ej: locomotoras, automóviles, tractoctores,etc). Por su carácter representativo: art. 2319 in fine “son también muebles... todos los instrumentos públicos o privados donde se constare la adquisición de derechos personales”. Muebles:
son las que están fijas en un lugar determinado, no pudiendo ser trasladadas a otro lugar. Pueden ser inmuebles por su naturaleza, por su accesión física o moral y por su carácter representativo. (art. 2313). Por su naturaleza: art. 2314. “son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por si mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad; todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre”. Por accesión física: art. 2315. “son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión tenga carácter de perpetuidad”. Por accesión moral: art. 2316. “son inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente, como accesorias de un inmueble por el propietario de éste, sin estarlo físicamente”. Por su carácter representativo: art. 2317. “son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis”. Inmuebles:
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son cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la misma especie equivale a otro individuo de la misma especie y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual cantidad. No fungibles: son aquellas cosas que no pueden ser sustituidas por otra de igual calidad. Las cosas no fungibles son aquellas valoradas desde su individualidad. Ej: una obra de arte. Fungibles:
art. 2325. “son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. Son no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo”. Consumibles y no consumibles:
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art. 2326. “ son cosas divisibles, aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales, c/u de las cuales forma un todo homogéneo y análogo, tanto a las otras partes como a la cosa misma”. No divisibles: el codificador no las definió, pero claro está de que se trata. Divisibles:
Principales:
mismas”.
art. 2327. “son cosas principales las que pueden existir para si mismas y por si
Accesorias: art.2328. “ son cosas accesorias aquellas cuya existencia y
naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen, o a la cual están adheridas”. Frutos: aquellos que otra cosa da sin que altere o
disminuya su sustancia.
Se dividen en: naturales: son los que la cosa produce espontáneamente y sin intervención principal del hombre. Industriales: son los que la cosa produce, mediante la acción principal del hombre. Ej: los cortes de alfalfa. Civiles: son las rentas provenientes del uso de la cosa, como también el salario correspondiente al trabajo material. son las cosas que se extraen de una cosa existente, la cual no las vuelve a producir y queda disminuida o alterada en su sustancia a consecuencia de la separación de aquellos. Ej: el petróleo extraído de la tierra. Productos:
Art. 2336. “ están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuese expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública”. Art. 2337. “las cosas están fuera del comercio por su inenajenabilidad absoluta o por su inenajenabilidad relativa”. - Son absolutamente inenajenables: a) Las cosas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley. b) Las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad, en cuanto éste Código permita tales prohibiciones”. Cosas dentro y fuera del comercio.
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Son relativamente enajenables las que necesiten una autorización previa para su enajenación. (art. 2338).
3- Clasificación de los bienes con relación a las personas. Son aquellos afectados a una utilidad pública. Son los que pertenecen al Estado como órgano político. La característica esencial de los bienes público del Estado, es que los bienes están afectados al uso y goce de todos los ciudadanos. Art. 2341 “las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones de éste Código o a las ordenanzas generales o locales”. a) Dominio público.
Enumeración art. 2340.
1) Los mares territoriales hasta las 200 millas marinas. Página 92 de 169
2) 3) 4) 5) 6)
Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros. Ríos y sus causes, aguas subterráneas. Las playas del mar y las riberas internas de los ríos. Los lagos navegables y sus lechos. Las islas formadas o que se forman en el mar territorial o en toda clase de río, cuando ellas no pertenezcan a particulares. 7) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común. 8) Los documentos oficiales de los poderes del Estado. 9) Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico. Dominio privado.
Son bienes privados del Estado general o de los Estados particulares: (art.
2342) 1) Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro dueño. 2) Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, etc, no obstante el dominio de las corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra. 3) Los bienes vacantes y los de las personas que mueren sin tener herederos. 4) Los muros, plazas de guerra, puentes, ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por los Estados y todos los bienes adquiridos por el Estado o los Estados por cualquier título. 5) Las embarcaciones que diesen en las costas de los mares o ríos de la República, sus fragmentos y los objetos de su cargamento, siendo de enemigos o de corsarios. b) Bienes municipales.
Art. 2344 “son bienes municipales los que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades. Son enajenados en el modo y forma que las leyes especiales lo prescriban"” c) Bienes de la Iglesia Católica.
Art. 2345 “los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias, y están sujetas a las disposiciones de los art. 33 y 41. Estos bienes pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos y a las leyes que rigen el patronato nacional”. Son aquellos que no pertenecen al dominio público ni privado del Estado, ni a la Iglesia Católica. Son los bienes particulares sin distinción de las personas que sobre ellos tengan dominio, aunque sean personas jurídicas. Art. 2348 “ los puentes y caminos, y cualquier otra construcción hecha a expensas de particulares en terrenos que les pertenezcan, son del dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso o goce a todos”. Art. 2349 “el uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenecen a los propietarios ribereños”. Art. 2350 “ las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad, pertenecen en propiedad, uso y goce al dueño de la heredad”. d) Bienes de los particulares.
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La apropiación es el primer modo de adquirir el dominio. Consiste en la aprehensión de cosas muebles sin dueño o abandonada por su dueño, hecha por una persona capaz, con el ánimo de hacerlas suyas. Art. 2343 (susceptibles de apropiación privada: 1) Los peces, acorde a los reglamentos de pesca. 2) Los enjambres de abejas, si el propietario de ellas no las reclamare inmediatamente. 3) Las piedras u otras sustancias que el mar arroja, siempre que no presenten signos de un dominio anterior. 4) Las plantas y hierbas que vegetan en las costas del mar, y también las que cubrieren las aguas, guardándose a los reglamentos policiales. 5) Los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos que se encuentren sepultados o escondidos, sin que haya indicios o memoria de quien sea su dueño. Bienes susceptibles de apropiación privada.
Dinero: Desde el punto de vista económico es todo medio de pago. Desde el punto de vista jurídico se denomina dinero a la unidad ideal de valor creada por el Estado y a los medios concretos de pago representativos de esa unidad. El dinero es una cosa mueble, fungible, consumible y divisible. 4- Patrimonio (concepto). Es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona, susceptibles de apreciación pecuniaria, o como lo define el Código (art. 2312): “es el conjunto de los bienes de una persona”. Es una masa de bienes que se considera como una entidad abstracta independientemente de los elementos que lo componen, los que pueden aumentar o disminuir sin que se altere el conjunto como tal. Es una universalidad de bienes, es decir, la pluralidad de bienes que es posible tratar unitariamente como un todo. Cuando esta universalidad depende de la voluntad del propietario que ha dispuesto los elementos particulares para obtener el resultado del conjunto es una universalidad de hecho ( Ej: biblioteca). Cuando la universalidad no depende de la voluntad del propietario sino de la determinación de la ley, es una universalidad de derecho (Ej: el patrimonio). Es la teoría sustentada por Aubry y Rau que indica que “el patrimonio se deduce lógicamente de la personalidad ( ...) el patrimonio es la emanación de la personalidad y la expresión de la potestad jurídica de que esta investida una persona”. De esto se deduce: 1º) Únicamente las personas físicas o jurídicas pueden tener patrimonio. 2º) Toda persona tiene patrimonio aunque no tenga actualmente bienes algunos. 3º) Es intransmisible, porque no se puede transmitir su propia personalidad, sólo los entes de esta universalidad son transmisibles. 4º) Cada persona tiene solamente un patrimonio, con las excepciones que haga la ley a este principio. Patrimonio como atributo de la personalidad.
Otras concepciones y patrimonios especiales. Página 94 de 169
Concepción alemana: no niega la existencia de un solo
patrimonio general, pero junto a él admite la coexistencia de patrimonios especiales. La unidad se pierde cuando un conjunto de derechos, cuyos elementos posiblemente son mutables, está regido por normas especiales. Constituyendo un patrimonio especial una esfera jurídica más restringida, delimitada por criterios determinados y susceptibles de desarrollo económico propio, de la misma manera que el general. El fundamento de esta teoría está, en que el patrimonio es el poder económico que descansa en la división de bienes para facilitar al hombre los medios externos para conseguir los fines individuales, que son: primero las necesidades primarias y los placeres personales, y luego también por aspiraciones ideales y altruistas. El patrimonio general está formado por la masa de bienes de que dispone el titular para obtener cualquiera de los fines que se proponga, en cambio los patrimonios especiales son los que están afectados a un fin determinado. En el articulado del Código Civil no hay modo que obligue a adoptar en nuestro derecho la doctrina anterior. En el art. 2312 se limita a conceptuar los bienes y el patrimonio, aunque se amplía en la nota a tal artículo. Así es compatible con nuestro sistema legal el reconocimiento de un patrimonio general y diversos patrimonios especiales del mismo sujeto. El primero se define simplemente como el conjunto de bienes de una persona (art. 2312), que no quedan comprendidos en un régimen legal especial. Y los patrimonios especiales son conjuntos de bienes afectados a un fin determinado y sometidos a un régimen legal especial. Recepción legislativa.
Estos son:
1) El patrimonio de la herencia aceptada con beneficio de inventario. 2) El mismo patrimonio, si los acreedores del causante hacen valer la separación del patrimonio. 3) El patrimonio del presunto muerta durante el período de prenotación. 4) La masa de los bienes del deudor en concurso civil o de quiebra. 5) La masa de bienes integrantes del fondo de comercio. Ambos patrimonios (general y especial) son tratados por la misma ley, por eso son universalidades de derecho. Los nuevos bienes adquiridos por el titular ingresan al patrimonio general a no ser que: 1) La ley establezca que sean incluidos al patrimonio especial. 2) Provengan de inversiones o movimientos comerciales del patrimonio especial. 3) Sean productos o frutos de los mismos bienes del patrimonio especial. Caracteres del patrimonio general.
Es una universalidad jurídica, su unidad está dada por la ley. Es necesario, existe una correspondencia entre patrimonio y persona. Es único e indivisible (nadie puede tener mas de un patrimonio general). Se extingue con la persona. Es inalienable. Es idéntico a si mismo.
Caracteres del patrimonio especial.
Es una universalidad jurídica. Es idéntico a si mismo. No es único. No es enajenable.
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Es de existencia transitoria. Puede haber varios simultáneamente. Son los que revisten el carácter de bienes, es decir, que son susceptibles de tener un valor económico. Se dividen en tres clases: Derechos reales: se concede a su titular un señorío inmediato sobre la cosa, el cual es pleno en el dominio, y se le concede también derechos sobre cosa ajena. Concepción tradicional: la característica del derecho real reside en la relación inmediata del titular y la cosa sometida a su derecho, teniendo éste un poder “erga-omnes”. El derecho real tiene dos elementos: sujeto titular y cosa sobre la que recae el derecho. Teoría de la obligación pasiva universal: el derecho refiere a las relaciones entre hombres por lo que no se puede hablar de relaciones entre personas y cosas. En los derechos reales hay una relación entre un sujeto activo determinado y un sujeto pasivo indeterminado, que es quien quiera se ponga en contacto con el titular y deba respetar su derecho. Teoría de la creación institucional: considera que los derechos reales son instituciones jurídicas, ya que, son un conjunto orgánico que tiene la reglamentación de un dato concreto y permanente en la vida social y está constituido por un nudo de reglas dirigidas hacia un fin común. Su régimen está impuesto por el Estado debiendo los particulares respetarlo. Derechos patrimoniales.
Derechos personales: establecen relaciones entre personas determinadas. En esta relación el titular del derecho puede exigir de alguien la prestación debida. Tiene tres elementos: sujeto activo (acreedor) sujeto pasivo (deudor) y objeto, que es la prestación (obligación de dar, hacer o no hacer). En cuanto a la naturaleza del derecho personal, consiste en la relación de dos personas determinadas y la prerrogativa se ejerce sobre la persona y no sobre la cosa. Al ser cumplida la prestación se transforma el derecho personal, en real. Derechos intelectuales: son los que tiene el autor de una obra científica para disponer de ella y explotarla económicamente por cualquier medio. El art. 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la Nación gozan, entre otros, del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. En el art 17 se establece que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento, por el término que le acuerda la ley. La ley 11723, regula estos derechos bajo la denominación de “propiedad intelectual”, también se protegen por el registro de la propiedad intelectual. Comparación entre los derechos reales, personales e intelectuales.
1º Naturaleza. - Reales: son erga-omnes, sus acciones se dirigen contra el poseedor actual de la cosa. - Personales: son relativos, sus acciones se dirigen contra el deudor. - Intelectuales: son absolutos (erga-omnes). 2º Objeto. Página 96 de 169
-
Reales: son las cosas. Personales e intelectuales: son los bienes.
3º Prescripción. -
Reales: no se extinguen por el transcurso del tiempo, ni por el no uso. Personales: la inacción del titular por un lapso variable produce la extinción de las acciones (art.515). Intelectuales: la propiedad intelectual caduca a los 50 años de la muerte del autor (ley 14467), antes el plazo era de 30 años según ley 11723.
6- El patrimonio como garantía de los
acreedores: recepción en nuestro Derecho Civil.
Todos los bienes de una persona están afectados al cumplimiento de sus obligaciones. Esto se expresa diciendo que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, lo que no significa que tengan sobre él un derecho de garantía, sino que ellos pueden dirigirse sobre los bienes y ejecutarlos a fin de obtener la satisfacción de sus créditos. Si bien este principio no está expresado en nuestro Código, pero tiene aplicaciones directas por las cuales podemos tenerlo como tácitamente incluido por medio de una inducción del principio general (construcción jurídica). Una de las aplicaciones es cuando se faculta a los acreedores para demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude a sus derechos (art. 961). Así partiendo de supuestos particulares, cuyo único fundamento es la noción general, a la que la razón llega por vía de inducción y de la que se extraen nuevas derivaciones por vía de la deducción. La insolvencia es el estado de un patrimonio cuyo pasivo supera al activo. La cesación de pagos es un estado de importancia para satisfacer las deudas exigibles, que puede sobrevenir aún sin insolvencia por falta de liquidez momentánea del deudor. Se constata ordinariamente con el protesto del documento vencido. Consecuencias jurídicas: como la cesación de pagos hace presumir la insolvencia, los acreedores pueden, sobre esa base, solicitar se declare el concurso civil o de quiebra, procediéndose a la liquidación colectosa del deudor por intermedio del síndico. El producido de esta liquidación se aplica a desinteresar a los acreedores privilegiados primero y luego a los quirográficos o comunes. Esta situación es reglada por la ley nacional de concursos 19551. Distintas clases de acreedores. 1)
a)
Tres clases de acreedores a saber:
son los provistos por la ley de algún privilegio, consistente en el derecho de ser pagado con preferencia a otro (art.3875). Los privilegios son calidades accesorias de los créditos en razón de la naturaleza de éstos, por ejemplo: proveedor impago de materiales sobre el inmueble construido con éstos. El deudor no puede construir privilegios a favor de tal o cual acreedor. Se diferencian dos clase de privilegios: Generales: recaen sobre todos los bienes del deudor o sus cosas muebles en total. Tienen privilegios generales los acreedores por gobierno de justicia, los sueldos y salarios de Acreedores Privilegiados:
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b)
dependientes que corresponden a los seis meses anteriores a la apertura del concurso. Es lo contemplado por la ley 19551, la que implícitamente derogó los art. 3879 a 3882 del Código Civil. Especiales: aquellos cuyo asiento recae sobre un bien determinado del deudor. Por ejemplo: privilegios del acreedor por trabajos de conservación de una cosa mueble sobre el precio de la cosa. Art. 3892.
son aquellos que tienen establecido un derecho real a su favor sobre algún bien determinado del deudor. Tales son los acreedores hipotecarios o prendarios. El primero es titular de un derecho real establecido en seguridad de un crédito en dinero sobre bienes inmuebles que continúa en poder del deudor. El segundo ha constituido una prenda sobre una cosa mueble del deudor, consiste en su retención en garantía del cumplimiento de la deuda. 2)
Acreedores munidos de garantía real:
3)
Acreedores Quirográfarios.
Son los que carecen de toda preferencia. Su derecho se hace efectivo una vez desinteresados los acreedores protegidos y los munidos de garantía real. Si el capital sobrante no alcanza para pagar a los acreedores quirográficos en el exacto monto de la deuda, se hace un pago por prorrata de los créditos respectivos, es decir se distribuye el activo realizado del deudor entre los acreedores en proporción al monto nominal de sus créditos. De ese modo cada acreedor sufre la misma merma proporcional, manteniendo el principio de igualdad de los acreedores frente al patrimonio.
Efectos. a)
-
-
los acreedores pueden articular ciertas medidas preventivas, destinadas a impedir el egreso de bienes del patrimonio del deudor, a fin de que éste no se torne insolvente con el perjuicio consiguiente de los acreedores. Tales medidas son: embargo e inhibición. Medidas precautorias:
Embargo: es una orden judicial que inmoviliza un bien determinado en el
patrimonio del deudor, quien queda impedido para enajenar ese objeto. Si éste es una cosa inmueble, el embargo se traba mediante la anotación de la orden judicial en el Registro de la Propiedad. En cambio si se trata de una cosa mueble, se produce el secuestro de la cosa que es puesta bajo depósito judicial, aunque si es un mueble de características registrables, se anota el embargo en el respectivo registro. (automóvil). Inhibición: cuando se ignoran los bienes del deudor no es posible recurrir al embargo. Ante esto queda la posibilidad de decretar la inhibición general de bienes, que el juez dispondrá se anote en el Registro de la Propiedad y que durante cinco años impedirá al deudor enajenar los bienes inmuebles que tenga (llegue a tener por cualquier título). b)
es aquella acción que cada acreedor inicia y prosigue por su propia cuenta y en su exclusivo interés. Para llegar a la venta de los bienes de su deudor el acreedor debe embargar los bienes de que se trate. El embargo constituye una vía preliminar para la ejecución de los bines del deudor. Una vez realizado el embargo se procede a la venta de los bienes. Vendidos los bienes el acreedor embargante procede a Ejecución individual:
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cobrarse sobre el precio, y si algo queda pertenece al deudor. Esto se llama liquidación de bienes.
-
los acreedores pueden por medio del concurso civil o comercial (ley 19551) pedir la venta de los bienes del deudor y liquidación de sus negocios. Concurso comercial: quiebra. Exclusivamente aplicable a los comerciantes, quienes para ser declarados en quiebra es necesario que haya incurrido en cesación de pagos. Concurso civil: exclusivamente aplicable a los comerciantes, incluido en los Códigos de procedimiento Civil. Puede declararse a pedido del deudor o bien a pedido de uno o más acreedores quirografarios. Se nombra un síndico liquidador, se le entregan todos los bienes y papeles para proceder luego a la venta en remate público. Ley 22917 (deroga la parte segunda de la ley 19551, unificando las disposiciones para los concursos civiles y comerciales que ya no se diferencian).
c)
Ejecución colectiva:
d)
Acciones patrimoniales:
hay algunas acciones jurídicas de que disponen los acreedores para impedir que los bienes del deudor sean sustraídos de su función de elementos integrantes de la garantía de los créditos de aquellos. Tales son:
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Acción Pauliana: el deudor enajena realmente un derecho que se escapa así a
la acción de los acreedores, quienes ejercitan esta acción, la cual tiende a la reconstitución de la garantía del acreedor que ha sido disminuida, impugnando la enajenación primera y persiguiendo la concreta ejecución del bien para cobrarse la deuda.
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Acción de Simulación: tiene lugar cuando los deudores “simulan” un acto (generalmente la
venta de un bien) para no pagar a sus acreedores. Esta acción intenta demostrar que los bienes aparentemente enajenados continúan siendo parte del patrimonio del deudor. Si esto se demuestra, el acreedor puede cobrarse los créditos de ese bien. Esta acción no sólo favorece al acreedor accionante, sino también a todos los demás. -
Acción Subrogatoria: remedia la posibilidad de que el deudor insolvente se despreocupe de
realizar ingreso de bienes, que no le van a servir, sino para desintegrar a sus acreedores. Por esta acción los acreedores pueden sustituir al deudor inactivo en la gestión de sus derechos, a fin de lograr la incorporación de bienes con los cuales resulte factible la satisfacción de sus créditos. Subrogatoria u oblicua: son las que pueden ejercer los acreedores haciendo valer los derechos de su deudor para lograr un incremento patrimonial para el deudor, que permita cubrir sus créditos. Como al deudor no le interesa obtener beneficios, que luego tiene que entregar a su acreedor, éste puede cobrar una deuda de su deudor a nombre de aquel. El acreedor puede ejercer todos los derechos y acciones del deudor insolvente, excepto las inherentes a su persona. El principio general por el cual el patrimonio es prenda común de los acreedores, no es absoluto por razones éticas. Existen ciertos bienes exentos de la acción de los acreedores, cuya calidad de tal está dada por la ley. En caso de duda, debe entenderse que el bien de que se trate está librado a la ejecución de los acreedores. Bienes excluidos de la garantía común: evolución legal y jurisprudencia.
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Algunas excepciones están dispuestas por el mismo Código Civil, otras por leyes especiales. Las dispuestas por el Código son:
a) Créditos por alimentos (art. 374) b) Usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos en lo que fuese necesario para proveer a su sostenimiento y educación (art. 291 y 292). c) Derechos de uso y habitación (art. 1499). d) Bienes dejados al deudor en beneficio de competencia (art. 799 y 800). e) Cosas fuera de comercio (art. 2337). f) Bienes de domicilio público; bienes privados al Estado afectados al servicio público). Excepciones establecidas por leyes especiales:
a) Ley 14394: exceptúa de susceptibilidad de garantizar a los acreedores, al bien de familia. Toda persona puede constituirlo sobre un inmueble urbano o rural de su propiedad, cuyo valor no exceda la necesidad de sustento y vivienda de la familia. Su constitución produce efectos a partir de su inscripción en el registro inmobiliario. b) Salario mínimo, vital y móvil (ley de contrato de trabajo aunque de acuerdo al decreto 684/70 es embargable hasta el 20% de los sueldos y salarios). c) Sueldo anual complementario (aguinaldo). d) Jubilaciones y pensiones. e) Subsidio por maternidad. f) Indemnizaciones por accidentes de trabajo. g) Muebles de uso indispensable e instrumentos de trabajo. h) Sepulcros (salvo por saldo de su construcción). Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla X. 1- Hecho. Es el tercer elemento de la relación jurídica, la causa. Lo mismo que cualquier fenómeno de la naturaleza, la relación jurídica tiene una razón suficiente. Si analizamos la relación acreedor-deudor, tenemos los 1º deberes y derechos de cada uno y 2º la causa de esa vinculación, sea un delito, cuasi delito, contrato o cuasi contrato. Entonces toda relación jurídica reconoce su origen (causa suficiente) en un hecho que lo antecede y de la índole y calidad de ese hecho dependerá la índole y calidad de la relación jurídica. Entonces la norma es: dado A debe ser B, en ésta relación de imputación A es el hecho al cual se le imputan los efectos B; por ejemplo: al cumplir los 21 años se adquiere la capacidad negocial.
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Son acciones o actos realizados por las partes que pueden tener importancia en la causa. Los hechos son acontecimientos, sucesos, obras. Hechos.
Fenómeno, suceso o situación que da lugar al nacimiento, adquisición, modificación, conservación, transmisión o extinción de los derechos u obligaciones. Hecho jurídico.
Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico.
La diferencia es de género y especie. Todo acto jurídico (especie) es un hecho jurídico (género), pero no todo hecho jurídico es un acto jurídico. Por ejemplo el edificante en terreno ajeno: 1- si el edificante conoce que es ajeno, se reputa como acto ilícito. 2- si no sabe que el terreno es ajeno, falta la intención de provocar daño (modificación, adquisición o extinción de un derecho), por lo que no es acto jurídico. Velez Sarfield en la nota de la sección 2º del libro 2º nos dice: “la función de los hechos en la jurisprudencia es una función eficiente. Si los derechos nacen o se modifican o se transfieren o se extinguen es siempre a consecuencia o por medio de un hecho. No hay derecho que no provenga de un hecho y precisamente de la variedad de hechos procede la variedad de los derechos.” Esto lo vemos en toda norma: dado A debe ser B. Parte fáctica es la previsión hipotética de ciertos hechos que influirán en el hombre, parte de la ley dispositiva es lo que ocurrirá si sucede el supuesto de la ley. Función de los hechos en el derecho.
“los hechos y los actos jurídicos” es el estudio de la sección segunda, libro segundo del Código Civil. Hay que hacer dos observaciones: Método del Código.
1º) El Código Civil ha querido reunir en ésta sección una serie de reglas de carácter general, aplicables a toda clase de hechos y actos jurídicos; eso lo vemos en los títulos 1º y 7º pero no en 3º y 9º que se refieren a una clase especial de hechos (delitos y cuasidelitos). 2º) El libro segundo trata sobre derechos personales en las relaciones civiles, es decir sobre las obligaciones y contratos. No contradice la idea de que estas reglas son de carácter general. Desde el punto de vista legislativo la cuestión no tiene importancia en la práctica, lo esencial es que el Código Civil nos presente reunidas y coordinadas las reglas generales. 2-
una de
Hecho Jurídico. (concepto).
Se define en el art. 896: “...todos los acontecimientos
susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones”. Acá nos importa el hecho como fuente generadora, (por ejemplo la venta de casa, tiene por efecto transferir la propiedad de la misma), no nos importa como un objeto Página 101 de 169
derecho (por ejemplo cundo alguien debe hacer algo a su favor, como la ejecución o abstención de una acción). La teoría de los hechos jurídicos se remonta a Savigny para el cual eran: los hechos que producen una adquisición, modificación, transmisión o extinción de derechos. Hay una diferencia importante con nuestra definición (que Velez Sarsfield sacó de Freitas) ya que para Savigny el hecho para ser tal debe producir una consecuencia de derecho, en cambio para Freitas basta que exista la posibilidad de un acontecimiento que produzca un cierto efecto jurídico. La noción legal puntualiza que la consecuencia podrá consistir en una: Adquisición: cuando se une el derecho al sujeto y entonces éste es su titular. - Originaria: es independiente, el derecho surge de un sujeto directamente e independientemente de otra relación jurídica, Ej de una cosa sin dueño. - Derivada: el derecho procede de una relación jurídica preexistente. En éste caso la eficacia y contenido del derecho del actual titular está condicionado, en principio, por la eficacia y contenido del derecho preexistente (nadie puede transmitir a otro un derecho mayor del que posee). Modificaciones: son cambio, alteraciones, incrementos que inciden en el derecho, son muy numerosas y variables. - Subjetivas: es todo cambio que el derecho experimenta en la persona del titular, por ejemplo la agregación de otras personas para el goce de ese derecho. - Objetivas: se refiere al contenido del derecho y pueden ser: _ Cuantitativas: cuando el derecho se incrementa o se disminuye, por ejemplo: edificación en terreno ajeno. _ Cualitativas: cambia su naturaleza o identidad. Por ejemplo: cuando un ausente reaparece y reclama el derecho a sus bienes. Extinción: es la destrucción de un derecho para su titular sin que comience a existir para otra persona. Ej. Destrucción de una casa. Pérdida: es cuando el actual titular se separa del derecho, pero posteriormente puede ser adquirido por otra persona, en forma originaria o derivada. •
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Clasificación.
produce:
La más amplia clasificación de hechos jurídicos es según la causa que los
1) Hechos jurídicos: a) Hechos externos (no humanos). b) Hechos humanos o actos: - Voluntarios (lícitos e ilícitos) lícitos: lícitos propiamente dichos o actos jurídicos. Ilícitos: delitos o cuasidelitos - Involuntarios. Definición y elementos de cada categoría. Página 102 de 169
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también denominados naturales o accidentales, son aquellos cuya causa es extraña al hombre (terremoto, fallecimiento natural, etc). Hechos humanos: son provocados por el hombre y son los más importantes para el derecho. Pueden ser involuntarios o voluntarios. Involuntarios: para el art. 900 son los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad y que no producen por sí obligación alguna. Voluntarios: para el art. 897 los hechos son voluntarios si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. Estos se dividen en lícitos e ilícitos. Lícitos: para el art. 898 son los que no están prohibidos por la ley y de los que puede resultar adquisición, modificación o extinción de derecho. Se dividen en: Acto lícito propiamente dicho: para el art. 899: “cuando los actos lícitos no tuvieran por fin inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de derechos sólo producirán éste efecto en los casos en que fueren expresamente declarados”. Ej: el cultivo de un campo. Acto jurídico: el fin es inmediato (art. 944: “ son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”; Ej: contrato). Ilícitos: el ilícito civil se diferencia de la pena, ya que en el civil la violación de la norma, necesita la sumatoria del daño, en el penal la actitud se adecua a la norma. Se dividen en delitos y cuasidelitos. Delitos: hay dolo, intención de hacer daño. Cuasidelito: hay culpa, por negligencia, impericia o imprudencia. Hechos externos:
3- Actos voluntarios. concepto. Según el art. 897 de C.C. los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. La teoría general de los actos voluntarios los estudia a través de tres cuestiones: 1º) se analizan los elementos internos de la voluntad (discernimiento, intención y libertad) para establecer cuando un acto humano es voluntario o involuntario, éste último se da cuando falta alguno de tales elementos. 2º) se describen las formas de exteriorización de la voluntad. 3º) se examinan las doctrinas que toman en cuenta los elementos internos o externos para determinar el efectivo alcance del acto voluntario. Elementos internos. 1)
Discernimiento: consiste en la actitud del
espíritu humano que permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, y apreciar las consecuencias convenientes o inconvenientes de las acciones humanas. El discernimiento es la versión jurídica del entendimiento (inteligencia para la filosofía). Para Freitas el discernimiento es la facultad de conocer en general. Para Aguilar es un estado de conciencia determinado pro el desarrollo intelectual del individuo, que invistiéndolo de la facultad de conocer lo coloca en condición de formar un juicio, por cuyo medio percibe y declara la diferencia que existe entre varias cosas, aprecia los actos propios y ajenos y sus consecuencias.
Causas obstativas. Página 103 de 169
A) Inmadurez. Es el estado anterior a la madurez, la cual se presenta en determinada edad, desarrollo intelectual y otras circunstancias que constituyen constituyen para el hombre el dominio de sí mismo y el fundamento de la imputabilidad de sus acciones. Para establecer el momento en que sucede la madurez existen dos sistemas: Sistema rígido: las legislaciones deciden una edad a partir de la cual presumen que el sujeto obra con discernimiento. Éste sistema no admite prueba de contrario. Es un sistema simple simple pues para apreciar apreciar si concurre el discernimiento discernimiento sólo basta basta comparar la edad del sujeto con la que indica la ley. El inconveniente que presenta es que en casos particulares el sujeto por desarrollo tardío u otras circunstancias no halla logrado un efectivo discernimiento en relación a la índole del acto cumplido. Nuestro C.C. sigue éste sistema. Sistema flexible: no fija edad determinada, reputa el discernimiento siempre presente en el sujeto, pero autoriza al examen judicial de cada caso para comprobar si éste, en razón de su escasa edad no a podido advertir el alcance del acto realizado. Permite una solución más ajustada a la situación real del sujeto, pero es más insegura pues suscita incertidumbre sobre la responsabilidad de los menores. Este sistema fue adoptado por los Código Francés, Suizo e Italiano. •
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Según el art. 921 los actos serán reputados hechos sin discernimiento si fuere actos lícitos provocados por menores impúberes o por menores de diez (10) años. Este sistema no admite prueba de contrario y es avalado por el art. 909 que enuncia que “para la estimación de los hechos voluntarios las leyes no toman t oman en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada”. Sistema de nuestro código.
B) Insanidad. Es la falta de salud mental derivada de una causa orgánica, a la que se le asimila la privación de la razón derivada de causas accidentales (intoxicación, embriaguez, traumatismo, traumatismo, etc). Para el art. 921 los actos reputados sin discernimiento serán también los actos de los dementes que no fuesen practicados en intervalos lúcidos y los actos practicados por los que por cualquier accidente están sin uso de la razón. Este artículo refiere a todas las personas que padezcan enajenación mental, declarados o no incapaces, corroborado esto por el art. 1070 que declara voluntarios los actos lícitos practicados por dementes incapaces durante intervalos de lucidez. Asimismo se distinguen los actos de los ebrios en involuntarios si son lícitos o voluntarios si son ilícitos a menos que el sujeto pruebe que involuntariamente llegó a ese estado. 2)
Consiste en el propósito de la voluntad en la realización de cada uno de los actos consientes. Cuando hay concordancia entre el fin del acto y el resultado obtenido se dice que el acto es intencionado, y la ausencia ausencia de intención se se caracteriza por la discordancia. discordancia. La intención es el impulso interno que mueve a la voluntad para la consecución de un fin. Para Freitas es el discernimiento aplicado a un acto que se desea practicar. Borda sostiene que es posible reducir los elementos del acto voluntarios a la sola intención. La intención presupone el discernimiento (no se puede tener el propósito de realizar un acto si previamente no se lo conoce). Es por ello que la exclusión del discernimiento implique la análoga de la intención y no a la inversa. El discernimiento es una facultad genérica del espíritu, espíritu, en tanto que la Intención:
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intención se vincula a cada acto determinado. En consecuencia de esto la carencia de discernimiento excluye la imputación al agente de cualquier acto y consecuencia, mientras la ausencia de intención solo lo hace en un acto al que se refiere. El discernimiento no es susceptible de calificación moral, mientras la intención si. Ej: buena fe es buena intención. Delitos y cuasidelitos son mala intención. Causas obstativas.
A) Erro Errorr o igno ignora ranc ncia ia.. Se produce por una contingencia no imputable a persona alguna determinada, un desencuentro o discordancia entre el fin o propósito del acto y el resultado del mismo. A este supuesto se refiere expresamente al art. 922 según el cual los actos serán reputados practicados sin intención cuando fueren hechos por ignorancia o error. B) Dolo. Para el art. 931 “el error provocado a designio, instigado o inducido por alguien mediante una maniobra engañosa se denomina dolo”. El codificador indica como factor excluyente de la intención a la fuera o intimidación, lo que a decir de Llambias no seria una falta de la intención sino de la voluntad, por ser un elemento de esta. Prueba de la intención: La intención en obras humanas se presume hasta la prueba de contrario. Quien alegue encontrarse en alguno de los supuestos de dolo o error, tendrá que desvirtuar aquella presunción, aportando las comprobaciones, si fracasa en las consideraciones de pruebas el acto se reputara voluntario. imperio del sujeto sobre sí mismo, en la posibilidad que tiene efectivamente el agente de elegir entre diversos motivos. Para Savigny la libertad es e s la facultad de elección entre muchas determinaciones. El acto humano será efectuado con libertad cuando no se ejerza sobre el agente coacción externa que excluya la espontaneidad de su determinación. Un acto obrado sin libertad (dado el caso anterior) y espontaneidad será tratado por la ley como involuntario, consecuentemente los efectos/consecuencias efectos/consecuencias del acto no serán imputables a su autor material, sino a su autor moral, que es quien hubiese ejercido la presión exterior para lograr el resultado obtenido. Además éste debe resarcir todos los daños y perjuicios causados a la víctima de la opresión (art. 942, 943, 1056 CC). 3)
Libertad: Según Freitas radica en la libertad en el
Causas optativas.
A) Prueba de libertad. Los actos humanos se reputan libres, es lo que generalmente sucede. La situación excepcional consistente en la carencia de libertad debe ser probada mostrándose la existencia de una causa externa que ha presionado la voluntad del sujeto. No basta la presencia de cualquier factor exterior que pueda eximir al sujeto, ya que la libertad absoluta no existe. Para que sea admisible la falta de libertad es indispensable probar que el impulso personal del agente ha sido sustituido por una voluntad extraña o un conjunto de circunstancias externas que se han erigido en causa principal de la acción eliminando la espontaneidad en la decisión del agente. Página 105 de 169
B) Restricción legitima de la libertad. Nuestro código admite tres supuestos diferentes diferentes de restricción legitima de la libertad, en los cuales se concede derecho al autor de la violencia para presionar la voluntad del agente, para determinar su condición en el sentido adecuado. 1- El art. 912: “Quien por la ley o por comisión del Estado tiene derecho de dirigir las acciones de otro, puede impedirle por la fuerza (privación de la libertad) que se dañe a si mismo”. No se admite otro fin aunque pudiere igualmente ser bien intencionado. 2- El art. 910 establece que nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir su libertad, sin haberse constituido en derecho especial al efecto, es decir sin haber mediado una convención. Ej: contrato de trabajo. En este caso no es aceptable el recurso directo a la fuerza para hacer prevalecer la restricción de la libertad ajena, por lo que solo quedara abierta, ante la restricción del subordinado, la vía judicial, que no podrá, hacer violencia contra su persona (art. 629). 3- El art. 911: “Autoriza el uso de la fuerza para impedir la realización de un acto, cuando ocurre: a) que el acto que se intente realizar sea ilícito; b) que no halla tiempo para hacer intervenir a la autoridad.”. autoridad.”. Es un supuesto excepcional de justicia privada. Elementos externos. Diversas formas de manifestación de la voluntad .
Manifestación de la voluntad es el hecho perceptible mediante el cual se traduce al mundo exterior el estado de conciencia del sujeto. Junto con las condiciones internas conforma conforma el acto voluntario. El art. 913 del código establece que “ningún hecho tendrá carácter voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste”. Se advierte la obviedad de esta formula, ya que los hechos voluntarios son acontecimientos realizados, no son meros propósitos sino realidades ejecutadas. ejecutadas. Las diversas formas de manifestación de la voluntad están enunciadas en el art. 915: “la declaración de la voluntad puede ser formal o no formal, positiva o tácita, o inducida por una presunción de la ley”. 1) Formal y no formal: Formal: “aquella cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades, exclusivamente admitidas como expresión de la voluntad” (art. 916). Su efecto esta subordinado al cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley. No formal: Su eficacia es independiente del modo de la expresión escogido por las partes, ya que son libres de elegir la forma del acto que juzgan adecuada para traducir su voluntad. 2) Expresa y tácita: Tácita: es el resultado de la relación entre diversos actos cumplidos por el sujeto los cuales muestran la existencia de una determinada voluntad en el agente independientemente de su intención de exteriorizarla. Se da esto en los casos en que no se exija una expresión positiva o cuando no hay una protesta o declaración contraria expresa. Expresa: es la manifestación de la voluntad de las partes realizadas por/con la intención de exteriorizar dicha voluntad. Se exterioriza “verbalmente” o por escrito, o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos” (art. 917 C.C). Página 106 de 169
La expresión escrita tiene mayor seguridad y es la utilizada más corrientemente en el derecho, así como exigía en los negocios jurídicos de cierta importancia pecuniaria. Los signos inequívocos son de escasa importancia en el derecho, teniendo lugar sólo en contratos de vida corriente. 3) Declaración presumida por la ley . Es una subespecie de la manifestación tácita, con la particularidad de que es la ley, y no la lógica del hombre, la que deduce de la conducta cumplida por las partes, la existencia de una determinada voluntad. Ej: si el deudor posee el documento donde consta su obligación se considera que el acreedor se lo ha entregado voluntariamente (art. 878). El art. 919 establece que el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los casos de que halla una obligación de explicarse por la ley. Ej: imputación por firmado un documento, el silencio significa reconocimiento de la firma; o en las relaciones de familia el silencio por el marido ante la denuncia de embarazo de la mujer divorciada implica reconocimiento de paternidad, o a causa de una relación entre el silencio actual y declaraciones precedentes, el caso del mandatario que comunica al mandante la celebración de un acto en exceso de atribuciones, entonces el silencio es ratificación de lo obrado. El silencio.
Se puede suscitar alguna divergencia entre la voluntad interna del sujeto y la exteriorización de esa voluntad, a ese conflicto se resuelve a través de dos teorías antagónicas: 1) Teoría clásica de la intención o de la voluntad real: fue desenvuelta con motivo de la elaboración del concepto de error sobre la sustancia del objeto de los contratos, según ésta teoría el elemento esencial del acto voluntario es la intención efectiva de la gente siendo la declaración de éste un simple medio de su voluntad interna. Si la ley confiere a los particulares la facultad de reglar sus derechos conforme a su arbitrio, es lógico que para determinar el alcance de los derechos reglados hay que atenerse a la efectiva y real voluntad de las partes más que a su fiel exteriorización. Así la noción de acto voluntario ligada a la efectiva voluntad del hombre. 2) Teoría de la declaración de la voluntad y voluntad declarada: es un movimiento científico del siglo XIX que indica que el acto debe ser entendido conforme a la voluntad que surge de la declaración, independientemente de que esa declaración corresponda o no a la efectiva voluntad interna del sujeto. El derecho no conoce la voluntad interna del sujeto, sino las manifestaciones exteriores de esa voluntad que son las que merecen valor y respeto en el derecho. Así el acto voluntario y sus efectos aparecen netamente objetivados, desprendido el acto de su autor lleva una vida independiente de autónoma. Relevancia de los elementos externos e internos.
Sistema del Código.
Posición ecléctica: no se atiene rigurosamente a ninguna de las teorías antes mencionadas y es la solución que resulta mejor a las exigencias de la vida jurídica. Combina la necesidad de respetar la real intención de las partes creadoras del acto, con la seguridad y confianza que deben prevalecer en las relaciones humanas. En los casos de discordancia en la declaración es de tener Página 107 de 169
en cuenta la buena o mala fe respectiva entre destinatario y declarante, la imputabilidad de la discordancia, según fuera también por dolo, culpa o por causa involuntaria por una de las partes. El C.C hace predominar la voluntad real del agente sobre la declaración que la desfigura, es decir, adopta la concepción clásica. Éste principio sólo marca una orientación general morigerada por la incidencia de las disposiciones particulares de resguardo de la seguridad en el tráfico jurídico, mantienen la eficacia de ciertas manifestaciones de voluntad, no obstante la existencia de discordancia, esto ocurre en los actos públicos en los que mediare error inexorable, o en la simulación de actos públicos con respecto a los terceros. Otra excepción al principio general es la ninguna influencia de la reserva mental sobre el contenido del acto público, no expresamente indicada en el código pero aceptada por la unanimidad de la doctrina. El principio general se induce del juego de disposiciones como: a) Intención como requisito indispensable del acto voluntario (art. 897 y 900). b) Aceptación de la teoría de los vicios de la voluntad, donde prevalece en la discordancia el elemento intencional. c) Art. 926 sobre el error sobre la sustancia de la cosa que anula el acto jurídico. d) Correspondencia que existe entre el predominio de la voluntad real sobre la declaración que lo desfigura y el fundamental respeto a la autonomía de la voluntad. (Art. 1197 y 1198). 4-
Imputación de las consecuencias de los actos voluntarios: reglas del Código.
La observación del campo social sometida al derecho, permite comprobar la conexión que hay entre los hechos, en los que se descubre un hecho generador o creador (antecedente) y otro hecho generado o creado (consecuencia). Pero la realidad social no es simple sino compleja, donde generalmente hay varios factores o acontecimientos que condicionan los sucesivos fenómenos y que se interfieren recíprocamente en sus respectivas derivaciones, entonces muchas veces el hecho reputado originario se conecta con otro hecho diferente que modifica las consecuencias intrínsecas del primero, tanto que se convierte en causa eficiente (con causa) de nuevas derivaciones. Además de ésta complejidad, el tiempo también opera como factor, alejando y borrando de nuestra conciencia los antecedentes de los hechos que capta nuestro entendimiento, hasta impedir su vinculación. Todos estos factores hacen la teoría de la imputabilidad de los actos voluntarios y de sus consecuencias, una materia sutil y compleja. En principio es al hombre, en su carácter de causa inteligente y libre de la actividad que realiza, a quien deberán atribuirse las consecuencias de esa actividad que provoca. Pero también hay que reconocer que la voluntad del sujeto está condicionada por elementos externos que producen sus propias derivaciones que concurren con las de la actividad originaria del sujeto, que muchas veces no coincide con la intención de éste. Por eso es importante establecer un criterio que permite resolver cuales consecuencias son imputables al agente y cuáles no. Teoría de la reparación integral.
Es una solución simple que atribuye al agente las consecuencias derivadas de sus actos, sin tomar en cuenta la intención del sujeto, ni su posibilidad de prever las contingencias ocurridas, sólo hay que demostrar la relación de causalidad entre el acto del sujeto y los efectos producidos, para exigirle la consiguiente responsabilidad del agente por todas las consecuencias que le son físicamente imputables. Esta teoría ha sido ampliamente criticada, debido a que falta Página 108 de 169
un criterio de severidad, ya que si se sigue esta teoría se podría imputar a un hecho menor graves consecuencias jurídicas. Teoría de la reparación justa.
La responsabilidad, en general se basa en la aptitud que tiene el sujeto de conocer y aceptar las consecuencias de sus actos voluntarios, en razón de la cual la ley lo hace posible de una sanción resarcitoria; la extensión de la responsabilidad debe quedar regulada por la efectiva posibilidad en que haya estado el agente para apreciar el efecto derivado de su actividad. El art. 902 dice: “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”; esto demuestra la estrecha conexión entre la responsabilidad y la gravedad de la falta (a menor negligencia menor responsabilidad; a la intención dolosa máxima responsabilidad). El fundamento de esta teoría de la imputabilidad de las Actos Voluntarios puede resumirse en cuatro principios: 1) La base de la responsabilidad radica en la posibilidad que tiene el sujeto de prever las consecuencias de sus actos. 2) El segundo paso es considerar la magnitud del daño ocasionado. 3) Después, distinguir las causas del daño, para establecer la proporción en que el efecto total (daño ocasionado) ha sido causado por el agente, y que parte puede atribuirse a factores extraños (con causa). 4) Finalmente la imputación, que corresponde al daño causado, en razón de la culpa o dolo del agente. Clasificación y reglas para la imputación de las consecuencias.
En el C.C. se ha partido de la causalidad existente entre el acto del agente y el daño producido que es la consecuencia para determinar la medida de la imputabilidad de esas consecuencias. El art. 901 clasifica las consecuencias: “las consecuencias de un hecho que acostumbran suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en éste código consecuencias inmediatas. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman consecuencias causales Imputabilidad de las consecuencias inmediatas.
Son aquellas que suelen suceder si ocurre el hecho originario, no son forzosas pues pueden frustrarse por causas externas; estas consecuencias son siempre imputables al autor del hecho voluntario, así lo determina el art. 903, el fundamento es muy claro, la ley estima que como son consecuencias naturales el agente no ha podido dejar de preverlas; aunque el autor pruebe que su intención no era provocar esa consecuencia, no se desliga de su responsabilidad, porque esa consecuencia debía seguir el acto obrado, entonces el sujeto incurrió en una grave negligencia. Ej: si una persona le dispara a otra, la consecuencia inmediata será la herida o muerte, el autor es responsable de esas consecuencias. Imputabilidad de las consecuencias mediatas. Página 109 de 169
Estas derivan de la conexión del hecho originario con otro acontecimiento diferente, no asociado necesariamente al primero. El art. 904 dice: “las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiera previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa haya podido preverlas”. Hay tres supuestos: 1) El sujeto previó la consecuencia dañosa y obró (dolo), entonces se le imputan las consecuencias y hay responsabilidad del sujeto. Ej: administra anestesia a un enfermo del corazón, previendo la muerte de éste. 2) El sujeto no previó la consecuencia pero pudo hacerlo (culpa), entonces hay igualmente imputación y responsabilidad. Ej: el doctor que dio una anestesia sin examen previo. 3) El sujeto no previó la consecuencia ni pudo preverla (caso fortuito) entonces no hay imputación de las consecuencias. Ej: la enfermera siguiendo instrucciones suministra una droga que el paciente no tolera. Quien pretenda la imputación de las consecuencias mediatas, requerirá además de la prueba de que el sujeto fue realmente el autor del hecho, la prueba de la culpa con respecto de las consecuencias; no necesitará prueba, si ha mediado dolo por parte del agente. Imputabilidad de las consecuencias causales.
Estas consecuencias, por su índole son imprevisibles y por ende inimitables al agente que obra. El art. 905 dice: “las consecuencias puramente causales no son imputables al autor del hecho sino cuando debieron resultar, según las miras que tuvo al realizar el hecho”. Esta excepción, al principio de inimputabilidad que sostiene en su primera parte, es según Llambias impropia, porque si se prueba que la consecuencia no era causal para el autor, sino que se obró previendo subjetivamente esa consecuencia, por lo tanto no sería una consecuencia causal sino que se trasladaría a la categoría de consecuencias mediatas, regida por el art. 904. En cambio, también para Llambias, el antiguo art. 906 era una verdadera excepción al principio de inimputabilidad de las consecuencias causales. El art. 906 decía: “son imputables las consecuencias causales de los hechos reprobados por las leyes, cuando la causalidad de ellas ha sido perjudicial por causa del hecho”. Para alguna doctrinarios, “los hechos reprobados por las leyes” eran todos los hechos ilícitos, delitos o cuasidelitos, entonces las consecuencias imprevisibles de un hecho ilícito, doloso o culposo, sería imputable al agente. Aguilar considera que los cuasidelitos no estaban incluidos en el artículo, fundamentando esto diciendo que los cuasidelitos comenzaban siendo altos lícitos y que la culpa del agente los convierte en hechos ilícitos. Llambias considera a la interpretación de Aguilar acertada, pero disiente en el fundamento que aquél le dio, ya que Llambias dice que los cuasidelitos nunca fueron actos lícitos sino que siempre fueron actos ilícitos porque no tenía las precauciones necesarias. Coincide que “los hechos reprobados por las leyes” son los delitos. Este es un caso, en el que se usa una expresión demasiado general que excedía la intención del codificador. Éste art. 906 ha sido suprimido por la ley 17711, y se ha consagrado según Llambias una solución inarmónica. El nuevo art. 906, sienta el principio de inimputabilidad de las consecuencias remotas: “en ningún caso son imputables las consecuencias remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad”. Si bien no hay discusión sobre la inimputabilidad de las causas remotas, ya que son más que imprevisibles, si existen diferencias con respecto a la frase final “...que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad”. Se lo ha interpretado: 1) Como definición de consecuencias remotas. Página 110 de 169
2) Como razón por la cual no se imputa la consecuencia remota al agente. En ambos sentidos, según Llambias es inútil. 5- Hechos involuntarios. Régimen legal. El principio general de este tema se consiga en el art. 900 que dice: “ los hechos que fuesen ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna”. Esto significa que el autor de un hecho involuntario carece de responsabilidad, no siendo entonces viable imputarle ninguna de las consecuencias derivadas de su actividad. Así lo explica el codificador en la nota del art., el elemento fundamental de todo acto es la voluntad, por eso los actos de una persona sin discernimiento y libertad, no son actos para el derecho, sino acontecimientos fortuitos. •
Excepciones al principio (pero no para Llambias):
1)
Dada por el art. 907 que dice: “cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún
2)
daño en su persona y bienes, sólose responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriquecía el autor del hecho, y en tanto y en cuanto se hubiere enriquecido...”. no hay aquí realmente una excepción al principio de responsabilidad, se trata de la aplicación de otra fuente obligatoria: “el enriquecimiento sin causa”. Resultante del art. 908, que señala : “quedan, sin embargo, a salvo los derechos de los perjudicados, a la responsabilidad de los que tienen a su cargo personas que obren sin el discernimiento correspondiente”. En este supuesto no hay excepción alguna a la irresponsabilidad del agente involuntario, puesto que en la situación descrita por el art. 908 esa responsabilidad subsiste. Lo que ocurre es que como pasa en otros supuestos de responsabilidad indirecta o refleja, el acto de una persona puede comprometer la responsabilidad de otra; esto es el caso de los tutores. Para algunas autores (Borda) el sistema de nuestro Código es muy injusto ya que libera de toda responsabilidad al agente de actos involuntarios y el damnificado no obtiene reparación alguna. Por eso se ha ido desarrollando una tendencia doctrinaria y legislativa, para que por medio de la equidad, se logre distribuir los daños ocasionados por ese acto involuntario entre el causante material y la víctima. Por que también sería injusto que el autor de ese acto cargue con todas las consecuencias de ese acto, cuando lo izo sin voluntad. La ley 17711 modificó el sistema del Código, agregando un segundo párrafo al art. 907 que dice: “los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundandos en razones de equidad, teniendo importancia el patrimonio del autor y la real situación de la víctima”. Este agregado establece una indemnización de equidad.
Algunos elementos interpretativos del agregado.
1) El verbo “podrán” confiere a los jueces una atribución cuya aplicación queda librada a su discreción, es decir, no es un derecho estricto del damnificado; 2) La ley dice “un” resarcimiento, no “el” resarcimiento, lo que significa que está lejos de la reparación integral del daño; 3) Aclara que se funda en razones de equidad, no es una sanción, lo que significa que acá la responsabilidad del autor no existe; Página 111 de 169
4) El juez sólo está precisado a “tomar en cuenta la situación...” sin otro control más que su sensibilidad y discreción. Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla XI. 1- Acto jurídico. (concepto). El art. 944 del C.C dice: “son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”. Cuando los hechos jurídicos proceden de la voluntad humana se denominan actos jurídicos. El acto jurídico ha sido definido como “el hecho dependiente de la voluntad humana que ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas”. En Alemania, Italia y España denominan al acto jurídico como negocio jurídico, pero es en Alemania donde mejor se ve la relación de género y especie entre acto y negocio jurídico. Savigny definió los actos jurídicos como declaraciones de voluntad, y Windscheid definió negocio jurídico como una declaración de voluntad efectuada para producir un efecto jurídico. Características. 1) Es un hecho humano: es el carácter de mayor generalidad, que lo opone
naturales externos.
2)
3)
4)
a los hechos jurídicos
Es un acto voluntario: el acto jurídico está entrelazada con la voluntad, es
la razón por la cual el sujeto celebra un acto formalmente jurídico, sin discernimiento, intención o libertad puede impugnarlo para desentenderse de sus efectos. Por eso se ve la vinculación con la teoría de los actos jurídicos y la de nulidades, las faltas de voluntad, configuran causas determinadas de la anulación de los Actos Jurídicos. Es un acto lícito: no se concibe que el ordenamiento pueda amparar actos contrarios a ese ordenamiento, entonces el sujeto debe subordinarse a la ley, para no incurrir en la sanción de nulidad del acto realizado, que sólo sería formal, pero no substancialmente jurídico. Tiene un fin específicamente jurídico: el nacimiento, la modificación o la extinción de la relación jurídica. Esta es la nota distintiva del acto jurídico, su característica exclusiva y propia que sirve para distinguirlo de los demás.
Clasificación de los actos jurídicos.
Clasificación enunciada en el Código: Velez Sarsfield incluyó tres clasificaciones:
art. 945 “los actos jurídicos son positivos o negativos, según sea necesaria la realización u omisión de un acto, para que un derecho comience o acabe”. a) Actos jurídicos positivos o negativos:
-
Actos jurídicos positivos: el nacimiento, modificación o extinción de un Derecho depende de
la realización de un acto. Por ejemplo: la firma de un pagaré, un contrato de compraventa, etc. Página 112 de 169
abstención. Por ejemplo: obligaciones de no hacer (contrato para evitar se eleve una pared, servidumbre, etc). No es una clasificación importante para la doctrina, fue tomada por Savigny. -
Actos jurídicos negativos: el efecto depende de la omisión o
art. 946 “los actos jurídicos son unilaterales o bilaterales. Son unilaterales cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, como el testamento. Son bilaterales, cuando requieren el consentimiento unánime de dos o más personas”. b) Actos unilaterales o bilaterales:
-
Actos jurídicos unilaterales: cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona.
-
Actos jurídicos bilaterales: requieren el consentimiento unánime de dos o más personas. Por
Por ejemplo: testamento.
ejemplo: matrimonio. No hay que confundir esta clasificación con la homónima de contrato, un contrato unilateral obliga sólo a uno; un contrato bilateral, obliga a ambas partes. Esta clasificación importa para la nulidad, porque en principio la nulidad parcial sólo funciona respecto de los actos unilaterales.
art. 947 “los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se llaman en este Código “actos entre vivos” como son los contratos. Cuando no deben producir efectos sino después del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan “disposiciones de última voluntad”, como son los testamentos”. c) Actos entre vivos y de última voluntad:
-
Actos jurídicos entre vivos: no depende del fallecimiento de
-
Actos jurídicos. Disposiciones de última voluntad: su eficacia depende del fallecimiento de la
producir los efectos. Ej: contratos.
quienes emana la voluntad para
persona que expresa su voluntad. Ej: testamento. Esta clasificación proviene del Esbozo de Freitas; la diferencia entre ambos está en cuando comienza a producir efectos. Clasificación doctrinaria: Onerosos: son aquellos que confieren alguna ventaja
a alguna de las partes que a su vez queda obligada a una contraprestación. Ej: compraventa, locación, etc. Gratuitos: benefician exclusivamente a una sola parte, sin la obligación de una contraprestación. Ej: donación, herencia, legado, etc. Esta clasificación es importante respecto de la capacidad de las personas para otorgarla (el menor emancipado no puede efectuar actos gratuitos entre vivos sobre hechos que haya recibido a título gratuito, pero si puede por medio de autorización judicial, hacer enajenaciones a título oneroso de esos bienes). Formales: su validez depende de la celebración bajo la
forma exclusivamente señalada por ley,
por ejemplo: matrimonio y testamento. No formales: son aquellos cuya validez es independiente de la forma que se celebren. Ej: contratos. Página 113 de 169
Solemnes: la omisión de la forma legal, provoca
la nulidad del acto y le quita todo efecto civil.
Ej: matrimonio y testamento. No solemnes: la omisión de forma provoca la nulidad pero no impide producir otros efectos distintos, por ejemplo si se omite la escritura pública en la transmisión de un Derecho Real, esta será nula pero esos actos valen como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura pública. Principales: su existencia no depende de la existencia de otro
acto. Ej: matrimonio,
compraventa, etc. Accesorios: su existencia depende de la existencia de otro acto, a los cuales acceden. Ej: hipoteca, las concepciones nupciales. Esta clase importa por el principio de que la accesorio sigue la suerte de lo principal, por ende si el acto principal (matrimonio) es inválido, también lo serán las convenciones nupciales, pero no a la inversa. Puros y simples: son aquellos que representan sólo los elementos esenciales del acto; es decir, el
sujeto, el objeto y la forma.
Modales: son aquellos que representan un plazo, una condición o un cargo. Patrimoniales: son aquellos que tienen un
contenido económico; de administración, de
conservación, de disposición. Extrapatrimoniales: se refiere a derechos y obligaciones que no son traducibles a valores económicos. Ej: reconocimiento de filiación, la adopción, el matrimonio. Se denominan modalidades de los actos jurídicos a ciertos elementos accidentales que alteran los efectos normales de dichos actos, ya tornando incierta la existencia de los derechos respectivos, ya postergando su ejercicio, ya gravando con obligaciones accesorias su adquisición. Estos son respectivamente: condición, plazo y cargo. Modalidades de los actos jurídicos.
1) Condición. En sentido técnico es la cláusula por la cual se subordina la adquisición de un derecho o la realización de un hecho incierto y futuro. Por extensión es también el hecho del cual depende el efecto jurídico previsto. Caracteres: a) Incierto: es un carácter esencial que tiene la condición, debe tratarse de un hecho que puede o no ocurrir, contingente (granizo). b) Futuro: vinculado con la incertidumbre. c) Incoercible: no susceptible de compulsión por medio de una acción judicial (distinto corgo, si es coercible). -
-
Clasificación:
a) Suspensivas: (art. 545) cuando queda supeditada la adquisición del derecho (nacimiento) a la reralización del hecho previsto. El efecto se produce a partir del momento en que la condición se cumple. Página 114 de 169
b) Resolutorias: (art. 553) cuando las partes subordinan a un hecho incierto y futuro la resolución de un derecho adquirido. Es decir su extinción. Los efectos corren desde la celebración del acto y cesan si la condición tiene lugar. c) Causales: el hecho no depende de la voluntad de las partes. Ej: te daré mi auto si gano uno nuevo en una rifa. d) Potestativas: cuando el hecho previsto depende de la voluntad del interesado. Ej: te daré mi auto si quiero; en realidad no es una verdadera obligación, sí lo es cuando la condición es un hecho que puede o no hacer. Ej: te daré mi auto si compró otro. e) Mixtas: cuando el hecho previsto depende en parte de la voluntad del obligado y en parte no. Ej: te daré el consultorio cuando te recibas o te daré la casa si me caso. f) Positivas: consisten en la realización de un hecho. Ej: el pago de una suma de dinero en caso de siniestro. g) Negativas: consisten en la omisión de un hecho. h) Permitidas: son todas las que no resultan prohibidas, como la actividad de las particulares, la imposición de la condición entra en el campo de la voluntad y de un marco de libertad. i) Prohibidas: éstas pueden ser (art 530). - Imposibles: la imposibilidad del hecho previsto puede ser natural o jurídica.la imposibilidad debe surgir antes de la celebración, si sobreviene después la condición se frustró. Si la condición fuera negativa e imposible no invalida el acto sino que este es simple y puro, Ej: te daré 10 si no tocas el cielo. - Contrarias a las buenas costumbres: en este caso no corresponde distinción entre condición positiva o negativa porque es inadmisible que un hecho inmoral pueda hacer que adquiera un derecho, pero también es inaceptable que como precio a la omisión de un hecho inmoral adquiera un derecho. El único supuesto que admitiría una condición inmoral serían las condiciones resolutorias, si mantiene una vida honesta puede cobrar una renta mensual que no se cobraría por no merecerla en caso contrario. - Ilícitas: consisten en hechos prohibidos por la ley. Una excepción serían las condiciones resolutorias (si comete un ilícito pierde el derecho adquirido). La otra excepción sería como condición que prevee la realización de ilícitos por terceros, por ejemplo, seguro de robo. Fuera del art. 530 podemos mencionar dentro de las condiciones prohibidas las ilegítimas, que están en el art. 531 que son hechos ilícitos pero no son hechos que puedan erigirse como condición. Se prohiben estas condiciones para preservar la libertad de acción de conciencia y de elección de estado de las personas. 1) Habitar siempre un lugar determinado. 2) Cambiar o no de religión. 3) Casarse entre determinadas personas o en determinado lugar o no casarse. 4) Vivir célibe temporalmente o por siempre, o no casarse con determinada persona o divorciarse. No es una enumeración limitativa. Una vez cumplida la condición, los efectos de la obligación se retrotraen al día en que se contrajo. El principio de retroactividad de las condiciones se aplica tanto a las condiciones suspensivas como así también a las resolutorias. Este principio presenta algunas particularidades: Efecto de la condición.
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1) El adquirente de un derecho bajo condición suspensiva debe esperar el hecho para adquirir realmente el mismo; durante ese período la ley le concede importantes atribuciones. Ej: puede realizar actos de conservación; también pude transmitir ese derecho condicionado no sólo por actos martis causa sino también por actos entre vivos, ya que este derecho integra el patrimonio de la persona; finalmente si el titular de un derecho condicional tiene la posesión anticipada, puede percibir los frutos que el derecho otorgue, si la condición se frustra deberá devolver la posesión con los aumentos que hubiera tenido por sí , pero no los frutos. Esta disposición tiene un fin práctico para incentivar la producción. 2) En caso de condición resolutoria, también en materia de frutos se establece una excepción al principio de retroactividad, entonces si la condición se produce no se devuelven los frutos porque el poseedor de una cosa de buena fe tiene el derecho a los frutos que de ella obtiene. 2) Plazo. Es una modalidad del Acto Jurídico por la cual se posterga el ejercico de los derechos a que se refiere. Entonces plazo es el lapso que media entre la celebración del acto y el acontecimiento de un hecho futuro y necesario al cual está subordinado el ejercicio o la extinción de un derecho. La diferencia con la condición es que el hecho en el plazo es necesario y se sabe que va a ocurrir, es decir, que los actos sujetos a plazo son seguros y no hay duda acerca de su existencia. Especiens.
Elplazo puede ser:
a) suspensivo: difiere o suspende en el tiempo el ejercicio de un derecho a sustituir a su titular. Ej: la obligación de restituir una suma de dinero en un mes. b) Resolutorio: denominado extintivo. Cuando llegado el plazo se produce la caducidad de un derecho. Ej: la muerte de una persona extingue el derecho del acreedor a lla renta vitalicia. La doctrina sostiene que resolutorio es una mala denominación porque el plazo no opera retroactivamente sino a partir de la fecha en que ocurre. c) cierto: es cuando se conoce de antemano el momento de su realización o cuando fuese fijado para terminar en desigando año, mes o día. Ej: un pagaré a 90 días. d) Incierto: cuando fuese fijado con relación a un hecho necesario para determinar el día en que ese hecho ocurra. Ej: el monto a pagar cuando se recoja la cosecha. Acerca de la clausula de pago a mejor fortuna, se ha discutido si es un plazo incierto o una condicion como dice Borda (sostiene que si se determino que el deudor pagara cuando mejore su fortuna, entonces eso puede o no ocurrir), en cambio la mayoria de la doctrina y alguna jurisprudencia afirma que es un plazo incierto y en caso de dudas se acude a la consulta de la intencion de la spartes. e) Expreso o tacito: el tacito se induce de la naturaleza propia del acto. f) Legal: Surge de la ley y son los fijados por el Codigo de Procedimientos. g) Judicial: Es el establecido en la sentencia que o bien se atiene a las disposiciones en el codigo procesa y se reduce a plazo legal, o bien responde a la voluntad de las partes y se transforma en voluntario. h) Voluntario: Es el unico que cae detro de la modalidad de los actos juridicos. Página 116 de 169
Efectos del plazo: El plazo opera a partir de su vencimiento, dejando subsistentes las consecuencias del acto producido con anterioridad. Es otra diferencia esencial que borra lo pasado en el intervalo, entre la celebracion del acto y la realizacion de la condicion. Antes del vencimiento del plazo, la obligacion no es exigible, las acciones del titular para obtener el pago de su credito estan en suspenso hasta el vencimiento. Si se le reconoce al titular toda clase de actos de conservacion, si el deudor paga antes del vencimiento no se admite la repeticion, tambien el titular puede trasmitir el derecho aunque sea una obligacion a plazo incierto. Despues del vencimiento, el titular del derecho puede promover las acciones judiciales pertinentes, tambien se considera que el plazo vencio cuando el deudor cae en insolvencia, cuando se sacan a remate sus bienes hipotecados o prendados. 3) Modo: Es una obligacion accesoria y excepcional que se impone al adquiriente de un derecho, por ejemplo el legado con el cargo de mantener ciertos parientes del testador. - Caracteres: Es una obligacion que se impone a una de las partes y puede ser coercitivamente exigible, Es una obligacion accesoria al derecho qque se adquiere, si no se adquiere el derecho tampoco la obligacion y viceversa. Es una obligacion excepcional y no es un complemento normal del acto, solo la voluntad del enajenante vincula el derecho ya existente con el cargo impuesto. - Diferencias con la condicion: El cargo es coercitivo, no suspensivo como la condicion. Si se presenta una duda acerca de si el hecho previsto es una condicion o un cargo se entendera que es esto ultimo por resultar asi mas favorable a la situacion del titular del derecho. - Efectos del cargo: Los efectos provienen de su doble carácter de obligacion y accesorio del derecho principal. Por ser una obligacion, el incumplimiento faculta al acreedor apara el eferciciio de las medidas compulsivas pertinentes, el incumplimiento no afecta la adquisison del derecho (si no seria condicion), en caso de donaciones el donante puede pedir la revocacion de la liberalidad. Por su carácter de obligacion el cargo se transmite a los sucesores universales del deudor, salvo que sean inherentes de este. Por ser accesorios la extincion del derecho principal provoca la extinción de la obligacion accesoria pero no a la inversa. El cargo puede no extinguirse pero si anularse por imposible, ilicito o inmoral, esta nulidad se comunica a todo el acto y consiguientemente a la adquisición del derecho principal. Acto licito: Es el ajustado a la norma moral de una sociedad y de una epoca, es el que no esta prohibido por la ley. Acto juridico: Todo hecho productor de efectos para el Derecho se denomina hecho juridico, cuando este hecho procede de la voluntad humana, se denomina acto juridico. El hecho juridico comprende al acto juridico que puede definirse como el hecho dependiente de la voluntad humana que ejerce algún influjo en el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas. La autonomia de la voluntad. Limitaciones. Principio fundamental para el codigo civil frances y los inspirados en el (todos los redactados durante el curso del siglo pasado menos el aleman) es la autonomia de la voluntad, que se enfrenta a la declaracion de esta. El principio se traduce en la norma que fija el articulo 1197 Página 117 de 169
CC: “las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”. Principio este que se complementa por el articulo 1198 que expresa: “los contratos obligan no solo a lo que este formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos”. Es conveniente, empero, tener en cuenta lo que expresa el art 21 del citado codigo: “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esten interesados el orden publico y las buenas costumbres”. 2- Elementos de los actos juridicos: El acto juridico tiene tres elementos esenciales de cuya concurrencia resulta la misma existencia del acto, porque si uno de esos elementos faltara, no sera un acto juridico o sera (como lo denomina nuestro derecho) un acto juridico inexistente. A_ Sujeto: Es el autor del acto, o persona de quien emana. La sola voluntad del sujeto no es suficiente, porque para que el acto sea valido la voluntad del sujeto debe estar calificada por la capacidad, es lo exigido por el art 1040. El fundamento es notorio: a pesar de que una persona a los 14 años tenga pleno discernimiento, aun por su inexperiencia la ley impide la celebracion de actos porque seguramente estos le acarrearan consecuencias desfavorables, entonces, y hasta que no complete su educacion y obtenga experiencias, la ley lo protege con la incapacidad que se prologan hasta los 21 años, cuando adquiere capacidad para celebrar validamente actos juridicos por si. B_ Objeto: es la materia sobre la cual recae, o la cual tiende la voluntad del sujeto. Pueden ser cosas o hechos. La ley exige respecto del sujeto un requisito positivo para la validez del acto juridico (la capacidad), en cambio respcto del objeto solo indica requisitos negativos. El principio de esta materia esta en el art 19 de la constitucion nacional donde afirma que la determinación del objeto de las acciones privadas del hombre estan exentas de la autoridad del magistrado siempre que no ofendan la moral publica y el orden o perjudiquen a un tercero. C_ Causa: La doctrina clasica francesa considera que la causa es un elemento esencial del acto juridico, entendiendo por tal fin que ha determinado al autor o a las partes al celebrar el acto. Estos autores distinguen entre: - Causa final: es la que constituye el elemento final. - Causa impulsiva: o motivos individuales del acto, quedan al margen del derecho, es escencialmente variable y no influye en la eficacia del acto. - Causa eficiente: o fuente de la cual proviene la obligacion. La teoria clasica estudia la causa final en tres tipos de contratos: - Sinalagmaticos (sociedad civil): La obligacion de cada parte tiene por causa final la obligacion de la otra, pues ese objetivo es lo que nos ha llevado a cada uno a contratar. - Unilaterales: La causa es la obligacion del deudor, es el hecho cumplido por la otra parte. - Gratuitos: La causa final es la intencion de hacer una liberalidad o prestar un servicio. Entonces la causa final es el fin abstracto, inmediato e identico en todos los actos juridicos que pretenecen a una misma categoria, que persigue el o los autores de un determinado acto juridico. Velez Sarsfield, siguiendo a Freitas, ha estimado que la causa final no constituye un elemento independiente, sino que queda englobada dentro del objeto del acto, tampoco es el mismo Página 118 de 169
concepto sino que se toma la causa impulsiva o motivo determinante que permite calificar o no la intencion de las partes. Seria lo que Spota denomina el “objeto fin” del acto juridico. Nuestro codigo considera que tres son los elementos esenciales del acto juridico. Analisis del artitulo 953 CC Respecto del objeto: - Cosas: “El objeto de los actos juridicos deben ser cosas que esten en el comercio...” En esta parte se refiere a las cosas que su enajenacion no esta expresamente prohibida o dependa de una autorizacion publica, entonces es erroneo prohibir la realizacion de actos que no tengan que ver con la enajenacion sobre los hechos fuera del comericio, ya que ellos no pueden ser transferidos pero si alquilados. El impedimento seria solamente sobre actos de trasferencia, asi se deduce de otros articulos. “... o que por algun motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algun acto juridico...” Esta es una afirmacion vacia de contenido ya que la prohibicion debe resultar de otro articulo que la disponga. Ademas el articulo 1044 declara nulo el acto juridico cuando fuese prohibido el objeto principal del acto, entonces es una remision en blanco a otras disposiciones. Por ejemplo, las cosas ajenas no pueden ser objeto de compraventa, ni los inmuebles de la prenda, ni los muebles de la hipoteca. - Hechos: “El objeto de los actos juridicos debe ser... hechos que no sean imposibles...” Son los hechos juridicamente imposibles aquellos que no pueden tener lugar según el ordenamiento juridico. Por ejemplo, la direccion de una construccion por alguien que no es ingeniero o arquitecto, ademas el codificado incluyo los actos naturalmente imposibles, por ejemplo tocar el cielo. Llambias sostiene que esta inclusion es innecesaria ya que su invalidez ya esta establecida y mas determinante todabia por la naturaleza del hecho o cosa. “... que no sean ilicitos...” Entendiendose por tales los hechos prohibidos por la ley, por ejemplo, la sociedad para cometer delitos. A continuacion el articulo dice “... contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes”, que es lo mismo y es logico porque no pueden pedir el amparo de la ley. “... o que se opongan a la libertad de las acciones de conciencia...” Con este preceto se prohibe, por ejemplo, el compromiso de habitar un lugar determinado, convertirse a otra religion, o contraer matrimonio (art 531). “... o que se perjudiquen los derechos de un tercero”. Se prohibe aca, por ejemplo, el acto de disposicion en fraude de los acreedores. Pero sin llegar a ese extremo, podemos aplicarlo, por ejemplo, A se obliga a enajenar una cosa a favor de B y luego lo transmite a C, conociendo este la obligacion primitiva, entonces el acto perjudica a B, por lo tanto la sancion es la nulidad y la responsabilidad de A y C frente a B, por si C no conocia la obligacion anterior, su buena fe lo exime de la responsabilidad y salva la eficacia del acto, por ende el perjuicio de B emana exclusivamente del comportamiento doloso de A. Quiza lo mas importante del articulo es la prohibicion de los hechos contrarios a las buenas costumbres, esto es, que exige un contenido moral en el acto juridico, por eso termina el articulo diciendo: “los actos juridicos que no sean conformes a esta disposicion, son nulos como si no tubiesen objeto”, es decir, que el derecho no autoriza ni ampara los actos contrarios a las buenas costumbres. Acerca de lo que se debe entender por “moral y buenas costumbres” se han emitido dos opiniones: 1_ es un concepto relativo que depende de la aceptacion general que de el hagan los individuos. Página 119 de 169
2_ Llambias considera que la moral mentada por el codigo civil es la moral catolica, es decir, la que define la iglesia, y es asi porque la iglesia en nuestro pais no es un organo contingente, sino necesario en la organización juridica argentina, estando el gobierno obligado a sostener el culto catolico (art 2 CN) Trascendencia jurisprudencial: Este precepto del art 953, lo vemos tambien en algunos ejemplos donde se ha usado esta disposicion para rectificar otros preceptos: A_Intereses: el art 621 autoriza a las partes a convertir los intereses de la obligacion, por lo tanto se llegaran a autorizar intereses de 120% anual, pero pronto se advirtio que se estaba fomentando la usura, entonces los tribunales reaccionaron y haciendo jugar el art 953 redujeron los intereses a un maximo del 10% osea anulaba el pacto de interes. Luego ese maximo vario por la situacion del pais. Lo importante es que el art 621 integra el articulado y recibe la influencia de otras disposiciones, sobre todo de las que tienen un claro sentido orientador como el art 953. B_ Clausula Penal: El art 522 determinaba que en caso de inclumplimiento de una obligacion, en la cual se halla pactado una suma previendo dicho incumplimiento, esa suma se debera pagar ni mas ni menos. La jurisprudencia la redujo y hasta la anularon cuando dicha suma era una exorbitancia comparada con el efectivo perjuicio sufrido por el acreedor. La ley 17711 respaldo esta modificacion al art y en el agregado del art 656. C_ Convenciones contrarias a la moral sexual: La jurisprudencia aplicando el art 953 ha sancionado entre la nulidad la locacion de una casa destinada a prostibulo, o a la obligacion de ejercer la prostitucion, la venta de una casa de tolerancia, etc. D_ Lucro inmoral: por ejemplo, el que intenta obtener para el acreedor del hermano fallecido, un monto inferior para beneficiar a los herederos, pero luego pretende cobrar la sucesion, el monto integro, beneficiandose con la diferencia. E_ Pacto comisorio en compraventa a plazos: El pacto comisorio es una clausula por el cual el acreedor puede rescindir el contrato si la otra parte no cumple, entonces se cometian abusos porque el acreedor exigia la rescisión por falta de tres o cuatro mensualidades, cuando el deudor ya habia pagado casi todo el precio, entonces el acreedor se quedaba con las otras cuotas en concepto de alquiler, ya que el deudor ya habita el terreno, y tambien se quedaba con el terreno. Los tribunales luego de vacilaciones decidieron anular la aplicación del pacto comisorio cuando el comprador halla pagado un numero de cuotas (generalmente el 35% del precio total) suficiente para exigir la escrituracion del inmueble. Esta jurisprudencia fue tan convincente que se introduce como art 8 de la ley 14005 que reglamenta la venta a plazos de inmuebles fraccionados en lotes. 3- Efectos del acto juridico respecto de las partes, sucesores y terceros. Los actos juridicos producen efectos con relacion a las partes que en ellos internvienen y no respecto de los extraños. Este principio que ya expresaban los romanos nos sirve para explicar conceptos claros de importancia y de aplicación. - Parte: Parte de un acto juridico es la persona que por medio del acto a cuya formacion concurre ejerce una prerrogativa juridica propia, por ejemplo, en un contrato de compraventa son partes el vendedor y el comprador. Esta nocion permite diferenciar a otras Página 120 de 169
personas que intervinieron en la formalizacion del acto juridico como el escribano, los testigos o los representantes. Estos no son partes. - Sucesor: El codigo los define como las personas a las cuales se transmiten los derechos de otras, de manera que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre. La sucesion es distinta: según el origen de la transimision la sucesion puede ser: Legal: deriva de la ley, es la que se opera por ejemplo a favor de los herederos legitimos. Voluntaria: proviene de la voluntad del individuo en cuyo derecho se sucede, por ejemplo, la sucesion de los herederos testamentarios en el patrimonio del testador. según la extension del titulo de la transimison la sucesion puede ser: Universal: se refiere a la totalidad o a una fraccion del patrimonio. El sucesor universal es aquel a quien pasa todo o una parte alicuota del patrimonio de una persona. Particular: Se refiere a uno o mas bienes individuales. El sucesor singular es aquel a que se transimite un objeto particular que sale de los bienes de otra persona. - Tercero: Designa a toda persona agena a algo, sea una obligacion, una convencion, una relacion juridica, etc. Con relacion al acto juridico los terceros son las personas extrañas al acto, es decir las que no han concurrido a su formacion, ni son sucesores universales de las partes. Entre los terceros hay que diferenciar la situacion de los sucesores singulares, la de los acreedores quirograficos y la de los terceros propiamente dichos de las partes. - Representante: Es la persona que, ya por una autorizacion legal o por una convencional, actua en nombre de otra, ejerciendo prerrogativas juridicas de esta. Si por ejemplo un contrato de compraventa se celebra por medio de representantes, no son estos quienes venden o compran, sino quienes representan a las partes que venden o compran. Según el origen de la autorizacion para obrar en nombre de otro los representantes pueden ser: Legales: aquellos que designa la ley: padres, tutores o curadores. Voluntarios: son designados por el propio representado: mandatario. Nuestro codigo incluye la teoria de representacion, no en la seccion de hechos y actos juridicos, sino con relacion al contenido del mandato y luego se extiende a los demas casos. •
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Efectos. Analisis del art 1195 Sucesores universales: Es la primera mencion que hace el articulo, ya que se encuentran en principio en igual situacion que las partes a las cuales suceden. Esta paridad de situacion que exite entre las partes y sus sucesores universales no es absoluta, sino que existen algunas excepciones: 1_ Los derechos y obligaciones inherentes a la persona provenientes de un acto juridico, no se transmiten a los sucesores univeersales, ya sea por la naturaleza del acto, ya porque existe una disposicon expresa de la ley (ejemplo: derechos de usufructo, uso y habitacion). 2_ Tambien se transmiten a los sucesores las obligaciones intransmisibles en razon de una clausula contractual, entonces a pesar de que su naturaleza sea transimisible hay obligaciones que las partes pueden convertir en intransmisibles, porque es una cuestion librada a la determinacion de los particulares. - Sucesiones singulares: En principio y al revez de los sucesores universales, estos no se ven alcanzados por los efectos de los actos juridicos. Es que respecto de esos actos ellos son terceros. A este principio se le reconocen tres excepciones: -
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1_ Se beneficia o perjudica por los actos juridicos cumplidos por su autor, si los sucesores singulares consitituyen un antecedente del derecho transimitido. 2_ Afectan al sucesor singular las obligaciones contraidas por el autor de su derecho, respecto a la cosa transmitida, si y solo si esas obligaciones estan gravadas no sobre personas determinadas sino sobre el poseedor de la cosa determinada. Por ejemplo: la hipoteca. 3_ Los sucesores singulares pueden invocar, aunque no esten en el titulo transmitido, los derechos de su autor que puedan reputarse accesorios del objeto adquirido. - Terceros: Entre los terceros o personas extrañas nos falta mencionar a los acreedores quirografarios de las partes, como ellos tienen como garantia de sus creditos el patrimonio del deudor, no son indiferentes a los movimientos de este; al contrario, se benefician con el incremento de ese patrimonio o se perjudican cuando disminuye. Pero como son terceros no pueden intervenir en la actividad del deudor, excepto cuando actos de disposicion agravan su insolvencia, entonces su objeto es ilicito y perjudicaria a un tercero (art 953), esto es suficiente para entregar al acreedor la accion revocatoria. 4- interpretación de los actos jurídicos. Interpretar un acto jurídico es establecer su verdadero alcance y sentido. La interpretación vienen a reparar el defecto de manifestación de voluntad y es una indagación de la voluntad efectiva del agente en el acto jurídico unilateral, o de una voluntad común de las partes en un acto bilateral, para asegurar el respeto que merece el querer individual en este sector del derecho. El primer problema es establecer si la interpretación de los actos jurídicos es una cuestión de hecho o de derecho, este tiene un interés práctico fundamental. Si fuera de derecho, estaría sujeta al recurso de Casación. Se trata de saber si en teoria la sentencia que acuerda a un acto juridico una interpretacion que se estima inadecuada, es o no suceptible del recurso de casacion. En este aspecto se plantean diversos problemas, que pueden ser discriminados en dos categorias: 1_ En esta categoria queda comprendido todo lo relacionado con la investigacion de la efectiva intencion que da vida al acto juridico. Aquí hay cuestiones de hecho y consiguientemente de prueba que no dan materia al recurso de casacion. 2_ Se refiere a la apreciacion que de los hechos ha de hacer el magistrado, conforme al regimen juridico correspondiente y si se toma por erronea la apreciacion judicial tiene lugar el recurso de casacion considerandose como una cuestion de derecho. Problemas que plantea Borda.
consideran que el fundamento de los actos jurídicos es la intención, entonces todo lo que deben hacer los litigantes ante el juez es probar cual ha sido su intención, por lo tanto la cuestión es de hecho. Este es el punto de vista clásico sostenido en general por jurisconsultos franceses del siglo pasado. Teoría de la voluntad psicológica:
no niegan que la voluntad es el origen y formación de los actos jurídicos en general, y de los contratos en particular. Pero como las demás personas no pueden conocer su voluntad sino por medio de su exteriorización; el juez que tuvo en cuenta para el Teoría de la declaración:
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derecho, sino lo que expresa, entonces el juez debe investigar lo que la declaración en su conjunto autoriza a creer que ha querido. Por declaración de voluntad no debe sólo entenderse la expresión verbal o escrita, sino también el proceder, actos o signos y aún el silencio. A esta postura adhiere Borda. Por ende si aceptamos esta última teoría, la cuestión es de derecho, donde hay que resolver y definir cuales son los efectos jurídicos de la declaración y con ello queda dicho que las cuestiones de interpretación del acto jurídico quedan sujetas al recurso de casación, aunque la Suprema Corte de Buenos Aires se haya pronunciado en contra, la doctrina moderna así lo cree (Spota, Borda, Dassen). Entonces la corte de casación podrá decidir, por ejemplo, cuál es el significado y los actos jurídicos del acto. Principios aplicables.
C.C: “los actos jurídicos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosimilmente las partes entendieron o puedieron entender”. Este principio es el rector en la interpretación de los actos jurídicos y tiene dos sentidos distintos: en los actos de última voluntad, especialmente el testaento, cuando se hable de buena fe significa que debe interpretarse de acuerdo a ella, que el juez debe procurar extraer onestamente la verdadera voluntad del causante a traves del documento, para hacerlo cumplir fielmente. En los actos entre vivos, especialmente contratos, la buena fe significa lealtad, confianza en la palabra empeñada, actuar con buena fe implica evitar toda reticencia o astucia que pueda inducir a confución a la otra parte. El juez en caso de controversia debe preguntarse que significado hubiera atribuido a la declaración de una persona honorable y corrcta. Si ambas partes han atribuido a la declaración un significa doferente y han querido obligarse auna cosa distinta, el juez por aplicación del principio debe interpretar el acto conforme a la voluntad primietiva de las partes. En los contratos, es una custión de interés general e incluso de sueguridad social. De este principio de buena fe se desprenden las siguientes reglas interpretativas: 1º) el juez no debe ceñirse estrictamente en el significado jurídico de las palabras, por que la gente muchas veces por ignoracia del significado de ciertos términos jurídicos, le atribuye un signioficado vulgar que es el que realmente expresa su voluntad, entonces el juez debe interpretar la declaración con un criterio de profano, como una persona que no sabe de leyes pero sí del obrar de la gente. 2º) los usos y costumbres tienen mucha importancia, porque el emitir una declaración de voluntad se entiende darle el significado que comunmente tiene. El Código de Comercio determina que el uso y la práctica, generalmente observados en el comercio en casos de igual naturaleza, y especialmente la costumbre del lugar donde debe ejecutarse el contrato, prevalecerán sobre cualquier inteligencia en contrario que se pretenda dar a las palabras. Borda sostiene que no es lógico que prevalescan las costumbres del lugar donde debe ejecutarse porque, por ejemplo, un contrato entre jujeños que debe ejecutarse en Bs As no debería interpretarse según las costumbres de Bs As, porque las partes viven y conocen las costumbres de Jujuy donde se celebró el contrato. 3º) la declaración debe interpretarse en su contexto, no por cláusulas aisladas. Así lo determina el Código de Comercio, que agrega que cuando la palabra es ambigua o confusa, no debe atribuirsele el significado que más le convenga sino el que le corresponde por contexto. -
La buena fe: es el principio fundamental, así lo dispone el art. 1198 del
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4º) para el C.C. la buena fe impone la obligación de hablñar claro, entonces si existen cláusdulas obscuras o dudosas deben interpretarse en contra de quien redactó el contrato. Ya en el Derecho Romano se le imputaba al autor la oscuridad del texto. Este principio es particularmente justo cuando se trata de contrato de adhesión (aquellos en que las condiciones las establece un sola de las partes y la otra simplemente adhiere). -
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la circunstancias del caso. Código Civil: las circunstancias del hecho en que se emitió la
declaración de voluntad son decisivas. A iguales palabras e identica conducta tienen un significado totalmente diferente si las circunstancias difieren. Por ejemplo, si una persona en una estacion toma mi valija y la lleva a un auto sin hablar, se entiende que es un changador, implica un contrato de transporte, con la obligacion de pagarle al changador; en cambio si se trata de una persona amiga no me va a cobrar, no se trata de ningun contrato. El fin practico: todo acto juridico tiene un fin, si hay controversia ese fin es casi siempre de orden economico, el juez siempre tiene que tenerlo presente e interpretar las clausulas del contrato en la manera que mejor permita el cumplimiento de ese fin. La conducta posterior de las partes: el codigo de comercio afirma que los hechos que protagonizan los contrayentes despues del contrato, seran la mejor explicacion de la intencion de las partes. Esto no solo se aplica en materia comercial sino tambien en causas civiles. La naturaleza del contrato y su vivencia: . Tambien el codigo de comercio sostiene que si las clausulas de un contrato permiten interpretarse en dos sentidos y en ambos casos el acto sigue siendo valido, debe aceptarse el que valla mas de acuerdo con la naturaleza del contrato y con la equidad. Si en cambio un sentido hace que el acto sea nulo, entonces se interpreta en el otro sentido que permite la validez del acto. Estos principios tienen validez en lo civil. El principio del “favor debitoris”: en caso de que ninguna de estas reglas aclare las clausulas dudosas o ambiguas, entonces se interpretara siempre a favor del deudor, o sea en sentido de su liberacion. Este es el principio del favor debitoris que esta en el codigo de comercio; y que resulta justo en los contratos gratuitos, pero no en los onerosos, porque la obligacion que resutla de una clausula es siempre motivo o consecuencia de una contraprestacion, en este caso el juez debe guiarse por la equidad y la equivalencia de las obligaciones reciprocas.
Reglas de interpretacion del codigo civil y del codigo de comercio:
Velez sarsfield se ha abstenido, salvo excepciones, de dictar normas de interpretacion, quizas por entender que deberian ser obra de la ciencia del derecho y no del legislador. Sin embargo, estas reglas tienen autoridad legal en el codigo de comercio, como lo expresa el art 218. Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla XII. 1- Forma de los actos jurídicos. La forma es el tercer y último de los elementos esenciales de los actos jurídicos. Con relación al acto jurídico es la manera o modo de proceder en la Página 124 de 169
instrucción de una causa, instancia o proceso y en la celebración de un contrato o acto que deba surtir efectos legales. De Gaspieri dice que la forma puede ser concebida como el molde en que la voluntad sustancial del acto se vacía y se hace sensible, adquiriendo un sentido, por medio del cual los terceros puedan reconocerla, ponderar sus alcances y consecuencias. Relaciona al sujeto con el objeto y es el medio por el cual éste exterioriza su voluntad sin la cual no hay acto jurídico voluntario. La forma esencial es el elemento indispensable ya que no es posible concebir actos sin forma. Forma esencial.
Art. 973: “la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de celebrarse el acto; tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público o por oficial público o con el concurso del juez del lugar”. Por lo tanto la forma legal es cierta forma determinada en que deben celebrarse los actos bajo pena de invalidez. Forma legal.
En pueblos de cultura incipiente la base de la organización jurídica es el formalismo, por ejemplo: en la Roma primitiva no importaba tanto el consentimiento de los contratantes, como que se hubiesen cumplido exactamente las formas que la ley determina. En este sistema formalista riguroso la forma esencial se identifica con lo legal; ya que tampoco se concebió un acto que no se hiciera con los símbolos y ritos que determina la ley. Posteriormente con la aparición de los contratos “bona fides” se entendía que el acto, aún desprovisto de la forma legal adecuada, era suficiente como para obligar a las partes; el Derecho comprendió que la fuerza que vinculaba a las partes provenía de su propio consentimiento, del cual la forma serviría más adelante para su comprobación. Desde entonces el derecho se caracteriza por el predominio del principio de libertad de formas, que deja a los particulares la elección de los hechos de expresión que estimen más adecuados para la celebración de los actos jurídicos. Modernamente se aprecia un resurgimiento del formalismo en la esfera comercial, pero éste tiene otro fin que se relaciona con los terceros y la seguridad del tráfico jurídico. Por eso se establece la forma legal de la escritura pública para asegurar las transferencias de bienes inmuebles y evitar extravíos y controversias, por ende esas escrituras quedan a resguardo del Estado. También sobre otros bienes existen registros donde el titular de un derecho lo inscribe, sobre todo en interés de los terceros, ya que estos deben estar informados de ciertos actos porque estos pueden incidir en el patrimonio que constituye la garantía colectiva de los acreedores. Por todos ello se han organizado regímenes adecuados de publicidad de la transmisión de los derechos, a este fin la ley 17711 coloca como requisito de forma indispensable la inscripción en el registro para operar la transferencia de derechos reales sobre inmuebles. El formalismo: evolución.
Ventajas.
1) El uso de formas comunes permite conocer con más exactitud la naturaleza del acto. 2) La exigencia de ciertos fines protege a las partes de cierta ligereza e impremeditación, por ejemplo: en el matrimonio o en el testamento. Página 125 de 169
3) El uso de forma preconstituida facilita y asegura la prueba del acto. 4) Por medio de la publicidad se protege los derechos de tercero. 5) Desde el punto de vista fiscal favorece el cobro de impuestos. Inconvenientes.
1) La incomodidad de reportarse al cumplimiento de formas. 2) Las formas son siempre onerosas, ya que se debe recurrir a especialistas o funcionarios. Ej: escribanos. 3) Puede que el acto se invalide por no observar las solemnidades establecidas. 4) Las formas actúan como impedimento que obstaculiza la celeridad de las transacciones de los bienes a que ellas se refieren. El neoformalismo. •
Principio de libertad: nuestro Código brinda mayor fuerza jurídica en las convenciones a la
voluntad individual, y no al cumplimiento de las formas sacramentales. Así resulta del art. 974: “cuando por este código o por las leyes especiales no se distingue forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes”. Pero en relación a un acto jurídico determinado, podrá exigirse la celebración bajo forma escrita (art. 975) o en instrumento público (art. 976) o en cierta clase de instrumento público (art. 977). La inobservancia de las formas exigidas por la ley o por la convención misma provoca la nulidad del acto. •
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Instrumento como concepto autónomo: el instrumento es el elemento de
forma que no ha de confundirse con el acto jurídico en el instrumentado. De esta distinción se entiende que no obstante la nulidad del instrumento puede ser válido el acto jurídico instrumentado y viceversa. Pero si el acto depende para su validez de la forma instrumental, siendo nulo el instrumento donde consta, es consiguientemente nulo el acto instrumentado. Formas ad – probationem y ad –solemnitatem: las primeras son las
instruidas para facilitar la prueba del acto. Las segundas son establecidas con rigor categórico, de modo que si no se cumplen, la ley considera que el acto no ha quedado formado para producir su efecto propio.
Clasificación de los actos jurídicos en cuanto a su forma. a)
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Acto formal: su validez depende de la celebración bajo la forma
exclusivamente determinada
por la ley. Pueden ser: Solemnes: la omisión de la forma legal, no sólo provoca la nulidad sino también destituye al acto de cualquier otro efecto civil. Ej: matrimonio (si se omite la forma legal es un simple concubinato). No solemnes: la omisión de la forma legal determina la nulidad del acto, pero no le impide producir otros efectos diferentes. Ej: si en la transferencia de bienes inmuebles se omite la escritura pública, la transferencia como tal es nula, pero ese acto vale como contrato por el cual las partes se obligan a hacer la escritura pública. Producen efectos distintos al que Página 126 de 169
buscaron las partes. Este fenómeno se denomina conversión de acto jurídico que no ocurre con los actos formales solemnes. b)
No formales: son aquellos para los cuales la ley no
señala forma determinada, caen en el principio de libertad de forma establecida en el art. 974 del C.C.
Puede ocurrir en los actos formales no solemnes, que por efecto de la sanción de nulidad, el acto inválido quede privado de sus efectos propios (sustituida la escritura pública por el instrumento privado, Ej: boleto de compraventa, no se opera la constitución o transmisión del derecho real, aunque se hubiere llenado el requisito complementario de la tradición de la cosa). En este caso la sanción de nulidad afecta al acto de constitución o transmisión de derechos reales, pero no lo afecta en cuanto dicho acto es idóneo por fuerza de la ley para producir otros efectos diferentes. Cuando esto ocurre se considera que se ha producido la conversión del acto jurídico, la que no puede ocurrir tratándose de actos solemnes. Conversión del acto jurídico.
2- Instrumentos Públicos. (concepto). La forma usada más frecuente en la celebración de los actos jurídicos es la forma escrita o instrumental, a la que puede recurrirse por medio de dos clases de documentos: instrumentos públicos y los instrumentos privados. Los instrumentos públicos son los otorgados con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público a quien la ley confiere la facultad de autorizarlos. Su elemento dominante es el oficial público, pero sólo no basta para la validez del instrumento. Hay tres requisitos: Caracteres. 1)
Capacidad del oficial público: no alude a la capacidad física de la persona, sino a
su aptitud para otorgar instrumentos públicos, la cual proviene de la investidura que corresponde a su cargo. Dicha capacidad se origina en el nombramiento hecho por la autoridad pública competente y es realmente capaz cuando entra en posesión de su cargo. Cesa su incapacidad en dos supuestos: a) Después de que le notifiquen la suspensión, restitución o reemplazo, los actos jurídicos cumplidos por él serán de ningún valor, si valen los actos anteriores a la noticia. b) Cesa su capacidad con relación a los actos que él o sus parientes dentro del cuanto grado fuesen personalmente interesados. Es una incapacidad que abarca sólo a esos actos y está fundada en razones morales. 2)
Competencia del oficial público: se refiere a un doble aspecto (art. 980): a) en cuanto a la
materia sobre la que versa el instrumento, el oficial será competente cuando obre en los límites de sus atribuciones respecto a la naturaleza del acto, Ej: los encargados del registro civil son competentes para otorgar partidas de nacimiento y defunción, pero no para documentar la celebración de un acto jurídico (excepto el matrimonio), los escribanos públicos tienen competencia para celebrar contratos, pero no matrimonios. c) En cuanto al territorio o lugar en que ha sido otorgado, el oficial es competente cuando actúa dentro del territorio que se le ha asignado. La competencia territorial se relaciona con Página 127 de 169
el lugar donde se otorga el acto, no donde están ubicados los bienes objeto de ese acto ni el domicilio de las partes. 3) Las formalidades legales: bajo pena de nulidad existen distintas clases de instrumentos públicos donde se exigen diferentes requisitos de forma, lo común a todos, además del oficial público es esencial (forma esencial): a) la firma de las partes: es indispensable porque es la constancia de aceptación del contenido del instrumento, si una de las partes no sabe firmar otra persona lo hará en su nombre. Si una de las incluye varios interesados se requiere la firma de todos ellos. b) La presencia de testigos : en el caso de los instrumentos público, en que el Código exige la presencia de testigos, estos se denominan “instrumentales” (también pueden ser testigos de conocimiento, cuando justifican la identidad de una persona, o testigos honorarios cuando redundan en honor a los intervinientes, Ej: testigos suplementarios de casamiento), en estos últimos dos casos su ausencia no provoca la nulidad del acto, en cambio si ocurre cuando los testigos son instrumentales. El art. 990 del C.C. determina quienes no pueden ser testigos en instrumentos públicos. La falta o incapacidad de los testigos instrumentales determina la nulidad del instrumento, si se comete un error común sobre la capacidad de los testigos, entonces salva la nulidad del acto, esta salvedad se aplica respecto de cualquier incapacidad enumerada por la ley. Por lo tanto los instrumentos públicos son nulos si carecen de algunos de los tres requisitos antes mencionados, son anulables cuando el examen del documento permite percibir alguna irregularidad tan importante como para persuadir al juez de su invalidez, por ejemplo: cuando tuviese enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en partes esenciales (como la fecha). Enumeración legal. Art. 979.
1) Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma en que prescribe la ley. 2) Cualquier otro instrumento que extendieron los escribanos o funcionarios públicos en la forma en que las leyes hubieren determinado. 3) Los asientos en los libros de los corredores, en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio. 4) Las actas judiciales, hechas en los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes, en los casos y en las formas que determinan las leyes de procedimiento; y las copias que de esas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron. 5) Las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el tesoro público, las cuentas sacadas de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas. 6) Las letras de particulares, dadas en pago de derechos de aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que pertenecen al tesoro publico. 7) Las inscripciones de la deuda publica, tanto nacionales como provinciales. 8) Las acciones de las companías autorizadas especialmente, emitidas en conformidad a sus estatutos. 9) Los billetes, libretas, y toda cédula emitida por los bancos, autorizados para tales emisiones. Página 128 de 169
10)Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales, o en los registros municipales, y las copias sacadas de esos libros o registros. Fuerza probatoria En si mismo: En este aspecto el instrumento publico goza la presunción de autenticidad que
merece la actuación del oficial publico, entonces el instrumento publico se prueba a si mismo, es que están acompañados por signos externos, difícil de imitar, como timbres y sellos característicos, la firma del oficial publico. El que desee impugnarlo deberá demostrar la difícil prueba de falsedad.
En cuanto a su contenido: Deben distinguirse:
1) Hechos pasados ante el oficial publico: El art. 993 afirma: “el instrumento publico hace plena fe hasta que sea erguido de falso, por acción civil o criminal (si se promueve acción criminal tiene como fin castigar al falsario y secundariamente invalidar el instrumento publico); de la existencia material de los hechos que el oficial publico hubiese enunciado como cumplidos por el mismo o que han pasado en su presencia (fecha del acto, autenticidad de las firmas y observancia de formalidades)”. Como es lógico estos hechos comprometen la buena fe del funcionario. Una garantía de la fe que se ha querido asignar al instrumento publico es el impedimento que puso la ley a los testigos y al oficial publico para que estos no pudieran contradecir las constancias del documento, a excepción que aleguen dolo o violencia; esta disposición (art. 992) tiene una clara intención y es la que asegura la adquisición de algún derecho por instrumento publico, porque si este derecho se pierde por simple retractación de un testigo nulo, entonces no existe la seguridad. 2) Cláusulas dispositivas: El art. 994 afirma que los instrumentos públicos hacen plena fe no solo entre las partes sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos de ellos. Esto significa que quien alegue contra la otra parte o contra un tercero una convención o pago comprobado por un instrumento publico, esta dispensado de toda prueba, entonces el juez debe tener por probado el pago o la convención con la sola exhibición del instrumento. Es una prueba completa pero no indiscutible, puede desvirtuarse por medio de otras que contradigan al instrumento; para probar que las cláusulas dispositivas no son sinceras, no se requiere tachar de falso el documento, sino que la falsedad esta en los comparecientes y en el acto jurídico; independientemente de la corrección del instrumento publico del que se han servido. 3_ Cláusulas enunciativas: Se refieren a manifestaciones de las partes, accesorias o superfluas, que podrían omitirse o suprimirse sin que se altere el objeto del acto. Estas cláusulas enunciativas pueden ser: - Directas (tienen una relación directa con el sujeto principal, por ejemplo en un contrato de renta vitalicia la manifestación del acreedor de haber recibido la primera cuota (sino, esta no altera el contrato)). Página 129 de 169
Indirectas (tienen lejana o ninguna vinculación con el objeto del acto, por ejemplo en la compraventa, la manifestación del comprador de que el dinero proviene del préstamo que se había hecho a un tercero). El valor probatorio de estas cláusulas es muy diferente, y están en el art. 995 que determina que de las cláusulas enunciativas directas, hacen plena fe los instrumentos públicos, no solo entre las partes sino también respecto de terceros. Por ende la eficacia probatoria de las cláusulas enunciativas directas es igual al de las cláusulas dispositivas. El código no se ocupa de las cláusulas indirectas, pero debe entenderse que el instrumento publico no hace plena fe respecto de ella, es decir no sirve de prueba completa. -
Impugnación del contenido:
Código Procesal Civil y Comercial, art. 395 La redargucion de falsedad de un instrumento publico tramitara por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de diez días de realizada la, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Será inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas tendientes a demostrar la falsedad. Admitido el requerimiento, el juez suspenderá el procedimiento de la sentencia, para resolver el incidente juntamente con esta. Será parte el oficial publico que extendió el instrumento. Redarguir: Impugnar por algún vicio o defecto; en especial señalar la falsedad o ineficiencia de los documentos presentados en juicio. 3- Escrituras publicas: Concepto:
Son escrituras publicas las otorgadas por escribano de registro o sus títulos legales. Estos elementos no se identifican por si mismos, sino por el funcionario que los autoriza, siendo estos el escribano de registro o en su defecto el juez de paz del lugar, también ministros, diplomáticos y cónsules. Están dentro del genero de instrumentos públicos, es por esto que sus requisitos son comunes a aquellos: A)Capacidad del escribano autorizante. B) Competencia de este. C) La observancia de las formas legales. Forma de la escritura: 1) Deben ser hechas en el libro de registro o protocolo. 2) Deben hacerse en idioma nacional. 3) Deben contener las indicaciones del lugar y fecha de celebración, así como los datos de los comparecientes. 4) Deben contener indicaciones relativas al desarrollo del acto. 5) Deben estar firmadas por las partes y por el escribano. Formas de casos especiales: Página 130 de 169
6) Inclusión de minutas si los comparecientes no hablan el idioma nacional o son mudos (art. 999) 7) Escritura en letras de las cantidades. 8) Transcripción de documento habilitante si las partes actúan por representación. Escribanos:
Los escribanos de registro son funcionarios públicos instituidos para recibir y redactar conforme a las leyes, los actos y contratos que les fueran encomendados, y para dar carácter de autenticidad a los hechos, declaraciones y convenciones que ante ellos se desarrollen. La reclamación de sus funciones están a cargo del gobierno provincial o nacional según la jurisdicción. En capital federal y territorios nacionales la organización del notariado se hizo por medio de la ley 12990: A) Condiciones de idoneidad: Argentino (nativo o naturalizado); mayor de edad; titulo de la universidad nacional; dos años de practica notarial; buenos antecedentes; inscribirse en la matricula profesional; estar colegiado. B) Designación: a cargo de poder ejecutivo, previo concurso de oposición y como hay mas de 500, son designados por el poder ejecutivo directamente. C) Sus derechos son: 1_ estabilidad (hasta que dure su buena conducta) 2_ remuneración (según el arancel vigente) 3_ sufragio activo y pasivo del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos. D) Sus deberes: conservación y custodia de los actos y sus protocolos; expedir testimonios, certificados, etc.; mantener el secreto profesional; asidua concurrencia a la oficina. El gobierno y disciplina del notariado se ejerce por el tribunal de superintendencia y el colegio de escribanos. Protocolo.
Las escrituras publicas deben ser hechas en el libro de registros que esta enumerado, rubricado o sellado, según las leyes en rigor. Las escrituras que no estén en el protocolo no tiene valor alguno. Originariamente debía ser hecho por el mismo escribano, este requisito no se cumplía pero eso no era suficiente para determinar la nulidad de la escritura; sin embargo un fallo de Córdoba determino la nulidad de una escritura, entonces los escribanos solicitaron la reforma del articulo. El protocolo no es un libro, aunque al final del año se encuadernan en uno no mas volúmenes las escrituras pasadas en cada escribanía. Las escrituras deben guardar un orden cronológico inexcusable. En realidad el protocolo esta constituido por una serie de pliegos de papel sellado, denominado “sellos notariales de protocolo”, los que llevan una numeración propia y deben estar rubricados por el colegio de escribanos. Escritura matriz.
Son las escrituras extendidas en el protocolo del escribano. Con esta denominación se diferencian la escritura de sus copias o testimonios. Las partes que la integran: - El encabezamiento: Inicia la escritura y contiene: Página 131 de 169
1) Las circunstancias de tiempo y lugar donde se celebro el acto. 2) La comparecencia de las partes y sus datos personales. 3) La fe de conocimiento del escribano de que conoce a las partes o si no las conoce se debe sustituir por las declaraciones de dos testigos conocidos por el escribano, que identifiquen a las partes. - El cuerpo: Contiene las declaraciones de voluntad de las partes y también las relaciones de antecedentes que ellas quieran efectuar. Es la parte medular de la escritura. - El pie: Cierre del acto y lectura del escribano, ratificación y firma de las partes y del escribano dando fe. Esta firma del escribano hace del documento una escritura publica. Copias.
Las primeras copias son las que el escribano esta obligado a dar a las partes que lo pidiesen (art. 1006). En la expedición de la copia se debe hacer constar primero la fecha, la persona para quien se expide, y si se trata de primero o segundo testimonio, todo ello aseverado con la firma y sello del autorizante. Pueden ser hechos los testimonios en formularios impresos o en copias fotográficas autenticadas. Las segundas copias son las que siguen a la primera. No hay impedimento en principio para que el escribano las otorgue, con los mismos requisitos señalados. Así lo autoriza el art. 1007. La excepción a esta regla surge cuando la escritura contiene obligaciones de dar o hacer, las cuales requerirán la previa autorización judicial (art. 1008). El valor probatorio de las copias primeras o segundas, es completo e idéntico al de la escritura matriz (art. 1010). El art. 1011 establece que dado el caso en que se perdiese o destruyese el protocolo o la escritura matriz, el juez podrá, previa citación de las partes, ordenar la nueva redacción de la escritura a partir de las copias dadas siempre y cuando de hallen en perfecto estado. Documentos habilitantes.
Si las partes actúan por medio de representantes, estos deben justificar su personería con los documentos habilitantes, que son aquellos donde consta el titulo invocado por el compareciente para obrar en nombre de otra persona. Del art. 1003, reformado por ley 15875, se desprenden dos tipos de representación posibles: 1) Si el representante actúa por primera vez ante el escribano, este debe: - Exigir la presentación del poder o documento habilitante. - Insertar el poder en el protocolo o suplirlo por copia autentica. 2) Si el representante ya ha actuado ante la misma escribanía, el notario debe dar fe de que el documento esta inserto en su protocolo e indicar el folio en que se encontrare. Luego de la reforma no es necesario transcribir en el cuerpo de la escritura el documento habilitante del representante con relación al acto de que se trate (ley 15875). Aunque el texto legal nada dice, la doctrina ha entendido que no requieren justificar su personería: A) Los funcionarios públicos. B) Los padres para obrar a nombre de los hijos menores en los casos en que no requieran autorización previa. Página 132 de 169
Organización del notario.
Los escribanos de registro son funcionarios públicos instituidos para recibir y redactar, conforme a las leyes, los actos y contratos que le fueran encomendados y para dar carácter de autenticidad a los hechos, declaraciones y convenciones que ante ellos se desarrollen, formulen o expusieren, cuando fuera requerida su intervención (ley 12990, art. 10). 4- Instrumentos privados. Concepto. Según lo previsto en el art. 978 los instrumentos privados son documentos firmados por las partes sin intervención del oficial público, su redacción es efectuada por los particulares sin la presencia de otras personas, fuera de la presencia de los propios interesados. Los instrumentos privados están sometidos a formalidades especiales. Aquí juega el principio de libertad de forma, ya que las partes pueden elegir expresarse escrita o verbalmente y pueden redactarlos sin reato alguna y de la manera que estiman más conveniente para sus intereses. Este principio de libertad se halla expresado en el art. 1020. Derivaciones del principio: 1) los instrumentos privados pueden ser firmados en cualquier día, aunque sea domingo, feriado, o de fiesta religiosa. (art. 1015), 2) no es indispensable consignar en el documento el lugar de celebración ni el nombre y domicilio de los firmantes. 3) las cantidades pueden ser escritas indistintamente en letras o en números. 4) la escritura puede ser impresa, mecanografiada o manuscrita, salvo la firma. 5) las enmiendas, raspaduras, agregados, no salvados en partes no esenciales del documento no atentan contra su validez, si bien pueden alterar la fuerza probatoria conforme al criterio judicial. 6) no hay necesidad de transcribir los poderes habilitantes de quienes obren en carácter de mandatarios de otros. Comparación con en instrumento público. Relaciones:
1) El instrumento privado puede ser la base para obligar a las partes a otorgar un instrumento publico (art. 1185). 2) Puede ser protocolizado elevándose a instrumento público si esto fuera ordenado por el juez (art. 984). 3) Puede ser reconocido, por transcripción , o por admisión, en un instrumento público pasando a integrarlo. 4) Puede que en su origen halla sido un instrumento público pero por conversión en virtud de su nulidad valga como un instrumento privado (art. 937). Diferencias:
1) A diferencia del instrumento público que es heterógrafo, o sea con intervención del oficial público, el privado es autógrafo, es decir, con intervención de las partes. 2) Uno de los requisitos del instrumento público es la fecha, que es una declaración del oficial público y tiene la autenticidad propia de esa clase de documento, debiendo ser respetada por todos. En cambio los instrumentos privados no tienen por si mismos fecha cierta o autentica, es decir no tienen fuerza probatoria frente a terceros. 3) En los instrumentos públicos la firma a ruego tiene validez por la autenticidad que le da el oficial público, en cambio en los instrumentos privados no hay un oficial público que le de autenticidad. Página 133 de 169
Es una de las dos excepciones al principio de libertad y que según el art. 1012 es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada. Es el trazo peculiar mediante el cual el sujeto consigan habitualmente su nombre y apellido, o solo su apellido, a fin de hacer constar la manifestaciones de su voluntad. El autor del código la consigna en la nota del art. 3639. No debe confundirse con la mera indicación del nombre y apellido de la persona. Iniciales o signos. Art. 1014: “ninguna persona puede ser obligada a reconocer un instrumento que esté sólo firmado por iniciales o signos, pero si el que así lo hubiera firmado lo reconociera voluntariamente las iniciales o signos valen como la verdadera firma. Firma.
Documento firmado a ruego.
Son los que aparecen suscriptos por un extraño a pedido del interesado. La opinión prevaleciente de los autores niega a los documentos asó firmados todo valor legal por carecer de la firma de la parte interesada. Otros autores aceptan el valor como instrumento privado siempre que se pruebe la existencia de mandato verbal para firmar. Llambias cree que el error de las doctrinas negatorias es confundir validez del documento con su fuerza probatoria. El documento es válido desde que contiene la firma de quien actúa como mandatario del interesado y su fuerza probatoria es totalmente diferente y depende de la prueba del mandato. Documento signado por la impresión digital.
La jurisprudencia y la doctrina son contradictorias, Borda y Llambias coinciden que este documento sólo debe tener valor de principio de prueba por escrito y que el juez deberá apreciar las circunstancias de cada caso para decidir acerca de su valor probatorio. Doble ejemplar. Es la segunda excepción que rige al principio de libertad. Consiste en la
exigencia de extender tantos ejemplares del documento como partes halla en el acto con un interés distinto. Este requisito es solamente para cierta clase de instrumentos que documentan contratos bilaterales. Razón de ser del doble ejemplar: 1) Plariol: es necesaria para dar seguridad a las partes y mantener la igualdad respecto de las pruebas. 2) Auby y Rany: revela que el acto ha sido concluido de manera definitiva, considera que un solo ejemplar hace pensar que solo se trata de un acto aun no concluido. 3) Art. 1023 C.C. alude a la eficacia del acto instrumentado en único ejemplar si por pruebas se demuestra que fue concluido definitivamente. Si faltaren esas pruebas se reputa que el acto no ha sido concluido. Casos en que se exige el doble ejemplar: se exige para los actos que contengan convenciones bilaterales (art. 1021), son los contratos que crean obligaciones a cargo de ambas partes desde su origen. No rige esta exigencia si al tiempo de redacción del instrumento las obligaciones asumidas por una de las partes han sido satisfechas (art. 1022). Página 134 de 169
Número de ejemplares: tantos originales como partes halla con interés distinto, (art. 1021). Todos los ejemplares deben ser idénticos aunque no es necesario que consten las firmas de todas las partes en cada uno de ellos, debiendo constar sí, las firmas de las partes restantes de la poseedora del instrumento (art. 1013). No es indispensable hacer constar el número de ejemplares que se otorga. Fuerza probatoria. a) En cuanto a sí mismos:
carecen por sí mismos de autenticidad pues, pasados entre particulares, no se sabe de antemano si emanan de la persona a quien se atribuye. De ahí la necesidad de establecer previamente la autenticidad del documento para luego apreciar la eficacia probatoria de su contenido. La autenticidad de un instrumento se determina por la verificación de que la firma obrante en él corresponde a la persona que aparece como firmante (art. 1028). Esta verificación se efectúa: 1) Mediante el reconocimiento del firmante sea expreso, tácito (art. 1031) o capaz (art. 1027). 2) Declaración judicial: tiene lugar cuando el aparente firmante niega la firma o cuando sus sucesores ignoran si la firma es propia del causante (art. 1032). El art. 1033 ordena el cotejo y comparación de letra. También pueden admitiese otras pruebas como otros documentos firmados, etc. En tales casos se sigue el trámite previsto en los código de procedimiento locales. b) En cuanto el contenido: 1) Su valor probatorio es análogo al del instrumento público. (Art. 1026). 2) La verdad material de la relación de los hechos consignados en el documento hace plena fe hasta la querella de falsedad (criminal) o la acción civil de prueba de falsedad. 3) Si la falsedad resulta aducida por una de las partes, se desprende de la prueba de la adulteración del documento. 4) La sinceridad de los mismos hechos vale hasta prueba en contrario. En cuanto a las personas afectadas por el instrumento: c) 1) firmantes: establecida la autenticidad de la firma, tiene la misma eficacia que el instrumento público (art. 1026). 2) Sucesores: igual a los firmantes, con la diferencia de que ellos pueden manifestar su ignorancia en cuanto al reconocimiento de la firma (art. 1026). 3) Terceros: la eficacia del instrumento sólo existe respecto de los terceros en que se adquiere fecha cierta. Si carece de fecha cierta no e oponible a terceros, quienes pueden obrar como si el documento no existiese.
c) Enmiendas y raspaduras. Si el documento privado tiene enmiendas, raspaduras y agregados no salvados antes de las firmas, el Código no aclara cual es la suerte del documento. Llambias entiende que es una cuestión que el juez debe apreciar según las circunstancias del caso. Los instrumentos privados debidamente reconocidos tiene fuerza respecto de terceros y de los sucesores a título singular de la misma forma que los instrumentos públicos sólo después de haber adquirido fecho cierta (art. 1034). El propósito de esta exigencia es Fecha cierta.
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evitar que las partes se pongan de acuerdo para fraguar un documento modificando su fecha en perjuicio de terceros. Modos de adquirir la fecha cierta. Art. 1035. 1) La de su exhibición en juicio o en cualquier repartición publica, para cualquier fin si allí quedase archivado. 2) La de su reconocimiento por escribano y dos testigos. 3) La de su transcripción en cualquier registro público. 4) La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del que la escribió, o del que firmó como testigo. Firma en blanco.
La firma de los instrumentos privados puede ser puesta después de llenarse el documento o en blanco para que luego se llene de acuerdo a las instrucciones del firmante, en virtud del principio de la libertad de las formas que impera en el sistema del instrumento privado (art. 1016). El tenedor del documento firmado en blanco debe ajustarse a lo estipulado con el firmante, es decir que esta obligado a llenarlo de acuerdo a lo pactado y a las instrucciones recibidas por este. Impugnación del contenido: 1) Si el documento fue hecho valer por la persona a quien se lo confío. El firmante puede demostrar en este caso que el documento ha sido llenado en contra de lo acordado, por toda clase de pruebas salvo la de los testigos (art. 1017). 2) Cuando el documento sea hecho valer por un tercero de buena fe que hubiera contratado con la persona a quien aquel fue confiado. En tal caso el firmante no podría oponer excepción alguna contra el tercero (art. 1018), quedando a salvo su derecho para reclamar daños y perjuicios contra la persona en la cual confío, que lleno el documento apartándose de lo estipulado. 3) Cuando el documento halla sido sustraído fraudulentamente a la persona que lo firmo o a la persona que se le hubiere confiado y hubiere sido llenado en contra de la voluntad de ellas. Este admite todo tipo de pruebas, incluso testigos (art. 1019). Cartas misivas:
Son comunicaciones escritas entre personas (dos o más) que tienen importancia como medio de prueba. Pero no siempre pueden ser exhibidas en ese carácter, ya que se impone el principio de inviolabilidad de la correspondencia epistolar, sancionado por la constitución nacional (art. 18). Por lo insuficiente que resulta el sistema adoptado al respecto por el código civil, la jurisprudencia ha ido delineando un verdadero sistema jurídico sobre el tema. Así se considera que para que una carta pueda hacerse valer como medio de prueba, es indispensable que quien la invoca halla entrado en posesión de ella por medio lícitos y regulares. Sin embargo se ha reconocido el derecho al esposo o esposa a interceptar la correspondencia del otro cónyuge y usarla como medio de prueba (igual derecho tiene el padre, el tutor o el curador con respecto a sus representados). El destinatario, parte en un juicio puede hacer valer las cartas emanadas de la contraparte sean o no confidenciales. Son instrumentos privados firmados por contraparte. Página 136 de 169
La prohibición del art. 1036 solo refiere a no hacer valer las cartas dirigidas a terceros; con carácter confidencial (según discrecionalidad del juez). Aun cuando la carta sea confidencial, podrá ser presentada como prueba si ha sido dirigida al representante de una parte o a uno de los cónyuges lo que permite probar las relaciones del esposo o esposa con un tercero. Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla XIII. 1- Vicios de la voluntad y de los actos jurídicos. Por vicios de un acto entendemos ciertos defectos congénitos de ellos susceptibles de producir la invalidez de los actos que los padecen. Freitas diferencia los: Vicios Sustanciales: son cuando sus agentes no los hayan celebrado de buena fe. A su vez encontramos dentro de este grupo, dos especies más: a) Los vicios que pueden afectar a cualquier acto voluntario que son o la falta de intención (ignorancia o error y dolo) o falta de libertad (violencia). b) Los vicios de los actos jurídicos, que también son denominados defectos de buena fe. Son la simulación y el fraude. Vicios de Forma: son aquellos en los cuales no se han observado las formalidades exigidas por la ley. Son sumamente variados, por eso la teoría de los vicios de los actos jurídicos ha dejado de lado los vicios de forma. •
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Como dijimos, el Código sólo se trata de vicios sustanciales; los vicios de la voluntad son tratados en el Libro II Sección II Título 1º: “de los hechos”. Capítulo 1: “de los hechos producidos por ignorancia o error” (923-930). Capítulo 2: “de los hechos producidos por dolo” (931-935). Capítulo 3: “de los hechos producidos por la fuerza o el temor” (936-943). Los vicios propios de los actos jurídicos son tratados en igual libro y sección, en el título segundo “de los actos jurídicos”. Capítulo 1: “de la simulación en los actos jurídicos” (955-960). Capítulo 2: “del fraude en los actos jurídicos” (961-972). Vicios legislados en el Código.
Ley 17711. Originariamente el dolo
determinó que el acto era nulo; la ley 17711 corrigió y determinó que es causa de nulidad porque se promueve por medio de una acción. Tradicionalmente los vicios de la voluntad han sido considerados como propios de los contratos, a cuyo respecto se había elaborado la sistematización de los vicios del consentimiento. Si para firmar el contrato se requería el consentimiento de las partes que lleva la adhesión de una parte con otra, se entendía roto ese consentimiento cuando la voluntad de alguno de los contratantes se había formado mediante error, dolo o violencia, por lo que no se podía considerar el consentimiento válidamente formado. Teoría de los vicios del consentimiento. (Principios del siglo XIX).
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2- Ignorancia y error. El error es el falso conocimiento que se tiene de una cosa: la ignorancia es la ausencia de conocimiento acerca de algo. En teoría esta distinción conceptual es aceptable, pero en la práctica la ignorancia se resume en un error, porque una persona por más ignorante que sea, conoce algo, aunque sea mínimo, respecto del acto que quiere realizar. Entonces, para el derecho error e ignorancia producen igual consecuencia jurídica. También ocurría esto entre los romanos. Es cuando recae sobre algún elemento de hecho relativo al acto o a las circunstancias en que se realice. Planiol y Savigny distinguen tres clases de errores de hecho según su gravedad: a) Error radical o impropio: cuando recae sobre la naturaleza del acto o sobre la identidad del objeto. Estos errores no vician el acto, sino que el acto es inexistente por el desencuentro con las voluntades de las partes. b) Error esencial: son errores que versan sobre la persona con quien se celebra el acto o sobre las cualidades sustanciales del objeto, entonces el acto viciado es anulable (nulo de nulidad relativa). c) Errores ligeros o accidentales: recaen sobre cualidades accidentales del objeto, sobre su valor, sobre motivos individuales, etc. Entonces el acto queda intacto y válido. Sin embargo, Velez Sarsfield, sigue este criterio y simplificó la clasificación en dos categorías: Error de hecho.
Donde incluye los errores radicales (excluyentes de la voluntad) y los errores esenciales (que son vicios de la voluntad) a su vez enumera distintos casos: Error esencial.
mismo, por ejemplo: A entendió vender y B que le entregaran la cosa en carácter de donación. b) Error sobre la identidad del sujeto: art. 927: anula el acto si se contrata una cosa distinta de la que se quería o de distinta especie o distinta cantidad, extensión o suma, o sobre un distinto hecho. Llambias sostiene que en ambos casos A y B, la nulidad es superflua porque no se puede anular un acto inexistente que nunca podría tener valor. Ambos casos son error excluyente de voluntad. c) Sobre la persona: art. 925: es también error esencial y anula el acto jurídico relativo a la persona con la cual se forma la relación de derecho. Este principio actúa cuando la consideración de la persona haya podido influir en la realización del acto jurídico. En el régimen francés, quien desea impugnar un acto con error sobre la persona debe probar: a)
Error sobre la naturaleza del acto: art. 924: anula todo contenido en el
1El error. 2- Que esa persona haya sido la causa principal del acto jurídico. En cambio según el Código argumenta el que desee impugnar debe sólo probar el error; corresponde a la otra parte, si quiere detener la anulación, debe probar que la persona no fue causa esencial del contrato. Si se prueba el carácter indiferente de esa persona, entonces el error no es esencial, por lo tanto el acto vale. El error sobre la persona puede ser con respecto a su identidad o a sus cualidades; en este caso deberán demostrar que las cualidades fueron una razón esencial para el contrato. Página 138 de 169
d)
Error sobre la cualidad sustancial de la cosa: art. 926: el error sobre la
cualidad de la cosa que se ha tenido en mira (teoría subjetiva) deja sin efecto el acto que se hubiese dispuesto. En este caso la cosa es la que se ha querido contratar pero carece de alguna cualidad substancial que se esperaba encontrar en ella. La teoría objetiva (Savigny) sostenía que es un error esencial porque coloca a la cosa en una clase de objeto diferente de lo que corresponde. La diferencia de materia no es una condición necesaria ni suficiente siempre. La teoría subjetiva (Pothier) sostiene que la cualidad substancial es lo que las partes han tenido principalmente en vista, la relación con los motivos. Velez, para evitar controversias omite la palabra substancial, pero adhiere a la teoría subjetiva, Llambias lo ve bien, Borda lo ve mal. e)
Error en la causa principal del acto: art. 926: el error sobre la
causa principal o cualidad de
la cosa, deja sin efecto lo que en el acto se hubiese dispuesto. La mejor interpretación de este artículo, para Llambias es la de Segovia, que identifica ambas situaciones, es decir, refutando la cualidad substancial, la que ha sido móvil o causa principal del acto. Entonces en este artículo hay un solo supuesto de error esencial, explicado complementariamente por ambas frases. Error accidental.
No ejercen influencia alguna sobre la suerte del acto. Diferentes casos:
Error sobre alguna cualidad accidental; Ej: se compra un caballo que parece sumamente fuerte y no lo es tanto. Error sobre el valor de la cosa: Ej: se compra una cosa por barata cuando realmente es cara. Error sobre la persona cuando ésta es indiferente; Ej: si se compra una tienda de A, queriendo comprar la tienda de B. Error sobre los motivos individuales; Ej: si se regala el auto creyendo que se ganó otro. Error sobre el nombre o apellido de una de las partes, aunque no haya error de identidad. Error material o de pluma: que sea rectificable; Ej: si se compra una mesa por valor $ 1.300 y se escribe $ 130, vale el contenido por el monto convenido. Es cuestión de prueba. El art. 928 afirma que estos errores accidentales no invalidan el acto, y marca tres excepciones a este principio que según Llambias no son tales: 1) A no ser que la calidad erróneamente atribuida a la cosa hubiese sido garantizada por la otra parte. Según Borda no hay error ni nulidad, lo que hay es rescisión por incumplimiento de contrato. 2) ...o que el error proviene de dolo de la parte o de un tercero, siempre que se demuestre por las circunstancias del caso, que sin el error el acto no se habría celebrado. Nuevamente no se anula el acto por error sino por dolo. 3) ...o cuando la calidad de la cosa, lo accesorio a ella, o cualquier otra circunstancia tuvieren el carácter expreso de una condición. En este caso no hay error sino modalidad. Según Llambias ningún caso existe por el cual un error accidental anule el acto. -
El art. 929. Sostiene que el error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia culpable. Es decir, que para que el error esencial pueda ser invocado por la víctima, debe ser excusable. Error excusable.
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Para Giorgi dos son las situaciones posibles: 1) El error incurrido proviene del hecho propio de la persona equivocada o de circunstancias o de circunstancias casuales, extrañas o comunes a ambos contratantes, entonces no se trata de un error inexcusable. 2) Si el error deriva de hechos de la parte contraria o de circunstancias concernientes a ello, entonces es un error excusable porque depende de un hecho de la otra persona. 3) Si se trata de error excluyente de la voluntad, entonces lo obrado debe conceptuarse como acto jurídico inexistente, por lo tanto no puede hacerse que el acto jurídico produzca sus efectos. Es aquel error que versa sobre el régimen legal aplicable al acto o relación jurídica de que se trate. Error de derecho.
El art. 20 del C.C. afirma: “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley”. Este régimen viene del derecho romano y su funcionamiento es el carácter obligatorio de las leyes y que se presumen conocidas por todos a partir de su publicación. El principio contrario en la teoría, quebraría la obligación de la ley y en la práctica se instauraría un caos y la inseguridad más completa. También este principio está en el art. 923 que afirma que la ignorancia de las leyes o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos. Por ejemplo: si una persona acepta una herencia insolvente pura y simplemente, no puede oponerse a que le ejecuten sus bienes propios alegando ignorancia, la obligación que pesa sobre el heredero es la de responder por las deudas del causante. Régimen Legal.
Excepciones.
Vemos dos excepciones:
1) Art. 3428. Afirma que el poseedor de la herencia es de buena fe cuando por error de hecho o de derecho se cree legítimo propietario de la sucesión cuya posesión tiene. 2) Art. 794. Autoriza la repetición del pago de una deuda ajena, efectuado por error de hecho o de derecho y el que paga tiene derecho a exigir al que recibió el pago, a que se le devuelva el mismo. En cambio, si no mediare ese error, no se admitiría la repetición contra el acreedor quien está obligado a recibir el pago que quiero hacerle a un tercero. 3-
Dolo. Diversas acepciones.
En derecho se uso con significados diferentes.
En materia de actos ilícitos (dolo): intención del agente de provocar el daño que su hecho produce. Es la caracterización del deleito civil. En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones (dolo): es toda afirmación de lo falso o disminución de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se use para conseguir la ejecución de un acto (art. 931). La característica es el engaño para que alguien se decida hacer determinados actos jurídicos. Es una noción muy conocida por los romanos; ellos diferencian entre dolo bueno (la astucia normal para beneficiarse lo más posible) y dolo malo (es el engaño tendiente a perjudicar a la otra persona). -
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Otras clasificaciones posteriores pueden ser: a) Dolo directo: cometido por una de las partes. Dolo indirecto: cometido por un tercero. b) Dolo positivo: cuando se engaño por medio de acción. Dolo negativo: cuando se omiten voluntariamente datos que sabiéndolos la otra parte no hubiera contratado. c) Dolo principal: es el engaño determinante de la voluntad ajena. Dolo incidental: cuando no determina que la otra parte contrate pero si que consienta cláusulas más onerosas para ella. Condiciones para que el dolo determine la anulación del acto: están enumeradas en el art. 932: “para que el dolo sea medio de nulidad de un acto es preciso la reunión de las siguientes circunstancias: 1) Que haya sido grave; (significa que haya engañado a una persona medianamente precavida). Bordas, Salvat creen que la gravedad ha de medirse según la capacidad intelectual de la víctima, lo que se enfrentaría al art. 909 C.C). 2) Que haya sido la causa determinante de la acción (esto se probará atendiendo a las condiciones personales de la víctima). 3) Que haya ocasionado un daño importante (es decir, que tenga cierto significado económico para la víctima). 4) Que no haya habido dolo por ambas partes. El dolo como vicio.
Acciones. Si el dolo reúne estas circunstancias da lugar a dos sanciones: a) nulidad: el acto viciado por dolo es inválido, pero la acción sólo puede ser articulada por la
víctima. Antiguamente el acto se reputaba nulo; la ley 17711 corrigió ese defecto y determinó que el acto es anulable. b) La indemnización de daños y perjuicios. Que la víctima puede promover conjuntamente con la acción de nulidad. Para determinar el monto de la indemnización deben computarse las erogaciones hechas por el demandante a causa de la realización del acto inválido.
La víctima puede optar por dejar el acto válido el acto pero reclamar los daños y perjuicios que le causaron el dolo, entonces el dolo principal funcionaría como incidental, y como la nulidad por dolo es relativa, la víctima puede renunciar a esa acción y el acto sigue produciendo sus efectos. La ley 17711 determinó que ambas acciones vencen a los dos años, originariamente la nulidad prescribía a los dos años, y la indemnización al año. Si el dolo reúne todos los requisitos la víctima puede recurrir a una acción que es la resarcitoria, excepto que él también haya incurrido en dolo, en cuyo caso no puede promover ninguna acción. Se regirá por los mismos art. que la fuerza ejercida por tercero. Nuestro Código no admite diferencias en cuanto a si el dolo provino de una de las partes o de un tercero; esto tiene diferentes consecuencias: 1) El acto viciado por dolo de un tercero es anulable, aunque el que se beneficie sea inocente (el dolo debe reunir los requisitos generales indicados en el art. 932). 2) El tercero es responsable de los daños y perjuicios que sufriera la víctima. Dolo de un tercero.
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3) Si la otra parte es cómplice (conoce el dolo), entonces es solidariamente responsable junto con el tercero (cont. Art. 935 y 942). 4) Si en cambio la contraparte desconoce el dolo ella no es responsable por las pérdidas e intereses (cont. Art. 935 y 43). El sistema romano sólo anulaba el acto cuando existía complicidad con una de las partes, en caso contrario la única sanción consistía en la reparación de daños y perjuicios a cargo del tercero. Nosotros adoptamos este sistema de Freitas y el Código brasileño también lo sigue. Los demás, con pequeñas variantes siguen el sistema romano. Quien aduce haber sido víctima de dolo debe acreditar las pruebas de la maniobra empañosa, la prueba debe ser proporcionada por cualquier medio. Prueba del dolo.
4-
Fuerza e intimidación. (concepto y requisitos).
Violencia. Es la coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona para
determinarla contra su voluntad, a la realización de un acto jurídico. Tiene dos formas: Violencia Física y violencia moral.
Violencia Física (fuerza): la voluntad se manifiesta bajo el imperio de una presión física irresistible. Violencia Moral (intimidación): consiste en la amenaza de un sufrimiento futuro aunque inminente. •
•
Art. 936 (fuerza) “habrá falta de libertad en los agentes, cuando se emplease contra ellos una fuerza irresistible”. Art. 937 (intimidación) “ habrá intimidación cuando se inspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos”. Requisitos. a)
La intimidación debe responder a una amenaza injusta. La amenaza es la promesa de
causar, eventualmente un mal a alguien. Para que ella de lugar al vicio de violencia, debe ser injusta. Si la amenaza se limita a prometer el ejercicio de sus derechos, no hay vicio de violencia. Art. 939: “no hay intimidación por injustas amenazas, cuando el que las hace se redujese a poner en ejercicio sus derechos propios”. Igualmente, el ejercicio abusivo de un derecho configura amenaza injusta. b) el vicio de violencia debe provenir del temor de sufrir un mal. Debe ser un temor “fundado”, es decir, racional y proporcionado a la amenaza empleada y a las condiciones personales de la víctima. Art. 938: “la intimidación no afectará la validez de los actos, sino cuando por la condición de la persona, su carácter o sexo, pueda juzgarse que ha debido racionalmente hacerle una fuerte impresión” Página 142 de 169
Cuanto más débil fuere el carácter de la persona amenazada, más se justifica que acuda la ley en su auxilio, asumiendo el vicio de la voluntad y con ello la nulidad del acto jurídico realizado. c) La víctima de la violencia debe experimentar el temor de sufrir un mal inminente y grave. La inminencia alude a la concurrencia del daño en un lapso breve, casi inmediato, que imposibilita a la víctima a recurrir a la autoridad para paralizar la amenaza o defenderse de ella. La gravedad del mal se refiere a su magnitud con relación al valor que para la persona tiene el bien sobre el cual pende la amenaza. Cuanto más valga el bien amenazado para el agente, más grave será el mal. d) El mal amenazado puede recaer. En el cuerpo del agente, o en su cónyuge, ascendiente o descendientes. En sus bienes espirituales, como la honra o la libertad, o de su cónyuge, descendiente o ascendiente. En sus bienes patrimoniales o de su cónyuge, descendiente o ascendientes. Temor reverencial.
Es el temor de desagradar a ciertas personas a quienes se debe respeto y
sumisión. Art. 940: “el temor reverencial, o el de los descendientes para con los ascendientes, el de la mujer para con el marido, o el de los subordinados para con sus superiores, no es causa suficiente para anular los actos”. Si concurren actos de intimidación por parte de la persona a quien se debe respeto o la sumisión, el temor reverencial puede considerarse para apreciar la impresión que la amenaza pueda haber causado en la víctima de la violencia. (art. 938). Art. 938: “la intimidación no afectará la validez de los actos sino cuando por la condición de la persona, su carácter, habitudes o sexo, pueda juzgarse que ha debido racionalmente hacerle una fuerte impresión”. Si el autor de la violencia no es la contraparte sino un tercero, se reproducen las consecuencias correspondientes al dolo. El acto obrado será inválido (anulable y de nulidad relativa) si la intimidación reúne los caracteres generales (art. 941). Art. 941: “la fuerza o la intimidación hacen anulable el acto, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en él. Resarcimiento de daños y perjuicios: la responsabilidad será solidaria entre el tercero y la otra parte si ésta conociese la violencia ejercida; y sólo el tercero, si la contraparte ignorase la violencia empleada por aquél.” (art. 942 y 943). Violencia ejercida por un tercero. •
•
Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla XIV. Página 143 de 169
1- Lesión. Daño o perjuicio de cualquier índole, y especialmente el económico en los negocios jurídicos. Se da en acto a título oneroso, deriva de la falta de equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. El primitivo derecho Romano, rigurosamente individualista, no conoció la institución de la lesión. Sólo en los últimos tiempos y bajo la influencia de la Iglesia Católica, se atenuó ese rigorismo. La doctrina católica no podía tolerar, en efecto, la de pactos que chocaban con la idea de justicia y con el sentimiento de caridad y moral cristianas. La usura fue condenada severamente y se sentó el principio de que las convenciones, para ser lícitas, debían basarse en la equidad. Esta concepción influyó poderosamente en el derecho medioeval. Pero el auge del liberalismo trajo aparejado un nuevo caso de estos principios. Se pensaba que las partes eran el mejor juez de sus propios intereses y que el acatamiento ciego del contrato era el principio superior de progreso en una sociedad libre. Aún hoy, no obstante la decadencia de las ideas liberales, la pugna en torno al problema de la lesión se mantiene en pie; y preciso es reconocer que la solución no es fácil. Antecedentes históricos.
Especies. •
•
Existen dos especies: la lesión enorme y la lesión subjetiva.
Lesión Enorme: en un acto de
prestaciones recíprocas, se da una gran desproporción entre las prestaciones, entregándose mucho menos de lo que valía la cosa. La doctrina tradicional decía que había lesión enorme cuando el daño excedía la mitad del valor entregado al damnificado. Es lo que actualmente se conoce o denomina como “lesión objetiva”. Lesión Subjetiva: aprovechamiento de una situación precaria por la que pasa el contratante lesionado, víctima de la desproporción, es decir, el aprovechamiento de un estado de debilidad e inferioridad de la víctima perjudicada por el acto, estado que es la causa de su consentimiento en la realización de un negocio desproporcionado.
Fiel a las ideas imperantes en su tiempo, el codificador expresó su repudio a la institución de la lesión en la nota al art. 943. Durante largos años la jurisprudencia acató este criterio sin tener en cuenta que una nota no es un texto legal y que no obliga al intérprete. La reacción contra este cerrado criterio empezó a operarse silenciosamente. Sin mencionar la lesión, se puso un límite a la tasa de intereses; se resolvió que lo honorarios convenidos para el pago del administrador de una sucesión deben reducirse a sus justos límites, si su monto resulta a todas luces desproporcionado con la tarea desempeñada. Recién en 1953 la Cámara Civil de la Capital empezó a admitir explícitamente la posibilidad de anular un acto o reducir las prestaciones excesivas por causa de lesión. Pero aunque estos fallos se repitieron, lo cierto es que no obstante la admisión teórica del principio, los jueces se sentían cohibidos para aplicarlo, debido a la falta de un texto legal explícito. Era indispensable una ley expresa que admitiera esta institución y al propio tiempo que regulara con precisión sus efectos. es lo que hizo la ley 17711, modificó el art. 954. Al consagrar la lesión, esta ley ha llevado a su término una de las evoluciones más interesantes de las instituciones jurídicas en nuestro derecho, evolución en la que los jueces han jugado un papel brillante como instrumentos de adaptación del derecho positivo a las exigencias de los nuevos tiempos. La lesión en el Derecho Civil Argentino.
Lesión subjetiva. (requisitos).
Los requisitos para la invocación son: Página 144 de 169
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Se requiere que la desproporción se mantenga hasta el tiempo de la demanda. Se requiere también, que se trate de un acto o negocio en que se comprometan ambas partes, es decir, que sea a título oneroso.
Efectos. •
•
según el art. 954 una vez producida la lesión dos cosas puede pedir el perjudicado:
La nulidad del acto: la lesión es un acto anulable, de
nulidad relativa, por lo tanto se invalida el acto o negocio se devuelven las cosas hasta colocarse las partes en situación anterior a celebrarse el acto. Reajuste de las prestaciones: la parte demandada se ofrece a dar un “plus” para equiparar las prestaciones, u ofrece equiparar las prestaciones en la medida que el juez lo disponga según la equidad. Si el demandado ofrece el reajuste, queda sin efecto la acción de nulidad.
2- Fraude. (concepto). Es un acto de engaño, al igual que la simulación, pero no es ficticio sino real y generalmente tiende a eludir obligaciones. En el sentido estricto, osea, referido al fraude de los acreedores, este es un acto contrario a la buena fe, como vicio propio del acto jurídico. Art. 961: “todo acreedor quirografario puede demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude a sus derechos”. Esta acción se dirige a conservar la garantía patrimonial del deudor. La acción procede si el patrimonio disminuye de tal modo que se vuelve insolvente el deudor. Esta acción solo beneficia al acreedor que inició la acción. Requisitos para el ejercicio de la acción Pauliana.
Art. 962. 1º) Que el deudor se halle en estado de insolvencia. 2º) Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente. 3º) Que el crédito, en virtud del cual se intenta la acción, sea de una fecha anterior al acto del deudor. Si la acción prospera, el acreedor solicito la venta del bien y una vez satisfecho el crédito, lo que resta es del adquirente del bien y no del deudor fraudulento. El adquirente puede reclamarle al deudor el reembolso del dinero, por haber pagado una deuda ajena. De la revocación sólo aprovecha el acreedor demandante, aunque los otros hayan promovido la demanda. Puede que la acción revocatoria y la demanda alcancen a un tercero que haya sido cómplice del deudor. Si se comprueba que el tercero involucrado obró de mala fe, la demanda prospera también contra él. Efectos.
3- Simulación. (concepto). Es la discordancia entre la voluntad declarada y la real de las partes, obtenida mediante un acuerdo con finalidades lícitas o ilícitas. La simulación se produce Página 145 de 169
cuando un acto se realiza con el propósito de aparentar una situación o realidad, que no es verdadera; como así también para engañar a un tercero. Especies. • •
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Existen cuatro especies a saber:
Simulación Absoluta: cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real. Simulación Relativa: cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter. Simulación Lícita: cuando no contraría a la ley, ni causa perjuicio a un tercero. Simulación Ilícita: cuando el negocio aparente se celebra para engañar a un tercero violando la ley.
Es la que compete a las partes o a cualquier interesado para que se reconozca judicialmente la inexistencia del acto simulado, y con ello queden desvanecidos los efectos que se imputaban a ese acto. Aunque la acción es la misma, presenta algunas modalidades distintas según la ejerza una de las partes o un tercero. Acción de simulación.
Diferencias con el fraude.
En el fraude una de las partes perjudica a la otra. En la simulación las dos partes de común acuerdo realizan la simulación. En el fraude la acción pauliana o revocatoria sólo favorece al acreedor que la inició. En la simulación, la acción de simulación contra terceros favorece a todos los acreedores, aunque no hayan promovido la acción. Existen dos opiniones doctrinarias: 1º) Considera que el acto simulado sería inválido basándose en los art. 1044 y 1045 donde dicen que el acto es nulo o anulable pero nunca inexistente, quedando en pie lo que las partes han estipulado ocultamente. 2º) Sostiene que el acto simulado es un acto jurídico inexistente por ausencia del elemento indispensable que es la voluntad. Naturaleza jurídica del acto simulado.
Cuando la simulación es lícita cada una de las partes tiene siempre abierta la posibilidad de obtener la declaración de inexistencia del acto simulado. Ej: si ambas partes han concertado un consentimiento inefectivo no puede negársele el derecho de establecer el verdadero estado de las cosas. Además la ley sostiene como recurso admisible la simulación inocente de acto jurídico, no podía menos que facilitar el restablecimiento de la verdad. Sí, en cambio, la simulación es ilícita (no es recurso legítimo) la ley determina (art. 959), que los que hubieran simulado un acto con el fin de violar las leyes o perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación. Este precepto se entendió durante mucho tiempo como absoluto, pero después de Bibiloni, la doctrina y jurisprudencia lo entendió como un principio general, que aceptaba par excepción que si tuvieron acción cuando las partes no se propongan consumar el acto ilícito realizado y por medio de la simulación, ni aprovechar del él, sino respetarlo destruyendo las apariencias lesivas de los derechos ajenos. Efectos y prueba de simulación entre las partes. (art. 1297).
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La ley 17711 con la reforma del art. 959; corrobora esta interpretación. El art. dice: “...que las partes no podrán ejercer acción alguna, la una contra la otra, cuando el acto simulado fue con el fin de violar las leyes o perjudicar a un tercero; excepto que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan por la anulación, obtener beneficio alguno”. Es decir, que lo que el Código quiere impedir es que los simuladores después de haber defraudado a un tercero, a quien se le ha ocultado la existencia de ciertos bienes, pretendan establecer la verdadera situación, declarando la simulación. Llambias sostiene que la naturaleza de la simulación, no es anulable sino que su existencia determina la inexistencia del acto por eso cambiaría la última palabra “anulable” por la declaración de simulación. Efectos de la acción ejercida entre las partes.
La declaración judicial de simulación verifica la inexistencia del acto jurídico, ya que carece de un consentimiento efectivo y por lo tanto de una verdadera voluntad. En caso de una simulación relativa, la declaración desvanecerá los efectos del acto simulado y a la vez dará eficacia al acto disimulado. Si en cambio es una simulación absoluta, la declaración desvanecerá los efectos del acto y las partes volverán a su antigua situación preexistente del acto. Ej: si se transmite un inmueble a un adquirente ficticio la declaración obliga al adquiriente a devolver el inmueble junto con los frutos (porque el acto no se anula sino que no existió). El demandante puede también ejercer una acción de daños y perjuicios que la otra parte deberá indemnizar. Prueba de la simulación entre partes:
Según una doctrina muy difundida, las partes del acto pueden en principio probar la simulación sino por medio del respectivo contradocumento, la constancia escrita del verdadero carácter del acto simulado. Este principio reconoce una creación jurisprudencial y no legal y se apoya en: 1- Sería una exigencia para evitar una fácil admisión de pruebas destinadas a desvirtuar al más serio de los contratos. 2- La fe que merecen los instrumentos públicos y también los privados. 3- El art. 960 donde menciona el contradocumento como requisito para que los simulantes puedan ejercer la acción. 4- Se aplica el régimen probatorio en materia de contratos donde se exige la prueba escrita cuando estos exceden un determinado valor. Llambias considera que estos fundamentos no hacen del contradocumento un requisito indispensable para demostrar la simulación Además la ley 17711 modificó el art. 960 y agregó “solo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la simulación”. Con lo que reafirma que el principio que hace necesario el contradocumento no es absoluto y que admite excepciones: 1- Si hay confesión del demandado, aunque resulte de su silencio. 2- Si ha habido imposibilidad de obtener al contradocumento, aunque fuera una imposición moral, Ej: por el vínculo de matrimonio o por un parentesco próximo. 3- Si existe principio de prueba por escrito; entendiéndose por tal cualquier documento de la otra parte, aunque sea no firmado que haga verosímil la simulación. 4- Si ha omitido la firma del contradocumento por dolo usado contra el demandante de la simulación. Página 147 de 169
5- Si media incumplimiento de una prestación y la otra parte se niega a la prestación recíproca. 6- Cuando la simulación ha sido en fraude de la ley. 7- Naturalmente no se exige cuando se pruebe su extravío por caso fortuito o por fuerza mayor o su sustracción. La ley 17711 determina que la acción de simulación entre las partes queda sin efecto a los dos años, sea simulación absoluta o relativa. Efectos y prueba de la simulación respecto a terceros.
Si la simulación es lícita, los terceros carecen de acción porque sin interés no hay acción. En cambio cuando es ilícita, los terceros pueden demandar la declaración de simulación. Es el caso que por medio de la simulación quedan sustraídos a la posible ejecución por parte de aquellos contra quienes se entabla la simulación, si el demandante alega la simulación. - Por vía de acción: entonces, debe entablarse contra todos los autores del acto simulado, por lo tanto se debe demostrar la inexistencia de una declaración de voluntad, la que requiere llamar a todas las personas intervinientes a juicio. - Por vía de excepción, es decir, como defensa contra una demanda, basta con que la simulación se oponga sólo contra el demandante. En este caso la sentencia de declaración valdrá solamente para los que participaron en el pleito. Efectos de la acción ejercida por terceros.
En primer lugar la declaración verifica la inexistencia del acto simulado, entonces los acreedores pueden ejecutar los bienes del enajenante ficticio, que no han salido de su patrimonio. Este beneficio favorece a todos los acreedores, hayan o no promovido el juicio de simulación. Si la simulación se declara, entonces compromete la responsabilidad de los autores del acto por los daños y perjuicios sufridos por terceros como consecuencia de la maniobra engañosa. Se compromete la responsabilidad porque la simulación ilícita es una especie de acto ilícito. La responsabilidad de las partes es solidaria, como corresponde a la calidad de autores de un delito civil. Prueba en la acción de terceros.
Cuando la acción es promovida por terceros estos pueden acudir a toda clase de medios de prueba. Se trata de demostrar hechos de los cuales el demandante ha permanecido ajeno y que le perjudicaron. El medio frecuentemente usado es la prueba de presunciones o indicios suficientes, como para llevar al ánimo del juez la convicción de que ha ocurrido la simulación. Los hechos que lleven a pensar en una simulación son: 1) La ausencia de ejecución del acto celebrado, por ejemplo, que la cosa siga en posesión de su antiguo dueño. 2) El parentesco próximo o amistad íntima entre las partes del acto simulado. 3) La carencia de recursos del adquirente. 4) El pago anticipado del precio. Página 148 de 169
5) La naturaleza e importancia de los bienes enajenados, por ejemplo, que venda bienes que por construir la fuente de recursos del vendedor haga presumir que éste está interesado en su conservación. 6) Las circunstancias y peculiaridades del caso, por ejemplo, que el marido venda bienes al tiempo de iniciarse el divorcio. Si el demandante logró suministrar la prueba, entonces el acto surte normalmente sus efectos; si la prueba fuera dudosa, el juez debería rechazar la demanda. Prescripción de la acción que ejercen los terceros.
En caso que sea una simulación absoluta, es imprescriptible porque mientras el deudor siga siendo dueño de los bienes aparentemente enajenados, el acreedor puede entablar la acción en resguardo de un interés legítimo, por lo cual puede pedir la declaración de la efectiva consistencia del patrimonio del deudor. Otras opiniones dicen sobre la prescripción de la acción, era de dos años (2) y otros decían que era de diez años (10). Como vemos entes de la sanción de la ley 17711 había una verdadera anarquía de opiniones en cuenta al plazo de prescripción de la acción. La ley 17711 terminó con estas dudas, al disponer que la acción prescribe a los dos años (2) sea absoluta o relativa, inventada por las partes, a las cuales se asimilan los terceros por elaboración doctrinaria (Llambias). Agregado por el art. 4030. Autor: Roman Derecho Civil I. Bolilla XV. 1-
Se produce cuando un acto jurídico pierde la cualidad principal de su existencia, que es la cualidad de producir los efectos propuestos. Ineficacia de los actos jurídicos. (concepto).
Especies o supuestos: -
la ineficacia puede ser funcional o estructural.
Funcional: la causa o el vicio de la ineficacia funcional se produce en la etapa estática del acto jurídico; las causas sobrevienen durante el transcurso del acto jurídico.
Los supuestos son: resolución, revocación y rescisión. Suponen un acto válido, pero que deja de ser eficaz o por voluntad de las partes o por determinación de la ley o por incumplimiento de los derecho obligados. •
Resolución: es causa de ineficacia de los actos jurídicos bilaterales, por la cual ante la inejecución o mora de una de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones, la otra puede optar por iniciar judicialmente el cumplimiento o pedir que se deje sin efecto el acto. Opero retroactivamente. Página 149 de 169
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2-
Revocación: es la facultad conferida por la ley en los actos unilaterales de confianza para que la parte pueda dejarlos sin efectos con su sola voluntad. Ésta causa no opera retroactivamente. Ej: revocación de un mandato, de un testamento. Rescisión: es un acuerdo de voluntad de las partes, posterior al acto, para desvincularse de ese acto. Estructural: la causa o el vicio de la ineficacia es originaria. Se encuentra en la génesis del acto jurídico. El vicio nace con el acto jurídico. En este caso se produce la nulidad, que es la sanción legal que priva de sus efectos propios al acto jurídico a causa de un vicio originario. Inoponibilidad (concepto y fundamento).
nulidad marcando sus diferencias.
Para definir inoponibilidad se la distinguirá de la
a) La nulidad implica una invalidez completa del acto erga omnes, sin perjuicio de ciertos efectos especiales que la ley suele concederle. El acto inoponible es ineficaz sólo respecto de ciertas personas por lo que conserva toda su validez entre las partes y con relación a terceros. b) En la nulidad los efectos pueden ser excesivos. En la inoponibilidad se limitan estrictamente al interés amparado por la ley. c) En la nulidad el vicio es originario. En la inoponibilidad puede ser posterior en uno de sus aspectos. Supuestos.
1º) Los actos celebrados en fraude de los acreedores son inoponibles a éstos, pero conservan su validez entre las partes y aún respecto de los acreedores cuyo crédito tiene fecha posterior al acto impugnado. 2º) La hipoteca no registrada es eficaz entre las partes pero no puede ser opuesta a terceros, salvo el escribano y testigos intervinientes. 3º) El instrumento privado que carece de fecha cierta no es oponible a terceros (art. 1034 C.C.). 4º) Los contradocmentos que dejan sin efectos o modifican actos simulados no son oponibles a terceros (art. 960 y 996). 5º) El efecto retroactivo de la confirmación de un acto que adolece de nulidad relativa, no es oponible a los terceros que tuviesen derechos adquiridos con anterioridad a la confirmación. El acto inoponible es válido entre las partes y no produce efectos respecto de determinadas personas ajenas a él. Inoponibilidad.
Sanción de la ley que recae sobre un acto jurídico efectivo para privarlo de sus efectos propios. El acto carece de efecto respecto de las partes y accidentalmente puede derivar efectos a favor de terceros. Nulidad.
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Es una noción conceptual (no legal) que se aplica a ciertos hechos, que no obstante tener la apariencia d actos jurídicos, no son tales por carecer de algún elemento esencial de ellos. Estos actos jurídicos son denominados “acto jurídico inexistente”. Al ser una noción conceptual no puede reglarse de la misma forma que la nulidad (cuyo régimen legal está determinado por la misma ley), por lo que sólo el entendimiento puede indicar si algo no es acto jurídico aunque aparente serlo, entonces no es posible tratarlo como lo que no es, ni imputar a ese acto los efectos propios de los actos jurídicos efectivos y reales. La teoría de la inexistencia se atribuye a Zachariae y fue adoptada por Aubry y Rau. Se difundió rápidamente durante el siglo XIX y todos los tratadistas franceses la han incorporado. En la Argentina es admitida por Machado y Borda, pero refutada por Salvat y Segovia. Cuando un acto jurídico es declarado inexistente, no corresponde que la ley determine sus consecuencias. Simplemente la situación resultante debe quedar regida por las disposiciones que a ella sean aplicables (obligaciones de derecho, percepción de frutos, posesión, etc) con absoluta independencia de la apariencia de acto jurídico que tenía anteriormente. Inexistencia.
Diferencia con la nulidad. 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
En cuanto a las facultades del juez: la inexistencia puede ser verificada sin necesidad de que ese punto haya sido incluido en el litigio, constituye una cuestión de hecho. Comprobada la inexistencia del acto jurídico, el juez sacará las consecuencia racionales pertinentes. El acto nulo, en cambio requiere que la cuestión de nulidad haya sido articulada por las partes (sólo cuando se trata de nulidad absoluta puede actuar el juez de oficio). En cuanto a la oportunidad procesal de la articulación: la inexistencia puede ser invocada aún después de iniciado el litigio si resulta acreditada en el período de prueba. La nulidad si es absoluta puede ser alegada en cualquier estado del juicio antes de la sentencia, y si es relativa será alegada en la demanda o en la contestación únicamente. En cuanto al derecho de alegar la inexistencia o la nulidad: la inexistencia puede ser alegada por cualquier interesado aún por el que a ejecutado el acto. La nulidad absoluta puede alegarse por todos los que tengan interés en hacerlo, excepto el que ha ejecutado el acto. La nulidad relativa sólo puede alegarse por aquel en cuyo beneficio redundara la invalidez. En cuanto a la intervención del ministerio fiscal: la inexistencia no puede ser invocada por el ministerio fiscal, en cambio la nulidad sí, ya que éste puede tener el interés de la moral o de la ley. En cuanto a los efectos del acto entre las partes: el acto inexistente no produce ningún efecto, la situación resultante debe ser considerada con entera abstracción del acto inexistente y debe regirse por los principios legales que corresponde a esa situación. En el acto anulable las partes conservan la situación en la que se encuentran al momento de dictarse la sentencia de anulabilidad. En cuanto a los efectos respecto de terceros: el enajenante de una cosa por un acto inexistente puede recobrarla siempre del tercer adquiriente, salvo que éste sea de buena fe. Supuesto: cuando se trata de un acto anulable el enajenante no puede recobrarla en principio, ya que el tercer adquiriente es de buena fe y además adquiere la cosa antes de la sentencia de anulación. En cuanto a los efectos del matrimonio: el matrimonio inexistente no produce efectos civiles aún cuando las personas buena fe, la unión será concubinato y los hijos se considerarán Página 151 de 169
extramatrimoniales. El matrimonio nulo es considerado putativo si al menos uno de los cónyuge actúa de buena fe y los hijos de ésta unión serán legítimos. 3-
Es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de una causa existente en el momento de la celebración. Nulidad de los actos jurídicos.
Caracteres.
a) Sanción legal: encuentra su fuente en la fuerza imperativa de la ley. b) Importa el aniquilamiento de los efectos propios del acto jurídico entre las partes, excepcionalmente la ley permite que no se afecte a terceros en caso de que estos sean de buena fe. c) Actúa en razón de una causa originaria, la nulidad corresponde a un modo de ser vicioso del acto. Art. 1037 C.C.: “los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las que en éste código se establecen”. Se plantea el problema de saber si es indispensable que la sanción de nulidad esté formalmente expresada en el texto (implícita), o si es posible que el interprete descubra una incompatibilidad entre la norma y la eficacia de ciertos actos jurídicos, de manera que quede excluida tácitamente la validez de este (virtual): 4-
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Nulidades implícitas o virtuales.
a) Segovia, Llambias, Salvat: nuestro ordenamiento jurídico no rechaza las nulidades virtuales. La sanción de nulidad resulta establecida expresa o implícitamente por el código civil: El art. 1037 no exige que la sanción de nulidad esté consagrada en términos sacramentales y expresos. El art. 18 determina una nulidad implícita correspondiente a cada prohibición legal, por ejemplo instrumento privado carente de firma. No se trata de una materia excepcional, subsiste la posibilidad de declarar en los casos concretos cualquier tipo de nulidad previsto por la ley (aunque no esté establecido expresamente) a través de la interpretación del ordenamiento. b) Machado, Moyano: no hay nulidades implícitas en nuestro derecho:
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La fuente del art. 1037 es el esbozo de Freitas cuyo régimen exigía la sanción expresa de nulidad. La admisión de las nulidades implícitas dejaría en manos de los jueces el poder de transformar la legislación civil.
Llambias defiende la primera opinión con las siguientes razones: -
La comparación del artículo 1037 con el esbozo muestra la desaparición del adverbio expresamente en nuestro texto, por los que citar ésta fuente no corresponde. En cuanto a la obviedad de que las nulidades implícitas no se establecen, se trata sólo de una afirmación que no impide la comprensión diferente. Página 152 de 169
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El art. 1037 no exige que la sanción de nulidad esté expresamente consagrada en la ley. El sentido del precepto sólo indica que esa sanción siempre deriva de la ley y no de la voluntad de los jueces.
Art. 1058 bis (texto según ley 17711): “la nulidad o anulabilidad sea absoluta o relativa, puede oponerse por vía de acción o de excepción”. Este texto viene a recoger el criterio sostenido por la mayoría de la doctrina, que partía del principio según el cual la admisión de la excepción de nulidad es la consecuencia lógica que correlativamente existe a la acción de nulidad. Toda vez que un acto viciado de nulidad que aún no ha sido ejecutado y una de las partes pretende hacerlo valer, la otra puede oponerse a la demanda (excepción). Nulidad por vía de ación o de excepción.
Prescripción de la acción de nulidad. La ley 17711 reforma el
art. 4023 estableciendo en 10 años el plazo para interponer la acción de nulidad si el código no previere un plazo menor en otras disposiciones. La ley 17940 agrega “tratase de actos nulos y anulables”, referiendose a que la generalidad de la doctrina sostenía que la nulidad absoluta es imprescriptible. Art. 4030: “la acción de nulidad de los actos judiciales, por violencia, intimidación, dolo, error o falsa causa se prescribe por dos años desde que la violencia o intimidación hubiese cesado, y desde que el error, el dolo o falsa causa fuese conocida. Prescribe a los dos años la acción para dejan si efecto entre las partes un acto simulado, sea la simulación absoluta o relativa. El plazo se computará desde que el aparente titular del derecho hubiere intentado desconocer la simulación”. Art. 4031: “se prescribe también por dos años, la acción de nulidad de las obligaciones contraidas por mujeres casadas sin la autorización competente; la de los menores de edad y los que están bajo curatela. El tiempo de la prescripción comienza a correr en las primeras, desde el día de la disolución del matrimonio y en las segundas desde el día en que llegaron a la mayor edad o salieron de la curatela”. Observaciones al art. 4031.
1º) En lo referente a la mujer casada queda fuera de aplicación al desaparecer la incapacidad de hecho de la misma. 2º) En cuanto a los menores ya no es válida la prescripción respecto de ellos, que comienza a correr desde que alcanzan la mayoría de edad ya que el nuevo art. 3966 indica que las acciones no se suspenden sino en caso de que ellos no tuvieran representantes. 3º) Lo mismo ocurre con los casos bajo curatela, teniendo curador sólo se podrá anular el acto si este no interviene. La prescripción dispuesta por este artículo abarca a los inhabilitados según el art. 152 bis (embriaguez habitual, uso de estupefacientes, etc). La acción de nulidad tiene diferentes plazos de prescripción según sea la causa: Violencia, intimidación, error, dolo o falsa causa y simulación: dos años. En caso de menores e incapaces: dos años desde la celebración del acto. Según el art. 4023 toda acción penal por deuda exigible se prescribe por 10 años salvo disposición especial. • • •
5-
Clasificación de las nulidades. Página 153 de 169
1) Según la actuación patente o latente de la causa de invalidez juzgamiento).
a) nulidad manifiesta b) nulidad no manifiesta (depen.de
2) Según la índole rígida o fluida de la causa de invalidez apreciación
a) actos nulos (nulidades de derecho). b) actos anulables (dependiente de la
3) Según el rigor de la sanción de invalidez 4) Según el carácter expreso o tácito de la sanción de invalidez
judicial).
a) nulidad absoluta b) nulidad relativa a) nulidad expresa b) nulidad virtual
Régimen del Código. a)
Nulidades manifiestas y no manifiestas:
El vicio que obsta a la validez del acto puede estar patente en el mismo, u oculto (requiriendo una investigación para ponerlo de relieve). Esta diferenciación está tomada de Freitas: comprende los mismos actos incluidos en la siguiente clasificación: actos nulos: adolecen de nulidad manifiesta (patente); actos anulables: nulidad no manifiesta (latente). b) Nulidades de derecho (actos nulos) y dependientes de apreciación judicial (actos anulables):
Nulidades de derecho: la ley puede por si misma (sin la cooperación de otro órgano o poder), aniquilar el acto vedado, lo que ocurre cuando su imperfección es taxativa, rígida, determinada, insuceptible de más o de menos, cuando existe en igual dosis en todos los actos de igual especie. El acto nulo es invalidado inmediatamente por la ley misma (art. 1038) “expresamente”. Nulidades dependientes de apreciación judicial: la ley por si misma es impotente para aniquilar el acto cuando su imperfección es, por su propia índole, variable en los actos de igual especie, indefinida, susceptible de estimación cuantitativa, ligada a las circunstancias del acto. La ley no puede sino establecer un principio de sanción, que será desenvuelto, definido y regulado por el juez en función de las circunstancias particulares que el caso presente. Es una nulidad intrínsecamente dependiente de la apreciación judicial. La ley sólo puede reputar anulable al acto, es decir, susceptible de ser eventualmente anulado por la sentencia que define, determine y declare que la causa de imperfección existe, y a veces hasta que reviste la intensidad suficiente como para arrastrar la invalidez del acto. •
•
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El acto anulable resulta invalidado por la sentencia del juez, apoyada en el principio de sanción establecido por la ley, aniquila el acto, que sólo se tiene por nulo desde el día de la sentencia que lo anula (conf. Art. 1046 C.C). Importancia de ésta clasificación: para algunos autores, tiene un interés práctico reducido. Diferente es la opinión de Llambias que dice que es de gran importancia práctica: Art. 1046: “los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anulados; sólo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que los anulase”. Sobre la base de este precepto, la jurisprudencia se ha inclinado a detener los efectos del pronunciamiento de la nulidad de los actos anulables frente a los 3º de buena fe, cuando sus derechos han sido adquiridos antes de la fecha de la sentencia (independiente de la distinción entre actos nulos y anulables). c) Nulidades absolutas y relativas:
Se distinguen según el rigor de la sanción legal de invalidez, que a su vez depende de que le acto afectado entre (o no) en conflicto con el orden público o las buenas costumbres: - Nulidad absoluta: acto contrario al orden público o a las buenas costumbres. Sufre todo el peso de la sanción legal. - Nulidad relativa: acto nulo o anulable que no afecta el orden público ni a las buenas costumbres. Establecida por la protección de un interés particular. La imperfección de acto podrá subsanarse si el interesado confirma el acto viciado, o si se prescribe la acción pertinente. d)
Nulidad total o parcial:
Esta clasificación depende de la extensión de la sanción de nulidad, respecto del contenido del acto: Art. 1039: “la nulidad parcial de una disposición en el acto, no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que sean separables”. Para que pueda funcionar la nulidad parcial, se requiere que el contenido del acto sea susceptible de división, sin que destruya la esencia del conjunto. La aplicabilidad del precepto supone la existencia de actos jurídicos complejos, en cuyo conjunto pueden distinguirse diferentes actos jurídicos, cada uno de los cuales tiene objeto o agentes propios. Se presenta el problema de establecer en que grado la nulidad de uno de los factores puede comportar la nulidad del conjunto. Esta clasificación ofrece interés en materia testamentaria. La nulidad de un legado, o de la institución de herederos, u otra cláusula deja subsistentes las disposiciones exentas de vicios (diferentes contratos). Actos nulos y anulables.
Criterios. Página 155 de 169
1) Los actos nulos corresponden a sanciones legales expresas de nulidad, mientras que en los anulables la sanción es tácita. Según art. 1038: “ nulidad de un acto es manifiesta cuando la ley expresamente lo ha declarado nulo, o le ha impuesto la pena de nulidad”. 2) La diferencia entre actos nulos y anulables reside en la intensidad de la falla que presenta el acto, en los primeros la falla es total de un elemento del acto jurídico (capacidad, forma, etc) y en el segundo la falla es parcial (incapacidad relativa, vicios de la voluntad, etc). Ésta postura es criticada ya que resulta incompartible con el sistema del código, y además la capacidad nunca puede fallar parcialmente ya que no es una calidad susceptible de variación. Este criterio no es seguido por los autores. 3) La diferencia reside en la visibilidad del vicio, si es manifiesta el acto será nulo y si la nulidad es oculta o no manifiesta el acto será anulable. Si bien esta opinión no es desacertada, tiene el inconveniente de detenerse en la superficie del problema. 4) Para Llambias cuando se trata de un acto nulo la ley puede por si misma decretar su ineficacia de todo juzgamiento ulterior desvirtuándolo desde sus efectos de origen. El acto anulable se diferencia ya que la ley no puede sino establecer un principio de sanción de invalidez que será analizado por el juez según las circunstancias particulares. Enumeración legal.
Los actos nulos pueden ser por fallas referentes al sujeto, la objeto o la forma. 1) Referente al sujeto: según el art. 1040 el sujeto debe estar dotado de capacidad para expresar su voluntad. Esta capacidad puede ser de hecho o de derecho, la nulidad corresponderá a la ausencia de una o de la otra: a)
b)
c)
2)
Carencia de capacidad de hecho: puede ser absoluta. Según el art. 1041 son
nulos los actos otorgados por personas absolutamente incapaces (menores, insanos, interdictos); o relativa. Art. 1042: “son nulos los actos otorgados por personas relativamente incapaces...” (menores adultos). Capacidad de hecho restringida : es cuando la representación es insuficiente, y se necesita de la autorización del juez. Puede ocurrir que un menor emancipado actúe sin tener en cuenta su capacidad de hecho restringida o que un representante de un incapaz actúe en exceso de las facultades conferidas por la ley. Tales actos son de nulidad relativa que es la que corresponde a las fallas de capacidad o de integración de la voluntad de la gente. Si se exige la autorización no es por una cuestión de forma, sino es para cuidar los intereses y la conveniencia del acto. La falta de la conformidad del representante causa la nulidad del acto. Incapacidad de derecho: según el art. 1043 son igualmente nulos los actos otorgados por personas a quienes el código les prohibe el ejercicio del acto del que se tratare. Aquí se trata de los incapaces e derecho que no están impedidos para el ejercicio sino para el goce, título o adquisición del derecho del que se trata. Así el tutor no puede adquirir los bienes que administra. Referente al objeto: tiene lugar cuando la ley presume sin admitir prueba en contrario la
realización de fraude o simulación o cuando prohibe el objeto del acto. Página 156 de 169
a) Simulación o fraude: está basada en el art. 1044 y no admite prueba de contrario. Los casos de simulación presuntiva pueden ser por ejemplo la transmisión testamentaria efectuada a una persona incapaz para suceder o los actos de transmisión gratuita de bienes efectuados por el fallido de la sociedad conyugal después de interpuesta por la mujer la demanda por separación de bienes. El fraude presuntivo puede ser por ejemplo el pago de deudas no vencidas efectuado por el fallido después de la fecha de cesación de pagos, el pago adelantado del alquiler efectuado por arrendamiento de mayor tiempo que el que podía contratar el locador o si se conociese la insolvencia de éste. b) Objeto prohibido: según el art. 1044 para que el acto sea válido el objeto debe ser lícito. Las prohibiciones del objeto están enumeradas en le art. 953. 3) Referente a la forma: puede resultar de la omisión de la forma establecida por la ley o de la nulidad del instrumento si el acto depende de la forma instrumental: forma exclusivamente ordenada por la ley...”, por ejemplo matrimonio celebrado ante persona que no es jefe de registro civil. b) Nulidad refleja: también refiere al art. 1044 y trata sobre la nulidad del instrumento que arrastra a la nulidad del acto instrumentado por la vinculación que existe entre éstos, sólo cuando el instrumento es requerido como condición esencial para la validez del acto. La nulidad del acto por el contrario no acarrea la invalidez del instrumento. Instrumentos nulos pueden ser: los públicos otorgados ante oficina pública incapaz o incompetente o aquellos otorgados sin llevar las formas prescritas por la ley o los privados cuando por ejemplo carecen de doble ejemplar y corresponda la pluralidad de originales. a)
Omisión de la forma legal exclusiva: según el art. 1044: “...o cuando no tuviese la
Actos anulables.
También puede concernir a sujeto, objeto y forma.
el sujeto puede aparecer afectado por incapacidad natural o accidental, incapacidad de derecho ignorada o voluntad viciada del agente:
1)
Referente al sujeto:
a)
Incapacidad natural o accidental: estas son frases figuradas, no son
b)
conceptos jurídicos rigurosos por lo que no caven en el código, sin bien son tratadas en el art. 1045.Refieren a las aptitudes psíquicas del sujeto, a personas que obran faltas de discernimiento, como por ejemplo, insanos, no interdictos o sordomudos que no supiesen darse a entender por escrito (no interdictos) o actos realizados en estado de delirio febril, sonambulismo, hipnotismo, embriaguez absoluta o bajo fuertes emociones de miedo, terror, cólera o venganza (cuando el espíritu de la gente esté embargado por una pasión tan fuerte que le reporte la privación de la razón). Incapacidad de derecho desconocida: también refiere al art. 1045. En éste supuesto la invalidez es provocada por el desconocimiento del agente de su inaptitud para ser titular del derecho que se trate. Éste incapaz de derecho pudo disimular su condición de tal manera que imposibilita a quienes contratan con él de oponerse a la celebración del acto, pero una vez descubierta ésta se declarará la anulabilidad conforme el criterio del magistrado. Página 157 de 169
c)
Vicios de voluntad: incluye los actos que adolecen de un vicio de
2)
Referente al objeto: el legislador en este caso remite la aplicación de la
3)
la voluntad como el error o la violencia pero omite el dolo ya que es involuntario. Además incluye los actos efectuados con fraude o simulación que se impugnarán resguardando el interés de los terceros. En realidad el fraude y la simulación no tienen el carácter de anulables ya que en el primero se plantea una cuestión de inoponibilidad y no de invalidez; y en el segundo no se trata de invalidez sino de inexistencia. sanción al criterio del juez. Ej: venta de la cosa ajena (requiere una investigación de hecho), contrato de locación de una casa destinada a prostíbulo, locación de servicios profesionales que encubren un contrato inmoral o ilícito. Referente a la forma: para que sea vigente ésta disposición, el acto instrumento debe ser formal y la formalidad debe consistir en su celebración por escrito. En este caso la anulabilidad del instrumento no perjudica al acto instrumentado.
Nulidad absoluta y relativa.
(fundamento de la clasificación).
La nulidad absoluta se distingue de la nulidad relativa por el mayor rigor de la sanción legal de invalidez y depende de que el acto afectado entre o no en conflicto con el orden público y las buenas costumbres. El acto contrario al orden público o las buenas costumbres adolece de nulidad absoluta, es decir, que sufre todo el peso de la sanción legal; en cambio el acto pasible de una nulidad relativa es en resguardo de un interés particular, es una nulidad de protección. Nulidad absoluta.(art. 1047 C.C) Está afectado el interés público, las partes no tiene el
manejo de la cuestión sino que el juez actúa en defensa de la sociedad interesada. Si la nulidad es manifiesta el juez actuará de oficio, pero si no lo es se requiere de la demanda pertinente. La acción es a favor de todos, ya que el acto es violatorio del orden público. Es la sanción civil más rigurosa y si los interesados desean dar valor al acto sólo pueden hacerlo nuevamente siempre que haya desaparecido la causa de nulidad. El acto no puede prescribirse por el paso del tiempo ya que la Corte Suprema ha indicado que el acto será siempre inmoral, contrario al orden público cualquiera sea el número de años que hayan pasado desde su celebración Nulidad relativa. (art. 1048) están afectados los intereses particulares, depende de las
partes involucradas demandar la nulidad y hacer efectivas las normas que establece dicha sanción. Esta nulidades pueden ser confirmadas y la acción que protege a las partes prescribe si se completa el curso del plazo previsto por la prescripción. Según el art. 1049 la acción de nulidad no puede ser ejercida por la persona capaz, alegando la incapacidad de la otra parte o por razón de violencia, intimidación o dolo, el mismo agente que lo ocasionó. Supuestos.
Tendrán nulidad absoluta los siguientes actos: 1) Actos nulos o anulables por la ílicitud del objeto. 2) Actos o anulables de objeto inmoral. 3) Actos formales carentes de la forma legal exclusiva. Página 158 de 169
4) Aquellos cuyos instrumentos son nulos o anulables. Padecerán nulidad relativa: 1) Actos nulos obrados por incapaces de hecho, sin que puede distinguirse si la incapacidad es absoluta o relativa. 2) Actos nulos obrados por representante necesario de los incapaces en exceso de sus atribuciones sin la debida intervención del ministerio Público. 3) Actos obrados sin discernimiento. 4) Actos efectuados mediante los vicios de la voluntad (error, dolo, violencia). Esta clasificación es de muy escasa importancia y se refiere a la extensión de la sanción de nulidad respecto al contenido del acto. El art. 1039 dispone que la nulidad parcial de una disposición en el acto, no perjudica a las otras disposiciones válidas siempre que sean separables. Para que pueda funcionar la nulidad parcial se requiere que el contenido del acto sea susceptible de separación sin que se destruya la esencia del conjunto, es decir, que sólo recae sobre una cláusula o un sector del negocio pues se invalidan las partes afectadas por el vicio pero se mantiene válidas las otras partes del negocio. En cuanto a la nulidad total el negocio jurídico no puede producir ninguno de los efectos que se propusieron las partes al crearlo. Nulidad total y parcial.
El acto nulo es invalidado directamente por la ley misma que lo tiene por tal aunque su nulidad no haya sido juzgada. Su ineficacia existe ab-initio (desde el origen del acto). Las consecuencias que dan lugar a la sanción de nulidad son jurídicas y privan de los efectos propios al acto, privan a las partes del fin querido. Las consecuencias son diferentes según se trate de actos nulos o anulables. Para actos nulos las consecuencias son la invalidez directa del acto por la ley misma (art. 1038 C.C) su ineficiencia existe desde el origen mismo del acto y es definido por la ley de tal manera que ese vicio que contiene le impide la producción de sus efectos. 6-
Efectos de la nulidad: principios generales.
Efectos entre las partes.
1) Acto no ejecutado. Excepción de nulidad: si el acto no ha sido ejecutado, las partes disponen de una excepción que paralizará las acciones que deriven en la celebración del acto. 2) Acto ejecutado. La parte que aspire a desvirtuar sus consecuencias materiales deberá iniciar una acción judicial. La sentencia de nulidad no acuerda ni quita derechos, sólo verifica o declara cual es la situación preexistente al acto cumplido, ya que éste por nulo carece de efectos. las consecuencias materiales derivadas del acto nulo deben imputarse a la ley. 3) En el orden de los hechos: la sentencia de nulidad es ineludible. La obligación de restituir lo recibido no proviene de la nulidad sino de las pruebas que puedan presentar las partes. La causa de la restitución será la subsistencia de los derechos previos al acto nulo. El poseedor de buena fe conservará los frutos percibidos antes de la demanda, pero no después, ya que entonces no será de buena fe. Página 159 de 169
En el sistema de velez Sarsfield la sanción de nulidad repercutía sobre los derechos constituidos a favor de terceros, independientemente de su buena o mala fe. Ya que el acto nulo, por serlo, carece de energía jurídica traslaticia (los derechos por él constituidos quedan en la cabeza del titular precedente). El adquiriente de un derecho por un acto nulo carece de tal derecho, y por lo tanto no puede transmitirlo a un tercero, ya que “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso”. El art. 1051 del Código Civil. Texto según ley 17711: esta ley introduce una importante reforma que resguarda definitivamente los derecho derivados del acto inválido a favor de terceros adquirientes de buena fe a título oneroso; los cuales no habrán de verse perjudicados por la repercusión de la sanción de nulidad, o pronunciamiento de anulación, del acto que constituye el antecedente de su título. Situación de los terceros.
Autor: Roman. Derecho Civil I. Bolilla XVI. 1- Convalidación de los actos jurídicos.
Convalidación: la convalidación constituye un acto jurídico por el cual se torna eficaz otro que estaba viciado de nulidad relativa. Ahora bien, si el acto que se intenta convalidar es nulo, de nulidad absoluta, también lo será la convalidación; de tal manera que sólo cabe realizarla en aquellos actos cuya nulidad sea subsanable. Confirmación: purificación o revalidación del acto jurídico que adolece de algún vicio o nulidad, manifestando su aquiescencia expresa o tácita las partes que podían impugnarla. Art. 1059: “ confirmación es el acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una acción de nulidad”. La confirmación es un acto jurídico mediante el cual se expurga a otro acto jurídico invalido del vicio que adolecía y en razón del cual era posible de nulidad. Confirmación (concepto).
Naturaleza. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica la confirmación es un acto jurídico unilateral: 1º- es un acto jurídico porque su autor lo realiza con el fin inmediato de establecer una relación jurídica válida ( conforme art. 944) o mejor dicho de liberar a la relación existente del peligro de aniquilación. 2º- Es unilateral porque basta para crearla la voluntad de una sola persona, es el caso del quien es titular de la acción de nulidad. Acerca de esto dice el art. 1064: “la confirmación sea expresa o tácita, no exige el concurso de la parte a cuyo favor se hace”. Supuestos y recaudos. Los actos susceptibles de confirmación son los que padecen una mera nulidad relativa. Así resulta del art. 1058: “la nulidad relativa puede ser cubierta por confirmación del acto”. Por el contrario el art. 1047 dispone: “... la nulidad absoluta no es susceptible de confirmación”. Este régimen tiene un fundamento inconmovible. La nulidad absoluta constituye la sanción más rigurosa y como está instituida en resguardo del interés público, no puede ser renunciada por la Página 160 de 169
vía de la confirmación. En cambio la nulidad relativa es una nulidad de protección, tiene siempre un destinatario: la persona en cuyo beneficio se ha establecido la sanción de nulidad. Lógicamente el particular beneficiado puede renunciar al beneficio y confirmar el acto. Prueba de la confirmación. A quien alega la confirmación le incumbe la prueba de ella, la cual puede rendirse por cualquier medio. Una vez probada la existencia de la confirmación, quien invoque la carencia de eficacia convalidatoria por falla de la forma adecuada deberá rendir la prueba de su aserción. Requisitos de fondo: para que la confirmación produzca su efecto no basta que ella revista las condiciones de forma adecuada, sino que es indispensable la concurrencia de los requisitos de fondo señalados por la ley: el art. 1060 dice: “los actos nulos o anulables no pueden ser confirmados por las partes que tengan derecho a demandar o alegar la nulidad antes de haber cesado la incapacidad o vicio que de ella provenía, y no concurriendo a ninguna otra que pueda producir la nulidad del acto de confirmación”. La disposición transcripta muestra los dos requisitos sustanciales de la confirmación: 1º- que halla desaparecido la causa de invalidez primitiva. Ej: que halla cumplido la edad de 21 años la persona que ha otorgado un acto jurídico durante su minoridad y que por ello es nulo. 2º- que no concurra en la misma confirmación una nueva causa de invalidez, pues si así fuera, ella quedaría destituida de su efecto propio consistente en la sanción del acto inválido primitivo. Especies de confirmación: según el art. 1061: “ la confirmación puede ser expresa o tácita...”. Confirmación expresa: es la que se realiza por escrito. Boda indica que no hay confirmación expresa verbal. La confirmación expresa se constituye en un acto formal, ya que ella debe hacerse por escrito, con los requisitos exigidos por el art. 1061: “... el instrumento de confirmación expresa debe tener, bajo pena de nulidad: 1º- la sustancia del acto que se quiere confirmar; 2º- el vicio de que adolecía; 3º- la manifestación de la intención de repararlo”. De aquí se sigue que la forma necesaria de la confirmación expresa es la escritura con las indicaciones señaladas, todo ello bajo pena de nulidad. Pero todavía, si el acto al que se refiere la confirmación es de aquellos que deben celebrarse bajo una forma instrumental determinada, entonces la confirmación para ser válida debe revertirse de la misma forma que corresponde al acto confirmado. El art. 1062 dispone: “la forma del instrumento de confirmación debe ser la misma y con las mismas solemnidades que estén exclusivamente establecidas para el acto que se confirma”. •
Confirmación tácita: según el art. 1063: “la confirmación tácita es la que resulta de la ejecución voluntaria, total o parcial, del acto sujeto a una acción de nulidad”. 1º- para que el efecto convalidatorio se produzca es menester que la ejecución del acto inválido sea involuntario, por lo que la ejecución forzada mediante un procedimiento judicial no tiene ese resultado. 2º- el art. indica la forma típica de confirmación tácita pero no excluye otras que permitan inducir asertivamente la intención de confirmar el acto inválido. Ej: la venta de una cosa adquirida por un título nulo o anulable. En general se estima que los actos de disposición en tales •
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circunstancias importan confirmación; en cambio, los actos de administración no tienen ese significado, salvo lo que resulte de las circunstancias del caso. La confirmación tácita sólo es eficaz cuando el acto que se confirma no es formal, pues entonces la parte interesada puede elegir la forma que le parece más adecuada. Por el contrario, siendo forma el acto confirmable, la confirmación debe atenerse a la misma forma de dicho acto, por lo que la confirmación tácita carece en ese caso de función convalidatoria. Efectos.
Entre partes: el acto inválido remonta sus efectos expurgatorios del vicio causante de la nulidad, a la fecha de la celebración de dicho acto. El art. 1065 expresa: “la confirmación tiene efectos retroactivos al día en que tuvo lugar el acto entre vivos, o al día del fallecimiento del disponente en los actos de última voluntad”. La confirmación se identifica con el acto inválida precedente. Su efecto consiste en expurgar a ese acto del vicio que lo invalidaba, por lo que necesariamente debía proyectar su influencia sobre todo el lapso transcurrido desde que dicho acto puede ser eficaz. Con respecto a terceros: según el art. 1065 el efecto retroactivo no perjudicará los derechos de terceros. Ello significa que si en el intervalo transcurrido entre la celebración del acto inválido y la confirmación, se ha constituido un derecho a favor de un tercero, que es enteramente válido en vista de la nulidad del acto primitivo, la confirmación ulterior de éste acto, no obstante su natural efecto retroactivo, no afecta para nada la situación del tercero. La situación de los sucesores universales y de los acreedores quirografarios queda regida por los principios generales. Los sucesores universales no son terceros y no pueden beneficiarse por el art. 1065. En cuanto a los acreedores quirografarios no tienen constituidos ningún derecho propio que pueda ser lesionado por la confirmación; si por el contrario ésta se produce en fraude o perjuicio de sus derechos, entonces, pueden impugnarla por vía de la acción pauliana o revocatoria. Es siempre el juego de los principios generales. •
•
Aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios, es la insistencia en una manifestación y la reiteración del consentimiento. Ratificación. (concepto).
2- Extinción de las relaciones jurídicas: Los derechos recorren un ciclo que puede resumirse en tres momentos: nacimiento o adquisición, modificación y extinción. Pero en razón del principio de inercia, que también se aplica en el orden jurídico, para que alguna de esas consecuencias ocurran se requiere el acaecimiento de algún hecho al cual la ley le asigne el efecto de originar un derecho, o modificar un derecho ya existente o finalmente extinguirlo. De ahí la importancia de los hechos, de cuya variedad provienen las innumerables alteraciones de los derechos que están a ellos ligados. En cuanto a la extinción de las relaciones jurídicas existentes, ella se produce entonces, en conexión con la ocurrencia de hechos dotados de la necesaria fuerza extintiva. Por esto es que resulta lógico finalizar una exposición de los hechos y actos jurídicos examinando la función extintiva de la relación de derecho que pueda corresponderles. Página 162 de 169
Nuestro codificador ha omitido la consideración especial de este punto. En tanto ha considerado en una generalización adecuada, la función de los hechos referentes a la creación de derechos (acto voluntario, acto jurídico, vicios de unos y otros, etc.), y no ha legislado en forma sistemática sobre la extinción de las relaciones jurídicas, salvo respecto de las obligaciones, a cuyo tema ha dedicado la segunda parte de la sección primera del libro dos (extinción de las obligaciones) que comprende los títulos 16 a 23 de dicha sección. Las fuentes que consulta el codificador no formulaban una generalización de los modos de extinción de las relaciones jurídicas. No podía esperarse de los códigos entonces vigentes, puesto que carecían de parte general. Aun en nuestro tiempo se advierte en los códigos modernos, la ausencia de una sistematización de las disposiciones aplicables a la extinción de toda relación jurídica; ausencia verdaderamente llamativa en los códigos alemán y brasileño que dedicaron su primer libro a los principios jurídicos generales. Ninguna de las tendencias más recientes trata esta materia, lo que puede estimarse lógico ya que esas codificaciones no incluyen una teoría general del derecho civil (dejando de lado el método iniciado por el código alemán). Método del Código.
La doctrina universitaria incluyo el estudio de esta materia en la parte general, sin perjuicio de dejar para mas adelante el estudio pormenorizado de los modos de extinción de ciertas relaciones en particular y especialmente de las obligaciones, a cuyo tema dedica el código cerca de 200 artículos. Esta corriente doctrinaria fue concretada en el proyecto de 1936 y ha sido seguida por el anteproyecto de 1954. El proyecto del 36 dedica el titulo VI de la sección tercera de su libro primero a la “extinción de las relaciones jurídicas”, con tres capítulos. Primer capitulo: Disposiciones generales, que aluden a la imposibilidad y a la transacción. Segundo : De la renuncia. Tercero: De la confusión. En su articulo 216 advierte que “las relaciones jurídicas se extinguen por los hechos o por los actos que este código determine para cada caso particular”. El anteproyecto del 54 legisla en general sobre la extinción de las relaciones jurídicas en el titulo VIII del libro primero. Después de consignar en el art. 220 los diversos modos de extinción de las relaciones jurídicas en general, pasa a tratar en capítulos sucesivos la transacción, la renuncia, la confusión y la caducidad. El art. 220 dice: “sin perjuicio de lo dispuesto por este código, las relaciones jurídicas, en general se extinguen: 1) Por la resolución, revocación y rescisión de los actos jurídicos ordinarios de las mismas. 2) Por la transacción sobre hechos litigiosos o dudosos. 3) Por la renuncia de su derecho efectuada por el titular. 4) Por la omisión del ejercicio de los derechos correspondientes dentro del termino prefijado por la ley. 5) Por la confusión. 6) Por la imposibilidad de subsistencia sobrevenida sin culpa de las partes. 7) Por el fallecimiento del titular tratándose de derechos intransmisibles por herencia. El anteproyecto del 54, enuncia cuales son los hechos y actos que tienen ese efecto extintivo. Tendencia moderna.
3-
Son aquellos hechos que independientemente de la voluntad de los interesados, causan la extinción de algún derecho. Hechos jurídicos extintivos.
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Supuestos.
a) Confusión: Tiene lugar cuando se reúnen en una misma persona la calidad de acreedor y deudor de una obligación o cuando se consolidan en ella el dominio sobre una cosa y sus desmembraciones. Ej: si el acreedor hereda a su deudor. b) Caducidad: De un derecho se opera cuando se omite su ejercicio dentro del lapso prefijado por la ley o por la convención. c) Imposibilidad: Tiene lugar cuando una causa sobreviniente a la creación del derecho excede a su subsistencia, sin culpa de las partes. Ej: la disolución de la obligación de entregar un caballo vendido, si se muere por un caso fortuito. El fundamento de este principio es de una lógica fundamenta, a lo imposible nadie esta obligado, puesto que excede sus posibilidades de actuación. d) Muerte del titular: La muerte del titular del derecho es también causa de extinción, pero solo cuando se trata de derechos intransmisibles por herencia. Ej: extinción de derechos de usufructo de una cosa (art. 2083). Se ha controvertido si la anulación y la prescripción deben conceptuarse como modos de extinción de los respectivos derechos. En cuanto a la anulación, la conclusión parecería afirmativa, por cuanto según el art. 1046, el acto anulable solo se lo tiene por nulo desde el día de la sentencia que lo anula. En cuanto a la prescripción llamada extintiva o liberatoria no extingue el derecho, sino la acción judicial correlativa. De ahí que en el derecho subsista; si bien reducido a la misma eficiencia de la obligación natural, cuyo titular goza de estas solas facultades: 1) retener la prestación pagada espontáneamente por el deudor (art. 515 y 516). 2) garantizar la obligación natural con fianzas, hipotecas, etc., que no son exigibles por el derecho principal (art. 518). Son los que alcanzan ese resultado por la precisa intención de las partes en tal sentido y puesto que los actos se efectúan con el fin inmediato de aniquilar derechos se trata de verdaderos actos jurídicos. Actos jurídicos extintivos.
Se clasifican como:
a) Revocación: Es un modo de disolución de los actos jurídicos, por el cual el autor o una de las partes, retrae su voluntad dejando sin efecto el contenido del acto o la transmisión de un derecho. Aveces la revocación puede hacerse valer “ad libitum”, como ocurre en el testamento, el mandato. Otras veces la revocación sola se admite en función de la existencia de causas autorizadas por la ley; es el caso de la donación, si media enajenación de los cargos impuestos. La revocación opera “in futurum” es decir a partir del momento de la expresión de la voluntad del autor de ella, sin destruir los efectos ya producidos del acto que se revoca. Página 164 de 169
b) Rescisión: Es un modo de extinción de los actos jurídicos de tracto sucesivo, por el cual queda sin efecto para lo futuro, en razón del acuerdo de las partes o de la voluntad de una sola de ellas autorizada por la ley o por la propia convención. Ej: la rescisión de la locación por haber cedido el locatario sus derechos, estando ello prohibido (art. 1602). La rescisión presenta las siguientes características: 1) Funciona en los contratos de tracto sucesivo, entendiéndose por tales los que mantienen una vinculación duradera entre las partes, prestaciones prolongadas o reiteradas. 2) Tiene un origen convencional, lo cual es evidente cuando responde al acuerdo de las partes (art. 1200). 3) Produce efectos para el futuro, dejando subsistentes los efectos del acto consumado con anterioridad. c) Resolución: Es un modo de disolución del acto jurídico en razón de una causa sobreviniente que extingue retroactivamente los efectos provenientes del acto. Advierte Planiol que la resolución supone siempre una voluntad condicional retirada de antemano en vista de una eventualidad determinada. Esta observación refiere a la resolución convencional, pues la resolución legal es independiente de la voluntad de las partes. A diferencia de los demás modos de extinción de las relaciones jurídicas, la resolución opera retroactivamente, no obstante lo cual no cabe confundirla con la nulidad. Mientras que la nulidad deriva de una causa originaria que anida en los elementos constitutivos del acto jurídico, la resolución proviene de una causa sobreviniente que es independiente de la constitución misma del acto. Puede asumir tres formas diversas: 1) La de una condición. 2) La de una facultad que alguna de las partes se reserva a fin de disolver el acto si la otra no cumple la obligación. 3) La de una opción que autoriza a una de las partes a disolver el acto pendiente de ejecución, mediante la perdida de una seña o la restitución del doble de ella. d) Transacción: Es un medio de extinción de la relación jurídica, consistente en un acto jurídico bilateral por el cual las partes haciéndose concesiones reciprocas, extinguen derechos litigiosos o dudosos (art. 832). Aunque el código civil considera a la transacción sólo como un modo de extinción de obligaciones, su función es más amplia, ya que se aplica a toda clase de derecho con las excepciones determinadas en la ley. El principio de aplicabilidad de la transacción a toda clase de derecho no es absoluto. En cuanto a la capacidad para transigir, el código exige que el sujeto tenga capacidad para contratar (art. 833) y que pueda disponer de los objetos que se abandonan en todo o en partes (art. 840). e) Renuncia: Es un modo de extinción de derecho consistente en un acto jurídico por el cual se hace abandono o abdicación de un derecho propio a favor de otro. Diferencias y efectos entre resolución, revocación y rescisión.
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1) La resolución es retroactiva a la fecha del acto. La revocación y la rescisión operan para el futuro, dejando subsistentes los efectos ocurridos desde la creación del derecho hasta su cesación por la revocación o rescisión. 2) La resolución es legal o voluntaria; legal, en cuanto ella se produce en virtud de la ley. Ej: la resolución de los derechos adquiridos por la persona por nacer que luego nace muerta. Voluntaria: cuando ella depende de la voluntad de las partes autorizadas para promoverla, la cual puede optar por el mandamiento del acto o por su extinción; la revocación y la rescisión no dependen de la ley sino de la voluntad de las partes. 3) La rescisión se refiere a actos jurídicos de tracto sucesivo; la resolución y revocación se refieren también a los actos instantáneos.
4- Prescripción. (concepto). Es el modo por el cual en ciertas condiciones el transcurso del tiempo opera la adquisición o modificación substancial de algún derecho. Nuestro concepto difiere en parte del que define el propio codificador en su art. 3947, pero refleja mas exactamente la verdadera realidad jurídica. Según el articulo “la prescripción es el medio de adquirir un derecho o deliberarse de una obligación por el transcurso del tiempo”. Este concepto no es lo exacto porque la prescripción adquisitiva solo funciona respecto de algunos derechos reales y lo extintivo no opera solo sobre las obligaciones sino sobre toda clase de derechos en general. Además la prescripción no extingue los derechos creditorios, sino que extingue la acción judicial correspondiente quedando el derecho relegado a la mínima eficacia de la obligación natural. Especies: Prescripción adquisitiva y extintiva o liberatoria •
Prescripción adquisitiva: El art. 3948 dice: “La
prescripción para adquirir es un derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble, adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo fijado por la ley”. Denominada usucapión.
Caracteres:
1) Se aplica a toda clase de inmueble en general y a ciertas cosas muebles. 2) Se refiere a los derechos reales de goce. 3) Requiere la conjugación del tiempo fijado por la ley en cada caso, con la posesión continuada de la cosa. •
Prescripción extintiva o liberatoria : El art. 3949 dice:
“la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere”.
Caracteres:
1) Se aplica a toda clase de bienes y derechos que la ley no halla exceptuado. 2) Requiere la conjugación del factor tiempo con la intención del titular durante el periodo designado por la ley. Página 166 de 169
Coincidencias: Ambas son de orden
publico, ambas pueden quedar afectadas por idénticas causas de suspensión e interrupción. Ambas instituciones responden al mismo fundamento. Acciones imprescriptibles. Las acciones referentes a los derechos de familia. A bienes fuera
del comercio. Las reales derivadas del dominio y las negatorias de servidumbres prediales, salvo en caso de oponerse usurpación contraria. El principio de prescriptibilidad de las acciones, no es absoluto ya que hay varios derechos que se ven afectados por el transcurso del tiempo. Términos de prescripción. Son los más variados para las diferentes acciones. Su estudio debe
efectuarse con motivo de cada institución jurídica en particular. No obstante cabe decir que las acciones referentes al derecho creditorio que no tuvieren otro lapso establecido, prescribían en el régimen del código de Velez a los 10 o 20 años, conforme al art. 4023. La ley 17711 modifico este articulo que quedo redactado de la siguiente manera: “Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial”. Igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad trátese de actos nulos o anulables, sino estuviere previsto un plazo menor. El fundamento de la prescripción reside en la conveniencia general de liquidar situaciones inestables y mantener la paz de las familias, que no debe ser alterada por la repercusión de hechos ocurridos con mucha antelación. Si durante largo tiempo el posible titular de una acción se ha abstenido de ejercerla, la ley no admite que lo haga cuando ya se ha borrado de la memoria de los interesados la circunstancia del acto y hasta es factible la destrucción de los documentos comprobatorios de la extinción del derecho. Impidiendo la utilización de la acción prescriptiva, se da seguridad y fijeza a los derechos y se aclara la situación de los patrimonios, que se ven descargados de las obligaciones prescriptas. Por ultimo otro motivo a favor de la prescripción consiste en el probable abandono del derecho que la acción del titular hace presumir. En cuanto a la prescripción adquisitiva o usucapión a las consideraciones anteriores se agregan otras: Se estimula el aprovechamiento de las tierras, castigando su posible abandono con la consolidación del derecho del poseedor que la hubiera ocupado. Por estas razones los romanistas reconocían a la prescripción como la mas necesaria de todas las instituciones del derecho civil para el orden social. En consecuencia: 1) No es dable renunciar a la prescripción futura (art. 3965) 2) Los acreedores y todos los interesados en hacer valer la prescripción, pueden oponerla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietario (art. 3963). 3) El estado general o provincial y todas las personas jurídicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o derechos susceptibles de ser propiedad privada, y pueden igualmente oponer la prescripción (art. 3951). No obstante este carácter el código establece que el juez no puede suplir de oficio la prescripción (art. 3964), lo cual significa que esta no funciona automáticamente, sino que es indispensable su articulación, como defensa para que la acción respectiva quede extinguida. Finalidad.
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Suspensión. (concepto). Es la detención durante un lapso del tiempo útil
para prescribir, por causas sobrevinientes. Cuando la causa sobreviniente cesa, la prescripción se reanuda contando el tiempo anterior. Casos.
Sarfield dice: “la prescripción no corre contra menores que estén o no emancipados”. Esta disposición era un exagerado privilegio de los menores, por eso la ley determinó que la prescripción corre contra los incapaces que tuvieran representantes legales (art. 3980). Art. 3980 determina que cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una sección, los jueces están autorizados a liberar al acreedor o al propietario de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses. Si el acreedor no hubiere deducido la demanda interrumpida de la prescripción por maniobras dolosas del deudor, también el juez podrá aplicar esto. •
Minoridad: el Código de Velez
Interrupción. (concepto). •
En la prescripción adquisitiva: todo acto jurídico que impide el cumplimiento del plazo legal
para que a posesión de una cosa o el ejercicio de un derecho se transforme en propiedad. En la prescripción extintiva: cualquier acto del titular, de su legitimo representante o de otra persona en beneficio de aquel, que revela la voluntad y la facultad del dueño de seguir siendo tal, y dejar así sin efecto el temporal abandono, el no uso o no ejercicio que podía conducir a la caducidad de los derechos. La interrupción borra por completo el tiempo el tiempo transcurrido. •
Casos. •
Demanda judicial: toda prestación hecha ante el juez por la cual se ejerce alguna
prerrogativa del titular referente al derecho de que se trate. Según la primera parte del nuevo art. 3986: “la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor aunque sea interpuesta ante el juez incompetente, o fuera defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en el juicio. Desaparición del efecto interruptivo de la demanda judicial: los efectos interruptivos de la demanda judicial desaparecen como consecuencia del desistimiento por parte del actor de la perención de la instancia o del rechazo de la demanda (art. 3987). Art. 3987: “la interrupción de la prescripción, causada por la demanda se tendrá por no sucedida, si el demandante desiste de ella o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según las disposiciones del Código de procedimiento, o si el demandando es absuelto definitivamente”. •
Compromiso arbitral: tiene igual efecto interruptivo que
la demanda judicial. La demanda arbitral se tramita ante árbitros que las partes han elegido para dirimir sus diferencias (art. Página 168 de 169
