Un estudio de caso La investigación contable realizada desde una perspectiva crítica ha alcanzado un interesante grado de madurez en el ámbito internacional, como lo prueba la existencia de prestigiosas revistas científicas especializadas en la divulgación de este tipo de trabajos. Sin embargo, la investigación crítica en contabilidad cuenta con una escasa tradición en nuestro país. Así las cosas, frente a una investigación contable realizada de forma mayoritaria sobre la base de la eficiencia de los mercados, la presente monografía investiga el papel que juega la contabilidad en la (re)construcción y sostenimiento de las estructuras sociales. A partir del estudio de los informes anuales de una importante firma del sector de automoción correspondientes al periodo 19742005, la investigación analiza e interpreta el discurso contenido en la parte narrativa de los mismos. Los resultados de la investigación muestran que el discurso contenido en los informes anuales ha sido utilizado para legitimar la forma en que se produjo el cambio político que vivió España a mediados de los setenta del pasado siglo. A partir de ese momento, el discurso cambia y se orienta en buscar la aprobación social del cambio organizativo producido en el conjunto de la industria tras el abandono de la producción en masa y la inauguración de la producción flexible y el suministro just-in-time. El informe anual, por tanto, no es la representación de ninguna realidad subyacente. Al contrario, mediante el uso del lenguaje, el discurso contenido en el informe anual tiene el poder de crear y (re)construir realidades en función de la ideología desde la que se habla. Pablo Archel es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Pública de Navarra
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Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA
Teoría e Investigación Crítica en Contabilidad Un estudio de caso
Teoría e Investigación Crítica en Contabilidad
Teoría e Investigación Crítica en Contabilidad Un estudio de caso
Pablo Archel
TEORÍA E INVESTIGACIÓN CRÍTICA EN CONTABILIDAD UN ESTUDIO DE CASO
PABLO ARCHEL DOMENCH
aeca Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
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Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo
Albert Einstein
ÍNDICE
Págs.
PRÓLOGO .................................................................................................................
9
AGRADECIMIENTOS ..............................................................................................
11
PRESENTACIÓN ......................................................................................................
13
CAPÍTULO I PRODUCCIÓN FLEXIBLE: DE LA FASCINACIÓN AL DESENCANTO 1.1. 1.2.
1.3.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... PRODUCCIÓN FLEXIBLE: LAS DOS CARAS DE LA MONEDA ...................................
21 24
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
Transformación de los mercados y cambio tecnológico ............ El «management by stress» ...................................................... Los equipos de trabajo ..............................................................
24 26 28
CAMBIO DE PARADIGMA: EN LA INDUSTRIA Y EN LAS RELACIONES LABORALES .........
30
CAPÍTULO II LA TEORÍA DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN Y EL CAMBIO ORGANIZATIVO 2.1. 2.2. 2.3.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... LA TEORÍA DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN: FUNDAMENTOS ............................ UNA VISIÓN CRÍTICA ....................................................................................
36 37 40
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.
40 42 43 44 45
Criterio de eficiencia ................................................................... Neutralidad................................................................................. Reciprocidad............................................................................... Comportamiento humano.......................................................... Poder e intervención ...................................................................
5
Págs.
CAPÍTULO III TEORÍA E INVESTIGACIÓN CRÍTICA EN CONTABILIDAD 3.1. 3.2.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... RASGOS DE LA INVESTIGACIÓN ALTERNATIVA Y CRÍTICA EN CONTABILIDAD .......... 3.2.1. 3.2.2.
3.3.
Sobre algunos convencionalismos en la investigación en contabilidad ......................................................................................... La teoría de la economía política ...............................................
48 49 50 54
IDEOLOGÍA, LENGUAJE E INFORMES ANUALES ..................................................
56
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.
57 60 61
La capacidad deformadora del discurso..................................... Sobre el uso y abuso de las metáforas........................................ Estructuralismo, posestructuralismo y contabilidad ................
CAPITULO IV CRECIMIENTO Y CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL: DESDE EL PODER Y LA INTERVENCIÓN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA: UNA CUESTIÓN DE ESTADO .............................................................................................. LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN NAVARRA: UNA LECTURA EN CLAVE POLÍTICA ..... EL FIN DE LA VINCULACIÓN CON FIAT: LA DEBILIDAD DE SEAT ..................... PREPARANDO LOS ACUERDOS DE 1986: DE LA CRISIS ECONÓMICA A LA INTERVENCIÓN POLÍTICA ............................................................................................. 4.5.1. 4.5.2.
La crisis económica ................................................................... La privatización de SEAT: condicionantes políticos e institucionales.......................................................................................
65 66 69 71 75 75 76
CAPÍTULO V DE LA CRISIS POLÍTICA A LOS ACUERDOS CON VOLKSWAGEN (1974-1986) 5.1. 5.2.
5.3.
6
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... AÑOS DE CRISIS: 1974-1986 ......................................................................
81 83
5.2.1. 5.2.2.
Los Pactos de la Moncloa: el triunfo de la ortodoxia ................. Utilización de la contabilidad para ocultar la crisis ..................
85 89
LOS PARTICIPES O STAKEHOLDERS: UNOS DESCONOCIDOS (TODAVÍA) .................
91
Págs.
CAPÍTULO VI LA INAUGURACIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA: LA PRODUCCIÓN FLEXIBLE (1987-2005) 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... PRODUCCIÓN JUST-IN-TIME Y FLEXIBILIDAD..................................................... INFORMES ANUALES, JUST-IN-TIME Y PARQUE DE PROVEEDORES ........................ FLEXIBILIDAD TAMBIÉN EN EL MERCADO DE TRABAJO ....................................... INFORMES ANUALES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y FLEXIBILIDAD ..........................
94 95 98 104 107
CAPÍTULO VII CRISIS Y OPORTUNIDAD: DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO A LA SOCIEDAD SOSTENIBLE 7.1. 7.2.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................... LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL .................................................................
116 117
7.2.1.
Regulación versus autorregulación ...........................................
120
POR UNA CONTABILIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD ............................................
123
7.3.1. 7.3.2. 7.3.3.
La hipótesis de entidad: límites organizativos y operativos....... Informe anual por y para los partícipes..................................... Garantizar la independencia del auditor ...................................
123 125 128
REFLEXIÓN FINAL ........................................................................................
129
EPÍLOGO .............................................................................................................
132
7.3.
7.4.
BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................134
7
PRÓLOGO
Paul Feyerabend dijo que la unanimidad puede ser apropiada para asuntos religiosos o para los seguidores de algún tirano, pero lo es menos para la investigación. El interés de esta monografía radica precisamente en el estudio de la contabilidad desde un punto de vista que no es habitual en la investigación (funcionalista) contable. Siguiendo autores como David Cooper, Anthony Hopwood o Tony Tinker, la investigación que ha dado lugar a esta publicación opta valientemente por una perspectiva crítica, poniendo de manifiesto que lejos de constituir un artefacto neutral, la contabilidad está implicada en conflictos sociales, económicos y políticos. Partiendo del estudio longitudinal del caso de una empresa situada en un sector central para el desarrollo industrial del siglo XX, en las páginas que siguen se hace una acertada disección del papel que ha jugado la información contable en las diferentes etapas de la empresa estudiada, que ciertamente no difiere mucho del que ha jugado en toda la industria occidental de las últimas décadas, caracterizada por la transición desde el fordismo y el estado del bienestar a la segmentación del mercado laboral y, en definitiva, a la brasileñización de occidente. En este contexto, el libro ilustra la implicación de la información financiera en hacer visible una impresión de la empresa, relegando ciertas realidades a meros silencios del informe anual, en una comunicación excluyente entre directivos y accionistas. Auguro una lectura reveladora para aquellos que, estando interesados en el estudio de la información financiera y de las organizaciones, no se contentan con la primera explicación y prefieren una pluralidad de opiniones para alcanzar la suya propia. En algún lugar leí que la buena investigación se distingue por aportar algo que es nuevo, verdadero y ético. Con lo que he dicho más arriba queda ya justificada la novedad de este trabajo. En relación a la verdad, afortunadamente hoy sabemos que la verdad es una cuestión problemática en las disciplinas sociales. Si no a la verdad, sí debemos aspirar a la autenticidad y a la ética de la investigación. Como yo ya tenía la suerte de conocer a Pablo Archel Domench, 9
antes de recibir este trabajo ya estaba seguro de que iba a reunir esas dos condiciones. Pablo es un investigador extraordinario, lo cual es alarmante porque esto quiere decir que la investigación contable generalmente no es ética ni auténtica.Quiero finalizar felicitando a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y a la Universidad Pública de Navarra por participar en la edición de esta monografía. CARLOS LARRINAGA GONZÁLEZ Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Burgos
AGRADECIMIENTOS
Escribir este libro ha sido todo un viaje intelectual en el que me han acompañado muchas personas que han contribuido con sus ideas, acciones y comentarios a que esta publicación haya podido ver la luz. A Uwe Sandelmann y José Luis Feijoo del departamento de Balances y Cierres de Seat en Barcelona les debo infinita gratitud por haber puesto a mi disposición un archivo histórico tan celosamente guardado como necesitado de un impulso institucional que lo ponga en valor. Su más que amable colaboración me permitió contar con los informes anuales de Seat de los años setenta y ochenta pudiendo así ampliar el horizonte temporal de mi investigación. Por su parte, Pablo Mendíbil, director de comunicación de la planta navarra de Landaben y Ana Moreno, delegada de medio ambiente tuvieron la amabilidad de facilitarme los informes anuales de la planta navarra y respondieron con paciencia a todas las cuestiones sobre las que les interrogué. Las conversaciones con los miembros del comité de empresa Txetxu Rodríguez y Raúl Villar sirvieron para conocer de primera mano las inquietudes sindicales en la era de la flexibilidad. Ya en el ámbito académico, Carlos Larrinaga, de la Universidad de Burgos, responsable y dinamizador del grupo de investigación en contabilidad social y medioambiental más fecundo que existe en nuestro país, me animó constantemente a finalizar este trabajo al que contribuye con la redacción del prólogo. De Josep Vallverdú, de la Universidad de Barcelona, aprendí el gusto por la crítica al tiempo que me incitó a descubrir el poder del lenguaje para crear significados inducidos por la ideología dominante. José Luis Cea, de la Autónoma de Madrid, fue una de las primeras personas que me animó a adentrarme en una línea de investigación crítica, poco explorada en nuestro país, pero con enormes posibilidades. Javier Husillos, desde su incorporación al Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra me acompaña todos los días en este apasionante viaje intelectual. Por su parte, Crawford Spence, de la Universidad de St. Andrews (Escocia), me ayudó a presentar con serenidad los rasgos del pensamiento gramsciano de esta publicación. 11
Por último, además de agradecer al Ministerio de Educación y Ciencia la ayuda prestada a través del proyecto SEC2006-03959, agradezco sinceramente la receptividad mostrada por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) para la publicación de esta obra, consciente de que su enfoque heterodoxo pueda no ser bien entendido por alguno de sus miembros. Agradecimiento que hago extensivo a la sección de publicaciones de la Universidad Pública de Navarra por la cofinanciación de la obra. Y a Mikel, Maite, Miguel Angel, Olaia, Josetxo, José Vicente y tantos y tantos otros obreros del Polo que me ayudaron a descubrir el lado oscuro de la producción flexible. Villava-Atarrabia, abril de 2007
PRESENTACIÓN
Las dramáticas consecuencias del caso Enron, cuyo origen se sitúa en las manipulaciones contables llevadas a cabo por varios de sus directivos (ocultación de pérdidas al haber contabilizado las ventas de electricidad a un coste inferior al real, aflorando beneficios ficticios), puso nuevamente sobre la mesa la tesis mantenida por varios autores, asiduos colaboradores de revistas críticas 1, de que la contabilidad determina la vida de mucha gente (Cooper y Sherer, 1984; Tinker, 1985; Cooper y Hooper, 1990; Lehman, 1992; Sikka, 1998). En España hemos tenido ejemplos de manipulaciones contables ciertamente sonadas como la que afectó a Banesto en 1993, saldada con la intervención de la entidad por el Banco de España. Otras veces, sin embargo, han sido empresas públicas o sometidas a regulación especial las que han sido autorizadas por el órgano competente a la aplicación particular de la norma contable sin tener en cuenta la racionalidad económico-financiera de los hechos subyacentes. Tal es el caso de Telefónica a la que, tras las sucesivas devaluaciones de la peseta de 1992, se le permitió reconocer como gastos de ejercicios futuros parte de las diferencias negativas originadas por la valoración en pesetas de la deuda en moneda extranjera, contraviniendo de esta manera la práctica habitual de llevar a gastos el importe de dichas diferencias. Más recientemente pudimos ver cómo empresas como la antigua Tabacalera de España o de nuevo Telefónica maquillaron sus resultados contabilizando contra reservas el gasto de los ajustes de la plantilla en un claro desafío a la legalidad contable del momento, mientras que otras empresas menos determinantes tuvieron que cargar contra resultados el coste de dicho ajuste con los consiguientes efectos económicos, sociales y de imagen. Los ejemplos anteriores son una muestra de la utilización interesada de la información contable para potenciar los efectos económicos de la norma 1 Revistas como Accounting Organizations and Society, Critical Perspectives on Accounting, Accounting, Auditing and Accountability Journal o Accounting Forum, entre otras.
13
mediante la evaluación de las distintas soluciones contables alternativas en el registro de los hechos empresariales. Pero la información contable tiene también importantes consecuencias sociales que determinan la vida de mucha gente. La información contable se utiliza para justificar decisiones tan trascendentales como cierre de instalaciones, deslocalización de plantas, congelaciones salariales o procesos privatizadores. La pregunta que surge es evidente. ¿Hasta qué punto sirven las actuales prácticas contables para satisfacer las necesidades informativas de un variado conjunto de usuarios, partes interesadas o partícipes? El problema se agrava por el hecho de que con la misma información se trata de atender las demandas de clientes, empleados, acreedores, propietarios y sociedad en general, cada uno con intereses y preferencias específicas, además de con visiones también particulares de los hechos a revelar. A pesar de las tempranas propuestas de la American Accounting Association (AAA, 1966) y del Corporate Report (1975) sobre estados financieros multicolumnares y multipropósito que aceptan la existencia de necesidades informativas diferentes, pero de similar nivel, la perspectiva de la propiedad del capital es la única que tiene presencia en un informe anual elaborado desde la unilateralidad. Pero con ser un serio handicap, la unilateralidad con la que se elabora el informe anual no es el único ni probablemente el mayor. ¿Cuáles son los criterios que guían la elaboración del informe anual? ¿Qué es lo que decide incluir una determinada información, de una determinada manera, en un momento concreto y por qué no se incluye otra información? Además del entorno económico, ¿se tiene en cuenta la realidad sociopolítica en la que se produce el informe? ¿Cumple el informe anual con las características de neutralidad, objetividad y relevancia exigidas por el marco conceptual? Uno de los objetivos de la presente investigación es ayudar a responder algunas de las cuestiones planteadas más arriba mediante el examen de la parte narrativa de la memoria y el informe de gestión. Para ello, se analizan los informes anuales de la planta de ensamblaje de automóviles que Volkswagen tiene en el polígono de Landaben de Pamplona correspondientes al periodo 1974-2005, periodo testigo de los profundos cambios políticos, económicos y sociales experimentados en nuestro país. Se investiga el lenguaje, la evolución de los contenidos, la forma de presentarlos y la intención del mensaje que incorpora el discurso, explícito unas veces, implícito en otras ocasiones. La investigación realizada sigue algunas de las pautas adoptadas por Neimark (1992) en el estudio que realizó a partir de los informes anuales de la empresa automovilística General Motors para un periodo de sesenta años del siglo pasado. El caso analizado en esta investigación permite diferenciar dos discursos diferentes asociados a dos usos también diferentes que la propiedad de la firma asignó al informe anual. Mientras que la empresa era propiedad del estado, el informe anual priorizó las cues14
tiones políticas para asegurar un modelo de transición al sistema democrático. A partir de 1986, una vez privatizada la empresa, el informe anual orientó el discurso hacia aquellas cuestiones organizativas y estructurales demandadas por la industria como consecuencia del abandono de la producción en masa propia del fordismo y la inauguración del sistema de producción flexible y el suministro just-in-time. La metodología de investigación basada en estudios de caso requiere el uso de varias fuentes de evidencia. En el presente trabajo, la fuente principal de investigación han sido los informes anuales de la empresa, habiéndose recurrido también a entrevistas con miembros del comité de empresa, a documentación interna de la firma, a visitas a la planta de ensamblaje y a noticias aparecidas en prensa. Se trata de una metodología inductiva que no pretende efectuar generalizaciones estadísticas sobre la población de la que el caso ha sido seleccionado sino que, tal y como sostiene Yin (1994), se realizan generalizaciones analíticas, es decir, se construyen teorías o partes de teoría que ayudan a explicar el mismo fenómeno en otras unidades diferentes a la del caso seleccionado. Con la elección de este método de investigación se pretende dar respuesta a las llamadas efectuadas en pro del uso de metodologías de investigación cualitativas producidas desde lo que se ha venido en llamar la escuela interpretativa (Burchell et al., 1980, Morgan, 1988, Ryan et al., 1992; Baker y Bettner, 1997). Así, frente a una investigación contable realizada de forma mayoritaria desde una orientación positiva —investigación en torno a la eficiencia de los mercados de capitales— , la presente investigación se sitúa en el difícil terreno del deber ser 2, haciéndose eco de las llamadas de Gray (2002) y Parker (2005) en favor de propuestas normativas en la investigación en contabilidad social. Se trata, pues, de una investigación situada en lo que viene a definirse como critical accounting research en el más amplio de los sentidos. A este respecto, aunque no existe una idea homogénea acerca del significado del término contabilidad crítica, se asume de forma generalizada que la investigación crítica en contabilidad viene a cuestionar el papel que juega la contabilidad en el afianzamiento de la posición de privilegio de una parte de la sociedad frente a otra (Cooper y Sherer, 1984; Neimark, 1992; Deegan y Unerman, 2006). La presente investigación parte de algunas ideas propias de la teoría de la economía política que han inspirado los trabajos de una prolífica lista de 2 Cea García (1994) reclama un giro a la corriente principal de investigación en contabilidad financiera que de forma masiva se «desentiende y evade» de sus compromisos sociales auténticos tales como el servicio imparcial e independiente a la realidad económico-financiera y el suministro de una información congruente con estos postulados. Reclama esfuerzos para una investigación contable en la que los datos y magnitudes clave del balance social se vean auténticamente libres de los prejuicios y sesgos ideológicos propios de la responsabilidad ante la propiedad. Aboga por una investigación normativa que, tomando como eje central el cálculo del beneficio, tome en consideración otras necesidades de ámbito más social.
15
autores que han investigado las relaciones de poder entre los agentes que conforman el tejido social, así como el proceso institucional mediante el cual se pueden alcanzar intereses particulares. (Tinker, 1980; Cooper y Sherer, 1984; Tinker y Neimark, 1987; Adams y Harte, 1998; Neimark, 1992; Benschop y Meihuizen, 2002; Chwastiak y Young, 2003; Saravanamuthu y Tinker, 2003). En todo este proceso el informe anual juega un papel crucial, donde lo que se dice es, a veces, tan importante como lo que no se dice. El informe anual puede pasar de soslayo, por ejemplo, por el impacto humano y social de los nuevos modos de producción flexible y, en consecuencia, ignorar la aparición de trabajadores periféricos, al tiempo que mediante el adecuado uso del lenguaje puede colaborar a reforzar el papel de la ideología dominante, presentando como naturales la traslación a la empresa de opciones políticas que determinan las condiciones de trabajo. Los acontecimientos narrados en el informe anual son, de este modo, (re)construidos desde la perspectiva del poder que otorga el capital (Hines, 1988), contribuyendo al cambio social, poniendo trabas al mismo o, como han evidenciando algunas de las más recientes investigaciones, apoderandose de la agenda social para controlar el cambio (Power, 1994; Owen et al., 1997; Larrinaga y Bebbington, 2001). Desde la perspectiva interpretativa, la presente investigación asume algunas de las ideas de Weber (1984) acerca del lenguaje. Toda lengua fija una estructura argumentativa que nos proporciona una pauta para la proyección de diversos discursos a través de la estructura social, llegando a afectar al sistema de actitudes y posteriormente a nuestras conductas en una profundidad que involucra necesariamente a nuestros valores. Es decir, el lenguaje por sí solo no produce significado, sino que es a través del discurso como adquiere una diversidad de significados. Es lo que Ricoeur (1997) denomina carácter polisémico del lenguaje, en cuya virtud, el lenguaje extiende su significado de manera infinita. De acuerdo con Ricoeur, la capacidad deformadora del discurso hace que el modelo de verdad, como concepto absoluto, sea inadecuado al no poder separarse lo real de nuestra interpretación. Por esto, el suministro de información contable tiene no sólo connotaciones económicas, sino que abre un amplio espacio a la especulación poniendo de manifiesto la vertiente moral e interpretativa tanto del que elabora la información como de quien la recibe. Los discursos, pues, son siempre valores. A nadie se le escapa que la industria del automóvil constituye un inmenso laboratorio y campo de estudio que ha suscitado el interés de economistas, historiadores y sociólogos que han abordado el tema desde muy diferentes ángulos y perspectivas. Por sus especiales características, se trata de un sector que proporciona gran cantidad de información que puede resultar muy útil para interpretar los cambios organizativos propios del paso de un modelo de producción estandarizada a otro flexible, los cambios en los 16
sistemas y procesos de fabricación, el cambio en el modelo de relaciones laborales y, en definitiva, las transformaciones sociales, los conflictos y los acuerdos alcanzados entre los grupos de interés que conviven en la empresa. A todo esto hay que añadir que Volkswagen-Navarra es un extraordinario barómetro a la hora de pulsar el clima laboral y social de la Comunidad Foral. Con aproximadamente 4.500 trabajadores en plantilla y alrededor de 15.000 puestos de trabajo indirectos, una facturación de algo más de 2.000 millones de euros y una extensa red de empresas auxiliares cuya producción depende, en unos casos de forma exclusiva y en otros de forma mayoritaria, de los pedidos de la planta ensambladora, Volkswagen Navarra se muestra como un excelente campo de investigación para profundizar en el conocimiento de las relaciones entre los diversos grupos que pugnan en la empresa. Además, los problemas ocasionados por la creciente externalización de tareas, unido al fenómeno de la deslocalización industrial que amenaza con trasladar plantas enteras a otros países con costes laborales más bajos y con menores exigencias normativas (fenómenos ambos que se viven con gran intensidad en el sector de automoción), nos ofrecen un marco adecuado para los objetivos de nuestro trabajo. Más aún, los problemas derivados de la implantación de nuevos modelos, la dura pugna librada entre sindicatos y dirección en las negociaciones para la firma del Cuarto Convenio Colectivo y los posteriores acuerdos de flexibilidad de 2002 que introdujeron innovadores fórmulas de reparto de trabajo, así como la lentitud y tirantez con la que se negoció el Quinto Convenio Colectivo aportan nuevos ingredientes que refuerzan la coyuntura favorable para nuestra investigación. A pesar de que para el desarrollo de la parte central de la investigación se recurre a los informes anuales de la planta navarra de Volkswagen, tanto el marco teórico de la investigación, como las conclusiones de la misma son perfectamente extrapolables, de forma que el estudio del caso particular puede ayudar a comprender el papel jugado por la contabilidad como herramienta de legitimación de las estructuras de poder y de los nuevos modos de organización de la producción. La investigación se estructura de la siguiente manera. El capítulo 1 presenta, de forma general, el vertiginoso ascenso en el acervo cultural contemporáneo de la palabra de moda en el ámbito industrial: flexibilidad. La favorable predisposición que suscita dicho término hace que el mismo sea utilizado como fetiche redentor de todos los males que aquejan a la industria. Son necesarias mayores dosis de flexibilidad en la organización del trabajo, al tiempo que se reclama también mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y en las formas de contratación. La consecuencia no es otra que la sociedad dual y fragmentada. Dualidad determinada por la pertenencia al selecto club de los trabajadores núcleo o al cesto de los trabajadores periféricos, más distantes, con contratos precarios, carentes de expectativas y sin itinerario vital. Ante la amenaza constante de caer en el averno de los tra17
bajadores periféricos se corre el riesgo de comportamientos corporativistas en los trabajadores núcleo, a veces con la complicidad de unas organizaciones sindicales desorientadas ante el brutal cambio de escenario y de las reglas de juego. Frente al tradicional modelo de negociación de la época fordista, trabajo estable a cambio de paz social, ahora los términos del intercambio mutan. Flexibilidad por empleo. Es el nuevo paradigma de las relaciones laborales. El capítulo 2 examina de forma crítica el marco teórico que ha dominado el estudio de las formas de organización del trabajo y el cambio en las organizaciones hacia los nuevos modos de producción flexible. La teoría de los costes de transacción investiga las razones que mueven a las empresas a participar o abandonar alguna de las etapas o actividades del proceso productivo que se pueden realizar bien en el mercado, a través del sistema de precios, bien en la empresa mediante la coordinación y el ejercicio de autoridad. La empresa crecerá en la medida en que internalice transacciones y reducirá su tamaño a medida que las vaya abandonando. A partir de los estudios de Coase (1937) y Williamson (1975, 1980, 1985) la TCT intenta dar respuesta a los cambios estructurales en el seno de las organizaciones sobre la base de la eficiencia. Sin embargo, el enfoque de la economía de los costes de transacción no está exento de limitaciones. El criterio de eficiencia se eleva a lo más alto del pedestal sin reparar en la fuente de conflictos que se originan cuando falla la confianza y se impone la autoridad. Pero además, el énfasis puesto en la reciprocidad de los intercambios y en la ausencia de ganadores y perdedores deja fuera del análisis el coste social de las innovaciones organizativas, cuestión sobre la que se alerta en la presente investigación que postula enfoques holísticos. Por ello, frente a la investigación contable realizada de forma mayoritaria sobre la base de la eficiencia de los mercados, el capítulo 3 apuesta por la necesidad de realizar una investigación alternativa y crítica en contabilidad que investigue el papel que juega la contabilidad en la construcción y mantenimiento de las estructuras sociales. Aunque el paraguas de la investigación crítica en contabilidad da cobijo a un gran número de enfoques y aproximaciones no siempre coincidentes entre sí, lo que todos ellos presentan en común es el cuestionamiento del papel que juega la contabilidad en el soporte de las estructuras sociales y empresariales. La presente investigación adopta los postulados de la teoría de la economía política por su alto potencial a la hora de analizar el informe anual, el proceso de elaboración del mismo y el papel del poder en dicho proceso. Como sostienen Bebbington y Gray (2000), el informe anual está cargado de mensaje y es un poderoso mecanismo para crear reconstrucciones de las cuestiones abordadas en el mismo. Los tres capítulos siguientes constituyen el eje central de la investigación y presentan un mismo hilo conductor. El capítulo 4 analiza los dos proce18
sos de concentración empresarial protagonizados por Seat a lo largo del periodo de estudio: la adquisición de la planta navarra de Authi por Seat tras el incendio de las instalaciones navarras en 1974, y la adquisición de Seat por Volkswagen culminada en 1986. Aunque por razones diferentes, las dos operaciones respondieron más a motivaciones políticas, fruto del desenlace de las relaciones de poder, que al convencional esquema de contrato bilateral, recíproco y sin ganadores ni perdedores explicado por la teoría de los costes de transacción. Los dos capítulos siguientes estudian los informes anuales producidos a lo largo de los 32 años que abarca la investigación, analizando el papel que juegan los mismos en los dos episodios determinantes que definen por sí mismos toda una época: el cambio político gestado en los años de la transición y el cambio organizativo motivado por la introducción de los modos de producción flexible. Examinados en este orden, el capítulo 5 destaca el aval que Seat otorgó a las medidas de política económica emanadas desde los sucesivos gobiernos en un momento en que la consolidación del frágil sistema democrático, recién estrenado y varias veces amenazado, exigió posponer la adopción de soluciones económicas tanto en el ámbito macroeconómico como en el micro. Tras la incorporación de España a la CEE y consumada la adquisición de Seat por Volkswagen, el capítulo 6 aborda la introducción en Seat-Volkswagen de los nuevos modelos organizativos de la producción basados en el suministro justo a tiempo, las alianzas con proveedores y la producción secuenciada. Durante todos estos años el informe anual es utilizado para legitimar la validez de los cambios organizativos demandados por la industria destacando la mejoras en la productividad, el ahorro de costes y la satisfacción del cliente de los nuevos métodos, pero ignorando, al mismo tiempo, el amplio catálogo de costes sociales que incrementan la intensidad del trabajo, fragmentan las condiciones del mismo y son la antesala de la sociedad dual. El informe anual es, pues, elaborado desde la unilateralidad sin que pueda decirse que se vean reflejadas en el mismo todas las partes interesadas. La unilateralidad con la que se elabora el informe anual hace que en unos casos la información aparezca sesgada mientras que en otros, simplemente se ignora. El informe anual es un reconstructor de realidades. A la investigación crítica en contabilidad se le ha reprochado el hecho de que sus aportaciones se hayan limitado a denunciar situaciones concretas, pero que no hayan ofrecido alternativas válidas para superar los hechos narrados y denunciados que, en ocasiones, llegan incluso a cuestionar el statu quo vigente. Con el fin de presentar una investigación completa, el capítulo 7 —último de la monografía— presenta algunas propuestas que podrían contribuir a mejorar la calidad y transparencia de los informes anuales contribuyendo a devolver a los mismos la relevancia y utilidad que se espera de ellos. En primer lugar, se propone una redefinición de la hipótesis de entidad informante al objeto de establecer de unos lími19
tes espaciales y temporales más amplios que los definidos por la propiedad del capital; en segundo lugar, se plantea la intervención de otros participes, además de los representantes del capital, en la elaboración de la parte narrativa del informe anual con el fin de incorporar a los mismos una perspectiva más amplia y completa de los hechos con origen en la nueva entidad informante; en tercer lugar, se expone la conveniencia de una mayor regulación en la elaboración tanto del informe anual como en la auditoria del mismo. De forma recurrente se vienen celebrando a lo largo de toda la geografía española diversas jornadas, foros, coloquios, etc. que desde diversos ángulos analizan la compleja problemática del sector de automoción en general y la importancia que el mismo tiene para la economía nacional. El caso de Navarra presenta un interés particular al tratarse de una comunidad pequeña, de poco más de 600.000 habitantes, tremendamente permeable a los avatares del sector. El Gobierno Regional, los agentes económicos y sociales, los medios de comunicación, el conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, los investigadores universitarios observan con atención los importantes cambios organizativos y de gestión experimentados por una industria que, haciendo de la necesidad virtud, se ha transformado de forma radical en estos últimos 35 años. Existe un consenso generalizado acerca de que los conflictos en el sistema Polo afectan de forma dramática a la estabilidad social de la Región. Sobre estos conflictos, sobre la forma en que de los mismos se habla en el informe anual, sobre el papel que asigna el mismo a los protagonistas del proceso productivo y sobre la manera en que el informe anual se utiliza como mecanismo de legitimación del importante cambio político operado en nuestro país y del profundo cambio organizativo producido tras la desaparición del fordismo versa la presente investigación.
20
CAPÍTULO
1
PRODUCCIÓN FLEXIBLE: DE LA FASCINACIÓN AL DESENCANTO
1.1.
INTRODUCCIÓN
Es ya célebre la frase con la que Charles Wilson, Secretario de Defensa del Presidente Eisenhower y antiguo presidente de General Motors ha pasado a la historia: lo que es bueno para GM es bueno para América. Sin embargo, a pesar de la potencia económica de GM, hoy ya no sucede como hace unas décadas, y el poderío de GM en la industria se ve muy matizado por la irrupción de nuevas empresas, de menor tamaño, pero muy ágiles y más determinantes. Salvando las enormes distancias existentes entre la Norteamérica de mediados de los cincuenta del pasado siglo y la Navarra de comienzos del siglo XXI, bien podría decirse, a tenor de los acontecimientos vividos, que lo que es bueno para Volkswagen, es bueno para Navarra (ergo lo que es malo para VW, es malo para Navarra). El interés de los gobernantes navarros por albergar una planta de montaje de automóviles se remonta a los primeros años sesenta cuando, al amparo del Programa de Promoción Industrial y de las exenciones fiscales contempladas para las empresas que se instalaran en la Comunidad Foral, se constituyó la sociedad de capital mixto Automóviles Hispano Ingleses (AUTHI). Comenzaba con ello la industria de la automoción en una Navarra que, hasta pocos años antes, había permanecido casi ajena por completo al impulso industrializador de los planes de desarrollo promovidos en el conjunto del Estado por los ministros tecnócratas de los primeros años sesenta del pasado siglo (Ardaiz, 1980). A partir de ese momento, y de forma creciente, el pulso económico de la Comunidad Foral ha latido al ritmo marcado por la planta de Landaben que, a finales de 2005, empleaba de forma directa a 4.800 trabajadores, si bien el trabajo inducido que estiman los 21
actores sociales en presencia, sindicatos y gobierno regional, se sitúa en una horquilla entre 15.000 y 20.000, aunque no todos en Navarra. Esta dependencia de la economía navarra de VW preocupa a gobierno regional y agentes sociales, sobre todo en un momento como el actual, donde el exceso de capacidad instalada y la amenaza permanente de la deslocalización industrial introducen elevadas dosis de incertidumbre. Y un negocio que vive bajo la amenaza permanente, nunca es un buen negocio 1. O al menos eso debe pensar José Manuel Ayesa, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) cuando apela a la «responsabilidad sindical» en Volkswagen. Ante la tardanza en firmar el Quinto Convenio Colectivo señaló que «se está jugando con fuego». A su juicio, los sindicatos no están valorando «correctamente» fórmulas de mayor flexibilidad para lograr una mayor productividad, por lo que «yo apostaría que en el futuro vamos a tener más episodios de deslocalización», en clara referencia al cierre de las plantas navarras de Danone y Sanyo 2. En este agitado clima social la palabra de moda es flexibilidad, repetida hasta la saciedad y utilizada en todos los ámbitos no siempre con las debidas matizaciones conceptuales. La necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo aparece como una constante prácticamente en la totalidad de las recomendaciones de política económica formuladas por las organizaciones internacionales y en las políticas de empleo diseñadas por la mayoría de los gobiernos de los países industrializados. Las continuas llamadas en pro de una mayor flexibilidad laboral como fórmula para crear empleo no son, sin embargo, nuevas. Joaquín Almunia, desde su puesto de ministro de Trabajo defendía, en una conferencia pronunciada en 1986 en el Club Siglo XXI, la flexibilidad laboral «en su sentido más amplio» como fórmula para atajar el paro. Una organización más flexible del trabajo y una individualización de los salarios serían, a juicio del ex-ministro, las recetas que favorecerían la creación de empleo 3.Veinte años después se sigue repitiendo el mismo discurso. Pedro Nueno, director del estudio financiado por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil, dependiente del ministerio de Ciencia y Tecnología, destacaba en la presentación del avance del Libro Blanco de la automoción (noviembre de 2002), la necesidad de la flexibilidad al tratarse de un sector «enormemente competitivo». La ambigüedad que impregna el significado del término flexibilidad hace que el mismo sea polivalente y pueda ser utilizado para referirse a una variedad de actuaciones propias de los sistemas de producción, a la forma en que se organiza la misma o a la definición de las relaciones laborales entre «Como sobrevivir en la automoción». Diario de Navarra, 20 de septiembre de 2005, p. 17. Diario de Navarra, 16 de febrero de 2006, p. 24. 3 «Joaquín Almunia aboga por la flexibilidad laboral para crear empleo». El País, 7 de febrero de 1986, p. 46. 1 2
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la mano de obra y la empresa. En el mismo Seminario en el que tenía lugar la presentación del avance del Libro Blanco de la automoción, José M.ª Alvárez, secretario general de UGT de Cataluña se mostraba favorable a las medidas de flexibilidad, si bien destacaba que deben implantarse «con negociación y dentro de un compromiso de futuro de las empresas». Protestaba de esta manera contra el traslado de producción de la planta de Seat en Martorell a Bratislava. No compartía esta opinión Andreas Schleef, presidente de Seat, para quien la falta de flexibilidad de Martorell era el único motivo de traslado de la producción. «La legislación laboral española es restrictiva y tiene un exceso de regulaciones», añadía 4. Otras veces las llamadas a la flexibilidad vienen de «comités de expertos» como el creado para evaluar la situación del mercado laboral y los efectos de las reformas anteriores. Se reclama diálogo social que se centre en «identificar fórmulas que sirvan para aumentar la flexibilidad» 5. Más explícito, sin embargo, parece ser Julio Pomés, director de Institución Futuro 6 cuando al referirse a las posturas encontradas entre dirección y sindicatos en la negociación del Quinto Convenio Colectivo de Volkswagen- Navarra, advertía acerca de lo sucedido en la cercana planta que Mercedes tiene en Vitoria, donde «las posturas radicales de uno de los sindicatos reventaron el acuerdo y comprometieron el futuro de la empresa». Concluía su artículo señalando que por el bien de Navarra es capital que los negociadores «procedan con prudencia, cautela e inteligencia. El horno no está para bollos» 7. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el estancamiento en la producción de vehículos que se viene observando a partir de 2004 se debe, sobre todo, al mal comportamiento de las ventas al exterior que cayeron en conjunto un 0,6%. Este pobre resultado obedece principalmente a la debilidad de la demanda en la Unión Europea a la que se destina el 88% de las exportaciones. Ante la contundencia de estos datos, se viene reclamando con insistencia desde los agentes sociales mayor esfuerzo comercial, en el caso de SEAT, o disponer de departamento propio de I+D, en el caso de Volkswagen Navarra. El caso de la planta Navarra es paradigmático. A pesar de los acuerdos de flexibilidad firmados en diciembre de 2002 que redujeron la jornada y el salario en un 5% en 2003 y en un 10% en 2004, y a pesar de la bolsa variable de días a 4 Sobre las declaraciones efectuadas en la presentación del avance del Libro Blanco para la automoción puede consultarse la edición digital de El Mundo Motor, 25 de noviembre de 2002. 5 Declaraciones de Federico Durán, uno de los autores del informe. Diario de Navarra, edición digital del 1 de febrero de 2005. 6 Institución Futuro se autodefine como un Think-Tank de carácter socio-económico con misión polivalente: foro de pensamiento estratégico, centro de inteligencia compartida, observatorio de grandes tendencias de futuro, catalizador de ideas y acción. Ver http://www.institucionfuturo.org 7 «La encrucijada de Volkswagen». Diario de Navarra, 26 de agosto de 2005, p. 15.
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disposición de la empresa en las que no se trabajó por falta de pedidos (se llegaron a acumular hasta 34 días a favor de la empresa), la caída de las ventas del modelo Polo, único que se fabrica en Landaben, ha sido imparable. Es el precio de la flexibilidad (Muez, 2006) o, más bien, la paradoja de la flexibilidad. A pesar del descenso de sueldos y jornada, Landaben no se recupera. No es de extrañar, por tanto, que las llamadas a la flexibilidad tengan diferente acogida según escuchemos al que la propone como salida al exceso de capacidad o al que padece los efectos más negativos de la misma en forma de reducción de salario, intensificación de tareas, dificultad en la conciliación de la vida laboral y familiar, precariedad en el empleo, etc. En el siguiente epígrafe se amplían los argumentos de ambas partes.
1.2.
PRODUCCIÓN FLEXIBLE: LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
La aparición y desarrollo de las nuevas formas de organización del trabajo es un proceso complejo en el que interviene una variedad de factores mutuamente relacionados entre sí: la competitividad de los mercados, la demanda de productos exclusivos, diferenciados y diferenciadores, las rápidas transformaciones en los productos, las nuevas tecnologías, etc. Estos factores, junto a la rápida propagación de los modos de producción japoneses serían los elementos que han conformado unos modos de producción en una dirección muy similar para el conjunto de la industria (Muller, 2001), si bien con matices y resultados diferentes en función de la adaptación realizada por cada país (Fairis y Tohyama, 2002).
1.2.1.
Transformación de los mercados y cambio tecnológico
De forma muy resumida, Atkinson (1985) se refiere a la confluencia de dos factores como elementos determinantes para la aparición de los nuevos modos de organización del trabajo: la transformación de los mercados y el profundo cambio tecnológico. Con relación a las transformaciones de los mercados puede decirse que, a partir del último tercio del siglo pasado, el modelo de producción masiva sustentado en la existencia de mercados grandes y homogéneos que demandan productos estandarizados para cuya fabricación se requiere la utilización de una mano de obra poco cualificada, entra en crisis (Boyer, 1989; Harvey, 1991). Las transformaciones sociales operadas a finales de los ochenta y comienzos de los noventa del pasado siglo dan paso a unos 24
mercados más competitivos e inestables, pero sobre todo más heterogéneos. La industria no sólo tiene que competir en precios, sino que, sobre todo, la competencia pasa por la calidad y la satisfacción de los distintos tipos de clientes. Hay que satisfacer los gustos del consumidor, erigido en sujeto protagonista que demanda un producto a su medida, diferente del resto y singular. En consecuencia, el sistema de producción en masa, centrado en un producto estandarizado y de amplio consumo —características del fordismo— comienza a ser sustituido por un sistema caracterizado por la búsqueda de la calidad, por una oferta determinada por la evolución de la demanda y por una gestión de la producción en planta en función de las demandas particulares. Todo lo cual exige nuevas estrategias de producción y de organización del trabajo. El otro factor que incide directamente en la aparición de modelos de producción flexibles está relacionado con el impresionante cambio tecnológico producido en los últimos años. La irrupción de la robótica y la facilidad de la tecnología microelectrónica para ser reprogramada permiten obtener una gran variedad de modelos con mayor potencial de responder a las exigencias específicas de cada cliente. La producción flexible se caracteriza por su adaptabilidad a las condiciones del mercado gracias a la producción simultánea en una misma cadena de modelos distintos adaptados a las demandas específicas de cada cliente. Se necesitan por tanto, trabajadores capaces de adaptarse a las exigencias de las nuevas tecnologías, altamente cualificados, al tiempo que responsables de una más amplia y compleja gama de tareas que las requeridas en un modelo fordista de producción (Atkinson, 1985, p. 9). De acuerdo con los teóricos de las nuevas formas de organización de la producción, flexibilidad significa ahorro de costes, aprovechamiento de capacidades, mejoras en la calidad del producto, satisfacción de los trabajadores, autonomía para el trabajador, abandono de las tareas monótonas y repetitivas propias de la cadena fordista, además de mayor posibilidad de realización personal. El término flexible goza, además, de una favorable disposición en nuestra cultura, que prefiere en abstracto la flexibilidad a la rigidez. Sin embargo, junto a este discurso o, mejor dicho, frente a este discurso, se encuentra también una fructífera corriente de pensamiento muy crítica con los efectos que sobre las condiciones del trabajo producen los métodos flexibles de organización de la producción. La existencia de una relación dialéctica entre renovación tecnológica y cambios en la organización del trabajo implica reconocer, igualmente, una relación dual entre medidas de flexibilización y condiciones laborales de los trabajadores con efectos tanto sobre las condiciones de trabajo como sobre las relaciones laborales (Alonso, 1999; Castillo, 2005). 25
1.2.2.
El management by stress
La introducción de los métodos de producción flexible en la industria ha tenido consecuencias radicales, en primer lugar, en el cambio de las condiciones de trabajo, lo que ha provocado, primero escepticismo, después recelos y, finalmente, ácidas críticas desde el lado de las organizaciones sindicales y de los trabajadores en general (Valdés Dal-Re, 1999; Castillo, 1999; Boyer y Freyssener, 2001; Boltanski y Chiapello, 2002; Castillo, 2005; Sennett, 2006). La organización del trabajo basada en la producción flexible ha incrementado de forma notable la responsabilidad individual de cada puesto de trabajo debido, por un lado, al aumento de tareas asignadas a un puesto de trabajo y, por otra parte, a los ritmos de trabajo que llegan a alcanzar niveles de «máximos técnicos» (Blanco y Soto, 2001, p. 15). A las tareas directas de producción, vienen a añadirse otras indirectas como las de preparación de máquinas o programación y regulación del flujo de trabajo. La combinación de nuevas tecnologías y nuevos métodos de organización producen aumentos en la intensidad de trabajo, es decir, mayor ritmo de trabajo, reducción de los tiempos muertos, aumento de las lesiones musculares y aumento también de la atención específica continuada que requieren las tareas propias de mantenimiento general del puesto de trabajo. Es lo que Parker y Slaughter (1988) denominan «management by stress» cuando denuncian la presión constante y agobiante que el sistema ejerce sobre los trabajadores como consecuencia del control mutuo que se ejerce en los grupos de trabajo, la cuasi obligación de presentar sugerencias, los premios a la productividad, la eliminación sistemática de tiempos muertos, la consideración de los sábados como jornada industrial, etc. Todo esto, unido a la incertidumbre y variabilidad en la determinación de jornada, dificulta una vida familiar ordenada y planificada y crea una sensación de aceleración y presión continua con graves consecuencias sobre la salud de los trabajadores (Sandoval, 2003), que llegan incluso al suicidio, caso de Reanult, por la dureza de las condiciones de trabajo 8. No resultan ajenos a este modelo de gestión los altos índices de siniestralidad laboral registrados históricamente en España, así como tampoco el elevado absentismo laboral instalado en algunos sectores industriales. Al comentar el alarmante incremento de la siniestralidad laboral registrado en Navarra en los últimos años noventa, Mariano Gallo, director gerente del Instituto Navarro de Salud Laboral señalaba que «en primer lugar, se debe a las nuevas formas de contratación, al incremento de los contratos 8 En el lapso de tan sólo cuatro meses, octubre de 2006-febrero de 2007, tres trabajadores del centro de ingeniería que el grupo automovilístico Renault tiene en Guyancourt (suburbio del suroeste de París) se quitaron la vida por la excesiva presión en el trabajo. Ver Le Monde, 4 de marzo de 2007. También El País, 19 de marzo de 2007, p. 96.
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temporales y a la exigencia de una mayor plurifuncionalidad en el trabajador», lo que origina un mayor riesgo cuya primera consecuencia es el incremento del absentismo laboral. 9 No lo ven de esta manera los representantes de las mutuas de trabajo que acusaron a los médicos del sistema público de dar las bajas con demasiada facilidad a los trabajadores de las empresas navarras. Para el responsable de recursos humanos de Volkswagen-Navarra el problema es que hay «médicos que son demasiado fáciles». En este rifi-rafe dialéctico, los sindicatos recordaron a la dirección que muchos trabajadores «no cogen la baja por miedo a que su contrato no sea renovado, a ser despedidos o a no poder promocionar en la empresa porque les amenazan con medidas de presión» 10. Pero además, en segundo lugar, los modelos flexibles de organización del trabajo exigen un marco de relaciones laborales totalmente nuevo y diferente al que ha regido las relaciones entre empresas y trabajadores a partir de la Segunda Guerra Mundial y que, mediante diversas fórmulas de pacto social, posibilitó la más importante época de crecimiento económico consolidando el modelo de Estado de Bienestar patrimonio de la mayor parte de las economías europeas. En función de ese pacto no escrito, los trabajadores podían esperar un empleo estable a tiempo completo, con una tupida red de protección social. A cambio, la empresa contaba con la colaboración leal de los sindicatos y con un elevado nivel de paz social interna. La aparición de los nuevos modos de organización de la producción quiebra del esquema anterior. La ruptura del pacto produce un cambio de perspectiva sobre la responsabilidad de la empresa con relación al empleo, al tiempo que se debilita el modelo de negociación colectiva y la influencia de las organizaciones sindicales ya que el sistema de modelos flexibles se basa en la existencia de trabajadores «núcleo» y «periféricos» (Atkinson, 1987, pp. 93 y 94). Mientras que los trabajadores núcleo tendrán contrato estable, posibilidades de promoción y cualificación, estarán sindicados y gozarán de las ventajas de la negociación colectiva, los trabajadores periféricos pertenecerán a empresas suministradoras, tendrán contratos inestables, carentes de una línea constructora de un itinerario profesional, con menor poder de negociación colectiva. Incluso, todavía puede ser peor, podrán pertenecer a empresas situadas en zonas no sindicalizadas, tan características de las zonas francas. En muchas ocasiones lo que antes se hacía en la fábrica, ahora se hace fuera, o tal vez dentro, pero por trabajadores que no pertenecen a la plantilla, con menor salario, sin capacidad negociadora, con menor formación y mayor riesgo de siniestralidad. De esta manera se pueden visualizar diferentes niveles salariales y de condiciones de trabajo a lo 9 «No es tiempo de excusas; las empresas deben cumplir ya con la normativa de salud laboral». Diario de Noticias, 5 de septiembre de 1999, p. 14. 10 Diario de Navarra, 20 de mayo de 2005, p. 32, y Diario de Noticias, 20 de mayo de 2005, p. 42.
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largo del ciclo del producto a través de una cadena de montaje descentralizada y dispersa 11. Todo lo cual lleva a incrementar las diferencias en las condiciones de vida y de trabajo de los distintos fragmentos de la clase (Lacalle, 2006) y a expulsar de los logros obtenidos a los grupos marginales más débiles. Es el gobierno del centro sobre una periferia cada vez más distante y menos identificada con el proyecto empresarial. Como se nos recuerda desde la sociología (Sennett, 2006), cuanto mayor es la distancia, es decir, cuanto menos se siente la conexión entre ambos polos, mayor es la desigualdad social entre ellos. Es el lado oscuro de la producción flexible (Bennett, 1997). Esta fragmentación y dualización de la clase trabajadora significa, no sólo intereses diferenciados y a veces contrapuestos, sino desideologización, destrucción del ideario sindical y de la conciencia colectiva (Recio, 2001; Alonso, 1999; Castillo, 2005). Las nuevas formas de organización del trabajo dibujan, pues, unos elementos que suponen una importante mutación en la estructura de la empresa capitalista, particularmente de la gran empresa, con importantes consecuencias sociales que rompen el monismo en las relaciones laborales, en las estructuras salariales y en los sistemas de organización del trabajo (Boltanski y Chiapello, 2002). En pocos años se ha pasado de la estabilidad como norma a la flexibilidad precarizadora, lo que sin duda va a tener, está teniendo ya, importantes efectos sobre nuestras vidas. Junto a una economía extraordinariamente dinámica, flexible y productiva vive una sociedad inestable y frágil con una creciente inseguridad individual, llena de individuos con vidas rotas. Es lo que Beck (1998) define como brasileñización de Occidente, es decir, la irrupción de lo precario, lo discontinuo, lo impreciso y lo informal. La ruptura de la norma social de empleo nos coloca a las puertas de la sociedad de riesgo mundial, amenaza de la que nuevamente nos advierte Beck (2000), y que puede desencadenar en una serie de hechos de imprevisibles consecuencias. 1.2.3.
Los equipos de trabajo
Tampoco escapan a las críticas los efectos de la implantación, de manera casi generalizada en la industria del automóvil, de los equipos de trabajo, presentados como pieza fundamental para asegurar la supervivencia en un entorno más competitivo y complejo. A los equipos de trabajo se les atribuyen virtudes como la autonomía para la organización de tareas de que gozan los mismos o la necesidad de establecer estrategias de colaboración 11 Expresión que utilizan Castillo y López (2003) y Castillo (2005) cuando se refieren al entramado del sistema de entregas JIT que monta el automóvil POLO en la planta de Volkswagen de Pamplona.
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en las relaciones industriales entre empresa y trabajador. Su origen se remonta a la firma japonesa Toyota que sorprendió a los fabricantes de automóviles estadounidenses que se preguntaban cómo los perdedores de la Segunda Guerra Mundial podían lograr semejantes niveles de productividad con costes laborales inferiores al 25%. «Si queremos competir con los japoneses, tenemos que trabajar en igualdad de condiciones, utilizando el concepto de equipo de trabajo para optimizar nuestra producción», afirmaba a comienzos de los ochenta Ernest Schaefer, director de una planta de GM tras el regreso de un viaje por Japón 12. Estas intenciones se convirtieron en realidad con la ejecución del proyecto Saturno con el objeto de diseñar, fabricar y comercializar vehículos que pudieran competir en calidad, seguridad y precio con los coches japoneses. Con la colaboración activa del sindicato mayoritario en GM, la Union Automotive Workers (UAW), se tomó el acuerdo de desarrollar una nueva planta para la construcción de coches de gama baja, donde la producción descansara en los equipos de trabajo y donde el sistema de jerarquías fuera sustituido por un sistema de jerarquías planas tanto como fuera posible. La organización el trabajo en la planta, así como la asignación de tareas es competencia del consenso del equipo. En función del tipo o secuencia de trabajo asignado al equipo, sus miembros, sus características, fortalezas y debilidades podrán ser diferentes. La rotación de puestos de trabajo y la asignación de tareas no productivas pueden diferir pero, básicamente, estarán sustentadas en la misma idea: el personal tiene autonomía para organizarse entre sí sin necesidad de reportar a las escalas superiores para su aprobación. La experiencia del proyecto Saturno se traslada a las plantas europeas de GM que, como se sabe, actúan bajo la marca Opel. Primero es la planta austriaca de Aspern, más tarde la planta de Eisenach en Alemania para, con posterioridad, extenderse a todas las plantas europeas. Es menos conocido, sin embargo, que en 1985 los empleados del proyecto Saturno aceptaron un acuerdo en virtud del cual, los puestos de trabajo carecían de clasificación y asignación de funciones, así como el hecho de que todos los miembros del sindicato renunciaban al derecho a volver a sus plantas de origen. También tuvieron que aceptar salarios inferiores hasta en un 20% a los contemplados en otras plantas de GM. Con el paso de los años, como afirma Cornette (1999, p.100), «las brillantes expectativas con las que nació Saturno se han tornado de color oscuro proyectando una imagen borrosa.» A pesar, pues, de la existencia de algunos estudios de caso que destacan la favorable acogida entre los trabajadores a los equipos de trabajo (Villanueva y Huerta, 1997) cuyos miembros «discuten activamente fuera del 12 Mann, Eric, «UAW Backs The Wrong Team», The Nation, February 14, 1984, p. 171. La cita está extraída de Neimark, M. (1992, p. 20).
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horario de trabajo problemas de productividad o de calidad» (p. 129), otros trabajos críticos destacan la acumulación de tareas, la improvisación con la que se instauran y la poca participación en las decisiones. Como recoge Neimark (1992): «Con la introducción de los equipos de trabajo se ha incrementado el control sobre los trabajadores. Cada tarea es especificada de forma estricta y a los trabajadores no se les permite desviarse de las especificaciones. La autonomía del trabajador, que supuestamente es una de las virtudes del grupo de trabajo, se convierte en un mito. La única autonomía de la que goza el grupo es la de decidir entre ellos cómo distribuir el trabajo extra asignado al grupo» 13.
Estudios de caso como el realizado por Castillo (1998) en la planta Renault de Valladolid ponen de manifiesto, asimismo, la mezcla de temor y convencimiento fatal que se extiende entre los trabajadores integrados en las Unidades Elementales de Trabajo (UET), equivalente a los equipos de trabajo, de que tras la introducción de las nuevas formas de organización de la producción «al final de las mejoras siempre hay un puesto de trabajo menos» (p. 66).
1.3.
CAMBIO DE PARADIGMA: EN LA INDUSTRIA Y EN LAS RELACIONES LABORALES
La incorporación de factores de flexibilidad en el proceso productivo ha incidido de forma significativa en las condiciones laborales. La acumulación de tareas en un mismo puesto de trabajo, la desregulación de la jornada de trabajo y la descolectivización de las vacaciones, la creciente percepción de inseguridad y provisionalidad en el empleo por la constante amenaza de la externalización de tareas y deslocalización de plantas son algunos de los efectos más negativos de esta creciente flexibilidad productiva. Más aún. El temor a la pérdida del puesto de trabajo ha modificado las coordenadas desde las que se realiza la negociación colectiva, pudiéndose hablar de cambio de paradigma. Ahora se negocia flexibilidad a cambio de compromisos de mantenimiento del empleo (Blanco y Soto, 2001), a la vez que en la mesa de negociación se exigen renuncias al mantenimiento del poder adquisitivo y recorte de prestaciones sociales bajo la amenaza de traslados de producción con el consiguiente cierre de plantas. La pugna mantenida a finales de 2005 entre la planta española de GM y la ubicada en la localidad polaca de Gliwice por la fabricación del modelo Meriva con13
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Transnationals Information Exchange´s General Motors Counter Annual Report, 1987.
cluyó con la adjudicación del modelo a la planta española, no sin antes haber aceptado incrementos salariales inferiores en un punto al IPC para 2008, 2009 y 2010. Tras la firma del acuerdo, que no contó con el apoyo de la minoritaria CGT, el presidente del gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, agradeció el apoyo de la marca a la región: «En Aragón, General Mortors está en su casa» 14. El caso de la planta de Figueruelas no es una excepción, sino que responde a una clara consigna. Fernández de Sevilla, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) lo dijo de forma elocuente: en la situación actual la única solución es trabajar más y cobrar menos 15. Con estos ingredientes, los efectos de los modos de producción flexible están abriendo una importante brecha dentro de las organizaciones sindicales obligadas a posicionarse ante los efectos de las prácticas de trabajo flexible. Creagh y Brewster (1998) documentan las tensiones que se generaron entre las federaciones sindicales de ámbito regional y la central sindical estatal tras la adquisición de la italiana Zanussi por la multinacional Electrolux que, ya tenía pactado con los sindicatos de ámbito estatal determinadas prácticas de trabajo flexible. Creagh y Brewster (1998) documentan también el fuerte debate y confrontación vivido en el seno de los sindicatos europeos agrupados en el Consejo Europeo de Trabajadores cuando en 1997 quedó claro que más de una planta de Electrolux tendría que cerrar como consecuencia del proceso de reestructuración interno. Sindicatos y patronal italianos unieron sus fuerzas frente al resto de sindicatos europeos para salvaguardar el empleo de las plantas italianas. Con no menor tensión se vivieron las declaraciones efectuadas por el presidente del comité de Seat Matías Carnero (UGT) cuando, en agosto de 2005, insinuaba el posible cierre de la planta de Volkswagen-Navarra como salida a la crisis de producción de Seat y del grupo Volkswagen en general. Desde el comité de empresa de Volkswagen-Navarra, su presidente Jesús Sánchez Bruna, también de UGT, achacó estas declaraciones a un intento de «tapar las miserias» del comité de Seat 16.
14 «General Motors opta por Figueruelas y asegura carga de trabajo para diez años.» Diario de Noticias, 16 de febrero de 2006, p. 56. 15 «Nubarrones en la industria automovilística». El País Negocios, 25 de septiembre de 2005, p. 5. 16 Respondía de esta manera los acuerdos de flexibilidad pactados en SEAT que contemplan una bolsa de horas de hasta 30 días, insuficiente para amortiguar el descenso de producción de los modelos fabricados en la planta de Martorell. Ante la saturación de horas acumuladas (muchos trabajadores debían más de 30 días a la empresa), la dirección de SEAT pidió a la plantilla catalana la reducción de jornada que ya aplicaban las empresas alemanas del grupo y también la de VWNavarra desde 2003. En su propuesta, la dirección de SEAT proponía un recorte de jornada y salario de hasta el 15% para evitar el despido de 800 trabajadores (Ver Diario de Navarra, 17 de agosto de 2005, p. 17. También El País, 17 de agosto de 2005, p. 63)
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Pero aún hay más en medio de este sálvese quien pueda que se produce en el mundo del trabajo cada vez que se anuncian programas de reestructuración empresarial que contemplan la reducción de puestos de trabajo. Los sindicatos de las diferentes plantas parecen echar balones fuera con el argumento de que ellos ya han hecho los deberes y que, en todo caso, deberán ser las otras plantas las que soporten los despidos por reestructuración. Cuando el presidente del grupo Volkswagen anunció un plan para la reducción de 20.000 empleos en las plantas que producen modelos de la marca Volkswagen, faltó tiempo para que desde la planta de Seat en Barcelona los sindicatos declararan que «en Seat no hay despidos porque ya los ha habido», al tiempo que en Landaben, donde se fabrica el modelo Polo, se respiraba intranquilidad a pesar de los esfuerzos desplegados por el ministro de Industria, el catalán José Montilla, por salvaguardar a las plantas españolas. No estamos, sin embargo, ante un fenómeno nuevo. Neimark (1992) documenta varios episodios de whipsawing, es decir, enfrentamientos entre trabajadores de diferentes plantas, alentados por la propia compañía, al objeto de lograr rebajas salariales y renuncia a las mejoras sociales con la promesa de premios mediante la asignación de carga de trabajo para las plantas que mayores dosis de flexibilidad muestren. Los enfrentamientos entre trabajadores de diferentes plantas (whipsaving) aparecen con abundancia en el historial de Volkswagen. Cuando el presidente del grupo Volkswagen, Bernd Pischetsrieder aseguró al ministro de industria, José Montilla, que la continuidad de sus dos plantas en España (Barcelona y Navarra) estaba asegurada, no entregó un cheque en blanco. «El futuro no está en los costes laborales, sino en la flexibilidad y la productividad.» Otras veces el mensaje se transmite de forma más sutil. Javier Ayesa, presidente de los empresarios navarros (CEN), ante la tardanza en firmar el Quinto Convenio Colectivo de Volkswagen-Navarra, demandó a los sindicatos una plataforma que se acerque más a lo que precisa la empresa, porque es necesario aceptar más flexibilidad para lograr una mayor productividad, ya que «de lo contrario, la multinacional acabará apostando por una deslocalización en el futuro» 17. Los medios de comunicación tampoco permanecen ni ajenos ni neutrales en este conflicto. En alguna ocasión han utilizado todo el ancho de la página para informar de la pérdida de recursos que se producirían en las arcas públicas si Volkswagen dejara de producir coches como consecuencia de los paros promovidos por las centrales sindicales de la planta. La presión es, pues, constante y desde todos los frentes. El lanzamiento del modelo Polo A04 en la planta Navarra fue condicionado al logro de la «paz social» o, de lo contrario, la planta de Bratislava se llevaría en solitario el lanzamiento del nuevo modelo. Desde el diario 17 Ayesa insta a UGT y CCOO a retomar la unidad sindical en pro del diálogo social. Diario de Noticias, 16 de febrero de 2006, p. 42.
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más vendido de la región, se editorializaba con los elocuentes títulos de «responsabilidad sindical» y «sentido común», urgiendo a la rápida firma de la propuesta empresarial, rechazada por los trabajadores en referéndum, previa al Cuarto Convenio Colectivo 2000-2004 18. Seis años después, en las largas y tensas negociaciones llevadas a cabo con motivo de la firma del Quinto Convenio Colectivo, se volvieron a repetir los esquemas, los argumentos, las llamadas a la «responsabilidad sindical» y las amenazas, entrando en escena el Gobierno de la Comunidad Foral para «asegurar» que «el riesgo de cierre de VW-Navarra es evidente» 19. Ante este panorama, ciertamente complejo, no es extraño que desde diversos enfoques, especialmente desde la sociología del trabajo (Castillo, 1998, Sarriés, 2001, 2003; Alonso, 2001; Suso y Zubero, 2002), se hagan preguntas acerca del futuro del sindicalismo o, si se prefiere, acerca del sindicalismo del futuro. Las nuevas tendencias sociales y productivas provocan la disgregación del colectivo asalariado, por lo que el modelo tradicional de negociación entra en crisis. El modelo sindical que practicaba moderación salarial y paz social por pleno empleo y cobertura social cede el paso a un nuevo paradigma caracterizado por el binomio flexibilidad a cambio de empleo e individualización de las relaciones laborales. La segmentación de las relaciones laborales con la aparición de colectivos sociales escasamente representados e incapaces de imponer cualquiera de sus reivindicaciones, coloca a los sindicatos de clase en una encrucijada. Como apunta el sociólogo Alonso: «Los sindicatos de clase… o bien se cierran definitivamente en una estrategia abiertamente corporativista que acepte disciplinada y disciplinariamente el papel de contractualizador seguro del precio, la gobernabilidad y las prestaciones del “núcleo duro” de la fuerza de trabajo, subordinando todos los demás intereses de colectivos excluidos a los de la concertación principal; o bien, esta subordinación de intereses es cambiada por la articulación de intereses —la construcción política— de los diferentes colectivos subordinados, pasando el sindicato de sustentar una representatividad y una legitimidad esencialista y estrecha, a una representatividad amplia, articulada políticamente de una manera muy estrecha con las acciones de otros movimientos sociales» (Alonso, 1991, p. 416).
El conflicto que durante el otoño de 2005 y primeros meses de 2006 enfrentó a los trabajadores de la planta de Volkswagen de Pamplona con la dirección de la empresa puede que no sea sino uno más de los múltiples episodios propios de las nuevas relaciones laborales que tratan de establecer las grandes empresas que cuentan con inversiones y plantas de proEditoriales de Diario de Navarra de 4 y 5 de julio de 2001, pp. 22 y 21, respectivamente. Con esa noticia abría portada Diario de Navarra, 4 de abril de 2006. Ver también Diario de Noticias, 4 de abril de 2006, p. 36. 18 19
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ducción distribuidas entre diferentes países. Las advertencias efectuadas desde la dirección de la planta navarra para una rápida firma del convenio colectivo con la amenaza de planificar la fabricación del sucesor del Polo en otras plantas sugiere una relectura de los efectos de la globalización. La globalización también afecta, y mucho, a la negociación colectiva. La bandera de la globalización es la libertad de movimientos de capitales y la inmediatez en la transmisión de la información. Sin embargo, la facilidad con la que se mueven los flujos de capitales no se hace extensiva a la mano de obra que arriesga a diario la vida para trasladarse a un mundo con mayores oportunidades. Quizá por esta razón pudiera pensarse que la globalización no ha llegado al mercado del trabajo. Sin embargo, como afirma Unceta (2006): «Nada más lejos de la realidad, porque más allá de algunas actividades fuertemente unidas al territorio (agricultura, servicios personales) en otras muchas ocasiones es el capital el que va en busca de la mano de obra, sin necesidad de que ésta se mueva de donde se encuentra. Y así, numerosas grandes empresas escudriñan nuevos emplazamientos en los que los costes laborales sean menores, o utilizan la amenaza de trasladarse a otros lugares como estrategia para lograr acuerdos más favorables para ellas en la negociación colectiva. De esta manera, las condiciones laborales existentes en algunas plantas de producción acaban determinando las de las demás, en lo que constituye la mejor expresión de ese mercado de trabajo global que, de hecho, viene lentamente conformándose durante los últimos años».
El sindicalismo del futuro tendrá que aprender a moverse en unos nuevos territorios caracterizados por una dinámica industrial imparable, ante la cual, deberán actuar de forma activa aportando las garantías sociales necesarias, anticipándose al propio proceso de innovación, a su diseño y desarrollo 20 (Castillo, 1998, 1999; Blanco y Soto, 2001). Al hilo de las transformaciones industriales operadas en nuestro país, la clase obrera en España ha sufrido una radical transformación interna en los últimos 30 años cuya manifestación más evidente es la sustitución del obrero fordista por el trabajador inseguro y precario. Ante este panorama, Lacalle (2006) advierte de la tendencia al corporativismo de los afiliados pertenecientes al núcleo que no se identifican con los periféricos, de la pérdida progresiva de derechos o del vaciado de contenidos de los que restan en vigor «por la disminución del peso específico dentro del conjunto de los asalariados de los comAunque sociólogos como Sarriés (2001), al analizar la pluralidad sindical de la planta de Volkswagen en Landaben y de Navarra su conjunto, ven como única salida un sindicalismo «puro, no lastrado por cargas ideológicas. Al fin y al cabo, hace ya tiempo que los trabajadores abandonaron todos los cuarteles donde se almacenaban las estériles armas de las confrontaciones ideológicas y políticas» (Sarriés, 2001, p. 131). 20
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ponentes de clase obrera tradicional» (Lacalle, 2006, p. 201). Desde el ámbito sindical, la prioridad por salvar el puesto de trabajo y de plantear soluciones colectivas ha generado propuestas innovadoras de repartos solidarios de producción entre las distintas plantas como la formulada desde la fábrica navarra de Volkswagen en el seno del Comité Europeo, de escaso alcance, dado el enorme peso en dicho Comité del poderoso sindicato alemán IG Metall. Pero al mismo tiempo, desde el ámbito empresarial se lanzan mensajes que rompen el modelo de negociación colectiva al que estamos acostumbrados, al no dar por válidos los acuerdos alcanzados y plasmados en convenio colectivo. José de los Mozos, consejero director de Nissan Motor Ibérica, uno de los cost killer más reputados, declaraba que «los sindicatos deben entender que el mundo evoluciona muy rápido, y que los convenios colectivos pactados hace dos años no sirven» 21. En el momento presente estamos asistiendo a profundas transformaciones sociales que, sin duda, afectan también a las relaciones industriales como de forma magistral recogen Boltanski y Chiapello (2002) en su ensayo sobre el nuevo espíritu del capitalismo surgido tras la desaparición del taylorismo y del fordismo. El nuevo espíritu está formado por ese conjunto de creencias asociadas al orden capitalista que contribuyen a justificar dicho orden y a mantener, legitimándolos, los modos de acción y las estrategias que son coherentes con él. Para Boltanski y Chiapello (2002), uno de los ejes principales de la nueva estrategia de las empresas ha sido propiciar la aceptación social de un crecimiento importante de la flexibilidad, que, permite trasladar sobre los asalariados, así como sobre los subcontratistas «el peso de la incertidumbre del mercado» (Boltanski y Chiapello, 2002, p. 300). Sin embargo, el posfordismo está lleno de agujeros negros que provocan crecientes desigualdades sociales cuyos costes se concentran en grupos humanos especialmente precarizados (jóvenes, mujeres, prejubilados, trabajadores sin formación). La situación actual es heredera del pasado y de un edificio ideológico construido en épocas anteriores. Por esta razón, se hace necesario dotarse de una perspectiva histórica que permita enfocar el presente como parte de un continuo que conecte el pasado con el futuro. En el siguiente capítulo se examina de forma crítica el marco teórico que ha dominado el estudio de las formas de organización del trabajo y el cambio en las organizaciones hacia los nuevos modos de producción flexible: la teoría de los costes de transacción.
21 «Los fabricantes de automóviles no van a traer I+D a España». El País, 10 de abril de 2006, p. 75.
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CAPÍTULO
2
LA TEORÍA DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN Y EL CAMBIO ORGANIZATIVO
2.1.
INTRODUCCIÓN
La teoría económica neoclásica concibe la empresa como la unidad básica de producción que combina un conjunto de factores productivos o inputs para obtener un output. Esta idea ha dado pie a definiciones de empresa donde se destaca su función de producción, pero que no analizan el interior de la «caja negra». Los neoclásicos conciben la empresa como «una unidad económica que combina distintos factores, en unas cantidades determinadas, para la producción de bienes y servicios con el ánimo de alcanzar unos objetivos definidos» (Bueno Campos et al., 1989, p. 22). Es decir, mediante la venta de productos o la prestación de servicios la empresa obtiene recursos que utiliza para la adquisición de nuevos inputs pudiendo dedicar el excedente a reforzar su estructura productiva mediante procesos de reinversión, o bien a retribuir a los suministradores de fondos, intereses a los acreedores y dividendos a sus propietarios, que de esta manera podrán adquirir nuevos bienes y servicios cerrando así el ciclo dinero —producción— dinero. Más que de una teoría de la empresa, se trata de una teoría de la producción que muestra sus limitaciones a la hora de responder a cuestiones tan simples como por qué existen empresas o por qué existen mercados. Los fundamentos de la teoría neoclásica comienzan a cuestionarse cuando entran en escena elementos tales como la incertidumbre, las asimetrías en la información o los comportamientos oportunistas (racionalidad limitada del comportamiento humano) de los agentes que provocan «fallos» en el mercado. La toma en consideración de estos elementos es aprovechada 36
por Williamson (1975) para rebatir a los neoclásicos y exponer su teoría acerca de la existencia de mercados y empresas. Así pues, frente al modelo de empresa neoclásico que postula la existencia de mecanismos de coordinación basados en el mercado (la mano invisible) y en la información aportada por el sistema de precios (competencia perfecta y comportamiento racional de los agentes), se han desarrollado otros modelos teóricos que tratan de explicar la existencia de modelos contractuales alternativos en la coordinación de los intercambios y que penetran dentro de la empresa para explicar la existencia de la misma y los procesos de integración vertical u horizontal. Desde la asunción de sus premisas, se han introducido importantes cambios organizativos que han transformado de forma radical la organización del trabajo, las relaciones con los proveedores y las mismas relaciones laborales en el seno de la empresa. El presente capítulo expone, en primer lugar y de forma breve, los fundamentos teóricos de la economía de los costes de transacción para, posteriormente, ofrecer una visión crítica de este enfoque.
2.2.
LA TEORÍA DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN: FUNDAMENTOS
La economía de los costes de transacción considera a la empresa no tanto como una unidad de producción, sino como una estructura de gobierno de la actividad económica dotada de una jerarquía como mecanismo de coordinación de transacciones. La economía de los costes de transacción sostiene que los costes de producción no son la única fuente de consumo de recursos, sino que el modelo elegido para realizar las transacciones de bienes y servicios lleva aparejado un coste —coste de transacción— relacionado básicamente con el acceso a la información y a la posibilidad de comportamientos oportunistas. Fue Coase (1937), en un trabajo que constituye todo un clásico, el primero que reflexionó sobre esta cuestión. Para Coase (1937), la realización de transacciones lleva aparejado unos costes —los costes de transacción— que dependen de la naturaleza de la transacción y del mecanismo utilizado para la coordinación de la misma, mercado o empresa. En un intento de simplificar, puede decirse que los costes de transacción están constituidos por todos aquéllos asociados a actividades de la empresa y que no forman parte de los costes de producción ni de transporte, sino que están relacionados con la estructura organizativa de las actividades. Williamson (1985) enuncia una serie de ejemplos entre los que cabe citar los costes de redacción, negociación y salvaguarda del acuerdo (ex ante), y los costos de mala adaptación, de regateo, o de establecimiento y adminis37
tración asociados a las estructuras de gobernación (ex post). En una economía de mercado, es lo que cuesta asignar recursos y transferir derechos para utilizar determinados bienes. Pero la organización interna de la actividad en la empresa también incurre en costes de transacción debidos, entre otros, a factores como los rendimientos decrecientes de la gestión o variaciones en el precio de los factores. De acuerdo con Coase (1937) una organización integrará aquellas transacciones cuyo coste de organización interna sea inferior al coste de la organización en el mercado. Esto quiere decir que el empresario «puede conseguir sus factores de producción a un precio inferior al que lograría en el mercado» (p. 392), razón por la que Coase concibe dos formas alternativas de organizar la producción: el mercado y la empresa. El mecanismo de gobierno elegido en cada caso depende de la capacidad de cada uno de ellos para minimizar los costes de transacción. La TCT investiga las razones que mueven a las empresas a participar o abandonar alguna de las etapas o actividades del proceso productivo que se pueden realizar bien en el mercado, a través del sistema de precios, bien en la empresa mediante la coordinación y el ejercicio de autoridad. La empresa crecerá en la medida en que internalice transacciones y reducirá su tamaño según las vaya abandonando. El planteamiento de Coase sobre las razones explicativas del tamaño de la empresa fue recuperado por Williamson (1975, 1980, 1985) para revisar los postulados neoclásicos de la economía de la empresa. Así, frente al planteamiento neoclásico que concibe la empresa como una función de producción, Williamson entiende la empresa como una estructura de gobierno cuyo objetivo es organizar transacciones (1985, p. 26). Ante el hecho empírico de que las transacciones se organizan de manera diferente, Williamson se pregunta sobre las razones que explican los factores responsables de las diferencias existentes entre las transacciones. Además de la incertidumbre (consecuencia de la información imperfecta de los agentes) y de la frecuencia de las transacciones, la especificidad de los activos es el elemento que convierte la transacción económica en la unidad básica del análisis. La economía de los costes de transacción presenta dos formas extremas de organizar las transacciones, en el mercado a través del sistema de precios, o en el seno de la empresa internalizando actividades. El criterio de elección dependerá de la capacidad de cada uno de los mecanismos para minimizar los costes de transacción asociados al intercambio, por lo que la comparación de los costes de transacción con el precio de mercado se configura como el criterio explicativo de los procesos de integración vertical u horizontal de las operaciones empresariales. La empresa se enfrenta, por lo tanto, a la disyuntiva de realizar una transacción en el mercado o internalizarla, estando la decisión condicionada por la comparación de los costes de coordinar las actividades productivas dentro de la empresa o 38
en el mercado, de manera que su resultado determinará el tamaño de la organización. En el mercado no existen relaciones de dependencia bilateral, por lo que los costes de vigilancia y supervisión (costes burocráticos) son menores que en la organización jerárquica o empresa. Por lo tanto, el mercado ofrece ventajas respecto a la empresa cuando el grado de especificidad de los activos es reducido (bienes o servicios de consumo masivo). Sin embargo, a medida que aumenta la especificidad de los activos, se requieren mayores niveles de coordinación entre las partes, incurriéndose en costes relativos más elevados, de forma que la organización jerárquica (empresa) presentará las ventajas que no ofrece el mercado. Junto a estas dos formas extremas —mercado y empresa— se localizan otras formas intermedias o híbridas como las franquicias, subcontratas, cooperación tecnológica, relaciones comerciales estables, que combinan relaciones de mercado modificadas con elementos de jerarquía (empresa) por un lado, mientras que por el otro se presentan estructuras jerárquicas a las que se han incorporado principios de mercado. Así pues, el objetivo de organizar transacciones es minimizar los costes de transacción, de forma que se maximice el beneficio. A tal fin, se proponen modelos organizativos que gestionen las transacciones condicionadas por la naturaleza de las mismas (incertidumbre, frecuencia y especificidad de los activos) y los límites impuestos por la racionalidad limitada del comportamiento humano y las actitudes oportunistas de los agentes. Para Williamson, la búsqueda de la eficiencia es la palanca sobre la que pivotan los cambios organizativos. Williamson utiliza la teoría de los costes de transacción para explicar los cambios estructurales en el seno de las organizaciones sobre la base de la eficiencia. A mayores costes de transacción, menos eficiente resulta la organización. El papel de las transacciones como elemento generador de coste fue abordado desde una perspectiva contable por Johnson y Kaplan (1987). En su conocida obra Relevance Lost, Johnson y Kaplan efectúan un repaso histórico de los sistemas de costes utilizados por las empresas americanas de la primera mitad del siglo pasado criticando la escasa validez de la mayoría de ellos por el hecho de no tener en cuenta los costes de transacción o «costes de la fábrica escondida» (p. 241). Con la eficiencia como eje central, abogan por el diseño de sistemas contables de gestión integrados en el marco organizativo de la empresa con el fin de alcanzar los objetivos empresariales de forma eficiente.
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2.3.
UNA VISIÓN CRÍTICA
A pesar de la rápida difusión de la teoría de los costes de transacción y de la aceptación general de sus aspectos más esenciales en los ámbitos de la microeconomía y de la teoría económica de la empresa, se trata de un enfoque no exento de algunas limitaciones. Una de las limitaciones del enfoque adoptado por la teoría de los costes de transacción está en el punto de partida. La empresa es vista como un remedio a los fallos del mercado. En este aspecto no se diferencia mucho del planteamiento de la economía neoclásica, donde la mejor institución es la que deje mayor libertad a los agentes que se guiarán por la racionalidad económica para maximizar los beneficios individuales. La «jerarquía» sólo se concibe cuando falla la primera opción, cuando no sirve el mercado. Williamson da por hecho que «en el principio había mercados» (1975, p. 37). Pero la empresa no es vista como entidad social con dinámica propia (la empresa es una estructura de contratos), sino como algo que surge como jerarquía, aglutinante de un agregado de individuos, a los que no se ve como un sistema social. El ideal del bien común no aparece en ningún momento de esta teoría, despojada de cualquier elemento cultural y de entorno. Y, precisamente, el punto central de las nuevas tendencias institucionalistas de la teoría económica y de la nueva concepción de la empresa está impregnado de valores de ética, de partícipes (stakeholders) con intereses específicos y de cultura de empresa integrada en la sociedad de la que toma los recursos. En las líneas que vienen a continuación se efectúa un análisis crítico de los planteamientos centrales de la teoría de los costes de transacción a partir del esquema adoptado por Tinker y Neimark (1990). En primer lugar, y con mayor extensión, se analiza el criterio de eficiencia para, seguidamente, discutir la pretendida neutralidad de la teoría, el énfasis en la reciprocidad de los contratos, el elemento de comportamiento humano, finalizando el análisis con unas notas sobre poder e intervención en la redacción de los contratos. 2.3.1.
Criterio de eficiencia
La teoría de los costes de transacción presenta la eficiencia como el único criterio para gobernar las organizaciones empresariales obviando la posible conflictividad social. Al contrario que los neoclásicos, que atribuyen las diferencias en eficiencia a la tecnología, Williamson atribuye las diferencias en eficiencia a los costes de transacción. Aunque en la literatura más clásica sobre economía de los costes de transacción no es fácil encontrar definiciones del término eficiencia, Williamson (1980) presenta hasta once criterios de eficiencia agrupados en tres categorías: economías de flujos de 40
producto, asignación de atributos e incentivos. En la explicación de estas tres categorías, Williamson presenta los ahorros en transporte (transportation expense), la gestión de inventarios (buffer inventories), la asignación de trabajadores a los puestos que mejor se adapten a sus cualidades profesionales (station assignments), la intensidad del trabajo (work intensity) o la asunción de responsabilidades en el puesto de trabajo (local shock responsiveness) como criterios que deberá perseguir una firma eficiente. Se deberán favorecer aquellos procedimientos que se adapten fácilmente a las cambiantes circunstancias del mercado y que introduzcan mejoras en los sistemas sin que por ello sea necesario la renegociación de contratos (Williamson, 1980, p. 23). Sin embargo, la evidencia nos muestra que a las organizaciones empresariales que más se han aplicado en llevar a la práctica algunos de los elementos arriba descritos —y la industria del automóvil es un buen ejemplo— , les resulta difícil separar la búsqueda de la eficiencia mediante la introducción de innovaciones organizativas del recelo de los trabajadores, cuando no con la conflictividad laboral. En aras a la eficiencia se diseñan las nuevas formas de organización del trabajo, algunos de cuyos efectos (intensificación de tareas, mayor responsabilidad para el trabajador, reducción de tiempos muertos, enfrentamiento entre trabajadores de diferentes plantas) son probada fuente de conflictos. En este escenario, no es casual la acuñación de expresiones como management by stress (Parker y Slaughter, 1988) al destapar las consecuencias de una gestión regida únicamente por parámetros de eficiencia ignorando la presión constante y agobiante que ejerce el sistema sobre los trabajadores. Vista desde esta perspectiva, la teoría de los costes de transacción confunde las ganancias debidas al incremento del esfuerzo y al mayor control sobre los trabajadores con las que se deben a mejoras en la eficiencia (Hopper y Armstrong, 1991). La sobrevaloración de la eficiencia se aprecia también en la diferente manera con que se puede abordar el análisis de una cuenta de resultados. La cifra del resultado se toma como el supremo indicador de la eficiencia de una entidad. No se ve incompatibilidad entre la búsqueda del beneficio y los intereses de trabajadores, clientes o sociedad en general. Williamson (1980) critica la eficacia de los modos de producción que potencian la participación de los trabajadores. Aprovechando los resultados del estudio que Gunzberg (1978) llevó a cabo tras los cambios en los modos de producción de la industria sueca que potenciaron la participación de los trabajadores, Williamson señala que «a pesar de que estos cambios pueden producir ganancias psicológicas, no añaden valor a los bienes y servicios pudiendo, por el contrario, incrementar su coste» (p. 35). Quedan claras, pues, las prioridades, lealtades y sesgos en este enfoque. Las innovaciones que incorporan valor a los bienes y servicios (medidos a precios de mercado) tienen prioridad sobre las ganancias que no están intermediadas por el mercado. 41
Ahora bien, ¿puede afirmarse que el resultado es el máximo indicador de la eficiencia social? A pesar de la defensa que de este enfoque hace Fiedman (1962, 1970), hoy habrá pocos que defiendan en público este planteamiento, felizmente superado. No existen definiciones abstractas de eficiencia, sino más bien un conjunto de criterios a los que la sociedad decide conceder prioridad en cada momento de su historia. A partir de esta base, la eficiencia empresarial no puede juzgarse únicamente en función de una de sus dimensiones, la financiera, sino más bien de la capacidad de la empresa para atender de forma equilibrada el conjunto de los criterios de eficiencia socialmente determinados (Perdiguero, 2003). La irrupción de nuevos paradigmas, como el de la responsabilidad social, supone abandonar la tesis que concibe a la empresa como un sistema cerrado sin otras obligaciones que las estrictamente legales y responsable únicamente ante sus accionistas. En su lugar, toman cuerpo los enfoques holísticos donde la empresa forma parte de un sistema abierto, en completa relación con el entorno, con un sistema de objetivos interdependientes, cuyas actuaciones se proyectan más allá de propietarios y accionistas. No es de extrañar, pues, que en esta situación, las últimas tendencias en la elaboración de información de sostenibilidad destaquen la existencia de tres pilares sobre los que se evalúa el rendimiento de la empresa: el social, el económico y el medioambiental (GRI, 2002). Precisamente, uno de los desarrollos pendientes de resolver en la actual agenda de la Global Reporting Initiative es la identificación de indicadores transversales que relacionen de manera directa dos o más dimensiones de la actuación económica, medioambiental y social de una organización, lo que supone en la práctica el abandono del concepto de eficiencia en su dimensión exclusivamente monetaria, y su sustitución por conceptos tales como eco-justicia (solidaridad inter e intra-generacional) o eco-eficiencia (i.e. cantidad de emisiones por unidad de producto o unidad monetaria de facturación). Cuando se habla de eficiencia, por tanto, hay que preguntarse, al igual que Perrow (1986, p. 278), eficiencia ¿para quién y a qué coste para los demás? 1. 2.3.2.
Neutralidad
La teoría de los costes de transacción presenta la eficiencia como el único criterio de gobierno de las organizaciones empresariales, presentándola como un valor libre, neutro y carente de ideología, ignorando los conflictos de intereses que surgen entre los miembros de una organización. Pero 1 Años después, ante los múltiples significados que adoptan expresiones como sostenibilidad y la apropiación de los mismos en función de la ideología, Gray et al. (1993) se preguntan también: sostenibilidad ¿para quién?, sostenibilidad ¿de qué manera?, sostenibilidad ¿hasta cuánto?
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como señala Perrow (1986), al igual que todas las teorías, la economía de los costes de transacción contiene implícitamente un conjunto de valores que tiene implicaciones políticas, es decir, «una ideología a través de la cual ven el mundo los verdaderos creyentes de esta teoría» (p. 220). El objetivo de la empresa es minimizar los costes de transacción. Pero no se puede hablar de objetivo único para la empresa sino, más bien, de un vector objetivo resultante de los objetivos particulares de los grupos de interés. Al establecer un paralelismo entre eficiencia y minimización de costes con el único referente del precio de mercado, la teoría de los costes de transacción es reduccionista e ignora todos aquellos costes que resultan externalizados. Si, como critica Neimark (1992), la teoría de los costes de transacción iguala lo que existe con lo eficiente, «se están favoreciendo aquellas estructuras que han evolucionado hacia los procesos de competencia perfecta sobre las que pudieran existir a través de procesos políticos reguladores» (p. 29). Dando por bueno el actual estado de cosas, la teoría de los costes de transacción adopta un enfoque Darwinista en el que sólo sobreviven los fuertes, los más eficientes 2. Dicho de otra manera, la teoría de los costes de transacción legitima el actual estado de cosas, algunas de cuyas manifestaciones más dolorosas para los trabajadores se identifican con reestructuraciones empresariales, jubilaciones anticipadas, deslocalizaciones industriales, política de subcontratas, desregulación laboral, individualización de las relaciones laborales, etc. 2.3.3.
Reciprocidad
La teoría de los costes de transacción enfatiza la noción de reciprocidad en el intercambio satisfactorio para ambas partes, de forma que la transacción no representa la victoria para ninguna de las partes que intervienen en la misma. Sin embargo, la relación bilateral no es equitativa ya que, en general, las partes contratantes gozan de diferente poder, como así lo reconoce el propio Williamson (1980) en su estudio sobre modos alternativos de organización del trabajo. Williamson (1980) centra su estudio en aquellos acuerdos que otorgan poder (empower) a los trabajadores (i.e. adquisición de habilidades específicas o conocimiento) y no en el pacto que fortalece al empleador, como por ejemplo «la propiedad de los medios de producción o el apoyo del sistema legal e institucional» (Tinker y Neimark, 1990, p. 55). De este modo, la teoría de los costes de transacción presenta la eficiencia como un dato técnico de cuyos resultados se beneficia toda la sociedad en conjunto. 2 «Creo que todo el conjunto de las innovaciones de organización que caracterizan al desarrollo de las instituciones económicas del capitalismo durante los últimos 150 años amerita una revaluación en términos del costo de transacción» (Williamson, 1985, p. 28).
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Lo que es bueno para la organización lo es para todas las partes de la misma, ignorando, por tanto, el coste social de las innovaciones organizativas. No hay ganadores ni perdedores, aunque reconoce el uso de la jerarquía asociada a mejoras en la eficiencia. Marginson (1986, p. 5), sin embargo, no ve las cosas de esta manera y de forma crítica señala que: «El argumento de Williamson (1980) de que la existencia de una relación de autoridad puede ser interpretada como mejoras en la eficiencia y en el logro de objetivos comunes, contrasta con la igualmente plausible hipótesis de que el recurso a la jerarquía refleja la habilidad de los que ejercen el control sobre la firma para asegurar que sus objetivos dominan los objetivos de los empleados de la empresa».
Igual de contundente se muestra Neimark (1992) al afirmar que «la historia de las relaciones laborales es una sucesión de conflictos» donde «las partes enfrentadas tienen un diferente poder de negociación» (p. 32). 2.3.4.
Comportamiento humano
La Teoría de los costes de transacción se construye sobre la asunción de dos hipótesis de comportamiento —racionalidad limitada y comportamiento oportunista de los agentes— sin las que no se puede efectuar el estudio de las organizaciones económicas, ni de otras formas organizativas intermedias basadas en elementos de confianza 3. .En su relato sobre el fracaso del movimiento cooperativista (a consecuencia del cual muchas de las cooperativas más rentables pasaron a convertirse en sociedades anónimas), Williamson (1980) argumenta que las cooperativas gestionadas democráticamente fracasan porque son inconsistentes con la naturaleza humana. Señala que las formas de organización únicamente viables en pequeñas comunidades o entre personas muy concienciadas carecen de interés para el estudio de las organizaciones en la sociedad y concluye: «Las aspiraciones para mejorar la existencia de la sociedad son muy loables, pero es incierta la manera en que la naturaleza humana puede ser reformada» (Williamson (1980, p. 33).
El esquema de Williamson otorga, por tanto, escasas posibilidades a planteamientos emancipatorios y de cambio, al tiempo que ignora la capacidad y el protagonismo del individuo en la gestación de este cambio. 3 Son varios los trabajos destacan las insuficiencias del enfoque de las variables del modelo de Williamson para explicar las formas organizativas intermedias (Easton, 1992; Bradach y Eccles, 1989). Algunas de estas formas intermedias no son más que relaciones de mercado modificadas con la introducción de principios jerárquicos, mientras que otras son estructuras jerárquicas en las que se has adaptado principios de mercado. Pero también hay un amplio campo para principios asignativos propios basados en la cooperación y en la generación de confianza entre las partes (Longás, 1998, p. 56).
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2.3.5.
Poder e intervención
Por último, la teoría de los costes de transacción apenas presta atención al problema del poder, ya que centra todo el debate en la naturaleza bilateral del contrato. Para la teoría de los costes de transacción, la eficiencia es la responsable de la aparición de las grandes corporaciones, pasando por alto asuntos como el poder del mercado o la ayuda y tolerancia gubernamental (otras veces son trabas), decisivas en muchas ocasiones en los procesos de concentración empresarial y de vertebración del tejido industrial. En su ensayo sobre los nuevos mecanismos de ejercer el poder, Estefanía (2006) reactualiza el concepto de la mano invisible acuñado en el siglo XVIII por Adam Smith para recordar que muchos de los que ejercen el poder niegan tenerlo, practicando así una mano invisible que nada tiene que ver con la que teorizó Adam Smith. «Ocultan el poder, lo disfrazan, pero no lo sueltan» (p. 13) en clara referencia a los tradicionales poderes fácticos y al poder del dinero. En la era de la «mercadolatría» (Estefanía, 2006, p. 96), los hombres con dinero compran a los hombres con poder. Además de la eficiencia, pues, existen otros mecanismos para lograr el crecimiento y reducción de la competencia. Son cruciales otras organizaciones del entorno (léase sector financiero), además de la aquiescencia del gobierno que, mediante diversas iniciativas, puede bloquear o acelerar procesos de concentración empresarial 4. El caso que ilustra esta investigación es un ejemplo paradigmático. La adquisición en 1975 por Seat de la planta de automoción que Authi tenía en Pamplona se explica por los condicionantes políticos de una época caracterizada por la incertidumbre política, por la fuerte conflictividad laboral y por el hecho de que la empresa adquirente estaba controlada por el Instituto Nacional de Industria que acataba las directrices del Gobierno español. La posterior adquisición de Seat en 1986 por la multinacional alemana Volkswagen estuvo, igualmente, rodeada de condicionantes políticos, desempeñando el Gobierno español un papel decisivo al aceptar la asunción por el Estado de la deuda que colapsaba el futuro de Seat. Argumentos similares pueden encontrarse en el exhaustivo trabajo de Pérez Sanchó (2003) al explicar el proceso de instalación de Ford en la Comunidad Valenciana. Tras destacar la elevada cuantía de las ayudas oficiales y los 4 En la configuración del mapa eléctrico español y la posterior cadena de OPAs y contra OPAs en torno a Endesa, el Gobierno español intervino de forma manifiesta para favorecer la españolidad de las empresas del sector de la energía mediante la congelación de derechos políticos. Además de la congelación de los derechos políticos, el Gobierno puso en marcha una segunda vía para vetar la OPA de la eléctrica alemana E-On modificando las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que tuviera competencias en la oferta sobre Endesa (La Gaceta de los Negocios, 28 de febrero de 2006, p. 19; Cinco Días, 2 de marzo de 2006, p. 5). Al final, Bruselas expedientó a España por la ampliación de competencias de la CNE (El País, 3 de mayo de 2006, p. 69), calificando de «ilegales» las condiciones de España a la oferta de E-on (El País, 26 de agosto de 2006, pp. 1 y 65).
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diversos incentivos concedidos por los poderes públicos, Pérez Sanchó (2003, p. 134) concluye su trabajo señalando que: «El caso Ford permite plantear algunas cuestiones acerca de la naturaleza de la empresa como dispositivo reductor de los costes de transacción y de las imperfecciones del mercado, sobre la dicotomía público-privado, tan fácilmente supuesta en la literatura académica, en suma, sobre la importancia de las relaciones de poder para entender el funcionamiento de los mercados reales.»
Las relaciones entre poder y teoría de las organizaciones han sido también investigadas por Perrow (1986) que reflexiona a propósito de la aparición de grandes empresas que dominan el mercado, tan características de la industria militar y de defensa, por razones exclusivas de estrategia militar. La eficacia tiene aquí una importancia secundaria. En la configuración de una teoría de las organizaciones, el poder debe ser un asunto central, que «no debería quedar ni tan olvidado ni tan implícito como ha sucedido en la realidad» (Perrow, 1986, p. 258). En definitiva, la desideologización con la que se presenta la teoría de los costes de transacción es un reduccionismo que otorga a la eficiencia el único criterio de gobierno de las organizaciones pasando por alto asuntos tan importantes como el poder, la intervención, las consideraciones de los grupos de interés, el tejido social, el Estado y las externalidades sociales. Se trata de una abstracción selectiva orientada por el interés en la maximización del beneficio, única expresión relevante de valor. Supone una vuelta al individualismo que niega cualquier diálogo con planteamientos sociológicos. Resulta irónico, señala Perrow (1986, p. 263), que «sea ahora un valor importante el individuo y no el bienestar de la comunidad, cuando son grandes colectividades, en forma de organizaciones, las que han venido a dominar nuestras vidas; puede tratarse incluso de una reacción no comprensiva hacia la absorción de la familia, el vecindario y los grupos independientes por parte de las grandes organizaciones». Para la teoría de los costes de transacción la unidad de análisis es el individuo, no el sistema social, lo que la aleja de las corrientes de pensamiento de corte social, de las concepciones holísticas de la empresa que presentan a la misma no como el centro del análisis, sino como parte de un sistema abierto e interrelacionado. El siguiente capítulo presenta el marco teórico de una investigación crítica y alternativa en contabilidad que, partiendo del reconocimiento del entorno político, social e institucional en el que se produce el informe anual, toma en consideración la naturaleza social de la disciplina y reconoce, asimismo, los efectos de las prácticas contables en el mantenimiento de las estructuras y en la distribución del poder en la sociedad. El planteamiento adoptado en ningún momento tiene la intención de presentarse como la verdad absoluta, sino más bien como una vía de investigación alternativa a 46
la realizada de forma mayoritaria en los últimos años en contabilidad, inspirada en los modelos de agencia y en la eficiencia de los mercados. A este respecto, se asumen las tesis de Belkaoui (1995) al defender la existencia de varios paradigmas en contabilidad que coexisten de forma simultánea y que compiten entre sí. En primer lugar se presentan los rasgos generales de la investigación crítica en contabilidad con especial atención a la teoría de la economía política (Tinker, 1980; Cooper y Sherer, 1984; Cooper y Hooper, 1990) y su aplicación en la interpretación de la parte narrativa del informe anual dentro del contexto político, económico y social en el que el mismo se produce. En segundo lugar se discute acerca del lenguaje y de la utilización del mismo en el informe anual como mecanismo para crear reconstrucciones interesadas de las cuestiones que se abordan en el mismo, más que como elemento neutro mero narrador de realidades.
47
CAPÍTULO
3
TEORÍA E INVESTIGACIÓN CRÍTICA EN CONTABILIDAD
3.1.
INTRODUCCIÓN
La economía de los costes de transacción presenta la eficiencia como un elemento neutral e independiente, carente de ideología, convertida en eje alrededor del cual giran los procesos empresariales. En este escenario la contabilidad no tendría otro papel que representar la realidad «tal como es». Sin duda, la investigación contable realizada en torno a los mercados de capitales se ha podido desarrollar en un escenario de esta naturaleza. Pero no hay que olvidar que cuando hablamos de contabilidad, estamos utilizando términos como activos, pasivos, gastos, recursos humanos, beneficios, etc., cargados de valores e intereses no siempre en armonía con todos los grupos que interactúan en la empresa. Es conocido que la información contenida en la cuenta de resultados prioriza el capital sobre el trabajo, de la misma manera que la información del balance de situación prioriza los derechos de propiedad y el capital financiero frente al capital humano. Nada extraño, por otra parte, si se tiene en cuenta que el objetivo fundamental de la contabilidad financiera contenido en la declaración de Marco Conceptual del IASB es suministrar información sobre la situación financiera y sus cambios, así como sobre la actividad y los resultados del periodo, que sea útil para permitir la adopción de decisiones financieras, fundamentalmente para los suministradores de fondos. En este ambiente se ha desarrollado una corriente de investigación mayoritaria que ha tomado como referentes la neutralidad de la contabilidad y la ausencia de juicios de valor. Sin embargo, diversos autores vienen reclamando una investigación en contabilidad que tenga en cuenta el contexto político y social en el que la misma se desarrolla, que reco48
nozca el valor social de la información contable y que considere, asimismo, la interacción entre contabilidad y sociedad. El presente capítulo se ocupa de presentar algunos rasgos y realizaciones de la investigación crítica en contabilidad desde las coordenadas de la teoría de la economía política. Para ello, en primer lugar se presentan algunos rasgos propios de la investigación crítica y alternativa en contabilidad para, seguidamente, dadas las características de la presente investigación centrada en el estudio de la parte narrativa de los informes anuales de un largo periodo de tiempo, discutir acerca de las relaciones entre ideología y lenguaje y de los mecanismos del mismo para comunicar los hechos empresariales.
3.2.
RASGOS DE LA INVESTIGACIÓN ALTERNATIVA Y CRÍTICA EN CONTABILIDAD
A comienzo de la década de los ochenta del siglo pasado, y en respuesta al auge que estaba adquiriendo la investigación contable positiva, diversos autores (Tinker, 1980; Burchell et al, 1980; Cooper y Sherer, 1984) unen sus voces en pro de una investigación crítica en contabilidad que sea capaz de interpretar el papel de la misma dentro del marco político, económico, social e institucional en el que se desarrolla la contabilidad. Las llamadas en favor de una investigación alternativa y crítica en contabilidad insisten en la idea de que la contabilidad no puede ser aislada del contexto social en el que opera (Hopwood, 1983), dado que el contexto social llega a moldear las prácticas contables (Laughlin, 1988). Se argumenta que la investigación crítica difiere de los enfoques clásicos en que reconoce dos (no una) dimensiones del capital: en primer lugar, como medios físicos de producción, pero en segundo lugar como relaciones entre personas dentro de una organización. La primera dimensión representa las fuerzas económicas de producción, mientras que la segunda dimensión da cobijo a las relaciones sociales (Tinker, 1980, p. 154). La investigación alternativa en contabilidad critica que la investigación realizada desde una orientación positivista está necesariamente limitada por las variables elegidas, por la (in)disponibilidad de los datos y por el hecho de que los datos disponibles provienen de un sistema contable sustentado en unas hipótesis que buscan la protección del capital financiero y que, con carácter general, no internaliza la totalidad de los costes sociales y medioambientales (Carmona, 1993; Céspedes, 1993; Ekins, 2000; Bebbington et al. 2001; Comisión Europea, EC 2001). Adicionalmente, la investigación contable realizada desde el positivismo presenta algunas 49
carencias debido a que la misma «ha limitado el tipo de problemas abordados y ha limitado también la metodología de investigación» (Chua, 1986, p. 602). Se trata, pues, de una investigación que falla a la hora de concebir la contabilidad como una práctica social e institucional interesada. Frente a este modelo de investigación en contabilidad, la investigación alternativa o crítica intenta trasladar a la consciencia colectiva actitudes, creencias y modelos de comportamiento con el fin de modificarlos y mejorarlos (Macintosh, 1990). La investigación alternativa rechaza frontalmente la idea de que la contabilidad no pasa de ser un conjunto de técnicas de representación económica. Sostiene, por el contrario, la tesis de que la contabilidad tiene amplias ramificaciones y connotaciones sociales, estando estrechamente vinculada a la organización. La organización y el sistema contable tienen una relación simbiótica (Hopwood, 1978, 1983). No se comprende una sin la existencia de la otra. Con perfil propio, pero a la vez compartiendo elementos importantes con la investigación en contabilidad crítica, Gray (2002) nos habla del proyecto de contabilidad social, reclamando un mayor compromiso (engagement) en la investigación en contabilidad social y medioambiental, de forma que incursione en el terreno de las propuestas audaces encaminadas a conseguir una sociedad más emancipada. Con la idea de sumar voluntades y propuestas, Gray (2002) no presenta una idea cerrada del proyecto de contabilidad social, sino que lo concibe como una propuesta amplia e integradora. No es de extrañar, por tanto, que el mismo incluya a una amplia gama de autores y líneas de trabajo que van desde quienes, en un extremo, rechazan el actual sistema económico y de organización social hasta quienes, en el otro extremo, aceptan el actual estado de cosas. Como apostilla Gray (2002, p. 687), el proyecto social es un término genérico que «abarca cualquier forma de contabilidad que vaya más allá de la economía». 3.2.1.
Sobre algunos convencionalismos en la investigación en contabilidad
Desde el reconocimiento de una estrecha relación entre contabilidad y realidad social, Hines (1988, 1989) destaca el papel sociopolítico de la contabilidad rebatiendo algunas de las asunciones básicas de la investigación mayoritaria en contabilidad, como son: a) la realidad existe independientemente del pensamiento, lenguaje y prácticas sociales (como la contabilidad financiera); b) la contabilidad es un bien económico que se presenta en un entorno de mercados competitivos y; c) tanto los elaboradores de la información contable como los usuarios de la misma se comportan de forma racional. 50
a)
La realidad existe independientemente del pensamiento, del lenguaje y de las prácticas sociales (como la contabilidad financiera)
La investigación positiva centra su estudio en las observaciones de conductas, en la recogida de opiniones de usuarios de la información contable o en los propios datos contables. Se parte de lo «que es», sin pretensión de averiguar nada acerca del proceso a través del cual, lo que es ha llegado a ser lo que es. Lo «que es» existe independientemente de las teorías y del conocimiento que se tenga sobre ellas. Esto significa que la realidad económica existe independientemente de las prácticas contables y que el principal cometido de la contabilidad es comunicar y representar dicha realidad. Este planteamiento ha sido contestado desde diversas instancias. Arrington y Francis (1989) cuestionan la integridad de una teoría, a la que tachan de filosóficamente insolvente, al ignorar la capacidad humana de construir realidades (p. 2). Por su parte, Hines (1989) advierte de la tautología en que incurre la investigación basada en estas premisas —teoría de la agencia o mercados de capitales— , puesto que al trabajar con variables como «tamaño de la firma» recurre a cifras como «activos» de la misma manera que los ratios de endeudamiento se estiman a partir de las cifras del balance. La tautología se produce al intentar explicar conductas contables recurriendo a construcciones que en sí mismas son producto de tales conductas. La investigación positiva no repara en el hecho de que «las empresas no existen independientemente del funcionamiento de la contabilidad que las mide» (Hines, 1989, p. 56). Otro aspecto crucial de la realidad que da por sentado la investigación positiva hace referencia a la naturaleza humana. Así, tanto la teoría de la agencia como la investigación centrada en los mercados de capitales asumen la idea de que los comportamientos humanos están orientados por motivaciones económicas que buscan el interés propio. A este respecto, resultan aleccionadoras las reflexiones de Noreen (1988, p. 368) cuando señala que al tratar esta investigación como ideal sin reparar en la problemática de los valores en los que se basa, valores como la codicia, el interés propio o los comportamientos oportunistas son tomados como normales, o lo que es peor, como ideal por el que luchar. b)
La contabilidad es un bien económico que se presenta en un entorno de mercados competitivos libre de sesgos
La mayor parte de las investigaciones contables ven a la contabilidad como un bien económico, impersonal, objetivo y libre de valores. Así, los costes y precios que comunica la contabilidad financiera son el resultado natural de un conjunto de fuerzas impersonales, silenciando cualquier interferencia en los mecanismos de creación y asignación de precios. La infor51
mación contable comunica realidades económicas objetivas. Sin embargo, abundan los casos en que los informes anuales de contabilidad financiera de las empresas han camuflado determinados comportamientos al objeto de influir en la determinación de magnitudes como ingresos o riqueza condicionando así la asignación de recursos 1. Hines (1989) destaca también la lucha de intereses que se presentan en el ámbito presupuestario en la determinación de las magnitudes que lo conforman, como bien pudo constatarse en el ámbito europeo durante el proceso de construcción de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Los principales partidos del arco parlamentario español se ensartaron en una serie de reproches cruzados a propósito de los «artilugios utilizados para reducir el déficit público» para cumplir con los criterios de Maastrich 2. En este mismo sentido, más grave resulta todavía la denuncia de la oficina europea de estadísticas, Eurostat, que se negó a validar las cuentas presentadas por el Gobierno de Silvio Berlusconi en 2003 y 2004 por sospechar que el déficit es superior al presentado por el Ministerio de Economía italiano, superando el 3% admitido por el Pacto de Estabilidad. Igualmente, la Comisión Europea abrió procedimiento de infracción contra Grecia por haber suministrado a Eurostat cifras erróneas sobre su déficit entre 1997 y 2003, incumpliendo el Pacto de Estabilidad durante todos esos años. El caso es especialmente grave porque, de haberse conocido la realidad, Grecia no hubiera entrado en la zona euro en 2000 3. Por ello, frente a la mayoritaria creencia de que las cifras contables son simples representaciones de un fenómeno económico dado, algunos proyectos de investigación comienzan a reflexionar acerca del poder del discurso contable para construir identidades, más que como forma de informar de unas identidades previamente dadas (Arrington, 1997). La traslación de estos argumentos al informe anual y al proceso de elaboración del mismo permite contemplar el informe anual como un mecanismo utilizado por el poder para crear cuidadosas reconstrucciones de los asuntos abordados en el mismo. El corolario resulta inmediato. En un contexto social de lucha por el poder, la dominación que un grupo ejerce sobre otro se legitima mediante las estructuras de comunicación social (Arrington y Francis, 1993; Puxty, 1991; Amernic, 1992; Neimark, 1992; Adams y Harte, 1998). Hines (1989, p. 63) relata el caso de la farmacéutica Hoffman-La Roche que durante un tiempo comercializó el mismo medicamento a precios distintos en función de la competencia o del régimen de monopolio imperante en los diferentes países. Mediante la utilización de precios de transferencia, la compañía trasladaba las pérdidas producidas en los países en los que encontraba competencia a otros países donde, valiéndose de su situación de monopolio, comercializaba el mismo producto a precios mucho más elevados. Los informes contables camuflaban este comportamiento presentándolo, incluso, como aceptable. 2 «El PSOE increpa al Gobierno del PP sobre los artilugios utilizados para reducir el déficit público.» El País, 25 de julio de 2002, p. 47. 3 «Bruselas expedienta Grecia por ocultar el déficit.» El País, 2 de diciembre de 2004, p. 59. 1
52
c)
Tanto los elaboradores de la información contable como los usuarios de la misma se comportan de forma racional
Hines (1989, p. 65) se pregunta qué es una decisión racional en un mundo real caracterizado por la incertidumbre y los diferentes intereses de las partes que interactúan en la empresa. La racionalidad se tiene que demostrar. Hines (1989) sostiene que la racionalidad, validez, coherencia y credibilidad de una situación son realizaciones sociales. La racionalidad no existe intrínsicamente en una decisión o situación, sino que es construida sobre ella. Desde esta perspectiva resultan interesantes los estudios que muestran los mecanismos de legitimación y apropiación de determinados significados en el lenguaje, donde el poder es utilizado para crear significados, de forma que se produce una convergencia entre hegemonía e ideología (Knights y Collison, 1987), asuntos sobre los que se discute con mayor detalle en el siguiente epígrafe. Si Belkaoui (1995) define la contabilidad como una ciencia multiparadigmática donde varios paradigmas coexisten y compiten de forma simultánea, la investigación alternativa y crítica en contabilidad tampoco es un cuerpo homogéneo, sino que adopta enfoques y metodologías diferentes en función del fenómeno o de la realidad objeto de estudio. Lodh y Gaffikin (1997) describen las diferentes teorías como una especie de enfoques en presencia, constituyendo una amplia agenda de investigación alternativa a la representada por la corriente principal de corte positivista. El trabajo de Lodh y Gaffikin (1997) identifica hasta 8 enfoques diferentes destacando la validez de todos ellos, dado que cada uno se aplicará para aquella misión que mejor cumpla los objetivos de la investigación 4, argumento que también comparten Deegan y Unerman (2006). Sin embargo, a pesar de las diferencias que puedan presentar entre sí las teorías existentes, todas ellas comparten la necesidad de un encuadramiento dentro de un «contexto social amplio, abierto y rebatible» (Lodh y Gaffikin, 1997, p. 436), algo difícil de encontrar en la investigación realizada en otras disciplinas inspirada en el mayoritario enfoque positivista (Chua, 1986). Conviene precisar también que, al igual que ocurre con el proyecto de contabilidad social presentado por Gray (2002), el término contabilidad crítica es lo suficientemente amplio como para albergar una variedad de perspectivas sobre la contabilidad y su función. Pero lo que todas ellas tienen en común es el cuestionamiento del papel que juega la contabilidad en el afianzamiento de la posición de privilegio de una parte de la sociedad frente a la otra. Sin duda, existen diferencias entre el proyecto social de Gray (2002) y el programa de investigación crítica y alternativa en contabilidad. 4 Gráficamente lo presentan así: Existen a-j enfoques que se correlacionan con k-t realidades diferentes Lodh y Gaffikin (1997, p. 438).
53
Pero lejos de estar ante territorios independientes, el proyecto de Gray (2002) y la línea de investigación crítica en contabilidad (Cooper y Sherer, 1984) pueden considerarse enfoques en presencia de una misma realidad como queda evidenciado por trabajo conjunto de Tinker y Gray (2003), genuinos representantes de cada una de las líneas de trabajo. Desde estas premisas, las líneas que vienen a continuación presentan los fundamentos conceptuales de la teoría de la economía política por entender que se trata del marco más adecuado para los objetivos y metodología adoptada en la presente investigación. 3.2.2.
La teoría de la economía política
De entre la diversidad de enfoques y teorías que conforman el heterogéneo cuerpo de la investigación alternativa y crítica, la teoría de la economía política se ha revelado de especial utilidad a la hora de estudiar el contenido del informe anual, el proceso de elaboración del mismo, y las relaciones de poder desde las que se elaboran los contenidos del informe. La teoría de la economía política comienza por reconocer un valor social a la información contable, siendo dicha información una representación de un contexto político y social determinado. La teoría de la economía política no es un concepto nuevo, aunque su aplicación a la contabilidad es relativamente reciente (Cooper y Sherer, 1984). Gray, Owen y Adams (1996, p. 47) se refieren a la misma como «el marco social, político y económico dentro del que se desarrolla la vida humana.» La teoría de la economía política proporciona una visión en la que la sociedad, la política y la economía son inseparables y los aspectos económicos no pueden ser sustantivamente investigados si no se toma en consideración el marco institucional, social y político en el que se desarrollan las actividades económicas. Guthrie y Parker (1990, p. 166) trasladan estos argumentos a la teoría contable señalando que: «La perspectiva de la economía política considera los informes contables como documentos de contenido político, social y económico. Son una herramienta para construir, sostener y legitimar disposiciones políticas y económicas en el marco ideológico e institucional que contribuyen a los intereses privados de la organización.»
Acorde con el terreno en el que se desarrolla, la teoría de la economía política sugiere que cualquier valor se puede rebatir, puesto que los valores se moldean tanto desde el ámbito social, como desde el político y el económico. Cooper y Sherer (1984), en un artículo lleno de elementos pedagógicos, destacan tres características que debe reunir el enfoque de la economía política: 54
a)
b)
c)
Reconocimiento del conflicto social y reconocimiento de efectos en las políticas y prácticas contables (contenidos del informe anual) en la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad. Reconocimiento, igualmente, del poder de las políticas contables como elementos necesarios para que el Estado pueda desempeñar su activo papel en el mantenimiento de las estructuras económicas y de dominación. Adopción de un enfoque más emancipatorio acerca del papel de la contabilidad en la sociedad, es decir, adopción de un punto de vista que reconozca el potencial de las personas (y también de la contabilidad) para promover el cambio y reflejar los diferentes intereses y preocupaciones sociales.
Asumidas estas características, Cooper y Sherer (1984) añaden tres imperativos que deberá tener la investigación realizada en las coordenadas de la economía política: en primer lugar, deberá ser normativa (haciendo explícitos los juicios de valor), deberá ser también descriptiva (siendo capaz de describir e interpretar el comportamiento de la contabilidad y de los contables en el contexto institucional, social y político) y, por último, deberá ser crítica (reconociendo el interés público de la misma, adoptando una perspectiva que reconozca el potencial de las personas y también de la contabilidad para promover el cambio social así como de reflejar los diferentes intereses y preocupaciones). La investigación realizada en cumplimiento de estas condiciones se dota de una perspectiva amplia haciendo posible analizar e interpretar el valor del informe anual dentro de un contexto económico en su conjunto, reconociendo la existencia de grupos de interés y los conflictos entre los mismos. La teoría de la económica política investiga, por tanto, los efectos que la contabilidad produce dentro de las organizaciones y en el conjunto de la sociedad (Cooper y Hopper, 1990), de forma que el reconocimiento de estos efectos conlleva la asunción de la no neutralidad de la misma y, consecuentemente, de la existencia de conflicto en las organizaciones. El reconocimiento del conflicto en las relaciones de producción y las fuerzas que se desencadenan en torno al mismo ha constituido la hipótesis de partida de un considerable número de investigaciones críticas realizadas desde los fundamentos de la teoría de la economía política (Stone, 1974; Tinker, 1980; Tinker et al, 1982; Tinker y Neimark, 1987; Neimark, 1992; Adams y Harte, 1998; Chwastiak y Joung, 2003). La investigación realizada desde la perspectiva de la economía política explora y valora las maneras en que los diferentes actores utilizan la información contable para intervenir, silenciar o transformar el conflicto social. Se trata de una investigación que posiciona las relaciones de clase en el centro del análisis y, por tanto, interesada en los efectos de la información contable sobre la distribución de la renta, la 55
riqueza y el poder (Tinker y Neimark, 1987). De esta manera, el informe anual no es un elemento pasivo que describe una realidad objetiva. Al contrario, por acción (Neimark, 1992; Adams y Harte, 1998), o por omisión (Chwastiak y Joung, 2003), mediante cuidadosas representaciones, el informe anual juega el papel de conformar el punto de vista que legitima la acción desde el poder. Se trata, en definitiva, de una investigación que toma cuerpo al identificar y documentar el papel que representan los diferentes intereses en la adopción de prácticas contables (Laughlin, Hopper y Miller, 1989) a lo largo del proceso de elaboración del informe anual, dado que a través del mismo, más que representar la realidad, de lo que se trata es de construirla (Hines, 1988). Con estos argumentos, el lenguaje utilizado en la elaboración del informe anual se convierte en punto central que acapara la atención de los elaboradores de dicho documento, de la amplia pléyade de lectores del mismo y de los investigadores en contabilidad social (y medioambiental) que centran su estudio en los mecanismos de comunicación de este tipo de información. El siguiente epígrafe presenta algunas ideas acerca del lenguaje y de la dimensión interpretativa del mismo.
3.3.
IDEOLOGÍA, LENGUAJE E INFORMES ANUALES
Las declaraciones de marco conceptual de la contabilidad financiera suelen destacan la utilidad de la información contable para orientar la toma de decisiones económicas por los usuarios de la misma (IASB, 1988; FASB, 1978; AECA, 1999). Desde un punto de vista neo-clásico, el papel de la contabilidad es suministrar información neutral que permita operar en los mercados de forma eficiente para que los individuos adopten elecciones racionales. Pero limitar la utilidad de la información contable a la toma de decisiones económicas por los usuarios es reduccionista, en vista de otros usos y potencialidades que alberga el informe anual. El informe anual, por ejemplo, puede verse como un mecanismo masivo de comunicación (Parker, 1982), como una herramienta para reducir los costes de agencia (Watts y Zimmerman, 1983), como una respuesta de la firma ante la actitud de la sociedad por determinadas preocupaciones sociales y medioambientales (Patten, 1992) o como un espacio para la especulación que pone de manifiesto la vertiente moral e interpretativa del discurso contable (Arrington y Francis, 1993; Macintosh, 1990). El potencial interpretativo del discurso contable ha sido investigado por diversos autores que han evidenciado el diferente tipo de discurso mantenido en el mismo en función de los valores dominantes de la época (Tinker y Neimark, 1987), advirtiendo de la capacidad del informe anual para, más que describir rea56
lidades, crear reconstrucciones interesadas de la realidad (Hines, 1988, 1989). A veces, incluso, tal y como muestran Arnold y Hammond (1994) a propósito de la diferente actitud mostrada por las partes ante la política antiapartheid, el informe anual ha sido aprovechado por las partes enfrentadas en una misma disputa ideológica para legitimar sus respectivas posiciones. El discurso contable, por lo tanto, trasciende la dimensión económica y penetra en el terreno de lo subjetivo y, por tanto, de la interpretación. 3.3.1.
La capacidad deformadora del discurso
Las relaciones entre ideología, poder y lenguaje han sido abordadas extensamente desde la sociología y la lingüística (Perrow, 1986; Reboul, 1986; Chomsky, 1987; Thompson, 1984; Eagleton, 1997; Fairclough, 2000). La mayor parte de las investigaciones se remiten a Weber (1984), para quien toda lengua fija una estructura argumentativa que nos proporciona una pauta para la proyección de diversos discursos a través de la estructura social, llegando a afectar al sistema de actitudes y posteriormente a nuestras conductas en una profundidad que involucra necesariamente a nuestros valores. Como afirma Vidal-Beneyto (2006), la comunicación mediática no representa y reproduce la realidad tal como es, sino que la produce y la acaba imponiendo. Por eso, el dominio privilegiado de la ideología es el lenguaje «que se convierte en el poder mismo» (Reboul, 1986, p. 34), pues el lenguaje es un código, una trama de prohibiciones y de obstáculos. En el fondo, los discursos son siempre valores. Pero sin duda, es la obra del pensador Ricoeur (1977, 1997, 1999) la que aparece como una de las más determinantes al abordar la dimensión interpretativa del discurso. Ricoeur construye su argumentación a partir de la capacidad deformadora del discurso que pasa a convertirse en uno de los elementos fundamentales en la conformación de la ideología. Para Ricoeur, la dimensión interpretativa del discurso trata de hacer propio, de uno, lo que era ajeno mediante la utilización de un lenguaje que dé sentido y haga comprensible lo que carecería de sentido y sería incomprensible sin el recurso al discurso. Esto significa que la dimensión ideológica de un texto hay que buscarla en el contexto, que puede canalizar determinados intereses hacia el terreno de las ideas rectoras de la sociedad valiéndose de la retórica del discurso. El discurso, por tanto, tiene la capacidad de crear realidades, por lo que todo concepto de lo real es interpretativo. Ahora bien —sostiene Ricoeur— , dado que la vida humana está simbólicamente determinada, la naturaleza de la verdad es puesta en tela de juicio tanto por la dimensión temporal como por la dimensión simbólica de la existencia humana. A este respecto, Ricoeur señala: 57
«Debemos integrar el concepto de ideología entendida como deformación en un marco que reconozca la estructura simbólica de la vida social. Si la vida social no tiene una estructura simbólica, no hay manera de comprender cómo vivimos, cómo hacemos las cosas y proyectamos esas actividades en ideas, no hay manera de comprender cómo la realidad pueda llegar a ser una idea ni cómo la vida real puede producir ilusiones« (Ricoeur, 1997, p. 51).
De ahí que el modelo de verdad, entendido como adecuación, como concepto absoluto, es inadecuado al no poder separarse lo real de nuestra interpretación, razón que permitiría afirmar que no existe ninguna posibilidad de llegar a un extracto no ideológico de la realidad. De acuerdo con este planteamiento, las posturas neutrales, no ideológicas, no son posibles. De la relación entre ideología y praxis surgen situaciones en la que la praxis es deformada por obra de la ideología. En palabras de Ricoeur: «Sólo porque la estructura de la vida social humana es ya simbólica puede deformarse. Si no fuera simbólica desde el comienzo, no podría ser deformada. La posibilidad de deformación es una posibilidad abierta únicamente por esa función» (Ricoeur, 1997, p. 53).
Es decir, el lenguaje por sí solo no produce significado, sino que a través del discurso el lenguaje adquiere una variedad de significados, en lo que Ricoeur denomina carácter polisémico del lenguaje. En virtud de este carácter polisémico, el lenguaje extiende su significado de manera infinita «permitiendo extender sus denominaciones a la diversidad y pluralidad de la existencia humana» (Ricoeur, 1977, p. 115). Es esta perspectiva la que otorga sentido a la relación entre ideología y lenguaje, que adquiere mayor dimensión al conectarse con los recursos retóricos del discurso y con el estilo que adopta el mismo, de forma que la ideología está en la base del discurso pudiendo impregnar el lenguaje de muchas maneras. Las metáforas, las analogías, los silencios, la ambigüedad, etc. son recursos retóricos que constituyen una parte inseparable del lenguaje para conformar un discurso. Un discurso es, por tanto, «una manera particular de describir e interpretar el mundo (o un aspecto del mismo)» (Phillips y Jørgensen, 2002, p. 1). El análisis del discurso define y delimita diferentes escuelas de pensamiento que compiten entre sí (ver por ejemplo, Donati, 1992; Grant et al., 2004; Phillips y Jørgenson, 2002). Sin embargo, el elemento común presente en los modelos de análisis del discurso es la convicción de que las diferentes maneras de hablar no describen el mundo de manera neutral, sino que juegan un activo papel en su representación por lo que hablar de una realidad objetiva independientemente del hombre es siempre superfluo. Como diría Gramsci (1971), la verdad es históricamente variable y está relacionada con la conciencia social de una determinada época. Para Gramsci, objetividad significa humanamente objetivo, es decir, verificable 58
por todos los hombres. La realidad objetiva sería la realidad verificada por todos los hombres, independientemente de los puntos de vista particulares. En último término, de acuerdo con este enfoque, podría decirse que lo objetivo trata sobre una determinada concepción del mundo, es decir, sobre una ideología. Por esta razón, al analizar la obra de Gramsci, la expresión «humanamente objetivo» habría que interpretarla, concluye Eagleton (1995, p. 160), como «históricamente subjetivo». Desde una óptica gramsciana, la relación dialéctica entre ideología, práctica y discurso nos introduce en la perspectiva del pensamiento. Si se imagina una realidad sin hombres, no podrá hablarse ni de pensamiento ni de lenguaje, y para la filosofía de la praxis «el ser no puede separarse del pensar» (Díez, 2005, p. 188). La relación entre ideología y discurso puesta de manifiesto por Ricoeur se enriquece cuando se examina a partir del concepto gramsciano de hegemonía 5. Gramsci (1971) utiliza el término hegemonía para referirse al modo en que el poder se gana el consentimiento social. La hegemonía es un sistema de relaciones de poder que se manifiesta en los sistemas de democracia liberal. Mientras que las relaciones autoritarias están basadas en la coerción, la dominación hegemónica requiere un mayor grado de consenso social, asunto en el que las instituciones de la sociedad civil, como la iglesia, los medios de comunicación, la academia, asociaciones empresariales, etc. juegan un importante papel en la conformación de la ideología, otorgando legitimidad mediante la afirmación del liderazgo. Por esta razón, la hegemonía es un sistema de relaciones de poder más sofisticado que la simple dominación ya que exige no solamente el acompasamiento de los intereses políticos y económicos, «sino también liderazgo moral e intelectual» (Gramsci, 1971, p. 181). Ganar hegemonía significa establecer pautas morales, sociales e intelectuales en la vida social para difundir una concepción del mundo en todo el entramado de la sociedad, equiparando los intereses propios con los de la sociedad en su conjunto. Para Gramsci, aquéllos que dominan las instituciones aseguran su poder en gran medida, directa e indirectamente, grabando sus definiciones de la realidad sobre aquéllos a quienes dominan, llenando el mundo con su ideología o limitando, al menos, las posibilidades de elección dentro de lo socialmente aceptable. La ideología hegemónica penetra en todo aquello que la gente hace o piensa que es natural, mezclando y modificando lo que la gente considera el sentido común. (Ver Laclau y Mouffe, 1985, para una detallada explicación de la evolución histórica del significado del término hegemonía). En este proceso, los medios 5 Es el propio Ricoeur el que da validez a este enfoque. En la serie de conferencias impartidas en el otoño de 1975 en la Universidad de Chicago, Ricoeur señalaba que últimamente sólo había leído a Gramsci «porque éste es el marxista más interesante en lo tocante a nuestro tema de la ideología» (Ricoeur, 1997, p. 125).
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son utilizados por ciertos grupos como instrumentos para conseguir y mantener la hegemonía en la sociedad y forjar un consenso alrededor de diversos temas (Donohue et al., 1995; Herman et al., 1994), asistiendo al nacimiento de un poder blando (Estefanía, 2006) dotado de gran capacidad para atraer y actuar. Estefanía (2006), buen conocedor del papel de los medios de comunicación, nos recuerda que no hay mayor poder que el que emana de la capacidad de poner nombre a los comportamientos, las personas y las cosas. 3.3.2.
Sobre el uso y abuso de las metáforas
Puede decirse, por tanto, que la ideología moldea y orienta el discurso de muchas maneras recurriendo, para ello, a la reiteración o los silencios unas veces (Chwastiak y Young, 2003) o a las metáforas en otras ocasiones. Merece la pena que nos detengamos en las palabras de Millán y Narotzky (1986) : «Todo el discurso económico y sociológico dibuja un universo de causalidades, de fluidos y circuitos de reparto que conviene desbrozar para comprender, primero, que la existente no es la única manera de hablar de las cosas, y segundo, que en cuanto hablamos ‘de otra forma’, gran parte de las categorías, de las causas y efectos que manejamos de forma natural se diluirán hasta la desaparición» (Millán y Narotzky, 1986, p. 25).
A partir de estas bases, diversos trabajos (Lakoff y Johnson, 1986; Vallverdú, 2000) nos adviertan del (ab)uso de las metáforas inoportunas en economía con el fin de esconder realidades degradantes y buscar la aprobación de la audiencia. Así, cuando se acepta la metáfora «el trabajo es un recurso» se está ocultando la naturaleza del trabajo ya que no se hace distinción entre un trabajo con sentido y un trabajo deshumanizador y sin horizonte. De esta manera, desde la asunción de que el costo de los recursos debe ser bajo, la asimilación del trabajo a recurso lleva implícita la aceptación de que «el trabajo barato es una cosa buena, igual que el petróleo barato» (Lakoff y Johnson, 1986, pp. 281-282). De metáforas y cambios en el lenguaje saben mucho Boltanski y Chiapello (2002) quienes a partir de un análisis de los textos de gestión de empresas que han inspirado los nuevos modos de organización empresarial sobre la base de la producción flexible a partir del último tercio del siglo XX, reflexionan sobre la emergencia de términos como eficiencia, empresa en red, círculos de calidad, trabajo enriquecido, etc. necesarios para la regeneración del capitalismo. Los cambios en la organización de la producción y en la adopción de métodos de producción flexible están relacionados con cambios en el discurso, lo que para sociolingüistas como Fairclough, (1992) no serían sino mecanismos de con60
trol social del puesto de trabajo. Si el trabajador dedicado a tareas repetitivas y rutinarias y de escaso valor añadido, propio de los modos de producción del fordismo, es reemplazado por personal polivalente, insertado en un entorno participativo, formando parte de círculos de calidad y realizando tareas plenamente satisfactorias, el cambio en el lenguaje es la antesala del cambio organizativo. Así pues, mediante el lenguaje no se representa ninguna realidad subyacente, sino que mediante el mismo se construyen diferentes percepciones de la realidad en función de la ideología desde la que se habla. Referido al ámbito contable, esto significa que el suministro de información contable tiene no sólo connotaciones económicas, sino que se abre un espacio a la especulación poniendo de manifiesto también la vertiente moral e interpretativa, tanto para el que suministra la información como para el que la recibe (Arrington y Francis, 1993). Más que como herramienta de información de identidades previamente dadas, los discursos en general, y el contable en particular, sirven para crear identidades cuestionándose, por tanto, la idea ampliamente extendida entre los positivistas de que la contabilidad no va mucho más allá de una mera representación de los fenómenos económicos. Al contrario, el enfoque interpretativo se sumerge en el amplio espacio político y social de los hechos económicos. 3.3.3.
Estructuralismo, posestructuralismo y contabilidad
La presente investigación asume que el lenguaje y los cambios en el uso del mismo están relacionados con procesos culturales, sociales y políticos más amplios, por lo que concede gran importancia al análisis del lenguaje como método para estudiar los cambios sociales (Faiclough, 1992). La investigación social contempla una amplia variedad de métodos de análisis del discurso (Faiclough, 2003; Van Dijk, 1997), es decir, formas diferentes de investigar de manera estructurada un conjunto de textos y conceptos. Aunque la investigación cualitativa carezca de una metodología estricta sobre cómo abordar el análisis del discurso existiendo varios procedimientos, puede decirse que todos ellos comparten dos características fundamentales: (1) abordan la capacidad de los textos para construir realidades y (2) son necesariamente interpretativos. (Hardy y Phillips, 1999). El enfoque interpretativo encuentra su fundamentación en la teoría estructuralista (Saussure, 1974) que concibe el lenguaje no como reflejo de una realidad social preexistente, sino que constituye un marco que actúa como realidad para nosotros. Para los estructuralistas, la conducta estaría asociada a determinados tipos de discursos, puesto que el lenguaje no designa una realidad preexistente a él. El lenguaje, al formar parte de un sistema, está revestido no sólo de una significación, sino sobre todo de un valor. 61
A partir de estas ideas, el posestructuralismo construye su edificio investigando cómo cambia el significado de las palabras, tanto a lo largo del tiempo como a través del contexto (social) en el que se construye el discurso. El discurso es siempre temporal (Burr, 1995). Es la principal aportación del posestructuralismo, que no solamente investiga el diferente significado del lenguaje, sino también el proceso a través del cual el lenguaje puede adoptar diferentes significados (ver Puxty, 1998, para una explicación más exhaustiva). El posestructuralismo es, por tanto, diacrónico, es decir, histórico, lo que le confiere elementos tangenciales con la interpretación materialista de la historia. En esta posición hay que tener en cuenta que el lenguaje es una actividad social, es decir, se habla para alguien, lo que trae como consecuencia que el significado dado al lenguaje puede ser contestado por el otro, dando lugar al conflicto donde las relaciones de poder son cuestionadas y discutidas (Burr, 1995). Desde una perspectiva contable, Macintosh (2005) reflexiona acerca de la aplicación del enfoque posestructuralista a los signos y convencionalismos contables. Macintosh (2005, p. 14) ilustra su reflexión con el ejemplo de una magnitud contable «signo de signos»: el beneficio neto. Se construye el discurso, ampliamente extendido tanto entre elaboradores de la información contable como entre los usuarios de la misma, de que dicha magnitud generada por la empresa corresponde a los propietarios de la misma que, pueden o no, de forma legal, retirarla de la firma y transferirla a sus patrimonios particulares. Para los posestructuralistas, dicha lógica es sólo el resultado del discurso dominante en ese momento. Pero se podría construir otro discurso que, en lugar de «beneficio neto», utilizara expresiones como «cuenta de usura», locución habitual en la Edad Media o «trabajo apropiado por el capital» recurriendo a terminología marxista. El posestructuralismo, por tanto, intenta socavar el poder del discurso dominante señalando que esa situación no es lo natural, sino que es el resultado de conflictos humanos a lo largo de la historia resueltos de una determinada manera. La aplicación del enfoque posestructuralista a los signos y magnitudes contables se puede extender, igualmente, al estudio del contenido narrativo del informe anual. No sorprende, por tanto, que la parte narrativa del informe anual haya sido objeto de abundantes investigaciones que utilizan una variedad de enfoques y metodologías. El discurso posestructuralista encuentra acomodo en la investigación alternativa, crítica e interpretativa en contabilidad al compartir elementos comunes (Chua, 1986; Baker y Bettner, 1997). Desde estas coincidencias, puede afirmarse que la realidad es creada por los actores sociales y por las relaciones mantenidas entre los mismos. El papel de la contabilidad resulta esencial en la construcción de realidades (Hopwood, 1983; Hines, 1989), subvirtiendo la tesis de que la 62
contabilidad está fundamentada en principios objetivos (Arrington y Francis, 1989), mostrando, por el contrario, nexos entre las prácticas contables y el control social ejercido a consecuencia de las mismas (Baker y Bettner, 1997). A partir de estas asunciones, toma cuerpo la tesis de que el informe anual es cuidadosamente elaborado y está cargado de mensaje. La parte narrativa del informe anual es un poderoso mecanismo para crear reconstrucciones de las cuestiones abordadas en el mismo (Bebbington y Gray, 2000), hasta el punto de que el informe anual es un recurso utilizado por los gestores de la firma para imponer su perspectiva (Amernic, 1992). Las investigaciones desarrolladas a partir de la asunción de estos planteamientos presentan varios estudios de caso que muestran la utilización del informe anual por la dirección de la firma para destacar los aspectos que interesan a los gestores (Amernic, 1992), rechazando de plano la pretendida neutralidad del informe anual y el papel pasivo jugado por el mismo como mero narrador de «realidades» (Neimark, 1992). Además, estudios longitudinales muestran los diferentes significados que adoptan con el paso del tiempo determinadas circunstancias que se presentan en la empresa como, por ejemplo, las cuestiones de género (Macintosh, 1990; Neimark, 1992; Adams y Harte, 1998), el diferente significado con el que se moldean expresiones claves en la revelación de información de contenido social y medioambiental revelada por la firma como sostenibilidad o desarrollo sostenible (Bebbington y Gray, 2000) o la medida en que la parte narrativa de los informes anuales ha sido utilizada por las empresas transnacionales de forma estratégica para incrementar la hegemonía y dominación sobre los estados (Unerman, 2003). Como concluye Hogner (1982) tras el estudio de la revelación de información social a lo largo de ocho décadas por la firma US Steel, la información revelada en el informe anual es un reflejo del comportamiento institucional, de forma que los cambios en las prácticas informativas contables reflejan una modificación de la correlación de fuerzas que definen el comportamiento de la empresa. En el caso concreto de la revelación de información social, Hogner (1982) llega a la conclusión de que se informa más abundantemente de aquellas actividades más esperadas y mejor valoradas por la sociedad en cada momento del tiempo. Por lo tanto, el informe anual parece ser el resultado de un proceso de elección de los asuntos y relaciones sociales suficientemente importantes para presentarlas en público. Los siguientes capítulos presentan el estudio del caso a partir del análisis de los informes anuales de Seat-Volkswagen correspondientes al periodo 1974-2005. El inicio del periodo coincide con el momento en que España entra en la fase decisiva del cambio de régimen, sustituyendo el régimen autoritario por un sistema de democracia formal con un parlamento democrático elegido por sufragio universal en elecciones libres. Además del cambio político, a lo largo del periodo analizado se produce el abandono del sis63
tema de producción en masa y se da paso a los nuevos modos de producción caracterizados por el suministro justo a tiempo y la producción flexible. Tanto el cambio político como el cambio organizativo están presentes en los informes anuales de Seat-Volkswagen caracterizando dos etapas diferentes. La primera etapa se extiende hasta 1986 año en que, tras la consolidación del cambio político, se produce la incorporación de España a la Unión Europea (UE). La segunda etapa, que se inicia con la entrada de Volkswagen en el capital de Seat en 1986, se extiende hasta 2005. A lo largo de este periodo de tiempo el conjunto de la industria protagoniza un profundo cambio organizativo sobre la base de la producción flexible. La investigación se realiza desde una perspectiva dialéctica e interpretativa, reflejando el contexto político, económico y social en el que se producen los acontecimientos narrados en el informe anual, considerando el mismo como un recurso en poder de los gestores para imponer una perspectiva concreta. Citando a Montesinos (1976, p. 124), «la contabilidad no es ajena al entorno en el que se mueve y, como el resto de las ciencias sociales, no se desarrolla al margen de los sistemas de valores, sino que éstos influyen de una forma u otra sobre sus planteamientos».
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CAPÍTULO 4
CRECIMIENTO Y CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL: DESDE EL PODER Y LA INTERVENCIÓN
4.1.
INTRODUCCIÓN
Durante la década de los setenta y primeros años ochenta del pasado siglo la industria del automóvil en España protagonizó una serie de episodios que afectaron de forma notable a su desarrollo y determinaron su futuro. Si, durante el periodo de tiempo que abarca esta investigación los cambios han sido profundos en la organización del trabajo —que ha evolucionado de la producción en masa al suministro justo a tiempo— , no menos profundos han sido los cambios que han experimentado la sociedad, la política y la forma de ejercer el poder. De un régimen dictatorial de cuarenta años se pasó a un régimen democrático con partidos políticos y sindicatos libres que van a tener su protagonismo (poco o mucho) en la negociación colectiva y en la aplicación de los nuevos modos de producción, que determinan toda una época. En el estudio del caso que se desarrolla a lo largo del resto de la investigación se analiza para el periodo 1974-2005 el papel jugado por los informes anuales de Seat en la profunda crisis política de nuestro país, cerrada con la incorporación de España a la CEE en 1986 (capítulo 5). La parte narrativa de los informes anuales es también objeto de análisis para investigar el papel jugado por los mismos en la gestión de los cambios experimentados por la organización del trabajo en Seat-Volkswagen a raíz de la adquisición del control de Seat por la multinacional alemana (capítulo 6). Pero antes, el presente capítulo se encarga de mostrar la adquisición de Seat por Volkswagen como un episodio con fuertes connotaciones políticas, intervencionistas y con escasas dosis de bilateralidad, más que como un contrato bilateral, sin ganadores ni perdedores y sin externalidades, escenario 65
descrito por la teoría de los costes de transacción. Se expone, brevemente, el fuerte componente político e intervencionista de la industria del automóvil en la España de los años setenta, para a continuación, una vez declarada la crisis de Seat, presentar la entrada en escena de Volkswagen como un episodio con fuertes connotaciones políticas y dirigido desde la acción de Gobierno.
4.2.
EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA: UNA CUESTIÓN DE ESTADO
A comienzo de los setenta, además de Seat y Renault, únicas firmas existentes en España al finalizar el periodo autárquico, los fabricantes de turismos instalados en nuestro país se completaban con Chrysler, Citröen y Authi que corrieron diferente suerte a lo largo de estos cruciales años. De acuerdo al informe anual de Seat de 1973, a lo largo de ese año se fabricaron en España 706.433 automóviles de turismo, ascendiendo a 563.879 las ventas en el mercado interior, mientras que las exportaciones se elevaron a 158.261 unidades, cifra superior en un 53,5 por 100 a la registrada el año anterior. Un año después, como consecuencia de la crisis del petróleo desencadenada en 1973, el descenso en la demanda de automóviles afectó a todos los países, cifrándose en un 20% la disminución experimentada en la venta de turismos en el conjunto de las economías occidentales. España no fue ajena a los efectos de la crisis mundial, si bien éstos llegaron con cierto retraso y se manifestaron con menor intensidad, al menos en los primeros meses. En el mercado interno, las ventas de turismos descendieron un 2,3%, mientras que el mercado exterior acusó con mayor dureza los efectos de la crisis con un descenso en las exportaciones del 13,2% con relación a la cifra registrada apenas un año antes. Con anterioridad a 1972, los cinco fabricantes instalados en España se beneficiaban de un statu quo muy intervencionista que imposibilitaba, en la práctica, la entrada de nuevos competidores. Al mismo tiempo, estaba vigente un sistema de precios regulados en virtud del cual, los fabricantes tenían que comunicar los aumentos de precios que se daban por aprobados si, transcurridos dos meses, no se producía contestación por parte de la Administración. En paralelo al statu quo vigente, la industria del automóvil en España presentaba, a comienzos de los setenta, un fuerte déficit tecnológico que le obligaba a la producción de modelos que habían quedado obsoletos en los países de origen, pero que tenían aceptación en un mercado como el español, protegido y «de gustos poco sofisticados» (García Ruiz, 2003, p. 40). Al atraso tecnológico se unía la rigidez de un sistema financiero que apenas canalizaba recursos a una industria que no fue decla66
rada de «interés preferente» sino hasta 1972, coincidiendo con la instalación de Ford. Esta situación cambió radicalmente entre los meses de noviembre y diciembre de 1972 con la aprobación de los denominados «decretos Ford», conjunto de medidas legislativas promulgadas con el propósito de adecuar la legislación española a las exigencias del fabricante norteamericano que deseaba instalarse en España (García Ruiz, 2003; Pérez Sanchó, 2003). En síntesis, el conjunto de medidas contenidas en los cambios legislativos proponían, en primer lugar, una reducción del porcentaje de contenido nacional —atendiendo de esta manera una exigencia de la multinacional con el fin de poder trabajar de forma integrada con el resto de plantas europeas de Ford— lo que le permitía obtener importantes economías de escala. En segundo lugar, el conjunto de medidas legislativas aprobadas fijaba en un 10 por 100 de la producción el límite de ventas que se podía realizar en España con el fin de que el restante 90 por 100 se destinase a la exportación, porcentaje que, por otra parte, se correspondía con las previsiones de la firma multinacional y con lo que ha venido siendo práctica habitual una vez producida la liberalización de los mercados (Pérez Sanchó, 2003, p. 133). Tras el desembarco de Ford en la comunidad valenciana, España seguía siendo un país en el que las multinacionales del automóvil veían importantes oportunidades de negocio. Por el lado de la demanda, España albergaba un nada despreciable potencial de expansión del mercado interno, así como interesantes oportunidades ante la proximidad de la incorporación a la CEE, el mercado europeo por excelencia. Por el lado de la oferta, España seguía siendo un país con una mano de obra barata, siendo los costes laborales en la industria del automóvil inferiores en un 21 por 100 a los de Francia y en un 48 por 100 a los de Alemania (Germán, 2003). La confluencia de estos vectores, junto con una legislación ad hoc, facilitaron la decisión de General Motors (GM) de abrir una planta para la fabricación de automóviles en España. Para la efectiva instalación de la Planta se hizo necesario, al igual que en el caso de Ford unos años antes, la promulgación de un Decreto de Ordenación del sector, hecho a medida del nuevo productor (Germán, 2003, p. 160). El Decreto de Ordenación del sector reducía de forma gradual el grado de nacionalización de los componentes del vehículo al tiempo que autorizaba a GM, en un contexto de creciente apertura y liberalización, a la importación de vehículos no fabricados en España, con la condición de que el coeficiente entre exportaciones e importaciones fuera igual o superior a 1,25. Los trabajos de construcción de la Planta comenzaron en 1980 en las proximidades de Zaragoza, para dos años después comenzar la producción en cadena del popular Opel Corsa. Así pues, en apenas 10 años, el panorama automovilístico español, al igual que el conjunto de la sociedad, se había transformado de forma radi67
cal. Las transformaciones afectaron de manera muy profunda a la estructura política y económica del país, al statu quo y a los modos de producción. a)
b)
c)
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La década de los setenta conoció el fin del régimen franquista que dio paso a la instauración del sistema de partidos, sindicatos libres y Constitución con refrendo popular. El cambio político y la inauguración de un régimen de libertades dinamizó la vida social produciéndose también un considerable aumento en la conflictividad laboral, lo que introdujo algunas incertidumbres entre los inversores multinacionales que, finalmente, quedaron solventadas con la instalación de las plantas de Ford y de General Motors. Al cambio político le sucedió el cambio económico, con la intensificación de las conversaciones para la incorporación plena de España a la CEE, para lo que fueron necesarias reformas estructurales de gran calado. El statu quo vigente a principios de los setenta venía determinado por la existencia de importantes barreras a la entrada de nuevos competidores, por la persistencia de un sistema de precios regulados, y por una legislación que determinaba el grado de nacionalización de los componentes impuesto a cada fabricante y el nivel mínimo de exportaciones exigido a los nuevos fabricantes instalados. A finales de los setenta se produce la tan anhelada liberalización de los precios de los turismos, quedando para poco después, coincidiendo con la incorporación de España a la CEE (1986), el desarme arancelario y posterior liberalización del comercio de turismos con la CEE. Por último, pero quizá el elemento más relevante en el desarrollo posterior de la industria automovilística, está relacionado con la organización de la producción y la aparición de nuevos modelos de relación entre proveedores y fabricantes de automóviles. Hasta la crisis del petróleo de 1973, las formas organizativas se caracterizaban por un predominio de la integración vertical, donde las relaciones con los proveedores eran de índole meramente comercial, «con un bajo nivel de transacciones» (Aláez et al. 2003, p. 202). La crisis del petróleo evidenció la superioridad de los fabricantes japoneses, obligando a las multinacionales norteamericanas y europeas a prestar a tención a las nuevas formas organizativas y a replantearse las relaciones con los proveedores, aumentando considerablemente el volumen de intercambios. El cambio organizativo no se terminó con la década, sino que el proceso continuó con una fase de intensificación de las relaciones interempresariales incorporándose, de forma creciente, elementos de coordinación y cooperación entre fabricante y proveedores, en un escenario abierto, plenamente liberalizado (Aláez et al. 2003), del que se da cuenta en los siguientes capítulos.
Mientras tanto, Seat anticipaba ya los efectos de una crisis que no tardaría en llegar. Además de las secuelas de la recesión mundial desatada en 1973, que afectaron a todas las compañías automovilísticas, existieron factores de política interna que perjudicaron la posición de Seat, incidiendo de forma negativa en sus resultados. Mientras que Seat estaba obligada a mantener un nivel de nacionalización en sus componentes del 90%, compañías como Ford o GM, instaladas a lo largo de la década de los setenta, lograron rebajar este porcentaje hasta el 50% y 60% respectivamente, lo que les proporcionaba importantes economías de escala al poder adquirir de sus matrices en el exterior un porcentaje significativo de sus componentes en condiciones muy competitivas. Esta posición desfavorable se tradujo de forma inmediata en una pérdida de la cuota de mercado que, tan sólo en el periodo de tiempo transcurrido entre 1973 y 1980, pasó de un 50,81% a un escuálido 26,95% 1.
4.3.
LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN NAVARRA: UNA LECTURA EN CLAVE POLÍTICA
El panorama que presentaba la industria en Navarra a comienzos de los sesenta estaba caracterizado por el fuerte peso del sector agrario, un incipiente sector industrial y unos servicios concentrados mayoritariamente en la Administración y en torno a la capital. Esta situación dio un importante giro con motivo de la puesta en marcha del Programa de Promoción Industrial (PPI) de 1964 promovido por la Diputación Foral que —junto con Álava era la única excepción del Estado— tenía importantes competencias en la planificación y en el desarrollo de la región. De este modo, Navarra se subía al tren de los Planes de Desarrollo promovidos por la Administración Central a mediados de los sesenta y primeros años setenta, y que por las dudas que suscitaron entre la clase dirigente navarra temerosa de una rápida proletarización e incremento de la conflictividad social, no afectaron a Navarra hasta la aprobación del III Plan de Desarrollo Económico y social (1972-75). Sin embargo, previo al PPI de 1964 existía ya, según muestra Ardaiz (1980), una importante base industrial en sectores como el de fundición, maquinaria, papel y artes gráficas, química o alimentación, entre otros, por lo que es más que probable que el desarrollo de Navarra se hubiera producido aun cuando no hubieran sido puestos en marcha ni el PPI (1964) ni el Plan Navarra (1972), versión foral del III Plan de Desarrollo Español. La presencia en navarra de empresas dedicadas a la fabricación de compo1
Según información extraída de los Informes Anuales de SEAT. Años 1973-1980.
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nentes para el automóvil es, pues, previa a la instalación de la planta de ensamblaje de Authi, de cuya factoría salía el primer vehículo el 30 de septiembre de 1966. Automóviles Hispano Ingleses (Authi) estaba participada por British Leyland, Banco de Santander y Nueva Montaña Quijano y, durante los 8 años de actividad, se montaron 131.744 vehículos, ascendiendo la plantilla a 1.460 trabajadores en el tercer trimestre de 1974. El 9 de octubre de 1974 un incendio arrasó el almacén general, lo que obligó a detener la producción de la planta hasta provocar, meses más tarde, el cierre definitivo de la misma y el abandono de British Leyland de sus intereses en España. Aunque en un principio la dirección de Authi tuvo la intención de reanudar la producción del modelo «mini» para primeros de noviembre, factores como la incertidumbre política y la crisis mundial del petróleo hicieron desistir de sus planes anunciando su intención de abandonar España. La suspensión de las actividades en Landaben obligó a la empresa a presentar ante la Dirección General de Trabajo un expediente de regulación de empleo (ERE) solicitando la suspensión temporal de los contratos de trabajo. El Gobierno de España entabló conversaciones con GM para que la multinacional norteamericana se hiciera cargo de la planta de Landaben, propuesta que no prosperó ante la mejor opción que encontró poco después en Zaragoza (Germán, 2003). En unos años caracterizados por la ausencia de libertades públicas y vigente una ley de prensa que imponía la censura previa, no deja de sorprender la crítica que, tan sólo un día después de conocerse la negativa de GM para adquirir la planta navarra, realizó públicamente el director del periódico más influyente de la región, acusando al Gobierno español de no trabajar por los intereses de Navarra 2. Desechada la opción GM, la dirección de Authi presentaba un segundo expediente de regulación de empleo, al tiempo que se hacían públicos los primeros contactos entre Seat y British Leyland para la compra de Authi. Apenas cinco meses después, el 22 de julio de 1975, se firmaba la venta de Authi a Seat contemplando la incorporación gradual de todos los trabajadores para finales de 1976, una vez finalizadas las obras de adaptación de las instalaciones. El 28 de enero de 1976 salía de la planta de Landaben el primer vehículo con la marca Seat. La incorporación de la plantilla de Authi a las tareas productivas no estuvo exenta de problemas y de quejas por parte de los trabajadores. En varias 2 «Navarra de actualidad». Diario de Navarra, 8 de febrero de 1975, p. 24. La situación sociolaboral por la que atravesaba la región en los primeros meses del decisivo 1975 estaba caracterizada por el conflicto. Una de las manifestaciones más espectaculares fue la huelga general que por aquellos días se vivía en el cinturón industrial de Pamplona en solidaridad con los trabajadores de Potasas de Navarra, encerrados durante 15 días en los pozos de la mina. Además de la huelga de Potasas, en febrero de 1975 Magistratura de Trabajo declaraba procedentes los 416 despidos de Eaton y los 67 de UFESA, añadiendo más crispación al ambiente.
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ocasiones mostraron su desacuerdo por el método discriminatorio utilizado por la dirección a la hora de incorporar a los trabajadores, así como por las diferentes soluciones dadas por la dirección de Seat al reconocimiento de la antigüedad devengada. También protestaban por las peores condiciones de trabajo que acarreaban los nuevos métodos impuestos por SEAT. Estas reivindicaciones se unieron a las del Comité de Barcelona, inmerso en las negociaciones del Convenio Colectivo, al que se le exigía la renuncia por escrito a reivindicar la readmisión de 248 despedidos «sin los que la negociación no prosperará» 3.
4.4.
EL FIN DE LA VINCULACIÓN CON FIAT: LA DEBILIDAD DE SEAT
La compra de la planta navarra de Landaben estuvo totalmente determinada por condicionantes políticos. El tardofranquismo vivía sus últimos días y la principal preocupación del Gobierno de Arias Navarro era frenar la conflictividad social y laboral de un país que, con cierto retraso con relación al resto del mundo, se encaminaba hacia una crisis económica de descomunales proporciones. La crisis política retrasó la llegada de la crisis económica. La adquisición de las instalaciones de Landaben no mejoró los índices de eficiencia de Seat que veía como año tras año perdía cuota de mercado interior. No iban mejor las exportaciones, cuyo porcentaje relativo irá descendiendo, igualmente, de forma preocupante. Al no estar integrada plenamente en ningún grupo multinacional, dos eran los condicionantes que tenía que enfrentar la empresa para dar salida al exceso de capacidad disponible de sus plantas. El primero de ellos hacía referencia al hecho de que todos los fabricantes instalados en España gozaban de plena libertad de exportar por estar integrados en multinacionales, circunstancia que no concurría en Seat. El segundo condicionante tiene que ver con la creciente competitividad en el sector como consecuencia de la instalación de las marcas Ford y GM, con menores exigencias en cuanto al nivel de nacionalización de sus componentes, como ya se ha señalado más arriba. Por lo tanto, el establecimiento de algún tipo de alianza con un grupo internacional era una cuestión de supervivencia, más aún en un escenario en el que desde 1979 se habían liberalizado las importaciones de automóviles con la supresión de determinados derechos arancelarios. La necesidad de buscar un socio externo que pudiera facilitar la tarea exportadora propició, en junio de 1979, la firma de unos acuerdos con FIAT, 3
«Asamblea de los trabajadores de Authi-Seat». Diario de Navarra, 10 de enero de 1976, p. 24.
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el INI y bancos accionistas de Seat por los que se facultaba a la firma italiana a incrementar su participación hasta alcanzar la mayoría absoluta para diciembre de 1981, o incluso antes. FIAT puso como condición para firmar el acuerdo la realización de una profunda reconversión industrial con el objeto de adaptar la empresa a la nueva situación. Tras la firma del convenio, FIAT se hizo cargo de la gestión de Seat, aunque solamente por un corto periodo de tiempo, dado que la multinacional italiana, acuciada igualmente por problemas en sus mercados domésticos 4, no acudió a la ampliación de capital de mayo de 1980 que le hubiera permitido alcanzar en una primera fase el 41% de las acciones. Ante esta negativa, tiene que ser el INI el que suscriba la parte correspondiente a FIAT en la nueva ampliación de 1981. El equipo directivo, de claro sabor italiano, se renueva totalmente y es Juan Miguel Antoñanzas, hombre de confianza del INI, el encargado de diseñar una nueva estrategia para un nuevo equipo directivo. Abandonada la opción italiana, todos los esfuerzos de la nueva dirección se centran en incorporar una tecnología complementaria procedente de un grupo multinacional solvente. «Desaparecida la vinculación con FIAT, y teniendo en cuenta la evolución y estrategias de la industria del automóvil en el mundo, se comprende que SEAT deba quedar relacionada en el futuro con alguno de los grandes grupos que, por su dimensión productiva y magnitud de sus redes comerciales, cuentan con cifras de negocios que les permitan soportar los elevados costos de investigación e innovación del producto que requiere este tipo de industria». (Informe Anual 1981, p. 62).
Se pone fin a una relación de cooperación de algo más de 30 años, si bien todavía durante algún tiempo, Seat siguió usando la red comercial FIAT para la exportación de sus modelos. El punto final de la relación se escenifica con la cesión al INI, en dos fases, de la participación de FIAT al precio simbólico de una peseta. En los cuatro ejercicios transcurridos entre 1978 y 1981, la cuenta de resultados de Seat generó unas pérdidas de 65.000 millones de pesetas (360,65 millones de euros), en medio de un entorno internacional, con la excepción de Japón, igualmente sumido en una aguda crisis. No solamente se pierde cuota de mercado interno, sino que la pérdida de competitividad afecta también al mercado de la exportación. En 1981 se exportan únicamente 433.131 vehículos, un 11,2% menos que el año anterior. Se plantean ajustes de plantilla mediante la incoación de dos expedientes de regulación de empleo (ERE), tras los que 5.345 personas cusan baja de forma voluntaria, al tiempo que otras 348 se acogen a los beneficios de la jubilación anticipada. Para paliar los efectos de la descapitalización como consecuencia 4 Para paliar sus problemas financieros, FIAT llevó a cabo una severa política de reducción de costes con cierre de plantas en Chile, Argentina y Uruguay.
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de las cuantiosas pérdidas, Seat se endeudó en exceso con una serie de bancos avalados todos ellos por el INI, que ya para entonces poseía el 85 % de las acciones de Seat. La cuenta de resultados de Seat dará cuenta de unos gastos financieros del orden de 20.000 millones de pesetas anuales, circunstancia que penalizó con dureza la cifra final del resultado. Las gestiones para la búsqueda de un socio internacional, reclamada ya en el informe anual de 1981, se concretan el 30 de septiembre de 1982 cuando se firma con el consorcio alemán Volkswagen un convenio de colaboración con el objeto de facilitar la exportación de vehículos Seat a través de la red de la multinacional alemana. Los acuerdos contemplan también el inicio de actividades fabriles conjuntas, lo que obliga a acometer las transformaciones necesarias en las plantas para ajustarlas a la producción de los nuevos modelos, expediente de regulación incluido. La planta de Pamplona, una de las más automatizadas en aquel momento, se adapta para comenzar una rápida producción del modelo Polo. El acuerdo satisfacía las necesidades de Seat, que básicamente pasaban por incrementar su cifra de ventas, completar la gama de productos y ajustar su capacidad productiva a sus posibilidades reales de venta. Las fortalezas que esgrimía (tabla 4.1) se encontraban en la excelente red de ventas distribuida por todo el territorio del Estado y unas modernas instalaciones en Pamplona y Martorell. Por su parte, Volkswagen, que contaba ya con una amplia trayectoria internacional con filiales en Canadá, México, Brasil o República Surafricana, necesitaba mejorar su presencia en el mercado espaTABLA 4.1 Fortalezas y debilidades de Seat y Volkswagen en 1982 SEAT Fortalezas
• Extensa red de distribución en el mercado interior con más de 1.000 puntos de atención. • Avanzadas instalaciones en las plantas de Pamplona y Martorell.
Debilidades • Pérdida de competitividad tanto en el mercado interior como en el exterior. • Ausencia de tecnología propia. • Acusada debilidad financiera.
Volkswagen • Marca con presencia global. • Sólida posición en I+D. • Tecnología puntera.
• Costes de producción relativamente más elevados. • Poca presencia en automóviles de la gama baja.
FUENTE: Elaboración propia, a partir de Solé (1994) y González de la Fe (2003).
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ñol con unos costes laborales netamente inferiores a los alemanes, lo que permitía desplazar parte de la producción a España (González de la Fe, 2003). Años después, tras la compra del 51% de los títulos de Seat en 1986, Karl H. Hann, presidente de la multinacional alemana, declaraba que la compra de Seat no fue tan sólo una fórmula de entrada en el mercado español, sino que formaba parte de una estrategia global de ofensiva de Volkswagen en el segmento más bajo de la producción de turismos 5. Los acuerdos de cooperación entre Seat y Volkswagen mantuvieron la independencia financiera y de gestión de ambas compañías, al no conllevar una participación de Volkswagen en el capital de Seat. El contenido básico del acuerdo consistía en la fabricación en España de unas 120.000 unidades de modelos Volkswagen de los que 90.000 correspondían al modelo Polo y 30.000 a los modelos Passat/Santana/Variant. El acuerdo contemplaba, igualmente, un grado de nacionalización entre el 50 y el 65%, según modelos y versiones, reservándose Volkswagen el suministro de determinados conjuntos y componentes desde sus fábricas alemanas. Tras la firma de los acuerdos de 1982, comenzó la reconversión de las Instalaciones de la Zona Franca y de la Planta de Landaben para ajustar ésta última a la producción del Polo. La planta de Pamplona lidera el proceso de la reconversión: el 29 de abril de 1983 sale de la cadena de Landaben el último Seat Panda y en poco más de un año, el 4 de junio de 1984, se produce la presentación oficial ante los medios periodísticos del primer automóvil Volkswagen fabricado en Pamplona. La reconversión de las instalaciones afectó a todos los talleres de fábrica, realizando inversiones por importe de 8.000 millones de pesetas 6. En el taller de chapa se transformó la línea de montaje de la carrocería para adaptarla a los nuevos modelos, completándola con tres estaciones automáticas y aumentando el número de robots de que disponía, hasta llegar a los 18 que podrán trabajar de forma simultánea. La consideración de los trabajadores como un recurso productivo más cuyo coste conviene minimizar, recurso productivo exento de cualquier otra consideración, queda patente en la explicación dada para justificar la solicitud de ERE. «Con el fin de ajustar los efectivos de personal a la producción necesaria, en el transcurso del año 1983 se llevaron a cabo dos expedientes de regulación de empleo que afectaron al personal del arco industrial. El primero de ellos consistió en la reducción de 41 días en Barcelona y 32 días en Pamplona que afectaron a un colectivo total de 20.344 trabajadores. El segundo en la suspensión de contrato de 1.400 trabajadores durante 8 meses, por readaptación de las instalaciones de fábrica de Pamplona a las exigencias productivas de los modelos Volkswagen» (Informe Anual 1983, p. 40).
5 6
74
El País, 22 de febrero de 1986, p. 43. Informe Anual año 1983, p. 28.
4.5.
4.5.1.
PREPARANDO LOS ACUERDOS DE 1986: DE LA CRISIS ECONÓMICA A LA INTERVENCIÓN POLÍTICA La crisis económica
A finales de marzo de 1984 se produce un encuentro entre los presidentes el INI y Seat, Enrique Moya y J. A. Díaz Alvárez respectivamente, con directivos de Volkswagen con el fin de estructurar las relaciones de colaboración abiertas tras la firma de los acuerdos de septiembre de 1982. La preocupación fundamental de los directivos alemanes se focalizaba en las instalaciones de la Zona Franca, necesitada de importantes inversiones y con una plantilla sobredimensionada para los nuevos procesos productivos implantados por la empresa multinacional. Tampoco era mejor la situación financiera. Los administradores de Seat se enfrentaban a grandes dificultades para poder presentar unos balances que no transmitieran la imagen de quiebra latente que continuamente amenazaba a la compañía (ver tabla 4.2), aunque como tendremos ocasión de ver en el siguiente capítulo, el informe anual se utilizó para disimular y ocultar la inminencia del desenlace. En el periodo 1981-86 las pérdidas acumuladas de Seat superaban los 175.000 millones de pesetas (1.100 millones de euros), compensadas con sucesivas ampliaciones de capital, aportaciones especiales del INI, recurriendo igualmente a la actualización de balances y activando gastos que, en buena lógica contable, hubieran debido pasar por la cuenta de resultados. Ante las irregularidades contables cometidas por los administradores de Seat, la actitud de la Administración fue lo más parecido al laissez faire,
TABLA 4.2 Datos financieros de SEAT en el periodo 1981-1986* 1981
1982
1983
1984
1985
1986
Capital y Reservas
32.528
29.558
19.097
19.011
22.576
65.252
Pérdidas del ejercicio
20.169
23.665
35.778
36.190
36.567
27.433
Gastos financieros
17.143
22.672
34.989
37.438
43.829
14.179
Deuda
172.077
209.384
277.610
363.145
225.380
165.946
*Millones de pesetas FUENTE: Memorias de SEAT de los respectivos años.
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consciente de la honda repercusión social que hubiera tenido una intervención judicial de la compañía, en medio de un clima de profundo descontento motivado por la dura reconversión industrial que se estaba acometiendo. El ministro de economía Carlos Solchaga reconocía estas irregularidades contables, apenas 4 años después, con motivo del debate parlamentario de febrero de 1986 sobre el Real Decreto de subrogación de pérdidas de Seat 7. Pero, dada la aparente facilidad para obtener recursos adicionales con los que eliminar los números rojos que año tras año afloraban en la cuenta de resultados, la deuda era la auténtica losa de Seat. Una deuda que a finales de 1986 superaba los 165.000 millones de pesetas (casi 1.000 millones de euros), circunstancia que condicionaba sin remedio de solución los resultados anuales que, ejercicio tras ejercicio, soportaban unos gastos financieros similares a la cifra de pérdidas declaradas. Sólo así se entiende el alivio del presidente del INI Luis Carlos Croissier cuando, tras la firma del traspaso de las acciones del INI a Volkswagen, declaraba que las cifras del holding público se verían mejoradas ya en 1986 entre 35.000 y 36.000 millones de pesetas, es decir, las pérdidas anuales de la empresa privatizada, tal y como puede apreciarse en la tabla 4.2. 4.5.2.
La privatización de Seat: condicionantes políticos e institucionales
Ante el desolador panorama que traducen las cifras de ventas y resultados, la nueva dirección de Seat toma como objetivo principal logar mayores compromisos de cooperación con Volkswagen, planteando abiertamente la adquisición de la mayoría del capital. Para que se pudiera llegar al histórico acuerdo fueron necesarios 23 meses de negociaciones, a lo largo de los cuales se intercambiaron documentos, planes y cartas de intenciones donde se discutieron a fondo asuntos como el saneamiento financiero de la compañía, la cifra del excedente de plantilla y los resultados de la auditoría de Seat. Hay que decir, en honor a la verdad, que por la parte alemana, la operación de compra no contaba con excesivos entusiasmos. Para entender mejor esta situación, es preciso conocer la estructura accionarial de la multinacional donde los trabajadores representan el 50% del Comité de Vigilancia, cuya autorización resultaba imprescindible para que la operación se pudiera llevar a cabo. Entre los accionis«Es verdad que los criterios de contabilidad jamás rozarán siquiera las consideraciones legales, pero no deja de ser cierto, tampoco, que hasta 1983 aparecían en el activo cosas que, en rigurosa técnica contable, hubieran debido aflorar en la cuenta de pérdidas y ganancias» (Diario de Navarra, 12 de febrero de 1986, p. 7). 7
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tas de la firma hay presencia tanto del gobierno federal como del regional, lo que diseña un complejo sistema de toma de decisiones. La correlación de fuerzas era claramente desfavorable en el momento inicial para los que defendían la operación de compra, entre ellos el presidente de la firma, Karl H. Hann. El cambio de postura de los trabajadores, poco entusiastas de la operación al inicio de las conversaciones, terminó por inclinar la balanza, dando el visto bueno a la operación 8. Pero no eran sólo los trabajadores alemanes los únicos que no veían clara la operación. Los responsables financieros de Volkswagen alertaban de los peligros de una deuda que, como se ha señalado más arriba, asfixiaba sin remedio a Seat. Por esta razón, la decisión del Gobierno Español, el 27 de diciembre de 1985, de aprobar la subrogación de la deuda del INI derivada de esta operación (185.266 millones de pesetas), constituyó el último paso en este largo proceso negociador 9. La visita que el rey Juan Carlos efectuó a las instalaciones de la empresa alemana en Wolfsburg, apenas una semana después de adoptado el acuerdo de compra del 51% de las acciones de Seat, disipaba cualquier duda sobre la naturaleza de la alianza estratégica tejida entre ambas compañías y sobre el interés con que desde España se impulsaba la operación. La operación, sin embargo, no contó con el aplauso unánime ni de los trabajadores de las plantas españolas, que valoraron de forma diferente la operación, ni de los miembros de la oposición parlamentaria, muy descontentos por el secretismo con el que se llevaron a cabo las negociaciones. Las críticas se centraban más en las formas que en el fondo de la operación. El portavoz del Partido Popular para asuntos económicos Rodrigo Rato —casi un desconocido entonces, pero con el tiempo ministro de economía entre 1996 y 2004, y director gerente del FMI a partir de 2004— calificaba la operación de opaca y llena de lagunas de futuro, planteando la necesidad de un debate más profundo acerca del papel gubernamental en la empresa pública. La abstención prácticamente unánime de toda la oposición en el debate parlamentario producido para validar el Real Decreto de subrogación de pérdidas de Seat fue la forma de manifestar el descontento. 8 La vicepresidencia del Consejo de Supervisión recaía en Hans Mayr, al mismo tiempo presidente del poderoso sindicato del metal Ig Metall. 9 Buena muestra de las cautelas con que Volkswagen afrontaba la operación está en la rápida respuesta dada por la firma alemana a las declaraciones efectuadas en la sesión parlamentaria de febrero de 1986 por el ministro Carlos Solchaga. En dicha sesión, el Ministro confiaba en que antes de 1990 Volkswagen pudiera llegar al 100% de participación. La nota emitida por Volkswagen consideraba prematuros los comentarios del Ministro, afirmando que, de momento, febrero de 1986, su compromiso se limitaba al 51% de las acciones de SEAT (El País, 13 de febrero de 1986, p. 45).
77
Por su parte, el mundo sindical valoró de forma bien distinta los acuerdos de venta. Si bien la UGT, alineada con las tesis gubernamentales, consideraba muy positiva la operación —con el argumento de que así se mantenía la actividad industrial y auxiliar del automóvil— , CCOO la calificaba de «duro golpe», mostrándose partidaria de mantener la mayoría pública en la titularidad de las acciones 10. En medio de este clima de división sindical, el 9 de junio de 1986 se produce la firma del acuerdo por el cual el grupo alemán pasa a controlar el 51% del capital de Seat. La representación española fue del más alto nivel, ya que acudieron el presidente del INI, Carlos Croissier, el vicepresidente, Claudio Aranzadi y el director financiero, Javier Álvarez. Por la parte alemana el firmante fue Karl Hahn, presidente de Volkswagen. El acuerdo establecía una ampliación de capital a suscribir íntegramente por Volkswagen y un plan de inversiones en instalaciones y tecnología por importe de 450.000 millones de pesetas. Como ya se ha comentado más arriba, el INI aportó 200.000 millones de pesetas (un claro ejemplo de socialización de pérdidas) para sanear la empresa antes de la venta. Se estaba gestando una auténtica alianza estratégica, ya que el acuerdo representaba algo más que un mero contrato de concesión de licencias y compra-venta. En opinión de González de la Fe (2003), se estaban sentando las bases de asuntos estratégicos clave como el aprovisionamiento a largo plazo, la producción conjunta y la distribución compartida. Sin embargo, los negociadores alemanes mantuvieron sus cautelas hasta el mismo momento de la firma. El hecho de que la misma tuviera lugar en Ginebra con el objeto de que fuera el Tribunal Internacional de esa ciudad suiza el encargado de dirimir cualquier problema de interpretación del texto redactado, en inglés, evidenciaba los recelos con los que se afrontaba la firma, sobre todo por parte alemana. El contrato contenía unas cláusulas resolutorias según las cuales, Volkswagen podía revertir al INI la propiedad de las acciones adquiridas si se producía alguna de las cuatro circunstancias específicas siguientes: — Si la Comisión Europea estima que el apoyo financiero dado por el Gobierno español con anterioridad a la venta viola las normas comunitarias de libre competencia. — Si Seat no puede seguir fabricando su gama de modelos porque la FIAT reclama royalties o prohíbe la fabricación de los mismos. — Si el Gobierno español estima, antes de seis meses, que los acuerdos no le convienen o no los cumple en los términos pactados. 10 CCOO censuraba también la decisión del Gobierno socialista porque el dinero público se podía haber utilizado en la compra de tecnología para seguir avanzando en la puesta a punto del sector del automóvil. Ver Diario de Navarra, 22 de febrero de 1986, p. 22.
78
— Si alguno de los documentos contables aportados por el INI sobre Seat no refleja la realidad de la empresa adquirida. Bajo estos términos pactados, tras la operación acordeón realizada entre los meses de febrero y abril de 1986, Volkswagen se hizo con el 51% de las acciones de Seat por 40.800 millones de pesetas. Poco después, en el mes de diciembre de ese mismo año, la firma alemana aportaba otros 19.700 millones de pesetas con lo que la participación en el capital de Seat llegaba al 75%. El restante 25% quedaba, todavía, en manos del INI. En definitiva, la privatización de Seat fue una consecuencia (más) de las reformas estructurales demandadas desde Bruselas para la plena incorporación de España a la CEE. Vino justificada por la necesidad de buscar un socio externo que aportara tecnología, ampliara la gama de productos y proporcionara redes de distribución, elementos clásicos que ya anticipaba la compañía en el Informe Anual de 1981, como ha quedado dicho más arriba. Sin embargo, junto a esta convencional manera de presentar el episodio —contrato, bilateral, eficiente, recíproco, sin externalidades y sin ganadores ni perdedores— , el proceso privatizador se presentó también lleno de condicionantes sociales y políticos. La compra de Seat por Volkswagen no se hubiera podido materializar de ninguna manera de no haber contado con las importantes ayudas financieras del Gobierno español, con el coste social asumido por los más de 5.000 trabajadores que vieron perder su empleo como condición para la firma de los acuerdos, y sin la inclusión de nuevas cláusulas de movilidad y flexibilidad para la plantilla 11. Al hilo de las duras condiciones impuestas por Volkswagen, que se reservaba la facultad de revertir la operación al INI, el editorial de un influyente periódico daba cuenta de la escasa reciprocidad con la que se abordaron las negociaciones de venta al señalar que «los términos del acuerdo podían haber sido más ventajosos y, sobre todo, sus pérdidas no habrían pesado durante años sobre el bolsillo de los españoles. Los errores en la gestión de la sociedad fueron abrumando al Gobierno» 12. La naturaleza política de la operación se evidencia también por el hecho de que el INI consideraba ya carente de sentido su presencia en un sector que, una vez superada las crisis de 1981 tras la negativa de FIAT a acudir a la ampliación de capital (origen de las alianzas estratégicas con Volkswagen) no necesitaba de tutelas públicas. Además, según destaca González de la Fe (2003), conviene no pasar por alto la intención del INI de contrarrestar de forma eficaz el poder sindical de la empresa de forma similar a lo que por aquellos años estaba ocurriendo en el Reino Unido con la política 11 «El consejo de vigilancia de Volkswagen autoriza la compra del 51% del capital de Seat». El País, 22 de febrero de 1986, p. 43. 12 « La venta de Seat». El País, 24 de febrero de 1986, p. 8.
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privatizadora emprendida por la líder del partido conservador británico M. Thatcher 13. Analizado el componente político que presidió tanto la adquisición de Authi por Seat como la posterior privatización de ésta última tras la compra Volkswagen, queda por investigar el papel jugado por los informes anuales de Seat-Volkswagen en la crisis política vivida durante la transición y en la gestión del paso de la producción en masa a la definida por el suministro a tiempo. Los años analizados definen una época crucial no sólo para Seat-Volkswagen y el resto de la industria, sino para la sociedad entera que experimentará importantes transformaciones en sus estructuras. La industria de automoción ve como se modifican los modos de producción, las relaciones con proveedores, las relaciones laborales y el marco laboral mismo. Y con ello a una, el informe anual es testigo activo de estos cambios, tanto a la hora de presentar una información, como a la de no hacerlo. El siguiente capítulo investiga el papel jugado por el informe anual de Seat como actor cómplice y legitimador del mayor cambio político de nuestra historia reciente.
13 El ascenso al poder del Partido Conservador británico, además de acelerar la política de privatización de empresas públicas, supuso el fin de uno de los intentos más serios de regular la divulgación de información de carácter social en los informes anuales de las empresas, iniciado a raíz de la publicación del Corporate Report (Gray, Owen y Adams, 1996; Perks, 1993)
80
CAPÍTULO
5
DE LA CRISIS POLÍTICA A LOS ACUERDOS CON VOLKSWAGEN (1974-1986)
5.1.
INTRODUCCIÓN
La industria del automóvil constituye un inmenso laboratorio y campo de pruebas susceptible de proporcionar gran cantidad de información que puede ser muy útil para interpretar los cambios organizativos y de otra índole en otras actividades industriales. El importante número de empresas que actúan como proveedoras de la planta ensambladora, la gran cantidad de mano de obra directa o indirectamente implicada en el sector y la sensibilidad de la industria a las modificaciones de las variables económicas, hacen que la misma sea centro de muchas miradas interesadas en conocer las pulsiones del sector industrial. Estos elementos se presentan con inusitada fuerza en la planta navarra de ensamblaje de automóviles a partir del momento mismo del inicio de actividades en septiembre de 1966, y adquiere plena dimensión a raíz del momento en que, como se ha expuesto en el capítulo anterior, razones de índole política obligan a Seat a adquirir la planta navarra de Landaben tras el incendio declarado en 1974. A partir de ese momento, los destinos de la planta navarra quedan vinculados con el futuro de Seat que, como se sabe, fue a su vez adquirida por la multinacional alemana Volkswagen en 1986. Al objeto de presentar la investigación de forma estructurada el amplio periodo de estudio se va a dividir en dos etapas, 1974-1986 la primera, y 1986-2005 la segunda. La división del periodo en dos etapas, además de por evidentes razones de simplificación, queda justificada por la existencia de dos discursos radicalmente distintos en los informes anuales, propios dos épocas también diferentes: 81
a)
b)
En primer lugar, un discurso insertado en la aguda crisis política y económica que vivió el país durante los cruciales años de la primera etapa. Fueron años en los que la adopción de medidas políticas de gran calado dejaron en segundo plano las decisiones con perfil más económico. Durante los años de la primera etapa, los informes anuales de Seat, no hay que olvidar que era una empresa del INI, tienen un marcado perfil político y asumen los dictados de la política económica emanada desde los sucesivos gobiernos, al tiempo que intentan, por diversos medios, suavizar los efectos de la profunda crisis económica interna que acabó por fagocitar a la compañía. En segundo lugar, tras la privatización de la compañía y la entrada en escena de Volkswagen se inaugura la época de la producción flexible, el suministro justo a tiempo y la instalación de los primeros parques de proveedores. El informe anual cambió su discursó y lo orientó hacia las cuestiones organizativas y estructurales demandadas por la industria y la producción flexible. Este periodo fue, además, testigo de la intervención política en el mercado de trabajo al objeto de propiciar un marco de relaciones laborales ajustado a los nuevos modos de producción flexible.
El periodo inicial, desde 1974 hasta 1986, comienza con el momento en que Seat se hace cargo de la planta de Pamplona y finaliza con la firma de los acuerdos con Volkswagen y posterior control de Seat por la multinacional alemana. Se trata de un periodo altamente condicionado por una efervescencia política consecuencia del paso de un régimen dictatorial sin libertades políticas a otro de democracia parlamentaria y con libertad sindical plena. La prioridad por resolver la crisis política retrasó la adopción de medidas para atajar la crisis económica que afectaba al sector de automoción y a Seat de forma especial. El exceso de capacidad de las instalaciones y el statu quo del sector durante buena parte del periodo considerado se apuntan como algunas de las causas de la crisis económica (García Ruiz, 2003; González de la Fe, 2003). En Seat se vive además un proceso de privatización culminado en 1986, una vez despejadas las incertidumbres políticas del país, consumada la incorporación de España al Mercado Común Europeo e iniciado un proceso general de reconversión industrial que se extendió de norte a sur y que afectó como al que más a Seat y a su planta navarra de Landaben. El segundo periodo se inicia a partir del momento en que la multinacional alemana adquiere el control de Seat y de todas sus instalaciones. Durante los primeros años de este dilatado periodo, que se extiende hasta mediados de la primera década del presente siglo, se acomete una profunda reconversión industrial y un duro ajuste laboral. A comienzos de los noventa se inicia la producción justo a tiempo (JIT) para lo que se instalan 82
parques de proveedores en los alrededores de las plantas de ensamblaje. La planta Navarra se dedica al montaje del Polo, alcanzándose a finales de la década de los noventa volúmenes históricos de producción. Es la época de los obreros del Polo y del trabajo invisible y fragmentado (Castillo y López, 2003). Pero también es la época de la globalización, de la pérdida de poder del Estado —nación a favor de organizaciones y empresas transnacionales y de los movimientos sociales y políticos, también transnacionales. A diferencia de épocas anteriores, se trata de un periodo en el que para una misma operación económica se puede distinguir lugar de inversión, lugar de producción y lugar de residencia fiscal, aspectos que sin duda confieren una nueva dimensión al tipo de relaciones industriales que se producen entre trabajadores y dirección, algunas de cuyas consecuencias se presentan de forma recurrente en la negociación de los últimos convenios colectivos de Volkswagen. En este sentido, la planta navarra de Volkswagen está siendo testigo, en los primeros años del siglo XXI, de importantes mutaciones que afectan la forma de concebir el trabajo mismo, determinado por el hecho de homogeneizar a la baja las condiciones laborales existentes en las diferentes plantas de la multinacional, aprovechando las posibilidades brindadas por la actual globalización financiera y productiva, uno de cuyos máximos exponentes es el traslado de producción, el cierre de plantas o, simplemente, la amenaza permanente de la deslocalización. Investigados en el capítulo anterior los factores políticos y económicos que condicionaron la actividad de Seat durante los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco hasta la adquisición del control por Volkswagen, el presente capítulo investiga el papel jugado por el informe anual a lo largo del periodo 1974-1986, dejando para un capítulo posterior la época de la producción JIT y la flexibilidad. Como ya se ha señalado, se trata de un periodo caracterizado por factores políticos excepcionales, por imperativos económicos internacionales (primera crisis del petróleo) y por un entorno industrial sujeto a un fuerte marco regulatorio. Son los años de la crisis.
5.2.
AÑOS DE CRISIS: 1974-1986
En el análisis de la industria española del automóvil hay un momento crucial que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. Este momento no es otro que el día en que se aprobaron los decretos Ford que permitieron la instalación en España de la multinacional norteamericana al adecuar la legislación vigente a las pretensiones de la firma estadounidense centradas en la reducción de los porcentajes de contenido nacional y volumen de exportaciones a realizar (Pérez Sanchó, 2003). 83
La efectiva implantación de la planta ensambladora en la comunidad Valenciana y el comienzo de sus actividades en 1976 coincide con un momento convulso en la escena internacional. Son los años de la primera crisis del petróleo cuyos efectos se trasladan de forma inmediata a la industria del automóvil afectando de manera especial a las actividades de Seat que, ya en el informe anual de 1973, reconocía la «creciente influencia» que los condicionantes externos venían teniendo en la economía nacional. Los efectos de la crisis petrolera se muestran con mayor crudeza en 1974, con descensos generalizados en la demanda de automóviles que, en el conjunto de los países occidentales se cifró en un 20 por 100 con relación a las ventas del año anterior. Rápidamente, el informe anual de Seat de 1974 daba cuenta de los efectos de la crisis en forma de un «acusado descenso de nuestras exportaciones» (p. 14). Se estaba gestando una crisis de gran magnitud. El mantenimiento de un sistema de precios regulados en virtud del cual cualquier incremento de precio de los vehículos debía ser oportunamente autorizado, tampoco contribuía a mejorar la situación del sector. El sistema de precios autorizados dio paso a un sistema de precios comunicados, por el cual, si tras la solicitud del aumento no había respuesta negativa en un plazo de dos meses, la subida se aplicaba de forma automática. El malestar por la insuficiencia de los incrementos de precio y el retraso con el que, en todo caso, se aplicaban los mismos quedaron recogidos de forma reiterada en los informes anuales de Seat que reclamaban con insistencia cambios en el marco regulatorio toda vez que: «los incrementos de precios resultan absolutamente insuficientes para absorber la repercusión en los costes de fabricación el alza en los precios de los aprovisionamientos industriales y las mayores retribuciones al personal» (Informe. Anual 1974, p. 20).
La completa liberalización de precios no se produjo hasta 1980. Mientras tanto, la inquietud de los administradores de Seat por la pérdida de competitividad se reflejaba en los siguientes términos: «Y si bien estos (costes) han podido ser parcialmente absorbidos durante 1973 en base al excepcional incremento de la producción y de las ventas, se ha creado, de cara ya al presente año y a los próximos, una situación de creciente desequilibrio que resulta indudable que no podrá mantenerse por mucho tiempo, máxime si se pretende financiar adecuadamente los ambiciosos planes de expansión de este sector industrial.» (Informe Anual 1973, p. 21).
Durante el periodo de tiempo abordado en el presente capítulo, los informes anuales de Seat se confeccionaban de forma muy austera, en blanco y negro, sin fotografías y recurriendo de forma muy escasa a la utilización de gráficos explicativos. Sin embargo, en medio de esta austeridad en el empleo 84
de técnicas gráficas, llama la atención la insistencia con la que año tras año los informes anuales de Seat incluyen algunos gráficos que muestran la creciente brecha existente entre el incremento del coste de la vida y el menor incremento de los precios de los automóviles. Se trata, sin duda, de un esfuerzo por dar visibilidad a la desfavorable posición de la industria automovilística española con relación a la del resto de países productores. Según consta en el informe anual de 1976, mientras que en España el diferencial entre el incremento del precio de los automóviles y el aumento del coste de la vida era de 23 puntos negativos para el periodo 1973-1976, en países como Alemania, Italia, Francia o Reino Unido este diferencial era de signo positivo, siempre a favor del incremento de precio para los automóviles. Sin embargo, a pesar de estas claras señales de entorno internacional desfavorable, pérdida de competitividad y sistema de precios autorizados, los administradores de Seat no tuvieron reparos en aprobar repartos de dividendos del 8% hasta el último año en que la firma obtuvo beneficios. En 1974 la cifra que se destinó al pago de dividendos ascendió al 85% del beneficio de ese año, en claro contraste con el escuálido 4% de la cifra del resultado que ese mismo año se destinaba a financiar inversiones. Esta evidente miopía empresarial fue protagonizada por unos administradores estrechamente vinculados al poder político de la época, fuertemente engarzados con potentes sectores económicos de la década (banca, eléctrico, empresas públicas) que simultaneaban el consejo de administración de Seat con el de las más importantes empresas de esos sectores. La investigación de Castaño (1985) contabiliza en Seat consejeros comunes con diez bancos, con tres sociedades financieras, con dieciséis empresas estatales, con doce compañías eléctricas y con cinco empresas de la industria auxiliar. No es de extrañar, por tanto, como apunta González de la Fe (2003, p. 111), que esta situación diera lugar a la «existencia de intereses económicos heterogéneos en el proceso de toma de decisiones de la empresa automovilística española» lo que sin duda influyó de forma negativa y determinante en la (in)eficacia de su gestión y en el retraso con el que se adoptaron medidas correctoras. 5.2.1.
Los pactos de la Moncloa: el triunfo de la ortodoxia
En este agitado escenario se produce la muerte de Franco y la irrupción de un anhelo colectivo por conquistar unas libertades negadas durante la dictadura. A las reivindicaciones políticas ciudadanas se les unen las propias del movimiento obrero, sumido en la clandestinidad durante muchos años, que reclama mejoras en el poder adquisitivo de los salarios, libertad sindical plena y participación en la vida política. La alta conflictividad laboral afectó también a Seat que, no obstante, apenas quedó reflejada en los 85
informes anuales. El lenguaje es cuidadosamente seleccionado y, en una época donde la huelga estaba prohibida, se recurre a la metáfora de «paros voluntarios» para explicar la pérdida de 20.000 coches en la producción (Informe Anual, 1974, p. 25). Durante 1974, 1975 y 1976, las diferencias entre la plataforma sindical y la oferta de la dirección impidieron la firma del convenio colectivo, debiéndose recurrir a laudo obligatorio para regular los incrementos salariales, jornada anual y demás condiciones de trabajo. Algo, no obstante, cambió, aunque fuera en el lenguaje, pues en la conflictividad de los siguientes años se reconoce ya la existencia de un «conflicto laboral» (Informe Anual, 1975, p. 25) para referirse a la pérdida de 1.300.000 horas de trabajo concentradas en el mes de enero de 1975 para urgir a la firma del convenio colectivo (tres meses de negociaciones que finalizaron en laudo) y en protesta por la incoación de un expediente de regulación de empleo que afectó a más de 17.000 trabajadores equivalente a una carga de trabajo de 2.200.000 horas. Seat recogió en sus informes anuales las incertidumbres suscitadas por la confluencia de una crisis política y económica cuyo máximo pico de interés se localiza en la firma de los acuerdos políticos y económicos suscritos por todas las fuerzas del arco parlamentario 1 en octubre de 1977: los Pactos de la Moncloa. En opinión de Fuentes Quintana (2005) observador privilegiado, dada su condición de ministro de Economía del Gobierno de Suárez surgido tras las elecciones del 15 de junio de 1977, se trataba de buscar un diagnóstico compartido de la crisis económica que permitiera hallar las medidas con las que evitar que un caos económico obstaculizase la llegada de la Constitución. El apartado económico del acuerdo era un severo programa de ajuste apoyado en tres pilares: 1. 2.
3.
Una política monetaria activa que lograra una desaceleración de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Una política presupuestaria encaminada a limitar el ritmo de crecimiento del gasto público de consumo, reforzando al mismo tiempo la imposición para lograr un menor déficit público. Una política de rentas dirigida a moderar el crecimiento de los costes del trabajo (salarios y seguridad social) y los costes financieros.
Esta política de ajuste global se complementaba con otras propuestas encaminadas a devolver al mercado de bienes y factores su «capacidad de asignar recursos con eficiencia» y al empresario su papel central de «organizar y dirigir los procesos productivos» (Fuentes Quintana, 2005, p. 42). Alianza Popular, el partido de la derecha más próximo al antiguo régimen franquista presidido por Fraga Iribarne, firmó el acuerdo económico, pero se desmarcó de las propuestas políticas debido a que —según declaró Fraga a la prensa— «se propendía a un desarme del Estado en un momento tan grave como el que atraviesa España en la situación de orden público» (Diario de Navarra, 28 de octubre de 1977, p. 1). 1
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El pacto económico consistía, en definitiva, en la aplicación de las conocidas recetas de enfriamiento de la economía, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, adelgazamiento del sector público e inicio de una desenfrenada política de privatización de empresas públicas hasta convertirlas en sombra de lo que fueron. En realidad, no se estaba practicado nada que no se hubiera adelantado años atrás por el Banco Mundial en sus recomendaciones para España. Según se recoge en el informe de 1962 del mencionado organismo internacional, las recomendaciones para el sector público industrial español contenidas en dicho informe pueden resumirse como sigue: (1) El INI no debería actuar en ningún sector en que la empresa privada tuviera planes activos de entrada; (2) El papel del INI debía consistir en abrir nuevos campos y los desarrollase hasta que la empresa privada tomara el relevo y (3) la financiación de las empresas rentables correspondía al mercado de capitales, mientras las pérdidas debían subvencionarse de modo transparente por el Estado (Banco de Bilbao, 1981). La clase empresarial acogió con alivio el conjunto de medidas adoptadas y Seat no fue una excepción. El informe anual de 1977 se congratulaba del cambio de la política económica apoyada también con una devaluación de la peseta de un 20 por 100. La complacencia con las medidas adoptadas, claramente orientadas a controlar la inflación, aun a costa de soportar notables incrementos en el desempleo, quedó patente en el informe anual de 1977: «Ante la imposibilidad de luchar en varios frentes económicos a la vez el objetivo central del nuevo Gobierno se centró, a corto plazo, en el control de la inflación y del déficit externo, aun a costa de limitar el crecimiento y el nivel de empleo» (Informe Anual 1977, p. 11).
El control de la inflación era un objetivo prioritario del gobierno, por lo que el acuerdo económico descansaba sobre unos incrementos salariales calculados en función de las previsiones de inflación para el siguiente año, en lugar de basarse en inflaciones pasadas que siempre garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo, algo muy bien recibido por la industria. Seat lo documentaba señalando que: «A través del Plan de Saneamiento y Reforma Económica, englobado en los llamados Pactos de la Moncloa, se consiguió el consenso mínimo necesario para una cierta contención salarial, pilar de la política antiinflacionista» (Informe Anual, 1977, p. 11).
El optimismo por el acuerdo alcanzado se trasladó a los mercados de valores que reaccionaron con subidas generalizadas en sus índices al día siguiente de la firma del Pacto. Pero estas «drásticas medidas estabilizadoras» como así las definía el propio informe anual de Seat de 1978 (p. 10), provocaron caídas importantes en la demanda interna, escaso crecimiento 87
económico e importante aumento del paro. Al optimismo general con que el acuerdo fue recibido por los sindicatos mayoritarios que lo llegaron a calificar de «histórico», le sucedió un cierto desencanto motivado por el incumplimiento de algunas propuestas recogidas en los acuerdos como la redacción de un Código de Trabajadores 2. Quince años después a la firma de los acuerdos, Eduardo Haro Tecglen y Manuel Vázquez Montalbán, dos de los pensamientos más libres y críticos que ha tenido nuestro país en el último tercio del siglo XX, situaban precisamente en los Pactos de la Moncloa el momento en que se descabeza y aniquila el movimiento de acción social, se produce la legitimación de un régimen, el acomodamiento de la izquierda y el comienzo de la crisis del movimiento sindical que comenzó a vincular la defensa de los trabajadores con la defensa de la reactivación económica 3. El gusto de los administradores de Seat por las políticas económicas clásicas de control de rentas y adelgazamiento del sector público, utilizados como mantras milagrosos en la búsqueda de salidas a la crisis económica ha sido una constante en los informes anuales de Seat de los primeros años ochenta. El informe anual de 1983 alababa la política económica adoptada por el primer Gobierno socialista que establecía «decididos estímulos al control del crecimiento de la masa salarial», sin importar que como consecuencia de la caída del consumo interno «el paro ha aumentado en cerca de 200.000 personas, hasta alcanzar el nivel del 18,5% sobre la población activa» (Informe Anual, 1983, p. 11). En esta misma línea, propia de la más pura ortodoxia económica, Seat se congratulaba de las medidas de política económica adoptadas al otro lado del Océano por la Administración de Ronald Reagan cuya política económica: «…basada en la liberalización de recursos por vía fiscal —que permitieron aumentar las rentas de familias y empresas— unida a una mayor flexibilización del sistema económico, imperativo que se derivaba de la situación anterior, se instrumentó en forma de mayores facilidades para amortizaciones anticipadas y derogación de algunas normativas técnicas» (Informe Anual, 1984, p. 9).
Seat comparte los postulados políticos del momento, vengan éstos del ámbito local, vengan de esferas de poder más internacionales. El informe anual es el medio utilizado para mostrar esta alianza que se presenta como 2 Otros sindicatos minoritarios, de orientación maoísta, como el Sindicato Unitario (SU) y la Central Sindical Unitaria de Trabajadores (CSUT) mostraron abiertamente, desde el principio, su rechazo al Pacto. Incluso UGT de Madrid declaró que combatirá el Pacto de la Moncloa «por la limitación salarial y las facilidades para el despido que contiene» (ver El País de 13 de octubre de 1977, 4 de noviembre de 1977 y 1 de febrero de 1978). 3 «Conversación con Haro Tecglen y Vázquez Montalbán», Revista Ajoblanco, enero de 1993. www.vespito.net/mvm/diaeht/mvm.html.
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redentora al asociar la «liberalización de recursos por vía fiscal» con las rebajas fiscales practicadas largamente durante los años noventa por la administración Reagan en beneficio de las rentas más elevadas. Un cuarto de siglo después, al analizar la política económica de las Administraciones USA de los últimos años del siglo XX, Joseph Stiglitz (2003) criticaba duramente las bajadas de impuestos sobre plusvalías decretadas tanto por administraciones republicanas como demócratas por el hecho de que, (1) aunque a corto plazo pueden aumentar la recaudación, la reducción fiscal a largo plazo tiene un efecto acumulador de la deuda y (2) porque se trata de uno de los recortes fiscales más regresivos por el reducido número de beneficiarios (pp. 217-225). 5.2.2.
Utilización de la contabilidad para ocultar la crisis
A pesar de la política de rentas que, como el resto de empresas del país aplicó Seat en los años posteriores a la firma de los Acuerdos de la Moncloa, la situación financiera de la compañía se iba deteriorando por momentos. El ejercicio de 1976 fue el primero que se saldó con pérdidas que ya no cesarían hasta descapitalizar totalmente a la compañía pocos años después. Sin embargo, la adopción de medidas correctoras se fue posponiendo, tal vez contagiada del espíritu de un país cuya máxima preocupación, como se recoge en el informe anual de 1980, era la «cristalización de la nueva estructura política española» (p. 11). Ese mismo año, no obstante, el informe anual deja constancia de la preocupación por unos datos contables, antesala de lo que vendría poco después. Encauzada la crisis política, era el momento de abordar las soluciones a la deficitaria estructura empresarial del conjunto del país. Así quedaba recogido en el informe anual: «… llegó el tiempo de la economía, que se ha convertido en el más grave objeto de preocupación por parte de los distintos estamentos políticos y sociales» (Informe Anual, 1980, p. 11).
Sin embargo, a pesar de estas advertencias, los administradores de Seat reaccionaron tarde a las señales que de forma tozuda transmitían los datos contables. Los informes anuales de Seat daban mucho valor al balance de situación que se presentaba con un elevado nivel de desagregación y con abundantes notas explicativas al mismo en el interior de la memoria. Sin embargo, esto no ocurría con la cuenta de pérdidas y ganancias, a pesar de que el Plan General de Contabilidad de 1973 —de aplicación voluntaria— proponía un detallado modelo, ampliamente desglosado, que permitía identificar el resultado de la explotación, el resultado de la cartera de valores y un cuadro sintético recopilativo de todos los resultados anteriores. Con anterioridad a 1976, primer año de pérdidas, la cuenta de resultados de Seat 89
contaba únicamente con tres epígrafes: uno para referirse a los «ingresos por ventas y otros productos» y los otros dos, por el lado de los gastos, para albergar las «cuentas de fabricación, comerciales y administración» y las «cargas financieras y otros gastos.» La abultada pérdida con que se cerró 1976 obligó a suministrar información más detallada que se manifestó tanto en el aumento en el número de líneas de la cuenta de resultados como en las notas adicionales a la cuenta de pérdidas y ganancias. El informe anual de 1978, que declara unas pérdidas de 10.359 millones de pesetas (62,25 millones de euros) se extiende en explicaciones para justificar la cuantía de la pérdida e imputar la misma a los factores que la causan. En un despliegue explicativo sin precedentes (se utilizan dos páginas completas del informe anual), la infrautilización de las instalaciones, el régimen de precios comunicados, la revaluación de la peseta y el aumento de cargas financieras serían los elementos que explicarían la importante pérdida. Estos mismos argumentos aparecen en los informes anuales de 1979 y 1980 que, recurren a variables y ratios contables como el resultado operativo (sin gastos financieros), inéditos hasta ese momento en los informes anuales de Seat de años anteriores, para restar gravedad a la situación, intentando presentar como coyuntural lo que a todas luces era estructural. El deterioro financiero siguió lastrando la cuenta de resultados de Seat de la década de los ochenta a pesar de los intentos de los gestores por disimular la gravedad de la situación que no dudaron en redactar que: «El periodo económico de 1984 se ha saldado con unas mejoras respecto a 1983 de 15.921 millones de pesetas» (Informe Anual, 1984, p. 56).
Y todo ello a pesar de que el resultado operativo arrojaba unas pérdidas de 25.058 millones de pesetas (150,61 millones de euros). El recurso a la utilización de la contabilidad para atemperar la gravedad de la crisis de Seat da muestra de la impotencia de los administradores de Seat para afrontar a tiempo la situación, más preocupados por los problemas políticos de un país que recuperaba las instituciones democráticas y que todavía, en 1981, se sobresaltaba tras el intento de toma de Congreso de los Diputados por un grupúsculo de golpistas. El informe anual de 1984 es prolijo en movimientos contables sin otro objetivo que el de suavizar la débil imagen transmitida a través del balance de situación. A tal fin se propone: «Aprobar el traspaso del saldo de la cuenta Actualización Ley de Presupuestos 1983 a compensar pérdidas acumuladas anteriores, cuando dicha cuenta sea comprobada por la inspección de Hacienda» (Informe Anual 1984, p. 59).
La contabilidad se utilizó en la década de los ochenta, con anterioridad a la firma de los acuerdos con Volkswagen, como elemento necesario para presentar una imagen menos dramática de la empresa y suavizar la mag90
nitud de la crisis. El discurso que se trasladó al informe anual pretendía retrasar la aparición de la crisis para, cuando ésta se hizo patente, presentarla como inevitable imputándola a causas externas como «desfases en la aplicación de las subidas en los precios de los automóviles, desfavorable tipo de cambio de la peseta o incrementos en el precio de los materiales» (Informe Anual 1982, p. 50). El recurso continuado a la regularización y actualización de balances (1973, 1977, 1982 y 1983), la divulgación de ratios contables favorables a Seat como resultados operativos que, precisamente, se obtienen sin considerar las cargas financieras —auténtico lastre de la firma en aquellos años— y el empeño en imputar la pérdida del ejercicio a causas externas, fueron los argumentos esgrimidos por los administradores de Seat para ocultar la gravedad de la crisis y legitimar su actuación.
5.3.
LOS PARTÍCIPES O STAKEHOLDERS: UNOS DESCONOCIDOS (TODAVÍA)
En la década de los setenta se producen, en el ámbito europeo, los intentos más serios de regular la divulgación de información no financiera en los informes anuales de las empresas. Los trabajos del Corporate Report en el Reino Unido y la propuesta de Balance Social en Francia planteaban la existencia de partes interesadas en la empresa diferentes a los suministradores de fondos y, por lo tanto, con necesidades informativas específicas de índole no estrictamente financiera. La traducción del término stakeholder por el de partícipe nos indica que estamos ante un sujeto activo que forma parte de la entidad económica y cuyas necesidades informativas, de acuerdo al espíritu que impregnó la redacción del Corporate Report, están al mismo nivel que las de accionistas y acreedores financieros 4. Estos planteamientos, sin embargo, resultaban excesivamente avanzados para una realidad social española que estaba despertando a la democracia política. Resulta altamente ilustrativo el hecho de que, hasta 1985, los informes anuales de Seat comenzaban con un elocuente «Señores accionistas» dejando bien claro quiénes eran los únicos destinatarios de dicho informe. A partir de 1986, ya bajo la órbita de Volkswagen, desaparece del informe anual tan elocuente encabezamiento. El no reconocimiento de partícipes diferentes a los accionistas impidió la existencia de un modelo informativo coherente para comunicar la inforEl Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de AECA (2005) se refiere indistintamente a grupos de interés, partes interesadas o stakeholders para denominar a aquellos grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su supervivencia. 4
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mación no financiera. Por esta razón, los informes anuales de Seat tuvieron que habilitar una sección denominada «Relaciones laborales y asuntos sociales» para informar a los accionistas de asuntos tan dispares como «Retribuciones y plantilla», donde se informaba sobre la negociación colectiva, «Anormalidades laborales», para referirse a la conflictividad laboral o «Formación profesional», para dar cuenta de los cursos de formación, escuela de aprendices y becas de estudio para hijos de trabajadores. Las abundantes dosis de paternalismo con el que se abordaban las relaciones entre Seat y sus trabajadores quedaron repetidamente plasmadas en los informes anuales de la época. El de 1976 se refiere a las «atenciones sociales» en los siguientes términos: «Han proseguido todas las actividades de carácter social relacionadas con viviendas, comedores, economatos, escuelas y otras atenciones a nuestro personal, que han supuesto una aportación por parte de la empresa superior a 400 millones de pesetas, entre las que destacan 100 millones destinados a ayuda escolar.» (Informe Anual, 1976, p. 29)
Los informes anuales elaborados en los primeros años setenta incluían, igualmente, una sección denominada Relaciones Laborales de la que colgaba un apartado denominado seguridad en el trabajo al objeto de dar cuenta de los índices de frecuencia de accidentes, gravedad de los mismos, desarrollo de métodos de prevención y existencia de comités de Seguridad e Higiene que «han continuado también su labor positiva en orden a la prevención de riesgos y mejora de las condiciones de trabajo» (Informe Anual, 1975, p. 25). La realidad, sin embargo, era bastante distinta, según queda recogido en la investigación de Solé (1994). A lo largo de los años correspondientes al periodo analizado en este capítulo, la retribución de los trabajadores de Seat se complementaba recurriendo a las horas extras que, según cálculos de los propios trabajadores, para 1972 equivalían a 5.000 nuevos empleos. La prolongación de la jornada de trabajo tenía como consecuencia inevitable el incremento de la siniestralidad causado por el cansancio, lo que, unido a las bajas por enfermedad, producían índices crecientes de absentismo que no dejó de aumentar hasta 1976. La investigación de Solé (1994) da cuenta también del contenido del Reglamento de Trabajo editado por Seat donde, haciendo gala del más puro estilo patriarcal, se exige que «la mujer casada que quiera ingresar en la empresa deberá presentar, además de los documentos solicitados de ordinario, una autorización del marido para contratar sus servicios laborales» (p. 70). Pero no eran únicamente elementos de patriarcado los que regulaban importantes aspectos de la vida de Seat en los años setenta. El paternalismo con el que se abordaba la acción social de la época quedaba perfectamente ilustrado por el contenido del reglamento interno que contemplaba la concesión de premios a los trabajadores que se distinguie92
ran en la conservación y cuidado de la vivienda que la empresa ponía a disposición de los trabajadores en un barrio barcelonés. Esta mezcla de paternalismo y patriarcado determinó la filosofía de Seat durante toda una época a la que se puso punto final con el informe anual de 1986, último que, para referirse a las relaciones con los trabajadores, se redactó en términos similares a los usados en los años precedentes. En resumen, hasta 1986 los informes anuales de Seat se elaboraron desde la sintonía y complicidad con el poder político, dada la elevada politización de su Consejo de Administración. Las importantes medidas políticas —de gran calado— que se adoptaron en esa época convulsa fueron refrendadas por el informe anual que se identificó con todas ellas. La moderación salarial, la política privatizadora, la reforma fiscal y el pacto social quedaron recogidos en el informe anual de Seat como elementos propios que marcaron toda una época. A partir del momento en que Volkswagen se hace con el control de Seat, con un Consejo de Administración alemán casi en su totalidad, los informes anuales de Seat experimentaron destacadas transformaciones formales. Se modificó el tamaño del informe adoptando el formato DIN A-4, se incorporó el color tanto a la portada como a las páginas interiores en las que ya se incluyen fotografías, y las secciones del informe anual pasaron a dar cuenta de los asuntos más determinantes de la época: logística, producción, círculos de calidad, investigación y recursos humanos, desterrando del mismo estilo y expresiones ya impropias de la nueva época que comenzaba. Comenzaba, efectivamente, la reorganización de la producción, la construcción de parques de proveedores y los suministros justo a tiempo. Se iniciaba la época de la flexibilidad.
93
CAPÍTULO
6
LA INAUGURACIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA: LA PRODUCCIÓN FLEXIBLE (1987-2005)
6.1.
INTRODUCCIÓN
La adquisición de la totalidad de las acciones de Seat por Volkswagen tuvo efectos inmediatos sobre las estructuras directivas de la firma y sobre los modos de organizar la producción. El cambio en el organigrama directivo venía forzado por el mantenimiento de una dirección excesivamente burocratizada, poco profesionalizada y, como se ha visto en un capítulo anterior, estrechamente vinculada a sectores empresariales y políticos con intereses económicos heterogéneos. Los consejeros nombrados por el INI fueron cesados y sustituidos por otros nombrados directamente por la central alemana, creándose un nuevo órgano —el Consejo de Dirección— de cuya composición y funciones se da cumplida información en los informes anuales elaborados a partir de ese momento. A partir de 1994, una vez producida la segregación de la planta de Landaben, las funciones del Consejo de Dirección las asume el Comité Ejecutivo en el que se integran las diferentes áreas: finanzas, producción, logística, calidad y recursos humanos. Los efectos de la privatización sobre la innovación de los procesos productivos comenzaron, incluso, antes de 1987, afectando de manera más intensa a las instalaciones de la planta navarra que, a raíz de la alianza SeatVolkswagen de 1982, experimentó importantes transformaciones que afectaron tanto al campo tecnológico (incremento de forma sustancial del grado de robotización) como al logístico, mediante una nueva regulación de los suministros de proveedores. Además de los cambios sobre la estructura directiva y sobre los modos de organizar la producción, los efectos de la nueva gestión llegaron también a los contenidos del informe anual —ajustados a describir las nuevas 94
áreas funcionales en que se estructuraba el Consejo de Dirección— y al estilo, composición y formato que adoptó el mismo a partir de ese momento. El informe anual abandonó el tamaño cuartilla para adoptar el formato DIN A-4 y, por primera vez en la historia de Seat, los informes anuales comenzaron a incluir abundantes fotografías en color, además de una cuidada elaboración de los gráficos explicativos contenidos en los mismos. A pesar, no obstante, de la revisión efectuada sobre los anteriores aspectos formales, los informes anuales de Seat-Volkswagen mantuvieron durante unos años algunas inercias de la época anterior, elaborándose desde la misma visión patriarcal de la época del INI, asignando a los hombres los trabajos de taller, ingeniería de producto y control de calidad, reservando para las mujeres, y eso cuando se hacía visible su trabajo, tareas que reproducían el tradicional rol femenino. Las fotografías incluidas en los informes anuales de Seat-Volkswagen de los tardíos ochenta dan cuenta de hombres afanados en los talleres unas veces, discutiendo planos otras, o efectuando comprobaciones en los estándares de calidad en otras ocasiones. Hubo que esperar a 1990 para encontrar la primera fotografía que incluyera mujeres trabajando, eso sí, en el diseño de color y acabado de interiores (Informe Anual, 1990, p. 26). Pero sin duda, el eje vertebrador de los informes anuales de Seat-Volkswagen elaborados a partir de 1987 viene conformado por el discurso acerca de las nuevas relaciones con proveedores, la producción Justo a Tiempo (JIT) y la búsqueda de estructuras flexibles tanto en los modos de organizar la producción como en las relaciones laborales. El siguiente apartado aborda, en primer lugar, los fundamentos básicos del suministro JIT destacando algunos trabajos centrados en el estudio de la variada tipología de relaciones entre proveedor y cliente. A continuación se destacan los ejes de las reformas laborales emprendidas en nuestro país a lo largo de los últimos años como complemento necesario para el éxito de la implantación de los nuevos modos de producción flexible. Por último, se realiza una incursión en los informes anuales de Seat-Volkswagen del periodo analizado para conocer la forma, el lenguaje, las ausencias y las metáforas que se utilizan en la presentación e intento legitimador de este nuevo paradigma.
6.2.
PRODUCCIÓN JUST-IN-TIME Y FLEXIBILIDAD
El just-in-time (JIT) es un sistema de gestión de la producción que tiene por objeto optimizar los intercambios y reducir los inventarios para adaptarse a una demanda variable tanto en la cantidad como en las caracte95
rísticas del producto. Monden (1994) lo define como un sistema que produce sólo lo necesario, tan cerca como sea posible, sólo cuando sea necesario y servido en el instante preciso para ser usado. El JIT tiene su origen en los métodos aplicados por Toyota en sus plantas de montaje de automóviles, extendiéndose de forma gradual a las fábricas europeas y norteamericanas, si bien cada planta lo ha ido adaptando a sus particulares características con diferentes resultados en función de su mayor afinidad al modelo japonés o al estadounidense (Fairis y Tohyama, 2002). En su aplicación más extrema, el suministro JIT supone la práctica integración de los sistemas de producción de proveedor y cliente, de forma que el primero atiende las necesidades del segundo de forma secuenciada, es decir, entregando el producto en la cadena de montaje del ensamblador instantes antes a su colocación. El sistema de suministro just in time puede considerarse como una categoría teórica de las formas intermedias entre mercados y jerarquías e implica la externalización de actividades, el recurso a la subcontratación y el establecimiento de relaciones estrechas entre proveedor y cliente. La literatura dedicada al estudio de las relaciones entre los agentes como consecuencia de los cambios organizativos experimentados en la industria de automoción es muy amplia, habiéndose abordado una gran variedad de asuntos. Para el caso español, la evolución cualitativa de las relaciones entre proveedores y ensambladores ha sido investigada en profundidad por Aláez et al. (1996), que analizan la relación entre la opción organizativa de la empresa (producir o comprar) y la naturaleza de sus relaciones con los demás traducido en flujos de bienes, conocimientos e información. Longás (1998), por su parte, realiza su investigación a partir de la consideración de los costes de transacción a que se enfrentan los agentes económicos para la realización de intercambios, analizando las formas organizativas que adoptan las empresas navarras del sector de automoción. Por último, Barneto (2000) centra su estudio en las transformaciones experimentadas en las relaciones establecidas entre los ensambladores finales con sus proveedores directos, estableciendo los factores que determinan cada tipo de relación. Los trabajos anteriores ponen de manifiesto que la industria del automóvil es mucho más que el conjunto de fabricantes finales, puesto que alrededor de ellos se ubica un significativo número de empresas que fabrican componentes y equipos para ser ensamblados por el fabricante final. La relación entre proveedor y ensamblador se intensifica pudiéndose establecer entre ellos ámbitos de colaboración y de coordinación singulares. En el campo tecnológico, la colaboración se podrá establecer entre empresas que operan en el sector, mientras que los esfuerzos de coordinación irán encaminados a garantizar los aprovisionamientos en régimen de JIT (Aláez et al., 1996). 96
Sin embargo, las relaciones entre proveedor y cliente no han sido uniformes a lo largo del tiempo, sino que han pasado por diversas etapas en la historia más reciente de la industria de automoción. Tomando en cuenta la aplicación de los esquemas de organización de la producción a partir de 1950, Aláez et al. (2003) distinguen tres etapas en las relaciones interempresariales de la industria española de automoción: a)
b)
c)
Una primera etapa de producción integrada verticalmente, donde las relaciones entre ensamblador y proveedor son de índole meramente comerciales y se desarrollan en un contexto de mercado interior. Abarca el periodo comprendido entre 1950 y 1973, momento en el que se declara la primera crisis mundial del petróleo comenzando a cuestionarse el tradicional método de producción fordista. Una segunda etapa, de transición, donde las relaciones entre proveedor y fabricante son mayoritariamente comerciales, aumentan los volúmenes de intercambio y se aprecian mejoras en la productividad. Se extiende a lo largo del periodo comprendido entre los años 1973-1986. El comienzo de la etapa coincide con la aparición de dificultades en la industria automovilística europea y norteamericana por la mayor productividad de la industria japonesa y finaliza en 1986, con la incorporación de España al Mercado Común Europeo. Una tercera etapa a partir de 1986 donde se intensifican las relaciones entre ensambladores y proveedores estableciéndose elementos de cooperación tecnológica entre los mismos, abriéndose espacios también para la coordinación de los intercambios, todo ello en un contexto europeo. Es la época en la que comienzan a aparecer, hasta generalizarse, los parques de proveedores.
Analizados en un capítulo anterior los informes anuales del periodo 1974-1986 y conocidas las características de la producción «justo a tiempo», cuyo inicio delimita la frontera entre las etapas definidas, se investigan a continuación los informes anuales del periodo 1987-2005. Para ello, el siguiente apartado analiza el papel jugado por los informes anuales en el intento de legitimar la organización de la producción JIT hasta consolidarse los parques de proveedores. Las medidas liberalizadoras del mercado de trabajo adoptadas durante ese periodo aparecen como un ingrediente político necesario que refuerza el poder de la empresa. Con la perspectiva que conceden los más de veinte años transcurridos desde el inicio de las reformas en el mercado de trabajo en España, puede afirmarse que el cambio organizativo operado a partir de entonces en la industria debe mucho a las reformas laborales realizadas a lo largo de ese periodo de tiempo. 97
6.3.
INFORMES ANUALES, JUST-IN-TIME Y PARQUE DE PROVEEDORES
Aunque en la planta de Landaben se comenzaron a experimentar y poner en práctica los nuevos modos de producción flexible prácticamente desde el momento en que Volkswagen tomó el control de Seat en 1986, hubo que esperar unos años para que los nuevos modos de organización de la producción se consolidaran en toda la compañía. El cierre de la fábrica de la Zona Franca y la puesta en marcha de la de Martorell marcó en Seat el fin de la producción en masa dando paso a la producción ajustada mediante la coordinación de los flujos diarios de piezas de proveedores a ensamblador, la práctica eliminación de las existencias y el ajuste de precios y calidad de los componentes a las exigencias del fabricante. Seat inauguró el primer parque de proveedores en 1993, pero la intensificación de las relaciones interempresariales comenzó ya en la década anterior. Acorde con la nueva estructura y contenidos del informe anual a raíz de la adquisición de Seat por Volkswagen, la memoria de 1987 da cuenta por primera vez de la introducción de nuevos conceptos de abastecimiento y mejoras en las condiciones generales de compra «para incrementar todavía más la competitividad» (p. 27). A partir de ese momento, los informes anuales dedican hasta dos páginas completas para informar de uno de los aspectos fundamentales en la nueva estrategia de Seat: la gestión de los suministros y las relaciones con los proveedores, tanto para la nueva planta que se estaba construyendo en Martorell como para la de Landaben. «Asimismo, y con destino a la nueva fábrica de Martorell y a la de Pamplona, está en curso un programa que permitirá la implantación del método de suministros Just-in-Time para los conjuntos de componentes más importantes» (Informe Anual, 1988, p. 23).
El modo de producción ligera, basado en el suministro JIT, plantea la necesidad de gestionar los aprovisionamientos de piezas y componentes en términos diferentes a lo que había sido habitual hasta entonces. Aparecen conceptos nuevos como suministro secuenciado, que no es otra cosa que el suministro de piezas y componentes en la planta del fabricante final justamente cuando van a ser ensamblados, aligerando, hasta prácticamente eliminar, los stocks de materias primas y productos intermedios. De este modelo a los parques de proveedores, sólo va un paso. La colaboración con los proveedores se hace más intensa: «Desde la integración de Seat en el grupo Volkswagen, la colaboración de los proveedores en el desarrollo de productos ha ido intensificándose progresivamente, hasta el punto de que un número importante de piezas que incorpora el Seat Toledo han sido no sólo elaboradas sino también diseñadas por los propios proveedores bajo la supervisión de Seat» (Informe Anual, 1991, p. 15).
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El proceso de selección de proveedores tiene como ejes fundamentales, además de la capacidad de servir el componente en el momento justo, la calidad y el precio. Hacer más y mejor por menos dinero, de forma que la competencia se instale también en los proveedores por hacerse con los contratos de suministro. La nueva cultura hacia los proveedores queda patente en el tratamiento que reciben en el Informe Anual. Si hasta 1986 es prácticamente imposible encontrar en dicho documento referencias sobre gestión de compras, sistemas de suministro, producción conjunta o proyectos compartidos, el Informe Anual de 1987 (una vez consumada la apuesta de Volkswagen) inaugura una nueva sección denominada «Compras y Logística» con el objeto de informar sobre asuntos concernientes a la política con proveedores. A finales de la década de los ochenta, los informes anuales de Seat reclaman ya esta competencia entre los proveedores: «Durante 1989 se inició una nueva política de selección de proveedores basada en la necesidad de Seat de ofrecer productos más competitivos mediante una gestión eficaz de las compras y un suministro de elevada calidad. Dentro de este contexto, los proveedores de Seat deben ofrecer calidad, un alto potencial de desarrollo, eficacia empresarial y capacidad industrial, tanto presente como futura, así como mantener un constante deseo de superación frente a su competencia» (Informe Anual, 1989, p. 23).
Además de calidad y precio, el criterio determinante para la selección de un proveedor es la capacidad del mismo para afrontar con éxito el sistema JIT. Para la efectiva implantación del suministro tipo JIT, la central de Volkswagen contrató los servicios del ingeniero López de Arriortúa que había alcanzado gran protagonismo por sus métodos de ahorro de costes en General Motors, tanto de costes originados dentro de la planta de ensamblaje, como en el suministro de proveedores. Su desembarco en Volkswagen en marzo de 1993 fue polémico, no sólo por la demanda interpuesta por General Motors que le acusaba de llevarse información confidencial, sino por el temor que despertó entre los proveedores del grupo Volkswagen por la dureza de sus métodos. López de Arriortúa proponía contratos de tres años o, incluso, de todo el ciclo de vida del modelo, algo muy valorado por los proveedores, pero éstos debían rebajar el precio de las piezas cada año entre un 1 y un 5 por cien, según los casos. Tal y como describen Arana y Álvarez (1993, p. 156), biógrafos del ingeniero vasco, fueron los propios proveedores de General Motors los que años atrás le apodaron como el «estrangulador de Rüsselsheim», como reflejo de la presión que ejercía sobre ellos. Tras su entrada en el grupo alemán, la tensión entre los proveedores llegó a ser de tal calibre que forzaron una reunión con el primer ministro de la Baja Sajonia, Gerhard Schröeder, donde le plantearon 99
que la llegada de López de Arriortúa podía poner en peligro todo el entramado industrial de la Baja Sajonia. No obstante, la apuesta del grupo automovilístico por la producción ligera con todas sus consecuencias, económicas y sociales, era irreversible puesto que: «Una de las claves para que una fábrica de automóviles funcione, con la máxima calidad y eficiencia de producción, es optimizar la entrega de componentes y suministros a las líneas de montaje» (Informe Anual, 1993, p.17).
Algunos años después, Hermenegildo Marrodán, director de logística de Volkswagen-Navarra declaraba 1: «Tal y como se conciben los coches hoy, sólo se pueden fabricar justo a tiempo.» La implantación de los suministros JIT y la estrategia del ingeniero López de Arriortúa obligaron a revisar la política de suministros y la totalidad de los contratos con los proveedores. Frente al tradicional esquema de cálculo del coste de producción, al que se le añade un margen razonable para determinar el precio de venta, la estrategia de López de Arriortúa era la contraria: establecer el precio de venta en primer lugar, para posteriormente ajustar los costes al precio determinado. Estos eran sus argumentos: «El cliente es el que manda, ¿no? Pues bien, hay que hacer exactamente lo contrario que antes. Hay que comenzar por preguntarse: ¿cuánto está dispuesta a pagar la clientela por ese producto? O ¿cuál es el precio al que nuestra competencia vende un producto similar? Ese es el principio de la cuestión. Cuando ya tenemos fijado el precio de venta, le restamos el beneficio que queremos obtener y lo que queda es el coste. Así que cuando un fabricante de automóviles desea lanzar un nuevo modelo al mercado debe comenzar por preguntarse: ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente por ese coche?» (Arana y Álvarez, 1993, p. 97).
El cliente pasa a convertirse en el único elemento alrededor del cual giran todas las estrategias de reducción de costes. Todo se hace por el cliente y para el cliente al que hay que proporcionarle el más alto grado de satisfacción, ya que «nuestra competitividad sólo queda garantizada mediante el aseguramiento de la satisfacción del cliente» (Informe anual, 1996, p. 22). Por esta razón, «la totalidad de los procesos se gestionan con el fin de alcanzar la plena satisfacción del cliente» (Informe Anual, 1994, p. 11). En la planta de Landaben han aprendido bien la lección del ingeniero vasco ya que toda la actuación de Volkswagen se orienta al cliente, a cuya satisfacción se supedita cualquier actuación, como de forma inequívoca lo señalaba el informe anual de 1995. 1
V Jornadas de Calidad en la automoción». Diario de Navarra, 27 de octubre de 2000, p. 50
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«Todas las acciones tienen como objetivo el aseguramiento de nuestra competitividad mediante el más alto grado de satisfacción del cliente» (Informe Anual, 1995, p. 24).
El informe anual de 2005 habilita por primera vez una sección dedicada a dar cuenta de las actuaciones en materia de RSC. La satisfacción del cliente queda recogida en la en la visión de Volkswagen que deberá asegurar de forma sostenida la rentabilidad de la planta aumentando permanentemente: «La satisfacción del cliente orientando nuestro proceso de trabajo a responder plenamente a sus expectativas» (Informe Anual, 2005, p. 13). Satisfacción del cliente que se mide en términos de calidad del producto, de prestaciones del mismo, de prestigio por tener un volkswagen, etc. Pero también en términos de coste. La mejora en la oferta comercial se vincula a la «reducción de los costes de fabricación y compra de materiales» (Informe Anual, 1997, pág. 20), verdaderos ejes del modelo de gestión implantado por López de Arriortúa para las fábricas de Volkswagen, el KVP 2 (Kontinuerlich Verbesserung Program), que se puede traducir como un programa de mejora continua con resultados exponenciales, de cuya implantación se da puntual cuenta en los informes anuales elaborados por la planta de Landaben (1995). La obsesión por la reducción de costes logísticos es una constante en la aplicación del modelo que se contagia a todos los proveedores 2. Además, la motivación fundamental para la realización de acciones de formación y de participación de los trabajadores en los círculos de calidad no es otra que la reducción de costes. En última instancia, el cliente será el gran beneficiado de la reducción de costes. «El interés, cada vez mayor, en fomentar la participación de los trabajadores en el ámbito de la racionalización de costes sigue estando presente en la política de Seat. Prueba de ello son los círculos instituidos durante 1990» (Informe Anual, 1990, p. 22). «Como consecuencia de la mejora de las prestaciones logísticas, se ha podido seguir rebajando los costes logísticos de nuestros coches, contribuyendo a la reducción del coste de producción del Polo» (Informe Anual, 1998, p. 20). «Durante el año 2004 se introdujeron mejoras operativas dirigidas a la consecución de los objetivos planificados: reducción de costes logísticos, mejora de la productividad del área y mejora del servicio a los clientes» (Informe Anual, 2004, p. 17).
2 Alfredo Lecumberri, director de Arvin Exhaust, empresa suministradora de tubos de escape situada a escasos 2 kilómetros de la planta ensambladora de Volkswagen-Navarra, declaraba que «de lo que se trata es de ofrecer al cliente (a Volkswagen-Navarra) productos que le satisfagan, a un costo cada vez más bajo, para que cada vez estén más satisfechos y nos prefieran a nosotros.» Diario de Navarra, 9 de abril de 2000, p. 39.
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Eficiencia, calidad, reducción de costes, satisfacción del cliente. He aquí las bases sobre las que descansan los nuevos modos de producción flexible. Para trabajar en la dirección que determinan estos cuatro vectores es preciso dotarse de una plantilla joven, formada y motivada. Pero sobre todo joven. La juventud de la plantilla se eleva a la categoría de fetiche y se presenta en el informe anual como un valor añadido a la empresa. Tras destacar que la edad media de los trabajadores de Volkswagen-Navarra es de 37 años, siendo un 63% los que tienen entre 25 y 45 años, el informe anual de 1994 enfatiza: «A la juventud de la plantilla, se suma la importancia que VolkswagenNavarra concede a los planes de formación» (Informe anual, 1994, p.15).
Volkswagen-Navarra ha utilizado también el informe anual para buscar la aprobación social de los nuevos modos de producción flexible o producción ligera (lean production) que, en última instancia han abierto las puertas a aspectos menos conocidos en la literatura contable como la externalización de tareas, la subcontratación, la inclusión de los sábados dentro de la jornada industrial, la descolectivización de las vacaciones, la pérdida de vida familiar, el aumento del control del trabajador y el estilo de gestión basado en lo que se ha denominado management by stress. La mayor parte de los medios de comunicación de la región destacaron los beneficios que supuso para la Comunidad Foral la construcción del parque de proveedores de Volkswagen en forma de nuevos puestos de trabajo, prestando, sin embargo, menos atención a las peores condiciones laborales de las empresas que se han ido instalando en las nuevas edificaciones 3. Cuando la planta de Volkswagen en Navarra, ya en el mismo momento de su constitución en 1994 tras la segregación de Seat, aceleró el proceso de subcontratación de tareas a proveedores externos, se esforzó en vincular los suministros JIT con la creación de puestos de trabajo. El informe anual del primer año de la planta segregada daba cuenta de que, entre otras acciones se había procedido a: «Incrementar el volumen de material en suministro Just in Time, con el consiguiente acercamiento de proveedores a la fábrica, atrayendo nuevas inversiones a la Comunidad Foral» (Informe Anual, 1994, p. 10).
Las ventajas de los nuevos modos de organización del trabajo y de la producción flexible han acaparado la atención de una abundante literatura en gestión de empresas que ha destacado la reducción de costes (Harland, 1996; Markland et al, 1998), las mejoras en la eficiencia (Kaynak y Pagán, 2003) 3 Al día siguiente a la inauguración del parque de proveedores de Volkswagen, el titular de Diario de Navarra era: «Una treintena de empresas generarán unos 3.000 empleos en el parque de VW» (Diario de Navarra, 8 de marzo de 1999, p. 30).
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o el éxito global de la firma (Yasin et al, 2003), siendo ciertamente escasos los trabajos críticos con las nuevas formas de organización de la producción (ver algunas razones en Baker y Bettner, 1997). Por todo ello, en el estudio de este fenómeno no puede pasarse por alto la mirada que desde la sociología del trabajo se efectúa a las nuevas formas de organización del trabajo, a sus efectos y a sus actores (Boltanski y Chiapello, 2002). La investigación de Castillo y López (2003) tiene el gran mérito de hacer visible la extensa y tupida red tejida alrededor de la planta de Volkswagen-Navarra por una maraña de empresas subcontratadas con condiciones de trabajo muy diversas, cambiantes y desequilibradas entre sí. Las empresas desgajadas de Volkswagen-Navarra conforman una cadena de montaje en el territorio, metáfora utilizada para explicar un diseño productivo donde «la fragmentación del trabajo, primero en empresas, y luego, dentro de ellas, es una consecuencia necesaria» (Castillo y López, 2003, p. 104). A pesar de los recursos que Volkswagen-Navarra dedica a formación de su personal y de la sistemática comunicación de estas acciones en los informes anuales, la estrategia productiva basada en los suministros JIT necesita que las empresas proveedoras y sus trabajadores sean fácilmente sustituibles. Es decir, es preciso que el trabajo fragmentado, con escasos requerimientos de calificación, pueda ser reemplazado con facilidad, de la misma manera que se reemplazaban los trabajos de las viejas cadenas de montaje 4. Como concluyen Castillo y López: «Toda la pirámide productiva, los distintos centros de trabajo que en ocasiones no son más que estaciones temporales donde convergen microfragmentos productivos, se ve afectada por esta lógica. Las empresas subcontratadas subcontratan a su vez trabajo o piezas, prolongando y extendiendo así la lógica de la desvalorización del trabajo, tanto como contenido, esto es las tareas que realizan las trabajadoras y trabajadores, como en sus condiciones de empleo, salario, expectativas y proyectos» (Castillo y López, 2003, p. 104).
Para que el modelo de producción basado en los suministros JIT pueda ser efectivo se necesita un marco laboral adecuado y unas relaciones laborales, cuando menos, distintas a las que han caracterizado la mejor época del Estado de Bienestar. Aquel modelo de relaciones laborales que intercambiaba paz social por empleo seguro, productividad por salario, condiciones de trabajo homogéneas y negociación colectiva de las mismas se quiebra. El discurso de la flexibilidad se traslada también a las relaciones laborales. Las relaciones de trabajo se individualizan, se fragmenta el mercado de trabajo y los términos del intercambio mutan. Ahora se negocia 4 Sirva como ejemplo el hecho de que Tecnoconfort, el suministrador de asientos para el Polo fabricado en Pamplona, tiene un acuerdo de trabajo con Aspace y Tasubinsa, empresas de vocación social, que mayoritariamente emplean a personas con minusvalías.
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flexibilidad a cambio de empleo. El marco jurídico y legal se modifica constantemente y se suceden, una tras otra, las reformas del mercado de trabajo. El discurso empresarial es monocorde: flexibilidad, en este caso, laboral, bien en la legislación, bien en las cláusulas del convenio colectivo. De la plasmación de este discurso en los informes anuales de Seat-Volkswagen y de las reformas laborales que se han sucedido en nuestro país, trata el siguiente apartado.
6.4.
FLEXIBILIDAD TAMBIÉN EN EL MERCADO DE TRABAJO
La organización de la producción sobre la base de suministros JIT y la adopción de todo tipo de estructuras flexibles lleva consigo la diferenciación de trabajadores núcleo, dedicados a tareas más esenciales, con formación específica y contratos fijos, y trabajadores periféricos y exteriores, con contratos temporales en el primer caso, o ni siquiera pertenecientes a la plantilla en el segundo ya que trabajan en otras empresas o dependen de agencias de colocación y empresas de trabajo temporal. El suministro JIT exige, por tanto, un mercado de trabajo que regule las formas de contratación que necesita una organización de la producción basada en los nuevos principios sobre los que se asienta la producción flexible. Los diferentes tipos de flexibilidad presentados por Atkinson (1987) —flexibilidad numérica, flexibilidad funcional y de distanciamiento— comienzan a encontrar acomodo en el marco regulador de las relaciones laborales en España. Las reformas laborales emprendidas en España, una vez consolidadas las reformas políticas, anunciadas siempre con el objetivo de la creación de empleo, se sustentan en dos líneas de trabajo: 1. 2.
Dotar a las empresas de capacidad para adoptar el número de trabajadores o el de horas de trabajo a la demanda del producto y, Permitir la sustitución de los contratos de trabajo fijo por temporales para lo que se autorizan las agencias de trabajo temporal con las que se inicia la carrera hacia la externalización y la subcontratación de tareas.
La primera reforma laboral data de 1984 y modificó el Estatuto de los Trabajadores para dar cabida a unas nuevas formas de contratos de trabajo en los que el denominador común era la limitación del periodo de empleo: contratos temporales, de prácticas, relevo, formación, tiempo parcial, etc. tienen como elemento constante la flexibilidad. La reforma de 1984 dio vía libre a la temporalidad, quebrándose el principio de causalidad, al permitir el uso de trabajadores temporales en puestos de naturaleza permanente. El principal efecto de esta reforma fue un espectacu104
lar aumento de los contratos temporales que, en un corto espacio de tiempo, alcanzaron los niveles más altos de toda la Europa Comunitaria (Alonso, 2005; Ruesga et al, 2005). El malestar generado por estas medidas, unido al descontento hacia la política económica del gobierno, desencadenó la mayor huelga general pacífica conocida en España. El 14 de diciembre de 1988, respondiendo a la llamada de los sindicatos, la huelga general paralizó la industria y los servicios. El modelo de concertación social vigente desde los Pactos de la Moncloa, que intercambiaba moderación salarial por promesas de creación de empleo, se quebró ante el escepticismo de los sindicatos que observaban con preocupación el incesante incremento del desempleo, la pérdida de afiliación, la desconfianza hacia la concertación e, incluso, hacia el mismo fenómeno sindical (Alonso, 1991). Para reaccionar contra los excesos generados en materia de contratación temporal se acometió en 1994 otra reforma legislativa que, si bien reestablecía el principio de causalidad en la contratación laboral, proponía otras reformas que otorgaban mayor flexibilidad al marco regulatorio en otros ámbitos de la relación laboral, facilitando el despido mediante una rebaja en las indemnizaciones. Se eliminó la obligatoriedad de contratación vía INEM, autorizándose las empresas de trabajo temporal (ETT), las agencias privadas de colocación y se creó un nuevo contrato de aprendizaje conocido como contrato basura, muy criticado por los sindicatos, que no logró sino incrementar la rotación del mercado de trabajo intensificando el uso de los contratos de menor duración. Si bien la reforma contó con el respaldo de los partidos mayoritarios, la oposición sindical respondió con una segunda huelga general el 27 de enero de 1994 como protesta contra unas medidas legales que «institucionalizaron la precariedad y la inseguridad laboral» (Alonso, 2005, p. 65). Poco después de la huelga general de 1994, Cándido Méndez, secretario general de UGT, se quejaba amargamente del escaso resultado de las recetas clásicas: moderación salarial y moderación en el empleo. «Ambas se ha producido, en España y en otros países, y no han estimulado sensiblemente el empleo» 5. A pesar de que las posteriores modificaciones de la legislación laboral de 1997 y 2001 trataron de evitar los abusos de la contratación temporal introduciendo tímidas medidas incentivadoras de la contratación indefinida, lo cierto es que España cuenta con un índice de temporalidad del 33%, uno de los más elevados de la Europa Comunitaria. El profundo cambio en la ordenación de las relaciones laborales ha traído —y esto ya lo advertían algunos especialistas (Ruesga, 1989 y 1990; Serrano, 1992; Navarro, 1995)— una mayor dualidad y segmentación en el mercado de 5
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«Grandes tareas» Anuario El País 1995, p. 434.
trabajo. Junto a un número de trabajadores estables van constituyéndose círculos de empleos más inestables, en creciente avance hacia la precarización. Como demuestra el trabajo de Herranz (2003), las reformas laborales y del mercado de trabajo en España no han producido la anunciada sustitución de empleo temporal por fijo, sino una demanda conjunta de ambos tipos de trabajo atendiendo a las características del puesto de trabajo y de su intensificación en capital, lo que limita enormemente la ósmosis entre los tipos de contrato. El empleo temporal parece haber alcanzado un estado estacionario que apenas se ha visto alterado por los cambios legales y económicos introducidos. Incluso hay quien sostiene que la primera reforma laboral sirvió para crear empleo precario, al intercambiar empleo fijo por empleo eventual (Navarro, 1995). Sólo cuando los excesos de la contratación temporal revelaron la magnitud de la crisis, las sucesivas cumbres europeas de Ámsterdam, Luxemburgo y Lisboa abordaron el tema del empleo no sólo desde una perspectiva cuantitativa sino también cualitativa. La Estrategia Europea de Empleo (EEE) acordada en la cumbre de Lisboa del año 2000 es el germen de la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno en la primavera de 2006 al objeto de facilitar la contratación fija mediante rebajas en las cotizaciones empresariales de los trabajadores fijos, bonificaciones para todos los contratos temporales que se conviertan a fijos antes del 31 de diciembre de 2007 y otras medidas adicionales encaminadas a luchar contra el fraude en la contratación para evitar el encadenamiento de contratos temporales o la cesión ilegal de trabajadores. A pesar de las críticas recibidas desde algunos sectores, se trata de uno de los intentos más serios de frenar los abusos de la contratación temporal 6. En definitiva, puede decirse que las reformas laborales llevadas a cabo en España han servido en bandeja las formas de contratación flexibles que demanda una organización de la producción basada en suministros JIT habilitando, al mismo tiempo, las ETT y agencias privadas de colocación, herramientas necesarias para el éxito de una producción flexible. La progresiva desregulación del mercado de trabajo llevada a efecto con las reformas laborales acometidas en España a lo largo de los últimos veinte años otorga al convenio colectivo la condición de principal marco de referencia para la regulación de las relaciones laborales dando lugar, de este modo, a condiciones de trabajo muy diferentes —incluso en empresas del mismo sector— y la automoción no es, desde luego, una excepción 7. 6 Aunque no faltan voces críticas que tachan la reforma laboral como insuficiente. Ver Diario de Noticias, 28 de mayo de 2006, p. 42. «La reforma no va a servir para reducir la temporalidad de forma significativa.» El Banco de España, por su parte, señalaba en su Boletín de febrero de 2007 que la Reforma Laboral estaba teniendo un «impacto limitado» sobre la temporalidad.
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Consolidados los modos flexibles de organizar la producción, las reformas laborales han consolidado las otras flexibilidades a las que se refiere Atkinson (1987): flexibilidad numérica y de distanciamiento. Tanto una como otra han sido utilizadas por Volkswagen-Navarra a lo largo de la década de los noventa y los primeros años del presente siglo. La negociación colectiva llevada a cabo en la planta navarra de montaje desde el momento de la segregación de Seat en 1993 va a tener como principal escollo la regulación y aplicación de las medidas de flexibilidad. Dificultad de entendimiento no solamente entre la parte sindical y la empresarial, sino entre los propios sindicatos y trabajadores que van a mostrar abiertamente sus diferencias como tendremos ocasión de comprobar.
6.5.
INFORMES ANUALES, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y FLEXIBILIDAD
El informe anual de 1993, un año muy severo para Seat-Volkswagen que cerró el ejercicio con unas pérdidas de 153.000 millones de pesetas (casi 1.000 millones de euros) y un expediente de regulación de empleo para 7.600 trabajadores, se hacía eco de las conversaciones mantenidas por Gobierno, sindicatos y empresarios con el fin de fijar un nuevo marco económico que compatibilizara el crecimiento, la creación de empleo y la moderación salarial, haciendo votos por que se pudiera modificar el Estatuto de los Trabajadores que propiciara «una profunda reforma del marco laboral» (Informe Anual, 1993, p. 11). El reclamo contenido en el informe anual en favor de reformas del mercado laboral no era sino la plasmación de las recomendaciones de los ministros de Finanzas de los Doce que, aplicando lo acordado en el Tratado de Maastricht, insistían en «flexibilidad laboral y bajos salarios para salir de las crisis 8.» Consumada la segregación de Seat en diciembre de 1993, el primer convenio colectivo de Volkswagen-Navarra se firma en octubre de 1994 y recoge ya algunas medidas de flexibilidad que no tardarían ni un año en aplicarse. En 1995 se trabajó un día más de lo establecido como jornada laboral 7 En el marco de las Jornadas sobre la concertación social en Navarra celebradas en junio de 2000, UGT y CCOO defendieron la necesidad de marcos globales para el sector de automoción y empresas auxiliares de Navarra que eviten la competencia intensa entre las distintas plantas. Los representantes sindicales denunciaron que el suministro global y la revisión de precios a que emplazan cada cuatro años los fabricantes a sus proveedores provocan una competencia desleal que conduce al uso abusivo de las ETT y horas extras, falta de medidas de seguridad y subcontratación precaria en las auxiliares. 8 En el marco de las Jornadas sobre la concertación social en Navarra celebradas en junio de 2000, UGT y CCOO defendieron la necesidad de marcos globales para el sector de automoción y empresas auxiliares de Navarra que eviten la competencia intensa entre las distintas plantas.
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anual (216 días), «compensándose el día de exceso trabajado con un día de descanso colectivo que disfrutará toda la plantilla en 1996» (Informe Anual, 1995, p. 28). Vencido el Primer Convenio colectivo en diciembre de 1995, las negociaciones del Segundo Convenio de empresa se prolongan durante cuatro meses. Dos son las razones que explican la demora en la firma del convenio colectivo. En primer lugar, la introducción de medidas flexibilizadoras de mayor calado, entre las que se pueden citar la inclusión de cuatro sábados de trabajo obligatorio, la descolectivización de las vacaciones de verano, una nueva regulación de las pausas de 10 minutos y del descanso para el bocadillo, que fueron aceptadas de diferente manera por los sindicatos presentes en la mesa negociadora. Pero en segundo lugar, hay que tener en cuenta el recelo sindical a firmar convenios de empresa que luego van a ser tomados como referente para el resto de los convenios de las empresas del sector, incluidas las empresas suministradoras, razón por la cual, el texto firmado fue una y cien veces supervisado. Como quedó evidenciado apenas un año después, el convenio colectivo del metal de Navarra firmado en 1997, recogía en su articulado asuntos extraídos del convenio de Volkswagen como flexibilidad horaria, partición de vacaciones y traslado de horas extra a «horas de disposición» (con la consiguiente merma en la retribución). Tal y como se ha comentado en un epígrafe anterior, a diferencia de la época fordista, los términos de la negociación han cambiado; ahora se negocia flexibilidad a cambio de empleo. El convenio firmado: «…incluye medidas importantes que posibilitan la flexibilización en la programación de la producción y por otra parte, reduce significativamente el nivel de la temporalidad en la contratación mediante la conversión en fijos de la práctica totalidad de los contratos temporales» (Informe Anual, 1996, p. 25).
El convenio, además, introduce el concepto de jornada industrial, días de producción que permanece la fabrica abierta, que para 1997 fueron 8 por encima de la jornada laboral anual, además de 28 sábados abiertos en turno de mañana. El Tercer Convenio Colectivo se firma en 1998 y tiene una validez de tres años. Desde la revista «A punto», publicación interna cuyo objetivo es servir como vehículo de comunicación entre la plantilla, se hacen llamadas en pro de la flexibilidad, acuñándose el término «la fábrica que respira» para explicar la necesidad de acompasar la producción al ritmo marcado por la demanda del mercado. La propuesta de extender para toda la plantilla el trabajo a diez sábados al año y la extensión del corredor de vacaciones a los meses de junio y septiembre (antes era sólo para julio y agosto) dificultaron las negociaciones y la adopción de acuerdos rápidos. La tensión vivida en febrero de 1998 durante la negociación del convenio colectivo «acabó 108
poniendo las cosas en su sitio» 9 y Volkswagen negó a Pamplona la exclusividad del Polo, bajo el pretexto de la negativa sindical a aceptar el trabajo en sábados. Al final, el convenio firmado por las centrales mayoritarias con la oposición de las minoritarias LAB y CGT incluyó el trabajo en sábados y Pamplona comparte con la planta eslovaca de Bratislava la producción del modelo. El acuerdo firmado recogía también una doble escala salarial para los trabajadores de nueva incorporación, motivo por el cual LAB impugnó el convenio ante el Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia que desestimaron la querella 10. El informe anual de 1998, tras reconocer la dureza de las negociaciones señalaba que: «Este convenio colectivo ha supuesto una mayor flexibilidad, que se materializa en más días de fábrica abierta al año y en disponer de un corredor de vacaciones durante los meses de verano» (Informe Anual, 1998, p. 25).
Las medidas flexibilizadoras incorporadas al convenio colectivo permitieron mantener la fábrica abierta a tres turnos durante los meses de verano a lo largo del periodo de vigencia del convenio para lo que se recurrió a la contratación de un significativo número de estudiantes. La contratación de nuevos trabajadores fue convenientemente recogida en los informes anuales de 1999 y 2000 (pp 27 y 29 respectivamente) y los medios de comunicación destacaron la creación de puestos de trabajo tras la firma del convenio y la aceptación de las medidas de flexibilidad: «Al final, con la paz social llegaron 575 empleos a los que se sumarán otros 500 en el año 2000» 11. De nuevo, los términos del intercambio aceptados por las partes se repiten: flexibilidad a cambio de empleo. El proceso negociador del Cuarto Convenio Colectivo firmado en julio de 2001 fue todo un escaparate donde se mostraron las posturas de cada una de los agentes que intervinieron en la negociación, Gobierno de Navarra y medios de comunicación incluidos. Los argumentos, los de siempre. La dirección de la planta, alarmada por el elevado coste que plantea la plataforma sindical; los sindicatos, reacios a aceptar mayores dosis de flexibilidad; el Gobierno, llamando a la «racionalidad» y tachando de «insolidarios» a unos trabajadores que no aceptan la última propuesta de la empresa que amenaza con trasladar el lanzamiento del modelo A04 a otra planta. La amenaza, nuevamente, se llama Bratislava y la consecuencia 9
El «Lupo que nunca vino.» Anuario de Diario de Navarra 1998, p. 224.
El artículo 68 del III Convenio Colectivo de Volkswagen-Navarra, relativo a las condiciones económicas, fija en un 85% y durante 24 meses el salario del especialista de nuevo ingreso. El Convenio Colectivo de 2000-2004, firmado por CCOO, UGT, LAB y CC, que en conjunto suman el 87% de la representación sindical, mantuvo este supuesto. 10
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«VW creará mil empleos hasta el 2000». Anuario de Diario de Navarra 1999, p. 231
aumento del paro y «pérdida de recaudación para las arcas navarras» 12. Los medios de comunicación, en su sitio, apelando a la «responsabilidad sindical». A lo largo de la negociación se van configurando desde el lado sindical diversas alianzas con protagonistas distintos. El bloque CCOO-UGT-CC se conforma como el más sólido, mientras que LAB, ELA y CGT van cambiando de posición al hilo de los acontecimientos. Baste decir que el preacuerdo alcanzado por UGT, CCOO y CGT (20 miembros en el Comité sobre un total de 31) no fue aceptado por los trabajadores que, mediante referéndum, rechazaron su contenido, prueba de lo complejo de las negociaciones y de la dificultad de los sindicatos para trasladar a sus bases el contenido de los acuerdos. Finalmente, tras seis meses de arduas y tensas negociaciones, el 6 de julio LAB se adhirió al preacuerdo del convenio con lo que el panorama quedaba despejado, se aseguraba el lanzamiento del nuevo A04 para el otoño, la empresa inició la firma de 1.000 contratos para sustituciones, no se suprimió el turno de noche y el expediente de regulación «irá a la papelera» 13. Sorprendentemente, de todo este proceso negociador no aparece ni una línea en el informe anual de Volkswagen-Navarra de 2001. Hay que esperar al siguiente año para poder leer que: «El 19 de diciembre de 2002 se firmaron en Volkswagen Navarra unos acuerdos tendentes a dotar de una mayor flexibilidad laboral a la compañía, de manera que se pueda atender con mayor eficacia las posibles oscilaciones en la demanda de vehículos. Estos acuerdos establecen que para el año 2003 y 2004 la jornada laboral base será de 203 y 193 días respectivamente, considerándose la diferencia de días hasta 214 y 213 que se han establecido como jornada individual de referencia para dichos años, como posibles días de trabajo adicionales en el supuesto de que las necesidades de producción así lo requieran» (Informe Anual, 2002, p. 29). Los acuerdos de flexibilidad de diciembre de 2002, avalados por CCOO, UGT y CC y rechazados por LAB, ELA y CGT, fueron el punto final (momentáneo) de un tortuoso proceso negociador llevado a cabo a lo largo de los últimos meses de 2002. La menor producción asignada a la planta de Pamplona para 2003 y 2004 (que como se sabe comparte modelo con la planta de Bratislava) obligó a la empresa a presentar un expediente de rescisión de empleo para 590 contratos. Alternativamente, la dirección ofreció acordar con los sindicatos la posibilidad de reducir la jornada individual un 10% durante 2003 y 2004 con la consiguiente merma salarial, práctica común «Hacienda perderá 2.000 millones por los 20.000 coches que se dejarán de producir.» Diario de Navarra, 5 de julio de 2001, p. 26. 13 «LAB se suma al preacuerdo y permite que VW Navarra recupere la normalidad.» Diario de Navarra, 6 de julio de 2001, p. 26. Existe una detallada cronología del proceso negociador del Cuarto Convenio Colectivo en (Castillo y López, 2003, p. 91-101) 12
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en el seno del grupo Volkswagen que, por boca de José Luis Erro —director de VW-Navarra— señalaba que prefiere «cien veces antes un acuerdo que despedir» 14. Finalmente, el acuerdo firmado limitó a un 5% la reducción de la jornada laboral para 2003 y a un 10% para 2004, con la correspondiente rebaja en el salario. A cambio, VW-Navarra retiró el expediente de rescisión de los 590 contratos y comprometía inversiones para la segunda fase de la nave de pintura. Pero el acuerdo contenía también una cláusula en virtud de la cual, para el caso en que algún año la producción asignada fuera inferior a la realizable con la jornada base establecida, se podrá trabajar por debajo de la jornada base hasta un máximo de 10 días por año, estableciéndose un plazo de preaviso de tres semanas. Y todo ello en aras a la eficacia. Flexibilidad y eficacia van a aparecer estrechamente unidas en el informe anual. Ya en 2003 se hizo necesaria la aplicación del acuerdo de flexibilidad «con el fin de atender con mayor eficacia a las oscilaciones de la demanda de vehículos.» (Informe Anual, 2003, p. 11). Un año después se volvió a recurrir a la bolsa contemplada en los acuerdos firmados de forma que: «Utilizando los acuerdos de flexibilidad de diciembre de 2002 se estableció para el año 2004 la jornada laboral individual en 192 días» (Informe anual, 2004, p. 25).
La utilización de la bolsa de días genera una deuda a favor de la empresa para cuya devolución se barajan diversas alternativas, origen de nuevos conflictos entre empresa y sindicatos y entre los propios sindicatos entre sí. Pero la mayor conflictividad reside en la diferente interpretación de los acuerdos de diciembre de 2002, una vez finalizada la vigencia del Cuarto Convenio (2000-2004). Mientras que la dirección alega la validez de los mismos en tanto no se firme un nuevo convenio, los sindicatos argumentan que con el fin del Cuarto Convenio expira también la validez de los acuerdos de flexibilidad de 2002 y que la flexibilidad futura debe pactarse en el nuevo convenio colectivo. Se vuelven a repetir los argumentos de uno y otro lado. El comité de empresa convoca diversas jornadas de huelga en apoyo a sus demandas, VW-Navarra amenaza con detener el programa de inversiones si no se aceptan nuevas medidas de flexibilidad, y el presidente de los empresarios navarros, José Manuel Ayesa, declara que «el tiempo de las conquistas sociales ha terminado» 15. Ante la falta de acuerdo, el asunto se lleva a los 14 «La dirección de VW-Navarra asegura preferir »cien veces antes un acuerdo a los despidos.» Diario de Navarra, 14 de diciembre de 2002, p. 25. 15 En este clima de enfrentamiento, la dirección de VW-Navarra abrió expediente a 30 representantes sindicales acusados de impedir la labor de contratados eventuales para trabajar en fin de semana. Argumentan los sindicatos que no tiene sentido contratar a eventuales cuando los trabajadores de plantilla están soportando prolongados recortes en jornada y sueldo, además de intensos ritmos en la producción. Finalmente, comité y dirección pactaron una reducción de las cargas de trabajo equivalente a 23 coches diarios, con lo que se pudo adecuar la producción y las cargas a las necesidades de cada taller (ver Diario de Noticias, 9 y 10 de junio de 2005, pp. 46 y 47 respectivamente).
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juzgados que declaran vigentes los acuerdos de flexibilidad de 2002 mientras no se pacte un nuevo convenio, si bien se declara improcedente el descuento aplicado durante 2005 por no haber sido acordado con los sindicatos, tal y como rezan los acuerdos de 2002. En la primavera de 2005 comenzaron las negociaciones para la firma del Quinto Convenio Colectivo con el bagaje y la experiencia de los duros procesos anteriores, pero también con el aval de haber podido llegar a acuerdos entre las partes aunque, en algunos casos, pagándose un alto precio en términos de incremento de la flexibilidad y división sindical. Durante el dilatado proceso negociador, prolongado durante más de dieciocho meses, los actores de esta obra han podido representar su repetido papel una y mil veces. A las movilizaciones y huelgas promovidas por los sindicatos, unas veces convocadas por unanimidad del comité, otras respondiendo a la llamada en solitario de alguna central minoritaria, le han seguido los mensajes lanzados desde la dirección acusando al comité de empresa de actuar de forma «irresponsable», poniendo en riesgo la fabricación del sustituto del Polo en 2008. La flexibilidad es el escollo. La dirección de la VW-Navarra pide más flexibilidad ampliando al alza la bolsa de días, posibilidad de trabajar en festivos avisando con 48 horas y calendarios mensuales en función de las necesidades productivas. Los sindicatos, por su parte, responden que la propuesta empresarial está en las antípodas de sus reivindicaciones. Abogan por recuperar parte del salario perdido durante los dos últimos años y, sobre todo, rechazan la institucionalización del trabajo en sábado con preavisos de 48 horas que, en una propuesta posterior, se redujo a apenas 16. El nerviosismo en las filas sindicales es patente y resultan frecuentes los cruces de acusaciones entre los sindicatos. Por su parte, el Gobierno de Navarra siempre consideró muy importante la rápida firma de un convenio que recoja unos adecuados escenarios de flexibilidad y condiciones laborales que permitan mantener la competitividad de la planta de Landaben. «Si VW pierde competitividad, no habrá argumentos para justificar más inversiones», manifestaba el consejero de Industria José Javier Armendáriz» 16. Y la sociedad desconcertada. Cuando a finales de 2004 el Gobierno de Navarra concedió a Volkswagen la Medalla de Oro de Navarra, la más alta distinción de la Comunidad Foral, por —tal y como recoge el Decreto Foral de concesión— «ser ejemplo señero a nivel internacional por su producción, sus instalaciones, sus niveles de calidad y su productividad», el director de la planta navarra José Luis Erro declaraba que la concesión «tiene mucho que ver con la decisión de Volkswagen de apostar por el futuro de la planta en Navarra, una especie de broche de oro» 17. En parecidos térmiDeclaraciones recogidas por Diario de Navarra, 25 de octubre de 2005, p. 25. «El Gobierno concede a Volkswagen la Medalla de Oro de Navarra.» Diario de Noticias, 9 de noviembre de 2004, p. 6. 16 17
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nos se manifestaba el informe anual de 2005, año muy conflictivo en Volkswagen por la falta de acuerdo para cerrar el Convenio. Para despejar cualquier tipo de duda sobre la continuidad de la planta en Navarra, el informe anual destacaba que la eficiencia de la organización se debe conseguir: «Al mismo tiempo que seamos referencia en cuanto a aportación de valor a la sociedad Navarra» (Informe anual, 2005, p. 13).
Poco después, sin embargo, la misma dirección de la Planta tomaba la decisión de asignar un exceso de producción del POLO, motivado por un aumento de al demanda del modelo, a la planta de Bruselas como medida de presión para un rápido cierre del Convenio. Ante la facilidad con la que se olvidan las promesas, la sociedad navarra vive con preocupación la fragilidad de un modelo industrial basado en el monocultivo de la industria de automoción y en la excesiva dependencia de instancias internacionales. Navarra se juega mucho en el conflicto de Volkswagen. Se juega no sólo los 4.500 puestos de trabajo directo y los casi 15.000 de trabajo indirecto generados por la planta. VW-Navarra es mucho más que un centro de trabajo. VW-Navarra es un espejo en el que se miran el resto de las empresas navarras, no sólo del sector del metal sino la industria en su conjunto, y la sociedad entera, como lo prueba el elevado impacto mediático que cualquier noticia con el sello Volkswagen genera en la prensa local. La flexibilidad ha puesto a prueba la capacidad de las partes para alcanzar acuerdos, pero también ha evidenciado un cierto agotamiento y resistencia sindical a aceptar mayores dosis de flexibilidad, si ésta proviene exclusivamente de propuestas unilaterales insuficientemente explicadas, y si la negociación no cuenta con la suficiente dosis de confianza mutua. La postura sindical tampoco es homogénea, aunque todos los sindicatos son conscientes de la instauración del nuevo paradigma negociador —flexibilidad por empleo— asumiendo que los términos de la negociación han cambiado y que en consecuencia, deben modificarse también las estrategias negociadoras superando el vértigo que a veces produce la firma de acuerdos. El escenario tampoco es el mismo. La vieja estructura fordista delimitaba y acotaba con claridad el terreno de la negociación: la empresa. En el siglo XXI las cosas son bien distintas: es la era de la globalización y de la empresa en red. Decisiones importantes que afectan a la planta ya no se toman en el seno de la misma sino que se acuerdan en la sede de la empresa matriz. La empresa se globaliza y con ella también las alianzas, los conflictos, los acuerdos y las soluciones. Trabajar en VW-Navarra ha pasado de representar garantía de futuro, empleo estable y prestigio social a vivir inmerso en una incertidumbre permanente. Solamente en 2005, cerca de 200 trabajadores, el 4% de la plantilla, sin incluir eventuales ni prejubilaciones, han causado baja de forma voluntaria en la planta de Landaben por el «ambiente de desánimo que hace 113
pensar que aquí no hay futuro» 18. La alternativa de reparto de trabajo practicada hasta ahora en VW-Navarra como fórmula para ajustar el exceso de plantilla ante desfases entre la oferta y demanda de producción —eje de los acuerdos de flexibilidad de 2002— es, no cabe duda, una propuesta innovadora, solidaria y mantenedora del capital humano. Pero el continuo goteo de trabajadores experimentado de manera ininterrumpida en VW-Navarra durante los años posteriores a la firma de los acuerdos de flexibilidad de 2002 y el enquistamiento de una situación que linda más con lo estructural que con lo coyuntural, ha terminado por agotar la confianza que debería presidir cualquier negociación sobre flexibilidad. Sin duda, la organización del trabajo sobre la base del justo a tiempo lleva consigo un diseño productivo donde, para poder ser coherente como modelo, la fragmentación del trabajo es una «consecuencia necesaria» (Castillo y López 2003, p. 104). El eje de la calidad y el precio impuesto por el ensamblador final significa que la competencia entre las distintas empresas se basa en los salarios a la baja, en la intensificación de los ritmos de trabajo y en la fácil sustitución tanto las empresas de la red como de sus trabajadores. Si éstas son las consecuencias de la instauración del nuevo paradigma productivo, cabría preguntarse si la contabilidad recoge de forma adecuada esta realidad o, si por el contrario, con sus palabras, con sus metáforas y con sus silencios contribuye a reforzar y a legitimar la nueva forma de organización del trabajo y, con ello, sus efectos. ¿Cumple la información divulgada en el informe anual de VW-Navarra con las expectativas de sus partícipes o stakeholders? Ante la fuerte discrepancia existente entre sindicatos y dirección de Volkswagen sobre los datos de absentismo y siniestralidad laboral, reiteradamente puesta de manifiesto en los medios de comunicación, ¿reconoce el informe anual las necesidades de información específicas de cada uno de los grupos de interés o partes interesadas? La información divulgada en el informe anual ¿se elabora desde la consideración de la realidad sociopolítica en la que la misma se produce o, por el contrario, son factores exclusivamente económicos los que presiden y determinan la naturaleza de la información divulgada? El informe anual ¿sirve por igual a todas las partes o es un mecanismo de legitimación para asegurar la supervivencia del capital(ismo)? ¿Deja constancia el informe anual del proceso de fragmentación del trabajo y de la tendencia a la individualización de las relaciones laborales? Y por último, ¿cumple la información recogida en el informe anual las características de neutralidad, objetividad y relevancia que exige el marco conceptual de la contabilidad? Recordando nuevamente las palabras de Hines (1988), el informe anual ¿comunica realidades o más bien las construye? 18 Declaraciones del Presidente del Comité de Empresa de VW-Navarra Josu Sánchez Bruna. «El goteo laboral en Volkswagen Navarra.» Diario de Navarra, 30 de octubre de 2005, pp. 30 y 31.
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Ante tal avalancha de preguntas, no es de extrañar que a la investigación crítica en contabilidad se le haya acusado de quedarse a mitad de camino sin ofrecer soluciones a los problemas percibidos por la misma (Sikka y Willmott, 2005), razón por la que, en ocasiones, ha sido marginada de algunas revistas contables que adoptan otras perspectivas teóricas o ideológicas (Baker y Bettner, 1997). Se reprocha, por tanto, que la investigación alternativa en contabilidad formule críticas, que incluso llegan a cuestionar el statu quo vigente, pero que no suministre pautas para la resolución de los problemas denunciados en la investigación. El siguiente capítulo —último de esta monografía— recoge las principales conclusiones del trabajo al tiempo que ofrece algunas propuestas con la intención de devolver a los informes anuales la relevancia y utilidad que se espera de ellos. Además de un refuerzo normativo reclamado por Gray (2002) y Parker (2005), las propuestas que se presentan están encaminadas, en primer lugar, a conseguir que la información revelada en el informe anual pueda servir a la pluralidad de las partes interesadas presentando los puntos de vista no solamente de la dirección sino de todas ellas, reconociéndoles, en consecuencia, capacidad para intervenir en su elaboración y en la elección de los contenidos. En segundo lugar, se plantea un ensanchamiento de los límites espaciales y temporales de los informes anuales al objeto de incluir en los mismos la amplia gama de impactos sociales de la entidad informante, conformada por una empresa en red, que va más allá de la delimitada por la personalidad jurídica de la empresa encargada de la elaboración del informe anual. Por último, se reclama una auditoría independiente que incluya también la parte narrativa del informe anual, eliminando la relación clientelar entre firma de auditoría y empresa auditada.
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CAPÍTULO 7
CRISIS Y OPORTUNIDAD: DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO A LA SOCIEDAD SOSTENIBLE
7.1.
INTRODUCCIÓN
La naturaleza ideológica de la contabilidad, esto es, cómo la contabilidad contribuye con su discurso a legitimar las posiciones dominantes es el eje argumental de la presente investigación que encuentra su marco teórico en los principios de la teoría de la economía política. Aunque la investigación crítica en contabilidad presenta una amplia variedad de enfoques, a todos ellos les une el interés por cuestionar el papel que juega la contabilidad en el afianzamiento de las estructuras de dominación, sean éstas políticas, económicas o sociales. De esta manera, toma cuerpo un modelo de investigación alternativo que, teniendo en cuenta la naturaleza social de la disciplina, cuestiona la validez de unos estándares dirigidos en exclusiva hacia los suministradores de fondos cuya práctica está orientada a legitimar el marco ideológico e institucional que contribuye a los fines privados de la organización. Se trata, por tanto, de una investigación que analiza el papel que se le asigna al informe anual como parte activa e interesada en la construcción de realidades, más que como pieza neutral mera comunicadora de realidades objetivas, dado el alto potencial del discurso para construirlas y la capacidad de las metáforas inadecuadas para trasladar significados. El caso analizado en la presente investigación revela la utilización de la parte narrativa del informe anual de Seat-Volkswagen para legitimar el importante cambio organizativo experimentado por la firma en el último tercio del pasado siglo presentándolo como inevitable, además de necesario. La perspectiva histórica de la investigación permite identificar dos 116
hechos clave en el intento legitimador de las políticas de la empresa. Se trata, más que de hechos puntuales que se producen en un momento determinado, de situaciones que definen todo un escenario y determinan dos épocas diferentes: 1.
2.
Una primera época que se extiende desde 1974 hasta 1986, determinada por el importante cambio político experimentado en España que despidió a un régimen totalitario para dar paso a un sistema parlamentario y constitucional. Para su efectiva consolidación, la política económica impulsada por el Gobierno necesitó de la consecución de un marco legal y laboral que facilitara dicho cambio cuyos hitos determinantes fueron la firma de los Pactos de la Moncloa y las sucesivas reformas del mercado de trabajo, asuntos ambos conveniente recogidos en los informes anuales. La segunda época comienza en 1986 con la privatización de Seat, circunstancia que es aprovechada por los nuevos propietarios para gestar el cambio organizativo. A partir de ese momento, el discurso del informe anual cambia. Lejos de la tutela política y del control del estado, el informe anual responde a las demandas de la industria centrando su discurso en los nuevos modos de organizar la producción basados en los suministros justo a tiempo, el recurso a la subcontratación y la externalización de tareas.
Las reformas laborales y estructurales llevadas a cabo en España durante la primera época, marcada por la transición política, fueron necesarias para el éxito posterior del cambio organizativo operado en la segunda época, no sólo en Volkswagen, sino en la mayoría de las empresas españolas. Los nuevos modos de organizar la producción se presentan como uno de los factores explicativos de la impresionante bonanza económica de los noventa (Los felices noventa de Stiglitz) y de los espectaculares aumentos de productividad en el conjunto de la industria.
7.2.
LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL
Pero este espectacular aumento de la riqueza y de la productividad no ha sido gratuito. Se ha pagado un alto precio en forma de pérdida en la calidad del trabajo que en España se encuentra muy por debajo de la media europea en la mayor parte de parámetros fijados por la Comisión Europea para medir la calidad laboral en los estados miembros. Según el Primer Informe Randstad (www.esade.es/detalle.php?NDAz#) sobre calidad del trabajo en la Europa de los 15 (junio de 2003), los trabajadores españoles están poco satisfechos con el trabajo que desarrollan, gozan de pocos incentivos 117
para los procesos de formación y presentan la segunda tasa más baja de empleo a tiempo completo. Según el mismo Informe, tampoco marchan mejor las cosas con relación a la siniestralidad laboral. A pesar de contar con una prolija, a veces excesivamente dispersa, legislación sobre prevención de riesgos laborales, España presenta la mayor tasa de siniestralidad laboral con más de tres días de ausencia en el trabajo. Además, mientras que en España se producen nueve accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores, la cifra se reduce a cinco para el resto de la UE. Y aunque hablar de costes de la siniestralidad laboral resulta siempre complejo (¿cuánto vale una vida humana?), según el departamento de salud laboral del CCOO, el coste de las jornadas perdidas a causa de la siniestralidad laboral, más el coste de las coberturas y otros costes implícitos ascendería a 12.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, el 1,7% del PIB de 2002. A este respecto, Zufiaur (2000), en su calidad de miembro del Comité Económico y Social de la UE y, por lo tanto, buen conocedor del tema, atribuye a la precariedad y a la rotación en el empleo las principales causas de tan elevadas cifras. Y aporta algunos datos. El 60% de los accidentes laborales los sufren trabajadores jóvenes (la temporalidad supera el 70% entre los jóvenes menores de 25 años) y la velocidad en la rotación del empleo ha crecido espectacularmente desde la reforma laboral de 1994. El riesgo de accidente laboral es varias veces superior entre los precarios que entre los fijos. Por otra parte, en contra de lo que cabría pensar, el principal riesgo laboral de los trabajadores no está vinculado al esquema clásico de accidente laboral como choques contra objetos, aplastamientos o contacto con materiales diversos. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006), un tercio de los accidentes de trabajo que se producen en España obedece a sobreesfuerzos físicos, traumas psíquicos y estrés. En opinión de Ángel Rubio, responsable del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la explicación radica en los cambios que se han producido en la forma de trabajar en los últimos años. «En la forma de producción influyen riesgos como la movilidad laboral, la productividad, el mayor tiempo para ir y volver del trabajo, la estabilidad en el empleo…» 1. Con la contundencia que arrojan estos datos, no es de extrañar el desánimo que cunde entre un amplio colectivo de jóvenes mileuristas» 2 «que van saltando de trabajo en trabajo» y que raramente ocupan un puesto de tra1 «Un tercio de los accidentes de trabajo se produce por sobreesfuerzo o estrés.» El País, 17 de junio de 2006, p. 82. 2 Según Carolina Alguacil, que acuñó la expresión, el mileurista es aquel joven licenciado, con idiomas, posgrados, másters y cursillos que no gana más de 1.000 euros al mes. Gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta la ciudad. No ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día… A veces es divertido, pero ya cansa. «La generación de los mil euros», El País del Domingo, 23 de octubre de 2005, pp. 1-3.
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bajo acorde con los estudios realizados. Cuando en los primeros meses de 2006, abatidos por la sensación de que el futuro será peor, los jóvenes franceses salieron a la calle en protesta por el contrato de primer empleo (CPE) que permitía despedir sin tener que justificar motivo alguno, reclamaban otro concepto de eficiencia, una visión más humana de los negocios y, en definitiva, vivir al menos con la seguridad con la que habían vivido sus padres, los héroes del 68. Como declaraba el politólogo Pascal Boniface 3, «la crisis en torno al CPE no es más que otro capítulo de la ruptura total entre las élites y las masas que ya quedó plasmada en el rechazo al Tratado Constitucional.» Como ya se ha señalado en otra parte de esta monografía, el concepto de eficiencia debe equilibrarse en sus tres dimensiones. De lo contrario, la sociedad fragmentada no será sino la consecuencia lógica del trabajo precario, fragmentado y dual antesala, igualmente, de la individualización de la desigualdad social (Beck, 1998). Este fenómeno se produce en medio de un enconado debate ideológico acerca de los límites del Estado del Bienestar, amenazado y cuestionado por quienes, esgrimiendo igualmente conceptos de eficiencia, pretenden reducirlo a la mínima expresión. Se asiste, de este modo, a la paradoja de que la protección del Estado disminuye a medida que aumenta el peligro a causa de la precariedad y de la exclusión. Es la sociedad del riesgo residual en una sociedad no asegurada de la que nuevamente nos advierte Beck (2002). Y en un escenario de esa naturaleza, donde el Estado es más asistencial que redistributivo, el riesgo, la incertidumbre y la amenaza constante se transforman en pérdida de confianza en las instituciones, desinterés y desencanto por la política, distanciamiento de los partidos políticos y escepticismo generalizado, elementos que conforman el mejor caldo de cultivo para los totalitarismos, los populismos y la derrota de la democracia. Como nos recuerda Ulrich Beck (2000), sin seguridad material no existe libertad política ni, por tanto, democracia propiamente dicha, sino más bien una situación de riesgo y amenaza generalizada por parte de regímenes e ideologías de corte totalitario. Por esta razón, desde la sociología se insiste en la necesidad de democratizar el desarrollo técnico y económico recurriendo a controles parlamentarios sobre los cambios tecnológicos y organizativos de la industria, pasando por debates sobre la modernización que examinen y ponderen los planes desde puntos de vista interdisciplinarios de distintos expertos, sin descartar la participación de grupos de ciudadanos en el proceso de toma de decisiones en política industrial y de investigación. Descendiendo al terreno concreto de la empresa, es preciso establecer límites y condiciones a los instrumentos de flexibilidad. Como ha quedado 3
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«Francia lucha por un modelo social en crisis». El País, 2 de abril de 2006, p. 2.
patente a lo largo de esta monografía, la mayor flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo, en la medida en que suponga simplemente una intensificación de la libertad del empresario para decidir modificaciones de jornada y horarios, entraña efectos negativos como pérdida de control del tiempo libre, dificultades de conciliación entre la vida familiar y laboral, dualización de las relaciones laborales (dobles escalas salariales, algunos trabajadores son exclusivamente de fin de semana, etc.), riesgos para la salud (el estrés es ya la principal causa de accidente laboral en España) y desconcierto sindical (amenaza de pérdida de poder ante la nueva situación). En el estudio llevado a cabo por el profesor Goñi Sein (2004) sobre los modos de la negociación colectiva en Navarra desde 1999 hasta 2004, se pone de manifiesto la facilidad con la que se firman convenios colectivos que regulan de forma muy laxa las circunstancias que justifican la modificación de jornadas pactadas sin que vayan acompañadas de mecanismos de control o participación de los trabajadores, causa de un «déficit democrático» en la regulación de la flexibilidad que queda casi exclusivamente en manos del empresario, por lo que reclama el establecimiento de límites a la «potestad libérrima» del empresario respecto a la variabilidad de la jornada, mediante la oportuna implementación de mecanismos de consulta y de negociación con los representantes de los trabajadores (Goñi Sein, 2004, pp. 171-172). 7.2.1.
Regulación versus autorregulación
En última instancia, el debate sobre la regulación de la flexibilidad no es sino una pieza más de un debate más amplio acerca de la conveniencia o no de regular la responsabilidad social de las empresas. Aunque este debate no ha hecho más que comenzar, se perfilan ya dos posturas claramente contrapuestas 4. Por un lado, los defensores de la voluntariedad argumentan que regular la responsabilidad social, además de atentar contra el carácter emprendedor e innovador del empresariado, es un error conceptual en sí mismo ya que atenta contra la semántica del término, contrario a la idea de regulación (Nieto, 2005). La responsabilidad no se puede obligar sino que, en todo caso, corresponde a las instituciones la tarea de fomentar y promover entre las empresas las prácticas responsables. Además, se corre el riesgo de que una vez conseguida la etiqueta de «responsable», la empresa deje de tener nuevos estímulos para seguir mejorando instalándose en el 4 Algunas de las ideas que aquí se plantean han formado parte del debate mantenido en el seno de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas, donde se visualizó el alineamiento de los partidarios de la autorregulación frente a los planteamientos proclives a un marco normativo.
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conformismo. Para los defensores de la voluntariedad, la autorregulación se convierte en el camino más efectivo a la hora de modificar determinadas conductas empresariales. De esta forma, la empresa podrá gestionar la responsabilidad social como una oportunidad para diferenciarse de los competidores y como un elemento capaz de generar valor para la firma. Pero por el otro lado, aun reconociendo el valor de la autorregulación, desde algunas ONGs se viene demandando un marco regulatorio que ordene, fomente y controle su aplicación de forma particular en las empresas transnacionales, muchos de cuyos proveedores se localizan en terceros países caracterizados por tener una legislación laboral más permisiva. Para estos casos, los instrumentos legislativos constituyen un medio primordial para controlar la acción de las empresas. Se reclaman, sobre todo, unas normas jurídicas internacionales que subsanen las carencias de marcos legislativos laxos en muchos países en vías de desarrollo al objeto de atraer capital extranjero, toda vez que los procesos de liberalización comercial que se están dando a escala regional incluyen en la mayoría de los casos procesos forzosos de desregulación que penalizan la inclusión de controles sociales y medioambientales por parte de los gobiernos locales por el temor a traslados de la producción y la inversión a otros países 5. El hecho de que en su propuesta sobre la responsabilidad social de las empresas la Comisión Europea se decantara por la voluntariedad representa, a juicio de Perdiguero (2003, p. 133), «toda una declaración de impotencia política» y supone la renuncia a influir desde las políticas públicas en la necesaria rectificación de la esquizofrénica deriva del sistema financiero, sobre las causas del déficit social y sobre la responsabilidad de las empresas en la precarización de la condición salarial. Por todos estos motivos resulta alentadora la iniciativa llevada a cabo por Intermón-Oxfam (2005) ante la subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados proponiendo medidas normativas para el impulso y desarrollo de la RSC entre las empresas. Si la autorregulación no se puede comprobar de manera externa e independiente —concluye el informe presentado por la citada ONG— pierde buena parte de su valor y no existen garantías ni para el accionista ni para el consumidor. Probablemente, la RSC, entendida como el conjunto de acciones que caen dentro de la esfera de la voluntariedad, no se pueda regular, pero desde las instituciones políticas se puede impulsar el desarrollo de normativa que refuerce la regulación en asuntos cruciales, tal y como se hizo en España 5 A este respecto, estremece el informe elaborado por Oxfam International sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras asiáticos de ropa deportiva. Con el título de «Fuera de juego», el informe destaca la ausencia de libertad sindical en la mayoría de las empresas proveedoras de las grandes marcas deportivas por lo que, entre otras medidas, propone que las marcas deportivas den prioridad a mantener en sus cadenas de suministro a las fábricas que tienen sindicatos libres. Puede verse el informe en: www.oxfam.org.au/campaigns/labour/06report.
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con la última reforma laboral (primavera de 2006) al hacer más transparente la cadena de subcontratación y poner límites a la utilización abusiva de la contratación temporal impidiendo la sucesión de contratos temporales encadenados, o como se hizo en Estados Unidos con la regulación contable de las stock options donde, a pesar de la intensa presión de las compañías, finalmente el Congreso acabó por obligar a cuantificar el coste de las mismas con el reconocimiento en balance del correspondiente pasivo, tras el estallido de la burbuja financiera y bursátil de los felices noventa 6. La regulación, en suma, no es sino un mecanismo de equilibrio entre los diferentes poderes, fórmula presente, por otra parte, en la mayor parte de las constituciones de los Estados modernos. Cada vez más, un creciente número de asuntos descansa en la opinión de «comités de expertos» sobre los que ningún control ejercen ni gobiernos ni parlamentos. Si hace tiempo que lo económico ha desplazado a lo político, parece que también están quedando fuera del regulador cuestiones vitales que están siendo asumidas por entidades «independientes» que cultivan la autorregulación. También así se debilita la democracia. Por esta razón, el creciente poder de las grandes corporaciones debería equilibrarse con formas democráticas de control y con una legislación de alcance internacional que evite el dumping social estableciéndose, asimismo, mecanismos de verificación independientes. Regulación, revelación de información y verificación de la misma son procesos complementarios que hay que analizarlos de forma conjunta. En todo este quehacer, el informe anual, escaparate que proyecta la mayor visibilidad de la empresa, juega un papel destacado. Hasta el momento, sin embargo, el informe anual presenta la visión que se ofrece desde el poder ejercido por quien gobierna la firma. Expresiones como reducción de costes, moderación salarial, suministro justo a tiempo o flexibilidad se presentan como inocuas y resultado de un proceso natural. Sin embargo, lo que el posestructuralismo nos enseña es que la legitimidad del actual estado de cosas no proviene de un sagrado convenio con la sociedad, sino que es el resultado de un proceso histórico y de conflictos humanos donde las cosas podrían haber sido diferentes (Macintosh, 2005). Con esta visión, el siguiente apartado desarrolla algunas propuestas para la elaboración del informe anual desde una perspectiva más amplia, con una mayor participación y sometido a un proceso de verificación independiente. 6 La década de 1990 fue testigo de una dura pugna librada entre el FASB y la SEC por un lado, partidarios de contabilizar el coste de las stock options con las que muchas compañías estadounidenses remuneraban a sus directivos, y el poderoso lobby estadounidense del sector de las telecomunicaciones por el otro, que tildó la propuesta reguladora como un «golpe terrible para el sistema de libre empresa» y sólo aceptaba informar de las mismas mediante vagas notas en la memoria. Tras conocerse los escándalos financieros del cambio de siglo, Stiglitz (2003, p. 128) concluyó que «una regulación laxa en el sector de la contabilidad proporcionó ocasiones e incentivos para el engaño o la información incorrecta.»
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7.3.
POR UNA CONTABILIDAD PARA LA SOSTENIBILIDAD
La larga lista de escándalos financieros y contables ocurridos en el cambio de siglo han sacudido no solamente a la profesión sino también a académicos e investigadores divididos, por un lado, entre quienes piensan que se trata de hechos aislados de los que se pueden extraer enseñanzas para el futuro sin introducir cambios sustanciales (business as usual) y quienes reivindican el valor de la ética para darle un nuevo impulso a la investigación en contabilidad social y restablecer la ética en los programas de enseñanza de la contabilidad (Cooper et al., 2005). En el primer caso, los escándalos contables se han presentado como casos excepcionales de un sistema que funciona pasando de soslayo por los costes sociales ocasionados mientras que, en el segundo caso, la crisis generada es aprovechada para impulsar asociaciones, como la Association for Integrity in Accounting (AIA), con el objeto de promover cambios positivos en la contabilidad, es decir, «cambios que minimicen el potencial de los fallos financieros en el futuro» (Cooper et al., 2005, p. 378). Al rebufo de ésta y otras iniciativas impulsoras de una investigación crítica en contabilidad se ha realizado este trabajo para cuya finalización se proponen algunas medidas que afectan a la contabilidad y que cuestionan algunos de los convencionalismos y prácticas actuales. Además de las consideraciones efectuadas más arriba sobre la conveniencia de regular algunas prácticas empresariales, sobre todo en firmas multinacionales con el objeto de evitar el dumping social, las medidas que se proponen a continuación centran su atención en el informe anual, para lo que se revisa la hipótesis de entidad, se asigna un papel determinante a los stakeholders coherente con el significado del término y se reclama mayor independencia en la verificación de la parte narrativa de los informes anuales. La contabilidad no puede permanecer anclada en sus prácticas, sino que debe ser receptiva a los cambios sociales y a la demanda de unos informes anuales con información útil y relevante, no sólo para los tradicionales suministradores de fondos, sino para el conjunto de partícipes de la empresa. 7.3.1.
La hipótesis de entidad: límites organizativos y operativos
El informe anual que elaboran las empresas recoge la información, voluntaria y no voluntaria, de una unidad contable diferenciada del resto de unidades o empresas. La hipótesis de entidad da soporte conceptual a la delimitación de unidades contables específicas, separadas y distintas de las demás, dentro de cuyos límites se define un área de interés y unos eventos sobre los que informar. El debate acerca de los límites de la entidad contable, lejos de ser un asunto cerrado, está sujeto a una continua revisión, 123
habiendo evolucionado desde la óptica del propietario hasta posiciones más actuales, en las que se concibe a la empresa como una entidad en la que confluyen múltiples intereses. A partir de estas ideas, Belkaoui (1995) distingue dos maneras de definir la entidad contable. La primera de ellas, basada en la idea de control, delimita una unidad económica responsable de ciertas actividades económicas y del control administrativo de la unidad. La segunda manera de acercarse al concepto de entidad contable pasa por la consideración de los intereses económicos de las partes interesadas, de forma que son las necesidades informativas de los stakeholders y no las actividades de la firma las que definen los límites de la entidad contable y, por lo tanto, la información a incluir en los estados contables. La existencia de este segundo enfoque, más amplio, avala la inclusión en el informe anual de datos relevantes para satisfacer las necesidades informativas de los stakeholders o partícipes de la empresa. Hasta el momento, no obstante, el criterio dominante que guía la elaboración del informe anual es el del control administrativo de la entidad, siendo la información contable consolidada el producto que mejor representa a la unidad económica definida sobre esas bases. En este contexto, los límites organizativos están constituidos por el conjunto de entidades vinculadas sometidas a control administrativo de la entidad (AECA, 2005). Sin embargo, este criterio deja fuera del informe anual un considerable número de hechos cuyo origen se sitúa dentro del conjunto de empresas vinculadas que definen los límites organizativos, pero que se producen fuera de los mismos, es decir, en otras empresas. Son los impactos indirectos, sobre cuya revelación existen interesantes propuestas elaboradas por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (WBCSD, 2004), la tercera generación de la guía GRI (2006), AECA (2005) o Larrinaga et al. (2006). La consideración de los impactos indirectos dentro del catálogo de hechos a revelar define un concepto de entidad informante más amplio, construido no a partir de las entidades bajo control administrativo de la unidad económica, sino sobre la base de las necesidades de los partícipes (Belkaoui, 1995). La hipótesis de entidad, en su sentido más amplio, ensancha los límites espaciales de la entidad informante al incluir en la misma no sólo las empresas sometidas a control administrativo (límites organizativos), sino también aquéllas otras en las que, aún estando fuera de los límites organizativos, generan impactos sociales a consecuencia de las actividades de las empresas sobre las que la entidad informante ejerce el control administrativo. Es el caso de las empresas situadas a lo largo del ciclo de vida del producto (proveedores, subcontratas, empresas que realizan actividades externalizadas por la entidad informante, etc.), cuya inclusión puede contribuir a erradicar el reporting fraudulento como el que se produce en aquellas empresas que subcontratan las actividades con fuerte impacto social de las que no se da cuenta en los informes anuales de la 124
entidad informante. De esta manera, el alcance del informe anual trasciende los tradicionales límites organizativos definidos por las empresas bajo control administrativo. En la consideración del alcance del informe anual descansa el concepto de límites operativos, esto es, catálogo de entidades en las que se originan impactos sociales a consecuencia de actividades de la entidad informante, estén o no bajo control administrativo de la misma (WBCSD, 2004; AECA, 2005; Larrinaga et al., 2006). La necesidad de redefinir el concepto de entidad contable al objeto de establecer unos límites acordes con la nueva entidad ha suscitado mayor interés entre organismos y autores cuyos trabajos tienen como eje central el reporting social y medioambiental. Además de las propuestas brevemente esbozadas en los párrafos anteriores, autores como Gray et al. (1997) se inspiran en el trabajo de Guba y Lincoln (1989) para activar la noción de «perspectiva de la ciudadanía polivocal» (PCP), concepto que destaca el valor de las voces de los stakeholders en el conjunto de la organización. La PCP cuestiona el tradicional concepto de entidad contable construido sobre la idea de control administrativo, para dar paso a una organización que no se concibe, que no existe, independientemente de sus stakeholders. Son éstos los que crean y moldean la organización por lo que tienen un papel activo en la definición de los límites de la misma y en la inclusión del catálogo de actividades sobre las que informar. La definición de los límites organizativos y operativos se aborda, aunque no siempre con el significado que se le ha dado en los párrafos anteriores, en la última versión de la guía GRI (2006) y desarrollos complementarios (GRI, 2005) al objeto de facilitar pautas para las empresas que adopten, de forma voluntaria, la elaboración de informes de sostenibilidad. Lo que se plantea aquí es la adopción, de forma generalizada, de la hipótesis de entidad, en su sentido más amplio, para la elaboración de la parte narrativa de los informes anuales. Tanto el catálogo de organizaciones como las actividades a incluir dentro de los límites operativos deberán ser acordados entre los partícipes de la entidad mediante el establecimiento de canales de diálogo en el que estén representados todos los partícipes (Hibbit, 1999; Unerman y Bennett, 2004) que podrán proponer la elaboración de anexos complementarios donde manifiesten sus particulares puntos de vista. Pero esto es una cuestión que se aborda con mayor detalle en el siguiente apartado. 7.3.2.
Informe anual por y para los partícipes
La consideración de la hipótesis de entidad en su versión amplia plantea el reconocimiento de un amplio catálogo de partícipes con necesidades informativas tan diferentes que difícilmente pueden ser satisfechas con un informe anual elaborado únicamente desde la perspectiva de los accionis125
tas. Se necesita una visión más amplia, en línea con la perspectiva de la ciudadanía polivocal de Gray et al. (1997), que contemple el papel activo de los stakeholders. Hasta el momento, no obstante, la solución adoptada consiste en elaborar unos estados contables, y por extensión un informe anual, multipropósito que satisfagan las necesidades informativas de los usuarios de los mismos. Sin embargo, a lo largo de esta investigación se ha preferido el término «partícipe» al de «usuario» porque, además de ajustarse mejor al significado del término stakeholder, le confiere al mismo un papel más activo, protagonista de la acción, y no un mero receptor de una información elaborada desde la óptica de la propiedad (shareholder). El reconocimiento de los partícipes como parte activa de la entidad informante plantea el reconocimiento del derecho no solamente a ser informado de las actividades de la entidad, sino el de participar en la elaboración de dicha información incorporando a la misma su o sus perspectivas, lo que viene a ser una «síntesis» (Gray et al. 1997, pp. 337-338) de de la perspectiva de accountability —obligación de suministrar información sobre acciones de la que uno es responsable— , con la PCP, que da voz a los stakeholders y dialoga con ellos. Si en la definición de la nueva entidad contable los stakeholders tienen un papel activo, también lo tienen en la definición del catálogo de actividades sobre las que informar. Este argumento ha sido planteado con algunos matices por Macintosh y Baker (2002) y por Macintosh (2005) quienes, a partir de las ideas del pensador ruso Bakhtin 7 (1895-1975) acerca del género literario (monoglósico versus heteroglósico), proponen la elaboración de unos estados contables heteroglósicos, es decir, estados contables elaborados con la participación de las diferentes «voces» (Macintosh y Baker 2002, p. 209). Esto no significa presentar un único informe anual fruto del consenso de las diferentes voces (al fin y al cabo sería un informe monoglósico), sino que cabría la posibilidad de producir unos estados contables que incorporaran los puntos de vista diferentes, e incluso contradictorios, de forma que para una misma magnitud se pudieran habilitar varias columnas. La propuesta de Macintosh, sin duda inspirada en la formulada en el plano teórico por la American Accounting Association (AAA, 1966) y más tarde por el Corporate Report (ASSC, 1975) sobre los estados financieros multicolumnares, habilita varias columnas cada una de las cuales adquiere significado mediante la utilización de métodos alternativos de valoración. El formato multicolumna, en palabras del Corporate Report, 7 Bakhtin fue un teórico de la literatura rusa cuya obra se enfrentó al intento homogeneizador y uniformizador de la cultura y las artes promovido por el Gobierno de los Soviets en el periodo 1920-1930. Bakhtin identificó dos géneros mayores en la novela: el monoglósico y el heteroglósico. En el monoglósico, el autor domina los personajes y la trama de principio a fin y otorga un significado concreto a cada uno de sus personajes. La novela heteroglósica, por el contrario, otorga igual peso a las voces de los personajes y al autor, que no es la última autoridad y no impone un final cerrado a la novela ni le da un único significado ideológico a los personajes o al argumento.
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acepta la existencia de necesidades informativas de similar nivel y, por tanto, su intento de satisfacción simultánea sin otorgar carácter prioritario a una sobre otras. Si la propuesta de Macintosh para las magnitudes monetarias del balance y cuenta de resultados se extendiera al conjunto de hechos o secciones del informe anual en los que los partícipes presentan visiones diferentes, se les estaría dando no solamente voz sino también voto. La diferente percepción que sindicatos y dirección de Volkswagen mantienen históricamente con relación al absentismo y con las estadísticas sobre siniestralidad laboral, por ceñirnos a un caso, podría quedar reflejada en un informe heteroglósico. Tanto la propuesta de Gray et al. (1997) como la de Macintosh y Baker (2002) parten de la idea común de la dificultad de describir la «realidad social» utilizando únicamente perspectivas unilaterales, asunto que ya llamó la atención de Roberts y Scapens (1985) cuando reflexionaron acerca de las limitaciones de la contabilidad incapaz de representar en su totalidad el flujo de hechos empresariales con potencial de ser capturados. La imagen que la contabilidad transmite de la organización es producto de «un particular punto de vista» (Roberts y Scapens, 1985, p. 454), por lo que se deberán hacer esfuerzos en mejorar la calidad de la información o, alternativamente, tener en cuenta esta circunstancia y evaluar las consecuencias de una información limitada e insuficiente. Abundando sobre lo anterior, conviene nuevamente recordar la obra de Lakoff y Johnson (1986) cuyo discurso central insiste en la idea de que la existente no es la única manera de hablar y de contar las cosas. Belkaoui (1996), probablemente inspirado en Ricoeur y su carácter polisémico del lenguaje, teoriza sobre el relativismo lingüístico en contabilidad y reconoce las diferentes percepciones que entre elaborador y destinatario puede suscitar el componente «gramatical» (p. 165) del informe anual. Por estas razones, desde el reconocimiento de las diferentes percepciones, potenciar el diálogo entre los stakeholders y reconocerles el derecho a participar en la elaboración del informe anual, lejos de aumentar el escepticismo ante el mismo, nos posiciona ante una oportunidad de realzar el valor de los informes anuales, aumentar su credibilidad, reforzar la participación democrática de todas las partes y, sin duda, mejorar las prácticas empresariales y la calidad de vida de toda la sociedad. Hay que reconocer, no obstante, la dificultad a la que se enfrenta esta propuesta no solamente por razones económicas sino, sobre todo, por el poder que sobre la organización ejerce la propiedad. Más todavía en un momento en que uno de los pilares sobre los que se sustentó la última gran reforma de la Normativa Contable Internacional de comienzos del presente siglo consistió en la reducción, cuando no eliminación, de opciones contables alternativas. Incluso quedaría comprometido el papel del auditor que con su intervención certifica la autenticidad del contenido del informe anual, 127
como queriendo acallar las otras voces que conducen a unos significados abiertos, vivos y no acabados (siguiendo el ejemplo del género literario de Bakhtin). Pero el mantenimiento del actual estado de cosas, con un informe anual elaborado únicamente desde la perspectiva de la propiedad, sólo se puede lograr suprimiendo las otras voces y, como sostiene el historiador Reinhart Koselleck (1923-2006), anular la diferencia, tapar una de las voces en provecho de una «verdad oficial» equivale a enconar el conflicto y perpetuar su virulencia. 7.3.3.
Garantizar la independencia del auditor
La verificabilidad es otra característica que debe reunir la información contable y así se recoge en el marco conceptual que reclama la verificación de la información contable por auditores independientes. La larga lista de escándalos financieros y contables que salieron a la luz en torno al cambio de milenio y que de forma mayoritaria afectaron a firmas norteamericanas ha vuelto a poner en primera línea de actualidad el debate acerca de independencia del auditor, cuya actuación se ha cuestionado en algunos foros tras los abusos cometidos por alguna firma de auditoría que realizaba para un mismo cliente operaciones de consultoría al tiempo que de auditoría. El precio pagado fue especialmente caro para Arthur Andersen que saldó con su desaparición del mercado (y con la consiguiente pérdida de empleos) la ocultación de los riesgos asumidos por sus compañías auditadas a las que también realizada servicios de consultoría. Solamente tras el estallido de los escándalos empresariales se tomaron en serio las propuestas del Presidente de la SEC, Arthur Lewitt, partidario de una separación total de las actividades de auditoría y consultoría. La consecuencia para nuestro país fue la prohibición, mediante la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, de prestar a un cliente de auditoría una larga lista de servicios como la llevanza de la contabilidad o la preparación de estados financieros, entre otros varios. Fue la regulación, y no la autorregulación, la que corrigió, al menos formalmente, las limitaciones del mercado. Además de la prohibición de concentrar en una misma persona los servicios de auditoría y consultoría, merece la pena citar la nueva directiva comunitaria sobre auditoría (CE, 2006) que insiste en la exigencia de independencia y objetividad que debe acreditar el auditor con relación a la entidad auditada. Pero no hay que olvidar que la relación entre entidad auditada y firma de auditoría es, esencialmente, una relación económica donde el cliente es el que paga por el servicio recibido. Alguna de las medidas contempladas en la Octava Directiva (CE, 2006) para preservar la independencia del auditor, como la prohibición de participar en la gestión de la entidad auditada hasta transcurridos al menos dos años desde su cese como 128
auditor legal, aun siendo un primer paso, tal vez sea insuficiente. Se necesitarían medidas más contundentes y plazos más largos para evitar que los consejeros «independientes» de las grandes corporaciones se recluten de las firmas de auditoría que han tenido contratos con la corporación. De forma complementaria a lo anterior, debería romperse toda relación económica entre la firma de auditoría y la entidad auditada, de forma que los auditores fueran asignados a los clientes por un organismo independiente y rotar de forma periódica. Hay que tener en cuenta que el cliente es el que paga por los servicios de auditoría por lo que, de no garantizarse un escenario de total independencia, el auditor estará sometido a la presión de sus clientes, presentes o futuros. Stiglitz (2003), a propósito de la connivencia de los gestores de Enron con sus auditores, se refiere a este problema como el de la «falta de incentivos adecuados.» Y señala: «A los auditores siempre les pagan las empresas a las que ellos examinan y, naturalmente, ellos quieren que su cliente esté satisfecho; después de todo, es la empresa auditada, y sus ejecutivos, la que toma la decisión de a quién contratar como contable (Stiglitz, 2003, p. 174). Tal vez sea el momento de plantear el ejercicio de la profesión auditora desde la perspectiva de la función pública, evitando de esta manera tener que mantener una clientela que, en definitiva, es la que otorga el beneficio a la firma de auditoría. El auditor independiente debería ser competente para revisar, igualmente, la parte narrativa de los informes anuales. Hasta ahora, sin embargo, la mayor parte de su contenido, al igual que la gran mayoría de los informes de sostenibilidad publicados de forma voluntaria por las empresas, queda fuera del alcance de la opinión del auditor, que centra su trabajo en el contenido financiero del informe anual. Para ello se requiere la formación de auditores en temas de contabilidad social, asunto en el que los programas docentes universitarios pueden jugar un papel determinante mediante la incorporación de materias con un perfil de ética de las operaciones empresariales que capacite al futuro profesional para el desempeño de su función.
7.4.
REFLEXIÓN FINAL
En suma, regulación, participación, nuevo concepto de entidad informante y verificación independiente de la información son condiciones que pueden convertir el informe anual en palanca impulsora del cambio hacia la sostenibilidad. La incorporación de los puntos de vista de los stakeholders a la tarea de elaborar un informe anual desde la participación contribuirá, sin duda, a superar algunos de los recelos que desde el lado más crítico y militante de la contabilidad suscita una regulación controlada desde el poder que «convertiría la contabilidad social en una 129
extensión de la contabilidad convencional» (Puxty, 1986, p. 103). Pero, por otra parte, resulta revelador, al tiempo que gratificante, que la propuesta de Gray et al. (1997) sobre el establecimiento de nuevos límites para la entidad informante haya sido realizada «desde el convencimiento de la primacía de la democracia participativa y del reconocimiento de la importancia y poder de la contabilidad en su desarrollo» (Gray et al. 1997, p. 327). Desde una concepción que considera el respeto a la pluralidad, el informe anual más que una pieza monocolor es un puzzle multicolor a pintar por todos los partícipes de la entidad. Hace ya tiempo que la contabilidad dejó de ser exclusivamente una técnica de registro de los hechos económicos. Como disciplina social que es, no puede ser aislada del contexto en el que la misma se desarrolla, por lo que es preciso prestar atención a la faceta que describe el papel que desempeña la contabilidad en la sociedad. De Ricoeur hemos aprendido que, ante la imposibilidad de llegar a un extracto no ideológico de la realidad, la práctica contable es un proceso que produce visiones parciales y sesgadas de la realidad poniendo de manifiesto la vertiente interpretativa de la contabilidad, circunstancia que obliga a tomar en consideración a todos los actores y a dialogar con ellos. Las propuestas del Gray et al. (1997), de Macintosh (2005) y del WBCSD (2004), brevemente desarrolladas en el epígrafe anterior, son aportaciones realizadas desde la perspectiva interpretativa de la contabilidad. La presente investigación, realizada desde las coordenadas de la teoría de la política económica, se ha realizado con el propósito de presentar el proceso de elaboración del informe anual como un proceso ideológico dirigido a proteger y salvaguardar intereses particulares mediante la articulación de discursos específicos. El estudio realizado explica que los informes anuales de Seat-Volkswagen han sido utilizados para legitimar el cambio organizativo operado a raíz de la introducción del suministro JIT ignorando las otras voces, críticas, con la forma y las consecuencias sociales del cambio. El discurso divulgado, construido desde la unilateralidad, contribuye al sostenimiento de las estructuras sociales, políticas y económicas, lo que vendría a cuestionar los requisitos de neutralidad y objetividad contenidos en la declaración de marco conceptual de la contabilidad. Los resultados obtenidos por esta investigación corroboran los hallazgos de estudios previos, que desde una perspectiva crítica, han destacado la creciente utilización de la contabilidad como mecanismo de control en las organizaciones y en la sociedad (Tinker, 1986; Hopper y Armstrong, 1991; Lehman, 1992). La unilateralidad desde la que se elabora el informe anual otorga un poder que es utilizado para asentar determinados valores entre la sociedad. Agotado el sistema de producción fordista caracterizado por el trabajo estable y seguro, el nuevo sistema de 130
producción se fundamenta en la flexibilidad, lo que obliga a cambiar el discurso para poder cambiar los valores. Este escenario parece dar lugar a una batalla ideológica por el control del significado de las palabras. Desde la sociología, los trabajos de Fairclough (1992, 2000) nos advierten de que los cambios en el uso del lenguaje son una parte importante de un cambio social y cultural más amplio. Si, en el ámbito académico estamos viendo que los «estudiantes» pasan a ser «clientes» y nuestras «enseñanzas» son «productos», en el ámbito laboral el «trabajador» es ahora miembro de un «equipo de trabajo» (Informe anual, 1997, p. 23) comprometido en «círculos de calidad» (Informe anual, 2000, p. 27). El control por la redefinición de términos lingüísticos determina la confrontación ideológica entre las partes que pugnan por el poder. Mientras que, por un lado, la flexibilidad se asocia en los estados financieros a creación de valor para el conjunto de la sociedad (Informe anual, 2005, p. 13) y mantenimiento del empleo (Informe anual, 1996, p. 26), por el otro lado es sistemáticamente silenciado el creciente desconcierto existente entre los trabajadores, sobre todo entre los de menor cualificación profesional —que padecen en mayor medida los excesos de flexibilidad— , así como los casos de enfrentamiento entre los sindicatos de las diferentes plantas, como el que se ha documentado en las páginas anteriores. Nos enfrentamos, por tanto, ante una realidad que presenta dos caras, desigualmente descritas por un informe anual sesgado. El informe anual ignora los peores efectos del trabajo flexible determinado, entre otros factores, por el aumento de los días de fábrica abierta, la consideración de los sábados como jornada laboral, la incorporación de nuevas tareas al puesto de trabajo y, en definitiva, por una intensificación en el ritmo de trabajo. Es la cara oculta del informe anual (Neimark, 1992) que mantiene un silencio cómplice (Chwastiak y Young, 2003) ignorando la subordinación de las condiciones de trabajo a los imperativos de la economía, la productividad y la reducción de costes (Wolman y Colamosca, 1997). La satisfacción con la que la dirección de Volkswagen recibió la Medalla de Oro de Navarra a finales de 2004, conveniente recogida en el informe anual de dicho año, contrastaba con el escepticismo, cuando no indiferencia, con la que reaccionaron casi todos los partidos políticos del arco parlamentario navarro. Y es que apenas dos años después de concedido el galardón, la inicial apuesta por permanecer en la Comunidad Foral se tradujo en traslado de una parte de la producción del modelo Polo de la planta Navarra a la de Bruselas, debido a la tardanza en firmar el Quinto Convenio Colectivo. ¿Es ésta la cara oculta de los informes anuales que anunciara Neimark (1992) en su conocido trabajo? La recomendación de Roberts y Scapens (1985) sobre la necesidad de contar con la otra visión enlaza con la perspectiva de la ciudadanía polivocal de Gray et al. (1997) 131
que reconoce al conjunto de los stakeholders el derecho a participar en la elaboración de la parte narrativa del informe anual. Sin duda, un informe anual elaborado desde la heteroglosia de Macintosh habría sido más equilibrado, sin tantos espacios en sombra.
EPÍLOGO: LA NECESIDAD DEL ENFOQUE CRÍTICO E INTERPRETATIVO EN LA INVESTIGACIÓN CONTABLE La comunicación es un proceso social en el que los actores intervinientes determinan su particular concepto de realidad. El lenguaje, por tanto, es esencialmente humano, teñido de ideología, con capacidad para crear realidades y, por lo tanto, deformador. De ahí que la insuficiencia del informe anual para mostrar una visión completa de los acontecimientos de los que se ocupa requiera tomar en consideración lo que Chua (1986) denomina enfoque interpretativo y crítico de la investigación en contabilidad, al objeto de «describir, analizar e inferir el significado de los acontecimientos ocurridos en la sociedad» (Covaleski y Dirsmith, 1990, p. 453). Frente al planteamiento neoclásico, que postula la neutralidad y objetividad de la contabilidad en la representación de una realidad subyacente, el enfoque interpretativo enfatiza el papel del lenguaje en las ciencias sociales y, en consecuencia, el poder del discurso contable que puede tener diversos significados en función del contexto social y político en el que se produce, pudiendo ser utilizado para legitimar la consecución de determinados objetivos (Chua, 1986; Hines, 1988; Arnold y Hammond, 1994). Desde esta perspectiva crítica, la presentación de casos como el que se aborda en esta investigación contribuye a desvelar el activo papel jugado por el informe anual en la legitimación de importantes cambios organizativos introducidos unilateralmente por los top managers, como sucede con la introducción de un sistema de producción flexible con consecuencias adversas para importantes grupos sociales. No cabe duda de que el proceso de elaboración del informe anual es mejorable. Para ello resulta necesario reforzar el compromiso (engagement) demandado por Gray (2002) para la investigación contable mediante la realización de propuestas emanadas desde el normativismo. Desde estas bases, resultan alentadoras la existencia de propuestas encaminadas a democratizar la forma de elaborar los informes anuales y a aumentar la calidad y representatividad de los mismos. Al pionero trabajo de Robert y Scapens (1985) le han sucedido las propuestas de Gray et al. (1997), Macintosh (2005) y Macintosh y Baker (2002) con la intención de reducir el sesgo de la información contable para mejorar la calidad y representatividad de la misma. Es evidente que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, razón por la cual la investigación (inter132
pretativa, crítica y alternativa) en contabilidad tiene ante sí la oportunidad de impulsar el cambio hacia estándares más equilibrados. El caso presentado por Arnold y Hammond (1994) sobre la utilización de los informes anuales de las empresas con intereses en la Sudáfrica del Apartheid muestra las limitaciones, pero también las posibilidades de la política de revelación practicada en el informe anual. Si, como nos recuerda Hines (1988) al comunicar la realidad, se está construyendo la misma, el informe anual es una pieza clave del cambio social. Al principio del trabajo se señalaba que la presente investigación se situaba en el difícil terreno del deber ser consciente de que se trata de una corriente de investigación heterodoxa y minoritaria, no exenta de riesgos. Pero asumir riesgos es necesario cuado está en juego la potenciación de los valores más nobles de la sociedad, el impulso democrático y la construcción de realidades compartidas. La investigación alternativa, crítica e interpretativa en contabilidad puede realizar aportaciones que promuevan el cambio hacia prácticas más equilibradas. En este proceso, la búsqueda de ideas útiles en otras áreas de las ciencias sociales para fortalecer el conocimiento económico exige cruzar las fronteras interdisciplinarias de forma que la investigación contable se pueda enriquecer con la psicología, la sociología y las ciencias políticas para nutrir su análisis. Llegados a este punto, las cosas son como son, pero pueden ser de otra manera. Nada está escrito ni predeterminado por fuerzas divinas, y el futuro lo determinan los procesos y las dinámicas sociales. En todo este recorrido, el informe anual tiene el enorme potencial de ensancharse para dar cabida a los aspectos sociales de forma que la política de revelación sea una oportunidad para devolver el crédito al regulador, recuperar la confianza en las empresas y construir una sociedad fuerte, sólida en valores y socialmente cohesionada. Y todo ello desde el reconocimiento de que, si la pluralidad de visiones que este trabajo preconiza ha de ser realizada en la práctica, sólo puede ser efectiva incorporando todas las visiones, todos los textos y todas las tradiciones de investigación.
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