Finanzas publicas introducción a la economía colombiana Mauricio Cárdenas Taller 6 SeisDescripción completa
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Macroeconomía es la rama de la economía que se ocupa de las magnitudes del sistema en su conjunto. Por lo tanto, se le ha llamado el estudio de la “economía agregada”. En el pintoresco lenguaje de ...
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Descripción: Macroeconomía es la rama de la economía que se ocupa de las magnitudes del sistema en su conjunto. Por lo tanto, se le ha llamado el estudio de la “economía agregada”. En el pintoresco lenguaje de ...
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Cardenas Raggi Lluis Facultad de Ciencias UNAM
NUEVA INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA COLOMBIANA MAURICIO CÁRDENAS, FEDESARROLLO ROBERTO JUNGUITO, FEDESARROLLO CON LA COLABORACIÓN DE: CAMILO GARCÍA JIMENO CATALINA HERRERA JUAN FELIPE QUINTERO MARIA FERNANDA ROSALES SUMIE TAMURA
I. Características Estructurales 1. Las Tendencias de Largo Plazo 2. Desarrollo Institucional y Economía II. El Estado y la Política Económica 3. El Papel del Estado en la Economía: Gasto Público 4. Los Impuestos y la Deuda Pública 5. La Política Monetaria y Cambiaria: Dinero, Precios y Tasa de Cambio (pendiente) 6. El Sector Externo y la Política Comercial III. Los Principales Mercados de la Economía 7. La Intermediación Financiera (pendiente) 8. El Empleo y los Salarios IV. Los Desafíos (pendiente) 9. La Pobreza y la Distribución del Ingreso 10. Los Problemas de Mediano y Largo Plazo
Aunque el bienestar de una sociedad no puede medirse exclusivamente por la disponibilidad material de bienes, no cabe duda de que uno de los indicadores más importantes en cualquier economía es el SURGXFWRLQWHUQREUXWR (PIB). El PIB mide el valor de los bienes y servicios que se producen dentro de los límites geográficos de un territorio en un determinado período de tiempo. Para evitar una doble contabilización, es necesario excluir los bienes intermedios, es decir, aquellos que se utilizan como insumo en la producción de los bienes y servicios que finalmente salen al mercado. Cada uno de los bienes y servicios finales que se produce se valora a su precio de mercado. Si se utilizan los precios de un año determinado se habla del PIB a precios constantes de ese año, lo cual permite aislar las variaciones en cantidades y volúmenes producidos de los cambios en los precios. En este caso se habla del PIB real, cuyas variaciones captan los cambios en el volumen físico de producción en un período de tiempo dado, también conocidas como crecimiento económico. Aunque todos los países calculan el PIB anualmente, algunos –entre ellos Colombia– también lo hacen trimestralmente. También es frecuente que se mida el PIB para regiones geográficas, como ocurre en Colombia con los departamentos. El nivel de bienestar de la población guarda una estrecha relación con el producto o ingreso promedio de sus habitantes, normalmente conocido como el producto per capita, que finalmente determina las posibilidades de consumo. Como se observa en los Gráficos 1-1 y 1-2, el producto total y el producto por habitante han aumentado de manera sostenida a través del tiempo en Colombia. Expresado a precios de 1994, en promedio cada colombiano produjo $1.8 millones durante el año 2003, el doble de lo que produjo en 1970, que a su vez fue el doble de los observado en 1927. Esto quiere decir, que hemos tardado más de 30 años en duplicar el producto por habitante. Con un propósito comparativo a nivel internacional, el PIB de cada país puede medirse también en dólares. Para convertir el PIB en moneda nacional a dólares es necesario utilizar la WDVD GH FDPELR, otra variable económica de uso generalizado y de enorme importancia, que no es otra cosa que el valor de un dólar en términos de la moneda local, en nuestro caso el peso colombiano. Sin embargo, para fines comparativos esto no es suficiente pues una canasta idéntica de bienes y
2 servicios puede tener un precio en dólares muy diferente en un país que en otro. Por ello, es necesario corregir por las diferencias de precios entre países, lo cual se logra al aplicar la metodología de paridad de poder adquisitivo1. Como se aprecia en el Cuadro 1-1, el producto percapita de Colombia en 2000 fue de US $7,010, levemente superior al promedio latinoamericano y dentro del grupo de países de ingreso medio bajo2. Este nivel de producto es significativamente menor que el de los países desarrollados, cuyo promedio fue de US $25,7643. Estas diferencias son tan grandes que su explicación es un tema de enorme interés y relevancia. En general se ha encontrado que las diferencias en los niveles de ingreso entre países desarrollados y en desarrollo –como nosotros- han permanecido relativamente estables desde mediados del siglo pasado. No obstante, las brechas en los niveles de ingreso entre países eran mucho menores en 1870 que en la actualidad. De acuerdo con Pritchett (1995), en ese entonces el ingreso por habitante de los Estados Unidos era tan solo ocho veces mayor que el del país más pobre, mientras que en la actualidad es más de treinta veces mayor. A pesar que no hay convergencia entre países ricos y pobres, también se ha encontrado que algunos países con características relativamente similares tienden a converger. Este ha sido el caso de los países que pertenecen a la Unión Europea. El dinamismo de una economía ase mide a través de su tasa de crecimiento, que no es otra cosa que el cambio porcentual en el PIB real. El Gráfico 1-3 muestra la tasa de crecimiento del PIB en Colombia desde comienzos del siglo XX. Las barras horizontales señalan los promedios por década que, como se aprecia, ascendieron continuamente entre los años cuarenta y la década de los setenta, cuando el crecimiento promedio alcanzó su máximo histórico de 5.5% anual. Desde entonces, la economía colombiana ha perdido dinamismo. El crecimiento en los años ochenta fue de 3.5% y menor aún en los noventa cuando promedió un 2.7%. Sin duda, la desaceleración del crecimiento es el principal problema de la economía colombiana. Para ilustrar la importancia de este fenómeno basta señalar que a la tasa de crecimiento de los años setenta, el producto tardaba solo 12 años en duplicarse, mientras a la tasa de los noventa se requieren más de 22 años4. Muchos analistas coinciden en señalar que la solución de los problemas sociales del país, como la falta de empleo y el aumento de la pobreza, requiere -como condición necesaria- un mayor crecimiento de la economía. Por ello, a lo largo de este texto analizaremos múltiples aspectos de la economía que pueden explicar el bajo crecimiento. Comenzamos en este capitulo preguntándonos qué, para quién y cómo se produce en la economía.
1
La medida del PIB que permite comparar de manera más acertada el nivel de bienestar promedio entre países es conocida como el PIB corregido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), que utilizaremos a lo largo de este libro para hacer comparaciones internacionales. Mientras el PIB en dólares se construye simplemente al dividir el PIB total por la tasa de cambio nominal, el PIB en dólares corregido por PPA se construye multiplicando el PIB en dólares por un factor de conversión que expresa el poder adquisitivo de un dólar en cada país frente al poder adquisitivo de un dólar en Estados Unidos. En el caso colombiano, el PIB per cápita en dólares en 2001 fue de US$1,890 mientras el PIB per cápita PPA fue de US$6,790. Por lo tanto, un dólar en Colombia puede comprar tantos bienes y servicios como 3.59 dólares en Estados Unidos (6790/1890=3.59). 2 El Banco Mundial clasifica a los países entre ingreso alto, ingreso medio alto, ingreso medio bajo e ingreso bajo según su nivel de PIB per cápita. 3 Por países desarrollados entendemos los países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED), que incluye a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. 4 Matemáticas muy simples enseñan que si se divide 70 por la tasa de crecimiento anual de cualquier variable se obtiene el número de años requerido para que la variable se duplique.
3 &RPSRVLFLyQGHOSURGXFWR 6HFWRUHVHFRQyPLFRV¢4XpVHSURGXFH" Los bienes y servicios que se producen se pueden agrupar en sectores que tienen ciertas afinidades, como la agricultura, la minería, la construcción, las manufacturas y los servicios. La evolución a través del tiempo de la estructura productiva es de gran interés pues muestra cómo la disponibilidad de recursos naturales y mano de obra, así como las decisiones empresariales y gubernamentales pueden estimular ciertas actividades y frenar otras. El gráfico 1-4 muestra la participación de los diferentes sectores productivos en el PIB colombiano en cuatro puntos en el tiempo entre 1970 y 2003. La pérdida de importancia del sector agrícola y la mayor participación de los servicios son los dos hechos más sobresalientes. La agricultura pasó de representar 25% del PIB en 1970 a solamente 14% en 2003, entre otras razones porque el proceso de urbanización redujo la disponibilidad de mano de obra en las zonas rurales. Al interior del sector agropecuario sobresale el caso del café, cuya participación en el PIB pasó de 6% a 2% en el mismo período. La minería es el sector con mayor volatilidad en términos de su peso en la economía, debido a que su producción depende de hallazgos impredecibles como minas de carbón y pozos petroleros. Aunque la población se concentró en las ciudades, no todos los sectores urbanos crecieron a tasas elevadas. Por ejemplo, la participación de la industria en el producto aumentó de 21% del PIB en 1970 a 23% en 1980, pero ha caído desde entonces hasta representar actualmente solo 15% de la producción en el país. Por el contrario, la importancia económica del sector de servicios ha aumentado de manera sistemática desde 1970. Su participación pasó de 27% en dicho año a 42% en 2003, lo que lo convierte en el principal sector de la economía. Cabe señalar, sin embargo, que el sector servicios –también conocido como el sector terciario- es más diverso y heterogéneo que los demás. Incluye actividades tan disímiles como los servicios personales –dentro de los cuales el más importante es el servicio doméstico- y las comunicaciones, cuyo comportamiento ha sido –al igual que en el resto del mundo- especialmente dinámico gracias a los avances en tecnología. En Colombia, su participación en el PIB se elevó de 1% en 1980 a 3% en 2003. La evolución de los diferentes componentes del sector de servicios indica que el comercio y la intermediación financiera no ganaron importancia dentro del sector, mientras los servicios comunales, sociales y personales ganaron una importancia considerable.5 Este hecho está asociado al incremento en el tamaño del gobierno en nuestro país, un tema trascendental sobre el que volveremos en el capítulo 3. Es útil reagrupar los diferentes sectores en función del grado de comercialización internacional de los bienes y servicios que producen. Si el bien puede ser exportado o importado –en cuyo caso su precio probablemente estará determinado por las condiciones del mercado internacional- se denomina FRPHUFLDOL]DEOH. Si el bien no puede ni venderse ni adquirirse en los mercados internacionales, porque es muy costoso transportarlo, se considera QRFRPHUFLDOL]DEOH. Las flores, textiles, petróleo, automóviles son buenos ejemplos de bienes FRPHUFLDOL]DEOHV, en tanto que la edificación de viviendas y los servicios de peluquería son QR FRPHUFLDOL]DEOHV. Vale la pena 5
Los servicios comunales, sociales y personales incluyen servicios domésticos, servicios de enseñanza de mercado, servicios sociales y de salud de mercado, servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado y servicios del gobierno.
4 anotar, sin embargo, que dados los avances tecnológicos en transporte y comunicaciones, cada día menos productos pertenecen a esta última categoría. El gráfico 1-5 presenta la composición de la producción de acuerdo a una clasificación en la que de manera arbitraria se ha considerado que los productos de la agricultura, ganadería, pesca, minería e industria son FRPHUFLDOL]DEOHV. 5HJLRQHVHFRQyPLFDV¢'yQGHVHSURGXFH" Política y administrativamente, Colombia esta dividido en 32 departamentos y Bogotá, Distrito Capital. Los 32 departamentos pueden agruparse en cuatro regiones: Costa Caribe, Centro Oriente, Antioquia y Eje Cafetero, Pacifico y Orinoquía-Amazonía6. Afortunadamente, desde 1950 existe información sobre el producto de cada una de estas entidades territoriales, lo que permite analizar la composición regional del producto en cada punto del tiempo, así como su evolución a través de los años. De acuerdo a los datos del año 2000, Bogotá concentra el 21,6% de la producción del país, seguida muy de cerca de la región Centro Oriente (19,9%), Antioquia y el Eje Cafetero (19,6%), la Costa Caribe (15,7%) y Pacifico (15,1%). Un escaso 5,7% de la población del país reside en los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, razón por la cual solo contribuyen con el 8,1% de la producción. Dado que estos departamentos cubren 45% de los 1.132.650 Km2 que conforman el territorio nacional es claro que, desde el punto de vista geográfico, tanto la producción y la población colombiana se encuentran altamente concentradas en la región andina y las costas. Sin embargo, por diversas razones -entre las que sobresalen los hallazgos petroleros y los cultivos ilícitos- la producción de la Orinoquía y la Amazonía ha aumentado aceleradamente en las últimas dos décadas, de la mano de los mayores flujos migratorios desde otras regiones del país. Más concretamente, entre 1980 y 2000 las regiones que ganaron participación en la producción nacional fueron Bogotá, Caribe y Orinoquía-Amazonía, mientras que las que pedieron fueron Centro Oriente, Pacífico y Antioquia y el Eje Cafetero. Entre 1960 y 1995, Colombia fue un caso exitoso de convergencia regional. Es decir, las diferencias en el nivel de ingreso entre regiones se acortaron con el paso de los años, lo que implica que el crecimiento fue proporcionalmente mayor en los departamentos inicialmente más pobres. De hecho en 1960, Bogotá tenía el ingreso por habitante más alto del país. Su ingreso era 6,1 veces mayor que el de Chocó, el departamento más pobre de Colombia. En 1995, esta diferencia se había acortado a 5,2 veces. Chocó aún ocupaba esa posición mientras que el departamento más rico pasó a ser Casanare, donde se concentraron los principales hallazgos petroleros de los últimos años. No obstante, entre 1996 y 1999 el proceso de convergencia se reversó, al ampliarse la brecha entre el ingreso del departamento más rico y el del más pobre (Gráfico 1-6). En los primeros años del siglo XXI, la disparidad entre los ingresos regionales ha disminuido pero continúa en niveles relativamente altos. En el cuadro 1-2 se presenta el PIB por habitante departamental para el período comprendido entre 1960 y 20017. 6
La región centro oriente está conformada por: Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Tolima y Huila. La Costa Caribe la componen Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia. La región de Antioquia y el eje cafetero la conforman Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas. La región Costa Pacifico está compuesta por Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. La región Orinoquía-Amazonía la componen: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. 7 El fuerte aumento de la brecha del PIB por habitante durante los últimos años del siglo XX se explica por el auge de los yacimientos de recursos mineros, especialmente de petróleo, en Casanare y Arauca. En efecto, estos dos
5
'HPDQGD$JUHJDGD
/D,GHQWLGDG0DFURHFRQyPLFD La diversidad de bienes y servicios ofrecidos en la economía debe tener compradores. La GHPDQGDDJUHJDGD es precisamente la suma de bienes y servicios que adquieren en su conjunto las familias, las empresas, el gobierno y los extranjeros. Dichas compras pueden satisfacer una necesidad inmediata (en cuyo caso se denominan consumo) o permitir un mayor nivel de producción futura (en cuyo caso se denominan inversión). Las compras que realizan los extranjeros se consideran por separado y se denominan exportaciones. En términos más precisos, la demanda agregada es la suma de estos componentes, es decir:
'HPDQGD = & + , + * + ;
(1.1)
Donde & es el consumo privado (de hogares y empresas), , la inversión total, que puede ser pública o privada, * es el consumo del gobierno y ; las exportaciones. Ahora bien, la producción de bienes y servicios dentro del territorio, es decir el PIB, se puede complementar con las importaciones que provienen del exterior, que llamaremos 0. La suma de estos dos elementos conforma la oferta, esto es:
2IHUWD = 3,% + 0
(1.2)
Dado que los bienes y servicios producidos e importados al país deben ser comprados por alguien, la oferta debe ser igual a la demanda, lo que implica que siempre se cumple la identidad macroeconómica básica: 3,% = < = & + , + * + ; - 0
(1.3)
Es decir, el PIB es igual a la suma del consumo privado, la inversión, el consumo público y, por último, el balance entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios. En las economías abiertas es frecuente que el trabajo y el capital de un país presten servicios en el exterior, lo que implica que devenguen ingresos en un área geográfica diferente a su nación. Los ingresos netos de factores (INF) son la diferencia entre las remuneraciones a los factores de producción nacionales en el exterior y las remuneraciones a los factores productivos extranjeros en el país. Cuando los ingresos netos de factores se le suman al balance de bienes y servicios se obtiene el balance de CXHQWD&RUULHQWH (CC):
departamentos presentaron los niveles de PIB per cápita más altos del país durante la década de los noventa. Aunque el PIB per cápita es un buen indicador del bienestar de un país o región, el caso colombiano permite observar que el ingreso por habitante no es una medida suficiente e inequívoca para determinar el bienestar de la población. Es poco probable que el nivel de vida promedio de los habitantes de Arauca y Casanare sea superior al de las personas que viven en Bogotá, Valle del Cauca o Antioquia, a pesar de que el PIB per cápita de aquellos departamentos es mayor. Así, el bienestar de la población no depende exclusivamente de la cantidad de recursos disponibles sino de las políticas sociales y redistributivas que adopten los gobiernos nacionales y regionales.
6 && = ; - 0 + ,1)
(1.4)
A diferencia del PIB, el producto nacional bruto (PNB) mide la producción que se genera a partir de trabajo y capital propiedad de colombianos, sin importar el lugar donde se realiza la actividad. Es decir, está definido por la siguiente identidad: 31% = 3,% + ,1) = & + , + * + &&
(1.5)
/RV&RPSRQHQWHVGHOD'HPDQGD$JUHJDGD¢3DUDTXLpQVHSURGXFH" En Colombia, así como en la gran mayoría de países, el consumo privado es el componente más importante y estable del PIB. Esto es lógico, toda vez que el principal objetivo de la economía es satisfacer necesidades inmediatas de la población. De hecho, el consumo del sector privado ha representado cerca de 65% del PIB desde 1994. Una particularidad de este componente de la demanda es que tiende a ser más estable que el producto. De hecho, como puede verse en el gráfico 1-7, el consumo privado varía menos que el PIB total debido a que los hogares tratan de estabilizar su consumo porque así maximizan su bienestar (su tasa de crecimiento ha oscilado menos). Durante los años noventa, tanto el PIB como el consumo privado fluctuaron más de lo que hasta entonces era normal, en parte como reflejo del fuerte crecimiento y la posterior caída del consumo privado. Los gobiernos también adquieren una parte considerable del producto para proveer inmediatamente bienes y servicios a toda la sociedad, como seguridad, justicia, educación y salud. Como se aprecia en el Gráfico 1-8, el consumo público pasó de representar 10% del PIB en 1991 a 21% en 2003. En el caso del sector privado, las empresas que deseen aumentar su capacidad productiva deben invertir en maquinaria, equipos y edificios. En Colombia la tasa de inversión privada (esto es la participación de la inversión del sector privado en el PIB) ha mostrado una tendencia descendente en la última década. De hecho, la inversión del sector privado pasó de representar más de 20% del producto en 1995 a solo 11% en 1999. Esto resulta preocupante pues existe una copiosa literatura internacional que demuestra que la inversión es el principal determinante del crecimiento económico. Si una economía no destina recursos a la inversión, es decir a acumular capital para producir, lo más probable es que no crezca. Algunos autores han encontrado que la inversión en maquinaria y equipo, en particular, es un determinante fundamental del crecimiento económico (De Long y Summers 1991). En efecto, fue precisamente la revolución industrial inglesa, basada en máquinas, la causante del despegue del crecimiento económico en Europa. Esto se debe a que la inversión aumenta el acervo de capital de la economía, pero adicionalmente la maquinaria permite aumentar la eficiencia de los procesos productivos. Parte de la formación de capital corre por cuenta del sector público. Como veremos en detalle en el capítulo 3, existen algunas inversiones que por su dimensión y carácter realiza el gobierno, particularmente en el campo de la infraestructura. Este es el caso, por ejemplo, de la construcción de carreteras, hidroeléctricas y acueductos. Si bien en años recientes el sector privado ha adquirido un papel importante en la realización de este tipo de inversiones, no ha logrado reemplazar por completo al Estado. De acuerdo con las cifras del Gráfico 1-9, la participación de
7 la inversión pública en el PIB mostró una tendencia creciente hasta mediados de los ochenta, pero desde entonces ha estado disminuyendo su importancia dentro de la inversión total. Esta ha sido, adicionalmente, menos volátil que la inversión privada. El gráfico también revela que como un todo, la inversión en Colombia ha fluctuado alrededor de 17% del PIB desde 1950, y que su caída reciente rompe totalmente con esta tendencia. Hasta ahora hemos visto que una parte de los bienes y servicios que se producen los compra el sector privado y otra parte el sector público, bien sea para su consumo inmediato o para ampliar las posibilidades de producción futura. El total de compras que hace el gobierno representa el tamaño del Estado o participación de Estado en la economía. En el caso colombiano, la suma de consumo e inversión pública –que se muestra en el gráfico 1-8– ha sido creciente, especialmente a partir de la década de los noventa. En términos comparativos, Colombia pasó de ser un país con un Estado pequeño en el contexto internacional, a contar con un aparato estatal que en 2003 gastaba más del 27% de todo el ingreso del país. El cuadro 1-3 permite observar la posición de Colombia frente a diferentes grupos de países. Es interesante notar que el crecimiento del tamaño del Estado en Colombia tan solo le ha permitido al país alcanzar en años recientes al tamaño promedio de los Estados en América Latina. Es decir que mientras en los países latinoamericanos el tamaño del Estado no ha variado sustancialmente, durante la década de los noventa el Estado colombiano creció hasta alcanzar un tamaño similar al de los países de la región. Los países de ingreso medio también han tenido históricamente Estados de mayor tamaño, y aún más los países desarrollados (miembros de la OCED). Comparativamente a nivel mundial, sin duda Colombia tuvo hasta los ochenta un Estado muy pequeño. El último componente de la identidad macroeconómica es la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, conocida como balanza comercial o exportaciones netas. A nivel internacional, las series de exportaciones e importaciones como proporción del PIB muestran una tendencia ascendente, especialmente durante la posguerra. En el caso colombiano, las importaciones representaron cerca del 15% del producto hasta comienzos de los años noventa cuando se eliminaron ciertas barreras que restringían el acceso a productos extranjeros. En la última década, las importaciones se han elevado a cerca de 20% del producto. Por su parte, con ciertas excepciones como los años ochenta, las exportaciones han estado por debajo de las importaciones. Esto implica la frecuente presencia de balanzas comerciales deficitarias. El Gráfico 1-10 presenta la evolución tanto de importaciones como de exportaciones como porcentaje del PIB para el período 1960-2000. Unas y otras fueron relativamente estables hasta los noventa, al fluctuar alrededor de 15% del producto. A partir de entonces han alcanzado casi el 20% del PIB, como resultado de una mayor exposición de la economía colombiana a los mercados mundiales. Los Cuadros 1-4 y 1-5 comparan la participación de exportaciones e importaciones, respectivamente, en el PIB de diferentes grupos de países a nivel mundial. En general es posible observar que Colombia es un país considerablemente menos abierto al comercio internacional que otros países, y aunque la participación del sector externo dentro de la economía ha aumentado, lo ha hecho menos que en otras regiones del mundo. Tanto los países más desarrollados como los de la región de Asia del Este y el Pacífico tienen participaciones promedio de sus exportaciones e importaciones de más del doble que Colombia, y esto ha sido una constante desde los años setenta. En el gráfico 1-11 se ilustra el comportamiento de los balances comercial (que incluye los bienes y servicios no factoriales) y en cuenta corriente (a la que se le añaden los servicios factoriales).
8 Como se aprecia, los dos balances han tenido históricamente un comportamiento muy similar, lo que implica que los ingresos netos de factores han sido relativamente estables y de poca magnitud. $KRUURH,QYHUVLyQ Para que una economía pueda invertir es necesario que parte de su producto no sea consumido. El DKRUUR SULYDGR es precisamente la diferencia entre el ingreso disponible después del pago de impuestos y el consumo de los hogares y empresas. Es decir,
6 = < - 7 - &
(1.6)
donde T son los impuestos pagados por el sector privado. Por su parte, el DKRUUR S~EOLFR es la diferencia entre los ingresos percibidos por el Estado, provenientes del recaudo de impuestos principalmente, y su gasto corriente o consumo. Esto es,
6 = 7 - *
(1.7)
Así mismo, la suma de ahorro público y ahorro privado constituye el ahorro doméstico y es equivalente al ingreso total menos el consumo privado y publico
6 + 6 = 6 = < - & - *
(1.8)
Dada la identidad macroeconómica básica (ecuación 5), el ahorro domestico sirve para financiar la inversión y el superávit en cuenta corriente con el exterior.
6 = , + &&
(1.9)
Esto es, cuando las exportaciones superan las importaciones de bienes y servicios, el país debe financiar con su ahorro a los extranjeros que compran sus productos. Esto quiere decir que acumula activos en el exterior o, lo que es igual, los extranjeros adquieren obligaciones para repagar en el futuro la diferencia. Por el contrario, cuando se registra un déficit en la cuenta corriente alguien desde el exterior debe aportar su ahorro para el financiamiento de esta. El ahorro externo es simplemente el negativo de la cuenta corriente. Por ello, puede reescribirse la ecuación anterior como:
6 !#" + 6 = ,
(1.10)
El grafico 1-12 muestra las tendencias de largo plazo del ahorro desagregado en sus tres componentes: Público, privado y externo. Cabe destacar que el ahorro privado ha sido relativamente estable. Por el contrario, el ahorro externo (el déficit de la cuenta corriente) presenta una alta volatilidad. Hasta hace unos años el ahorro público guardó una estrecha relación inversa con el ahorro externo. Este patrón es atribuible a la fuerte interdependencia que existió por décadas entre los principales rubros de exportación y las finanzas públicas. Es decir, cuando
9 caían las exportaciones de café aumentaba el déficit en la cuenta corriente (ahorro externo) y caía el ahorro público, debido a los menores ingresos del gobierno. Por ello, el ahorro externo actuó como sustituto del ahorro público en la financiación de la inversión en Colombia. Sin embargo, en los últimos años cayeron tanto el ahorro externo como el ahorro público, lo que inevitablemente generó una estrepitosa disminución de la inversión. /D2IHUWD¢&yPRVHSURGXFH" Una pregunta fundamental en economía tiene que ver con la forma como se elabora el producto. Además de materias primas, para producir es necesario combinar IDFWRUHV GH SURGXFFLyQ. Los factores de producción incluyen la mano de obra, el capital humano, el capital físico y los recursos naturales. La forma específica de mezclar factores es lo que se denomina WHFQRORJtD.
/RV)DFWRUHVGH3URGXFFLyQ
0DQRGH2EUD\&DSLWDO+XPDQR El trabajo humano es el punto de partida obligatorio en el análisis de los factores productivos. Es evidente que el trabajo humano no es homogéneo, es decir, que existen personas con mayores habilidades o conocimientos, lo que les permite obtener más producto en menos tiempo. El FDSLWDO KXPDQR capta el conjunto de calificaciones y conocimientos adquiridos por los trabajadores, que aumentan su productividad en comparación con el trabajador sin ninguna clase de preparación. El capital humano está íntimamente relacionado con la educación, la cual se obtiene de manera intencional o directa en escuelas o universidades. Ahora bien, también es posible adquirir capital humano mediante la acumulación de experiencia en el trabajo. La acumulación de capital humano también está íntimamente relacionada con la nutrición y la salud dado que las personas mejor alimentadas y más saludables son más productivas en el trabajo. La inversión en educación y capacitación generalmente ocurre en tres etapas. La primera sucede en la niñez y, por ende, depende principalmente del capital humano de los padres. La segunda etapa ocurre cuando los individuos se dedican a estudios secundarios, universitarios o en centros de enseñanza técnica y/o vocacional. En la tercera y última etapa, cuando los individuos entran al mercado laboral, las inversiones en capital humano se realizan en estudios de tiempo parcial y en programas de entrenamiento. En términos generales, la decisión individual de inversión en capital humano depende de la rapidez del aprendizaje, de las aspiraciones y expectativas de ingresos futuros, de los costos que representa la inversión -tanto los que involucra la formación como los ingresos que dejan de percibirse durante la capacitación misma- y del acceso a recursos financieros. Este último aspecto es crucial ya que pocas personas pueden acceder a la educación superior debido a las restricciones económicas que los obligan a vincularse al mercado laboral antes de concluir su etapa formativa. Como toda inversión, la formación de capital humano es remunerada por el mercado bajo la forma de mayores salarios. Más adelante estudiaremos el papel de la tecnología en el proceso productivo. En este punto es importante destacar la complementariedad entre la tecnología y el capital humano. Las nuevas tecnologías surgen del conocimiento por lo que requieren trabajadores más educados y capacitados. Al tratarse de un concepto bastante amplio, es difícil medir con precisión el capital humano de una sociedad en un punto del tiempo. Una buena aproximación es el número promedio de años de
10 educación o escolaridad de la población, que puede medirse a partir de los censos de población o de las encuestas que periódicamente se realizan a los hogares. Por ejemplo, en 2000 cada individuo colombiano tuvo en promedio 5.3 años de escolaridad. Aunque el país ha hecho avances importantes, este nivel es precario cuando se compara con otros países y regiones del mundo. A través de este indicador, el cuadro 1-6 compara los niveles de capital humano entre Colombia y otras regiones del mundo. Entre 1970 y 2000 el país logró aumentar más de dos años de educación por persona en promedio, lo que a pesar de ser un avance significativo en términos de acumulación de capital humano, se queda corto frente a los avances de otras regiones y grupos de países. El cuadro permite ver que entre 1970 y 1980 Colombia igualó el promedio latinoamericano en años de escolaridad, pero posteriormente se quedó rezagada. Los 5,3 años promedio de escolaridad que la región reportaba para 1990 son exactamente los que presenta Colombia diez años después. Frente a otros grupos de países las diferencias son aún mayores. Los años de escolaridad son casi el doble en los países de la OCED, y la brecha con Colombia se ha ampliado levemente. Mientras en 1970 la diferencia era de 4,6 años por persona, en 2000 la brecha fue de 4,7 años. Frente a los países de Asia del Este y el Pacífico la brecha en términos de años promedio de escolaridad se ha ampliado considerablemente. En efecto, las tasas de acumulación de capital humano en esa región han sido mucho mayores que las de Colombia. El asiático promedio pasó de contar con 2,7 años de escolaridad más que el colombiano promedio en 1970, a tener 3,5 años más de escolaridad en 2000. Incluso frente a todo el grupo de países de ingreso medio bajo Colombia se encuentra rezagada. El cuadro permite concluir que el capital humano sigue siendo escaso en Colombia, tanto en términos absolutos como en relación al resto del mundo. El Gráfico 1-13 presenta el comportamiento de los años promedio de educación en Colombia durante el último medio siglo para la población mayor de 15 años. En 1960, en promedio cada colombiano contaba con 3,2 años de educación. Este nivel se mantuvo prácticamente estable hasta principios de los años setenta. A partir de ese momento y por espacio de una década se registró un incremento más acelerado hasta alcanzar, en 1975, 4,3 años promedio. Desde entonces se ha mantenido una tendencia positiva y estable. Llama la atención que la equidad de género ha mejorado con el tiempo. Como se observa en el gráfico las mujeres presentan el aumento más significativo ya que sus años promedio de educación se incrementaron sustancialmente, al pasar de 3,05 en 1960 a 5,66 en 2000, mientras que para los hombres este indicador aumentó de 3,4 a 4,9 años en el mismo período. El nivel educativo de las mujeres fue inferior al de los hombres hasta 1980, pero a partir de entonces las tasas de acumulación de capital humano de las mujeres han sido superiores a las de los hombres, tal que en la actualidad ellas presentan más años de escolaridad. En efecto, la escolaridad de los hombres se estancó entre 1980 y 1990, mientras las mujeres aumentaron su escolaridad de manera constante. En 2000 una colombiana tenía en promedio 0,78 años de escolaridad más que un colombiano, mientras que en 1960 la situación eran inversa, pues un colombiano en promedio tenía 0,3 años más de escolaridad que una colombiana. En resumen, la efectividad del trabajo aumenta con el capital humano. Por ello, tanto el crecimiento de la población en edad de trabajar, como su mayor nivel educativo contribuyen a incrementar la disponibilidad de este factor productivo. En Colombia tanto los años promedio de educación de la población como la población misma han aumentado de manera importante. Mientras para 1964 la población en edad de trabajar (entre 12 y 65 años) alcanzaba los 8.8 millones de personas, el censo de 1993 reportó 20.2 millones, es decir, más del doble. Para 2003,
11 el DANE estima la población en edad de trabajar en 28.2 millones de personas. Como puede verse, el crecimiento de la fuerza laboral potencial en Colombia ha sido muy considerable, lo cual representa al mismo tiempo una oportunidad en términos de posibilidades de mayor crecimiento económico, pero a la vez un reto pues el mercado laboral debe ser capaz de absorber este fuerte incremento en la oferta de trabajo. (O&DSLWDO)tVLFR El continuo proceso de inversión permite acumular un acervo de maquinas, equipos, edificaciones, carreteras o hidroeléctricas, que constituyen el capital físico de la economía. Dicho capital se deprecia con su uso, razón por la cual una parte de la inversión simplemente repone su desgaste natural. Al igual que con el capital humano, no existe una medición exacta del acervo o VWRFN de capital físico en un punto en el tiempo. Para ello habría que agregar el valor de todas las maquinas, equipos, edificaciones y obras civiles, lo cual implica complejos problemas contables. Sin embargo, es posible aproximarse a este valor de una manera indirecta dado que el capital existente en cada punto del tiempo es resultado de las decisiones de inversión pasadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el capital se deprecia y desgasta con el uso y el paso del tiempo, razón por la cual no se puede simplemente sumar la inversión pasada para obtener el stock de capital actual. Para sortear este problema se aplica el método de los inventarios perpetuos que consiste en tomar un año inicial suficientemente lejano en el tiempo en el cual se supone que el VWRFN de capital es igual a la inversión que se haya realizado ese año. Es decir, se supone que no existía capital previamente. Para el año siguiente se calcula el nuevo capital como el capital del año anterior menos su depreciación, y se le añade la inversión realizada ese año. La ecuación que describe este proceso de acumulación toma la siguiente forma:
. $ = . $ % 1 (1 - d ) + , $
(1.11)
donde . es el stock de capital físico, d es la tasa de depreciación anual del capital (que se supone entre 3 y 8%) e , es la inversión en capital físico. Si se resuelve recursivamente esta expresión se obtiene una nueva ecuación en la que el stock de capital actual aparece como la sumatoria de inversiones previas, adecuadamente depreciadas por su desgaste: ' Ê {, ) (1 - d ) }
.( = & )
(
( )
(1.12)
0
Dado lo anterior, es natural que la evolución del stock de capital siga de cerca el comportamiento de la inversión. Como se puede ver en el gráfico 1-14, el stock de capital total como porcentaje del PIB disminuyó a lo largo del siglo pasado, con excepción de un repunte a finales de los años noventa. Lo anterior indica que, a pesar de que el capital se ha incrementado a lo largo del siglo XX, su tasa de crecimiento ha sido menor que la del producto. Por lo tanto, con el tiempo el capital se ha utilizado con mayor eficiencia, pues mientras en 1925 eran necesarios 5 pesos de capital para generar un peso de producto, en 1992 eran necesarios solo 2,5 pesos de capital para producir 1 peso en bienes y servicios.
12 Como vimos, la inversión que realiza el sector público se destina a la construcción de vías, redes de comunicaciones, puertos, hidroeléctricas, acueductos, que conforman un tipo especial de capital físico, denominado LQIUDHVWUXFWXUD. La infraestructura física juega un papel fundamental en el crecimiento, debido a que está estrechamente ligada con la eficiencia del aparato productivo, y se hace particularmente relevante en economías que buscan la integración internacional y el acceso a los mercados mundiales, pues el comercio con el resto del mundo requiere costos de transporte y tiempos de envío reducidos. La producción de bienes y servicios se ve beneficiada con la presencia de infraestructura física, de tal forma que con la misma cantidad de factores productivos y de insumos, una mejor infraestructura permite producir mayores cantidades de bienes y servicios. Aunque la infraestructura hace parte del capital físico de la economía, se diferencia del resto del capital en que por su naturaleza misma muchos productores pueden beneficiarse de ella al mismo tiempo, en contraste a lo que ocurre con una máquina, que solo puede ser utilizada por la empresa propietaria. Los efectos de la infraestructura sobre la economía generalmente tienen alcances geográficos limitados, por lo cual las diferencias en infraestructura física pueden ser importantes para explicar el desempeño económico diferencial entre zonas geográficas. Colombia se encuentra rezagada en términos de infraestructura física en comparación a otros países, incluso frente a los de ingreso similar. Sectores como el de las vías de comunicación han crecido menos que el PIB durante el siglo, aunque en otros los avances han sido más considerables, como en las telecomunicaciones y la energía eléctrica. El gráfico 1-15 muestra la evolución de dos tipos de infraestructura fundamentales para el desarrollo económico, los kilómetros de carreteras y los kilómetros de vías férreas. En Colombia, como en muchos otros países, las vías férreas crecieron de manera importante hasta mediados del siglo pasado, pero desde entonces han perdido importancia gracias al dinamismo del transporte por carretera. De hecho, las vías férreas pasaron de 565 kilómetros en 1905 a 3.436 kilómetros en 1970, para luego caer a tan solo 1,983 kilómetros en 1999. en contraste, a principios de siglo las carreteras no sobrepasaban los 200 kilómetros, en 1949 llegaban a un poco menos de menos de 20,000 kilómetros, para culminar el siglo en 90,000 kilómetros. Aunque esto último significa que este tipo de infraestructura se ha multiplicado casi por cinco en medio siglo, el PIB se ha multiplicado, en términos reales, más de quince veces en el mismo lapso de tiempo. Es decir que la infraestructura ha crecido a tasas considerablemente menores que el producto. El Capítulo 3 expone ampliamente la dinámica de la infraestructura física en Colombia en las últimas décadas y resalta la importancia que ha tenido el sector público en su desarrollo. /D7HFQRORJtD¢4XpHV\FyPRVHPLGH" La disponibilidad de capital físico (privado y público), trabajo y capital humano es sin duda decisiva a la hora de determinar las posibilidades de producción de una economía. Sin embargo, la tecnología -es decir, la forma específica en que se combinan y mezclan los factores productivos- es igualmente relevante. A diferencia de los factores productivos, que son objetos físicos, la tecnología está constituida por ideas y conceptos abstractos. Esto tiene implicaciones importantes, porque si bien tanto los REMHWRV como las LGHDVson bienes económicos, los primeros hacen referencia a los bienes físicos o a factores productivos que tienen un FRVWRGHRSRUWXQLGDG. Es decir, compartir una maquina o el conocimiento adquirido mediante la educación tiene un costo para quien lo posee. Compartir las ideas, en cambio, no implica ningún costo de oportunidad. En general, el nivel tecnológico de una economía tiene que ver con las LGHDV que generan las personas. Las ideas son las instrucciones que permiten combinar recursos físicos
13 limitados como el capital y el trabajo para producir bienes y servicios más valiosos. La tecnología puede tomar muchas formas, entre ellas los conocimientos comunes o los conocimientos patentados. Una nueva idea puede lograr mejorar la HILFLHQFLD de un proceso productivo. Esto quiere decir que con los mismos factores productivos se obtiene más producto. Como las ideas pueden ser utilizadas por otras empresas sin costo alguno, aparece posible que en la economía en su conjunto el crecimiento del producto exceda el ritmo de acumulación de factores de producción. Esto implica que las posibilidades de crecimiento son muy amplias y no están limitadas por la disponibilidad de factores productivos. Ahora bien, vale la pena señalar que sin capital humano es difícil producir ideas e innovar. De hecho, las personas con mayor nivel de preparación y entrenamiento tienen mayor capacidad para ensayar, experimentar, conjeturar y formular hipótesis. Por ello, el capital humano además de contribuir directamente a la producción, lo hace indirectamente a través del mejoramiento de la tecnología. El FDPELR WpFQLFR R WHFQROyJLFR es precisamente el incremento en el producto que no puede explicarse con el incremento en los factores productivos. Medir el cambio tecnológico es una tarea difícil a la que los economistas le han dedicado especial atención. Dado que la tecnología no es directamente observable, es necesario encontrar formas indirectas de aproximación. En el apéndice 1 de este capitulo se presenta una metodología convencional en la que la tecnología se mide como la diferencia entre la producción efectivamente observada y la producción explicada por el uso de capital físico, mano de obra y capital humano. En este sentido, la tecnología es un residuo no explicado por los factores productivos convencionales. Cuando el producto aumenta en exceso de lo que explican los factores productivos se habla de cambio técnico positivo. Como esto implica que la mano de obra, el capital físico y el capital humano se vuelven más productivos, comúnmente se habla de un incremento el la productividad total de los factores o PTF. Por supuesto, cuando la PTF cae quiere decir que algo anda mal en la economía y que con los mismos factores ahora se obtiene menos producto. En síntesis, la SURGXFWLYLGDG es fundamental para entender el proceso de crecimiento económico de largo plazo de cualquier economía. Cuando ocurre una mejora tecnológica, es decir, cuando aumenta la productividad, la economía amplía sus posibilidades de consumo sin incurrir en costo adicional alguno. Por lo general, los aumentos en la cantidad de capital, trabajo y educación de los países no pueden explicar el aumento en la producción total de la economía, lo cual sugiere que la productividad debe haber aumentado también con el tiempo. En suma, el crecimiento de la productividad es uno de los elementos más importantes para entender cómo puede crecer el producto por trabajador y el nivel de vida de los países. Un excelente ejemplo del potencial que ofrece la tecnología como multiplicadora de las posibilidades de aumento en la productividad son los recientes adelantos en la tecnología computacional y su impacto sobre la llamada QXHYD HFRQRPtD. La reducción en los costos de comunicaciones ha sido dramática y se ha traducido en mejoras sustanciales en productividad, que los economistas han señalado como la explicación del fuerte crecimiento económico estadounidense en los años noventa.
14 Las diferencias en los niveles de productividad explican las grandes disparidades en los niveles de vida entre países. Una comparación entre Estados Unidos (el país con mayor nivel tecnológico en el mundo) y Colombia puede hacerlo evidente. En 1999 el estadounidense promedio tuvo un ingreso de US$30,000, mientras el colombiano promedio tuvo un ingreso de US$5,9008. Es decir que en ese año un norteamericano cualquiera produjo más de cinco veces lo que produjo un colombiano, o de manera equivalente, que en tan solo dos meses y medio produjo lo que un colombiano en todo el año. Semejantes diferencias en la productividad de los trabajadores de los diferentes países no pueden ser explicadas únicamente por las diferencias en los niveles de capital físico y humano entre ellos. Aunque es cierto que los norteamericanos cuentan con mayores niveles de escolaridad y mayor dotación de máquinas por persona que los colombianos, las diferencias en la cantidad de factores productivos no son suficientes para que los estadounidenses sean cinco veces más productivos que los colombianos. Necesariamente debe ocurrir que los primeros cuentan con tecnologías muy superiores que les permiten producir más bienes y servicios con menos cantidad de factores de producción. Por esto los economistas han enfocado una parte importante de sus esfuerzos en explicar qué puede generar diferencias tan marcadas en los niveles de productividad entre países. 5HFXDGUR(FRQRPtD\&XOLQDULD Lo que ocurre en el aparato productivo es muy similar al funcionamiento de una cocina. Así como en la economía se utilizan capital, trabajo y conocimientos para producir bienes y servicios, en la cocina se utilizan hornos, batidoras y neveras (capital físico) y cocineros (mano de obra y capital humano). Las recetas son análogas a la tecnología, pues determinan las combinaciones de insumos necesarios para elaborar un plato. Las posibilidades de innovación de un cocinero entrenado y experimentado son inmensas. Con pocos ingredientes puede contar literalmente con millones de formas alternativas de combinarlos. Si mediante la experimentación con diversas combinaciones el cocinero encuentra una receta que le permite obtener más producto con los mismos insumos habrá generado un aumento en su productividad. Aunque con más hornos y horas de trabajo se podría producir más, seguramente demasiados hornos y muchas horas de trabajo (o muchos cocineros en la misma cocina) no serían capaces de aumentar la producción de manera sostenida, mientras que las innovaciones tecnológicas, como nuevas recetas, pueden aumentar la producción casi indefinidamente. Además, las recetas que desarrolle un cocinero pueden ser utilizadas por cualquier otro cocinero, ampliando de manera sorprendente las posibilidades de aumento en la satisfacción de los consumidores. Aunque muchas combinaciones de insumos probablemente no resulten en platos agradables, de seguro hay gran cantidad de posibles recetas que el cocinero no habrá explorado. Al igual que en la economía, la innovación en la cocina no solo se basa en el descubrimiento de grandes ideas como el horno microondas, sino que las pequeñas ideas que simplemente reorganizan procesos productivos, una tras otra pueden conducir a aumentos muy considerables de la productividad. En efecto, muchas de las ganancias en productividad provienen de pequeños cambios en la forma como se organizan los procesos productivos. Esto es lo que se denomina el “mejoramiento continuo”. Si la elaboración de un plato requiere 30 pasos independientes, habría en total 2.65 x 1032 (30!) formas diferentes de organizar este proceso productivo. Con seguridad sería absurdo implementar muchas de ellas, pero no obstante siempre habrá formas hasta el momento no ensayadas, y es muy probable que la secuencia particular que se utiliza no sea la mejor de todas. La innovación en el desarrollo de los computadores es un excelente ejemplo de los aumentos en productividad que puede generar una 8
Dólares corrientes corregidos por el poder de paridad de compra.
15 simple reorganización de una misma cantidad de insumos. Los computadores personales de hace diez años y los actuales están construidos con aproximadamente la misma cantidad de plásticos, cables, fibras y metales. No obstante, simples cambios en las interconexiones en su interior han elevado la velocidad de procesamiento en más de 14 veces en menos de una década. Detrás de una nueva forma de organizar las conexiones en un microprocesador lo que se encuentra es una pequeña pero poderosa idea. El aumento de la productividad puede lograrse de otras maneras, por ejemplo contando con una mejor infraestructura. Si la cocina es muy grande, de forma que los ingredientes se encuentran unos muy lejos de otros, el trabajo del cocinero tomará más tiempo. Sería más eficiente si el cocinero pudiera disponer más rápido de todos los insumos. Entre menor sea la distancia que haya entre la bodega, la nevera, la batidora y el horno, mayor será el producto por hora de trabajo. La infraestructura física, al reducir los tiempos de transporte y comunicación, puede generar aumentos en la productividad. 'HWHUPLQDQWHVGHOD3URGXFWLYLGDG Si el cocinero que desarrolla una receta nueva no puede beneficiarse económicamente de su innovación no va a tener incentivos para experimentar. El crecimiento de la productividad, en efecto, está muy ligado al tipo de políticas que garanticen a quienes desarrollan nuevas ideas la posibilidad de percibir los beneficios económicos que ellas generan. La revolución industrial es un buen ejemplo de una serie de desarrollos tecnológicos como la energía a vapor, los ferrocarriles o la organización de la producción en cadena, que permitieron producir de manera mucho más eficiente. Para que tal cantidad de nuevas ideas se desarrollara fue necesario que ocurriera un cambio institucional en Inglaterra, que garantizó a los generadores de ideas derechos de propiedad sobre ellas. En el Capítulo 2 se estudiará más a fondo la relación entre instituciones, derechos de propiedad, productividad y crecimiento a largo plazo. El crecimiento de la productividad, por lo tanto, requiere instituciones políticas que garanticen los derechos de propiedad sobre las ideas, es decir, que ofrezcan monopolios a quienes las producen, pero que por otro lado, incentiven la competencia entre los creadores de ideas para generar ideas superiores a las anteriores. Esto se denomina ‘creación destructiva’, debido a que las nuevas ideas destruyen la rentabilidad de las anteriores, pero en el camino la productividad aumenta rápidamente. Por ejemplo, cada empresa productora de software tiene garantizados los derechos a ser la única beneficiaria de los códigos que desarrolle, pero la competencia es intensa, lo que da pie a un desarrollo tecnológico muy acelerado en esa industria. Algunos países producen más ideas que otros y por ende logran mayores niveles de productividad. La disposición de las sociedades a invertir esfuerzos y recursos en la generación de nuevas ideas depende estrechamente de la iQIUDHVWUXFWXUDVRFLDO, entendida como el conjunto de instituciones y políticas gubernamentales que proveen los incentivos con los cuales individuos y empresas actúan en la economía. Estos incentivos pueden hacer atractivo emprender actividades productivas como la inversión en capital o el desarrollo de nuevas tecnologías, pero también pueden hacer más atractivo el comportamiento SUHGDWRULR –actividades que buscan apropiarse de recursos económicos pertenecientes a otros– como la búsqueda de rentas, la corrupción o el robo. Una buena infraestructura social se basa en un sistema judicial equitativo y eficiente, una organización política que favorezca los intereses de la mayoría de la población y una legislación favorable a la iniciativa empresarial. En general, una buena infraestructura social es aquella que logra prevenir actividades predatorias y de GHVYLDFLyQ GH UHFXUVRV. Cuando las
16 personas, dentro de un conjunto de alternativas posibles, deciden escoger una actividad menos productiva que otra, GHVYtDQ recursos de sus usos más eficientes hacia otros menos productivos. En los países donde las actividades delictivas y de irrespeto a los derechos de propiedad son frecuentes y rentables para quienes las realizan (el robo, la corrupción, etc.), el crecimiento de la productividad se ve limitado porque las personan no encontrarán motivación para esforzarse en el desarrollo de ideas. Además, este tipo de ambientes requieren la desviación de recursos hacia actividades de protección y defensa, que de lo contrario podrían utilizarse en inversión productiva. Una adecuada infraestructura social limita efectivamente los comportamientos que minan los derechos de propiedad, evita la desviación de recursos e impide que los agentes obtengan rentas por métodos diferentes a la producción y generación de valor agregado. El Estado es un determinante fundamental del tipo de infraestructura social que tiene una economía. De un lado, la eliminación de actividades predatorias y de desviación de recursos es responsabilidad de los gobiernos debido a que estas se pueden evitar de manera más eficiente que de manera colectiva. Por ende, el Estado es el agente natural para reducir ese tipo de actividades. De otro lado, su monopolio de la fuerza y su capacidad para determinar y hacer cumplir las reglas hace del Estado un agente muy efectivo en la implementación de actividades predatorias y de irrespeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos. Cuando las instituciones políticas se prestan para que los gobiernos implementen este tipo de comportamientos, la gente puede encontrar más rentable utilizar su tiempo en tratar de influir en el gobierno que en emprender actividades productivas. Por lo tanto, una infraestructura social apropiada debe generar incentivos para que los gobiernos se especialicen en evitar la desviación de recursos y al mismo tiempo debe eliminar los incentivos para que estos violen los derechos de propiedad de los ciudadanos. Las políticas gubernamentales, como parte de la infraestructura social, pueden favorecer la innovación al asegurar que los individuos tengan los incentivos apropiados para generar ideas y desarrollar actividades productivas. Las regulaciones a la actividad empresarial y al cumplimiento de contratos son un excelente ejemplo del tipo de políticas que frecuentemente se convierten en restricciones a las actividades productivas. El Banco Mundial ha estudiado qué tan fácil es abrir un negocio, tener éxito en una demanda a raíz del incumplimiento de un contrato, obtener un crédito, liquidar una empresa o registrar una propiedad, entre otros. Algunos países imponen innumerables requisitos a quienes intentan montar un negocio o interponer una demanda, debido a que hacerlo le permite a las burocracias lucrarse, legal e ilegalmente. Las empresas de los países pobres enfrentan costos regulatorios hasta tres veces más elevados que las empresas de los países ricos, y deben realizar en promedio el doble de trámites burocráticos. Adicionalmente cuentan con menos de la mitad de las protecciones a los derechos de propiedad existentes en los países más desarrollados. Esto, sin duda, se traduce en que una mayor proporción de la economía se desarrolle por fuera de la actividad legal, y en menores tasas de crecimiento económico Colombia revela que este tipo de costos de transacción son elevados en relación al resto del mundo y en especial a los países más desarrollados. Mientras en el país se requieren 14 pasos diferentes para crear un negocio, los cuales toman alrededor de 43 días, en un país miembro de la OCED, en promedio, se requieren solo 6 pasos que tardan 25 días. Así mismo, en Colombia son necesarios 363 días en promedio desde que se instaura una demanda comercial hasta que se resuelve, mientras en los países de la OCED se requieren 229 días. Mientras el costo de instaurar una demanda de este tipo en Colombia puede llegar a ser del 18% de la deuda, en un país
17 desarrollado no supera el 10%. El Banco Mundial también ha encontrado que el diseño de la legislación colombiana es menos favorable que el de los países desarrollados para facilitar el acceso al crédito y para proteger a los inversionistas mediante el acceso público a la información. A pesar de todo esto, el Banco Mundial también ha encontrado que Colombia ha sido uno de los países donde más reformas se han implementado en los últimos años tendientes a reducir este tipo de costos de transacción. &UHFLPLHQWRHFRQyPLFR\SURGXFWLYLGDGHQ&RORPELD De acuerdo con la metodología desarrollada en el Apéndice 1, el crecimiento del producto por habitante puede descomponerse en la contribución del capital físico, la mano de obra aumentada por el capital humano y el residuo que mide la productividad total de los factores. Basado en Cárdenas (2002), el Cuadro 1-7 presenta la descomposición del crecimiento del producto por habitante en Colombia a partir de 1955. Como se aprecia, dicho crecimiento fue de 1.31% en el periodo 1955-1970, se elevó a 1.91% en los años setenta, para luego caer a 0.63% durante la años ochenta y 1.12% en los noventa. Llama la atención que la desaceleración del crecimiento a partir de 1980 no puede explicarse a partir de una menor acumulación de capital físico (por unidad de producto) o humano (por trabajador). Muy por el contrario, el análisis de contabilidad del crecimiento revela que la reducción en el crecimiento ha sido producto de una caída importante en los niveles de productividad total de los factores, lo que hemos llamado la tecnología. En la década de los ochenta, por ejemplo, el crecimiento anual promedio estuvo alrededor de 0.63%, muy por debajo del crecimiento que hubiera resultado simplemente de la acumulación de capital físico y humano, que fue de 1.47% (0.39 + 1.08). La caída en la productividad de 0.84% anual contrarrestó buena parte de los avances en la acumulación de factores productivos. En contraste, la productividad entre 1955 y 1979 creció de manera sostenida año a año, lo cual se tradujo en tasas de crecimiento del PIB positivas a pesar incluso de que entre 1960 y 1980 la tasa de crecimiento del capital (como proporción del PIB) se reducía a una tasa de 0.32% anual. Para entender la desaceleración del crecimiento económico colombiano de las últimas décadas es necesario, entonces, comprender por qué razones la productividad ha disminuido. Al retomar la discusión alrededor del concepto de infraestructura social, es posible que esta se haya visto reducida y que por lo tanto la producción de nuevas ideas, la adaptación de ideas extranjeras y los incentivos para utilizar eficientemente el capital físico y humano se hayan debilitado. Curiosamente, las últimas dos décadas han presenciado aumentos extraordinarios en las tasas de criminalidad en Colombia, ligadas de manera estrecha a los grupos ilegales y al narcotráfico. El auge de las actividades ilícitas muy rentables ha sido posible gracias a una infraestructura social que no limita el margen de acción de quienes las realizan, y al mismo tiempo ha destruido la infraestructura social ya existente. Sobre este tema volveremos en el capítulo 2. &LFORV(FRQyPLFRV&DUDFWHUtVWLFDV\GHWHUPLQDQWHV Como vimos atrás, pese a que los factores de producción y la tecnología tienen un comportamiento relativamente estable, la evolución del producto año tras año registra importantes fluctuaciones. Por ejemplo, en 1978 el producto creció 7%, mientras que en 1999 cayo 4.5% ¿De donde surge esta apreciable volatilidad del crecimiento del PIB? Para responder esta pregunta hay que tener en cuenta que el crecimiento de la economía consta de dos
18 componentes. El primero es la WHQGHQFLD del producto, determinada por el crecimiento de los factores de producción y la tecnología. En otras palabras, el producto de tendencia es aquel al que se llegaría con una plena utilización de factores (capital y trabajo) sin causar presiones inflacionarias. Las desviaciones del producto observado frente a su nivel de tendencia conforman el componente cíclico del producto. Los ciclos surgen de sorpresas y choques inesperados, tales como cambios repentinos y pasajeros en los precios de los productos de exportación, desastres naturales, guerras, entre otros. En el gráfico 1-16 se presentan los ciclos económicos del PIB entre 1906 y 2003, medidos como desviaciones porcentuales del producto con respecto a su nivel de tendencia. Por ejemplo, en 1928 la desviación porcentual del PIB con respecto a su tendencia fue 6,8% lo que significa que la economía estaba en auge en dicho año. Por el contrario, entre 1998 y mediados de 1999 la economía experimentó una fuerte recesión que redujo el producto observado en 3,4% por debajo de la tendencia9. En términos generales, los ciclos económicos de Colombia han persistido, en promedio, 9,4 años con una desviación máxima promedio con respecto a la tendencia de 2,9% y una mínima de –3,3%. No obstante, las características de los ciclos han cambiado con el paso de los años. Como lo muestra el cuadro 1-8, la duración de los ciclos se redujo casi en la mitad durante el siglo XX. Entre 1905 y 1943, los ciclos perduraban 13 años en promedio mientras que la duración entre 1968 y 1999 fue 7,2 años. Por su parte, la volatilidad del ciclo fue significativa entre 1905 y 1943 ya que la diferencia entre la desviación máxima y la mínima llegó a ser de 8,8 puntos porcentuales, pero se redujo en las décadas de mitad de siglo cuando los ciclos fueron menos intensos. Sin embargo, la intensidad de los ciclos aumentó a partir de la década de los setenta como lo sugiere el cuadro 1-8. Dada la magnitud de los choques externos, no es sorprendente la estrecha relación entre el ciclo económico y el ahorro externo que, como vimos, es simplemente el negativo de la cuenta corriente con el resto del mundo. Periodos de ahorro externo positivo corresponden por lo general a fases de expansión económica. Colombia ha experimentado cuatro grandes períodos de crisis en los últimos cien años, todos ellos asociados con situaciones externas turbulentas. La crisis de los años treinta (1928-1931) coincidió con la Gran Depresión en el mundo industrializado, la crisis de los años cuarenta (1939-1943) con la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los ochenta (19791983) con el cierre de los mercados financieros y la caída de los precios del café, y por último la crisis de fin de siglo (1997-2000), que fue una de las mas severas, también asociada a un entorno financiero mundial desfavorable para los países en desarrollo10. Sin embargo, la economía colombiana también se caracterizó por tener períodos de auge que estuvieron relacionados con choques externos favorables. Algunos de ellos estuvieron asociados a las entradas de capitales extranjeros, como la denominada ‘danza de los millones’ que tuvo lugar entre 1925 y 1928, y el auge que se registró entre 1992 y 1997, justo antes de la crisis asiática.
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Una economía está en recesión cuando presenta tasas de crecimiento trimestrales negativas por lo menos durante dos trimestres consecutivos. 10 Urrutia y Fernández (2003) definen los períodos de crisis como aquellos con desviaciones negativas con respecto a la media del ciclo mayores a una desviación estándar que duraron más de un año.
19 Los precios del café también jugaron un papel protagónico en la determinación del ciclo económico durante buena parte del siglo pasado. Las exportaciones de café llegaron a representar cerca del 70% del total de exportaciones y su participación en el producto se ubicaba alrededor del 8,5% entre los años cincuenta y sesenta11. Un aumento en el precio externo, rápidamente se traducía en un mayor ingreso para los caficultores, uno de los grupos mas influyentes sobre la demanda agregada. El gráfico 1-17 ilustra el comportamiento del precio externo del café (en dólares constantes de 1925) y del ciclo económico. Es claro que las bonanzas cafeteras de 19541955, 1975-1978 y 1986, sin duda, constituyeron episodios favorables para el crecimiento económico. En síntesis, el ahorro externo y los precios de los productos básicos de exportación –como el café- explican buena parte de las fluctuaciones en la actividad económica nacional12. El ahorro externo refleja entradas de capitales que estimulan una amplia gama de sectores productivos, entre ellos muchos que no producen bienes comercializables internacionalmente como la construcción y los servicios. El sector financiero juega un papel amplificador de dichos flujos. Por su parte, el aumento en los precios de las exportaciones estimula la demanda interna para consumo e inversión, debido a que eleva el ingreso disponible de los sectores exportadores. En conclusión, el ciclo económico colombiano a lo largo del siglo XX, ha dependido de la situación económica externa. Las cuatro crisis identificadas coinciden con un entorno mundial agitado y desfavorable. No obstante, la influencia de las condiciones globales ha cambiado radicalmente en las últimas dos décadas: En un principio, los precios del café jugaban un papel importante debido a la dependencia de la economía colombiana con respecto a este producto de exportación. A partir de 1990, el ahorro externo y en cierta medida los precios del petróleo, han sido las variables externa que más influyen sobre el ciclo económico colombiano.
11
La participación del café en las exportaciones fue muy alta hasta la década de los noventa y alcanzo un nivel promedio de 61% entre 1908 y 1989. 12 Los términos de intercambio son la relación entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones y, por lo tanto, es una medida del poder adquisitivo del sector exportador. En el capítulo 8 se trata este tema con más detalle.
20 $$SpQGLFH/D)XQFLyQGH3URGXFFLyQ\OD&RQWDELOLGDGGHO&UHFLPLHQWR En este apéndice se desarrolla el marco teórico de la contabilidad del crecimiento, basado en una función de producción. La discusión sobre factores, producción y productividad ha sido expresada por los economistas en términos matemáticos que permiten entender las relaciones entre las variables económicas de una manera transparente. En particular, los economistas expresan la relación entre los factores de producción y la producción agregada mediante una IXQFLyQGHSURGXFFLyQ. Esta es simplemente una relación que establece cuánta producción física se obtendría con cada posible combinación de factores productivos, y se expresa de la siguiente manera:
< = ) (. , + )
(A1.1)
En donde Y representa la producción, K representa el acervo de capital físico y H representa el acervo de capital humano (que incluye trabajo y educación). A partir de esta función puede verse claramente que los aumentos en el capital humano o en el capital físico se traducen en aumentos en la producción. En una economía como la colombiana, donde hay cada vez más capital físico y humano, cada vez hay también un mayor PIB. Pero como se vio anteriormente, la tecnología juega también un papel fundamental en el crecimiento del producto. En efecto, si no la tenemos en cuenta no podríamos explicar el crecimiento del PIB que se ha presentado. Una parte importante del crecimiento del PIB en el tiempo no puede explicarse por el crecimiento del acervo de capital físico ni del de capital humano. La parte que no puede ser explicada a partir de los factores productivos es un UHVLGXR que los economistas han atribuido al crecimiento de la productividad, es decir al cambio tecnológico, que permite producir más con los mismos insumos. La función de producción puede en efecto incorporar la tecnología de la siguiente manera: < = $ ) (. , + )
(A1.2)
En este caso, con un nivel inalterado de capital físico y humano, un aumento de la tecnología (e.g. debido a una nueva idea) aumenta la producción de manera proporcional. Si tanto la tecnología como la acumulación de factores productivos contribuyen al crecimiento del producto, sería importante saber en qué magnitud lo hace cada una de ellas. Además, el análisis de la función de producción puede también revelarnos qué explica las diferencias en los niveles de PIB per cápita entre países, si acaso son producto de diferencias en los niveles de capital físico, en los de capital humano o en los niveles tecnológicos. La comparación entre Colombia y Estados Unidos resulta pertinente ya que este país es el líder tecnológico a nivel mundial. Como vimos anteriormente, el PIB per cápita colombiano es la quinta parte del PIB estadounidense. No obstante, el trabajador colombiano promedio tiene alrededor de 81% del capital físico y 54% del capital humano de un norteamericano promedio. Estas diferencias no podrían por sí solas explicar que el PIB per cápita colombiano sea tan solo el 20% del PIB per cápita estadounidense. Es en este punto donde la tecnología entra a jugar un papel fundamental. Si Colombia tuviese el nivel tecnológico de Estados Unidos, su PIB per cápita, de acuerdo a las cifras anteriores, debería ser 43% del estadounidense (0.81*0.54 = 0.43), es decir, alrededor de US$13,000 en 1999 y no de US$5,900. Todo esto implica que el nivel tecnológico en Colombia es de alrededor de 45% el de Estados Unidos. Un trabajador Colombiano con el mismo capital físico y el mismo capital
21 humano que el trabajador promedio estadounidense produciría menos de la mitad de lo que produciría el norteamericano en el mismo período de tiempo. Partiendo de una función de producción tipo Cobb-Douglas (rendimientos constantes a escala y rendimientos marginales decrecientes en cada factor de producción), que expresa el producto per cápita como función del capital físico y humano y de la tecnología se tiene: 3,% = $) ( . , + )
) (. , + ) = . + 1 *
+*
3,% = $. + 1 ,
(A1.3)
-,
Los rendimientos constantes a escala se refieren a que un aumento de K y H en el mismo porcentaje generan un aumento en el PIB de la misma proporción. Los rendimientos marginales decrecientes se refieren a que a medida que aumenta la cantidad utilizada de un factor, los aumentos en el PIB son cada vez menores. Estos supuestos sobre la función de producción pretender capturar el comportamiento real de las economías. Los exponentes a y 1-a indican la proporción del ingreso total que remunera al capital físico y al capital humano respectivamente. En el caso colombiano, se ha estimado que a es igual a 0.4. Es decir que aproximadamente 40% del PIB es ingreso que remunera a los dueños del capital, y 60% es ingreso que remunera a los trabajadores. Adicionalmente, el capital humano puede expresarse como un compuesto de horas de trabajo y cantidad de educación. Frecuentemente los economistas suponen que el capital humano está relacionado exponencialmente con la cantidad de educación de los trabajadores. Por lo tanto, el capital humano puede expresarse analíticamente de la siguiente forma:
+ =H
/ (. )
/
(A1.4)
La función j( refleja la eficiencia de una unidad de trabajo con ( años de educación frente a una unidad de trabajo si n ninguna educación. A mayores los años de educación mayor la eficiencia de cada hora de trabajo, y por ende mayor capital humano. La función de producción puede expresarse en términos del producto por trabajador (\ </) de la siguiente forma:
Ë.Û \=Ì Ü Í< Ý 3
11
3
H
2 0 ( )
$
(A1.5)
Para obtener la tasa de crecimiento del PIB per cápita se expresa la ecuación anterior en logaritmos y se obtiene su primera diferencia:
D ln( \ ) =
a Ë.Û D lnÌ Ü + Dj (( ) + D ln( $) 1-a Í< Ý
(A1.6)
22 Donde D representa el cambio en la variable respectiva. Esta ecuación descompone el cambio en el PIB per cápita en tres componentes: El cambio en la productividad o tecnología (A), el cambio en el acervo de capital físico por unidad de producto (intensidad del capital) y el cambio en el capital humano por trabajador. Si la intensidad del capital físico aumentase en un 1%, el PIB per cápita tan solo aumentaría un 0.6% (a=0.4). Si el capital humano se viera incrementado en un 1%, el PIB per cápita crecería en j( %. Los aumentos de la tecnología, de otro lado, se traducen en aumentos del PIB per cápita de exactamente la misma proporción. Como el cambio en la productividad no es observable directamente, puede deducirse como un residuo. Sería la diferencia entre el cambio en el PIB per cápita y el cambio en los factores de producción:
D ln( $) = D ln( \ ) - D ln j (( ) -
a Ë.Û D lnÌ Ü (A1.7) 1-a Í< Ý
Esta es la ecuación básica de la contabilidad del crecimiento, con la cual se estimaron los resultados del Cuadro 1-4. $$SpQGLFH'HVFRPSRVLFLyQ&LFOR7HQGHQFLD La descomposición del PIB entre el ciclo y la tendencia se puede realizar mediante un método estadístico llamado el filtro Hodrick-Prescott o a través de una función de producción CobbDouglas como la vista en el apéndice A.1. El filtro Hodrick-Prescott supone que el PIB observado es la suma de un componente cíclico y un componente tendencial y halla la tendencia (la secuencia de yt,g) que minimiza la siguiente función objetivo:
{
0LQÊ ( \ 7 - \ 7 , 6
)
2
[
+ l ( \ 7 5 1, 6 - \ 7 , 6
) - (\ 7 6 2
,
- \ 7 4 1, 6
) ]} 2
(A2.1)
El primer término de esta función obliga a que la tendencia no se separe mucho del valor observado de la serie (yt) mientras que el segundo término de la ecuación castiga si la tendencia varía demasiado. De esta manera, existe unas fuerzas que se compensan con el fin de encontrar una tendencia que se ajuste adecuadamente a los datos y que no sea ni una línea recta ni igual a los datos observados. El parámetro determina la importancia que se le otorga a la variabilidad de la tendencia. En particular, si = 0, la tendencia será igual a los datos observados y si = infinito la tendencia será una línea recta. Para series anuales se recomienda utilizar = 400, para series trimestrales se utiliza = 1600 y para series mensuales se recomienda = 14400. Este método es utilizado ampliamente debido a que su cálculo es relativamente sencillo. No obstante, su principal limitación es que no tiene en cuenta ninguna teoría económica para determinar el nivel de tendencia del PIB ya que su cálculo depende completamente de factores estadísticos.
23 El otro método consiste en estimar el producto tendencial mediante una función de producción que capte la utilización plena de los factores productivos sin causar presiones inflacionarias. En otras palabras, se calcula la función de producción con un nivel de empleo y un nivel de utilización del capital que mantengan la tasa de inflación estable. De esta forma, el ciclo del PIB es la diferencia entre el producto calculado con los niveles de empleo y capital observados y el producto calculado con los niveles de empleo y capital consistentes con una tasa de inflación estable. $$SpQGLFH$KRUURH,QYHUVLyQHQXQ&RQWH[WR,QWHUWHPSRUDO En las economías abiertas las decisiones agregadas de inversión no tienen que corresponderse con las decisiones agregadas de ahorro doméstico. El resto del mundo permite que los países escojan niveles de inversión mayores a los niveles de ahorro (en cuyo caso habría un déficit en cuenta corriente) o niveles de ahorro superiores a los de inversión (en cuyo caso habría un superávit en cuenta corriente). No obstante, a través del tiempo no es viable que un país presente déficits o superávits persistentes, pues debe satisfacer su UHVWULFFLyQ SUHVXSXHVWDO LQWHUWHPSRUDO, según la cual el valor de su consumo durante todo un horizonte de tiempo debe ser igual al valor presente de sus ingresos durante ese mismo periodo. Para ejemplificarlo, imaginemos una economía en la que hay dos períodos, presente y futuro, en la que todo acaba en el futuro. Por lo tanto, los hogares no querrán dejar recursos valiosos sin haber sido consumidos, y, de esta manera, en el futuro esta economía solo ahorrará lo suficiente para pagar las deudas que pueda haber contraído en el presente. En caso de que en el presente haya acumulado activos, en el futuro los consumirá completamente. Además, como al terminarse el mundo esta economía no debe dejar deudas sin pagar, es posible mostrar que si los hogares de esta economía invierten más de lo que ahorran en el presente (generando un déficit en cuenta corriente), necesariamente tendrán que presentar un superávit de la misma magnitud en el futuro. Los países pueden utilizar el ahorro externo para suavizar sus patrones de consumo e inversión en el tiempo, pero a largo plazo es necesario que cada país financie al mundo tanto como el mundo lo haya financiado. Si suponemos que esta economía no tiene riqueza acumulada al inicio del período presente, y que decide invertir más de lo que ha ahorrado, en el presente acumulará una deuda igual al valor del déficit en cuenta corriente. Según vimos en la sección 1.4, el ahorro doméstico es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo de los hogares: 6 8:9 ;=<=;=>? ; = 3,% 8:9 ;=<=;=>? ; - & 8:9 ;=<=;=>? ;
(A3.1)
Adicionalmente se vio que la cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro doméstico y la inversión: && @:A B=C=B=DE B = 6 @:A B=C=B=DE B - , @:A B=C=B=DE B (A3.2) Por lo tanto, la Cuenta Corriente (la nueva deuda que adquiere la economía) es igual a:
24 && F:G H=I=H=JK H = 3,% F:G H=I=H=JK H - & F:G H=I=H=JK H - , F:G H=I=H=JK H = ' F:G H=I=H=JK H
(A3.3)
Donde D representa el valor de la deuda con el exterior. Análogamente, la cuenta corriente del futuro debe ser igual al cambio en la deuda que se dé durante el período futuro. Por lo tanto, el cambio en la deuda del período futuro, es decir, la Cuenta Corriente de dicho período, puede escribirse como: && TVU R U M W = 3,% TVU R U M W - & TVU R U M W - , TVU R U M W = ' TVU R U M W - ' L!M N O=NQPSR N (A3.4)
Anteriormente mencionamos que debido a que en el futuro se acaba el mundo, esta economía no querrá invertir en ese momento y deberá cancelar la totalidad de sus deudas. Por lo tanto, ,XY Z Y [\ = 'XY Z Y [\ = 0, lo cual implica, de la ecuación A3.4, que && cVd b d ^ e = - ' ]:^ _=`=_=ab _
(A3.5)
El déficit en Cuenta Corriente del presente debe ser cubierto con un superávit en Cuenta Corriente del futuro de exactamente la misma magnitud. Adicionalmente, combinando las ecuaciones A3.3 y A3.4, puede verse que aunque esta economía preste o pida prestado, el consumo de toda la vida de los hogares debe ser igual a lo que produzcan durante toda la vida, descontando la inversión realizada: & k i l=m=l=nh l + & fVgSh gVi j = 3,% k i l=m=l=nh l + 3,% fVgSh gVi j - , fVgSh gVi j
(A3.6)
25 %LEOLRJUDItD Acemoglu, Daron (2004). /HFWXUH 1RWHV IRU $GYDQFHG 0DFURHFRQRPLFV 2XWSXW DQG 3URGXFWLYLW\$FURVV&RXQWULHVDQG2YHU7LPH. Mimeo, MIT. Arango, Gilberto (2000). (VWUXFWXUD(FRQyPLFD&RORPELDQD. Editorial McGrawHill, Bogotá. Banco Mundial (2003). :RUOG'HYHORSPHQW,QGLFDWRUV. Banco Mundial, Washington. Banco Mundial (2004). 'RLQJ%XVLQHVV. Banco Mundial, Washington. Barro, Robert y Lee, Jong-Wha (2000). ,QWHUQDWLRQDO 'DWD RQ (GXFDWLRQDO $WWDLQPHQW8SGDWHV DQG,PSOLFDWLRQV. NBER Working Paper No. 7911, Cambridge, MA. Cárdenas, Mauricio (2001). (FRQRPLF *URZWK LQ &RORPELD $ 5HYHUVDO RI )RUWXQH". CID Working Paper No. 83, Cambridge, MA. Cárdenas, Mauricio y Escobar, Andrés (1998). “Saving Determinants in Colombia: 1925-1994”, en -RXUQDORI'HYHORSPHQW(FRQRPLFV No. 57. Cárdenas, Mauricio y Escobar, Andrés (1997). “Determinantes del Ahorro en Colombia: 19251994”, en &R\XQWXUD(FRQyPLFD Vol. 27, No. 2. Cárdenas, Mauricio y Escobar, Andrés (1995) “Infraestructura y Crecimiento Departamental: 1950-1994”, en 3ODQHDFLyQ\'HVDUUROOR, Octubre-Diciembre. Cárdenas, Mauricio y Olivera, Mauricio (1995). “La Crítica de Lucas y la Inversión en Colombia: Nueva Evidencia”, en (QVD\RV6REUH3ROtWLFD(FRQyPLFD No. 27. Cárdenas, Mauricio y Pontón, Adriana (1995). “Growth and Convergence in Colombia: 19501990”, en -RXUQDORI'HYHORSPHQW(FRQRPLFV Vol.47. Cárdenas, Mauricio y Urrutia, Miguel (2004). “Impacto Social del Ciclo Económico en Colombia: 1989-2004”, en &R\XQWXUD6RFLDO No.30, junio. Cárdenas, Mauricio, Escobar, Andrés y Gutiérrez, Catalina (1995). “La Contribución de la Infraestructura a la Actividad Económica en Colombia”, en (QVD\RV6REUH3ROtWLFD(FRQyPLFD, Diciembre. CEPAL (2003). $QXDULR(VWDGtVWLFRGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH. CEPAL, Santiago de Chile. DeLong, y Summers, (1991). (TXLSPHQW ,QYHVWPHQW DQG (FRQRPLF *URZWK. NBER Working Paper No. 3515. Cambridge, MA. Ehrenberg, Ronald y Smith, Robert (1996). 0RGHUQ/DERU(FRQRPLFV7KHRU\DQG3XEOLF3ROLF\. Editorial Addison-Wesley, Reading, MA.
26 Frankel, Jeffrey y Romer, David (1999). “ Does Trade Cause Growth?” , en 7KH $PHULFDQ (FRQRPLF5HYLHZ Vol. 89 No. 3, junio. GRECO (2002). (O &UHFLPLHQWR (FRQyPLFR &RORPELDQR HQ HO 6LJOR ;;. Fondo de Cultura Económica-Banco de la República, Bogotá. Hall, Robert y Jones, Charles (1998). :K\ GR 6RPH &RXQWULHV 3URGXFH VR 0XFK 0RUH 2XWSXW 3HU:RUNHUWKDW2WKHUV". NBER Working Paper No. 6564, Cambridge, MA. Larrain, Felipe (2004). 0DFURHFRQRPtD8Q(QIRTXH3UiFWLFR. Editorial Pearson, México. Lora, Edudardo, Ocampo, José A. y Steiner, Roberto (Coord.) (1994). ,QWURGXFFLyQ D OD 0DFURHFRQRPtD&RORPELDQD. Tercer Mundo Editores-Fedesarrollo, Bogotá. Mankiw, Gregory (1997). 0DFURHFRQRPLFV. Editorial Worth, Nueva York. Mankiw, Gregory (1998). 3ULQFLSLRVGH(FRQRPtD. Editorial McGrawHill, Madrid. Pritchett, Lant (1995). 'LYHUJHQFH %LJ 7LPH. Policy Research Working Paper, Banco Mundial, Washington. Ramírez, María Teresa (2004). (IHFWRV GH (VODERQDPLHQWRGH OD ,QIUDHVWUXFWXUD GH 7UDQVSRUWH VREUHOD(FRQRPtD&RORPELDQD. Subgerencia de Estudios Económicos, Banco de la República, Bogotá. Romer, Paul (1992). “ Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas” , en 3URFHHGLQJV RI WKH :RUOG %DQN $QQXDO &RQIHUHQFH RQ 'HYHORSPHQW (FRQRPLFV, Washington. Romer, Paul (1993). ,PSOHPHQWLQJD1DWLRQDO7HFKQRORJ\6WUDWHJ\ZLWK6HOI2UJDQL]LQJ,QGXVWU\ ,QYHVWPHQW%RDUGV. Brookings Papers: Microeconomics 2. Sachs, Jeffrey y Larrain, Felipe (1994). 0DFURHFRQRPtD HQ OD (FRQRPtD *OREDO. Editorial Pearson, México. Sala-i-Martin, Xavier (2002). (FRQRPtD /LEHUDO SDUD QR (FRQRPLVWDV \ 1R /LEHUDOHV. Plaza y Janés Editores, Barcelona. Samuelson, Paul y Nordhaus, William (1995). (FRQRPtD. Editorial McGrawHill, Madrid. Urrutia, Miguel y Fernández, Cristina (2003). “ Política Monetaria Expansiva en Épocas de Crisis: El Caso Colombiano en el Siglo XX. ¿No se Quiso o no se Pudo ser Contracíclico?” , en 5HYLVWDGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD, junio.
27 &XDGURV &XDGUR
3,%3HU&iSLWDHQGyODUHVFRUULHQWHV33$ Colombia 2,010 3,200 3,930 5,500 6,950 7,010 Promedio América Latina 2,109 3,285 3,761 5,051 6,262 7,582 Promedio OCED 5,945 9,473 12,027 17,018 20,768 25,764 Promedio Países de Ingreso Medio Bajo 1,497 2,319 2,760 3,989 4,321 5,029 Promedio Países de Asia del Este y el Pacífico 3,028 4,626 5,646 8,140 10,350 11,183 Fuente: World Development Indicators, World Bank (2003)
oqp!r!st uwvx y PIB departamental, 1960-2000, ordenado de mayor a menor PIB per cápita (millones de pesos de 1994) 1960 Valor ($) Posición Bogotá Valle Cesar Meta Atlántico Bolivar Antioquia Santander Caldas Norte de Santander Risaralda Cundinamarca Quindío Tolima Córdoba Magdalena Boyacá Huila Guajira Sucre Nariño Cauca Chocó Caquetá Casanare San Andrés y Providencia Arauca Putumayo Guaviare Vaupés Vichada Guanía Amazonas
7DPDxRGHO(VWDGR*DVWR3~EOLFR3,% Colombia 12.52 13.37 14.06 Promedio Países de América Latina 21.84 24.22 28.53 Promedio Países miembros de la OECD 29.14 32.22 35.81 Promedio Países de Ingreso Medio Bajo 26.15 28.83 29.73 Promedio Países de Asia del Este y el Pacífico 21.42 24.83 25.86 Fuente: World Development Indicators, World Bank (2003)
11.58 23.06 35.45 25.68 25.21
13.37 22.47 35.69 26.75 21.02
22.50 22.18 30.81 27.24 20.75
&XDGUR
([SRUWDFLRQHVFRPR3RUFHQWDMHGHO3,%HQGyODUHVFRQVWDQWHVGH Colombia 10.74% 10.80% 10.96% 10.64% 14.18% 14.77% Promedio Países de América Latina 23.67% 24.61% 33.87% 33.81% 35.34% 38.47% Promedio Países de la OECD 21.60% 22.37% 25.84% 29.15% 31.47% 36.69% Promedio Países de Ingreso Medio Bajo 31.94% 30.48% 38.03% 37.90% 33.01% 36.16% Promedio Países de Asia del Este y Pacífico 24.75% 26.76% 28.73% 34.42% 38.31% 46.89% Fuente: World Development Indicators, World Bank (2003)
18.71% 39.21% 46.05% 38.95% 56.98%
&XDGUR
,PSRUWDFLRQHVFRPR3RUFHQWDMHGHO3,%HQGyODUHVFRQVWDQWHVGH Colombia 11.92% 8.82% 12.09% 9.99% 9.80% 20.96% Promedio Países de América Latina 28.03% 30.06% 47.52% 38.96% 39.84% 44.90% Promedio Países de la OECD 23.51% 24.04% 26.41% 27.32% 31.06% 34.20% Promedio Países de Ingreso Medio Bajo 39.07% 41.19% 57.32% 51.55% 44.02% 45.24% Promedio Países de Asia del Este y Pacífico 29.45% 28.01% 32.57% 33.99% 37.94% 49.18% Fuente: World Development Indicators, World Bank (2003)
17.13% 47.71% 43.20% 47.18% 54.82%
29 &XDGUR 3URPHGLRGH$xRVGH(VFRODULGDGSREODFLyQPD\RUGHDxRV Colombia 3.10 4.40 4.70 5.30 Promedio América Latina 3.80 4.40 5.30 6.10 Promedio OECD 7.70 9.20 9.50 10.00 Promedio Países de Ingreso Medio Bajo 3.70 4.54 5.61 6.21 Promedio Países de Asia del Este y Pacífico 5.80 6.90 7.34 8.76 Fuente: World Development Indicators, World Bank (2003)
&XDGUR
Crecimiento de: Anos PIB per cápita K/PIB H/L 1955-1959 1.31 0.27 1960-1969 1.31 -0.32 1970-1979 1.91 -0.33 1980-1989 0.63 0.39 1990-1999 1.12 1.02 Fuente: Cárdenas (2001).
&XDGUR
PTF 0.26 0.72 1.02 1.08 0.8
0.77 0.91 1.22 -0.84 -0.71
&DUDFWHUtVWLFDVGHORVFLFORVFRORPELDQRVGHOVLJOR;; Máxima desviación Mínima desviación Diferencia entre el Duración con respecto a la con respecto a la pico y el punto más (años) tendencia tendencia bajo (puntos 14 1.4% -3.0% 4.4 13 6.8% -5.5% 12.3 12 3.9% -5.9% 9.8 8 3.4% -2.9% 6.3 7 2.2% -2.0% 4.2 9 0.8% -2.4% 3.2 10 2.3% -1.9% 4.2 8 3.5% -3.6% 7.1 6 -0.1% -1.9% 1.8 7 4.7% -3.4% 8.1
Fuente: Ramírez (2004) Nota: El dato para 1994 es resultado de una extrapolación lineal de los valores de 1989 y 1999.
*UiILFR
Ciclos económicos: 1906-2003
0.06 0.04 0.02 0 -0.02
Fuente: GRECO-Banco de la República, DANE. Cálculos de los autores.
2002
1996
1984
Crisis de fin de siglo 1978
1972
1948
1942
1936
1930
1924
1918
1912
1906
-0.06
1966
Crisis de los años cuarenta
1990
Crisis de los años treinta
1960
-0.04
Crisis de los años ochenta
1954
Desviación porcentual con respecto a la tendencia
0.08
38 *UiILFR 0.08
Ciclo económico y precio externo del café 70.0
0.06
60.0
0.04
50.0
0.02
40.0
0 30.0
-0.02
20.0
-0.04 -0.06
10.0
-0.08
0.0
Desviación del PIB
Precio del café
Fuente: GRECO, Federación Nacional de Cafeteros. Cálculos de los autores.
TEXTO BÁSICO SOBRE ECONOMÍA COLOMBIANA MAURICIO CÁRDENAS, Fedesarrollo ROBERTO JUNGUITO, Fedesarrollo
CAPÍTULO 2 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ECONOMÍA CON LA COLABORACIÓN DE SUMIE TAMURA
2.1
La importancia de las instituciones
En el capitulo anterior vimos cómo el crecimiento económico guarda una estrecha relación con la calidad de las instituciones que proveen los incentivos para acelerar o frenar la acumulación de factores productivos así como el avance tecnológico. Las instituciones también son decisivas para determinar si los recursos de una sociedad se utilizan en actividades productivas o si, por el contrario, se desvían hacia actividades improductivas. Por ello, desde los años setenta los economistas se han interesado por este tema, en el cual otras disciplinas como el derecho, la ciencia política y la sociología han hecho también importantes aportes. En el lenguaje de los economistas, las instituciones definen y limitan el conjunto de opciones de los individuos. Las restricciones institucionales incluyen tanto lo que los individuos no pueden hacer como lo que, bajo ciertas condiciones, pueden hacer. Es decir, reducen la incertidumbre natural en la interacción entre seres humanos y, por ello mismo, le dan estructura a la vida cotidiana (North, 1990, pp. 3-4). Además de restringir y estructurar la interacción entre los agentes, las instituciones también determinan los incentivos con los que actúa cada individuo. Las instituciones no surgen de la nada. Tienen un propósito y una finalidad. Son hechas por el hombre, en algunos casos como resultado de decisiones colectivas, como ocurre por ejemplo cuando se redacta una nueva Constitución. Las instituciones son precisamente las reglas de juego –formales e informales- que guían el comportamiento individual. Las instituciones formales son reglas concebidas para facilitar la interacción entre agentes. Incluyen aspectos tales como las reglas políticas, los derechos de propiedad y los contratos. Estas reglas se expresan en la Constitución, las leyes, los decretos, normas e incluso en los contratos que firman los agentes privados. La creación de instituciones formales conlleva gastos asociados a su aplicación y cumplimiento. Estos gastos se han denominado costos de transacción. Cuando estos costos son excesivamente altos, las reglas pueden ser ineficientes, en el sentido de impedir la mejor utilización de los factores productivos. Las instituciones informales son convenciones y códigos de comportamiento que provienen de la información transmitida socialmente, es decir por herencia cultural. Si bien las instituciones informales no se diseñan consciente y deliberadamente, son funcionales pues permiten resolver problemas reales. Pensemos, por ejemplo, en la utilidad que tiene que los padres se preocupen económicamente por el bienestar de sus hijos y que posteriormente los
2 hijos se preocupen por sus padres durante la vejez. Esta es una convención extremadamente útil que permite coordinar mejor la interacción entre varias generaciones. De hecho, resultaría extremadamente costoso reglamentar cada aspecto de la interacción humana. Al hablar de instituciones es importante distinguir entre instituciones y organizaciones. Las organizaciones son entidades, como el senado, las cooperativas, los clubes sociales, las universidades, entre otros. En palabras de North (1990 p4-5), las instituciones son las reglas y las organizaciones son los jugadores. El propósito de las reglas es definir la forma de juego y resolver los conflictos de interés que surgen de las interacciones sociales. Sin embargo, el objetivo de los jugadores es ganar el juego dentro del marco de reglas. Dado que las instituciones son un concepto abstracto, es necesario focalizar la discusión en aquellas instituciones que son fundamentales para el crecimiento económico. En este capitulo comparamos el desarrollo institucional colombiano con el de otros países en dimensiones muy concretas, sin incursionar en otras instituciones que pueden ser decisivas para otros objetivos diferentes al crecimiento. Por ejemplo, la vitalidad de una economía depende de la calidad de las políticas que adoptan las autoridades. Sólo unas buenas instituciones políticas son capaces de producir buenas políticas. En este capítulo se discute el desarrollo institucional colombiano, en un contexto internacional. 2.2
Instituciones políticas
Las instituciones políticas son fundamentales para el funcionamiento de la economía. Aunque son muchos los vasos comunicantes entre política y economía, uno de los más importantes se relaciona con la calidad en el diseño y la implementación de las políticas, que depende crucialmente de las instituciones que delinean la forma como interactúan los principales actores políticos en una sociedad. Las políticas pueden ser estables o inestables, buscar el bien común o beneficiar a sectores específicos, pueden ajustarse a los cambios en el entorno económico o ser rígidas e inflexibles. Todo esto es decisivo para el funcionamiento de la economía. Payne et al (2003) asegura que un sistema democrático legítimo, representativo y eficaz es indispensable para implementar políticas públicas eficientes y duraderas que permitan un desarrollo equitativo y sostenible. En su estudio, que incluye 18 países latinoamericanos y cubre el período 1978-2000, evalúa diferentes indicadores entre los que se incluye el grado de satisfacción y apoyo a la democracia de Latinobarómetro (ver Gráfico 2-1). En el caso de Colombia, un 46% de los encuestados expresó su apoyo a la democracia en 2004, por debajo del promedio latinoamericano (53%). Sin embargo, Colombia presenta niveles muy similares al resto de países andinos a excepción de Venezuela, cuya democracia tiene más apoyo popular. Sin embargo, debido a que ese descontento puede ser causado por factores ajenos al control gubernamental, en el estudio se incluye una medida de confianza en las organizaciones políticas democráticas del período 1996-2001 (Cuadro 2-1), que muestra que a excepción del poder judicial, los colombianos confían menos en sus organizaciones políticas que el resto de Latinoamérica (que a su vez se encuentra por debajo de los valores presentados en Europa Occidental). Esta falta de confianza también se refleja en la participación electoral. Llos datos expuestos en el Gráfico 2-2 no sólo muestran que Colombia presentó la menor participación electoral en las elecciones presidenciales durante la década del noventa sino que existe una
3 estrecha relación entre la participación electoral y la percepción de integridad del proceso electoral. Por otra parte, se asegura que dada la fragmentación partidista, en Colombia al igual que en Perú los poderes presidenciales derivados del partido son medianamente reducidos, lo que a significado amplios poderes constitucionales legislativos en acción y moderados en reacción. A diferencia de Estados Unidos, México y Paraguay que cuentan con partidos consolidados de mucho poder donde el primer mandatario cuenta con menos poder en la esfera legislativa. Sin embargo, es importante mencionar como excepciones a esta regla Panamá y República Dominicana donde el presidente cuenta con amplios poderes legislativos y partidos relativamente concentrados. El Cuadro 2-2 muestra la relación entre poderes legislativos y poderes de origen partidista para algunos países de América. De acuerdo a Marshall y Jaggers (2002), las elecciones en Colombia siguen reglas claras, abiertas y competitivas. Además, existen múltiples grupos políticos relativamente estables y duraderos que compiten por el poder político. Sin embargo, el gobierno se encuentra en un nivel intermedio entre un poder ejecutivo subordinado y restringido por los grupos de interés.
2.3
Instituciones políticas colombianas
En Colombia, como en muchos otros países, el poder público está divido en tres ramas, que en la práctica actúan como un sistema de pesos y contrapesos (Gráfico 2-3). La rama legislativa promulga las leyes, la rama ejecutiva las lleva a la práctica y la rama judicial aclara controversias y vigila que se cumplan. A los organismos que integran estas ramas se le suman otros, autónomos e independientes, que se encargan de las demás funciones del Estado como son los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), de organización electoral, el Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión. ¿Cómo se diseñan las políticas económicas en Colombia? Durante el Frente Nacional (1958-1974) se restringió el papel del Congreso en la política económica y se aumentó la capacidad de toma de decisiones por parte del gobierno. En la práctica, esto limitó las opciones de política y facilitó la adopción de políticas macroeconómicas que favorecieron el crecimiento económico y el progreso social. Además de no ser populistas, las políticas en esa época se ajustaban rápidamente a los cambios en las condiciones externas. Las reglas del juego político le daban al Ministro de Hacienda mucho poder, quien usualmente no era un político sino un economista profesional. Otros actores importantes eran los gerentes del Banco de la República y de la Federación Nacional de Cafeteros. Dado que los partidos liberal y conservador acordaron compartir el poder, fue posible que los actores clave interactuaran durante periodos largos de tiempo, lo que evitó comportamientos oportunistas y favoreció una perspectiva de largo plazo en la toma de decisiones. Sin embargo, el sistema se hizo insostenible por su naturaleza excluyente. En cierto sentido, hubo cooperación entre quienes estaban por dentro del sistema político, pero con una creciente falta de representatividad y, por ende, legitimidad. Precisamente a raíz de esto, el país se
4 embarcó en 1991 en una profunda reforma a su Constitución, que es la principal institución política de cualquier nación. El diseño de las políticas incluyó a los gremios empresariales, quienes tenían un papel importante en el proceso de toma de decisiones. De hecho, el presidente después de consultar con ex-presidentes, representantes de la iglesia, las fuerzas armadas y los directores de los partidos, usualmente invitaba a los líderes más importantes del sector privado para realizar sesiones consultivas sobre las decisiones de política más importantes, una tradición que sigue vigente. El resultado más importante de la Constitución de 1991 en el proceso de toma de decisiones políticas fue la pérdida de poder del Presidente como dirigente de la agenda política nacional. El cambio en el balance de poder favoreció al Congreso, así como a dos nuevas instituciones creadas por la propia Carta: La Corte Constitucional y la Junta Directiva del Banco de la República. Aunque el Presidente conserva la prerrogativa de iniciar los proyectos legislativos en las áreas más relevantes, el Congreso se involucra cada vez más en la discusión y algunas veces realiza grandes cambios. Debido a que actualmente la economía tiene una mayor orientación de mercado, los gremios han perdido importancia como actores clave. En algunos casos, como el de la Federación de Cafeteros, la disminución de poder ha sido causada por una menor importancia económica de los sectores correspondientes. Como ya se dijo anteriormente, el Congreso ha fortalecido su posición como actor clave en el proceso de toma de decisiones políticas. El paso de legislación a través del Congreso es más difícil como resultado del creciente número de partidos que nacieron a partir de 1991. Adicionalmente, la Corte Constitucional adquirió el estatus de actor fundamental con un verdadero poder de veto en el proceso de toma de decisiones políticas. Esto ha aumentado los costos de transacción del ejecutivo ya que aún si el este logra acordar políticas con el Congreso, es necesario contar con la aprobación de la Corte. Por su parte, la Junta del Banco de la República goza de independencia como autoridad monetaria y cambiaria. Tradicionalmente estas áreas han sido consideradas como de alta especialización, por esta razón ni el Congreso ni las cortes se involucran en la formulación de este tipo de políticas. Sin embargo, la Constitución de 1991 disminuyó la influencia del ejecutivo en las decisiones monetarias, aún cuando actualmente el Ministro de Hacienda preside su junta directiva. El proceso de toma de decisiones políticas en los últimos años también ha estado influenciado por el gobierno estadounidense. Mientras que las relaciones entre los dos gobiernos han sido amables y de apoyo mutuo, los problemas de drogas y conflicto interno han traído un nuevo escenario. C0omo se evidencia con la aprobación del Plan Colombia en 1999. Sin embargo, la influencia del gobierno estadounidense también se ha sentido a través del apoyo al gobierno colombiano en programas económicos. Es importante resaltar que aún cuando existen problemas de orden público, ni las fuerzas militares ni los grupos armados ilegales han alcanzado el estatus de actor limitante. Las fuerzas armadas han estado subordinadas y han apoyado el liderazgo civil. El Presidente ha reemplazado comandantes militares cuando aparecen signos de rebelión y, desde la restauración de la democracia en 1958, la obediencia al Presidente nunca ha sido un problema. Por otra parte, en todos los años de existencia de la guerrilla este movimiento no
5 ha logrado actual como jugador limitante, ni siquiera durante los períodos de diálogos de paz, es probable que esto sea por el poco apoyo popular con el que cuentan estos grupos. ¿Quiénes son los actores más relevantes para el desempeño de la economía? Presidente de la República Como es frecuente en los regímenes presidenciales latinoamericanos, la constitución de 1886 establece un sistema de gobierno altamente concentrado en el Presidente, quien tenía un amplio poder de nombramiento y de manejo del presupuesto. Además, gozaba de privilegios constitucionales, como el mensaje de urgencia (canon legislativo que le otorga facultades al Presidente para agilizar un proyecto legislativo en el Congreso) o el estado de excepción (medida de excepción que le da facultades extraordinarias al Presidente para resolver, a través de decretos, las diferentes alteraciones de orden público, sin necesidad de consultarle al Congreso de la República), que lo convertían en el principal dirigente de la agenda política nacional. Las reformas constitucionales de 1914, 1936 y 1945 intentaron disminuir el poder del Presidente. Sin embargo, la reforma de 1968, durante la presidencia de Lleras Restrepo, fortaleció el control del ejecutivo sobre el presupuesto, le dio facultades al Presidente para cambiar la legislación a través de decretos en áreas clave, decretos-ley durante las crisis y decretos administrativos con mínima revisión judicial. Aunque el sistema todavía es fuertemente presidencialista, la Constitución de 1991 redujo el poder presidencial al eliminar su capacidad de nombramiento de gobernadores, limitar su capacidad de veto a las leyes aprobadas en el Congreso y restringir el uso de los estados de excepción para legislar por decreto. Congreso A lo largo de la historia, la actuación del parlamento colombiano se ha caracterizado por ser reactiva más que proactiva. Esto se debe en gran parte a la falta de recursos y organización, así como al nivel de poder legislativo que tiene el Presidente, es decir, a los incentivos que provee el marco institucional. A través del tiempo ha cambiado su tamaño y composición. Durante los últimos cuarenta años la asignación de curules se ha realizado por el mecanismo de cifra repartidora y por años, las reglas electorales permitieron que múltiples facciones del un mismo partido presentaran listas diferentes1. El resultado ha sido un aumento exagerado en el número de listas (para maximizar la participación de cada partido en el Congreso) y, en el incremento de facciones al interior de los mismos. En 1998, sólo el 5% de los senadores fueron elegidos por cuota y el senador con el menor número de votos elegido con el residuo alcanzó sólo el 40% del número de votos necesarios para la cuota. Esto quiere decir que ese senador representaba menos del 0.1% de la población colombiana. La Constitución de 1991 no introdujo cambios que corrigieran este problema principalmente porque no hubo oposición a las listas pequeñas. Reformó el sistema de elección de senadores al pasar de una circunscripción departamental a una nacional. Sin embargo, esto no mejoró el problema de la fragmentación ni aumentó la representación de intereses nacionales y no regionales en el Senado, como pretendía la reforma. De hecho, los candidatos no buscaron los votos a través de los diferentes departamentos, como inicialmente se pensó, sino que 1
Se calcula dividiendo el número de votos por el número de curules. Las curules primero se asignan a los congresistas que sobrepasaron la cuota, las que quedan se asignan a los candidatos con mayor cantidad de votos hasta completar todas las curules.
6 enfocaron sus esfuerzos en ganar votos regionalmente concentrados. Además, el problema de la fragmentación se agrava aún más si se toma en cuenta que los fondos para las campañas son asignados directamente a los candidatos y no a través de un partido. Esto ha llevado a que en la actualidad existan 72 movimientos registrados en el sistema electoral. Aunque estos movimientos usualmente se encuentran afiliados a un partido, la excesiva fragmentación es una característica del Congreso que tiene un impacto muy importante en el proceso de toma de decisiones políticas. Desde 1945, los congresistas sólo pueden se miembros de un comisión durante su mandato. La asignación de congresistas en comités se realiza a través de un sistema de cuotas, en donde cada congresista representa un voto y necesita cierto número de votos para entrar a cierta comisión. Las comisiones que se encargan de asuntos constitucionales, económicos y presupuestales son las más codiciadas y por esto exigen una cuota más grande. Para facilitar la coordinación, cada partido nombra a un compromisario que, tomando en cuenta la especialidad y popularidad del congresista, determina quién va a qué comisión. Para ingresar a las comisiones preferidas es indispensable ser miembro de un partido. Esto demuestra que, aún con la alta fragmentación y atomización que caracteriza al Congreso, sigue siendo importante la estructura de partido para organizar la actividad legislativa. El bajo número de comisiones tratando temas diferentes (si se compara con más de 35 que tienen México y Argentina, las cuales tienen jurisdicciones compartidas) y la restricción a cambiar de comisión durante el período de mandato, brinda incentivos para la especialización y estabilidad del Congreso. Además, la existencia de un mecanismo único para introducir legislación garantiza reglas claras de juego. El cambio en la tasa de reelección de 10% en 1935 a 50% en los últimos diez años (ver Gráfico 2-4) demuestra el aumento en el grado de profesionalización del Congreso tanto en Cámara como en Senado. Sin embargo, el grado de profesionalización no es igual para todos las comisiones, el Gráfico 2-5 muestra que, en la mayoría de los años, el porcentaje de congresistas reelegidos para el siguiente período en las comisiones más codiciadas es mayor que en al resto de las comisiones. En consecuencia, los miembros de estas comisiones son líderes naturales del Congreso. Partidos Políticos El sistema de partidos en Colombia (dominado por los partidos Liberal y Conservador) se encuentra vigente desde mediados del siglo XIX y es considerado uno de los más antiguos e institucionalizados de América Latina. La pertenencia a un partido ha tenido gran importancia a lo largo de la historia del país, prueba de esto son los períodos de gran violencia originados por la competencia entre partidos. Uno de los últimos episodios finalizó en 1958 y fue el origen del acuerdo bipartidista llamado Frente Nacional. A lo largo de la historia el sistema de partidos ha presentado una alta competencia intrapartidista, coaliciones funcionales en el Congreso y una disciplina significativa en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la falta del voto en bloque desde 1974 y la política de descentralización de principios de los años ochenta así como la Constitución de 1991 incentivaron la proliferación de pequeños partidos y movimientos. En las elecciones de 2002, 45 movimientos obtuvieron por lo menos una curul en la Cámara de Representantes a nivel nacional. Esta competencia intra-partidista ha debilitado el liderazgo político y ha fragmentado la organización partidista. Prueba de esto es el creciente número de listas que
7 participan en las elecciones al Congreso y el aumento en el porcentaje de listas en las que sólo un candidato sale elegido (ver Gráfico 2-6). En 2002, sólo 3 listas, de más de 300, lograron elegir más de un senador. Como mencionamos, la entrega directa de los fondos de campaña a los candidatos y no a los partidos ha aumentado la dispersión, ya que no sólo ha permitido la entrada de un mayor número de candidatos, sino que ha disminuido el costo de abandonar los partidos tradicionales. A esto se le suma el aumento en la disponibilidad de gasto público a nivel local como resultado de la descentralización fiscal. Los congresistas han aumentado su independencia de los partidos y el gobierno central. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los partidos cobran gran importancia cuando se analizan las reglas internas del Congreso, sobre todo durante la asignación de congresistas a las diferentes comisiones, funciones estratégicas (ponentes de un proyecto estratégico) y posiciones jerárquicas (presidentes y vicepresidentes). El presidente de la comisión asigna uno o más ponentes a cada proyecto de ley, quienes a su vez tienen gran poder de negociación, sobre todo en proyectos clave iniciados por el ejecutivo. Finalmente, la posición jerárquica es la que determina qué tanto recibe el congresista (puestos burocráticos, fondos para inversión en proyectos, etc.). Como los privilegios se otorgan por criterio de partido, los congresistas organizan coaliciones de procedimiento lo que implica que las coaliciones después de la elección son muy comunes. Un ejemplo importante es la organización de los movimientos independientes alrededor del Polo Democrático. Antes de 1998, los sectores independientes, aunque representaban el 25% del Congreso, no tenían representación en ninguna de las posiciones codiciadas del mismo. Esta situación cambió con la formación del Polo en 2002. Se puede decir, entonces, que aún cuando la estructura de partidos en el Congreso es horizontal, las reglas internas del Congreso tienen una estructura jerárquica que incrementa su poder de negociación con el ejecutivo. Cortes Desde la Constitución de 1886, la Corte Suprema ha tenido un papel activo no sólo en términos de revisiones constitucionales, sino como mediador para las diferencias que se presentan entre el ejecutivo y el legislativo. Durante el período 1886-1991, el 60% de la legislación que estaba siendo revisada por la corte estaba relacionada con decretos emitidos bajo estado de excepción, de los cuales sólo el 25% fue encontrado inconstitucional. Su función estaba más concentrada en revisar la formalidad de los procedimientos y no tanto su contenido. Las nuevas formas de elección de magistrados y el manejo autónomo del presupuesto de la rama, introducidos por la Constitución de 1991, le han brindado mayor autonomía. La reforma constitucional de 1991 convirtió a la Corte Constitucional en un actor clave en el juego político nacional. La elección de los nueve magistrados es realizada por el Senado a partir de una lista presentada por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Además, la revisión de estatutos importantes, tratados, proyectos relacionados con derechos ciudadanos y decretos emitidos durante los estados de excepción, son revisados ex – oficio. Entre 1992 y 2002 las revisiones a decisiones tomadas por el ejecutivo bajo estados de excepción representó menos del 5% de la legislación revisada por la Corte, lo que evidencia las restricciones que la Constitución impuso al uso de los estados de excepción. Además, el porcentaje de decretos encontrados inconstitucionales aumentó a 35%.
8
2.4
Calidad de las instituciones
Para entender el comportamiento de la economía colombiana es necesario evaluar su grado de desarrollo institucional en diversos frentes. Esta es una tarea compleja debido a que el desarrollo institucional es polifacético, multidimensional y relativamente difícil de medir. Afortunadamente, el enorme interés internacional en esta materia ha dado origen no solo a una copiosa literatura, sino además a múltiples fuentes de información que permiten realizar comparaciones entre países. Resulta pertinente señalar que la mayoría de estos indicadores se construyen a partir de encuestas que, a su vez, reflejan opiniones. Es decir, deben tomarse con cautela. En muchos casos, diferentes fuentes pueden presentar resultados contradictorios entre sí, lo que simplemente reitera que con esta información es relativamente aventurado realizar afirmaciones categóricas. Resultaría imposible realizar una lista exhaustiva de los todos indicadores de desarrollo institucional disponibles. Algunos de los más relevantes para Colombia incluyen, por ejemplo, el índice que proporciona Freedom House que evalúa en nivel de libertad en todos los países desde 1978 y tiene en cuenta el respeto a los derechos políticos y el respeto a las libertades civiles. El índice toma valores de 1 (más libre) a 7 (menos libre). Las libertades se pueden ver afectadas tanto por las acciones del gobierno como la de actores no estatales (i.e. grupos armados y terroristas), que con sus métodos violentos pueden atentar contra las libertades de la población civil. En el caso colombiano, las libertades civiles han recibido una calificación de 4 en la última década, mientas que los derechos políticos se han deteriorado al pasar de un puntaje de 2 en 1993, a 3 en 1995 y 4 desde 1996. Si se comparan estos resultados con otros países de la región se encuentra que en la actualidad Colombia está muy por debajo de países latinoamericanos como Chile y Uruguay (que presentan puntajes de 1 en el índice agregado) e incluso del resto de países andinos (3.2). Otro indicador de interés es el índice desarrollado por el Fraser Institute que evalúa el sistema legal y, más específicamente, la forma como se protegen los derechos de propiedad en conjunto. En una escala de 0 (peor) a 10 (mejor), Colombia aparece con un puntaje de 3.3, por debajo del promedio latinoamericano (3.8). Sin embargo, si se consideran por separado algunos aspectos institucionales como la independencia del sistema judicial, la imparcialidad de las cortes y la protección a la propiedad intelectual el balance no es tan negativo (Cuadro 2-3). Uno de los indicadores más frecuentemente utilizados en la literatura es el denominado International Country Risk Guide (ICRG) que mide el riesgo económico, político y financiero de 140 países (Cuadro 2-4). Si se evalúan de forma desagregada algunos componentes del índice de riesgo político se encuentra que Colombia se califica muy bien en cuanto a la ausencia de golpes de estado y perfil de inversión, tiene una calificación media en cuanto a rendición democrática de cuentas, corrupción y calidad burocrática. Contrasta su calificación en calidad del estado de derecho y conflicto interno que es bastante pobre y que convierte a Colombia en uno de los países más riesgosos del mundo, por lo menos desde este punto de vista. De hecho, sólo 19 países tienen mayor riesgo político, entre los que se incluye a Venezuela, además de algunos países africanos y asiáticos. De acuerdo al Global Competitiveness Report, que reúne una muestra total de 102 países, Colombia aparece relativamente bien calificado en el índice agregado de competitividad en comparación con
9 otros países de la región (Cuadro 2-5). Este índice mide la calidad del ambiente macroeconómico, las organizaciones y la tecnología. Scartascini y Olivera (2003) resumen la información del Global Competitiveness Report, Polity IV, y el Economic Freedom Index para dar una idea general del ambiente en el cual se hacen las políticas económicas en los diferentes países del mundo. Evalúan diferentes aspectos entre los que se encuentran la estabilidad o volatilidad de las políticas, es decir la capacidad de mantener las políticas a pesar de cambios políticos. También evalúan su flexibilidad o rigidez, la cual se encuentra asociada a la capacidad de adaptarlas frente a cambios económicos. A menudo cuando se presentan cambios inesperados en el ambiente económico o social, la rigidez de las políticas no permite que se implementen políticas óptimas para contrarrestar el problema. Además, se tienen en cuenta la coordinación y coherencia de las políticas las cuales se encuentran relacionadas con el número de agentes que tienen poder de veto. Si este número es alto, es posible que las políticas sean menos coherentes al obedecer a un mayor número de intereses. De acuerdo a lo anterior, Colombia presenta volatilidad media en sus políticas económicas por encima de países como México y Uruguay pero muy por debajo de Bolivia. Sin embargo, al igual que en Argentina, Bolivia y Venezuela, en Colombia los nuevos gobiernos no tienden a respetar los acuerdos previos como sí es el caso Uruguay y Chile. Adicionalmente, existen cambios inesperados en las políticas, los costos del cambio institucional son elevados y junto a México se encuentra entre los países con mayor discrecionalidad en las políticas (menor número de jugadores con poder de veto). Finalmente, aunque la calidad de las políticas se encuentra en niveles similares a otros países de la región la competencia de sus trabajadores oficiales, comparados con el sector privado, es la más alta entre los países de la muestra. Desde 1996, el Banco Mundial ha realizado esfuerzos con el fin de proporcionar una herramienta confiable que permita medir los niveles, cambios y tendencias globales de gobernabilidad en el mundo, definida como el ejercicio de la autoridad a través de tradiciones e instituciones para el bien común. Dentro de este programa, Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2003) evalúan la percepción de las personas en más de 186 países sobre aspectos tales como: (a) el proceso por el cual se seleccionan y reemplazan autoridades (voz y rendición de cuentas externa, estabilidad política y ausencia de violencia, crimen y terrorismo), (b) la capacidad del gobierno de formular e implementar políticas sólidas (efectividad del gobierno y ausencia de carga regulatoria) y, (c) el respeto del Estado y la población civil a las instituciones que gobiernan la interacción entre ellos (calidad del estado de derecho y control de corrupción). Las fuentes incluyen encuestas directas, firmas calificadoras de riesgo, centros de investigación, agencias del gobierno y organizaciones internacionales. De acuerdo con los autores, los países que tiene un desempeño relativamente pobre en la calidad del estado de derecho y el control de la corrupción tienen un ingreso por habitante cuatro veces menor que los países que tienen un desempeño simplemente promedio en esas dimensiones. Esto pone de presente la relevancia del tema para el desarrollo económico. El Gráfico 2-6 muestra de forma desagregada la posición relativa de Colombia en 2002 al evaluar los tres aspectos de gobernabilidad mencionados anteriormente. El índice de voz y rendición de cuentas externa muestra que Colombia ocupa el lugar 62 de menor a mayor puntaje entre los 186 países. Esto quiere decir que existen problemas de respeto a las libertades civiles, derechos políticos (como el acceso a participar el la elección del gobierno) e independencia de los medios de comunicación.
10 El indicador de estabilidad política y ausencia de violencia, crimen y terrorismo es el más desalentador, pues muestra que Colombia se encuentra entre los 10 países más inestables políticamente, sólo sobrepasado por algunos países africanos, además de Afganistán y Georgia. El resultado es bastante preocupante pues evalúa la probabilidad de que el gobierno de turno sea desestabilizado y destituido por medios inconstitucionales y/o violentos, además de incluir violencia intrafamiliar y terrorismo. Dado que en Colombia la tradición democrática ha sido ejemplar –en los últimos 50 años ningún gobierno ha sido derrocado por medios violentos- es claro que le pobre desempeño en este frente está asociado a los altos índices de criminalidad más que a otros fenómenos. Colombia alcanza un mejor puesto (89 de menor a mayor) en el índice de efectividad del gobierno -que tiene en cuenta aspectos como la provisión de servicios públicos, la calidad de la burocracia, la competencia de los trabajadores públicos, la independencia de los servicios civiles de presiones políticas y el compromiso del gobierno en las políticas-. Aunque el gobierno tiene limitaciones para implementar buenas políticas y proporcionar bienes públicos, su posición en este campo es intermedia. En contraste, Colombia aparece mejor calificado -puesto 104- en materia regulatoria. Esto quiere decir que las políticas de mercado, supervisión bancaria y ausencia de regulación excesiva en áreas de comercio y desarrollo empresarial, la situación del país no es óptima pero es superior a la de la mayoría. Adicionalmente, el índice de calidad del estado de derecho, que sitúa a Colombia en el puesto 53, indica que los agentes tienen poca confianza relativa en las reglas sociales. Esto incluye aspectos como la incidencia del crimen, la efectividad y predecibilidad del sistema judicial y la capacidad de hacer cumplir contratos. Esto resume el grado de protección de los derechos de propiedad. De otra parte, Colombia se encuentra en el puesto 76 según el índice de control de la corrupción, lo que sugiere problemas en este frente aunque no tan graves como los de muchos otros países. Calificar el grado de desarrollo institucional colombiano no es una tarea fácil. No cabe duda que la existencia de un conflicto interno armado deteriora sustancialmente muchos de estos indicadores, especialmente los relacionados con el imperio de la ley, las libertades civiles, la defensa de los derechos de propiedad y la criminalidad. Sin embargo, puede afirmarse que en otros indicadores que miden la efectividad de las políticas, la calidad de la burocracia, la corrupción y el funcionamiento de la democracia, entre otros, la mayoría de indicadores se encuentra cerca o marginalmente por debajo de la media internacional. El tipo de intervención que hace el Estado en la economía en aspectos como la regulación y la supervisión aparece muy favorablemente calificado. 2.5
Conflicto Interno Armado
Aunque los conflictos civiles han sido una constante en la historia de Colombia, como la “Guerra de los mil días” (1899-1902) y el período de “La Violencia” (1946-1953), sólo hasta mediados de la década de los sesenta se comenzaron a presentar los orígenes de lo que se conoce hasta hoy como el Conflicto Interno Armado (CIA). El sistema político imperante desde 1958 hasta 1974, derivado del acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores conocido como el Frente Nacional-, había limitado los canales de participación política a algunos sectores entre los que se encontraba la izquierda. En parte como respuesta a esta exclusión y a los elevados niveles de concentración de la propiedad de la tierra, durante esa época se comenzaron a formar grupos guerrilleros de origen campesino en las áreas rurales
11 localizadas donde había poca presencia del Estado. Estos grupos han evolucionado desde entonces en términos de su presencia en el territorio y su fortaleza miliar. No cabe duda que existe una relación de doble vía entre la calidad de las instituciones colombianas y la existencia del conflicto interno armado, cuyos orígenes son materia de intenso debate. Sin entrar en la discusión histórica, el conflicto se intensificó a partir de los años ochenta cuando precisamente el narcotráfico se expandió de manera muy significativa en el país. La evidencia acerca de los estrechos vínculos que existen entre los grupos armados ilegales y el narcotráfico es contundente. El surgimiento de Colombia a finales de los años setenta como uno de los mayores productores de drogas ilícitas en el mundo dividió la historia del país en dos. La producción de cocaína aumentó de menos de 100 toneladas en 1980 a más de 500 toneladas en 1999, el área sembrada con cultivos ilícitos pasó de menos de 20.000 hectáreas en 1980, a casi siete veces más en 2000. Estas tendencias reflejan el dinamismo de la sustitución de importaciones de pasta de coca proveniente de Bolivia y Perú que pasó a ser producida en amplias regiones del territorio nacional. Puesto en términos muy simples, Colombia se convirtió, en dos décadas, en el mayor abastecedor de cocaína en el mercado mundial (Gráfico 2-7). Hasta la década pasada, el negocio estuvo esencialmente en manos de los carteles de Medellín y Cali, con una gran influencia en la política regional y nacional. Los ejércitos privados de los carteles (que más adelante se convirtieron en grupos paramilitares) los protegían de ataques internos, extradición por parte de las autoridades y secuestro por parte de la guerrilla. El gobierno colombiano, con el apoyo del gobierno estadounidense, implementó una estrategia para capturar al los jefes de los carteles, como medio para acabar con el problema. Sin embargo, debido a esto los grupos guerrilleros y paramilitares se apropiaran del negocio una vez los jefes fueron capturados a comienzos de los años noventa. Las FARC ganaron militarmente el control de mercado de las drogas ilícitas, al tiempo que incrementaron los ingresos derivados del secuestro y la extorsión. Los paramilitares adoptaron una estrategia similar y se fueron independizando de los carteles de la droga. De la mano con la expansión del narcotráfico, la tasa de homicidios aumentó exponencialmente durante la década de los ochenta. El Gráfico 2-8 muestra la evolución de la tasa de homicidios (número de homicidios por 100.000 habitantes), la cual pasó de 30 en los años sesenta y setenta, a 50 durante los ochenta y a 77 durante los noventa. Las comparaciones internacionales muestran que muy pocos países tienen tasas superiores (Gráfico 2-9). La fuerte relación entre criminalidad y narcotráfico sugiere que la extracción de rentas provenientes de esta actividad ha fortalecido la capacidad militar de los grupos insurgentes. Por ejemplo, Collier (2002) afirma que los factores económicos, como la dependencia de las exportaciones de bienes primarios, bajos promedios de ingreso, crecimiento lento y diásporas largas, predicen acertadamente las guerras civiles y los conflictos armados. Los grupos armados ilegalmente dependen críticamente de rentas para poder alcanzar sus objetivos. En el contexto colombiano, el comportamiento predatorio de los grupos insurgentes en sus regiones de influencia ha sido documentado por Rangel (2000). Nadie pone en duda que la expansión de los grupos insurgentes durante la década de los ochenta y noventa –tanto en términos de habilidad de reclutamiento como en sofisticación de sus armas- ha estado basada en los recursos provenientes del narcotráfico. Además, la expansión de estas actividades no sólo tiene un impacto directo sobre el crimen, sino que actúa indirectamente a través de la congestión del sistema judicial y la consecuente reducción en la probabilidad de castigo.
12 Además, el cambio en los valores morales y la difusión de las tecnologías del narcotráfico tienen un efecto en el nivel general de delincuencia. 2.6
Impacto económico del deterioro institucional
La desaceleración del crecimiento económico en Colombia está relacionada con la intensificación del conflicto interno y el crecimiento del narcotráfico. El conflicto no solo dificulta la realización de proyectos de inversión, sino que además destruye capital humano y físico existente. Más grave aun, a través del deterioro de la infraestructura social genera una ambiente poco propicio para las ganancias en productividad, tal y como vimos en el capitulo anterior. Dada la importancia de este problema para Colombia, en los últimos años ha surgido una amplia literatura que intenta cuantificar los costos económicos del conflicto y la lucha contra el narcotráfico. Levitt y Rubio (2004) realizan una revisión bibliográfica y analizan el impacto del crimen sobre la eficiencia. Para ello, proponen tres categorías. Primero, los estudios sobre gasto público y privado para prevenir y controlar el crimen. Segundo, los documentos sobre el impacto de la violencia en el capital físico o humano y, por último, las investigaciones sobre el impacto del crimen en la inversión agregada y el crecimiento de la productividad. A continuación se presentan algunos de los hallazgos más importantes. Desviación de recursos para prevenir y controlar el crimen Para atender los costos de prisiones, el cuerpo judicial, la policía, las fuerzas militares y los sistemas privados de seguridad es necesario destinar un monto importante de recursos, cuyo impacto económico es ambiguo. Por un lado, existe un impacto negativo directo a través de la desviación de recursos de actividades productivas como la inversión y las exportaciones. Por el otro lado, existe un efecto positivo indirecto ya que una vez terminada la guerra se ahorraría el costo del conflicto. El gasto militar en Colombia ha tenido una tendencia ascendente desde 1926 cuando representaba alrededor de 0.5% del PIB hasta alcanzar niveles cercanos al 4.5% del PIB, un punto porcentual por encima de los países de la región. La información sobre gasto privado en seguridad y protección es escasa. El crecimiento de guardias privados ha sido mayor que el de los policías (de 2.5 policías por guarda en 1980 a un policía por guarda en 1995). Se estima que la sociedad colombiana gasta anualmente 15% del PIB en vigilancia privada, autodefensa y seguros para protegerse de las agresiones tanto de la guerrilla como de la delincuencia común. Esto sin tener en cuenta el impacto de la protección privada de pandillas, que son una forma de crimen organizado. El aumento del gasto militar ha ido de la mano del incremento de las guerrillas, más que de la tasa de homicidios. Es decir, el crecimiento del gasto militares es atribuible a los mayores recursos y la a mayor eficiencia en el accionar de los grupos armados. Sin duda, estos gastos han deteriorado la situación fiscal del país y explican en parte el constante aumento en la tributación en los últimos años. Con todo, la evidencia internacional sugiere que si bien un mayor gasto en defensa tiende a disminuir la inestabilidad sociopolítica de un país, ejerce una débil influencia negativa sobre el crecimiento económico. En el caso colombiano, algunos estudios han refutado esta tesis, argumentando que el gasto militar como parte de una
13 estrategia de defensa, tiene efectos expansionistas permanentes en el producto, la inversión y el consumo (Arias y Ardila, 2003). Destrucción y daño al capital El costo del conflicto incluye la destrucción de capital humano, que pueden tomar múltiples formas (fuga de cerebros, aumento en la mortalidad y desempleo). La pérdida de capital humano se ha estimado en un monto entre 1% y 4% del PIB por año. La violencia ha acelerado la pérdida de años de esperanza de vida, especialmente para hombres jóvenes debido a los homicidios la población masculina ha perdido 1.66 años, entre estos, los hombres entre los 25 y 49 años presentan el mayor detrimento (1.31 años)-. Por otra parte, el conflicto ha generado un desplazamiento interno de la población que, presenta niveles más altos de mortalidad y morbilidad que el resto de la población. Las estimaciones muestran que la probabilidad de morir a la edad de 3, 5, 15 y 20 años son diez veces más altas en la población desplazada que en la población total o en la población que migra por opción propia. Además, si Colombia presentara condiciones iguales al promedio latinoamericano, se esperarían 3,500 muertes infantiles menos por año. Una segunda dimensión de la destrucción de capital tiene que ver con el daño a la infraestructura (petróleo, electricidad, aeropuertos, carreteras), así como al medio ambiente. La estimación de costos usualmente se refiere al costo de reparación. Aún con estas subestimaciones los costos ascienden a 1% del PIB por año. Se afirman que entre 1990-1998 los costos directos brutos de la violencia ascendieron a $3.2 billones anuales, equivalentes a un promedio anual de 4.5% del PIB. De acuerdo con Castro et al. (2002), en términos de oportunidad, si estos recursos se destinaran a la educación, en un sólo año se podría cubrir a toda la población infantil menor de 10 años que se encuentra por fuera del sistema escolar (1.118.000 niños), solucionar el déficit de vivienda del país en solamente tres años o, con los recursos de dos años, alcanzar las metas de exploración, desarrollo y producción de petróleo previstas para el próximo cuatrienio. Algunos esfuerzos se han realizado tendientes a mostrar cómo el crimen afecta la inversión en capital humano. Primero se encuentra el efecto del reclutamiento de personas jóvenes por parte del crimen organizado y el impacto que el conflicto armado tiene en los niños. Por otra parte, encuestas nacionales estiman que 14% de los estudiantes de colegios nocturnos se retiran por razones de seguridad y que los trabajos de turno nocturno para gente joven se han reducido en casi 30%. Se estima que la violencia pudo reducir el crecimiento del PIB en un 40% frente a un escenario con estabilidad política. Una reducción del 10% en la tasa de criminalidad tendría un impacto de 1,2% anual sobre la tasa de crecimiento. Además, si los costos derivados de la violencia se invirtieran en actividades productivas, el producto crecería en un 1,7% adicional. Esta tesis es contrarestada por otros estudios que señalan que debido a la adaptación de los agentes al conflicto y, a la dificultad de movilidad de los grupos guerrilleros en zonas planas y bastante integradas a los centros de desarrollo nacional (donde se desarrolla gran parte de la agricultura comercial colombiana) los costos del conflicto en términos de crecimiento parecerían no ser tan altos.
14 Referencias Arias, Andrés F. y Laura Ardila. (2003). “ Military Expenditure And Economic Activity: The Colombian Case.” Documento CEDE 2003-20. Universidad de los Ándes. Castro, Manuel, Jorge Arabia y Andrés Celis. (2002). “ El Conflicto Armado: la estrategia económica de los principales actores y su incidencia en los costos de la violencia 1990 – 1998”. Mimeo. DNP. Collier, Paul. (2002). “ Primary Commodity Dependence and Africa’s Future.” Working Paper. World Bank. “ Economic Freedom of the World: 2004 Annual Report.” The Fraser Institute. 2004. “Freedom in the World 2004: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties.” Freedom House. 2004. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. “Global Competitiveness Report 2004.” World Economic Forum. 2004. “Informe – Resumen Latinobarómetro 2004 Una década de mediciones.” Corporación Latinobarómetro Santiago de Chile. 2004. “ International Country Risk Guide.” PRS Group. 1995. Kaufmann, Daniel., Aart Kraay y Massimo Mastruzzi. (2003). “ Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002.” Development and Comp Systems 0308001, Economics Working Paper Archive at WUSTL. Levitt, Steven y Mauricio Rubio (2004). “Understanding Crime in Colombia and What Can Be Done About It”. Marshall, Monty y Keith Jaggers (2002). “Polity IV Project. Integrated Network for Societal Conflict Research Program and Center for International Development and Conflict Management”. Disponible en www.Cuidcm.umd.edu/incr.polity North, Douglass. (1990). “Institutions, Institutional Change and Economic Performance.” Cambridge University Press. Payne, Mark, Daniel Zovatto, Fernando Carrillo y Andrés Allamand (2003). “La política importa, democrácia y desarrollo en América Latina.” BID Rangel, A. (2000). “ Parasites and Predators: Guerrillas and the Insurrection Economy in Colombia.” Journal of International Affaires, 577 -601. Scartascini, Carlos y Mauricio Olivera (2003) “Political Institutions, Policymaking Processes and Policy Outcomes: A Guide to Theoretical Modules and Possible Empirics” Mimeo, Research Department, Inter-American Development Bank.
15
Cuadro 2-1: Confianza en las organizaciones políticas democráticas 1996-2001 País
Poder Partidos legislativo políticos
Uruguay Chile El Salvador Costa Rica Honduras Venezuela Panamá México Paraguay Brasil Nicaragua Guatemala Perú Colombia Argentina Bolivia Ecuador America Latina Europa Occidental
Cuadro 2-2: Relación entre poderes legislativos y poderes de origen partidista Poderes constitucionales legislativos
Poderes presidenciales derivados del partido Med. reducido
Amplio acción y reacción
Muy reducido Ecuador Chile
Amplio acción / moderado reacción
Brasil
Perú Colombia
Moderado acción / amplio reacción
Med. amplio
Muy amplio
Panamá R. Dominicana
Moderado acción / moderado reacción
Bolivia El Salvador
Moderado acción / reducido reacción
Uruguay
Argentina Guatemala Nicaragua Venezuela
Reducido acción / moderado reacción
México Estados Unidos
Paraguay
Reducido acción y reacción
Costa Rica
Honduras
Fuente: Payne et al (2003) La Política Importa
16
Cuadro 2-3 : Sistema legal y derechos de propiedad (2004) Independencia Protección a la Sistema legal Imparcialidad Militares en del sistema propiedad Ley y orden y derechos de de las cortes política judicial intelectual propiedad 7,8 7,7 8,7 8,3 8,3 8,2 6,0 5,7 5,2 6,7 8,3 6,4 1,5 2,3 2,7 8,3 5,0 4,0 3,5 4,2 4,0 3,3 1,7 3,3 1,5 2,0 2,8 3,3 5,0 2,9 1,2 1,8 1,2 5,0 5,0 2,8 0,3 0,5 2,2 1,7 3,3 1,6
País United States Chile Peru Colombia Ecuador Bolivia Venezuela TOTAL Latinoamérica Andinos
5,0 2,8 1,6
4,9 3,0 2,2
4,8 3,5 2,6
6,7 5,5 4,3
6,2 4,4 4,0
5,5 3,8 2,9
Fuente: Free the World 2004
Cuadro 2-4: Riesgo político, económico y financiero Riesgo
Hace 1 año
Mar-04
Índice Puesto
Índice Puesto
En 1 año Peor Caso Mejor Caso
En 5 años Peor Caso Mejor Caso
Político (x)
53,5
121
53,5
121
51,0
61,5
50,0
70,5
Financiero (y)
33,5
95
36,0
82
33,0
37,0
30,0
39,0
Económico (z)
33,0
96
34,0
95
30,0
34,0
28,0
38,0
Agregado (x+y+z) / 2
60,0
109
61,8
107
57,0
66,3
54,0
73,8
Alto
Moderado
Alto
Bajo
Banda de riesgo
Moderado
Moderado
El índice de riesgo político toma valores de 0 a 100 donde mayores valores indican menor riesgo; los índices de riesgo económico y financiero toman valores de 0 a 50 Fuente: The PRS Group- International Country Risk Guide
Cuadro 2-5: Comparación calidad en las instituciones públicas (2003-2004) País
Rango instituciones Rango subíndice de Rango subíndice públicas contratos y leyes de corrupción (1) + (2) (1) (2) 2003 2003 2003 17 17 24 19 29 13 60 79 44 54 76 37 89 100 66 80 89 63 79 85 70
De un total de 102 países. *Incluye los índices de: ambiente macroeconómico, instituciones públicas y tecnología. Fuente: Global Competitiveness Report 2003-2004
17 Gráfico 2-1: Apoyo (a) y satisfacción (b) con la democracia (2004)
Gráfico 2-2: Relación entre la participación electoral en elecciones presidenciales y la percepción de la integridad del proceso electoral (1999-2000)
Nota: El porcentaje que percibe las elecciones como "limpias" es el promedio de las respuestas obtenidas en cada país en las encuestas de opinión de Latinobarómetro del período 1999/2000. Fuente: Payne et al (2003) - La política importa
18
Gráfico 2-3: Estructura del estado después de 1991 E S TA D O R am as
Ó rg an os
L eg is lativa
E jec u tiva
J u d ic ial
C on g res o
P res id en te
O rg an iz ac ió n E lec toral O tros
C orte S u p rem a d e J u s tic ia
C á m ara d e R ep resen tan tes
M in istros
C orte C on s titu c ion al
S en ad o
V ic ep res id en te
Ju ris d ic cion es E s p ec iales
D e C on trol
C on s ejo S u p erior d e la J u d ic atu ra
C on traloría P roc u rad u ría
D efen s oría d el P u eb lo
F is calía G en eral d e la N ac ió n C on s ejo d e E s tad o Fuente: P residencia de la R epública
Gráfico 2-4: Tasas de reelección en el Congreso 1935-1998 70 Senado
Cámara de Representantes
60
40 30 20 10
Source: Archer, Ronald (1995)
1998
1994
1991
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1949
1947
1945
1943
1941
1939
1937
0 1935
Porcentaje
50
19
Gráfico 2-5: Porcentaje de congresistas elegidos en el siguiente período 1970-1998 Constitucionales (senado)
Tributarios (senado)
Presupuestales (senado)
Senado
Tributarios (cámara)
Presupuestales (cámara)
Constitucionales (cámara)
Cámara de Representantes
80 70
Porcentaje
60 50 40 30 20 10 0 1970
1974
1978
1982
1986
1990
1991
1994
1998
Fuente: Author's Calculation - Data from Gacetas del Congreso
Gráfico 2-6: Número de listas inscritas y porcentaje de listas en las que salió elegido sólo un candidato (1974-2002) Senate
House
Senate (%)
House (%)
1000
100
900 90
700
80
600 500
70
400 60
300 200
50
100 0
40 1974
1978
Fuente: Pizarro, E. (2001).
1982
1986
1990
1991
1994
1998
2002
Porcentaje
Número de listas
800
20
Gráfico 2-7: Indicadores agregados de gobernabilidad -2002 3 2
Índice de voz y rendición de cuentas externa 2002 3
Alto
Índice de estabilidad política y ausencia de violencia, crimen y terrorismo 2002 Alto
COLOMBIA
2 1
-1
-1
-2
-2
Bajo
199 Países
-3
Alto
Índice de efectividad del gobierno 2002
Índice de ausencia de carga regulatoria 2002 3
2
Índice
1
-1
-2 Bajo
195 Países
-3
Índice de calidad del estado de derecho 2002
3
Alto
195 Países
Bajo
Alto
Índice de control de corrupción 2002
2
2
1
0
Índice
COLOMBIA
1 Índice
0 -1
-2
0 -1
-1 -2 Bajo -3
COLOMBIA
COLOMBIA
Índice
0
3
Alto
2
1
-3
186 Países
Bajo
-3
COLOMBIA
3
0
COLOMBIA
0
Índice
Índice
1
195 Países
-2 Bajo -3
195 Países
Fuente: "Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002 " por Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi, 2003. Nota: Los puntos azules representan la estimación para los indicadores de gobernabilidad de 2002. Las líneas verticales representan el error estándar de las estimaciones de cada país en la muestra mundial.
21
Gráfico 2-8: Evolución de la producción de cocaína en Bolivia, Perú y Ecuador (19902003) 400.000
Colombia
Peru
Bolivia
350.000
300.000 77.000
89.800
Toneladas
250.000 17.100 200.000
150.000
50.790 223.900
196.900
266.200
100.000 168.000 50.000 45.300 0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: UNODC
Gráfico 2-9: Tasa de secuestros y homicidios en Colombia 1964-2003 (por 100.000 habitantes)
22
Gráfico 2-10: Comparación internacional de la tasa de homicidios de finales de los noventa hasta 2003 (100.000 hab.) 160
150
150
Tasa de homicidios (100.000 hab.)
140 Finales de los 70 / principio de los 80
120
Finales de los 80 / principios de los 90
97
100
90
Finales de los 90 / hasta 03
78
80
60
40
41
35
35
33
21
20
20
12
18
18
10
15 12
1314
12
2
12 2
11 5
2
6
15 10 1110
6
9
4
5
6
3 4
5 4
Uru
Par
3
0 Gua
Sal
Col
Jam
Bra
Nic
Mex
Ven
T&T R.Dom
Per
Pan
Ecu
Fuente: Organización Panamericana de la Salud(OPS), BID, National Center for Health Statistics, CEJA
EU
Hon
Arg
C.Ric
Chi
1
TEXTO BÁSICO SOBRE ECONOMÍA COLOMBIANA MAURICIO CÁRDENAS, Fedesarrollo ROBERTO JUNGUITO, Fedesarrollo
CON LA COLABORACIÓN DE MARÍA FERNANDA ROSALES
CAPÍTULO 3 EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA:
3.1
EL GASTO PÚBLICO
El sector público en la economía: ¿Por qué debe intervenir el Estado en la economía?
Este capítulo discute el papel del sector público en la economía y, particularmente, los temas relacionados con la función y la estructura del gasto público. Tal como lo indica la literatura, aunque exista plena convicción que la economía marcha mejor cuándo las decisiones económicas se toman por la iniciativa privada y bajo reglas de amplia competencia en todos los mercados, hay razones que justifican un mínimo de intervención o dirección del Estado en la actividad económica, pues dejado por si solo no siempre los mecanismos de mercado llevan a la estructura más deseable de la producción de bienes y servicios de un país. El gobierno debe garantizar a los ciudadanos la seguridad a través de los servicios de defensa y los derechos de propiedad mediante el sistema judicial. Por medio de la policía y el ejército, el Estado provee seguridad y protege a su población de guerras y conflictos internos. A través del sistema judicial, que comprende las leyes y las decisiones de las cortes, el estado respalda y garantiza el cumplimiento de los contratos que pacta el sector privado y además castiga los abusos de poder y corrupción dentro del mismo sector público. El Estado a través del órgano Legislativo del poder público, o sea del Congreso, debe expedir las leyes y el órgano judicial, por medio de las Cortes, debe propender porque estas se cumplan. Una segunda función del estado es buscar la competencia en los mercados, vigilando la libre entrada y salida de firmas en la producción de bienes y servicios. El gobierno debe impedir que un solo productor o monopolista, o unos pocos, denominados oligopolistas, controlen indebidamente el funcionamiento del mercado ya que esto afecta el bienestar de los consumidores. Ello no siempre es posible. Existen situaciones en las que es difícil evitar la conformación de “monopolios naturales” como en el caso de los teléfonos, el agua, la electricidad y el transporte. Estas industrias se caracterizan por la presencia de ventajas de un mayor tamaño (rendimientos crecientes a escala), lo que conduce a que los costos de producción promedio disminuyan a medida que aumenta el nivel de producto. En este tipo de empresas
2 resulta ineficiente instalar dos redes para proveer el servicio a un mismo sector. Para evitar abusos de los monopolistas, por ejemplo, cuándo pretendan cobrar tarifas muy por encima de los costos, el Estado podría intervenir a través de la regulación de los precios. Es común encontrar que este tipo de servicios sean prestados directamente por entidades del Estado en Latinoamérica. Una tercera tarea del gobierno es la provisión de bienes que benefician ampliamente a la sociedad y que, por su carácter, no sería apropiado que se produjeran directamente por el sector privado. Estos se refieren, en primer lugar, a los bienes públicos, como la seguridad nacional y el adecuado medio ambiente, que el mercado privado no está, por si sólo, en capacidad de proveer en el volumen que la sociedad encuentra deseable por su carácter de no ser excluyentes. Esto significa que el consumo de ese bien no excluye que otra persona lo pueda disfrutar igualmente sin tener que pagar por el. Adicionalmente, los bienes públicos son no rivales, es decir, el consumo por parte de un individuo no reduce el consumo por parte de otro. También existen los denominados bienes meritorios que son aquellos servicios como la educación, la salud y el derecho a recibir una pensión digna a la vejez que, si bien cada persona puede adquirir pagando o cotizando el servicio correspondiente, a las sociedades les resulta de inmenso beneficio que se provean en niveles mínimos para el mayor bienestar colectivo y que, por lo tanto, requieren del apoyo directo del Estado. A este tipo de bienes públicos y meritorios, habría que adicionar otros que por su costo y complejidad no son siempre provistos por el mercado privado sin el concurso del Estado como son los servicios públicos y la infraestructura. El Estado debe propender por facilitar el desarrollo de inversiones de gran escala como son las grandes obras de infraestructura como puertos, puentes, ferrocarriles y carreteras. Al Estado también le corresponde intervenir, por medio de regulaciones, para garantizar que algunos tipos de bienes y servicios que son provistos por el sector privado no tengan costos indirectos para la sociedad. Por ejemplo, existen bienes sujetos a externalidades negativas, es decir que al ser consumidos afectan a terceras personas, por ejemplo la contaminación. En estos casos, es necesaria la acción del estado a través de la regulación. Otros, denominados bienes comunales, son propensos a la sobreexplotación, como la abundancia de peces del océano o la congestión en las carreteras. Con el fin de limitar un exceso de demanda que resulta ser socialmente costosa es conveniente la intervención del estado por ejemplo por medio de la imposición de cuotas de captura o de peajes. El área o campo de la Asignación de Recursos se refiere entonces a la provisión directa o subsidiada de bienes y servicios públicos y meritorios por parte del Estado. También se incluye en esta área la debida intervención del Estado en aquellas actividades desarrolladas por el sector privado y dónde se presentan fallas de mercado (por ejemplo, las carreteras que son bienes rivales pero no excluyentes donde el estado debe intervenir con el uso de peajes) o en otras dónde se requiera la regulación estatal, por ejemplo, para compensar la no existencia de una plena competencia en la producción como es el caso que solo se disponga de una o muy pocas empresas de servicios públicos. Esto lleva a discutir dos aspectos finales de la función de asignación de recursos y que tienen que ver, respectivamente, con la distinción que debe establecerse entre la obligación del Estado de proveer niveles mínimos de estos bienes y su producción. Al decirse que el Estado debe
3 coadyuvar en la provisión de estos bienes, ello no significa que necesariamente estos deban ser provistos por entidades estatales, sino que debe contribuir con recursos para que se ofrezcan en el volumen y nivel mínimo que es más deseable. Su producción, como es el caso de las empresas de servicios públicos o los fondos de pensiones, resulta ser, según la teoría económica y la experiencia reciente, más eficiente cuándo se adelanta por empresas privadas. El segundo aspecto se refiere a la determinación de los niveles mínimos que deben ser prestados y la forma como el gobierno debe fijar las prioridades de los servicios a su cargo. Las constituciones de los países por mandato popular fijan las grandes prioridades de la provisión de bienes públicos. Una cuarta función del estado es proteger a aquellos ciudadanos desamparados, como niños y minusválidos, y garantizar la igualdad de oportunidades a su población y mejorar la distribución del ingreso. Es función del gobierno trabajar por la eliminación de desigualdades y para hacerlo debe garantizar la igualdad de oportunidades sin imponer la igualdad de resultados. En este sentido, también es función del Estado en muchos países el propender por el mejoramiento de la distribución del ingreso, garantizando los derechos a la propiedad y la riqueza Esto se puede buscar a través de la política fiscal al cobrar impuestos más altos a los más ricos y dar subsidios a los ciudadanos de bajos recursos. La acción Distributiva del Estado se refiere, así entonces, a su obligación de intervenir en la actividad económica para lograr que la riqueza y los frutos de la economía sean compartidos por toda la sociedad de acuerdo a las metas y los estándares que la sociedad se fije en su constitución y en los planes y programas de los Gobiernos. Esta es una función esencialmente política. En cuanto a los mecanismos o instrumentos propiamente fiscales de que disponen los gobiernos para ejecutar su función distributiva, cabe destacar que tanto la estructura misma del sistema tributario como la naturaleza y focalización del gasto público se combinan para lograr su incidencia distributiva. Como se analiza en detalle en el Capítulo 4, la incidencia de la tributación depende del tipo de impuestos de que se trate y de la importancia relativa que tienen los directos, particularmente el de renta a personas naturales y sociedades, frente a los indirectos, como los gravámenes al consumo o a las ventas, que normalmente son los más regresivos. De otro lado, el impacto distributivo también se da y de manera más importante aún del lado del gasto público y de su focalización por ejemplo los programas para combatir la pobreza entre grupos específicos de la sociedad.. Una quinta función del estado es la propender por un crecimiento económico con estabilidad de precios. En una economía orientada por la iniciativa privada, las decisiones de cuánto se consume en un año dado y cuánto se ahorra la toman los jefes de hogar y los perceptores de ingreso en las familias. El resultado colectivo o agregado de las decisiones privadas, en gran medida, determinadas por la tasa de interés puede conducir a niveles de ahorro y consumo agregado que no son los más deseables desde el punto de vista de la sociedad lo que exige también la acción correctiva del Estado. El campo de la Estabilización tiene, así entonces, que ver con el uso del endeudamiento público y del presupuesto de gastos para proveer, cuándo ello resulte necesario, un estímulo a la demanda agregada de la economía con el fin de promover el empleo o de reducir la demanda agregada con el propósito de amenguar las presiones inflacionarias que se puedan estar presentando. Cuándo el Gobierno gasta más que lo que consigue de recursos a través de los
4 impuestos da un impulso a la demanda agregada de la economía y contribuye al crecimiento del producto nacional y al empleo. El grado de incidencia sobre la actividad económica y el empleo depende de la capacidad instalada sobrante en la economía. La función de estabilización fiscal también debe cumplir la tarea opuesta, en circunstancias donde se presenta un exceso de demanda, con el objeto de reducir la inflación al ejercer un gasto inferior a los recaudos de impuestos. En estas tareas de estabilización la política fiscal juega una tarea complementaria a la de la política monetaria. Esta se estudia en el Capítulo 5.
5 Recuadro 1: Los bienes públicos y privados
En la economía existen dos tipos de bienes. Los bienes privados son aquellos producidos eficientemente por el mercado como los dulces y helados. Los bienes públicos son aquellos que, o no son suministrados por el mercado o, si lo son, la cantidad suministrada es insuficiente; por ejemplo la defensa nacional o los conocimientos. Un bien público es un bien no excluyente ni rival. No excluyente significa que no es posible impedir que lo utilice una persona. Por ejemplo, cuando un país se defiende de ataques extranjeros, es imposible impedir que una persona goce del beneficio de esta defensa. No rival significa que el uso por parte de un individuo no reduce el uso por parte de otro. Cuando un individuo disfruta de los beneficios de la estrategia de defensa nacional, no reduce el beneficio de ningún otro ciudadano. Por el contrario, los bienes privados son tanto excluyente como rivales. Por ejemplo, un dulce es excluyente porque es posible impedir que lo coma una persona. El dulce también es un bien rival porque si una persona come uno, otra no puede comerse el mismo. Muchos bienes tienen las propiedades de exclusión y rivalidad en diferente grado. Por ejemplo, la señal de televisión por cable o satélite es un bien no rival pero excluyente. El uso del servicio de televisión por parte de una persona no reduce la cantidad que pueden consumir los demás pero es posible impedir el acceso a algunas personas. Por otro lado, los peces que se encuentran en el mar son recursos rivales pero no excluyentes . Si una persona captura un pez quedan menos peces para que pesquen los demás pero no se puede cobrar a los pescadores por el número de peces capturados. A continuación se resumen los diferentes tipos de bienes de acuerdo al grado de presencia de estas dos características: rivalidad y exclusión: Grado de control o excluibilidad
100
Bien privado
Bienes rivales
Bienes no rivales
Dulces
Señal de televisión por satélite
Un diskette Código de u programa de computador Peces en el mar
0 Fuente: Mankiw (1998) y Romer (1993)
Insectos para control biológico
Bien público
Investigación básica La defensa nacional
6
3.2
Estructura del estado en Colombia: ¿Cómo ejecuta el estado sus funciones?
El Estado ejecuta sus funciones a través del Gobierno o sea el órgano Ejecutivo del poder público. Por su parte, le corresponde al Congreso dictar las leyes. Por eso se le denomina como el Legislativo. La tercera rama del poder público es la Judicial cuya función es velar por la legalidad y el debido cumplimiento de las leyes. En esta sección del capítulo se detalla cómo está organizado el gobierno en Colombia y cuáles son sus instituciones fiscales y presupuestales. En el marco jurídico, la constitución de 1991 divide en tres niveles la organización territorial y administrativa: el nivel nacional, el departamental y el municipal (dentro del cual se incluyen los distritos y los territorios indígenas). En lo relacionado al poder público existen tres ramas: la ejecutiva conformada por el gobierno central y el sector público descentralizado; la legislativa que reúne el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales; y la judicial constituida por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y juzgados. Para entender el manejo de las finanzas públicas es importante conocer mejor la organización de la rama ejecutiva la cual es bastante compleja. En el orden nacional, el gobierno central esta conformado por la presidencia, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias. Por su parte, el sector descentralizado nacional esta compuesto por los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta (donde comparte acciones con el sector privado). A nivel regional y local se encuentra una organización análoga donde en el sector central se distinguen los gobiernos departamentales, distritales o municipales y en el sector descentralizado sus entidades públicas. Las principales instituciones fiscales de la rama Ejecutiva son el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. El Ministerio de Hacienda tiene una serie de Direcciones y de entidades vinculadas con responsabilidades específicas en materia fiscal. La Dirección Nacional de Presupuesto prepara el Presupuesto General de la Nación que se presenta al Congreso y vigila su ejecución. Para ello, la Dirección de Presupuesto debe someterse a las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y a las normas sobre presupuesto que fija la Constitución y que se discuten más adelante. La Dirección de Crédito Público y del Tesoro que, desde 2004, reúne las antigua Dirección de Crédito Público y la Tesorería General de la Nación, tiene la doble responsabilidad de diseñar y desarrollar la estrategia de crédito público interno y externo y adelantar los pagos o giros del Gobierno. Adicionalmente, dentro del Ministerio opera el CONFIS, Consejo Nacional de Política Fiscal, que está encargado de discutir y aprobar el programa fiscal acorde con el programa macroeconómico de la Nación. También está la Dirección de Asuntos Fiscales que vela por el adecuado comportamiento fiscal de las entidades territoriales. Por su parte, la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la entidad encargada de recaudar los impuestos, de manejar las aduanas nacionales y de los recaudos por concepto de aranceles y cargos a las importaciones y exportaciones cuándo hubiere lugar.
7
El Departamento Nacional de Planeación, por su parte, está encargado de preparar el Plan Cuatrienal de Desarrollo y los programas de inversión pública. Los planes de inversión se discuten en el seno del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) que preside el Presidente. El órgano legislativo del poder público tiene también importantes responsabilidades en materia fiscal. En el caso colombiano el Congreso de la República no tiene formalmente iniciativa propia en materia de creación de nuevos tributos, ni tampoco la iniciativa de gasto que recae en cabeza del gobierno. No obstante su influencia es significativa. Le compete al Congreso aprobar la legislación fiscal propuesta por el Ejecutivo, así como el presupuesto nacional. En el proceso de discusión de los proyectos sometidos por el Gobierno, el Congreso hace propuestas y aprueba cambios profundos que difieren de los proyectos originales del Gobierno. En la discusión del presupuesto también encuentra maneras de forzar cambios y adiciones en el presupuesto muchas veces dirigidos a apoyar las regiones. La Junta Directiva del Banco de la República también está obligada a dar un concepto al Congreso sobre el tamaño del déficit público propuesto por el Gobierno y su consistencia con la política macroeconómica global, así como sobre la estructura del financiamiento público. Por su parte, la Contraloría General de la República hace una revisión ex post (posterior) de las cuentas públicas, en tanto que la Contaduría lleva la contabilidad nacional. Finalmente, cabe destacar que las Cortes, principalmente la Constitucional, velan por la legalidad de las decisiones adoptadas y, como se discute en el Capítulo 4 tienen una enorme influencia en la política fiscal al opinar sobre la exequibilidad de las leyes aprobadas por el Congreso. La anterior descripción de la organización del Estado Colombiano puede complementarse con una clasificación económica compatible con la estructura de las Cuentas Nacionales ( que recopilan cifras agregadas de la economía) donde se diferencia entre administraciones públicas (o gobierno general), empresas públicas no financieras e instituciones financieras. Las administraciones públicas están conformadas por el gobierno central nacional, los gobiernos departamentales y municipales, las entidades públicas encargadas de la seguridad social y los entes descentralizados que prestan servicios no comerciales, es decir, que no tienen un precio de mercado, tales como la justicia, educación, recreación, etc., y que se financian con impuestos o transferencias y aportes. Las empresas no financieras corresponden a aquellas que producen bienes y servicios mercantiles como las empresas de energía eléctrica, la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL, y la de telefonía fija, Telecom. Finalmente, dentro de las entidades financieras públicas se incluyen aquellas que se dedican a la intermediación de recursos financieros como el Banco Agrario y el Banco Cafetero; el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras (Fogafín) y las instituciones que ejercen funciones de autoridad monetaria como el Banco de la República. El sector público no financiero (SPNF) esta conformado por el sector del gobierno general y las empresas públicas no financieras. Finalmente, el sector público consolidado (SPC) incluye adicionalmente las instituciones públicas financieras. (Cuadro 3-1)
8 3.3
¿Cuál es el tamaño del Estado en Colombia?
Para analizar el tamaño del Estado cabe iniciar la discusión con la evolución de su principal componente: el gasto del Gobierno Nacional Central (GNC). Durante los primeros cincuenta años del Siglo XX, el gasto público total del Gobierno Nacional con relación al PIB mantuvo un nivel constante entre el 3-6% del PIB. Este sobrepasó ese nivel a finales de la Administración Reyes (1907-1909) y en el Gobierno Abadía (1926-1930) a raíz de la contratación de empréstitos externos, así como en el período de la bonanza cafetera de mediados de los cincuenta. Una segunda etapa de crecimiento gradual del gasto público con altibajos originados en las prioridades del desarrollo económico y en el papel del sector público se dio entre 1960-1990. En este lapso de treinta años el gasto público pasó a un nivel cercano al 10% del PIB. Se destacan incrementos continuos de gasto, con excepción del ajuste realizado durante la Administración López entre 1974-1978 y del programa de ajuste de mediados de los ochenta en las Administraciones Betancur (1982-1986) y Barco (1986-1990). La tercera etapa de crecimiento acelerado del gasto público en Colombia se dio a lo largo de los noventa y los primeros dos años del Siglo XXI. En este período de algo más de diez años el gasto público del Gobierno Nacional con relación al PIB se duplicó y pasó a un nivel sin precedentes de más del 20% del PIB (Gráfico 3-1). 3.3.1. La Estructura del Gasto Público del GNC 1980-2004 El Gráfico 3-2 muestra la estructura del gasto público del Gobierno Nacional para el período de mayor crecimiento del gasto público a lo largo del siglo. Se indica que desde mediados de los ochenta el aumento ha estado originado en los gastos de funcionamiento y, dentro de estos en las transferencias del Gobierno, así como en la creciente carga de los intereses de la deuda pública. En efecto, los gastos de funcionamiento han aumentado más del doble desde 1990. Esto se explica en buena parte por la evolución de las transferencias tanto territoriales como las relacionadas con las pensiones. Adicionalmente, el servicio de la deuda también ha crecido drásticamente de 1,1% del PIB en 1990 a 4,6% en 2003 (Gráfico 3-2).
3.3.2. El Tamaño Relativo del GNC en Perspectiva Internacional El Gráfico 3-3 muestra el tamaño del Gobierno Nacional Central con relación al Producto Interno Bruto en algunos países emergentes y desarrollados para el año 2001. En el contexto internacional, el gasto público del GNC colombiano se sitúa en niveles cercanos a los de otros países Latinoamericanos como Perú y Chile y ligeramente superior a México. Este nivel también es similar al de países desarrollados como Estados Unidos y Canadá pero cabe aclarar que los gobiernos de estos países generan mayores ingresos. Por otra parte, el nivel de gasto
9 público en Colombia es inferior al de Suiza y Suecia básicamente porque estos últimos son estados donde se cobran más impuestos con el fin de hacer un mayor gasto en bienes públicos. 3.3.3. El tamaño del Sector Público no Financiero, SPNF El tamaño del SPNF, que comprende no sólo el Gobierno Nacional Central sino también el sector descentralizado (gobiernos departamentales y municipales y empresas públicas), es superior al del GNC lo que indica la importancia relativa de la descentralización en Colombia. En efecto en 1981, el gasto del SPNF representaba 20,3% del PIB y el del GNC 8,9% lo que implica que el sector descentralizado gastaba (con sus recursos propios pues las transferencias del gobierno se contabilizan en el gasto del GNC) un 11,5% del PIB un nivel superior al sector central. En 2003, el SPNF realizó gastos equivalentes a 30,3% del PIB que corresponden a 20,6% del GNC y 18,7% del sector descentralizado. Lo anterior indica que en periodo 19802003 se dio un crecimiento en el tamaño relativo del GNC frente al sector descentralizado ( Gráfico 3-4). El aumento del gasto público del SPNF se explica por el crecimiento de los gastos de funcionamiento originado en las transferencias territoriales, las pensiones y en el servicio de la deuda. Este comportamiento del gasto público descentralizado o sea el que se realiza a niveles departamentales y municipales y por parte de entidades y empresas públicas es, en un todo, consistente con lo esperado en un país con descentralización fiscal y con la función de asignación de recursos del estado discutida en la introducción a este capítulo.
3.4
El presupuesto como instrumento para la asignación de recursos
El Estado percibe unos ingresos procedentes de diversas fuentes como impuestos, ingresos de capital y recursos del crédito que proveen el financiamiento para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, los ingresos son limitados y por lo tanto el estado debe establecer prioridades y elaborar un programa para distribuir adecuadamente sus recursos teniendo en cuenta la restricción presupuestal a la que se enfrenta. Esto exige que, tanto al nivel del gobierno nacional como de los gobiernos departamentales y municipales y de las entidades públicas, se deban elaborar presupuestos anuales de rentas y gastos que deben ser sometidos para su aprobación a los órganos legislativos correspondientes; a saber, Congreso, asambleas departamentales y consejos municipales. Con relación al presupuesto de la nación, la Constitución establece que el gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas por impuestos y recursos de capital y el presupuesto de gastos o la ley de apropiaciones. Dicha propuesta de ley deberá contener la totalidad de los gastos que el gobierno pretende realizar en el año fiscal. Una exigencia importante en la confección del presupuesto es la que se refiere al gasto público social. El artículo 350 de la constitución de 1991 establece que el presupuesto de la Nación debe comprender un componente denominado gasto público social cuya definición es responsabilidad
10 de la ley orgánica de presupuesto o Estatuto Orgánico de Presupuesto. Adicionalmente afirma que “excepto en los casos de guerra o por razones de seguridad social, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación y no podrá disminuir con respecto al año anterior”. Con respecto a la distribución del gasto social, la constitución instituye que tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal. Según el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el gasto social corresponde a “aquel gasto cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Otras restricciones importantes se refieren a la capacidad del Congreso para modificar el presupuesto. Es muy claro que este no tiene iniciativa de gasto y que el aumento de las partidas requiere el apoyo escrito del Ejecutivo. De otro lado, el Congreso si está en capacidad de eliminar o reducir partidas de gastos, con excepción de las que corresponden al servicio de la deuda pública y a los servicios esenciales de la administración incluyendo los programas previstos en el Plan de Desarrollo. Cuando se refiere al banco central, la Constitución establece restricciones para el otorgamiento de préstamos del emisor al Gobierno al establecer que estos solo se pueden extender con el apoyo unánime de los miembros de su junta directiva. El cálculo y la elaboración del presupuesto son tareas que realizan conjuntamente el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Los dos grandes elementos del presupuesto nacional son los ingresos y gastos. Por el lado de los ingresos, se trata de estimar el valor de los ingresos corrientes, es decir, aquellos ingresos provenientes del cobro de impuestos, de la prestación de servicios públicos y de la venta de la producción de sus empresas. Cabe aclarar que estas proyecciones se realizan con cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, para estimar los ingresos tributarios se debe tratar de pronosticar la evolución de los componentes de las bases a las que se les aplican los gravámenes. Si los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir los gastos del gobierno se deben buscar otras fuentes de recursos que se denominan los ingresos de capital. Estos ingresos se originan del endeudamiento con el sector privado, de prestamos de organizaciones nacionales o extranjeras, de la liquidación de algunas inversiones realizadas por el gobierno (ventas de acciones, activos fijos, etc.) y de las transferencias de capital provenientes de otros sectores de la economía e inclusive del mismo sector público. Por el lado de los gastos, se proyectan los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y los gastos de capital. Los gastos de funcionamiento corresponden a aquellos relacionados con el costo de funcionamiento del estado como salarios, pago de intereses por las deudas ya contraídas, gastos provenientes de la compra de bienes y servicios en la economía y los gastos en los que incurren las empresas públicas a la hora de prestar sus servicios o vender sus bienes. Los gastos de capital corresponden a los pagos que realiza el gobierno para financiar la inversión pública o infraestructura o la inversión en activos financieros como acciones. Adicionalmente, se incluyen en este rubro los pagos a los préstamos obtenidos del sector privado o público tanto nacionales como extranjeros. Una vez elaborado el presupuesto este pasa a ser estudiado por el Congreso Nacional quien lo discute y lo reforma. Al proyecto de presupuesto se le adicionan estas modificaciones y cuando el Congreso lo aprueba se convierte en Ley del presupuesto de la Nación. En los departamentos, municipios y en el Distrito Capital el proceso presupuestal es análogo al de la Nación. El Recuadro 2 resume algunos conceptos presupuestales fundamentales:
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Recuadro 2: algunos conceptos presupuestales
¿ Qué es el presupuesto ? Consiste en el cálculo de los ingresos que espera recibir el estado en un próximo año y la forma como se van a gastar Presupuesto de caja: Se calcula con base en ingresos estimados de acuerdo con lo efectivamente recaudado y en gastos correspondientes a los pagos efectuados en la vigencia fiscal respectiva. Presupuesto de causación: toma en cuenta el monto de los reconocimientos proyectados de cada renta sin importar su recaudo efectivo y los gastos se contabilizan teniendo en cuenta los compromisos del gobierno en el periodo. Apropiaciones: son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso de la República aprueba para que puedan ser comprometidas de acuerdo a las necesidades de recursos en cada rubro. Rezago presupuestal: Es la diferencia entre lo programado y lo ejecutado y esta compuesto por: Reservas presupuestales: compromisos legalmente adquiridos por el gobierno que son registrados en el presupuesto pero que no fueron cumplidos dentro del año fiscal vigente que termina y por lo tanto serán pagadas en el año siguiente. Cuentas por pagar: se constituye cuando un bien o servicio contratado por el gobierno se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre del año fiscal pero no se le ha pagado al contratista y por consiguiente será pagado el año siguiente
Rezago presupuestal
==
Cuentas por pagar
Obligación: Bien recibido no pagado
Reservas
Compromiso: Contrato realizado bien no recibido
Fuente: Ministerio de Hacienda
El cuadro 3-2 presenta las principales reformas presupuestales adelantadas a lo largo del siglo, algunas de ellas logradas mediante el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo por parte del Congreso (Gráfico 3-5).
12 3.5
La descentralización del gasto público en Colombia
3.5.1. ¿ Cuáles son los antecedentes de la descentralización en Colombia? Desde el momento mismo de la independencia se ha discutido el grado de descentralización fiscal y política que debe tener la nación. El debate entre federalistas y centralistas en Colombia data desde épocas de la independencia. Al respecto cabe recordar que luego de ésta se constituyó La Gran Colombia que reunía en una sola nación a las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador y Venezuela. La primera constitución colombiana de 1821 estableció un régimen centralista, bajo la cuál se adoptaron medidas fiscales dirigidas a centralizar las rentas públicas. Ya para 1830 la Gran Colombia había desaparecido y dentro de la Confederación Granadina se dio un gran debate alrededor de las funciones y los impuestos que debían desarrollarse y pertenecer a cada una de las regiones. Hacia mediados de siglo una alta proporción de las rentas públicas, alrededor del 80%, se mantenía bajo el control del gobierno central. No obstante, en 1850 se extendió la autonomía fiscal a las provincias. La presión descentralista llevó a la organización del estado alrededor de Los Estados Unidos de Colombia en 1863 y al establecimiento de un régimen fiscal autónomo y de participación de los Estados en los ingresos fiscales que debilitó significativamente el fisco nacional. El problema del desbalance fiscal creado por la nueva organización del Estado fue uno de los motivos de luchas entre los partidos que desembocaron en la constitución centralista de 1886 que limitó la autonomía fiscal de los nuevos departamentos y municipios, (Misión de Finanzas Intergubernamentales (1981)). Aunque el tema propiamente fiscal territorial se desarrolla en profundidad en el Capítulo 4, cabe, a este nivel, recalcar que, no obstante el régimen centralista adoptado con la Constitución de 1886, hacia 1930 la importancia relativa de los gobiernos territoriales tanto en el recaudo de impuestos como en los gastos era significativa al punto que los departamentos y los municipios participaban con más del 50% tanto de los impuestos como de los gastos del sector público consolidado. Posteriormente, la introducción de impuestos directos como el impuesto a la renta favoreció las finanzas del gobierno nacional pues estos se caracterizan porque su recaudo aumenta más que proporcionalmente con el incremento de la actividad productiva. Por el contrario, los impuestos departamentales fueron perdiendo participación relativa ya que su tributación esta basada en impuestos al consumo de bienes como la cerveza, los licores y el tabaco cuyo crecimiento en el recaudo es bajo. Además, sus responsabilidades de gasto también se redujeron. En la misma forma, aunque menos acentuado, los municipios también vieron perder su importancia relativa en la tributación y el gasto a lo largo del siglo. Aunque desde la reforma constitucional de 1958 se dieron los primeros pasos hacia un retorno a una mayor descentralización del gasto público, no fue sino con la reforma constitucional de 1968 que se dio un paso definitivo hacia la transferencia de recursos a las regiones. Desde el punto de vista político, la elección popular de alcaldes a fines de los ochenta y de gobernadores con la constitución de 1991 estuvieron acompañadas de medidas que han reforzaron la descentralización fiscal del gasto en Colombia al punto de convertirse en factor o motivo de desbalance fiscal del Gobierno nacional como lo fue a mediados del siglo XIX.
13 3.5.2. ¿ En que consiste, entonces el federalismo fiscal? El federalismo fiscal se relaciona con aquellos campos de la economía que tocan con temas que surgen en el contexto de sistemas federales o descentralizados de gobierno. Las preguntas centrales que confronta el federalismo fiscal incluyen interrogantes como: ¿por qué se debe adoptar una estructura descentralizada de gobierno? ¿cómo se deben organizar las funciones que debe desempeñar cada nivel de gobierno, nacional, departamental y municipal? ¿cuál es el papel o rol de las transferencias intergubernamentales? ¿ cuales son los tipos o formas de transferencias más adecuadas? ¿qué tipo de sistema impositivo es más adecuado en un sistema federal? y no menos importante, ¿porqué es relevante disponer de un estado de mayor tamaño en lugar de conformar múltiples estados pequeños? El tema central que justifica la adopción de una estructura descentralizada de gobierno está relacionado con las funciones que deben desempeñar los gobiernos y, más concretamente, con el área de asignación de recursos y los de bienes públicos. Aunque existen actividades de provisión de bienes públicos que por el carácter de no exclusión se deben proveer al nivel nacional, existe la percepción que la identificación de las necesidades de apoyo público se lleva a cabo de mejor manera al nivel regional o local. El modelo teórico sobre la justificación del federalismo fiscal fue desarrollado formalmente por Tiebout (1956). Según este modelo cada localidad define y propone el conjunto de impuestos locales y de servicios que ofrece a los ciudadanos. Así al permitirse que cada localidad o región pueda escoger el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen se logra que estos estén más estrechamente relacionados con las preferencias de los ciudadanos. Desde esta óptica se puede apreciar también que el federalismo fiscal en su definición más amplia está vinculado con el sistema electoral y la escogencia por parte de los ciudadanos de los alcaldes y gobernadores que propongan las políticas que representen más de cerca las preferencias de los ciudadanos. Como su nombre lo indica, el federalismo fiscal está vinculado con el establecimiento de impuestos al nivel local. Uno de los aspectos más difíciles en la organización tributaria de los estados descentralizados, como se analiza en el capítulo 4, es definir el tipo de impuestos que le deben corresponder a los diferentes niveles de gobierno. A este nivel cabe destacar que lo más común es encontrar que el Gobierno nacional tome para si mismo los impuestos más productivos y de mayor elasticidad respecto al crecimiento de los ingresos, comprometiéndose a transferir recursos a los gobiernos subnacionales. En muchos países se encuentra que los gobiernos comparten el producido de los impuestos. Finalmente, cabe destacar que el federalismo fiscal también debe tomar en consideración otra de las grandes áreas o campos que debe desempeñar el Estado: la distributiva. En este sentido, es una responsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos locales propender porqué la acción del Estado tenga un impacto redistributivo favorable. Dadas las inmensas diferencias de riqueza y recursos de que disponen las diversas regiones, es común encontrar que los gobiernos nacionales, que ordinariamente disponen de la mayor capacidad fiscal y de los tributos más elásticos, transfieran parte de sus recursos a los gobiernos locales. Este sistema de transferencias le permite a las regiones ofrecer los bienes públicos en los volúmenes socialmente
14 deseables. Más importante aún las transferencias buscan un objeto redistributivo apoyando con recursos a los municipios y regiones con menor capacidad fiscal. El diseño más adecuado de las transferencias públicas es una de las tareas más importantes del federalismo fiscal. La literatura indica que las transferencias pueden ser condicionadas (i.e. a cierto tipo de gastos como educación y salud), participativas ( i.e. al esfuerzo fiscal local) y abiertas o cerradas ( i.e. limitadas a porcentajes o topes de recursos). Las fórmulas de distribución de recursos de transferencias se aprueban por medio de leyes o de mandatos constitucionales. Las transferencias públicas que adelantan el gobierno nacional central a los gobiernos locales y que buscan que se ofrezca un mínimo de bienes públicos como la educación y servicios de salud al nivel local normalmente exigen que estas sean de tipo abierto, condicionadas a la finalidad del gasto y participativas, puesto que los gobiernos locales aportan también recursos propios para los mismos fines. Por su parte, las transferencias que están dirigidas a lograr una distribución del ingreso más equitativa entre las regiones no deben estar condicionadas al tipo de gasto que se adelante, pero si deben tener topes a los recursos transferidos y dar mayores recursos a las regiones con mayores necesidades fiscales, así como premiar el esfuerzo fiscal local. En su artículo sobre el tamaño de los estados, Alesina (2002) presenta argumentos adicionales a los de la teoría tradicional del federalismo fiscal en favor de la conformación de estados de mayor tamaño. Anota que la ventaja de un país relativamente grande es que se puede establecer esquemas redistributivos de los individuos y regiones más ricas a las más pobres, de esta forma logrando una redistribución del ingreso disponible (después de impuestos) mejor que el que se podría lograr si las diferentes regiones actuaran independientemente. Por esto las regiones relativamente más pobres desean hacer parte de países de mayor tamaño. Además pueden presentarse externalidades positivas o negativas entre regiones. El hacer parte de un mismo país permite la internalización de las externalidades. 3.5.3. ¿Cuál es el sistema de transferencias intergubernamentales en Colombia? El cuadro 3-3 adjunto presenta los antecedentes históricos del régimen de transferencias en Colombia. En este cuadro se hace un recorrido histórico de las principales decisiones legales y constitucionales relacionadas con las transferencias del Gobierno Nacional a los gobiernos territoriales y, de manera más general, sobre las políticas de descentralización. Se identifica allí que la raíz del sistema de transferencias se encuentra en la reforma constitucional de 1958 que estableció una transferencia del 10% de los ingresos corrientes para la educación. Más tarde con la Constitución de 1968 se creó el situado fiscal como una transferencia a los departamentos equivalente al 13% de los ingresos corrientes de la Nación destinada exclusivamente a la educación y salud. En 1969 se estableció una transferencia con cargo al recaudo del impuesto a las ventas que se denominó: “cesión del impuesto a las ventas”, la cual estaba destinada a los municipios, hasta por un monto de 30% del mismo a partir de 1971. A comienzos de los setenta se aprobó la Ley que fijó las reglas y porcentajes del situado fiscal destinados a la salud, 24%, y educación, 76%. A mediados de los ochenta se incrementó la
15 cesión de ventas, en veinte puntos porcentuales. Sin embargo, la decisión con mayor impacto en las transferencias fue la Constitución de 1991. El artículo 356 redefinió el destino de los recursos del Situado Fiscal y fijó las pautas para la distribución de los recursos entre los departamentos y distritos. Adicionalmente, el artículo 357 estableció los porcentajes sobre los ingresos corrientes que deben transferirse a los municipios y otras entidades territoriales, transferencias denominadas “participaciones municipales” y puntualizó algunos criterios para su distribución. La Ley 60 de 1993 reglamentó dichas definiciones constitucionales, dándole forma al sistema hasta el 2001. Esta ley estableció un porcentaje fijo y creciente de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) como trasferencias correspondientes al situado fiscal y a las participaciones municipales. Este sistema condujo a inflexibilidad en la asignación del gasto y un empeoramiento de la situación financiera del Gobierno Nacional Central. Por lo tanto, esta situación llevó al actual esquema propuesto por El Acto Legislativo del 2001 el cual buscó romper la automaticidad de las transferencias frente a los ingresos corrientes estableciendo su crecimiento en relación a la inflación más 2-2.5 puntos durante un periodo entre 2002 y 2008. El Acto legislativo agrupa en el Sistema General de Participaciones (SGP) las transferencias correspondientes al situado fiscal y a las participaciones municipales. Estos nuevos criterios fueron reglamentados mediante la Ley 715 del 2001. A partir del 2008 se prevé que las transferencias se incrementarán anualmente en un porcentaje promedio igual a la variación registrada en los ingresos corrientes durante los cuatro años previos. Esta situación ha llevado a concluir que las ventajas del Acto Legislativo son solo temporales y a plantear desde ahora la inconveniencia del régimen previsto a partir del 2008. Entre las recomendaciones se ha sugerido una nueva reforma que las mantenga en términos reales a partir del 2009.
Recuadro 3: Resumen del esquema de transferencias en Colombia Las principales transferencias de recursos realizadas por el Gobierno Nacional se dividen en tres categorías según la ley 60 de 1993: Situado fiscal: Se define como los recursos transferidos hacia los departamentos y los distritos especiales. Su monto correspondía a 23% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) en 1994, porcentaje que creció hasta el 24,5% en 2002. Participaciones municipales: Tienen su origen a las antiguas trasferencias del impuesto de ventas o del IVA denominadas “cesión de ventas”. La constitución de 1991 y la Ley 60 determinaron que las transferencias a los municipios dependerían de los ICN y correspondían a 14% de los ICN en 1994 porcentaje que se incrementaba hasta el 22% en 2002. Transferencias de las regalías: Estos recursos provienen de los pagos recibidos por las compañías que explotan los recursos minerales nacionales como el petróleo o el carbón. De este ingreso, 47,5% se transfiere a los departamentos donde se realiza la producción de los minerales;
16 12,5% a los municipios en donde se extraen los minerales; 8% a los municipios donde estas ubicados los puertos y 32% al Fondo Nacional de Regalías. En el acto legislativo 01 de 2001 y en su reglamentación en la ley 715 del mismo año, se agrupan el situado fiscal y las participaciones municipales en un solo rubro: “ sistema general de participaciones, SGP”. Las transferencias se distribuyen de acuerdo a los siguientes criterios: el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), la proporción de la población urbana y rural de ente territorial sobre la población urbana y rural del país, la eficiencia fiscal que se define como la habilidad para recolectar impuestos territoriales y la eficiencia administrativa que se entiende como la capacidad para aumentar la inversión. Las transferencias a los municipios y departamentos se distribuyen principalmente entre educación, salud y saneamiento básico. 3.5.4. ¿Está bien estructurado el sistema de transferencias públicas en Colombia? Desde el punto de vista de la teoría de las finanzas públicas resulta esencial que las transferencias públicas estén adecuadamente diseñadas. Un aspecto principal es el relacionado con los criterios utilizados para la distribución de los recursos de las transferencias. Existen motivos claros para transferir recursos del Gobierno a las entidades territoriales, originados en los principios anotados arriba de eficiencia en la asignación de recursos y la búsqueda de mayor equidad fiscal. El argumento de las externalidades y la provisión de bienes públicos, es decir, el hecho que la prestación de un servicio como la educación y la salud puede traer beneficios a la sociedad por encima de los que puede recibir la localidad o región que los presta es un argumento a favor de adelantar transferencias para promover la prestación del servicio y su expansión a los niveles que son socialmente deseables. Esto justifica, por lo tanto, las transferencias dispuestas por la constitución de Colombia desde 1968 para la educación y la salud por medio del Situado Fiscal. Otro argumento para justificar transferencias es el relacionado con la equidad. Esto se logra, por ejemplo, mediante la transferencia de recursos para las regiones más pobres. Uno adicional es la denominada brecha fiscal o sea la mayor capacidad que tiene el Gobierno Nacional de establecer una organización que le permita recaudar más adecuadamente los impuestos con menores riesgos de evasión. Este motivo llevaría a recomendar una participación por parte de las regiones en los recaudos del Gobierno Nacional. Estos motivos de equidad fiscal y de facilidad de recaudo son los que explican las transferencias a los municipios, (Misión de Finanzas Intergubernamentales (1981)). Desde el punto de vista teórico lo que resulta más importante es la forma precisa de diseñar las transferencias. Es claro que estas se deben realizar teniendo en cuenta la población beneficiada, así como la necesidad y el esfuerzo fiscal local. También ha sido motivo de debate reciente si la destinación de los recursos debe estar estrictamente atada o si debe darse a las regiones una mayor flexibilidad en la utilización de los recursos transferidos, (FMI (2004)).
17 En el Gráfico 3-6 se muestra la evolución reciente de las transferencias donde se destaca su fuerte crecimiento hasta 2001. En efecto, las transferencias pasaron de niveles cercanos a 4% del PIB en 1990 a 10% del PIB en 2001. Las transferencias relacionadas con el pago de pensiones son el componente que más creció en la década.
3.6
El gasto del sector público en Colombia ¿Ha sido adecuada la provisión de bienes públicos?
3.6.1. ¿ Cómo ha sido la evolución del gasto social en Colombia? El gasto público social abarca educación, salud, seguridad social, vivienda, nutrición y saneamiento básico. En el caso colombiano, hay una definición muy amplia de gasto social (Perotti 2002). Durante la década de los ochenta, el gasto social mostró una tendencia positiva excepto en 1985 cuando se contrajo como consecuencia del ajuste fiscal. Durante los noventa, el gasto público social pasó de 8,2% del PIB en 1990 a 16,7% en 1996 donde alcanzó su punto máximo pero posteriormente cayó levemente hasta finales de siglo (Gráfico 3-7). Como proporción del gasto público total, entre 1990 y 1999, el gasto social representó 35% del gasto total con un máximo en 1996 cuando registró una participación de 45%. Si se analiza la composición del gasto social desde 1990, se observa que a inicios de la década, los rubros de educación y seguridad y asistencia social (incluye pensiones, asistencia y bienestar) eran los de mayor magnitud con participaciones similares, entre 3% y 4% del PIB. No obstante, a partir de 1994, los gastos en asistencia y seguridad social comienzan a crecer significativamente y alcanzan su punto más alto en 1996 con 7% del PIB y posteriormente caen levemente a proporciones cercanas al 6% entre 1997 y 1999. Por el contrario, los gastos destinados a la educación crecen de manera menos acelerada y se estancan en niveles cercanos al 5% del PIB. Con respecto a los gastos en salud, su tamaño crece significativamente al pasar de 1% del PIB en 1990 a 4% en 1999. Los demás gastos sociales: vivienda, agua y otros no muestran cambios espectaculares durante la década y su magnitud es relativamente menor con niveles inferiores al 1% del PIB (Gráfico 3-8). Una de las formas a través de las cuales el gobierno ejecuta el gasto social son los programas sociales que se resumen en el cuadro 3-4.
18 3.6.2. El Gasto Público en Educación A) ¿Por qué el estado suministra la educación? El estado desempeña un papel crucial en la provisión de la educación aunque su intervención puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, en algunos países el estado provee directamente los servicios educativos e incluso ejerce algún control sobre los distintos niveles; en otros, el estado financia las instituciones educativas pero una gran parte de la educación es suministrada por escuelas privadas o religiosas. Existe un gran debate en torno a la justificación de la intervención del estado en la oferta educativa. Sin embargo, es claro que la educación no es un bien público puro ya que su provisión no garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a ella, es decir no es un bien universal. La educación es un bien público en tanto que la sociedad se beneficia por tener ciudadanos educados. No obstante, este argumento basado en las externalidades que genera la educación tampoco justifica totalmente la ayuda pública. Existen dos principales justificaciones de la ayuda pública a la educación. En primer lugar, la preocupación por la equidad ya que dentro de un esquema de provisión privada el acceso a las oportunidades de estudio depende de la riqueza. Así, la calidad de la educación que reciba un niño no debe depender de los recursos de sus padres lo cual justifica la intervención del estado como proveedor de la educación. En segundo lugar, existen imperfecciones en los mercados de capitales que explican las dificultades en el acceso a recursos con el fin de financiar la educación en especial la de nivel superior. Por lo tanto, esto justifica el apoyo estatal a través de la educación gratuita o subvencionada (Stiglitz, 1986). B) ¿ Cómo ha sido la descentralización y la evolución del gasto en educación? Hasta 1960 era responsabilidad de los departamentos la contratación y pago de los docentes de la educación básica. Sin embargo, en 1960, la ley 111 inició un proceso de nacionalización de la educación a partir del cual los maestros de escuela primaria fueron financiados con los recursos del presupuesto nacional. En 1968, se crearon los Fondos Educativos Regionales FER organismos encargados de la administración de las transferencias para el pago de Maestros. Años después, en 1975, la ley 43 “nacionalizó” el pago de los profesores de secundaria y su financiación dependió del situado fiscal administrado por las Juntas FER1. Posteriormente, en 1979, se creó el Estatuto Docente donde se unificó el régimen salarial de los docentes públicos y privados pero que concedía a los primeros un régimen de carrera “especial”. Adicionalmente, con el fin de precisar las deudas pensionales del nivel central y departamental con los docentes, se creó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Estas medidas tuvieron dos grandes consecuencias. En primer lugar, se centralizó la financiación, la gestión de personal y la planificación de la educación en el nivel central. En 1
Estas juntas estuvieron presididas por el Gobernador y conformadas por miembros bajo su control
19 segundo lugar, el estatuto docente creó un número importante de inflexibilidades e ineficiencias en la asignación del recurso humano (FMI,2004). Sin embargo, entre 1985 y 1990 se inició de nuevo un proceso de descentralización que se caracterizó por devolver a los municipios la responsabilidad de administrar y manejar la nómina educativa utilizando para tal fin los recursos de la cesión de parte del IVA. Posteriormente, la constitución de 1991 profundizó el proceso de descentralización en la educación y definió la educación como un derecho de la persona y como un servicio público que tiene una función social. Además, estableció que la enseñanza pública debe ser descentralizada y la nación y las entidades territoriales participarán en su dirección, financiación y administración con la previa asignación de los recursos fiscales. Bajo este marco, la ley 60 de 1993 definió las competencias de los distintos niveles de gobierno y profundizó en la distribución territorial de recursos del situado fiscal teniendo en cuenta el cumplimiento de ciertos requisitos como: La creación de un sistema de planeación que permita la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones; la elaboración de un sistema de información que suministre las condiciones necesarias para la gerencia del sector; el establecimiento de una estructura organizacional adecuada para el desarrollo de las nuevas responsabilidades, y una distribución de los recursos financieros y físicos de acuerdo a las necesidades de su región. En al año 1994, se expide la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) que busca establecer los objetivos y los elementos esenciales para la modernización del sector educativo y determinar la regulación en sus diversas modalidades y niveles. También incluye la autonomía escolar, la creación de un sistema de acreditación y de información. En cuanto a la financiación de la educación, esta se realiza a través del situado fiscal, de las participaciones municipales y de los ingresos propios de los departamentos, distritos y municipios de acuerdo a la Ley 60 de 1993. El Cuadro 3-5 muestra la evolución del gasto en educación desde la entrada en vigencia de la ley 60 de 1993. Se observa un claro crecimiento de las transferencias en el sector al igual que de los recursos del presupuesto nacional. En el ámbito de la financiación de la educación pública existe una concurrencia de los tres niveles de gobierno lo que no es compatible con un proceso claro de descentralización ya que el nivel central todavía ejerce funciones importantes en algunas competencias. C) ¿ Cuáles han sido los logros y los problemas del sistema educativo colombiano? Con respecto al nivel de preescolar, la cobertura es bastante baja: el 37% de los niños entre 3 y 5 años asistió a este nivel en 2001. Adicionalmente, la cobertura se concentra en los niveles de ingresos más altos: 63% de los estudiantes de estos niveles proviene del 20% más rico de la población frente a 26% de los hogares más pobres. (MinEducación 2002, Banco Mundial 2003). La educación primaria presenta la mayor cobertura entre los diferentes niveles educativos gracias a un notable aumento durante los noventa. La tasa bruta de cobertura en el nivel primario supera
20 el 100% dado el problema de la extraedad2. Esto oculta el hecho de que el 12% de esta población, en particular los pobres, no asiste a las aulas en comparación con 9% en el resto de América Latina (Gráfico 3-9). En relación con la educación secundaria, su cobertura es baja. En efecto, la tasa de cobertura bruta se ubica en 75% en promedio desde 1996 con un máximo de 80,2% en 2003 (Gráfico 3-9) y la tasa neta en niveles cercanos al 55%. La educación superior se caracteriza por un nivel de cobertura muy bajo y por la preponderancia de los centros educativos privados que absorben el 65% de los estudiantes de este nivel lo que implica un problema de desigualdad pues la mayoría de estos estudiantes provienen de los quintiles de ingresos superiores. Como se ha visto a lo largo de esta sección, el crecimiento de las transferencias y entre ellas aquellas destinadas a la educación no se ha visto reflejado en mejoras en la cobertura, eficiencia y calidad del sistema. Es claro que existen problemas en el esquema de asignación de recursos reglamentado por la ley 60 de 1993 algunos resueltos parcialmente con la ley 715 de 2001. En primer lugar, existen varias fuentes de financiamiento separadas: las transferencias del sistema general de participación, las regalías, recursos de cofinanciación y recursos propios de departamentos y municipios. Estos recursos son gestionados autónomamente por los distintos niveles de gobierno lo que afecta negativamente la eficiencia y equidad. Adicionalmente, la ley 60 establecía una distribución de las transferencias con base en los costos históricos de la planta educativa vigente en 1993 lo que generó una asignación de recursos obsoleta que no se ajusta a las necesidades de la población. La ley 715 de 2001 rompió con este criterio y establece una distribución de las transferencias basadas en el número de estudiantes lo que sin duda constituye un buen avance en pro de la eficiencia. En tercer lugar, el crecimiento del gasto en educación se ha canalizado especialmente en el rubro de funcionamiento es decir en el pago de docentes y personal administrativo desplazando recursos a favor de la calidad como inversión en infraestructura (textos, laboratorios, bibliotecas). Un problema adicional es el hecho que la distribución de las transferencias no genera los incentivos para que la prestación del servicio público educativo sea más eficiente ni para el mayor esfuerzo fiscal. Finalmente, también existe una confusión en la distribución de las competencias entre los niveles central, departamental y municipal lo que dificulta el control sobre los aspectos tanto académicos como financieros y la rendición de cuentas (Banco Mundial, 2003 y FMI, 2004). El Gráfico 3-10 muestra la eficiencia en la utilización del gasto. Es evidente que el aumento de los recursos destinados a la educación en gran parte provenientes de las transferencias no se ha visto reflejado en aumentos de la cobertura educativa.
2
La tasa de cobertura bruta corresponde a la razón entre el número de niños matriculados en un determinado nivel educativo sobre la población en el rango de edad correspondiente a dicho nivel. La tasa neta se calcula como el número de estudiantes pertenecientes al rango de edad correspondiente a un nivel educativo sobre la población en el rango de edad correspondiente a dicho nivel
21 3.6.3. El Gasto Público en Salud A) ¿Por qué el estado interviene en la salud? Existen importantes razones que justifican el papel del estado en la provisión, financiación y regulación de los servicios de salud. En primer lugar, el mercado de la salud se caracteriza por la presencia de fallas de mercado: competencia imperfecta entre los proveedores, información imperfecta entre los consumidores y presencia de externalidades. En relación con la competencia imperfecta, por ejemplo, existe un número limitado de hospitales y clínicas, sobre todo en las ciudades pequeñas lo que implica que en situaciones de emergencia una persona tiene pocas posibilidades de elegir. Con respecto a la información imperfecta, los servicios médicos son bastante heterogéneos lo que dificulta las comparaciones de precio y calidad por parte de los consumidores y esto obstaculiza la transmisión de la información. Finalmente, algunas enfermedades generan externalidades, en particular las contagiosas lo cual hace necesario de vacunas obligatorias y eso justifica la intervención pública en cuestiones de regulación y provisión (Stiglitz, 1986). En segundo lugar, la preocupación por la desigualdad o sea la función distributiva del estado constituye otro argumento a favor de la intervención del estado ya que existe un consenso general de que el acceso a la asistencia médica no debe ser excluyente ni depender exclusivamente por ejemplo de la renta. B) ¿Cómo ha evolucionado el sistema de descentralización de los servicios de salud? En 1975 se creó el sistema nacional de salud donde el estado controlaba los hospitales territoriales y los privados que recibían recursos públicos. Este sistema estaba formado por tres instancias: el sector oficial, el sector de seguridad social (descentralizado) y el sector privado. El sistema público era el encargado de prestar los servicios médicos a la población con escasos recursos que no estaba protegida por la seguridad social y correspondía a 70% de la población. El sector de seguridad social cubría el 15% de la población y estaba conformado básicamente por el Instituto de Seguros Sociales enfocado en los empleados del sector privado y por la Caja Nacional de Previsión que cubría a los empleados públicos. El sector privado estaba compuesto por las compañías aseguradoras, clínicas y hospitales privados y debía atender el 15% de la población. Este esquema presentaba problemas de baja cobertura y acceso a los servicios de salud. 45% de la población urbana y 80% de la rural no estaban protegidos por ningún programa de salud y dependían de la prestación de los servicios públicos o del mercado privado. Adicionalmente, la población más pobre era la más afectada y dependía exclusivamente de la capacidad del estado para suministrar la asistencia sanitaria (Banco Mundial, 2003). Con el fin de transformar el sistema anterior, la ley 100 de 1993 creó un sistema de seguridad social basado en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
22 participación. Este esquema busca garantizar el aseguramiento universal de la población en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y consta de dos regímenes. El régimen contributivo esta conformado por los trabajadores que perciben ingresos laborales iguales o superiores a dos salarios mínimos y cubre al beneficiario y su familia. El financiamiento corresponde al pago de una mensualidad de 12% de los ingresos laborales de los cuales 8% es pagado por el empleador y el resto por el trabajador. Los trabajadores por cuenta propia pagan la totalidad del aporte. Cada contribuyente elige la Empresa Promotora de Salud (EPS) a la que quiere afiliarse la cual contrata o crea instituciones prestadoras del servicio (IPS). Las EPS son las responsables de recaudar las contribuciones que se consignan en un fondo único, el Fondo de Solidaridad y de Garantía (FOSYGA). Por otro lado, el régimen subsidiado cubre a la población de escasos recursos que no puede contribuir económicamente. Esto implica una modificación del subsidio a la oferta (a los hospitales) al subsidio a la demanda (a las personas). Las entidades encargadas de afiliar a esta población se denominan administradoras de régimen subsidiado (ARS). Este régimen se financia con subsidios públicos otorgados por los municipios y por un mecanismo de solidaridad que corresponde al 1% de la contribución que realizan los afiliados del régimen contributivo. Ambos regímenes ofrecen un paquete obligatorio de servicios denominado plan obligatorio de salud (POS). No obstante, los miembros del régimen contributivo gozan de mayores beneficios como la cobertura familiar y la posibilidad de acceso a Planes de atención complementaria (PAC) o planes de medicina prepagada (PMP). El Cuadro 3-6 resume la organización del sistema de salud. Esta reforma ha mostrado importantes frutos en lo relacionado a la afiliación de la población. Diez años después la cobertura ha aumentado 36 puntos porcentuales al pasar de 24% en 1993 a 60% en 2003 (Gráfico 3-11). Adicionalmente, es importante destacar que el régimen subsidiado ha presentado un marcado crecimiento de la cobertura mientras que en el contributivo el aumento no ha sido tan evidente (Gráfico 3-12). Aunque las zonas urbanas tienen un porcentaje mayor de afiliados que las rurales, el crecimiento de la cobertura ha sido mayor en estas últimas. En efecto, el porcentaje de la población rural asegurada pasó de 7% en 1993 a 52% en 2003 (Gráfico 3-13). C) ¿ Cuál es la estructura del financiamiento de la salud en Colombia? Los recursos de financiamiento del sistema de salud provienen de los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal). En el nivel central, el FOSYGA juega un papel muy importante ya que controla el financiamiento y administración del régimen tanto contributivo como subsidiado. A nivel departamental, el régimen subsidiado recibe recursos provenientes de una parte del situado fiscal y rentas cedidas correspondientes a un porcentaje de las utilidades delos monopolios de loterías y juegos de azar manejados por la Nación. Al nivel municipal el régimen de salud subsidiado absorbe también una parte de las participaciones municipales en los ingresos corrientes de la nación.
23 Las fuentes de financiamiento provenientes del nivel nacional fueron creadas por la ley 100 de 1993 mientras que los recursos departamentales y municipales fueron definidos por la ley 60 de 1993. Estos últimos fueron determinados inicialmente como subsidios a los hospitales (subsidios a la oferta) pero tanto la ley 100 de 1993 como la ley 344 de 1996 establecen su transformación gradual a subsidios a la demanda. La ley 60 y la ley 100 de 1993 establecen cuatro tipos de recursos públicos para la financiación de la salud: el situado fiscal, las rentas cedidas, las participaciones municipales y el FOSYGA y además determinan su distribución entre el régimen subsidiado y los hospitales. El esquema de reparto resultante es bastante complejo y no es claro que nivel territorial (departamento o municipio) es responsable del mantenimiento de la red de hospitales (subsidios a la oferta) y cual lo es de la financiación del régimen subsidiado (Cuadro 3-8). Así, en algunos casos los entes territoriales deciden arbitrariamente como distribuir los fondos. La complejidad de este esquema de financiamiento del régimen subsidiado llevó al Gobierno a modificar la asignación de los recursos para la salud provenientes de las transferencias dentro de la ley 715 de 2001. Esta ley distribuye los recursos del sector salud (24,5% del SGP) entre el financiamiento de la cobertura del Régimen subsidiado (subsidios a la demanda), los hospitales públicos (subsidios a la oferta) y la sanidad pública. El gran avance de esta reforma lo constituye la asignación de un objetivo único a cada autoridad. Los departamentos son responsables de financiar los hospitales y los municipios de la cobertura del régimen subsidiado (Cuadro 3-9). 3.6.4.
Las pensiones como bien meritorio A) ¿ Porqué interviene el Estado en la provisión de pensiones?
El Estado tiene la obligación de intervenir en el proceso de decisiones públicas que definen el régimen de pensiones en la medida que las pensiones se pueden clasificar como un bien meritorio. Estas representan el ingreso que perciben hasta el final de su vida o de su cónyuge, quienes han desempeñado funciones durante su vida laboral y quienes han adelantado unos ahorros para gastarlos durante su vejez. La intervención del Estado, como mínimo, debe consistir en asegurar que existen las reglas y obligaciones de ahorro pensional durante la vida laboral y las instituciones encargadas de invertir de manera segura esos ahorros para devolverlos en la forma pensiones en la etapa de vejez de los trabajadores. La función del Estado puede ser directa, por ejemplo, al establecer instituciones encargadas de recaudar y manejar los ahorros de los trabajadores para devolverlos durante su vida post-laboral. El esquema de intervención directa ha sido común, especialmente para el amparo de los trabajadores estatales. B) ¿ Cuál ha sido la evolución del régimen pensional colombiano? En Colombia, el régimen pensional para los trabajadores del Gobierno Nacional se inició desde 1946 mediante la creación de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL. Posteriormente,
24 se crearon cajas oficiales adicionales tanto por parte de las entidades descentralizadas del orden nacional de mayor tamaño, como por parte de los departamentos y municipios y sus entidades adscritas. No obstante, no fue sino en 1967 cuándo se estableció un sistema mandatario formal de seguro para los trabajadores del sector privado a través del Instituto de los Seguros Sociales, ISS. Hacia 1993, el fragmentado sistema de pensiones en Colombia comprendía diversos tipos de instituciones: CAJANAL, otros 55 fondos públicos pensionales y cajas del nivel nacional y cerca de 1000 cajas y fondos de pensiones regionales, además de los fondos pensionales de las principales empresas públicas descentralizadas y el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, ISS. La multiplicidad de fondos y cajas estaba fundamentada en esquemas de ahorros parcialmente financiados con los nuevos contribuyentes a los sistemas, lo que unido con sistemas demasiado generosos de beneficios y una enorme evasión de las contribuciones, en pocos años llevó a un gran deterioro de las reservas y a la obligación por parte del Gobierno Nacional de absorber las obligaciones de muchos de estos fondos y cajas, mediante múltiples reformas. La modificación más importante en el régimen de pensiones en Colombia se dio, precisamente, a comienzos de los noventa, cuándo se introdujo la posibilidad de constituir fondos privados para el manejo de las pensiones mediante la Ley 100 de 1993. Las características más importantes de dicha Ley fueron las siguientes: • Se elevaron las cotizaciones y se redujeron los beneficios pensionales para los trabajadores más jóvenes • Se estableció un sistema dual al cual se pueden vincular los trabajadores escogiendo entre: el correspondiente al del ISS y el de los nuevos fondos privados de capitalización • Se dispuso el cierre de los fondos y cajas públicas tanto del nivel nacional como regional • Se estableció un mecanismo explícito de redistribución para dar protección a los más pobres • El Gobierno reconoció los derechos de los trabajadores que venían cotizando hasta 1994 y que estaban interesados en ingresar a los nuevos fondos privados, mediante la emisión de Bonos Pensionales otorgados a los fondos privados. • Se reguló el régimen de transición en el sistema reformado • Se estableció la obligación de participar en alguno de los regímenes permitiéndose la transferencia de uno a otro sistema No obstante la envergadura de la reforma, desde 1997 se comenzó a discutir la conveniencia de introducir nuevos cambios (Comisión para la Racionalización del Gasto Público (1997)). Tanto la Comisión como expertos en el tema (Ayala (1999), Clavijo (1998)), propusieron cambios dirigidos a acortar el período de transición, elevar las edades de retiro, aumentar más las contribuciones y adoptar criterios más estrictos de elegibilidad. Aunque desde 1999 el Gobierno anunció su intención de introducir reformas a la Ley 100 no fue sino en el 2002 a fines del primer semestre de la Administración Uribe cuándo se aprobó la Ley 797. Esta reforma elevó la tasa de cotización de 13,5% a 15,5%, aumento el número total exigido de semanas cotizadas e incorporó a los trabajadores independientes al Sistema General de Pensiones. Adicionalmente, el Referendo votado en Octubre del 2003 incluyó una pregunta dirigida a eliminar los regímenes especiales o privilegiados (incluye las pensiones de, Magisterio, Militares, Congreso y algunas entidades públicas como Telecom y ECOPETROL) . Ante la difícil situación financiera del ISS
25 y el fracaso del Referendo, en el 2004 el Gobierno sometió de nuevo al Congreso una nueva propuesta para fortalecer el régimen pensional y una reforma constitucional dirigida a eliminar los regímenes privilegiados.
3.6.5. El gasto en seguridad y defensa
A) ¿Por qué el estado provee la seguridad y defensa de la ciudadanía? Adam Smith (1776) fue uno de los primeros economistas en considerar las implicaciones de los gastos de defensa para una sociedad: “La primera obligación del Soberano es proteger a la sociedad de la violencia y de las invasiones de otros estados y esta sólo se puede lograr mediante la fuerza militar”. David Ricardo(1817) argumentaba que el costo de la defensa debería cubrirse con impuestos antes que mediante el crédito, pues este último permitía a los gobiernos permanecer en conflictos armados sin restricciones. Un siglo más tarde, Keynes(1919) argumentó que los gastos de defensa en períodos de conflicto armado deberían cubrirse mediante bonos forzosos. Desde el punto de vista de las finanzas públicas la defensa es uno de los pocos ejemplos de bien público puro pues cumple sus dos propiedades básicas: no excluyente y no rival. Difiere de los bienes privados en la medida que todos los ciudadanos reciben la protección o defensa del estado por igual. Es decir, no es posible impedir que una persona se beneficie de manera particular de los servicios de seguridad del estado o de una estrategia de defensa contra el enemigo. Además, los beneficios de los servicios de seguridad y defensa por parte de un individuo no reducen el beneficio por parte del otro. Si el gobierno crea una instalación militar que protege a sus ciudadanos de ataques los protege a todos. B) ¿ Cuál ha sido la evolución y el impacto del gasto militar? El país ha sufrido un claro deterioro del orden público como consecuencia del conflicto armado, el narcotráfico, violencia y la delincuencia. La intensidad de estos problemas explica el crecimiento del gasto público militar que se acentúa durante los noventa (Cuadro 3-10). En 1990 el gasto en defensa y seguridad (GDS) correspondía a 2,2% del PIB. Posteriormente aumentó aceleradamente y en 2003 representaba 3,8% del PIB. Para el 2005 se estima que ascienda al 5% del PIB (Gráfico 3-14). Con respecto a la naturaleza del gasto, este se ha enfocado en aumento en el personal (pie de fuerza) y en menor medida a la inversión en equipo militar de alta tecnología, armamento, equipo de transporte, etc. Según un indicador de intensidad del conflicto calculado por el Centre for Systematic Peace en 1999, Colombia se ubicaba en un nivel de intensidad de conflicto armado similar al de países como Argelia, Burma, Burundi, Liberia y Rusia. Partiendo de este hecho, el gasto de militar en Colombia aparecía bajo ya que es el menor dentro de este grupo de países pues correspondía a
26 2,4% del PIB en promedio entre 1990-1999 (Gráfico 3-15) (Caballero, 2003). Desde entonces el gasto militar se ha duplicado. En periodos de conflicto la sociedad dedica recursos productivos escasos a combatir la violencia. Dado que el gasto militar proviene del presupuesto, la sociedad desvía recursos de gasto social a defensa. Un país de ingreso medio en conflicto dedica un 5% del PIB a gasto militar. Esto es un 2% del PIB superior al gasto militar requerido en épocas normales. Tal ha sido el caso en Colombia. Otros costos presupuestales se refieren a la necesidad de reconstruir infraestructura petrolera, principalmente oleoductos, y las redes eléctricas que ha sido afectada. Se presentan altos costos sociales en términos de pérdidas de vidas o sea de capital humano y social. El conflicto incrementa las tasas de mortalidad y provoca el desplazamiento y el desempleo. Hay costos representados en pérdida de la tierra, por razones de narcotráfico, por falta de apoyo social del gobierno y en razón de causas municipales particulares. Se requieren adoptar medidas de prevención y atención humanitaria, así como de estabilización socioeconómica, mediante acceso a la tierra, crédito, salud, empleo, vivienda, y capacitación, El Banco Mundial estima que los países con conflicto interno crecen un 2.2% anual menos que en períodos de paz. Un argumento consiste en que la guerra actúa como un choque permanente sobre la economía induciendo a los agentes a ajustar sus decisiones intertemporales de inversión y consumo hacia la baja lo que repercute en el producto de la economía y el crecimiento. En Colombia, uno de los factores que incidió en la caída del crecimiento desde mediados de los ochentas fue el descenso en la productividad. Cárdenas (2003) es un trabajo empírico prueba que la caída en la productividad estuvo relacionada con el incremento de la violencia, el narcotráfico y el conflicto armado. Según estudios del Ministerio de Hacienda, un aumento anual de 1% del PIB en el gasto militar como parte de una estrategia de defensa, tiene efectos expansionistas permanentes en el producto, la inversión y el consumo (Arias, A. y L. Ardila (2003).
3.6.6. ¿ Cuál ha sido la evolución del gasto en justicia? Como se explicó en la introducción a este capítulo, otro de los bienes públicos que debe ser provisto por el estado es la justicia. El estado es el encargado de establecer reglas claras que permitan resolver los conflictos entre los agentes de la sociedad y garantizar los derechos de propiedad, y además velar por el cumplimiento de las mismas. Según la constitución de 1991, la rama judicial esta formada por tres grandes partes. La primera es la justicia ordinaria encargada de resolver los conflictos civiles, comerciales, laborales, penales y de familia y conformada por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores y los juzgados. La segunda es la justicia responsable de resolver los conflictos que se generan dentro de las diferentes instituciones, organizaciones y empresas públicas. Esta labor es ejercida por el Consejo de Estado y los tribunales administrativos. La tercera es la justicia que debe garantizar el cumplimiento de la constitución, función en cabeza de la Corte Constitucional. Adicionalmente, dentro de la rama judicial también hacen parte la Fiscalía General de la Nación
27 y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ). El Ministerio de Justicia ( que hace parte de la rama ejecutiva) es el encargado de diseñar las pautas de la política estatal en materia de justicia y manejar los temas presupuestales ( Ramos y Garrido, 1995). Los recursos que el estado destina a las labores de justicia pasaron de 0,66% del PIB en 1990 a 1,35% en 1999 ( Gráfico 3-16). El gasto en justicia creció fuertemente a partir de 1992 como consecuencia de la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y el CSJ. Posteriormente se ha mantenido relativamente estable. La gran mayoría del gasto, más del 90%, corresponde a aquel destinado al funcionamiento de la rama judicial (Gráfico 3-17). En efecto, durante los noventa no sólo aumentó la planta de personal sino también el valor de la nómina (salarios). Con respecto al gasto en inversión, la mayoría esta relacionado con la compra de terrenos, construcción, dotación de edificios judiciales. 3.6.7. ¿ Cómo se financia la infraestructura? El Estado no sólo provee bienes públicos como la defensa y la justicia y bienes meritorios como la educación, salud y pensiones, sino que también debe propender por otros que por su costo y complejidad no son siempre provistos por el mercado privado sin la participación pública como son los servicios públicos y la infraestructura. Tal es el caso de la electricidad, las vías, el agua, las telecomunicaciones, etc. Estos bienes se caracterizan por manejar una masa crítica de usuarios grandes (acueductos), por requerir de una inversión inicial considerable como son las grandes obras de infraestructura como puertos, puentes, ferrocarriles y carreteras, por fundamentarse en contratos a muy largo plazo (Generación hidroeléctrica) y por la necesidad de otorgar subsidios ( servicios públicos domiciliarios). En estas situaciones, se puede recurrir a la provisión exclusivamente pública o privada o a un sistema donde ambas esferas pueden coexistir. Bajo el último esquema, el sector público puede vincular al privado mediante concesiones o privatizaciones en la construcción, financiación, operación y mantenimiento del mercado del bien. Mediante las privatizaciones, el estado concede el ejercicio y control total del mercado al sector privado. Mediante las concesiones, el estado diseña y adjudica proyectos a los agentes privados quienes se encargan de la financiación, operación y mantenimiento y al final del periodo de la concesión transfieren el proyecto al estado. Algunos de estos bienes son monopolios naturales, es decir, los costos medios de producción disminuyen cuando aumenta el nivel de producción lo que dificulta la competencia y hace que sea más eficiente la existencia de una sola empresa. En Colombia el desarrollo de la infraestructura económica y de servicios públicos ha atravesado por dos etapas cuyo punto de quiebre lo constituye la constitución de 1991 que implicó un cambio en las reglas de juego relacionadas con la inversión en este sector. La primera fase se caracterizó por la participación exclusiva del estado en la inversión en infraestructura (con excepción de minería, petróleo y gas) mientras que en la segunda, la esfera privada comienza a jugar un rol activo en los diferentes sectores de la infraestructura. Colombia, según estudios
28 recientes del Banco Mundial (2003), ha mantenido en las últimas décadas un buen ritmo de gasto público en infraestructura. También ha recibido niveles crecientes de inversión privada. Los niveles de inversión en infraestructura han sido favorables en términos comparativos de América Latina. Además, se ha concentrado el gasto en infraestructura en la denominada infraestructura social que comprende el acceso de las familias a servicios de electricidad, agua, teléfono, alcantarillado y gas natural siendo la meta la universalización de los servicios. La cobertura ha crecido en términos comparativos y ha logrado ser un 20% mayor al esperado para un país del nivel de ingreso per cápita de Colombia. Sin embargo el esfuerzo ha sido algo menor en infraestructura productiva que comprende generación eléctrica, carreteras, otros medios de transporte urbano y rural, telefonía, y telecomunicaciones, siendo el principal cuello de botella la baja extensión de carreteras y la falta de pavimentación. La inversión pública en infraestructura en Colombia ha alcanzado entre un 3-4% del PIB. Esta se lleva a cabo directamente por el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales y empresas públicas. La privada también ha sido importante. Alcanzó un promedio anual del 1.5% del PIB en los noventa y su auge no comenzó sino en la segunda mitad de los noventa. En los últimos años ha fluctuado entre el 2-3% del PIB. En Colombia la inversión privada ha provenido de concesiones y proyectos a riesgo y menos de privatización como ha sido el caso en el resto de América Latina. Así, La inversión total en infraestructura que comprende la pública y privada superó al conjunto de países latinoamericanos (1-3% del PIB).
3.6.8.
¿Cuáles son otras características del gasto público en Colombia? •
Rentas de destinación especial
Una de las características más sobresalientes del régimen fiscal colombiano es la predominancia de rentas de destinación específica o de rentas atadas.. Las rentas de destinación específica, como su nombre lo sugiere, son decisiones constitucionales o legales que vinculan el recaudo de un impuesto, gravamen o renta con un gasto específico. La proporción del gasto atado a destinos específicos en Colombia es uno de los más altos en Latinoamérica. Una modalidad de rentas atadas que se discutieron en una sección anterior son las transferencias gubernamentales que se adelantan por la vía constitucional y que se originaron en el situado fiscal para educación y salud y en la cesión del impuesto a las ventas. En esta sección no se hace, por tanto, referencia a ellas, sino a otro conjunto de rentas de destinación especial establecidas por Ley y que han absorbido una proporción importante de los recursos públicos. Dentro de estas, las más importantes han sido los impuestos al café, los impuestos a la nómina con destino al Instituto de Bienestar Familiar ICBF y al Sena, los ingresos por venta de licores y los gravámenes departamentales sobre la cerveza, loterías y juegos de azar a la salud, y el producto del impuesto de valorización a la construcción de obras públicas, En el
29 pasado también fueron muy importantes la destinación de una sobretasa a las importaciones para el Fondo de Promoción de Exportaciones PROEXPO y el producido del impuesto a la gasolina para el Fondo Vial Nacional que proveía los recursos para la construcción de carreteras, como se comentó en una sección anterior. Aunque algunas de las rentas de destinación especial han dejado de tener lugar en años recientes se han creado otras entre las cuáles cabe destacar la creación de fondos públicos paraestatales para diversos productos agrícolas inspirados en la tributación al café, el régimen de vigencias futuras con la que el Estado se compromete a hacer las apropiaciones y los pagos a inversiones en infraestructura como los transmilenios y otras destinaciones de rentas para favorecer actividades especiales como el deporte con el producido del impuesto a los celulares. Tal como lo planteó desde inicios de los años ochenta la Misión de Finanzas Intergubernamentales (1981) las rentas de destinación especial plantean inmensa inflexibilidad al presupuesto. No obstante, la teoría de las finanzas públicas establece que estas son plenamente justificadas cuándo se trata de transferencias para el financiamiento de bienes públicos. Respecto a otras rentas atadas el principio utilizado ordinariamente es que las rentas se justifican cuándo existe un vínculo entre el origen y el destino de la renta como es el caso de la tributación cafetera. Un ejemplo positivo de rentas de destinación específica ha sido la tributación cafetera. Desde 1923 con la creación de la Federación de Cafeteros, por iniciativa gremial, se creó un impuesto para la defensa de la producción y comercialización. Con posterioridad, en 1940 con la constitución del Fondo Nacional del Café se creó la retención cafetera como mecanismo de financiamiento de inventarios a raíz del Pacto Interamericano de cuotas. En los años ochenta se crearon un conjunto de fondos parafiscales para otros productos agrícolas con fines similares a los de los cafeteros. Estos fondos han estado basados en cuotas a la producción o la exportación ordenadas por ley pero que no se incluyen en el presupuesto nacional y que están dirigidas para su manejo por parte de los gremios de la producción correspondientes. La Misión de Finanzas Intergubernamentales (1981) hizo críticas a otras rentas atadas como a las correspondientes a los impuestos a la nómina dirigidos al Sena e ICBF. Frente a estas opinaba que si bien existía algún grado de correspondencia entre el origen del tributo y los beneficiarios, beneficios como los de recreación no los recibían los trabajadores de menores ingresos. Además criticaba el manejo privado de fondos públicos sin estrecha vigilancia del gobierno Análisis posteriores de los organismos multilaterales de crédito y de la Misión de Ingresos Públicos (2003) han criticado los impuestos a la nómina por el costo salarial adicional que representan para las empresas y su incidencia negativa en el empleo. En efecto, según los estudios de la Misión, una sustitución de los aportes parafiscales con cargo a la nómina por gastos del presupuesto general permitiría crear entre 20 mil y 232 mil nuevos empleos, dependiendo del tipo de financiación (déficit, mayor IVA, mayor impuesto a la renta). En general los estudios citados critican las rentas por la inflexibilidad que le introducen al presupuesto. •
Exenciones o gastos fiscales
Un último aspecto del gasto público que se debe considerar en este capítulo es el relativo a las exenciones tributarias, particularmente aquellas dirigidas a reducir los impuestos de renta a las
30 empresas a cambio de que emprendan inversiones específicas. Las revisiones adelantadas en la literatura sugieren que las exenciones tributarias a las empresas raras veces se traducen en beneficios netos para la sociedad. Ello llevó a la Misión de Ingresos Público (2003) a sugerir su eliminación. En un reciente estudio del Ministerio de Hacienda titulado Marco Fiscal de Mediano Plazo (2004) se efectúa un cálculo del sacrificio fiscal de las exenciones y se estima que estas pueden alcanzar cerca del 2% del PIB. Tales cálculos, no obstante, dejan de tomar en cuenta las exenciones extendidas en la reforma tributaria del 2003. Sin embargo, las exenciones tributarias a las personas naturales y las exclusiones a algunos bienes del IVA han tenido un objetivo de redistribución del ingreso y deben ser evaluados desde dicha óptica.
3.7
El gasto público y la distribución del ingreso en Colombia
El direccionamiento y composición del gasto público es una herramienta con la cual cuenta el estado para mejorar la distribución del ingreso de un país. El impacto del gasto público social sobre la distribución del ingreso o sea su función distributiva depende del monto, su esquema de financiación y la distribución de los beneficios entre los ciudadanos. Una herramienta útil para analizar el impacto del gasto público en la distribución del ingreso la constituyen las encuestas realizadas a los hogares por el DANE como la Encuesta de Calidad de Vida (ECV). Según la ECV de 1997, los subsidios relacionados con el gasto social en educación, salud, vivienda, servicios públicos, cuidado infantil y entrenamiento representan el 5% del ingreso de los hogares al nivel nacional. Sin embargo, este monto varía a través de los diferentes grupos de ingresos. En el primer quintil, es decir, en el grupo donde se encuentra el 20% de la población más pobre del país, los subsidios representan el 32% del ingreso del hogar mientras que para el quinto quintil ( donde se ubica el 20% más rico) representan el 2%. En términos globales esto indica que el gasto público social esta enfocado en mayor medida hacia los ciudadanos de ingresos más bajos. Si se compara el monto de los subsidios entre el área urbana y rural se encuentra que el gasto social esta enfocado en mayor medida hacia el campo. En efecto, para el ciudadano rural promedio los subsidios representan 8% de sus ingresos mientras que para el ciudadano urbano promedio representan 4% de su ingreso. Es importante destacar que desde mediados de los ochenta ha habido grandes avances para direccionar el gasto social hacia campo pues en los setentas los subsidios que llegaban a estas zonas eran inferiores a los destinados a las zonas urbanas. De manera global, el impacto redistributivo del gasto social es neutral con relación a la distribución del ingreso. En otras palabras, si dividimos el total de la población por grupos de ingreso, el porcentaje del gasto social que va dirigido a cada uno de ellos no presenta grandes diferencias. El primer quintil recibe 23% del total de subsidios mientras que el quinto quintil recibe 16%. Sin embargo, existen diferencias si se analiza los principales componentes sociales del gasto. El gasto hacia la educación primaria, el régimen de salud subsidiado y el cuidado infantil son los programas más redistributivos, es decir, estos recursos llegan en mayor proporción a los estratos
31 más pobres. En efecto, los dos quintiles de ingresos más bajos reciben más del 50% del gasto social en estos rubros (Cuadro 3-11). Por el contrario, los subsidios a la vivienda y a la educación superior son menos redistributivos, es decir, no están siendo enfocados hacia los ciudadanos más pobres. De hecho, los dos quintiles de ingresos más altos concentran el 67% y del gasto en educación superior y el 52% de los subsidios a la vivienda (Cuadro 3-11). Si se diferencia entre zona rural y urbana existen algunas diferencias. El gasto en educación primaria es más redistributivo en el área rural donde el 40% de la población más pobre recibe un porcentaje mayor de subsidios comparado con el correspondiente grupo del área urbana. Por el contrario, el gasto en salud es menos redistributivo en la zona rural (Cuadro 3-11).
32
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35
CUADROS
36
Cuadro 3-1: Principales instituciones fiscales Rama Ejecutiva
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Crédito Público y Tesoro Nacional
Formulación y ejecución del presupuesto
Diseño y desarrollo la estrategia de crédito público interno y externo
Confis
Discusión y aprobación del programa fiscal acorde con el programa macroeconómico de la Nación
DNP
DAF
Evaluación del adecuado comportamie nto fiscal de las entidades territoriales.
Dian
Recauda los impuestos y maneja las aduanas nacionales.
Conpes
Unidad de estudios presupuestales
Discusión de los planes de inversión
Formula el presupuesto de inversión
Contraloría General de la Nación
Revisión expost de la ejecución de la política fiscal
37 Sector Público Consolidado
Banco Central
Financiero
Fogafín
Bancos
No financiero
Empresas no financieras Empresas industriales y comerciales Por ej.: Ecopetrol
Empresas de servicios públicos Por ej: Telecom
Empresas públicas Departamentales y municipales
Gobierno General Gobierno Nacional Central
Gobierno departamentales y municipales
38 Rama Legislativa Congreso
Comisión III
Comisión IV
Temas fiscales
Temas presupuestales
Comisión interparlamentaria de Crédito Público
Estudia y aprueba las solicitudes individuales de endeudamiento público del Gobierno
39
Cuadro 3-2 REFORMAS PRESUPUESTALES GOBIERNO AÑO LEYES Reyes 1905 Dec 426 Restrepo 1910 Restrepo 1912 Código fiscal Concha 1915 Reforma Código Fiscal Ospina 1924 Ley 44 Concha 1940 Santos 1940 Santos 1942 Santos 1942 Gómez 1950 Dec. 164/50 A. Lleras 1960 Dec. 1016 Valencia 1964 Dec. 1675 C. Lleras 1968 Art. 54 Constitución M. Pastrana 1974 Ley 17/72; Dec. 294/74 Betancur 1985 Betancur 1985 Dec. 742/85 Barco 1987 Barco Gaviria
1989 1991
Gaviria Samper A. Pastrana Uribe Uribe Uribe
1992 1995 2000 2002 2004 2004
Ley 48 de 1989 Ley 41. Banco de la República. Ley 4 Ley 617 Ley 819/04
Fuente: Junguito y Rincón (2004)
MEDIDAS Establece contabilidad de caja Recorte de gastos Impide contracréditos Establece contracréditos Sobre la formación del presupuesto No se aprobó presupuesto Recorte de Gastos Recorte de Gasto Propuesta de Reforma Presupuestal Nuevo Estatuto Orgánico Nuevo estatuto orgánico Nuevo Estatuto Orgánico Establece cesión de ventas Nuevo Estatuto Orgánico Propuesta de Estatuto Orgánico Constitución de Comisión de Gasto Público Decreto de desmonte de institutos descentralizados del orden nacional Nuevo Estatuto Orgánico del Presupuesto Limitación crédito al Gobierno Aumento sueldos Ejército, Magisterio, Salud Creación de Comisión de Racionalización del gasto público Impone restricción al gasto, Ley de Ajuste Fiscal Territorial Reforma Pensional Ley de Responsabilidad Fiscal Propuesta de Reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto
40
Cuadro 3-3
TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS TERRITORIALES Y FINANZAS REGIONALES GOBIERNO AÑO LEYES MEDIDAS Marroquín 1898 Propone descentralización fiscal Reyes 1904 Decreto Centralización de rentas departamentales Restrepo 1910 Decreto Descentralización de rentas departamentales A. Lleras 1958 Reforma Establece transferencia del 10% para ecuación Constitucional C Lleras 1968 Reforma Reforma constitucional. Situado fiscal constitucional. C Lleras 1969 Ley 45/68 Cesión de ventas M Pastrana 1971 Ley 46/71 Fija reglas de distribución del situado fiscal A. Michelsen 1975 Ley 44 Nacionalización del gasto en educación. Detrimento de las finanzas públicas territoriales e incluso del Gobierno Nacional Betancur 1984 Ley 14 Fortalecimiento fiscal territorial Betancur 1985 Ley 50 Fortalecimiento fiscal territorial Betancur 1986 Ley 12 Incrementa cesión de ventas 20 puntos Gaviria 1991 Reforma Reforma e incrementa transferencias Constitucional Gaviria 1994 Ley 60/94 Reglamenta transferencias dispuestas por constitución Gaviria 1994 Ley 100/94 Reforma pensional. Asume obligaciones territoriales A Pastrana 2000 Ley 617/2000 Ajuste Fiscal Territorial A Pastrana 2001 Acto Legislativo Modifica Transferencias A Pastrana 2001 Ley 715/01 Esquema acorde con Acto Legislativo Fuente: Junguito y Rincón (2004)
41
Cuadro 3-4 Principales programas de asistencia social en Colombia Programa
Tipo de asistencia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Administra programas de transferencias en especie destinados al bienestar de los niños
Red de Solidaridad Social (RSS)
Fondo social que financia una amplia gama de programas, incluyendo un programa de apoyo a los ingresos a través del empleo, transferencias en especie para viviendas y transferencias en efectivo para los ancianos
Instituto Nacional de Vivienda Proporciona transferencias en especie en forma de de Interés Social y Reforma subsidios para la construcción y compra de viviendas Urbana (Inurbe) Subsidio Familiar y cajas de compensación
Las cajas de compensación administran el plan de apoyo a los ingresos mediante subsidios familiares, así como distintas transferencias en especie
Programa para la ampliación de la educación secundaria (Paces)
Programa de transferencias en especie que proporciona cupones para que los estudiantes asistan a escuelas secundarias privadas
Subsidios de servicios Un sistema de transferencias en especie de subsidios públicos básicos (agua, que hacen que el uso de estos servicios básicos sea alcantarillado, electricidad y más asequible para residentes de vecindarios pobres gas) Fuente: Banco Mundial, 2003
Cuadro 3-5 Evolución del gasto en educación nacional y local – destinado a la educación básica(% del PIB) Educación Situado fiscal Participación minicipios ley 60 Otros aportes Presupuesto Nacional Fuente: FMI (2004)
1994 2,55 1,57 0,19 0,78
1996 2,87 1,76 0,37 0,75
1998 2,63 1,71 0,47 0,46
2000 2,76 1,75 0,57 0,44
2002 (pr) 4,19 0 3,34 0,85
2003 (pr) 4,28 0 3,3 0,98
42
Cuadro 3-6 Esquema del sistema de salud – Ley 100 de 1994 Contribuciones Voluntarias $
$
Seguro privado PMP - PAC
Contribuciones obligatorias $
$
Rég. Contributivo
EPS Fosyga
1% de Subsidio
Rég. Subsidiado
Sisben
ARS
Subsidios Públicos
Gobierno
Población Pacientes Fuente: Banco Mundial (2004)
Cuadro 3-7 Evolución del gasto público en salud (% del PIB)
Salud Situado fiscal Participación minicipios ley 60 Seguridad social (salud) + ISS + Cajanal Otros aportes Presupuesto Nacional
Fuente: FMI, 2004
1994 2,56 0,56 0,16 1,07 0,76
1996 3,45 0,66 0,31 1,69 0,8
1998 2,83 0,66 0,39 1,22 0,56
2000 2,62 0,65 0,48 0,98 0,52
2002 (pr) 2,46 0 1,4 1,06 0
2003 (pr) 2,68 0 1,38 1,19 0,11
43
Cuadro 3-8 Asignación de los recursos – Ley 60 de 1994 Situado fiscal Departamentos
Hospitales públicos
Municipios
Régimen Contributivo
Rentas Cedidas
Participaciones
Fosyga Fuente: Banco Mundial, 2004
Cuadro 3-9 Asignación de los recursos – ley 715 de 2001 SGP- subsidios de oferta Departamentos
Hospitales
Rentas Cedidas
SGP- subsidios demanda Municipios Fosyga
Fuente: Banco Mundial, 2004
Régimen Contributivo
44 Cuadro 3-10 Indicadores de violencia en Colombia Secuestros Voladura de oleoductos Voladura red eléctrica 1990-1998 1489 51 20 1999-2000 3269 103 339 Crecimiento 120% 102% 1595% Fuente: Policía Nacional, Ejército Nacional, Ecopetrol y DNP. ( Arias y Ardila, 2003)
Cuadro 3-11 Distribución porcentual del gasto social por quintiles de ingreso Total nacional quintiles I (más pobre) II III Programas para la niñez 28 31 21 Educacion 21 20 22 Primaria 35 29 21 Secundaria 23 26 26 Superior 5 7 18 Capacitación 12 17 24 Vivienda 7 13 27 Salud 40 19 20 TOTAL 23 20 21 Urbano quintiles I (más pobre) II III Programas para la niñez 31 30 20 Educacion 17 18 21 Primaria 32 28 21 Secundaria 21 24 27 Superior 6 7 17 Capacitación 13 21 23 Vivienda 9 16 30 Salud 19 20 31 TOTAL 18 18 22 Rural quintiles I (más pobre) II III Programas para la niñez 31 19 18 Educacion 21 22 21 Primaria 25 23 21 Secundaria 17 26 21 Superior 4 0 18 Capacitación 17 17 18 Vivienda 4 14 13 Salud 17 23 19 TOTAL 21 22 21
IV 13 21 12 17 31 26 32 11 19
V (más rico) 7 17 4 8 38 20 21 10 16
13 23 13 18 32 27 28 16 22
V (más rico) 6 21 6 10 39 21 17 14 20
18 20 17 22 35 26 31 14 20
V (más rico) 11 16 13 14 43 22 38 26 16
IV
IV
Fuente: Vélez y Foster (2003) con base en la Encuesta de Calidad de Vida de 1997