Edición: Primera. Octubre Octubre de 2014 ISBN: 978-84-15295-78-5 ISBN: Tirada: 500 ejemplares Diseño: Gerardo Miño Composición: Eduardo Rosende
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Índice
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PREFACIO
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INTRODUCCIÓN
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1. Una sociología de los mercad mercados os de la segur seguridad idad 2. Estatización, priva privatización, tización, mercantilización 3. Hipótesis sobre el desarrollo de los mercad mercados os de la seguridad 4. Sobre la investiga investigación ción y los conteni contenidos dos del presen presente te libro
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C APÍTU LO 1 Un negocio expansivo y controve controversial rsial
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1. Diferenciación y obje objetivació tivación n de la segur seguridad idad priva privada da 2. Transformación de los sistemas policiales y mercantilización de la seguridad
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C APÍTU LO 2 La industria del control
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1. El campo de las em empresas presas 2 Representa Representaciones, ciones, prácticas y relacion relaciones es de servicio
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C APÍTU LO 3 Cuando los agentes estatales se vuelve vuelven n emprendedores
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1. Con Conversió versión n al mercad mercadoo y transferencia de saberes profesionales 2. La inversi inversión ón del capi capital tal social en la actividad económica
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C APÍTU LO 4 El nuevo proletariado de la vigilancia
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1. Los trabajadores y su trabajo 2. La selección del personal 3. La producción de las competencias y su despliegue
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C APÍTU LO 5 Un fenómeno socialmente enraizado
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1. Un emergente de la modernidad económica y social 2. La seguridad privada en el mundo de la empresa 3. La seguridad privada en la administración pública
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C APÍTU LO 6 Entre la desigualdad y el temor
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1. Espacios de vida y modos de protección 2. Aspectos subjetivos del consumo de seguridad privada
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CONCLUSIÓN
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BIBLIOGRAFÍA
Prefacio
E
ste libro sintetiza diez años de trabajo consagrados al estudio de los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de la seguridad privada en Argentina. Además de contribuir a debates e intercambios estrictamente académicos, me gustaría que las ideas que aquí presento puedan asociarse al persistente movimiento intelectual a través del cual las ciencias sociales argentinas han contribuido a una reexión colectiva en torno a las delicadas cuestiones que hacen a la seguridad ciudadana. Desde hace dos décadas, sociólogos, politólogos, antropólogos, historiadores, criminólogos y juristas argentinos han aportado una mirada crítica con respecto a las formas autoritarias de tratamiento de la cuestión penal, llamando la atención sobre los problemas morales y técnicos de las aproximaciones represivas a los problemas de seguridad, y abogando por una concepción democrática centrada en la perspectiva de los derechos humanos. En este punto, además de los aportes realizados en publicaciones y foros académicos, muchos colegas se comprometieron públicamente con perspectivas especícas en el campo de las políticas de seguridad. A contramarcha de lo que parecía acontecer en los medios de comunicación y en las palestras electorales, subrayaron la necesidad de incluir las interpretaciones sobre la violencia, el delito y el miedo en una concepción más amplia de las tendencias actuales de la sociedad y los desafíos que las mismas plantean a la ciencia social y a la práctica política. Mi libro procura ofrecer una mirada de conjunto sobre un hecho social que se ha vuelto omnipresente en la experiencia cotidiana, tanto en las calles y los lugares de trabajo y esparcimiento como en los medios de comunicación y los debates políticos. Su principal intención es brindar argumentos fundados en los hechos sobre un ámbito de la realidad social que suele estar atravesado por fantasmas y prenociones de todo tipo. Un ámbito en el que se expresan 7
también diversas tendencias de la sociedad contemporánea: la cultura de la inseguridad, la gestión racional de riesgos, la economía de servicios, la tercerización, la hibridez policial, las nuevas formas de la violencia, la desigualdad social, la segregación socioespacial. Estas cuestiones generales son abordadas a partir del trabajo detallado sobre aspectos parciales de un objeto de análisis construido en el diálogo entre la teoría y la investigación social. El presente estudio fue madurando en el marco de sucesivas etapas en las que pude contar con apoyos personales e institucionales varios. Inicialmente, ensayé una primera aproximación al universo de la seguridad privada en la tesis de doctorado desarrollada entre 2003 y 2007 en el Centro de Investigaciones Políticas de la Sorbona (CRPS), hoy integrado al Centro Europeo de Sociología y Ciencia Política de Paris (CESPP). Bajo la dirección de Daniel Gaxie y con el inestimable apoyo nanciero del Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Técnicas (CONICET), pude elaborar allí el problema central de la investigación, que se nutre de la sociología económica y de la criminología sociológica, pero que está atravesado de punta a punta por una interrogación acerca del carácter político de los vínculos sociales. Durante esos años desarrollé la fase inicial del trabajo de campo, que incluyó la recopilación y el análisis de materiales de empresas, estadísticas ociales, documentos de las cámaras empresarias y sindicatos, archivos de prensa, etc. Al mismo tiempo, llevé adelante sucesivas olas de entrevistas con empresarios, funcionarios políticos y policiales, vigiladores, responsables de seguridad en empresas, consumidores individuales. En esta etapa, pude contar con el apoyo inestimable de jóvenes colegas de la Universidad de Buenos Aires: Alejandra Beccaria, Eugenio Donatello, Khalil Esteban, Tomás Guevara, Alexia Maxit, Sebastián Oriozabala, Mariana Ramos Mejía, Marisa Rodríguez Brunengo y Mariano Szkolnik. Con ellos compartí, entre 2006 y 2010, un proyecto de investigación del programa UBACyT que nos permitió trabajar conjuntamente sobre diversos aspectos hoy reelaborados en vistas del presente libro. En el año 2009, realicé una visita postdoctoral al Centro Universitario de Investigaciones Administrativas y Políticas de Picardía (CURAPP) que me permitió apropiarme de herramientas teóricas y metodológicas especícas para el estudio de los mercados. Paralelamente, inicié una colaboración fecunda y amistosa con investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI-Sciences Po) que me abrieron las puertas a una comprensión más global del fenómeno estatal y las formas de la violencia en la
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sociedad contemporánea. El apoyo intelectual y la amistad de Frédéric Lebaron y Jean-François Bayart inspiraron diversas líneas de análisis desarrolladas en el libro. Una nueva apertura hacia la literatura anglosajona tuvo su impulso a través de la estimulante colaboración con Keith Hayward y los entrañables colegas que me recibieron durante algunos meses en la Escuela de Política Social, Sociología e Investigación Social de la Universidad de Kent (Reino Unido). El diálogo permanente con los investigadores del Núcleo de Estudios en Sociología Económica y de las Finanzas de la Universidad de São Carlos (Brasil), especialmente con el incansable Julio Cesar Donadone y con Roberto Grün, mantuvieron en primer plano la pregunta acerca de la relación entre economía y política desde una perspectiva latinoamericana. Entre 2009 y 2010, pude profundizar mis exploraciones sobre las lógicas del consumo de seguridad privada en las organizaciones complejas y en los ámbitos residenciales a través de un proyecto de la Agencia Nacional de Promoción Cientíca y Tecnológica (ANPCyT). La problemática especíca de los usuarios residenciales fue profundizada en un proyecto desarrollado en la Universidad de Buenos Aires entre 2011 y 2013, que incluyó la realización de una encuesta sobre la cultura de la inseguridad y nuevas inquisiciones sobre la seguridad privada en dicho contexto. En este período pude contar nuevamente con la colaboración de colegas con los cuales exploramos conjuntamente una serie de cuestiones relativas a la inseguridad en la sociedad contemporánea: Florencia Bavala, Gabriel Calvi, Khalil Esteban, Alexia Maxit, Andrés Scharager y Francisco Striebeck participaron activamente en este emprendimiento. Finalmente, durante 2012 y 2013 tuve la grata experiencia de ser convocado como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Proyecto “Conocimiento y competencias para el Planeamiento de la Seguridad Ciudadana (ARG/11/008)”. En dicho marco, pude actualizar los datos sobre la industria de la seguridad y su regulación política, además de tener estimulantes intercambios con investigadores y funcionarios interesados en el problema de la seguridad. Las conversaciones con Juan López Chorne, Erwin Viera y Gonzalo Herrera Gallo sirvieron para poner a prueba mi comprensión de un fenómeno que suscita preocupaciones y pasiones en dosis equivalentes. Algunos de los análisis y materiales presentados en este volumen fueron parcialmente publicados en libros y revistas de circulación académica. El análisis de los aspectos generales del fenó-
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meno de la seguridad privada retoma materiales ya publicados en “Estado, policías y criminalidad. Las relaciones entre seguridad pública y seguridad privada en la Argentina actual”, PostData. Revista de Reexión y Análisis Político, vol. 18, n° 1, abril 2013, p. 11-49, en “Une mise à distance pragmatique de la force physique. Formes et fondements de la sécurité privée en Argentine”, Sociétés Contemporaines, n° 72, octubre-diciembre 2008, p. 103-124, en “La marchandisation de la sécurité privée. ¿Une remise en cause des ‘fonctions régaliennes’ de l’Etat?”, La Nouvelle Revue Argentine, n° 2, diciembre 2008, p. 41-52, y en “La gestión privada de la seguridad en la sociedad del riesgo” (en colaboración con Khalil Esteban, Tomás Guevara y Mariana Ramos Mejía), La sociología ahora, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2007, p. 111-129. Del análisis de los servicios y prácticas de vigilancia hay versiones previas en “La production d’un ordre instrumental. Sur quelques usages sociaux de la sécurité privée en Argentine”, Déviance et société , vol. 36, n° 4, diciembre 2012, p. 389-411. Sobre los agentes que se constituyen en el ámbito de la seguridad privada se publicaron análisis parciales y menos actualizados en “El nuevo proletariado de la vigilancia. Los agentes de seguridad privada en Argentina” (en colaboración con Khalil Esteban y Tomás Guevara), Trabajo y Sociedad, n° 19, invierno 2012, p. 103-116, en “Fabriquer des agents de sécurité. La production sociale d’une catégorie socioprofessionnelle: le cas de l’Argentine”, Chantiers Politiques. Revue de Réexion Politique, n° 5, primer semestre 2007, p. 34-45, en “Transformaciones sociopolíticas y mercado de trabajo. El caso de la seguridad privada en Argentina” (en colaboración con Alejandra Beccaria), Estudios del Trabajo, nº 31, diciembre 2006, p. 53-77, y en “Del Estado al mercado. La reconversión de policías y militares en la industria de la seguridad privada”, Seguridad Sostenible, n° 30, octubre 2006. Retomo parcialmente algunos análisis del funcionamiento de los mercados de la seguridad que fueron publicados en los artículos “Los mercados como redes. El enraizamiento de la seguridad privada en Argentina”, Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Año 20, n° 63, septiembre-diciembre 2013, p. 125-152, en “Vendendo segurança. A construção social dos mercados de vigilância e proteção na Argentina”, Revista Espaço de Diálogo e Desconexão, vol. 4, n° 2, agosto 2012, p. 121-155, y en “La vida social de los precios. Evaluaciones monetarias y acción económica en los mercados de la seguridad privada”, Civitas. Revista de Ciências Sociais, Vol. 10, n° 3, octubre 2010, p. 450-467. Análisis parciales y preliminares de los usos sociales de la seguridad privada se encuentran en “La
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sécurité privée et l’entreprise. Résultats d’une enquête en Argentine”, Sécurité & Stratégie, n° 13, junio-septiembre 2013, p. 58-64, así como en el capítulo “¿Des marchés de la peur? La ‘culture de l’insécurité’ et les usages de la sécurité privée en Argentine”, en AA. VV, Cultures et inégalités. Enquêtes sur les dimensions culturelles des rapports sociaux , L’Harmattan, Paris, p. 159-177. Mi libro La sécurité privée en Argentine, publicado en 2011 en la colección Recherches Internacionales de la casa editorial Karthala y el CERI/Sciences Po constituye un antecedente global, más extenso y desarrollado, de alguno de los capítulos que aquí se presentan en una versión más ligera pero más actualizada. En términos generales, este trabajo es producto de la universidad pública y de las instituciones públicas de investigación. En ellas, encontré no solamente conocimientos que no podría haber adquirido de otro modo sino también colegas y amigos que acompañaron los últimos años de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y en las carreras de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En orden estrictamente alfabético, quiero agradecer a Oscar Aelo, Enrique Andriotti Romanin, María Laura Canestraro, Ana Castellani, Humberto Cucchetti, Emilio de Ípola, Luis Donatello, Mariana Heredia, Gabriel Kessler, Silvana Lado, Lucas Martin, Adriana Martínez, Julieta Mira, Matías Muraca, Juan José Nardi, Marta Panaia, Germán Pérez, Julián Rebón, Cintia Rodrigo, Gustavo Salerno, Ricardo Sidicaro, Facundo Solanas, Gabriel Vommaro, Ariel Wilkis, Carla Zibecchi y tantos otros colegas que no podría nombrar sin ocupar para ello una página entera. En esta lista debería estar también Gastón Beltrán, que nos abandonó inesperadamente, pero con quien tuve el innito privilegio de ser compañero de estudios, vecino y colega durante los casi veinte años compartidos que la vida nos regaló. Finalmente, deseo agradecer a mis padres Domingo y Concepción, a mis hermanos María Cecilia y Hernán y a mi abuela Luisa que nos acompañó hasta sus recientemente cumplidos 90 años. A Marta Pesa y toda su familia por las agradables estadías en Tucumán. A Alberto Danón que se fue cuando hacía las últimas correcciones de esta obra. Y a mi compañera de todos estos años, María Celeste Danón, que contribuyó con su trabajo a este proyecto, pero también compartió conmigo su tiempo y su paciencia mientras trabajaba todos los días en un hogar quizás demasiado pequeño para ser también una ocina.
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Introducción
L
a seguridad privada se maniesta en múltiples formas en la experiencia ordinaria. Las garitas situadas en las esquinas de los barrios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires o de las grandes ciudades del interior del país. El personal uniformado en la puerta de un hotel de lujo o de una torre residencial, aunque también a la entrada de una farmacia o una tienda de comidas rápidas. Personas con características similares que recorren los perímetros de las empresas, o los pasillos de los centros comerciales y las facultades. Vehículos con identicaciones comerciales que se desplazan en las calles y avenidas, retiran sacas de locales comerciales o acompañan camiones con mercaderías. En la materialidad misma de las viviendas, los dispositivos de control y protección marcan su presencia: carteles, rejas, paredones, alarmas, cámaras de vigilancia, e incluso el lugar reservado al vigilante de seguridad. Hay una realidad diseminada en cuerpos, objetos y sitios, una desbordante objetividad de la seguridad –en este caso no estatal– que se nos impone, nos abruma, nos invade. Esta omnipresencia no es solamente física, también podemos encontrar sus huellas en las elaboraciones simbólicas que nuestra sociedad produce día a día. La crónica policial revela la complicidad de un vigilador en el robo a un banco, o el asalto a un camión blindado. O incluso el ataque sexual a una joven turista por parte de quien trabajaba en una agencia de seguridad. Investigaciones periodísticas, policiales y judiciales arman que los robos en una cierta zona, en un country o en un conjunto de barrios cerrados, son producto de la competencia feroz entre empresas de seguridad por el control de un territorio. En el límite del escándalo, se descubre que ex represores trabajan en empresas de vigilancia, o directamente las poseen. Medidas políticas, o nuevas propuestas
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legislativas, avivan la controversia sobre el lugar de la seguridad privada, su legitimidad y sus efectos sociales. Hay así una objetividad elemental, una visibilidad incuestionable, un conjunto de huellas que el funcionamiento de la sociedad deja a su paso, que nos brindan un primer conjunto de indicios del modo de existencia de un hecho social como la seguridad privada. Pero una investigación sociológica no analiza la realidad tal como se le presenta, aproblemáticamente, sino que introduce claves que interrogan esa realidad, despliega procedimientos de observación, sistematización e interpretación que permiten dar cuenta del fenómeno. Debe juntar los fragmentos, buscar relaciones, restituir las lógicas de estructuración de lo real que sólo pueden ser captadas por una mirada sistemática. Ahora bien, la investigación no capta pasivamente lo real. Lo construye a partir de preguntas fundadas teóricamente. ¿De qué manera pueden surgir mercados en un ámbito de la actividad social en que el Estado reclama una posición de monopolio? En otras palabras, ¿cuáles son las condiciones sociales que permiten la aparición y el desarrollo de un sistema de intercambios comerciales en torno a los servicios de seguridad? Estas preguntas remiten a un debate sobre las transformaciones de las formas en que individuos, grupos y organizaciones se arreglan para proteger sus bienes y ordenar sus actividades de cara a amenazas y riesgos multiformes. Pero también a una discusión sobre la génesis y el funcionamiento de los mercados en el campo especíco de la seguridad, es decir, sobre la introducción de lógicas económicas en el campo de la prevención del delito y el mantenimiento del orden. Estamos, pues, ante una problemática bifronte: por un lado, nos preguntamos sobre las características de las prácticas especícas de la seguridad privada en tanto modo de policiamiento; por otro lado, nos volcamos al estudio de la organización de los mercados de la seguridad en tanto espacios de producción, comercialización y consumo organizados en función de la competencia entre empresas. La aparición de esos mercados no solo tiene causas y características especícas, sino también consecuencias de suma importancia. He aquí las principales cuestiones que me propongo abordar en este libro. En el primer plano, la seguridad privada es considerada como una forma especíca del control del delito y de mantenimiento del orden. En este sentido, se la problematiza en su especicidad histórica y funcional en el marco de una pregunta sobre la manera en que los grupos sociales han organizado dispositivos para la protección de la vida y la propiedad. En el segundo plano, se la
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considera como una forma especíca de actividad económica. En este sentido, la seguridad privada da lugar a la organización de relaciones mercantiles que median la producción y el consumo de bienes y servicios destinados a la protección de los bienes y las personas. Desde el primer punto de vista, el contenido predomina sobre la forma: lo que importa es lo que se hace y lo que se busca para lograr el n deseado. Desde el segundo punto de vista, la forma predomina sobre el contenido: más allá de la especicidad de lo que circula, lo importante es que se trata de un modo de enlazamiento social de tipo mercantil que comparte características con otros mercados. A partir de estos dos ejes, nos introducimos en la pregunta general acerca de la relación entre lo económico y lo político, entre lo cultural y lo político, entre lo económico y lo cultural. Pero no lo hacemos de manera especulativa, ni a través de fórmulas generales. En el análisis concreto de los materiales empíricos construidos a la luz de la teoría, lo económico y lo cultural se imbrican concretamente cuando las representaciones del delito y de la amenaza criminal se convierten en fundamento de un consumo –masivo y creciente– de bienes y servicios destinados a proteger la vida y los bienes de las personas. Lo cultural y lo político se entrelazan cuando la creciente importancia de la inseguridad como eje de estructuración de las luchas electorales y las relaciones de gobierno repercute sobre el modo en que las personas perciben y organizan su vida cotidiana. O cuando las imágenes socialmente construidas de una actividad económica operan como fundamento de la producción legislativa y la regulación gubernamental de un mercado particular. Lo económico y lo social aparecen imbricados cuando una forma de organización de actividades empresarias –como, por ejemplo, la tercerización de los servicios de vigilancia en centros comerciales u otros lugares de esparcimiento– termina poblando los escenarios de interacción cotidiana con objetos y acciones cargados de signicado: vigiladores, uniformes, radios, móviles, alarmas, cámaras de vigilancia, etc. Estas referencias revelan el carácter multidimensional de una realidad social que suele presentársenos a través de fragmentos. Ahora bien, el carácter fragmentario de la experiencia ordinaria del mundo social no conduce necesariamente a una representación teórica desarticulada de los procesos y las estructuras sociales. El objeto debe ser construido.
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1. Una sociología de los mercados de la seguridad
Múltiples formas privadas y públicas de actividad policial existieron en diversos países y en distintos tiempos. En cambio, los mercados de la seguridad son una realidad que recién aparece a nales del siglo XIX, en los Estados Unidos y en el norte de Europa. Nuestro trabajo aborda esta forma particular de seguridad privada que tiene un carácter mercantil, por decirlo más claramente, capitalista: empresas y empresarios, servicios administrativos, comerciales y operativos, normas jurídicas y regulaciones especícas, clientes y prácticas de consumo constituyen la industria de la seguridad y sus múltiples mercados. Los mercados de la seguridad no son formas simplemente privadas de organización de los vínculos sociales, como la familia o la comunidad, sino formas especícamente comerciales en las que bienes y servicios son intercambiados por dinero. Considerar esto nos permitirá poner en perspectiva la idea misma de privatización de la seguridad que se asocia frecuentemente con el desarrollo de la seguridad privada. De hecho, la noción misma de seguridad privada deberá ser reconstruida. En su uso ordinario, reere a una actividad de carácter mercantil que ofrece servicios de protección y vigilancia a clientes que están dispuestos a pagar dinero para utilizarlos según sus intereses y nalidades. 1.1. Un hecho social total
En Argentina, lo que hoy se conoce como seguridad privada –concepto del lenguaje corriente que da cuenta de un conjunto de servicios de protección y vigilancia ofrecidos por empresas en el ámbito mercantil– existe desde nales de la década de 1950. Con un crecimiento moderado en los años sesenta y setenta, la expansión del sector se profundiza en los años ochenta y toma un impulso inédito en los años noventa. En las últimas dos décadas, se ha venido consolidando un conjunto de empresas que ofrecen servicios de vigilancia, control de accesos, custodia de personas y mercancías, seguridad electrónica y transporte de valores. Estos servicios tendieron a generalizarse en todos los ámbitos de la vida social. Si inicialmente se trataba de una prestación dirigida a grandes empresas industriales, comerciales y nancieras, comenzó luego a ser utilizada en centros de compras, countries, barrios privados y clubes, para terminar desembarcando más recientemente en hospitales, escuelas, universidades y hasta pequeños comercios y edicios de departamentos.
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De este modo, la actividad se expandió cuantitativa y cualitativamente, diversicando sus actividades y su clientela, al tiempo que aumentaba el volumen de negocios y el grado de institucionalización. Además, junto con el desarrollo de la actividad se consolidan sus instancias de representación corporativa y se pone en funcionamiento un amplio sistema de regulación estatal que incluye leyes especícas, órganos de control y articulación con las fuerzas policiales. Todos estos procesos tienen repercusiones, esporádicas pero sistemáticas, en el espacio público mediatizado, sobre todo en las coberturas periodísticas y las controversias políticas y parlamentarias. Desarrollaremos estos diferentes aspectos en el cuerpo del presente libro. Pero esta visión de conjunto revela que, lejos de tratarse de un fenómeno estrictamente económico, o puramente criminológico, la seguridad privada es un hecho social que combina y entremezcla elementos económicos, jurídicos, políticos, morfológicos, culturales, emotivos y hasta estéticos. Para aludir a este tipo de fenómenos, el sociólogo francés Marcel Mauss introdujo la noción de hecho social total, que hace eco de la denición durkheimiana de los modos de sentir, hacer y pensar propios de un grupo humano, pero avanza una crítica precoz de la idea típicamente moderna de que la sociedad contemporánea se encuentra organizada en esferas claramente diferenciadas. En los hechos sociales totales “se expresan a la vez y de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas, morales –en estas tanto las políticas como las familiares– y económicas […] a las cuales hay que añadir los fenómenos estéticos a que estos hechos dan logar, así como los fenómenos morfológicos que estas instituciones producen” (Mauss, 1923: 157). Por lo tanto, en el estudio de los mercados de la seguridad privada hemos de observar cómo se ensamblan elementos y relaciones de distinta naturaleza, acciones económicas y mecanismos de reproducción social, representaciones colectivas y regulaciones jurídicas, cálculos, temores y esperanzas. En primer lugar, este hecho social presenta una dimensión económica. Desde el momento en que los dispositivos que sirven a las necesidades de protección de bienes y personas adquieren una forma mercantil, se convierten en realidades sociales con una existencia análoga a la de otros espacios económicos: empresas, trabajadores, sindicatos, títulos, contratos, clientes, dinero, modos de cálculo, concepciones del control, regulaciones estatales especícas, reconocimiento en las estadísticas ociales. Estas objetivaciones nos permiten tener una primera visión del alcance del fenómeno.
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Según los registros formales, existen más de mil quinientas empresas de seguridad privada en Argentina, incluyendo un centenar de rmas relativamente grandes, entre ellas un puñado de rmas trasnacionales que se instalaron en el país durante la última década y algunas decenas de empresas con una larga trayectoria en el sector. El conjunto del sector emplea cerca de 160.000 traba jadores, la mayoría de ellos encargados de tareas de vigilancia, que representan poco menos del 2% de los asalariados del país. Esos trabajadores realizan múltiples tareas que van desde la vigilancia física en distinto tipo de objetivos –denominación coloquial de los sitios donde se prestan los servicios en la jerga de la profesión– o la escolta de mercaderías en automóvil hasta el monitoreo de sistemas de alarmas o cámaras de video a través de una computadora de escritorio. A partir de la facturación estimada de las empresas y los informes corporativos, puede calcularse que el volumen de negocios del sector en la Argentina es hoy de unos 25 mil millones de pesos anuales. Esta cifra se acerca a lo que cuesta hacer funcionar cada año al conjunto de las policías provinciales para garantizar los servicios de seguridad pública. Globalmente, la seguridad privada es una actividad que brinda ingresos más o menos importantes a miles de empresarios, directivos y gerentes de agencias, al tiempo que ocupa a decenas de miles de trabajadores desperdigados en el conjunto del territorio nacional. Según todas las estimaciones existentes, el crecimiento de la actividad se mantiene constante entre un 5% y un 10% anual, con relativa inmunidad a las caídas que se producen en otros sectores de la economía. No se trata de una singularidad local, puesto que este movimiento se verica a escala mundial. Pero el signicado social de este fenómeno económico no se detiene allí. En efecto, el desarrollo de un sector especializado en la prestación de servicios de protección de bienes y personas llama la atención sobre cambios más generales en el mundo económico: el desarrollo de empresas de servicios, la subcontratación, la gestión racional de los riesgos, la recomposición de los presupuestos de los hogares, de las empresas y de las administraciones. La seguridad privada podría así considerarse como un espacio de observación de las transformaciones estructurales de la economía y los cambios organizativos de las empresas. Ofrece por otra parte un terreno propicio a la observación de los procesos de formación de nuevas categorías socio-profesionales y de un nuevo empresariado. En la cumbre de esta industria, se
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encuentran algunos miles de dirigentes de empresa, provenientes esencialmente de las instituciones militares y policiales, cuya reconversión hacia el mercado comenzó en los años sesenta y se intensicó desde comienzos de los noventa. Esta presencia y este movimiento revelan transformaciones en las organizaciones armadas del Estado y sobre todo las particularidades de las carreras de sus miembros que, beneciándose de un temprano retiro y de un relativo monopolio profesional sobre el campo de la seguridad, se reconvierten luego en la actividad empresarial. En el otro extremo de la industria, se pueden situar manifestaciones concretas de cambios más generales del empleo. La seguridad privada es una de las raras ramas de la economía donde el empleo aumentó mucho en un contexto de desocupación galopante: en efecto, mientras la tasa de desempleo era del 7% en 1992, 16% en 1997 y 23% en 2002, la fuerza de trabajo contratada en el sector de la seguridad privada era de cerca de 40.000 asalariados en 1992, 60.000 en 1997 y alrededor de 90.000 en 2002. Desde entonces, la cantidad de asalariados ha crecido con mayor intensidad que en el resto de la economía, para alcanzar –según la misma fuente– los más de 150.000 en la actualidad. Si se trataba antes de un ocio reservado a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, la extensión de la industria de la seguridad privada es acompañada por la incorporación de asalariados de origen popular, acostumbrados a ocupar puestos temporales y mal pagados en la economía informal, o de personas demasiado mayores según los nuevos criterios del mercado laboral, que se encuentran en situación de desempleo hacia el nal de su vida activa y deben adaptarse a estos nuevos puestos, numerosos y accesibles, pero muy diferentes de aquéllos que habían conocido en la época dorada de la sociedad salarial. El signicado sociológico de la aparición y el desarrollo de la seguridad privada no se limita solo a los aspectos económicos. Implica también aspectos sociales y culturales. La lógica de la prevención, el miedo del crimen, la compartimentación y el aislamiento de los individuos y grupos, son elementos constitutivos de un mundo social cada vez más fragmentado. La generalización de los barrios cerrados en los suburbios, que atraen a las capas medias y superiores de la sociedad fuera de la ciudad, da lugar a conictos y contactos arriesgados entre grupos sociales crecientemente distanciados. La nueva arquitectura de los grandes conjuntos inmobiliarios de las ciudades incluye ahora una piscina, un solárium y un jardín de invierno, al mismo tiempo que cámaras de vídeo, garitas
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para los vigiladores y cercos perimetrales. Las alarmas proliferan en los locales comerciales y en las casas individuales de los barrios residenciales. Las rejas se generalizan en las viviendas de todos los grupos sociales. El radio-taxi sustituye al taxi independiente de antaño, que se ha convertido en fuente potencial de riesgos. Las calles comerciales de los barrios entregan parte de su vitalidad a shoppings minuciosamente vigilados que ofrecen a los visitantes un medio tranquilo y protegido. He aquí un conjunto de nuevas rutinas de la vida diaria –y de nuevas disposiciones de los objetos en el espacio– que revelan transformaciones del lazo social así como en los esquemas de percepción y los sistemas de prácticas de ciertos grupos sociales. Las acciones y representaciones de los grupos sociales se inscriben así cada vez más en una experiencia del mundo en la que la inseguridad ocupa un lugar central. Esta categoría nativa, utilizada para explicarlo todo y justicarlo todo, permite a las personas dar sentido a su vida diaria y constituye a la vez el fundamento y la racionalización del cambio de sus prácticas. No salir por las noches, evitar ciertos lugares o elegir una casa determinada por temor a la inseguridad pasaron a ser hechos corrientes. Los desarrolladores inmobiliarios obtienen ventajas de esta nueva cultura, así como los medios de comunicación y las empresas de entrega a domicilio. Una parte del negocio de la seguridad privada se apoya directa o indirectamente en esta cultura de la inseguridad. Si las empresas de seguridad viven en parte de este conjunto de creencias y sentimientos, los benecios también alcanzan a espacios que garantizan explícitamente a sus clientes una atmósfera segura, o incluso distinguida, que excluye a grupos sociales supuestamente indeseables. A este respecto, la extensión de los dispositivos privados de protección debe considerarse en el marco de las nuevas conguraciones de los vínculos sociales y los sistemas de creencias más elementales. Last but not least, la seguridad privada tiene un signicado político de primer orden, no sólo porque la mayoría de los empresarios del sector tuvieron una carrera previa en el Estado, o porque el Estado asume la regulación de estas actividades, sino también porque –según algunas hipótesis muy extendidas en los medios intelectuales– la existencia misma del fenómeno vendría a poner en cuestión lo que se considera como la función principal del Estado. En efecto, de Hobbes a Weber, el pensamiento político moderno concedió a la seguridad un papel fundamental en la formación y el funcionamiento de los Estados. Desde el punto de vista histórico,
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los Estados modernos se constituyeron por la concentración de los medios de violencia y la imposición de un poder centralizado en un territorio determinado. En los debates contemporáneos sobre la crisis del Estado en el contexto de la globalización, que involucra a sociólogos, antropólogos, politólogos y juristas, pero también a lósofos, escritores, periodistas y profesionales de la política, la idea de una privatización de la seguridad aparece ligada a los discursos sobre el nal del Estado-nación y su pérdida del monopolio de la violencia física legítima, incluso la disolución del Estado como forma de organización de las relaciones políticas. Se trata de una visión apocalíptica, impregnada por el espectro de la decadencia, que comenzó con los discursos sobre la crisis del Estado benefactor hacia nales de los años sesenta y se prolongó durante los años de apogeo del neoliberalismo como forma política e ideológica. Una visión demasiado simplicada de la crisis del Estado que supone su incapacidad creciente para responder a las demandas sociales o producir un orden legítimo, fomentando indirectamente el surgimiento de formas sociales alternativas (en particular, la expansión de los mercados). En resumen, el ámbito de la seguridad privada permite abordar problemas relativos a las transformaciones económicas, sociales y políticas que enfrentan las sociedades contemporáneas. Por lo tanto, en este libro hablaremos sobre los mercados y sobre la seguridad, pero también sobre la policía, las evoluciones de la administración pública y el Estado, sobre la propiedad privada y la producción social de fronteras entre los individuos y los grupos, sobre el miedo y la violencia, sobre los cambios en los métodos de producción y sobre las transformaciones de los espacios de vida. 1.2. Mercados enraizados
El punto de vista que domina al conjunto de esta investigación es lo que podríamos llamar una sociología política de los mercados. Es decir, un tipo de aproximación a los aspectos económicos del mundo social desde una mirada centrada en la política y el poder. Sólo complementariamente una mirada criminológica es introducida para enriquecer a un objeto construido según reglas que no son las de esta disciplina interesada por el estudio del delito y el control del delito. Neil Smelser y Richard Swedberg denen a la sociología económica como “la aplicación de los marcos de referencia, las variables y los modelos explicativos de la sociología al complejo de activida-
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des relativas a la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios escasos” (Smelser y Swedberg, 2005: 11). Cuando estudian mercados, los sociólogos elaboran modelos generales, esbozos de tipologías y estudios de caso que ponen a prueba un conjunto de hipótesis de validez general. A través de estas estrategias procuran poner en tensión las aproximaciones usuales de la ciencia económica dominante. Se ha dicho que “los mercados no son solamente la suma de las actividades de compra y venta de individuos autónomos en competencia. Son también arenas que estructuran la competición de acuerdo con principios organizativos legitimados” (Abolaa y Biggart, 1992: 315). También que “los mercados son estructuras sociales en las cuales los productores reproducen su propio conjunto de acciones […] el mercado emerge como una estructura de roles con nichos diferenciados para cada una de las empresas que operan en él” (White, 1981: 518). En este sentido, los mercados no son agregados fortuitos de vendedores y compradores que se encuentran solo para establecer breves intercambios diádicos, sino “complejas redes de distribución de una variedad de bienes y servicios entre participantes estructuralmente enraizados” (Wellman y Berkowitz, 1988: 221). Los mercados son fenómenos sociales. La sociología económica mostró que las relaciones mercantiles están enraizadas en estructuras económicas más extensas, pero también en marcos sociales, culturales y políticos. La noción de enraizamiento, encastre o anclaje (embeddedness) fue introducida por Karl Polanyi para caracterizar la articulación entre la economía y otras esferas de la vida social en las sociedades llamadas primitivas. En oposición a estas sociedades más o menos indiferenciadas, las sociedades modernas tendrían por característica principal el desenraizamiento de la economía bajo la forma de un mercado auto-regulador (Polanyi, 1976). Retomado por Mark Granovetter, este término fue central en la renovación de la sociología económica a partir de los años setenta (Granovetter, 1985). A partir de esta operación inicial, ha habido múltiples usos de la noción de enraizamiento: autores como Neil Fligstein y Frank Dobbin insisten sobre el enraizamiento de la economía en la política, mientras otros como Mitchel Abolaa o Michel Callon insisten sobre la inscripción de las relaciones económicas en determinados marcos culturales o cognitivos. En todos los casos, se subrayan los lazos orgánicos entre dimensiones aparentemente diferenciadas de la vida social.
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El ámbito privilegiado de reexión sobre el enraizamiento de los mercados fue el de las redes y las estructuras sociales. La propuesta de Granovetter se caracteriza por insertar el análisis de la acción económica en el contexto inmediato de relaciones sociales en el que se llevan a cabo, priorizando el análisis de las redes sociales como constitutivas de lo económico (Granovetter, 1973, 1985). Su perspectiva cuestiona lo que él llama la visión infra-socializada de la ciencia económica y la visión sobre-socializada de cierta sociología determinista. En ambos casos, se ignora para él la importancia de las relaciones sociales en las cuales se encastra la acción económica. En efecto, la acción económica no es ni el comportamiento racional que busca realizar el propio interés del homo œconomicus ni el mero efecto de un conjunto de estructuras objetivas, normas y valores que operan mecánicamente. En este marco, se recurrió con frecuencia al análisis del volumen y la naturaleza de los vínculos sociales de que disponen los individuos, a veces llamado capital social, con el objetivo de dar cuenta del modo en que las conexiones permiten tener acceso a información, hacer circular la propia reputación o acceder a oportunidades vitales. En el caso de los mercados de trabajo, Granovetter mostró que los vínculos débiles constituyen un recurso fundamental para acceder a empleos (Granovetter, 1973), mientras que Burt argumentó sobre la importancia de las redes personales para mejorar la posición de un individuo dentro de una empresa (Burt, Hogarth y Michaud, 2000). En el terreno de la competencia, el capital social sirve sobre todo para procurarse clientes (Granovetter, 1983). Pero no solo los emprendedores crean mercados al formar empresas y tejer redes comerciales. En términos generales, la producción de los mercados fue realizada por las autoridades públicas en el proceso de constitución del capitalismo moderno. A través de textos legislativos y reglamentarios, por medio de incentivos económicos y otras políticas públicas, regulando la competencia y comprando de manera directa bienes y servicios, el Estado modela las relaciones económicas. Así pues, la instauración de los mercados como dispositivos de organización económica resulta de la acción política de los Estados, por lo tanto de los gobiernos, los partidos y las burocracias: los análisis críticos del neoliberalismo y de la globalización dan cuenta de ello (Bayart, 2004; Hibou, 1999; Lebaron, 2000, 2006). En su análisis estructural de los mercados, Neil Fligstein aborda la relación entre la política y la construcción de los mercados destacando que la institución del mercado –y el funcionamiento concreto de los mercados particulares– se basa en instituciones
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no-mercantiles: la propiedad, las estructuras de gobernanza, las concepciones del control y las reglas de intercambio. En su formulación más radical, arma que “la formación de los mercados forma parte del proceso de construcción del Estado” (Fligstein, 1996: 657-8). En un planteamiento más bien taxonómico, Fligstein propone establecer relaciones entre distintos tipos de dominación política y de organización estatal, por una parte, y principios de organización de los mercados, por otra. Intenta poner de maniesto que el Estado contribuye a crear las instituciones de mercado y los mercados particulares, pero que eso varía según el papel de la instancias ociales en el desarrollo económico y según la participación de las distintas clases sociales en las alianzas políticas gobernantes (Fligstein, 2000). Algunas de sus categorías analíticas resultan interesantes para pensar problemas de investigación: “los gobiernos pueden proporcionar nanciamiento para nuevas tecnologías, denir estándares, producir regulaciones con consecuencias intencionales y no intencionales, y comprometerse en múltiples formas de intervención directa o indirecta” (Fligstein, 2000: 64). Según Pierre Bourdieu, el Estado contribuye a la construcción social de los mercados por la reglamentación de la producción y por la creación tanto de la oferta como de la demanda (Bourdieu, 2000: 113-124, 155-172 y 250-251). Por medio de la instauración de normas jurídicas generales y especícas, las autoridades públicas contribuyen a moldear la producción, el consumo y los intercambios mercantiles (Bourdieu, 2000; Campbell y Lindberg, 1990). La investigación de Bourdieu sobre el mercado de la vivienda revela que su instauración depende en gran parte del proyecto político que busca establecer una Francia de propietarios, un proyecto promovido por una nueva derecha innovadora desde los años sesenta, desarrollado en las ocinas de algunos ministerios y materializado en las políticas de nanciación de la construcción y de la compra de casas. Esta política especíca es acompañada por otras acciones estatales, tales como la construcción de autopistas y la ampliación de los servicios públicos hacia áreas periféricas en curso de urbanización. Si los trabajos de Fligstein y Bourdieu subrayan la importancia de las luchas entre los actores que comparten una industria, así como el papel privilegiado del Estado en la formación de los mercados, los trabajos de Frank Dobbin se reeren por su parte a la inuencia de las políticas públicas en el funcionamiento de los mercados. Según este autor, la acción del Estado moldea de manera directa o indirecta la competencia y la organización de las empre-
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sas. Lo muestra en diversas investigaciones que abordan los efectos de la política antimonopolista sobre la organización de la industria del transporte en el siglo XIX, el impacto de la legislación social sobre el régimen de seguro de salud en la primera mitad del siglo XX y las consecuencias de la ampliación de los derechos sociales sobre las condiciones de trabajo de los asalariados en las empresas en la última mitad del siglo XX (Dobbin, 1992; Dobbin y Dowd, 1997, 2000; Dobbin y Sutton, 1998). Este acento puesto sobre el poder organizador del Estado sirve para mostrar las deciencias de la teoría económica de los mercados autorregulados. Sin que eso se inscriba en el ámbito de la sociología de los mercados, la ciencia política puso también de maniesto que la acción pública contribuye a producir, modelar y controlar sistemas de relaciones económicas (Evans, Rueschemeyer y Skocpol, 1985; Padioleau, 1989; Lindblom, 2002). A su vez, muchos trabajos sobre las reformas neoliberales destacaron el hecho de que la privatización de empresas públicas y la constitución de mercados son el resultado de proyectos políticos basados en alianzas transversales entre actores estatales, partidos y grupos sociales (Hibou, 1999; Ramos, 2003). Lo que está en juego en esta literatura es la dimensión política de los mercados. Organizaciones políticas como el Estado, el Parlamento y las administraciones contribuyen por medio de la legislación o las políticas públicas a la instauración, la reglamentación, o incluso la supresión, de algunos mercados e instituciones económicas. Así, los mercados son realizaciones políticas que se constituyen como sistemas de relaciones sociales. Pero también son ámbitos en los cuales se producen y circulan signicados: evaluaciones, apreciaciones, descripciones, teorías, cálculos. Los estudios sociales de la economía consideran estos distintos aspectos en el estudio de mercados concretos. En algunos casos, se problematizan los signicados atribuidos a las cosas y el modo en que pueden ser convertidas en objetos de intercambio, es decir, las condiciones y los mecanismos de mercantilización (Appadurai, 1986). En otros casos, interesa conocer los saberes y dispositivos que permiten encuadrar y organizar mercados (MacKenzie, Muniesa y Siu, 2007). Por lo demás, moral y saber son dos componentes fundamentales en la construcción de los mercados: no se trata de factores externos, o de meras fuerzas exógenas que moldean los mercados, sino de elementos constitutivos de las operaciones mercantiles. Una parte importante de la literatura sobre los mercados se ha interesado por el modo en que los valores y los sentimientos
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morales se articulan con las transacciones mercantiles, en algunos casos para frenar su desarrollo, en otros casos para promoverlo, pero introduciendo factores que estructuran el modo en que se entretejen las relaciones económicas. En este sentido, los estudios que destacan el enraizamiento cultural de los mercados permiten interrogarse acerca de las condiciones simbólicas que promueven la mercantilización de la seguridad, ya que no va de suyo que un bien o un servicio pueda ser el objeto de un intercambio mercantil (Appadurai, 1986; Abolaa, 1998). Las investigaciones sobre la instauración de nuevos mercados en zonas sensibles –que lo son debido al carácter de los productos que allí se comercializan, tales como los contratos de seguro de vida, los bebés en adopción o los órganos humanos– ponen de maniesto que este proceso se basa en gran parte en la capacidad de los agentes para movilizar símbolos con el n de hacer aceptar la mercantilización de los bienes y servicios que ellos ofrecen (Zelizer, 1978 y 1992; Steiner, 2001; Healey, 2003). Estas investigaciones plantean una cuestión general: ¿cómo las cosas se convierten en mercancías? Para que un mercado pueda existir, la cosa que es objeto del intercambio debe reconocerse como mercancía y ser tratada como tal. La construcción social de los mercados implica pues una denición particular de los agentes, las cosas y las relaciones que los unen. Al mismo tiempo que se organiza un sistema de relaciones objetivas de intercambio, una representación del bien o el servicio como objeto cambiable se arma. En el caso particular de la seguridad, el objeto se resiste a la mercantilización, porque diversos actores deenden la pretensión al monopolio estatal en este ámbito y porque se trata de una actividad que expone a los individuos y a los grupos a los posibles excesos de quienes ejercen estas funciones (¿quis custodiet custodes? ). Por lo tanto, es necesario un trabajo práctico y discursivo de legitimación para constituir estos mercados. En este trabajo participan los agentes del propio mercado (los empresarios de la seguridad y sus portavoces en el espacio público) indicando la necesidad de luchar contra la inseguridad, destacando los buenos resultados obtenidos y la demanda creciente por parte de los clientes. Pero también líderes de opinión que justican la existencia de los mercados en general: los intelectuales del capital –los economistas, pero sobre todo consultores de marketing y de management– justicaron a partir de los años setenta la llegada de la sociedad de mercado, la competencia y la libertad que asocian con ellas (Boltanski y Chiapello, 2002; Dezalay y Garth, 2005; Heredia, 2014). Así, tanto
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unos como otros pusieron en escena valores que superaban la pura y simple justicación del intercambio mercantil. La promesa abarcaba a la vida misma. 2. Estatización, privatización, mercantilización
En la literatura especializada, la seguridad privada se enmarca en procesos más generales de constitución y transformación de los sistemas policiales. Por lo tanto, para introducirnos a su estudio, necesitamos saber primero cómo las ciencias sociales han encarado la investigación de ese fenómeno fundamental que es la policía. A continuación, debemos situar a la seguridad privada entre las formas sociales de protección y vigilancia que los autores anglosajones denominan policiamiento ( policing ). De esta manera, podremos ver cuáles son los principales ejes del debate en torno al problema de la privatización que desemboca luego en la pregunta sobre la amenaza de la pretensión estatal al monopolio de la violencia física legítima. 2.1. En busca de la función policial
En sus orígenes, la noción de policía estaba emparentada con la gestión de los asuntos de la ciudad. La función de policía incluía las más variadas tareas administrativas atinentes al orden urbano, desde cuestiones como la salud, la vivienda y las obras públicas hasta asuntos como el control de la circulación, la regulación de las conductas y la moralidad pública (Romay, 1964; Monkkonen, 1981; Foucault, 2006; Galeano, 2007). Algunos autores señalan la cercanía etimológica entre política y policía, aunque para concebir a la segunda como toda aquella forma degradada de la primera (Schmitt, 1998; Rancière, 1996). Otros indican que la policía es una institución política central de la Modernidad que ha sido, sin embargo, relativamente ignorada por la ciencia política (Bayley, 1990; Jobard y Favre, 1997). En efecto, las deniciones clásicas de la política hacen referencia al Estado y una de las concepciones clásicas de esta institución la dene especícamente por su pretensión al monopolio de la violencia física legítima (Weber, 1994). Aunque haya surgido por vías distintas en los diferentes países, y se presente en formas institucionales muy heterogéneas, la policía es el órgano especializado que los estados crearon para ejercer esa pretensión (Mon jardet, 2009; Loader y Walker, 2001). El desarrollo moderno de la policía especica sus tareas y restringe el alcance del término en
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el lenguaje corriente, para asociarla a un cuerpo encargado del mantenimiento del orden y el resguardo de la seguridad de los ciudadanos. Como el Estado mismo, la policía desplegó actividades variadas en diferentes países y épocas históricas. Por lo tanto, para captar su especicidad no hay que considerar los múltiples contenidos de su función sino los medios particulares de que dispone para realizarla. En efecto, su singularidad no remite a las prácticas concretas de las que se encarga –que podrían ser compartidas por otros grupos sociales, religiosos, políticos o domésticos– sino a la forma política y jurídica que inviste a los agentes policiales con un poder legítimo. Según la perspectiva clásica elaborada por Egon Bittner, la policía es un cuerpo de funcionarios que el Estado autoriza al empleo legítimo de la fuerza en situaciones de urgencia (Bittner, 1980). Esta denición se opone a la concepción estrechamente jurídica que considera a la policía como un órgano de aplicación del derecho penal. Más allá de las diferencias de sus enfoques, el gran mérito de autores como Egon Bittner, Albert Reiss, Dominique Monjardet o Fabien Jobard, entre otros, reside en el hecho de haber producido deniciones de la policía para tratar de comprender con ellas su existencia real y concreta: Bittner a través de la observación de la variedad de tareas realizadas por los policías y los procedimientos que realizan para producir un orden práctico (Bittner, 1980: 29-47), Reiss analizando la inuencia del público sobre el funcionamiento de las burocracias policiales (Reiss, 1971), Monjardet realizando una sociología de la organización y del trabajo policial (Monjardet, 2009), Jobard inscribiendo un comportamiento infrecuente –pero considerado esencial de la actividad policial– como es el empleo efectivo de la fuerza, en un marco de signicados y dispositivos institucionales que le dan sentido (Jobard, 2011). Ahora bien, sean denidas en términos funcionales (mantenimiento del orden o protección de personas y de bienes), en términos pragmáticos (lo que hace la policía) o en términos formales (intervención en la urgencia o uso legítimo de la fuerza física), o por combinaciones especícas de las prácticas, de los medios y de los nes consustanciales a cualquier cuerpo burocrático especializado, las policías estatales son el resultado de procesos históricos que varían según los países. En efecto, las agencias policiales se formaron a medida que los medios de violencia se centralizaban y se erigía el Estado. Las policías actuales –con sus agentes especializados, sus jerarquías, sus uniformes y sus responsabilidades con respecto a la seguridad
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pública– se constituyeron en el transcurso del siglo XIX, al menos en Europa y en las Américas. Por lo tanto, la existencia de funcionarios investidos de la autoridad del Estado es una realidad relativamente reciente en el universo del control del delito: apareció en un contexto de racionalización de la vida económica, urbanización y centralización de la autoridad política. En términos más generales, un gran número de autores destaca que la policía pública no es más que una forma histórica particular del trabajo de mantenimiento del orden y control del delito. Según Les Johnston: La reducción del policiamiento a las acciones de un cuerpo particular de agentes (oficiales) es históricamente inexacta en cuanto el relativo monopolio oficial del policiamiento fue el producto de condiciones sociales y políticas existentes entre la mitad del siglo XIX y la mitad del XX. En efecto, la soberanía moderna del policiamiento por parte de la policía fue la excepción histórica, siendo más bien la diversidad y la pluralidad de la provisión la norma histórica (Johnston, 1999: 177).
Según este enfoque, la policía es una institución relativamente nueva que se encarga de lo que los autores anglosajones llaman policiamiento: este concepto engloba a menudo distintos tipos de tareas de vigilancia y control. Estas tareas pueden concentrarse en un órgano especíco, pero pueden también ser compartidas por varios grupos e instituciones. Por eso, se ha insistido recientemente en el carácter plural de los sistemas concretos de organización de las funciones policiales: el rol del Estado puede ser más o menos importante, pero nunca es el único agente comprometido. Cuando se trata de establecer fronteras conceptuales, encontramos criterios funcionales –sobre todo en la denición del policiamiento en términos de mantenimiento del orden y salvaguardia de la seguridad ciudadana– o criterios formales –en particular la denición del policiamiento en términos de monopolio del uso de la violencia legítima. La primera denición se centra en los nes socialmente establecidos a los cuales sirve la policía, la segunda en los fundamentos jurídicos e institucionales de sus actividades. Autores que se interesaron recientemente por las formas privadas de policiamiento –o por los escenarios de policiamiento plural que emergen con la aparición de modalidades mercantiles y comunitarias de gestión de la seguridad– critican las aproximaciones funcionalistas porque limitan por anticipado las actividades que se supone la constituyen, y las aproximaciones en términos de competencias jurídicamente establecidas porque las consideran demasiado unidas a las especicidades del policiamiento público.
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Para ellos, los enfoques funcionalistas tienen el defecto de denir la naturaleza de la seguridad privada en base a cierto tipo de tareas, por ejemplo, la vigilancia y la prevención; en lo que hace a los enfoques formalistas, la principal crítica apunta a la división demasiado estricta entre la policía pública y la seguridad privada, cuyas actividades están cada vez más articuladas. Las deniciones más restringidas, hoy día menos frecuentes, hacen coincidir el policiamiento con la policía –y particularmente la policía del Estado– mientras que las deniciones más amplias incluyen ciertos aspectos del comportamiento de los médicos, los docentes, los conductores de ómnibus, los vendedores, los padres, etc. En este último caso, policiamiento es casi un sinónimo de control social, mientras en el primero se asocia con una conguración especíca en que las policías estatales monopolizan el uso actual y potencial de la fuerza física (Bayley y Shearing, 2001). A mi entender, las deniciones amplias del policiamiento ofrecen una visión integrada de las formas sociales del control del delito y del mantenimiento del orden, aunque corren el riesgo de amalgamar hechos heterogéneos en una categoría con fronteras borrosas. Tienen la ventaja de poner de relieve una característica generalizada de los sistemas policiales de nuestro tiempo: la existencia de múltiples órganos que se encargan de distintas áreas de control y vigilancia en el marco de una verdadera división del trabajo policial. Otro mérito de estas deniciones es romper con las visiones que ligan automáticamente la policía al Estado, basándose en una visión contrafáctica de la idea misma –formulada por Max Weber en términos de probabilidad– de un monopolio estatal de la coacción física legítima. Al contrario, una denición del policiamiento que lo reduce a la policía, y en particular a una concepción de la policía entendida como la institución estatal habilitada al uso legítimo de la fuerza, corre el riesgo de no aprehender lo que hay de común entre esta institución y otras instancias que realizan tareas similares en el ámbito privado. Pero tiene la ventaja de denir con precisión a la policía –y correlativamente a la seguridad privada– evitando el uso vago de los términos. Por razones metodológicas, pero también sustantivas, es importante mantener una distinción clara entre la policía pública y la seguridad privada. Antes de mostrar sus parecidos y sus relaciones, o reunirlas en una categoría de contornos difusos, es necesario delimitarlas con claridad. Por eso evitamos utilizar la noción de policía privada, a veces empleada por ciertos actores –aunque no
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por quienes pueblan de manera persistente los mercados de la seguridad. Del mismo modo, preferimos concentrar el análisis en las formas estrictamente mercantiles de seguridad privada, para evitar las paradojas aparentes que resultarían de un uso lúdico de la inevitable vaguedad de las categorías nativas y de no pocos conceptos utilizados por las ciencias sociales. Por lo demás, una denición no debe pronunciarse de antemano sobre la naturaleza del fenómeno que indica y circunscribe, sino tan solo ayudar a delimitar aquello que puede constituirse legítimamente como un objeto de análisis. Por lo tanto, las deniciones sustantivas no pueden ser nunca el punto de partida de la investigación, sino más bien su resultado. Sin embargo, es menester revisar cuáles fueron las principales estrategias de delimitación del fenómeno, e incluso las interpretaciones y explicaciones que se elaboraron para dar cuenta de sus condiciones de existencia. Caso contrario, podríamos caer en la ilusión de que la delimitación de aquello que estudiamos va de suyo, o que podemos denir según nuestro propio parecer personal el fenómeno socialmente estructurado, pero también cientícamente preconcebido, que queremos estudiar. 2.2. El lugar de la vigilancia privada en la gestión de la seguridad
La literatura consagrada al estudio de la seguridad privada presenta un conjunto de inconvenientes conceptuales. En muchos casos, hay una tendencia a recortar el ámbito de la seguridad privada según criterios vagos. En otros casos, se dene arbitrariamente a la seguridad privada por defecto: se engloba en ella a todas las modalidades de protección y vigilancia que no son provistas por el Estado. Esto supone una concepción indiferenciada y amplia de lo privado. Esto permite incluir en una misma denición a la seguridad ofrecida en el mercado por empresas especializadas, los servicios internos de establecimientos industriales y comerciales, las estrategias colectivas de grupos y asociaciones, y toda una serie de estrategias que van desde las rejas y los perros guardianes hasta los sistemas de vigilancia y la seguridad electrónica. Así, el mercado, la empresa, el mundo asociativo y la familia son considerados implícitamente como lo que no corresponde al Estado. Al hacer esto, se señala una cierta unidad de las respuestas no estatales a los desafíos de la seguridad, pero provoca al mismo tiempo una amalgama entre fenómenos sumamente heterogéneos 31
desde el punto de vista de su signicado y de su funcionamiento. Es necesario explicitar los criterios que permiten recortar el objeto de análisis que aquí se propone. Estos criterios se corresponden con la manera en que la propia realidad se organiza, es decir, con los principios de constitución y auto-observación de los sistemas analizados. Consideremos simplemente una clasicación basada en las características y las relaciones entre los prestadores y los usuarios de servicios de seguridad. Más allá de las diferencias fenomenológicas entre las prácticas de estos agentes, que pueden ser a veces ínmas, es importante subrayar que están insertas en lógicas de acción muy disímiles: CUADRO 1. Las formas del policiamiento Modo de gestión
Estatus jurídico
Finalidad
Responsable Autónomo Heterónomo Privado Público Lucro Sin lucro Estado Mercado Comunidad/ organización
Desde la perspectiva de los usuarios, existen formas delegadas y formas no delegadas de producción de seguridad. En esta dimensión, cuando observamos que las empresas de seguridad o las fuerzas policiales asumen la tarea de velar por su seguridad, podemos considerar que tanto el mercado como el Estado aparecen como instancias exteriores a los individuos, grupos y organizaciones que son el objeto de las tareas de vigilancia y protección. Hay división social del trabajo. Al contrario, cuando la comunidad se organiza para protegerse –sea bajo la forma de grupos de vigilancia, redes de ayuda vecinal o estrategias individuales de autoprotección– da lugar a modalidades autónomas a través de las cuales los propios portadores de las necesidades de protección las satisfacen. Lo mismo sucede con las empresas que poseen sus propios servicios de vigilancia, que forman parte de los procesos internos de una organización que hace frente a amenazas y riesgos multiformes. Esta in-house security fue muchas veces incluida en la literatura sobre la seguridad privada, aunque difiere marcadamente de los servicios de seguridad que se adquieren externamente en el mercado: es menos heterónoma que la seguridad contractual y
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se apoya en las propias lógicas organizacionales y principios de funcionamiento de las empresas. Por otra parte, podemos considerar el estatus del prestador. Aquí, el policiamiento estatal puede ser denido como público porque es ejercido por funcionarios burocráticos dependientes de la autoridad política regularmente constituida y es nanciado con los recursos obtenidos por medio de los impuestos. Al contrario, los agentes del mercado, las comunidades y las organizaciones son entidades privadas cuyas actividades son costeadas por los particulares, sea con dinero o con tiempo de trabajo y esfuerzo. En el aspecto jurídico, existen sin embargo zonas grises que plantean problemas especícos. Por ejemplo, la policía ofrece servicios pagos a los particulares, mientras que los organismos estatales adquieren las prestaciones comercializadas por las empresas de seguridad. En los últimos años también surgieron formas de policiamiento comunitario que se apoyan en la convergencia entre agentes públicos y privados. Ahora bien, estas formas mixtas pueden identicarse con mucha más claridad cuando se construye un espacio de propiedades que permite poner de relieve sus particularidades. Finalmente, podemos clasicar a las distintas formas de policiamiento según los nes que persiguen los encargados de producirlas. En este plano, el Estado y la comunidad comparten un tipo de orientación de la acción que tiene como horizonte la búsqueda de la protección de los bienes y la seguridad de la población. Ni uno ni la otra persiguen objetivos comerciales, sino que sus nes son sustantivos. Al contrario, las empresas de seguridad privada que operan en el mercado producen valores de uso con la pura intención de obtener réditos al vendérselos a quienes están dispuestos a adquirirlos y consumirlos para satisfacer sus necesidades de protección. Aquí, nuevamente, existe una zona gris en que las agencias estatales siguen una lógica comercial, bajo una forma legal, como en los distintos tipos de servicios de policía adicional, o bajo la modalidad frecuentemente denunciada de agencias informales que aparentan ser empresas privadas de seguridad pero son en realidad regenteadas desde las propias ocinas policiales. Pero también puede ponerse en cuestión la idea ingenua y supercialmente funcionalista que arma que la policía se encarga de proveer seguridad a los ciudadanos: más allá de los nes ociales que consisten en combatir los delitos y mantener el orden público, las agencias policiales –como toda organización, y como toda repartición estatal– tiene sus propios nes ocultos, algunos ligados a la
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propia auto-conservación, otros a la ampliación de sus áreas de inuencia y sus recursos presupuestarios. Al considerar estas tres dimensiones y sus diferentes modalidades, observamos hasta qué punto nociones como las de seguridad pública y seguridad privada pueden ser simplicaciones extremas de una realidad mucho más variopinta. Para establecer una denición inicial, y en sintonía con las representaciones que operan socialmente en el mundo de las empresas, en la legislación y en las crónicas periodísticas, nos centraremos en las formas especícamente mercantiles de la seguridad privada, en las que los servicios son intercambiados por dinero, buscando los prestadores un rédito económico y los compradores el consumo de un cierto valor de uso. Así, la investigación tratará acerca de la construcción de la industria de la protección de los bienes y las personas, así como sobre los intercambios que las empresas especializadas en la producción de estos servicios establecen con sus clientes en el mercado. En este sentido, nuestra denición del objeto coincide además con la perspectiva que domina en el campo de los estudios sociológicos, jurídicos y criminológicos de la seguridad privada. Si la policía de Estado es una forma moderna de policiamiento, hay otra que es aún más reciente y que no es meramente una seguridad privada a secas, como se denomina en el lenguaje ordinario, en la prensa y en la política, sino más bien una forma que la literatura especializada llamó seguridad contractual (Shearing y Stenning, 1983), o más recientemente seguridad comercial (Jones y Newburn, 2006), producto de un proceso paulatino y trabajoso de mercantilización de la seguridad (Spitzer, 1987; Loader, 1999; Newburn, 2001). Con ayuda de estos conceptos, es posible situar primero las formas mercantiles de la seguridad, describirlas, explicar cómo funcionan y cómo desarrollaron, observando luego qué relaciones mantienen con otros fenómenos, incluidas las distintas modalidades de privatización. A partir de estos análisis, puede establecerse una base más sólida para discutir la transformación de los sistemas policiales y los cambios del papel del Estado en ese terreno. Los trabajos de Clifford Shearing y Philip Stenning en Canadá, los de Frédéric Ocqueteau en Francia y los de Trevor Jones y Tim Newburn en Inglaterra ofrecen numerosos elementos para el análisis de las formas privadas de protección de bienes y personas. Más allá de los debates sobre la distinción entre la seguridad pública y la seguridad privada que todos proponen, estos autores ofrecen análisis de las empresas comerciales que constituyen la industria de la seguridad, los servicios que ofrecen y los clientes a los que acceden. Para ello se sirven de las estadísticas ociales y de archivos
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privados para dar cuenta del volumen y la composición del sector, la facturación de las empresas, las características individuales y sociales de su personal, etc. También analizan las normas jurídicas y las disposiciones administrativas que el Estado establece para regular tanto a las empresas como a los servicios que prestan. Además, recurren a entrevistas con patrones, directivos y especialistas para conocer el tipo de prestaciones que se ofrecen, los modos de organización de las empresas y los principios que determinan la actividad. Observaciones en los sitios protegidos y entrevistas con los usuarios permiten nalmente dar cuenta del enraizamiento de los dispositivos de protección en las organizaciones que los acogen y el uso que se hace de los servicios adquiridos. Esta estrategia de observación detallada permite revelar un universo plural, sometido a múltiples determinaciones y con variadas formas de existencia. De ese modo, puede excluirse toda simplicación que quiera reducir este fenómeno a algunos estereotipos, o subsumirlo en un principio general. En general, la denición del ámbito de la seguridad privada se realiza en base a un conjunto limitado de factores. Partiendo de una tipología que considera cuatro variables y ocho categorías ideal-típicas, Trevor Jones y Tim Newburn (1998) sitúan en el polo de la seguridad pública el caso de los funcionarios que ofrecen servicios universales en el espacio público y que son nanciados con dineros públicos y, en el polo de la seguridad privada al personal contratado por sociedades comerciales que ofrecen servicios particularizados en el espacio privado a usuarios que pagan por ello. En su formulación más usual, la seguridad privada es vista como un tipo particular de dispositivo de protección de los bienes y las personas que responde a las demandas de los clientes y que no supone referencias normativas o penales, sino una pura anticipación racional de los riesgos (Shearing y Stenning, 1981, 1983 y 1985). Se trata de una armación de los derechos de propiedad sobre objetos muebles e inmuebles que uno posee, resguardados por un tercero que percibe una retribución por parte de su titular. La intervención de estos agentes frente a los problemas que deben afrontar se caracteriza por su naturaleza instrumental: protegen el patrimonio y las personas, pero no se interesan particularmente por la lucha contra el delito o la aplicación de sanciones legales (Spitzer y Scull, 1977: 24; Shearing y Stenning, 1983: 500). Este tipo de orientación de la acción fue denominado justicia privada: para los juristas, se trata de un tipo particular de derecho restitutivo que no hace intervenir a los poderes públicos (Scott y McPherson, 1971; Davis, Lundman y Martinez,
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1991). Las investigaciones muestran que muy frecuentemente las sanciones que corresponden por la transgresión de ciertas reglas locales se negocian con los autores de la infracción, o son impuestas unilateralmente por el responsable del sitio en los límites de su competencia (Ocqueteau y Pottier, 1995). Por lo tanto, la dimensión espacial y la dimensión jurídica se combinan para denir el ámbito especíco de la seguridad privada. La tensión entre ambas dimensiones suele ser la fuente de irritaciones y roces que luego repercuten sobre el ámbito político. Estos debates y análisis desembocan normalmente en una oposición entre dos puntos de vista. En un polo están quienes consideran a la seguridad privada en continuidad con las formas de autoprotección que no afectan ningún monopolio esencial, real o absoluto del Estado, sino que son reveladoras de la entrada en una nueva fase de multilateralidad de la seguridad en la que el mercado tiene un lugar importante. El abordaje de la seguridad por parte de actores privados no tiene nada de nuevo, sino que constituye un retorno hacia atrás luego de dos siglos de estatización del policiamiento (Becker, 1974; Spitzer y Scull, 1977). La gobernanza nodal de la seguridad (Johnston y Shearing, 2003; Button, 2008), el policiamiento plural (Jones y Newburn, 2006; Loader, 2000) o la división social del trabajo policial (South, 1988) son categorías analíticas que consagran la idea de un socio menor ( junior partner) acuñada inicialmente para legitimar a la naciente seguridad contractual y mercantil (Kakalik y Wildhorn, 1971). En el otro polo se encuentran aquellos que consideran la emergencia de la seguridad privada como una consecuencia de la crisis del Estado, que viene a su vez a reforzar la situación que le dio nacimiento. Las perspectivas más cercanas a un punto de vista neoliberal consideran racional que, frente a un servicio público poco satisfactorio, los particulares busquen soluciones individuales a los problemas que hacen a la protección de su patrimonio y su vida (Forst, 1999; Fixler y Poole, 1988). Las perspectivas más críticas ven en la seguridad privada un desafío al orden democrático por la doble vía del debilitamiento del Estado y de las amenazas a las libertades de los ciudadanos (Loader, 2000; Manning, 1999). 3. Hipótesis sobre el desarrollo de los mercados de la seguridad
La discusión anterior permite situar históricamente y denir en términos generales lo que la literatura especializada entiende por
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seguridad privada. Se trata de una forma contractual de provisión de servicios de vigilancia y protección a través de relaciones de mercado, que surge en el siglo XX para mantener el orden y prevenir las pérdidas en ámbitos espaciales denidos. En este sentido, no puede reducirse ni a las formas históricas de provisión privada que la antecedieron, ni tampoco a las modalidades estatales con las que coexiste. Una vez que se ha logrado esta precisión conceptual, es posible explorar las hipótesis especícas que fueron propuestas para explicar el nacimiento y la expansión de los mercados de la seguridad desde mediados del siglo XX. En este terreno, hay dos perspectivas analíticas que parecen ser bastante fecundas. Por un lado, se habla de una crisis del Estado que afecta todos los ámbitos de la acción pública y debilita también la oferta estatal de servicios de seguridad. Por otro lado, se habla de transformaciones sociales que producen nuevas necesidades de protección y favorecen la emergencia de nuevas estrategias de los grupos sociales frente a los distintos riesgos. En cierto modo, la primera es una explicación por el lado de la oferta de bienes públicos, la otra pone énfasis en el aumento de la demanda de dichos bienes (en este caso, la seguridad). 3.1. La crisis del Estado y las fallas de la policía pública
Ciertas visiones del desarrollo de la seguridad privada consideran a las debilidades del Estado como la principal explicación del fenómeno. De este modo, la seguridad privada sería una respuesta alternativa al servicio ofrecido por las organizaciones públicas. Por lo demás, esta fue la primera hipótesis propuesta para explicar el fenómeno. Los autores del Rand Report consideraban que la crisis scal del Estado era una de las causas de la expansión de la seguridad privada (Kakalik y Wildhorn, 1971).1 Uno de los primeros textos sociológicos consagrados al tema sostiene que la aparición de la seguridad privada se debe a la combinación de fallas del servicio público policial y una tendencia cultural propicia a la autoprotección: Sugiero que el uso generalizado de organizaciones policiales patrocinadas privadamente representa la extensión lógica de la autoprotección [self-help] 1
Como señalan algunos autores, estas explicaciones podrían ser aceptables si la expansión de los mercados de la seguridad no fuese concomitante de un avance paralelo de las organizaciones públicas de seguridad tanto en lo relativo a su volumen como a su presupuesto (Jones y Newburn, 1998: 98-102). Volveremos sobre este asunto en el capítulo 5.
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[…] la masiva contratación de policía privada es un indicador de que aquellos que recurren a este tipo de protección sienten que la protección que ofrece la policía pública es en algún modo inadecuada (Becker, 1974: 444, 449).
Desde esta perspectiva globalizante y funcionalista, las policías privadas hacen lo que la policía pública no puede hacer: esta última se encarga cada vez más de actividades ligadas al mantenimiento (general) del orden y cada vez menos de la protección (especíca) de los bienes y las personas; quienes tienen recursos nancieros se procuran en el mercado sus propios servicios de defensa, mientras quienes carecen de ellos pueden al menos organizar grupos de vigilancia vecinal (Becker, 1974: 442-3, 450-1). Como veremos luego, es probable que las familias y las pequeñas unidades económicas (sobre todo los comercios) hayan recurrido a la seguridad privada porque consideraban que el servicio público policial era insuciente o inecaz. Por el contrario, ni las empresas ni las agencias estatales que consumen los servicios ofrecidos por las agencias de seguridad privada parecen hacerlo como sustituto de la prestación policial tradicional. Puede armarse incluso que estas organizaciones contribuyeron al surgimiento de la industria de la seguridad privada a través de la externalización de sus propias necesidades de protección y vigilancia. De hecho, son estas organizaciones complejas las que constituyen el sostén económico principal de la seguridad privada. Otras explicaciones que toman en cuenta al Estado siguen el mismo camino: se trata de mostrar cómo las instancias públicas no satisfacen –o ya no satisfacen– las necesidades de protección de la población. Así, por ejemplo, el criminólogo inglés Ian Loader arma que “para responder, por un lado, a los condicionamientos y las falencias de la policía y, por otro lado, a las exhortaciones gubernamentales a evitar la dependencia de los servicios públicos, los individuos, las comunidades y las organizaciones se orientaron hacia el mercado” (Loader, 1997: 145). Retroalimentando la propia causa que le diera origen, la expansión de la seguridad privada profundizaría “una concepción de la seguridad como mercancía privada que desafía a la presunción de la seguridad como un bien público” (Zedner, 2009: 2). Estas interpretaciones inscriben el fenómeno de la seguridad privad en el contexto de los avances del neoliberalismo y la lógica privatizadora: sin embargo, todo indica que el desarrollo de los mercados de la seguridad trasciende ampliamente esta singular conguración histórica.
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En el ámbito latinoamericano, se insistió sobre una especial combinación entre la retirada selectiva del Estado y la profundización de las desigualdades sociales en un contexto de violencia generalizada: La seguridad privada en un contexto de una débil institucionalidad democrática, parecería estar inserta en cierta lógica clientelar, donde el Estado –luego de la parcelación de sus labores de administración, gestión y control de la seguridad– estaría cediendo el uso de la fuerza, de la violencia y el miedo a organismos periféricos. En países como México, por ejemplo, en un marco de altos índices de crimen, violencia y temor, el incremento de las empresas de seguridad privada como recurso para la gestión del riesgo pone de relieve la debilidad de las nacientes instituciones democráticas y, aún más, la pronunciada desproporción entre los sectores con mayores medios de hacerse de protección y aquellos que los carecen, es decir, entre las clases económicamente poderosas y aquellos ciudadanos dejados bajo la protección de un Estado disminuido (Arteaga Botello y Fuentes Rionda, 2009: 170).
Esta interpretación muestra la complejidad de las articulaciones sociopolíticas de la seguridad privada. Aunque no compartamos totalmente el diagnóstico, podemos observar el tipo de problemas teóricos que se ponen en juego al analizar la cuestión. Para otros autores, la crisis del Estado y la privatización de la seguridad forman parte de transformaciones sociales más generales. La antropóloga brasileña Teresa Caldeira escribió uno de los trabajos más estimulantes sobre los cambios urbanos en las sociedades contemporáneas: muestra allí la manera en que las mutaciones de la violencia, los modos de organización de los grupos sociales y las nociones de lo público rebotan sobre el espacio político. Cuando se trata de pensar el problema de la seguridad, arma: La privatización de la seguridad pone en cuestión el monopolio estatal del uso de la fuerza física (…) en las últimas décadas, la seguridad se convirtió en un servicio que se compra y se vende en el mercado, alimentando una industria sumamente rentable (Caldeira, 2000: 2).
Como en muchos trabajos que abordan lateralmente las transformaciones actuales en el ámbito de la seguridad, se extrae de un hecho observado de manera sistemática –el vigilador que custodia un sitio particular, incluso la emergencia de una industria de la seguridad– otro hecho que no se desprende ni lógicamente, ni empíricamente de aquél: la crisis del Estado en sus funciones básicas, sobre todo en la de seguridad. En términos generales, las explicaciones que ponen énfasis en la idea de un Estado en crisis, desbordado y reemplazado por el
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avance del mercado entendido como una fuerza irrefrenable, se caracterizan por su exterioridad y abstracción: o bien se plantea un razonamiento teórico en clave neoclásica, o bien se realizan conjeturas sociológicas no sometidas a ninguna observación sistemática. En ambos casos falta la evidencia empírica que pruebe la conexión real entre los fenómenos observados. Existen otras explicaciones que no consideran al Estado como un prestador fallido, sino como un conjunto de instituciones que experimenta transformaciones en distintos ámbitos. Las lógicas mercantiles progresan y amenazan a las demás formas de distribución de bienes y servicios, como los derechos de los ciudadanos que acompañan la existencia concreta del Estado. Así, la privatización de la seguridad sería una de las manifestaciones de un proceso más general que incluye a la salud, la educación, el transporte y las pensiones (Spitzer y Scull, 1977: 18; Forst, 1999; Manning, 1999). Por este hecho, la privatización del servicio público de seguridad y de la gestión de la aplicación coercitiva del derecho penal podría ser considerada –al menos en parte– como una de las formas de la privatización de las funciones estatales que se observan desde los años setenta (Christie, 1993; McMahon, 1996; Jones y Newburn, 2006; Zeidner, 2009). Ahora bien, la transferencia de competencias hacia empresas privadas y la emergencia de mercados de bienes públicos no son necesariamente indicadores de una crisis del Estado: investigaciones sobre países africanos, que podrían servir como modelo para indagar lo que sucede en América Latina, mostraron que la privatización del Estado es una nueva modalidad de producción de lo político, incluso un nuevo intervencionismo estatal (Hibou, 1999: 13, 31). Esta perspectiva se inscribe en la visión del neoliberalismo, las privatizaciones e incluso las mismas instituciones de mercado como realizaciones políticas (Fligstein, 2001 y 2008). 3.2. Las transformaciones estructurales de las sociedades contemporáneas
Aunque la interrogación sobre el rol del Estado sea pertinente y necesaria, algunas de las investigaciones más estimulantes sobre la seguridad privada situaron la emergencia de los mercados de la vigilancia y la protección en el contexto de las transformaciones estructurales de las sociedades capitalistas. Dos perspectivas particularmente interesantes se han convertido en referencias ineludibles: por un lado, la que pone el acento sobre el control
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capitalista de la producción; por el otro, la que señala la aparición de la propiedad privada de masa. Los criminólogos marxistas Steven Spitzer y Andrew Scull se interrogan explícitamente acerca de las relaciones entre lo que denominan policía privada y el desarrollo del sistema capitalista. La aparición de “servicios policiales orientados hacia el lucro” es para ellos un aspecto del movimiento más general de control capitalista de la economía que afecta también a otros servicios públicos antes controlados por el Estado (Spitzer y Scull, 1977). La conguración de la vida económica desde la II Guerra Mundial produjo una diferenciación entre las funciones de mantenimiento del orden y de protección de las ganancias: la policía pública cumplía con cierta ecacia la primera, mientras la segunda fue la base para la expansión de la industria de la policía privada (Spitzer y Scull 1977: 23-24). Las transformaciones del sistema capitalista, que también explican la crisis del Estado, fomentan la emergencia y el desarrollo del sector de la seguridad privada. Los cambios en el modo de gestión de las empresas contribuyen a la constitución de nuevas necesidades de protección y las empresas de seguridad son, gracias a su exibilidad, más ecaces que la policía para brindar el tipo de soluciones que el sector privado requiere: soluciones organizadas alrededor de los principios de la prevención y la restitución. A medida que las plantas industriales se expanden los problemas de seguridad se multiplican. Cuando los pagos y las transacciones financieras se incrementan en tamaño y frecuencia, los problemas de la seguridad financiera aumentan. En la medida en que el control empresarial se extiende de la producción hacia la distribución y el transporte, y las redes de distribución incrementan su volumen, distancia y complejidad, los problemas de robo hormiga, seguridad en el transporte y malversación aumentan. Cuando los empleados están mejor pagados y se les confía más información, y sus trabajos requieren competencias más sofisticadas y mayores periodos de entrenamiento, se vuelve más deseable investigar sus orígenes sociales, su carácter y sus actividades privadas (Spitzer y Scull, 1977: 25).
Las actividades orientadas a abordar estos focos problemáticos se convierten en un mecanismo fenomenal de expansión de las empresas de seguridad privada e investigación. Para estos autores, las necesidades organizacionales de los usuarios explican la con formación de diferentes mercados de la seguridad . La seguridad
privada sería así la prolongación de los mecanismos autónomos de control de la actividad de las empresas. En las últimas décadas, el desarrollo de un sector de agencias especializadas en la provisión
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de bienes y servicios de seguridad sería el resultado de la externalización de estas actividades (Jones y Newburn, 1998: 115). Estas visiones tienen el mérito de situar al fenómeno de la seguridad privada en el contexto de una transformación de los modos de gestión de la producción y de la organización del trabajo. Una parte importante de los servicios de las empresas de seguridad privada se destina hoy, tanto en Argentina como en otros países, a satisfacer la demanda de las plantas industriales, las obras en construcción y las ocinas corporativas. No hay nada en ello que tenga que ver con la retirada del Estado (que nunca estuvo realmente allí) ni con el aumento de la inseguridad (que no es el principal factor que lleva a las empresas a contratar estos servicios). Estos determinantes socioeconómicos explican el desarrollo de la seguridad privada por vía de la externalización de las funciones de vigilancia en las organizaciones. Desde mediados de la década de 1970, Clifford Shearing y Philip Stenning llevaron adelante una serie de investigaciones empíricas sobre la seguridad privada en América del Norte. Sus trabajos tienen el mérito de dar sustancia a dos hipótesis innovadoras: por un lado, la hipótesis causal que vincula a la seguridad privada con la expansión de la propiedad privada de masas; por otro lado, la hipótesis interpretativa que la enmarca en una forma de control social denida como nuevo feudalismo: Para comprender el locus de la seguridad privada es necesario examinar los cambios que tuvieron lugar, particularmente desde los años cincuenta, en la organización de la propiedad privada y el espacio público. En América del Norte muchas actividades públicas se desarrollan en el seno de instalaciones de gran envergadura, que son poseídas privadamente, que llamamos “propiedad privada de masa” […] El crecimiento de la propiedad privada de masa facilitó un continuo proceso de privatización del control social que se caracteriza por una seguridad indiferenciada. Como consecuencia de ello, América del Norte está experimentando un “nuevo feudalismo”: grandes extensiones de propiedad, y los espacios públicos que están asociadas con ellas, son controlados por firmas privadas que aseguran su policiamiento. Para cumplir con esta tarea, las firmas desarrollaron un extenso aparato de seguridad, del cual el personal uniformado que se encarga de la vigilancia y la supervisión es solo la punta del iceberg (Shearing y Stenning, 1983: 496, 503).
El surgimiento de comunidades residenciales cerradas ( gated communities), la localización del consumo en grandes centros comerciales (shopping malls) y la proliferación de grandes inmuebles particulares en los que el público realiza sus actividades cotidianas (hospitales, universidades, escuelas, ocinas, fábricas, etc.) sería
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el punto de partida de la conformación de sistemas de protección de los bienes y las personas por parte de organizaciones privadas que no podían para ello recurrir a los servicios del Estado y que abrieron así un nicho para la intervención de empresas especializadas de vigilancia y protección. Esta nueva forma de conguración del espacio desdibujó los límites entre lo público y lo privado, y con ello modicó profundamente la necesidad social de seguridad. Las prácticas sociales de producción y de consumo, de administración y de ocio, tienen cada vez más lugar en espacios privados de acceso público. En ese escenario, los propietarios del lugar tienen la responsabilidad de asegurar la protección del patrimonio y organizar la circulación de bienes y personas. Para ello recurren a servicios de seguridad que se acoplan a su organización y a su territorio. De ese modo, aparecen islotes de actividad social que aseguran su propia seguridad y profundizan así el proceso de fragmentación que le dio origen. Estos factores socioespaciales explican el desarrollo de la seguridad privada por vía de la reconguración de las necesidades de protección. 3.3. La cultura del miedo y el comercio de la seguridad
Una tercera perspectiva, menos sistemática y más reciente, ofrece una explicación del desarrollo de la seguridad privada en función de los cambios en las formas sociales del delito y la manera en que las sociedades se lo representan. Aunque no haya sido objeto de un tratamiento sistemático en la literatura especializada, la demanda de servicios de seguridad privada depende también de hechos que cada vez más se describen con la noción de inseguridad. Si la referencia al delito no estuvo nunca ausente en los trabajos sobre la seguridad privada, la explicación por el sentimiento de inseguridad es relativamente reciente. Algunas investigaciones realizadas en Francia por Frédéric Ocqueteau, Philippe Robert y Sebastian Roché introdujeron la pregunta sobre esta relación. Por ejemplo, Ocqueteau arma prudentemente que la expansión de la seguridad privada depende de “los efectos de contextos de inseguridad que se insinúan en el cuerpo social y de la incapacidad de la policía pública para contener la crispación en torno a la seguridad” (Ocqueteau, 1987: 18). Robert arma que, aunque no tengan medios para pagar por una seguridad privada a título individual, los particulares pueden reunirse para nanciar los servicios de vigilancia en sus ámbitos de residencia, o bien recurrir a dispositivos de seguridad electrónica, pero lo más frecuente es que se 43
benecien de la seguridad privada en la medida que realizan sus actividades en ámbitos privados de acceso público sujetos a este tipo de mecanismo de protección y vigilancia (Robert, 1999: 173-174). En todo caso, más allá de la incidencia directa del sentimiento de inseguridad sobre el uso de seguridad privada, existe una opción indirecta que se da a través de la elección –no necesariamente consciente, no siempre deliberada– de espacios vigilados y protegidos para realizar las actividades cotidianas. En otro contexto cultural y teórico, Les Johnston también problematiza la relación entre el sentimiento de inseguridad –por él concebido como una combinación entre fear of crime y anxiety– y el desarrollo de la seguridad privada (Johnston, 1992): la principal diferencia es que la noción de inseguridad pierde aquí su relación directa con los delitos para inscribirse en un discurso más amplio sobre la sociedad del riesgo y la segunda modernidad: “El delito puede ser una de las fuentes de la inseguridad de las personas, pero la seguridad incluye mucho más que la reducción del delito o el miedo al delito” (Johnston, 1999: 179). Es decir, es menester deconstruir no solamente la relación directa que se establece entre la expansión de la seguridad privada y el sentimiento de inseguridad, sino también entre éste último y el aumento objetivo del delito y la violencia. La seguridad privada se inscribe así en un modo de organización social en el que el delito y el control del delito constituyen principios centrales de conicto y división social (Young, 1999: 78). Pero también en un marco de signicados socialmente diseminados: “todas las instituciones –los bares, las universidades, los quirófanos, los eventos deportivos, los transportes públicos– se toman a la seguridad muy en serio. Las alarmas contra robos, las luminarias exteriores, los botones de pánico, las cámaras de seguridad y un ejército de guardias de seguridad privada dan testimonio de un oreciente mercado del miedo” (Furedi, 2007: 3). Hay así una cultura del miedo, que tiene uno de sus correlatos en lo que Garland denomina una cultura del control, y engloba material y simbólicamente una serie de prácticas sociales y políticas contemporáneas: “las transformaciones en la policía, las condenas judiciales, el castigo, la teoría criminológica, la losofía penal, las políticas penales, la seguridad privada, la prevención del delito, el tratamiento de las víctimas y así sucesivamente pueden ser entendidas más claramente viéndolas como elementos interactivos de un campo estructurado de control del delito y justicia penal” (Garland, 2005: 14). Como veremos luego, la relación entre el
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miedo y los mercados de la seguridad es cuanto menos parcial e indirecta. Sin embargo, hay claramente ciertos modos de vida y determinadas visiones del mundo que operan como telón de fondo para el desarrollo de la seguridad privada. En América Latina, la privatización de la seguridad fue vinculada con el aumento de los indicadores objetivos y subjetivos de la inseguridad, con la profundización de las desigualdades sociales y el incremento global de la violencia. También se señaló el aumento de la demanda de seguridad privada en un contexto de falta de respuesta de las agencias estatales de control del delito. Existen pocos trabajos comparativos sobre el conjunto de la región, y la propia complejidad del objeto lleva a que en la mayoría de los casos se trate de descripciones muy generales de la industria de la seguridad, su regulación política y su enraizamiento social elaborados sobre la base de datos secundarios (Arias, 2009; Cafferata, 2010; Dammert, 2008; Godnik, 2010; Paz, 2012). En nuestra región, pero también en África, el énfasis sobre la militarización de una seguridad privada armada es recurrente en los trabajos sobre países en los que el crimen organizado y la violencia están diseminados en la sociedad. En algunos casos, la seguridad privada ocupa una zona gris junto con grupos paramilitares. Investigaciones realizadas en México (Arteaga Botello y Fuentes Rionda, 2009; Müller, 2010), Brasil (Wood y Cardia, 2006; Zanetic, 2010), Venezuela (Del Olmo y Morais de Guerrero, 1998; Romero Salazar, 2002) o Colombia (Ramírez y Rueda Molina, 2002) muestran que ciertos grupos sociales contratan servicios de protección para hacer frente a las amenazas criminales y para resolverlas cuando acontecen. Pero la investigación detallada en la materia no abunda, por lo tanto la mayoría de las veces nos encontramos con conexiones causales que son simplemente enunciadas en interpretaciones más o menos impresionistas, sin que exista un trabajo sistemático para establecer vínculos concretos y empíricamente vericables. En el presente libro, daremos importancia a estas hipótesis para establecer el alcance y las modalidades de la relación entre la inseguridad y el crecimiento de la seguridad privada. En otros campos de investigación, muchos trabajos ofrecen pistas de que el incremento de la seguridad privada no puede ser separado del proceso de segregación urbana de las clases superiores tanto en lo que hace a la residencia como a los espacios de consumo, trabajo y esparcimiento (Caldeira, 2000; Svampa, 2001). En efecto, la seguridad privada aparece allí como un elemento del paisaje conformado por nuevos centros residenciales rodeados
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de muros y cercos, o como dispositivo funcional que satisface las necesidades evocadas por los propios habitantes. Lejos de tratarse de una singularidad latinoamericana, esta conguración parece presentarse también en otros casos en que las desigualdades sociales son acompañadas por una fuerte segregación espacial y un profundo encapsulamiento de los grupos sociales, como se ha observado en Sudáfrica (Lemanski, 2004) o en los Estados Unidos (Low, 2003). Estos factores socioculturales explican el desarrollo de la seguridad privada por vía del acceso de los grupos domésticos y residenciales a dispositivos especícos de protección frente al delito. Aun reconociendo esta inuencia, intentaremos mostrar que no puede explicar el conjunto de los consumos de seguridad privada, y por lo tanto será necesario considerar todos los factores relevantes al mismo tiempo para entender cómo se construyen estos mercados multidimensionales. 4. Sobre la investigación y los contenidos del presente libro
Como acabamos de ver, la presente investigación propone el estudio de la seguridad privada desde una doble perspectiva: por un lado, se trata de dar cuenta de la conformación de un mercado orientado a la protección de los bienes y las personas; por otro lado, se trata de comprender el papel especíco que la seguridad privada desempeña en el marco de las formas socialmente establecidas de prevención del delito y de mantenimiento del orden. Para dar cuenta del primer aspecto, recurrimos a las herramientas teóricas y metodológicas que la sociología económica ofrece para el estudio de los mercados. Para dar cuenta del segundo aspecto, dialogamos con la literatura consagrada al análisis de la producción de seguridad en el mundo contemporáneo, incluyendo el estudio de las nuevas formas de gestión de riesgos, la cultura de la inseguridad y la crisis de las instituciones policiales tradicionales. El primer eje es el que gobierna la construcción del objeto, deniendo asimismo el método de exposición que comienza con el estudio de la industria, los servicios y las empresas, continuando con el análisis de los empresarios y los trabajadores para terminar con el consumo de seguridad y sus determinantes sociales. El segundo eje recorre transversalmente el texto, ofreciendo un diálogo circunscripto para los distintos problemas relativos a la seguridad: sistemas policiales, regulación política del control del delito, formas sociales de la violencia, determinantes y simboliza-
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ción de la inseguridad. En este sentido, el libro puede ser concebido como una sociología de los mercados de la seguridad que trata de esclarecer indirectamente el modo en que se organizan los dispositivos de protección de los bienes y las personas en la sociedad contemporánea. El objetivo central de la investigación consiste en dar cuenta del modo en que se estructuran los mercados de la seguridad privada.2 Esto supone considerar la naturaleza de la oferta de seguridad privada (características de las empresas, tipos de servicios ofrecidos, modos de organización y enraizamiento de la producción) y también de la demanda de sus prestaciones (qué tipo de clientes recurren a estos servicios, qué usos hacen de ellos y a qué necesidades responden). Siguiendo las pistas ofrecidas por la sociología de los mercados, indagamos también el papel que el Estado desempeña en el funcionamiento de estos mercados tanto en su carácter de regulador externo como en tanto agente que moldea directamente tanto la oferta como la demanda en un mercado particular. Por otra parte, se trata de restituir los factores que estructuran todos esos elementos constitutivos de los mercados de la seguridad. ¿Cómo se conformaron las empresas de seguridad privada? ¿Qué trayectorias y características sociales podemos encontrar en los agentes que forman estas empresas? ¿Qué tipo de necesidades satisfacen los consumidores que compran los servicios de estas empresas? ¿En qué medida la inseguridad constituye un factor crucial del desarrollo del sector? ¿No hay factores sociales más generales que determinen este proceso? ¿De qué manera la politización de la seguridad contribuye a una regulación especíca de la actividad? Estas preguntas tienen un carácter deliberadamente descriptivo. Se trata de establecer conexiones concretas entre hechos observados con el objetivo de trazar una red de relaciones causales y de tramas de signicado. En efecto, el énfasis en la descripción –descripción de objetos, actores, situaciones, acciones, relaciones, articulaciones, regulaciones, etc.– permite establecer progresivamente el modo en que se ensamblan los distintos elementos que constituyen el objeto aquí presentado. Sólo cuando se ha logrado establecer un lazo entre dos elementos a partir de la descripción puede plantearse la existencia de una determinación estructural o 2
En la medida que privilegiamos una aproximación detallada y sistemática, trabajamos sobre el caso argentino, que tiene ciertas singularidades. Pero la comparación constante con los resultados de otras investigaciones permite comprender que se trata de un fenómeno global que presenta características comunes más allá de las particularidades nacionales.
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causal. Y allí pueden ser traídos a cuenta los datos –objetivaciones socialmente construidas por el investigador o por otros investigadores, incluyendo a los actores mismos en tanto productores de descripciones de sí mismos y de su mundo– que dan cuenta de un contexto relevante para la comprensión del fenómeno que tratamos de interpretar. Para construir las respuestas a los interrogantes planteados, desarrollamos una extensa investigación que recurre al uso combinado de distintos tipos de materiales y procedimientos. En primer lugar, recurrimos a documentos producidos por organismos públicos (Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Administración Nacional de la Seguridad Social, Ocina Nacional de Contrataciones, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Registro Nacional de Armas, Boletín Ocial, además de información especíca suministrada por ministerios de seguridad y organismos de regulación de la seguridad privada a nivel provincial) y por las propias empresas (informes corporativos, carpetas, sitios de internet, etc.). También utilizamos material de prensa especializada y de circulación general, diversos estudios que proveen materiales sobre el funcionamiento de la administración pública, leyes y transcripciones de debates parlamentarios, registros estadísticos sobre criminalidad y opinión pública, encuestas sobre representaciones en torno al delito y la inseguridad. La parte más rica y original de la investigación se apoya en el trabajo directo con actores, situaciones y objetos enrolados en el campo de la seguridad privada. En primer lugar, entrevistamos a treinta empresarios y directivos de empresas de seguridad privada. Estas entrevistas permitieron reconstruir aspectos generales del funcionamiento operativo, administrativo y comercial de las empresas, la visión global de los ejes que estructuran la industria, la planicación y ejecución de los servicios, y la relación con los clientes. También pudimos reconstruir las biografías de los empresarios y la manera en que narraban su desembarco en la seguridad privada. Además, entrevistamos a tres representantes de cámaras empresarias, dos expertos-consultores y cinco funcionarios de distintas instituciones encargadas de scalizar a la seguridad privada, para así reconstruir aspectos de la regulación y el control del funcionamiento del sector. Recurrimos a informantes clave, en este caso a tres ociales de policía en actividad y dos asesores parlamentarios, para confrontar sus visiones con las de los actores directamente implicados en el funcionamiento concreto de la seguridad privada. Veinticinco entrevistas semi-dirigidas con vigiladores permitieron
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reconstruir sus prácticas laborales, sus relaciones con el público, sus trayectorias, expectativas y representaciones. Múltiples observaciones fueron realizadas en los más diversos escenarios de la vida social, llevando un registro escrito de las mismas para su posterior análisis. De este modo pudimos complementar los testimonios de trabajadores y empresarios sobre las prácticas de vigilancia y su implantación en el terreno. Para captar las modalidades de consumo de seguridad privada, sus motivaciones y nalidades, entrevistamos a cuarenta y ocho personas directamente implicadas en la adquisición y el uso de servicios de vigilancia o dispositivos electrónicos de detección de intrusiones. Se entrevistó a veinticinco clientes residenciales tanto de casas individuales como de edicios de departamentos y barrios cerrados, a diez propietarios de pequeñas empresas, a ocho directivos responsables de seguridad en grandes empresas, y a cinco funcionarios estatales responsables de contrataciones de servicios de seguridad. Los testimonios de estos actores fueron cruzados con los de empresarios y trabajadores de empresas de seguridad para reconstruir las múltiples perspectivas sobre las interacciones en la relación de servicio. Además, realizamos una encuesta que reconstruye la distribución social de los usos y las percepciones sociales de la seguridad privada, vinculándola con otras cuestiones relativas al delito, la policía, la política y la vida cotidiana. Para ello administramos un cuestionario presencial a una muestra de la población de la ciudad de Buenos Aires. Los resultados de la investigación se presentan en el siguiente orden. En el capítulo 1 se describe el desarrollo y la estructura de la seguridad privada en Argentina, considerando el volumen general de las actividades del sector, la conformación de un espacio de organización y expresión de los intereses sectoriales, y las respuestas que el Estado elaboró para regular su funcionamiento. El desarrollo de una industria de la seguridad no es un proceso puramente económico: incluye mediaciones sociales, culturales y políticas que permiten la emergencia y la consolidación de este ámbito de actividad social. En el capítulo 2 se analiza la naturaleza de las prestaciones que ofrece la industria de la seguridad y las características de los distintos tipos de empresas que operan en ella. Al analizar en detalle los servicios de seguridad privada procuramos lograr dos objetivos. Por un lado, mostrar que este universo incluye una pluralidad de mercancías que son producidas y comercializadas para satisfacer distintas necesidades de protección, pero que tiende a
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unicarse en función de la noción misma de seguridad privada y el paradigma de la prevención que gobierna sus operaciones. Por otro lado, reconstruir el modo en que la prestación de estos servicios implica una serie de rutinas que sintetizan la tarea conjunta de los actores de las empresas de seguridad, pero también la interacción con los clientes, el público y las potenciales fuentes de amenaza para el objeto de la protección. En los capítulos 3 y 4 se reconstruyen las propiedades de los agentes que conforman la industria de la seguridad privada. Estos individuos constituyen el sustrato real de una serie de resortes que dan forma a la oferta de seguridad privada. Los empresarios son actores fundamentales a la hora de entender la creación de empresas, la manera de concebir y organizar los servicios, y el acceso a los clientes que compran sus prestaciones. Los vigiladores son el medio especíco a través del cual se realizan los servicios: sus empleadores y los usuarios de los servicios de seguridad deben contar con sus capacidades, y sus falencias, a la hora de establecer interacciones funcionales con ellos. Los capítulos 5 y 6 procuran dar cuenta de las lógicas que gobiernan el consumo de servicios de seguridad privada. Se parte de una oposición entre organizaciones complejas y espacios de vida, para mostrar que la seguridad privada es objeto de múltiples usos y que no existe un principio general que determine la creciente demanda de este tipo de prestaciones. El análisis de esa demanda permite identicar determinantes estructurales que dan forma a distintos elementos de los mercados de la seguridad: la mutación de los modos de organización del espacio y las formas de gestión de las empresas, los cambios en la administración pública, los lugares de trabajo y los ámbitos de esparcimiento, pero también el aumento de la sensibilidad social y política en torno a la seguridad, las cambios en las funciones policiales o las relaciones crecientemente desigualdades que unen y separan a los grupos sociales. En este desarrollo, se irá reconstruyendo la red compleja de actores, relaciones, estructuras, saberes, artefactos, normas, sentimientos, prácticas y representaciones que se anudan para constituir este universo a la vez complejo y articulado que constituye el mundo de la seguridad privada.
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Capítulo 1 Un negocio expansivo y controversial
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a seguridad privada constituye un modo especíco de llevar a cabo las funciones de protección de los bienes y las personas, sea bajo la forma de vigilancia y custodia del patrimonio, sea bajo la forma de mantenimiento de un orden instrumental.1 A diferencia de la autoprotección, las relaciones de cooperación interpersonal o la prestación de un servicio público policial, la seguridad privada se caracteriza por la producción, la comercialización y el consumo de servicios a través de lógicas mercantiles. Como otros mercados, los mercados de la seguridad se organizan en torno a una industria que puede denirse como el conjunto de las empresas que produce bienes o servicios relativamente homogéneos y los pone en circulación en una pluralidad de mercados. Al estudiar el desarrollo de esta industria, es menester determinar qué actores contribuyeron a la jación y la unicación de los bienes o servicios que son producidos y comercializados (Fligstein, 1996; White, 1993; Bourdieu, 2000). Se trata también de explorar la manera en que se producen los límites del espacio unicado de competencia y reconocimiento mutuo entre agentes económicos. La unidad de una industria cualquiera radica en un conjunto de lazos materiales y simbólicos entre productores que compiten entre sí pero también cooperan y se agrupan para defender sus intereses comunes. En este espacio, se producen representaciones compartidas acerca de las acciones legítimas y/o ecaces para lograr los propios nes, así como un 1
Orden instrumental según la fórmula de Clifford Shearing y Philip Stenning: “el orden es percibido sobre una base instrumental más que moral… en el ámbito de los negocios, por ejemplo, el orden buscado será aquel que mejor permita rentabilizar las ganancias” (Shearing y Stenning, 1985).
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conjunto de estándares comunes para juzgar la calidad de los servicios y de las prácticas empresariales. Ahora bien, la denición misma de las fronteras de una industria constituye un problema y debe hallarse las objetivaciones pertinentes para establecerlas. Es necesario considerar el modo de organización de las empresas, la constitución de categorías ocupacionales estandarizadas, la emergencia de estructuras de representación de los intereses sectoriales y la creación de órganos públicos de regulación de la actividad. Todas estas instancias contribuyen a la existencia objetiva de la industria y determinan las relaciones entre sus miembros. Asimismo, deben examinarse las relaciones entre los actores clave de la industria y el ámbito estatal. Las autoridades políticas y las instituciones del Estado pueden promover una actividad, o bien limitarla e incluso prohibirla. La introducción de una regulación especíca tiene efectos variados sobre los diferentes actores y contribuye a la consolidación de algunos de ellos, mientras que otros desaparecen o deben adaptarse a los cambios (Granovetter y McGuire, 1998). En el presente capítulo, se analizará la diferenciación de un sector especíco de empresas orientadas al negocio de la vigilancia y la protección, para considerar luego el modo en que la industria se conforma a través de instituciones propias y de regulaciones estatales que contribuyen a establecer sus límites y contenidos. La estructuración económica y política de la industria de la seguridad será enmarcada en las transformaciones de los sistemas policiales en la sociedad contemporánea. 1. Diferenciación y objetivación de la seguridad privada
Los mercados de la seguridad se desarrollan a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, para luego difundirse hacia la periferia en un contexto de expansión del sistema capitalista. En Argentina, la industria de la seguridad surge de fuentes diversas: los servicios internos de vigilancia de las empresas, las agencias de investigaciones, las transportadoras de caudales. Todos estos actores se orientarán hacia los servicios de protección de los bienes y de las personas desde la década de 1960, participando de ese modo en el proceso de constitución de un espacio unicado de producción y comercialización de diversos tipos de servicios que poco a poco irán siendo agrupados bajo la etiqueta de seguridad privada.
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Ahora bien, la institucionalización de una actividad económica se realiza a través de una multiplicidad de mecanismos. Algunos son puramente económicos, como el acoplamiento entre los productores y los clientes que consumen persistentemente sus prestaciones. Otros se vinculan con la profesionalización: surge un ámbito de incumbencia especíca, se reconocen saberes legítimos y se crean incluso títulos y formaciones exclusivas de la actividad. Otros son más especícamente culturales: las personas se habitúan a que ciertos bienes y servicios estén disponibles, y que puedan ser adquiridos con dinero. Pero hay mecanismos políticos que podemos encontrar en las más diversas actividades. Por un lado, el surgimiento de organizaciones sectoriales delimita un espacio de pertenencia y opera un cierre, al tiempo que agrupa y expresa a una pluralidad de actores con ciertos intereses comunes. Por otro lado, la regulación estatal produce a través de normas, leyes y dispositivos administrativos un principio de inclusión y exclusión de actores y operaciones, al tiempo que ocasiona un anclaje jurídico y político de la actividad. 1.1. La emergencia de la seguridad contractual
Desde nales del siglo XIX, las formas de organización consustanciales al modo de producción capitalista en esta etapa de su desarrollo comienzan a instaurarse en nuestro país: la gran explotación agropecuaria, el ferrocarril, la fábrica, luego las grandes tiendas y los centros comerciales. Junto con ellas, aparecerán las primeras formas diferenciadas de vigilancia, control de accesos y custodia de bienes organizada a través de servicios internos de seguridad. Es conocido el caso de la guardia privada de La Forestal, una sociedad de capital inglés que poseía sus propias bandera y moneda, así como las casas y tiendas donde obligaba a los obreros a vivir y comprar.2 Hay testimonios del papel de los agentes de seguridad de la empresa metalúrgica Vasena en la represión de los motines de trabajadores de la Semana Trágica de 1919 (Babini, 1967; Rock, 1972). Una crónica periodística señala que el Palacio de Aguas de Buenos Aires habría tenido vigilantes nocturnos desde 1903 (Eloy Martínez, 2004: 43). Bajo la forma clásica de las milicias patronales, o simplemente como cuerpos de serenos, hay rastros 2
La sociedad se llamaba realmente The Forestal Land, Timber and Railways Limited. En un extenso territorio de 2 millones de hectáreas al norte de la Provincia de Santa Fe, esta empresa gozaba de algunos atributos de soberanía (Gori, 1988).
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de una función de vigilancia y protección patrimonial más o menos diferenciada en las grandes organizaciones a principios del siglo XX. Sin embargo, esos rastros no nos permiten medir su alcance y reconstruir sus características morfológicas. Simplemente denotan su existencia. La externalización de estos servicios –que comienza en los años cincuenta y se intensica en los años noventa– permitirá un fuerte desarrollo de la seguridad contractual, es decir, de servicios ofrecidos por individuos y grupos que se organizan en adelante en forma de empresas independientes. Estas empresas se volverán los elementos de una verdadera industria de la seguridad, que mantiene en adelante relaciones con diversos grupos y organizaciones que se convierten en sus clientes, además de articularse sistemáticamente con los organismos estatales encargados de la función de seguridad, que son también los que regulan al incipiente sector de la seguridad privada. Desde el nal del siglo XIX, los bancos y las sociedades comerciales disponían de sus propios servicios de transporte de títulos, documentos y dinero. No obstante, se puede considerar que la historia de los servicios especializados de transporte de valores comienza en 1932, con la creación de la empresa del inmigrante catalán Francesc Juncadella. Los primeros clientes de esta empresa eran agentes comerciales y nancieros que debían pagar tasas y servicios, que trasladaban importantes sumas de dinero y sufrían permanentemente robos. Desde nales de los años treinta, la compañía desarrolla una vinculación privilegiada con el Banco Central y por la misma época introduce el uso del camión blindado, lo que le permitirá orientar sus servicios hacia una clientela constituida principalmente por entidades nancieras públicas y privadas. La actividad parece desarrollarse desde entonces según los principios establecidos en el origen, tomando nuevo impulso con la ley de seguridad bancaria de 1971 y sus decretos reglamentarios, que crearán las condiciones necesarias para el desarrollo de este segmento de los mercados de la seguridad, obligando a los bancos a establecer dispositivos de gestión del dinero y protección de las instalaciones que antes no existían. Algunos bancos eligen seguir contando con sus propios servicios internos. Pero la mayoría externaliza esta actividad y Juncadella se convierte en el principal ganador de esta innovación normativa: desde entonces será el actor principal y proveedor monopolístico de este espacio de producción. Una nueva medida administrativa del Estado ocasiona una fuerte subida del volumen de negocios de Juncadella, ya entonces actor
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dominante dentro del segmento de custodia de valores: en 1977, el gobierno militar desmantela el servicio interno de transporte de caudales del Banco de la Nación y abre un llamado a licitación que benecia a Juncadella. La prestación del servicio será asegurada con los mismos camiones blindados readquiridos al banco, que garantizaban hasta ese momento los movimientos de dinero y documentos entre su sede y sus más de quinientas sucursales esparcidas por el país (Bonasso, 1999: 120-121). Las agencias de detectives e información comercial existen al menos desde principios del siglo XX. Ofrecen sus servicios con nes privados (seguimientos para determinar el adulterio u otras faltas de personas privadas, la recopilación de pruebas judiciales), o con nes organizativos (información sobre los antecedentes de empleados, clientes, asociados o proveedores actuales o potenciales, espionaje industrial y comercial, vigilancia de las actividades sindicales o políticas). Estas empresas llegan a establecer un vínculo permanente con una clientela que, recíprocamente, se acostumbra a consumir este tipo de servicios. Desde mediados de siglo, las agencias de investigaciones se convierten en pilares fundamentales de la generalización de los servicios de seguridad privada en empresas industriales, comerciales y nancieras. Los proyectos de ley y las normas administrativas que aparecen entre 1920 y 1950 conrman la existencia de lo que se llamaba entonces una policía particular.3 Estas empresas comenzarán pronto a ofrecer también servicios de vigilancia patrimonial para sus clientes. Se trataba entonces de asegurar los lugares de empresas industriales y comerciales, de las obras y los bancos, así como, más tarde, de las ocinas públicas. Por lo demás, desde los años sesenta se vuelve usual que ociales de las fuerzas armadas y de seguridad sean convocados para brindar este tipo de servicios en el marco de una relación comercial. Según los testimonios recogidos, este movimiento se habría realizado por primera vez con la construcción de las grandes obras de infraestructura, por ejemplo en la fábrica SOMISA (Sociedad mixta siderúrgica argentina), el mayor establecimiento creado en el marco del plan de industrialización que se desarrolla entre 1958 y 1961 bajo la tutela del Estado. Esta empresa formaba parte del sistema industrial organizado en torno a la Dirección Nacional de 3
Un proyecto de ley del gobierno de Yrigoyen propuso la prohibición de la “función de policía particular” (Expediente n° 13, Poder Ejecutivo Nacional, 16 de junio 1920), mientras que los edictos de policía regularon la actividad a partir de 1932.
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las Fabricaciones Militares, y necesitaba personal para supervisar bienes (materiales, locales y maquinarias) a una escala entonces inédita en el país. Como en varias otras grandes empresas públicas o mixtas, los militares formaban parte del consejo de dirección. 4 Apenas unos años más tarde, una de las empresas líderes del sector de la seguridad privada velaba por la integridad de las máquinas e instalaciones en obras de construcción de gran envergadura, participando de la “patria contratista” que por esos tiempos se organizaba para vender bienes y servicios a los organismos y empresas públicas. No es asombroso que empresas de seguridad hayan surgido en esta coyuntura y que antiguos militares formen parte de este movimiento. Los ociales de esta corporación gozaban de un poder social y político que les aseguraba el control de gran parte del aparato estatal. Es cierto que en el proceso de contractualización de los servicios de vigilancia y protección patrimonial participan también antiguos ociales superiores de la policía, que crean sus empresas en los años sesenta y a principios de los años setenta. Pero por entonces había una integración relativamente importante entre las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. En todo caso, muchas de estas empresas fundadas por militares y policías serían pioneras en la denición del formato de organización empresarial y los tipos de servicios en el ámbito de la seguridad privada, pero también en el modo de vinculación comercial y en el desarrollo de una organización sectorial de tipo corporativo.5 Pero no se trataba de una invención puramente local. En su forma mercantil, la seguridad privada existe en el mundo desde hace un siglo o más, con empresas como Pinkertons en EEUU, Securicor en Inglaterra, Securitas en Suecia y Falk en Dinamarca. La oferta comercial de servicios de vigilancia y protección existe desde larga data también en Argentina, con empresas tan antiguas como Juncadella (creada en 1932) o Investigaciones Alsina (creada en 1948). En sus trazos más gruesos, tanto en nuestro país como en el mundo, la evolución de la seguridad privada se caracteriza por la creciente mercantilización de las prestaciones y la concomitante diferenciación estructural de empresas especializadas. 4 5
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Sobre el control militar del aparato industrial, véase Alain Rouquié (1978: 288-289, 392-293, 592-597 y 634-638). Algunas de estas empresas –como, por ejemplo, Segubank– han sucumbido, pero algunas –como Search– se encuentran todavía entre las compañías líderes del sector. En los últimos años, muchas de estas empresas se han fusionado o han sido absorbidas por grupos más amplios (algunos de ellos de capital extranjero).
A principios de los años setenta, la industria de la seguridad comienza apenas a desarrollarse. Según un portavoz de la cámara de empresas de seguridad y vigilancia, hay veinte empresas y 6.000 asalariados en 1971.6 La mayoría de estos operadores ofrecen servicios de vigilancia para grandes clientes del sector privado (sobre todo plantas industriales y edicios corporativos) o del sector público (empresas públicas, obradores y, quizás sorprendentemente, unidades militares). Las transformaciones sociales y políticas de este periodo favorecen la extensión de algunas actividades hasta allí poco desarrolladas, como la custodia de personas, en particular, la protección de los empresarios y sus familias. Al mismo tiempo, tiene lugar otra innovación cualitativa en el sector de la vigilancia: junto a los servicios de guardia estático y a los más tradicionales servicios de información personal y comercial, las empresas de seguridad comienzan a ofrecer servicios de seguimiento de mercancías. No se trata solamente de prevenir el robo por parte de bandas delictivas, sino también –y sobre todo– de impedir que los conductores derrochen su tiempo de trabajo en los cafés o cabarets que jalonan las rutas argentinas, o se apropien de parte del combustible de los vehículos que les son conados. Antes de su reemplazo por sistemas de seguimiento satelital, estos servicios estaban muy extendidos y se podían ver verdaderos convoyes de camiones escoltados por automóviles: las empresas petroleras, la industria de la alimentación y los laboratorios contaban entre los principales solicitantes de estos servicios. De los servicios de información y la vigilancia física hasta el transporte de caudales y la custodia de bienes, las agencias produjeron innovaciones en el tipo de servicios ofrecidos, innovaciones que no suplantaron en general a las viejas prestaciones sino que se añadieron a ellas. La revolución de las alarmas y las cámaras de seguridad que se opera en el cambio de siglo termina de denir el contenido y las fronteras actuales de la industria de la seguridad. A su vez, la producción de tales servicios abre la puerta a una clientela excluida hasta allí de este mercado, una clientela compuesta de pequeños usuarios con ingresos moderados (particularmente, familias y comercios). Aunque no pretenden saldar un análisis histórico del desarrollo de la seguridad privada en Argentina, los hechos evocados 6
Entrevista con Julio Sarmiento, ex militar y propietario de una de las principales empresas de seguridad y en ese momento presidente de la CAESI. Publicado en Jorge Palomar, “El negocio de la seguridad privada”, La Nación, 9 de marzo de 1997.
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muestran hasta qué punto se trata de una realidad relativamente establecida, tanto en términos de profundidad temporal como de enraizamiento estructural. No se trata de un fenómeno que haya comenzado en los años noventa, aunque en ese momento se haya producido una fuerte expansión tanto en términos de operaciones diferenciadas (producto del aumento de la demanda, pero también de la especicación de la oferta) como de visibilidad social (puesto que ahora estos servicios se prestan en ámbitos cotidianos de trabajo, residencia y esparcimiento). Y no se trata, sobre todo, de una actividad simple que pueda fundarse en un solo principio, sea la voluntad de hacer negocios de quienes lucran con el miedo, o de un aumento de la inseguridad que llevaría a la población a protegerse con todos los medios que estén a su alcance. Como toda actividad organizada según las lógicas del mercado, la seguridad privada enlaza una pluralidad de productores, intermediarios, clientes, autoridades reguladoras, nalidades, motivos, procedimientos, normas formales e informales, etc. 1.2. La representación de los intereses sectoriales
La consolidación de un grupo de empresas de vigilancia en la década de 1960 llevó a la creación de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI). Fundada en 1971 por una docena de agencieros, desarrolló desde entonces algunas de las funciones típicas de las cámaras empresarias. La CAESI participó en todas las negociaciones sobre la legislación relativa a la seguridad privada en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires desde 1998, así como en las discusiones sobre los intentos de legislación nacional. En su propio seno se realizan desde entonces acuerdos sobre la calidad del servicio y el precio mínimo que el asociado debe respetar, una medida que, paradójicamente, dio lugar a una sanción por parte de la Secretaría Nacional de la Competencia en 1998. La búsqueda de un denominador común de la calidad ha sido recientemente formalizada por el Certicado de Vericación Empresarial (CVE), un sello creado por la CAESI en 2004 que reconoce la calidad de los servicios a aquellos socios que se ajusten a las normas establecidas por la cámara. La CAESI es también el principal representante de los empleadores en sus relaciones con los trabajadores y participa en la rma de los primeros convenios colectivos del sector en 1973 (CTC Nº 405/73) y 1975 (CTC N° 15/75), así como de los que más recientemente se han ido celebrando (CCT Nº 194/92, CCT N° 421/2005 y CCT N° 507/2007).
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Por último, también representa a la industria de la seguridad privada en las federaciones internacionales (FESESUR, FEPASEP, FSM). Esta posición privilegiada no puede entenderse sin tener en cuenta las bases sociales de la cámara: la CAESI agrupa a las empresas líderes del sector, es decir, las que tienen mayores volúmenes de ventas y/o la más larga trayectoria. Actualmente, cuenta con alrededor de doscientos miembros que tienen que pagar una cuota de aliación que varía dependiendo del tamaño de la empresa, medido en número de vigiladores. La explosión de la seguridad privada en la década de 1990 coincidió con la llegada al sector de un grupo de ociales subalternos del ejército que habían sido separados de la fuerza después de los acontecimientos de 1987 y 1990. Al crear sus empresas, muchos optaron por una organización cooperativa considerada económicamente más eciente, dado que permitía reducir los costos laborales y las cargas scales. En 1993, estas empresas se agruparon en la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e Investigaciones (CELSI), organización cuya sede se encuentra todavía en el mismo edicio que la más importante de las cooperativas del sector, con el objetivo principal de defender los intereses de estas agencias y contrapesar la campaña que en su contra había desencadenado la CAESI, en representación de las agencias organizadas con un formato empresario tradicional. A pesar de los esfuerzos realizados en este sentido por parte de la CAESI, las cooperativas nunca llegaron a ser totalmente prohibidas, aunque se ha limitado su participación en ciertos concursos públicos y la creación de nuevas agencias con este formato legal: sin embargo, muchos organismos estatales contratan sus servicios sobre todo en razón del precio más favorable que ellas ofrecen. Por lo demás, la CELSI suele ser convidada a los debates parlamentarios sobre la regulación del sector, participó en las comisiones de seguridad y justicia del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y es también miembro de la FESESUR y COOPERAR, organización que agrupa cooperativas en todos los sectores. Actualmente cuenta con poco más de treinta asociados, entre los que hay poco más de una docena de cooperativas y una veintena de empresas comerciales que están directamente emparentadas con ellas. A pesar de sus diferencias, ambas cámaras deenden los intereses comunes del sector ante las instancias políticas y en el espacio público mediatizado. Tienden a dotar a sus asociados de herramientas de gestión a través de capacitaciones, seminarios y eventos. Además de su función formativa, estas actividades tien-
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den a reforzar los lazos de pertenencia y potencian los intereses comunes de los asociados. Por otra parte, las cámaras resuelven los problemas administrativos y legales que afectan al conjunto de los socios, y que no podrían ser resueltos por cada uno de ellos individualmente. Finalmente, la pertenencia a una cámara es vista por los socios no solamente como una manera de obtener información y apoyo institucional, sino también como una marca distintiva que les permite presentarse como prestadores legítimos en el universo de los contratos comerciales con el sector público y privado. Las empresas de seguridad electrónica tienen sus propios órganos de representación. La Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA) agrupa a las empresas de monitoreo de alarmas desde 1997 y, desde entonces, ha participado activamente en la elaboración de normas jurídicas relativas a la seguridad privada, tratando de hacer aceptar el tipo de servicios que ofrecían sus asociados y procurando el reconocimiento de la especicidad de sus prestaciones en relación con las de vigilancia o transporte de caudales. Acompañando a un proceso más general de profesionalización, la CEMARA también jugó un papel decisivo en la aprobación de la norma IRAM 4174. Actualmente cuenta con alrededor de 120 miembros, muchos de los cuales son también asociados de la CAESI y CELSI, denotando la combinación de prestaciones característica de la etapa actual del desarrollo del sector. La innovación tecnológica generada dentro de la industria de la seguridad ha contribuido al desarrollo de otros servicios electrónicos. En el plano corporativo, se ubica allí la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) que agrupa desde 2001 a fabricantes, instaladores, distribuidores y operadores de sistemas de seguridad electrónica, nucleando a empresas de alta tecnología especializadas en dispositivos de control de acceso, localización satelital y protección de datos. Actualmente cuenta con más de cien asociados, publica la revista Innovación Tecnológica y organiza anualmente la exposición Seguriexpo. Por su parte, la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Satelital (CAESSAT) federa a una decena de empresas que ofrecen servicios de rastreo satelital especícamente. Su peculiaridad es la especialización en la recuperación de vehículos y la logística del transporte. Las rmas que realizan transporte de valores se agrupan en la Cámara de Empresas Argentinas Transportadoras de Caudales (CETCA), que tiene sede en el mismo local que la rma Juncadella-Prosegur. El lugar de estas empresas y de esta cámara en el
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universo de la seguridad privada es paradójico. Por un lado, son apenas un puñado de compañías fuertemente ligadas al sector nanciero. No solamente porque los bancos son sus principales clientes, sino porque su regulación corresponde al Banco Central y, en lo que atañe a armas y blindajes, al RENAR. Todas las regulaciones especícas de la seguridad privada que han procurado incluir a esta actividad han fracasado. Sin embargo, su articulación concreta con la prestación de servicios de vigilancia y protección electrónica hace que la exclusión del transporte de valores del universo simbólico y normativo de la seguridad privada resulta problemático. En otros países sería impensable. Aquí, parece deberse a razones políticas y lobbies empresariales más que a la naturaleza concreta de la actividad. La mayoría de los trabajadores del sector de la seguridad privada están encuadrados en la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA). Creado en los años setenta, este gremio participa regularmente en las negociaciones colectivas, además de brindar capacitación, asesoramiento jurídico y otros servicios a sus aliados. Sus adversarios sindicales señalan que la organización encabezada desde 1989 por Ángel Alberto García tiene una uida relación con las cámaras empresarias del sector. En términos de institucionalización de la actividad, este vínculo estructura las relaciones entre los distintos actores del sector, y los encuadra en un marco legal común. Aunque el tipo de relación perjudique eventualmente a los trabajadores, que tienen salarios bajos y largas jornadas de labor. Detractores gremiales y periodistas de investigación también recuerdan que la actual conducción del sindicato, estrechamente ligada a Luis Barrionuevo y la CGT Azul y Blanca, fue implantada desde arriba por actores políticos y sindicales del peronismo en los años ochenta. Uno de los puntos fuertes del sindicato, que excede su representación sectorial pero lo dota de recursos económicos y políticos, es una obra social que cuenta con más de 300.000 aliados. En paralelo con la UPSRA, existe desde larga data el SUVICO, que cumple funciones análogas en la provincia de Córdoba. Desde hace años, hay iniciativas locales de creación de gremios alternativos. Estas iniciativas suelen ser encabezadas por delegados que buscan algún tipo de apoyo de las centrales sindicales más progresistas y contestan la pretensión legalmente reconocida de la UPSRA. La existencia de sindicatos reconocidos ocialmente y de nuevas iniciativas que les disputan la representación de los trabajadores, aun cuando supone conictos, unica el espacio de los vigiladores.
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Al disputarse el derecho a hablar en su nombre, los hacen existir como actor colectivo. Ahora bien, hay un elemento disruptivo en el campo sindical que tiende a poner en cuestión las fronteras de la representación, y con ella la denición misma de qué es un vigilador. En distintos lugares y momentos, grupos de trabajadores de vigilancia se han denido a sí mismos como tercerizados, pugnando por ser integrados al convenio de la empresa en la que trabajan: lo hicieron los del subte del Buenos Aires, los del aeropuerto de Ezeiza y los del puerto de Rosario, los de las empresas mineras y petroleras de la Patagonia, los de Mastellone que lograron ser pasados al convenio de lecheros. Desde hace unos años, los custodios de las transportadoras de caudales son reconocidos como camioneros, y remunerados en consecuencia. Aunque estos movimientos buscan mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los trabajadores, para eso tienen que negar la especicidad de la vigilancia como actividad diferenciada y armar la identidad de trabajador subcontratado por sobre la de vigilador. En resumidas cuentas, la masa de trabajadores que pueden ser considerados como agentes de vigilancia tiene fronteras uidas que resultan de operaciones económicas, educativas, laborales, sindicales, estadísticas y jurídicas. Más adelante veremos de qué manera son seleccionados y formados los vigiladores. Aunque esté sujeta a controversia, la existencia de sindicatos de trabajadores de la seguridad privada acompaña otra serie de objetivaciones duraderas que contribuyen a denir a esta población: un convenio colectivo común, un código de ocupación que los distingue de otros trabajadores de servicios en las estadísticas públicas, una imagen pública percibida en la vida cotidiana y reforzada por los medios de comunicación. Cuando consideramos estos factores desde la perspectiva de la constitución de un espacio diferenciado de organización del proceso de producción y comercialización de servicios, es decir, desde el punto de vista de la institucionalización de una industria, las cámaras, las asociaciones profesionales y los sindicatos son factores de unicación y de denición de fronteras. Expresan los intereses comunes, pero también los intereses particulares, de los actores que participan en la constitución de este espacio de actividad social. Al mismo tiempo cumplen con la tarea de regular los comportamientos de sus miembros, establecer normas de organización y de competencia, unicar la visión ocial que estructura simbólicamente este espacio hacia adentro y proyectarla hacia afuera como herramienta de legitimación. Se convierten así en portavoces ante
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las autoridades públicas, agentes de las relaciones institucionales con otros grupos organizados y promotores de la moralización y la profesionalización de este nuevo sector de la economía. 1.3. Regular una actividad sensible
A través del poder legislativo y las agencias de aplicación, el Estado interviene en diversos ámbitos de la vida social para imponer determinadas normas. Cuando se trata de fenómenos emergentes, como un nuevo sector económico o una práctica social antes inexistente, las regulaciones moldean la actividad al mismo tiempo que reconocen su derecho a la existencia. Ahora bien, en el caso particular de los servicios de seguridad privada, el Estado establece también los límites entre su propia esfera de acción en tanto prestador de servicios de seguridad pública y la que corresponde a los actores del mercado y la sociedad civil. Muchos estudios suponen que la seguridad privada existe como un conglomerado de empresas, prestaciones, contratos, que luego son regulados por el Estado. En realidad, los límites de la seguridad privada, los contenidos de la actividad y los perles de los prestadores son denidos simultáneamente por la acción estatal. En términos generales, la propia regulación forma parte de la realidad sociológica de la seguridad privada, puesto que su aspecto económico y social no podría ser aislado de su dimensión política y jurídica. Las primeras normas relativas a lo que entonces se llamaba policía particular son creadas en la década de 1930, y subordinan estas actividades a las fuerzas policiales. Desde entonces, casi todas las leyes orgánicas de las policías incluyen su control entre las atribuciones de la institución. Desde los años setenta, numerosas normas especícas son creadas a nivel nacional y provincial. En las provincias de Córdoba, Catamarca y La Pampa, la ley toca a las sociedades de investigaciones y vigilancia, pero excluye a los guardaespaldas y los servicios internos de los establecimientos no especializados: la autoridad de aplicación sigue siendo la policía y las empresas privadas tienen la obligación de colaborar con ella en la detección de actividades delictivas. El reconocimiento estatal de la actividad supone debates y tensiones en torno al tipo de servicios que deben incluirse bajo el paraguas de lo que todavía no se llamaba seguridad privada, pero no sobre qué organismos estatales deben controlarla. Se trata de un ámbito de incumbencia policial. Hasta la década de 1990, la regulación de las prestaciones de seguridad privada por parte de la policía no solo permitió que los
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miembros de esta institución –y los militares, que en muchos casos la dirigían– tuvieran un acceso privilegiado a los puestos claves del sector, sino también que los servicios pudieran ofrecerse sin mayores limitaciones. La irrupción de los políticos y funcionarios civiles7 en este ámbito de regulación y control, no buscó poner n al monopolio militar-policial en el ámbito de la seguridad privada, pero se introdujeron restricciones precisas, sobre todo en los servicios que se podían ofrecer y en los requisitos personales para ejercer una función en este sector de actividad. La innovación más notoria en el terreno legislativo aparece en los años noventa, con la generalización de leyes de seguridad privada en casi todas las provincias y con la creación de órganos especícos de control. Esta legislación suele denir los alcances de su aplicación, regulando las condiciones de la prestación y los requisitos para prestar servicios. Es interesante observar que las distintas leyes denen de modo diferente qué es la seguridad privada, es decir, qué actividades han de ser afectadas por la norma. En todos los casos se considera a la vigilancia como el núcleo de la actividad: en algunos casos se explicita que ello incluye a los patovicas ; lo mismo sucede con los guardaespaldas y los detectives, salvo en los casos en que estos servicios están maniestamente prohibidos. Sin embargo, muchas veces se excluye explícitamente a los serenos particulares y casi siempre a los servicios internos de seguridad de las empresas comerciales e industriales. Aunque en algunos casos se excluye a los servicios de monitoreo de alarmas, se tiende generalmente a englobar la regulación de los servicios de seguridad electrónica –y más recientemente de seguridad informática– en el marco más general de la seguridad privada. Al contrario, todos los intentos de incluir en la norma al transporte de valores han fracasado, principalmente porque se trata de una prestación de carácter inter-jurisdiccional muy vinculada al funcionamiento del sistema bancario, pero sobre todo porque la capacidad de inuencia del sector le permite evitar regulaciones políticas que limiten sus actividades, por ejemplo, limitando el uso de armas en el espacio público que resulta consustancial al modo tradicional de prestación de sus servicios. 7
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Desde un punto de vista jurídico, y desde una perspectiva política que se ha vuelto predominante, los policías son civiles. Pero el término “civil” es utilizado por los actores mismos como contrario a militar o policía. Y en esta clave lo utilizamos aquí con el ánimo de revelar una oposición que existe en las perspectivas subjetivas de quienes pueblan nuestro objeto de análisis.
En lo que hace al alcance de las prestaciones que pueden ser ofrecidas, la vigilancia del espacio público es uno de los principales focos de conicto en lo atinente a la seguridad privada. La transformación de las estructuras sociales y políticas de las sociedades contemporáneas acarrea una indeterminación creciente de las fronteras entre lo público y lo privado. En efecto, el Estado reclama el monopolio de las funciones de seguridad en el espacio público, es decir, en todo lo que está fuera de los límites precisos de la propiedad privada de los particulares. En una vieja ley de la provincia de Córdoba, se prohíbe explícitamente que los agentes de seguridad privada vigilen las calles o realicen guardias en el exterior de los inmuebles en que trabajan. En otras provincias se prohíbe completamente la prestación de servicios en el espacio público, salvo en los casos en que éstos estén concesionados a privados y se obtenga una autorización especial. Ante el desarrollo de prácticas que introducen tensiones y refuerzan el problema de la indeterminación de las fronteras, una ley reciente de la ciudad de Buenos Aires explicita que la custodia de personas o de mercaderías en tránsito no constituye un caso de vigilancia en el espacio público, e introduce por primera vez la noción de lugares privados de acceso público (centros comerciales, edicios de ocinas, discotecas, instituciones educativas o sanitarias privadas). De la existencia de estas normas no debe deducirse su efectivo cumplimiento: se trata simplemente de armaciones de una pretensión estatal que no siempre es reconocida por los individuos y los grupos hacia los cuales se dirige, pero que expresa la representación de la actividad establecida. Ahora bien, no sólo existen restricciones espaciales, sino también límites relativos al tipo de servicios que pueden ser ofrecidos en los mercados de la seguridad. En primer término, todas las leyes vigentes prohíben explícitamente la participación de las fuerzas de seguridad privada en conictos de orden político, sindical o religioso, así como la realización de investigaciones sobre opiniones políticas, religiosas o losócas de los particulares. Tampoco pueden hacerse investigaciones sobre temas familiares, o cuestiones relativas a las orientaciones sexuales y el estado de salud de las personas. Una de las normas más recientes –y, sin dudas, la más moderna en el universo legislativo de la seguridad privada– prohíbe también el espionaje industrial y comercial, las investigaciones a miembros de los poderes públicos del Estado y de los medios masivos de comunicación. En otros casos, se prohíbe el acceso a datos condenciales, la grabación de conversaciones y la intercepción del
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correo postal o electrónico. Todas estas restricciones tienen por objeto un conjunto de prácticas que fueron frecuentes y, aunque no podamos cuanticar su volumen, sin dudas siguen existiendo. A través de esta legislación, el Estado realiza al mismo tiempo un trabajo de organización simbólica y normativa de la seguridad privada. Por medio de reglas y discursos doctrinarios, procura preservar los fundamentos de su estatuto privilegiado en el terreno de la seguridad y delimitar las fronteras entre los agentes, las instituciones y los espacios de actividad social. No ha de sorprender que los poderes públicos hayan procurado demarcar las funciones y las competencias de las fuerzas privadas de seguridad en aéreas sensibles de su funcionamiento: las funciones de control social que se organizan en torno al derecho penal, la ostensión de símbolos estatales y la portación de armas de fuego. El conjunto de los actores de la industria de la seguridad privada insiste sobre el hecho de que se trata de una actividad de carácter preventivo. Se trata de impedir los ataques contra los bienes y las personas bajo custodia, pero sin que sea posible actuar como lo haría la fuerza pública. Esta conguración de las representaciones y las prácticas no ha sido siempre así. Han quedado testimonios de la violencia ejercida por las milicias patronales en diversos conictos sociales del pasado, así como los abusos individuales de parte de agentes privados de seguridad sobre algunos sectores de la población. Por su parte, la separación simbólica entre la fuerza pública y la seguridad privada tendía a ser borrosa hasta los años noventa: muchos agentes estatales se desempeñaban en el sector privado durante sus horas de descanso o en sus días francos. Ante este problema, el propio Estado vendrá a imponer los límites entre la función represiva del Estado y la función (exclusivamente) preventiva de los actores privados. Además, limitará la participación de los privados en determinado tipo de actividad, prohibirá el desempeño de agentes estatales en el sector comercial de la seguridad, vedará la ostensión de símbolos de autoridad y regulará estrictamente el uso de armas. En todas las leyes vigentes, hay precisiones que buscan subrayar que las fuerzas de seguridad privada no guardan ninguna similitud jurídica con las instituciones policiales. En muchas de ellas se prohíbe que las empresas de seguridad participen de investigaciones relativas al derecho penal, que son de competencia exclusiva de los poderes públicos y sus órganos de ejecución. Las investigaciones privadas sólo pueden comprender asuntos civiles, comerciales o laborales, aclarándose que los prestadores de seguridad privada
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no podrán extender el ámbito de sus actividades a los actos de competencia originaria del Estado y al poder de policía exclusivo de éste, así como las actividades vinculadas a la seguridad pública. Esta demarcación resulta urgente en un contexto de proliferación de formas instrumentales de orden, basados en regímenes de justicia privada, que ofrecen respuestas alternativas a las pretensiones estatales organizadas en torno a las nociones de crimen y pena. Los límites que procuran jarse mediante la legislación no hacen solamente a los dominios exclusivos de la fuerza pública, sino también a las prerrogativas de la fuerza pública en cualquier dominio. Muchos textos explicitan que los miembros de las agencias de seguridad privada no tienen otras prerrogativas que aquellas de que dispone cualquier ciudadano. En este marco se inscribe la prohibición de interrogatorio, inspección corporal de las personas o registro de bolsos. Esto no signica que los agentes de seguridad privada no dispongan –gracias a su posición objetiva en un sistema de relaciones sociales de vigilancia y por efecto de símbolos como el uniforme o el arma– de poderes fácticos que exceden a los que tienen los ciudadanos ordinarios. Por lo demás, como las personas suelen desconocer los límites legales que pesan sobre los vigiladores, pueden producirse abusos en cierto modo concedidos por los propios perjudicados (Stenning, 1994). Esto les brinda un poder concreto que va más allá de las prerrogativas formales. Y los agentes aprovechan esta situación hasta el momento en que se les impone un límite, lo que no suele suceder con frecuencia. En todo caso, es menester señalar que el Estado produce normas que procuran limitar aquellas actividades o prácticas que deberían ser competencia exclusiva de los agentes públicos. La falta de control efectivo y la incompetencia jurídica del público hace que estas normas operen raramente. Finalmente, todas las leyes de seguridad privada regulan el uso de armas. En los casos menos estrictos, las precisiones son dejadas a discreción de la autoridad de aplicación: en el caso más frecuente, basta simplemente con tener un certicado de legítimo usuario para poder usar un arma en el ejercicio de funciones de seguridad privada. En el otro extremo, La Pampa, Córdoba, Río Negro y Salta han prohibido toda utilización de armas de fuego en tareas comerciales de vigilancia y custodia de valores en tránsito. En Río Negro, las personas o las organizaciones que necesitan protección armada, deben contratar un servicio adicional de la policía de la provincia y pagar la tarifa correspondiente. Entre estos dos extremos, hallamos situaciones intermedias que se alejan
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más o menos de uno u otro polo. La prohibición más típica es la del uso de armas en lugares de acceso público. A menudo se subraya que la prohibición afecta especialmente la vigilancia de lugares de diversión, bares y discotecas. Al contrario, cuando la actividad está incluida en el marco de la ley, los custodios de caudales están autorizados al uso de armas desde el inicio hasta el nal del trayecto que constituye el objeto del contrato. Las normas que regulan el funcionamiento de la seguridad privada no son el producto espontáneo del desarrollo de este sector de la vida económica y social. Resultan de la acción inmediata de funcionarios, legisladores y gobernantes. Hasta hace poco tiempo, los militares y policías retirados se aseguraban el monopolio del acceso a las posiciones dominantes en el sector a través de una regulación que los favorecía estructuralmente. En los últimos tiempos, los profesionales de la política han arrancado poco a poco esa prerrogativa a la institución policial, interesándose por el funcionamiento de la seguridad privada en el marco más amplio de una creciente inquietud social y política acerca del problema de la inseguridad. 2. Transformación de los sistemas policiales y mercantilización de la seguridad
Entre las teorías vigentes para explicar el desarrollo de la seguridad privada, hay una que considera que la retirada del Estado y la insuciencia de la oferta policial son factores que contribuyen al desarrollo de los mercados de la protección. Hay interpretaciones aún más radicales que consideran que la seguridad privada viene a substituir parcialmente a las instituciones estatales que detentaban el monopolio de la violencia física legítima. En otras palabras, la seguridad privada no sería solamente una consecuencia de la crisis del Estado, sino que contribuiría al mismo tiempo a minar las bases de las instituciones estatales en general y de la policía pública en particular. Para apreciar esta interpretación, pondremos en perspectiva histórica la función policial, describiendo el desarrollo de la seguridad privada en el marco de la organización de la dominación estatal. 2.1. Funciones y fronteras
Es necesario pues comenzar por un esbozo de historia social de las funciones concretas de la policía. Es la única manera de no
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proyectar hacia el pasado las categorías que sólo responden a las conguraciones particulares de nuestro presente. El hecho de que Argentina sea un país periférico tiene un signicado sociológico que va más allá de geografía, la geopolítica o la economía internacional. Reconociendo las innegables particularidades nacionales, o incluso continentales, hay ámbitos de la vida social y política en los cuales no se puede comprender, ni luego explicar, lo que pasa sin observar más allá de los límites espaciales del terreno de investigación. Por lo que se reere a las instituciones políticas, lo que es Argentina hoy –y que fue sucesivamente una parte del virreinato del Perú, del virreinato del Río de la Plata, un conjunto de provincias independientes, una confederación y una República Federal– conoció numerosos arreglos administrativos y políticos heredados de la metrópolis española, luego otros que fueron importados desde las experiencias de la modernidad europea y norteamericana. En ese marco, es necesario situar a las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias, que lejos ser una invención local son más bien el resultado de una traducción, operación de desenredo, traslado e implantación que debe formar parte del objeto del análisis. No es necesario preguntarse entonces cómo los grupos dirigentes argentinos han inventado la policía o los tribunales, sino cómo han adaptado las fórmulas existentes en otras partes a sus intereses y visiones, y luego cómo estos dispositivos se han arraigado en la vida social de la población que vive en estos territorios. Durante el siglo XIX, la Policía de Buenos Aires se encargó de distintas funciones sociales: el mantenimiento de las calles, de los puentes y del alumbrado público, la organización de entierros, la censura de las actividades teatrales, el control de los mataderos y los mercados, la vigilancia de las calles y los lugares de diversión. Supervisaba también a los enemigos del régimen y se volvía muy a menudo una herramienta de represión contra la oposición política de cualquier gobierno existente. El control de los delitos formaba por supuesto parte de sus responsabilidades institucionales, pero eso en el marco de una concepción amplia del orden público (Romay, 1964). Esta doble dimensión de la policía como encargada de la administración de la población urbana y como herramienta política de mantenimiento del orden público forma parte del universo de las prácticas policiales observadas en otras latitudes. Las crónicas de las elecciones porteñas de mediados del siglo XIX revelan que los comisarios de policía y sus auxiliares –muy a menudo vinculados por lazos clientelares con los caudillos políti-
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cos– eran protagonistas principales en las jornadas electorales: en un contexto de voto a viva voz, controlaban que solo los votantes conables llegasen al colegio electoral y que una vez delante de las autoridades emitiesen la preferencia correcta (Sábato y Palti, 1990). Sobre este mismo periodo, el escritor y biógrafo Manuel Gálvez sostiene que “en nuestro país el comisario es un personaje esencial de la vida política. Muchos gobernadores, legisladores, ministros, fueron hombres de la policía” (Gálvez, 1939). Es también el caso del primer presidente elegido por el sistema de votación secreto, Hipólito Yrigoyen. Durante el siglo XIX, la policía era una institución profundamente politizada en lo atinente a sus cuadros, mientras que agentes de origen popular y con escasas calicaciones cumplían con las variadas tareas que les eran asignadas (Gayol, 1996). El componente político de la función policial habría de profundizarse a partir del nal del siglo XIX, entremezclándose en los conictos industriales y las luchas políticas (Kalmanowiecki, 2000). La Policía Federal y las policías provinciales –con sus servicios de Orden Público y de Orden Social– apuntarían con su acción a los sindicatos, los militantes anarquistas y socialistas, los partidos políticos de oposición (Andersen, 2002). En Argentina, como en otros países latinoamericanos y en los Estados Unidos, las policías del siglo XIX no son órganos del Estado sino más bien policías partidarias, controladas, tanto en las directivas como en el reclutamiento, por las máquinas políticas. Los intentos de centralización y profesionalización, como los encarados por el gobierno de Manuel Fresco en la década de 1930, chocarían contra las resistencias locales y la oposición parlamentaria. En este crucial distrito bonaerense, la connivencia entre policías autonomizadas localmente y redes políticas radicales o conservadoras preocupaba todavía a los elencos peronistas (Barreneche, 2010). Paradójicamente, la solución encontrada por el gobernador Domingo Mercante y sus colaboradores implicó una politización alternativa, articulada desde el centro del poder político provincial, y una profundización de los rasgos militaristas que habían empezado a desarrollarse en las policías argentinas desde comienzos del siglo XX. La politización y la militarización fueron la norma hasta los años setenta. Esta doble orientación alcanza el clímax en las actividades represivas desplegadas en el marco del terrorismo de Estado. En esa coyuntura, la doctrina de seguridad nacional dio a los militares una participación mucho más importante en el ámbito de la seguridad interior. Esta doctrina fue promovida desde Washington
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a partir de los años cincuenta y había penetrado fuertemente en las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. Las escuelas militares la enseñaban, los ociales superiores visitaban a las academias americanas, en particular, la de West Point. Según la versión práctica práctica de esta teoría, t eoría, el enemigo de los ejércitos ejércitos nacionales no estaba ya inevitable inevitablemen mente te en el extranjero: la amenaza a menaza interior, los comunistas comunistas y todas las fuerzas que contribuían contribuían a la subversión eran en adelante el objetivo de los militares, militar es, que debían pues reorganizarr sus competencias. La otra fuente de la reorientación de las ganiza fuerzas armadas hacia h acia el interior era la inuencia in uencia de los ideólogos ideólogos franceses de la lucha contrainsurgente (Périès, 1999). Estas doctrin doc trinas as contribuyen a establecer, establecer, luego luego a legitimar, un verdadero ejército policial. Lo que la policía hacía hasta entonces se volvió volvió una de las tareas rutinarias de los militares. Las dos instituciones se acercaron como c omo nunca, nunca, y personal pers onal de ambas trabajó en equipos mixtos, mix tos, siempre bajo bajo la dirección di rección militar. mil itar. Por Por lo demás, las jefat je faturas uras de las poli policías cías habí habían an esta estado do históric históricame amente nte rese reservadas rvadas a ociales superiores de las fuerzas armadas, en general del Ejército: considerandoo el periodo 1930considerand 1930 -1973 y el caso particular par ticular de la l a Policía Federal, veintiséis jefes jefes fueron militares milita res y solo tres fueron policías de carrera (Ande (A ndersen, rsen, 2002: 20 02: 93, 142, 168) 168).. Esta policía encargada de la seguridad del Estado y supeditada a los militares mi litares se transfo tran sforma rma desde los años ochenta, según el modelo ya vericado en otros países (Loubet del Bayle, 1992: 56-57, 56 -57, 104 104 y ss.) y en el marco de una desmilitar desmi litarización ización general de la vida social y política, emprendida emprendida por el personal gubernamental del nuevo régimen democrático desde nales de 1983. El combate contra el delito se constituye de allí en adelante en el n ocial de la institución, como parte de una estrategia de legitimación que pretendee justicar pretend justica r su existencia declarando declara ndo que ejerce ejerce una función f unción social útil y responde a demandas sociales intensas y urgentes (Bittner,, 1980: 48(Bittner 4 8-51; 51; Mann Manning, ing, 1999: 81 y ss.). Los periodistas, period istas, los cineastas y los hombres políticos sirven como vectores para hacer circularr esta nue circula nueva va representación. representación. Se pued puedee entender entender este proceso comparando los dos polos entre los cuales oscila la concepción del papel de la policía: por un lado, el de la seguridad nacional que se impuso entre entre los años cincuenta y los años setenta; por el otro, el de la seguridad segu ridad pública, pública, o lucha contra la inseguridad, que se impuso desde los años ochenta. ochenta. Los policías policía s consiguen así hacer reconocer su competencia en el ámbito de una seguridad redenida. Desde los años ochenta, la actividad policial se orienta crecientemente hacia el control de los delitos y las incivilidades,
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es decir, contra los grupos sociales cuyos comportamientos pueden implicar valoraciones negativas por parte de los grupos más próximos a la policía: las clases medias y superiores. La policía se concentra cada vez más en la persecución de los comportamientos desviados de los grupos populares y margi marginales, nales, al tiempo que controla un delito profesional que se ha convertido en una verdadera industria: robo de coches y bancos, robo con efracción, pequeñas delincuencias delincue ncias especícas (Saín, (Saí n, 2002). 20 02). Buscando legitimarse legitimarse ahora a hora ante la sociedad y no ante a nte el Estado, Estado, las policías se movilizan movil izan para demostrar que los delitos –convertidos en el principal fundamento fu ndamento de su existencia– aumentan, que se vuelve v uelven n más violentos, pero que la fuerza cuenta con las competencias para enfrentarlos, aunque le serán necesarios más recursos. Ahora bien, al mismo tiempo que asumen las funciones de seguridad pública –que engloban la prevención prevenció n y la represión de los delitos, la protección protecc ión de los bienes bienes y personas, el mantenimiento general del orden– siguen garantizando funciones menos visibles: la realización real ización de las investigaciones judiciales, ju diciales, la vigilancia de los desplazamien desplazamientos tos de los detenidos detenidos y el control del tránsito. Desde sus orígenes, las fuerzas policiales argentinas fueron pues una policía política antes que una policía como la que se conoció en otros países o como la que se imagina imagin a en un modelo idealizado de la institución policial. Es menester tener esto en cuenta a la hora de evaluar la especicidad especi cidad de la seguridad segur idad privada y, sobre todo, la idea de que su desarrollo consiste fundamentalmente en una privatización de la función policial. En las últimas décadas, las empresas de seguridad segur idad privada privada asumen una parte de la función de seguridad pública pública –en – en particular, aquélla que se reere a la prevención situacional del delito– sin afectar de ninguna n inguna manera otras: otras: en particular, particula r, no toca aquellas aquellas que son especícas y, sobre todo, decisivas desde el punto de vista de las funciones exclusivas del Estado. Las empresas privadas de seguridad no asumieron nunca la función policial antigua, la que se refería a la seguridad seg uridad de las autoridades políticas y al control de los opositores. Siempre Siempre existió una un a clara división d ivisión del trabajo entre entre las policías públicas orientadas or ientadas hacia el mantenimiento mantenim iento del orden, orden, tal como lo denían los gobernantes en cada momento histórico, y las policías privadas –no siempre personicadas por un cuerpo especializadoo de guardias, seren especializad serenos os o vigiladores– orientadas orientadas hacia la protección de los bienes y las personas. El hecho de que las policías públicas se orienten hacia este ámbito las pone en competencia con las empresas comerciales de seguridad: segur idad: pero no son éstas las que vienen a disputar el monopolio monopolio
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de las policías públicas, si no que las policías públicas operan una redenición de su función y se acercan a las actividades de vigivigilancia y protección que antes no cumplían. Las fronteras siguen siendo sien do con todo bastante nítidas: n ítidas: porque si ambos cuerpos se hacen cargo de la protección y la vigila vigilancia, ncia, lo hacen de una manera muy diferente. La policía patrulla las calles y reacciona ante ataques contra los bienes bienes y las la s personas cuando cua ndo hay hechos imprevistos imprevistos que ocurren. Estas tareas tienen por objeto guardar un determinado orden y prevenir prevenir comportamientos c omportamientos desviados, desvi ados, sobre todo los que son perpetrados por ciertos grupos sociales. Al contrario, el personal de seguridad segu ridad privada se orienta completamente completamente hacia la protección prote cción particular de sus clientes: numerosos testimonios indican que los agentes de seguridad no pueden –y no no deben, ni quieren– intervenir interveni r ante un ataque que tiene lugar delante de sus ojos, pero fuera del perímetro autorizado, que coincide normalmente con la frontera espacial de la propiedad privada de quien los ha contratado. No se trata pues de una acción en nombre del Estado, la ley y la seguridad segur idad pública, sino en nombre de los derechos de propiedad del cliente. La historia de la seguridad privada privada es en gran g ran medida paralela al desarrollo desar rollo de un sistema público de policía, policía , con múltiples múltiples entrelazamientos, colisiones y tensiones. En la literatura que aparece desde los años sesenta, principalmente pri ncipalmente en el mundo mundo anglosajón, la seguridad segu ridad privada fue considerada considerada como el socio menor de la policía, p olicía, lo que quería decir a la vez que era en algunos aspectos como la policía, pero que se le supeditaba funcional y jurídicamente. Las semejanzas seme janzas entre los servicios policiales policia les y los servicios llamados ll amados de seguridad privada se sobrestimaron así, hasta el punto que estos últimos fueron a veces denominados directamente como policía privada. Sin embargo, los servicios ser vicios privados pr ivados de protec protección ción de bienes bienes y personas surgieron surg ieron en campos de actividad que la policía pública pública no trataba, sea porque nunca lo ha hecho (vigilancia de explotaexplotaciones industriales, agrarias y mineras), sea porque no puede ya hacerlo (vigilancia de los barrios suburbanos y administraciones estatales). Eso nos obliga obliga a poner en perspectiva la función policial policia l en las sociedades contemporáneas, para mostrar cómo los nuevos servicios de segurida segur idadd privada se han desarrollad desarrolladoo en nichos n ichos que la policía nunca ha asumido (mas no fuese porque constituyen realidades nuevas), o en las zonas de la vida social que la policía dejó abandonadas en el marco de una transformación estructural del Estado y sus funciones. Muy a menudo menudo se ha dicho d icho que los servicios de seguridad seg uridad privada venían a llenar los huecos dejados por la policía pública, que no
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podía –o no podía ya– realizar algunas funciones, en particular, la protección de la propiedad privada particular. Esta idea suele ser acompañada por otra que arma que la policía pública y la seguridad privada son órganos encargados de funciones equivalentes: la lucha contra el delito y las incivilidades. Encontramos este tipo de razonamiento anacrónico –consistente en creer que la policía siempre ha hecho lo que se supone que hace hoy– en las representaciones de los funcionarios, de los políticos, de los periodistas y empresarios, empresarios, y tambi también én de algunos algu nos especialistas en ciencias sociales. Ahora A hora bien, los teó teóric ricos os de la poli policía cía ha han n obser observado vado que la prevención y la represión de los delitos constituyen una parte de las actividades policiales, pero muchas otras se orientan hacia un objetivo más general y relativamente indeterminado usualmente denominado mantenimiento del orden. Si la policía es un órgano cuyos límites pueden ser siempre establecidos con cierta claridad, la denición de las funciones policiales es, al contrario, el objeto de luchas sociales y políticas, por lo tanto de variaciones según los países y según las épocas. En otros tiempos, la policía fue legitimada en tanto centinela del orden político y auxiliar de los gobernantes, mientras que hoy tiende a legitimarse cada vez más como guardiana de la seguridad de los ciudadanos. Parece pues poco conveniente conveniente denir deni r en abstracto las funciones policiales, para mostrar a continuación cómo son desempeñadas por otras instituciones distintas que la policía y concluir en un discurso muchas veces normativo sobre la privatización de las funciones policiales. Por lo tanto, la seguridad privada no es el resultado de la privatización de la función policial. No es la función policial tal como existía en Argentina hasta los años ochenta lo que se transtransfiere hacia los mercados de la seguridad. A pesar de algunos comportamientos desviados desvi ados propios propios a toda profesión, las empresas empresas de vigilancia vig ilancia no persigue persiguen n militantes, mil itantes, no secuestran adversarios adversarios políticos, no matan individuos i ndividuos clasicados como enemigos del orden. ¡Y apenas si persiguen a los delincuentes ! Ni la vieja ni la nueva función de las policías de Estado les concierne. Se encargan más bien de tareas de vigilancia que la policía no ha cumplido nunca. Se trata pues de una nueva función que surge de la especicación de actividades hasta entonces borrosas y no especializadas. A partir de ese proceso, las fuerzas de seguridad privada ocupan un lugar particular en el seno de un conglomerado de dispositivos diversicados de control social, dónde se encuentra la policía y también otras agencias encargadas de la aplicación de las normas.
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La ideología de la privatización privatización contaminó seguramente seg uramente las representaciones dominantes sobre la seguridad privada, pero todas nuestras observaciones –y aquéllas que se pueden encontrar en la mayoría may oría de las investiga investigaciones ciones sobre el tema– no nos muestran una privatización de las funciones policiales, sino procesos cargados ca rgados de matices y paradojas que se operan a medida que se transforma el papel de las policías públicas y se establece un espacio mercantil de producción y comercialización de servicios de protección. En resumen, estamos ante la constitución de mercados que se organizan organiz an en torno a la producción y la comercialización comercial ización de bienes bienes y servicios destinados a proporcionar seguridad. Ante la idea de una privatización de la segu seguridad, ridad, el concepto de mercantili mercantilización zación parece más preciso prec iso y el a los hechos. Denota otros procesos que la pura transferencia de funciones del sector público al sector sect or privado, privado, o la sustitución de las fuerzas policiales polici ales del Estado por agentes de seguridad privada. Es más bien la manifestación de la inuencia del mercado, que a veces se hace contra el Estado, pero muchas veces en asociación con él. 2.2. Entre la crítica y la resignación
Cuando toman la palabra en la esfera pública, la mayoría de los actores del campo político se oponen a la generalización de la seguridad privada, sea porque ven allí una contestación al monopolio estatal de la violencia legítima8, sea porque juzgan que se trata t rata de un ámbito de reconversión encubierta de militares y policías que han tenido comportamiento reprochables, inmorales o delictivos, sea nalmente na lmente porque porque ven allí un mecanismo meca nismo de profundización de las desigualdades desigualdades sociales socia les y la segregació segregación n entre las clases. Ahora bien, bie n, estos discursos d iscursos críticos suelen ser acompañados acompañados por un proceso objetivo de reconocimiento y encuadramiento de las actividades de la industria de la seguridad privada: las normas jurídicas y los órganos de regulación regulación que se crean desd desdee la década de 1990, 199 0, imponen límites al sector al mismo tiempo que reconocen su derecho a la existencia. He aquí la paradoja constitutiva del modo en que el sistema político hace frente al desarrollo de la seguridad privada. Antes observábamos las respuestas respuestas jurídicas que se producen frente al avance de la seguridad privada. No hay que olvidar que 8
Una investigación en la que se realiza realizaron ron entrevistas a una muestra representativa de dirigentes argentinos, revela que el 88% de los políticos, empresarios, sindicalistas y personalidades interrogadas comparte la idea de que la seguridad es una responsabilidad del Estado (Margheritis, 2003: 115).
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el proceso legislativo no es una reacción mecánica de las instituciones a los problemas sociales, sino que él mismo forma parte central de un juego político más amplio. Por eso, la elaboración de regulaciones especícas para la seguridad privada no es el resultado de un estudio sistematizado, una negociación duradera y una discusión pormenorizada en comisiones de trabajo parlamentario, sino la respuesta en situación de urgencia a crisis planteadas en el campo político-mediático. La producción legislativa en el ámbito de la seguridad privada responde, sin dudas, a problemas estructurales planteados por el desarrollo no controlado de un sector que afecta directamente a una de las funciones neurálgicas del Estado, pero la respuesta legislativa sólo se pone en movimiento cuando la coyuntura política lo exige. Cuando un escándalo involucra a vigiladores o patovicas, cuando los medios dedican algunos informes al negocio de la seguridad, cuando se denuncia la falta de control estatal sobre esta actividad, los actores del proceso legislativo orientan sus agendas hacia esas cuestiones. Nacen entonces nuevos proyectos, o se desempolvan los que dormían en los despachos. Veamos algunos ejemplos. La seguridad privada se convierte en un objeto de atención política luego de la muerte de José Luis Cabezas, en la que se involucró rápidamente a miembros de la custodia personal del empresario Alfredo Yabrán, ligados a empresas de vigilancia como Bridees y Orgamer. Pocos días después de este hecho, el entonces diputado Miguel Ángel Toma, presenta en el Congreso un proyecto de ley nacional de seguridad privada, avalado por el Ministerio del Interior, la cúpula de la Policía Federal y las principales organizaciones de representación del sector. Logrado el golpe de efecto del anuncio, el proyecto dormirá en los cajones de los diputados durante un año entero. Algunos meses más tarde, un pequeño escándalo vuelve a colocar a la seguridad privada en el centro del espacio mediático y desde allí repercute sobre la agenda de los profesionales de la política: convertido ahora en secretario de Seguridad Interior, Toma arma delante de una congregación de banqueros: “Hay que regular y controlar a las empresas de seguridad privada. Hay muchas que son ilegales, le dan un arma a gente que no está capacitada y emplean a mano de obra desocupada de la dictadura o personas inescrupulosas que fueron echadas de la Policía”.9 Este discurso fue pronunciado pocos días después de que custodios de 9
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“Seguridad, la segunda prioridad para la gente”, Clarín, 20 de mayo de 1998.
una empresa de caudales participaran de un tiroteo en una casa de comidas rápidas de la localidad de Castelar. Escándalos de este tipo relanzan cíclicamente el debate legislativo en la materia. No parece haber otro mecanismo que haga que la seguridad privada se ubique en el centro de la agenda política. El debate del proyecto de ley presentado por Toma en la Cámara de Diputados de la Nación, ofrece otros elementos para el análisis de la manera en que el Estado aborda la regulación de la seguridad privada y reexiona sobre su propio rol en este ámbito.10 Vuelven a oírse argumentos que arman que la seguridad privada nace del fracaso del Estado en la tarea de asegurar una de sus principales obligaciones y que las agencias de seguridad constituyen “casi un ejército privado” en el que podría estar refugiándose “la mano de obra desocupada de la dictadura”. Desde la oposición progresista al menemismo, se enuncian argumentos que invocan la desigualdad de acceso a la seguridad que introduce esta prestación cuando se la deja librada a la lógica del mercado y denuncian la “privatización del rol del Estado”. En general, el tratamiento legislativo nacional de la seguridad invoca las causas que lo movilizan: en ese marco, la seguridad privada recibe atención en tanto respuesta socialmente constituida a ese problema que el Estado no puede resolver. Condicionados por la lógica de la representación política, los actores legislativos atacan un problema social que denen como grave; condicionados por la dinámica de la producción de regulaciones sociales, introducen normas en un espacio de actividad que se ha desarrollado de manera espontánea. Los argumentos esgrimidos en las legislaturas provinciales no son demasiado diferentes cuando se trata de abordar el problema.11 Una vez que las leyes han sido promulgadas, operan en el marco de la interacción entre los actores privados y las administraciones burocráticas de los gobiernos. Los actores políticos no reaccionan
10 Actas de la 8va reunión de la 4ta sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, 21 de abril de 1999. 11 Por ejemplo, véanse los debates parlamentarios en Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Río Negro: Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 32 ° sesión extraordinaria, 3 de diciembre de 1998; Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, 1a sesión extraordinaria, 14 de diciembre de 2000; Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 17a reunión de la 15a sesión ordinaria, 4 de mayo de 2005; Poder legislativo de la Provincia de Chubut, sesión n° 981, 14 y 15 de diciembre de 2004; Poder legislativo de la Provincia de Rio Negro, 29a reunión de la 3a sesión extraordinaria, 26 de enero de 2002.
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frente al tema si no aparece un escándalo que vuelva a poner a la seguridad privada en el centro de la escena. En las controversias políticas se pone ya en debate una cuestión que interesa también a los académicos que estudian el fenómeno de la seguridad privada. En las que atañen especícamente a la regulación de la actividad, el aspecto más crítico hace al signicado institucional de la seguridad privada, es decir, su posible contribución a la puesta en cuestión del monopolio ocial de la violencia legítima. ¿Se trata de una policía auxiliar o más bien de policías paralelas o de ejércitos privados? El primer término podría caracterizar una situación en la que las fuerzas de seguridad privada están sometidas al control del Estado y, en particular, a las policías de Estado. El segundo podría designar un conglomerado de actores que tiene una determinada unidad concreta y que compite de hecho y de derecho con el Estado en el ámbito de la provisión de seguridad. La primera concepción corresponde globalmente a la denición propuesta por las empresas de seguridad, y también sus socios ociales en el campo político y en el ámbito policial, para legitimar la existencia de la industria. El segundo es más frecuente en los grupos sociales –intelectuales, jueces, activistas, políticos de orientación progresista– que encuentran que este fenómeno constituye una amenaza para el Estado, por lo tanto para los ciudadanos y sus libertades. En cuanto reconocen el derecho a la existencia de las empresas de seguridad privada, las autoridades públicas fomentan una concepción del tipo socio menor bastante parecida de aquélla que promueven las cámaras del sector para legitimar la existencia de la industria que representan. Hasta los años noventa, eso quiere decir que las empresas deben colaborar con la policía y sobre todo que tienen una determinada función de información respecto de aquélla. En efecto, en primer lugar, se ven obligadas a comunicar a las autoridades públicas sobre hechos criminales o infracciones que detecten en el ejercicio de la actividad comercial de vigilancia. En otras palabras, deben recurrir obligatoriamente a las autoridades públicas en los casos en que pudiese tener lugar una persecución penal o un acontecimiento implique riesgos físicos para bienes o personas. A medida que los deberes de colaboración e información superan el ámbito especíco del derecho penal, se produce una subordinación más general de las fuerzas privadas de seguridad a las autoridades públicas: se establece sin mayores precisiones la obligación de colaboración o de cooperación con las instituciones policiales y judiciales. Esta tendencia desembocará en una visión
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sistémica de la seguridad pública que se realizará en los últimos años del siglo XX. En los años noventa, la irrupción de categorías de intelección de la realidad social como “inseguridad” o “políticas de seguridad” permitirá que esta perspectiva se vuelva más rica desde el punto de vista de la invención simbólica (Ayos, 2014; Hathazy, 2013; Kessler, 2009; Lorenc Valcarce, 2009). La seguridad privada se convertirá así en un elemento del sistema de seguridad pública, que colabora con las autoridades públicas en la producción de la seguridad en general y que se ve obligado a ponerse a su disposición en situaciones de crisis. Esta innovación simbólica e institucional es especialmente visible en la provincia de Buenos Aires, que es por otra parte la arena principal de lucha para todo lo que se reere a la inseguridad como problema político y social: A los fines de la presente Ley, la seguridad pública implica la acción coordinada y la interacción permanente del pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, particularmente referida a las Policías de la Provincia, a la seguridad privada y a la participación comunitaria.12
La seguridad privada, por lo tanto el mercado, se ve así conceder un lugar de privilegio junto a las instituciones políticas ociales y al pueblo en el ejercicio de la participación ciudadana. Desde el punto de vista funcional, esto desemboca en una subordinación inédita en otros sectores de la economía: Las actividades de las personas jurídicas prestadoras de servicios de seguridad privada, que se desarrollen en el territorio de la Provincia, en los términos regulados por esta Ley, serán consideradas complementarias y subordinadas a las que realiza el Estado Provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública.13
Esta teoría no es exclusiva de los expertos, legisladores y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Ha estado respaldada también por parlamentarios de otras provincias14 y por miembros 12 Buenos Aires, ley n° 12 154/1998, art. 3. 13 Buenos Aires, ley n° 12 297/1999, art. 1. 14 “La seguridad privada forma parte del engranaje de la seguridad, contribuyendo con su accionar, a la articulación del sistema público de seguridad. Razón por la cual, tenemos que extremar los controles de las agencias dedicadas a brindar este servicio”, declaración del diputado Lucio Ponsa Gandulfo, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 32a sesión extraordinaria, 3 de diciembre de 1998. Y también: “El desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestra Provincia nos obliga a revisar el tratamiento legal para permitir un control ecaz del elevado número de empresas del sector,
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del Gobierno nacional.15 Esta visión apologética de la seguridad privada constituye la base para introducir reglamentaciones encaminadas a reconocerla sin aceptar que suponga un cuestionamiento a las prerrogativas del Estado en el ámbito de la seguridad. Para algunos actores políticos y estatales, la seguridad privada es muy claramente una policía auxiliar. Para otros, en particular, para los que están más próximos al polo izquierdo del espacio político, se trata de un ejército paralelo. También los periodistas movilizan frecuentemente la imagen de un ejército paralelo: eso se explica por los principios de organización del discurso que es consustancial a este grupo profesional, así como por los constreñimientos comerciales que los medios de comunicación sufrieron durante estos últimos años. En el caso de los profesionales de la política, esta concepción se orienta hacia nes especícos: la imagen de un ejército paralelo sirve a menudo como preludio a posiciones contrarias a la seguridad privada, sea una oposición radical a su existencia (hecho raro, más bien limitado a los grupos de izquierda), sea una propuesta de reglamentación severa. Este es el caso de los fundamentos de la ley n° 118 de la ciudad de Buenos Aires: La seguridad pública es indelegable por parte del Estado. La seguridad privada ni la sustituye ni es supletoria de la seguridad pública. Así como sostenemos que el tema de la seguridad pública debe desmilitarizarse, con mucha mayor razón aún, no podemos permitir la acción de ejércitos privados, sin un fuerte control.16
Se trata de una visión crítica que, en este caso particular, acompaña la necesidad de regular un espacio de actividad que no puede ser suprimido, en tanto surge del desarrollo de fuerzas sociales que no pueden ser abolidas por decreto. actuales prestadoras de seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada toda vez que se trata de un medio de prevención del delito y contribuye, consecuentemente, al mantenimiento de la seguridad pública”, discurso de la diputada María Irene Fernández, Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 17a reunión de la 15a sesión ordinaria, 4 de mayo de 2005. Los dos diputados pertenecen al espacio amplio del peronismo y están a favor de la aprobación de la ley en debate. 15 En los considerandos del decreto n° 1002/1999 se lee: “la seguridad privada asume un rol activo en la dinámica social conformando una actividad subsidiaria de la que presta el Estado, toda vez que colabora con éste último cumpliendo tareas que también son de su interés (…) resulta entonces una actividad complementaria en la prevención de riesgos, siendo su objetivo cautelar, proteger y asegurar bienes, personas, objetos o cosas de interés para el hogar, la empresa o industria”. 16 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 32a sesión extraordinaria, 3 de diciembre de 1998.
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Tras reconocer su derecho a la existencia, el Estado intenta imponer límites a las empresas para no poner en peligro sus propias áreas de competencia exclusiva: la imagen de un socio menor permite armar a la vez la cooperación y la subordinación de las policías privadas a la fuerza pública; en cambio, la imagen de un ejército paralelo se moviliza para cuestionar su derecho a la existencia, para justicar reglamentaciones rígidas o para amenazar con prohibiciones aún más pesadas. En resumen, la seguridad privada se dene en un espacio de luchas que compromete a actores económicos, funcionarios, periodistas y profesionales de la política. El mercado no es pues una pura institución económica, sino uno de los aspectos de la vida social más general. Conclusión
La seguridad privada es un hecho social que se ha establecido paulatinamente a lo largo de más de medio siglo. Resulta de un proceso molecular que incluye elementos económicos, políticos y culturales. En el plano económico, este espacio heterogéneo de prestaciones privadas de seguridad es el producto de un proceso de diferenciación estructural, especialización funcional e integración orgánica de las prestaciones en función de las demandas de los usuarios. A través de un trabajoso desenredo, la seguridad privada se distingue poco a poco de las tareas más o menos indiferenciadas de protección del patrimonio, control de accesos, vigilancia de personas y transporte de valores que se habían desarrollado entremezcladas con otras actividades, y que todavía siguen realizándose como un simple aspecto de operaciones más complejas en prácticamente todos los espacios de la vida social. Al mismo tiempo, la especialización permite un acoplamiento más no con las necesidades de la diversidad de clientes que requieren sus prestaciones, al tiempo que asegura la provisión de servicios relativamente ecaces en relación con su costo. Este vínculo se vuelve rutinario en la medida en que las relaciones de clientela se estabilizan, permitiendo un aprendizaje colectivo que dota de nuevos rasgos a esta actividad. El proceso organizativo que acompaña la emergencia de este nuevo sector económico es indisociable del encuadramiento sectorial y jurídico que da unidad a la industria de la seguridad, al tiempo que permite que se expresen sus intereses y se establezca un anclaje social más fuerte. Los actores, servicios, bienes, normas, rutinas, emblemas, intereses y sentimientos que se ensamblan en
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la industria de la seguridad privada son unicadas a través del trabajo simbólico que realizan las propias empresas, las representaciones sectoriales y las regulaciones ociales. Una vez consolidada estructural e institucionalmente, la seguridad privada se estabiliza como un elemento central en el universo de las formas de control del delito y de ordenamiento de las personas y de las cosas. La redenición del papel de las policías públicas desde los años ochenta y la extensión de los servicios privados de seguridad participan en la instauración de un verdadero sistema policial bifronte. Mientras la función policial se organiza en vistas del mantenimiento del orden y la gestión de los comportamientos denidos como delictivos, la seguridad privada se ocupa de la protección del patrimonio de las personas que contratan sus servicios y de la producción de un orden instrumental favorable a las actividades de producción, comercialización y administración. Nada de esto ocurre sin conictos: actores sociales y políticos se enfrentan para hacer reconocer sus puntos de vista sobre la cuestión. Algunos consideran que se trata de una actividad comercial legítima, que tiene además una utilidad social. Otros arman que se trata de una inaceptable delegación de funciones gubernamentales hacia los particulares, que no sólo pone en cuestión el monopolio estatal de la violencia física legítima sino que también profundiza la fragmentación social y la desigualdad. Estas luchas de deniciones no son simplemente un ornamento moralizante que se agrega a la evolución espontánea de una realidad material y silenciosa. Al igual que las deniciones jurídicas, las controversias políticas forman parte del proceso mismo de construcción social de la seguridad privada. Inuyen sobre la manera en que los empresarios, los trabajadores, los agentes estatales y los clientes interpretan el espacio en el que actúan, para luego orientar sus comportamientos en función de esos signicados.
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Capítulo 2 La industria del control
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anto las publicaciones periodísticas como las académicas suelen referirse a la seguridad privada como “la industria del miedo”, o “el negocio de la inseguridad”. Con ello quiere aludirse a que se trata de una actividad que se apoya en sentimientos como el temor o la ansiedad con el propósito de obtener lucro. Esto puede suponer una implícita crítica moral, como cuando se denuncia públicamente el tráco de órganos, el alquiler de vientres o la privatización de las playas públicas. Pero quizás pueda hacerse también un uso descriptivo de esta idea de industria, para dar cuenta de un conjunto de prácticas sociales que, más allá de su contenido singular, se orientan en función de la obtención de ganancias monetarias. Quizás pueda así captarse una de las racionalidades fundamentales que gobierna este sector de la actividad social: la búsqueda de rentabilidad económica. Ahora bien, la importancia de una industria que crea mercados para obtener rentabilidad es sólo un aspecto del asunto. Dado que las necesidades de los consumidores no están completamente constituidas de antemano, y no existe por lo tanto una demanda previa e independiente de la oferta, la naturaleza de los productos depende de la actividad de ciertos pioneros que logran imponer una determinada concepción, un gusto, una tecnología, preguraciones que se cristalizan luego en el objeto presentado a los potenciales clientes. La observación recíproca que caracteriza a la competencia entre empresas en el seno de una industria permite dar cuenta de la homogeneización de las prácticas, los modos de organización, los tipos de servicios, y hasta de las estrategias de mercado y las retóricas de comercialización. En este capítulo se analiza la estructuración de la industria de la seguridad, entendida como el polo de la oferta de una pluralidad de mercados en que se transan bienes y servicios destinados a la protección patrimonial y personal. Reconstruyendo la estructura del espacio de las empresas, se muestra al mismo tiempo sus dife-
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rencias y sus similitudes tanto en el plano morfológico como en el tipo de servicios ofrecidos y las retóricas que los acompañan. Para comprender qué sucede realmente cuando se produce un servicio de seguridad, será necesario observar las prácticas concretas a través de las cuales se establece –en la relación cara a cara– el acoplamiento entre la oferta y la demanda. 1. El campo de las empresas
Más arriba vimos que, desde el punto de vista sociológico, una industria es un conjunto de empresas que producen los mismos bienes o los mismos servicios. Se trata de un espacio objetivo de posiciones ocupadas por actores que establecen entre sí relaciones sistemáticas (competencia, cooperación, imitación, mera coexistencia). Las características de los actores, sus recursos y sus estrategias, denen el horizonte de lo posible desde el punto de vista de la actividad empresarial. Para comprender la estructuración de este espacio de producción, es necesario preguntarse acerca de las principales líneas de especialización de los prestadores, luego sobre la naturaleza misma de los productos que ofrecen en el mercado. En efecto, los límites de una industria no pueden ser denidos arbitrariamente puesto que se enraízan siempre en condiciones sociales especícas. En el caso de la seguridad privada, sería arbitrario agrupar a los servicios que suponemos que se ajustan a esta categoría, salvo que la observación de diversas objetivaciones –económicas, organizacionales, jurídicas y también estadísticas– no nos permita extirpar la arbitrariedad del criterio del analista, para reemplazarla por la arbitrariedad establecida por los ordenamientos sociales. Así, los servicios ofrecidos por las empresas de seguridad constituyen un universo heterogéneo cuya unidad solo es posible gracias al trabajo simbólico que realizan las propias empresas sobre aquello que ellas mismas hacen: en efecto, el hecho de que las mismas organizaciones produzcan ciertos bienes o servicios englobándolos bajo la misma categoría de intervención mercantil hace que, aunque de un modo siempre parcial e inacabado, constituyan una totalidad concreta. 1.1. Un espacio jerarquizado
La industria de la seguridad privada es un espacio diferenciado en función de un conjunto de principios que jerarquizan a los agentes y a las posiciones que ellos ocupan. En primer término, las empresas están dotadas de un volumen de capital económico más o menos importante, que se expresa en la cantidad de empleados, 84
el volumen de facturación y la disponibilidad de medios materiales de producción –por ejemplo, camiones blindados, equipos informáticos costosos o simplemente armas, uniformes y locales para desarrollar las actividades administrativas de la compañía. En segundo lugar, las empresas poseen diversas cantidades de capital simbólico, en este caso reconocido por quienes participan de la industria, por las autoridades reguladoras y por los clientes actuales o potenciales, que se funda en características tales como el ser una rma transnacional, tener una dilatada trayectoria en el sector, haber certicado normas de calidad o pertenecer a las cámaras empresariales que agrupan a los distintos segmentos de la industria. En tercer lugar, las empresas están provistas de un capital social anclado en las relaciones y sistemas de pertenencia de sus directivos, que pueden pertenecer a círculos empresarios, poseer vínculos sociales ligados a la familia o el ámbito de residencia, o haber ocupado posiciones más o menos prestigiosas en las fuerzas armadas o de seguridad. Esto permite acceder a determinado tipo de clientes, rmas prestigiosas o grandes establecimientos públicos y privados, que a su vez se convierten en fuente de conexiones, luego de reconocimiento y de ingresos monetarios. No sólo estos capitales introducen variaciones en el seno del campo de las empresas. La diferenciación se produce también por vía de la especialización en distintos tipos de actividades. El corazón de la actividad lo constituyen las agencias de vigilancia: la gran mayoría de las empresas de seguridad privada, y la casi totalidad de sus asalariados, se dedican a la provisión de servicios de vigilancia y protección patrimonial a través de medios humanos, a los que se suman complementariamente dispositivos electrónicos o mecánicos para conformar un sistema integral de seguridad. Las empresas de seguridad electrónica, aun con la gran variedad de dispositivos y prestaciones que ofrecen, se caracterizan por un uso intensivo de tecnología, la presencia de una fuerza de trabajo menos voluminosa y más capacitada, y la existencia de una clientela relativamente numerosa. Las transportadoras de caudales forman un segmento particular de la industria de la seguridad: se especializan en la recolección, sistematización y traslado de valores, generalmente entre entidades nancieras, o entre sucursales internas de una misma entidad, o entre sucursales de entidades nancieras y clientes corporativos. A través del uso de camiones blindados y personal armado, estas rmas brindan servicios que tienen tanto que ver con el universo de la seguridad como con las operaciones rutinarias del sistema bancario.
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GRÁFICO 1. El espacio de los productores de seguridad privada
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Las características de las empresas permiten construir una imagen gráca del modo en que está estructurada la industria de la seguridad. En este caso, se seleccionaron poco más de 400 empresas para las que contamos con información completa para el conjunto de las variables. En el gráco 1 se observan los factores que estructuran el espacio, las principales modalidades de esta estructuración y la distribución de los individuos –en este caso, las empresas– entre los que se destacan algunos casos ejemplares. El gráco muestra que la vigilancia constituye el corazón de la actividad y que la oposición principal en el universo de las empresas de seguridad se estructura en torno al tamaño. A la derecha del gráco, encontramos a las empresas con más empleados, que tienen un volumen de facturación mayor. En términos generales, estas empresas tienen una antigüedad mayor al promedio y están aliadas a las cámaras empresariales del sector. Un selecto grupo de empresas lograron certicar normas de calidad y son gerenciadas por capitales trasnacionales. Salvo algunas excepciones, las empresas grandes tienden a localizarse en el área metropolitana de Buenos Aires. Por el contrario, las empresas más pequeñas suelen no estar aliadas a ninguna cámara, tienen una envergadura relativamente pequeña –y casi siempre local en lo que hace a la escala de sus operaciones– y pueden presentar niveles relativamente altos de informalidad. La excepción a estas características la constituyen las empresas de seguridad electrónica, que tienen menos requerimiento de mano de obra y mayores exigencias en términos tecnológicos y logísticos. Al construir el espacio de posiciones del universo de los productores de seguridad privada interesa llamar la atención sobre una cuestión fundamental: se trata de un espacio diferenciado y jerarquizado, y el trabajo de unicación simbólica que realizan las empresas, las cámaras sectoriales, los sindicatos, los legisladores, los medios de comunicación y los encargados de las scalización de sus actividades, no deben hacernos olvidar que existen diferencias importantes entre las empresas de seguridad privada. Como lo muestra el análisis factorial, la primera cuestión a tener en cuenta reere al tamaño de las empresas, que podemos medir en términos de volumen de ventas o por la cantidad de asalariados: salvo en casos particulares, como las empresas de seguridad electrónica o las cooperativas, y ello por distintas razones, la correlación entre la facturación y la masa de asalariados es relativamente fuerte. Según las estadísticas ociales del SIPA, existen actualmente poco más de 1700 empresas de seguridad privada con al menos un
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empleado registrado. En las últimas dos décadas, el promedio de empresas registradas fue de alrededor de 1200. Testimonios de distintos orígenes, tales como las cámaras sectoriales, los organismos provinciales de regulación y el RENAR, permiten estimar un núcleo estable de empresas que oscila entre 800 y 1000. La dicultad para establecer una medida más precisa no es un problema de método: la diversidad de registros muestra que la contabilización de los elementos depende, en gran medida, de la denición que se proponga para delimitarlos. Por otro lado, se trata de un universo uido en el que las fusiones, las adquisiciones, las refundaciones y las quiebras son sumamente frecuentes. Es importante conocer la cantidad de empresas que existen en el sector, su tamaño y su distribución. Sin embargo, el deseo de contabilizar no debe llevarnos a la búsqueda denodada de un número preciso. La existencia misma de una empresa puede revestir una variedad de formas organizativas y jurídicas, y lo que medimos no es solamente la expresión de lo que las empresas son, sino también de los procedimientos que realizan para adquirir una cierta apariencia exterior y de las maneras en que las empresas son registradas, observadas, clasicadas por las agencias de inventario, regulación y control, especícas y no especícas, ociales y no ociales. Así, por ejemplo, muchas de las empresas que observamos son partes de grupos más amplios, mientras empresas que aparecen diferenciadas son unidades de negocios o sucursales de una sola empresa. Una empresa puede tener pocos empleados registrados, pero muchas autorizaciones de portación de armas y una relación orgánica con una cooperativa de trabajo de provisión de vigiladores. Incluso en la cúspide de la industria, los actores dominantes tienen diferentes trayectorias, modos de organización y patrones de enraizamiento socioeconómico. Una vez denidos los contornos generales del universo, observamos que se trata además de un espacio sumamente heterogéneo en términos del tamaño de las empresas y su distribución geográca, los tipos de servicios ofrecidos, los modos de organización, la rentabilidad, etc. Aunque el tamaño promedio de las empresas de seguridad privada es apenas inferior a los cien empleados, existe una gran variedad en lo que hace a la envergadura de los establecimientos:
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CUADRO 2. Distribución de empresas según tamaño (Argentina, 2013) Asalariados Empresas Mas de 1000 asalariados 23 500 a 1000 25 200 a 499 105 100 a 199 149 50 a 99 242 20 a 49 320 1 a 19 854 Total 1719 Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas del Sistema integrado previsional argentino.
Aunque la historia de la seguridad privada conoce del derrumbe de grandes empresas, hay un cierto acuerdo en que hay medio centenar de agencias que cuentan con una posición en el mercado que les permite reproducir sus operaciones con cierta comodidad. Algunas tienen respaldo de multinacionales de la seguridad, otras cuentan con una clientela estable, un capital social vinculado a la persona de sus directivos y una cierta presencia en las organizaciones patronales. Las empresas medianas y pequeñas constituyen la mayor parte de la industria de la seguridad. Se trata de emprendimientos que pueden mantenerse a través de la ocupación de nichos locales o sectoriales, reproduciendo sus actividades por medio de una relación privilegiada con los clientes, que muchas veces es acompañada por algún patronazgo político. En términos generales, más allá de cincuenta empleados, una empresa puede asegurar un nivel de ingresos razonable para los empresarios que invierten sus distintos capitales en la seguridad privada. A medida que descendemos hacia las empresas más pequeñas y, sobre todo, las que ocupan posiciones más marginales en el espacio relativamente circunscripto en el que despliegan su actividad comercial, la precariedad y los riesgos de perecer se generalizan. Y también se incrementa la informalidad en sus más diversas modalidades. En la base de la jerarquía hay agencias que realizan sus actividades en el límite mismo de la subsistencia. Como muchas de las actividades económicas, sociales y políticas de la Argentina, la industria de la seguridad privada tiene una marcada centralización. Las empresas de seguridad más importantes están radicadas en la ciudad de Buenos Aires y las principales provincias del país. Esta distribución acompaña en gran medida
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a la de la población, aunque factores como el nivel de desarrollo económico y la penetración de nuevas pautas de residencia y consumo tienen una inuencia diferencial.1 En lo relativo a la distribución geográca, 52% de las empresas tienen sus casas centrales en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Muchas de ellas, gracias a su escala, prestan servicios en otras provincias a través de sucursales. Un 23% de las empresas tienen sus matrices en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El resto se reparte en las provincias más pequeñas, que tienen sus propias empresas locales –algunas de ellas con cierta trayectoria e inuencia– pero que también deben apoyarse en los servicios organizados y comercializados por rmas que tienen su dirección en las grandes capitales. Esto se observa claramente al analizar las listas de empresas registradas en cada provincia, en las que aparecen agencias que no tienen su origen en la provincia. La distribución de personal de seguridad privada en las distintas provincias es otra medida que muestra la fuerte centralización de la actividad: considerando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, casi el 62% de los trabajadores registrados reside en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, otro 20% se reparte entre Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, mientras las demás provincias albergan al resto. Si consideramos ahora las cifras no ya en términos absolutos, sino con respecto a la población, el panorama adquiere ciertos matices. Aunque existe una fuerte concentración de la actividad en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, la distribución relativa muestra un desarrollo muy superior a la media nacional en la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego (con un fuerte desarrollo en la zona de Rio Grande) y San Luis (también caracterizada por la existencia de un importante polo industrial), bastante superior a la media en Neuquén, Santa Cruz y Mendoza, apenas por encima de la media en Santa Fe y Tucumán. Por lo tanto, hay factores especícos –distintos del volumen de la población y sus actividades generales– que determinan la distribución relativa de la seguridad privada en Argentina. 1.2. Concentración, modernización, extranjerización
Ahora bien, la heterogeneidad del mundo de las empresas de seguridad privada no impide que pueda observarse una importante 1
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Volveremos sobre el asunto en el capítulo 5, al analiza r los factores estructurantes del desarrollo de la seguridad privada.
concentración del poder de prestación, aunque ello no signique llegar a los niveles que se observan en algunos países de Europa. 2 Las cincuenta principales empresas de seguridad, que representan poco menos del 3% del conjunto de las que operan en el sector, concentran casi la mitad de los asalariados. En función de la posición dominante que ocupan en la industria, estas empresas disponen del poder para denir la naturaleza de la actividad, el perl que adquieren los servicios, la manera en que se gestionan las organizaciones, el tipo de personal reclutado y la capacitación que se le ofrece. Además de ser grandes, estas empresas tienen la mayor representatividad en las cámaras sectoriales, son presentadas como casos ejemplares en la prensa especializada y suelen ser observadas con atención por las empresas pequeñas y medianas.3 En los últimos años, se verica una fuerte concentración en la cúpula de la industria de la seguridad. Hasta hace una década, media docena de empresas competía prácticamente en pie de igualdad, con un liderazgo por parte del grupo Prosegur-Juncadella que se expresaba en un mayor volumen de negocios, una fuerte tendencia a la diversicación de los servicios y, sobre todo, la incorporación de conceptos, procedimientos e imágenes corporativas hasta entonces inéditas en una industria que había mantenido la impronta artesanal de sus orígenes. La fuerte expansión de los últimos años permitió que Prosegur y Securitas se despegasen del resto de las compañías de seguridad: entre ambas emplean a casi el 20% del total de los asalariados del sector. Desde nales de la década de 1990, se produce un fuerte proceso de modernización en el mundo de la seguridad privada, que coincide con la consolidación de Securitas y Prosegur como las empresas líderes, acompañadas en un segundo plano por la empresa G4S 2
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Aunque la concentración aumenta en la última década, la empresa de seguridad privada más grande de Argentina no llega a concentrar el 10% de las actividades del sector. Al contrario, en países como Suecia, Noruega o Finlandia, la misma empresa (Securitas AB) controla más del 50% del mercado, al tiempo que tiene entre el 30% y el 50% en países como Bélgica, Dinamarca, Francia y Portugal. Sin embargo, hay dos matices que limitan la importancia relativa del tamaño: por un lado, hay empresas que pueden ser relativamente modestas en tamaño, pero son líderes en su rama especíca de actividad (por ejemplo, monitoreo de alarmas o, en menor medida, transporte de caudales); por otro lado, hay empresas que pueden tener una moderada cantidad de empleados, pero que alcanza para ser una empresa central en provincias poco pobladas (una empresa de 300 empleados puede ocupar una posición dominante incluso en provincias como Córdoba y Santa Fe, mientras que las empresas más establecidas de provincias del norte y del sur del país pueden contar con poco más de 100 empleados).
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Search. Según consta en sus propios documentos corporativos, las dos primeras rmas se consolidaron como líderes del sector con cerca de 15.000 empleados cada una, mientras que la tercera ronda los 4.000. Las tres empresas comparten una característica: son liales de grandes grupos internacionales, que operan en Europa, Asia, y América, cotizan en bolsa y son controladas por capitales extranjeros. En estas empresas puede observarse el proceso de expansión y concentración vericado en la cumbre de la industria de la seguridad privada de nuestro país. Prosegur es una rma española con fuerte liderazgo en Europa y América Latina. Tiene en sus orígenes capitales argentinos, pero hoy pertenece mayoritariamente a grupos industriales y nancieros peninsulares. Sus operaciones en Argentina comienzan en 1932, bajo el nombre comercial de Juncadella, y desde los años noventa se produce una integración de Juncadella y Prosegur bajo la misma sigla. Si se observa el desarrollo de la compañía desde esos años, se verica un crecimiento orgánico fundado en la ampliación de la cartera de clientes de los sectores de vigilancia y transporte de fondos, al tiempo que se apunta a pequeños clientes domiciliarios y comerciales en el sector de la seguridad electrónica.4 Más allá de su liderazgo empresarial, Prosegur está íntimamente vinculada a la historia social y política argentina del último medio siglo. Desde los negocios de los bancos de inversiones hasta las denuncias por la participación en hechos represivos durante la dictadura militar, desde el emporio del empresario Alfredo Yabrán hasta los tiroteos recurrentes en el espacio público que tienen sede en rutas, sucursales bancarias, bingos, centros comerciales y casas de comidas rápidas, Juncadella –y su singular satélite, Prosegur– estuvo sujeta a cuestionamientos públicos. Veamos algunos elementos ociosos que permiten rastrear los orígenes de Prosegur: A mediados de 1975, Gut le propuso a Amadeo Juncadella abrir una sucursal de la empresa en España. No había en ese país ni por asomo una empresa que se dedicara al transporte de caudales, ni a dar seguridad a las instituciones, bienes y personas o al transporte de caudales. Y así fue como Gut aterrizó en Barcelona en noviembre de 1975, cuando tenía 28 años. Su patrón, Amadeo Juncadella, le había dado algunos contactos, sobre 4
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Las únicas excepciones relevantes son las recientes adquisiciones de dos empresas: por un lado, Servin, otrora líder del sector de vigilancia; por otro lado, la transportadora de caudales Interplata, una de las pocas empresas competitivas en un segmento monopolizado por Juncadella desde la década de 1970.
todo con su primo catalán, el poderoso industrial José María Juncadella Sallisachs. Y también con Juan Abelló, titular del floreciente laboratorio Antibióticos , quien a su vez le presentó a Mario Conde, el presidente del poderoso Banesto (Sanz, 1998: 130).5
Prosegur nace en las ocinas de la vieja empresa Juncadella, justo en un momento en que esta empresa, los bancos y el poder cívico-militar constituían una red política y económica bien aceitada. Fundada en España por el joven gerente Herberto Gut Beltramo, empleado de Juncadella y amigo de Alfredo Yabrán. Varias fuentes periodísticas señalan a Yabrán como propietario de Juncadella: más allá de las controversias sobre la propiedad de algunas empresas, este misterioso magnate supo controlar durante décadas aeropuertos, aduanas y servicios postales, que tenían como satélites a un conjunto de empresas de seguridad privada: Bridees, Orgamer, Servicios Quality Control, Tecnipol, Zapram. En este marco, Prosegur formó parte de un conglomerado de empresas situadas en el corazón del sistema de dominación política y económica que imperó en Argentina entre 1976 y 2002. De este modo, existió una incontestable relación entre el mundo nanciero y Prosegur, relación mediada por la dictadura militar y el capital social de la familia Juncadella. No menos cierto es que, en esta empresa como en otras, la expansión dio lugar a mecanismos más impersonales de organización de los vínculos económicos. Y esto ocasiona un olvido de los orígenes. La expansión mundial de Prosegur desde la década de 1990 fue convirtiendo a la lial argentina en una empresa profesional, moderna, internacionalizada, con fuerte implantación en todo el país, con una diversicación que la hace líder en los segmentos de vigilancia, transporte de caudales y alarmas, y con una privilegiada articulación con grandes empresas comerciales y nancieras, especialmente de capitales españoles. Así, pasó de alrededor de 3.000 empleados dos décadas atrás, y alrededor de unos 8.000 hace diez años, hasta los más de 15.000 que tiene en la actualidad. No lo hizo absorbiendo empresas competidoras, sino conquistando nuevos mercados y atrayendo clientes de otras compañías. 5
Estas informaciones son apoyadas por el informe sobre lavado de dinero presentado en el Congreso y por las investigaciones judiciales en torno a Yabrán. Herberto Gut perdió la vida en un accidente de tránsito en 1997, apenas antes de declarar en los tribunales madrileños que investigaban el destino del dinero de la dictadura militar argentina. Todavía hoy, la familia Gut Revoredo posee 50,11% de las acciones del grupo Prosegur con sede en España.
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La principal competidora de Prosegur no recurrió a la misma estrategia de crecimiento orgánico, sino a una agresiva modalidad de crecimiento por adquisición. La compañía Securitas, empresa de capitales suecos fundada en 1934, desembarcó en el país a nales de los años noventa. Compró primero a la rma local Organización Fiel que había sido creada poco antes por dos militares retirados y contaba con poco menos de mil empleados. Desde entonces fue adquiriendo poco a poco a una docena de sus principales competidoras, todas ellas empresas con cierto recorrido en el sector. Algunas eran empresas con más de dos mil empleados, como Seguridad Argentina (enajenada por sus herederos tras el fallecimiento del coronel que la había fundado) o Consultora Videco (que era ella misma ya una federación de empresas preexistentes y creadas por ociales del Ejército). Otras eran relativamente menos voluminosas, pero bien establecidas en sus territorios (como Vigilan en Bahía Blanca o El Guardián en Entre Ríos). A través de su subsidiaria Loomis, el Grupo Securitas adquirió recientemente a la compañía Vigencia Duque, una de las pocas transportadoras de caudales que operan en el país. En todos los casos, Securitas compraba la empresa, integraba a sus antiguos dueños como gerentes regionales o responsables de unidades de negocios, e incorporaba la clientela a las operaciones del grupo. Estas adquisiciones revelan dos procesos convergentes: por un lado, la estrategia de crecimiento de esta rma trasnacional a través de la compra de empresas ya existentes que contaban con recursos humanos, comerciales y políticos propios; por otro lado, la crisis de reproducción de empresas que eran todavía conducidas por quienes las habían forjado pero comenzaban a envejecer, y no encontraban herederos dispuestos a continuar con el emprendimiento. En todo caso, una mega empresa como Securitas, que cuenta con más de 15.000 empleados en todo el país y más de 300.000 en el mundo, se fue construyendo por la agregación de capital gerencial, laboral y comercial acumulado por empresas locales que fueron en gran medida pioneras en el desarrollo del sector. A este material se le dio una unidad nueva bajo la dirección de un management renovado y con una imagen de marca construida a escala global. En este caso particular, y sin embargo signicativo, se ve claramente la integración de un capital local y personalizado, ligado a las primeras etapas de la industria de la seguridad y a los procesos de reconversión de militares y policías, con un capital extranjero, más impersonal, moderno y desencastrado, que incorpora nuevas formas de organización y de gestión, nuevas maneras de aproximarse a los servicios y a los clientes. En este proceso, los viejos
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agencieros no son desplazados de golpe: su capital simbólico –la marca, la trayectoria y la presencia en ciertas regiones del mercado– y su capital social –la clientela, pero también los contactos con ciertas áreas del Estado– son subsumidos al capital abstracto y los procedimientos estandarizados de los recién llegados. Con el tiempo, se opera el pasaje del propietario emprendedor a un cuadro directivo profesional y asalariado. Detrás de estas grandes rmas de capital y gerenciamiento internacionalizado, se ubica una veintena de empresas locales, todas ellas surgidas de la iniciativa de un individuo fundador que fue poco a poco creciendo en el negocio, a veces aliándose con otros empresarios, siempre ocupando un lugar en las cámaras representativas del sector. Como muchas de las empresas adquiridas por los grandes jugadores de la seguridad privada, estas agencias se apoyan en la clientela y la reputación acumulada a lo largo del tiempo por un conjunto de empresarios que fueron inicialmente ociales de las fuerzas armadas y de seguridad, existiendo diversas circunstancias –la más generalizada entre ellas, un retiro relativamente temprano– que los llevó a convertirse en emprendedores en el terreno comercial de la seguridad.6 Así, hay un conjunto de empresas que dominan el campo de la seguridad privada, imponen la visión dominante de la actividad y condicionan los movimientos del resto de los actores con los que compiten o coexisten. Ahora bien, esto no signica que no exista una enorme cantidad de empresas medianas, pequeñas e incluso microscópicas que, dentro del mismo universo de referencia simbólica y con prácticas que emulan en la medida de lo posible las de las rmas dominantes, ocupan nichos de mercado en pequeñas ciudades y localidades, o bien en relación con ciertos tipos de clientes que requieren sus servicios especializados. Por lo tanto, algunas pequeñas empresas se especializan en la prestación de servicios especícos a clientes especícos, mientras otras procuran controlar un espacio geográco aprovechando la ausencia de competidores más grandes, o impidiendo su ingreso por vías económicas pero sobre todo sociales y políticas (Lorenc Valcarce, 2013). Ahora bien, no todo es expansión, concentración y consolidación en el universo de la seguridad privada. Muchas empresas perecieron. Algunas porque no pudieron sobrevivir a la competencia, otras porque no lograron ser heredadas una vez que sus propietarios debieron alejarse de la actividad empresarial. En algunos casos, 6
Volveremos sobre este asunto en el capítulo 3, al referirnos al empresariado de la seguridad privada.
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se trata de fracasos estrepitosos: empresas que tuvieron miles de empleados, como Vanguardia, Duque o Segubank, que fueron líderes en el sector, desaparecieron de repente en el marco de quiebras fraudulentas o juicios por evasión impositiva y previsional. En otros casos, la combinación de factores económicos y personales llevó a la desaparición de empresas que nunca llegaron a ser destacadas, pero nutrían una industria en expansión. Esto debe hacernos recordar que, en este sector como en cualquier otro, una empresa no es solamente algo que conlleva el esfuerzo de la fundación y la expansión, sino que su reproducción es también una labor trabajosa. Aquí, nuevamente, las apariencias no deben sin embargo engañarnos. No toda quiebra signica desaparición, ni toda desaparición aparente repliegue del negocio de la seguridad. Como vimos más arriba, muchas empresas se integran en unidades que las engloban, sea mediante la adquisición o la fusión. Otras se dividen para convertirse en dos o más empresas independientes. Algunos desprendimientos de las grandes empresas fallidas lograron incluso recomponerse y siguen desarrollando su actividad en el sector. Sin embargo, hay otra práctica mucho más frecuente: la refundación. A lo largo del tiempo se observa la continuidad de empresas que cambian de razón social, a veces de forma jurídica e incluso de dirección, pero siguen siendo en gran medida las mismas. En primer lugar, son el negocio de un individuo o de una familia: de hecho, quienes desarrollan su actividad empresarial en el sector suelen referenciar a las agencias por el nombre de sus propietarios, y no necesariamente conocen el nombre de fantasía. En segundo lugar, puede haber una continuidad en la fuerza laboral, y sucede que cambiando la denominación de la empresa no cambien ni sus elencos administrativos ni sus cuadros operacionales. Los vigiladores son recontratados, muchas veces perdiendo derechos adquiridos previamente, como la antigüedad. En tercer lugar, puede haber continuidad de la mayor parte de la clientela, a la que se le explica que ahora la rma cambiará de nombre, pero que en realidad no habrá mayores modicaciones en el servicio. Todos estos elementos permiten armar la continuidad sociológica de un conjunto de empresas que parecen morir sin dejar huella, mientras otras nacen de repente con una solidez inexplicable. Naturalmente, más allá de los cambios que se expresan en el crecimiento orgánico y la muerte, las fusiones y las adquisiciones, hay también un segmento de la industria que se reproduce sin mayores agitaciones. Algunas agencias crecieron poco a poco, estabilizándose en una escala determinada. Muchas de estas agencias
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son prestigiosas, y tienen un papel institucional importante. Otras simplemente son negocios rentables, más o menos anclados en un nicho espacial o sectorial. Otras están condenadas a una existencia precaria y efímera: pende sobre ellas la amenaza continua de la desaparición. 2. Representaciones, prácticas y relaciones de servicio
Estas empresas ofrecen servicios de seguridad privada con carácter de mercancías. Rodeados de una simbología que los asocia con la prevención de riesgos, la anticipación de las amenazas delictivas y con una situación objetiva de seguridad, estos servicios circulan en distintos espacios de la vida social. Ahora bien, esta circulación no está nunca completamente separada de las prácticas concretas de producción de los servicios. Como otros servicios, la vigilancia y la protección suponen la presencia directa de los trabajadores en el terreno. La producción de servicios de seguridad es una elaboración colectiva que involucra de manera crecientemente indirecta a las empresas de vigilancia y sus clientes, a los funcionarios encargados de la regulación y el control, a los legisladores y los periodistas, y que se plasma en última instancia en la acción de los vigiladores. Son éstos últimos los agentes prácticos de la prestación: su cuerpo es el principal instrumento de la producción del servicio, aunque tanto su cuerpo como sus prácticas y sus representaciones han sido moldeados por sus empleadores y deben adaptarse a los condicionamientos situacionales de la relación de servicio. Por otra parte, son los co-productores de las condiciones de seguridad de las que participan también los clientes, el público, la policía y otras categorías de trabajadores que operan en los sitios en que se producen las prestaciones. 2.1. La unidad de lo diverso
Hasta aquí hablamos en términos generales de la industria de la seguridad privada, aunque adelantamos también elementos que indican la presencia de distintos segmentos o ramas especícas que se especializan en prestaciones determinadas. Esta industria provee una variedad de servicios que combinan la presencia de elementos humanos, físicos, informáticos, mecánicos y electrónicos. En términos históricos, la seguridad privada se inicia a través de la provisión de servicios de vigilancia y custodia, en menor
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medida de investigaciones e informes, incorporando luego servicios electrónicos y electro-ópticos para nalizar recientemente con el desarrollo de actividades de seguridad informática y de consultoría en seguridad. Cuando observamos la estructura actual de la industria, todos estos servicios son ofrecidos de manera más o menos integrada. Aunque existen empresas especializadas, la combinación de prestaciones tiende a generalizarse. Para identicar el tipo de servicios ofrecidos por las empresas de seguridad privada, se construyó una muestra intencional de 661 empresas.7 El análisis cuantitativo de estos sitios muestra que el 85% de las empresas de seguridad ofrecen servicios de vigilancia, y el 68% brinda prestaciones de seguridad electrónica (alarmas, cámaras de video o seguimiento satelital). Hay una tendencia hacia la integración de la vigilancia humana y los dispositivos electrónicos en los ámbitos en los que se presta el servicio. Pero también hay una amplia oferta de servicios móviles: custodia de mercaderías en tránsito (52% de las empresas ofrecen este servicio) o el transporte de valores (16%). Por último, las investigaciones (37% de las empresas los ofrecen, sea en la forma tradicional de estudios, averiguaciones y seguimientos, o los más modernos servicios de consultoría y auditoría). En contraste, sólo el 11% de las empresas ofrecen servicios de limpieza, que alguna vez fueran centrales en el marco de un paradigma de vigilancia más limpieza. De manera todavía marginal, vemos aparecer servicios emergentes como la protección de la información y los datos informáticos. Por lo tanto, en cuanto a su actividad principal, las empresas de seguridad son principalmente empresas de vigilancia. Ofrecen servicios producidos por agentes uniformados que también atienden las necesidades básicas de control de accesos y las rondas internas en cualquier organización, pública o privada, que los requiera. Ello entraña también tareas auxiliares y prestación de servicios generales. Estos servicios se adaptan a las conguraciones especícas de los sitios en los cuales se integran, y a las demandas que puedan plantear los clientes, pero tienden a presentar una relativa homogeneidad. Están anclados en la corporalidad y las capacidades de los agentes que realizan las tareas, así como en los procedimientos que las empresas les indican. 7
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Se trata de todas las empresas de las que se pudo obtener información precisa sobre el tipo de servicios que ofrecen, particularmente a través del acceso a sitios de internet. Este universo representa poco menos del 40% del total de las empresas, pero en ellas están empleados casi el 80% de los asalariados del sector.
Ahora bien, la evolución de los mercados de la seguridad tiende hacia una creciente diversicación de la oferta: al servicio de vigilancia se añaden servicios móviles y electrónicos, que pueden tener una relativa autonomía, como en el caso de las empresas especializadas en seguridad electrónica, o bien estar integrados en fórmulas de servicios vendidos bajo la etiqueta de seguridad inte gral. Cualquiera sea el caso, hay una tendencia a la unicación de las prestaciones: el concepto de seguridad integral se utiliza tanto para la organización de las actividades de la empresa como para vender a los clientes una amplia gama de productos –vigilancia, dispositivos de control de acceso, diferentes tipos de barreras mecánicas y electrónicas, sistemas de registro de video, alarmas contra incendios, auditoría de seguridad, etc.– que luego son combinados en el ámbito donde debe asegurarse el servicio. Al mismo tiempo que los servicios de vigilancia evolucionan hacia estas prestaciones de seguridad integral –en parte gracias a la innovación tecnológica, en sí misma un subproducto de la competencia empresarial en los mercados centrales y periféricos–, tienden a alejarse de los servicios personales de baja calicación con los que estaban muy frecuentemente asociados, por ejemplo, los servicios de limpieza. Sin embargo, hay indicios de que está combinación sigue presente en algunos segmentos, sobre todo en las provincias del norte y sur del país, bajo la forma de servicios generales a las empresas. En resumidas cuentas, las prestaciones de seguridad privada tienen una amplia variación. Existen servicios de vigilancia y custodia que se prestan a través del trabajo humano directo. Hay dispositivos electrónicos y ópticos de prevención de intrusiones y de control de accesos, mientras otros artefactos tienen como meta la localización de bienes y vehículos. No faltan tareas más intelectuales como las investigaciones o las consultorías en seguridad, o servicios combinados de vigilancia, custodia y transporte de valores que integran elementos humanos y no humanos. En este plano, los mercados de la seguridad son ámbitos plurales en los que distintas mercancías –bienes y servicios de distinta calidad– son intercambiadas entre vendedores y compradores. En su forma más elemental, se vende una cierta cantidad de horas-hombre de vigilancia, un dispositivo electrónico instalado y listo para funcionar, un servicio de escolta entre dos sitios determinados, un abono mensual de monitoreo de cámaras o de alarmas. Es sobre la base de estas unidades simples que se establece el cálculo que sirve de base a la determinación del precio.
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Ahora bien, la heterogeneidad de las mercancías transadas –y de los productos elaborados por los prestadores– es permanentemente estructurada y simplicada por una serie de categorías de pensamiento que reduce la complejidad percibida de la oferta de productos que circulan en estos mercados, al tiempo que amalgaman la diversidad de prestaciones en torno a una principio unicador. De hecho, seguridad privada es la forma en que se presenta una pluralidad de productos que tienen por n garantizar la protección de los bienes y las personas, al tiempo que procura generar un estado –objetivo y subjetivo– de seguridad. Es decir, en un plano económico-concreto, las empresas de seguridad privada venden bienes y servicios que tienen cualidades especícas que les permiten dar respuesta a las necesidades de protección de los potenciales clientes. Pero, en un plano simbólico, las empresas venden seguridad y, a la hora de adquirir sus productos, los clientes esperan que el consumo de estos bienes y servicios permita conjurar las distintas amenazas a su patrimonio y a su integridad física. Es decir, aparece una categoría simbólica que unica a esa oferta plural. La noción misma de seguridad privada constituye una categoría de intervención mercantil creada históricamente por los empresarios que desde la década de 1970 producen servicios de vigilancia y protección. Remplazó a términos más llanos como vigilancia, o más arcaicos como policía particular. Desde los años noventa, esta categoría ha sido consagrada y reforzada por las normas que regulan la actividad, por las crónicas periodísticas que abordan el tema y por las narrativas cotidianas a través de las cuales las personas perciben la realidad que las rodea. Si bien la promesa de una vida tranquila y una protección conable del patrimonio es central en la comercialización de la seguridad privada, hay una noción más operativa, menos incierta y más fácilmente explicable: la noción de prevención. Quien ofrece un servicio de seguridad privada no propone un servicio público de policía y justicia que castigue a los culpables, ni tampoco una póliza de seguro que habilite la restitución de un bien o la reparación de un daño en caso de producirse un siniestro. La seguridad privada facilita dispositivos y servicios que anticipan la ocurrencia del perjuicio. Se presenta, se organiza y se justica a través de una retórica de la prevención. Pone en funcionamiento procedimientos y arreglos materiales que procuran evitar que el empleado, el proveedor o el contratista cometan un fraude, que el operario realice un sabotaje, que el delincuente profesional o amateur sustraiga un bien valioso, que el público ocasione pérdidas materiales o altere el orden local.
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Por lo tanto, se trata de un conjunto de mecanismos organizados en función de la determinación del riesgo. Quienes se apoyan sobre este tipo de razonamientos, y se sirven de este tipo de mecanismos anticipatorios, pueden calcular de diferentes maneras la probabilidad de que algo pueda ocurrirles. En algunos casos, se apoyan en percepciones asistemáticas, o en representaciones colectivas que circulan en determinadas regiones del espacio social: por ejemplo, la idea de que cualquier cosa puede pasarle a cualquiera en cualquier lugar, y que es conveniente servirse de cualquier instrumento que sirva para protegerse de amenazas exteriores a la vida y la propia hacienda. En otros casos, recurren a observaciones sistemáticas, mediciones cuanticadas y fórmulas complejas para producir un cálculo a la vez técnico y económico de los riesgos que se enfrentan. Una amplia variedad de casos se despliegan entre estos dos polos. Con independencia de la manera de calcular el riesgo, y más allá de la rusticidad de las prácticas y dispositivos a los que se recurre para reducir las amenazas, lo cierto es que la prevención informa las prácticas de vigilancia y control ofrecidas por las empresas de seguridad privada. Y la idea de prevención no es para ellas solo una técnica, o un principio intrínseco de los servicios que ofrecen, sino también una categoría de estructuración simbólica de esas prácticas, un modo de legitimación social y política –además de mercantil– de aquello que producen y comercializan. De este modo, las empresas de seguridad construyen y logran un nicho en el espacio del policiamiento de la sociedad, pero también avanzan un argumento para suscitar un gasto que –como el de los seguros, fundados en el mismo principio– sólo adquieren sentido luego de ocurrido el siniestro. 2.2. Prácticas de vigilancia
La vigilancia es la principal prestación que ofrecen las empresas de seguridad privada. Apuntalada por medios físicos y combinada con dispositivos electrónicos, la vigilancia es vendida con la promesa de que sirva para prevenir los riesgos que afronta un grupo, una organización o un ámbito determinado. Recubierta de retóricas y justicaciones que procuran engrandecer su valor, la prestación se realiza a través de una serie de prácticas ordenadas que se acoplan con las rutinas de los espacios vigilados. ¿Qué hacen estos agentes cuya tarea consiste en brindar seguridad a los clientes que pagan por ello? ¿Cuáles son las actividades típicas que realizan y que constituyen el contenido real de los servicios de seguridad que las empresas venden a sus clientes? En resumen, ¿cuáles son las 101
prácticas que constituyen la contrapartida de una necesidad de protección que permite la existencia de todo un sistema de intercambios mercantiles especializados? Los servicios de vigilancia presentan una variabilidad que no puede sino expresarse en las distintas categorías de agentes que los realizan: custodios VIP, investigadores, custodios de mercadería en tránsito o de valores, monitoristas, rondines, guardias jos. Nuestras observaciones se concentraron sobre todo en esta última categoría, la más voluminosa y visible de todas las que existen en la industria de la seguridad. Combinamos la observación en el terreno con la entrevista, para dar cuenta al mismo tiempo de las prácticas observables y de las explicaciones que de ellas ofrecen los agentes. Como punto de referencia, incluimos también algunas observaciones sobre custodios. Con independencia de las variaciones de los servicios prestados, los agentes de seguridad realizan concretamente una serie de tareas simples que no están ausentes en ningún caso: observan, registran, reportan. La propia presencia del guardia uniformado, sentado detrás de un mostrador o parado delante de una puerta, constituye de por sí una práctica fundamental para la prestación del servicio. También lo son las rondas internas o el control perimetral, es decir, caminar por pasillos, mirar dentro de ocinas y depósitos, vericar el cierre de puertas y candados, o trasladarse junto a los alambrados o rejas exteriores de un predio. Estas prácticas, en apariencia banales, constituyen sin embargo el elemento activo de un dispositivo racionalmente organizado para la prevención de riesgos múltiples. La tarea más frecuente entre los guardias de seguridad es el control de accesos. En efecto, la frontera entre el adentro y el afuera, sobre la cual se instituye el derecho de propiedad, es el lugar más sensible para la seguridad de los ámbitos privados. En este límite se produce –justamente por el acto mismo de ser traspasado– el robo hormiga, tan frecuente en supermercados, comercios y empresas. Es allí donde pueden ser rechazadas preventivamente las personas que pudieren constituir una amenaza para las personas o los bienes que se encuentran dentro, o simplemente aquellas que –por atributos de clase, edad o simple apariencia– resulten indeseables para los responsables de un determinado ámbito.8 No resulta, pues, extraño constatar la presencia de vigiladores simplemente parados delante de una puerta o en la recepción de un edicio cualquiera. 8
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En este último caso, se trata de una variante del derecho de admisión, del que se habla frecuentemente sin reexionar sobre su signicado social y cultural.
Estos agentes conocen a una gran parte de las personas que habitan, trabajan o visitan con frecuencia el lugar y suelen repetir el ritual de decirles “buen día” cada vez que entran o salen. Se trata de un modo de marcar el terreno, de conrmar el reconocimiento del derecho al acceso o la simple circulación. Ahora bien, el dispositivo de protección se pone en funcionamiento ante la presencia de desconocidos. El procedimiento típico consiste en preguntar al visitante qué es lo que desea, a quién viene a visitar, por qué asunto. Esta puesta en guardia constituye la primera frontera para impedir el acceso de individuos que podrían constituir una amenaza. En algunos edicios, los visitantes deben mostrar un documento de identidad y reciben una autorización escrita de acceso que deben devolver al salir, con la rma de la persona que los recibió en la ocina señalada con anterioridad. En estos casos, el vigilador registra los datos en un cuaderno que sirve como inventario del movimiento de personas y que podría ayudar a la investigación policial en el caso en que se produjera un delito. En los supermercados o tiendas, el personal de seguridad pregunta al visitante si tiene algún objeto que se venda en dicho comercio y controla a la salida que no haya tomado algo sin el correspondiente pago. El vigilador constituye así el elemento activo de un dispositivo que incluye también a otras personas y objetos. En efecto, las puertas y portones, las rejas y ventanas, las cámaras de video y los dispositivos infrarrojos, las pistolas y los cuadernos, son medios de producción de una prestación que entraña el trabajo vivo de uno o varios seres humanos. En otros casos, los elementos materiales están reducidos al mínimo, pero el vigilador forma parte de un sistema de roles orientados a la producción de seguridad del que también participan cajeros, vendedores, residentes, etc. Un caso particular de control de accesos tiene por objeto la circulación de vehículos . Los agentes de seguridad verican el ujo de automóviles y camiones que ingresan en los lugares de estacionamiento, tanto en centros comerciales y residenciales como en fábricas, depósitos y terminales portuarias. En sitios sensibles, toman nota del número de patente y del número de personas que hay en el interior. En los lugares de residencia, se trata así de impedir que quien allí habita haya sido tomado como rehén por individuos cuya intención consiste en robar su casa y las de sus vecinos. En las fábricas y ocinas, se trata de evitar que los bienes de la empresa sean robados: los clientes y los proveedores que se retiran con mercaderías deben mostrar la correspondiente factura o remito, mientras que los empleados deben exhibir una autorización
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administrativa. El puesto de vigilancia es la última instancia de control, donde se procura impedir el delito en la frontera exterior del ámbito protegido. En los centros de distribución de objetos de consumo o en los almacenes de hospitales, universidades, hoteles y restaurantes, los agentes de seguridad se encargan tanto de la protección de las instalaciones como de la vericación de ingresos y egresos de bienes y personas. La función de seguridad se vuelve así difusa o, si se quiere, se articula con las prácticas especícas de la organización que contrata este servicio externo a una empresa especializada. Además de las vigilancias jas, que guardan las fronteras, los vigiladores realizan rondas internas. En los edicios residenciales o de ocinas, los agentes de seguridad vigilan que todo esté en su lugar: es necesario vericar que ciertas puertas estén cerradas, constatar que no haya elementos extraños en los pasillos, inspeccionar los baños públicos y otros lugares sensibles. Estas rondas se hacen normalmente en un horario determinado y son realizadas varias veces a lo largo del día. En los barrios privados, las rondas se hacen en bicicleta o en pequeños vehículos eléctricos. Los guardias que vigilan el acceso a los comercios, clínicas o universidades, custodian con frecuencia también los estacionamientos anexos. En supermercados, librerías y farmacias, hay personal encargado de vigilar a través de un monitor los movimientos captados por cámaras de video dispuestas dentro del local. Se detectan los movimientos sospechosos y se pone en funcionamiento el dispositivo de respuesta. Los guardias de seguridad de los supermercados, por ejemplo, conocen los lugares más vulnerables, que varían según la categoría de los individuos detectados como potenciales amenazas: las estanterías donde se encuentran las pilas y las hojas de afeitar para los mecheros más tradicionales, el área de los adhesivos de contacto en el caso de los chicos de la calle, la zona de discos compactos y artefactos electrónicos en el caso de los jóvenes. Además de controlar los accesos y realizar las rondas de vigilancia, los guardias están encargados de despejar las instalaciones custodiadas en determinadas circunstancias. En los hospitales y clínicas, solicitan a los amigos y parientes de los pacientes que abandonen el lugar una vez nalizado el horario de visita. En los supermercados, recorren los pasillos sugiriendo a los clientes que nalicen su compra. En recitales o bailes, invitan a retirarse –no siempre de manera pacíca– a los individuos que producen disturbios. Hasta aquí dimos cuenta de las prácticas de vigilancia de ámbitos espacialmente delimitados, que consisten en vericar los accesos
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y realizar rondas a través de la observación de las instalaciones y de las personas que allí circulan. También existen servicios de protección de objetivos móviles, sea bajo la forma tradicional de la custodia de fondos, sea bajo la más recientemente desarrollada custodia de mercaderías en tránsito. En estos casos, las empresas de seguridad ponen al servicio del cliente una categoría particular de agentes de seguridad –los custodios – que acompañan determinados bienes9 entre una planta industrial y un centro de distribución, entre el puerto y un depósito, entre dos establecimientos industriales o comerciales, etc. Estas custodias suelen hacerse en vehículos que se colocan delante y/o detrás del camión que transporta los bienes. A diferencia de las prácticas de vigilancia estática, estos servicios requieren siempre la utilización de armas de fuego y suelen ser realizados por antiguos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Junto con el puesto de supervisor, este rol aparece como el último reducto dónde individuos de este origen tienen participación excluyente. Y aquí llegamos a uno de los elementos más sensibles de las prácticas de los guardias de seguridad privada. En síntesis, los servicios de seguridad privada tienen nes preventivos. Procuran evitar negligencias, incivilidades y delitos antes que la neutralización de los ataques criminales y la persecución de sus perpetradores. La visión socialmente generalizada de una policía paralela o un ejército privado estuvo históricamente asociada a la presencia de guardias de seguridad al servicio de los particulares, que portaban armas, poniendo aparentemente en cuestión la pretensión estatal al monopolio de la violencia legítima. Ahora bien, la expansión cuantitativa de la industria de la seguridad fue acompañada por un cambio cualitativo en el tipo de servicios ofrecidos y en el tipo de personal empleado. En este marco, los servicios armados se volvieron cada vez menos frecuentes, concentrándose justamente en determinadas prestaciones. Casi la totalidad de los vigiladores que prestan servicios en edicios, restaurantes, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales, clubes, espectáculos públicos, barrios privados y plantas industriales están desarmados. Muy pocos pasaron por fuerzas armadas o de seguridad. Esto se debe en parte a un cambio en la concepción del servicio de seguridad, que surge en gran medida de una experiencia acumulada de ensayos y errores. Por distintas razones, tanto los prestadores como los clientes cambia9
La custodia es particularmente utilizada en el transporte de bienes valiosos que son además fácilmente transables en el mercado ilegal, como pilas, medicamentos y artefactos electrónicos.
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ron su opinión respecto al uso de armas en la vigilancia privada. Se considera que la discreción –incluso formas más o menos disimuladas de observación por medios electro-ópticos– es más ecaz que la ostentación de los medios de violencia. Al mismo tiempo, los servicios armados requieren mayores costos de formación, de habilitación y de primas de seguros. Finalmente, la extensión de la gura del vigilador hacia funciones de recepción y control en lugares de acceso público desemboca, tanto por razones de prudencia como por impedimentos legales, en una progresiva desaparición de los servicios armados. Los testimonios de nuestros entrevistados, pero también datos provistos por órganos administrativos, permiten estimar sólo una minoría de los servicios se prestan con armas de fuego. Según un relevamiento del INDEC que planteó la pregunta, el 25% de los vigiladores utilizaba armas de algún tipo en la realización de sus servicios en 2003: el universo incluía a vigiladores, serenos y custodios de valores. En una entrevista realizada en 2009, el presidente de CAESI estimaba que el 10% de los servicios de seguridad se realizaban con portación de armas.10 Todavía en 2011, las empresas de seguridad habilitadas en la provincia de Buenos Aires contaban extrañamente con casi 18.000 armas para una dotación de alrededor de 40.000 vigiladores. En Santa Fe, 54 de las 225 empresas habilitadas cuentan con autorización para el uso de armas de fuego. En la Capital Federal, apenas el 4% de los vigiladores (es decir, poco más de 800 individuos sobre más de 20.000) están autorizados hoy al empleo de armas de fuego. Naturalmente, los más de 7000 custodios de transportes de caudales utilizan armas, pero ocialmente no suelen estar incluidos en los registros de agentes de seguridad privada. En todo caso, hay fuertes indicios de una reducción progresiva y sistemática de los servicios armados. Sin embargo, el uso de armas de fuego sigue siendo en la industria en la seguridad privada mucho más usual que en cualquier otra profesión, salvo las que hacen a las funciones de seguridad pública. 2.3. Interacciones en el terreno
El análisis de las distintas prácticas de vigilancia nos muestra que la producción de seguridad es un proceso que entraña la participación de otras categorías de actores y que los vigiladores no son individuos aislados que sólo tienen una relación unilateral 10 Patricio Eleisegui, “Ya hay casi dos vigiladores por policía y la seguridad privada factura u$s1.000 M”, IProfesional , 26 de diciembre de 2009.
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con los objetos de la protección. Para comprender las prácticas del personal de seguridad es necesario interrogarse acerca de sus vínculos con los clientes, con los policías, con otros miembros de la empresa que los emplea y con el público en general. En el marco de esta relación de servicio, la prestación se convierte en algo bien distinto de aquello que había sido planicado en las ocinas de la empresa o de las instrucciones contenidas en el contrato rmado con el cliente. La relación entre el vigilador, el cliente y el público varía según los objetivos. Sin embargo, el conjunto de los testimonios coincide sobre la importancia del trato personal en la producción del servicio. De hecho, un agente de seguridad que no le agrade al cliente, o que tenga problemas con el público, no ha de durar demasiado en el puesto. Será enviado a otro objetivo, tal vez alejado de su lugar de residencia y expuesto a las inclemencias del tiempo. Si no logra adaptarse, se buscará su salida de la empresa. Al contrario, el vigilador que gane la conanza y la simpatía del cliente puede construir con él una relación que sobrepase el vínculo contractual con la empresa prestataria que enmarca la relación de servicio. En un primer momento, el cliente requerirá a su proveedor de seguridad que mantenga al vigilador en el puesto y evite la rotación. En el caso de que un nuevo contrato suponga el reemplazo de la empresa proveedora por otra, hecho por demás frecuente en las grandes organizaciones, los vigiladores que –desde el punto de vista del cliente– mejor rendimiento hayan tenido, recibirán la oferta de permanecer en el objetivo, aunque eso signique abandonar la empresa para la que trabajaban y contraer un vínculo salarial con el nuevo prestatario o con el propio cliente. La relación de conanza entre el cliente y el vigilador es sólo uno de los aspectos del vínculo que los une. Existe una dimensión funcional que es también muy importante. Los vigiladores trabajan en el ámbito del cliente y forman parte de un sistema de relaciones en el cual tienen una posición especíca. En la división del trabajo de la organización que los acoge, se encargan de las tareas de seguridad. Ahora bien, si la vigilancia es una función diferenciada –y contractualizada– no deja de ser, sin embargo, una actividad bastante poco especializada. Por lo tanto, los usos que los clientes hacen de los servicios que compran terminan por darles una sonomía propia. Los contenidos de estos usos varían también según los objetivos. En algunos casos se requiere que el vigilador se limite a sus exclusivas tareas especícas y se le exige incluso que no interactúe
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con el personal de la empresa antriona o con el público. Esto suele suceder en las empresas, en los lugares de trabajo en general, en los que la anidad entre el vigilador y los empleados del cliente podría degradar la calidad del servicio. En otros casos, el vigilador es incorporado a la organización de una manera que excede ampliamente los estrechos límites de la función de vigilancia. En el caso extremo, terminan por amalgamarse con las funciones especícas del cliente en un sistema más amplio de la división del trabajo. En los edicios de vivienda, los vigiladores realizan tareas que les son requeridas por los residentes, como recoger las bolsas de basura. En algunos casos, acompañan a las personas con movilidad reducida hasta la parada del ómnibus o el taxi. Ocurre que el vigilador sea comisionado para pagar las facturas de servicios o al proveedor de bidones de agua, en nombre del cliente y durante su ausencia. En los lugares de trabajo, algunos vigiladores se convierten en eslabones casi indiferenciados de la cadena de producción del cliente. Vimos vigiladores que acomodaban los uniformes de los empleados de una fábrica a medida que éstos se retiran, otros que distribuían gratuitamente los clasicados en la puerta del diario para el cual trabajan, otros que explicaban a los clientes cómo utilizar un cajero automático o se encargaban de organizar las las de espera cuando les toca trabajar en un banco o en ocinas comerciales de atención al cliente. He aquí un conjunto de interacciones que contribuyen a denir la posición y la naturaleza del trabajo de vigilador, según las particularidades de cada objetivo. Estas propiedades de las prácticas de vigilancia se deben a una particularidad de los servicios de seguridad: el personal encargado de producirlos está físicamente presente en el local del cliente, sea una vivienda, un comercio, una planta industrial o un depósito. Aunque formalmente empleados por una empresa de seguridad, los vigiladores se incorporan de manera especíca en un sistema preexistente de relaciones sociales organizado por el cliente de su patrón. Aunque siga sometido a la jerarquía de la empresa que le paga su salario, que le da instrucciones y lo controla a través de un sistema de supervisiones, el vigilador está también sometido a las prescripciones de su lugar de trabajo, cuyos modos de funcionamiento y sus requerimientos son denidos por quienes lo gobiernan. Y ocurre que el vigilador se vuelve a veces más solidario del cliente que de su propio empleador. Aunque haya un supervisor que lo controla a través de un handy, o que realiza apariciones más o menos imprevistas en el objetivo, lo cierto es que el vigilador está en permanente contacto con el cliente.
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En las organizaciones de acogida, sean empresas, administraciones o consorcios de edicios, suele haber alguien que se encarga de darle órdenes. Muchas veces, las consignas de la empresa y los requerimientos del cliente están en tensión, incluso en contradicción. La empresa prestataria rma un contrato que la obliga con respecto al cliente que le paga el servicio, pero está también constreñida por normas jurídicas y cláusulas de sus pólizas de seguro, cuya violación entraña riesgos de pérdidas materiales o sanciones más o menos graves de parte de las autoridades estatales. Esta tensión es frecuentemente discutida entre los actores de la empresa prestataria y el cliente, terminando muchas veces en la disolución del vínculo contractual. En estos casos, el cliente dispone de la libertad de optar entre decenas de prestadores que están dispuestos a plegarse a sus requerimientos, mientras la empresa de vigilancia suele tener la limitación que le impone una lucha crecientemente encarnizada por apropiarse de los clientes. En la mayor parte de los casos, es el propio vigilador quien debe manejar este difícil equilibrio entre las expectativas del cliente y las órdenes del patrón, que no son siempre compatibles. Ahora bien, este manejo de tensiones –que forma también parte de los saberes acumulados en la experiencia de trabajo– es realizado en un marco estructuralmente desfavorable para el vigilador. Dado que constituye el eslabón más débil de la cadena de prestaciones de seguridad, en muchos casos opera como fusible y termina pagando por los errores de su empleador o por la imposibilidad de dar respuesta a las expectativas no legítimas del cliente. Si el agente de seguridad participa muchas veces de las actividades principales de la organización receptora, no es menos cierto que otros agentes de ésta participan de la producción de seguridad, que se convierte así en una verdadera coproducción. Los empleados de las empresas industriales deben respetar consignas relativamente estrictas de seguridad e higiene. Los cajeros de supermercados y grandes centros comerciales realizan también tareas generales de vigilancia. Los habitantes de edicios y de barrios privados respetan –y, sobre todo, hacen respetar– las reglas de acceso a las instalaciones. Si no lo hacen, corresponde al propio vigilador el comunicarles con la mayor amabilidad posible, con tacto, que deben adecuarse a las normas. En los edicios, existe una relación muy particular entre el encargado y el vigilador. El encargado suele ser responsable de la gestión de desechos, de tareas elementales de limpieza de veredas, entradas y pasillos, de la solución de pequeños problemas –lo que exige conocimientos básicos de plomería y electricidad.
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Pero cuando los agentes de seguridad hacen sus rondas en el interior de los inmuebles, en los baños, en las ocinas o en los ascensores, el encargado queda a cargo del control del acceso y se convierte por un breve tiempo en un verdadero agente de seguridad. En el caso contrario, es el agente de seguridad quien realiza tareas propias del encargado como sacar la basura o prestar servicios generales a los residentes. Esto sucede, sobre todo, cuando el encargado está realizando otras tareas, pero también en los casos –cada vez más frecuentes– en que los residentes debieron optar entre el encargado y el vigilador. En efecto, la creciente sensibilidad de ciertas capas sociales frente a la inseguridad, lleva en muchos casos a priorizar una función especíca de vigilancia frente a la función difusa anteriormente desempeñada por el encargado. En todo caso, se trata de roles relativamente cercanos. Y eso no solamente porque sus prácticas cotidianas tienen muchos espacios de solapamiento, sino también porque existe un ujo permanente de circulación de los mismos individuos entre ambos empleos. Otra relación sumamente signicativa es aquella que el vigilador establece con el agente de policía. En muchos ámbitos, el vigilador y el policía forman parte del mismo dispositivo de prevención de delitos y otras fuentes de problemas. En los bancos, centros comerciales y algunos espectáculos deportivos, hay una verdadera división del trabajo policial (Ericson, 1994) que combina la acción de los guardias privados y los policías estatales. Allí, sus interacciones son sistemáticas. En los bancos, por ejemplo, el dispositivo combina al menos un policía y dos guardias privados: aquél está armado y obligado –por su estatuto de funcionario público– a intervenir en caso de amenaza contra la propiedad y la vida de las personas, mientras que éstos no portan armas y tienen normalmente la orden de no intervenir en tiroteos. En ambos casos, el cliente paga por una prestación particularizada de protección: un contrato de servicio adicional con la fuerza pública, un contrato comercial con la empresa de vigilancia. Normalmente, unos y otros agentes vigilan el movimiento general de las personas y las cosas. No es muy distinta la situación en los centros comerciales. Durante las horas de apertura al público, un local importante –alrededor de 10.000 metros cuadrados– utiliza los servicios de quince vigiladores, pertenecientes a dos empresas distintas –una para la vigilancia del predio cubierto, la otra para el estacionamiento y el control de los vigiladores de la otra empresa– y dos policías en régimen de servicio adicional. Durante los horarios de cierre, las instalaciones son vigiladas por sistemas de alarmas y
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circuito cerrado de televisión, cuyo monitoreo es tercerizado con otra empresa. Este dispositivo mixto –humano y electrónico– constituye una red preventiva de admisión y vigilancia del público, mientras que los policías conforman la instancia represiva en caso de delito. En sistemas de acción más pequeños y menos complejos, sucede que un agente de seguridad vigila un determinado ámbito –un local comercial, un restaurante o la entrada de un edicio, por ejemplo– y un policía vigila la acera, sin que exista un vínculo contractual con cliente alguno por parte de éste último. Se trata de simples agentes de calle en régimen de servicio público. Ambas categorías de vigilantes interactúan con frecuencia e incluso coordinan su acción. Pueden observarse conversaciones entre individuos de estas clases y no es extraño que los diarieros, oristas o vendedores ambulantes cercanos participen de esta forma cotidiana de sociabilidad. En estos casos, los vigiladores tienen la instrucción explícita de prestar asistencia a la policía, lo que no signica participar junto a ellos en situaciones de violencia. Normalmente, deben limitar su intervención a una simple llamada a la comisaría. Si la situación es crítica, se limitan a activar una alarma personal que llevan confundida entre sus ropas. En estos casos, así como en aquellos en que el destinatario de la llamada es el supervisor, la empresa de seguridad es la intermediaria entre el vigilador y la institución policial. Por un lado, porque si la crisis es extrema –es decir, si se trata de un ataque armado– el agente no dispone del tiempo y las circunstancias para realizar el llamado. Por el otro, porque los supervisores –tanto por su rol especíco como, muchas veces, por su propio origen policial– tienen un circuito de comunicación más uido con los funcionarios policiales y pueden así recibir un tratamiento favorable a sus demandas. En resumen, los servicios de seguridad son dispositivos racionales de prevención de riesgos, pero también ámbitos de interacción entre individuos y grupos en situaciones cara a cara. En efecto, la vigilancia es una relación social que vincula a los agentes de seguridad con los clientes, pero también a los clientes con el público, al público con los vigiladores y a éstos con las demás categorías de agentes, incluyendo las eventuales fuentes de riesgos (empleados del cliente, miembros reales o aparentes del público, amenazas exteriores de tipo delictivo). Existen, por lo tanto, redes sociales más o menos estables que producen la seguridad deseada por los partícipes de la relación.
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Conclusión
Las mercancías que se comercializan en el universo de la seguridad privada son el resultado de las operaciones colectivas de empresas que comparten un ámbito unicado pero competitivo de producción de servicios. Por un lado, operaciones de diseño, planicación, encuadramiento e implementación a través de las cuales se efectúan los servicios. Aunque lo que ocurra en las prácticas concretas y en las relaciones de servicio no puede ser totalmente controlado por la dirección central de una empresa, sus directivos pueden producir anticipadamente ciertos marcos de acción y corregir los desvíos a través de la supervisión y el reajuste. Por otro lado, operaciones de signicación a través de las cuales los servicios comercializados son puestos en valor. Aunque se trate de labores poco especializadas llevadas a cabo por trabajadores con baja calicación, la vigilancia es asociada a símbolos como la seguridad, la tranquilidad, la conanza. En este sentido, los servicios de vigilancia no son producidos por individuos aislados, sino por organizaciones empresariales y sistemas locales de interacción. Ahora bien, vimos que cuando nos referimos genéricamente a las empresas de seguridad estamos englobando elementos que comparten algunas características en común, pero que pueden ser sumamente diferentes en otros aspectos. Las empresas se caracterizan por la búsqueda de la rentabilidad, es decir, la ganancia de dinero sostenida en el tiempo. Las empresas de seguridad privada lo hace a través de la comercialización de bienes y servicios utilizados para vigilar, proteger, ordenar. Pero el hecho de que las empresas compartan estos rasgos no debe hacernos olvidar que existen diferencias enormes en el seno de este universo. La apropiación desigual de partes de mercado les otorga un poder de disposición que las jerarquiza las unas en relación con las otras. Cuando hablamos de empresas de seguridad privada, incluimos en nuestro universo tanto a grandes rmas de capital trasnacional con miles de empleados como a pequeños emprendimientos individuales que apenas se apoyan en un puñado de asalariados, a veces en condiciones de total informalidad.
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Capítulo 3 Cuando los agentes estatales se vuelven emprendedores
L
a seguridad privada experimentó un fuerte crecimiento en las últimas tres décadas. De poco más de algunas decenas de empresas en los años setenta, llegamos a contar en la actualidad con más de un millar de ellas. Ahora bien, las empresas no son objetos dados sino trabajosas realizaciones. Resultan de la iniciativa de individuos que las crean, las organizan, las desarrollan. Así, la formación de una nueva industria que produce y comercializa dispositivos de protección y vigilancia es acompañada por la emergencia de una nueva categoría de empresarios. Desde una perspectiva sociológica, es relevante conocer quiénes son estos nuevos empresarios y cómo llegaron a convertirse en lo que son. Pueden así captarse determinantes especícos que operan sobre su acción y estructuras generales que gobiernan el proceso. Una vez que logramos caracterizar a esta población, podemos preguntarnos en qué medida las disposiciones incorporadas en etapas anteriores de sus trayectorias sociales explican sus representaciones y moldean sus prácticas. A su turno, resulta de interés interrogarse sobre las consecuencias que tienen esas trayectorias y representaciones sobre el modo en que organizan sus empresas, reclutan sus colaboradores y diseñan sus servicios. Estas preguntas son las que organizan el presente capítulo. Procuramos responderlas a partir de un conjunto de análisis basados en entrevistas con empresarios de la seguridad privada y funcionarios que regulan el sector, estadísticas ociales y análisis de materiales de archivo (prensa, documentos de empresas y cámaras empresarias), entre otras fuentes. El renacimiento del interés por los empresarios en el marco de la nueva sociología económica, acompaña en cierto modo el interés por la construcción social de los mercados. En su estudio sobre emprendimientos como Tupperware y Mary Kay, Nicole Biggart
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muestra de qué manera los pequeños empresarios vinculados a esta red deben movilizar su carisma y sus relaciones para realizar negocios (Biggart, 1989). Y ello ocurre en el marco de una tendencia general hacia la burocratización y la conguración de vínculos impersonales entre organizaciones. Estas dos conguraciones –una innovadora, la otra burocrática– parecen coincidir con dos periodos de las carreras de los empresarios y la vida de las empresas. En sus primeras etapas, los empresarios deben movilizar su capital de relaciones y trabajan para ganarse la conanza de sus potenciales clientes (Luo, 1997; Granovetter y McGuire, 1998). Cuando ya logran forjarse una clientela, sus emprendimientos deben cumplir objetivos denidos cada vez con mayor precisión. También se observa este movimiento a medida que una industria se institucionaliza y establece relaciones cada vez más estables con clientelas organizadas, que les exigen que se adecuen a ciertos imperativos de previsibilidad, calidad y costos. Veremos enseguida que estas propiedades aparecen en nuestro caso de estudio pero, lejos de tratarse de una particularidad de nuestro terreno, parece una característica más general de los hechos económicos: la acción de los empresarios es menos previsible y tiene más consecuencias en los momentos iniciales de una industria, pero –desde el momento en que esta acción se objetiva en empresas y relaciones mercantiles institucionalizadas– es subsumida en una lógica sistémica que ya no puede ser controlada por ningún agente individual (Thornton, 1991: 21). Muchos de estos trabajos se inspiran, directa o indirectamente, de la noción de enraizamiento (embeddedness), reintroducida por Mark Granovetter. Granovetter se caracteriza por insertar el análisis de la acción económica en el contexto inmediato de relaciones sociales en el que se llevan a cabo, priorizando el análisis de las redes sociales como constitutivas de lo económico y destacando la importancia del capital social de los empresarios en la constitución de los mercados. En lo que sigue, analizamos las características sociales y las experiencias de reconversión de los directivos de las empresas de seguridad privada, mostrando la manera en que su saber profesional es utilizado para legitimar la incursión en el mundo económico y organizar sus propias prácticas. Luego, observamos las distintas conguraciones del capital social de estos empresarios y la manera en que es invertido en vistas de obtener réditos económicos directos e indirectos.
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1. Conversión al mercado y transferencia de saberes profesionales
En un primer momento, analizaremos los orígenes profesionales de los individuos que ocupan las posiciones dominantes en el seno de las empresas de seguridad privada, en particular en el área operacional. Luego, veremos qué tipo de saberes invocan y dicen utilizar para legitimar esa posición y dar cuenta de sus prácticas. De esta manera, procuramos establecer un vínculo entre las trayectorias de los individuos –y, en particular, su pasaje por las fuerzas armadas y de seguridad– y la transferencia de saberes profesionales incorporados en el aparato estatal hacia una actividad privada desarrollada en vistas de la obtención de réditos económicos. 1.1. Un ámbito de reconversión para militares y policías
La constitución de la industria de la seguridad privada tiene como resorte un movimiento en el que ciertos grupos ya constituidos en el seno del Estado –los ociales y algunos subociales de las fuerzas armadas y de seguridad– se proyectan hacia nuevos ámbitos de actividad. Esta industria se convierte así en un verdadero apéndice de las instituciones armadas del Estado en el mundo económico, tanto en lo que hace a los atributos de quienes dirigen la actividad como a los principios de organización de las empresas y la naturaleza de los servicios ofrecidos. El prestigio de la función pública y el control de la regulación de la actividad del que gozaron hasta hace poco, contribuyeron de un modo decisivo a la colonización de este sector por parte de los antiguos agentes estatales. El análisis cualitativo de documentos, artículos de prensa y entrevistas permite establecer esta fuerte presencia militar y policial en la cima de las empresas de seguridad. Pero resulta interesante complementar esta visión global con otro tipo de datos, que nos permitan determinar con más precisión los orígenes de los individuos cuyas características cabe tener en cuenta. Para observar la presencia de ex militares y ex policías en los puestos de dirección de estas empresas, analizamos resoluciones de varias jurisdicciones en las que se autoriza el ejercicio de funciones de director técnico en empresas de seguridad privada.1 1
Se trabajó con documentos de los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.
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Sea que sólo se ocupen de tareas operativas, sea que también se encarguen de cuestiones administrativas y comerciales, lo cierto es que el puesto de jefe de seguridad o director técnico condensa las capacidades juzgadas necesarias para el encuadramiento de la prestación especíca que ofrecen las empresas del sector. Son los encargados de la gestión operacional, de la conducción de los hombres y del cuidado de los materiales, además de los responsables legales por la prestación del servicio ante las autoridades políticas y judiciales. Por lo tanto, concentran en sus manos las decisiones relativas a la distribución de los hombres en los diferentes objetivos y la utilización de armas de fuego u otros equipos, pero también deben estar al tanto de los marcos regulatorios y las normas vigentes para no ser objeto de algún tipo de penalización o multa, incluso de clausura. El puesto de jefe de seguridad de las empresas prestadoras de servicios de vigilancia es un espacio típico para la imposición de un saber profesional que los individuos que lo ocupan forjaron en las las de la administración pública, particularmente en los cuerpos armados que el Estado posee para ejercer su monopolio de la violencia física legítima: CUADRO 3. Jefes de seguridad según institución de origen (Argentina, 2001-2013) Institución
Policía federal Policías provinciales Ejército Armada Fuerza Aérea Gendarmería Prefectura Servicio penitenciario Licenciatura o tecnicatura en seguridad Ingeniería Profesiones jurídicas Servicios de inteligencia Otros – NS/NC Total
Individuos
Porcentaje
233 212 201 43 26 25 19 18 74 11 8 5 186 1061
22,0 20,0 18,9 4,0 2,4 2,3 1,8 1,7 7,0 1,0 0,8 0,5 17,5 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de los órganos reguladores de las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Casi el 75% de los responsables operativos de las empresas son individuos que pasaron por instituciones militares, policiales o
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penitenciarias, mientras que poco más del 25% carece de este tipo de experiencia. Algunos de estos últimos obtuvieron los diplomas de licenciado o técnico en seguridad creados por universidades públicas o privadas en los últimos años. En otros casos se trata de hijos de los fundadores de las empresas, o parientes que ocupan formalmente la dirección técnica. Hay también personas con algunas competencias administrativas, o bien licenciados o técnicos en áreas anes. Sin embargo, para un número importante de casos, la fuente consultada no revelaba los antecedentes educativos o profesionales de las personas. Dejando de lado a los antiguos cuadros militares y policiales, llama la atención la aparición de un nuevo tipo de director técnico. Cuando comenzaba a desarrollarse la industria de la seguridad privada, los nuevos emprendedores organizaban sus agencias concentrando las responsabilidades gerenciales, comerciales y operativas en una sola persona. Por eso, la propiedad y la dirección de las empresas tendían a coincidir. Lo mismo sucede, hoy, cuando una nueva empresa comienza. Los cambios recientes en la figura del director técnico de empresa de seguridad expresan dos procesos distintos. Por un lado, cuando las empresas incrementan su tamaño, el gerenciamiento se vuelve más profesional y diferenciado, y el propietario debe delegar responsabilidades. Así, aparece la gura del director técnico asalariado. Por otro lado, y esto parece ser un proceso más reciente, se observa la aparición de un nuevo tipo de administrador que brinda sus servicios a varias empresas, lo que les permite a estas reducir sus costos. Los antiguos militares y policías ya no son mayoritarios entre estos nuevos especialistas, que son más jóvenes y suelen tener diplomas de técnicos o licenciados en seguridad. La institucionalización misma de la seguridad privada da lugar a un nuevo tipo de gerente, y poco a poco nuevos saberes se hacen un lugar en la industria (Mulone y Dupont, 2006). Ahora bien, hay todavía una inercia que explica la mayoritaria presencia de directores de origen militar y policial. La relación entre la carrera previa en el Estado y el puesto ocupado en el sistema privado de las profesiones adquiere signicación desde el momento en que se restituye el fundamento simbólico de la división social del trabajo (reconocimiento de competencias militares y policiales en el sector privado de la seguridad y la vigilancia) y el fundamento político del acceso a las profesiones (monopolio policial y militar de la regulación de la industria de la seguridad privada). Para producir ese reconocimiento y asegurar este monopolio, los
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empresarios de seguridad de origen militar y policial debieron movilizar sus distintas especies de capital para inuir sobre el comportamiento de sus potenciales clientes, pero también de las autoridades estatales. La institución de origen nos habla de una presencia importante de antiguos policías y militares. Pero no se trata de retirados del ejército en general, o de la policía en general, sino de individuos con una carrera determinada en cada uno de estos organismos estatales. ¿Hasta qué punto hay anidades electivas entre determinadas fuerzas –y determinadas posiciones dentro de ellas– y el ejercicio de funciones de alto mando operacional en una empresa de seguridad? El cuadro 4 presenta la distribución relativa de los grados que habían alcanzado ex funcionarios de policía en el momento de su retiro. Las categorías se corresponden con la escala jerárquica en vigor en las diversas policías. La distinción principal es la que separa a los ociales de los subociales: estos dos grupos tienen orígenes sociales diferentes, son formados en escuelas diferentes y, tras el retiro, pertenecen a círculos distintos. Dentro del grupo de los ociales, distinguimos a los jóvenes ociales de los ociales jefes y de los ociales superiores. Se expresa allí una jerarquía dentro de la institución, pero también la diferencia de edad –tanto biológica como institucional– entre los individuos en el momento del retiro. Por debajo de los ociales y los subociales se encuentra la masa de los simples agentes de policía, que no están representados en la población de directivos de empresas que analizamos aquí: CUADRO 4. Jefes de seguridad de origen policial según grado alcanzado en el momento del retiro (Argentina, 2001-2013) Grado
Comisario general Comisario mayor Comisario inspector Comisario Subcomisario Ocial principal Ocial inspector Ocial subinspector Ocial ayudante Subocial mayor Subocial principal Subocial ayudante, auxiliar o escribiente
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Individuos
Porcentaje
54 46 126 119 22 12 6 6 3 9 5 7
12,1 10,3 28,3 26,7 4,9 2,7 1,3 1,3 0,7 2,0 1,1 1,6
Sargento ayudante Sargento primero Sargento Cabo Agente NS/NC Total
3 9 4 3 1 10 445
0,7 2,0 0,9 0,7 0,2 2,2 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de los órganos reguladores de las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Cerca del 80% de los ex policías que se convirtieron en jefes de seguridad alcanzaron por lo menos el grado de comisario. El ocupar dicho puesto supone un cierto nivel de competencias socialmente requeridas: debe conocer de armas y de comportamientos delictivos, de normas y de procedimientos penales, pero sobre todo conducir hombres en un contexto especíco de actividad policial. En efecto, la capacidad de gestión de materiales y seres humanos es un aspecto fundamental de la dirección de las instituciones policiales. En situación de servicio territorial, un comisario dirige equipos de más de cincuenta hombres, además de ocuparse de vehículos, armas y uniformes, de la manutención del personal y de los detenidos, etc. En términos administrativos, todo ocial jefe o superior debe ocuparse de las relaciones con otras áreas de la institución, con el poder judicial y con el poder ejecutivo, con la población del entorno, etc. Estas actividades pueden ser más desarrolladas o más especializadas según los servicios. A la hora de reconvertirse hacia la seguridad privada, estos agentes son portadores de un conjunto de competencias especícas, un tipo de capital cultural incorporado bajo la forma de jergas, posturas corporales, saberes y procederes, y objetivado en las cosas con las que realizan su tarea (armas, uniformes, móviles, comisarías). Pero también disponen de un cierto volumen de capital social y de capital simbólico: dado que un número importante de los directores técnicos son también accionarios o propietarios exclusivos de la empresa que gobiernan, las calicaciones técnicas deben acompañarse de características personales y sociales que permitan la correcta presentación de la empresa en el dominio de la competencia comercial. Por lo demás, es casi imposible convertirse en empresario en el ámbito de la seguridad privada sin disponer de contactos más o menos uidos con los notables locales, empresarios, funcionarios y dirigentes sociales, que constituyen la fuente principal de potenciales clientes.
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Este capital de relaciones es menos accesible tanto para los jóvenes ociales que interrumpen sus carreras antes de llegar a convertirse en subcomisarios como para los subociales, que tienen menos chances de gozar de una sociabilidad permanente con las elites locales en celebraciones, cenas, festejos y reuniones informales. En general, los subociales que se reconvierten en el ámbito de la seguridad privada suelen ocupar puestos de supervisión, estructuralmente similares a los que ocupan en la policía, o bien encargarse de tareas más especicas como la custodia de mercaderías en tránsito o las custodias personales. Si las competencias estrictamente policiales y la importancia social de los individuos permiten explicar esta distribución desigual de las posibilidades de acceso a los puestos de dirección en las empresas de vigilancia, debe también recordarse que la regulación de la industria de la seguridad privada fue una prerrogativa de las fuerzas policiales hasta nales de la década de 1990, lo que permitía a los jefes de estas fuerzas –muchos de ellos ociales del Ejército en funciones dentro de la policía– asegurarse el monopolio de acceso a una actividad lucrativa que ellos consideraban próxima de su ámbito de competencia profesional en tanto funcionarios estatales. Por lo tanto, no sorprende que una parte importante del empresariado del sector pueda estar formado por antiguos comisarios de policía que, llegados al nal de sus carreras y obligados a retirarse, fundan una empresa de seguridad en la que ellos mismos cumplen con tareas de dirección operacional.2 Entre los jefes de seguridad de origen militar, una proporción similar se retiró con grados de ociales jefes o superiores, lo que entraña una importante acumulación de calicaciones profesionales y responsabilidades de mando, así como –con los límites que impone la pertenencia a una institución social en decadencia– también contactos y prestigio:
2
Además de apoyarse en la base de datos construida a partir de la resoluciones ya citadas, esta estimación proviene del análisis de la composición de los consejos de dirección que pudimos observar a través de las declaraciones juradas de las empresas y la información existente en sitios de Internet de empresas de seguridad privada, así como de las entrevistas realizadas con empresarios. Sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del sector de la seguridad privada, las funciones de dirección se concentran en el propietario, o en alguno de los accionistas de la sociedad.
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CUADRO 5. Jefes de seguridad de origen militar según grado alcanzado en el momento del retiro (Argentina, 2001-2013) Ejército
Teniente General General de División General de Brigada
Armada
Almirante Vicealmirante
Brigadier General Brigadier Mayor
Individuos Porcentaje
1
0,4
0
0,0
6
2,2
Comodoro
59
21,9
Vice Comodoro
78
28,9
Mayor
35
13,0
Capitán
41
15,2
Primer Teniente
11
4,1
Teniente
8
3,0
Alférez
2
0,7
15
5,6
5
1,9
3
1,1
1
0,4
0 2 1 2 270
0,0 0,7 0,4 0,7 100,0
Contralmirante Brigadier
Capitán de Navío Teniente Capitán de Coronel Fragata Capitán de Mayor Corbeta Teniente de Capitán Navío Teniente Teniente de Primero Fragata Teniente de Teniente Corbeta GuardiamaSubteniente rina Subocial Subocial Mayor Mayor Subocial Subocial PrinPrincipal cipal Sargento Subocial Ayudante Primero Sargento Subocial Primero Segundo Sargento Cabo Principal Cabo Primero Cabo Primero Cabo Cabo NS/NC NS/NC Total Total Coronel
Fuerza Aérea
Subocial Mayor Subocial Principal Subocial Ayudante Subocial Auxiliar Cabo Principal Cabo Primero Cabo NS/NC Total
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de los órganos reguladores de las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
El cuadro precedente presenta las diversas jerarquías de las fuerzas armadas argentinas y la distribución de los atributos de carrera de los directores técnicos de las empresas privadas de seguridad. Distinguimos a los ociales de los subociales, dado que constituyen dos cuerpos separados tanto en lo que hace a su función como a su socialización y sus sistemas de interacción. En el seno del cuerpo de ociales, distinguimos a los jóvenes ocia121
les de los ociales en jefe y los ociales superiores: el grado que se ostenta al momento del retiro revela la importancia que cada quien tenía dentro de la institución, pero también indica la duración de la carrera. En promedio, se debe permanecer alrededor de cinco años en cada grado: si no le logra avanzar al siguiente, debe abandonarse la fuerza. Esto sucede con mayor frecuencia a partir del grado de capitán. En el caso de los ex militares, el puesto de director técnico parecer estar reservado a ociales jefes y ociales superiores: principalmente tenientes coroneles y coroneles, si consideramos el escalafón del Ejército. Se trata de individuos con competencias signicativas en el manejo de materiales y de hombres: por ejemplo, un teniente coronel con el cargo de jefe de regimiento tiene a su cargo más de medio millar de soldados, además de ser responsable patrimonial de viviendas, provisiones, vehículos, armas. Según quienes reúnen esos atributos, estas competencias técnico-militares son sucientes para dirigir una empresa de seguridad privada. Ejercicio del mando, orden y organización en el desarrollo de las tareas administrativas, responsabilidad patrimonial, formación permanente: he aquí algunas de los principios que organizan la carrera militar. Pero estos ociales retirados también cuentan con competencias más estrictamente sociales, como la capacidad para las relaciones públicas. Sobre todo cuando se encuentran en ciudades del interior del país, los ociales jefes tienen contactos uidos con los notables locales y participan activamente en las actividades mundanas de las categorías sociales dirigentes: los jóvenes ociales y, sobre todo, los sub-ociales están excluidos de este tipo de círculos. Ya coronando sus carreras, los coroneles suelen ocupar posiciones en la administración central del Ejército y del Estado mayor conjunto, por lo que sus relaciones se hacen aun más diversas, pero sobre todo más distinguidas: altos funcionarios estatales, directivos de empresas públicas y privadas, periodistas, parlamentarios, etc. Nuestras entrevistas permiten establecer que algunos de estos individuos abandonaron su profesión de origen en razón de un bloqueo en su carrera, otros debido a las contingencias políticas y judiciales que golpearon a las fuerzas armadas a partir de 1983. En efecto, los juicios contra quienes habían participado en la represión ilegal conmocionaron a los estamentos militares y, hacia nales de la década de 1980, se produjeron numerosos alzamientos por parte de los sectores denominados carapintadas. Como consecuencia de estas crisis, centenares de jóvenes ociales debieron abandonar las fuerzas armadas. Muchos de ellos buscarían una salida profesional
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en el sector de la seguridad privada. Allí habríamos de encontrarlos quince años más tarde. Pero, en general, la mayoría de los actuales empresarios de la seguridad privada son ociales que llegan a los estadios normalmente más elevados de una carrera y se retiran simplemente por no reunir las características extraordinarias que permiten acceder al generalato. En resumen, los directores técnicos de las empresas de seguridad son mayoritariamente antiguos ociales jefes y ociales superiores de las fuerzas armadas y de seguridad, es decir, individuos que llegaron a posiciones de alta jerarquía luego de una carrera larga y relativamente exitosa. Por lo tanto, un patrón de carrera se institucionaliza en ambos polos del sistema de la fuerza pública: al concluir el servicio activo, una parte importante de estos funcionarios inicia una segunda carrera en el sector privado de la seguridad. Es menester identicar las causas y los efectos de este patrón. Para ello, será necesario exponer las condiciones en las que tiene lugar el pasaje de la función pública a la actividad privada, es decir, la reconversión. 1.2. El saber profesional como herramienta y como retórica de justificación
Acabamos de ver que la dirección operacional de las empresas de seguridad privada es mayoritariamente ejercida por antiguos funcionarios de las fuerzas armadas y de seguridad. Pero esta propiedad objetiva adquiere signicado en la medida en que contribuye a explicar el comportamiento de sus portadores y dar cuenta de la actividad que realizan. ¿Qué saberes invocan para legitimar su predominio en la industria de la seguridad? ¿Qué competencias especícas movilizan en este nuevo ocio que en parte contribuyen a crear? ¿Qué elementos del universo de prácticas de sus instituciones de origen reproducen en la actividad privada? En el pasaje a la actividad privada, los militares y policías reconvertidos en la industria de la seguridad lograron reciclar su propio saber profesional, un saber incorporado en el seno de las instituciones armadas del Estado, adaptándolo a las nuevas circunstancias, pero imponiendo al mismo tiempo un criterio para juzgar y organizar las prestaciones ofrecidas por sus empresas. Por lo tanto, es necesario identicar con precisión cuáles son las calicaciones que esgrimen como títulos que habilitan el ejercicio del monopolio de facto que tienen en el ámbito de la seguridad privada, un monopolio que lograron hace reconocer por las propias
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leyes emanadas de los órganos políticos de los diversos estados provinciales que regulan la actividad. En primer lugar, están los saberes más o menos técnicos relativos a la producción de seguridad para la que los policías y militares se sienten competentes: identicar las amenazas presentes en una determinada situación, determinar las necesidades de protección de una cierta locación, denir los medios humanos y materiales necesarios, diseñar un plan de guardias y rondas. Los entrevistados explican el modo en que su formación les permite juzgar adecuadamente las necesidades de un objetivo, planicar el servicio y hacerlo ejecutar por un equipo de trabajo. En algunos casos, esto es visto como una proyección inmediata de saberes previos: Lo que uno vuelca cuando se retira de una fuerza es la experiencia operativa, o sea, el desarrollo operativo, la parte organizativa de lo que sería un servicio. Es decir, montar un servicio de seguridad tiene un montón de requisitos previos, desde la planificación de un servicio hasta la necesidad del servicio por parte de quien lo va a contratar, es decir, uno tiene que tener la experiencia de hacer una evaluación de dónde va a prestar el servicio, cuál es la necesidad del cliente, por qué quiere este servicio, planificarlo y brindarlo (R. M., propietario y director técnico de una empresa de seguridad privada, comisario retirado de la Policía Federal).
Según la percepción de los directivos de empresas, esta competencia técnica es indisociable de una aptitud para el liderazgo en situaciones que son denidas como equivalentes de la acción militar o policial: organizar el proceso de toma de decisiones, instruir al personal, transmitir órdenes, mantener la disciplina, generar motivación. Esta denición de la situación, y de los requisitos para poder actuar en ella, excluye a otros grupos profesionales, con otros títulos y otras competencias, que podrían reclamar un lugar en el ámbito de la seguridad privada: abogados e ingenieros que en parte disputan algunos nichos dentro del sector, pero también licenciados en distintas esferas de conocimiento. La valoración de este tipo de saberes es compartida por el conjunto de los individuos que ocupan posiciones de dirección en el ámbito de la seguridad privada: acompaña el proceso de reconversión, justicando tanto la presencia de los reconvertidos como los esquemas de interpretación utilizados para organizar la actividad. Pero además de los saberes operacionales específicamente policiales y militares, se aprecian otras competencias de las que también disponen los hombres de armas: entre ellas sobresale la capacidad de gestionar, que combina el mando y la organización.
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En el caso siguiente, un ocial del Ejército relata la manera en que –al llegar por primera vez a un puesto de dirección en el ámbito privado– tanto él como sus camaradas tendían a reproducir casi automáticamente lo que hacían en la milicia: Un tipo que viene de manejar logística en una agrupación de las fuerzas especiales, va a estar en el detalle mínimo del cordón del borceguí. Si le cierra bien el cinturón, si la pistola funciona (…) Lo mismo en las operaciones, planificar todo el sistema de recorridos por un tipo que está en el detalle: ‘que si tengo tantos kilómetros, me conviene primero este objetivo’. Acortaban recorridos y economizaban combustible, un montón de cosas (…) Como yo era jefe de personal en el Ejército, empecé organizando al personal como lo hacía en el Ejército. Exactamente igual: hacía un legajo, una ficha, un examen médico (E. L., oficial del Ejército y director de varias empresas de seguridad privada).
De esta manera, se aprecian competencias técnicas y organizacionales que no están directamente vinculadas con el manejo de armas o con el diseño de dispositivos de protección, pero tienen también su origen y su ámbito de ejecución en las instituciones militares. La disciplina y la capacidad de conducción, pero también el orden y la ecacia, son elementos de una cultura institucional que son apreciados e incorporados al nuevo ámbito de actividad, aunque ello suponga naturalmente traducciones. El hecho de que saberes técnicos (militares y policiales) y no técnicos (organizativos y gerenciales) de una organización preparada para el uso de la violencia física legítima sean transferidos desde el ámbito estatal hacia la actividad privada supone la intervención activa de los portadores de estos capitales, que logran hacerlos valer y justican así tanto su presencia como sus maneras de hacer las cosas. Pero no hay que suponer que se trata siempre, ni siquiera la mayoría de las veces, de una estrategia consciente y deliberada, desarrollada con pleno control por parte de sus autores: en la mayoría de los casos, las personas hacen simplemente aquello que saben hacer, siguen pensando en términos relativamente similares a los que habían venido utilizando hasta el momento, y no problematizan sus automatismos hasta que dejan de funcionar en la práctica. En cierto modo, se produce lo observado en otras circunstancias: las personas continúan haciendo las cosas que aprendieron, incluso cuando se producen cambios en sus circunstancias exteriores. Esto sucede en mayor medida cuando el cambio es denido en términos de una relativa continuidad, o cuando se llega a un ámbito en el que las maneras de actuar y pensar están todavía poco estructuradas. Por ambas razones, la reconversión de policías y militares en el
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ámbito de la seguridad privada conlleva una transferencia de esquemas policiales y militares al nuevo espacio de actividad comercial. El modo de organizar un servicio de vigilancia, las rondas, los seguimientos, las comunicaciones, prácticamente todos los elementos operacionales que marcan el estilo de la seguridad privada fueron importados del ámbito militar y policial. Estos recursos cognitivos imbricados en la práctica fueron moldeados, adaptados, traducidos en función de la denición de la nueva situación de prestación de servicios en el ámbito civil. Así relata su experiencia un militar que, viéndose excluido tempranamente de su carrera en el Ejército, se vuelca hacia una actividad todavía embrionaria: Me convocan para esa actividad y no había nada. Así que tuve que echar mano a lo que yo sabía. Tuve que redactar una orden de operaciones, que es lo que se hace en conducción militar, que tiene distintos puntos que hay que respetar. Es una de las etapas del planeamiento, la orden de operaciones, de donde salen después todas las órdenes para realizar la ejecución del operativo (…) Así que bueno, hice mis reconocimientos, formé un puesto de comando, como una fuerza de tareas, donde yo monté mi mesa de personal, de inteligencia, de operaciones, de logística y de asuntos civiles, que es la relación con la comunidad. Esas son las áreas de conducción militar, que atiende a cada una de esas áreas, yo formé cada una de esas áreas y con eso me empecé a mover. En personal, todo lo que sea contrato de vigiladores y capacitación de vigiladores. Inteligencia, toda la reunión de información para analizar las capacidades que podía llegar a tener el adversario político u oponente en contra de la empresa, cómo podía llegar a actuar, y qué podíamos hacer nosotros para neutralizar esa capacidad del enemigo. Operaciones, desde el punto de vista de cómo llevar adelante la ocupación del objetivo, qué consignas darles, asignarle prioridad a los objetivos, qué cantidad de vigiladores, qué armamento, qué equipamiento. Logística, cómo proveer y surtir a todo eso, como hacerle llegar el apoyo a cada uno de los vigiladores que iba a estar en cada uno de los puestos. Y por último, asuntos civiles en la relación con la comunidad (…) Y luego redacté mi orden de operaciones. Y con la orden de operaciones hice el requerimiento de la cantidad de vigiladores que íbamos a necesitar, dónde íbamos a asignar vigilancia, dónde iba a haber puestos fijos, dónde iba a haber patrullas con perros, dónde iba a haber armas largas, dónde iba a haber armas cortas, dónde no iba a haber armamento (R. E., ex capitán de artillería del Ejército y director técnico).
Este testimonio no es representativo de la manera en que los empresarios piensan y actúan normalmente en las circunstancias actuales, pero muestra una conguración extrema en la que las
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disposiciones previas operan casi mecánicamente sobre la acción. Algunos indicios señalan que esta forma de pensar y de organizar las prácticas de seguridad era frecuente en los orígenes del sector. La amalgama de formas militares y contenidos civiles sirve aquí para organizar un dispositivo en una situación bien distinta que la que suponen los modelos que el agente utiliza para orientar su conducta. Es decir, se movilizan esquemas militares para comprender y organizar servicios de vigilancia en ámbitos civiles: “los vigiladores son como los soldados de guardia” nos decía un coronel retirado que trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de seguridad. Los ociales que abandonan las fuerzas armadas o de seguridad llegan a un ámbito que consideran próximo del que acaban de abandonar, o están empezando a abandonar, y descubren que las reglas del nuevo ocio no están todavía claramente denidas. La ausencia de normas y de sentido que experimentan en el proceso de reconversión, lleva a estos nuevos directivos de empresas a utilizar maneras de hacer tomadas de su formación militar o policial, para llenar así el vacío. Esta transferencia se expresa en el lenguaje, en las imágenes, en las analogías que utilizan para dar sentido a la realidad que viven. Si las actividades y los objetos físicos se organizan según estos esquemas, los mismos esquemas sirven para dar sentido, describir y explicar lo que se hace: Imagináte que cuando vos estás de guardia, sos el responsable de la seguridad de todo el cuartel. Lo que es perimetral y lo que es interno también. Porque imagináte que mientras estás de guardia, no pueden robarte, de una sala de armas, un fusil, un casco, lo que sea. Nadie puede entrar mientras vos estás de guardia. Vos sos responsable de que nadie entre de afuera, pero a su vez que los que están adentro no hagan nada raro. Más allá de que debés mantener el orden, que la gente no se te emborrache en el cuartel, etc. (D. S., propietario de una empresa de seguridad privada, ex capitán de infantería del Ejército).
En todo caso, los militares y los policías perciben una continuidad profesional con su ocio anterior, “porque vos ya venís instruido después de años en servicio de policía. Ya sabés lo que es seguridad. Todo lo que aprendí en policía lo apliqué acá y da resultado” (C. C., ocial retirado de la policía bonaerense y propietario de una agencia de seguridad) o incluso: Estuve muchos años sin hacer nada, y un día dije: ‘Voy a hacer algo. ¿Qué es lo que sé hacer? Y, seguridad, otra cosa no sé hacer. ¡Tantos años en la institución!’. Y puse esta agencia de seguridad (B. B., ex comisario general de la policía bonaerense).
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La reconversión es vista como natural y la transferencia de esquemas de interpretación y de acción es vista como obvia. Pero esto no debe llevarnos a atribuirles una persistente vocación que los llevaría de las fuerzas armadas y policiales hacia la seguridad privada. Muchos se resistieron a cumplir con este destino y buscaron otros ámbitos de reconversión. Pero la falta de alternativas los llevó a insertarse en esta actividad a la que sus capacidades y, sobre todo, sus redes los conducían casi inexorablemente. Incluso algunos rechazan hoy la actividad que realizan, y maniestan abiertamente el deseo de hacer otra cosa. En síntesis, la protección de bienes y personas por parte de empresas privadas podría haber sido socialmente organizada de otra manera. La dirección militar y policial de la actividad dejó huellas en el modo de organización de las empresas, sus recursos y su personal, sobre todo en los aspectos operacionales. En el desplazamiento hacia el ámbito privado, los nuevos empresarios de la seguridad volcaron muchas de sus maneras de pensar y de actuar al nuevo espacio que construían en el propio proceso de reconversión. La evolución específica de la actividad introdujo cambios. Muchos de estos antiguos agentes estatales descubrieron que no estaban ni en una comisaría ni en un cuartel. Se dieron cuenta de que vender un servicio en el mercado era bien distinto a cumplir con una misión jada por una organización jerárquica. La interacción con otros empresarios y con las diversas categorías de clientes los llevó a matizar algunas de sus visiones del mundo social. La desaparición progresiva de las armas y el aumento de la proporción de personal sin antecedentes de servicio en fuerzas armadas y de seguridad los hizo revisar sus concepciones acerca de las prestaciones que ofrecían. Sin embargo, el momento inicial y la matriz originaria reposa sobre el mismo fundamento: la transferencia de principios generadores de prácticas y representaciones formados en las instituciones militares y policiales hacia las empresas privadas de seguridad. La concepción de la actividad que existe todavía hoy en el universo de la seguridad privada tiene como base esa experiencia previa de los pioneros y de los sucesores que, viniendo del mismo universo de prácticas y saberes, siguieron sus pasos. Se formaron así una serie de normas comunes al conjunto de las empresas, que incluyen concepciones del mercado tanto como visiones de la naturaleza especíca de la actividad. Las modicaciones introducidas posteriormente por un management crecientemente profesionalizado, o por autoridades políticas que intentan imponer reglas acordes a una cierta denición del orden público y la función social de la segu-
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ridad privada, deben enfrentarse con una realidad dada, aunque históricamente construida, que no permite cualquier innovación. 2. La inversión del capital social en la actividad económica
Como toda actividad económica, la seguridad privada tiene sus particularidades. Así, por señalar un aspecto de los más salientes, alrededor del 80% de los empresarios del sector son ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, reconvertidos hacia el mercado desde el ámbito estatal. Por lo tanto, son portadores de un cierto tipo de capital social que les abre las puertas hacia el universo de las empresas, la administración pública y los hogares, al tiempo que su profesión les brinda un capital cultural que puede ser valorizado en este sector de actividad. Siguiendo a Pierre Bourdieu, entendemos al capital social como “la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo” (Bourdieu, 2000: 148). Al estudiar el caso canadiense, Mulone y Dupont arman que a los ex policías que se vuelcan a la seguridad privada “el capital social les sirve para desplegar estrategias para hacerse conocidos, adquirir legitimidad en el ambiente, incluso obtener oportunidades de carrera [y tiene también] una función de eciencia, sea puramente operacional o comercial” (Mulone y Dupont, 2006: 33). En las próximas secciones, observaremos el modo en que estos recursos son movilizados para construir empresas, gestionar servicios y atraer clientes. El análisis de los testimonios de los empresarios entrevistados revela conguraciones especícas que establecen relaciones entre ciertos tipos de capital social y la actividad económica que realizan. A partir de esos materiales, construimos dos tipos ideales que pueden servir para comprender el carácter social de las relaciones mercantiles: las nociones de capital social enraizado y capital social desenraizado sirven para referirse a estos tipos puros. El primero es un capital que tiene su origen fuera del ámbito mercantil y es anterior al inicio de toda actividad comercial. El segundo es un capital social que se constituye en el propio seno de la relación mercantil y que no incluye componentes provenientes de otras esferas de la vida. Es allí que la economía tiende a autonomizarse, sin dejar de ser por ello social en su sentido más básico. Esta especie 129
de capital incluye diversos tipos de relaciones: aquí abordaremos los vínculos que los empresarios y sus empresas establecen con sus clientes en la esfera del intercambio, razón por la que habremos de llamarlo capital social comercial. La trayectoria de las empresas –sobre todo en los casos en que se verica un progreso– muestra una preponderancia creciente de este segundo tipo de capital social, lo que permite establecer una tendencia –también observada en otros sectores de actividad– hacia la autonomización relativa de las transacciones mercantiles. 2.1. Dos especies de capital social enraizado
Distinguimos dos sub-tipos de capital anclado en relaciones no-económicas: por un lado, los vínculos fuertes que el empresario tiene con amigos, vecinos y parientes en el ámbito de la vida privada; por otro lado, los vínculos débiles –o menos fuertes– que construye a lo largo de su socialización en diversas instituciones, sobre todo en el curso de la carrera profesional (Granovetter, 1973). Lo importante es que estas relaciones se producen fuera de la actividad económica, pero en un momento determinado son reconvertidas hacia el mundo de los negocios. Aquí nos concentramos sobre todo en el uso de estas redes en vistas de conseguir clientes. El capital social de origen: familia y comunidad residencial
Comenzamos por observar la calidad de las relaciones de las que disponen los empresarios a la hora de iniciar una actividad económica. Los testimonios relevados en nuestra investigación señalan que la familia es una fuente primaria de contactos movilizables, sobre todo para los militares, más aislados que los policías desde el punto de vista profesional, pero mejor conectados en función de su posición en el espacio de las clases sociales. Cuando se arranca en la seguridad privada, “hay que salir a caminar, poner en práctica la imaginación, hay que buscar familiares que tengan empresa, decirles: ‘Mirá, yo estoy en esto…’” (R. E., ex militar). Los ociales que saben que no llegarán demasiado lejos en la carrera militar, preparan de antemano su reconversión con algo más de tranquilidad. Otros deben operar en situaciones de relativa urgencia. En otros casos, los contactos operan sin que el individuo deba ponerlos en movimiento. Existen también alianzas matrimoniales entre jóvenes militares e hijas de empresarios que desembocan en colaboraciones económi-
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cas. En nuestro trabajo de campo pudimos recopilar la experiencia de un ocial subalterno que recibió de su suegro la propuesta de realizar trabajos eventuales para su empresa, particularmente en el ámbito de la vigilancia, para obtener ingresos suplementarios a los magros salarios castrenses. En ese caso, las relaciones familiares constituyen la base y el punto de partida para una relación comercial accesoria entre quien, luego de abandonar la carrera de armas, habría de convertirse en empresario autónomo y su familiar en cliente. Este tipo de sociabilidad de clases superiores, accesible a los militares por adscripción y por proximidad social, tiene su ámbito privilegiado de despliegue en la zona norte de la región metropolitana de Buenos Aires. Al contrario, los ex policías no hablan jamás de sus familias cuando se les pregunta acerca del tipo particular de contactos que les sirvieron a la hora de formar sus empresas y encontrar sus primeros clientes. Esta ausencia es objeto del comentario de un ocial del Ejército, que expresa brutalmente la distancia social que lo separa de la representación típica del mundo policial: “el policía viene de abajo, entonces no sé cuanta posibilidad tiene, si él es el más destacado del barrio” (D. S., ex militar). La posición dominada de los policías en el espacio social puede explicar la ausencia de testimonios sobre las redes en gran medida heredadas que ofrece un origen social elevado. La familia y el barrio tienen similitudes en lo relativo al tipo de lazo que allí se anuda: se trata de relaciones cara a cara, vínculos personales muchas veces soldados por el afecto y el conocimiento de larga data. En todo caso, tienen un carácter doméstico. En el polo superior del espacio social, los empresarios que dirigen empresas relativamente importantes –o que están en etapas iniciales de trayectorias ascendentes que los llevarán probablemente a posiciones eminentes– subrayan que residen en barrios en los que también viven empresarios, gerentes de multinacionales y altos funcionarios públicos. Estas circunstancias les ofrecen un acceso privilegiado a los tomadores de decisiones de organizaciones que pueden tener necesidad de sus servicios. En el polo opuesto, los empresarios que ocupan posiciones más modestas tanto en la industria de la seguridad privada como en el espacio social, pueden contentarse con sus contactos de menor rendimiento, sobre todo con pequeños empresarios industriales y comerciantes que también pueden tener necesidad de sus servicios. En ambos casos, el hecho de ser conocido y reconocido como vecino honesto y conable, padre responsable y respetuoso, parece
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ofrecer mayores chances para que uno reconvierta esa reputación en un capital de relaciones movilizable en la actividad económica. Asimismo, el hecho de vivir desde mucho tiempo atrás en el mismo barrio, o pertenecer a una familia conocida, incluso tener hijos queridos por los padres de sus compañeros de escuela, desempeña a menudo –a través de la reputación del propietario o directivo– un papel importante para el funcionamiento de la empresa, sobre todo en lo que hace a la atracción de clientes: Esto de ir extendiéndose en la actividad, es más que nada por reputación, es decir prestigio; por contactos, boca a boca, o por recomendaciones. Es decir, esto se va ganando de a poco. Y yo he hecho publicidad a través de los medios, y no he tenido un resultado esperado. Yo por ahí… como soy muy conocido acá, yo hace 45 años que vivo en el mismo lugar, y a cinco cuadras de acá, de manera que… y soy bien conocido. Por esa razón yo le puse el apellido a la empresa. Tiene un costo, porque no me puedo equivocar (…) Porque el que lo paga es mi apellido de muchos años bien ganado (B. B., ex comisario general de la policía bonaerense y propietario de una empresa de seguridad privada).
Este enraizamiento es extremo en el caso de los mercados localizados –relativamente cerrados para los agentes externos– en barrios determinados. En estos casos, los empresarios logran hacerse de una clientela, y conservarla, gracias a la proximidad social y geográca con los compradores de sus servicios. Ahora bien, la relación entre la familia y la empresa va más allá de la simple inversión del capital de relaciones. En efecto, hay un número creciente de empresarios de seguridad privada que heredaron de sus padres tanto la marca como la clientela, es decir, un capital simbólico y un capital comercial acumulados a lo largo de muchos años. Esta conguración parece ser sistemática en el sector: hay pocos casos en los que las empresas son vendidas a capitales anónimos y es mucho más frecuente que los hijos hereden, lo que introduce el problema del rechazo de la herencia o la simple inexistencia de sucesores.3 3
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Hay casos mixtos, como el de la empresa Search, heredada por Fernando Kelly de su padre comisario y absorbida luego por el grupo anglo-danés G4S; o el de la empresa Seguridad Argentina, heredada por los hermanos Terrado de su padre coronel y vendida más recientemente a la sueca Securitas. Otras como Orion, Prevención o SAT son experiencias exitosas de herencia por parte de los hijos, mientras que los casos de Segubank y Master constituyen las muestras más claras del fracaso de la continuidad ante la ausencia de herederos que puedan o quieran continuar con la explotación. El mismo problema fue planteado por Patrick Champagne al analizar la capacidad de producir un sucesor por parte de las familias de agricultores en Francia (Champagne,
Los herederos entrevistados destacan que la empresa les parecía al principio como un carga, una responsabilidad familiar, pero fue convirtiéndose poco a poco en algo que sienten como su propio emprendimiento, en el que reconocen al menos el valor económico. En la mayor parte de los casos, comenzaron trabajando en el área administrativa y comercial de la empresa familiar cuando eran jóvenes, en muchos casos durante sus estudios, para transformarse luego en directores y propietarios en el momento de la muerte o jubilación del padre fundador. A diferencia de sus padres o de sus pares en la industria de la seguridad privada, estos nuevos empresarios suelen no tener experiencia previa en las fuerzas armadas y de seguridad. Por esa misma razón, parecen más abiertos a las nuevas modalidades de gestión: en la opinión de uno de los consultores más importantes del sector, estos nuevos empresarios son los promotores de la profesionalización y la innovación en las empresas de seguridad. El capital social de función: los contactos que se hacen en la carrera
Ahora bien, además de las redes de origen doméstico, existen redes forjadas en el ejercicio de una profesión que pueden ser movilizadas en el campo económico. Esto vale naturalmente para quienes se desempeñaron en el sector público. Los individuos que ocupan determinadas posiciones en el aparato estatal establecen relaciones sistemáticas y diferenciadas con los diversos grupos sociales. Los vínculos establecidos por un militar o un policía en el ejercicio de su función son distintos de los que forja un funcionario del ministerio de agricultura, de economía o de relaciones exteriores. Así, la función pública entraña una sectorización que distribuye a los agentes del Estado y a las diversas categorías de la población siguiendo principios estructurales de selección: en muchos casos, estas relaciones sistemáticas contribuyen a la producción de solidaridades personales y dan lugar a que surjan visiones, proyectos o actividades comunes, tanto en el ámbito económico como en el político. Cuando se examinan las experiencias fundacionales de creación de empresas de seguridad privada, se observa inmediatamente que el primer vínculo que unió a los individuos que habrían de 1987). En dicho artículo, el autor propone un análisis sumamente estimulante del rol que desempeña el capital de relaciones familiares y el capital de relaciones profesionales en la reproducción del capital económico de los productores rurales.
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convertirse en prestadores y clientes en el marco de una relación comercial, fue muchas veces la actualización de una relación estructural entre estos ámbitos complejos que la losofía política clásica sintetiza bajo las categorías de Estado y sociedad civil: Yo soy comisario retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y en un momento de mi carrera… a mí siempre me gustaron las relaciones públicas. Tuve la oportunidad de estar en destinos que me permitieron estar en contacto con la sociedad, con empresarios, gente que de alguna manera, cuando yo me retiré, la fui viendo y me permitió instalar una agencia de seguridad privada y contar con el servicio de estos empresarios (D. P., ex comisario inspector de la policía bonaerense y propietario de una empresa de seguridad privada).
El mismo tipo de vínculo aparece en otros casos, bajo otras formas: Yo era un policía en contacto permanente con la comunidad (…) Y esta pequeña cadena de supermercados fue uno de nuestros primeros clientes. Conozco al propietario desde hace mucho tiempo. Formaba parte de la cooperadora de la comisaría de Banfield… ¡un gran amigo! (…) Y cuando empecé en esta actividad fui a verlo. Y él me dijo: “Vení”. Es lógico, la confianza (A. I., ex comisario mayor de la policía bonaerense y propietario de una empresa de seguridad privada).
En efecto, la cooperadora es un órgano que agrupa a los notables locales junto con las agencias policiales territoriales. Se trata de una forma de participación que permite a ciertos ciudadanos inuir sobre la actividad policial a través de sus ayudas nancieras y sus relaciones personales, de modo tal que pueden beneciarse también de algunos favores más o menos particularistas. En contrapartida, los funcionarios policiales pueden disponer de un circuito de diálogo con los representantes de la sociedad y pueden conocer las necesidades de sus bases sociales. En el marco de nuestro análisis de la reconversión desde el Estado hacia el mercado, la cooperadora aparece como un espacio de producción de lazos personales que pueden ser reconvertidos luego en vínculos comerciales. Por otra parte, la actividad profesional del ocial de policía le permite mantener relaciones frecuentes con ciertos individuos y grupos –funcionarios municipales, concejales, industriales, comerciantes, etc.– que constituyen, tanto a título individual como en su carácter de responsables de organizaciones colectivas, la principal fuente de clientes para las pequeñas y medianas empresas de seguridad. Los empresarios de origen policial establecen por sí mismos este vínculo entre su reconversión, los contactos acumulados en la
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función pública y la producción de una clientela. Al contrario, casi nunca encontramos este tipo de relatos entre los militares, donde las relaciones con el exterior son bastante infrecuentes hasta un cierto escalón de la carrera militar: “la agenda de un capitán del Ejército está vacía” confesaba con aicción un empresario interrogado acerca de los contactos que había movilizado a la hora de iniciar su actividad.4 Una cuestión bastante delicada desde el momento en que, según las palabras de otro militar retirado, “el mayor capital que tiene este negocio se llama agenda”. La única excepción importante la constituyen los antiguos camaradas de armas. En efecto, la llegada a puestos de dirección en empresas de seguridad privada en calidad de gerentes y el acceso a los clientes en el caso de los que se convierten en empresarios independientes, están sistemáticamente enraizados en estas redes de reciprocidad forjadas en el seno de las instituciones militares. Muchos de ellos ya están instalados como empresarios de seguridad privada y convocan a sus viejos compañeros, mientras otros son responsables de las áreas de seguridad en empresas industriales, comerciales, mineras, transportistas o de administración de edicios, o incluso en organismos públicos, y preeren contratar los servicios de sus pares. Esta red que une en roles nuevos a viejos compañeros de ruta también está presente en la experiencia de los ex policías, pero parece tener un papel mucho más preeminente entre los ex militares. Por lo demás, la relación de los militares con el mundo de los negocios parece establecerse prioritariamente a través de la familia, los amigos y los ámbitos de residencia, aunque también existen elementos que permiten conjeturar ciertas relaciones en sectores particulares, como la aeronavegación, el transporte marítimo o la construcción de grandes obras de infraestructura. En esta dirección parece ir también un caso ejemplar que tiene por protagonistas a cuadros superiores de la Prefectura, una de esas fuerzas de seguridad cuasi-militares que caracterizan al sistema policial argentino: 4
Algunos testimonios tienden a señalar que las cosas eran de otro modo hasta la década de 1980: los ociales de las fuerzas armadas tenían prestigio social y cercanía con el poder político, lo que les aseguraba una vasta red de contactos de calidad en el mundo de la empresa y, sobre todo, en el aparato estatal. La crisis de las fuerzas armadas, que combina su pérdida de peso político, su desprestigio social y su declive presupuestario, tienden a dejar desamparados a sus miembros, que ya no pueden beneciarse de ese capital social colectivo que la institución les delegaba. La historia de muchas de las empresas pioneras en el ámbito de la seguridad privada tiende a conrmar esta idea de que los militares retirados contaban con un capital social de alto valor agregado en las décadas de 1960 y 1970.
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estos agentes parecen estar menos aislados que los militares, pero tienen relaciones más parcelizadas que la mayor parte de los policías. Así, no llama la atención que una empresa creada por prefectos en los años setenta haya tenido por primer y principal cliente a la administración del puerto de Buenos Aires y a algunas compañías navieras. Desde entonces, esta empresa mediana se vincula directamente con la actividad portuaria: 80% del personal de la empresa está actualmente destinado a la vigilancia del puerto y el resto se encarga principalmente de la custodia de mercaderías en tránsito desde las terminales hacia los depósitos scales o los centros de almacenamiento y distribución. El efecto del tiempo y, sobre todo, la expansión de la organización, producen un cambio en el modo de relación entre los empresarios y su entorno, sobre todo con los clientes actuales y potenciales. La relación mercantil se vuelve más pura… pero la acumulación originaria conserva su origen en la movilización de este capital social enraizado en otras esferas de la vida, no estrictamente económicas en sentido especializado. Según el relato de un empresario, “al principio se conoce sobre todo al empresario, al propietario, después se conoce a la empresa, la marca”. De esta manera, vemos la transición de una situación en la que el capital personal –social y simbólico– del propietario es transferido a la organización que él dirige, a una situación de autonomía en la que una porción creciente de las relaciones comerciales se organiza en torno al capital colectivo de la empresa, su reputación, su clientela. Como el capital social de origen familiar, los contactos que se hacen en la carrera sirven para conseguir clientes, encontrar socios o procurarse colaboradores. Ahora bien, el capital social de función acumulado en el seno del aparato estatal permite acceder a distintos agentes y resortes que facilitan la actividad de las agencias de seguridad. Los organismos públicos son importantes consumidores de servicios de seguridad privada, y tener contactos en la administración da acceso a clientes. Pero los contactos políticos, o policiales, pueden permitir una habilitación más cómoda, o un cierto resguardo frente a las inspecciones y las potenciales sanciones. Cuando se tiene acceso al aparato policial, esto facilita también el aspecto operativo de la actividad de la empresa, puesto que tanto el funcionamiento de los servicios como su articulación en el espacio requieren una cierta cooperación con los agentes policiales. Quizás convenga hacer aquí una reexión sobre un conjunto de individuos que no necesariamente desempeñan funciones
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operacionales en las empresas, pero que son sus propietarios o directores generales. En efecto, más allá de los militares, los policías, los ingenieros y los nuevos expertos en la gestión de la seguridad, hay una presencia minoritaria pero plena de sentido de individuos que, con o sin diploma, muchas veces contadores, abogados o administradores de empresas, dirigen empresas de seguridad privada. No faltan quienes desarrollan actividades políticas, ocupan posiciones políticas a nivel municipal o incluso provincial, o bien son candidatos en listas de los más diversos partidos (desde el previsible MODIN en otros tiempos hasta el FPV o el FAP en nuestros días). Algunos son empresarios en sentido estricto, es decir, individuos que realizan distintas actividades lucrativas –sobre todo comerciales, pero también industriales y agrícolas– a las cuales se anexa el negocio de la seguridad privada. Esta posición estructural los convierte en vehículos de enraizamiento de la seguridad privada en el mundo empresarial: en algunos casos, de un mundo empresarial local, quizás modesto, pero recubierto de prestigio y vinculaciones sociales y políticas; en otros casos, miembros de conglomerados capitalistas de cierta importancia. No faltan quienes tienen una presencia signicativa en sectores a los cuales las empresas de seguridad prestan privilegiadamente sus servicios: existen propietarios de empresas de seguridad que son al mismo tiempo miembros de cámaras industriales y comerciales, o que forman parte del directorio de empresas industriales o bancos. Hay nalmente grupos económicos que tienen sus propias empresas de seguridad, con las cuales satisfacen indirectamente las necesidades de sus distintos establecimientos. En este caso, el capital social de función es reemplazado por una especie de equivalente funcional, que es el capital de relaciones que se obtiene del ejercicio continuo de la actividad empresarial, institucional o política, o simplemente de la multiposicionalidad en el campo económico, social y político. 2.2. Un capital social desenraizado: las relaciones de clientela
Los clientes son un elemento constitutivo en la vida de las empresas. Los mercados de bienes y servicios no se realizan en tanto relaciones sociales especícas más que cuando el vendedor de una mercancía cualquiera establece un intercambio con el comprador. Según el testimonio de un empresario: Lo que determina la existencia de esta actividad, como cualquier actividad comercial, es la posesión del cliente. Si usted tiene cliente, tiene actividad,
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si no tiene cliente, no tiene nada. ¿Está claro? Los escritorios, las oficinas, los coches, los vigiladores, los uniformes, las armas, es todo absolutamente inútil si usted no tiene alguien que quiera que usted preste servicio (J. M., ingeniero y propietario de una empresa de seguridad privada).
Por lo tanto, la producción de una clientela, luego su conservación, son elementos centrales de la actividad empresarial en el ámbito de la seguridad privada, como en cualquier otro: olvidar este elemento puede llevar a atribuirle a esta actividad sentidos que le son en gran medida ajenos. Estrategias para conseguir clientes
Todo parece indicar que la búsqueda de clientes se apoya en diferentes fundamentos en las distintas etapas de la carrera de los empresarios y sus empresas. En efecto, el éxito de la empresa depende inicialmente de los capitales de que dispone el fundador. Además de contar con una suma más o menos grande de dinero y de estar dispuestos a invertirla en este negocio, los empresarios movilizan su capital social por medio de acciones muy concretas que van desde las conversaciones fortuitas con conocidos hasta el diseño razonado de una estrategia para hacerse conocer y hacer conocer su actividad. Como observamos más arriba, el volumen y la calidad de ese capital social varía según los individuos y los grupos. Pero las circunstancias denen, en gran medida, el rango de alternativas disponibles en la situación de un agente determinado. Quienes no tuvieron la posibilidad de preparar su reconversión –sobre todo porque se hallaron imprevistamente fuera de las instituciones estatales en las que desarrollaban su actividad profesional– deben realizar una activación rápida y voluntarista de su capital social. En algunos casos, se sale directamente a las calles, se toca timbre en las casas o se visita a los comerciantes de una zona determinada con una carpeta de presentación. En otros casos, se busca algún nodo que permita penetrar en una red: distintos entrevistados señalan a las cámaras de empresarios locales como ámbitos privilegiados para obtener este acceso. Se trata de conseguir una primera puerta que luego abra el camino por la vía de la recomendación. Los testimonios muestran que estas estrategias pueden tener consecuencias positivas, no tanto porque las personas a las que se visita quieran hacer el bien al visitante, sino porque así obtienen información sobre servicios que necesitan y pueden evaluar al potencial prestador, imponiéndole además ciertas condiciones preferenciales. Se trata de una publi-
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cidad orientada y selectiva. Desde la perspectiva de los actores, la imaginación y la perseverancia son las principales herramientas con que se cuenta. Esto contrasta marcadamente con la situación de quienes tienen un cierto volumen de capital de relaciones, que les permite manejar sin problemas las primeras etapas de su carrera empresarial. En muchos casos, la iniciativa surge incluso de los futuros clientes: En un momento dado, una empresa de buses de acá de la zona me dijo: “Daniel, porque no te ponés una empresa de seguridad… Y ese empresario me abrió mucho las puertas, estuve muchísimos años con ellos. Y fue apareciendo otro cliente, y después otro, recomendado, se hacía una buena atención al cliente. Y así crecimos (D. P., comisario inspector retirado de la policía bonaerense y propietario de una empresa de seguridad privada).
Con independencia del capital de relaciones y la reputación de que disponga el empresario, en estos primeros momentos es necesario marcar la presencia en el terreno, hacerse conocer, hacerse ver. Se trata de comunicar lo que uno realiza para recibir –con un desfasaje temporal más o menos dilatado– los rendimientos de esa publicidad artesanal. De hecho, hay estrategias de visibilización que van más allá de la interacción cara a cara. Cuando interrogábamos a los empresarios sobre la función de las garitas en los barrios, las fábricas o los estacionamientos, nos hablaron naturalmente de las funciones de vigilancia y de las tareas administrativas que las acompañan. Pero muchos de ellos señalaron también las funciones publicitarias de estos objetos que –como los automóviles con las inscripciones que identican a la empresa o las insignias en los uniformes de los vigiladores– desempeñan un papel económico al revelar la presencia de la empresa, contribuyendo al mismo tiempo a su objetivación y a su puesta en escena en el espacio virtual de las transacciones mercantiles. Existen algunas estrategias más ocultas y focalizadas de búsqueda de clientes: una de ellas es saber quién tomará la decisión de contratar un servicio determinado en alguna empresa y tratar de convencerlo de que opte por la candidatura de uno. En los llamados a licitaciones de organismos públicos, suele saberse quién es el responsable de la evaluación de las carpetas, incluso quién redacta las condiciones particulares del pliego. Esto resulta tanto más probable cuanto que un número importante de los gerentes de seguridad de las empresas que contratan seguridad privada son ellos mismos ex policías o ex militares y, por lo tanto, pueden conocer a algunos de los empresarios que presentan su candidatura
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para ofrecer el servicio. Además, tiende a generarse un medio social especíco en el que conviven expertos en seguridad que circulan entre las distintas posiciones del mercado. Si el empresario conoce el ambiente, puede saber si determinado gerente o encargado de la contratación tiene lazos fuertes con algunos de los que se presentan al llamado. En otros casos, cuenta con el conocimiento suciente para saber que tiene pocas probabilidades de ganar: La experiencia que uno tiene, ya sabés cuando una licitación está hecha para otro y no para uno. Yo con solamente leer un pliego, me doy cuenta que la licitación ya está armada para otra empresa, entonces no me presento. Porque eso engrosa el número, o engrosa una carpeta más, para que el otro tenga más puntaje (J. Z., hijo de suboficial de marina y empresario de seguridad privada).
En último término, la corrupción no está tampoco ausente. Tanto las empresas privadas como los organismos públicos introducen este tipo de mediación en sus compras y contratos, aunque para establecer este hecho debemos basarnos sobre todo en los que los empresarios dicen de sus competidores y lo que algunos funcionarios públicos denuncian en algunos de sus colegas. El círculo virtuoso de la actividad comercial
Cuando la empresa empieza a crecer, se crean servicios comerciales especializados que se encargan de establecer relaciones regulares con el mercado: vendedores a tiempo completo ofrecen el servicio por vía telefónica o se presentan directamente en negocios y ocinas, jan citas con clientes potenciales, les entregan carpetas y folletos, prosiguen la negociación para lograr que se rme un contrato. Sin embargo, los empresarios arman que esta modalidad es mucho menos ecaz que aquella que no pueden controlar directamente: Tenemos una persona que, en este momento, está abocada a hacer contactos con nuevos clientes: se mandan carpetas, se mandan mails, se trata de contactar nuevas personas. Yo, por la experiencia, creo que surgen más del boca a boca, de la recomendación de otro, que de poder llegar así y decirle: “Vengo de P. Seguridad y quiero presentar mi carpeta”. Es más difícil. Mucho surge del: “Llamo porque me recomendaron” (S. P., gerente de ventas de una empresa de seguridad).
Ahora bien, una vez que atraviesan la primera etapa –con mayor o menor éxito, con mayor o menor dicultad– los empresarios dis-
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ponen de una clientela que les permite desarrollar su actividad. Lo que se plantea entonces como problema es la conservación y la ampliación de esa clientela. A medida que una empresa se estabiliza, cuenta cada vez más con el aprovechamiento de un círculo virtuoso que apenas controla: “la gente, cuando te empieza a ver el uniforme, te empieza a ver los vehículos, ya sola empieza a preguntar, no hace falta tampoco ir a visitar” (J. Z., propietario de una empresa de seguridad). Sin embargo, los empresarios creen que hay un aspecto sumamente importante en el cual la empresa puede controlar el circuito: deben prestar un buen servicio; los vigiladores deben estar bien vestidos y limpios, además de cumplir su tarea con ecacia; el cliente debe ser atendido y sus demandas deben ser escuchadas; ante un problema, la empresa debe responder. Todos estos elementos constituyen la anticipación de una cosecha que se espera capitalizar luego: es decir, no se trata de servir al cliente por simple buena voluntad, sino que se trata de delizarlo y convertirlo en una fuente para la obtención de nuevos clientes. Los empresarios saben que deben tener una estrategia comercial, pero al mismo tiempo están convencidos de que la clientela se expande por efecto de las recomendaciones y que lo único que pueden hacer para convertirse en un polo de atracción en estas redes que nadie maneja, es ofrecer un servicio de calidad a los clientes actuales. A veces no pueden hacerlo por el simple hecho de estar sometidos a otras presiones, como por ejemplo la competencia en precios que los obliga a bajar sus costos. Pero más allá de esta tensión, lo cierto es que los clientes más importantes para la empresa –cualquiera sea su tamaño, puesto que en ese caso se producirá una variación más o menos equivalente en la importancia relativa de los principales clientes– siguen recibiendo una atención personalizada, y los propietarios de muchas empresas de seguridad se encargan directamente de las relaciones comerciales: esto incluye asistir a congresos y seminarios especializados, pero también a cenas, actos institucionales y reuniones informales. Se da así una secuencia en la que se transforman las bases sociales de la actividad comercial. El capital de relaciones con que cuenta un empresario –en virtud de su posición en el espacio social, en el campo burocrático o en algún otro ámbito que no se hizo visible en nuestro trabajo de campo– es determinante en el momento de la creación de la empresa y en la búsqueda de los primeros clientes. Una vez que la empresa logra establecerse y cuenta ya con una clientela, se pone en funcionamiento otro circuito de reproducción
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y expansión del capital social: la clientela se convierte en un capital del que las empresas disponen para conseguir nuevos clientes. Todos los testimonios recogidos subrayan este punto, mientras que otras vías –tales como la publicidad o la competencia pura en mercados abiertos– son más arduas y menos ecaces. En efecto, todos los empresarios –sin ninguna diferencia en función del tamaño y la localización espacial de la explotación que dirigen, o de sus características sociales y orígenes profesionales– señalan que el principal mecanismo de expansión de la clientela es la referencia, la información que circula de boca en boca. A veces, este mecanismo es movilizado por los clientes mismos, más allá de la voluntad y de la intervención directa de los prestadores: Nuestra empresa ha crecido mucho por el boca a boca. El tema de publicidad se ha hecho en los últimos años, pero anteriormente fue mucho la recomendación de una empresa a otra: una empresa naviera te contacta con otra, una empresa de estibaje te contacta con otra. Así es como se fue avanzando. Lo mismo que sucede ahora. Un despachante de aduana te recomienda a otro, un transportista te recomienda a otro (S. P., gerente de ventas).
Este mecanismo opera a través de prácticas absolutamente banales y ordinarias, que constituyen el elemento último de todo sistema de relaciones sociales: Si vos recomendás una empresa, es porque crees que es buena. Si no, no la recomendás, listo. Boca a boca. Boca a boca. Que vos me recomiendes como empresa. Por ahí vos me recomendaste en un lugar, ese me recomendó a otro, que me recomendó a diez. A mí me paso que un muchacho me recomendó en un mercado de Lomas del Mirador (…) Yo deje pasar diez días y me llamó, dos o tres veces: “Mire, yo quiero hablar con usted. Me lo recomendaron a usted. Me dieron su tarjeta”. Hasta que un día fui. Dije, aunque sea lejos [20 kilómetros] de alguna manera lo vamos a cubrir. Fui y vendí cuatro mercados (R. C., hermano de oficial de policía y responsable de ventas en una empresa de seguridad).
En efecto, los clientes utilizan sus propias redes de contactos para informarse sobre profesionales o empresas que podrían satisfacer sus necesidades, tanto en los mercados de la seguridad como en otros. En este caso, el papel activo es desempeñado por los compradores, pero una vez que se establece el contacto con el potencial cliente, se desencadena un dispositivo de respuesta: El 90% de los clientes que tenemos son por el boca a boca (…) Que te van recomendando, que una empresa te recomienda a la otra. Te llaman, te
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dicen que les interesa la seguridad. Vas, hacés una observación del lugar, hacés un informe, un proyecto y… pasas un presupuesto. Si te lo aceptan, empezás a trabajar (D. P., comisario inspector retirado y empresario de seguridad privada).
En síntesis, las empresas dependen en gran medida de las relaciones personales para funcionar de manera adecuada. En un primer momento, importan esas relaciones de otras esferas de la vida; en un segundo momento, el capital social acumulado como clientela adquiere la facultad de valorizarse a sí mismo. En todo caso, la competencia que se desarrolla en los mercados de la seguridad no es una lucha impersonal entre empresas aisladas que operan en un terreno desconocido para atraer nuevos clientes. No hay una racionalidad económica pura que se desarrolla en condiciones independientes del funcionamiento de relaciones sociales más amplias. Al contrario, se trata de un espacio relacional de producción de servicios en el que las empresas transforman sus relaciones en fuentes de ingresos. Conclusión
En el presente capítulo, vimos que el desarrollo de la industria de la seguridad depende –de manera parcial pero inmediata– de la acción emprendedora de un conjunto de individuos con características, saberes y relaciones determinadas. Puede encontrarse aquí una conexión causal entre determinadas trayectorias –que expresan condiciones de existencia socialmente estructuradas– y el desarrollo de nuevos ámbitos de actividad social. Al mismo tiempo, esta conexión está constituida por una serie de transformaciones, modulaciones, traducciones, que convierten viejas disposiciones en nuevas prácticas, modicando al mismo tiempo a los sujetos que movilizan el proceso y a las estructuras que emergen de su acción. Mostramos también que el empresariado de la seguridad privada tiene su origen en las instituciones armadas del Estado: esta característica parece asegurarles una reconversión exitosa en el sector. Pero el pasaje no sólo supone una transferencia de saberes y recetas para producir seguridad, sino también una serie de relaciones y contactos que pueden ser movilizados para organizar la empresa y conseguir clientes. En ese sentido, este estudio muestra que –al menos en un primer momento– la actividad económica reposa sobre un fundamento extra-económico inmediato, constituido por un capital social y un capital simbólico asociados a la persona del empresario. En un segundo momento, las relaciones personales
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acompañan las transacciones puramente económicas, dándoles un carácter estable y un medio de conexión. Esta conguración sociológica no es exclusiva de la Argentina. En efecto, casi todas las investigaciones sobre la seguridad privada ofrecen indicios de un hecho sistemático y recurrente: la presencia de antiguos funcionarios de la policía y las fuerzas armadas en los puestos directivos de las empresas especializadas en la prestación de servicios de protección de bienes y personas. En un estudio sobre las empresas de seguridad de Miniápolis, Thomas Scott y Marlys McPherson notan que “un número importante de funcionarios públicos de policía abandonan la institución para crear sus propias agencias privadas, para trabajar a tiempo completo en una agencia ya existente o para incorporarse al servicio de seguridad de una empresa o corporación” (Scott y McPherson, 1971: 282). En el marco de un vasto programa de investigaciones desarrollado en Canadá a lo largo de la década de 1970, Clifford Stenning y Philip Shearing sostienen que existe una relación de cooperación entre la policía pública y las agencias de seguridad privada armando que “esto fue favorecido por el movimiento de personal desde la policía pública hacia la seguridad privada. Este movimiento era notable a nivel de los directivos: 38% de los directivos de la seguridad contractual que entrevistamos y 32% de los directivos de servicios internos de seguridad de otras empresas eran ex funcionarios de policía” (Stenning y Shearing, 1983: 503). En sus observaciones sobre el caso francés, Frédéric Ocqueteau advierte que, pese a la existencia de una cierta reticencia de la policía frente a la industria de la seguridad privada, es necesario recordar que “muchos directores de empresas privadas desempeñaron en el pasado importantes funciones policiales” y que “un gran porcentaje de policías de nivel superior consideran a la industria de la seguridad privada como una fuente de empleo alternativo en el futuro” (Ocqueteau, 1986: 259260). La presencia de ex policías y ex militares es mayoritaria en la dirección de las empresas de seguridad en el Reino Unido, aunque la consolidación de los aspectos comerciales y de la prestación de servicios generales parece estar empujando al descenso paulatino del peso de estos individuos en el conjunto (Button, 2008: 89-90). En una investigación sobre la seguridad privada en Honduras, Julieta Castellanos ofrece una explicación global que comienza por el análisis de las transformaciones del Estado y las fuerzas de seguridad, para mostrar luego cómo ciertos grupos sociales buscaron en las instancias estatales una protección que nalmente recibieron, pero bajo la forma de un servicio pago de seguridad
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ofrecido por policías y militares así convertidos en empresarios (Castellanos, 2003: 7). Finalmente, uno de los principales expertos latinoamericanos sobre el tema arma que “la casi totalidad de las empresas del sector se iniciaron de modo semejante: a partir de uno o más funcionarios provenientes de las fuerzas públicas de seguridad (fuerzas armadas y de seguridad) que, al acogerse a su retiro –y en ocasiones antes– iniciaron la empresa” (Frigo, 2003: 5). Por lo tanto, la presencia de ex militares y ex policías no constituye una singularidad del caso argentino, menos aún un dato especíco de una conguración histórica singular. Hay indicios de este fenómeno en diversos países y en distintos momentos. El desarrollo de la seguridad privada es inseparable de los procesos de reconversión de estos actores desde el Estado hacia el mercado. Cabe preguntarse, más allá de los avatares históricos, cuáles son los factores que contribuyen a esta conguración sistemática. En términos teóricos, la respuesta aquí propuesta se organiza en torno a la idea de que los agentes están dotados de capitales que pueden movilizar en su acción económica. En primer lugar, cuentan con credenciales más o menos reconocidas por los demás empresarios, por las distintas categorías de clientes y por las autoridades reguladoras. En nuestro caso, se acepta que un individuo que pasó parte importante de su vida al mando de órganos públicos de seguridad y defensa cuenta con la competencia profesional suciente para hacerse cargo de un servicio privado de vigilancia y protección. Esto supone una aceptación tácita de la continuidad entre la función de seguridad pública y la de seguridad privada. Pero además de tener un saber profesional legítimo, los nuevos empresarios disponen de contactos: la constitución de una clientela se hace gracias a las relaciones, ya sea por medio de un vínculo personal con el cliente, ya sea por medio de una recomendación. Por las mismas vías se recluta a los colaboradores y empleados, y se procuran las conexiones necesarias en el aparato estatal para asegurar el funcionamiento administrativo y operacional de la empresa.
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Capítulo 4 El nuevo proletariado de la vigilancia
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a seguridad privada es un universo cargado de signicados. Con independencia de sus características reales y su funcionamiento efectivo, la seguridad privada es objeto de una serie de representaciones colectivas que circulan en la prensa, en el discurso político y en alusiones laterales que aparecen en la literatura académica: policía privada, ejército paralelo, refugio de represores, negocio maoso que produce las propias condiciones de inseguridad que le sirven de fundamento. Estas etiquetas invitan a pensar que los agentes de seguridad privada son miembros exonerados de las fuerzas armadas y de seguridad por sus comportamientos inmorales o delictivos. Se arma incluso que llevaron a cabo la represión ilegal durante la última dictadura militar. Es cierto que parte importante de aquellos individuos se reconvirtieron en nuevas actividades, entre ellas la seguridad privada. Sin embargo, el análisis de la composición de la fuerza de trabajo en este sector revela que la masa de los trabajadores son hombres con escaso capital escolar que, antes de convertirse en vigiladores, ocuparon puestos subordinados en el mercado de trabajo o que, entre los más jóvenes, iniciaron su trayectoria laboral en este sector. Es difícil encontrar actualmente ex policías y ex militares entre los vigiladores. Todo indica que hace algunas décadas eran el componente mayoritario, si no exclusivo, de esta fuerza de trabajo. Sin embargo, hoy parecen haber sido desplazados hacia posiciones de encuadramiento y dirección: como vimos en el capítulo anterior, las empresas de seguridad son gobernadas mayoritariamente por antiguos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Bajo su órbita, se organiza una nueva categoría socio-profesional que no proviene de ese universo: los vigiladores. Son los encargados de brindar los servicios de protección y vigilancia ofrecidos por las empresas para las cuales trabajan. Antes que una rama privada del aparato represivo del Estado, parece tratarse más bien de un segmento singularmente voluminoso del nuevo proletariado de servicios. 147
Ahora bien, la imagen que se tiene de la seguridad privada no es producto de un simple error interpretativo. Su asimilación con las fuerzas de seguridad pública surge de una operación de desplazamiento, o estiramiento conceptual, que se opera en la realidad misma para ser luego recuperada por los análisis políticos, periodísticos y sociológicos. Esta operación permite que la actividad adquiera mayor envergadura, sea porque logra asimilarse a una función social importante y útil obteniendo así legitimidad, sea porque es denunciada como una usurpación inaceptable de tareas que debería realizar el Estado. Los empresarios, las cámaras y algunos políticos fomentan la primera visión. Los intelectuales, la prensa y otros políticos adhieren a la segunda. La descripción de las actividades de los individuos que constituyen la base real del sector, así como las nalidades que persiguen las empresas que los emplean, permite formarse una idea menos heroica, o menos dramática, acerca de lo que es la seguridad privada. Se trata de la provisión de servicios de vigilancia y custodia, lo que implica la realización de tareas rutinarias y banales tales como la observación de la circulación de personas, el registro de entradas y salidas, la vericación de apertura y cierre de puertas y ventanas, el registro de imágenes de video, el monitoreo de señales de alarma, etc. En el presente capítulo comenzaremos a demostrar esta armación a partir del análisis de las características del personal de seguridad privada y el tipo de funciones que desempeñan. Luego presentaremos los procesos de selección a través de los cuales estos individuos son reclutados y el tipo de capacitación que reciben para convertirse en agentes de seguridad. Este análisis es un paso necesario para la comprensión de la naturaleza de sus actividades. 1. Los trabajadores y su trabajo
En el capitulo anterior describíamos las características fundamentales de los directivos de empresas de seguridad, destacando la importancia de su origen policial y militar. En lo que sigue, caracterizaremos globalmente a la fuerza de trabajo del sector considerando sus características personales y el tipo de puestos que ocupan. Para ello nos serviremos de datos secundarios provenientes de las estadísticas ociales y de datos primarios elaborados a través de entrevistas y observaciones realizadas durante nuestro trabajo de campo.
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1.1. Las características de los vigiladores
Cuando estudiamos a los vigiladores, los sociólogos no debemos producir en el papel una categoría abstracta de individuos con características comunes, sino dar cuenta de las objetivaciones que contribuyen a su existencia en tanto hecho social. Esto supone entender que la descripción estadística del mundo sintetiza representaciones políticas y operaciones cognitivas, contribuyendo a dar forma a los grupos sociales (Desrosières y Thévenot, 1988). El Clasicador Nacional de Ocupaciones elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) incluye una categoría (código 47) que engloba a los individuos que cumplen tareas de vigilancia y seguridad civil, incluso por cuenta propia, y entre los cuales revistan los vigiladores en relación de dependencia (código 47313 y 47314). Según la Encuesta Permanente de Hogares, la categoría general incluía casi 154.000 trabajadores del segundo trimestre de 2013. En el mismo período, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registraba poco más de 162.000 empleados en empresas de servicios de investigaciones y seguridad (7492), algunos de los cuales no cumplían funciones directas de vigilancia. El registro de la EPH se funda en la declaración de los encuestados, por lo tanto indica al conjunto de quienes trabajan como vigiladores: la pregunta sobre aportes jubilatorios permite determinar cuántos de ellos son trabajadores formales. El registro del SIPA contabiliza a todos los asalariados de las empresas que pertenecen al sector de la seguridad, por lo tanto incluyen personal administrativo y comercial. Para completar el panorama, deben tenerse en cuenta los socios del medio centenar de las cooperativas que brindan servicios de seguridad en todo el país: según la cámara que las representa son alrededor de 3.000 personas, mientras datos del RENAR permiten establecer esa cifra en poco más de 5.000 trabajadores (la mayoría de ellos concentrados en media docena de agencias). En todo caso, la estimación que sitúa la cantidad de vigiladores alrededor de los 160.000 es la más conable. Según algunos sociólogos del trabajo, los empleos de servicio interactivo se caracterizan por la inexistencia de una distinción clara entre el producto, el proceso de trabajo y el trabajador (Leidner, 1991). De hecho, el desarrollo de la interacción constituye la producción del servicio y la corporalidad misma de los agentes es un aspecto fundamental del proceso. Las características de los trabajadores –sexo, edad, apariencia, competencias lingüísticas, modales, etc.– son fundamentales para el desarrollo de la interacción y constituyen un elemento del servicio ofrecido. Por lo tanto, las
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características personales de los agentes son decisivas para determinar la naturaleza del objeto de la transacción, su utilidad y sus cualidades. En 2013, el 96% de los vigiladores eran varones y solamente 4% mujeres.1 Esta distribución expresa las concepciones socialmente dominantes de las ocupaciones y su división entre los sexos: las ocupaciones que implican el uso de la fuerza son mayoritariamente masculinas (98% de los obreros de la construcción, 89% de los policías y 85% de los militares son varones), mientras que los trabajos de cuidado son mayoritariamente femeninos (98% de los empleados domésticos, 79% de los maestros y 78% de los enfermeros son mujeres). Así, la seguridad privada se sitúa en uno de los polos de la división sexual del trabajo: se trata de una actividad claramente masculina. En cierto modo, la distribución en el sistema de ocupaciones reproduce los roles tradicionales en el hogar (protección, fuerza, relación con el exterior para los hombres; cuidado, afectividad, relación con el interior para las mujeres). Esta división se reproduce a su vez en el propio seno de la industria de la seguridad privada: en este universo mayoritariamente masculino, las mujeres se encargan de tareas que no podrían realizar los hombres (como el cacheo de clientas o empleadas sospechadas de robo) o de aquellas para las que se les reconocen cualidades destacadas (por ejemplo, el monitoreo de cámaras de seguridad: en este rubro, dos tercios de los trabajadores son mujeres).2 Los trabajadores de seguridad privada tienen una edad apenas más elevada que el conjunto de la población ocupada (42 años contra 39 años), pero son más jóvenes que sus patrones (según nuestro estudio sobre archivos ociales, la edad promedio de los directivos de empresas de seguridad es de 62 años). Entre las ocupaciones masculinas frecuentes, son un poco más jóvenes que los choferes (47 años) y los policías (47 años), y un poco más viejos que los militares (37 años) y los obreros de la construcción (35 años). La distancia es más grande con los cadetes y repositores (30 años). Sin embargo, es llamativa la persistencia de un importante segmento de traba1
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No se trata de una singularidad argentina. Los estudios de Ocqueteau (1987) y Musumeci (1998) muestran que el 89% de los vigiladores franceses en 1986 y el 92 % de los vigiladores brasileños en 1995 eran hombres. En Francia, la media de participación de las mujeres en el empleo de seguridad privada se mantuvo alrededor del 10% en los años sucesivos (Ocqueteau, 2006). Para un estudio en profundidad de las deniciones de género en la industria de la seguridad privada, basado en más de cien entrevistas con agentes de seguridad en Toronto, ver Erickson, Albanese y Drakulic (2000). Para una discusión más general del acceso de las mujeres al territorio antes prohibido de la seguridad, ver Pruvost (2007).
jadores de edad elevada en la seguridad privada: en 2003, 29% de los vigiladores eran mayores de 50 años; en 2013, el 33% supera esa edad. En el otro extremo, apenas 14% de los vigiladores eran menores de 30 años en 2003, mientras que hoy este segmento es de 20%. No obstante, casi la mitad de los vigiladores siguen ubicándose en una categoría intermedia de individuos de 35 a 50 años. Como otras propiedades demográcas diferenciales, la edad de los trabajadores de los distintos sectores y ocupaciones no es producto del azar. En el caso de la seguridad privada, la edad expresa las disposiciones consideradas pertinentes para el ejercicio de la actividad. En nuestras entrevistas comprobamos la existencia de un principio de selección que opera tanto a nivel de la demanda como a nivel de la oferta de empleo: entre los hombres adultos que constituyen la mayoría de los agentes de seguridad, esta actividad es percibida como un nicho en el que pueden encontrar un empleo, mientras que los empleadores los preeren porque los consideran más responsables y organizados que los jóvenes. Las estrategias de búsqueda de empleo de los unos tienden así a ajustarse con las necesidades de mano de obra de los otros, lo que contribuye a reforzar los rasgos especícos de los asalariados del sector. Además de los recientes cambios captados por las estadísticas ociales, los testimonios recogidos en las entrevistas permiten entrever que estos principios están transformándose: cada vez más, los clientes de las empresas de seguridad privada solicitan vigiladores jóvenes, a la vez que éstos tienden a evaluar positivamente un trabajo con una remuneración aceptable (un promedio de 4.300 pesos en el segundo trimestre de 2013 con un promedio de 52 horas semanales trabajadas), exibilidad de horarios que permiten combinarlo con los estudios (la mitad de los vigiladores trabajan por la noche o en horarios rotativos) y cobertura social (alrededor del 73% de los asalariados están registrados, con descuento jubilatorio y obra social). Al igual que la edad, el estado civil es algo más que un atributo individual: el jefe de familia, casado y con hijos, es visto como más responsable que aquel que no necesita trabajar para subsistir o no tiene bocas a su cargo. En lo que hace a la situación conyugal, 72% de los trabajadores de seguridad privada están casados o unidos, mientras que 23% son solteros: esta distribución expresa preferencias y mecanismos de selección que contribuyen a estructurar este segmento del mercado de trabajo. La fuerte crisis del empleo que caracterizó a los años noventa, y su profundización a comienzos del siglo XXI, hizo que hombres con responsabilidades familiares fueran empujados a modicar sus expectativas y aceptar ocupaciones que los solteros rechazaban.
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De hecho, casi 63% de los vigiladores son jefes de hogar, es decir, los principales sostenes económicos de sus familias. Los estudios sobre la desestructuración del mercado de trabajo en los años noventa señalaron que, en un contexto de desocupación y caída de los ingresos de los jefes, hijos y cónyuges tuvieron que buscar un empleo para compensar las pérdidas relativas de ingresos del grupo doméstico (Monza, 2002). Se observa claramente que el aumento del empleo en la seguridad privada no responde a esta tendencia general del mercado de trabajo, sino a la expansión de la actividad y, como resultado de la creciente tercerización a la que aquella responde, a una redistribución de la mano de obra entre las ramas de la economía. El análisis de las trayectorias muestra que este ocio se convirtió en un refugio para trabajadores que ya no encontraban empleo en otros sectores: no se trata de hijos o cónyuges 3, sino de jefes de hogar que debían conseguir sustento para sus familias. En lo que respecta al nivel educativo, quienes trabajan como vigiladores se distribuyen en dos grandes categorías que cuentan con un número similar de casos. Por un lado, la mitad de los vigiladores tienen estudios primarios completos o secundarios incompletos: se trata, pues, de una mano de obra con un grado relativamente bajo de escolarización. Por el otro lado, 43% de los vigiladores recibió una educación secundaria y superior: 34% terminó la escuela secundaria, 5% inició estudios universitarios sin haberlos concluido y 4% tiene estudios universitarios completos. Llama la atención que personas tan escolarizadas desarrollen una tarea que requiere, en apariencia, tan poca calicación. Sin embargo, el análisis de las prácticas laborales y de la demanda de los empleadores permite anticipar que algunas de las características que hoy resultan apreciables en un vigilador suelen ir asociadas a mayores niveles de estudio: trato cordial, comunicación, capacidad de escritura y registro de datos, uso de computadora. En general, las personas que tienen estos atributos son también más jóvenes que los vigiladores menos escolarizados. Como decíamos al comienzo, una cuestión socialmente sensible en lo tocante a los agentes de seguridad privada es la sospecha de que fueron militares o policías, y no justamente de los mejores. Sin embargo, esta imagen no se ajusta a los hechos. Parece corresponder a un momento anterior de la actividad en que el ocio de vigilador servía para completar los ingresos de policías y militares en fun3
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Las cónyuges están sobrerrepresentadas en el empleo doméstico (38%), mientras que 43% de los repositores y cadetes son hijos del jefe de hogar. En el caso de la seguridad privada, 11,3% eran cónyuges y 11,7% eran hijos en 2013.
ciones o retirados. Sin embargo, las cosas cambiaron desde los años noventa: la expansión de los mercados de la seguridad privada y la regulación estatal de la actividad parecen haber contribuido al cambio de las características de las personas que ahora se desempeñan como trabajadores de vigilancia. Según la EPH, 9,2% de los trabajadores de seguridad privada percibían también un ingreso jubilatorio o una pensión de retiro en 1986. La cifra actual es similar, lo que representa alrededor de 15.000 individuos. No sabemos qué ocupación tenían cuando eran trabajadores activos, pero sí que los ex militares o ex policías forman parte de este segmento minoritario. Los testimonios de los actores de la industria de la seguridad privada indican que la presencia de este tipo de individuos era importante hasta los años ochenta, pero también señalan su progresiva desaparición en las últimas dos décadas. Esta tendencia tiene como contracara la aparición de un nuevo perl de trabajadores de seguridad privada, relativamente más jóvenes y sin socialización previa en las instituciones armadas del Estado. Un nuevo proletariado de servicios antes que la mano de obra desocupada de las fuerzas armadas y de seguridad. La expansión cuantitativa de los mercados de la seguridad, las transformaciones cualitativas de los servicios y los criterios de reclutamiento de las empresas del sector contribuyeron a la mutación de las características del personal. La desaparición progresiva de los servicios con uso de armas hace de la vigilancia una actividad más parecida a la de conserjes, recepcionistas y porteros. Las competencias militares y policiales se vuelven menos pertinentes. Los propietarios y administradores de las empresas de seguridad encuentran que individuos provenientes de otras ocupaciones pueden cumplir estas funciones con éxito, sobre todo en lo que reere al trato personal con el público. La pérdida de peso relativo de los antiguos policías y militares en los puestos más bajos de las empresas de seguridad es concomitante con dos procesos: por un lado, estos individuos parecen haberse desplazado hacia tareas que requieren el uso de sus saberes especícos (protección personal, escoltas, supervisión, dirección técnica); por otro lado, el desembarco de vastos contingentes de civiles hace que, incluso si fuesen tan numerosos como antes, constituirían una porción más pequeña del conjunto de la mano de obra del sector. 1.2. Categorías de agentes y diversidad de roles
Los servicios ofrecidos por las empresas, y planicados por sus cuadros directivos, son realizados por agentes que operan en 153
el terreno. En este ámbito, hay varios tipos de posiciones, cada una de las cuales entraña relaciones sociales y responsabilidades variables. Las características de los individuos que ocupan esas posiciones varían sistemáticamente y no son producto del azar: hay una línea de demarcación bastante fuerte que diferencia a los detentores de saberes policiales de Estado y a quienes provienen de otros universos laborales. Mediando las relaciones entre la dirección central de la empresa y las operaciones en el terreno, los supervisores son los responsables del encuadramiento operacional de los agentes de seguridad distribuidos en los distintos objetivos. En la jerga del sector de la seguridad privada, un objetivo es cualquier lugar –un edicio, un centro comercial, un hospital, etc.– en que se lleva a cabo un servicio de vigilancia. Dado que el personal de las empresas de vigilancia se encuentra distribuido en estos sitios espacialmente distanciados, los supervisores son los encargados de la comunicación, el control y el apoyo necesario. Se desplazan en vehículo de un puesto de vigilancia a otro, para vericar que cada vigilador esté en su lugar y que cumpla adecuadamente con las instrucciones recibidas. En el puesto de supervisor encontramos a la mayor parte de los empleados de origen militar o policial, atributo que se vuelve menos frecuente a medida que descendemos en la jerarquía de las posiciones. No tenemos estadísticas para apoyar esta armación. Sin embargo, cuando se pregunta a los agentes de seguridad si algunos de sus compañeros de trabajo eran policías o militares, responden que no, para corregirse casi inmediatamente y armar que los supervisores sí lo eran. Los empresarios insisten sobre el hecho de que colocan a ex policías y ex militares en puestos de supervisión porque saben encuadrar al personal, enfrentar situaciones de crisis a veces complejas y manejar las comunicaciones. En cierto modo, se los considera sobrecalicados para las simples tareas de vigilancia, en particular para aquellas –cada vez más frecuentes, y ya mayoritarias– en las que no se emplea arma de fuego. Por lo demás, se los considera a veces demasiado rígidos para la interacción con el público, incapaces de impedir la transferencia de modalidades de acción propias de las funciones que desarrollaban anteriormente en las fuerzas armadas y de seguridad, y dotados de un temperamento rudo, forjado en el ejercicio de esas funciones. Por lo tanto, los supervisores están más cerca de la dirección no solamente porque ocupan puestos de encuadramiento que les otorgan autoridad con respecto a los vigiladores, sino también porque son –como una parte importante de los propietarios de las empresas de seguridad y la casi totalidad de los directores técnicos responsables
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de las operaciones– portadores de una cultura policial o militar en la cual fueron socializados. La principal diferencia es que si los ociales son mayoritarios entre los directivos, la mayor parte de los supervisores son subociales: en muchos casos, los primeros arrastraron a sus antiguos subordinados al nuevo emprendimiento, ofreciéndoles oportunidades de ingresos complementarios o de reconversión laboral luego del retiro. Hay otras funciones especícas que suponen la aplicación de saberes policiales y para las cuales se tiende a reclutar antiguos miembros de las fuerzas armadas y se seguridad: el seguimiento de camiones que transportan mercancías valiosas (medicamentos, electrodomésticos, artículos electrónicos, etc.) y, en menor medida, la custodia de valores. El seguimiento de camiones es una tarea que requiere la portación de armas, dado que los enfrentamientos con bandas de asaltantes profesionales forman parte de las ocurrencias probables. El servicio consiste en acompañar al camión desde el punto en que recoge las mercancías hasta el punto en que deben ser almacenadas. El transporte de valores tiene características similares: supone la protección de bienes en circulación y enfrenta el riesgo de ataques armados, tanto durante el desplazamiento en el espacio como en los lugares de estacionamiento; la diferencia es que se utilizan para ello vehículos blindados que son menos vulnerables que los camiones y que los automóviles que se utilizan para el seguimiento. En estos casos, los custodios no tienen ninguna autoridad sobre el resto del personal: se trata de agentes especializados, con calicaciones para el uso de armas en situaciones críticas. La categoría más voluminosa de trabajadores de seguridad privada está constituida por los vigiladores. En su mayoría, se trata de trabajadores con calicación operativa que desempeñan tareas generales de vigilancia. Se los recluta a través de un procedimiento de selección fundado sobre las características personales y sociales consideradas adecuadas para el ejercicio de la función. Algunas de esas características operan como anticipaciones de la capacidad de los individuos para desarrollar ciertas tareas: los más cálidos y comunicativos serán destinados a lugares de residencia, mientras que los más instruidos o entrenados en lenguas extranjeras serán enviados a las ocinas de empresas transnacionales o a embajadas; quienes son menos locuaces serán desplegados en plantas industriales, fábricas o depósitos, en los que hay poca interacción con el público; quienes tienen mayor fortaleza física trabajarán en servicios que requieran el uso de la fuerza disuasiva, como los espectáculos deportivos o los conciertos de rock.
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En todos los casos, las tareas previstas requieren pocas calicaciones especícas, que pueden por lo demás adquirirse sin mayor dicultad en los centros de formación y luego ser consolidadas en pocas semanas de ejercicio en el mismo puesto de trabajo. Se trata de vigilar los movimientos de las personas y de los vehículos en los accesos, inspeccionar el cierre de portones, puertas y ventanas, realizar rondas regulares, acoger al personal o al público en general. Por esa razón, los agentes encargados de estas tareas son intercambiables, tanto con individuos que pueden ser contratados como con otros trabajadores de la misma empresa. Sin embargo, no están desprovistos de saberes especícos, tanto en lo relativo al ejercicio de sus tareas como a los movimientos de los destinos en los que se desempeñan. En efecto, quienes trabajan en el sector desde hace varios años –y hay que subrayar que, según la EPH, casi el 80% de los vigiladores trabaja en esta ocupación hace más de un año, y más de 40% desde hace más de cinco años– tienen un conocimiento de los detalles legales de su actividad, las diferencias entre las empresas del sector y las particularidades de cada servicio. Además, son portadores de conocimiento local sobre los ámbitos en que trabajan: los vigiladores de edicios conocen las rutinas de habitantes y visitas; los guardias de plantas industriales, aeropuertos y depósitos conocen el movimiento de las personas y los bienes que allí circulan; los custodios de bancos, centros comerciales y farmacias saben en qué horarios se recoge el dinero de la recaudación o se entregan las mercaderías costosas. Este conocimiento, necesario para el buen desempeño de las tareas de vigilancia, contribuye a reforzar el carácter sensible de la función de seguridad en las organizaciones y la ineludible conanza que el cliente debe tener en la empresa prestataria y en sus agentes. Además de los servicios estandarizados de vigiladores uniformados, las empresas de seguridad ofrecen prestaciones particularizadas, que constituyen segmentos de mercado relativamente diferenciados: la portería de bares y discotecas, los servicios de guardaespaldas y la vigilancia nocturna. En el primer caso, se trata de una categoría de agentes popularmente denominados patovicas, jóvenes musculosos de mirada severa, a veces formados en artes marciales y defensa personal, que vigilan –y a veces reprimen con más o menos violencia– a los clientes de sus clientes, es decir, a los asistentes que pueden ocasionar desordenes y daños en los locales de diversión. En el segundo caso, nos encontramos con personas de aspecto a veces similar, pero con una formación más profesional en cuestiones de seguridad, casi siempre con experien-
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cia previa en fuerzas armadas o de seguridad, y por ello capaces de usar un arma y efectuar operaciones de protección bastante sosticadas que tienen por destinataria a una clientela particular: empresarios, políticos, deportistas, guras mediáticas. En el tercer caso, encontramos a los tradicionales serenos, que suelen vigilar locales en horario nocturno y que representan quizás la gura más tradicional de lo que tendemos a concebir como seguridad privada. Normalmente, se trata de individuos de edad avanzada y directamente contratados por el usuario sin intermediación de una empresa. Se encargan de proteger el patrimonio durante los momentos en que no hay personas presentes, suelen estar armados y –como las alarmas electrónicas y los sistemas de cámaras que en gran medida vinieron a reemplazarlos– tienen por n evitar las intrusiones no deseadas. Finalmente, están los puestos de trabajo asociados a las prestaciones electrónicas. Además de los instaladores de equipos electrónicos, que suelen ser jóvenes con formación técnica que realizan trabajos vinculados con sus estudios, hay dos categorías de agentes directamente vinculados a las tareas de vigilancia. Por un lado, los operadores de seguridad electrónica tienen por función el monitoreo a distancia de las cámaras y alarmas instaladas en los locales de los clientes. Realizan una tarea relativamente pasiva, detrás de una computadora o frente a una pantalla, en una sala de la empresa de seguridad que a veces se denomina central de monitoreo. Por otro lado, los acuda son agentes que se desplazan hacia el lugar en caso de que el dispositivo electrónico emita una alarma. Su tarea es sumamente activa, suelen desplazarse en automóviles o motocicletas, y no están exentos de riesgos en caso de contacto con los intrusos: en el terreno, cooperan con la policía que también suele ser alertada en caso de alarma. 2. La selección del personal
Acabamos de observar que los agentes de seguridad son mayoritariamente hombres adultos, casados y jefes de familia, que tienen un nivel relativamente bajo de educación formal. Que los agentes tengan estas características es resultado de un proceso de selección que se orienta por principios que las empresas aplican al reclutar su personal. Pero también depende de la disponibilidad de cierto tipo de mano de obra, que incluye no sólo la composición de la población activa y sus necesidades de ingresos, sino también las estrategias de búsqueda laboral de esa población.
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2.1. Las preferencias de los empleadores
Las características de los trabajadores y los procesos de selección a través de los cuales son reclutados tienen sentido. Varones más que mujeres, adultos más que jóvenes, sectores populares más que clases medias y superiores, gente con una educación formal relativamente baja más que universitarios. Estas oposiciones expresan esquemas de clasicación socialmente establecidos que se aplican a la hora de distribuir a las personas entre las diferentes posiciones del sistema de división del trabajo social. Pero no se trata de un mecanismo ciego. El proceso es realizado por actores determinados: los encargados de la contratación del personal en las empresas de seguridad privada. Estos actores están condicionados por la visión dominante de lo que es un buen perl para ciertos puestos, que se impone tanto a ellos como a sus clientes y a los empleados actuales o potenciales. Ahora bien, sus opciones se realizan en situaciones concretas, con ciertos candidatos disponibles para ser contratados y en vistas de un servicio dado que debe ser prestado a un cliente con requerimientos determinados. ¿Cómo se desarrolla el proceso inmediato de reclutamiento? En la mayor parte de los casos, los candidatos son convocados a la sede de la empresa para una primera entrevista. Los encargados de la selección son muchas veces los dueños de las empresas, a veces los directores técnicos, solamente en las grandes empresas hay un servicio especializado de recursos humanos. Los candidatos son evaluados según diferentes criterios que procuran determinar si tienen las disposiciones adecuadas para desempeñar el trabajo. Ahora bien, estos criterios no son establecidos por los empleadores con total autonomía, sino que muchas veces son impuestos por los clientes a los que el servicio estará destinado: En cada uno de los lugares, en función de las necesidades del cliente, lo que se busca es poner gente con capacidad de reacción. Gente que es seleccionada… Bueno, en primer lugar hay parámetros de selección. Se miran varias cosas, en primer lugar estudios, que tenga estudios secundarios completos. En segundo lugar, que tenga buena comunicación. Y que razone: se le plantean situaciones, hipótesis de conflicto, en esa primera entrevista de selección, donde la persona tiene que encontrar una solución a un problema. La idea nuestra es que, ya que se invierte en la selección y en la capacitación, tomar gente que… Incorporar a lo mejor que se pueda, capacitarlo y mantenerlo (A. M., director de recursos humanos de una empresa de seguridad privada con más de 600 empleados).
Se observan ya dos tipos de criterios que los empleadores aplican: los que derivan de las demandas de los clientes y los que se apoyan 158
en los principios de apreciación que los propios empleadores tienen sobre las competencias necesarias para ser vigilador. En casi todos los testimonios observamos la tensión entre estas dos fuerzas: Primero hay que ver qué objetivo vas a cubrir, qué es lo que quiere el cliente. Lo que pasa es que todos los clientes quieren a Lorenzo Lamas en la puerta. Que sea buen mozo, alto… que hable inglés nos han pedido. Todo depende del perfil que quiera el cliente. Por lo general, busca mos en lo que tenemos. Podes tener gente que está en un lugar, pero puede andar bien en otro, y va con el perfil. Vos no podés poner un tipo nuevo en un objetivo nuevo, que no sabés si va a faltar, si va a llegar tarde, si va a robar, o lo que fuera. Lo tenés que tener visto, la conducta, si es un tipo educado […] Así que se charla muy poquito, se ve la letra, el estilo de persona. Se va codificando, ponemos numeritos, signos más, signos menos, mientras hablás (M. P., directora de recursos humanos de una empresa de seguridad privada con más de 200 empleados).
En general, se observan los rasgos más visibles de la persona. También se analizan sus comportamientos en situaciones que funcionan como experiencias de laboratorio. En una ocasión, estaba entrevistando al responsable de personal en una empresa de seguridad y un ex vigilador se acercó a la sede para solicitarle una entrevista de trabajo. Para que el trabajador no esperase, propuse a mi entrevistado que lo atendiese y continuáramos luego. Me respondió entonces: ¡No! Tiene que esperar, es parte del trabajo. Lo hago a propósito. Lo dejo parado ahí afuera un rato [Desde su ventana en el primer piso puede observar al hombre que espera en la vereda]. Quiero ver. Si se apoya o no se apoya. Cómo es su presencia, está afeitado o no está afeitado, tiene el pelo corto, cómo es su forma de vestir. Si vos vas a busca r un trabajo, sos una persona consciente, tenés que ir con buena presencia: bien vestido, afeitado, bien peinado, aseado. Si yo no veo esa cualidad, a la persona directamente no la tomo (R. C., responsable de operaciones de una empresa de seguridad con 200 empleados).
En todos los casos, más allá de las características comunes que tienden a privilegiarse, el perl de los vigiladores buscados cambia según los objetivos en que se va a brindar seguridad, por lo tanto según el tipo de actividad que se espera del personal de vigilancia: Si yo necesito hacer una custodia, o un seguimiento, prefiero tener un personal retirado, porque en custodias, en seguimientos, en enfrentamientos, muchos años de calle lo hacen más apto para esa función. Si yo tengo que custodiar un edificio de oficinas, de pronto, no necesito que tenga toda la experiencia, necesito que sea una persona que tenga voluntad de trabajo, que
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esté capacitada, que sea apto y que dé el perfil para lo que yo necesito. Eso depende mucho del objetivo que uno tenga que cubrir, de la necesidad del objetivo (R. M., propietario de una empresa con poco más de 50 empleados).
Todo parece que indicar que, más allá de las competencias especícas, son las propiedades psicológicas y morales de los candidatos las que constituyen el principal desafío del reclutamiento. Si el candidato parece adecuado para el puesto, el proceso continúa con otros exámenes. En el caso típico, sobre todo cuando la empresa cuenta con los recursos nancieros y la voluntad de invertirlos en esta actividad, hay primero un examen físico que incluye radiografía de tórax, electrocardiograma, prueba de agudeza visual, audiometría y los exámenes habituales de laboratorio. Vienen luego los test psicotécnicos en los que se busca determinar la aptitud del candidato para desempeñar honestamente la actividad y su capacidad para enfrentar situaciones de crisis. Finalmente, se verican sus antecedentes penales, en algunos casos se realizan estudios ambientales con sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Si todo funciona, pasará algunos meses a prueba como franquero –es decir, cubriendo los francos de los vigiladores titulares. Si se lo considera sucientemente bueno, se le enviará a un puesto jo según las particularidades de su perl. Hay criterios de apreciación que dan contenido a este procedimiento. Casi todos los empleadores preeren individuos adultos, pero no demasiado viejos, que tengan una familia. La disciplina y la responsabilidad parecen ir asociadas con estas características socio-demográcas: Al tener una persona de 45 o 50 años, promedio, es una persona que ya en su vida tiene cierta experiencia y que va a tener una cultura distinta del trabajo que un chico que tiene 23 y recién se larga al mercado laboral, porque tiene toda la vida por delante (R. M., propietario y director técnico).
Casi todos los empleadores insisten sobre la distribución desigual de esos valores según la edad y la situación familiar. Y recuerdan que se trata de una actividad de “24 horas, 365 días del año”, y que un empleado que falte pone en riesgo el contrato de prestación de servicios que la empresa consiguió a veces con mucho esfuerzo. No debe faltar, y para eso es necesario que tenga una vida privada ordenada. Según una visión bastante extendida, los jóvenes son considerados irresponsables, que se aburren en las guardias y no pueden quedarse parados durante doce horas sin apoyarse en las paredes. El único incentivo para trabajar es el salario, pero no les gusta lo que hacen. Y muchas veces esto no alcanza, porque viven con sus padres, no tienen cargas familiares o pueden 160
conseguir trabajo en otro rubro. Esto resulta más frecuente en un contexto de expansión del empleo: estos jóvenes no atravesaron la experiencia traumática del desempleo que había disciplinado a las generaciones anteriores. Desde la perspectiva de los reclutadores, las características personales de los individuos son índices que permiten anticipar, en el momento de la selección, sus cualidades morales y su disposición al trabajo: En un momento tomábamos gente grande, porque era más responsable. No tomábamos gente joven... Pero los chicos jóvenes, hoy por hoy, están viviendo de otra manera, algunos ya tienen responsabilidades, están casados, tienen hijos. Que estén casados y tengan hijos te da la pauta que el tipo tiene que sí o sí trabajar porque necesita mantener a la familia (R. C., directivo de empresa de seguridad).
Las competencias militares y policiales son apreciadas en los responsables del encuadramiento operativo de los agentes de seguridad: De los supervisores que tenemos en este momento, uno es un suboficial mayor de Marina, un tipo de muy buena presencia, muy buena capacitación, y el otro es un comandante de gendarmería. Es gente que tiene un sentido de cómo se conduce personal, cómo se maneja, cómo se organiza (J. J., propietario de empresa de seguridad).
No obstante, existe una tensión entre las propiedades morales y las competencias técnicas que se atribuyen a quienes pasaron por las fuerzas de seguridad del Estado. Para los ex militares y para los civiles, la policía es sinónimo de corrupción, de comportamientos deshonestos. En algunos casos, subrayan con orgullo que no tienen empleados provenientes de esa institución. El desprecio moral y profesional se mezcla a veces con un desprecio social, dado que los militares se sienten por encima de los policías por su origen social, su cultura y sus relaciones. Incluso entre los ex policías existe esta tensión evaluativa. Para ellos, sus antiguos camaradas y subordinados tienen experiencia y disciplina, pero también sus vicios, que hacen que no sea fácil mantenerlos a raya. Además, cuando son relativamente jóvenes, deben justicar por qué razón han dejado de ser policías: Hay mucha gente de policía que viene. Lo que pasa es que uno ya tiene el ojo un poco afinado, cuando están en la institución y se van, “me retiré después de 6 años”… no se retiró, lo echaron. Y si lo echaron, lo echaron porque no es bueno. Y si no es bueno, yo no lo voy a poner a trabajar acá. Son deducciones lógicas (R. M., ex comisario y propietario de empresa de seguridad).
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Este juicio sirve para desarrollar una idea más general: El policía es diferente para trabajar en seguridad, por eso preferimos traba jar con gente que no sea. Primero el policía ya viene con mañas. Por algo la policía está en descrédito (R. C., directivo de empresa de seguridad y hermano de policía en actividad).
Pero no solo los malos juicios que pesan sobre ellos sirven como barreras de entrada: las leyes prohíben formalmente la contratación de ex policías ocialmente denidos como “malos policías”. Aunque puedan esquivarlo de algún modo, los empleadores están condicionados por el orden jurídico: ¿Sabe por qué no hay [ex policías trabajando como vigiladores]? Porque el que se fue por su propia voluntad, ya se fue viejo, cansado, no quiere más problemas. Y al que lo fueron, no pueden incorporarse. La ley 12.297 nos prohíbe a nosotros incorporar policías que hayan sido exonerados, o cesanteados, o que hayan tenido problemas dentro de la institución, es decir, que han sido expulsados de la fuerza. Ya sea policía, gendarme, de prefectura o de cualquier fuerza de seguridad. Por eso no se va a encontrar con muchos policías (B. B., ex comisario general y propietario de empresa de seguridad).
El análisis de las preferencias de los empleadores –que se maniestan tanto en sus testimonios como en las ofertas de empleo que publican en los avisos clasicados– revela que las características de los empleados de las agencias de seguridad son la consecuencia de lo que hacen los actores dominantes en el sector. La selección de personal que realizan está determinada por sus criterios de apreciación de las competencias morales y técnicas de los individuos y de los requerimientos de los puestos que deben cubrir, pero está condicionada también por las demandas de los clientes y por las normas establecidas por el Estado. Sin embargo, la elección se realiza sobre una población de candidatos que están dispuestos a ocupar un puesto de estas características. Para comprender el proceso en su conjunto, es necesario considerar el otro resorte de conformación de esta categoría socioprofesional, a saber, los buscadores de empleo. 2.2. Los modos de acceder al empleo
Más allá de las diferencias de edad y de trayectoria social, el conjunto de los agentes de seguridad privada que entrevistamos reconocen que llegaron a este empleo por necesidad, no por vocación. Casi todos tienen claro que sólo se trata de vender su fuerza de trabajo para ganarse la vida. Esta relación abstracta con el propio 162
trabajo lleva a los individuos a abrirse a los empleos que encuentran disponibles o que les son ofrecidos. En efecto, trabajar en el sector de la seguridad privada es algo que a la mayoría le sucede, no algo que buscan. Una parte importante de los vigiladores entrevistados ni siguiera conocía este ocio antes de empezar a trabajar en él, o por lo menos no habían imaginado desempeñarse en esta actividad. Ahora bien, en un contexto de desempleo y crisis económica, estaban abiertos a lo que se presentara. De distintas maneras, fueron descubriendo que había una oferta importante de puestos en seguridad privada: a veces eran amigos, familiares o vecinos que servían de fuente de información, otras veces descubrían las ofertas leyendo los avisos clasicados. En efecto, estos dos modos de acceso al empleo son los únicos que aparecieron en nuestro trabajo con los vigiladores. Los contactos personales son la principal vía de acceso al empleo en la seguridad privada.4 Con frecuencia, los amigos, los parientes y los antiguos compañeros de estudios o de trabajo son la principal fuente de información relativa a ofertas de empleo en el sector, o bien son portavoces en sus propios círculos sociales de las necesidades de empleo de quienes buscan un trabajo. En ciertos casos, sobre todo cuando se trata de contactos que ya trabajan en seguridad o en una organización que utiliza servicios de seguridad, hay una recomendación directa del candidato a la empresa o al responsable de la contratación de personal: Empecé laburando por mi cuenta vendiendo pirotecnia... después plantitas... después estuve ayudando en un depósito... después estuve ayudando a levantar un depósito... después vendiendo medialunas... después laburé de moto, de repartidor y después acá... Acá conseguí porque se me rompió la moto... y bueno me quedé sin laburo... y acá me hizo entrar mi suegro. Mi suegro hace seis años que trabaja acá. El fue habló y bueno... me tomaron.. me hicieron la prueba psicológica, todo... y me tomaron. Ahora laburo acá en seguridad, y los francos laburo en la construcción (P. A., vigilador y obrero de la construcción, 22 años).
Encuentros fortuitos y coincidencias también pueden llevar a una oportunidad laboral. En el marco de una circulación por diversos puestos de trabajo de baja calicación, un imprevisto permite en algunos casos el ingreso en el ámbito de la seguridad privada: 4
Esto constituye un caso particular de la tendencia general expuesta por Mark Granovetter en su célebre libro sobre los buscadores de empleo, y resumida en su artículo sobre la fuerza de los vínculos débiles (Granovetter, 1973). Nuestros entrevistados habían encontrado trabajo también en otros sectores por esta misma vía.
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Y ¿cuánto tiempo estuviste así, buscando laburo? Seis meses. Claro, hacía changas así, de albañil, ayudante de albañil… Y en mecánica, ¿no buscabas por ese lado? No, en mecánica no… Ya estabas cansado… Si, no quería… Y ¿cómo fue que caíste en seguridad? Y bueno después un amigo de ahí de mi barrio, que no veía yo porque se había mudado, me dijo que estaba trabajando en seguridad, me dio la dirección de la empresa y fui y me anoté (D. L., ex futbolista y soldado voluntario del Ejército, 27 años).
Otros testimonios replican experiencias similares. Al igual que los trabajadores de otros sectores, una parte importante de los agentes de seguridad encuentra su trabajo a través de contactos. Se observa en ellos una tendencia a la movilización de vínculos fuertes (familia, amigos, vecinos): esta conguración conrma la hipótesis de Mark Granovetter sobre las variaciones entre grupos sociales en lo relativo al uso de las relaciones. En efecto, las clases populares –al igual que las clases superiores– utilizan sus vínculos fuertes para encontrar empleo y otras oportunidades vitales, mientras que las clases medias se sirven mucho más de sus vínculos débiles. Según el autor, eso contribuye a reforzar el particularismo cultural de los grupos subalternos y la reproducción de las posiciones dominadas en el espacio social (Granovetter, 1983: 206, 212-213). Dado que el puesto de vigilador pertenece a los escalones inferiores del sistema de las ocupaciones, es mucho más accesible que otros a individuos que padecen condiciones de desempleo o intermitencia. En algunos casos, la relación imaginaria con este tipo de empleo –estable, asalariado, con benecios sociales y previsionales– ejerce una cierta atracción, análoga a la que una investigación clásica sobre las clases populares argelinas revelara hace ya casi medio siglo. 5 A su vez, el individuo contratado por una empresa de seguridad se convierte en un contacto movilizable por otros que están desempleados o buscan un nuevo empleo. En efecto, la mayoría de los testimonios recogidos hablan de contactos que ofrecen información o recomendaciones para acceder al empleo. En algunos casos, la fuente de información forma parte de la propia empresa 5
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“Empleos como los de vigilador, sereno, ordenanza o cuidador son, a su manera, ‘ocios de ensueño’, no solamente porque son menos sufridos sino también porque son los más seguros entre aquellos a los que puede acceder un individuo sin instrucción, sin formación profesional y sin capital” (Bourdieu, 1977: 91).
de seguridad en la que hay empleos disponibles. Sin dudas, quienes ya están empleados en ellas quieren ayudar a sus conocidos, pero en muchos casos son instrumentalizados por los propios empleadores, que utilizan los contactos de sus empleados más conables para procurarse otros nuevos: Nosotros tenemos como norma que la gente siempre venga recomendada por alguien, en lo posible por otro vigilador. Uno, conociendo al que recomienda, ya más o menos puede inferir la gente que va a recomendar (D. S., presidente de cooperativa de vigilancia).
Este mecanismo informal de reclutamiento, que se despliega desde el corazón mismo de la empresa, encadena otro tipo de vínculos: familiares, de vecindad, de simple conocimiento. Aparentemente, esto vale para vínculos con distintos contenidos, incluidos los políticos y los religiosos: Esa misma noche me llama y me dice que consiga una persona. Y bueno, yo gente tengo para traer, porque de nuestros hermanos de la iglesia hay mucha gente desocupada (A. F., vigilador y mormón, 52 años).
La iglesia, como el partido político y la universidad, ofrece a sus miembros un capital de relaciones que puede servir para acceder a puestos de trabajo.6 Los avisos clasicados en periódicos son la segunda modalidad de acceso a los empleos en el sector de la seguridad privada, aunque la mayoría de los individuos la consideran mucho menos ecaz que el recurso a los contactos. Por lo demás, dado que la tendencia a la lectura de diarios se distribuye desigualmente en función de la edad y el nivel educativo, esta actividad es más frecuente entre los individuos que descienden a los puestos en el sector luego de haber tenido ocupaciones más prestigiosas: Yo siempre trabajé con electrodomésticos. Soy técnico en electricidad, y siempre me orienté hacia los electrodomésticos y trabajé en varias empresas, entre ellas Kohinor… Y mientras trabajaba en Kohinor de día, al mismo tiempo empecé a trabajar de noche [como sereno] en el Banco… Pero después me quedé sin trabajo en Kohinor y bueno, por una cuestión de edad ya no conseguía trabajo y me pasé a lo que es seguridad. Y ¿cuánto tiempo estuvo sin trabajo? Dos meses nada más. Por suerte poco. Esos dos meses fue porque yo quería seguir en lo mío y bueno, tampoco podía estar tanto tiempo sin trabajar. Y, 6
Sobre la movilización de las redes de vecindad y amistad, pero también de los contactos acumulados en el seno de partidos políticos e iglesias, para acceder a bienes y servicios, a veces también a puestos de trabajo y changas, ver la tesis de Gabriel Kessler (1998: 193-201).
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de última, como no conseguía, opté por trabajar en seguridad. Necesitaba tener un trabajo estable, o al menos trabajar, más no podía estar… est ar… Pero Pero como no encontraba [en mi actividad act ividad anterior a nterior], ], por una cuestión de edad, edad , por una cuestión de cómo estaba la situación del país en ese momento… bueno, en el Clarín lo que más salía era vigilador. Y yo como tenía conocimiento en el tema porque había trabajado diez años en el Banco Provincia, Provincia , en uno de esos avisos llamé, me anoté y no hubo problema, a los dos días ya estaba traba jando (A. Q. Q.,, vigilador y ex técnico en fábrica de electr electrodom odomésticos, ésticos, 54 años años). ).
En efecto, los avisos clasicados son termómetros del mercado de trabajo para un segmento de los demandantes de empleo. La paradoja es que aquellos aquellos que utilizan a los diar d iarios ios como fuentes fuentes de información in formación son a menudo menudo individuos de edad relativamente elevada para quienes este camino no conduce casi nunca a buen puerto: La cuestión es que por la edad no te tomaban. Los avisos decían hasta ha sta 35 años. Yoo tenía 40 y, Y y, sabés que que bron bronca. ca. Te Te anotabas en en una agencia, agencia, para operario, operario, de cualquiera, cua lquiera, 35 años. Ya Ya era un viejo. Pero Pero ahora para la parte pa rte de vigilancia vigil ancia quieren gente vieja. Porque sos más responsable. A los pibes no los quieren porque se van, se borran, ¿viste? En cambio uno, yo tengo pibes, entonces, vos tenés que cuidar el laburo (O. A., vigilador con una extensa trayectoria laboral en la industria, el comercio y la administración pública, 47 años).
Los mismos individuos que buscaron empleo a través de los diarios insisten sobre el hecho de que es casi imposible encontrar algo si se tiene más de 45 años, lo que se conrma al analizar efectivamente los clasicados con las ofertas de empleo. empleo. Y se trata de uno de los sectores menos restrictivos para los trabajadores de edad avanzada… Ahora bie bien, n, las fuen fuentes tes de informaci información ón sobre las oportunidad oportunidades es de empleo –sean contactos o avisos clasicados– no bastan para que los desocupados se conviertan en buscadores de empleo en el ámbito de la seguridad segu ridad privada. Es necesario que estos individuos tengan expectativas especícas, que quien recibe el mensaje se sienta interpelado y se convierta en un verdadero candidato para el ocio de vigilador. También hace falta que uno sea capaz de demostrar que puede ocupar el puesto, y los testimonios indican que esto no sucede de manera automática. 3. La producción de las competencia competenciass y su desplieg despliegue ue
Una vez que los individuos han sido seleccionados, deben incorporar las competencias necesarias para el desempeño de las funciones de vigilancia. Para ello existen centros de formación, pero la experiencia se adquiere sobre todo en la práctica.
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3.1. La incorporación de las capacidades adecuadas
La construcción social de las ocupaciones de los servicios de vigilancia y segurida segur idadd civil7 no es indepen independiente diente de la formació formación n de una industria de la seguridad segu ridad privada, privada, que se desarrolla a partir par tir de mediados del siglo XX para proveer inicialmente servicios de protección protecció n patrimonial a los grandes gra ndes establecimientos establecimientos industriales, generalizándose luego a otras organizaciones organ izaciones y llegando mucho mucho más tarde a los espacios de residencia de las clases privilegiadas. Los propietarios y gerentes de las empresas de vigilancia, en permanente nen te interacción con sus clientes y con las l as autoridades reguladoras, enfrentados además a estados especícos del mercado de trabajo, contribuyeron a producir –y transformar– transformar – los perles socialmente social mente denidos de sus propios empleados. Durante la primera etapa del desarrollo de la industria de la seguridad, segu ridad, que podemos situar entre los años cincuenta y los años ochenta, no sólo los propietarios y gerentes de las empresas eran personal –no siempre siempre en situación de de retiro– retiro – de las fuerzas armadas y de seguridad, sino que también lo era la mayoría de los simples agentes. Los testimonios recogidos en las entrevistas revelan que los vigiladores eran mayormente policías, gendarmes, prefectos o militares que buscaban ingresos ing resos complem complementarios entarios a sus salarios sa larios o jubilacio jub ilaciones. nes. Estas propieda propiedades des sociales entrañaban entrañaban la disponibilidad de competencias policiales, incorporadas como insumo para la naciente industria, pero también como criterio para denir el tipo de capacidades consideradas legítimas para desempeñar esta función. El problema de la capacitación no se planteaba siquiera, puesto que se daba por supuesto que los agentes eran competentes y se percibía una evidente continuidad con la profesión de origen. Las cosas habrían de cambiar cuando, en el contexto contexto de una fuerte expansión de los mercados de la seguridad, la fuerza de trabajo del sector comenzase a conformarse con individuos sin experienexperiencia previa en los cuerpos armados del Estado. Desde entonces, la fabricación de los (nuevos) agentes de seguridad se impone como una tarea para las empresas. empresas. La presencia de estos individuos sin calicacion cal icaciones es especícas, provenientes de diversas categorías categoría s ocupacionales (albañ (albañiles, iles, changarines, obreros industriales, repartidores, cadetes, empleados, encargados de mantenimiento, manteni miento, etc.), impuso impuso entonces la necesidad nec esidad de producir en ellos este savoir-faire juzgado necesar necesario io para ser un 7
Categoría ocial que engloba a los agentes de segur seguridad idad en el Clasicador Nacional de Ocupacion Oc upaciones. es.
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vigilador, sucedáneo de las prácticas policiales y militares apenas adaptado a las necesidades del medio civil. Los empresarios del sector, que habían organizado organiz ado las actividades y las prestaciones de sus compañías según categorías de interpretación y de acción que tenían en gran g ran medida un origen militar y policial, no hicieron hicieron en este caso sino persistir en este tipo de transferencia de esquemas generadores de prácticas. Los nuevos agentes habrían de ser formados según principios forjados en las instituciones armadas del Estado, no ya porque ellos hubieran hubieran sido socializados socia lizados en ellas, ellas , sino por la intermediación de los gerentes y cuadros de las empresas de vigilancia. Según la visión y las prácticas dominantes, el desempeño del rol socialmente definido como vigilador requiere una serie de competencias morales y técnicas. Algunas de estas competencias –asociadas a las las características características físicas, al nivel nivel de instrucción y a la situación familiar, famil iar, por ejemplo– ejemplo– son seleccionadas selecc ionadas en el momento momento de la contratación del personal, mientras que otras deben ser incori ncorporadas luego en los centros de capacitación especializados o en la propia práctica de trabajo. Hasta hace poco más de una un a década, los supervisores supervisores y los vigiladores más antiguos tenían la responsabilidad de capacitar a los recién ingresados. Los nuevos reclutas eran puestos a prueba en distintos objetivos y se les enseñaba las particularidades de cada uno de ellos, previendo su desempeño en los distintos destinos en que podrían ser utilizados utilizados más tarde. ta rde. Se trataba de adaptar adaptar a los nuevos nuev os empleados empleados a las particula par ticularidades ridades de sus lugares de trabajo: sus tareas, sus escenarios, sus puntos críticos, sus riesgos. La actividadd se desarrollaba de manera artesanal, activida artesana l, con pocos p ocos niveles de control y formalidad: Nosotros lo que hacíamos, una vez que llenábamos todos los papeles y hacíamos todas las cosas, lo llevábamos al a l lugar de trabajo, le mostrábamos mostrábamos todo, le explicábamos todo, le presentábamos… le decíamos quienes eran las personas a las cuales tenía que requerirles algún tipo de información, preguntas, etc. y lo poníamos en paralelo con alguno algu no que ya tenía experiencia, experiencia, y hacia una cantidad ca ntidad de días de práctica, hasta hast a que estaba en condiciones condiciones de poder llevarlo adelante. Y no ha cambiado mucho (J. J., propietario de una empresa de seguridad privada).
Aunque la formación en el puesto de trabajo no desapa desaparece rece completamente, desde mediados de la década de 1990 comienzan a surgir centros de capacitación especializados en la formación de vigiladores. Para institucionalizar la capacitación, que algunos juzgan todavía insuciente, fue necesario la consolidació consolidación n de la
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actividad, la formalización forma lización de las empresas y las relaciones contractuales, así como c omo la intervención activa de las autoridades estatales para corregir ciertos vicios y desviacio desviaciones. nes. Algunos Algu nos de estos centros pertenecen a institu institucion ciones es públicas, como el que funciona en la Universidad Tecnológica Nacional. Hay también tambié n cursos de capacitación capacitación para vigiladores vig iladores ofrecidos por otras universidades nacionales o por las policías provinciales. Pero la mayoría son institutos privados. Algunas empresas tienen sus propios centros, y las más grandes forman allí tanto a sus propios agentes como a los de otras empresas. empresas. Normalmente, Norma lmente, los contenidos se ajustan a los requerimientos jados por las autoridades a tratra vés de las respectivas leyes. Allí, los vigiladores reciben dos tipos de instrucción: una formación operacional que los prepara para las prácticas de vigilancia, incluyendo el uso de armas de fuego, los primeros auxilios y la extinción de incendios; una formación teórica que reere a los límites legales de la función que realizan, los comportamientos que deben desplegar en situación de crisis y premisas para el trato con las distintas categorías de públicos. Estos contenidos del aprendizaje se inscriben en un proceso de fabricación de agentes que tiene sentido. Los Lo s elementos elementos puramente técnicos de la formación dejan traslucir visiones del mundo y sistemas de relaciones sociales en los que se enmarcan las prestacioprestac iones. Están directamente ligados a la producción del servicio. Al contrario, la formación jurídica –promovida en gran medida por sectores políticos progresistas y fundamentado por profesionales del derecho ligados a los organismos organ ismos de derechos humanos, al menos en la Capital y la provincia de Buenos Aires– se inscribe en una dimensión normativ normativaa y busca impedir impedi r que los vigiladores vig iladores confundan su estatus con el de la policía. Desde el punto de vista vist a de la empresa, empresa, se procura así evitar sanciones de parte de los organismos públicos de regulación –que suelen entrañar multas, pero pueden llegar a la clausura si no se tienen los respaldos necesarios– y sobre todo garantizarr que las compañías de seguros respondan por eventuales garantiza daños a terceros. terc eros. En este sentido, se insiste sobre la precaución que el vigilador debe tener en el uso de las armas y, sobre todo, en la vigilancia vigi lancia del espacio público. público. Tanto Tanto el uso de armas como la vigilanvigi lancia del espacio público público constituyen áreas sensibles de la vida social, so cial, reclamadas con exclusividad por los agentes del Estado en el marco de su pretensión al monopolio del uso de la violencia física legítima. legítima . De hecho, la formación jurídica que reciben los agentes busca evitar confusiones con el rol de la policía y, de manera más instrumental, men tal, abusos de autoridad o usurpación usur pación de competencias estatales que podrían entrañar un perjuicio patrimonial para la empresa de
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segu ridad o su cliente. Sin embargo, hay un elemento seguridad elemento fundamental fu ndamental de esta formación que viene impuesto por las leyes y que tiene por fundamento una visión v isión negativa negativa del personal de seguridad segur idad privada, privada, frecuente en políticos, periodistas e intelectuales en general: en efecto, una parte importante de las horas de formación ahondan sobre cuestiones de derechos humanos, buscando operar como contrapeso de una cultura policial policia l (o militar) marcada por el autoritarismo autoritarismo y la viol v iolencia encia que se supone dominante en el mundo de los vigiladores. vigi ladores. Más allá de las enseñanzas técnicas, los agentes de seguridad reciben prescripciones acerca de la manera de desarrollar su trabajo en el terreno: uno de las normas recurrentemente invocadas es que no debe arriesgarse la vida. Como dice un formador, “lo más importante es la vida de la persona que estás protegiend proteg iendoo y la tuya” (R. (R. C., responsable de personal). En efecto, se indica a los agentes que “no deben hacerse los héroes”, que deben priorizar siempre las personas por sobre los bienes, bienes, que no debe confundirse confundi rse el rol de vigilador vigi lador con el de policía. En la mayoría de los casos, los agentes parecen saber que no pueden pueden intervenir en conictos conict os o situaciones situaciones que ocurran ocurran fuera de los límites espaciales en que el contrato de prestación tiene vigencia. También saben que, en la medida de lo razonable, deben ser receptivos con respecto a las demandas del cliente. cliente. He aquí una tensión entre la norma de un servicio adecuado y la máxima mercantil. 3.2. Un sentido práctico para la vigilancia
Los vigiladores incorporan los principios generales de su actividad en los centros de formación, así como en las instrucciones que reciben de los supervisores o jefes de servicio cuando llegan al objetivo. Sin embargo, hay otros que solo pueden asimilarse en la propia experiencia de trabajo. Un saber práctico, formado en la práctica y orientado por nes prácticos, orece en el ejercicio de las tareas de vigilancia. Vigilar es, es, antes que nada, saber observar observar.. Pero se trata de una mirada particular, de una observaci observación ón focalizada: Te das cuen c uenta, ta, la mirada, mi rada, la manera ma nera de caminar, la manera de ver las cosas. Bueno, se aprende a ver... ver... primero bueno, uno se pone a mirar mir ar y mira mi ra nomás, y después vos te das cuenta que no, el que va a robar es distinto al que va a comprar, tiene facha... ¿por qué? Porque es automático, por ejemplo nosotros mirábamos así, y decíamos, por qué los movimientos... yo los veo normal, pero qué qué pasa... la persona vos la estás siguiendo por cámara, o vos mientras te vas corriendo, y vos ves que cuando la vas agarrando... agarra otra cosa y mira... qué estas mirando, y que esa persona sola se está mandando al frent frente, e, quizás no quiere quiere hacerlo, pero pero es algo a lgo necesario si él
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se lo quiere guardar, pero a la vez te está avisando que te robó. O sea esas son las fallas que tienen las personas que van a robar al mercado, que ellos cuando tocan algo, miran si lo están mirando, o miran a las cámaras, ellos piensan que nosotros no estamos mirando, nosotros estamos en nuestro trabajo, y vos miras y ves todos, yo veo mil, pero veo los mil, cualquiera que me mire y me di cuenta. Entonces, si entran mil personas, y empiezan a caminar por el supermercado, y veo uno que levanta la vista, miró todo, la bola negra, y yo tengo que avisar, hay uno que miró la bola negra, y no tiene por qué mirarla, y vos decís, bueno mantenelo un rato, y dónde se fue, a un metro, porque para ese lado lo siguió la cámara, estás viendo, estás prestando atención si las manos, siguiendo si la cámara llega adonde está él, pero no vio que hay otra cáma ra, entonces comete el error después, cuando va a agarrar un discman, mira para el costado, y está mirando al vigilador que está dando vueltas, ya se olvidó de la cámara, que miró una que estaba adelante y otra que estaba atrás no la vio y se quiere escapar del vigilador, pero ya al mirar dónde está el vigilador, te está mostrando que la persona va a afanar algo. Entonces eso es lo que vas aprendiendo día a día. Vas viendo qué diferencia hay entre la persona que va a comprar y la persona que va a robar. Aparte, vos ya tenés el olfato (P. J., vigilador, 43 años).
La experiencia aquí citada corresponde a un agente de seguridad que explica la manera en que se maneja en un ámbito particular de trabajo y cómo se aprende a observar para realizar la tarea de vigilancia. Más allá de las variaciones derivadas de las especicidades de cada objetivo, el mismo tipo de intuición puede funcionar en toda circunstancia: “te das cuenta que no es de ahí. Por su forma de ser es como que te alerta. Hay gente que vos mirás y ya te das cuenta que hay algo que no te gusta” (O. A., vigilador, 41 años). En situaciones concretas, los vigiladores disponen de principios de apreciación que les permiten identicar las amenazas potenciales: En el caso de que venga una persona medio sospechosa, la interrogas: ¿caballero?, sí, vengo a... cuando empiezan a tartamudear, se meten mucho las manos en el bolsillo, las sacan, empiezan a transpirar, empiezan a mirar para todos lados, no saben qué decirte. La ropa... si en verano vienen con un sobretodo, una campera de cuero... ¡porque vos podes estar tranquilamente en remera si hace calor! (G. C., vigilador, 21 años).
Aquello que se vive como un sentido práctico combina varias percepciones que remiten a esquemas de interpretación compartidos por quienes realizan este trabajo. Así, la combinación de la vista y el olfato puede realizarse deliberadamente, y la intuición se convierte así en estudio, modo de observación que supone la focalización de los sentidos en personas y situaciones particulares. Los vigiladores pueden así producir un sistema de clasicaciones que expresa los
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saberes acumulados colectivamente por la industria de la seguridad privada, pero también individualmente en sus propias experiencias. De hecho, la relación entre los saberes colectivos incorporados y los saberes individuales acumulados en la experiencia resulta crucial para la producción de los servicios, puesto que las prácticas de vigilancia y protección distan muchísimo de la mera aplicación de las instrucciones pergeñadas por los directores técnicos y gerentes de operaciones en las ocinas de la empresa prestataria. El comportamiento de los agentes se basa en parte en las instrucciones que reciben de sus superiores, transmitidas y vericadas por los supervisores, o bien en las indicaciones permanentes que realizan los responsables internos de la seguridad de la organización contratante, encargados en estos casos del encuadramiento del personal contratado a una empresa tercerizada. Pero, al igual que en el caso de los street level bureaucrats de las fuerzas públicas de policía, los agentes de seguridad del sector privado disponen de un margen de discrecionalidad que constituye al mismo tiempo un constreñimiento y un recurso para la acción. En este sentido, los vigiladores realizan una verdadera labor interpretativa en la aplicación de las normas, que requiere un trabajo de adaptación a las diversas situaciones. En efecto, los agentes se ven permanentemente obligados a producir respuestas, en parte originales, siempre limitadas por la posición especíca que ocupan en el seno del sistema de relaciones del que participan. Ahora bien, las prácticas sociales tienen una economía propia que está muy alejada del modelo racionalista del homo œconomicus. Los agentes disponen de un acervo de recetas que pueden ser movilizadas en cada situación práctica sin que exista la necesidad de elaborar en cada caso una decisión racional y, menos aún, la capacidad de formularla conscientemente, de ahí la importancia de la observación directa. La economía de las prácticas y la acumulación de saberes prácticos les permiten disponer de sistemas de clasicación y categorías de intervención que pueden ser aplicadas sin que sea necesario elaborar cada vez una costosa decisión racional. La clasicación de los diferentes tipos de clientes y los distintos tipos de públicos constituye uno de los principios fundamentales de la acción de los vigiladores, y la capacidad para realizar una buena clasicación de los actores involucrados puede hacer la diferencia entre la rotación permanente y la estancia prolongada en un objetivo que se desea conservar. Los vigiladores saben que hay transeúntes que son proclives a la conversación, mientras otros pasan de largo sin siquiera esbozar un gesto. Hay clientes que solicitan servicios no previstos en el contrato, mientras que otros exigen el
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cumplimiento a rajatabla de la función especíca de vigilancia. Cuando se trata de un cliente, hay que saber tratarlo para evitar conictos que –incluso cuando carezcan de justicación– puedan desembocar en una queja, incluso en el desplazamiento del guardia. A pesar de las instrucciones recibidas de parte de la empresa y de las condiciones estipuladas en el contrato, “el cliente siempre tiene razón”.8 Cuando se trata de una persona que no forma parte part e de la organización que contrata el servicio –en el caso típico, un cliente del cliente, un proveedor, un visitante ocasional–, se debe estar en guardia gua rdia dado que hay casos de robos colectivamente colectivamente realizados real izados en que algunos individuos ind ividuos distraen al vigilador vigi lador mientras mientras sus cómplices cómplices sustraen los bienes bienes más valiosos o accesibles. En las fábricas, depósitos y lugares de trabajo, la interacción debe ser mínima, mín ima, dado que es muy frecuente que el empleado empleado o el visitante v isitante más simpático si mpático sea justamente justam ente aqu aquél él que se aprop apropia ia de de lo lo que que no no le le pertenece. pertenece. De este este modo, los sistemas de clasicación de los agentes de seguridad no solamente distinguen entre las distintas categorías de individuos peligrosos, peligr osos, sino también ta mbién las distintas situaciones que pueden pueden entrañar riesgos r iesgos para el objetivo y que son por ello mismo susceptibles susceptibles de variar según seg ún las particularidad particular idades es de la organización vigilada. Este saber panorámico se debe sobre todo a la rotación de los guardias en diferentes sitios, y no tanto a un intercambio i ntercambio entre compañeros compañeros de trabajo o colegas, que es casi inexistente. Conclusión
En el presente capítulo, presentamos una descripción de las características característ icas socio-demográcas socio-demográ cas de los empleados empleados de las empresas empresas de vigilancia. A partir parti r de estas características, características, armamos a rmamos que que se trata de un segmento sumamente importante del nuevo proletariado de servicios. En las ocupaciones de la seguridad privada, encontramos a individuos que se reclutan en diversas categorías sociales de clases populares o de clases medias en descenso (sea por la supresión de cierto tipo de empleos, sea por las rupturas de trayectoria que enfrentaron en una edad madura en el contexto del neoliberalismo y la ulterior crisis económica). Ocupan puestos de trabajo con remuneraciones relativamente bajas, que exigen 8
He aquí una marca de de que la prestación de servic servicios ios de segur seguridad idad no es simplemente un intercambio funcional que entraña dimensiones técnicas, sino también una relación comercial comercial en la que un prestado prestadorr cobra dinero por el servicio que ofrece y el cliente cl iente espera un determinado rendimiento por el dinero que paga.
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pocas calicaciones, pero ofrecen en la mayor parte de los casos una cobertura social y son accesibles a capas de la población que tiene dicultades para acceder a ocupaciones más rentables. Este segmento del proletariado de serv servicios icios realiza primordialprimord ialmente tareas de vigilancia. La vigilancia es un tipo de práctica social que consiste en observar los movimientos movimientos de las cosas c osas y las personas en un espacio determinado, a partir de la presencia de personal especializado en dichas tareas –como es el caso de los vigiladores– o de medios técnicos monitoreados monitoreados a distancia d istancia –como – como las alarmas y, cada vez más, las cámaras de videov ideo-vigila vigilancia. ncia. Esta tarea tiene t iene por meta meta la prevención de delitos y daños involuntarios al patrimonio, pero también apunta a una función más general de mantenimiento del orden: vigilar no solo es prevenir posibles robos, sino también controlar la circulación de las personas y la disposición de los objetos. Este proletariado encargado de tareas de vigilancia es seleccionado y socializado por las empresas de seguridad privada. Las características del personal se definen a partir del encuentro entre ciertos requisitos de los puestos del trabajo, que no son totalmente técnicos (no puede decirse, por ejemplo, que las tareas de vigilancia requieran fuerza física o capacidad en el manejo de armas) sino sobre todo sociales y morales (honestidad, seriedad, responsabilidad, buen trato, etc.), y la oferta de mano de obra que puede encontrarse en un momento determinado en el mercado de trabajo. traba jo. En cierto modo, las empresas empresas de vigilancia vig ilancia buscan un perl de empleado; empleado; como si fuese una un a pura coincidencia, coincidencia , suelen encontra encontrarr aquello que buscan. Es E s cierto que la queja sobre el materia materiall humano con que deben deben ofrecer sus servicios serv icios es recurrente en el discurso de los empresarios de seguridad; sin embargo, saben que no pueden esperar otra cosa para un tipo de ocupación caracterizada por la monotonía y las bajas remuneraciones. En un primer momento, procuramos describir a los agentes de seguridad privada privada y las tareas que desarrollan. Con una inten i ntención ción más explicativa, tratamos trata mos de poner de relieve luego los mecanismos mecani smos sociales que están por detrás de la constitución de esta población y de sus actividades. Entendemos que este análisis ofrece, por un lado, elementos para una sociología de las categorías ocupacionales y, por el otro, realiza aportes a una mejor comprensión de las prácticas de control social. En un contexto de transformación de la economía y de expansión de la sensibilidad social con respecto a la seguridad, los servicios de vigilancia constituyen un ámbito sumamente dinámic di námicoo de la nueva nueva forma de organización organiz ación del mundo mundo social y de las actividades que desarrollamos en él.
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Capítulo 5 Un fenómeno socialmente enraizado
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a seguridad privada no es un fenómeno pasajero, supercial, puramente accesorio. Su desarrollo no depende de un factor único, como la creciente preocupaci preocupación ón social por la inseguridad, insegu ridad, o de una moda que llevaría a ciertas categorías sociales a rodearse de barreras materiales y simbólicas. Hunde sus raíces en estructuras profundas de la organización económica, social y política, al tiempo que encarna patrones culturales que caracterizan a la sociedad contem contemporánea. poránea. A partir parti r del análisis anál isis de los determinantes que moldean moldean las prácticas de las distintas dist intas clases de consumidores, puedee observarse en concreto la existencia de mecanismos globales pued que gobiernan gobiernan la economía, la administración admin istración y la vida cotidiana. El desarrollo desarr ollo de nuevas nuevas formas de organización organi zación del espacio, la expanexpansión de las actividades de servicios, las nuevas modalidades de la producción y la distribución, los nuevos tipos de hábitat urbano, el aumento del temor al delito y la búsqueda de mecanismos de protección del patrimonio y de la persona, constituyen una diversidad de factores estructurantes de los mercados de la seguridad privada. He aquí un conjunto de fenómenos interconectados que pueden observarse como causas y condicionantes de la utilización de servicios de seguridad privada en las organizaciones y en los espacios de vida. Por lo tanto, en el estudio de los mercados de la seguridad se debe considerar el carácter relacional de las transacciones entre prestadores y usuarios, pero también la colaboración negociada entre ambos a la hora de (co)producir (co)producir las condiciones de seguridad segu ridad buscadas. Para ello, es necesario necesar io identicar identicar en primer pr imer lugar cuáles son los diferentes tipos de clientes que se sirven de servicios de seguridad privada para satisfacer sus necesidades de protección. Verem V eremos os que existen existen dos tipos principales principales de de clientes clientes de servicios de seguridad: por un lado, las organizaciones públicas y privadas,
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que se rigen ocialmente en función de nes impersonales y según reglas instrumentales; por otro lado, los grupos domésticos, que estarían más bien sometidos a las pasiones y a determinaciones culturales menos racionales. En el presente capítulo, capítulo, analizaremos ana lizaremos especícamente el consumo de servicios de seguridad privada en las organizaciones, organ izaciones, dejando el estudio del consumo doméstico doméstico para el próximo. 1. Un emergente de la moder modernidad nidad económica y social
Más allá de sus contenidos especícos, las formas mercantiles de provisión de seguridad se inscriben en condiciones sociales que las determinan causalmente y contribuyen contribuyen a denir su signi sig nicado. cado. Distintas voces coinciden en que el desarrollo de la seguridad privada es el resultado de una crisis del Estado en su función de seguridad, segu ridad, ante un escenario escena rio de aumento aumento de la inseguridad insegur idad objetiva objetiva (crímenes)) y subjetiva (sentimiento (crímenes (sentimiento de inseguridad) inseg uridad) o, al a l menos, de aumento de la demanda de seguridad (con independencia de sus fundamentos). Otras voces señalan la existencia de una pluralipluralidad de factores que intervienen en su desarrollo: una creciente preocupación social por la inseguridad, el apogeo global de una ideología ideol ogía de mercado, la aparición de nuevas formas de organización organi zación espacial de los ámbitos de residencia y esparcimiento, espar cimiento, la tendencia de las empresas y los organismos públicos a la tercerización terc erización de los servicios auxiliares. Aunque no podemos medir sistemáticamente todas estas relaciones, puede puede resultar iluminador analizar analiza r algunos alg unos de los fenómenos generales que enmarcan a la seguridad privada. 1.1. Factores que estructuran los mercados de la seguridad
Para determinar cuáles son los factores que más contribuyen al desarrollo de los mercados de la seguridad privada, utilizamos datos de diferentes fuentes ociales para el conjunto de las propro vincias argentinas y los sometimos a dos tipos de análisis. Por un lado, el análisis de correspondencias múltiples que revela la asociación entre modalidades de variables var iables nominales y, por otro lado, el análisis en componentes principales fundado en correlaciones entre variables numéricas. El análisis de correspondencias múltiples de un conjunto limitado de variables nominales revela una estructura estructu ra diferenciada de implantación de de la seguridad segu ridad privada en asociación con una serie de conguraciones cong uraciones de propiedades. propiedades. Se construyó un espacio relacional relacional sobre la base de las siguientes variables: nivel de urbanización, 176
producto geográco per cápita, incidencia del sector industrial en el total del empleo, cantidad relativa de cajeros automáticos, desigualdad de ingresos de los hogares, tasas de delitos contra la propiedad y contra las personas. Se proyectaron luego las variables relativas de seguridad privada, gasto público en seguridad y existencia de personal policial: GRÁFICO GRÁ FICO 2. La implantación implantación social de la seguridad seg uridad privada. privada.
En la parte baja del gráco se ubican las provincias con más altos niveles de ingresos por habitante, y con una fuerte implantación del sector bancario. Son los lugares en los que hay más seguridad privada, y también más gasto público en seguridad. En el cuadrante superior derecho, se encuentran las provincias más pobres, menos urbanizadas y con un menor desarrollo de la industria y las nanzas. Son también las zonas con mayores niveles de 177
desigualdad y menor incidencia del delito global. Allí la seguridad privada tiene poco presencia, y el gobierno gasta relativamente poco en seguridad pública. En el centro del graco, levemente hacia la izquierda, se ubican las regiones con un desarrollo intermedio de la seguridad privada, que es relativamente un poco más fuerte en aquellas zonas en las que hay mayor presencia de la industria, una urbanización más elevada y una tasa de delitos un poco más alta. La implantación de la seguridad privada es más fuerte en las zonas más ricas, modernas y desarrolladas del país, que tienen niveles relativamente bajos de desigualdad. En ellas hay un mayor desarrollo de los ámbitos privilegiados en los que se despliega este modo de protección de los bienes y las personas (centros comerciales, cadenas de comercio minorista, bancos, fábricas). Son también las provincias que más recursos destinan a la seguridad pública. Como todo fenómeno social de cierta importancia, la seguridad privada se caracteriza por la presencia de una multiplicidad de elementos, relaciones y estructuras. En su carácter de industria abocada a la producción de servicios de vigilancia y protección, la seguridad privada es una actividad económica que –como muchas otras– depende de factores estrictamente económicos. Algunos de estos factores están directamente vinculados al funcionamiento de la actividad de las empresas, las formas de organización de la economía y las dinámicas de los distintos mercados de bienes y servicios. Otros factores, no totalmente ajenos a la dinámica económica, están fuertemente ligados al modo de existencia social, los modos de residencia y consumo, los ingresos y las relaciones entre los grupos sociales. Sólo en un plano secundario aparecen factores relativos al delito y al control del delito como elementos que moldean los mercados de la seguridad. En el análisis en componentes principales, utilizamos como variable dependiente la cantidad de asalariados de empresas de seguridad privada por cada 100 mil habitantes, introduciendo medidas ponderadas para un conjunto de variables independientes relativas a factores económicos y sociales que pueden operar sobre aquella. El desarrollo de la seguridad privada está directamente relacionado con la intensidad de la actividad económica, que medimos por Producto Bruto Geográco per cápita (+.76) y por la tasa de actividad (+.40). La seguridad privada tiene más dinamismo allí donde las grandes empresas tienen un papel mayor en la actividad económica (+.56) y donde, en términos globales, existe una presencia mayor de las empresas en la vida social (+.50). En términos diacrónicos, la evolución de la industria de la seguridad acompaña
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los movimientos globales de la economía, en particular del sector servicios. Esto puede observarse también en términos sincrónicos cuando observamos las covariaciones que la vinculan con distintos componentes de la estructura económica, Así, el desarrollo de la seguridad privada está ligado más estrechamente al empuje de sectores como los servicios (+.61) y la construcción (+.54). Al contrario, adonde hay un fuerte desarrollo de actividades agropecuarias y pesqueras, hay menor presencia de seguridad privada (-.63). Estos factores económicos están asociados con una serie de características de la población que se corresponden con un alto nivel de prosperidad y de modernidad: el nivel de acceso a conexión internet por banda ancha (+.74), la presencia de cajeros automáticos (+.72), el uso de computadora personal (+.67) y la posesión de una computadora en el hogar (+.53). De hecho, no llama la atención encontrar una fuerte correlación entre el desarrollo de la seguridad privada y el nivel de ingresos de los hogares (+.66) y de las personas (+.65). Una población más rica, con un estilo de vida más moderno, encuentra en los mercados de la seguridad un medio para satisfacer sus diversas necesidades de protección. Puede considerarse que, en general, en las provincias más ricas existe un mayor nivel de formalidad económica, y que una serie de actividades que se desarrollan aquí a través de contratos, empresas, asalariados y dinero, en otras zonas del país puedan resolverse a través de mecanismos informales, servicios personales o relaciones de clientela. Por lo tanto, la generalización de los mercados como institución económica depende de una serie de causas sociales más amplias. De hecho, los niveles de mercantilización de la seguridad no sólo se modican en el tiempo, sino que también varían según los países, las regiones y los grupos sociales. En términos de condiciones de vida, no llama la atención que los servicios de seguridad privada tengan mayor nivel de penetración en poblaciones que tienen también un acceso mayor a otros servicios, como el acceso a desagües cloacales (+.57), el teléfono jo (+.53) o el agua de red (+.42). Y que estén más disponibles, globalmente, en las provincias que tienen una mayor índice de desarrollo humano (+.54). A su vez, el fenómeno está ligado a cuestiones morfológicas tales como la densidad de la población (+.46) y el nivel de urbanización (+.56 cuando hablamos de población en núcleos de más de 2000 habitantes, +.49 cuando nos referimos a centros urbanos de más de 50.000). Como otros fenómenos sociales a los cuales está estrechamente vinculada, la seguridad privada es una realidad preeminentemente urbana.
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Sin embargo, al menos a escala global, no hay relación con los distintos indicadores de desigualdad, sea en términos de distribución del ingreso (-.166) o de brecha de ingresos (+.03). Observaremos en el próximo capítulo el modo en que la estructura de clases moldea los consumos domésticos de seguridad privada. Pero la desigualdad social no parece determinar globalmente a un fenómeno que depende más estrechamente del volumen de la actividad económica y la modernidad de los estilos de vida. Existe una implantación diferencial de la seguridad privada en función de ciertas características morfológicas de la población. Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la relación entre el desarrollo de esta actividad y variables especícamente criminológicas. El auge de la seguridad privada tiene lugar en un marco general de aumento de los delitos, y eso con independencia de los reparos a la forma en que se producen las estadísticas que procuran medirlos (Lorenc Valcarce, 2009). Si analizamos la evolución del volumen global de los delitos y la cantidad de asalariados de las empresas de seguridad, observamos que hay una fuerte covariancia entre ambos indicadores: considerando el desarrollo a lo largo de tres lustros, la relación entre las tasas de delitos y la cantidad de empleados de seguridad privada es muy fuerte.1 En un plano sincrónico, hay una relación positiva entre la tasa global de delitos y el desarrollo de la seguridad privada (+.44). No puede descartarse el papel que desempeña la inseguridad en la estructuración del fenómeno. Ahora bien, la cifra global de delitos es un indicador muy vago de aquello que suele llamarse la inseguridad objetiva. Algunos delitos no tienen ninguna relación con lo que socialmente se dene como inseguridad, por ejemplo, las muertes dolosas en accidentes de tránsito o los delitos de guante blanco. Para determinar el efecto especíco de los diferentes tipos de delitos sobre el mercado de la seguridad, se consideran primero los datos globales de delitos contra las personas y delitos contra la propiedad, luego dos tipos precisos de delitos para cada una de estas categorías, a saber el homicidio doloso y el robo de vehículos. Consideremos primero las dos categorías globales que pueden guardar alguna relación con el desarrollo de la seguridad privada: los delitos contra las personas incluyen homicidios y lesiones, siendo las lesiones culposas más de la mitad de los casos, las lesiones en 1
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Los primeros datos agregados sobre empleo en el sector de seguridad privada de que disponemos son de 1994, mientras que los últimos datos ociales sobre delito en Argentina son de 2008. Por esta razón utilizamos este marco temporal para el presente análisis.
accidentes de tránsito poco menos de un tercio; los delitos contra la propiedad incluyen sobre todo robos y hurtos, que constituyen casi el 90% de los casos. Estos indicadores expresan los atentados globales contra los bienes y las personas, sea con intención delictiva o por simple negligencia. Ambas variables independientes están fuertemente ligadas con el volumen de empleo en la seguridad privada. Aunque constituyen una base objetiva para la inseguridad, sabemos que estas dos categorías incluyen no obstante muchos tipos de actos y situaciones que no siempre son experimentados como tales. Lo inesperado es que la mayor correlación esté dada con los delitos contra las personas: normalmente, la seguridad privada está ligada orgánicamente con la protección patrimonial a través de técnicas preventivas. El hecho de que se asocie más fuertemente con delitos de otro tipo puede estar mostrando que hay una mediación importante a través de los símbolos asociados a la cultura de la inseguridad. Cuando se analiza la inseguridad subjetiva, se observa que las personas temen sobre todo los ataques físicos y, particularmente, el homicidio: por medio de esta representación, debería entonces existir una relación entre la tasa de delitos contra las personas y el desarrollo de la seguridad privada. El análisis diacrónico muestra que esta tendencia tiene algún asidero empírico. Sin embargo, cuando se analiza los datos para las provincias argentinas, la seguridad privada tiene poca correlación con el nivel de delitos contra las personas (+.32) y ninguna relación con la tasa de homicidios (-.13). Puede interpretarse que el nivel de delitos contra las personas, y particularmente la tasa de homicidios, no es un factor con inuencia directa y clara sobre el desarrollo de la seguridad privada. Esto no parece inconsistente con los análisis cualitativos sobre las motivaciones de los clientes de las empresas de seguridad privada: por un lado, la mayoría de los clientes orientan su acción en función de la reducción de pérdidas y la gestión de riesgos multidimensionales; por otro lado, los clientes particulares –que son minoritarios en las carteras de las empresas del sector– actúan en función de su denición de la situación y no sobre la base de sus condiciones objetivas de existencia. Si es cierto que la seguridad privada ofrece servicios preventivos orientados a la reducción de pérdidas y la protección del patrimonio, la probabilidad de victimización que se expresa en la tasa de delitos contra la propiedad debería llevar a una parte de la población a consumir este tipo de servicios. En efecto, las provincias en las que hay más delitos de este tipo son también las que presentan un
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desarrollo más marcado de la seguridad privada (+.39), tendencia que se conrma si consideramos el robo de vehículos (+.41). Estas distribuciones van en la misma dirección que otros indicios: los mercados de la seguridad están ligados a los delitos contra la propiedad y ofrecen dispositivos de protección contra este tipo de amenazas, inscribiéndose en una lógica de defensa del patrimonio. El conjunto de estos análisis muestra que el desarrollo de los mercados de la seguridad privada tiene lugar en un contexto de aumento general de los delitos. Sin embargo, la morfología del delito no alcanza para explicar el auge de este fenómeno. La explicación de la seguridad privada sobre la base de variables estrictamente criminológicas no considera solamente el efecto de los delitos sobre el comportamiento de los actores –la demanda de seguridad privada–, sino también las supuestas fallas de una oferta policial insatisfactoria. Una de las hipótesis propuestas por los estudios sobre la seguridad privada arma que el desarrollo de los mercados de la protección depende de un rezago de la oferta pública policial, que expresa a su vez una crisis más general del Estado: según esta interpretación, los servicios privados deberían expandirse a medida que los servicios públicos muestran su insuciencia o su inecacia. Ahora bien, muchas investigaciones internacionales muestran que los gastos en seguridad privada y en seguridad pública evolucionan de modo concomitante. Algunas distribuciones estadísticas simples pueden servirnos como punto de partida para avanzar algunas interpretaciones sobre el caso argentino. En primer lugar, puede considerarse el nivel de los gastos en seguridad en el ámbito subnacional. Si la seguridad privada se expande a costa de la policía pública, deberíamos observar evoluciones contrarias para los indicadores que miden estos fenómenos. Sin embargo, allí donde hay mayor gasto público en seguridad hay también una mayor presencia de seguridad privada. Estamos antes dos respuestas diferentes, pero más complementarias que alternativas, frente a los problemas complejos de una sociedad en mutación. Para medir la inversión pública en seguridad elegimos dos indicadores: por una parte, la cantidad de personal de seguridad pública cada 100 mil habitantes; por otra parte, el volumen de gasto en seguridad por habitante. El primero corresponde a la presencia de agentes policiales, mientras que el segundo estima la cantidad de dinero público destinado a la producción de seguridad. Estos indicadores deberían dar cuenta del nivel de la oferta pública de servicios policiales.
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Según la hipótesis de la crisis del Estado, la seguridad privada nace porque la policía no satisface las necesidades de la población. Por lo tanto, debería haber más seguridad privada allí adonde hay menos seguridad pública: no obstante, la relación entre la cantidad de agentes de seguridad privada y la cantidad de agentes de seguridad pública es positiva (+.47). Los datos obtenidos a nivel local a través de encuestas realizadas en distintos centros urbanos muestran la misma conguración: es allí donde las personas arman que la policía tiene una fuerte presencia en el terreno que también se enraízan con mayor vitalidad los mecanismos privados de protección (Lorenc Valcarce, 2011: 336-347). Por su parte, el análisis de los presupuestos provinciales revela que las poblaciones que más gastan en seguridad por medio del Estado son también las que más desembolsan en los mercados de la seguridad privada. La correlación entre ambas variables es relativamente alta (+.50), cuando debería ser negativa para corroborar la hipótesis antedicha. La variable que explica ambas parece ser la riqueza global de una población que, además de padecer más delitos contra la propiedad, tiene recursos para destinar a distintos mecanismos de control del delito. En efecto, tanto el desarrollo de la seguridad privada como el gasto público en seguridad están fuertemente relacionados con el ingreso per cápita (+.76 y +.82, respectivamente). Esta relación se mantiene casi con la misma intensidad cuando se incluye la tasa de delito como variable de control. Podrían verse allí dos factores que contribuyen a una mayor demanda global de seguridad: las necesidades objetivas de protección que pueden medirse a través de la cifra del delito y la disponibilidad de recursos que acompaña el nivel general de riquezas. Esta demanda recibe dos respuestas: una política pública organizada a través de las fuerzas policiales y una política mercantil desplegada por empresas privadas que celebran contratos con sus clientes. Estas dos respuestas no parecen alternativas sino complementarias. En resumen, podemos observar que no existe una oposición entre el desarrollo de la seguridad privada y la presencia de una fuerza pública encargada de la lucha contra el delito. Contrariamente a la concepción de la seguridad privada como una respuesta alternativa frente al desentendimiento del Estado, el análisis ofrece algunos indicios de que es en los mismos lugares en que el Estado tiene más presencia que los mercados de la seguridad se desarrollan más vigorosamente. Por lo tanto, es menester buscar en otro lado las causas especícas que estructuran el desarrollo de la seguridad privada.
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1.2. Un universo plural de usuarios de seguridad privada
Como bien mostró la economía política clásica, la demanda de un bien o de un servicio cualquiera no es independiente de su oferta. Los productores contribuyen a moldear las preferencias de los consumidores potenciales y determinan directamente el consumo por el simple hecho de poner en circulación un objeto con determinadas características. El desarrollo de una industria especializada en la producción y comercialización de ciertos bienes y servicios, la emergencia de ciertas concepciones acerca de la calidad de lo que se ofrece y del modo en que se organizan las prestaciones, la formación de un empresariado con ciertas concepciones acerca del modo en que se produce un servicio, las competencias y disposiciones de los encargados de llevar a cabo las tareas denidas en función de estos principios, son todos elementos que participan de una denición relativamente autónoma de las prestaciones de seguridad privada por parte de los productores. Ahora bien, las necesidades no pueden ser totalmente inventadas. Dependen de la estructura, las disposiciones y las lógicas de acción de los consumidores, que a su vez remiten a determinantes sociales más generales. Para reconstruir la estructura de la demanda de seguridad privada, analizamos las declaraciones juradas presentadas por las empresas que contratan con el sector público ante la Ocina Nacional de Contrataciones. Para aquellas que no lo hacen, recurrimos a las listas de clientes presentadas en las carpetas comerciales, sitios de internet, información de prensa o materiales de entrevista. En total, contamos con información conable para la clientela de 424 empresas de seguridad privada, lo que arroja un total de 1197 usuarios. Una primera clasicación de la clientela de las agencias de seguridad nos revela que las empresas del sector privado representan el 73% del conjunto de los usuarios, los hogares el 14,4% y los organismos públicos el 12,6%. Lejos de tratarse de una práctica reservada a individuos y familias pertenecientes a las clases privilegiadas, que se protegerían de pobres y delincuentes en un contexto de creciente desigualdad y violencia, el consumo de seguridad privada tiene como principal sujeto a organizaciones complejas, tanto públicas como privadas, que utilizan distintos medios de protección y vigilancia para regular sus actividades y mantener los límites con el entorno en el marco de una lógica del control de pérdidas y de gestión de un orden instrumental. Solo subsidiariamente hay un uso especíco de la seguridad privada en
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los espacios de vida que tiene como horizonte la inseguridad ligada al delito y la violencia. Cuando lo desagregamos en función de las actividades que realizan los clientes, el panorama es el siguiente: CUADRO 6. Clientes de empresas de seguridad privada según rama de actividad (Argentina, 2001-2013) Actividad o sector
Industrias Viviendas Transporte, logística y distribución Entretenimiento Comercios minoristas Organismos públicos Bancos y servicios nancieros Centros comerciales y supermercados Establecimientos de salud Servicios varios Constructoras Energía y agua Establecimientos educativos Minería y petróleo Comunicaciones Agricultura, ganadería y pesca Total
Cantidad
Porcentaje
203 172 140 96 95 95 65 60 54 53 35 34 28 28 23 16 1197
17,0 14,4 11,7 8,0 7,9 7,9 5,4 5,0 4,5 4,4 2,9 2,8 2,3 2,3 1,9 1,3 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de declaraciones juradas presentadas ante la Ocina Nacional de Contrataciones, 2001-2013
Salta a la vista la heterogeneidad de los consumidores de seguridad privada: existe una pluralidad de usuarios y, como veremos más tarde, de motivaciones y nalidades en la utilización de estos servicios. Por lo tanto, no puede reducirse el signicado del desarrollo del sector a una única causa, o a una función general de protección. En cada uno de los espacios en los que se acopla, la seguridad privada tiende a articularse según lógicas especícas. Como acabamos de observar, la primera categoría corresponde a diversos establecimientos privados, que van desde las empresas industriales y los bancos hasta los centros comerciales, los supermercados y los locales de atención al público. En el mundo de las empresas, la seguridad privada está estructuralmente vinculada a la gestión racional de riesgos, que tiene como elementos fundamen-
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tales la protección de los bienes y la regulación de la circulación de personas en ámbitos espaciales restringidos. En este universo, las empresas de servicios constituyen la categoría más importante, con poco más del 41%, las empresas industriales representan el 17% y las empresas comerciales el 13%. Por detrás de estos grandes sectores económicos agrupados se ubican las constructoras, las actividades extractivas, la agricultura, la ganadería y la pesca. Las empresas de servicios ocupan un lugar central entre los consumidores de seguridad privada: esto incluye a empresas de transportes de personas y de mercaderías, servicios públicos privatizados como la electricidad y el agua, servicios nancieros y comerciales, incluidos los bancos. Algunos sectores se destacan especialmente. En primer lugar, las empresas que ofrecen servicios asociados a la circulación de bienes y personas representan por sí mismas casi el 12% de los consumidores de seguridad privada. Los servicios de vigilancia se realizan sobre todo en depósitos y centros de distribución, incluyendo terminales portuarias y aeroportuarias, mientras que los vehículos mismos –en particular, los camiones pero también los navíos y los ómnibuses– son objeto privilegiado de seguimientos por medio de custodias humanas o satelitales. En segundo lugar, los ámbitos de esparcimiento también conocen de una presencia importante de servicios de seguridad privada y representan el 8% del total de los clientes de las empresas. Restaurantes, hoteles y casinos, bares, discotecas y clubes son lugares en los que la vigilancia privada tiene una fuerte presencia. Esto se intensica en los momentos en que se realizan eventos musicales y deportivos, algunos de ellos fuera de estos lugares especícos. En casi todos estos ámbitos se realizan tareas de portería, en algunos casos bajo la modalidad especíca de control de acceso y permanencia. Finalmente, los bancos y los establecimientos de salud son clientes importantes de las empresas de seguridad: en ellos, la protección del patrimonio va asociada al no menos importante ordenamiento del acceso, la circulación y la permanencia del público. Consideradas en su conjunto, las empresas industriales tienen un lugar importante entre los consumidores de seguridad privada. La vigilancia en fábricas, luego acompañada por la custodia en los depósitos y los procesos de distribución, ha sido una de las primeras actividades realizadas por las empresas de seguridad privada. Hasta la década de 1970, eran prácticamente los únicos espacios en los que este negocio tenía un desarrollo importante. Y sigue siendo hoy un lugar privilegiado. Entre las empresas industriales
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destacan las alimenticias, las metalúrgicas, las petroquímicas, las farmacéuticas y las textiles. En todas ellas, las empresas de seguridad prestan servicios de vigilancia y control de accesos en plantas y ocinas, además de servicios vinculados con la distribución (en particular, depósitos y transporte). De todas maneras, en cualquiera de estos ámbitos la seguridad privada tiende a combinar, como hemos observado, el control perimetral y la protección del patrimonio. En el caso del comercio, los espacios más desarrollados son los que corresponden a los centros comerciales, hipermercados y supermercados. La literatura internacional presenta a las grandes supercies, en particular a los shoppings, como un nuevo modo de organización del espacio que reclama por sí mismo la presencia de una forma especíca de policiamiento: la que las empresas de vigilancia proveen en los ámbitos privados de acceso público. Allí, se regulan las actividades que los visitantes realizan en el centro comercial, que no necesariamente coinciden con los nes de la empresa que lo explota. En el caso de los supermercados, como en las fábricas y en las tiendas, se trata de evitar el robo de mercancías: además de los dispositivos electrónicos, la presencia del vigilador trata de evitar que los aparentes clientes se apropien de bienes sin abonar por ellos. Junto a estos ámbitos clásicos, llama la atención la proliferación de mecanismos de seguridad privada, y en particular de seguridad física, en tiendas de productos electrónicos y artículos para el hogar, farmacias y negocios de venta de ropa. La presencia de los vigiladores es cada vez más visible, y esto no ocurre solamente en las ciudades argentinas. Para poner en perspectiva esta conguración, podemos hacer un análisis especíco de los clientes corporativos. Dejamos de lado los organismos y las empresas públicas, así como los ámbitos residenciales en los que se consume seguridad privada. Consideramos únicamente las empresas y su distribución en función de la actividad principal que realizan. Luego calculamos el porcentaje que las mismas representan en el universo de los consumidores de seguridad privada, y lo comparamos con su peso relativo en el universo general de las empresas del país. Los resultados son los siguientes:
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CUADRO 7. Clientes de empresas de seguridad privada y conjunto de establecimientos totales según sectores de la economía, en porcentajes (Argentina, 2001-2013) Sector
Servicios Industria Comercio Construcción Minas y petróleo Agricultura, ganadería y pesca Total
En el conjunto de la economía
En usuarios de seguridad privada
46,7 11,2 25,7 4,2 0,3 11,9 100,0
48,8 23,8 18,2 4,1 3,2 1,9 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de declaraciones juradas presentadas ante la Ocina Nacional de Contrataciones, 2001-2013 y de datos del Ministerio de Economía.
En el universo de los clientes de seguridad privada, las empresas de servicios tienen una presencia mayoritaria, pero apenas superior a su peso relativo en el conjunto de la economía del sector privado. Lo mismo sucede, a otra escala, con la construcción.2 Los sectores que están fuertemente sobrerrepresentados entre los clientes de la seguridad privada son la industria, la minería y la actividad petrolera. Como vimos, las plantas industriales son un locus privilegiado de la seguridad privada. Aunque su peso no sea determinante a nivel global, las empresas mineras y petroleras explican parte del desarrollo de la seguridad privada en la Patagonia. No obstante su presencia parece haber aumentado, sobre todo en centros comerciales, supermercados y tiendas de ropa de grandes cadenas, el sector comercial tiene una propensión relativamente baja al consumo de seguridad privada. Lo mismo sucede, con mayor intensidad aun, en las empresas agrícolas, ganaderas y pesqueras que son poco afectas –por su propia morfología– al uso de seguridad privada. Sin embargo, esta última aparece en sectores vinculados a aquellas actividades, como el transporte y la agroindustria.
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Al igual que la fábrica, el obrador aparece como ámbito privilegiado de despliegue de la vigilancia privada en los relatos sobre los orígenes históricos de la actividad. En el caso del universo que aquí analizamos, esto incluye tanto a las empresas que desarrollan proyectos de construcción de viviendas, como aquellas directamente vinculadas a la infraestructura industrial, vial o energética, muchas veces como contratistas del Estado.
Como veremos enseguida, el desarrollo de la seguridad privada responde a la demanda de organizaciones que procuran evitar pérdidas, sea por robos de clientes o de empleados, o que pretenden ofrecer a los clientes un ambiente seguro, como es el caso de los shoppings, los restaurantes y los barrios cerrados. En estos casos, la seguridad privada es más bien un modo de gestión de riesgos multiformes que un instrumento de lucha contra el delito. Ahora bien, esta forma de control y vigilancia tiene lugar también en el ámbito del Estado. No es extraño encontrar vigiladores privados en escuelas y universidades, hospitales y centros recreativos, empresas de gestión estatal, ocinas de atención al público, organismos descentralizados y ministerios. En efecto, los organismos del Estado nacional, los gobiernos provinciales y los municipios, son sobre todo consumidores de servicios de seguridad física. En la mayoría de los casos se trata de ocinas en las que se desarrollan actividades rutinarias de la administración pública, algunas de ellas con atención al público. En otros casos aparecen ámbitos que pueden asociarse con las industrias, como es el caso de una planta atómica o una fábrica militar, o con las empresas de servicios, como las compañías de transportes o los medios públicos de comunicación. Por lo tanto, esta categoría remite más a una forma jurídica que a una caracterización morfológica especíca, o a un tipo determinado de actividad. Esta presencia llama la atención sobre los cambios en los métodos de protección del patrimonio público y de gestión de la circulación del personal y del público en general. A su vez, obliga a reexionar sobre el papel de la policía en la vigilancia de las organizaciones estatales. Pero, sobre todo, exige considerar la transformación del empleo público y la inuencia de los contratos con particulares y sociedades comerciales en el funcionamiento global del Estado. Es por ello que este proceso debe, sin dudas, ser comprendido en el marco de las transformaciones organizativas que trascienden ampliamente los mercados de la seguridad. La última categoría agrupada está representada por los clientes residenciales, tanto en las viviendas situadas en countries y edicios de departamentos, como en las viviendas particulares. Más allá del lugar privilegiado que ocupan en las representaciones sociales de los consumos de la seguridad privada, el conjunto de las urbanizaciones cerradas representan menos del 3% de la cartera de clientes de las empresas de seguridad. Pero se trata de un hecho social que reviste interés histórico y cultural. Como nos comentaban viejos empresarios del sector, desde los años setenta las agencias de seguridad trasladaron una concepción de la protec-
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ción perimetral desde las fábricas hacia los barrios cerrados que empezaban a surgir, y que habrían de generalizarse más tarde. Con independencia de sus diferencias especícas, ligadas a los aspectos residenciales, estos ámbitos presentaban una organización espacial y material inteligible para las empresas acostumbradas a gestionar la seguridad de fábricas, depósitos y obrajes. Algo similar sucede con los ámbitos residenciales abiertos, que representan poco menos del 5% de la clientela de las agencias de seguridad: además del desarrollo de los sistemas de garitas, que tienen sus precursores también en el ámbito fabril y antes en el militar, la concepción de la seguridad que allí se impone consiste en establecer un cierre espacial del ámbito que debe protegerse. Más allá de ciertas resistencias localizadas, este proceso fue fomentado por parte de la población, y aceptado por las autoridades municipales. Junto con estas redes de vigilancia física que exploraremos más tarde, surge todo un tejido fundado en la tecnología que permite el monitoreo centralizado –y mercantilizado– de las intrusiones en el ámbito físico de la propiedad privada residencial. Finalmente, encontramos el más reciente desarrollo de la seguridad privada en los edicios de departamentos que representan casi el 7% de la clientela de las agencias. En este caso, las mismas tendencias que empujaron a ciertos segmentos de la población a los nuevos barrios cerrados, o que potenciaron el desarrollo de redes sociotécnicas de vigilancia en los barrios residenciales tradicionales, llevaron a un traspasamiento de los mecanismos privados de protección hacia el mundo de los consorcios. Allí, los vigiladores operan como porteros especializados en las tareas de control de accesos, y eventualmente de rondas. Estas tareas ya las realizaban en ocinas, supermercados y plantas industriales. Aquí deben adaptarse a las prácticas y las representaciones del público especíco que habita en su lugar de trabajo. Para comprender los consumos de seguridad privada es necesario considerar tanto los aspectos morfológicos como siológicos de los espacios en los que estas actividades se despliegan. Es decir, deben considerarse las propiedades físicas, espaciales, de escala y de organización, de los sitios en los cuales se realizan los servicios. Pero también las características institucionales, ideológicas y políticas que permiten distinguir ámbitos que morfológicamente pueden presentar similitudes, como un centro comercial y un hospital, una fábrica y una universidad.
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2. La seguridad privada en el mundo de la empresa
¿Por qué las empresas contratan los servicios de agencias de seguridad privada? ¿A qué nes sirve su utilización? ¿Qué tipo de concepciones y de prácticas están por detrás de esta conguración de las relaciones entre empresas? Para responder estas preguntas, recurriremos a las explicaciones ofrecidas tanto por quienes prestan servicios de seguridad como por aquellos que son responsables de contratarlos en el seno de las empresas que los consumen. El consumo de la seguridad privada en las empresas se orienta por dos racionalidades: por un lado, una racionalidad técnica que determina el recurso a agencias especializadas para procurarse los medios adecuados para lograr ciertos nes, en este caso, la satisfacción de las necesidades de ordenamiento de las actividades, protección de las personas y resguardo patrimonial; por otro lado, una racionalidad económica que procura reducir los costos y externalizar los riesgos vinculados a la contratación de mano de obra. Aunque estos dos elementos pueden ser distinguidos, la conjunción de ambos permite explicar la presencia generalizada de agencias de vigilancia en las empresas e, indirectamente, dar cuenta de la existencia misma de la seguridad privada como actividad diferenciada. 2.1. Prevención y control de pérdidas
La seguridad privada nace de un proceso por el cual una empresa u organización delega parte de sus operaciones a agentes formalmente externos, especializados en la prestación de servicios de vigilancia y resguardo patrimonial. Inicialmente, las empresas utilizan este mecanismo para procurarse medios técnicamente sencillos para resolver ciertos aspectos de su funcionamiento. Los responsables de la seguridad relatan que las necesidades de protección que sus empresas satisfacen mediante los servicios de vigilancia se formaron en su propio seno. También arman que la seguridad privada fue incorporada para hacerse cargo de tareas que nunca habían sido realizadas por la policía: La seguridad brindada por empresas privadas, surge en primera instancia por necesidades internas. Porque lo que es seguridad privada está limitado en un 90% de los casos, para estar puertas adentro. La seguridad privada no puede estar en la vía pública, ni siquiera en la vereda de la empresa. Eso es algo que muchos de los que contratan estos servicios por ahí ignoran. Por lo tanto, una empresa de seguridad privada me sirve para controlarme de
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puertas hacia adentro, donde la seguridad segur idad del Estado no puede actu actuar ar salvo sa lvo por orden de un juez. Entonces la primera necesidad surge surg e por ese aspecto [...] Después aparece lo de la inseguridad externa que se mete adentro. El rol que yo tenía de la vigilancia original que era cuidar que nadie me robe nada de adentro y lo saque, porque era eso. Y muy esporádicamente que alguien alg uien se me meta de afuera para par a cometer un ilícito, fue cambiando, ca mbiando, porque aparte apar te las empresas fueron cambiando. ca mbiando. Esta empresa, por ejemplo, ejemplo, paso de ser una empresa que fabricaba cosas a una empresa de servicios. Entonces ya no tengo que cuidar que alguien algu ien se lleve cosas, sino que no se me metan de afuera y que me asalten, o me hag hagan an atentados, o me secuestren (M. M., responsable de seguridad en una gran empresa de servicios).
Este testimonio permite identicar dos elementos que hacen a la implantación de la seguridad privada en la organización de las empresas. En primer lugar, los servicios de vigilancia y protección forman parte de los dispositivos de control de las poblaciones implemen impl ementados tados por la dirección di rección de las empresas –en particu pa rticular, lar, de las plantas industriales y depósitos– para reducir el fraude de los empleados, los proveedores y los transportistas. El advenimiento de la economía de servicios –y las transformacion tran sformaciones es de la industria del delito delito en el exterior de las empresas– empresas– vino v ino luego a modicar las la s necesidades de protección, y por tanto los nes que debían perseperseguir los servicios. En ade adelante, lante, las amenazas exteriores deberán deberán ser tenidas en cuenta. A tra través vés de dell recurs recursoo a la seguri seguridad dad pri priva vada, da, las em empre presas sas bus buscan can gestionar diferentes di ferentes tipos de de riesgos, “que no te desaparezc desaparezcaa nada, que no te entre quien no tiene que entrar (…) una vez que hay un problema, se investiga y se detecta cuál fue el problema y en base a qué se dio, y quién falló, o sea, se busca a los responsables. responsables.”” (M. ( M. T., responsable de seguridad en una empresa multinacional). Las consideraciones morales están ausentes del sistema de nes y principi pri ncipios os de operación de estas organizaciones. organi zaciones. No importa si las personas son buenas o malas, si las conductas son éticas o condenables, condenabl es, ni n i tampoco si hay delitos que tienen lugar en su seno. Lo que importa es su impacto sobre las pérdidas de la compañía. Se trata de gestionar el movimiento de los bienes y de las personas para detectar las fallas que puedan dar lugar a pérdidas ocasionadas por robos, negligencia o espionaje. Para ello, la vigilancia a través de de personal uniformado un iformado se integra con sistemas electrónicos y electroópticos: Tenemos detección de incendios, que hace a la seguridad, el sistema de cámaras, alarmas inalámbricas. Tenemos un circuito fijado para que se haga una ronda cada determinada cantidad de tiempo, en todo horario,
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donde hay un punto donde donde uno pone un lector que acumula información, infor mación, entonces los puntos críticos se van recorriendo y podés asegurar que el vigilador estuvo ahí a tal hora, se baja en la PC, tira un listado, l istado, de horas, horas, de recorridos y algunas otras cosas. Hay elementos más sofisticados, hay alarmas laser, etc. (M. T., responsable de seguridad).
A tra través vés de estos dispo disposi sitiv tivos os se bus busca ca con contro trolar lar la circula circulació ción n de personas y la situación de las cosas para identicar las potenciales potencia les fuentes de amenazas. Esto sirve sir ve para prevenir que sucedan hechos que puedan afectar los intereses de la empresa: “los tres pilares del trabajo son prevención de robos, prevención de accidentes y prevención de incendios, que en denitiva todo es prevención de pérdidas” (A. M., gerente de empresa de seguridad). Como vimos más arriba, los servicios de vigilancia y protección se denen casi exclusivamente de acuerdo a una teoría de la prevención de riesgos múltiples. Esto supone ponderar cuáles son las amenazas especícas especí cas a las que se enfrenta enfr enta un objetivo objetivo determinado, identi identi-cando las potenciales potencia les fuentes de pérdidas que deben ser atacadas. Esto puede hacerse de manera artesanal, aplicando una receta estandarizada, estandari zada, o bien utilizando métodos sistemáticos sistemáticos y evaluando la solución más beneciosa. Hay una pretensión de racionalidad por detrás de los dispositid ispositivos de seguridad, segur idad, una racionalidad racional idad que se apoya apoya en la elaboración reexiva de las necesidades de protección de un sitio particular y la anticipación de los comportamientos que pueden afectarlo. Pero otra forma de racionalidad participa part icipa también del del proceso global de contratación. La prevención de de pérdidas no puede ser más costosa costo sa que las pérdidas que se previenen. Si así fuera, la empresa preere simplem simp lemente ente computar computar la pérdida desconocida en sus balances. bala nces. Por lo tanto, la calidad de los servicios debe ser puesta en un balance con el costo de su adquisición. La innovación tecnológica es un subproducto de la búsqueda de prestaciones prestacio nes más accesibles. En efecto, la irr irrupción upción de sistemas electrónicos es posible gracias a la disponibilidad d isponibilidad de nuevas nuevas tecnologías, pero también debido debido a la necesidad de hacer más baratos ba ratos los medios de protección. El reemplazo de parte de los servicios de vigilancia humana por cámaras y alarmas, y su combinación en sistemas integrales integra les de segu seguridad, ridad, es una innovación al mismo tiempo técnica y comercial, que sintetiza los intereses de los prestadores y de los usuarios. Lo mismo sucede con el pasaje de las custodias al seguimiento satelital, satelital, o la instalación instalación de cámaras en medios de transporte. transp orte. La producción de los servicios de seguridad entraña la cooperación entre las empresas prestatarias y los portadores de las
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necesidades de protección. El peso de los distintos actores en la determinación de las prestaciones necesarias necesaria s depende depende tanto de los saberes especícos de que disponen unos y otros como del poder relarelativo que les permite imponer imponer su punto de vista. La litera l iteratura tura tiende a señalar que la seguridad seg uridad privada es una actividad gobernada por las necesidades y demandas del cliente. Esto es particularmente cierto cuando se trata de grandes empresas. Pero no siempre el cliente sabe lo que necesita, necesita, y por lo tanto sus requerimientos requeri mientos deben ser determinados en la interacción. En todo caso, el tipo de servicios implementados depende de la estructura y del funcionamiento general de los sitios en los cuales tienen lugar. Las prestaciones son denidas por los responsables de la organización de acogida en negociación permanente con la empresa emp resa contratada. Cada elemento elemento de un u n sistema de seguridad seg uridad es el resultado de una reexión colectiva, pero también de disputas en el seno de cada empresa empresa –sobre – sobre el destino de los recursos, recurs os, sobre la oportunidad de recurrir a tal o cual proveedor, sobre los benecios de determinados tipos de servicios, sobre la conveniencia de su tercerización, etc. Las decisiones suponen una anticipación de costos y benecios, y se ajustan permanentemente en función de la evaluación de los resultados. En lo que respecta a los contenidos de las prestaciones, la seguseg uridad privada privada se organiza según seg ún una un a lógica preventiva: preventiva: esto supon suponee que, a pesar las variaciones en las características de los ámbitos protegidos y de los dispositivos instalados, hay una tendencia universal a reducir los eventos que afecten al patrimonio, al funcionamiento y, y, como corolario, a la rentabilidad de la empresa. En efecto, las empresas de seguridad se limitan a proteger los bienes y la vida de sus clientes, y a ordenar las actividades que tienen lugar en su ámbito privado, sin prestar atención a los problemas de orden público ni tener en cuenta consideraciones normativas, salvo cuando afectan los intereses del cliente. Como señala David Garland, los servicios de seguridad segu ridad privada “se concentran en el ujo de la conducta delictiva y apuntan a sus formas más persistentes y costosas en lugar de buscar que se aplique la ley ley de un modo justo y totaliza tota lizante. nte. Optan por soluciones tecnológicas integradas, enraizando los mecanismos de control del delito en las prácticas de la empresa, de un modo que no sea intrusivo y no interera en el asunto central de la empresa, es decir, promover promov er las ventas, ventas, crear conanza con anza y tener ganancias” ganancias ” (Garland, 2005: 200 5: 266). Por eso, muchos analistas subrayan subrayan que la seguridad privada tiene como nalidad última el control de pérdidas, que
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participa en la producción de un orden puramente instrumental, policing ng for prot prot (South, 1988). que se trata pues de un puro polici 2.2. Reducción de costos y externalización de riesgos
El anclaje de los servicios de seguridad segu ridad en el funcionamiento de las empresas empresas dene algunas algu nas de sus características ca racterísticas técnicas. Pero otras reenvían a procesos pro cesos económicos más amplios y generales que no tienen tienen aquí más que una manifestación mani festación particular. particu lar. Por Por un lado, expresa las transformaciones de las necesidades de protección de los usuarios: cambios en las fábricas, transición a la economía de servicios, emergencia de centros comerciales y cadenas de distribución. Por Por otro lado, participa del movim movimiento iento de extern externali alización zación de las funciones secundarias secunda rias y de conformación con formación de una red de relaciones económicas: allí, la seguridad privada ocupa una posición subalterna y asigna asig na empleos empleos precarios, precar ios, exibles y mal remunerados remunerados a trabajadores con bajas calicaciones. Estos dos procesos se corresponden con la dualidad que puede observarsee en la seguridad en tanto mercancía: tiene un contenido observars material mate rial que brota de sus cualidades técnicas, pero tambi t ambién én una forma social que le viene dada por el modo en que es producida y adquirida. Ante los gerentes de las empresas, esto se presenta como la oposición entre una actividad sensible y una prestación como cualquier otra: Por un lado, tenés que cuidarlo cuida rlo como cualquier contrato de subcontratista subcontrati sta de mano de obra que estás haciendo. Llámese motoqueros, llámese llá mese operarios de limpieza, llámese ll ámese proveedores de gente que te hace software. soft ware. Con todos tenés que tener las mismas pautas que tenés en todas las contrataciones: el ANSES, los ingresos brutos que paga, o sea, todo ese tipo de cosas que requiere, que cuando vos contratás personal lo tenés que cumplir. Esto es más sensible porque es gente que tiene un trabajo delicado (J. B., gerente de una empresa industrial).
Más allá de los contenidos de las prestaciones, la forma de la relación –la subcontratación– se impone como criterio de organización del trabajo. La seguridad contractual, como la llamaron Shearing y Stenning hace más de treinta años, depende directamente de este sistema de producción. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que llevan a una empresa a externalizar los servicios? Hay un movimiento general que va en esta dirección, di rección, pero también t ambién razones precisas que se aplican a este caso particular.
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En la economía fordista, el conjunto de las funciones necesarias necesar ias para la producción estaban estaban integradas en la gran g ran rma capitalista: los servicios especializados de vigilancia vig ilancia aparecen como unidades internas en la empresa de organización multidivisional (Spitzer y Scull, 1977). En las últimas décadas se dio una u na tendencia tendencia sostenida a la externalización de los servicios auxiliares y las actividades secundarias. En el caso particular de la vigilancia v igilancia y la protección, la existencia misma de un conjunto de empresas cuya cantidad y tamaño aumenta sin cesar constituye un indicador bastante conablee del alcance de la externalización de esta función. conabl f unción. Los testimo t estimonios nios de quienes participan de este proceso señalan tanto los costos como la calidad para justicar el recurso a concontratistas: Usted sabe que tiene que tener algún algú n tipo de control. El problema es quien lo va a hacer, si lo va a hacer usted a través de su gente, o lo va a hacer a través de un tercero. Si lo hace a través de su gente, tiene que armar una organización de control, bancarse las la s enfermedades, los despidos, los problemas y poder cubrir todos los agujeros, y mantener la continuidad […] Si usted decide que no lo va a hacer por usted mismo, sino a través de un tercero, hasta por ahí a hí puede convenirle, porque por ahí sus su s sueldos de convenio son más altos a ltos que los de los vigiladores y cua ndo termina de hacer la cuenta, la diferencia de dinero es poca y usted no tiene ningún problema, paga y se saca el problema de encima. Del otro modo, paga igual y tiene los problemas (J. L., propietario y presidente de empresa de seguridad).
La cuestión de los los salarios salar ios es fundamental. fundamental. Los Lo s vigiladores vigi ladores están están entre los asalariados con peor paga del sector formal de la economía. Su fuerza de trabajo puede ser adquirida a un costo menor que en sectores como la industria, las nanzas o el transporte. Por otra parte, el usuario usuar io puede puede administrar con gran exibilida exibilidadd la cantidad de personal que requiere, variando según el ritmo de sus propias actividades. Al no existir un vínculo salarial con los vigiladores, vig iladores, no deben pagarse los costos que afronta af ronta el empleado empleadorr ni correrse los riesgos acarreados aca rreados por accidentes, licencias o despidos. Si el usuario necesita disminuir o aumentar el número de vigiladores, simplemente renegocia los términos del vínculo comercial o solicita directamente el cambio al contratista. Incluso en caso de cambiar de empresa proveedora, puede puede conservar a los agentes de seguridad que a su juicio le hayan servido satisfactoriamente. Pero no solamente el cálculo de costos y la evaluación de los servicios recibidos conducen a las empresas a subcontratar a prestadores externos de seguridad segur idad privada, privada, sino que existe también un condicionamiento normativo. En algunos algu nos casos, las normas son
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de carácter público, como en el caso de la ley de seguridad bancaria que obliga a los bancos a tener ciertos dispositivos de protección. En otros casos son de carácter privado: en diversas ocasiones, los testimonios recogidos apuntaron hacia las compañías de seguros como impulsoras directas del recurso a los mercados de la seguridad. Este aspecto ha sido señalado por la literatura internacional (Bartel, 1975; Lemaître, 1995; Ocqueteau, 1995; South, 1988). En resumen, una de las claves que permiten entender la existencia de la seguridad privada es la tercerización. La existencia de empresas especializadas en la prestación de servicios de vigilancia y protección se explica por razones técnicas y económicas: por un lado, puede entenderse que los prestadores especializados tienen mayor capacidad operativa para ofrecer servicios de calidad; por otro lado, la contratación de un prestador externo facilita la circulación y la adaptación del número de personal a las necesidades estacionales del cliente. En el primer eje, la contratista se encarga de ciertas operaciones de la organización que la contrata. En el segundo eje, se hace cargo de regular la calidad y el ujo del personal encargado de ellas, operando parcialmente como una agencia de empleo. Ahora bien, más allá de estas razones técnicas, lo cierto es que el salario de convenio del sector de seguridad privada es uno de los más bajos de la economía. Por lo tanto, quienes contratan estos servicios pueden pagar salarios inferiores a los que deberían pagar a empleados internos de su organización. 3. La seguridad privada en la administración pública
El Estado no es solamente un conjunto de instituciones políticas que ejercen la autoridad soberana, sino también un conjunto de administraciones y organismos burocráticos que enfrentan los mismos desafíos y tienen los mismos requerimientos que cualquier otra empresa humana impersonal y de gran escala. No debería sorprender, en este sentido, que la administración pública sea escenario de procesos de externalización y contractualización semejantes a los que observamos en las empresas. Ahora bien, los procesos de toma de decisiones y de ejecución de medidas administrativas en el sector público tienen singularidades que no hemos de encontrar en las empresas. Algunas de estas singularidades dependen de las disposiciones jurídicas a las cuales deben ajustarse los agentes estatales a la hora de producir sus acciones, incluidas las compras y contrataciones. Otras, no menos importantes, se debe a las particulares dinámicas políticas, gremiales e ideológicas que caracterizan al aparato estatal. 197
3.1. La gestión instrumental de las dependencias estatales
¿Cómo se producen las necesidades de protección en las administraciones? Podemos obtener algunos elementos de respuesta de tres casos en los no había servicio de seguridad privada y donde se puso en marcha un proceso de contractualización. En primer lugar, el caso de un Ministerio. El comisario responsable de la protección policial del Ministerio comunica a los secretarios, y muy especialmente al Subsecretario de coordinación encargado de las contrataciones de bienes y servicios para la administración, que no tienen bastante personal para proporcionar más horas de servicio policial, que son en su opinión necesarias. Al mismo tiempo, avanza la posibilidad de convocar a una empresa privada de seguridad para que las provea. Algunas semanas más tarde, un comisario retirado con importantes funciones institucionales entre sus pares llama por teléfono para recordar al funcionario que hay antiguos camaradas que trabajan en el sector y que sería importante tenerlos en cuenta si se convoca a un prestador para asegurar estos servicios. Por razones políticas e ideológicas, este planteamiento no desemboca en una relación comercial; pero podría haberlo hecho en otro contexto, y nada impide pensar que así se procura generar una necesidad y orientar las compras hacia un determinado proveedor. En segundo lugar, el caso de algunos locales de la municipalidad de Buenos Aires. Una auditoría realizada en el Centro Cultural Recoleta –que incluye un museo de arte contemporáneo y varias salas para manifestaciones artísticas– concluye que “dado el número de accesos del organismo auditado, el personal de seguridad asignado resulta extraordinariamente insuciente, en la medida que sólo hay dos agentes en la entrada principal”.3 Otra auditoría, realizada en un hospital público, destaca los defectos de los dispositivos de protección de las personas y los bienes.4 Este tipo de auditoría permite a quienes dirigen estas instituciones hacer un pedido a los responsables administrativos y políticos: directores de compras, directores generales, subsecretarios o secretarios. Se trata de un mecanismo institucional que desencadena el recurso a la contractualización de los servicios de vigilancia, o a la compra de los equipamientos necesarios. 3 4
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Auditoria n° 328/1996, Auditoria General de la Nación. Informe nal, Auditoria del Hospital Argerich 2003-2004, Auditoria General de la Nación, agosto 2005.
En tercer lugar, el caso de una facultad de ciencias humanas. Se dan hurtos frecuentes en las aulas de la universidad y las autoridades hacen pública la situación, indicando a través de carteles que los estudiantes y los profesores no deben dejar bolsos o prendas de vestir en las salas durante las pausas. Las medidas no parecen tener los resultados deseados. El consejo directivo de la facultad –dominado por profesores elegidos por una coalición progresista– propone entonces un contrato de vigilancia con una cooperativa que ya opera en otra facultad. El conjunto del sistema político de la facultad –y sobre todo los grupos de izquierda del movimiento estudiantil– se moviliza para denunciar la voluntad de introducir una policía privada para supervisar a los estudiantes, y también a los artesanos, a los chicos de la calle y otras personas que circulan en el establecimiento.5 Los sindicatos de trabajadores arman que se podría establecer un servicio interno de control de acceso y rondas, sin recurrir a empresas privadas que utilizan los servicios de antiguos policías o militares. Después de fuertes luchas sindicales y partidarias se aprueba el contrato. Estos ejemplos muestran la complejidad de los procesos de tomas de decisión en las organizaciones del sector público. En toda medida que afecte al personal, en toda decisión que implique la apropiación diferenciada de partidas presupuestarias, en toda adquisición de bienes y servicios, han de hacerse presentes una pluralidad de actores, intereses, argumentos, justicaciones e incluso amenazas. Políticos, funcionarios de carrera, trabajadores, gremios, organismos de control, instancias judiciales, contratistas, lobbies, etc. han de intervenir cuando se trata de un proceso regido por los principios que caracterizan a la administración pública en sus distintos niveles y áreas. Ahora bien, existe también una dimensión de la contratación de servicios de seguridad que depende de criterios morfológicos y técnicos que hacen a la naturaleza de las prestaciones y su enraizamiento en los lugares sujetos a vigilancia y protección particular. Una vez que la contratación de seguridad privada se naturaliza y deja de desatar controversias en el seno del aparato estatal, el vínculo con los proveedores de servicios de seguridad se asimila al que tiene por objeto otras prestaciones. Se trata de conseguir los servicios mejor adaptados a los requerimientos del objetivo que debe ser protegido. 5
Se trata de carteles y volantes observados en el establecimiento durante el segundo semestre de 2006.
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El análisis de casi un centenar de llamados a licitación y concursos de precios de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales revelan el modo en que se denen las necesidades de protección y las condiciones especícas que la estructura de los objetivos imponen a las prestaciones. Algunos ejemplos particulares permiten ilustrar el tipo de deniciones que se manejan en estos documentos, plasmando los estudios previamente realizados y anticipando los servicios por implementar. En el caso de un hospital de la ciudad de Córdoba, las tareas asignadas al personal de vigilancia son las siguientes: Recibir a los pacientes/enfermos y sus familiares, con la calidez humana necesaria; acompañar a los familiares en diferentes situaciones que se planteen; resguardar en un todo el patrimonio del Hospital de Urgencias; identificar y prohibir la circulación de toda persona ajena al Hospital de Urgencias, como así toda persona ajena de vínculos con el paciente, con la única excepción de los medios de comunicación autorizados; informar a los pacientes y familiares la prohibición en la circulación en áreas y zonas restringidas; hacer cumplir prohibiciones de circulación y permanencia en la rampa de acceso al Hospital de Urgencias y rampa de acceso a la cochera del subsuelo; requisar baúles, interiores de los vehículos; coordinar con el personal del Hospital de Urgencias el cumplimiento de régimen de horario de visitas a los familiares evitando el desorden; prohibir a los familiares la visita fuera del horario estipulado. 6
Para la misma época, otro organismo dependiente de la misma municipalidad, en este caso la dirección de obras públicas, requería los siguientes servicios de una empresa de vigilancia: Controlar las entradas y salidas de personal, vehículos, materiales, herramientas, objetos y demás elementos, todos los días y en el horario que corresponda; realizar rondines permanentes, tanto en el predio de los obradores; registrar por escrito en el libro de órdenes de servicio, todos los movimientos originados por vehículos, materiales y personal, siguiendo las instrucciones de la Supervisión; revisar en recorrida por todas las instalaciones la existencia de situaciones que pudieran general accidentes o siniestros de cualquier naturaleza; verificar que puertas y ventanas que comuniquen con el exterior se encuentren debidamente cerradas, durante los momentos en que no se cumplan las tareas en los respectivos obradores.7
En los dos casos, las características de los sitios reducen el universo de las prestaciones posibles y necesarias. Un hospital no es 6 7
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Municipalidad de Córdoba, Licitación n° 55-2005, art. 11. Municipalidad de Córdoba, Concurso de precios n° 323-2005, art. 10.
un obrador: las construcciones son diferentes, los objetos que deben protegerse también lo son; los movimientos de las personas son diferentes, y la relación de la organización con el público también lo es. Estas diferencias tienen efectos sobre el tipo de servicios requeridos, las características de los vigiladores y los comportamientos que se esperan de ellos. Las observaciones en el terreno permiten armar que las prácticas de los vigiladores se ajustan a los procedimientos previstos en la solicitud, y que existe una reexividad entre las descripciones y las acciones que constituyen los servicios. Al igual que en el mundo empresarial, los servicios de seguridad privada se enraízan en las operaciones de los sitios en los que se consuman. Puesto que las agencias de seguridad que prestan servicios en organizaciones privadas y en organizaciones públicas son las mismas, las variaciones técnicas de los servicios dependen mayormente de las rutinas y de las normas especícas que rigen en cada objetivo. En este punto, las estructuras sociales y espaciales de los sitios son tan importantes como las culturas organizacionales y las lógicas especícamente políticas del aparato estatal. 3.2. Contractualización, privatización, politización
Los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales están entre los principales consumidores de servicios de seguridad privada. La contractualización de algunas actividades –entre ellas los servicios de vigilancia, resguardo patrimonial y control de accesos– no parece ser un fenómeno impuesto desde el exterior, sino el producto de decisiones tomadas por los actores que ocupan posiciones dominantes en la cúspide del Estado: para ellos, existen ventajas técnicas, administrativas y económicas en la externalización de los servicios; eventualmente, hay también benecios para los individuos que favorecen a una empresa en una licitación. Ambos procesos se inscriben en un marco general de transformación organizativa del Estado, vinculada a cambios ideológicos profundos en las élites políticas y estatales: estos cambios acompañan el proceso de mercantilización de varias esferas de la vida social. A lo largo del siglo XX, el Estado argentino fue un empleador fundamental para la economía argentina. En 1986, había más de 1,8 millones de funcionarios que representaban un 16% de la población activa y un 23% de los asalariados argentinos: 50% trabajaban en las administraciones provinciales, 31% en las administraciones del Estado central y 19% en las empresas públicas (Orlansky, 1989: 65). En el último medio siglo, el empleo público se duplicó en las
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provincias y se mantuvo estable en el resto de las instancias: eso deriva directamente del proceso de descentralización de las funciones sanitarias, de enseñanza y de servicios públicos empezada desde la segunda mitad de los años sesenta (Orlansky, 1989: 66). La relativa inmutabilidad del número de funcionarios del Estado nacional hasta los años 1980 se explica por la transferencia de competencias y la contractualización de la administración puesta en marcha desde ese momento: esto incluye la “racionalización administrativa” de la empresa estatal de ferrocarriles en 1962, la concesión de las redes de autobús de la ciudad de Buenos Aires en 1963, la transferencia de los servicios médicos a las obras sociales y la subcontratación de los servicios de limpieza urbana en 1970 (Orlansky, 1989: 68). A partir de esa época comenzó también a hablarse de “patria contratista” para designar a las empresas que vivían mayormente de las compras del Estado. La organización de las administraciones del Estado argentino sufrió profundas transformaciones desde los años setenta y estas transformaciones se profundizaron durante el gobierno de Carlos Menem. La reforma del Estado implicó una fuerte reducción del número de empleados públicos, en particular, en la administración nacional y en las empresas públicas. A nales de los años ochenta, la administración pública nacional contaba con 874.000 empleados, mientras que diez años más tarde ya no había más que 266.000 (Oszlak, 2003: 520). Junto a este proceso de reducción del número de agentes, se estableció una verdadera administración paralela formada por personal contractual y empresas subcontratadas. Por una parte, cuadros técnicos y administrativos asumieron una parte importante de las tareas de monitoreo, reglamentación y control consustanciales al nuevo tipo de Estado. Por otra parte, un gran número de servicios auxiliares de la administración –de la limpieza a la consultoría pasando por el mantenimiento, el transporte y la imprenta– se externalizaron a empresas especializadas que rman contratos de prestación con las administraciones. La contractualización de la seguridad privada forma parte de este proceso más general: esta transformación estructural de la organización estatal contribuyó al desarrollo de prestadores externos que se organizaron como una verdadera industria. Aunque fundada sobre necesidades técnicas y operativas, la contratación de servicios de seguridad privada por parte de los organismos públicos implica siempre una determinada politización, por lo tanto conictos. En efecto, a pesar de la generalización de los contratos con empresas de seguridad que se pueden situar a todos
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los niveles y en todos los ámbitos del Estado, hay aún sectores en los cuales individuos y grupos, en particular, profesionales de la política que forman parte de las distintas expresiones del progresismo político y cultural, resisten. 8 En algunos casos, se les obliga a contratar servicios adicionales de policía a través de lobbies informales que forman parte de los intercambios ordinarios entre agentes de la administración. En otros casos, los propios responsables de seguridad preeren no recurrir al mercado: en un ministerio se montó un servicio interno de control de accesos, rondas y vigilancia garantizado por jóvenes licenciados en seguridad, intencionalmente seleccionados en función de su exterioridad con respecto a la cultura policial y a las prácticas represivas que le son solidarias. En el mismo sentido, una universidad nacional contrató a una empresa de seguridad privada hasta 2001, para sustituirla entonces por un servicio interno de encargados y porteros que “mejoró la prestación y redujo los costes”. Está totalmente claro que no se iba a recurrir a la policía para supervisar “la supercie del rectorado, el cuarto piso, la puerta de acceso y el centro de información”. 9 Este último ejemplo muestra que, como en la mayoría de los otros casos, los servicios privados de vigilancia contratados a través de procedimientos externos no concernían a tareas realizadas por la policía, sino por personal encargado de tareas no policiales de protección y vigilancia de los bienes y personas (ordenanzas, porteros, serenos). Pone de maniesto también que no hay un modo único y necesario de llevar a cabo las actividades funcionales dentro de las administraciones del Estado. Por lo demás, la contratación de empresas de seguridad no es más que un caso particular –y por otra parte muy modesto– de la relación que existe entre las administraciones y las empresas. En otros ámbitos, como la construcción de caminos, puentes o viviendas, la compra de medicamentos para los hospitales o de la comida para los planes de ayuda a las poblaciones desfavorecidas, circulan volúmenes de dinero mucho más elevados.
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Dos altos funcionarios entrevistados me confiaron, no sin orgullo, que habían impedido la contractualización de la seguridad en administraciones que estaban a su cargo. Esta resistencia de base política e ideológica –que se encuentra aquí como fundamento de la acción de los funcionarios en tanto potenciales clientes– se revela también en los debates en torno al reconocimiento de la industria de la seguridad privada por las autoridades públicas. Universidad Nacional de Mar del Plata, Informe de gestión 2001.
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En el caso ideal, la administración convoca y empresas en competencia proponen un precio para los bienes o los servicios pedidos. Pero los múltiples testimonios que se pueden encontrar en los medios de comunicación o recoger en conversaciones con personas que ocupan posiciones en el mundo de los negocios o en el campo burocrático, indican que se trata de mercados muy politizados. En efecto, estos contratos son muy a menudo la moneda que paga la ayuda a las campañas electorales o, en una lógica de privatización aún más radical, pero menos mercantil, los vínculos de parentesco o amistad con los funcionarios o los dirigentes políticos. Toda investigación sobre la relación entre el Estado y el mercado, pero también sobre la nanciación de la actividad política y los partidos, debería observar los presupuestos del Estado y los gobiernos locales, así como los concursos de las administraciones, y preguntarse acerca de los vínculos que unen a los vendedores y a los compradores, o también sobre la lógica política y económica que anima este vínculo. Se descubriría así un ajuste que está muy lejos de las visiones abstractas del Estado y su relación con el mundo social y económico. Si la privatización y la contractualización se legitiman en términos de ecacia, su práctica oculta a menudo una realidad bien diferente: la apropiación privada de los recursos públicos y la distribución de prebendas entre distintos tipos de clientela. En resumen, el Estado es desde hace mucho tiempo un comprador importantísimo de servicios de seguridad privada: a partir de los años noventa, todas las administraciones se convierten en clientes regulares de las empresas de vigilancia. Las tareas de control de accesos y protección del patrimonio, a veces garantizadas por la policía –sea en cumplimiento de su misión de servicio público, sea bajo el régimen de servicio adicional–, pero sobre todo por simples empleados cuyos roles eran más o menos difusos (porteros, recepcionistas, supervisores, choferes, etc.), son desde entonces atribuidas a personal externo, contratado y uniformado. En cualquier caso, no son tareas policiales las que se transeren, sino funciones ejercidas antes por otros agentes administrativos. Para ser precisos, cuando hablamos de las relaciones comerciales entre el Estado y la industria de la seguridad, convendría hablar de subcontratación antes que de privatización. Salvo que queramos jugar con las palabras para generar confusión.
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Conclusión
Analizando los dispositivos de vigilancia en Disneyworld, Clifford Shearing y Philip Stenning formularon por primera vez una concepción que sería luego validada por un sinnúmero de investigaciones sociológicas: las fuerzas de seguridad privada organizan sus actividades en función de la producción de un tipo particular de orden, que ellos proponen llamar “orden instrumental” y denen como “el conjunto de las condiciones que favorecen el logro de los objetivos fundamentales de la ‘comunidad’” (Shearing y Stenning, 1985: 29). Lejos de encargarse del control del delito, los agentes de seguridad privada se ocupan fundamentalmente de la prevención de pérdidas, el mantenimiento del orden y la prestación de servicios generales (Micucci, 1998: 44). Esto se debe al hecho de que la seguridad privada está gobernada por los intereses particulares de los clientes: los dispositivos y servicios de seguridad deben adaptarse a sus demandas (Wakeeld, 2008: 669). Como otras mercancías, los bienes y servicios consagrados a la producción de seguridad admiten una pluralidad de usos (Goold, Loader y Thumala, 2010). Los análisis presentados en este capítulo muestran que la seguridad privada está directamente ligada al desarrollo económico y la prosperidad de las poblaciones, lo que se traduce en la cantidad de recursos que los individuos y las organizaciones pueden destinar al consumo de bienes y servicios. En un marco en el que la preocupación por la seguridad se generaliza, la propensión global a la adquisición de servicios de protección aumenta. Por otro lado, las organizaciones públicas y privadas recurren a prestadores externos para procurarse estos servicios, lo que incrementa no la cantidad de empleados de unas y otras, sino el número de contratos con agencias especializadas. Al analizar la estructura de la demanda de seguridad privada, observamos que las organizaciones privadas y públicas desempeñan un papel central. Sus consumos responden a necesidades especícas que se basan tanto en elementos morfológicos y técnicos como en modos de funcionamiento y estructuración de las relaciones sociales. En este segundo aspecto, parecen existir lógicas que oponen –más allá de todas las propiedades comunes– a las empresas y a las agencias estatales. En las empresas, la compra de bienes y servicios a contratistas externos es una actividad rutinaria, no problemática. En todo caso, las tendencias recientes a la tercerización de actividades que antes se realizaban con personal propio planteó algunas resistencias gre-
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miales y gerenciales, pero el proceso avanzó sin mayores problemas en función de lo que los directivos consideran una combinación de mayor calidad y menor costo en los servicios obtenidos. En lo que respecta al Estado, la compra de bienes y servicios no es una actividad reciente. Pero hay un conjunto de tabúes políticos e ideológicos que operan como frenos a un proceso generalizado de tercerización que sería fácilmente visto como desmantelamiento, privatización y avance de las lógicas neoliberales. Sin embargo, incluso en la última década, el avance de la externalización fue importante. En todo caso, el análisis de los usuarios de servicios de seguridad privada muestra que la naturaleza del producto termina de denirse en el momento del consumo. En este caso, quizás sea mejor decir en el lugar del consumo. Porque es el usuario, con sus intereses, sus objetivos y sus prácticas de incorporación de los servicios de seguridad a sus propias rutinas, quien termina deniendo las características y los efectos de aquello que es ofrecido por la industria de la seguridad. Esta idea será profundizada en el próximo capítulo.
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Capítulo 6 Entre la desigualdad y el temor
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ntre las distintas cuestiones que interesaron a las ciencias sociales en las últimas décadas, hay dos que se cruzan de modo singular en el terreno de la seguridad privada: por un lado, las nuevas formas de desigualdad social que no sólo se dan en el plano de los ingresos y el consumo, sino también el campo de las oportunidades vitales, los ámbitos residenciales y el acceso a derechos; por otro lado, la irrupción inesperada de la violencia y el crimen como foco de sentimientos intensos y generalizados que engendraron una verdadera cultura de la inseguridad capaz de articular una multiplicidad de signicados relativos al delito y la violencia, organizando razonamientos sociológicos prácticos y encarnándose en objetos y comportamientos provistos de sentido. La preocupación por la violencia, la muerte, el miedo y el delito han estado presentes en la teoría sociológica desde el período clásico. Y no se trata de cuestiones marginales: la sociología weberiana tiene a la violencia en el centro de su concepción de la política y el Estado, el delito aparece como un objeto privilegiado de los enfoques que –como en el caso de Durkheim o de Howard Becker– tratan de pensar la relación entre el comportamiento humano y las reglas sociales que lo enmarcan. Menos frecuente en sociología que en antropología, la preocupación por las prácticas y las representaciones que acompañan a la muerte fue tratada en las obras de autores tan distintos como Robert Hertz y Viviana Zelizer. Lo mismo sucede con el interés por el miedo o el temor: aunque menos presente que en la teoría política de raíz maquiaveliana o hobbesiana, la renovada atención que la sociología le presta hoy a los sentimientos recrea cuestiones que ya habían sido planteadas por Marcel Mauss, o señaladas en las teorías generales de Durkheim (en su denición misma de los hechos sociales que incluía a los frecuentemente olvidados modos de sentir) o de Weber (para quien la acción afectiva era una de las formas típicas del compor-
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tamiento humano, por lo demás crucial en su sociología política de la dominación carismática). Muchos de estos elementos atraviesan los debates recientes en torno a la inseguridad. En todos los países de América Latina, la inseguridad constituye hoy un problema público mayor. Se habla profusamente de ella en los medios de comunicación y en las campañas electorales, en los documentos de la Iglesia y en los coloquios del mundo empresario, en las series de televisión y en los trabajos publicados por cientícos sociales. Las encuestas de opinión muestran que la inseguridad es un tema de preocupación central de amplias franjas de la población y que el temor al delito aumenta sostenidamente. Hay personas que denen su lugar de residencia y sus hábitos más básicos de consumo, incluso individuos y familias que abandonan el país o las grandes capitales, invocando la inseguridad como una de sus principales causas. Más recientemente, fuimos testigos de movilizaciones callejeras organizadas en torno a la única demanda de seguridad que lograron hacer salir de sus casas a grupos sociales que frecuentemente no lo hacen. De esta manera, la inseguridad existe antes que nada como un problema para los diferentes grupos sociales. A través de la denición explícita o implícita, teórica o práctica, que hacen de la realidad que los circunda, estos grupos hacen existir la inseguridad como un problema colectivo.1 El mundo académico no ha sido ajeno a este proceso de problematización social. De hecho, investigadores de distintas latitudes produjeron algunos de los conceptos con los cuales se describe la experiencia nativa en relación con el delito y la violencia. La inseguridad tiene como referente una realidad criminológica (ella misma sujeta a controversias en el ámbito académico, en la 1
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En el marco del presente análisis, inseguridad y seguridad son consideradas categorías nativas que tienen una historia y una diversidad de usos. En ese sentido, no son ni conceptos teóricos que usamos para analizar la realidad, ni hechos independientes del modo en que los grupos sociales los conciben y simbolizan. Por razones de estilo, he optado por no utilizar comillas al introducir estos términos: pero debe entenderse que se trata de conceptos que los actores sociales (individuos, grupos, instituciones) utilizan para dar sentido a la realidad en que habitan. Lo mismo sucede con otros términos como políticas de seguridad, sentimiento de inseguridad o incluso delito, que son objetos de deniciones sociales y políticas previas e independientes del análisis que se realiza desde el ámbito de las ciencias sociales. Sin embargo, al analizar la cuestión en una perspectiva histórica, podríamos observar que las construcciones intelectuales del derecho, la losofía política y las ciencias sociales contribuyen a moldear una realidad que luego se les presenta como dada. Algunos elementos teóricos de este punto de vista pueden encontrarse en Callon (2008).
política y en los medios), pero se nutre sobre todo de signicados político-culturales: creencias nativas, representaciones mediáticas, narrativas expertas, discursos políticos. La construcción de estos signicados no sólo describe un objeto (por ejemplo, el crimen o la violencia) sino que traduce intereses, conictos y deseos de los distintos grupos sociales. En la última década, estas cuestiones suscitaron un creciente interés en Argentina, dando lugar a diferentes líneas de investigación, entre las que encontramos trabajos sobre las representaciones asociadas al crimen, la cobertura mediática del delito o el tratamiento político de la inseguridad. Estos trabajos pretenden poner un poco de distancia con respecto al tratamiento directo y objetivista de los hechos vinculados a la categoría de inseguridad. En primer lugar, existen investigaciones que abordan especícamente las representaciones de la inseguridad, sus contenidos y sus fundamentos sociales. Las principales contribuciones en este terreno fueron realizadas por Gabriel Kessler (2009), por Alejandro Isla y Daniel Míguez (2010), y por una serie de trabajos más acotados que procuran dar cuenta de distintos aspectos del problema (Galvani et al., 2010; Otamendi, 2009 y 2012; Pegoraro, 2000; Varela, 2006). En segundo lugar, la mediatización del delito llamó la atención de numerosos investigadores que abordaron la construcción social de la inseguridad, concentrándose en los discursos y las imágenes producidos por los agentes del campo periodístico, en la manera en que se organizan relatos y se describen sucesos relativos al delito (Fernández Pedemonte, 2007; Lorenc Valcarce, 2003 y 2005; Martini y Pereyra, 2009; Rodríguez y Seghezzo, 2013; Vilker, 2006). En tercer lugar, encontramos varios trabajos que abordan el problema desde una perspectiva política, sea porque analizan las movilizaciones sociales en torno al problema (Annunziata, Mauro y Slipak, 2006; Calzado, 2009; Galar, 2009; Pita, 2004; Schillagi, 2006) o la manera en que los actores del campo político construyen simbólicamente la cuestión o las políticas públicas de seguridad que se presentan como soluciones al problema (Ayos, 2014; Hathazy, 2013; Lorenc Valcarce, 2002 y 2003; Saín, 2002). En efecto, los actores sociales y políticos contribuyen a través de sus discursos y sus acciones a la construcción social del problema de la inseguridad; las propuestas electorales anticipan –y contribuyen a moldear– ciertas demandas sociales de seguridad; las políticas públicas se presentan como una respuesta, práctica y simbólica, a algunos de los hechos que suelen nombrarse bajo la categoría de inseguridad.
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Todos estos trabajos constituyen, sin dudas, contribuciones mayores a la problematización sociológica del modo en que la sociedad aborda, práctica y simbólicamente, aquello que dene como inseguridad. Nuestra investigación propone ir más allá de una descripción de las representaciones y sus fundamentos, para abordar sistemáticamente sus efectos sociales, en particular, en el plano de las prácticas cotidianas a través de las cuales las personas enfrentan un entorno que denen como amenazante. Intentamos descubrir cuáles son las conexiones concretas entre las representaciones así formadas y toda una serie de prácticas que emergen, se transforman o se especican en el marco de una cultura de la inseguridad que ofrece signicados nuevos para organizar la propia experiencia y las actividades rutinarias. 1. Espacios de vida y modos de protección
Desde el punto de vista económico, los clientes particulares de la industria de la seguridad privada no representan un segmento demasiado importante: la mayor parte de las empresas de este sector viven de sus relaciones comerciales con empresas industriales, comerciales y de servicios. Sin embargo, el consumo de seguridad privada en este segmento se ha incrementado en los últimos años: las prácticas de estos individuos y grupos permite, por lo demás, aprehender cambios sociales signicativos en los estilos de vida. 1.1. Una red de protección
En los barrios residenciales existen tres tipos de prestaciones de seguridad privada: los vigiladores en garitas, el control de entradas y salidas del domicilio, y las alarmas electrónicas. En los edicios de departamentos se despliegan dispositivos centrados en la gura del vigilador encargado del control de accesos y las cámaras de vigilancia que permiten monitorear la circulación de las personas, y eventualmente los daños al patrimonio. En los barrios más acomodados, o en los islotes de relativa prosperidad de los barrios mixtos tan frecuentes en las ciudades argentinas, el número de garitas creció fuertemente durante los últimos veinte años. Los servicios de serenos particulares se organizan a partir de cabinas situadas en esquinas: el control visual de las cuatro calles que se sitúan en forma de cruz permite prestar servicio a unas ochenta casas individuales. En este punto especíco,
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nuestra investigación se desarrolló en dos localidades del conurbano bonaerense, una en la zona norte y la otra en el sudoeste. Un estudio realizado en tres barrios privilegiados de una de las principales ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires estableció que existían 51 garitas en un área que comprende 175 manzanas. Las funciones allí observadas, así como los mecanismos sociales de su contratación y su uso, presentaban grandes similitudes con lo observado en la región metropolitana. La tasa real de ocupación de las garitas por personal de vigilancia variaba entre alrededor de un 20% en el horario matutino, cerca de un 40% en el horario vespertino y casi 80% en horario nocturno (Cecchi, 2014). Estos cambios en el curso del día parecen indicar una concepción acerca de los momentos de mayor peligrosidad, además de una restricción en los recursos monetarios destinados a la seguridad incluso en poblaciones de alto poder adquisitivo. En cualquiera de los casos, el precio global del servicio es propuesto por el prestatario a los representantes de los vecinos: son estos últimos quienes se ponen de acuerdo para distribuir los costos, según criterios negociados en cada caso particular. Si todos participan del nanciamiento, el costo por hogar desciende; los testimonios indican que, en general, medio centenar de vecinos participan del nanciamiento de este bien público. Esto corresponde a la idea de un bien que es adquirido colectivamente, que supone por lo tanto la capacidad de ponerse de acuerdo y cooperar, aun cuando ello suponga establecer criterios de participación en el nanciamiento y sobre todo límites en el acceso a los benecios que se derivan de la presencia de los dispositivos de protección (Hope, 2000). En la mayor parte de los casos, los vigiladores de las garitas no portan armas. Pero su presencia se vuelve más frecuente cuando la zona en que se halla el servicio es denida como caliente , lo que suele ser traducido por cercanía con una villa miseria, un conjunto habitacional o un estadio de futbol. En general, los vigiladores controlan el movimiento de las personas y de los vehículos de acuerdo a una lógica preventiva: Esto, en realidad, es una actividad preventiva, entonces lo mejor es buscar la prevención, y esa prevención se hace cuando entran dos personas sospechosas en la zona, caminando, qué sé yo, ya se empiezan a avisar entre los vigiladores: ‘Mira, hay dos, no me gusta la pinta, fijate’; ‘Doblaron para tu cuadra, ahora van a entrar’. Entonces eso genera que el que va caminando, pone un pie en la cuadra, y el vigilador sale de la garita y los mira fijo a ellos. Y bueno, ya le llama la atención. Otra vez doblan y les pasa lo mismo. ‘Ah bueno, listo, acá nos recontra delataron, vayámonos’ (…) Tenemos varias
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zonas en las cuales realmente trabajan tipo barrios cerrados, porque todos los accesos a esas zonas tenemos vigilancias nuestras, al estar bien comunicados todos, bueno entra un auto medio sospechoso, un auto que no es del barrio, entonces, ya se van avisando los vigiladores: ‘ahí va un auto que es así, así y así’. Entonces ya el vigilador sale a recibirlo. Entonces, ya el que entra en un auto con fines sospechosos, y ni bien dobla ve que el vigilador medio lo va a buscar, o lo está esperando, dice: ‘Acá, ya acá sorpresa no tenemos’ y la sorpresa es el elemento fundamental para el robo, si no hay sorpresa no hay casi robo. Si yo te digo: ‘Mañana, a las 10 de la noche, vamos a ir a asaltar tu casa’, y bueno vos vas a hacer tantas cosas que, en realidad, va a ser imposible. Esto es lo burdo del factor sorpresa. Lo mismo pasa si el que va a robar, ni bien puso un pie en la cuadra, está el vigilador esperándolo. Dice: ‘Upa’. Hace dos cuadras más, y otra vez sale el vigilador a buscarlo. Bueno, saben ya que ellos son autos sospechosos y que en unos minutos nada más va a estar el patrullero deteniéndolos, revisándoles todo el auto, y revisándolos a ellos (D. S., propietario de una empresa de vigilancia).
Más allá de la función general de mantenimiento del orden y de control de la circulación en los espacios en que tiene lugar el servicio, la seguridad privada persigue el n de evitar el actuar deliberado de individuos que intentan producir algún tipo de ataque contra las personas o los bienes protegidos. La racionalidad anticipatoria de los dispositivos de seguridad se apoya, por lo demás, en un presupuesto acerca del comportamiento de los potenciales agresores: el delincuente es denido como alguien que procura evitar lugares fuertemente protegidos y que intenta buscar los puntos vulnerables para perpetrar su intención delictiva. Nada indica que los delincuentes actúen siempre de este modo (Kessler, 2006), pero esta creencia constituye un fundamento de la actividad de las empresas de seguridad privada; sirve, por otro lado, para legitimarla frente a los clientes. Un segundo tipo de servicio de seguridad privada en los barrios residenciales es el control de ingresos y egresos de las personas. Tanto los prestadores como los consumidores de seguridad privada creen que estos momentos son sumamente riesgosos, puesto que constituyen ocasiones propicias para quienes busquen asaltar, secuestrar o tomar rehenes en vistas de robar una casa. Por esta razón, una prestación particular para hacer frente a este riesgo se ha generalizado en los últimos años: se trata de vigilar el momento en que el cliente entra o sale de su casa, normalmente en auto, muy temprano por la mañana o luego del atardecer. En el momento de entrar o salir, el cliente llama por teléfono a la empresa que le ofrece el servicio: cada cliente tiene un código personal –con el cual su
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cha puede ser identicada– que debe comunicar al encargado de la base, que enviará luego a un agente. El cliente y el operador se ponen de acuerdo sobre el tiempo preciso en que el evento tendrá lugar; el agente se desplaza en auto y estaciona delante del domicilio del cliente; espera que el evento se produzca y luego regresa a la base. Este servicio exige una cierta proximidad entre el local en que funciona la empresa prestataria y las casas que consumen el servicio: el servicio implica la utilización de automóviles para realizar los desplazamientos. Una empresa que estudiamos en detalle tiene más de mil clientes de esta modalidad en un barrio de clase media del conurbano bonaerense y brinda servicio en un radio de cinco kilómetros. Cada cliente tiene el derecho de llamar hasta diez veces por día. El servicio es relativamente accesible y sirve como sustituto de las garitas cuando no existe el volumen necesario de clientes para poder hacer frente al gasto de su funcionamiento, con frecuencia porque los vecinos no lograron ponerse de acuerdo. También sucede que familias de recursos relativamente modestos pueden procurarse de esta manera un servicio que hace unos años era solo accesible a las clases más acomodadas. Un tercer tipo de servicio es brindado a través de alarmas electrónicas conectadas a una central de monitoreo. En las viviendas individuales, como también en los pequeños comercios, existen sensores que permiten proteger el perímetro y las salas a través de un dispositivo que se dispara en caso de una intrusión indeseada. Este dispositivo puede ser utilizado durante la noche, o durante la ausencia de los residentes, a través de un mecanismo automático; si los usuarios se encuentran dentro del local, pueden activar el sistema a través de un pulsador. Cuando un acontecimiento se declara, la central de monitoreo recibe una señal: los agentes de monitoreo llaman al cliente para vericar si todo está en orden. El cliente debe responder y dar un código. Si no hay respuesta, la empresa envía un móvil que verica el estado del sitio y, en caso de ser necesario, llama a la policía. En paralelo con el desarrollo de los servicios de vigilancia privada en barrios residenciales, durante los últimos años se extendió la presencia de guardias uniformados en los edicios de departamentos. Como sucede con otros servicios comunes, este gasto se distribuye entre los residentes con lo cual el costo individual varía según el número total de departamentos; en muchos casos, la relación contractual tiene por intermediario al administrador del consorcio. En un edicio ordinario, con un solo acceso, el servicio de vigilancia es asegurado por un agente de seguridad privada: si
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es un servicio de 24 horas, normalmente hay dos trabajadores con turnos de 12 horas durante los días de semana y un tercero que realiza los remplazos durante los días francos de los titulares. La tarea fundamental de estos agentes es vigilar el ingreso y el egreso de personas, tanto residentes como visitantes varios (repartidores, amigos, conocidos, cobradores, etc.). Es en el marco de una gestión global del tráco de personas que el dispositivo procura evitar las intrusiones violentas o los ataques delictivos. Radicalizando la tendencia a la incorporación de guardias de seguridad en los edicios tradicionales, los nuevos emprendimientos residenciales integran en su propia construcción una serie de dispositivos en el marco de una gestión integral de riesgos. Las rejas perimetrales, la garita ja, el estacionamiento, la piscina y el supermercado forman parte del conjunto de objetos de consumo que acompañan la renovación urbana en curso desde los años noventa. En estos ámbitos residenciales, el guardia de seguridad y el tradicional encargado de edicio controlan la circulación de personas y objetos. Muchas veces existe también un sistema de vigilancia con grabación de imágenes a través de una cámara de seguridad, que no siempre es falsa. En todo caso, las fronteras con el exterior se hacen más marcadas y las personas que provienen de afuera son consideradas como fuentes potenciales de amenaza a la seguridad de los residentes. La clausura social sobre el espacio doméstico es así consagrada por la disposición de barreras físicas. 1.2. Burbujas de seguridad
Desde los años ochenta, un proceso de suburbanización de las clases medias y superiores se ha puesto en marcha en las principales ciudades argentinas. Gracias a la construcción de autopistas que unen desde entonces los centros de trabajo con los nuevos ámbitos de residencia, cuyo caso paradigmático es Pilar, y por iniciativa de diversos actores del mercado inmobiliario, los antiguos clubes de campo –que albergaban las casas de n de semana de las elites desde los años treinta– se convirtieron en lugares de residencia permanente (Svampa, 2001: 54-60). Junto con esta transformación de los viejos countries, se produce la emergencia de nuevos emprendimientos –los barrios privados o barrios cerrados, más pequeños y menos exclusivos– destinados a albergar a una fracción ascendente de la clase media que abandona la ciudad –y los conictos de la vida urbana– en un contexto de profundización de las desigualdades sociales, dislocación entre las fracciones ganadoras
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y perdedoras de las clases medias, y aumento de los valores de los indicadores objetivos y subjetivos de inseguridad. Las urbanizaciones cerradas constituyen una objetivación de los cambios en los modos del habitar de ciertos grupos sociales, que abandonaron la ciudad para iniciar una nueva vida en contacto con la naturaleza y con seguridad.2 Los cercos perimetrales y los guardias de seguridad son barreras que protegen a las personas de adentro, al mismo tiempo que conjuran los riesgos provenientes del afuera. Como en cualquier ámbito privado, la función de los dispositivos de seguridad es impedir el acceso no deseado de las personas ajenas a este espacio reservado, tanto como disuadir a aquellos que tienen la intención de perpetrar un ataque contra los bienes o las personas que se hallan dentro de este territorio forticado. Un informe sobre la segregación urbana en Argentina señala que en 2007 existían 541 urbanizaciones cerradas en la región metropolitana de Buenos Aires: 349 barrios privados –conjunto residenciales de una supercie media de 30 hectáreas–, 136 countries –localizados en terrenos de un promedio de 100 hectáreas y con una desarrollada infraestructura colectiva para la práctica de deportes–, 44 clubes de chacras –grupos de parcelas de entre 2 y 3 hectáreas cada una– y 12 mega emprendimientos –verdaderas ciudades de una supercie media de 700 hectáreas.3 Todos estos complejos residenciales disponen de personal de vigilancia, pero el número de guardias necesarios varía según el tamaño del sitio. Según los empresarios de seguridad privada que entrevistamos, los countries más grandes pueden emplear un total de cincuenta guardias repartidos en dos o tres turnos, mientras los más pequeños barrios privados pueden llegar a emplear cuatro o cinco guardias. 2
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Según la conocida fórmula de Durkheim: “el tipo de vivienda que se nos impone no es más que la manera en que todo el mundo que nos rodea y, en parte, las generaciones anteriores, se han acostumbrado a construir sus casas” (Durkheim, 1986: 51). Este alrededor de nosotros introduce la variabilidad de las formas sociales de la vivienda entre los distintos países y, en nuestro estudio, entre las distintas clases y fracciones de clase. Conviene asimismo volver sobre el uso que Bourdieu hiciera de estas ideas durkheimianas tanto en sus estudios de etnografía kabila como en sus análisis de las variaciones del gusto según los distintos grupos sociales (Bourdieu, 1980: 441-461; Bourdieu, 1979). Las cifras sobre barrios privados han sido tomadas de Aportes para el desarrollo humano en Argentina/2. Segregación residencial en Argentina , Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Buenos Aires, 2009. La supercie de cada tipo de emprendimiento fue calculada por Guy Thuillier (Thuillier, 2002: 189).
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Además del tamaño del servicio, es pertinente saber el tipo de función que desempeña la vigilancia y cómo los servicios de protección se integran en la morfología de los espacios vigilados. La siguiente descripción es frecuente entre nuestros entrevistados: Un barrio privado requiere de gente muy preparada, un barrio privado requiere personal, antes que de seguridad, administrativo. Porque es el control de proveedores, visitas, personal doméstico, personal de mantenimiento. Yo tengo el country L. desde hace 5 años, y ahí hay 2.000 viviendas, así que fijo tenemos 5.000 personas fijas en el lugar, más otras 2.000 personas de personal de mantenimiento o doméstico, más los fines de semana unas 10.000 personas de visita, o torneos, si no estás preparado para eso… no estaría hace 5 años (J. Z., propietario de una agencia de seguridad privada).
Como en otros casos, existe una estructura compleja y un movimiento permanente de personal de servicio, residentes y visitas. Por lo tanto, la gestión de la seguridad debe hacer frente a una serie de riesgos multiformes: la amenaza no proviene solamente del exterior, sino del propio interior del espacio protegido. Por esta razón, la vigilancia del perímetro y el control de los accesos son tan importantes como las rondas internas. Estas rondas se realizan a pie, en bicicleta o en pequeños vehículos: se trata de observar que nada perturbe el orden privado del centro residencial. La vida en este tipo de hábitat se organiza alrededor de algunos patrones básicos: el verde, la familia, la seguridad. A medida que nos alejamos de los tradicionales country clubs acercándonos a los más recientes barrios privados, que es al mismo tiempo una desplazamiento de las clases superiores más antiguas a las clases medias en ascenso, el verde –asociado al tenis y la piscina, incluso el polo y el golf– cede su lugar de privilegio a la seguridad (Svampa, 2001: 88-89, 94). Todos estos ámbitos se organizan según un principio de protección privada y de construcción de fronteras objetivas con el exterior. En el seno de estos guetos dorados, la vida es más libre, los niños más autónomos y las relaciones sociales más relajadas. Desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, el elemento común a todos los tipos de urbanización cerrada es que se trata de territorios cercados por dispositivos mecánicos, electrónicos y humanos de protección. Las formas sociales de ocupación del espacio geográfico se transforman de manera profunda, tanto en los países centrales como en los de la periferia. La emergencia de enclaves forticados es uno de los elementos salientes de esta transformación, que es acompañada por una profundización de la fractura social.
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El surgimiento de centros comerciales y residenciales de difícil acceso para las categorías sociales desfavorecidas, pero también de edicios de ocinas o de universidades privadas que calcan el mismo modelo, acompaña transformaciones más generales en las prácticas de trabajo y de consumo, en un marco en el que la seguridad ocupa un lugar central. Clifford Shearing y Philip Stenning agruparon todos estos nuevos espacios de vida bajo la categoría de propiedad privada de masa y vincularon el nacimiento de la seguridad privada de tipo mercantil a este modo de organización de las relaciones sociales: la particularidad de estos lugares es que son ámbitos privados de acceso público, es decir territorios en los que se plantean problemas de seguridad pública que deben ser gestionados por el titular de la propiedad privada. De hecho, la seguridad privada tiene su justicación jurídica en el derecho de propiedad que autoriza al titular a ejercer allí una cierta soberanía (Shearing y Stenning, 1981 y 1983). 1.3. Los medios domésticos de protección y sus determinantes
Las posibilidades de acceso a los servicios comerciales ofrecidos por la industria de la seguridad privada no se distribuyen de manera homogénea según los grupos sociales: en efecto, las prácticas varían en función de los recursos económicos de las familias y las representaciones que sus miembros se hacen de las distintas tecnologías de protección. Estos recursos y estas preferencias cambian según las clases sociales, pero también según el lugar de residencia y el tipo de vivienda. Distintas investigaciones pueden revelar la presencia de mecanismos diferenciados de protección y su variación según un conjunto de factores. Un estudio realizado en 1999 por la Dirección Nacional de Política Criminal muestra que el 5 % de la población del Gran Buenos Aires disponía entonces de los servicios de vigilancia prestados por guardias de seguridad. Sin embargo, existen variaciones según las distintas zonas: hay mayor presencia en los barrios residenciales del noreste de la capital (15%), en San Isidro (11%) y en Lomas de Zamora (17%).4 En la misma encuesta, 6,5% de la población de la aglomeración de Buenos Aires decía tener una alarma electrónica 4
Dirección Nacional de Política Criminal, Estudio de victimización en Capital y Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1999.
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contra la intrusión de extraños. No se observaba todavía la presencia de cámaras de seguridad. Al correlacionar los distintos mecanismos de protección con factores que caracterizan a la población, se revela que no hay variaciones signicativas según sexo y edad: esto resulta coherente dado que el hogar es la unidad de producción de seguridad. Al contrario, las diferencias según zonas y niveles de ingreso son más marcadas: en primer lugar, solo 7,6% de las personas de clases superiores carecen de mecanismos de protección, contra 15,2% de las clases medias y 26,5% de las clases populares. Las preferencias de ciertos tipos de mecanismos también varía según los grupos sociales: las clases bajas recurren con más frecuencia a los perros guardianes (21,7% contra 18,5% de las clases medias y 14,4% en las clases superiores) y los muros elevados (4,3% contra 3,8% y 3,0%), mientras que las clases altas utilizan preferentemente las cerraduras especiales (18,6% contra 16,9% de las clases medias y 10,7% de las clases bajas), las alarmas (14,9% contra 6,6% y 2,3%) y los servicios de vigilancia (9,1% contra 5,0% y 2,9%). Esto muestra que existen mecanismos que, por su precio, solo son accesibles a quienes tienen un cierto poder adquisitivo. Más allá de las diferencias de ingresos, las distintas zonas se caracterizan también por diferentes tipos de residencia que imponen límites morfológicos a ciertos tipos de dispositivos: en las zonas centrales de la ciudad, en las que la proporción de edicios de departamentos es más elevada, las rejas y los perros guardianes son menos frecuentes que en los barrios del oeste, del sur y del conurbano. Al contrario, las paredes altas son más frecuentes en los barrios en los que las viviendas individuales son mayoritarias. Un trabajo similar realizado en 2000 ofrece algunos datos para establecer la presencia de diversas estrategias para hacer frente a los riesgos criminales en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Córdoba, Rosario y Mendoza:
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CUADRO 8. Mecanismos de protección en los hogares (principales centros urbanos argentinos, 2000) Mecanismos
Rejas Ninguna Cerraduras especiales Perro guardián Alarma Autoprotección con vecinos Vigilador Medianera alta Puerta blindada Arma de fuego
Porcentaje
32,9 27,4 12,7 10,2 8,8 4,7 1,3 0,8 0,1 0,1
Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal, Estudio de victimización en centros urbanos de la República Argentina , Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2000.
La primera respuesta a la pregunta sobre los mecanismos de protección no solo expresa la existencia material de un objeto, sino también el hecho de que las personas denan tal objeto como un dispositivo de seguridad. Así, por ejemplo, casi no aparece la referencia al arma de fuego: pero luego el 13,6% de las personas dijo poseer una cuando se le pregunta especícamente por ello (casi la mitad de estos individuos dijo disponer de ella para su defensa personal). Al mismo tiempo, la aparición de más respuestas en segunda y tercera instancia, en particular la referencia a rejas, perros guardianes y murallas elevadas, revela tanto la acumulación de medios de protección como el carácter relativamente vago de la categoría que utilizan las encuestas para interrogar a las personas sobre estas cuestiones. Estudios más recientes no alteran este panorama general, revelando que los dispositivos comercializados por las empresas de seguridad privada (servicios de vigilancia, alarmas monitoreadas, cámaras de seguridad) tienen una presencia relativamente limitada, sobre todo si se compara con las barreras físicas más tradicionales (muros, rejas, cerraduras reforzadas). Esto sucede incluso en las zonas más modernas y morfológicamente favorables a la implantación de este tipo de dispositivos. En la ciudad de Buenos Aires, la encuesta más detallada y rigurosa que existe hasta el momento, revelaba la siguiente distribución de estrategias domiciliarias de protección:
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CUADRO 9. Mecanismos de protección en los hogares (Ciudad de Buenos Aires, 2007) Mecanismos
Rejas Cerraduras especiales Perro guardián Colaboración con vecinos Alarma Cámara de seguridad Servicio de seguridad privada Arma de fuego con nes de protección
Porcentaje
39,9 31,1 20,6 16,3 12 6,3 5,3 3,2
Fuente: Informe Final. Encuesta de victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires/Universidad de San Andrés, 2007.
Los análisis factoriales que realizamos utilizando distintas fuentes y considerando diferentes variables tienden a coincidir sobre la conguración que dene el espacio de los modos de protección (Lorenc Valcarce, 2011: 338-247). El principal eje de división es el que opone a las formas tradicionales de las modernas: por un lado, las barreras físicas (muros y rejas), y los medios potencialmente violentos (perros guardianes y armas de fuego); por otro lado, los dispositivos de vigilancia (tanto humana como electrónica o electroóptica) que suelen entrañar una relación de servicio con un prestador de seguridad privada. Estas modalidades se apoyan sobre las características diferenciales de las poblaciones que las utilizan: quienes tienen una posición social más elevada y viven en departamentos están más inclinados a enrolarse en los mercados de la seguridad, aunque no sean los más tocados por la actividad delictiva; al contrario, quienes tienen una posición social menos favorable, viven en casas individuales y tienen una mayor exposición al delito, utilizan preferentemente barreras físicas contra las intrusiones, al tiempo que se organizan con sus vecinos y piden la intervención de las fuerzas policiales. Así, la morfología de los espacios de vida y la posición social se combinan para dar cuenta de las variaciones en los modos de protección. A medida que aumenta el nivel socioeconómico, aumenta también la tendencia al consumo de mecanismos de protección comercializados por la industria de la seguridad privada. Esto puede explicarse claramente en función de la disponibilidad de recursos monetarios para hacer frente a un tipo de gasto que no es accesible a todos los grupos domésticos:
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CUADRO 10. Distribución relativa de mecanismos de protección según nivel socioeconómico (Ciudad de Buenos Aires, 2007) Nivel socioeconómico Mecanismo
Vigilancia Alarma Cámara
Alto 10,2 20,5 10,7
Medio 4,5 11,7 6,2
Bajo 2,2 5,7 2,8
Total 5,3 12,0 6,2
Fuente: Encuesta de victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires/Universidad de San Andrés, 2007.
El análisis ecológico de los datos para las quince comunas de la ciudad tiende a conrmar esta distribución. La presencia de vigiladores en un barrio determinado está directamente vinculada al nivel de ingresos (+.81), a los años de escolarización de la población (+.68) y negativamente con las variables especícas de inseguridad objetiva y subjetiva. El hecho de ser víctima del delito no lleva directamente a contratar seguridad privada. Al contrario, puede conjeturarse que el hecho de contar con protección particular ofrece un ambiente seguro a los sectores que cuentan con los recursos económicos y culturales para recurrir al mercado la seguridad privada. Las entrevistas que realizamos con clientes de empresas de seguridad privada apoyan esta interpretación. Ahora bien, como las entrevistas se centran solo en los usuarios de seguridad privada, allí es posible observar cómo se conguran prácticas, sentimientos y representaciones relativas a la protección de la vida y el patrimonio a través de mecanismos mercantiles. Para complementar esta perspectiva focalizada en un segmento particular de la población, llevamos a cabo una encuesta en hogares de la ciudad de Buenos Aires5: aun con sus limitaciones, este estudio 5
Construimos inicialmente una muestra representativa de hogares de la ciudad de Buenos Aires (N=400), elaboramos un cuestionario y decidimos administrarlo personalmente en el domicilio de los encuestados potenciales. El trabajo de campo resultó frustrante tanto por la tasa de rechazo como por la hostilidad que percibimos en parte de la población. Podemos considerar estos obstáculos como parte del mismo objeto de investigación: la hostilidad puede ser interpretada como una respuesta basada en el sentimiento de inseguridad y desconanza que atraviesa los vínculos interpersonales en la ciudad. Al mismo tiempo, explica porqué –con mucho esfuerzo, y extendiendo la duración del relevamiento– no logramos realizar más que 146 encuestas. Por lo tanto, la muestra efectiva con la que trabajamos aquí no tiene representatividad estadística, aunque comparamos la distribución de frecuencias de las principales variables con la observada en el universo o en estudios basados en muestras representativas, y los datos presentan marcadas similitudes.
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nos permite realizar una comparación entre aquellos usuarios que inspeccionamos cualitativamente y el resto de la población. Así, por ejemplo, la distribución de los mecanismos de protección revela una cierta inercia con respecto a lo que señalaban investigaciones anteriores: CUADRO 11. Mecanismos de protección en los hogares (Ciudad de Buenos Aires, 2012) Mecanismos
Rejas Cerraduras especiales Cámara de seguridad Perro guardián Muros elevados Servicio de seguridad privada Alarma Arma de fuego con nes de protección
Porcentaje
40,4 26,7 21,9 15,8 15,8 13,0 10,3 6,8
Fuente:
Informe Final del Proyecto UBACyT: “La cultura de la insegu ridad y sus efectos sociales” , Instituto de Investigaciones Gino Germani/
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, 2013.
En la población estudiada, el 34,2% tiene algún tipo de dispositivo de protección provisto por la industria de la seguridad privada, sea vigilancia humana, cámara de seguridad o alarma, de manera exclusiva o combinada. Esta elevada proporción parece deberse, sobre todo, al fuerte crecimiento de la presencia de cámaras en relación con épocas anteriores, mientras la vigilancia humana se incrementa más moderadamente y las alarmas tienden a estancarse. Lo mismo sucede con otros medios de protección más tradicionales. Si analizamos las características de quienes recurren a este tipo de dispositivos provistos por el mercado de la seguridad, saltan a la vista algunas diferencias con el resto de la población. Entre los usuarios de seguridad privada, son relativamente menos quienes creen que la inseguridad es el principal problema del país (18% contra 30%), pero son ligeramente más quienes sienten que este problema los afecta mucho o bastante en su vida personal (32% Por lo demás, sigue siendo válido analizar la diferencia de proporciones en las tablas de contingencia, que muestra que los valores de ciertas variables varían distinto de como lo harían si hubiese independencia estadística. Eso es lo que hicimos con un conjunto de factores que constituyen el núcleo de nuestro estudio, así como con otro conjunto de variables que consideramos tienen alguna inuencia sobre ellos.
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contra 28,1%). A título personal, padecieron menos la victimización delictiva que el resto de la población (28% contra el 35%), pero los miembros de sus hogares fueron más afectados que los del resto (50% contra 39%). Los mecanismos de protección tienen al domicilio como ámbito privilegiado de despliegue. Podemos imputar a este rasgo el hecho de que los usuarios de seguridad se sientan mucho más seguros en sus hogares que el resto de la población (94% contra el 76%). En consonancia, 54% cree que es poco o nada probable ser víctimas de un delito en su ámbito de residencia, contra el 42,7% de quienes no tienen seguridad privada. Este sentimiento de protección se extiende al entorno inmediato del hogar: 54% se sienten seguros cuando caminan por sus barrios, contra 43,8% del resto de la población; 32% cree que es probable que sean víctimas de un delito en sus barrios, frente al 47,9% en el resto de la población. Esto puede deberse tanto a la existencia de mecanismos privados de protección que generan un efecto colectivo (Hope, 2000), como al hecho de que en los ámbitos socialmente privilegiados tiende a construirse un ambiente residencial más protegido. Al contrario, los usuarios de seguridad privada creen que es mucho más probable ser víctimas de un delito fuera de sus barrios (64% contra el 53,1% del resto de los encuestados). Se sienten ligeramente más inseguros que las demás personas cuando utilizan el transporte público, van a un cajero automático o caminan por un barrio desconocido. En este segmento de la población se radicaliza una contraposición que atraviesa al conjunto de los habitantes de la ciudad: la tendencia a concebir al mundo como un continuo que va desde lo más próximo y seguro a lo más ajeno y amenazante. Esto es comprensible si consideramos que, además, los mecanismos de protección tienen efectos –probablemente materiales, pero sobre todo simbólicos– en el entorno residencial, puesto que están enraizados espacialmente. Una interpretación criminológica clásica arma que la seguridad privada se desarrolla como una alternativa frente a un servicio público de seguridad juzgado insuciente. Esta hipótesis parece vericarse en el caso de los consumidores particulares que procuran efectivamente protegerse de amenazas delictivas. Los usuarios de seguridad privada evalúan más negativamente que el resto de la población el accionar de la policía frente al delito: apenas 8% acuerda con un juicio positivo, frente al 20% en el resto de la población. En sintonía con esto, creen con mayor frecuencia que el resto de la población que este fenómeno se desarrolla porque
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el Estado no cumple con la función de proteger a los ciudadanos (80% contra 66,7%). En este caso, hay una visión negativa del Estado que va acompañada por un sentimiento de desprotección, pero que se acompaña también de la invocación normativa de un mayor compromiso por parte de los poderes públicos. No hay una armación del derecho a la autoprotección, propio de sociedades más individualistas o de una cultura neoliberal. A la par de un cierto desencanto con el Estado, hay una relativa conanza en que la seguridad privada pueda satisfacer las demandas que se le plantean. Los usuarios de los distintos mecanismos de seguridad privada creen que estos elementos sirven para combatir el delito (36% frente a 28,1%) y producen tranquilidad (70% frente a 52,1%) en mayor proporción que el resto de la población. Pero la protección se circunscribe a algunas funciones, que varían según el tipo de prestación utilizada. Así, los usuarios de servicios de vigilancia consideran que sirve para evitar robos en el domicilio o que personas extrañas merodeen, al tiempo que da tranquilidad observar la presencia del vigilador. Si bien la conanza en la utilidad de las cámaras no es tan elevada como la que reciben los vigiladores, se entiende que permiten prevenir los robos y dan cierta tranquilidad. Entre los usuarios de alarmas, la conanza en que sirvan para algo es relativamente baja, razón que permitiría explicar la poca expansión que ha tenido este tipo de dispositivos en los últimos años. En todos los casos, hay una cierta toma de distancia con respecto al hecho de que estar protegido garantice la seguridad personal y patrimonial de quienes utilizan estos mecanismos. Más allá de la disponibilidad de los recursos nancieros y la motivación adecuada, las características morfológicas de los hogares son disparadores cruciales para que un individuo o grupo pueda convertirse en usuario de un servicio de seguridad privada. En este caso, se trata de hogares que tienen tres o más miembros en una proporción mayor que el resto de los hogares (70% frente a 56,3%). Una mayoría reside en departamentos, 80% entre los usuarios de seguridad privada frente al 65% que reside en este tipo de vivienda en el conjunto de la población. Por lo tanto, la seguridad privada se localiza sobre todo en edicios de departamentos: esto es especialmente cierto para la vigilancia humana (el 90% de los usuarios reside en departamentos) y las cámaras de seguridad (el 93% de los usuarios vive en edicios). Al contrario, la proporción de personas que tienen alarmas se acerca más a la distribución global, con una leve sobrerrepresentación de personas que viven
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en casas (20% frente a 14,5%). En sintonía con lo señalado por las investigaciones clásicas de Nigel South y Frédéric Ocqueteau, 73% de quienes tienen alarmas tienen también un seguro contra robo en su domicilio, cuando la media en la población es de 26,7%. Este constreñimiento no parece afectar la distribución de otros mecanismos de protección. Además de los elementos fundados en la morfología residencial, en las experiencias de victimización y en las representaciones espacializadas de la inseguridad, hay otras incitaciones que se apoyan directamente en la estructura social. Así, los usuarios de seguridad privada tienden a tener personal a cargo en su actividad laboral en una proporción que duplica a la del resto de la población (18% frente al 11,5%), y también están ligeramente sobrerrepresentados los individuos con estudios superiores completos (36% frente a 29,2%). Aquí aparecen claramente los indicios que permiten caracterizar a la seguridad privada como un privilegio más de los favorecidos por la riqueza y por la educación, en este caso, una protección diferencial frente a las amenazas contra la vida y el patrimonio en el ámbito residencial. 2. Aspectos subjetivos del consumo de seguridad privada
Acabamos de ver cómo los mecanismos de protección se inscriben en una doble determinación objetiva: por un lado, los dispositivos se adaptan a las particularidades morfológicas de los ámbitos de residencia; por otro lado, el acceso a los bienes y servicios está determinado por las condiciones materiales de existencia de las distintas clases sociales. Ahora bien, el consumo de seguridad privada se inscribe también en un contexto subjetivo: por un lado, las motivaciones de los actores se apoyan sobre sentimientos y creencias; por otro lado, el uso de la seguridad privada tiene consecuencias sobre los estados subjetivos de las personas. 2.1. Entre la ganancia y el miedo
El consumo de bienes y servicios de seguridad privada por parte de las empresas muestra que la incorporación de estos dispositivos en la organización tiene un fundamento racional ligado a la naturaleza de actividad económica. En el otro extremo encontraremos a los hogares, que recurren a la seguridad privada en un marco simbólico fuertemente cargado por la sensación de inseguridad. En
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una zona intermedia se sitúan distintos tipos de emprendimiento: los centros comerciales y residenciales son empresas que buscan gestionar racionalmente los procesos que tienen a su cargo, pero que deben sin embargo tomar en consideración las expectativas de sus clientes; lo mismo sucede en ciertos comercios, donde la protección patrimonial se articula con la voluntad de crear un ambiente favorable para los visitantes. Aquí abordaremos, en particular, la perspectiva de los pequeños comerciantes. La mayoría de los pequeños comerciantes entrevistados disponían de servicios de alarma monitoreada, a veces combinados con mecanismos más o menos informales de vigilancia humana. En todos los casos, el hecho de convertirse en cliente de una empresa de seguridad privada está enraizado al mismo tiempo en una lógica económica y en una lógica de prevención de riesgos. Consideramos un caso para mostrar la manera en que los clientes estructuran esta decisión. Emilio heredó de su padre un negocio de electrodomésticos de alrededor de 1.000 m2 y 25 empleados en el conurbano bonaerense. En el momento de la entrevista, estaba evaluando la posibilidad de contratar un servicio de seguridad privada. Ahora bien, contratar seguridad privada no es una cuestión de todo o nada. De hecho, hace más de diez años que el negocio de Emilio cuenta con un dispositivo de protección electrónica a través de alarma, que remplazó en su momento al antiguo sistema de alarma sonora que había tenido desde comienzos de los años ochenta. Por otra parte, siempre hubo alguien que se encargaba de vigilar las puertas de acceso y el movimiento de las personas en el interior del local: muchas veces, el propio Emilio o alguno de sus hermanos. Hace pocos días, una representante comercial había venido a ofrecerle el servicio de vigilancia de una pequeña empresa de seguridad privada. Aunque tiene una vasta experiencia de trato con proveedores y clientes, Emilio no tiene mayor experiencia especíca con este tipo de servicios. Por lo tanto, tiene muchas dudas. La cuestión se le plantea de la siguiente manera. En primer lugar, no sabe si puede conar en alguien que no conoce y que estará al tanto de los movimientos y el funcionamiento general de su negocio. Piensa que podría hacer circular varios agentes de seguridad, pero si el conocimiento estratégico se volvería así menos profundo, el número de personas que conocen al menos algo se volvería mucho más grande. En segundo lugar, encuentra pocas ventajas económicas en el hecho de contratar una empresas de seguridad que le cobraría por mes para tener un guardia durante las horas de apertura del
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local, mientras él podría destinar uno de sus empleados a esta tarea por la mitad de ese precio o seguir encargándose de la vigilancia de manera difusa, como lo ha hecho hasta ahora. En tercer lugar, no sabe si contratar una agencia de seguridad, un policía retirado o un empleado propio que podrá ser destinado exclusivamente a tareas de vigilancia. En síntesis, la elección de contratar un servicio de protección se organiza según diferentes criterios: la creencia en la conabilidad del servicio, sus ventajas económicas y las diferentes alternativas socialmente disponibles para abordar el problema de la seguridad. El caso de Darío no es muy diferente del de Emilio. Joven propietario de un local de venta de productos eléctricos, tiene también una larga historia de consumo de alarmas que va desde los primeros dispositivos que sólo hacían sonar una sirena hasta los más recientes sistemas monitoreados. Darío cuenta con un conocimiento no que le permite establecer diferencias cualitativas entre los distintos tipos de servicios y evaluar su pertinencia en función de los costos: recientemente, remplazó un servicio directamente conectado a la policía por un servicio de monitoreo con acuda de la empresa de seguridad, que le garantiza una rápida presencia en caso de urgencia. En su caso, el uso de redes personales le permitió obtener información sobre la existencia y la calidad de los servicios disponibles: Bueno, pasó con un proveedor nuestro que intentaron vacia rle el depósito y la gente de Prosegur había evitado con el lla mado telefónico y el servicio de las motos, nos contó eso, nosotros llamamos a ADT para preguntar si ellos también ofrecían eso, nos dijeron que no lo tenían y decidimos pasarnos. Pedimos presupuesto en Prosegur, plata por plata era lo mismo y estábamos hablando ponéle que de 10 pesos más y entonces nos pasamos al otro equipo. Dimos la baja en ADT y solicitamos el otro equipo. Sí Prosegur nos cobró 300 pesos de instalación de equipo, pero como ya habíamos visto que el otro servicio no era tan efectivo, bueno, pagamos la diferencia y pusimos el equipo (D., comerciante, 34 años).
En este caso, el servicio de alarma tiene por n principal el de evitar que roben el local durante la noche, los nes de semana o en los horarios en que permanece cerrado. Por el contrario, el dispositivo no tiene ninguna ecacia contra los robos a mano armada: además, Darío no está dispuesto a usarlo en un caso como ese. Por eso mismo no ve ninguna ventaja en tener un vigilador parado delante de su negocio: además, considera que es caro y que ofrece a los potenciales ladrones señales de que en ese lugar hay movi-
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miento de dinero. Sin embargo, Darío estaría de acuerdo con tener un servicio común de vigilancia junto con los otros comerciantes de su calle. Esta posibilidad no es ajena a otros comerciantes, de otros barrios y otros rubros: No, pero estuvimos hablando con los comercios vecinos de, en algún momento, de ponernos de acuerdo entre todos, la de al lado, la del frente, como para pagar algún tipo de seguridad. Y en ese caso, ¿en qué tipo de servicio de seguridad pensaron? Pensamos o en una persona o en algo por lo cual pudiéramos estar todos comunicados (R., propietaria de un salón de belleza, 30 años).
Para este tipo de clientes, el principal objetivo consiste en proteger sus bienes materiales sin poner en riesgo la seguridad de las personas. Por esta razón, la mayoría se opone a la presencia de vigiladores armados: Básicamente lo que me parece bien es la prevención. Tampoco a mí nunca me interesó en el caso de que hubiera un policía o alguien que si pasa algo dentro de mi comercio, también vienen muchos chicos, es peligroso... No me gustaría que se haga una balacera, pueden lastimar a una persona. Mientras sea prevención, todo te ayuda (V., propietario de un local de deportes, 27 años).
En otros casos, la aversión para con los guardias privados no se debe al riesgo de violencia física, sino más bien a una desconanza más general: Está todo tan confuso en este momento, que no sabés si estás contratando alguien que te cuida o que va a manejar después un montón de información sobre vos… No sabés si es una persona honesta o no. Eso mismo se aplica a la policía. No podés confiar de que realmente te van a proteger (W., propietario de una casa de artículos para el hogar, 42 años).
Esta desconanza es muchas veces un obstáculo para convertirse en cliente de una empresa de seguridad. En otros casos, los clientes se involucran de todos modos en este tipo de intercambio, aun sabiendo –no sin cierta dosis de cinismo– que involucra un componente maoso, en el sentido de que se paga por protección, más no sea para evitar ataques de parte de aquellos que ofrecen el servicio. El servicio de alarmas es, pues, el más frecuente entre los pequeños comerciantes. Estos clientes tienen limitaciones nancieras para pagar un servicio de vigilancia humana y preeren, en todo caso, compartir con sus vecinos los gastos de un servicio de vigilancia colectivo, brindado a veces a partir de una garita.
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En la mayor parte de los casos, el servicio les es ofrecido por el prestatario: en efecto, las empresas de alarmas y, cada vez más, las de vigilancia apuntan a este tipo de clientes. 2.2. Una vida tranquila
Hay dos tipos principales de clientes particulares de servicios de seguridad privada: por un lado, los habitantes de casas individuales que –posean una alarma o un servicio de vigilancia– participaron, de una manera o de otra, en la decisión de contratar a una empresa de seguridad y tienen, por lo tanto, una motivación más o menos consciente que logran en ciertos casos verbalizar: por otro lado, los habitantes de inmuebles colectivos –sea de edicios de departamentos o de barrios cerrados– que encontraron los dispositivos de seguridad ya instalados y, en muchos casos, simplemente tomaron en cuenta este dato a la hora de elegir su vivienda o decidir una mudanza. En el primer caso, es posible reconocer las secuencias que llevaron a establecer el vínculo comercial con una empresa de seguridad, mientras que en el segundo debemos conformarnos con identicar los motivos que llevan a los individuos a elegir una residencia protegida. Al presentárseles la posibilidad de contratar un servicio de seguridad, los habitantes de barrios residenciales tradicionales dan testimonio de dos tipos de prácticas. Por un lado, justican su elección en función de la inseguridad ambiente cuya existencia se les revela de diversas maneras: “era una época difícil con toda la cuestión de los secuestros” dice Emilio, el comerciante antes citado, que también cuenta con un servicio de vigilancia en su residencia particular. El testimonio de un funcionario jubilado, que participó del proceso de instalación de un servicio de vigilancia en su barrio, apunta en la misma dirección: Hubo una reunión de vecinos por los hechos que ocurrían, no en el vecindario en sí, sino por la situación que se presentaba en el país de la inseguridad. Entonces hubo varias reuniones entre los vecinos, y se resolvió poner la casilla. Había que buscar el lugar, coincidió el lugar justo enfrente de la esquina donde estoy yo, poner la casilla (R., empleado público, jubilado, 76 años).
En este caso, el imaginario de la inseguridad –que puede ser denido como el sistema de sentimientos y representaciones que se organiza en torno a las posibles amenazas exteriores, sobre todo de tipo criminal– recubre las prácticas sin estar directamente anclado en experiencias personales de victimización. Estas contribuyen,
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en todo caso, a dar asidero a una visión más general de un riesgo omnipresente. La ausencia de un servicio policial satisfactorio –incluso el hecho de haber recurrido a la comisaría local sin encontrar una respuesta a las demandas de protección– es señalada como una de las razones que llevan a la contratación de un servicio particular de vigilancia: Tuvimos un lamentable hecho particular cuando vinimos a vivir. O sea, en cuanto a robo, no de daño personal. Y después con eso queda mos un poco marcados. Con el tiempo vimos, como venía avanzando todo, que era lo más adecuado ya que las autoridades no podían, o no tenían como darnos la seguridad, lo afrontamos entre los vecinos. Charlamos entre varios vecinos que teníamos las mismas inquietudes, empezamos a averiguar, costos, como se podía organizar, y así empezó, empezamos prácticamente nosotros. Y muchas cuadras del barrio, vecinos, se fueron adhiriendo porque vieron que se vivía un poco mejor, con una mejor calidad de vida (R., contador público, jubilado, 73 años).
En este tipo particular de hábitat, la incorporación a las transacciones mercantiles de servicios de seguridad supone una cierta coordinación de la acción de varios individuos que actúan como representantes de sus grupos familiares. La contratación de un servicio reviste la forma de una movilización colectiva: un individuo o un pequeño grupo de iniciadores, sensible al problema de la seguridad, entrevé una respuesta que propone compartir a sus vecinos; otros grupos se incorporan luego y el movimiento se expande a las zonas adyacentes, muchas veces por vía de la imitación o de la recomendación. La mayor parte de nuestros entrevistados dicen haber seguido un movimiento de este tipo, sin conocer claramente cuáles fueron sus orígenes: Bueno, no a mí no se me ocurrió. En esta cuadra robaron varios autos y hay un comercio en la otra cuadra y lo robaron, y entonces organizaron una reunión, fuimos los vecinos, la mayoría dijo que sí y punto (J., jubilado, 69 años).
En algunos edicios de departamentos, sobre todo en los más antiguos, las cosas no se desarrollan de un modo demasiado diferente. En algunos casos, los vecinos organizan reuniones para buscar una solución a problemas de seguridad que se les aparecen como urgentes; en otros casos, el administrador les propone incorporar un vigilador como parte del conjunto de prestaciones comunes. La iniciativa y las características del proceso de toma de la decisión varían según el grado de democracia de cada uno de los consorcios.
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En todo caso, existe un cierto tipo de movilización: como en todas las movilizaciones, hay iniciativas que fracasan. Entre las dinámicas barriales y la naturalización propia de los edicios desarrollados con una seguridad privada ya incorporada por denición, se ubica el caso de los consorcios de edicios nuevos. Al constituirse el consorcio, los vecinos que participan de las reuniones deben ocuparse de distintos aspectos del funcionamiento del inmueble. A diferencia de los vecinos que viven en casas individuales, los habitantes de un departamento están obligados a convivir, a compartir áreas y gastos comunes, eventualmente a tomar decisiones colectivas en un marco institucional compartido. Naturalmente, no todos participan de las instancias deliberativas y quienes lo hacen se vuelven cada vez menos numerosos con el transcurrir del proceso constituyente. Los problemas, los desafíos y las posibles soluciones son planteados en diálogo con el administrador, quien conoce por su propia actividad profesional cuáles son los elementos a tener en cuenta y las modalidades de organización que se están implementando en otros edicios. En algún momento, se plantea la cuestión de la seguridad. Los más radicales proponen que se contrate a un vigilador, que se instalen cámaras de seguridad, que se incluya todo medio disponible para garantizar la integridad personal y patrimonial de los residentes. Rápidamente se plantean argumentos acerca de la seguridad que efectivamente provee la seguridad privada, se duda sobre la pertinencia de que exista una persona que conozca todos los movimientos de los residentes. Cuando se incluyen los costos en la controversia, y se calcula el impacto que los distintos mecanismos de protección han de tener sobre las expensas, el escenario de la decisión colectiva termina de adquirir su forma denitiva. Aquí, nuevamente, los factores económicos y socioculturales juegan un papel fundamental. Los edicios de construcción reciente y, sobre todo, los barrios cerrados, tienen características morfológicas que reclaman la presencia del guardia de seguridad privada, así como de dispositivos electrónicos y ópticos de vigilancia: garita, cámara y alarma perimetral forman parte de la arquitectura de estos emprendimientos. Cuando se interroga a los residentes de este tipo de vivienda sobre las razones que llevaron a contratar un servicio de seguridad, siempre se obtiene la misma respuesta: no participaron de la decisión, que fue tomada por el consejo de administración. No existe iniciativa de parte de los residentes, sino más bien que la opción de habitar en un ámbito de este tipo está determinada por la existencia previa de un dispositivo de seguridad, que forma parte del menú de prestaciones en el que se expresa el estilo de vida de los
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enclaves cerrados. Así, el caso de una joven profesional que trabaja en el rubro del marketing: Ya estaba, o sea cuando nos mudamos ya estaba, venía como parte de los servicios del edificio. O sea que no fue una decisión… No, pero si fue una decisión importante para elegir mudarnos ahí. O sea , no elegimos la empresa, pero si lo tomamos en consideración al momento de mudarnos (V., 29 años).
La elección de la residencia está frecuentemente marcada por un temor que no se basa en las propias experiencias del individuo. Es el caso de un joven profesional que, convencido de que iba a ser secuestrado, intento mudarse sin éxito primero a Miami, luego a Madrid, para regresar a Argentina y abandonar su barrio residencial para instalarse en un country (H., empleado en una constructora, 39 años). La combinación de una experiencia de victimización y la inseguridad ambiente percibida en el entorno contribuye en ciertos casos a forzar una mudanza hacia barrios cerrados o hacia edicios de departamentos con seguridad privada: Toda esa zona se empezó a poner medio fea, que le robaron al vecino, que le robaron en la esquina. Y así, nosotros éramos chicos relativamente y un día entraron al jardín, saltando de medianera en medianera. Y entraron a un cuartito donde guardábamos las bicicletas, el Cohinor, todas esas cosas. Y se llevaron cosas, y entonces ahí medio que se asustaron, como bueno, si me entraron acá, mañana me entran a casa, tengo a todos mis hijos. Ya muchos robos, mucha inseguridad y empezaron a averiguar para mudarnos. Igua l ya estaba la idea porque la casa ya nos quedaba chica y todo. Y empezaron a averiguar, y siempre estaba la posibilidad de un barrio privado, pero por una cuestión de seguridad. Provincia se ponía cada vez más feo, y en el 99 nos mudamos (E., empleada de una consultora, 23 años).
Esta conguración de las representaciones y las prácticas fue ampliamente demostrada por las investigaciones sobre la vida en los countries y barrios privados. Así, sobre la base de entrevistas con residentes de este tipo de hábitat, Maristella Svampa mostró que las personas que abandonan la ciudad para instalarse en una urbanización cerrada son sumamente sensibles a la cuestión de la seguridad, que frecuentemente asocian con los valores de la familia y la tranquilidad. Algunos de estos nuevos residentes fueron víctimas de delitos, pero la gran mayoría maniestan una sensación de inseguridad que se funda en la circulación intersubjetiva de experiencias ajenas y en el trabajo sistemático de los medios de comunicación (Svampa, 2001: 89-90, 231-232).
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Para los habitantes de nuevos edicios protegidos o de barrios cerrados, el servicio de seguridad forma parte de una oferta más general y sistemática de vivienda segura –es decir, así presentada por los agentes del mercado inmobiliario– que permite gozar de una libertad sin límites hacia adentro de las fronteras de estas fortalezas cercadas. Muchos de ellos escogieron un lugar de residencia que les ofrece un entorno protegido: ¿En qué sentido te da seguridad el country? El mío, está al lado de la Panamericana y apenas bajo está, entonces, como no tomo alcohol, en 20 minutos estoy con el auto. Después bajo, está la guardia y uno se siente protegido. Y una vez que estás adentro te podés mover con total libertad (H. 39, economista, años).
En otros casos, las personas simplemente buscaron un lugar juzgado conveniente y, en el caso de los nuevos edicios de las zonas acomodadas de las grandes ciudades, el control de los accesos por medio de vigiladores forma parte de un nuevo estilo de vida que incluye también el solárium y el gimnasio. De la misma manera que la inseguridad se convirtió en pocos años en un símbolo capaz de organizar toda una serie de representaciones, sentimientos, disposiciones y prácticas, la seguridad privada se transformó en un elemento omnipresente del paisaje urbano. Para nadie resulta hoy extraño que este tipo de servicio pueda ser adquirido fácilmente en el mercado. 2.3. Usos instrumentales y rendimiento simbólico
Las personas que disponen de servicios de seguridad privada, sea en forma electrónica o en las distintas modalidades de vigilancia humana, se sirven de estas objetos exteriores para satisfacer necesidades concretas de protección. En algunos casos, se trata de defender cierto espacio o ciertos bienes. En otros casos, se trata simplemente de sentirse seguro: este rendimiento simbólico forma parte de las satisfacciones que asegura esa mercancía particular que es la seguridad privada. En primer lugar, existe un uso especíco de la seguridad privada que conrma lo que había sido anticipado en el momento de la concepción y la producción del servicio: así, los consumidores, se sirven de este servicio para protegerse. Es frecuente que las personas recurran a la vigilancia en el momento de entrar en su casa: Al tener seguridad, no tengo problemas de horario. Lo que si hago, cuando vuelvo tarde, si entro el auto… a veces dejo el auto afuera, como está la
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guardia. Pero si entro el auto, tengo la precaución de hacerle señas al policía, que me mire mientras yo entro a casa. Y si no entro el auto, aunque llegue, o me traigan, antes de entrar hago señas, para ver si está atento, y si no está lo espero. En invierno, cuando llego que ya es de noche, paro en la esquina y pongo las balizas. Los de seguridad ya me conocen el auto. Por ahí están mirando en otro lado, o caminando. Por eso yo me hago ver, ellos se acercan y recién ahí entro a mi casa. Siempre que ellos me estén cuidando (…) tomar el recaudo de que me estén mirando cuando entro a casa, porque es el momento que los delincuentes aprovechan, tienen la oportunidad de entrar con uno (A., profesora de inglés, 37 años).
Este testimonio introduce elementos que son recurrentes entre nuestros entrevistados y que muestran que la producción de seguridad se realiza en la interacción, a través del uso que los clientes hacen del servicio que compran en el mercado. La presencia de los agentes de seguridad está profundamente incorporada en las rutinas cotidianas de las personas, que se sirven de sus servicios en vistas de una gestión racional de los riesgos que enfrentan al momento de entrar en sus hogares. De hecho, existe una teoría que comparten empresarios, empleados y clientes sobre el carácter crítico de este acto cotidiano, que contribuye a legitimar tanto la oferta como la demanda de servicios de vigilancia en barrios residenciales. El dispositivo se apoya así sobre estados subjetivos claros y profundos que se encarnan en prácticas concretas. En segundo lugar, hay usos menos especícos de la seguridad privada que contribuyen a borrar la particularidad de las funciones de seguridad: Las 24 horas hay una persona en la puerta de acceso, que te toca timbre cuando te conoce y si no te pregunta a qué departamento te dirigís. Si de repente hay algún inconveniente, vos de repente le tocas timbre abajo, si estás en tu departamento, y le pedís por favor, no sé, que el del 8° H baje la música. O le preguntas si el portero está dando vueltas por ahí, porque querés encontrarlo. O le preguntas si está ocupado el salón de usos múltiples tal día, porque querés festejar tu cumpleaños (…) Siempre saludo, hola, chau. A veces charlo. A veces cuando vuelvo con la ropa del Laverap y le digo: ‘Me tenés un cachito que voy al súper a comprar algo’ (F., empleada pública, 31 años).
En este caso, la función del vigilador se acerca notoriamente a la del encargado de edicio. De hecho, ambas categorías de trabajadores ocupan con frecuencia el mismo espacio físico; hay numerosos casos en los que el vigilador toma el lugar del encargado entre el atardecer y la mañana siguiente. Es frecuente que la interacción
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con el vigilador sea cordial pero distante y las fugaces conversaciones cotidianas no tratan normalmente sino de cuestiones banales. El servicio de vigilancia forma parte a veces de un dispositivo que los usuarios consideran como una unidad al servicio de sus nes subjetivos, lo que les permite combinar distintos elementos para procurarse la protección deseada: Me hace estar más tranquila el hecho de tener seguridad en el edificio. Porque sé que hay alguien que está permanentemente frente a la puerta de entrada. Además tenemos el sistema de Cablevisión, que se ve a través de la pantalla del televisor la puerta de entrada. O sea que también tenemos eso. Y el hecho de entrar con el auto, nosotros tenemos cochera ahí, de pronto de noche ellos siempre están atentos si entra alguien atrás del auto, o si están esperando al auto para que entre. Ellos tienen una alarma, entonces identifican que va a entrar un auto, y ya están ellos ahí mirando. Ellos saben que va a entrar un auto e inmediatamente van, por adentro del edificio, hacia la cochera y te están esperando en la puerta. Y después bajan la rampa, para ver si no viene ninguna persona antes de que cierre la rampa. (L., empleada de una inmobiliaria, 54 años).
La vigilancia de los ingresos en auto es una prestación sumamente valorada por los clientes. Se trata de un servicio cada vez más generalizado, que casi no existía hace diez años, pero que expresa transformaciones sustantivas en las prácticas cotidianas al tiempo que contribuye a consolidarlas. En efecto, las prácticas concretas de apropiación de los servicios son acompañadas por un relato que contribuye a constituirlas: el sentido de lo que se hace consiste en garantizar la propia seguridad. Esto es más notorio en los casos en que la relación comercial se basa en un fuerte sentimiento de inseguridad: el dispositivo de protección permite a las personas mantener una mínima normalidad en sus rutinas habituales. En ciertos casos, la seguridad privada les da a las personas la tranquilidad suciente para poder seguir haciendo cosas que no harían más si no dispusieran de la garantía que ofrece la presencia de un vigilador: estacionar sobre la calle, salir de noche, encargarse del jardín, pasear al perro o lavar el auto en la vereda. En otros casos, sobre todo en quienes tienen una alarma monitoreada, los clientes se sienten más tranquilos a la hora de salir de sus casas para ir a trabajar o cuando se ausentan por vacaciones: de esta manera, el dispositivo de protección libera a las personas de la obligación de quedarse en sus casas. En los barrios privados, este sentimiento de que la seguridad privada es una condición necesaria para llevar adelante una vida normal alcanza su máxima expresión:
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Ahí donde estamos, hay seguridad, es un barrio privado donde tenés seguridad y ahí dormimos con la puerta abierta, se queda todo afuera, no hay ningún problema (A., traductora, 57 años).
Muchos autores insistieron sobre el hecho de que estas nuevas modalidades residenciales ofrecen a sus habitantes un sentimiento inédito de libertad (Caldeira, 2000; Low, 2003; Svampa, 2001). De una manera más atenuada, lo mismo sucede en los edicios de departamentos que cuentan con seguridad privada: No estaba buscando departamento con seguridad, pero sí me dio tra nquilidad. Y ahora, una vez que lo tengo, me da un poco de tranquilidad. Que puedo llegar a cualquier hora, llego a las 2 de la mañana, un sábado o un viernes, cuando salgo, y estoy tranquila de que me deja el taxi en la puerta y está el de seguridad adentro. No tengo que estar dándome vuelta, viendo si hay alguien atrás con un revolver atrás o con lo que sea (F., 31 años).
De esta manera, la seguridad privada es una prestación que satisface la necesidad material de protección, pero también la necesidad espiritual de sentirse seguros. Los habitantes de los distintos tipos de viviendas utilizan distintos mecanismos para proteger sus bienes. Sin embargo, la dimensión más enfatizada es la de sentirse seguro. Aunque rara vez sea verbalizado, pueden rastrearse elementos que permiten armar que la exclusión de cierto tipo de personas constituye un atractivo no siempre consciente para quienes se sienten protegidos. Así puede interpretarse, en parte, el sentido de la vigilancia en clubes privados, restaurantes, bares y comercios, como parte de una estrategia más global o como simple marca de la distinción entre los grupos sociales. De hecho, el sentido original del término exclusivo remite a la distinción entre el adentro y el afuera. El carácter relacional de la categoría permanece relativamente oculto en este uso derivado que insiste sobre la pertenencia a un círculo de personas distinguidas, más no sea en la esfera del consumo (Bourdieu, 1979). Conclusión
Vimos de qué manera los servicios de seguridad privada ofrecidos en ámbitos residenciales se instauran materialmente sobre el terreno, así como el ajuste de los dispositivos en función de la variedad de condiciones morfológicas en que deben realizarse. La descripción de los motivos de las personas muestra que la inseguridad es sobre todo una manera de representarse la propia relación
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con el entorno, antes que la elaboración de las experiencias personales. Esto no signica que se trate de una representación cticia, o una pura ideología. De hecho, las representaciones son siempre elaboraciones colectivas que se imponen a los individuos. En todo caso, es en la búsqueda de articulación entre las representaciones y las prácticas de consumo que pueden problematizarse las transacciones mercantiles en el terreno particular de la seguridad privada. El estudio de este segmento particular del mercado de la seguridad privada –los servicios domiciliarios para clientes particulares– permite plantear una cuestión dotada de signicación sociológica general: ¿Cuáles son los fundamentos simbólicos de las relaciones económicas? ¿Qué tipo de sentimientos están por debajo de las transacciones en las que las personas intercambian bienes y servicios que entrañan una promesa de seguridad? Un parte importante de la sociología económica demostró que las relaciones mercantiles se apoyan parcialmente sobre las creencias y los sentimientos de los grupos sociales (Bourdieu, 1979; Zelizer, 1978 y 1992). Por otro lado, las prácticas de consumo se relacionan con los estilos de vida de las personas en sus ámbitos de residencia. En el caso de la seguridad privada, el uso de estos dispositivos por parte de los grupos domésticos expresa en parte ciertas transformaciones más amplias de los lazos de vecindad (en particular, aislamiento y repliegue sobre lo privado) al tiempo que las consolida (Caldeira, 2000; Low, 2003; Svampa, 2001). Los mercados de la seguridad, el temor frente al delito y la segregación espacial son componentes centrales de una cultura de la inseguridad que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Esta cultura de la inseguridad –que se revela en el material analizado, y en otros objetos de análisis que pueden ser abordados sociológicamente– puede ser denida como un conjunto de representaciones y sentimientos relativos al delito y la violencia de los cuales los individuos y grupos son portadores, pero que se materializa también en prácticas y en cosas, es decir, opera como principio de las actividades provistas de sentido (por ejemplo, el voto o la participación en una marcha) y permite comprender la existencia y los usos de determinados artefactos (por ejemplos, armas o alarmas). Siguiendo la tradición de la sociología norteamericana clásica, la cultura se entiende así como el conjunto de las creencias, conductas y artefactos elaborados y utilizados por un grupo social (Becker, 2009). El panorama que acabamos de desplegar revela que la inseguridad no es solamente un hecho objetivo, en el sentido de una situación
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de exposición muda frente al crimen, ni tampoco un hecho subjetivo simple, como si se tratara simplemente de creencias y sentimientos que los individuos desarrollan y expresan aisladamente. En el complejo campo de las narrativas y los discursos sobre la inseguridad se articulan elementos económicos, políticos y socioculturales: de este modo, cuando nos adentramos en este terreno, aoran procesos estructurales que pueden ser reconocidos en los rastros que dejan en los testimonios. Así, la inseguridad no puede ser considerada como sinónimo de delito o violencia. Por eso no resulta convincente, en términos teóricos, la concesión que se hace al realismo losóco –que coincide en gran medida con el sentido común y con el realismo político– el derecho a hablar de una inseguridad objetiva que sería independiente del modo en que es percibida y construida simbólicamente como inseguridad subjetiva. La inseguridad tiene una base objetiva –hechos socialmente denidos y percibidos como delitos–, pero es sobre todo una categoría de pensamiento y de acción que es producida, instalada, debatida y puesta en circulación por los periodistas, los expertos y los actores políticos en múltiples arenas públicas. Resulta estéril oponer dos formas ingenuas de realismo y de constructivismo, como sucede a menudo en las controversias políticas. Estamos frente a una pluralidad de regímenes de existencia de la inseguridad, y el desafío consiste en pensar articuladamente las distintas formas de existencia real, y justamente por ello mismo construidas, de lo que socialmente es nombrado con dicho término.
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Conclusión
E
n el transcurso de las páginas precedentes, fueron desplegados los distintos componentes de los mercados de la seguridad. También se identicaron los factores estructurales que acompañan, moldean e impulsan el desarrollo de este nuevo fenómeno social. Ahora bien, ni las características, ni las causas estructurales de la seguridad privada son independientes de una serie de factores políticos y culturales, que permiten la institucionalización de este espacio en el que convergen el comercio de la seguridad y la gestión colectiva del delito. La seguridad se ha convertido en un tema sensible, social y políticamente. No es un asunto que pueda tomarse a la ligera. Las personas tienen sentimientos intensos y denidos en relación con el delito y la violencia, hechos que suelen ser nombrados con la ayuda de la noción de inseguridad. Estos sentimientos acompañan a teorías sociales legas acerca de la naturaleza, las causas y los responsables de este mal. Quien ose relativizar alguna de las convicciones que se hallan fuertemente arraigadas en la conciencia colectiva habrá de padecer una severa sanción moral. En política, no solamente los sectores más conservadores despliegan las clásicas campañas de ley y orden, o las variantes punitivistas de mano dura y tolerancia cero, sino que los candidatos de las fuerzas más progresistas hacen de la inseguridad uno de los ejes principales de su presentación en sociedad, cuando no también de sus propuestas legislativas o gubernamentales. En este marco, el desarrollo de los mercados de la seguridad se hace cuanto menos comprensible. ¿Por qué no habría de generalizarse la preocupación sobre la seguridad? ¿Por qué habría de plantear mayores problemas que las personas recurran a todos los medios disponibles para conjurar el agelo de la inseguridad? Al mismo tiempo, la emergencia de este fenómeno novedoso es acompañada por una serie de percepciones y concepciones que circulan
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en la vida cotidiana, los medios de comunicación y las más diversas instancias políticas. Se habla de ejércitos privados o policías paralelas que deben ser regulados. Se denuncia una retirada del Estado que debe ser corregida. Se anuncia la profundización de las desigualdades a través de mecanismos de discriminación y segregación. Incluso se gura una población atemorizada y sometida a un modo maoso de gestión del miedo. Algunos de estos elementos fueron observados en el análisis de los relatos de los usuarios de servicios de seguridad privada acerca de sus necesidades, sus intereses y sus inquietudes con respecto a la seguridad privada. También al considerar las argumentaciones políticas subyacentes a las herramientas jurídicas con que se fue regulando la actividad. Estas representaciones, junto con las que elaboran los medios de comunicación, no pueden ser vistas simplemente como imágenes distorsionadas, como prenociones oscuras o como tosco conocimiento de sentido común, que habrían de ser superados y descartados una vez que el conocimiento cientíco arroje su luz sobre los hechos hasta entonces ocultos. Al ensayar una interpretación general del fenómeno no puede hacerse abstracción de estos fantasmas. Las representaciones colectivas sobre el delito, la violencia, el peligro, la inseguridad, la policía y la intervención estatal en materia de seguridad, así como las visiones sobre la seguridad privada, sus funciones y sus riesgos, forman parte de la realidad misma que aborda la investigación. Es sobre esta resistente materia que la ciencia social opera. Ahora bien, si el desarrollo de la seguridad privada se vuelve legítimo y comprensible en el marco de una sociedad crecientemente preocupada por los problemas relativos a la protección de la propiedad, englobando en ella al propio cuerpo y a la propia vida, no parece que esta sea la causa del desarrollo de esta actividad social organizada según lógicas mercantiles. En el desarrollo del libro se han encadenado fenómenos que conuyen en la formación del espacio multidimensional de la seguridad privada, un espacio que no puede ser reducido a una única causa o a un solo principio rector, ni ser portador de un signicado unívoco. Se trata de una industria voluminosa y compleja, con un fuerte arraigo espacial y social, y con una historicidad relativamente larga. Antiguos militares y policías, sobre todo ociales, crean la actividad al tiempo que se reconvierten en ella. Trabajadores de condición popular obtienen allí un empleo registrado y estable, aunque monótono y mal pago, como vigiladores. Prestaciones varias que no pueden reducirse a la idea de una policía privada, que se solapan con la portería, la
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recepción, la supervisión, el servicio postal o la atención al público, son vendidas a una pluralidad de clientes que no se reducen a la gura de ciudadanos atemorizados, sino que incluye a empresas, organismos públicos y diversos tipos de instituciones. A su turno, la propia complejidad del fenómeno de la seguridad privada es reforzada por representaciones contrapuestas, que traducen tensiones y conictos políticos y sociales. Me gustaría aprovechar esta conclusión para mezclarme en estas controversias, en particular para poner en discusión tres ideas muy difundidas sobre la seguridad privada: en primer lugar, que es una herramienta exclusiva que usan los ricos para aislarse de los pobres; en segundo lugar, que su desarrollo es una forma de privatización de la seguridad; en tercer lugar, que se trata de una actividad poblada de ex represores que lograron refugiarse en ella. No propongo rechazar de plano estas imágenes de la seguridad privada, sino tratar de ponerlas en el marco de una interpretación global del fenómeno en el que ellas ocupan un papel menos relevante. Comencemos por la controversia en torno al carácter explicativo de las desigualdades sociales sobre el desarrollo de la seguridad privada. El análisis de la demanda de seguridad privada mostró que la fragmentación social y los dispositivos de protección se ensamblan en los ámbitos residenciales. Sin embargo, tanto en términos económicos como de impacto en la denición de la naturaleza de las prácticas de vigilancia y protección, el desarrollo del segmento de seguridad para ámbitos residenciales ocupa un papel secundario. Se trata no solamente de un mercado relativamente pequeño, sino que gran parte de los servicios que allí se ofrecen son traducciones y adaptaciones de los que se habían creado para servir las necesidades de las organizaciones. La seguridad privada está enraizada en estructuras económicas. Su desarrollo es incomprensible si no se consideran los cambios en los modos de gestión de las empresas y el desarrollo de una economía en red. Una persistente tendencia a la subcontratación de servicios complementarios por parte de las empresas abre nichos para la existencia de agencias especializadas en la prestación de servicios de seguridad, como había sido ya el caso para la limpieza, la investigación tecnológica, la selección de recursos humanos o la comercialización. Por lo tanto, no se puede comprender la forma que revisten los servicios de vigilancia y protección sin entender estos cambios estructurales del capitalismo. A su vez, el avance de las lógicas mercantiles como fenómeno social más general tiene también su impacto sobre la posibilidad de que la vigilancia y la protección se conviertan en mercancías. En efecto, si
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existen estos mercados de la seguridad es en parte porque existen mercados a secas y esta forma de organización se transere de un ámbito a otro produciendo –durante los dos últimos siglos, principalmente en las dos últimas décadas– procesos de mercantilización de distintos bienes y servicios. En este marco, la controversia en torno a la privatización de la seguridad puede empezar a plantearse. A lo largo del libro procuramos mostrar que la mercantilización es el proceso que da forma al desarrollo de la seguridad privada. En términos de prácticas y representaciones, la aparición de los mercados de la seguridad implica la supresión progresiva del vínculo que unía exclusivamente el concepto de seguridad con el de Estado, vínculo construido a su vez contra una concepción de la seguridad como tarea autónoma de los grupos sociales (familia, tribu, comuna, ciudad, etc.) antes del advenimiento de los grandes agregados políticos y la consiguiente centralización de los medios de administración de la violencia. Su conformación fue realizada poco a poco por individuos que organizaron las acciones y las cosas según una lógica mercantil: los empresarios de la seguridad y sus clientes. Acompañando este proceso con cierto rezago, otros agentes contribuyeron –a través de la producción simbólica y la puesta en forma política– a la fabricación de una concepción de la seguridad privada como forma legítima de protección de los bienes y las personas: los políticos y los periodistas, pero también los arquitectos, las empresas constructoras, los publicistas y los expertos en comunicación. En n, los agentes gubernamentales aportaron también a esta legitimación, en particular, por el reconocimiento acordado a la seguridad privada por medio de leyes, decretos, circulares y órganos especializados de control. Las autoridades públicas moldean la producción, el consumo y el intercambio de bienes y servicios a través de la instauración de un sistema jurídico general –derecho de propiedad, derecho comercial, derecho del trabajo, etc.– y especíco –en este terreno particular, leyes sobre las armas, leyes de policía, leyes y decretos de seguridad privada, etc. Pero las instancias políticas no fomentan la formación del mercado de la seguridad solo por medio de la legitimación simbólica y jurídica, sino también como usuarios: los propios organismos públicos contratan sistemáticamente los servicios de las empresas de seguridad privada. En efecto, la observación sociológica del mundo de la seguridad privada revela formas múltiples de articulación entre el Estado y el mercado: el Estado proporciona los cuadros directivos y los principios de organización de las prestaciones en los
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orígenes de la industria de la seguridad; el Estado asiste y acompaña la prestación de servicios en el terreno; el Estado controla y reconoce la legitimidad de la actividad; el Estado compra bienes y servicios ofrecidos por las empresas del sector. Se trata pues de un mercado que se constituye contra el Estado… pero no en oposición a él, sino junto a él y apoyándose en sus recursos. En este marco, hablar de privatización parece inconveniente. El desarrollo de la seguridad privada no resulta de un proceso de transferencia de bienes, agentes o funciones desde el Estado hacia las empresas, las familias o los individuos. Expresa más bien una reconguración de los modos de organización de las actividades de la sociedad y las funciones de los poderes públicos Algunas intuiciones centrales de la sociología económica permiten romper con la idea de que el Estado y el mercado son espacios discretos, simples, homogéneos y exteriores el uno con respecto al otro, ayudándonos así a reformular algunas de las preguntas que se han planteado tradicionalmente sobre el signicado social y político del desarrollo de la seguridad privada. ¿Hay efectivamente una crisis del Estado en el ámbito de la producción de la seguridad? ¿O las agencias de seguridad son más bien una emanación informal del Estado, es decir, un negocio reservado a grupos sociales que ya están en el Estado? ¿Hasta qué punto la idea de una crisis del Estado o la noción de privatización bastan para explicar la aparición y la propagación de los mercados de la seguridad? ¿No sería más preciso hablar de una mercantilización de las actividades sociales que incluye los servicios públicos, la salud o la educación, pero también la protección de los bienes y personas, el trabajo de los militantes sociales y políticos (convertidos en profesionales de lo colectivo) y la colaboración de los intelectuales en política (bajo contratos de asesoría o como consultores independientes)? A mi entender, los múltiples papeles del Estado en la instauración de los mercados de la seguridad no pueden ser caracterizados satisfactoriamente con la noción de privatización, ni ser vistos como resultados de su crisis. En este mercado como en otros, muchos agentes estatales tienen un papel activo a la hora de crear actividades e instituciones que algunos consideran como producto de su crisis, pero que pueden ser interpretadas como resultado de la estrategia de acumulación de capitales diversos por parte de quienes ocupan espacios de poder en ciertas áreas de la administración pública. En el caso de la seguridad privada, no existe ninguna transferencia directa de funciones y tareas desde organismos públicos hacia empresas privadas: categorías sociales que se constituyen
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primero en el Estado (militares, policías, gendarmes, prefectos, agentes penitenciarios) se convierten en empresarios de la seguridad dando nacimiento a un nuevo sector de actividad. ¿Puede hablarse aquí de una crisis del Estado y postular un sustrato común a los procesos de privatización? En este caso particular, la construcción del mercado de la seguridad se promueve desde el Estado mismo y son justamente algunos de los actores estatales ligados al ejercicio del monopolio de la violencia física los que controlan el proceso y se benecian de él. Al mismo tiempo, el Estado consagra jurídicamente la legitimidad de esta actividad y, desde periodos muy tempranos, recurre a contratos con empresas del sector para asegurar la protección de ciertos bienes muebles e inmuebles. Esta dinámica se distingue claramente de la privatización de la salud, la privatización de las empresas públicas o la privatización de las telecomunicaciones, que a su vez tienen poco en común entre ellas. Cada uno de estos espacios se produce y se reproduce –y por lo tanto se transforma– en función de interacciones entre actores especícos que participan de un juego especíco. Finalmente, es en el marco de la relación especíca que existe entre el Estado y los mercados de la seguridad que conviene situar la controversia sobre la presencia de ex represores en el mundo de la seguridad privada. Las coberturas periodísticas y los discursos políticos han tendido a subrayar este aspecto como uno de los puntos salientes de la actividad. Hay elementos para sostener que estas representaciones se corresponden con la información existente, o que pueden ser inferidas de la observación directa. En primer lugar, la presencia de ex miembros de las fuerzas armadas y de seguridad es mayoritaria entre quienes crearon y dirigen las empresas del sector. Por el momento histórico en que se produce el auge de la seguridad privada, muchos de ellos pertenecen a las promociones que jugaron un papel protagónico en la represión ilegal y las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante los años setenta. En segundo lugar, las investigaciones periodísticas y judiciales revelaron con lujo de detalles una serie de casos emblemáticos de consumados represores que, sea porque se amparaban en las llamadas leyes de la impunidad (obediencia debida, punto nal, indulto), sea porque todavía no habían sido detectados por los organismos de derechos humanos o por las instancias estatales encargadas de su enjuiciamiento, pudieron desempeñar un papel importante en el desarrollo del sector. En tercer lugar, porque el propio trabajo de campo de esta investigación permitió recoger testimonios de actores políticos encargados de las
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primeras regulaciones civiles impuestas al sector, que insistieron sobre el énfasis que sus gobiernos pusieron en impedir la presencia de personas implicadas en la violación de derechos humanos en las empresas de seguridad privada, así como sobre las depuraciones que siguieron a la aplicación de dichas normas por parte de los órganos creados para scalizar y regular la actividad. Por lo tanto, la presencia de ex represores en el sector de la seguridad privada puede ser aceptada como una realidad incontestable, aunque su alcance deba ser acotado a un segmento minoritario del empresariado. Así, por ejemplo, al contrastar una lista bastante completa de más de un millar de directivos de empresas de seguridad privada registrada desde 2001 hasta nuestros días con los registros de personas imputadas de violación de derechos humanos, se pudo identicar a varias decenas de individuos que –luego de haber creado agencias de seguridad, o formando parte incluso de las cámaras empresarias del sector– fueron inhabilitados por las nuevas normas en los años noventa, o bien localizados por la profundización de las investigaciones judiciales en el despertar del nuevo siglo. Quien fuera encargado de regular la actividad en la ciudad de Buenos Aires luego de la sanción de la ley 118 manifestó que alrededor de un 10% de las empresas de seguridad privada habían estado hasta entonces en manos de ex represores. Pero no podemos tampoco estar seguros de que más individuos con estos antecedentes no hayan escapado de la atención judicial o política, o incluso otros que operen clandestinamente tras la gura de parientes o amigos. En todo caso, la presencia de ex represores forma parte de las controversias públicas acerca de la seguridad privada en Argentina, contribuyendo a crear una cierta imagen del sector. El análisis sistemático del conjunto de este empresariado, incluso considerando las limitaciones de las fuentes, muestra que esta imagen se corresponde sólo parcialmente con la realidad: el tratamiento mediático y político, basado en algunos casos resonantes, tendió a generalizar sobre el conjunto del universo lo que en realidad es solo válido para una parte. En lo que coinciden, sin embargo, el análisis sistemático y la crónica periodística es en resaltar la presencia mayoritaria de ex militares y ex policías, hayan estado o no involucrados en episodios de violación de los derechos humanos. Esta presencia no expresa necesariamente un hecho históricamente singular –por ejemplo, que los represores se refugien en la seguridad privada– sino un hecho estructural –que los ex militares y los ex policías encuentran en la seguridad privada un ámbito privilegiado de
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reconversión. Este fenómeno se daba ya en los años sesenta, y también se observa en otros países. Puede argumentarse que este hecho estructural es sociológicamente más relevante que el hecho histórico singular. En resumen, las imágenes mediáticas y políticas de la seguridad privada no son simplemente una representación desgurada y parcial de lo real. Son parte de lo real. Determinan la manera en que se regula políticamente la seguridad privada. Pero también los comportamientos de los consumidores. Aunque la mirada sociológica busque muchas veces mostrar las limitaciones cognoscitivas o las distorsiones ideológicas de las representaciones ordinarias de sus propios objetos, hace tiempo que fue puesto en duda su pretendido derecho a tener la última palabra. La interpretación sociológica forma parte de las disputas entre visiones contrapuestas de los hechos que constituyen el mundo social. Este libro intentó arrojar luz sobre un ámbito de la vida social que suele ser enfocado desde perspectivas parciales, casi siempre de manera esporádica, pero no para presentar simplemente una mirada superadora y denitiva. De hecho, las diversas narrativas que revelan la existencia de la seguridad privada –narrativas que son enunciadas por empresarios, políticos o consumidores, pero que también saben tomar cuerpo en estadísticas, directorios, listas administrativas y normas jurídicas– se han desplegado en el cuerpo de este libro. Con todo, hay algunas cuestiones que pudieron ser sistematizadas en el marco de este diálogo entre actores, teorías y textos. En primer lugar, que la seguridad privada tiene una cierta profundidad histórica y múltiples anclajes estructurales. Los distintos aspectos que constituyen el fenómeno responden a causas y determinantes estructurales que lo hacen una realidad robusta. Por lo tanto, algo que no depende de la voluntad ni de la mala fe –lo que no signica que no haya iniciativas de agentes públicos y privados para que se desarrolle esta actividad lucrativa, ni que no existan prácticas extorsivas, maosas o contrarias a valores y derechos– no puede ser suprimido por la voluntad o la buena fe –es decir, la pura prohibición o una biempensante legislación. La seguridad privada se orienta en función de la protección de los bienes y de las personas para así obtener una ganancia económica. Y los mercados de la seguridad se acoplan con un tipo de deseo, demanda o imperativo social en donde el Estado ha tenido una incumbencia protagónica durante más de dos siglos. Pero no solamente hace eso. También ordena los espacios de vida y de trabajo, asegura el emplazamiento y la circulación de las pobla-
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ciones en el espacio, ofrece oportunidades de lucro y de empleo a determinadas categorías sociales. Debe evitarse toda reducción funcionalista, o toda simplificación panorámica, que tienda a generar una ilusoria visión unitaria de esta realidad enmarañada. Para ello hemos construido un diálogo sistemático con las principales hipótesis planteadas por la literatura especializada para explicar y comprender el desarrollo de la seguridad privada. En el curso del análisis procuramos revisarlas, retenerlas y acomodarlas en el marco de una explicación multidimensional del desarrollo de la seguridad privada. La tesis de que la seguridad privada es el producto de la privatización de la función policial, en el sentido de transferencia de agencias públicas a empresas que operan en el mercado, fue rechazada. No explica ni su origen ni su actual conformación. Si algunas tareas estatales fueron externalizadas hacia los privados, no son especícamente las que realizaban las fuerzas de seguridad. La tesis de que la seguridad privada se desarrolla porque el Estado no cumple con su papel de garantizar la seguridad pública fue también relativizada, en parte porque tiende a haber una coincidencia entre el gasto público en seguridad y el desarrollo de los mercados de la vigilancia y la protección, pero sobre todo porque cualitativamente este mecanismo solo atañe a los particulares. Las empresas industriales, comerciales y nancieras, principales clientes de las agencias de seguridad privada, nunca dispusieron de la policía para proteger su patrimonio y organizar sus procesos internos. La falta de respuesta policial puede explicar solamente el desarrollo de mecanismos privados de protección en los ámbitos residenciales: debe reconocerse que la seguridad privada se desarrolló con mayor fuerza en los barrios privados desde los años ochenta y en los edicios de departamentos desde hace poco más de una década. Pero incluso así el alcance de la hipótesis es limitado y deber ser especicado. Conviene de hecho combinarlo con el aumento de la inseguridad, la percepción de riesgo y la preocupación creciente por la seguridad para explicar por qué las familias recurren al mercado para obtener tranquilidad y proteger su patrimonio. La tesis que pone énfasis en la externalización de las tareas de vigilancia, control y protección patrimonial por parte de las organizaciones tanto públicas como privadas resulta vigorosa, tanto para explicar el origen como gran parte de las operaciones presentes de la industria de la seguridad. Son las empresas privadas y los organismos estatales los que recurren a estos servicios para desarrollar tareas que antes realizaban por sí mismos.
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La tesis de los fundamentos socioespaciales del desarrollo de la seguridad privada, que postula la solidaridad que existe entre la propiedad privada de masas y las formas privadas de gestión del orden, también parece robusta. Permite explicar el desarrollo de la seguridad privada en centros comerciales, grandes instalaciones de esparcimiento y barrios privados. En los primeros dos casos, puede combinarse cómodamente con la hipótesis de la externalización, mientras que el último puede articularse con las hipótesis de aumento de la preocupación securitaria y ausencia de protección policial que afecta a las familias. Finalmente, hay factores políticos que operan como catalizadores de los procesos de conformación de los mercados de la seguridad. En primer lugar, un grupo social relativamente poderoso como los militares, con su apéndice policial, pudo crear en los años sesenta y setenta una actividad que tenía entonces posibilidades de ser reconocida como legítima por el Estado, por las empresas y por los sectores sociales más proclives a servirse de sus prestaciones. En segundo lugar, las instituciones gubernamentales conrman la validez de una solución mercantil a los problemas de seguridad a través de la legislación y la creación de organismos especícos para su regulación. En lo atinente a la conformación de una oferta de servicios de seguridad privada, estos factores no deberían ser minimizados. En síntesis, los servicios de vigilancia, custodia y protección que comercializa la industria de la seguridad son realizados a través de procedimientos humanos y dispositivos tecnológicos que se ensamblan con las prácticas rutinarias de una pluralidad de consumidores individuales y colectivos, portadores de motivaciones e intereses diversos. Así, el desarrollo de un sector especializado en la prestación de servicios de protección de los bienes y las personas remite a cambios más generales en el mundo económico: la tercerización, la gestión racional de los riesgos, la recomposición de los presupuestos de los hogares, de las empresas y de los organismos públicos. Implica también elementos sociales y culturales distintivos de la sociedad contemporánea: el énfasis en la prevención y el temor al delito, la compartimentación y el aislamiento de los individuos y los grupos, la recurrencia a soluciones particulares para los problemas vitales. Y tiene una maniesta naturaleza política, no solamente porque el Estado está inextricablemente unido a su emergencia y a su funcionamiento, sino porque cuestiones políticas de primer orden tales como la seguridad ciudadana y la igualdad de derechos se ponen en juego en el desarrollo de los mercados de la seguridad.
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