V VACACIONES Concepto y tratamiento constitucional En cuanto al descanso vacacional anual remunerado, debemos indicar que se trata de un derecho de reconocimiento internacional a nivel de la normativa sobre derechos humanos, y, a nivel constitucional, el artículo 25º ha establecido que “(...) Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y compensación se regulan por ley o por convenio (subrayado agregado). De esta forma se ha optado por una reserva de ley y posibilidades de pacto mediante Convenio (autonomía colectiva) en esta materia, en cuanto a su disfrute y compensación.
de descanso vacacional por cada año completo de servicios; no obstante, el ejercicio de ese derecho está condicionado, además, al cumplimiento de un récord vacacional por parte del trabajador (ibid.) Tribunal Constitucional Exp. N° 00027-2006-PI ICA Colegio de Abogados de Ica
VACATIO SENTENTIAE Importancia de diferir diferir los efectos efectos de las sentencias en determinados casos
Con relación al descanso vacacional, este Colegiado ha señalado que “(...) el ejercicio del derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre guarda estrecha relación con la implantación de una jornada de trabajo razonable. (...), la jornada de trabajo no puede ser un impedimento para el adecuado ejercicio del mencionado derecho o convertirlo en impracticable. (...),las jornadas atípicas deberán ser razonables y proporcionadas según el tipo de actividad laboral, a n de que el derecho al descan so diario sea posible” (Exp. 04635-2004-AA. F.J. 20) (subrayado agregado)
En cuanto a los efectos de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley, cabe mencionar que el artículo 204° de la Constitución establece que: “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario ocial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal”.
En cuanto al descanso vacacional anual remunerado, que es el descanso que se regula en la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, la normativa infraconstitucional ha establecido que el trabajador tiene -en el régimen común- derecho a treinta días (30) calendario
Como lo ha sostenido este Colegiado en el Expediente Nº 00004-2006-PI/TC, FJ 174, más allá de su distinta valoración, la potestad de los Tribunales o Cortes Constitucionales de diferir los efectos de sus sentencias de acuerdo a la naturaleza de los casos que son sometidos a su conocimiento, constituye en la actualidad un elemento de vital importancia en el Estado Constitucional, pues se diere con el objeto de evitar los efectos destructivos que podría generar la ecacia inme diata de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, tendiéndose a aplazar o suspender los efectos de esta.
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Vacatio Sententiae
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Ello, sin lugar a duda, no implica una total discrecionalidad o arbitrario accionar por parte del Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario. Como sostiene Zagrebelsky, esta potestad de diferir los efectos de sus decisiones, “empleada con prudencia y, al mismo tiempo, con rmeza por parte de la Corte Constitucional, sería una demostración de un poder responsable y consciente de las consecuencias”. “[E]l orden y la gradualidad en la transformación del derecho son exigencias de relevancia, no simplemente de hecho, sino constitucional”. Es por ello que “La Corte no puede desinteresarse de los efectos de los pronunciamientos p ronunciamientos de inconstitucionalidad, cuando éstos pueden determinar consecuencias que transtornen aquel orden y aquella gradualidad. En tales casos ella no puede observar pura y simplemente –es decir, ciegamente– la eliminación de la ley inconstitucional, tanto para el pasado como para el futuro. La ética de la responsabilidad exige esta atención”. [ZAGREBELSKY, Gustavo. “Il controllo da parte della Corte Costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d’incostituzionalitá: posibilita e limiti”. En: Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al palazzo della consulta il 23 a 24 novembre 1988. Giuffré, Milano, 1989. pp.195 y 198]. Asimismo, Franco Modugno ha sostenido que circunscribir los efectos «naturales» de los pronunciamientos de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional constituye una necesidad que deriva de su rol institucional: “eliminar las leyes inconstitucionales del ordenamiento, pero sin producir situaciones de mayor inconstitucionalidad , sin que los resultados de su juicio sean todavía más perjudiciales para el ordenamiento. Toda la historia de las sentencias interpretativas, desestimatorias y estimatorias, de las manipulativas, aditivas o sustitutivas, está allí para demostrarlo. El horror vacui, el temor a la laguna, a menudo es justicado por la advertencia que el posterius puede resultar más inconstitucional que el prius. El temor a la laguna acude, por tanto, a valores constitucionales imprescindibles. No obstante, sin querer renunciar, por
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otra parte, a la declaración de inconstitucionalidad, un remedio a veces ecaz, en determinadas circir cunstancias, puede ser aquel de la limitación de sus efectos temporales”. [MODUGNO, Franco. “Con Effett ettii tem tempora porali li del delle le siderazione sul tema”. En: Eff sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al palazzo della consulta il 23 a 24 novembre 1988. Giuffré, Milano, 1989. p. 15]. Pese a lo expuesto, esta potestad de los Tribunales Constitucionales para diferir en el tiempo los efectos de sus decisiones de inconstitucionalidad no siempre ha sido bien entendida por algunos sectores de la doctrina, como tampoco por parte de algunos poderes públicos, cuando estos últimos han propugnado la eliminación de esta potestad, desconociendo de este modo el horror vacui que puede generar, en determinados supuestos, el hecho de que una sentencia de inconstitucionalidad pueda tener efectos inmediatos. Precisamente, el caso de las disposiciones cuestionadas de la Ley N° 28665, de organización, funciones y competencia de la jurisdi jur isdicci cción ón esp especi eciali alizad zadaa en materia materia penal militar militar policial, constituye un claro ejemplo de los efectos destructivos y las lagunas normativas que se generarían si este Tribunal, desconociendo su responsabilidad constitucional, decidiera que la sentencia de inconstitucionalidad surta efectos al día siguiente Peruano. o. de su publicación en el diario ocial El Peruan Tribunal Constitucional Res.. Nº 00005-20 Res 00005-2007-P 07-PI/T I/TC, C, Fundam Fundament entos os 47-51. 47-51. Inconstitucionalidad Inconstitucionali dad de la Ley N° 28934 que amplía excepcional y temporalmente la vigencia de la actual justicia militar policial
VALORACIÓN PRUEBA
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Concepto Este Tribunal Constitucional ha señalado (cf. STC010-2002-AI/TC, FJ 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3,
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Valoración de la Prueba
de la Constitución. En este sentido, una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos–. Tribunal Constitucional Exp. Nº 4831-2005-PHC/TC Arequipa Rubén Silvio Curse Castro Límites No obstante, es menester considerar que el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justicar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho básico de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que conguran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la nalidad de acreditar los hechos que con guran su pretensión o defensa. Tribunal Constitucional Exp. Nº 4831-2005-PHC/TC Arequipa Rubén Silvio Curse Castro
admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el n de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la na lidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. Como puede verse, de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba uno está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios ob jetivos y razonables. Por ello, la omisión injusticada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, al debido proceso. Tribunal Constitucional Exp. Nº 4831-2005-PHC/TC Arequipa Rubén Silvio Curse Castro
Contenido
Valoración basada en la “sana crítica”
Se trata, pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de acuerdo con lo señalado anteriormente por el Tribunal Tribunal Constitucional Constitucional (vid. STC 067122005/HC/TC, FJ 15), está determinado:
Este colegiado (Tribunal Constitucional) considera que, aun cuando el derecho a la prueba constituye un elemento del debido proceso, y la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a una actividad probatoria suciente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo imputado, en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema
(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean
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Valoración de la Prueba
de valoración razonable y proporcional (“Sana Crítica”). En virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios sin que estos tengan asignado un valor predeterminado (“Tarifa Legal”). En ese sentido, prima facie la valoración de las pruebas corresponde únicamente a la justicia ordinaria, no siendo la justicia constitucional competente para determinar si ha quedado demostrada la responsabilidad penal del imputado. Desde luego, ello no signica que la actividad probatoria se sustraiga del control de la justicia constitucional, pues ella debe ser realizada de acuerdo con los principios que la informan. Entre tales principios, un lugar especial es el que ocupa la necesidad de la debida motivación, la que deberá quedar plasmada en la sentencia de manera suciente. Tribunal Constitucional Exp. Nº 0198-2005-HC/TC Lima James Louis King
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VALORES MOBILIARIOS
rio; estipulación que debe entenderse expresa y no tácita, dado que la prenda se congura por mandato de una norma legal; Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Cas. Nº 2798-03 Lima
VEHÍCULOS Adquisición La Sala considera que un consumidor razonable que adquiere un vehículo nuevo de una marca reconocida en el mercado internacional, a través de un proveedor formal, espera que dicho producto no presente ruidos y vibraciones salvo que estas sean características propias del producto y que hayan sido informadas previamente por el proveedor o que, por su naturaleza, resulten previsibles para el consumidor tomando en cuenta su experiencia con vehículos similares. Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI Res. Nº 0046-2004/TDC-INDECOPI Exp. Nº 176-2003/CPC Garantía implícita
Aseguramiento de obligación La entrega de valores mobiliarios para asegurar el cumplimiento de una obligación de comercio constituye el contrato de prenda mercantil, y vencido el plazo de préstamo sin haberse pagado, el acreedor puede proceder a la venta de la prenda en la forma estipulada en el contrato respectivo, como disponen los Arts. 315 y 317 del Código de Comercio, lo que concuerda con el Art. 1087 del Código Civil. Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 949-98 Huánuco Constitución automática de la prenda La constitución automática de la prenda sobre valores mobiliarios se presume establecida sólo en garantía de las obligaciones de quien hizo entrega de la misma a la entidad nanciera, a no ser que exista una estipulación que señale que tal presunción no opera de forma alguna o que la garantía involucra obligaciones distintas a las que corresponden al titular del valor inmobilia-
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Un consumidor entenderá que aun cuando un producto sea adquirido como nuevo podría fallar eventualmente, caso en el que el proveedor se encontrará obligado a repararlo gratuita e inmediatamente en aplicación de la garantía expresa o implícita. No obstante, en la medida que la camioneta 4 x 4 en cuestión es un vehículo nuevo de una marca reconocida adquirido a un proveedor formal, un consumidor no esperaría que sufra múltiples desperfectos dentro del periodo de garantía, y en tal supuesto, esperaría que el producto sea repuesto o que se le devuelva el dinero pagado. Ello, toda vez que las fallas de fabricación que pueda sufrir un producto, no constituyen una carga que deba ser asumida por el consumidor, sino que es un problema que debe ser resuelto entre el distribuidor del vehículo y su fabricante. Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI Res. Nº 0537-2006/TDC-INDECOPI Exp. Nº 574-2005/CPC
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Venire contra Factum Propium
VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM
Actos Propios (Doctrina de los-)
Concepto El comportamiento de la recurrente atenta contra la regla general de derecho derivado del principio general de la buena fe (venire contra factum propium non valet), y que se materializa en la teoría de los actos propios, según la cual “(…) a nadie le está permitido ir contra sus propios actos (…)” Carlos Soto Coaguila; Revista hechos de la Justicia; incluso, este autor, citando a ENNECERUS, indica que estamos ante una regla de derecho según la cual “(…) A nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esta conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe” Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2208-2005 Lima
VENTA DE BIEN AJENO
Compraventa
Concepto Con respecto a la validez de la venta de bienes ajenos y la posición que asume nuestro sistema jurídico sobre el particular particular,, es preciso dejar claramente establecido que en el tráco jurídico de bienes pueden presentarse dos situaciones distintas: a) Que a la celebración del contrato vendedor y comprador conocen que el bien objeto de la venta es ajeno, en cuyo caso la venta es válida, en tanto implica la obligación del vendedor de procurar que el bien sea adquirido por el comprador, conforme lo prescribe el artículo 1537º del Código Civil vigente, concordante con el inciso 2 del artículo 1409º del mismo cuerpo de leyes; y b) Que el vendedor venda como propio, un bien que es ajeno, en cuyo caso la venta no puede ser válida, y por el contrario incurre en nulidad virtual, ya que, si bien este acto jurídico
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no está especícamente sancionado con nulidad, la conducta del vendedor sí tipica como delito previsto y penado en el artículo 197º inciso 4 del Código Penal vigente, por tanto se trata de un acto nulo por ser contrario al orden público. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema Cas. Nº 1709-2004 Huánuco
VICIOS OCULTOS
Saneamiento por evicción
VISITA (RÉGIMEN DE)
Régimen de visita
VOTO, DERECHO DE Concepto El derecho fundamental de sufragio activo se maniesta a través del voto (tercer y cuarto párrafos del artículo 31º de la Constitución), y su titularidad se encuentra reservada a los ciudadanos, es decir, a los mayores de 18 años, y siempre que dicha ciudadanía se encuentre inscrita en el registro electoral correspondiente (artículo 30º de la Constitución). Es así que la suspensión de la ciudadanía por cualquiera de las causales previstas en el artículo 33º de la Norma Fundamental, da lugar a la suspensión del ejercicio del derecho de voto. De conformidad con el artículo 31º de la Constitución, el derecho de voto goza de las siguientes garantías inherentes a la delimitación de su contenido protegido: a) Es personal: Debe ser ejercido directamente y, y, en ningún caso, a través de interpósita persona. Los demandantes han alegado que dado que el derecho de sufragio [t]iene naturaleza personal, no [es] posible (...) que un derecho con tales alcances pueda convivir con una ley que establezca un condicionamiento respecto de la participación de un determinado partido político del Congreso. (sic).
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Voto, Derecho de
(artículo 176º) y responsable entre las distintas opciones posibles. La “decisión”, consiguientemente, jamás puede ser consecuencia de algún grado de incidencia previa sobre la libertad de conciencia (artículo 2º, inciso 3) ni menos aún sobre la integridad física, psicológica o moral (artículo 2º, inciso 1).
La maniesta ausencia de nexo lógico entre aquello que protege el requerimiento constitucional de que el voto sea personal, y este alegato de los demandantes, releva a este Tribunal de mayor análisis sobre el particular. b) Es igual: Esta característica deriva del mandato previsto en el artículo 2º, iniciso 2, de la Constitución, conforme al cual ninguna persona puede ser discriminada por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
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Siendo el derecho de voto una garantía institucional para la estabilidad y la convivencia armónica en una sociedad democrática, en modo alguno puede justicarse la restricción en su ejercicio por causas carentes de objetividad, razonabilidad y proprcionalidad. Por el contrario, dichas restricciones deben ser en todos los casos valoradas bajo el imperio del principio pro homine, de manera tal que toda interpretación debe encontrarse orientada a procurar el ejercicio pleno del derecho. c) Es libre: Esta Esta característica característica del derecho derecho de voto merece un análisis conjunto con su obligatoriedad hasta los setenta años. La libertad inherente al derecho de voto debe ser comprendida en el sentido de que a nadie pueda conminarse a que se manieste en un determinado sentido, de manera tal que su orientación sea consecuencia de una meditación personalísima, “espontánea”
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Sin embargo, en aras de forjar una identidad ciudadana con los principios consubstanciales a la participación política y la democracia, el constituyente no solamente ha estatuido el voto como un derecho, sino como un deber, de modo tal ha optado por estatuir el voto obligatorio, dando lugar a que, sin perjuicio de lo expuesto, ante la ausencia de causas justicadas, justicada s, pueda derivarse alguna sanción administrativa por no acudir a las urnas. d) Es secreto: Nadie puede ser obligado a revelar, sea con anterioridad o posterioridad al acto de sufragio, el sentido del voto. Este componente del derecho al voto deriva, a su vez, del derecho fundamental de toda persona a mantener reserva sobre sus convicciones políticas (artículo 2º, inciso 18), y constituye una garantía frente a eventuales intromisiones tendentes a impedir que se forje una elección libre y espontánea. Tribunal Constitucional Exp. Nº 0030-2005-PI/TC Lima Más del 25% del número legal de miembros del Congreso de la República
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