Apoderamiento

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I. CONCEPTO Figura jurídica que se encuadra en la institución más amplia de la representación. En términos muy amplios, la representación es la cooperación que una persona presta I. CONCEPTO a otra mediante una gestión de sus asuntos en relación II. NATURALEZA JURÍDICA con otras personas. La representación puede ser legal que III. CONDICIONES PARA ACTUAR es aquella cuya existencia, contenido y límites emanan EN NOMBRE DE OTRO EN VIRTUD directamente del mandato legal, o voluntaria que es DE APODERAMIENTO aquella cuyo título reside en la voluntad declarada del representado. Ese acto de voluntad recibe el nombre de IV. SUBSISTENCIA DEL poder, apoderamiento o autorización representativa que APODERAMIENTO EXTINGUIDO sería el negocio jurídico unilateral y recepticio por el que una persona faculta a otra, en virtud, de una justa causa, para que actúe en su nombre y por su cuenta. Por otra parte el apoderamiento pertenece al ámbito de la representación  representación  directa. Ésta es aquella en que el representante actúa y decide en nombre y por cuenta del representado, frente a la representación indirecta en que el representante actúa en nombre propio pero por cuenta del representado. En la representación directa el actuar en nombre ajeno ha de ser patente para quienes contratan con el representante (contemplatio domini) mientras que en la indirecta no se exterioriza la condición de representante. Pues bien la representación adquiere carácter directo mediante el apoderamiento así como mediante la ratificación. El apoderamiento sería una autorización a priori, la ratificación a posteriori. El ámbito del apoderamiento coincide esencialmente con el de la autonomía privada, desbordando por tanto el campo estrictamente negocial. Comprende así, no sólo la celebración de negocios jurídicos, sino también el ejercicio de derechos y facultades así como la realización de actos jurídicos no negociales (como la interrupción de la prescripción. Por el contrario se

excluyen los actos personalísimos (como la formación de testamento, sin perjuicio de las especialidades forales en cuanto al testamento por fiduciario o comisario) así como los actos relativos a los bienes de la personalidad, estado civil y derechos de familia. La concepción clásica identificaba el apoderamiento con el contrato de mandato pero modernamente, se ha demostrado, especialmente por la doctrina alemana, que se trata de instituciones diferentes. En este sentido Castán señala varias diferencias: 1ª. Que el mandato origina una relación obligatoria personal e interna entre mandante y mandatario, mientras que el apoderamiento suministra un poder jurídico de obrar con eficacia a nombre del poderdante. 2ª. Que, por ende, el apoderamiento tiene necesariamente como finalidad la representación, mientras que el mandato puede existir sin ella. 3ª. Que el mandato como contrato que es requiere la aceptación expresa o tácita del mandatario, mientras que el poder es un acto jurídico unilateral, que sólo requiere la declaración de voluntad del poderdante, dirigida a los terceros, sin que sea necesaria la aceptación, ni siquiera el conocimiento del apoderado. Ciertamente, el apoderamiento suele estar incorporado al contrato de mandato, pero también lo puede estar a otros contratos como el de sociedad o el arrendamiento de servicios. Hay apoderamientos sin mandato (capitán, factor, socio gestor), y hay mandatos que no llevan consigo un apoderamiento (representante indirecto, mandatario oculto). La distinción conceptual entre mandato y apoderamiento ha venido acompañada de la pretensión de caracterizar el apoderamiento como un negocio abstracto. La importancia práctica de esta cuestión radica en que, aislado el apoderamiento del negocio por cuya razón se otorgó, su validez no se vería afectada por la nulidad del negocio que le sirve de causa ni porque el apoderado se extralimite con tal que ello no resulte del poder. Se dice que esta abstracción beneficiaría a los terceros que contratasen con un apoderado en base a un negocio nulo o con un apoderado que use el poder para un fin distinto de aquél para el que fue concedido. De Castro entiende que en el Derecho español esta tesis resulta insostenible, ya que la abstracción negocial repugna al sistema general del Código Civil. El apoderamiento no puede ser concebido como una rueda loca, cuando puede funcionar en conexión con el acto que lo pone en movimiento (mandato, sociedad, arrendamientos de servicios). Sin perjuicio, por supuesto, de admitir la llamada abstracción procesal de la causa del artículo 1277 del Código Civil. Por lo demás, los terceros de buena fe quedan suficientemente protegidos por los artículos 1734 y 1738 sin necesidad de recurrir al apoderamiento abstracto, al permitir dichos preceptos que el poder siga siendo eficaz, en algunos casos, frente a las personas que han podido confiar legítimamente en la subsistencia del mismo.

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II. NATURALEZA JURÍDICA La mayoría de la doctrina considera que el apoderamiento es un negocio jurídico, es decir "un acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada, dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el Derecho objetivo reconoce como base del mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento establece. No obstante hay autores que lo consideran un acto jurídico en sentido estricto, una condición de eficacia del negocio jurídico principal celebrado entre el representante y el tercero, o una especie de oferta para celebrar un mandato representativo. Es un negocio jurídico unilateral pues sólo requiere que el poderdante declare su voluntad de conferir su representación al apoderado. No es necesaria la aceptación, ni siquiera el conocimiento del apoderado para la existencia del apoderamiento. Es también un negocio jurídico recepticio en cuanto que es necesario que la declaración de voluntad llegue al destinatario (no que la acepte), que puede ser el apoderado, supuesto normal y corriente, o la persona frente a la cual el apoderado desplegará su actividad. No es requisito para la existencia del poder sino para su eficacia, siendo válido aunque no haya salido del ámbito personal del representado. El carácter recepticio del apoderamiento sirve para distinguirlo de figuras semejantes contenidas en declaraciones de última voluntad, como son, por ejemplo el poder conferido a albaceas, contadores-partidores etc.

III. CONDICIONES PARA ACTUAR EN NOMBRE DE OTRO EN VIRTUD DE APODERAMIENTO Como hemos expuesto, es necesario distinguir la relación originante de la representación (que puede ser tanto un contrato de mandato como una situación jurídica de naturaleza diversa, como el contrato de sociedad o el arrendamiento de servicios) y la relación representativa que existe entre poderdante y apoderado. Ahora bien, dice Diez- Picazo que la distinción no es tan categórica como pudiera pensarse, de ahí que se aplique al apoderamiento la disciplina normativa del mandato, si no se dispone, como así ocurre en nuestro Derecho, de otra distinta.

1. Capacidad del apoderado. Según el Código Civil tienen capacidad para ser mandatarios los mayores de edad y los menores emancipados. Ahora bien, en la relación interna entre el poderdante y el menor apoderado, aquél sólo tendrá acción contra éste, como dice el artículo 1716 "en conformidad a lo dispuesto respecto a las obligaciones de los menores".

2. Forma del poder. Rige el principio espiritualista de libertad de forma. Sólo en algunos casos se exige una especial documentación. Según el artículo 1280.5º del Código Civil, "Deberán constar en documento público: el poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero". Pero esta exigencia de forma no tiene carácter constitutivo, sino que se exige para hacer valer el apoderamiento.

3.  Suficiencia del poder. Establece el Código Civil que el mandato concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración; que para transigir, enajenar,

hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso; y que la facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o en amigables componedores. Así pues, hay que atenerse al texto del poder para apreciar su suficiencia siendo las facultades en él conferidas de interpretación estricta.

4. Subsistencia del poder. Es de aplicación a la extinción del apoderamiento la normativa del mandato, estableciendo el artículo 1732 del Código Civil que "El mandato se acaba:

1º Por la revocación a la que nos referiremos a continuación. 2º Por la renuncia del mandatario. Esta causa de extinción no es aplicable al apoderamiento, ya que éste es un negocio jurídico unilateral que se constituye y se extingue por decisión del poderdante. (La renuncia del apoderado sólo puede tener virtualidad extintiva de la relación subyacente al apoderamiento en cuanto sea un mandato u otra relación susceptible de extinguirse por renuncia).

3º Por muerte o insolvencia del mandante o mandatario. Interesa referirse de modo especial a la revocación que es el negocio jurídico unilateral y recepticio -dirigido al representante- por el que se extingue el apoderamiento conferido. La revocación que puede ser expresa o tácita, debe cumplir el requisito de su notificación al apoderado, incluso en la revocación tácita. Así se desprende del artículo 1735: "El nombramiento de un nuevo mandatario para el mismo negocio produce la revocación del mandato anterior desde el día en que se hizo saber al que lo había recibido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1734". El ámbito de la revocación del apoderamiento exige distinguir dos supuestos: la revocación del apoderamiento conferido por causa de mandato y la revocación del apoderamiento conferido por otras causas. En principio, el apoderamiento conferido por causa de mandato es libremente revocable ya que el artículo 1733 establece que "El mandante puede revocar el mandato a su voluntad, y compeler al mandatario a la devolución del documento en que conste el mandato." Sin embargo, la doctrina se ha planteado la cuestión de la irrevocabilidad del mandato, señalando que deben distinguirse dos modalidades de la misma: A) La irrevocabilidad obligacional o pacto de no revocar que obliga simplemente al mandante a no revocar. Es un pacto admisible, dentro de los límites institucionales a la autonomía privada. Si el mandante incumple su obligación de no revocar, la revocación es eficaz, sin perjuicio de la indemnización que proceda. (Lo que no cabe es una reposición judicial del mandatario pues se trata de un hacer y un no hacer personalísimo). B) La irrevocabilidad por naturaleza que supondría que en el mandato no existe la facultad de revocar y, en consecuencia, es ineficaz el intento de actuar tal facultad. La irrevocabilidad por naturaleza no parece admisible en el ámbito del apoderamiento por causa de mandato, dado el artículo 1733 del Código Civil  y el significado de confianza que caracteriza al mandato. Sin embargo, la irrevocabilidad por naturaleza puede admitirse en el apoderamiento que se confiera por causa distinta del mandato, si en dicha causa aparece un interés legítimo del apoderado que justifique la irrevocabilidad; es decir, cuando el soporte causal del apoderamiento no sea el mandato ni otra relación jurídica basada en la confianza ni destinada a gestionar exclusivamente los intereses del poderdante. Esta es la posición adoptada por nuestra jurisprudencia, como señala De Castro. Así, se admiten poderes irrevocables en casos como el siguiente: cuando el deudor llega a un acuerdo con sus acreedores para saldar sus deudas, cediéndoles sus bienes para que los administren y enajenen y se cobren con su producto, en cuyo caso otorga un poder a quien designen los acreedores, para llevar a cabo lo

acordado. El artículo 234 del Reglamento Hipotecario   hace una aplicación particularizada de este supuesto: poder conferido por el deudor hipotecario a su acreedor, para que le represente en la venta de la finca dentro del procedimiento ejecutivo extrajudicial.

IV. SUBSISTENCIA DEL APODERAMIENTO EXTINGUIDO Decíamos antes que negar el carácter abstracto del poder no implica desprotección para los terceros de buena fe que atiendan a su existencia aparente y desconozcan las vicisitudes internas de la relación causal básica que determinó el otorgamiento del poder. Por ello se admite que el poder extinguido puede seguir siendo eficaz frente a terceros de buena fe, cuando no se han destruido los elementos materiales a través de los cuales dicho poder alcanzó su proyección exterior. El artículo 1734 del Código Civil   admite la subsistencia del poder extinguido: "Cuando el mandato se haya dado para contratar con determinadas personas, su revocación no puede perjudicar a éstas si no se les ha hecho saber" (este precepto no añade como segundo requisito de la revocación su notificación a estas determinadas personas, porque la revocación se consuma por su notificación al apoderado, sino que esta segunda notificación sólo tiene por objeto evitar los efectos legitimadores de la apariencia jurídica, si el apoderado no se quiere dar por enterado de la revocación). Por último el artículo 1738 ("Lo hecho por el mandatario ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe") no es un supuesto de subsistencia del poder extinguido en cuanto a la revocación como causa de extinción: si el apoderado ignora la revocación el poder no se ha extinguido, ya que la revocación es un negocio recepticio. En cuanto a la muerte del mandante sí que hay subsistencia del poder extinguido ya que dicha extinción se ha producido, pero se protege a los terceros de buena fe.

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