ACCION CONTRACTUAL RESUMEN
La accion contractual es un mecanismo de solucion de conflictos surgidos con ocasión de los los cont contra rato toss esta estata tale les. s. En este este orde orden n de idea ideass es clar claro o ente entend nder er que que la acci accion on contractual se usa solo para acuerdos de voluntades bilaterales. Según Vega Herrera un contrato estatal se define como “ en el que por lo menos una de las partes es una entidad estatal, entendida como tal cuyo capital oficial o publico es superior al 50 %” La finalidad de la accion contractual es permitir a las partes que intervienen en el contrato controvertir todos los asuntos relacionados con las diferencias que se presenten entre entre la entidad y el particular particular contratista contratista,, ya sea sobre la validez validez del contrato, sobre sobre la revisión. Y en general para que se hagan las declaraciones y condenas como equilibrio económico del contrato y reconocimiento de extracostos, que merecen conceptualización especial. ABSTRACT
The The cont contra ract ctua uall acti action on is a mech mechan anis ism m of disp disput ute e resolu esoluti tion on encou encount nter ered ed upon upon government contracts. In this vein it is clear contractual understanding that the action is used only for bilateral agreements wills. According with Herrera Vega is defined as "where at least one party is a state entity, understood as such public official or whose capital is ov e r 50%" The purpose of the contractual action is to allow the parties to the contract in all matters related to the differences that arise between the entity and the particular contractor, either on the validity of the contract, for the review. And in general statements are made and convictions and economic balance of the contract and extracostos recognition that deserve special conceptualization. CONCEPTO Y FINALIDAD
“ARTÍC ARTÍCUL ULO O 141. 141. CONTRO CONTROVERS VERSIAS IAS CONTR CONTRAC ACTUA TUALES LES.. Cualqu Cualquier iera a de las partes partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos admi admini nist stra rati tivo voss cont contra ract ctua uale les, s, que que se cond conden ene e al respo espons nsab able le a inde indemn mniz izar ar los los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. ley. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso. El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.“ La accion contractual es un mecanismo de solucion de conflictos surgidos con ocasión de los los cont contra rato toss esta estata tale les. s. En este este orde orden n de idea ideass es clar claro o ente entend nder er que que la acci accion on
contractual se usa solo para acuerdos de voluntades bilaterales. Según Vega Herrera un contrato estatal se define como “ en el que por lo menos una de las partes es una entidad estatal, entendida como tal cuyo capital oficial o publico es superior al 50 %” La finalidad de la accion contractual es permitir a las partes que intervienen en el contrato controvertir todos los asuntos relacionados con las diferencias que se presenten entre entre la entidad y el particular particular contratista contratista,, ya sea sobre la validez validez del contrato, sobre sobre la revisión. Y en general para que se hagan las declaraciones y condenas como equilibrio económico del contrato y reconocimiento de extracostos, que merecen conceptualización especial. JUEZ COMPETENTE Y SUJETOS PROCESALES
Este proceso es un proceso que le compete a la jurisdiccion contesiosa administrativa salvo algunos casos como son: −
Controversias de contratos laborales
−
Controversias con entidades promotoras de salud
−
Controversias con empresas de servicios publicos
Salvo que en ella se hayan incluido clausulas exorbitantes y que hayan sido ordenadas o autorizadas por la Comision de Regulacion respectiva. De acuerdo acuerdo con con el numeral numeral 8 del articulo articulo 155 del C.C.A C.C.A conocen conocen en primera primera instanci instancia a controversias contractuales cuya cuantia no sobrepase los 500 salarios minimos legales mensuales vigentes. Cuando sobrepase este valor, sera llevado por el tribunal superior en primera instancia según lo indicado en el art 152 n 11 PROCEDIMIENTO: REQUISITOS DE LA DEMANDA.
CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente compete nte y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. 4. Los fundamentos fundamentos de derecho derecho de las pretensiones. pretensiones. Cuando se trate de la impugnación impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. 7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las noti notifi fica caci cion ones es pers person onal ales es.. Para ara tal tal efec efecto to,, podr podrán án indi indica carr tamb tambié ién n su dir direcci ección ón electrónica. PRETENSIONES.
-Que se declare la existencia del contrato -Que se declare la nulidad del contrato -Que se declare el incumplimiento del contrato -Que se revisen las clausulas del contrato -Que se condene a indemnizaciones -Que se condene a pagar costas OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA
En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Cuan Cuando do se pret preten enda da la nuli nulida dad d abso absolu luta ta o relat elativ iva a del del cont contra rato to,, el tér término mino para para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato; ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa; iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe; v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contado ados a partir del venc encimient ento del plazo azo conven venido para ara hace acerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;
k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; l)Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código. ANEXOS DE LA DEMANDA.
A la demanda deberá acompañarse: 1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación. Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales. 2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho. 3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título. 4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley. 5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA.
En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.
RECHAZO DE LA DEMANDA.
Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos: 1. Cuando hubiere operado la caducidad. 2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida. 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. INADMISIÓN DE LA DEMANDA.
Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá: 1. Que se notifique personalmente a la parte demandada y por Estado al actor. 2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público. 3. Que se notifique personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso. 4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que los reglamentos establezcan para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. En las acciones cuya pretensión sea exclusivamente la nulidad del acto demandado no habrá lugar al pago de gastos ordinarios del proceso. 5. Que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar interesada la comunidad, se informe a esta de la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, sin perjuicio de que el juez, cuando lo estime necesario, disponga simultáneamente la divulgación a través de otros medios de comunicación, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto demandado. TRASLADO DE LA DEMANDA.
De la demanda se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar demanda de reconvención. REFORMA DE LA DEMANDA.
El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas: 1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial. 2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas. 3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad. La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un soto documento con la demanda inicial. RETIRO DE LA DEMANDA.
El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público y no se hubieren practicado medidas cautelares. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá: 1. El nombre del demandado, su domicilio y el de su representante o apoderado, en caso de no comparecer por sí mismo. 2. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda. 3. Las excepciones. 4. La relación de las pruebas que se acompañen y la petición de aquellas cuya práctica se solicite. En todo caso, el demandado deberá aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso. 5. Los dictámenes periciales que considere necesarios para oponerse a las pretensiones de la demanda. Si la parte demandada decide aportar la prueba pericial con la contestación de la demanda, deberá manifestarlo al juez dentro del plazo inicial del traslado de la misma establecido en el artículo 172 de este Código, caso en el cual se ampliará hasta por treinta (30) días más, contados a partir del vencimiento del término inicial para contestar la demanda. En este último evento de no adjuntar el dictamen con la contestación, se entenderá que esta fue presentada en forma extemporánea. 6. La fundamentación fáctica y jurídica de la defensa. 7. El lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales y las comunicaciones procesales. Para este efecto, cuando la
demandada sea una entidad pública, deberá incluir su dirección electrónica. Los particulares la incluirán en caso de que la tuvieren. ALLANAMIENTO A LA DEMANDA Y TRANSACCIÓN.
Cuando la pretensión comprenda aspectos que por su naturaleza son conciliables, para allanarse a la demanda la Nación requerirá autorización del Gobierno Nacional y las demás entidades públicas requerirán previa autorización expresa y escrita del Ministro, Jefe de Departamento Administrativo, Gobernador o Alcalde o de la autoridad que las represente o a cuyo Despacho estén vinculadas o adscritas. En los casos de órganos u organismos autónomos e independientes, tal autorización deberá expedirla el servidor de mayor jerarquía en la entidad. En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente sentencia. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o lo pida un tercero que intervenga en el proceso. Con las mismas formalidades anteriores podrá terminar el proceso por transacción. RECONVENCIÓN.
Dentro del término de traslado de la admisión de la demanda o de su reforma, el demandado podrá proponer la de reconvención contra uno o varios de los demandantes, siempre que sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a trámite especial. Sin embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial. Vencido el término del traslado de la demanda inicial a todos los demandados, se correrá traslado de la admisión de la demanda de reconvención al demandante por el mismo término de la inicial, mediante notificación por estado. En lo sucesivo ambas demandas se sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia. DESISTIMIENTO TÁCITO.
Transcurrido un plazo de treinta (30) días sin que se hubiese realizado el acto necesario para continuar el trámite de la demanda, del incidente o de cualquier otra actuación que se promueva a instancia de parte, el Juez ordenará a la parte interesada mediante auto que lo cumpla dentro de los quince (15) días siguientes. Vencido este último término sin que el demandante o quien promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud, según el caso, y el juez dispondrá la terminación del proceso o de la actuación correspondiente, condenará en costas y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares. El auto que ordena cumplir la carga o realizar el acto y el que tiene por desistida la demanda o la actuación, se notificará por estado. Decretado el desistimiento tácito, la demanda podrá presentarse por segunda vez, siempre que no haya operado la caducidad. ETAPAS DEL PROCESO
El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este Código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las siguientes etapas: 1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. 2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y 3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento y culmina con la notificación de la sentencia. Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión. AUDIENCIA INICIAL.
Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: 1. Oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del Juez o Magistrado Ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de su prórroga o del de la de reconvención o del de la contestación de las excepciones o del de la contestación de la demanda de reconvención, según el caso. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no será susceptible de recursos. 2. Intervinientes. Todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente. También podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público. La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado Ponente. 3. Aplazamiento. La inasistencia a esta audiencia solo podrá excusarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) días siguientes, por auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. El juez podrá admitir aquellas justificaciones que se presenten dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de la audiencia siempre que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia. En este caso, el juez resolverá sobre la justificación mediante auto que se dictará dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación y que será susceptible del recurso de reposición. Si la acepta, adoptará las medidas pertinentes. 4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias. 6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones. Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. 7. Fijación del litigio. Una vez resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, el juez indagará a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la de reconvención, si a ello hubiere lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a la fijación de litigio. 8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento. 9. Medidas cautelares. En esta audiencia el Juez o Magistrado se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida. 10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad. En todo caso, el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de pruebas, la cual se llevará a cabo dentro de los cuarenta (40) días siguientes. AUDIENCIA DE PRUEBAS.
En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días. Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, la cual excepcionalmente se podrá suspender en los siguientes casos: 1. En el evento de que sea necesario dar traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, por el término fijado por la ley. 2. A criterio del juez y cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario.
En esta misma audiencia el juez y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene. AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o subsección correspondiente y en ella se observarán las siguientes reglas: 1. En la fecha y hora señalados se oirán los alegatos, primero al demandante, seguidamente a tos terceros de la parte activa cuando los hubiere, luego al demandado y finalmente a los terceros de la parte pasiva si los hubiere, hasta por veinte (20) minutos a cada uno. También se oirá al Ministerio Público cuando este a bien lo tenga. El juez podrá interrogar a los intervinientes sobre lo planteado en los alegatos. 2. Inmediatamente, el juez, de ser posible, informará el sentido de la sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 3. Cuando no fuere posible indicar el sentido de la sentencia la proferirá por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes. En la audiencia el Juez o Magistrado Ponente dejará constancia del motivo por el cual no es posible indicar el sentido de la decisión en ese momento. ACTAS Y REGISTRO DE LAS AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS.
Las audiencias y diligencias serán presididas por el Juez o Magistrado Ponente. En el caso de jueces colegiados podrán concurrir los magistrados que integran la sala, sección o subsección si a bien lo tienen. Tratándose de la audiencia de alegaciones y juzgamiento esta se celebrará de acuerdo con el quórum requerido para adoptar la decisión. Para efectos de su registro se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 1. De cada audiencia se levantará un acta, la cual contendrá: a) El lugar y la fecha con indicación de la hora de inicio y finalización, así como de las suspensiones y las reanudaciones; b) El nombre completo de los jueces; c) Los datos de las partes, sus abogados y representantes; d) Un resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación, cuando participen en esta, del nombre de los testigos, peritos, intérpretes y demás auxiliares de la justicia, así como la referencia de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios reproducidos, con mención de las conclusiones de las partes; e) Las solicitudes y decisiones producidas en el curso de la audiencia y las objeciones de las partes y los recursos propuestos;
f) La constancia sobre el cumplimiento de las formalidades esenciales de cada acto procesal surtido en la audiencia; g) Las constancias que el Juez o el magistrado ponente, o la Sala, Sección o Subsección ordenen registrar y las que soliciten las partes sobre lo acontecido en la audiencia; h) Cuando así corresponda, el sentido de la sentencia; i) La firma de las partes o de sus representantes y del Juez o Magistrado Ponente y de los integrantes de la Sala, Sección o Subsección, según el evento. En caso de renuencia de los primeros, se dejará constancia de ello. 2. En los casos en que el juez lo estime necesario podrá ordenar la transcripción literal total o parcial de la audiencia o diligencia, para que conste como anexo. 3. Se deberá realizar una grabación del debate, mediante cualquier mecanismo técnico; dicha grabación deberá conservarse en los términos que ordenan las normas sobre retención documental. 4. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. CONDENA EN COSTAS.
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. EFECTOS DE LA SENTENCIA.
La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
MINUTA
Señores: Honorables Magistrados TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ......... E.S.D. ........................ , mayor de edad, domiciliado y residente en identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en ejercicio, con tarjeta profesional núm. .................. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido el señor ............ , igualmente mayor de edad y vecino de ........... , en su condición de representante legal de la sociedad .................., según certificación núm. .............. de fecha , expedida por la cámara de comercio de............., en ejercicio de la acción contractual que consagra el artículo 87 del C.C.A., comedidamente solicito de esta Honorable Corporación que, previos los trámites de que trata el titulo XXIV, artículos 206 y siguientes, ibídem, con citación e intervención del señor agente del ministerio público, y de [entidad estatal], con domicilio en .............. , representada legalmente por ..................... , o por quien lo reemplace o haga sus veces, en sentencia de mérito, se pronuncien las siguientes o similares; DECLARACIONES Y CONDENAS 1. Que son nulas las resoluciones núms. ..................... de ..................... [fecha] y ............ de fecha ..............., expedidas por ...................... , mediante las cuales, respectivamente, se declaró la caducidad del contrato núm. ................. de .....................[fecha], celebrado entre la entidad demandada y mi representada, y se resuelve el recurso de reposición, confirmándose la anterior. 2. Condenase á ......................... [Nación, departamento, municipio........... , etc.], a pagar a ...............[sociedad], el valor de los perjuicios de orden material [o a la reparación del daño causado] -daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, los cuales ascienden, aproximadamente, a la suma de ..................($ ......................., [o de conformidad con lo que resulte probado en el proceso]; monto que ha de ser actualizado en su valor conforme a lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. 3. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. HECHOS U OMISIONES l. [La entidad] ......................... , celebró con ................ [sociedad] el día ......... de .......... [mes] ............. de [año],.................. el contrato de obra pública núm. ........................, para la realización y ejecución de la obra cuyo objeto se detalla en el citado documento contractual. 2. Los hechos “motivadores” de la declaratoria de caducidad del contrato, haciendo un análisis desapasionado y veraz respecto de lo realmente acontecido, no pueden ser
imputables a título de dolo o culpa atribuibles a mi poderdante como contratista, pues, actuando en dicha calidad, comunicó oportunamente los inconvenientes que impedían el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas, como se demostrará sucintamente. 3. En resumen, el acto administrativo acusado se hace fundar, para declarar ad líbitum la caducidad, en los siguientes aspectos “Ni antes ni en el momento de suscribirse el contrato, el señor ................ hizo observaciones o reservas respecto de las deficiencias dc la información documental suministrada por ...................[entidad contratante], que interfirieran el cumplimiento del contrato. Lo cierto es que el contratista no entregó la obra dentro del plazo estipulado “. Además, se arguyen otras situaciones que serán materia de análisis; concluyendo el ente contratante que es manifiesto el incumplimiento contractual, procediendo a declararlo y confirmarlo mediante las resoluciones cuestionadas. 4. Si bien es cierto que la ley ha establecido este poder excepcional como prerrogativa de la administración pública contratante, que le permite ejercer la función que la erige, en concretas circunstancias, en juez de la oportunidad de la medida de sancionar con la declaratoria de caducidad de un contrato, no es menos cierto que esta potestad no es ilimitada ni que pueda ejercerse sin sujeción a las exigencias legales, específicamente a las establecidas en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, que expresamente dispone “La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, ..”. o que éste no se podrá ejecutar (inciso lo), la entidad contratante lo dará por terminado [resaltamos]. Es decir, la norma determina unas causales cualificadas, atribuibles a título de dolo o culpa a la persona del contratista, que requieren de acreditación y plena comprobación. 5. En el presente caso, no se da el incumplimiento por parte de mi representada en la entrega de la obra, que pueda calificarse como mora grave o atraso severo en la ejecución del objeto contratado, ni que se evidencie su necesaria paralización -pues el contratista se proveyó de los elementos y materiales requeridos en el contrato para llevar a cabo sus obligaciones-, ni que éste hubiese sido sancionado mediante la imposición de multas sucesivas, lo cual nos está denotando que la declaratoria de la caducidad es restrictiva y no discrecional. Por consiguiente, el rompimiento unilateral del vínculo contractual por la administración no estuvo precedido de un balance real y objetivo ni en un prudente juicio, acorde con la causal cualificada, incurriendo en su declaratoria en irrefutables ligerezas y acomodadas interpretaciones, para evadir fácil y alegremente las propias responsabilidades contractuales que le caben, como se relaciona en el siguiente numeral. 6. El incumplimiento se debió a hechos y actuaciones sólo imputables a la administración contratante, porque para la fecha en que inició la obra, el .....................[ente administrativo] no había desocupado los espacios en donde debían ejecutarse los trabajos por el contratista. Con este grande inconveniente, la responsabilidad era única y exclusiva de la entidad contratante. 7. La sociedad contratista, por conducto de su representante legal, le cursó comunicaciones a la parte contratante solicitándole la desocupación y entrega de los espacios, única manera de poder desarrollar sus labores contractuales. Además, le
reiteró con oficio núm. ................ del ...........[fecha], el interés de culminación de la obra; es decir, se persistió en la ejecución del contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 5o. de la ley 80 de 1993; sin embargo, la entidad no adoptó las medidas oportunas imprescindibles de solución, pues la desocupación continuó siendo paulatina. 8. Ocurrido todo ello, la solución, en sabia ética administrativa, no era la declaratoria de caducidad, sino la ampliación del plazo del contrato principal, mediante la adición del mismo; por tanto, los motivos indicados en el acto acusado no son legales. Se está desvirtuando, entonces, el supuesto de hecho que sustenta la determinación cuestionada e impugnada en acción contencioso-administrativa. 9. Los hechos que anteceden nos corroboran, en forma clara, entonces, que la contratista no incurrió en incumplimiento del contrato, estableciéndose que existe ausencia de dolo o culpa por parte de ésta, quien agotó los pasos pertinentes para poder cumplir las obligaciones contractuales adquiridas; todo lo contrario, el supuesto incumplimiento por transgresión de las obligaciones del contratista constituyen una motivación, acomodaticia y caprichosamente esgrimida, que nos dicen a las claras que el ente administrativo no tenía objeto sobre el cual ejercer la potestad de caducar el contrato. 10. Con la conducta administrativa de ................... [entidad contratante] de declarar el incumplimiento del contrato por una causal legalmente inexistente, se le han ocasionado a la sociedad accionanté serios y graves perjuicios económicos que, por negligencia é imprecisión, deberán ser reparados o indemnizados. 11. El procedimiento gubernativo está agotado y, por tanto, se puede instaurar la presente acción. 12. La sociedad ...................., por intermedio de su representante legal, me ha conferido poder especial, amplio y suficiente para el ejercicio de la acción contractual. FUNDAMENTO
DE
DERECHO
DE
LAS
PRETENSIONES:
La entidad demandada, con la expedición de los actos administrativos impugnados en este libelo, quebrantó las siguientes disposiciones supralegales y legales: lo. Artículos 2, 6, 25, 83 y 124 de la Constitución Nacional. Por la finalidad propia de las normas constitucionales y como consecuencia lógica por serles inherentes, la ...................., en su condición de entidad estatal contratante estaba obligada a observar, por ser de estricto cumplimiento, los preceptos supralegales invocados, y que le demarcaban el ejercicio justo, imparcial y de buena fe del poder o de la atribución excepcional de declaratoria de caducidad del contrato, atendiendo el principio de protección y efectividad de los derechos, así como el de acatar los presupuestos de orden sustancial que la Ley le señalaba para la expedición de los actos administrativos acusados. Las reglas que la Constitución establece en relación con la efectividad de los principios, derechos y deberes, son obligatorias en su cumplimiento; por ello, no es posible imaginar y mucho menos acolitar el desobedecimiento injusto de los preceptos supralegales.
La entidad estatal demandada, al declarar la caducidad del contrato, invocando una causal que, en su cualificación, no se materializaba, no cumplió sino que violentó los postulados de imparcialidad y de la buena fe; como también desconoció los fines esenciales del Estado, extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones e infringiendo el derecho al trabajo de que gozaba la sociedad que represento, ante la existencia o nacimiento del vínculo contractual, y en tal condición le correspondía la especial protección del Estado. Tamaña injusticia y arbitrariedad, exteriorizada mediante la expedición de los actos administrativos contractuales demandados, pone de manifiesto un atentado a la vigencia de un orden justo que debe generar responsabilidad patrimonial para el ente demandado por daños antijurídicos, de conformidad con el artículo 90 de la Carta Fundamental, en concordancia con los artículos 50 y 51 de la ley general de contratación. La vigencia de un orden justo, en el caso de marras, apunta al conjunto de normas que debe presidir la Conducta del Estado y de sus entidades; normas que fueron flagrantemente infringidas, como se ha expuesto y cuyos conceptos se concretarán como fundamento cuando se trate del desconocimiento del contrato y de la ley preexistente, en cuyos contextos debe armonizarse y comprenderse el presente concepto. Cuando hacemos expresa alusión al contrato -cláusulas consideradas infringidas-, nos referimos al perfeccionado el [fecha] entre .................. y .....................la sociedad ..................; y cuando se acota sobre la ley preexistente, hacemos expresa referencia a la ley .80 de 1993, al Código Contencioso Administrativo, al Código de Comercio y al Código Civil en los preceptos que regulan -respectivamente- el vínculo contractual o la actuación administrativa (C.C.A., Art. 2o.), vulnerados con el proceder administrativo de la parte demandada, en un concepto de violación correlativo con las disposiciones constitucionales que sustentan la conducta equivocada del ente estatal y su consiguiente quebrantamiento, porque no fueron acatados, observados ni cumplidos en la etapa de ejecución del contrato. La actividad del ente administrativo por disposición de la ley ha de estar sujeta a realizar con mayor eficiencia la inversión, con derroteros y programas específicos, con apropiación presupuestal, que garanticen la seriedad y el cumplimiento de los contratos que celebre, en lo que atañe a no dar lugar a traumatismos que afecten el desarrollo de dichos programas y perjudiquen la persona del contratista, causándole agravios a ésta y lesionando sus derechos. 2o. Artículos 9o. -numeral 9o. 18 por aplicación indebida, 23, 26 -numerales 1o, 2o y 4o.., 28, 50 y 51 de la ley 80 de 1993. Ya quedó dicho, la causal esgrimida por la entidad contratante en el numeral .... de los considerandos de la resolución núm..................de ................ [fecha] y la de su confirmación, y que hace consistir en que “no se entregó la obra dentro del plazo” pactado”, por los hechos de la demanda, no tiene ningún asidero legal, incurriendo en un exabrupto jurídico al declarar la caducidad por un supuesto incumplimiento del contrato, producto de interpretaciones subjetivas y acomodaticias, que riñen contra la legalidad y son ajenas y no compatibles a las reales causales que, en su cualificación, preestablece
y determina el artículo 18 del estatuto general de contratación. En otras palabras, la entidad estatal contratante, para declarar la caducidad, por un hipotético incumplimiento, no se fundó en ninguna de las causales previstas que, en su ocurrencia, generaban la terminación anticipada del contrato por tales motivos. O dicho de otro modo la sociedad que represento no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales y. menos que hubiese podido ocurrir, por su culpa o dolo, mora grave o atraso severo en la ejecución de la obra que pudiera evidenciar su necesaria paralización, y mucho menos que hubiesen antecedentes de haber sido sancionado con anterioridad mediante la imposición de multas sucesivas por incumplimiento del objeto contractual. Por consiguiente, el rompimiento unilateral del vínculo contractual por la administración no estuvo precedido de un balance real y objetivo ni de un prudente juicio, acorde con las causales cualificadas. Es el momento de decir, entonces, que el incumplimiento se debió a hechos y actuaciones sólo imputables a la administración contratante. Ésta, como dueña del objeto contractual, conoce mejor lo que con el contrato se pretende; pero aquí nace el desacuerdo con la persona del contratista en esa actividad connatural a la aplicación y ejecución del contrato, pues ella no justifica el cómo y el porqué contrató en las condiciones que se señalan a continuación, y que son, realmente, las causas generadoras de no haberse llevado a feliz término, en oportunidad, la ejecución del objeto contractual a) Para la fecha en que inició la obra, el ..................... [ente administrativo] no había desocupado los espacios en donde debían desarrollarse los trabajos por el contratista, habiendo dispuesto el interventor empezarla en el único espacio libre hasta ese momento, que equivalía a un área “entregada” del diez por ciento (10%) del área total. Con este grande inconveniente, es deducible que, desde el inicio, la obra no podía empezar a ejecutarse a cabalidad; ello es evidente. a) Transcurrido un (1) mes de haberse empezado los trabajos, todavía estaba ocupado, aproximadamente, el setenta por ciento (70%) del área, lo cual obligó a la sociedad contratista, por conducto de su representante legal, a cursar un oficio al interventor solicitándole la desocupación y entrega de los espacios. Prueba de ello es que no existe acta de iniciación ni recibo de obra, que debían suscribir conjuntamente, el contratista, el interventor y la entidad contratante, o sus representantes. Estos inconvenientes, lógicamente, retrasaron la ejecución de los trabajos; y, por ello, la administración no podía aducir en su resolución de caducidad que “no se entregó la obra dentro del plazo estipulado”. Su deber era, en consecuencia, haber tomado las consiguientes medidas de control que garantizarán la ejecución del contrato, porque estaba demostrada la existencia de fuerza mayor o motivos ajenos a la voluntad de la accionante en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En definitiva, las deficiencias no eran imputables al contratista. Estaba, por lo tanto, seriamente comprometida la ejecución del contrato eh su totalidad, por motivos imputables tan sólo a la administración, que hicieron prácticamente imposible su cumplimiento por parte de la persona del contratista. Pese a los inconvenientes relatados, en la medida de lo posible se vino ejecutando el objeto contractual, en las áreas que lentamente iban siendo desocupadas, sin que se lograran los fines propuestos, es perceptible entenderlo. Queda claro, entonces, que la
contratista no incurrió en incumplimiento del contrato, lo cual evidencia ausencia de culpa por parte de ella. Según lo dispuesto por los artículos 23 y 28 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 83 de la Constitución Nacional, en las actuaciones relacionadas con la contratación estatal deben aplicarse las reglas de interpretación establecidas y cumplirse los postulados de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos antes y durante la ejecución del contrato -principios que tienen proyecciones procésales-, lo que no acató la administración al declarar la caducidad del contrato, porque por ninguna parte se observa el sentido de seguridad, imparcialidad, eticidad responsabilidad, honorabilidad ni voluntad de reconocer los derechos en las decisiones acusadas. Y de conformidad con los artículos 26 -numerales 1°, 2oy 4o.., 50 y 51 del mismo estatuto contractual, al no procurar la entidad demandada con su actuar el cumplimiento de los fines de la contratación, ni la protección de los derechos del contratista, so pretexto de salvaguardar errónea e injustamente sus intereses, no lo hace ajustada a la ética y a la justicia, sus hechos y omisiones antijurídicos la hacen incurrir en responsabilidades de tipo patrimonial por las cuales debe responder. Los servidores públicos y las entidades estatales no pueden hacer sino lo que la Constitución, las leyes o los reglamentos les autoricen expresamente; y cuando lo hacen en contrario a dichas disposiciones, por acción u omisión, además de responder disciplinaria, civil y penalmente, deberán indemnizar los perjuicios, esto es, la disminución patrimonial que se ocasione, la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista. Así las cosas, la anulación de los actos administrativos demandados habrá de proceder, por cuanto la conducta de la entidad estatal no fue la más ortodoxa desde la perspectiva contractual, pues se observa contradicción e incongruencia entre lo resuelto y normas superiores de derecho, calificativo que también es viable para las contractuales, por ser ley para las partes. Y si con su contradictorio, arbitrario e injusto aplicado poder exorbitante le ocasionó a la sociedad accionante senos y graves perjuicios económicos, deberá resarcirlos o indemnizarlos; como así solicito se declare y condene, porque hubo una protuberante desviación de poder o de las atribuciones que le eran propias. 3o. Artículos 1602, 1603 y 1613 del Código Civil. Estatuye el artículo 1602 que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Precepto infringido por [entidad estatal contratante] al declarar la caducidad del contrato sin que se hubieran dado las causales cualificadas que determina la ley. La cláusula de caducidad pactada en el vinculo contractual, en consecuencia, fue mal aplicada; además, porque las causas legales, como ley para las partes, tenían que respetarse. Al no hacerlo así, la entidad demandada, ni sujetar su proceder a los postulados de la buena fe, le corresponde al juez proteger los desequilibrios económicos y guardar el equilibrio de las cargas públicas, protegiendo al accionante de los abusos en la aplicación del poder excepcional, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia contencioso Analizada la conducta de la administración a la luz de los principios del derecho civil, también es evidente el desconocimiento del postulado previsto en el artículo 1602;
extralimitación de atribuciones que debe generar responsabilidad patrimonial, por daño emergente y lucro cesante, acorde con las disposiciones de la legislación civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 50 y 51 de la ley 80 de 1993. El atentado a la vigencia de un orden justo es notorio, concepto que debe armonizarse y comprenderse con el criterio expuesto en el numeral lo. de este acápite. PETICIÓN DE PRUEBAS: Solicito
se
decreten,
practiquen
y
tengan
como
pruebas,
las
siguientes:
1) Los documentos que acompaño a la presente demanda y los allegados con posterioridad: a) Poder para actuar y con el cual se acredita la personen a del suscrito. b) Certificación de la Cámara de Comercio de , sobre constitución y gerencia de [sociedad contratista]. c) Fotocopias auténtica de la resolución núm. ................. de fecha .........., con su constancia de notificación, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato; y de la resolución núm. ................ , de [fecha], con su constancia de’ notificación, confirmatoria de la anterior, proferidas por .................. [representante legal de la entidad contratante]; actos acusados. d) Copia [o fotocopia auténtica] del contrato administrativo de obra pública núm , de fecha , suscrito y perfeccionado por las partes. e) Copias de los oficios núms. ...................y ................, fechados .................... , suscritos por el representante legal de la sociedad) y remitidos a la entidad contratante, donde aparece firma y radicado de recibido. g) Documentos que demuestren gastos .....................] h) Las demás procedentes y pertinentes .....................] 2) Que se oficie a ...................... [entidad contratante], para que con destino al proceso envíe, debidamente autenticados, los siguientes documentos: a) Los antecedentes administrativos relacionados con el contrato núm. .................., de fecha ................, celebrado entre la accionante y el citado ente administrativo, incluyendo todos y cada uno de los documentos que conforman el expediente. 3) Que se oficie a la Superintendencia Bancaria, para que con destino al proceso certifique sobre los intereses legales y moratorios. 4) (Testimoniales) .............................] 5) (Pericial)......................................] ANEXOS: Me permito allegar: a) Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
b) Además, tres (3) copias de la demanda, con sus respectivos y pertinentes anexos, para : el archivo de esta Honorable Corporación, y los traslados a la entidad demandada y al señor agente del ministerio público. COMPETENCIA Y CUANTÍA Corresponde a este Honorable Tribunal conocer de este proceso en primera instancia, por la naturaleza de la acción, en razón del lugar donde debió ejecutarse el contrato, y la cuantía que se deriva de la misma C.C.A., Art. 132, num. 8 - Determinación de la cuantía. Estimación razonada: A. Perjuicios materiales 1. Daño emergente [actual]: 1.1. Impuesto de timbre del contrato................. $............................ 1.2. Valor de la publicación ................ $ _________ 1.3.Valor sufragado para constituir la póliza de cumplimiento .................. $ _________ 1.4. Por concepto del valor del contrato dejado de percibir por la sociedad que represento como contratista, conforme a la cláusula del mismo, el cual asciende a la suma de........................ $ ________ 1.5. Costos y gastos no Subtotal: ....................... $ _______
reembolsados
......................$
________
Subtotal perjuicios daño emergente ... $ _______ 1.6. Actualización por causa de la depreciación de la moneda [o pérdida de poder adquisitivo]; el daño ha de ser reparado en dinero de igual valor; en consecuencia, la cantidad de $ deberá actualizarse mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde la fecha de expedición de la resolución núm , [fechada por medio de la cual se aprobaron las garantías exigidas al contratista hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda ................... $ _________ 2. Lucro cesante: Al no haber percibido el dinero [en la cantidad sin actualizar] en la oportunidad contractual establecida, produce un interés comercial [legal y moratorio] que debe resarcirse por la entidad contratante desde la fecha de la declaratoria de caducidad del contrato hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia [la tasa de interés será la corriente bancaria] SUMA TOTAL DE LOS PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE : .............................. $ _______ DERECHO: Las pretensiones del libelo tienen su fundamento en los preceptos que se han invocado;
además, artículos 135 a 139 y 172 del C.C.A. y disposiciones concordantes; y artículo 77 de la ley 80 de 1993. NOTIFICACIONES [Entidad demandada], en: ................................ [La sociedad demandante, por medio de su representante legal], en: ........................... [Apoderado], en: ....................................... Honorables Magistrados, atentamente, C.C.núm T.P. núm del C.S.J. CADUCIDAD
de
La acción contractual tiene un termino de prescripción de dos años, según lo dispuesto en la ley 446 de 1998. Unificó esta ley el término para la presentación de las demandas, sin hacer diferencia respecto del cuestionamiento de los actos jurídicos contractuales, las conductas jurídicas (imputables o no a las partes contratantes) y las conductas antijurídicas contractuales. Se precisa que posteriormente a la expedición de la Ley 80 de 1993 y con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, que unificó en dos años el término de caducidad de las acciones contractuales, no se alteró, para este caso, el transcurso de los veinte años, en consideración, en primer lugar, a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 153 de 188 que dispone: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir". (C.E., Sec. Tercera. Auto 17333, mar. 9/2000. MP. María Elena Giraldo Gómez). En cuanto, al tema relativo a caducidad de acuerdo con las diversas modalidades de contratación estatal, tenemos según la ley 446 de 1998 las siguientes especificaciones: En contratos: a) de ejecución instantánea: a más tardar dentro de los 2 años siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato. b) En los que no requieran de liquidación: a más tardar dentro de los 2 años siguientes contados desde la terminación del contrato por cualquier causa. c) En los que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por la partes: será de 2 años contados a partir de la suscripción del acta correspondiente de liquidación d) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración: 2 años contados a partir de la ejecutoria de la resolución expedida por la entidad contratante para liquidar el contrato.
Pero si la administración no ejerció su derecho a liquidar el contrato en forma unilateral, el interesado podrá acudir por vía de acción judicial para obtener la liquidación del contrato. En este caso, los 2 años se cuentan a partir de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo que la entidad tenia para liquidar el contrato, que es de 4 meses según el articulo 11 de la ley 1150 del 2007 bien porque desentendió el plazo acordado o porque en la minuta se omitió señalar el termino para liquidarlo. e) la nulidad absoluta del contrato: será de 2 años contados a partir del perfeccionamiento del mismo. f) en contratos cuya vigencia o ejecución supera los 2 años: su término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. Es de aclarar que cuando el litigio lo constituyan bienes estatales, imprescriptibles e inenajenables (Art. 63, 72 y 75 CN), la acción no caduca. VIA GUBERNATIVA
Los actos contractuales no admiten sino el recurso el recurso de reposición (articulo 87 de la ley 80 de 1993), el cual no es obligatorio. Por tanto, para proponer la acción no es necesario el agotamiento de la vía gubernativa, pero se aclara que en el evento de ejercerse el recurso de reposición, el acto que decide el mismo, expreso o tácito, debe demandarse dentro de la petición de nulidad que haya de proponerse, pues de lo contrario, existirá una inepta demanda por la no individualización del acto demandado. SUSPENSION PROVISIONAL DEL ACTO
la finalidad de la suspensión provisional consagrada legalmente en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo es la inaplicabilidad temporal del acto, es decir, impedir que un acto flagrantemente violatorio de la ley continúe surtiendo efectos en el tiempo y evitar que se cause o que se prolongue un perjuicio inferido injustamente. Según lo preceptuado en el artículo 238 C.C.A la jurisdicción contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. Será procedente la suspensión del acto administrativo siempre cuando reúna los siguientes requisitos: ART. 152. Subrogado. D.E. 2304/89, Art. 31. 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
3,Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor. CASO JURISPRUDEN J URISPRUDENCIAL CIAL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA / SUBSECCION C Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil once (2011). Radicación número: 17001-23-31-000-1996-03070-0 17001-23-31-000-1996-03070-01(17863) 1(17863) Actor: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. CHEC Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES Referencia: ACCION CONTRACTUAL I. HECHOS: 1. Demanda y trámite procesal en la primera instancia
El 23 de agosto de 1996, mediante apoderado judicial, la Central Hidroeléctrica de Caldas Ltda., interpuso demanda contractual contra el Municipio de Manizales, con la finalidad de que se decrete lo siguiente : “Con fundamento en los hechos anteriores respetuosamente solicito a ese despacho se decrete la nulidad del contrato suscrito entre la Central Hidroeléctrica de Caldas y el Municipio de Manizales el 5 de noviembre de 1960 y protocolizado mediante la escritura pública Nro. 1855 de noviembre 24 de 1960, cuya copia auténtica se acompaña.” En apoyatura de la pretensión se expusieron, en síntesis, los siguientes hechos: a) Entre la Central Hidroeléctrica de Caldas Ltda. “CHEC” y el Municipio de Manizales se celebró un contrato el 5 de noviembre de 1960, y fue protocolizado mediante la escritura pública número 1855 de 24 de los citados mes y año. b) En la cláusula primera de ese negocio jurídico se pactó que el municipio prestaría a la empresa demandante el servicio de control control y vigilancia vigilancia de consumo consumo de energía energía con personal especializado para evitar el contrabando de ese servicio público. Como Como cont contrap rapre rest stac ació ión n a ese ese servi servici cio o la Cent Centra rall Hidr Hidroe oelé léct ctric rica a adqui adquiri rió ó la obligación de suministrar a la entidad territorial de forma permanente y gratuita el alumbrado público de las calles de la ciudad, tanto para las existentes al momento de suscripción del contrato como respecto de las que en el futuro se construyeran, así como para todos los establecimientos y dependencias municipales. c) En la cláusula cuarta del contrato se acordó como término de duración de la convención todo el tiempo de existencia de la Central, sea que subsistiera como sociedad sociedad independiente independiente o que se incorporara incorporara o se transformara transformara en otra u otras de igual o diversa naturaleza.
Central al Hidr Hidroe oelé léct ctri rica ca de Cald Caldas as jamá jamáss fact factur uró ó suma suma algu alguna na a carg cargo o del d) La Centr municipio con anterioridad a 1996, a pesar de que el negocio jurídico contravenía la ley, específicamente el estatuto de los servicios públicos (ley 142 de 1994). Además, la entidad territorial no cumplió con las obligaciones adquiridas, lo que se deduce del contenido del memorando de octubre 4 de 1993. e) La empresa demandante ha soportado los rigores del citado contrato, altamente perjudicial para sus intereses económicos, ya que exonerar del pago del servicio público de energía a una capital de departamento como lo es Manizales, riñe gravemente con principios como la justicia y la equidad.
El Tribu ribuna nall Admi Admini nist stra rati tivo vo de Cald Caldas as rechazó echazó la demand demanda a al consi consider derar ar que que habí había a operado la caducidad de la acción, proveído que fue revocado por esta Corporación en auto de 29 de mayo de 1997, oportunidad en que se consideró dudosa la ocurrencia o no del citado fenómeno procesal, razón por la que se aplicó el principio pro actione y, por lo tanto, se admitió la misma y se defirió a la sentencia el análisis de fondo sobre la materia. En providencia de 5 de febrero de 1998, se abrió a pruebas el proceso para decretar las solicitadas y, por último, en auto del 18 de febrero de 1998, se corrió traslado para alegar de conclusión. En la contestación de la demanda, el municipio de Manizales se opuso a las pretensiones por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Sostuvo que no existe causa que afecte la legalidad y validez del contrato objeto de la litis. Además, señaló que ninguna de las disposiciones invocadas constituyen nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y siguientes de la ley 80 de 1993, o del artículo 1741 del Código Civil. Así mismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, con fundamento en el siguiente razonamiento: “En este orden de ideas, si la demandante considera que con el advenimiento de la ley 142 de 11 de julio de 1994 sobrevino una causal que vicia de nulidad el contrato que nos ocupa, el término para demandar precluyó el 11 de julio de 1996, es decir, un mes 12 días después de vencido el término para impetrar la acción.” 2. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 7 de septiembre de 1999, el Tribunal Tribunal Administrativo de Caldas accedió a las súplicas de la demanda. En criterio de esa Corporación, en el asunto sub examine, no se configuró la caducidad de la acción contractual y, de otro lado, el negocio jurídico quedó afectado con una nulidad absoluta sobreviniente en la medida en que el legislador cambió de manera esencial y drástica las reglas a las que debían ajustarse las partes del cont contrat rato, o, lo que que sign signif ific ica a que que en la actu actual alid idad ad la conve convenc nció ión n desc descon onoc oce e norm normas as imperativas de orden público. Entre otros aspectos, el a quo, puntualizó lo siguiente: “(…) si bien es cierto, el artículo 136 del C.C.A., prescribe que las acciones contractuales caducan en dos años de ocurridos los motivos de hecho y de derecho que le sirvan de fundamento, no es menos cierto que el canon constitucional 228 consagra la prevalencia del derecho sustancial en la actuación judicial, y a este precepto acudirá esta Sala de tal forme que le esté permitido analizar el asunto controvertido, el que califica de una importancia singular y de un interés público netamente…
“(…) La trasgresión del ordenamiento jurídico configura una causal de nulidad absoluta, insaneable y como sucede en este caso, la vulneración de la ley va ocurriendo cada día, a medida que continúa la ejecución del contrato, que es de tracto sucesivo, con todo y sus cláusulas que desatienden lo dispuesto por la normatividad que viene rigiéndolo últimamente. Al ser trasgredida todos los días la ley, dada la vigencia actual del contrato pues el suministro de la energía se pactó que fuera permanente, sin precisar plazo alguno alguno cierto, no hay forma de determinar a partir de cuál fecha se empieza a contar el término de caducidad, extremo exigido por el artículo 136 del C.C.A., vigente por la época de iniciación de este proceso, variado sustancialmente por la ley 446 de 1998. “(…) El artículo 27 de la ley 80 de 1993, (estatuto general de contratación publica) igualmente citado por el actor, sí aparece ostensiblemente vulnerado, ya que éste cons consag agra ra la obli obliga gaci ción ón para para las part partes es cont contra rata tant ntes es de mant manten ener er la igua iguald ldad ad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidas al momento de contratar. Consagra que en caso de ocurrir el rompimiento de esta ecuación, las partes deben adoptar, en el menor menor tiempo tiempo posibl posible, e, las medidas medidas necesar necesarias ias para para su restab restablec lecimi imiento ento,, señalan señalando do cuáles. Ya quedó consignado cómo otra cosa bien diferente ocurrió en el contrato objeto de análisis. “(…) En este orden de ideas, aparece aparece trasgredido trasgredido el artículo 27 numeral 1 de la ley 142 de 1994 1994,, pues pues qued quedó ó proh prohib ibid ido o a las las enti entida dade dess terr territ itor oria iale less y a las enti entida dade dess descentralizadas de cualquier nivel administrativo, así como a la Nación, otorgar o recibir de las empresas de servicios públicos privilegio o subsidio distinto de los que precisa esa misma ley… “(…) “(…) Así Así las las cosas cosas,, el obje objeto to de dich dicho o contr contrat ato, o, como como cons consecu ecuen enci cia a de la nuev nueva a legislación en materia de servicios públicos, al tenor del artículo 1523 del Código Civil, deviene deviene en objeto objeto ilícito, ilícito, al contravenir contravenir la esencia esencia misma del contrato, contrato, el ordenamiento ordenamiento jurídico que lo gobierna y que deben acatar actualmente las entidades prestadoras de esos esos servi servici cios, os, las las parte partess cont contrat ratan antes tes está están n obli obligad gadas as a obser observar var el prin princi cipi pio o de equi equili libri brio o finan financi cier ero o y su persi persiste stenc ncia ia duran durante te la ejec ejecuc ució ión n del del mism mismo o cont contrat rato. o. Conforme lo dispone el artículo 1741 ibidem, la nulidad producida por un objeto ilícito es nulidad absoluta y en tal sentido se pronunciará la Sala. “(…) Todas estas consideraciones de carácter jurídico, llevadas a cabo con la nueva concepción del juez originada en la Constitución de 1991, el cual debe observar en sus decisiones el mantenimiento de un orden justo y equitativo, sin ceñirse al rigor del ordenamiento jurídico, conducen a la Sala a declarar la nulidad absoluta del contrato celebrado el 15 de noviembre de 1960 entre LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CARLDAS S.A. y el MUNICIPIO DE MANIZALES, contenido en la escritura pública No. 1855 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Manizales, el 24 de noviembre de 1960, sin que tal decl declara araci ción ón conl conlle leve ve inde indemn mniz izac ació ión n algu alguna na a ning ningun una a de las las part partes es cont contrat ratant antes, es, resultando prósperas las pretensiones de la demanda. Uno de los Magistrados Magistrados integrantes integrantes del Tribunal ribunal de primera primera instancia instancia salvó su voto, con fundamento en que su ponencia inicial, esto es, la que declaraba probada la excepción de caducidad de la acción fue derrotada por la posición mayoritaria. En criterio del Magistrado disidente, con fundamento en el principio de la prevalencia del derecho sustancial no es posible desconocer las disposiciones procesales, las cuales son de orden público igualmente y, por lo tanto, el fin de ese postulado constitucional no es generar
un desconocimiento de las normas adjetivas, pues se llegaría a un paternalismo estatal que no se aviene con la definición de Estado Social de Derecho. II. CONSIDERACIONES:
En primer lugar el consejo pretende hacer una distinción sobre los problemas jurídicos materia de estudio delimitándolos así: •
•
La forma como se establece la caducidad cuando la nulidad absoluta de un contrato es la pretensión principal Si es viable alegra nulidad absoluta en un contrato estatal.
En cuanto al primer problema jurídico planteado la corporación preciso: Debe entenderse la caducidad como un fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley. Esto ocurre cuando el plazo concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya hecho ejercicio del derecho de acción, y ello está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no. “Para el caso concreto, la norma que se encontraba vigente al momento de la “supuesta” configuración de los motivos de hecho o de derecho que le dieron apoyatura al libelo del demandante, así como al instante de la presentación judicial de éste era el artículo 136 del C.C.C., modificado por el decreto 2304 de 1989, es decir, antes de la entrada en vigencia de las normas especiales que en materia de caducidad de la acción contractual introdujo la ley 446 de 1998. En consecuencia, el precepto aplicable a la presente controversia señalaba: “ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. “Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento.”
Para la Sala no se encuentra probada la excepción de caducidad de la acción contractual, toda vez que con fundamento en la jurisprudencia de la Corporación que fijó la hermenéutica del postulado contenido en el inciso final del artículo 136 del C.C.A. – modificado por el decreto 2304 de 1989–, mientras el contrato se encuentre en ejecución no resulta viable señalar que ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción en relación con la pretensión puntual de nulidad absoluta del mismo. Por lo tanto expone que cuando se invoca la nulidad absoluta sobreviniente de un contrato estatal, no es posible computar el término de caducidad –bien sea de 2 o más años– desde que entró en vigencia el nuevo ordenamiento superior, sino que, en este tipo de situaciones muy especiales y específicas el término de caducidad aplicable sólo iniciará su conteo hasta tanto no se produzca la terminación del contrato estatal. En efecto, cuando la pretensión está fundamentada en la posibilidad de decretar la nulidad absoluta de un contrato por la entrada en vigencia –con posterioridad a la suscripción del negocio– de un precepto de rango superior, deviene inadmisible aplicar en sentido rígido las disposiciones sobre caducidad porque el legislador no contempló ni reguló esa situación concreta, razón por la que corresponde a esta Corporación fijar la interpretación que más se acompase con los lineamientos superiores, esto es, la que
respete en mayor medida el efecto útil de los principios constitucionales y, concretamente, el acceso efectivo a la administración de justicia. Así las cosas, tiene sentido verificar la ocurrencia o no del término de caducidad cuando se solicita la nulidad absoluta del contrato estatal en aquellos supuestos en que el vicio se materializa desde el mismo momento de la celebración del negocio jurídico, pero no ocurre igual en aquellas situaciones en las que la posible irregularidad se desprende de la promulgación o expedición de una norma que revistiendo superioridad jerárquica al contrato puede llegar a afectarlo, hipótesis esta última que lejos de poder ser asimilada a la primera, requiere una interpretación armónica de las disposiciones legales sobre caducidad, en aras de garantizar al máximo el respeto por los cánones constitucionales. En consecuencia, la caducidad en el caso concreto no ha operado por la sencilla pero potísima razón de que el contrato estatal se mantiene en ejecución y, por lo tanto, no se ha producido su terminación, momento éste desde el que, de haber acaecido, habría lugar a verificar el cómputo del plazo respectivo.” Refiriéndose al segundo problema jurídico planteado el Consejo precisa que a pesar de que le negocio jurídico acusado es legal, no puede permitirse que este en contravía a las normas de carácter superior, pues “las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato…Si la ley establece nuevas condiciones para el ejercicio de una industria, se concederá a los interesados el término que la ley señale, y si no lo señala el de seis meses”. (Art. 18 ley 153 1887). Ahora bien, no significa lo precisado que cualquier modificación jurídica al marco sustancial de un determinado negocio jurídico o régimen contractual permita alterar el contenido de los convenios o acuerdos ya suscritos –los cuales seguirán rigiéndose por la ley sustancial vigente al momento de su celebración–, sino que será posible ajustar el contenido del acuerdo cuyo régimen ha sido modificado por normas de orden público superior o, en su defecto, estudiar la validez del mismo para verificar si se ajusta o no con las disposiciones que regulan la materia. (Acorde también con lo dictado por loas arts. 1602 y 1603 del C.C.). Para la corporación la simple lectura de la convención vertida en la escritura pública No. 1855 de 1960, permite establecer que el contenido y alcance de las obligaciones acordadas por las partes contravienen, en la actualidad, el régimen constitucional y legal propio de los servicios públicos domiciliarios de que dan cuenta los artículos 365 y siguientes de la Carta Política, así como las leyes 142 y 143 de 1994. Por lo tanto según el Consejo, le asiste razón a la demandante al señalar que el artículo 368 de la Constitución sólo permite que las entidades territoriales otorguen subsidios a los servicios públicos domiciliarios, de sus respectivos presupuestos, a las personas de menores ingresos, precepto que fija la única excepción a la posibilidad de subsidiar un servicio público domiciliario. Como se aprecia, el contrato suscrito por las partes entra en contradicción con el citado tópico que, en cercana armonía con el artículo 368 ibidem, determina la necesidad de que el prestador del servicio público domiciliario consulte los costos y gastos necesarios para el suministro del servicio. En esa perspectiva, el contrato no consulta los costos y gastos en que incurre la CHEC para la producción del servicio, toda vez que la energía se suministra como pago o contraprestación por el despliegue de una actividad de vigilancia y protección de las redes de aquélla, acuerdo que conforme a los nuevos
principios constitucionales y legales que regulan los servicios públicos domiciliarios resulta inaceptable por ser incompatible con los mismos. Por lo tanto, al margen de que se trate de servicios en principio a cargo del Estado, que hacen parte de la finalidad social del mismo y sobre los cuales se debe garantizar la prestación eficiente y permanente, lo cierto es que la habilitación contenida en los artículos 365 y siguientes del texto constitucional permite inferir que el escenario en el que se prestan los mismos es propio de un régimen jurídico especial, en el que impera en la prestación y suministro un esquema económico de mercado que, en virtud de la esencialidad de los bienes jurídicos que se tranzan y comercian, se encuentra ampliamente regulado, vigilado e intervenido por el aparato estatal. Entonces, no es procedente señalar que el servicio público contratado con la CHEC es el de alumbrado público –que no reviste la condición de domiciliario y, por ende, no se regula por las leyes 142 y 143 de 1994–, como quiera que el objeto del contrato consiste en el suministro de la energía eléctrica requerida por el municipio para atender esa finalidad, así como la necesaria para el funcionamiento de todas las dependencias locales Además, como bien lo señaló el a quo, el objeto contractual desconoce el artículo 34 de la ley 142 de 1994, que prohíbe a las empresas de servicios públicos, en todos sus actos o negocios, otorgar privilegios o introducir discriminaciones injustificadas, así como obliga a abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad de generar o restringir en forma indebida la competencia; lo anterior, máxime si el numeral 2 de esa disposición establece uno de los principios elementales de la teoría y práctica de los servicios públicos domiciliarios y es la mínima correspondencia que debe existir entre los costos y gastos de operación del servicio y las tarifas del mismo, razón por la que se encuentra proscrita la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, postulado que se desconoce abiertamente con el contrato objeto de análisis. III. SENTENCIA:
Bajo la anterior panorámica, se impone la confirmación de la sentencia apelada puesto que se ajusta con los lineamientos constitucionales y legales, máxime si el marco normativo y regulatorio de los servicios públicos domiciliarios –dentro del cual se encuentra la actividad de suministro de electricidad– fue sustancialmente modificado por el Constituyente y el legislador, afectando de validez la convención suscrita entre las partes por tratarse de un pacto que, en la actualidad, recae sobre un objeto ilícito. Por último, conforme a los artículos 1746 y 1525 del Código Civil, en virtud de la nulidad que se decretará no habrá lugar a restituciones mutuas entre las entidades contratantes, precisamente porque el negocio estatal a que se contrae la actuación no se rige por los postulados de la ley 80 de 1993, y se encuentra viciado por objeto ilícito como se viene de indicar al entrar en directa contradicción su contenido con varios principios y postulados del texto constitucional. Primero. Confirmase la sentencia apelada, esto es, la proferida el 7 de septiembre de 1999, por el Tribunal Administrativo de Caldas. Segundo. No hay lugar a restituciones mutuas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. En firme este fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Resumen
El derecho administrativo colombiano da origen a acciones relevantes en este caso la acción de cumplimiento la cual es la acción que como lo nombra “Edgardo Villamil Portilla “es la acción que logra que se acate una regla de derecho en vigor” por lo que la importancia de esta acción es relevante para que la administración no omita cumplir sus responsabilidades. Palabras claves:
Acción de cumplimiento, omisión, administración, tutela. Abstract:
Colombian administrative law gives rise to relevant actions in this case the enforcement action where the action is named as "Edgardo Villamil Portilla" is the action that manages to comply with a rule of law in force "so that the importance this action is relevant to the administration did not ignore their responsibilities. Key words:
Court, order, omission, administration, tutelage. CONCEPTO. Normatividad y Procedencia: fuente normativa de esta acción se encuentra en el artículo 87 de la constitución nacional, conforme con el cual toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo; igualmente la acción es regulada por la ley 393 de 1997 dictada precisamente para desarrollar el artículo 87 constitucional. Naturaleza y contenido de la acción: se trata de una acción pública, puede ser invocada por cualquier persona. Por ello el artículo 1 de la ley 399 de 1997, preceptúa que “toda persona” puede acudir ante la autoridad judicial correspondiente para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.
Se trata por consiguiente “de un instrumento ágil de protección de los derechos fundamentales constitucionales, cuyo fallo se traduce en una orden para que la autoridad pública, gubernativa, judicial y legislativa, cumplan la ley en casos concretos o bien en casos generales donde el peticionario no busca interés personal. La acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, no es un proceso, ni breve ni abreviado, si no un procedimiento sumario, rápido y sin rito. Aquí se critica, en consecuencia, la actitud de los tribunales administrativos al pretender convertir la acción de cumplimiento en un proceso contradictorio, el accionante y la autoridad, cuando al juez constitucional corresponde solo oír la versión de la autoridad demandada para poder emitir el fallo inmediato, sin periodo de prueba u otros ritos diferentes a oír sumariamente a la autoridad renuente al cumplimiento de la ley. La acción requiere como conditio sine qua non de procedibilidad, la prueba de renuencia o bien la demostración de que su petición no ha sido contestada oportunamente. La tarea del juez se reduce a emitir su fallo de mandamus ordenando a la autoridad que cumpla
la ley o bien absteniéndose de hacerlo si se demuestra que la autoridad implicada no ha cumplido la ley por acción o por omisión. Aunque el artículo 87 de la constitución política atribuye a la autoridad judicial, sin excepciones, la competencia para tramitar la acción de cumplimiento, para la corte constitucional no es exótico que “el legislador haya determinado que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer y tramitar la acciones de cumplimiento”. Por tanto, la competencia corresponde en primera instancia, a los jueces administrativos y, en segunda instancia, a los tribunales administrativos. A partir del 29 de abril de 1998, en que la corte constitucional emitió su sentencia C157/ 98, la acción de cumplimiento es procedente contra toda autoridad pública, no solo la administrativa, sino también la judicial y la legislativa por el incumplimiento, según el caso, de una ley o de un acto administrativo. La corte constitucional refrendo la mutilación del instituto al establecer, como lo pretendía el gobierno, que “la acción regulada en la presente ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”. De ahora en adelante, “la apreciación y evaluación sobre si existió o no el incumplimiento, mediante el análisis probatorio correspondiente y el ámbito y el alcance de las obligaciones que le imponen a la autoridad, competente exclusivamente al juez dentro del ámbito de la autonomía e independencia funcionales de que está investido conforme a constitución”. Mediante sentencia numero C- 158/98, la corte constitucional declaro exequible la expresión “los servidores públicos” contenida en literal a) del artículo cuarto 4 de la ley. Por lo tanto, los servidores públicos están llamados “al ejercicio de la acción que persigue la efectividad del principio de legalidad”. En consecuencia, quedo sin base la tesis que desde su sentencia del 22 de enero de 1998, había impuesto el consejo de estado sobre el carácter residual o subsidiario de la acción de cumplimiento, “la acción de cumplimiento, al igual que la de tutela constituye un mecanismo residual y subsidiario para lograr el acatamiento de la ley o de un acto administrativo, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Principios Orientadores: presentada la demanda, el trámite de la acción de cumplimiento se desarrollara en forma oficiosa y con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia de derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y gratuidad. COMPETENCIA.
De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto administrativo, conocen en primera instancia los jueces administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el tribunal contencioso administrativo del departamento al cual pertenezca el juzgado administrativo. Las acciones de cumplimiento de que conozca en el consejo de estado, son resueltas por la sección o subsección de la sala de lo contencioso administrativo de la cual haga parte el consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hace a través del la correspondiente secretaria. El reparto se efectuara por el presidente de la corporación, entre los magistrados que conforman la sala de lo contencioso administrativo, en forma igualitaria.
Es de aclarar que mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos, la competencia en primera instancia se radicara en los tribunales contenciosos administrativos y la segunda en el consejo de estado. Titulares de la acción.
Cualquier persona puede ejercer la acción de cumplimiento frente a las normas con fuerza material de ley o actos administrativos. También pueden ejercitar la acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos. a) Los servidores públicos, en especial el procurador general de la nación, los procuradores delegados, regionales y provinciales, el defensor del pueblo y sus delegados, los personeros municipales, el contralor general de la republica, los controles departamentales, distritales y municipales. b) Las organizaciones sociales. c) Las organizaciones no gubernamentales. Autoridad pública contra quien dirige la acción.
La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquel deberá informarlo al juez que tramita la acción, indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuara también con las autoridades respecto de las cuales se ejercita la acción hasta su terminación. En todo caso, el juez de cumplimiento deberá notificar a la autoridad que, conforme al ordenamiento jurídico, tenga la competencia para cumplir con el deber omitido. Acción de cumplimiento contra particulares.
La acción de cumplimiento procede igualmente contra acciones u omisiones de particulares que impliquen el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo, cuando el particular actué o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, pero solo para el cumplimiento de las mismas. En este evento, la acción de cumplimiento podrá dirigirse contra el particular o contra la autoridad competente para imponerle dicho cumplimiento al particular. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
Por regla general, la acción de cumplimiento podrá ejercitarse en cualquier tiempo y la sentencia que ponga fin al proceso hará transito a cosa juzgada, cuando el deber omitido fuere de aquellos en los cuales las facultad de la autoridad renuente se agota con la ejecución del primer acto, pero si el deber omitido fuere de aquellos cuyo cumplimiento pueda demandarse simultáneamente ante varias autoridades o en diferentes oportunidades en el tiempo, podrá volver a intentarse sin limitación alguna. Sin embargo
será improcedente por los mismos hechos que ya hubieren sido decididos y en el ámbito de competencia de la misma autoridad. PROCEDIMIENTO •
Procedibilidad e improcedibilidad: constitución de renuencia.
1. Como ya fue señalado, la acción de cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares. 2. Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda. 3. También procederá para el cumplimento de normas con fuerza de ley actos administrativos, lo cual no excluirá el ejercicio de la acción popular para reparación del derecho. 4. La acción de cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de tutela. En estos eventos el juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de tutela. Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del acto administrativo, salvo, que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante. DEMANDA: Vía gubernativa:
Es un resquicito de procedibilidad de la acción pues dispuso la norma que con el propósito de constituir la renuencia de la autoridad, se exige que el actor haya reclamado el cumplimiento de la regla y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o que no hubiere contestado dentro de los 10 días siguientes. Es por ello que antes de avocarse el conocimiento del asunto por el funcionario judicial, debió allegarse prueba de los requerimientos, so pena de rechazo de la demanda. Contenido de la solicitud.
La solicitud debe contener: 1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción. 2. La determinación de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo incumplido. Si la acción recae sobre acto administrativo, deberá adjuntarse copia
del mismo. Tratándose de acto administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia. 3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento. 4. Determinación de la autoridad o particular incumplido. 5. Prueba de la renuencia que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva. 6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer. 7. La manifestación, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. Es de advertir que la solicitud también podrá ser presentada en forma verbal cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, sea menor de edad o se encuentre en situación de extrema urgencia. Tramite preferencial de la solicitud:
Está a cargo del Juez y debe darle prelación después de la acción de tutela, cuando existiere varias despachos judiciales en una localidad se someterse a reparto la acción de cumplimiento en el mimo día. Los términos son improrrogables. Corrección de la solicitud
El juez dentro del los tres días siguientes a la presentación de la demanda tendrá que decidir de la admisión o rechazo de la misma, si es de rechazo el demandante tendrá dos días para sanear los errores si no lo hace dentro de este término la demanda será rechazada La Admisión Y Notificación De La Demanda:
Si es admitida la demanda el juez ordenara la notificación personal al demandado le hará entrega de la copia de la demanda y anexos dentro de los tres días siguientes a la admisión de la demanda. El demandado deberá hacer entrega de dentro de los tres días siguientes a la notificación las pruebas o solicitar su práctica, el juez tendrá 20 días para proferir su decisión. RECURSOS:
Las providencias proferidas dentro de la sentencia no tienen recurso excepto la sentencia o el auto que deniegue la práctica de pruebas que tendrá cabida el Recurso de Reposición deberá ser interpuesto al día siguiente de notificación por estado. Contenido, Notificación Y Alcance Del Fallo:
Después de la etapa probatoria el juez dictara el fallo y debe contener: •
Identificación del solicitante
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Determinación de la obligación incumplida
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Identificación de la autoridad quien provenga el incumplimiento
•
La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido
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•
•
Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto que no podrá exceder 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el acto. Si el juez define que se necesita más días lo definirá con debida motivación. Orden a la autoridad pertinente sobre la investigación del caso para efectos penales o disciplinares. Condena a costas
“Si el fallo es negativo es decir que nos e conceden las pretensiones instaurarse una nueva acción con las misma finalidad” •
no podrá
La notificación se hará como lo habla el código de procedimiento civil.
Cumplimiento del Fallo:
La autoridad renuente deberá cumplirlo sin demora si no lo hiciere dentro del plazo definido el juez podrá solicitar al superior del responsable para que lo haga cumplir y abra el correspondiente proceso disciplinario contra aquel. Si después de cinco días (5) el superior no hubiere sido diligente abrirá un proceso contra aquel y adoptara todas las medidas para que este cumpla. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que estos cumplan. Impugnación del fallo:
Dentro de los tres días siguientes al de la notificación la sentencia podrá ser impugnada por el solicitante (autoridad renuente, representante de la entidad o defensor del pueblo) La impugnación cobrara un efecto suspensivo, presentada la impugnación el día siguiente el juez remitirá el expediente a más tardar al día siguiente al superior jerárquico. El juez que posea la responsabilidad de proferir el fallo lo deberá proferir dentro de los 10 días siguientes y podrá solicitar informes y pruebas de oficio. Otros aspectos: Informes:
Los informes podrán ser solicitados por el juez al particular o autoridad pública donde consten los antecedentes del asunto, el plazo para informar será de 1 a 5 días se fijara según la índole del asunto. La suspensión del trámite:
Se suspenderá hasta que no se profiera decisión definitiva en el evento en que en un proceso de nulidad en curso se halla decretado suspensión. Terminación anticipada:
Si estando en curso se desarrollare la conducta el cual proclamo en las pretensiones el demandante se dará por terminado el trámite de la acción dictando en el que se declarara tal circunstancia, se condenara a las costas del proceso.
Excepción de inconstitucionalidad:
Cuando el incumplimiento de norma con fuerza de ley sea proveniente del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad , el juez deberá resolver el asunto en la sentencia . Indemnización de perjuicios:
No tiene fines indemnizatorios, si se generan perjuicios los afectados podrán solicitar indemnizaciones por medio de acciones judiciales pertinentes. Actuación temeraria:
Cuando sin motivo justificado la acción sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces, se rechazara n o se negaran todas ellas si hubieren sido emitidas. Desacato: el que incumpla la correspondiente orden judicial proferida incurrirá en desacato sancionable en conformidad con las normas vigentes , la sanción será impuesta por el mismo juez mediante tramite incidental dentro de los tres días siguientes si debe revocar o no la sanción. Transmutación en acción de tutela.
La acción de cumplimiento no procede cuando se trate proteger derechos fundamentales que puedan ser garantizados mediante acción de tutela, no obstante en el artículo 9ª de la Ley 393 de 1997 india que en estos casos, el juez le dará a la solicitud trámite correspondiente a l acción de tutela, demostrando así interés en la protección de derechos fundamentales cuando se encuentren desconocidos u omitidos, asegurando un tramite preferencial, en lugar de la acción de cumplimiento ya que este no tiene la misma rapidez. Para que ocurra la transmutación deben existir los siguientes requisitos: •
Que el asunto este en primera instancia y aun no se haya dictado sentencia.
•
Que exista certeza de la violación o amenaza de un derecho fundamental.
La primera en cuanto se debe garantizar el debido proceso y esto incluye la garantía de dos instancias, es por esto que le juez que la decida debe ser de primera instancia, y la segunda como método para constatar que se requiere de una acción de tutela. SENTENCIA:
El fallo definitivo que resuelva de mérito en estos casos ha de pronunciarse dentro de los dos días siguientes a la admisión de la demanda de cumplimiento. surtido todo el tramite procedimental de rigor , se dictara , sentencia por la agencia judicial , correspondiente , la cual se notificara , según lo ordena el artículo 22 del CPC. ANALISIS JURISPRUDENCIA.
Entidad: Consejo de Estado. Sala. Contenciosa administrativa. Sección: Tercera. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernandez.
Fecha: (14) de febrero de dos mil dos Radicación número: 47001-23-31-000-2001-0823-01(ACU-1192) Demandante: Lino Machado Jimenez. Demandando: METROAGUA S.A. E.S.P. Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Antecedentes: En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Carta Política, Lino Machado Jiménez acudió ante esta jurisdicción con el propósito de que se ordene a la empresa Metro-agua S.A. E.S.P. dar cumplimiento al acto presunto positivo que, a su parecer, se configuró.
Señaló que en su facturación del servicio de acueducto, expedida por la empresa Metroagua S.A. E.S.P, figura una doble clase de servicio, residencial y comercial, por lo que considera que se presenta un doble pago por el mismo. Adujo que el 2 de abril de 2001 elevó petición ante la entidad demandada solicitando el cambio de tarifa comercial a tarifa residencial, reiterando la misma petición el 18 de mayo del mismo año, sin que, hasta la fecha de presentación de la demanda, haya obtenido respuesta alguna. Agregó que el 21 de agosto de 2001, presentó nuevo escrito ante la entidad solicitando el reconocimiento del silencio administrativo positivo pero que dicha petición fue negada por la entidad considerando entonces que se constituyó en renuencia. Contestación de la demanda
Por medio de escrito presentado el 19 de octubre de 2001, la entidad accionada contestó la demanda. Negó que no haya dado respuesta al actor puesto que, el 23 de abril de 2001 y el 7 de junio del mismo año, se respondieron las peticiones por él elevadas, citándolo para notificarle personalmente de la decisión y que, ante su no comparecencia, se fijara edicto comunicándola. Por estas razones afirmó que el silencio administrativo no se configuró por lo que no hay lugar a conceder la acción de cumplimiento interpuesta por el actor. Primera instancia:
EL Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia el 29 de octubre de 2001 en la que se decidió negar las pretensiones de la demanda, porque sostiene que no se configuro silencio administrativo positivo, puesto que dentro de los términos legales la empresa remitió dos citatorios, para que el accionante concurriera para darle respuesta a su solicitud, citatorio que n en la primera oportunidad desacato, y en el segundo el inmueble estaba desocupado, por lo tanto el actor era el directamente responsable por lo que la culpa de negligencia no podía ser transferida a las entidades. Recurso.
El demandante en uso de su derecho para interponer recursos, solicito el recurso de apelación en contra de la decisión del tribunal, sustentado en que no tiene conocimiento de quien es la firma de la primera notificación, por tanto no se podía considerar como una notificación personal, también indico que se acerco varias veces a la instalación de la entidad para averiguar sobre la petición, y en repetidas ocasiones no encontró respuesta, que en todo caso aparece un edicto que en información contiene un citatorio,
y no una respuesta. También aduce el peticionario que este tipo de citatorios son con el fin de dilatar la contestación para no configurar un silencio administrativo, puesto que es en estos citatorios la persona acude y le informan que debe acercarse en algunos días para la respuesta. Consideraciones:
la sala indica la importancia de esta acción, su rango constitucional como mecanismo para la protección y aplicación de derechos, permitiendo al exigibilidad a las entidades estatales de los deberes omitidos. Así mismo hace claridad de los requisitos para poder invocar dicha acción contenidos en la ley 393 de 1997, que en la cual encontramos: 1º Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos (art. 1º). 2º Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento (arts. 5º y 6º). 3º Que se pruebe la renuencia renuencia al cumplimiento cumplimiento del deber, deber, ocurrida ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido a cumplir, o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º). 4º No procederá la acción cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo el caso que, de no proceder el juez administrativo, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. La aplicación de esta en el caso en concreto lo encontramos que en el artículo 158 de la Ley 142, la cual aduce que si una entidad de servicios públicos domiciliarios le fue elevada una petición, y esta no responde dentro de los 15 días correspondientes, a las 72 de vencido dicho termino, la entidad tiene la obligación de dar cumplimiento o reconocimiento al silencio al silencio positivo. De las pruebas que obran en el expediente es claro que el actor presentó dos reclamos ante la empresa Metro-agua, el 23 de abril y el 7 de junio de 2001 respectivamente, y que dichos reclamos no obtuvieron una respuesta adecuada. Lo anterior por cuanto, a pesar de existir una comunicación en la que se cita al actor para notificarle la respuesta, dicha respuesta nunca se presentó realmente pues el edicto en el cual se ha debido notificar no incluyó la parte resolutiva del acto que resolvía las peticiones, según lo exige el artículo 45 del C.C.A., y tan sólo insta al accionante para que vaya a notificarse personalmente de la resolución. En este sentido, para que no operara el silencio administrativo positivo y se entendiera que hubo una debida respuesta, era necesario que la empresa no sólo llamara al accionante a notificarse sino que tenía la obligación de dar respuesta de fondo a su solicitud, es decir, informarle sobre la decisión tomada en relación con la clasificación comercial, a más tardar el 14 de mayo y el 28 de junio de 2001 respectivamente. De lo expuesto, resulta claro que el punto de controversia radica en que la empresa Metroagua S.A. E.S.P. no declaró la ocurrencia del silencio administrativo positivo, en relación con la falta de respuesta a la petición elevada por el actor.
Es necesario tener en cuenta que, a pesar de que el silencio administrativo positivo dé lugar al nacimiento de un acto presunto, procede la acción de cumplimiento pues éste es un verdadero acto administrativo y además, ni la norma constitucional (art. 87) ni la ley (art.1) (art.1) excluyen excluyen este tipo de actos actos para la procedencia procedencia de la acción. acción. Sin embargo, embargo, es menester dejar en claro que el reconocimiento del silencio administrativo positivo no puede ir en contra del ordenamiento jurídico y que, en este sentido, no es posible reconocer actos presuntos que contradigan la ley o la Constitución En este sentido, se encuentra que la Resolución No. 151 de 2001 expedida por la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico establece, en su artículo 2.4.1.2, que: “Para efectos de facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado, se cons consid ider erará ará como como reside esidenci ncial ales es a los los peque pequeño ñoss estab estable leci cimi mien entos tos comer comerci cial ales es o industriales conexos a las viviendas con una acometida de conexión de acueducto no superior a media pulgada. Por otro lado, el Decreto 302 de 2000 "por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, establece: "…3.36 Servicio Servicio comercial. comercial. Es el servicio servicio que se presta a predios predios o inmuebles inmuebles en donde se desarrollan actividades comerciales de almacenamiento o expendio de bienes, así como gestión de negocios o ventas de servicios y actividades similares, tales como almacenes, oficinas, consultorios y demás lugares de negocio. 3.37 3.37 Servi Servici cio o reside esidenc ncia ial. l. Es el serv servic icio io que que se prest presta a para para el cubr cubrim imie ient nto o de las las necesidades relacionadas con la vivienda de las personas…". "…3.25 "…3.25 Multiu Multiusuar suarios ios.. Edific Edificaci ación ón de Apart Apartamen amentos tos,, Oficin Oficinas as o locales locales con medici medición ón colectiva o general constituida por dos o más unidades independientes. 3.51 Unidad independiente. Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliaria...”. De los hechos relatados por el actor, es posible establecer que el predio, objeto de controversia, está conformado por un local comercial, el salón de belleza, y una vivienda. En principio, se podría decir que, con base en el artículo de la resolución citada, al demandante debería cobrársele la tarifa residencial; sin embargo, es claro que para el caso que se debe aplicar el Decreto 302 de 2000 por cuanto la situación demuestra que se presenta la existencia existencia de un multiusuario multiusuario al existir existir dos unidades independientes independientes con una acometida de conexión mayor a ½ pulgada y donde el cobro por el servicio debe respond esponder er tant tanto o al servi servici cio o comer comerci cial al como como al serv servic icio io resi reside denc ncia ial. l. Lo ante anteri rior or se evidencia de las facturas pagadas por el usuario que muestran una distinción entre el cobro que se le hace por el consumo residencial y el cobro por el e l consumo comercial. Confo Conform rme e a la norm normati ativi vidad dad exis existe tent nte e sobr sobre e el tema, tema, el actor actor se encu encuen entr tra a en la obligación de cancelar el servicio que recibe; en este caso debe pagar los dos servicios de que es beneficiario, bene ficiario, el comercial y residencial, de manera proporcional al consumo. Fallo: Se confirma la providencia proferida por el Tribunal Tribunal Administrativo del Magdalena, el 29 de octubre de 2001, mediante la cual se rechazó la acción de cumplimiento impetrada. Opinión.
La acción de cumplimiento tiene un reconocimiento constitucional por su importancia, por su fuerza de obligatoriedad, especialmente cuando es un particular quien exige un derecho a una entidad estatal, en este caso podemos ver la forma en el que el demandante por medio de la acción, permitió que el aparato estatal tomara el caso y le dier diera a prel prelac ació ión, n, y que que fuera fuera revi revisa sado do,, cont contro rola lado do por la juri jurisdi sdicc cció ión n cont conten enci cios osa a administrativa. La interpretación de la norma por parte del accionante fue errónea o incompleta, y esta fue la que permitió elevar la petición a la entidad, y aunque la entidad no cumplió con todos los requisitos de ley al no contestar de manera debida y de fondo la petición, la norma norma es clara para el caso, lo que no permite permite configuración configuración del silencio silencio administrativo administrativo positivo, pues este sería contrario a ley. ley. Entidad: Consejo De Estado Sala: Contenciosa Administrativa. Administrativa. Sección: Segunda. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gomez Aranguren Fecha: 05 de mayo de dos mil once Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00424-0 11001-03-15-000-2011-00424-00(AC) 0(AC) Actor: Jose Alejandro Hofmann del Valle Demandado: Tribunal Tribunal Administrativo De Cundinamarca y Juzgado 3° Administrativo de Bogotá. Antecedentes: El 8 de octubre de 2010 dirigió seis derechos de petición a las Universidades Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Nacional y Pedagógica de Colombia, con el objeto de obtener respuesta de las siguientes preguntas: “a) ¿cuántos estudiantes tienen con y en situación de discapacidad? y b) ¿Por qué presentaban serias barreras de accesibilidad y que habían hecho para eliminarlas de acuerdo a la normatividad vigente?”, sin que hubiera recibido respuesta oportuna de ellos.
Encontrándose en su criterio agotado el requisito de procedibilidad relacionado en el inciso 2° del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, el 3 de noviembre de 2010 interpuso Acción de Cumplimiento contra las Instituciones Educativas señaladas, por su flagrante violación de la normatividad sobre discapacidad. De la Acción conoció inicialmente el Juzgado 3° Administrativo de Bogotá, quien el 4 de novi noviem embr bre e de 2010 2010 admi admiti tió ó la dema demand nda a y cor corrió rió tras trasla lado do a las las part partes es para para que que procedieran a su contestación. Señaló el actor, que algunas Universidades ejercieron su derecho de defensa de manera extemporánea, haciendo caso omiso a los términos impuestos por el Juez. Agotado el anterior término procesal, el Juzgado ordenó a través de Auto de 23 de noviembre de 2010, remitir por competencia la Acción de Cumplimiento al Tribunal Admi Admini nist strat rativ ivo o de Cund Cundin inam amar arca, ca, remi remisi sión ón que que en su sent sentir ir se efect efectuó uó de mane manera ra extemporánea, teniendo en cuenta que la demanda ya se encontraba admitida y se había surtido el término de traslados a las partes para contestar. contestar. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Auto de 24 de febrero de 2011, rechazó de plano la demanda bajo el argumento que el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no se había cumplido.
Sostiene el accionante, que los operadores judiciales incurrieron en vía de hecho por los defectos procedimental y fáctico, por las siguientes razones: 1) el Juzgado 3° Administrativo de Bogotá remitió por competencia la Acción de Cumplimiento de manera extemporánea, desconociendo el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, y 2) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca restringió indebidamente el derecho de defensa al rechazar de plano la demanda en un momento procesal inapropiado, pues ya se había surtido el examen de admisibilidad y competencia, y aunado a ello, ya se habían recibido los escritos de contestación de la demanda. En su sentir, se desconoció el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo que señala que “… para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión…”, pues en aplicación de dicho precepto, las actuaciones surtidas en el Juzgado como la admisión de la demanda y el traslado a las partes debían permanecer con plena validez y eficacia, inclusive ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, situación que no ocurrió; y además, se vulneró su derecho de defensa, teniendo en cuenta que el Tribunal no le concedió la oportunidad de interponer recurso alguno, frente al auto que rechazó de plano la demanda. En virtud de lo reseñado solicita, que se dejen sin efecto los Autos del 23 de noviembre de 2010 y del 24 de febrero de 2010 proferidos por el Juzgado 3° Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se ordene a éste último, reabrir el proceso y desarrollar las instancias procesales legalmente establecidas dentro de la Acción de Cumplimiento. Asimismo pide, que se ordene la remisión de la totalidad del expediente que reposa en el Tribunal. Contestación de la demanda: Universidad Pontificia Javeriana.
Se opuso a los hechos de la Tutela, manifestando que no hizo caso omiso del término concedido por el Juez para contestar la demanda, pues aclaró, que fue notificada por aviso de ella, y al ser ésta una notificación indebida, se le imposibilitó ejercer su derecho de defensa. Por tanto solicitó, negar el amparo deprecado, por ser abiertamente improcedente respecto de dicha Universidad. Universidad Externado de Colombia. Señaló, que en asunto bajo estudio, no se evidencia trasgresión del derecho o que se hubiere incurrido en alguna de las causales específicas de procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales, como quiera, que los proveídos objeto de censura fueron proferidos conforme a las normas Constitucionales y legales aplicables al caso concreto, dentro del marco de autonomía e independencia judicial, con apoyo de las pruebas allegadas y de acuerdo con el procedimiento establecido para el trámite de la Acción de Cumplimiento; lo que permite inferir, que no se presenta una actuación arbitraria o abusiva del Juez de conocimiento. Por otra parte precisó, que la afirmación del accionante según la cual, la Universidad contestó la Acción de Cumplimiento de manera extemporánea carece de total sustento
jurídico y fáctico, en razón a que la demanda fue notificada mediante oficio de 18 de noviembre de 2010 y la respuesta fue radicada el 23 de noviembre de la misma anualidad, es decir, dentro de los 3 días hábiles dispuestos en el artículo 13 de la Ley 393 de 1997. Finalmente y en relación con el requisito de procedibilidad exigido en el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 sostuvo, que no se cumplió por parte del demandante, en consideración a que el derecho de petición que radicó en la Universidad no solicita el cumplimiento de una obligación legal, sino que contiene una solicitud de información que no puede tomarse como cumplimiento del requisito de renuencia. Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Señaló, que la decisión contra la cual se ha interpuesto la presente Acción Constitucional tuvo lugar, toda vez que el actor no formuló petición alguna al ente demandado mediante la cual se determine la existencia de la renuencia, dando lugar al rechazo de plano de la demanda. De otro lado manifestó, que no puede remitir el expediente en el cual se tramitó la Acción de Cumplimiento toda vez, que de acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el mismo no apareció en el archivo. Sobre este aspecto aclaró, que ya se formuló la respectiva denuncia por pérdida del expediente, y procederá a ordenar la reconstrucción del mismo. Sin embargo considera el Colegiado, que para la elaboración de la tutela el demandante tuvo a la vista la información contenida en el expediente o en copia del mismo, pues textualmente cita los folios 11 a 16 del expediente. Juzgado 3° Administrativo de Bogotá. Para ejercer su derecho de defensa, se remitió a los Autos proferidos dentro de la Acción de Cumplimiento. Consideraciones: En el sub lite se observa, que el demandante no contaba con otro medio de defensa judicial frente a la decisión que rechazó de plano la Acción de Cumplimiento instaurada, pues el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 establece expresamente que “Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente”. Así las
cosas, teniendo en cuenta que el accionante no contaba con otro medio de defensa judicial, se es procedente la Acción de Tutela. Sostiene el actor respecto de las actuaciones surtidas por el Juzgado y Tribunal accionados, que son violatorias del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, en primer lugar porque el Despacho que conoció inicialmente de la Acción de Cumplimiento la remitió por competencia de manera extemporánea, y segundo lugar, porque en su criterio, cuando la norma establece que “para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”, implica que los actos jurídicos que se hayan surtido antes de la remisión del expediente como la admisión y el traslado, deben ser respetados en sus efectos, por el Despacho que asume su conocimiento. Es decir, se debía respetar la admisión hecha y el traslado, dejando sin efecto cualquier impedimento. La Sala observa que no hay derecho fundamental violado, como quiera, que las decisiones censuradas se dictaron en aplicación de una serie de normas de carácter procedimental, de la cuales se encuentran: En primera medida debe advertirse, que la “remisión extemporánea” realizada por el Juzgado 3° Administrativo de Bogotá, no es vulneradora del derecho al debido proceso; por el contrario, dicha actuación garantiza la observancia de las reglas de competencia que deben gobernar las actuaciones judiciales, y subsana una nulidad absoluta del proceso, a la luz del numeral 6 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado, en relación con el argumento referido a que según el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, las decisiones adoptadas por el Juzgado como la admisión de la demanda y el traslado a los demandados deben permanecer, y esto no es posible, ya que las actuaciones surtidas por un Juez carente de competencia no pueden tener validez, a excepción de las pruebas practicadas, según el artículo 146 ibidem. Por último, respecto de la providencia que rechazó de plano la demanda de Acción de Cumplimiento, debe advertirse que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó dicha decisión, con fundamento en una serie de normas que indican taxativamente los requisitos de la demanda, y las causales de inadmisión y rechazo de plano de la misma, y que no dan lugar a interpretaciones por parte del Juez, que puedan constituir una vía de hecho. Es decir, que se trata un de asunto de mera legalidad. Al efecto se tiene, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, con fundamento en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997 que establece: Corrección de la solicitud. Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la demanda el Juez de Cumplimiento decidirá sobre su admisión o rechazo. Si la solicitud careciere de alguno de los requisitos señalados en el artículo 10 se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de dos días. Si no lo hiciere dentro de este término la demanda será rechazada. En caso de que no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad de que trata el inciso segundo del artículo 8°, salvo que se trate de la excepción allí contemplada, el rechazo procederá de plano. Conforme lo anterior, concluyó el Tribunal que el requisito relacionado con la constitución de la renuencia por parte de la Entidad demandada no se acreditó, “pues los derechos de petición obrantes en el expediente contienen unas solicitudes que no guardan relación con las pretensiones de la demanda, y además, no solicitaba el cumplimiento de una norma o acto administrativo, tal y como lo exige la norma trascrita”.
Así las cosas, considera la Sala que en el asunto bajo examen no se concreta una actuación vulneradora del derecho fundamental al debido proceso del accionante por parte del Juzgado 3° Administrativo de Bogotá o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el entendido de que las decisiones contenidas en los autos objeto de censura, se ajustan a los postulados del debido proceso Constitucional, dictado con sujeción a las normas especiales consagradas respecto de la Acción de Cumplimiento y por el Juez natural de la causa. Fallo: Se niega la Tutela solicitada por el señor José Alejandro Hofmann del Valle contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 3° Administrativo de Bogotá. Modelo de la solicitud de acción de cumplimiento: HONORABLES MAGISTRADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE………… (Reparto) E.S.D. Ref.: ACCION DE CUMPLIMIENTO
…………, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número …….., expedida en …… y portador de la Tarjeta Profesional No……., en mi condición de apoderado del señor ….., también persona mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número …., expedida en ….., de acuerdo con el poder que adjunto, me permito impetrar la presente acción de cumplimiento contra el señor Presidente de la República, Dr. ……, en su condición de Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, ( o según el caso la autoridad que incumple ) ,para que mediante el trámite señalado en la Ley 393 de 1.997 se le ordene el fallo que haga tránsito a cosa juzgada lo siguiente. PRIMERO: que con fundamento en el artículo 189, ordinal 11, de la Constitución Nacional proceda a reglamentar la Ley…….. De fecha…., aprobada por el Congreso Nacional con fecha…… y publicada en el Diario Oficial Número……. de fecha…. HECHOS
PRIMERO: Con fecha…… el Congreso de la República aprobó la Ley número………….. Mediante la cual………. SEGUNDO: Dicha Ley fue sancionada por el Presidente de la República el día…. De 199…. Y publicada en el Diario Oficial No. …. De fecha……. TERCERO: Según se desprende del artículo…. De la citada Ley, la misma empezó a regir a partir de su publicación. CUARTO: El artículo…. De la Ley mencionada facultó al Presidente de la República para que en el término de…. Meses procediera a su reglamentación.
QUINTO: Desde entonces han transcurrido….Meses, sin que se haya iniciado procedimiento alguno a fin de desarrollar la Ley en cuestión. SEXTO: El ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional impone al Presidente de la República la obligación de ejercer reglamentación de las leyes. SEPTIMO: Mi poderdante con fecha…. Solicitó al Presidente de la República dar cumplimiento a la Ley …. Para que se procediera a dictar el decreto reglamentario a la misma, sin que se le haya dado respuesta dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. OCTAVO: El Presidente de la República ha incumplido tal obligación, por lo cual procede la presente acción. DERECHO
Invoco como fundamento de derecho la Ley 393 de 1997 y el artículo 87 y 189, ordinal 11, de la Constitución Nacional PRUEBAS
Téngase como tales las siguientes: 1.- Copia auténtica de la Ley No. ……. De fecha…… tal cual fue aprobada por el Congreso Nacional. 2.- Ejemplar del Diario Oficinal No. …. De fecha….., donde aparece publicada dicha ley. 3.- Copia de la solicitud directa presentada por mi poderdante ante el Presidente de la República (o cualquier autoridad) para que procediera a reglamentar la Ley. 4.- Certificación expedida por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República mediante la cual se contacta que a la fecha no se ha expedido reglamentación alguna de la Ley en mención. ANEXOS Me permito anexar poder a mi favor, los documentos aducidos como prueba y copias de esta demanda. COMPETENCIA De conformidad con el artículo 4º. Transitorio de la Ley 393 de 1997, este Tribunal es competente para tramitar la presente acción de cumplimiento. PROCEDIMIENTO
A la presente demanda debe dársele el trámite indicado en los artículos 11 y siguientes de la Ley 393 de 1997. MANIFESTACION BAJO JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de este escrito, manifiesto que no he presentado ninguna otra solicitud respecto de los hechos y derechos expuestos en la presente solicitud ante otra autoridad. NOTIFICACIONES
El señor Presidente de la República en la Casa de Nariño: Cra 8ª. No.7-26 de Santa Fe de Bogotá. (o cualquier otra autoridad o particular) El suscrito en la Secretaría del Tribunal o en……… de esta ciudad. Sírvanse, en consecuencia, Honorables Magistrados, admitir esta acción de cumplimiento y notificar al señor Presidente de la República en su condición de demandado, para lo cual adjunto copia de la demanda con sus anexos. De los Honorables Magistrados, Atentamente, …………………….. C.C. No……… de……
T.P. No………
ACCIONES DE GRUPO CONCEPTO
El Artículo 88 de la Carta, se encargó de positividad por vez primera en un Texto Constitucional las llamadas acciones populares y de grupo que ya tenían una variada y dispersa reglamentación de orden estrictamente legal. Así, dispuso el canon en cita: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a derechos e intereses colectivos”. Ahora, dentro de la dispersa legislación que precedió la reglamentación del Constituyente, a título meramente enunciativo se encontraban en nuestro medio, las normas consagradas en el Código Civil, otras en leyes especiales, normas de orden procesal, y finalmente la derogada Legislación Instrumental Penal, que también en su articulado se ocupó del tema. Pero, y ya estando en vigencia la nueva Constitución, se creó una completa regulación sustantiva y procesal de las multinombradas acciones populares y de grupo, según quedó finalmente consignado en la ley 472 de 1.998. El artículo 3ª de la Ley 472 del 98 enunció explícitamente el concepto de acción de grupo, de donde surgen los rasgos característicos y otro medio de protección procesal. Es definida así:
Acciones de Grupo: “Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o grupo de personas (por lo menos veinte) que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicio individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios” Así, pueden colegirse las características estas así: · No involucran derechos colectivos; · En principio por tratarse de intereses privados, deben regularse con los criterios ordinarios de regulación, salvo la forma en que el grupo debe conformarse, el cual sí debe hacerse con base en normas superiores.; · Su procedencia, supone la demostración de un perjuicio, cuyo reclamo se presenta ante un Juez; · Los miembros de las personas que integran el grupo deben tener condiciones uniformes respecto de la causa que les originó el daño; · Tienen evidente y exclusivamente fines indemnizatorios. La finalidad, pretende reivindicar un interés estrictamente personal, en relación con los derechos que ampara, en la acción de grupo son de naturaleza subjetiva derivados de la violación de derechos colectivos. Por su parte, el artículo 4° ibidem, establece –DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO TAXATIVA-, algunos derechos e intereses colectivos, que en nuestro concepto recoge la dispersa legislación que había al respecto; entre estos se encuentran: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; b) La moralidad administrativa; c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; e) La defensa del patrimonio público; f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; i) La libre competencia económica; j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; n) Los derechos de los consumidores y usuarios. Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia. ABSTRACT: el estudio de la ley 472 de 1998, los arts. 46 y ss. Regulan la acción por medio de la cual un grupo de personas naturales o jurídicas que reúnen condiciones uniformes y que dicen haber sufrido un perjuicio individual, podrán obtener el reconocimiento de la indemnización correspondiente. Es entendido que las condiciones uniformes deben cumplirse también frente a los supuestos que configuran esa responsabilidad. JUEZ COMPETENTE La jurisdicción contencioso administrativa conoce de los asuntos que se susciten, cuando los perjuicios sean causados al grupo por la actividad de entidades o particulares que ejerzan funciones administrativas, de modo contrario lo será la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, ante el juez civil de circuito en primera instancia. La competencia ante la jurisdicción contencioso administrativa, estará en cabeza de los jueces administrativos en primera instancia y en según ante los tribunales administrativos. En cuanto el factor territorial será competente será competente el juez del lugar de ocurrencia los hechos y si fueren varios, a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda, o el del domicilio del demandado o del demandante a elección de este. SUJETOS PROCESALES- LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN POR ACTIVA: en las acciones de grupo debe ser necesariamente presentada por una o pluralidad de individuos no inferior a veinte(personas naturales y/o jurídicas) que hayan sufrido un perjuicio individual, y deberán hacerlo por conducto de Abogado, o el defensor del pueblo, los personeros municipales y distritales sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. En este caso será parte en el proceso judicial junto con los agraviados. •
En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder. •
LEGITIMACIÓN POR PASIVA: La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva (persona natural o jurídica, de derecho publico o privada), el cual debe ser determinado. No obstante, cuando en
el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia, de oficio ordenará su citación. PROCESO, REGLAS ESPECIALES DE TRAMITE
El trámite se desarrollará con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones. El Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes. Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda. a.Demanda
La demanda deberá contener los requisitos del código contencioso administrativo (art. 137), está deberá contener los siguientes requisitos contemplados en el artículo 52 de la ley 472 de l998: 1. El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido. 2. La identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio. 3. El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración. 4. Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo. 5. La identificación del demandado. 6. La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3o. (requisitos sustanciales de la acción) y 49 (representación judicial del conglomerado) de la presente ley. 7. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso. Admisión: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, el juez competente se pronunciará sobre su admisión b.
Notificación: En el auto que admita la demanda, además de disponer su traslado al demandado por el término de diez (10) días, el juez ordenará la notificación personal a los demandados. A los miembros del grupo se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier c.
mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios. Para este efecto el juez podrá utilizar simultáneamente diversos medios de comunicación. Si la demanda no hubiere sido promovida por el Defensor del Pueblo, se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda con el fin de que intervenga en aquellos procesos en que lo considere conveniente. Cuando se trate de entidades públicas, el auto admisorio de la demanda deberá notificarse personalmente a su representante legal o a quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda y del auto admisorio al notificado. Cuando se trate de sociedades, el auto admisorio de la demanda deberá notificarse personalmente a su representante legal, en la dirección que indique el demandante. De no conocerla deberá hacer dicha afirmación bajo la gravedad de juramento, caso en el cual se notificará en la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio respectiva. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda y del auto admisorio al notificado. Traslado: el demandado podrá proponer oposición en el término de 10 días surtida la notificación personal. d.
Contestación y excepciones previas: La parte demandada podrá interponer excepciones de mérito con la contestación de la demanda, con respecto a las excepciones previas en el proceso contencioso administrativo se deberán proponer de fondo, motivo de nulidad o razón de recurrir. e.
Intervención de terceros : Es de absoluta relevancia tener en cuenta que además de la oportunidad para integrar el grupo al momento de presentar la demanda, la norma prevista en el artículo 55 estableció dos oportunidades adicionales para hacerlo: la primera, antes de la apertura a pruebas, a través de un escrito presentado al Juzgado, en el que se debe indicar el daño sufrido y el deseo de acogerse a los efectos de la sentencia y de pertenecer al grupo; la segunda, dentro de los veinte días siguientes a la publicación del fallo, suministrando la misma información antes mencionada y con la condición que la acción no estuviere prescrita. f.
Exclusión del grupo: cualquier miembro del grupo podrá solicitar dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda su exclusión del mismo para no quedar vinculado con la sentencia o con la conciliación. g.
Conciliación De esta última, y dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento para solicitar la exclusión del grupo, oficiosamente por el Juez se ordenará la práctica de la aludida diligencia, con el propósito de lograr acuerdo entre los sujetos procesales, el cual, en todo caso constará por escrito, sin perjuicio de que cualquiera de las partes solicite la realización de una nueva h.
audiencia. En la diligencia podrá participar el Defensor del Pueblo o su delegado, para servir de mediador y facilitar el acuerdo; si el Defensor hubiere presentado la demanda, dicha función corresponderá al Procurador General de la Nación o su delegado, quien obrará con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir los apoderados de las partes. El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación que contenga el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación nacional. i.
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Medidas cautelares: los artículos 58, 59 y 60 de la ley 472 de l998, de manera general indica las medidas cautelares procedentes (las mismas previstas en el código de procedimiento civil para los procesos ordinarios), cabe destacar las siguientes precisiones: El trámite para la interposición de dichas medidas, al igual que la oposición a las mismas, se hará de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
La parte demandante solicitará en la demanda las respectivas medidas y se decretarán con el auto admisorio. Las medidas decretadas se cumplirán antes de la notificación de la demanda. Periodo probatorio y pruebas: Concluida la audiencia de conciliación el Juez decretará las pruebas solicitadas y las que estime pertinentes, señalando un término de veinte días para que se practiquen, prorrogables en extremas circunstancias por un período igual. j.
Alegatos: Vencido el término para practicar pruebas, el Juez dará traslado a las partes para alegar de conclusión por el término común de cinco (5) días. k.
Sentencia y contenido de la sentencia: Expirado el término para alegar de conclusión, el Secretario pasará inmediatamente el expediente al despacho con el fin de que se dicte sentencia en el perentorio e improrrogable término de veinte (20) días. Una vez que el expediente haya pasado al despacho para proferir sentencia, no podrá surtirse actuación alguna hasta tanto no se haya proferido ésta, excepción hecha de la declaratoria de impedimento o recusación. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá: l.
1. El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales. 2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la presente ley. 3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:
a) Las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El Juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según las circunstancias propias de cada caso; b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el Juez en la sentencia. Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante Acto Administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena. Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado. 4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de la sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización. 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia. 6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso. m. Recursos:
La sentencia es apelable en el efecto suspensivo. En este evento el Juez ordenará se preste caución para garantizar las medidas cautelares de embargo y secuestro.
El recurso de apelación deberá resolverse por la autoridad judicial competente en un término máximo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de radicación del expediente en la Secretaría General; sin embargo, cuando sea necesario practicar nuevas pruebas, el término para decidir el recurso podrá ampliarse en diez (10) días. Contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las Acciones de Grupo proceden el recurso de revisión (jurisdicción contencioso
administrativa) y el de casación (jurisdicción ordinaria), en ningún caso el término para decidir estos recursos podrá exceder de noventa (90) días contados a partir de la fecha en que se radicó el asunto en la Secretaría General de la Corporación. n.
Aspectos complementarios: Por último, la norma ordenó la creación del llamado FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, el cual contará con las apropiaciones correspondientes del Tesoro Nacional, las donaciones de organizaciones que no manejen recursos públicos y el monto de las indemnizaciones de las acciones populares y de grupo en la que hubiere renunciado expresamente el peticionario, o si no concurriere a reclamarlo dentro del año siguiente, que se contará a partir de que se dictó sentencia entre otros. En relación con el término de prescripción concebido en el artículo 70, al que se hizo mención en el párrafo anterior, pertinente resulta señalar que la Corte si bien declaró la exequibilidad de la norma, no lo hizo en relación con el término fijado en la disposición en cuestión, por considerar que ello suponía una manifiesta conculcación al derecho de la propiedad y en especial a los derechos adquiridos a que hace referencia al artículo 58 de la constitución.
Caducidad: sin perjuicio de la acción individual indemnizatoria contemplada en las leyes (arts. 68 C.C.A. y 2341 del C.C.), esta acción deberá promoverse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho que causó el daño o de la cesación de la conducta perjudicial. Suspensión provisional y agotamiento de vía gubernativa: con respecto a la suspensión provisional esta no procede debido a que esta acción no proviene de un acto administrativo y el agotamiento de la vía gubernativa no se contempla de manera especial para esta clase de acción.
Caso jurisprudencial practico Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C. P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 23 de marzo de 2001. Expediente AG-2401. Radicación 76001-23-31-000-1999-2401-01.
En el presente asunto se trata de establecer si debe autorizarse el llamamiento en garantía que solicitó el demandado o si, como lo sostiene la providencia impugnada, éste debe negarse. Para ello, lo primero que la Sala deberá estudiar es si la figura de llamamiento en garantía que consagra el Código de Procedimiento Civil, que es el fundamento legal de la petición del Banco de la República, procede en las acciones de grupo. Llamamiento en garantía y objeto de las acciones de grupo El llamamiento en garantía es un instrumento procesal que busca convocar a un tercero a un proceso en donde se pueden afectar económicamente sus intereses. De ahí que, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, "a término de lo establecido por los artículos 54 a 57 del Código de Procedimiento Civil, con el llamamiento en garantía la relación procesal en trámite recibe por lo general una nueva pretensión de parte que, junto con la deducida inicialmente, deben ser materia de la resolución en la sentencia que al respectivo proceso le ponga fin,
sentencia que por tanto y en la medida en que sea de fondo respecto de ambas, hará tránsito a cosa juzgada por lo que toca con la relación material que liga al demandante inicial con su demandado, así como también con la existente entre el tercero citado y la parte que provocó el llamamiento1" El llamamiento en garantía se encuentra consagrado para los procesos ordinarios civiles en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil y previsto en los artículos 146 y 217 del Código Contencioso Administrativo para los procesos contenciosos administrativos de reparación directa y contractual, según el régimen establecido en los artículos 50 a 57 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, esta figura de llamamiento a un tercero puede presentarse en los procesos que persiguen la indemnización de los perjuicios ocasionados por los particulares o por la administración pública. De otra parte, en relación con la acción de grupo se tiene que el segundo inciso del artículo 88 de la Constitución defirió al legislador la regulación legal de las acciones que buscan proteger "los daños ocasionados a un número plural de personas". En efecto, la Ley 472 de 1998 reguló el objeto, los principios, la procedencia, la competencia y los requisitos del mecanismo judicial que propende por la protección de derechos individuales de un grupo de personas, al cual denominó acciones de grupo. Así, el artículo 3° de la Ley 472 de 1998 define las acciones de grupo como "(...) aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad". Esas acciones, conforme a la misma disposición, se ejercerán exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios. Esa previsión se reitera en el artículo 46 de la misma ley. En este orden de ideas, la acción de grupo tiene un indiscutible contenido indemnizatorio, puesto que el objeto del proceso es la reparación económica de los perjuicios ocasionados a un conjunto de personas (no inferior a veinte) que reúnen condiciones similares, pero que de muestran la afectación de daños individuales. Por consiguiente, estas acciones fueron concebidas para discutir intereses económicos particulares que se tramitan en un mismo proceso porque presentan identidad de pretensiones. Cabe advertir que el ordenamiento jurídico también consagra otras acciones para la reclamación de indemnización de perjuicios, tales como la del proceso ordinario de responsabilidad extracontractual entre particulares o la del proceso de reparación directa cuando la legitimidad pasiva está radicada en la administración pública. Sin embargo, una característica de estos últimos, que los diferencian de la acción de grupo, es la necesidad de acreditar un perjuicio personal que debe discutirse en forma independiente en cada proceso. Ahora bien, en el proceso de las acciones de grupo, la Ley 472 de 1998 guarda silencio en relación con la posibilidad de llamar en garantía a terceros que pueden resultar afectados con la sentencia. No obstante, el artículo 68 de esa ley señala que al trámite de las acciones de grupo se les aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil en lo que no contraríen lo dispuesto en las normas del título III de la Ley 472 de 1998.
Así las cosas, la Sala encuentra que el llamamiento en garantía es una figura procesal que puede aplicarse en el proceso de acción de grupo, pues no sólo no contradice su reglamentación sino que, conforme a lo expuesto, se ajusta perfectamente a la naturaleza jurídica de esta acción. Por lo tanto, se entrará a estudiar si procede o no el llamamiento en garantía a las entidades públicas, financieras, aseguradoras y de financiamiento comercial que solicitó el Banco de la República. Procedencia del llamamiento en garantía El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil consagra el llamamiento en garantía así: "Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los artículos anteriores". Con base en la norma que se transcribió deberá averiguarse si el Banco de la República tiene, respecto de las entidades que llama como garantes, un derecho legal o contractual de exigir el pago total o parcial de una eventual indemnización como consecuencia de la sentencia. 1. Respecto de las entidades aseguradoras se tiene que: El Banco de la República allegó al proceso copia de la póliza de seguro global bancario 1999 expedida conjuntamente por las compañías (…) y (…), en favor del Banco de la República. La cláusula primera del anexo número 11 de la póliza dice que aquélla "indemnizará al ‘asegurado’ con respecto a la responsabilidad legal ante terceros, derivada de un acto que cumpla con todos los requisitos siguientes: a) Que las sumas a pagar por las compañías sean una compensación por los pagos efectuados a los terceros reclamantes y por los gastos de defensa aprobados al ‘asegurado’, sin exceder del límite asegurado para este anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo concepto (...). Por su parte, la cláusula novena del mismo anexo dispone que "este anexo solamente indemnizará al ‘asegurado’ por los fallos judiciales definitivos en su contra, dispuestos por las cortes judiciales del país estipulado en las condiciones de la póliza, es decir la República de Colombia" (fls. 186 y 193, c. 1A). Como se observa, si se llegare a producir una sentencia que condene al Banco de la República a pagar indemnizaciones a los usuarios del UPAC, el demandado podría, bajo el amparo del contrato de seguro, hacer efectiva la póliza y solicitar la compensación por los pagos efectuados a los terceros reclamantes. De consiguiente, con independencia del alcance de la póliza y de la responsabilidad concreta de las compañías aseguradoras, asuntos ajenos a esta instancia, se encuentra que la relación contractual entre el demandado y las aseguradoras podría verse afectada con la decisión final en la presente acción de grupo. Por lo tanto, procede el llamamiento en garantía a las compañías (…) y (…), por lo que, en este aspecto, se revocará el auto impugnado.
2. En cuanto a las corporaciones de ahorro y vivienda, bancos y compañías de financiamiento comercial: En primer lugar, se debe aclarar que en el presente asunto no se trata de efectuar un análisis de la falla del servicio del Banco de la República ni del alcance del vínculo que se presenta entre aquél y las entidades financieras. Simplemente se trata de averiguar si existe una relación legal que pueda comprometer la responsabilidad de las entidades que se llaman en garantía. Pues bien, el sustento de las pretensiones de los integrantes del grupo en esta acción es la liquidación errónea e inconstitucional del valor de la unidad de poder adquisitivo constante que se efectuó en cada uno de los contratos de mutuo que contrajeron con las entidades financieras que el demandado llama en garantía. En efecto, con anterioridad a la Sentencia C-700 de 1999, todas las entidades financieras debieron pactar los contratos para la adquisición de vivienda con base en el sistema de unidad de poder adquisitivo constante. Y el valor de la UPAC no podía ser fijado discrecionalmente por cada entidad financiera si no que debía corresponder al cálculo efectuado por el Banco de la República. Esa conclusión puede observarse claramente con la simple lectura de las siguientes normas: El artículo 1° del Decreto 1127 de 1990 preceptuaba: "El Banco de la República calculará mensualmente e informará con idéntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda, para cada uno de los días del mes siguiente, los valores en moneda legal de la unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, calculada así: (...)". A su turno, los artículos 2.1.2.3.6 y 2.1.2.3.7 del Decreto 1730 de 1991 expresaban: "Artículo 2.1.2.3.6 Cálculo para la liquidación. En concordancia con las normas sobre reajuste monetario de los ahorros manejados por las corporaciones de ahorro y vivienda, éstas continuarán liquidando los retiros de depósitos de las cuentas de ahorro de valor constante con el valor de la UPAC calculado por el Banco de la República para el día inmediatamente anterior al de la realización de la operación. Artículo 2.1.2.3.7 Liquidación. El Banco de la República calculará mensualmente e informará con idéntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda, para cada uno de los días del mes siguiente, los valores en moneda legal de la unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, calculada así (…)". El literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 señalaba que la Junta Directiva del Banco de la República debía "fijar la metodología para la determinación de los valores en moneda legal de la unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, teniendo en cuenta (...)". En el mismo sentido, el artículo 134 del Decreto 663 de 1993 disponía: "Artículo 134. Unidad de poder adquisitivo constante, UPAC 4. Cálculo para la liquidación. En concordancia con las normas sobre reajuste monetario de los ahorros manejados por las corporaciones de ahorro y vivienda, éstas continuarán liquidando los retiros de depósitos de las cuentas de ahorro de valor constante con el valor de la UPAC calculado por el Banco de la República para el día inmediatamente anterior al de la realización de la operación.
A los depósitos que se efectúen y retiren en la misma fecha no se les reconocerá corrección monetaria. Así las cosas, es clara la existencia de una relación legal entre el Banco de la República y las entidades financieras que pactaron créditos hipotecarios bajo el sistema de la unidad de poder adquisitivo constante, como quiera que aquéllas se encontraban obligadas a liquidar el valor de los créditos con base en el monto que señalaba el Banco de la República, de conformidad con la ley. Con base en lo expuesto, la Sala se pregunta si esa relación legal existente entre el Banco de la República y las entidades financieras origina un derecho legal del primero para exigir el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia. Evidentemente, la resolución definitiva de la cuestión planteada corresponde al proceso de la acción de grupo, puesto que es allí donde debe estudiarse si efectivamente surgen obligaciones a cargo del Banco de la República y de las compañías y entidades financieras. No obstante, para efectos de resolver el asunto sub-judice, la Sala considera que existe una relación sustantiva entre el Banco de la República y las entidades financieras que autoriza el llamamiento en garantía de estas últimas. Esa conclusión se fundamenta en las siguientes razones: El perjuicio que busca ser reparado se origina en la existencia, actual o anterior a la acción de grupo, de créditos pactados en unidades de poder adquisitivo constante con las entidades financieras. De consiguiente, el supuesto daño surge, en principio, de la ocurrencia de dos causas distintas pero íntimamente ligadas. En efecto, el supuesto perjuicio se origina, de un lado, como consecuencia de las directrices fijadas por el Banco de la República y, de otro, de su aplicación práctica por parte de las entidades financieras, pues el cobro indebido que reclaman los demandantes se establece con el vínculo contractual entre el cliente y la entidad financiera, asunto que es un acto ajeno a la voluntad del demandado. Por ende, si la causa del perjuicio reclamado es también el contrato, debe vincularse a las partes que lo celebraron. De otra parte, debe tenerse en cuenta que, en sentido estricto, lo que el grupo reclama es la indemnización de los perjuicios supuestamente ocasionados por el pago de lo no debido. Pues bien, si ese pago no se efectuó al demandado sino a las entidades financieras, los beneficiarios de la obligación contractual no pueden ser ajenos a la controversia que define la validez del pago, y, por tanto, deberán ser vinculados al proceso para definir si, efectivamente, los valores cobrados correspondieron al monto de la deuda. Es decir que si los demandantes derivan sus perjuicios del hecho del Banco de la República consistente en la equivocada determinación de la unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, para efectos de los créditos hipotecarios, en últimas los beneficiados con ese hecho fueron las entidades financieras, por es en (sic) virtud del mismo percibieron mayores valores en dinero por concepto de los créditos y, por tanto, si el banco demandado resultare condenado al pago de lo recibido en exceso por las entidades financieras, éstas no pueden ser ajenas al resultado del proceso sino que deben ser llamadas a efectos de definir si deben efectuar el reembolso total o parcial de esos pagos.
A la anterior conclusión también podría llegarse si se considera que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado2, es posible encontrar la concurrencia de dos causas distintas para producir el mismo perjuicio. Es lo que se ha denominado la "responsabilidad compartida", según la cual una autoridad pública puede ser responsable de un daño en concurrencia con un agente suyo o con una persona que no actúa en nombre del Estado, pero que causan el perjuicio indemnizable. En esa circunstancia, el Consejo de Estado ha dicho que se condena al Estado en proporción a su culpa, por lo que el pago corresponderá a la tasa de participación de la entidad pública. Por lo tanto, el Banco de la República podría tener un derecho legal de exigir de las entidades financieras el reembolso, en proporción a su culpa, del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia. Finalmente, la Sala considera que el llamado a las entidades financieras protege su derecho de defensa y el del demandado, el cual es una garantía constitucional que el juez debe impulsar (Carta, art. 29). De hecho, si la acción de grupo discute la responsabilidad por la indebida liquidación y cobro de los créditos para vivienda que se pactaron en unidades de poder adquisitivo constante, debe darse la oportunidad procesal para que las partes del contrato controviertan pruebas y defiendan sus intereses. En esta forma, la Sala revocará los numerales 1 y 2 de la providencia del 17 de noviembre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto negó el llamamiento en garantía de las compañías aseguradoras, las entidades financieras y bancarias que celebraron contratos con los integrantes del grupo. En consecuencia, dispondrá la admisión del llamamiento en garantía a esas entidades y su trámite, por el Tribunal, en la forma indicada en el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil.»
ACCIÓN ELECTORAL Finalidad: Es una acción pública mediante la cual cualquier persona puede impugnar el nombramiento o elección de otra por no reunir los requisitos que establece la constitución o la ley para ocupar un cargo, o por haberse violado las normas que regulan su elección o nombramiento, está regulado en los artículos 227 y 228 del C.C. A. participa de los elementos de la acción de Nulidad por cuanto con ella se persigue únicamente el fin de el interés de la legalidad, pero, puede revestir als características de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el afectado con dicho nombramiento ejerce la acción para obtener a demás de la nulidad el restablecimiento de su situación anterior a dicho nombramiento.
Esta acción al tenor de los artículos 247 y 248 del C. C. A. Puede concluir con sentencia que ordene a realización de un nuevo escrutinio, el cual debe ser realizado por el mismo consejo de estado o por los tribunales administrativos, según el caso, y expedir nueva credenciales cancelando las iniciales. En estos procesos solo proceden los mecanismos de impugnación del articulo 84 C.C.A., al igual que en la acción de nulidad simple, pero,
adicionalmente tiene causales de nulidad especificas, de acuerdo con la actividad que se controla. CADUCIDAD
El Artículo 136 numeral 1º dispone: “La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de caducidad se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento” Es la notificación de dicho acto: publicación, personal, en audiencia o sesión, etc.; a partir de la cual se empezará a contar el término de caducidad. Deberá tenerse en cuenta que en los casos en los cuales legalmente se requiera publicación del acto, no empieza a correr el término de caducidad mientras no se cumpla con tal requisito. Se pueden presentar las siguientes excepciones: •
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A la fecha de notificación como punto de partida para contar la caducidad sería el caso de los llamados a ocupar vacancia cuando no se produce acto administrativo, en cuyo caso como el acto a demandar es de naturaleza tácita y se prueba con el acta de posesión, sería a partir de esta última que se cuenta la caducidad. Los actos de nombramiento que requieren confirmación, ya que es a partir del día siguiente de que esta se produzca que se empieza a contar el término de caducidad. Sí se presenta controversia respecto a la caducidad frente a la corrección que dispone el Art. 230 del C.C.A. Se tiene que dicha norma, establece que la demanda puede ser corregida antes de que quede en firme el auto admisorio1.
Tramite:
La acción electoral posee un procedimiento especial en aras de la búsqueda de celeridad, de manera que cuenta con términos breves y perentorios y toda la actuación deberá cumplirse con agilidad por parte del juez de la siguiente manera: 1. Recibida la demanda, deberá ser repartida el mismo día o a más tardar el siguiente hábil. 2. El auto admisorio de la demanda se ejecutoría al día siguiente de la notificación. 3. Si el demandante debe corregir la demanda, puede hacerlo, pero únicamente hasta antes de que quede en firme el auto que la admita. Sobre la solicitud de corrección se resolverá dentro de los dos días siguientes. 1
Ha dicho el Consejo de Estado que en estos casos la corrección de la demanda no puede contener nuevos cargos contra el acto de elección, así como tampoco pretensiones adicionales, ya que frente a correcciones que contengan cualquiera de los anteriores, si ya han transcurrido veinte (20) días de la notificación del acto de elección o nombramiento, se deberá declarar caducada la acción. En tal caso la demanda se admitirá sólo respecto de las pretensiones y cargos presentados oportunamente.
4. Contra el auto que admita la demanda no procede ningún recurso. 5. Si el auto inadmite la demanda, puede recurrirse en súplica ante el resto de los magistrados, cuando el proceso fuere de única instancia y en apelación cuando fuere de dos, pero sólo se tienen dos (2) días para proponer el recurso. Este recurso se resuelve de plano. 6. La fijación en lista es sólo por tres (3) días. 7. El decreto de pruebas se debe hacer al día siguiente del vencimiento del término de fijación en lista. 8. El término probatorio es de veinte (20) días. 9. El traslado para alegar es de cinco (5) días. 10.
La acumulación de los procesos es oficiosa.
11. El Magistrado solamente tiene 20 días para registrar el proyecto y la Sala 30 días para aprobarlo. 12. La sentencia se debe notificar personalmente; si pasan dos (2) días sin practicarse ésta, se notifica por edicto que solamente se fijará durante tres (3) días. El término de caducidad de este tipo de acción es de 20 días, transcurridos los cuales sin ser ejercida la acción el nombramiento en cuestión pasa a ser impugnable. 1. DEMANDA: para esta acción en especifico no se exigen requisitos especiales para
su presentación, sino los contemplados en el articulo 137 (contenido de la demanda), 139 (demanda y anexos, copia hábil del acto acusado - acto que declara elección) y 2292 del código contencioso administrativo.
2. Admisión y
recursos: Recibida la demanda en el despacho judicial de conocimiento deberá ser repartida el mismo día o más tardar el siguiente día hábil. El auto admisorio carece de recursos, no así el que rechaza, cuando fuere de única instancia procede el de súplica ante los demás magistrados que integran la sala de decisión o el de reposición si es ante juez, o de apelación si el proceso es de dos instancias.los recursos se deberán proponer en el término de dos días siguientes a la notificación del auto y se resolverán de plano. el auto admisorio se ejecutará al día siguiente de su notificación.
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“Individualización del acto acusado”, se tiene que “Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos”, Tal exigencia se justifica por la necesidad de determinar con claridad el acto definitivo sobre el cual es posible una declaración de nulidad por la vía de la acción de nulidad de carácter electoral . En efecto, se encuentra que en materia electoral existen numerosos documentos que forman parte de la actuación previa a la declaratoria de elección, pero que no hacen parte de lo que debe ser el acto acusado. Adicionalmente como la acción está encaminada a demandar no solo los actos de elección popular sino también a los de elección colegiada y corporativa y a los de nombramiento, se procederá en cada caso específico a verificar cual es el acto que debe ser objeto de la demanda
En el auto admisorio también se decidirá sobre la suspensión provisional del acto de elección o nombramiento demandado si fue solicitada. Si el proceso cursa en el Tribunal deberá ser proferido por la Sala de Decisión y procede el recuso de reposición si es de única instancia y de apelación si es de dos. En caso que el auto sea proferido por el juez o jueza administrativo(a) sólo procede el recurso de apelación, dado que el proceso siempre será de dos instancias. Los recursos deberán ser decididos de plano. El auto admisorio deberá también disponer sobre la notificación personal del Agente del Ministerio Público y del demandado(a) cuando sea del caso, las diferentes notificaciones por edicto que contempla el Art. 233 y la orden de fijación en lista por tres (3) días una vez cumplido el término de notificación. Deberá hacerse la prevención de que en dicho término se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas. De acuerdo a los establecido en la ley 1395 de 2010 en su articulo 104 adicionando el articulo 236ª, este proceso admite acumulación de pretensiones en demandad electoral al respecto se afirma lo siguiente: En una misma demanda electoral no se podrán acumular pretensiones de nulidad relativas a vicios en las calidades, requisitos e inhabilidades del elegido o nombrado, con las que se funden en irregularidades en el proceso de votación y en los escrutinios. La indebida acumulación de pretensiones es causal de inadmisión, la cual deberá ser reformada en el término legal, las separe en demandas diferentes y se proceda al reparto. 3. Notificaciones: Conforme se desprende del Art. 233 del C.C.A., existen varios
tipos de notificación a la parte demandada del auto admisorio dentro del proceso electoral. También la jurisprudencia ha establecido reglas en los casos en los cuales la norma no es expresa: a. Por edicto: Por edicto que se fijará por cinco (5) días. La norma no dispone
de manera expresa a quien se notifica por medio de este edicto, así como tampoco en qué lugar debe fijarse el mismo, como si lo hace con las demás formas de notificación, ha de entenderse que con el mismo se notifica a los terceros interesados en intervenir y a la ciudadanía en general. Así mismo, deberá ser fijado en la secretaría del despacho judicial, bien sea que se utilice la analogía (Art. 207-3 C.C.A.) o que se acuda a la remisión al C. de P.C. (Arts. 323 y 324). También se ha considerado que por medio de este edicto es que se notifica a los elegidos por elección popular, en razón a no estar incluidos en el numeral 3º que ordena la notificación personal, pero tal posición ha sido revaluada por la jurisprudencia como se verá más adelante.
b. Notificación personal a nombrados o elegidos por junta, consejo o
entidad colegiada: En caso de nombrado o elegido por junta, consejo o entidad colegiada se dispondrá la notificación personal dentro de los dos (2) días siguientes o en su defecto por edicto que se fijará por tres (3) días en la Secretaría del Tribunal o Juzgado. De dicho edicto se remitirá copia por correo certificado a la dirección del demandado(a) que se haya señalado en
la demanda o que figure en el directorio telefónico, circunstancia de la cual se dejará constancia en el expediente c. Notificación por edicto cuando hay posibilidad de que se deba
practicar nuevo escrutinio : En la eventualidad de que de la declaratoria de nulidad de una elección se deba practicar nuevo escrutinio, se entenderán demandados todos los demás ciudadanos que se hayan declarado elegidos por el acto cuya nulidad se pretende Se deberá hacer notificación por edicto que se fijará por cinco (5) días en la Secretaría y se publicará por una sola vez en dos periódicos de amplia circulación en la respectiva circunscripción electoral.. Por tratarse de una notificación de demanda el edicto deberá contener el nombre de todos los elegidos, a fin de que queden debidamente notificados del auto admisorio de la demanda. Así mismo, la parte demandante deberá probar dentro del término de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público que realizó la respectiva publicación, so pena de que si no cumple con dicha carga procesal se declare terminado el proceso por abandono y se ordene archivar el expediente. En efecto, este término es perentorio, conforme se deduce de la redacción de la norma y lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, de tal manera que la parte demandante tiene 20 días para efectuar las publicaciones y anexarlas al proceso.
d. Notificación de elegidos popularmente cuando no se requiere nuevo
escrutinio. No obstante las diferentes posibilidades de notificación que trae la norma, surge un vacío respecto a la notificación de aquéllos, cuya condición de elegidos surge de una elección popular, si no se requiere nuevos escrutinios, ya que la norma sólo contempla de manera expresa la notificación personal y en defecto por edicto de quienes son nombrados o elegidos por junta, consejo o entidad colegiada. Así mismo, por edicto que se fijará en secretaría del despacho judicial y se publicará en la prensa en el caso de que deba hacerse nuevo escrutinio.3 Se precisa que con el fin de que se evite la dilación del proceso, dada la celeridad que debe imprimirse al mismo puesto que no puede durar más de seis (6) meses, se debe ordenar que la notificación personal se haga conforme al procedimiento especial dispuesto en el Art. 233 Numeral 3º, esto es, personalmente dentro de los dos (2) días siguientes y si no es posible en ese plazo deberá hacerse por edicto, ya que debe evitarse el riesgo de que el demandado o demandada eluda la notificación si se hace de forma ordinaria. Finalmente, aunque
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En este caso el Consejo de Estado ha hecho pronunciamientos sobre la forma en que debe surtirse dicha notificación: No obstante el contenido literal de la norma anterior, la jurisprudencia de la Sección, expresó lo siguiente respecto de la notificación personal del auto admisorio de la demanda en el proceso electoral: “…En los procesos electorales la notificación personal de la demanda al ciudadano elegido por el acto atacado es imperativa en todos los casos de elecciones uninominales, o cuando se demanda parcialmente un acto de elección de miembros de Corporaciones Públicas, para obtener la nulidad respecto de uno o varios de los elegidos invocando causales subjetivas, como la carencia de alguna calidad constitucional o legal o la presencia de inhabilidades. Dejar de efectuar la notificación personal del auto admisorio a quien es elegido popularmente, con el argumento de que la norma antes citada no lo dispone, resulta contrario a la Constitución, pues de los principios aludidos se desprende que se debe garantizar al elegido la oportunidad de ejercer su derecho a oponerse a la demanda así como la de solicitar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, y en general, intervenir activamente a través del proceso electoral, sin que la celeridad que lo caracteriza permita el juez sustraerse del cumplimiento de ese mandato constitucional. El demandado fue elegido para el desempeño de un cargo uninominal, por lo que debió ser notificado personalmente”
parezca obvio no debe olvidarse que en los procesos electorales no se debe ordenar la notificación de la demanda a la entidad que produjo o declaró el acto de elección o nombramiento, ya que no deben ser consideradas como parte, en razón a que el objeto de la demanda es el acto de elección o nombramiento y la demanda debe ser notificada en la forma señalada en el Artículo 233 del C.C.A., a la persona elegida o nombrada no a las entidades públicas. 4. Intervención de terceros: la intervención de terceros en el proceso electoral se
regula por lo dispuesto en el artículo 235 del C. C. A, y aunque estos compartan el objeto de la acción, no les es posible modificar su causa, esto es, los cargos o motivos de la violación, en razón a que estas intervenciones adhesivas se admiten hasta cuando finalice el termino de fijación en lista. En la anterior perspectiva se tiene que si el propósito del tercero interviniente va más allá de la simple coadyuvancia, ya que busca la nulidad del acto acusado con base a cargos no presentados en la demanda a la que adhiere, la vía no puede ser la de la intervención adhesiva. En estos casos deberá presentar demanda separada, formulada de manera oportuna, en la que podrá invocar de manera expresa y directa las razones por las que el acto demandado debe ser anulado. En estos procesos ni el demandante ni los intervinientes podrán desistir.
5. Acumulación de procesos. Conforme al Artículo 237 del C.C.A., norma especial
del proceso electoral, cuando existan dos o más procesos que deban tramitarse por el mismo procedimiento, de oficio podrán acumularse y fallarse en la misma sentencia, en los siguientes casos: a. Los procesos en que se impugne una misma elección o un mismo nombramiento, cuando la nulidad se impetre por irregularidades en la votación o en los escrutinios. b. Los procesos fundados en falta de calidades, requisitos o en inhabilidades cuando se refieran al mismo demandado. La acumulación de procesos se tramitara de la siguiente manera: •
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En el consejo de estado y los tribunales administrativos vencido el término de fijación en lista, en el proceso que llegue primero a esa etapa, el secretario informará al ponente el estado en que se encuentren los demás procesos posibles de acumulación. En los juzgados administrativos para efectos de la acumulación, proferido el auto admisorio de la demanda el despacho ordenará remitir oficios a los demás juzgados del circuito judicial comunicando el auto respectivo.
Si se decreta la acumulación, se ordenará fijar aviso que permanecerá en la secretaría por un día, convocando a las partes para la audiencia publica de sorteo de magistrado ponente (consejo de estado-tribunales) o del juez que deba conocer de los procesos acumulados. Contra estas decisiones, no procede ningún recurso.
Para la diligencia se señalará el día siguiente a la des-fijación del aviso. Esta se practicará en presencia de los jueces o magistrados de la sección o del tribunal a quienes fueron repartidos los procesos. Al acto asistirán el secretario, el ministerio público, las partes y los demás interesados. La inasistencia a la audiencia por parte de alguno de los convocados, no la invalidará, siempre que se verifique con su asistencia de la mayoría de los jueces o magistrados o, en su lugar, por ante el secretario correspondiente y dos testigos 6. Régimen probatorio: Al día siguiente del vencimiento del término de fijación en
lista el juez o jueza o el magistrado o magistrada ponente, deberá decretar las pruebas que hayan solicitado las partes y las de oficio si lo considera necesario, mediante auto que se notificará por estado y contra el cual no procede recurso alguno y cuyo término para practicarlas se deberá contar a partir del día siguiente de su expedición. El término no podrá exceder de veinte (20) días si se practican en la sede del despacho judicial y quince (15) días adicionales si es fuera de la sede y no podrá comisionarse la práctica de pruebas dentro de la jurisdicción del Tribunal o Juzgado correspondiente. A diferencia del anterior, contra el auto que niega alguna de las pruebas procede el recurso de súplica dentro de los dos (2) días siguientes al de su notificación, el cual debe ser resuelto de plano. Como resulta obvio el recurso de súplica sólo procede contra los autos de ponente más no contra los del juez o jueza, en este caso si se tiene en cuenta que en general los regímenes procesales disponen recursos para los autos que niegan pruebas, en aras de garantizar el derecho de defensa de las partes deberá entenderse que procede el de reposición. No podría asumirse que procede el de apelación en razón a que esa posibilidad no existe para los procesos de dos instancias, ya que como se señaló antes procede es el de súplica. Dentro de la oportunidad de dictar sentencia, mediante auto para mejor proveer que no tendrá ningún recurso, se podrá disponer la práctica de pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda, las cuales deberán ser practicadas en el término de hasta diez (10) días, más la distancia (Art. 234 último inciso). En los procesos que se refieran a elecciones de corporaciones públicas el término será de veinte (20) días improrrogables. (Art. 242).
7. Alegatos de conclusión: Una vez practicadas las pruebas o vencido el término
probatorio, se ordenará correr traslado a las partes para que aleguen por escrito, por el término que será común para las partes de cinco (5) días. Una vez vencido el término anterior se dispondrá la entrega al Agente del Ministerio Público por el término de diez (10) días para que emita concepto de fondo. En caso de que no se hubieran pedido pruebas en el escrito de demanda o en el término de fijación en lista, se deberá ordenar de manera inmediata el traslado para alegar.
8. Sentencia y notificación. Una vez se haya vencido el término para alegar, el
proceso deberá pasarse al despacho para sentencia, a menos que estuviese pendiente un incidente de acumulación de procesos, según lo dispuesto en el Art. 243. Sin embargo, el Art. 242 admite que en este momento procesal puedan tramitarse los incidentes de recusación si el juez o magistrado hubieren comenzado a conocer después de vencido el término para alegar; y, el de nulidad por falta de competencia. La decisión de estos incidentes no tendrá ningún
recurso. Para registrar el proyecto de sentencia el Magistrado(a) Ponente tiene los veinte (20) días siguientes a su ingreso al despacho con dicho fin. Este término no se aplica para decidir cuando corresponde al juez administrativo, por que el registro de proyectos de fallo es actuación propia de las corporaciones. El fallo deberá proferirse dentro del término improrrogable de treinta (30) días, contados desde la fecha de registro del proyecto. Recalca la norma de manera especial que en los procesos sobre elecciones de corporaciones públicas, por ningún motivo habrá prórroga de términos para fallar. El incumplimiento constituye causal de mala conducta sancionable con pérdida del empleo. Sin embargo se permite la práctica de pruebas para aclarar puntos dudosos de la contienda. En todo caso, hay que recordar que el proceso en sus dos instancias no podrá durar más de un (1) año, conforme ya se había señalado antes, dado que por Acto Legislativo No. 1 de 2003 se estableció este plazo máximo, de tal manera que cada instancia no puede durar más de seis (6) meses. La sentencia se notificará a más tardar al día siguiente de su expedición de manera personal a las partes y al Agente del Ministerio Público. Transcurridos dos días sin que haya podido hacerse la notificación personal, deberá ser notificada por edicto que se fijará por tres (3) días. Dentro de los dos (2) días siguientes a aquél en que queda notificada las partes y el Ministerio Público podrán pedir que se aclare. También podrá aclararse de oficio en el mismo término, en caso de que se hubiere incurrido en errores aritméticos o hubiere motivo de duda sobre sus disposiciones. La aclaración se hará por medio de auto que no tendrá recursos. Igual sucederá si se niega la aclaración. Esta deberá adicionarse de oficio o a petición de parte, dentro del término previsto, por medio de sentencia complementaria, cuando omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley deba ser objeto de pronunciamiento. El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejo de resolver la demanda de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que se dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrá adicionarse de oficio o a solicitud de parte dentro del término de ejecutoria. La decisión sobre la aclaración o adición no es susceptible de recursos. Los escritos y peticiones que contravengan esta disposición son improcedentes y el secretario los enviará al despacho una vez comunicada la sentencia. 9. EJECUCIÓN Y RECURSOS: Contra la sentencia procede el recurso de apelación si
el proceso es de dos instancias, el cual se interpondrá y sustentará, ante el a quo en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes, y será concedido en el efecto suspensivo, si el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia. La ejecución de las sentencias en caso que deba practicarse nuevo escrutinio corresponderá a quien profirió la decisión de única o de primera instancia, en tal caso deberá señalarse en la sentencia día y hora para hacerlo, que deberá ser entre el segundo y quinto días hábiles después de la ejecutoria del fallo; o, después del quinto día a menos
que se requieran documentos que se encuentren en otras dependencias. Quien realiza el nuevo escrutinio deberá expedir las credenciales a quienes resulten elegidos, por lo que las credenciales anteriores quedaran sin valor ni efecto. 10. •
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Trámite de la 2ª instancia:
Sustentado el recurso se enviará al superior para que decida sobre su admisión, si reúne los requisitos legales, será admitido mediante en el que ordenará a la secretaría poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, por tres días, si ambas partes apelan los términos son comunes, contra el auto que concede y el que admite la apelación no procede ningún recurso. Deberá repartirse a más tardar al segundo día de la llegada al consejo de estado o Tribunal. Para apelación de sentencias el mismo día o el siguiente, el ponente dispondrá en un solo auto que se fije en lista el negocio por tres días, vencidos los cuales quedaran en secretaría por otros tres días para que las partes presenten sus alegatos por escrito. Cumplido el término anterior el ministerio público tendrá 5 días para que este emita su concepto. Los términos para fallar se reducirán a la mitad de los señalados en el articulo 242 del C.C.A. (10 días para emitir proyecto de fallo y 30 días para fallar).
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Aspectos adicionados por la ley 1395 de 2010:
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Nulidades procesales y no remisión inmediata de escritos y recursos improcedentes: durante el trámite de segunda instancia no se podrán proponer hechos constitutivos de nulidad, salvo falta de competencia funcional e indebida notificación del auto admisorio del demandado al demandado o sus representantes. Los escritos y peticiones diferentes a los anteriores solo se pondrán en conocimiento del despacho por la secretaría en la siguiente actuación procesal. La nulidad procesal generada por la sentencia procederá solo por falta de competencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o sus representantes, omisión de la etapa de alegatos y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de magistrados al previsto por la ley. Mediante auto que no admitirá recursos el juez o magistrado rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad por circunstancias diversas a las mencionadas. Incidente de regulación de honorarios: en el proceso electoral en segunda instancia no se tramitara incidente de honorarios. Resuelta la apelación, el proceso se remitirá al juez de primera instancia para que lo tramite y decida. En primera y única instancia el incidente de regulación de honorarios no suspende el proceso y se resuelve como un asunto accesorio.
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Aspectos no regulados: en lo concerniente a la acción electoral, lo no regulado se regirá por el código contencioso administrativo y en subsidio lo establecido en el código de procedimiento civil, en lo que sea estrictamente compatible con la naturaleza de la acción electoral.
Anotaciones sobre la regulación del proceso electoral bajo la ley 1437 de 2011 (nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo)
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Articulo 139: afirma el concepto de acción electoral, que actos pueden ser demandados y como deben serlo, aclara que las nulidades o irregularidades no pueden ser controvertidas en el régimen establecido en la ley 472 de 1998 (acciones populares y de grupo). Articulo 151 N. 11, 12 y 13: competencia territorial y funcional de los tribunales administrativos Articulo 161 N. 6: requisitos de procedibilidad, Cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por' voto popular aquellas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 275, es requisito de procedibilidad haber sido sometido por cualquier persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad administrativa electoral correspondiente. Articulo 164: caducidad, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1 del artículo 65 de este Código. En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación.
De los articulo 275 a 296 se regula lo pertinente a los aspectos sustanciales y procesales de la acción electoral, se mantienen muchas instituciones y etapas procesales, se modifica lo concerniente al contenido del auto admisorio, los efectos y la ejecución de la sentencia y se adiciona la existencia de una audiencia inicial después de la etapa de fijación en listas.
Causales de nulidad electoral:
El artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 62 de 1988, artículo 17, trae las causales de nulidad de las actas de escrutinio en toda elección. 1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas se hayan destruido por causa de violencia; 2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación; 3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden; 4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema del cociente electoral adoptado en la Constitución Política y Leyes de la República. 5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos; 6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos de elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anulará el acta de escrutinio, sino los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya violado esta disposición. Agotamiento de vía gubernativa en el proceso de acción electoral: Dado el tipo de acción (especial) que constituye no requiere el agotamiento de la vía gubernativa. Reclamación administrativa:
Dentro de un marco legal considerado se encuentra que en el Código Electoral Colombiano, en su artículo 192 (Decreto 2241 de 1986), desarrolla y consagra doce causales a nivel de las reclamaciones administrativas correspondientemente ante las autoridades electorales, con el fin principal de que mediante una decisión motivada se puedan resolver las diversas incongruencias que den a lugar, lo cual debe solicitarse en el momento mismo de los respectivos escrutinios. Dichas reclamaciones las absuelve el Consejo Nacional Electoral y sus respectivos delegados, cuyas decisiones tienen un recurso aplicable de apelación. Ante la reclamación evidenciada y concerniente a la materia electoral para el caso en estudio debe aclararse que no existe plenamenteexigible la obligación de agotar la Vía gubernativa. Dentro de las causales consideradas en el artículo 192 de Código Electoral a nivel de reclamaciones administrativas y variables dadas en estas se encuentran entonces causales como: 1ª. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley.
2ª. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la ley, o de los señalados por la autoridad con facultad legal para este fin. 3ª. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos. 4ª. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. 5ª. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella. 6ª. Cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales. 7ª. Cuando los pliegos se hayan introducido al arca triclave extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos. 8ª. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente. 9ª. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestado el juramento correspondiente dentro de los términos señalados por la ley para la inscripción o para la modificación, según el caso. 10. Cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se refiere el artículo 151 de este Código. 11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella. 12. Cuando con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinios se incurrió en error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos. Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos. Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones con base en las causales 11 y 12 de este artículo, en el mismo acto decretar n también su corrección correspondiente. La exclusión de un principal no afecta a los suplentes si la causa fuere la carencia de alguna calidad constitucional o legal del candidato o su inhabilidad para ser elegido. Igualmente, la exclusión de los suplentes, o de algunos de éstos, no afecta al principal ni a los demás suplentes, según el caso. Cuando se excluya al principal que
encabezó una lista, por las causales señaladas en el inciso anterior, se llamará a ocupar el cargo al primer suplente de la lista. Si las corporaciones escrutadoras no encontraren fundadas las reclamaciones, lo declararán así por resolución motivada. Esta resolución se notificará inmediatamente en estrados y contra ella el peticionario o interesado podrá apelar por escrito antes de que termine la diligencia de los escrutinios y allí mismo deberá concederse el recurso en el efecto suspensivo. Es importante señalar y destacar que a nivel de aquellos aspectos que son susceptibles de una reclamación administrativa, no se pueden estos demandar coherentemente en ejercicio de la acción electoral para la nulidad de actas y registros electorales, pero si es válido y lógico demandar la legalidad de los actos mediante los cuales las autoridades electorales se encargan de resolver las correspondientes reclamaciones administrativas puestas a su consideración y juicio. El efecto de la invalidez de la reclamación puede derivar en que se declare el de la elección, siempre que se trate de un aspecto que afecte directamente la misma (elección), es decir demandando aquel acto que se encarga de declarar la determinada elección. Suspensión provisional.
En la Acción Electoral es procedente la medida de la Suspensión Provisional, solicitada con las exigencias del artículo 152 del C.C.A, el cual establece: “suspensión provisional art 152: El Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”. Se resolverá entonces demanda.
como en todos los procesos, con el auto admisorio de la
No obstante, el juez debe tener en cuenta al resolver la medida preventiva de suspensión provisional, que además de que debe aparecer clara la contradicción entre el acto impugnado y la norma invocada, no puede accederse a ella si esta última admite diversas interpretaciones. Para efectos de impugnación del acto que decide la suspensión, se sigue la regla general del C.C.A., aunque el artículo 233 lo señala expresamente: si el proceso es de única instancia, contra la decisión procede el recurso de reposición; si es de dos instancias, sólo puede impugnarse mediante el recurso de apelación.
Respectivamente a nivel acción electoral se encuentra de modo más específico que en el auto admisorio se decidirá sobre la suspensión provisional del acto de elección o nombramiento demandado si fue Solicitada en su oportunidad respectiva y valedera dado el caso. Si el proceso cursa en el Tribunal deberá ser proferido por la Sala de Decisión y procede el recurso de reposición, si el proceso es de única Instancia y de apelación si es de dos. En caso que el auto sea proferido por el juez o jueza administrativo(a) sólo procede el recurso de apelación, dado que el proceso siempre será de dos instancias. Debe hacerse la claridad de que Los recursos respectivamente deberán ser decididos de plano.
ACCIÓN POPULAR ABSTRACT The law class actions conceived as a mechanism to suppress or prevent the threat of consequential damage that could affect collective rights ... the collective damages are those that affect and nonphysical assets of specific individuals. And when those individual losses affecting a greater or lesser number of persons identified and identifiable, we face a massive damage ... the group or collective damage intangibly affects the quality of life of an entire cluster, and preventive or remedial action should be exercised on behalf of the community through popular action. The size and importance of collective rights is evident in cases of violation or unknown the interests they embody, and that in such circumstances there is a grievance or collective damage. The rights in question tend to the satisfaction of collective needs and social kind which by its nature and importance of recognition in the Constitution to promote solidarity among the inhabitants of the country to defend vital interests of collective and conducive the creation of legal instruments for their protection.
RESUMEN
La Ley Concibió las acciones populares como un mecanismo para suprimir o prevenir la amenaza del daño contingente que pudiese afectar los derechos colectivos… los daños colectivos son aquellos que afectan los bienes patrimoniales y extra patrimoniales de personas determinadas. Y cuando esos daños individuales afectan a un numero mas o menos grande de personas, identificadas e identificables, estaremos frente a un daño grupal o masivo… el daño colectivo afecta intangiblemente la calidad de vida de todo un conglomerado, y la acción preventiva o reparadora debe ser ejercida a nombre de la comunidad, mediante una acción popular. La dimensión e importancia de los derechos colectivos se evidencia cuando se vulneran o se desconocen los intereses que ellos encarnan, ya que, en tales circunstancias se produce un agravio o daño colectivo. Los derechos en cuestión propenden por la satisfacción de necesidades de tipo colectivo y social que por su naturaleza e importancia encuadran un reconocimiento en la Constitución para fomentar la
solidaridad entre los habitantes del territorio nacional para la defensa de vitales intereses de carácter colectivo y que propicie la creación de instrumentos jurídicos adecuados para su protección. Las Acciones Populares Concepto
La constitución Nacional consagró las Acciones Populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, que tengan que ver con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la sabiduría publica, la moral administrativa, el medio ambiente, la libre competencia económica y los demás que sean similares y que la ley considere como tales. El artículo 88 de la Constitución Nacional se nutre de la Constitución Española, la cual sigue la filosofía del derecho anglosajón en materia de Acciones Populares, donde se han constituido en eficaces instrumentos para dar solución a los conflictos que se han originado con la industrialización, la masificación de los servicios y el consumismo. “Las Acciones Populares Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos mediante las cuales, cualquier persona busca la protección de los derechos colectivos que han sido violados o se amenaza su violación, por la acción u omisión de las autoridades o de un particular con el fin de hacer cesar la amenaza, vulneración o agravio sobre los mismos y restituir las cosas al estado anterior, en la medida que fuere posible”.
Concepción que también fue impresa en el Art. 2 de la Ley 472 de 1998 Objeto
Las Acciones Populares tienen como objeto: •
La protección de los derechos e intereses colectivos.
•
Evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos.
•
Restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible
Derechos e intereses Colectivos
Están definidos por la Constitución, la ley, y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia. Son aquellos relacionados con el mejoramiento y mantenimiento de la buena calidad de vida, se reconocen, por tanto a toda la comunidad por lo cual, el titular del derecho es una pluralidad de personas identificadas como un todo y no individualmente. Nuestra Constitución los consagra a partir del Art. 78 hasta el Art. 82, pero el Art. 88 de la misma le da un valor Jurídico a este y otros tipos de acciones para hacerlos valer dentro del ordenamiento jurídico y a su vez determinar responsabilidad por el daño causado a los derechos e intereses colectivos.
La Ley 472 de 1998 consagra en su Art. 4 los derechos e intereses colectivos que protege de los cuales destacamos los siguientes: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; b) La moralidad administrativa; c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; e) La defensa del patrimonio público; f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; i) La libre competencia económica; j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; n) Los derechos de los consumidores y usuarios. Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia. LEGITIMACIÓN EN CAUSA LEGITIMACION POR ACTIVA
La legitimación activa, en el caso de las acciones populares corresponde a: toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o de índole similar, las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención y vigilancia siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión; el Procurador General
de la Nación, el Defensor del pueblo y Personeros Distritales y Municipales, los alcaldes y demás servidores públicos. Habría bastado con decir: Toda persona natural o jurídica. LEGITIMACIÓN POR PASIVA
La ley 472 de 1998 en el artículo 14 señala que las acciones populares pueden dirigirse contra el articular, persona natural o jurídica o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. Como se puede observar en esta parte del artículo, la acción popular puede incoarse en contra de cualquier clase de persona sea un particular, persona jurídica, natural o autoridad pública. Esta última aglomera a todas las autoridades del poder público, es decir funcionarios de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, órganos de control, electorales de todos los niveles, incluso pueden considerarse en esta lista a los particulares que ejercen algún tipo de función pública. Lo que es relevante entonces para el ordenamiento jurídico, es la protección del interés colectivo que se defiende con independencia de quien haya vulnerado el derecho. Esta disposición hace muy práctico el ejercicio de la acción, pues se debe mirar si existe vulneración o amenaza y se puede interponer la acción sin que exista restricción alguna como consecuencia de la clase de persona de que se trate. Al finalizar el artículo se establece que en caso de existir vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos, de esta forma se podrá interponer la acción y se delega en el juez, con base en los hechos y pruebas en que se fundamenta la demanda, el deber de determinar quienes son los responsables de la vulneración o amenaza. Un tema de discusión es el que plantea Javier Tamayo Jaramillo en su libro “Las acciones Populares y de Grupo en la Responsabilidad Civil”, cuando habla de la legitimación por pasiva; él dice en su libro: “Un problema grave de legitimación por pasiva se puede presentar en la práctica. En efecto, puede suceder que el derecho o interés colectivo haya sido dañado o este en peligro de serlo, por una acción u omisión de la entidad pública encargada de administrarlo… Por sustrato de materia, dicha entidad no puede ser demandante y demandada al mismo tiempo. Cabe entonces la posibilidad de que sea un tercero quien inicie una acción popular cuyo demandado sea la misma entidad encargada de administrar el bien colectivo afectado. Pero acá encontramos otro escollo pues, aunque la demanda sea presentada por un tercero, el artículo 36 de la ley ordena al juez entregar la indemnización por daños ya causados, a la entidad encargada de administrar el bien colectivo afectado, y sería un contrasentido que dicha entidad pague la indemnización por ser la responsable del daño causado al bien colectivo, y que al mismo tiempo la reciba. Con todo, pensamos que nada impide que un tercero inicie la acción popular contra la entidad administradora, pero solo para efectos preventivos por daño contingente… Desde luego todo a cargo de la entidad administradora del bien afectado, y con la
posibilidad de que la misma repita contra sus funcionarios si por culpa grave de estos se produjo el daño o la amenaza” PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR
El artículo 9 de la Ley 472 de 1998 establece que “Las Acciones Populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos o intereses colectivos” Como se colige del artículo transcrito, las acciones populares proceden contra las vulneraciones de los derechos e intereses colectivos74 para buscar el resarcimiento de éstos o para evitar que se lleve a cabo la vulneración; es decir, éstas son procedentes cuando se detecte una mera amenaza del derecho o interés colectivo como mecanismo preventivo para evitar la ocurrencia de un daño y las consecuencias que esto conlleva, así como para restablecer la situación ya consumada. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA
El agotamiento de la vía gubernativa es la figura jurídica que consiste en darle la oportunidad a la administración de volver a considerar una decisión sobre un acto administrativo creador de una situación concreta que afecta algunos derechos de personas determinadas o determinables. El agotamiento de la vía gubernativa se convierte en el proceso administrativo en un requisito, sin el cual, no se puede interponer la acción judicial, salvo algunas excepciones que determina la ley. El agotamiento de la vía gubernativa se cumple a través de dos clases de recursos; estos son: Reposición:
Es aquel en el cual se le pide al mismo funcionario que profirió la decisión que la revoque, modifique o aclare.
Apelación: A través del cual se le pide al superior jerárquico del funcionario que profirió la decisión que la aclare, modifique o revoque. El recurso de reposición es opcional, en tanto que el de apelación es obligatorio para el agotamiento de la vía gubernativa. Este procedimiento del agotamiento de la vía gubernativa esta consagrado en los artículos 61 y 62 del Código Contencioso Administrativo. La ley 472 de 1998 dispone en su artículo 10 que “cuando el derecho o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, no será necesario interponer previamente los recursos administrativos para intentar la Acción popular”. Entonces, se convierte en opcional el agotamiento de la vía gubernativa y es una decisión del accionante agotarla o no; se considera que esto es así, para facilitar la interposición de la demanda y la protección eficiente de los derechos e interese colectivos. CADUCIDAD
La caducidad es el fenómeno procesal que se presenta cuando se ha dejado pasar un tiempo sin ejercer el derecho de acción y como consecuencia de ello, no se puede interponer la demanda. El juez, de oficio, puede decretar dentro del proceso la caducidad de la acción y si esto ocurre el proceso termina por esta causa.
La ley 472 de 1998 en su artículo 11 consagra que: “La acción popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho o interés colectivo”. Es por esta disposición que para el ejercicio de las acciones populares no existe caducidad. Esta disposición es la consecuencia de un fallo de constitucionalidad de la Corte en el cual se declaro inexequible una parte del artículo que rezaba: “cuando dicha acción esté dirigida a volver las cosas a su estado anterior, el término para interponerla será de 5 años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración”. La Corte Constitucional se basó en las siguientes consideraciones para declarar este aparte inconstitucional: “...Sin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o protección a que por el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acción que la Constitución ha consagrado a favor de una colectividad. Por tal motivo es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general según la cual la acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho o interés colectivo, sin límite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepción que en la misma disposición se prevé cuando la acción se dirige a “volver las cosas a su estado anterior”, en cuanto establece un plazo de 5 años para instaurarla, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración, desconoce el debido proceso y derecho de acceso a la administración de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.” JURISDICCION Y COMPETENCIA JURISDICCIÓN
La jurisdicción se puede entender como la facultad que tiene el Estado de administrar justicia y tiene como fin la realización del derecho. La jurisdicción tiene como fundamento que nadie puede hacer justicia por sí mismo. La ley 472 de 1998 establece que en el caso de las acciones populares las jurisdicciones en las cuales deben interponerse serán la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción ordinaria civil, según el demandado sea público o privado respectivamente. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
La ley 472 de 1993 en el artículo 15 establece que conocerá la Jurisdicción Contencioso Administrativa de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en los actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. La Jurisdicción Contencioso Administrativo surge en el mundo jurídico, cuando el Estado deja de ser irresponsable por sus actuaciones; está encargada de resolver los conflictos y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Esto está consagrado en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Es
por esta razón que la Ley 472 de 1998 le da competencia en el caso planteado anteriormente a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esta jurisdicción entonces se encarga de resolver los conflictos que surgen entre las personas y el estado. La Jurisdicción Contenciosa Administrativa, está compuesta por el Consejo de Estado, Tribunales Contenciosos Administrativos y los jueces administrativos. En la actualidad no han sido creados los jueces administrativos y por esto está operando lo dispuesto en el parágrafo del artículo 16 de la ley 472 de 1998 que establece “Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las Acciones Populares interpuestas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contenciosos Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado”. JURISDICCION ORDINARIA CIVIL
La ley 472 de 1998 establece que conocerá la jurisdicción civil en todos los demás casos en los cuales no deba conocer la Jurisdicción Contencioso Administrativa es decir cuando el conflicto no se suscite por acciones u omisiones de entidades públicas o de particulares que presten funciones administrativas. COMPETENCIA
La competencia por su parte, es la distribución de la jurisdicción entre los jueces, es la facultad que tiene el juez de ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y en un determinado territorio. COMPETENCIA EN LA LEY 472 DE 1998
La ley 472 de 1998 establece que en el caso de las acciones populares, la competencia la tienen en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles del circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la sala civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia. Este criterio de la ley tiene en cuenta el factor funcional para la atribución de la competencia. Mas adelante establece la ley que será igualmente competente el juez del lugar de la ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado, a elección del actor popular. En este punto tiene en cuenta la ley para efectos de la atribución de la competencia el factor territorial -fuero real- y fuero domiciliario respectivamente. A continuación la ley dispone “Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda”. Esto significa que el juez correspondiente asume su competencia y desde este momento, ninguna otra autoridad judicial podría asumirla. TRAMITE
En el artículo 15 de la ley 446 se previó el trámite que debía seguirse en los procesos posesorios especiales del código civil y en las acciones populares existentes al momento de entrar en vigencia dicha ley. Se indicó el proceso abreviado, en dos instancias. Lo anterior modificó lo que establecía el artículo 435 del C.P.C., en sus numerales 6 y 7, pues allí se indicaba como procedente el proceso verbal sumario en única instancia, en
consideración a la naturaleza del proceso. Luego, la ley 472 reguló y unificó el trámite de todas las acciones populares. Así se indica expresamente en el artículo 45 de esta última ley que dice: Art. 45.- Aplicación. Continuarán vigentes las acciones populares consagradas en la legislación nacional pero su trámite y procedimiento se sujetarán a la presente ley. LA DEMANDA
La demanda es un acto jurídico, como todos los actos procesales, que busca entrabar una relación jurídica procesal. Es el instrumento mediante el cual una persona -en este caso la persona que advierte la amenaza o violación de un derecho colectivo- hace uso del derecho de acción, formulando unas pretensiones, para que sean resueltas por la rama jurisdiccional del Estado. Obviamente, las pretensiones en una demanda de acción popular trascienden el límite de lo personal; no se trata de una búsqueda de soluciones de carácter individual ni de un conflicto concreto existente entre dos particulares. En este tipo de acciones se formula una petición que pretende proteger un derecho que le pertenece a toda la comunidad, aunque de contera pueda proteger los derechos individuales del demandante. Al respecto señaló la Corte constitucional en la sentencia C-215 lo siguiente: “Finalmente, hay que observar que esas acciones tienen una estructura especial que la diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos colectivos preexistentes radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúa a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial” REQUISITOS DE LA DEMANDA
Antes de hacer mención de los requisitos de la demanda de la acción popular, es pertinente traer a colación lo afirmado por el Consejo de Estado en relación con los presupuestos de la acción popular. Este máximo tribunal señala que son supuestos sustanciales de la acción popular: 1)
Probar la fuente del deber de quien omite cumplirlo, pues el juez no podría condenar a alguien a cumplir algo a lo cual no está obligado.
2)
Señalar cuál de los supuestos enunciados en la ley (art. 2) es el fundamento del ejercicio de la acción, en otras palabras —dice el tribunal— hay que indicar en qué consiste la vulneración o el agravio.
3)
Tener claro cual es la real causa del perjuicio, el nexo causal entre el hecho y el daño.
En cuanto a la demanda de acción popular como tal, los requisitos son los siguientes, según el artículo 18 de la ley 472: a)
La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado.
b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motiven su petición. c)
La enunciación de las pretensiones.
d)
La indicación de la persona natural o jurídica o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible. Con la advertencia en el inciso segundo del artículo 18, que la demanda debe dirigirse contra el presunto responsable, pero si en el transcurso del proceso surgen nuevos presuntos responsables, el juez de primera instancia los citará de oficio. Lo anterior sólo procede en la primera instancia del proceso, con le fin de salvaguardar el derecho al debido proceso del demandado.
e)
Las pruebas que pretende hacer valer.
f)
Las direcciones para notificaciones, y el
g)
Nombre e identificación de quien ejerce la acción.
Como se puede ver, los lineamientos generales son los mismos que en una demanda ordinaria, en cuanto a identificación de las partes, identificación de la pretensión, los hechos y las pruebas. El artículo 18 de la ley 472 excluye ciertos requisitos que son exigidos en las demandas ordinarias, es el caso de la designación del juez a quien se dirige la acción, la identificación de los fundamentos de derecho, la cuantía, la identificación de la clase de proceso, requisitos que sobran por la naturaleza de la acción popular y por los principios que rigen su trámite, los cuales se expondrán más adelante. No sobra mencionar que por la remisión del artículo 44 a las normas del C.P.C. y del C.C.A., cabría en una acción popular la acumulación de pretensiones en el evento en que se presentara tal caso, el cual se regiría por los artículos pertinentes (82 C.P.C y 145 C.C.A). ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA
El juez tiene tres días para la admisión de la demanda, la cual se admite siempre que cumpla con los requisitos señalados en la ley; en caso contrario, el juez deberá inadmitirla precisando los defectos de que adolece para que sean subsanados por el demandante en el término legal de tres días. En algunos casos, y así no se establezcan como requisitos de la demanda, hay ciertas condiciones que deben cumplirse, como lo referente a la jurisdicción y a la competencia, asuntos que la misma ley expresamente regula y que ya han sido abarcados en el presente estudio. El juez está obligado a producir una sentencia de mérito, según el artículo 5 de la ley, por tanto la inadmisión y el rechazo son los mecanismos para evitar sentencias inhibitorias, como ha sido la finalidad de estas instituciones en el derecho procesal general. Si el juez inadmite la demanda el demandante tiene tres días hábiles para corregirla en los términos legales señalados por el juez, pero si no lo hace en dicho término la demanda será rechazada; este es el conocido rechazo sobreviniente. La ley no realiza mención expresa sobre el rechazo de plano, por lo cual frente al tema hay diversas posiciones. En nuestro entender, la demanda puede ser rechazada de plano por el juez en los siguientes casos: Cuando no cumpla con las disposiciones referentes a
jurisdicción y competencia, como si el demandado es una entidad pública y la demanda se presente ante la jurisdicción civil. De todas formas, como se verá más adelante, con el fin de facilitar el acceso a este tipo de trámites, el juez ante quien se presentó la demanda, deberá remitirla al competente. Era causal de rechazo in limine la caducidad de la acción, pero en virtud de la sentencia C-215 a la que se hizo referencia cuando se abarcó el tema (Infra. 2.2.), ya no lo es. Javier Tamayo Jaramillo en su reciente libro sobre las acciones populares y de grupo, hace un análisis del rechazo de la demanda de acción popular y sostiene que las acciones populares deben enmarcarse dentro de ciertos límites materiales, con el fin de no entorpecer el adecuado desenvolvimiento de la estructura del estado, y asegura que si dicha situación no se presenta, es decir si la acción popular se sale de los límites y -por lo tanto- se desnaturaliza, el juez debe rechazarla. Por su parte Luis Felipe Botero Aristizábal asegura en el mismo texto, que dicho análisis debe realizarse al momento de dictar sentencia, y no en el momento de la admisión de la demanda, y allí debe decirse si procede o no la acción popular por la adecuación de las pretensiones. En nuestro entender es más acorde con la finalidad de protección de los derechos colectivos esta última interpretación y, precisamente, al cabo del proceso el juez defenderá el interés colectivo si eso es lo procedente. El Consejo de Estado se ha pronunciado en lo referente al rechazo al indicar que, de acuerdo con el artículo 5, el juez debe adecuar la petición a la acción que corresponda, y si no se adecua deberá rechazarla: “... si desde el punto de vista positivo la ley expresa que la petición se deberá adecuar a la acción pertinente, desde el punto de vista negativo esto implica que se rechazará la popular y se ordenará dar trámite al asunto en la acción correcta.” Como la ley 472 no establece expresamente las causales de rechazo de la acción popular, se tiene que hacer una interpretación integral de la misma y acudir al artículo 44 que remite a las normas del CPC y del CCA. Así lo ha señalado la misma providencia del Consejo de Estado: “la decisión del rechazo tiene su fuente legal en la remisión prevista en la ley 472 de 1998, artículo 44.” Por su parte, en la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ha sostenido una posición distinta, consistente en la procedencia del rechazo solamente cuando previamente se ha inadmitido y no ha sido subsanado lo señalado por el juez. Con referencia a los recursos frente a la inadmisión o rechazo, tampoco dice nada la ley, por lo cual es procedente igualmente la remisión a las normas generales. Al respecto, se encuentran los artículos 36 y 37 referentes a los recursos de reposición y apelación respectivamente. El primero de ellos señala la posibilidad de interponer recurso de reposición contra cualquier auto dictado en el trámite de la acción popular, de donde se concluye que cabe este recurso contra el auto que inadmite o que rechaza la demanda. El artículo 37, por su parte, señala la procedencia de la apelación contra la sentencia de primera instancia, con lo cual nos encontramos frente a otro vacío legal y por tanto se debe acudir al mencionado artículo 44. En ese sentido se expresó el Consejo de Estado:
“... el auto que rechaza la demanda en ésta acción es susceptible del recurso de apelación, no obstante que del contenido del artículo 36 pareciera inferirse que sólo procede el recurso de reposición... [...]” .
Concluye dicho tribunal que en tales casos se debe acudir a los artículos 351 numeral 1 del CPC y 181-1 del CCA, que establecen la procedencia de la apelación contra el auto que rechaza la demanda. Encontramos tal interpretación oportuna, pues con la misma se respeta el principio de acceso a la justicia que se encuentra palpable en el espíritu de la ley. Concluye dicho tribunal que en tales casos se debe acudir a los artículos 351 numeral 1 del CPC y 181-1 del CCA, que establecen la procedencia de la apelación contra el auto que rechaza la demanda. Encontramos tal interpretación oportuna, pues con la misma se respeta el principio de acceso a la justicia que se encuentra palpable en el espíritu de la ley. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA.
En el Artículo 21 se establece que la notificación de este auto inicial al demandado debe ser personal, de acuerdo con la regla general, ya que es la primera vez que se le informa al interesado sobre la existencia del proceso. Se señala en el mismo artículo que a la comunidad se le informará a través de un medio masivo de comunicación, habida cuenta de los beneficiarios; es decir, se debe realizar una notificación a todo el público en general, con el fin de que toda persona que pueda estar interesada en el objeto del proceso y que quiera participar en la defensa de los intereses colectivos, lo pueda hacer. Lo anterior con el fin de lograr poner en la práctica los grandes avances teóricos de la constitución de 1991, en lo referente a la participación ciudadana y la protección de derechos colectivos. Se señala explícitamente la obligación del juez de notificar personalmente al representante legal de la entidad pública o a su delegado para tales efectos, cuando ésta sea demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, que señala el procedimiento a seguir si no se puede encontrar al representante o a su delegado y se establecen procedimientos especiales de notificación. Si el demandado es un particular el traslado deberá realizarse de conformidad con el artículo 87 del C.P.C, referente al traslado de la demanda, que señala la necesidad de la notificación personal al demandado, representante, apoderado o curador ad litem; y el 314 que señala cuáles providencias se deben notificar personalmente, indicando expresamente que uno de tales casos es la primera providencia del proceso. Acudiendo al mencionado artículo 44, también se podría aplicar el artículo 318 del CPC, referente a los emplazamientos de quien debe ser notificado personalmente y no se tiene conocimiento del lugar en que se puede encontrar. Lo anterior encuentra una justificación desde el punto de vista de la acción popular en dos disposiciones de la ley: el artículo 14 que señala la obligación del juez de determinar el responsable del daño o amenaza, cuando el mismo sea desconocido al momento de la demanda, y el artículo 18 que le indica al juez el deber de ordenar la citación de otros posibles responsables del perjuicio o amenaza, además del señalado por el demandante.
Lo ideal, en la estructura de la ley, es que se logre la notificación al demandado, para lo cual se prevé una solución al caso de no encontrar a quien se debe notificar o de su imposibilidad de recibir la notificación. Se señala en el inciso quinto del artículo 21 la opción de practicar la notificación mediante la entrega a un empleado de la entidad demandada de copia auténtica de la demanda, del auto admisorio y de un aviso, con lo cual se entiende practicada la notificación personal, a diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, al tenor del artículo 320 literal 3º del C.P.C, en donde se fija un aviso que simplemente informa al demandado el deber de concurrir para notificarle el auto, so pena de aplicarse el emplazamiento y la eventual participación del curador ad litem. Como se advierte, es una notificación personal pero informal. De otro lado, en el mismo artículo 21 se señala como imperiosa la comunicación al Ministerio Público en los casos en que este no sea el demandante, para que intervenga como parte pública en la defensa de los derechos e intereses colectivos, cuando lo considere conveniente; lo cual tiene fundamento en el artículo 277 constitucional, en sus numerales 3, 4 y 7 principalmente. Por otra parte el mismo artículo 21 establece el aviso a la entidad pública encargada de la defensa del interés colectivo presuntamente amenazado o perjudicado. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El término del traslado de la demanda es de 10 días hábiles, al cabo de los cuales el demandado debe contestarla. Sobre la contestación como tal, no se señala disposición especifica, luego se tendrán como parámetro las normas generales propias de la jurisdicción respectiva consagradas en los artículos 92 y 152 del C.P.C y 144 del C.C.A. Lo que se pretende con la contestación de la demanda es la manifestación de desacuerdo del demandado con lo establecido por el demandante. Así pues, la contestación de la demanda es el acto jurídico procesal mediante el cual el demandado se opone a las pretensiones de la demanda, bien sea manifestando su simple oposición, o presentando excepciones. El artículo 95 del C.P.C. señala la consecuencia de la falta de contestación de la demanda, que es la apreciación del juez como indicio grave de responsabilidad, y el 93 consagra la figura del allanamiento o aceptación de las pretensiones de la demanda, como una de las opciones del demandado al momento de la notificación; situaciones que podrían aplicarse a las acciones populares en virtud de la remisión mencionada. Igualmente, el artículo 22 establece la obligación del juez de informar al demandado al momento de hacer el traslado de la demanda, lo siguiente: que la sentencia se proferirá dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del término de dicho traslado, y que tiene derecho a pedir pruebas al contestar la demanda. Como se verá luego, ese plazo de treinta días es imposible de cumplir. Por otro lado se señala la posibilidad, en caso de haber varios demandados de designar un representante común. EXCEPCIONES
Las excepciones son un paso más allá que da el demandado al momento de contestar la demanda, pues no se limita a oponerse a las pretensiones y a negar los hechos de la demanda sino que además alega nuevos hechos y presenta argumentos que buscan atacar temporal o definitivamente las pretensiones del demandante.
El artículo 23 de la ley 472 señala que el momento para presentar excepciones es la contestación de la demanda y que sólo podrán proponerse excepciones de mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales se decidirán en la sentencia, a diferencia de lo que ocurre en las acciones ordinarias, donde la decisión de las excepciones previas se realiza en la audiencia del artículo 101 del CPC. Al respecto opina Ramiro Bejarano que con tal disposición se desconoce la naturaleza de las mencionadas excepciones. También dispone el artículo 23 mencionado que como consecuencia de lo anterior, la práctica de pruebas correspondientes a las excepciones se realizará en el mismo plazo señalado para las pruebas solicitadas en la demanda y su contestación. MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares son los actos procesales por medio de los cuales el juez, en ejercicio de sus poderes, busca garantizar el cumplimiento de obligaciones o deberes judiciales, legales o convencionales. Al decir de Devis Echandía, el juez puede imponer medidas especiales para el aseguramiento del éxito del proceso y el efectivo cumplimiento de la sentencia una vez ejecutoriada. Lo que buscan las medidas cautelares es atemperar los efectos de la demora de las decisiones dentro de un proceso. El ya mencionado artículo 15 de la ley 446 señala que en los procesos de acciones populares además de las medidas cautelares señaladas en el artículo 450 del C.P.C, pueden practicarse las demás que el juez estime pertinentes para la protección de los derechos respectivos. Lo anterior, al entender de Hernán Fabio López Blanco, no es ninguna innovación, pues el artículo 450 C.P.C, referente a los procesos posesorios especiales, dentro de los cuales el autor entiende incluidas las acciones populares del art. 1005 del C.C., ya señalaba en su numeral tercero la facultad del juez de adoptar, a petición de parte, las medidas que fueren necesarias para precaver un peligro. Las medidas cautelares innominadas que se necesitan en el desarrollo de acciones populares para cumplir su finalidad, son de tal naturaleza que no se podrían encontrar adecuadamente tipificadas en ninguna norma, por tanto el artículo 25 establece una enumeración dentro de la cual cabe cualquier tipo de medida necesaria. Las medidas previas señaladas en la ley 472 son las siguientes: a)
Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando.
b)
Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado. Señala el parágrafo segundo del mismo artículo, que en el caso de amenaza contra un interés colectivo causada por una omisión, es deber del juez ordenar el cumplimiento inmediato de la acción requerida; y si el peligro es inminente, puede ordenar que tal acción sea ejecutada por el demandante o por la comunidad más directamente amenazada, a costa del demandado.
c)
Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas.
d)
Ordenar, con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo.
Por otro lado, el parágrafo primero del mismo artículo 25 señala que el decreto y la práctica delas medidas previas no suspende el curso del proceso, con el fin de llegar al fallo de mérito lo más pronto posible, pero utilizando los mecanismos transitorios necesarios para evitar el daño o su propagación. La oportunidad de decretar las medidas cautelares es antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, lo cual se complementa con el artículo 26, que indica que el auto que las decreta debe notificarse al demandado simultáneamente con el auto admisorio de la demanda. El auto que decreta las medidas cautelares podrá ser objeto de los recursos de reposición y apelación. La ley es clara sobre la procedencia de los recursos contra el auto que las decreta, pero nada dice en cuanto al auto que las niega. El Consejo de Estado ha sostenido la tesis de que en virtud del artículo 36 procede la reposición frente a todos los autos dictados dentro del trámite de la acción popular, por tanto cabe frente al auto que las decreta y frente al que las niega, pero ha concluido el máximo tribunal, después de realizar una interpretación conjunta de los artículos 26, 36 y 37, que el de apelación no cabe contra el auto que niega la imposición de las medidas cautelares. Lo anterior lo fundamenta en el siguiente raciocinio: “...el decreto de una medida cautelar puede irrogar ingentes daños al demandado, en tanto que el que la niega sólo mantiene el statu quo.” Esta interpretación desconoce la importancia que podrá tener en un momento determinado la imposición de cautelas para la protección de un derecho colectivo. Los recursos de reposición y apelación se conceden en el efecto devolutivo, por tanto no se suspende el cumplimiento del auto (la imposición de la medida) ni el curso del proceso. Por su parte el juez tiene un término para resolver los recursos de cinco días, so pena de la aplicación de las sanciones señaladas en el artículo 84 por incumplimiento de los plazos perentorios. Fundamentos para la imposición de medidas cautelares: El juez al momento de imponer las medidas cautelares debe realizar un análisis que le permita concluir si con las mismas no se va a empeorar la situación o a causar un daño más grave y mayor del que se pretende evitar. La ley señala que el juez puede decretar de oficio o a petición de parte, las medidas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o hacer cesar el que se hubiere causado. Por lo anterior, el análisis del juez debe incluir una evaluación de la inminencia o existencia del daño, en cada caso. Así lo señala Tamayo Jaramillo al sostener que no basta que se solicite la medida para que el juez de manera automática tenga que dictarla, sino que “el autor debe probar que de no tomarse dichas medidas, el daño muy seguramente se producirá o continuará produciéndose.” Así las cosas, una vez decretadas las medidas, el demandado podrá oponerse fundamentándose en ciertas causales establecidas en la ley, que recogen los mencionados criterios que debe tener en consideración el juez para imponerlas. La ley consagra expresamente tres causales que son las únicas que pueden sustentar la presentación de los recursos contra las medidas cautelares.
Tales causales, que obviamente deben ser probadas por quien las alega, son las siguientes: a)
Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo. Como si el juez ordena la utilización de ciertas sustancias para evitar la propagación de la contaminación de un río, pero las mismas podrían llegar a alterar aún mas las condiciones de tal ecosistema.
b)
Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. Las medidas no pueden, en aras de proteger un interés colectivo, atacar el interés general o público.
c)
Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable.
Como se puede ver, estas causales taxativas limitan al demandado, con lo cual puede eventualmente plantearse una posible violación del principio de contradicción. Sin embargo la idea es que el juez tenga en cuenta todos los factores pertinentes que lo lleven a tomar la decisión correcta. Al respecto es valiosa la apreciación de Tamayo Jaramillo cuando aduce un criterio adicional que debe tener en cuenta el juez antes de imponer la medida: “De otro lado, creemos que al momento de decretar las medidas cautelares, el juez debe evaluar, así sea sumariamente, si la acción popular busca suprimir la amenaza de un daño ilícito. En efecto según dijimos (supra 47 s.s.), las acciones populares no siempre pueden prescindir de la culpa para poder prosperar. Sería, por ejemplo, antijurídico, decretar, mediante una acción popular, una medida cautelar que impida a un periódico publicar una información cierta, así con dicha información se corra el riesgo objetivo de causar daños colectivos. En cambio, tratándose de una actividad peligrosa, el juez puede decretar la medida cautelar así no haya culpa adicional del guardián de la actividad, pues el simple ejercicio de la actividad peligrosa supone de antemano la culpabilidad del demandado” PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA.
El artículo 83 de la ley impone a las autoridades de policía la obligación de prestar toda la colaboración requerida por el juez para la imposición de las medidas cautelares, so pena de incurrir en mala conducta sancionable hasta con la pérdida del empleo. COADYUVANCIA
El tema de la coadyuvancia tiene relación con el de la legitimación por activa ya abordado, pues el artículo 24 señala que toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones y el artículo 12 referente a la titularidad de las mismas, señala en su numeral 1 que toda persona natural o jurídica puede ejercitar una acción popular. Igualmente, ambos artículos mencionan ciertas personas que pueden intervenir por su interés especial. Pero lo cierto es que al decir “Toda persona natural o jurídica” se está abarcando cualquier posibilidad de intervención. El sustento material de la disposición sobre la coadyuvancia, consiste en la naturaleza propia de los derechos que son objeto de la acción, su carácter de colectivos o difusos, pues cualquier persona puede estar interesada en intervenir para colaborar en el
desarrollo del proceso, con el fin último de proteger el derecho que se encuentre amenazado. La coadyuvancia consiste en la intervención de un tercero que no reclama un derecho propio, sino que tiene interés en la suerte de la pretensión de una de las partes y concurre al proceso exclusivamente para ayudarle o coadyuvarle en la lucha procesal. Se trata de una intervención voluntaria, pues no es necesaria su presencia en el proceso para que el juez pueda fallar. Por lo mismo, su situación procesal depende de la de la parte coadyuvada. Así, se establece en el artículo 52 del C.P.C numeral segundo, que el coadyuvante puede efectuar los actos procesales permitidos a la parte coadyuvada, en cuanto no se opongan a los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio. El artículo 24 de la ley 472, establece que la ayuda opera sobre las actuaciones futuras, es decir no puede venir a modificar lo ya ocurrido, en virtud del principio de eventualidad. No obstante que en el mencionado artículo se establece que el Defensor del Pueblo puede coadyuvar, esta disposición es contradictoria ya que el Ministerio Público debe ser notificado del auto admisorio de la demanda para que intervenga como parte pública en defensa de los derechos e intereses colectivos (artículo 21 inciso último). Realmente, el Ministerio Público no es un tercero, sino que es más bien una especie de parte que interviene para interceder por los intereses de la colectividad, en virtud de sus facultades y funciones constitucionales. AUDIENCIA ESPECIAL Y PACTO DE CUMPLIMIENTO.
El artículo 27 de la ley 472 establece que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término del traslado de la demanda, debe celebrarse una audiencia especial que tiene como fin oír a todas las partes intervinientes sobre las posiciones que tengan al respecto de la acción. De la audiencia puede surgir un pacto de cumplimiento establecido por iniciativa del juez, en el que se determine la forma de protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior si fuere posible. Los participantes en tal audiencia son las partes (demandante y demandado), el Ministerio Público y la entidad encargada de la protección del derecho o interés colectivo. Así mismo, se señala la posibilidad de intervención en la audiencia para personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto. La ley no es clara en especificar a cual proyecto se está haciendo referencia. Se señala que la intervención del Ministerio Público y la de la entidad responsable son obligatorias. Si alguna de las partes presenta prueba de justa causa para no comparecer a la audiencia, el juez señalará nueva fecha por una sola vez, dentro de los siguientes diez días, pero no antes del quinto, por auto que no tendrá recursos. Si no comparece la totalidad de las partes interesadas se considera fallida la audiencia. Este mismo efecto se produce cuando no se formula un proyecto de pacto de cumplimiento y cuando las partes no consienten en las correcciones que el juez propone al pacto logrado. Los funcionarios públicos que de acuerdo con el artículo deban asistir a la audiencia y no lo hagan incurrirán en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo. Si los particulares no asisten a la audiencia, la ley no establece sanciones más allá de considerarla fallida. Se ha planteado en la doctrina una discusión sobre si son aplicables o no las sanciones establecidas para la inasistencia a la audiencia del 101 CPC. En
nuestra opinión, no son aplicables por varias razones: primero, porque las sanciones no se pueden establecer por vía analógica; segundo, porque la remisión ordenada por el artículo 44 no se expresa al artículo 101 sino en general al CPC y CCA, y entonces no se puede escoger libremente el artículo a aplicar, especialmente si la consecuencia de dicha aplicación trae consecuencias negativas para un particular; y tercero, porque la audiencia especial no es una audiencia de conciliación, lo que dificulta aún más la analogía o la remisión. En opinión de Javier Tamayo Jaramillo esta audiencia especial es, en el fondo, lo mismo que una audiencia de conciliación. Sin embargo, ciertos aspectos mencionados por el legislador y otros propios de las acciones populares hacen concluir que la estructura y finalidad son diferentes. Por ejemplo, los derechos colectivos objeto de la acción no son disponibles por las partes, y por ende la materia no es conciliable; el pacto al cual se llegue debe surgir a iniciativa del juez y no de los interesados; lo que hace tránsito a cosa juzgada no es el pacto sino la sentencia que dicta el juez con base en el pacto; etc. Se asemeja a la conciliación en que las partes deben manifestar su consentimiento respecto del pacto y, si el juez lo acepta y lo considera legal, lo plasma en una sentencia. También se asemejan en que la oportunidad para su realización es, en ambos casos, después de precluido el término de contestación de la demanda y antes de que se abra a pruebas el proceso. El objeto del pacto de cumplimiento, en efecto, es la determinación de la forma de protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, de ser posible. Vale decir que no se trata de establecer ninguna sanción en contra de la persona demandada, entre otras cosas porque no es el objeto de las acciones populares. Para esos efectos existen trámites administrativos o judiciales especiales. Lo que se busca con esta audiencia y este pacto es, de acuerdo con la Corte Constitucional, hacer efectivos los principios de eficacia, economía y celeridad contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, de manera que se busquen alternativas de protección de los derechos colectivos y mecanismos de restablecimiento de las condiciones, provenientes de las personas interesadas y conocedoras del caso y que se puedan aplicar más rápida y oportunamente. La Corte considera que si bien estos principios rigen la función administrativa también son aplicables a la administración de justicia. En nuestro concepto, para que el pacto sea válido debe contarse necesariamente con el consentimiento del Ministerio Público. No puede ser de otra manera, pues en estos casos en los que se llega a un acuerdo sobre la protección de derechos colectivos, cuya titularidad está en cabeza de la comunidad en general, es el Ministerio Público el ente competente para velar por su respeto y vigencia, lo que se fundamenta en el artículo 277 de la Constitución Política. En ese sentido se expresa Tamayo Jaramillo al analizar la sentencia C-215 de la Corte Constitucional, cuando dice: “Lamentablemente el fallo no tiene la contundencia deseada, pues simplemente se limita a afirmar la posibilidad y la importancia de la presencia del Ministerio Público, pero no exige que el pacto de cumplimiento deba ser aprobado por dicho ministerio, de donde alguien podría deducir que la opinión del representante de dicha institución no es obligatoria dentro de la audiencia de cumplimiento. Con todo, [...] seguimos creyendo que el pacto de cumplimiento debería ser aprobado por lo menos por el Ministerio Público y por la entidad encargada de administrar el bien colectivo afectado.”
El juez revisa el pacto dentro de los cinco días siguientes a su celebración. Si éste encuentra vicios de ilegalidad, debe corregirlos y someterlos al consentimiento de las partes interesadas. Solo una vez verificado este consentimiento, puede el juez incorporar el pacto en una sentencia, para que empiece a cumplir sus efectos, no sin antes publicarse su parte resolutiva en un diario de amplia circulación. Los costos de esta publicación deben ser sufragados por la parte demandada de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional. Con respecto a los efectos del pacto de cumplimiento, es importante señalar que la sentencia que lo aprueba hace tránsito a cosa juzgada, tal y como se señala en el artículo 34 de la ley 472, pero la corte constitucional en la citada sentencia C-215 condicionó dichos efectos en el siguiente sentido, que concreta los efectos y los enmarca dentro de la lógica de aplicar justicia en el caso particular: Si se presentan hechos nuevos o causas distintas a las alegadas en el proceso, o informaciones de carácter técnico que no fueron apreciadas por el juez y las partes al momento de celebrar el pacto, la sentencia hace transito a cosa juzgada relativa.95 Lo anterior con el propósito de no limitar el acceso a la justicia y la efectividad de los derechos colectivos. El juez en ejercicio del poder de ejecución de las sentencias que dicta, puede nombrar una persona natural o jurídica como auditor para que vigile y asegure el cumplimiento del pacto, lo cual es diferente del comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, consagrado en el artículo 34 inciso 4 para las sentencias que se profieren al terminar todo el proceso. Si por el contrario, la audiencia es fallida y no se llega a pacto de cumplimiento alguno, el juez ordenará la práctica de pruebas y el procedimiento seguirá adelante. PRUEBAS
Si no se logra realizar la audiencia o si de la misma no es posible que surja el pacto de cumplimiento, el juez debe proceder a iniciar la actividad probatoria, la cual debe consistir en la obtención, práctica y valoración de las pruebas. El juez debe realizar un análisis de conducencia, pertinencia y eficacia de las pruebas que hayan sido solicitadas por las partes (art.28 de la ley 472). La conducencia, pertinencia y eficacia son requisitos intrínsecos de los medios de prueba, son algunos de los principios que deben regir las pruebas judiciales y por tanto hacen referencia a la capacidad que tienen para llevar al juez a una determinación. La conducencia consiste en la virtualidad que posee el medio de prueba de acuerdo con la ley para verificar un juicio sobre los hechos, es decir es conducente la prueba que la ley permite como instrumento de esclarecimiento de los hechos; así, no es conducente que el demandado en una acción popular confiese a favor de sí mismo. La confesión sería inconducente y por tanto no tendría la validez frente a la decisión del juez. Con la pertinencia ocurre algo similar, pues ésta consiste en que el medio de prueba tenga una relación lógica con lo que se pretende probar; es decir que el juez no puede aceptar una prueba que no tenga relación con los hechos de la demanda. Por su parte, la eficacia implica que la prueba sea útil para su finalidad que es lograr el convencimiento del juez, es decir que sea el medio idóneo para tal fin. El artículo 79 de la ley 472 le indica al juez la oportunidad para valorar la eficacia de la prueba. Según
esta disposición el juez no puede rechazar una prueba por ineficaz, sino que es en la sentencia o providencia interlocutoria, cuando el juez puede pronunciarse sobre dicha eficacia. Una vez realizado el análisis debido, el juez procederá a decretar las pruebas que admitió. El juez puede decretar también las pruebas que de oficio considere necesarias, dentro de las cuales la ley señala la posibilidad de decretar la presentación de estadísticas provenientes de fuentes que ofrecen credibilidad. Puede ordenar a las entidades públicas que rindan conceptos a manera de peritos o aporten informes, lo cual tiene su sustento en el artículo 243 del CPC, en donde se señalan los informes técnicos o científicos rendidos por las entidades y las peritaciones que versen sobre las materias que maneja la entidad. Igualmente, puede ordenar a particulares que presenten certificaciones, informaciones, exámenes o conceptos, es decir que rindan testimonios, bien sean técnicos o no, mediante los cuales dan sus declaraciones de ciencia o representación sobre lo que conocen acerca de la materia probatoria. En el auto que decreta pruebas señalará el momento para su práctica, que deberá ser dentro de los 20 días siguientes, prorrogables sólo por 20 días más, si así lo amerita la complejidad del proceso. La ley establece el principio de inmediación como prevalente. Dicho principio consiste en que el juez deberá conocer de manera personal, directa e inmediata lo que se quiere probar, ya que siendo él mismo quien va a realizar la valoración del acervo probatorio, debe tener contacto de primera mano con todos aquellos aspectos que lo van a llevar a una decisión. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta las imposibilidades físicas en las que se puede encontrar el juez en algunas oportunidades, la ley admite la figura de la comisión, con el fin de respetar el principio de economía procesal. Hay un aspecto de gran interés consignado en el último inciso del artículo 28 de la ley y es el referente a la posibilidad de ordenar pruebas dentro y fuera del territorio nacional. Normalmente, el juez puede solicitar la práctica de pruebas en territorio extranjero (artículo 193 CPC), por medio de carta rogatoria a las autoridades judiciales extranjeras o comisionando mediante exhorto a agentes diplomáticos colombianos en el país respectivo, con el fin de que le colaboren en la consecución de las pruebas requeridas en determinado proceso. Pero la mención especial de esta posibilidad del juez en el caso concreto de las acciones populares, en nuestra opinión, denota la particularidad de las mismas, pues es lógico que si las acciones populares buscan la protección de los derechos e intereses colectivos, éstos indudablemente pueden trascender el ámbito territorial del Estado y comprometer intereses de otros Estados; como es el caso claro de la violación del derecho al ambiente sano. Para la valoración y evaluación de las pruebas, el juez debe regirse por el sistema de sana crítica, que se basa en la sana razón del juez, la lógica y experiencia, las formas procesales y la obligación del juez de motivar cualquier decisión con respecto a la masa probatoria que posee. (Artículos 187 del CPC y 168 del CCA). MEDIOS DE PRUEBA.
El artículo 29 de la ley 472 realiza nuevamente remisión al CPC, pero esta vez en materia de medios de prueba, en el sentido de que el juez puede utilizar los medios de pruebas señalados en ese código, sin perjuicio de lo señalado en la ley.
No sobra recalcar la participación del Ministerio Público en la etapa probatoria del proceso, pues éste podrá verificar que las pruebas cumplan con los principios legales y constitucionales y que cumplan realmente con el fin mismo de la prueba que es llevar al juez a la verdad del asunto, siempre en aras de la protección de los intereses colectivos. Igualmente, el artículo 76 de la ley 472 de 1998 señala algunas reglas que buscan facilitar y agilizar la práctica de las pruebas: a) Cualquiera de las partes podrá presentar experticios provenientes de personas especializadas. b) Los documentos que se presenten al proceso sólo requerirán de la ratificación si la parte lo solicita. c) Las partes o los testigos pueden presentar documentos que complementen sus declaraciones. d) Aplicación del artículo 278 del CPC, referente a los informes de bancos e instituciones de crédito. e) Las constancias autenticadas, aportadas mediante orden judicial se tendrán como pruebas sumarias. CARGA DE LA PRUEBA.
La carga de la prueba responde a la pregunta de quién debe probar. Se fundamenta en los siguientes tres postulados clásicos: la carga de la prueba corresponde al actor, el demandado al presentar excepciones se convierte en actor, y si el actor no logra probar lo afirmado, el juez debe absolver al demandado. Así, el artículo 177 del CPC señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. La carga de la prueba va más dirigida a establecer en quién recae la consecuencia de no probar algo dentro del proceso, que a definir a quién le corresponde probar algo. De lo anterior, se deduce que quien interpone la acción popular debe probar los hechos, el daño o amenaza de daño y la relación causal entre ellos. No obstante lo anterior, el proceso de la acción popular presenta una particularidad en relación con el tema de la carga probatoria, pues el demandante no necesariamente tiene que demostrar quién es el que está causando el daño o amenazando causarlo; así, el artículo 18 de la ley indica que la demanda deberá ser dirigida contra el presunto responsable si es conocido. Lo anterior se entiende teniendo en cuenta que la acción popular no tiene que ser interpuesta por una persona que sepa quien está vulnerando uno de los derechos colectivos, sino que simplemente si se percata de su violación lo pone en conocimiento de la rama judicial para que se busque la forma de hacer cesar dicha vulneración o, en su caso, impedirla. En este orden de ideas el artículo 30 de la ley establece que, como es lógico, la carga de la prueba está en cabeza del demandante, pero señala que si por razones de orden económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez tiene la obligación de impartir las ordenes necesarias para suplir tal deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito. Tales experticios probatorios serán solicitados a la entidad pública encargada del asunto, objeto de debate y con cargo a ésta. Si no se logra obtener la prueba en los términos anteriores, el juez podrá
ordenar la práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos. La Sentencia de la Corte Constitucional C- 215, realizó el análisis de exequibilidad del citado artículo 30 de la ley, que fue demandado bajo el argumento de que violaba el artículo 88 de la constitución cuando éste ordenaba al legislador definir los casos de responsabilidad objetiva, la cual implica modificaciones importantes en materia de carga probatoria, pues en ese entendido al demandante sólo le bastaría cotejar la conducta del demandado con el daño causado, sin tener que aportar ninguna prueba. Ante los fundamentos de la demanda la Corte respondió que se debían distinguir dos argumentos distintos del demandante. Uno referente a la supuesta omisión legislativa, ante el cual se aseguró, retomando jurisprudencia sobre el tema, que no se configura la dicha omisión entre otras razones porque el legislador “conserva la competencia para expedir una nueva ley que regule dicha materia”. El otro argumento sería el referente en concreto a la carga de la prueba, en el sentido de que el daño causado se presume y que al demandante en acción popular le basta con probar la conexidad entre la conducta del funcionario y el daño; ante lo cual la Corte sostiene que tal y como se encuentra establecida la carga de la prueba en la ley 472 se dejan a salvo el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia. Es claro que hasta tanto no se regule el tema de la responsabilidad objetiva señalado en el artículo 88 de la Constitución, la carga de la prueba deberá salvaguardar la presunción de inocencia y deberá regularse de acuerdo con las normas ya existentes como el artículo 177 del CPC y los principios generales de responsabilidad. Así las cosas, la regla general debe ser el régimen de culpa probada y sólo en ciertos casos, puede caber el régimen de la culpa presunta. Igualmente, si la presunta responsabilidad está en cabeza de una persona de derecho público, se debe determinar por el juez a cuál régimen de responsabilidad se adecua el caso concreto (objetiva o subjetiva). SENTENCIA
De acuerdo con el artículo 33 de la ley, antes proferirse sentencia y una vez vencido el término para practicar pruebas, debe correrse traslado a las partes para que presenten sus alegatos finales. El término para esto es común, de cinco días. Posteriormente, el expediente entra al despacho y el juez tiene veinte días para proferir sentencia. La ley no reguló el contenido de la sentencia que desestima las pretensiones de la demanda, por lo cual, se entiende simplemente que debe contener lo esencial de una sentencia de acuerdo con la remisión ordenada por el artículo 44 de la ley 472 y especialmente la motivación. El contenido de la sentencia que acoja las pretensiones del demandante está regulado por la ley en el artículo 34, donde se fijan unos parámetros para el juez que enmarcan casi cualquier posibilidad de elementos constitutivos del fallo; éstos son: a.
Orden de hacer o no hacer, la cual definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho y prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que provocaron una sentencia en este sentido.
b.
Condena al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo, a favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo. Es decir que cuando ya el daño se ha causado, debe imponérsele al responsable que pague los perjuicios ocasionados. Perjuicio, según De Cupis
es la aminoración o alteración de una situación favorable. En los casos de acciones populares, el perjuicio no va en contra del derecho de un particular, sino en contra de un derecho colectivo. Por tanto, no se trata en concreto de una sanción al condenado, sino de la reivindicación del derecho vulnerado. El dinero correspondiente a los perjuicios que debe ser pagado por el condenado, debe ser utilizado por la Entidad no culpable que lo reciba, exclusivamente para procurar volver las cosas al estado anterior, en la medida de lo posible, o para promocionar este derecho y su vigencia. En este punto, cabe hacer una crítica al inciso tercero del artículo 34, pues dice que en caso de daño a los recursos naturales, una parte de este dinero debe destinarse a asegurar la restauración del área afectada. En nuestra opinión, el objeto directo de este pago de perjuicios es precisamente la restauración del derecho en cabeza de la sociedad en su conjunto, por lo cual el inciso no tiene utilidad alguna y se presta para confusiones en torno a la finalidad del pago de perjuicios y de la figura de las acciones populares. Vale la pena traer a colación el siguiente fragmento de la mencionada sentencia C-215: “Ahora bien el carácter restitutorio de las acciones populares justifica de manera suficiente, la orden judicial de restablecer cuando ello fuere físicamente posible, la situación afectada al estado anterior a la violación del derecho. El objetivo esencial de una acción popular es la protección efectiva de los derechos intereses colectivos, de manera que se hagan cesar los efectos de su quebrantamiento, de manera obvia, si ello es posible. Por tal motivo, es al juez a quien corresponde determinar si ese restablecimiento es factible o si al no serlo, debe decretarse una indemnización, más aún, cuando la acción popular no persigue esencialmente un beneficio de tipo pecuniario.” c.
Exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. En nuestra opinión, este punto no debería ser facultativo del juez, sino imperativo para él, teniendo en cuenta que las acciones populares buscan en primer término la vigencia de los derechos; por lo cual el principal interés del juez al fallar debe ser reivindicar el derecho vulnerado y volver las cosas al estado anterior, salvo que materialmente no sea posible.
e.
Plazo prudencial para iniciar y culminar el cumplimiento de la sentencia. El juez no puede dejar al arbitrio de la persona que vulneró un derecho colectivo la determinación del tiempo dentro del cual dará cumplimiento al fallo, pues de lo contrario se podrían hacer nugatorios los efectos de la sentencia. Una vez se dicta sentencia no se agota la competencia del juez, pues este la conserva durante el tiempo de su ejecución, para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la misma.
El juez podrá conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, con el fin de constatar oportunamente el verdadero acatamiento de lo ordenado en el fallo y por tanto la eficacia, en términos reales, de la acción popular. En dicho comité participarán: -
El juez.
-
Las partes, debería entenderse la parte demandante, pues se sale de la lógica jurídica que el demandado forme parte de un comité en el cual se controla su cumplimiento de la sentencia.
-
La entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo.
-
El Ministerio Público, como protector de los intereses de la sociedad.
-
Una ONG con actividades en el objeto del fallo.
El Consejo de Estado ha afirmado que son excluyentes los dos mecanismos que están contemplados por la ley para la verificación del cumplimiento de la sentencia y del pacto. Y contrario sensu, la Corte Constitucional no es contundente en cuanto a la imposibilidad de que coexistan los dos mecanismos. En la sentencia C-215, después de referirse al auditor señala que “este control además está reforzado en general cuando en la sentencia el juez... puede conformar un comité de verificación de la observancia del fallo... En nuestro entender, es más conveniente la posición del Consejo de Estado, por ser en primer término más clara, y además porque lo que se deduce de la ley es que cada mecanismo tiene su finalidad y es la respuesta a una determinada circunstancia. RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA.
El recurso de reposición procede solamente contra los autos dictados durante el trámite de la acción popular. Pero contra la sentencia procede el recurso de apelación. Como se sabe, lo que se pretende con la apelación es que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia y la revoque, reforme o confirme (artículo 350 CPC). En el auto que admite la apelación se procederá a fijar un plazo para la práctica de pruebas en segunda instancia. El juez tiene 20 días para resolver la apelación. En todo lo no señalado en la ley con respecto a este recurso se aplican las normas generales a las cuales remite el artículo 44 de la ley. Igualmente, debe acudirse al artículo 44 de la ley al realizar el análisis de procedencia de otros recursos dentro del trámite de la acción popular, siempre que los mismos no contravengan las disposiciones de la ley y el espíritu de esta acción. LOS TERMINOS
El siguiente flujo grama muestra el trámite completo de la acción popular con todas sus posibilidades y señala los términos más importantes. CASO JURISPRUDENCIAL PRÁCTICO: A continuación realizamos la transcripción de los apartes más importantes de dos sentencias del Consejo de Estado, a saber : •
SENTENCIA UNO “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente, CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil seis (2006) Ref.: Expediente 25000-23-25-000- 2004-00040-01 ACCIÓN POPULAR Actoras: DIANA XIMENA RICO RIAÑO y GINA PAOLA OCHOA […]
ANTECEDENTES 1. LA DEMANDA El 21 de enero de 2004, DIANA XIMENA RICO y GINA PAOLA OCHOA entablaron acción popular contra el municipio de Villeta, el departamento de Cundinamarca y la Asociación de Municipios del Guavio (ASOGUAVIOS) para reclamar protección a los derechos colectivos al goce del espacio público, la seguridad pública y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordena y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. 1.1. Hechos Las actoras los plantearon así: En la vía Villeta-Honda del municipio de Villeta se construyó un puente peatonal que carece en uno de sus extremos de rampa para personas discapacitadas. La rampa para personas discapacitadas que al otro extremo tiene el puente carece de barandas de protección, lo que representa un peligro inminente para la seguridad de los transeúntes.
1.2. Pretensiones • Las actoras solicitan que se ordene a las entidades demandadas: • Colocar las barandas de protección en la rampa del puente peatonal. • Construir la rampa para personas discapacitadas en el extremo en que esta falta. • Prohibir la circulación de transeúntes por el puente peatonal mientras se termina su construcción. • Que se reconozca a su favor el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998. […] IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA La especial protección constitucional y legal a los discapacitados. El artículo 47 de la Constitución Política le impone al Estado la obligación de adelantar una política de prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, y la de prestarles la atención especializada que requieran. La norma es del siguiente tenor literal: «Artículo 47 C.P. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran». En desarrollo del artículo 47 C.P. se expidió la Ley 361 de 1997 cuyos artículos 43, 46 y 55 buscan adecuar los complejos viales y los medios de transporte, incluidos los puentes peatonales, para facilitar la accesibilidad de las personas discapacitadas o con alguna limitación en su modalidad.
[…] En el caso concreto se encuentra acreditada la necesidad de adecuar la estructura del puente peatonal para asegurar que la movilidad de los transeúntes se produzca en condiciones seguras y para garantizar el acceso de las personas discapacitadas, mediante la terminación de las obras de construcción del puente peatonal que quedaron inconclusas pues consta en .t su diseño estructural que requiere de rampas con sus respectivas barandas de protección en ambos extremos, pues no se necesita mayores disquisiciones para concluir que sin estos elementos la estructura no sirve para prestar el servicio de circulación en condiciones seguras a que por naturaleza esta destinada. Igualmente está plenamente demostrada la omisión en que ha incurrido la Administración municipal pues desde el año 2003 los habitantes de Villeta solicitaron adoptar medidas frente a la problemática de inseguridad del puente y han pasado más de 3 años sin que las autoridades hayan procedido a concluir la obra inconclusa para garantizar la seguridad de la comunidad. […]
FALLA: […] Segundo.- MODIFICASE el numeral 3° incisos 1, 2 y 3 en cuanto el Departamento de Cundinamarca y ASOGUAVIOS no son responsables de adelantar las obras de terminación del puente. Ordénasele al Alcalde de Villeta para que, a partir de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y antes de que termine la presente vigencia fiscal, ejecute la obra de construcción de las rampas con sus respectivas barandas de protección en el puente peatonal de la vía Villeta-Honda, atendiendo las especificaciones técnicas pertinentes.
Tercero.- MODIFICASE el numeral 4 en cuanto condenó al Departamento de Cundinamarca, a ASOGUAVIOS y al municipio de Villeta a pagar el incentivo. En su lugar ORDÉNASE a la Alcaldía pagar el incentivo cuyo reconocimiento se hizo a favor del actor popular en cuantía de diez (10) salarios mínimos mensuales. Cuarto.- ADICIÓNASE la sentencia de forma que se integre el Comité para la Verificación del Cumplimiento de la presente sentencia con las actoras, el Alcalde de Villeta, el Personero Municipal y el Procurador Regional de Cundinamarca. Quinto.- ADICIÓNASE la sentencia ordenando que por Secretaría de esta Corporación se envíe copia del presente fallo a la Procuraduría General de la Nación ya la Fiscalía General de la Nación. •
SENTENCIA DOS “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
•
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil diez (2010) Ref.: Expediente No. 15001-23-31-000-2005-01867-01. ACCIÓN POPULAR Actor: ALFREDO ESCOBAR ACERO […]
ANTECEDENTES • La Demanda El 17 de junio de 2007, Alfredo Escobar Acero, ejerció acción popular contra el Ministerio de Educación – Instituto de Educación Media Diversificada INEM «Carlos Arturo Torres», para reclamar protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. •
Hechos La Institución de Educación Media Diversificada INEM «Carlos Arturo Torres» está construida de una manera anti-técnica, ya que sus instalaciones no permiten la movilidad de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, o cuya capacidad motora o de orientación se ha deteriorado por la edad u otras circunstancias. •
La mencionada institución ha incumplido la obligación de adecuar las instalaciones de esa edificación, impuesta por la Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud y la Ley 361 de 1997, para asegurar la integración social de las personas discapacitadas o con alguna limitación, y garantizarles accesibilidad segura a las edificaciones de servicio público. Dicha omisión implica el incumpliendo de lo dispuesto en los artículos 1°, 13, 47, 54, 68 y 366 de la Constitución Política, las Declaraciones de los Derechos del Deficiente Mental, y de los derechos de las personas con limitación de la ONU, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, la Recomendación 168 de 1983 (20 de junio) proferida por la OIT, la Declaración de «Sund Berg» de Torremolinos expedida por la UNESCO.
1.2. Pretensiones • Que se ordene a la entidad demandada realizar las construcciones necesarias que faciliten el desplazamiento de las personas con discapacidad física en la Institución de Educación Media Diversificada INEM «Carlos Arturo Torres» • Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas procesales. • Que se reconozca a su favor el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998. […]
Tanto la Constitución Política como la Ley garantizan condiciones mínimas de seguridad y desplazamiento para las personas con alguna limitación física o mental en espacios urbanos o al interior de edificaciones de propiedad de particulares o del Estado. En efecto, como lo ordenan las disposiciones transcritas, en especial el parágrafo del artículo 43 de la Ley 361 de 1997 dichas edificaciones «deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación». El deber legal es claro y se materializa mediante la instalación o adecuación, entre otras, de rampas y ascensores (Artículo 53 ibídem). […] De igual forma, tal como lo afirma el actor el rector en la audiencia de pacto de cumplimiento puso de presente que «[…] vamos a hacer un estudio asesorado con un arquitecto acerca de la necesidad de eliminar posibles obstáculos para el acceso a la primera planta de la institución, con el fin de ubicar las rampas que sean necesarias para el libre desplazamiento de los discapacitados que tengan a bien acudir a la institución por cualquier circunstancia. Para el caso de alumnos discapacitados que eventualmente soliciten ingreso o para casos sobrevivientes existen las condiciones locativas para que reciban sus clases en la primera planta y de esta manera las adecuaciones necesarias estarían representando costos que pueden ser asumidas de forma inmediata por la institución. Así que en lo que resta del año estaremos en esta tarea a fin de que para el inicio del año 2006 las rampas de acceso al primer piso estén construidas y permitan la libre circulación de discapacitados […]» La Sala debe insistir que existe una carga inexcusable del actor de probar los hechos que sustenta la demanda tal como lo impone el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 no obstante, en tratándose de la imperiosa necesidad de hacer las edificaciones de atención al público amigables para las personas con movilidad reducida y, especialmente, el derecho a la educación no podía el Tribunal desestimar las pretensiones por falta de pruebas, pues estaba obligado a observar los concluyentes términos del artículo 5º de la Ley 472 a cuyo tenor «Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito… ».
FALLA: REVOCAR la sentencia de 8 de marzo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En su lugar: CONCÉDESE el amparo a los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público, la seguridad y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. 1.
2. ORDÉNASE al Ministerio de Educación Nacional que:
2.1 En un término de dos meses, realice un estudio arquitectónico para adecuar sus instalaciones a lo dispuesto por la resolución 14861 de 1985 y la Ley 361 de 1997, para asegurar la integración social de las personas discapacitadas o con alguna limitación y garantizarles accesibilidad segura a las edificaciones de servicio público. 2.2. Que, a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes implementen las recomendaciones dadas por el arquitecto. 3. ORDÉNASE al Ministerio de Educación que en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adelante las siguientes medidas que permitan temporalmente facilitar la integración de las personas con movilidad reducida: • Adecuación
de un punto de atención para las personas con discapacidad, ubicado en el primer nivel de la edificación. • Ubicación de un sistema de acceso de rampas que permita el ingreso a la edificación y supresión de barreras físicas del mobiliario interior que garantice la libre circulación de las personas con movilidad reducida. • Medidas de protección y señalización que adviertan a las personas discapacitadas acerca del mobiliario que ofrezca peligro, así como la instalación de alarmas para casos de emergencia. • Sistemas de guías e información para las personas invidentes o con visión disminuida que facilite y agilice su desplazamiento seguro y efectivo. 4. Se reconoce el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 en cuantía de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes con cargo al Ministerio de Educación. •
No se condenará en costas por no haberse probado”.
MODELO DE DEMANDA ACCION POPULAR
Ciudad y fecha Señor: Juez civil del circuito (si es acción popular contra un particular) Tribunal Contencioso Administrativo (Si es acción popular contra autoridad) Ciudad Ref.: Acción Popular de __________________Contra__________________ Respetado Señor Juez o magistrado: _____________________________identificado con C.C. __________de_________, residente en la ciudad de ____________________, me permito manifestar que por medio del presente escrito, interpongo acción popular en contra _____________, para buscar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados. DERECHOS E INTERECES COLECTIVOS AMENAZADOS O VULNERADOS EJEMPLO: (El goce de un ambiente sano, de acuerdo a lo establecido en la constitución, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los intereses de uso público, La defensa del patrimonio público….)
HECHOS (Narración de los hechos actos, acciones u omisiones que motivan la petición) PRETENCIONES Enunciar la petición mediante la cual se pretende proteger o restablecer los derechos vulnerados o amenazados. Igualmente establece si se ha de solicitar la indemnización por el daño colectivo. PRUEBAS Indicar y aportar las que se deseen hacer valer Testimoniales Documentales Periciales FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamento la presente ley en lo contemplado en la ley 472 de 1998. NOTIFICACIONES Indicar dirección y teléfono donde se recibirán Comunicaciones ANEXOS Indicar los documentos aportados con la solicitud. Del señor Juez (o magistrado) atentamente Nombres y apellidos Cedula de Ciudadanía
LA ACCIÓN DE NULIDAD Y NULIDAD SIMPLE
Concepto:
La Acción de Nulidad esta contemplada en el Código Contencioso Administrativo en su Artículo 84, el cual reza: “Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionarios o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”4.
Características:
El Consejo de Estado ha denotado como características notorias de esta acción las siguientes: a. La acción de nulidad tiene por objeto tutelar el orden jurídico abstracto sobre la base de la vigencia del principio de la jerarquía normativa. b. En principio origina un proceso, en el que el interés del actor, se confunde con el de la colectividad a la cual representa, en el fondo. c. Por eso puede interponerla cualquier persona, en cualquier tiempo y no son admisibles medios anormales de terminación como el desistimiento, la perención o la transacción. d. Cualquier persona puede hacerse parte, para coadyuvar o impugnar la demanda, sin necesidad de ser abogado, calidad que tampoco se exige al actor. e. El efecto de la sentencia es declarativo y erga omnes. Si declara la nulidad, hace tránsito a cosa juzgada, si la niega solo en cuanto a los motivos aducidos. f. La declaratoria de nulidad de un acto de carácter general, puede tener efecto con relación a situaciones particulares subjudice, no consolidadas, en las cuales se haya propuesto. g. La nulidad de una ordenanza o de un acuerdo municipal o distrital deja sin efecto, en lo pertinente, su reglamentación. (Art. 175).
Objeto de la acción de nulidad según la jurisprudencia:
La jurisprudencia del Consejo de Estado inicialmente sólo admitía la acción de nulidad contra los actos creadores de situaciones jurídicas generales, por estimar que la 4
Código Contencioso Administrativo, artículo 84.
naturaleza del acto condiciona la procedencia de la acción. Pero esa jurisprudencia fue cambiada en Sala del 10 de agosto de 1961 (ponencia de Carlos G. Arrieta) y reiterada y aclarada en sentencia del 8 de agosto de 1972 (ponencia de Humberto Mora Osejo), bajo el criterio de que no es el contenido del acto demandado el que determina la calidad de la acción, sino el objeto inmediato que se pretende proteger contra los efectos del acto administrativo, viene a ser admisible la acción de nulidad aún contra actos creadores de situaciones particulares, pero si sólo se busca la tutela del orden jurídico, sin que sea admisible su ejercicio, para burlar los requisitos de la acción particular, como la caducidad. Lo anterior descrito es conocido como la doctrina de los móviles y finalidades, por corresponder al elemento que diferencia las acciones de los contencioso objetivo, de la contencioso subjetiva, y continúa vigente en nuestros días en que la terminología cambio, especialmente la anteriormente llamada de plena jurisdicción por la actual de nulidad y restablecimiento del derecho, pero su sentido y orientación continúan iguales como lo precisó la Sala Plena en sentencia del 16 de mayo de 1991 (Exp. S-180).
Finalidad:
Como ya se ha hablado la acción de nulidad busca el restablecimiento de la legalidad, esto es, la mera declaración de nulidad de un acto administrativo creador de situaciones jurídicas generales, impersonales u objetivas. Según el profesor Palacio Hincapié es un fin “altruista pues quien la ejercita no puede perseguir ningún otro interés que el de restaurara el orden jurídico vulnerado en el acto”. Lo que significa que al elaborar la pretensión de nulidad no se puede vincular ninguna condena consecuencial al estado, excepto si se trata de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Para otros autores la denominada teoría de los móviles y finalidades de la acción contenciosa de nulidad ha sido una de las construcciones jurisprudenciales más desafortunadas para el Estado de Derecho, “y sobre todo para el control efectivo de la arbitrariedad y del desconocimiento de los derechos subjetivos por la administración pública”. Todo esto ha generado grandes problemas de interpretación incluso en las altas cortes, y surge con el Código Contencioso del 1984 porque en el se enmarca múltiples acciones especializadas para cada caso contenciosos y como plantea el profesor Santofimio Gamboa :“En la hora actual se hace cada vez más necesario retomar la idea de la acción única contencioso administrativa con multiplicidad de pretensiones, de conformidad con las necesidades de los interesados…, evitándose así caer en discusiones estériles para la defensa de los derechos fundamentales y la legalidad.”
Agotamiento de la Vía Gubernativa:
Esta acción no requiere en principio del agotamiento de la Vía Gubernativa, pues solo se exige frente a los actos particulares o concretos; como ya se ha establecido esta acción se dirige generalmente contra actos de contenido general, puede que sea usada la acción contra un acto particular evento en el cual el interesado debió ejercer la Vía
Gubernativa, si contra el acto procedía un recurso obligatorio, no así los terceros que pueden ejercer la acción de nulidad frente a esta acto concreto.
Motivación:
Toda su motivación gira en torno a una causal genérica y es la vulneración del ordenamiento jurídico. Es decir la infracción de una norma superior, cometida por un acto de la administración.
Clases:
- Acción de nulidad por inconstitucionalidad: (De carácter general) Dentro del sistema difuso de control de constitucionalidad, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 237 No 2º estableció como una de las funciones del Consejo de Estado la cual reza: “Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional” . Para su aplicación se creo la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, e incorporo en su artículo 49, el texto igual al de la Constitución Política y sólo se mantuvo la aclaración de competencia de la Sala Plena Contenciosa. En materia de competencia para conocer de esta acción, la misma disposición originó un conflicto dentro del Consejo de Estado, por la dificultad de distinguir entre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que serian de conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con reparto entre todos sus Magistrados integrantes, y las acciones de simple nulidad cuyo conocimiento y trámite ha sido del resorte de las respectivas Secciones y desde luego, resueltas dentro de un término más corto, dada la congestión crónico de la Sala Plena. Para darle solución a este problema, la Sala Plena sentó jurisprudencia en el sentido de que por acción de nulidad por inconstitucionalidad se entiende aquella en que la confrontación de la norma acusada se hace directamente con textos de orden constitucional, reservándose a la de simple nulidad aquella en que la confrontación se hace con textos de orden legal. Estas tesis fueron expuestas por la Sala Plena en las sentencias de julio 23 de 1996 en el expediente AI03 con ponencia del Magistrado J. Alberto Polo Figueroa. Es decir, que la calidad o característica de la acción, que influían en la competencia y en el trámite, según esta jurisprudencia, dependerían de la invocación de textos que formulara el actor, como normas violadas y el concepto de la transgresión, expuestos por el mismo. Dicha jurisprudencia posteriormente fue adoptada por la Ley 446 de 1998, que al abordar el problema decidió impregnarle categoría y cierta autonomía a la acción de
nulidad por inconstitucionalidad, tal como lo estipula el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución. - Acción de nulidad simple (De carácter legal o particular) La acción de nulidad constituye el más antiguo e importante mecanismo contencioso de nulidad de carácter general y objetivo, que el legislador haya regulado, donde se busca principalmente la protección integral del orden constitucional del estado y de la legalidad en toda su extensión. Es una acción objetiva porque a través de su ejercicio en la ley solo se puede pretender la preservación del ordenamiento jurídico y el principio de legalidad; según el consejo de estado, el propósito de la acción de nulidad simple como “lo establece la ley y lo repite la jurisprudencia es el control de la legalidad objetiva, interés de carácter general por esencia, cualquier persona esta legitimada para ejercitarla”. Por lo tanto implica el desarrollo de una pretensión de carácter general dirigida al restablecimiento de la juridicidad en interés de la comunidad y el Estado de Derecho, es decir, que la preservación de la Ley no puede ser exclusivamente del interés de unos pocos, por lo que se predica su carácter de pública y popular. Por otra parte hay que recordar que existe una responsabilidad pública respecto del mantenimiento de las instituciones jurídicas, “una legitimidad abierta en cabeza de cualquier persona que advierta las rupturas del sistema jurídico ocasionadas con la entrada en vigencia de un acto administrativo que la desconozca”. Desde este punto la acción puede ser interpuesta por cualquier personal natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho público, privado o internacional, establece la ley. La importancia de esta acción es que los conflictos suscitados entre un acto administrativo y el ordenamiento jurídico sean objeto de conocimiento por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ésta produzca una decisión declarando lo que corresponda frente al litigio y resolviéndolo de manera tal que produzca su decisión efectos “erga omnes” . Existen unas acciones de carácter particular las cuales hacen parte de las acciones de simple nulidad, estas son: 1. Acción Especial de Nulidad de Actos Administrativos Contentivos de Carta de Naturaleza:
Esta acción se encuentra consagrada en el artículo 221 del CCA en concordancia con los artículos 20 y 21 de la Ley 43 de 1993, al permitirse que los actos que reconocen la ciudadanía colombiana a los extranjeros, también denominados cartas de naturalización o resoluciones de autorización, sean demandados por cualquier persona ante la Justicia Contencioso Administrativa. Estas cartas que según la Ley 43 de 1993 son autorizadas por el Presidente de la Republica o el Ministro de Relaciones Exteriores por delegación, están sujetas al proceso de nulidad ante la autoridad judicial competente, en los siguientes casos:
a) Si se han expedido en virtud de pruebas o documentos viciados de falsedad; b) Si el extranjero nacionalizado hubiese cometido algún delito en otro país antes de radicarse en Colombia y que esté de lugar a extradición. En ambos casos la acción tendrá un término de caducidad de 10 años, contados a partir de la fecha de expedición. 2. Acción Especial de Inexistencia o Nulidad de Contrato de Concesión Minera:
Se encuentra regulada en el artículo 289 del Código de Minas (Ley 685 de 2001), en virtud de su desarrollo de manera exclusiva la administración, el concesionario, los terceros que acrediten interés directo y el Ministerio Público podrán pedir que se declare la nulidad o inexistencia del contrato de concesión minera, en las condiciones y con los requisitos señalados en el articulo 87 CCA. De esta acción, conocerá en primera instancia los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración. Existen más acciones de contenido especial pero consideramos que son acciones que tienen implícita la Reparación Directa, así que, debido al tema de estudio solo nos ocuparemos de Acción de Nulidad Simple, necesariamente.
Precisiones y casos especiales de esta acción:
a. La acción procede contra actos definitivos:
Contra los actos preparatorios o de trámite no proceden recursos por la vía gubernativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, lo cual obedece a que durante la etapa de formación del acto aún no se ha concretado la voluntad administrativa. Por igual razón tampoco procede acción por la vía contenciosa ya que las acciones están instituidas para impetrar la nulidad de los actos y éstos no lo son mientras no se hayan consolidado como tales. Dentro de este parámetro es necesario identificar claramente la calidad del acto para determinar la procedencia de la acción. Así por ejemplo, la jurisprudencia precisó que en el proceso de determinación de la Contribución por Valorización, la resolución que ordena la ejecución de la obra financiada por el sistema de Valorización, es un acto autónomo y demandable por la vía del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y no un simple acto de trámite. En cambio preciso en otra oportunidad que el Auto inadmisorio de una devolución, no tiene el carácter de definitivo y por tanto no es demandable. En los procesos de determinación de los avalúos Catastrales por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es preciso distinguir entre las providencias que tienen carácter general e impersonal, de las que tienen contenido particular (aunque abarquen numerosos predios), pero que se notifican mediante el sistema especial de anotación en el respectivo registro. Así mismo las que son de simple trámite y las definitivas, teniendo
en cuenta que el trámite correspondiente se rige por las normas especiales que contiene la Resolución 2555 de 1988, del citado Instituto Geográfico. b. El decaimiento y la acción:
Para ilustrar dicho tema es más práctico ilustrarlo con el siguiente ejemplo: Se interpuso una acción de nulidad contra la Instrucción No 06 de 1996 de la DIAN, sobre consecuencias penales de la no consignación de las retenciones en la fuente, establecidas en el artículo 665 del Estatuto Tributario. Sin embargo este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Frente a tal situación, el Consejo de Estado consideró que la instrucción demandada había decaído y perdido su fuerza ejecutoria, de acuerdo al numeral 2 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, pues desde la fecha del fallo de inexequibilidad el acto se tornó inaplicable por haber desaparecido el fundamento de derecho que le sirvió de soporte. En tales condiciones, no resultaba procedente la acción de nulidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que no contempla dentro de sus causales el citado fenómeno, por las siguientes consideraciones: “… la acción de nulidad persigue retirar definitivamente del ordenamiento jurídico un acto administrativo, en el entendido de que nació a la vida jurídica viciado de nulidad o de ilegalidad, sin que tal pronunciamiento conlleve la declaratoria de vigencia o no del acto en razón de su pérdida de fuerza ejecutoria”5. c. La Acción de nulidad contra los “conceptos” oficiales:
Según jurisprudencia del Consejo de Estado (por ejemplo la contenida en la Sentencia de octubre 26/95, Exp. 3088, Sec, Primera), la enumeración de actos demandables que hace el artículo 85 del Código no es taxativa y por ello los conceptos son enjuiciables en la medida en que contengan una decisión capaz de producir efectos jurídicos y emanen de una entidad pública o persona privada que cumpla funciones administrativas, es decir, cuando adquieren la categoría de actos administrativos, como en algunas ocasiones pueden entenderse los conceptos emitidos por la DIAN con base en el artículo 57 del Decreto 2117 de 1992 y, hoy con base en el literal i) del artículo 14 del Decreto 1693 de junio 27 de 1997 que, además, hayan sido publicados, los cuales constituyen interpretación oficial para los funcionarios de la DIAN y su desconocimiento podrá acarrear sanción disciplinaria según el artículo 13 del Decreto 1725 de 1997. Este tema ha adquirido especial importancia práctica en razón de que la Administración tributaria cada vez ejerce más su función de unificación de doctrina mediante conceptos y con ella divulga sus criterios entre todos los niveles de funcionarios quienes por lo general, por un temor humanamente explicable acata, no sólo los que expide revestidos de las formalidades propias a una instrucción o Circular, con la debida publicación, sino a aquellos que produce para casos particulares y sin mayor difusión oficial. 5
Consejo de Estado, Sección cuarta, Sentencia del diciembre 12/97, Exp 8173, MP Delio Gomez Leyva.
La dificultad para determinar si un concepto de la DIAN es o no demandable ante la Jurisdicción, radica en determinar si por su forma y contenido constituye un verdadero acto administrativo, o es simplemente una opinión sobre interpretación de la ley. Además, si se quedo en el ámbito particular de quien elevó la consulta, o se generalizó mediante una publicación oficial. Esta situación se originó en la reforma de 1989 al Código Contencioso Administrativo por parte del Decreto 2304: en la redacción inicial del código en 1984 decía al final del artículo 84 que: “… son objeto también de esta acción los conceptos y circulares que la administración quiera aplicar de modo general…, expresión que se sustituyó por la vigente, que dice: También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio. (…)” En consecuencia, sólo en la medida de que se trate de una circular de servicio o pueda equipararse a ellas, será viable la acción. La dificultad estriba en que no están definidas por la ley las características de lo que se entiende por circular de servicio, aunque su sentido ha sido comprendido por la jurisprudencia, como los instructivos de último grado del administrador a sus subalternos o los particulares. En conclusión, la acción puede ser procedente según las características del acto, o mejor, en la medida que alcance a configurarse como un verdadero acto administrativo. Para la Corte Constitucional, según sentencia C-487 de 1996: “Dichos conceptos son actos de carácter interno, no ejecutorios y que carecen, en principio, de efectos decisorios, frente a los administrados, pero si eventualmente los tuvieren, serían, en la generalidad de los casos, actos administrativos reglamentarios en el nivel último de ejecución de la ley en aspectos técnicos y operativos, sujetos al control de legalidad de la jurisdicción contencioso administrativa”. Pueden también reseñarse la jurisprudencia según la cual son demandables las Ordenes Administrativas por cuanto constituyen verdaderos actos administrativos y pueden considerarse incluidas dentro del concepto de circulares de servicio que menciona el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, pero con la advertencia de que deben haber sido publicadas debidamente. Este tema también recobro importancia con el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, que dio solidez a las actuaciones del contribuyente cuando se basan en un concepto de la Subdirección jurídica de la DIAN. Dicho artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-487 del 26 de septiembre de 1996, en la que, sin reconocerle fuerza o valor de actos administrativos a los conceptos, puesto que simplemente tienen por finalidad orientar a los administrados, preserva y respalda la actividad de éstos por aplicación del principio de la buena fe y el de la confianza legítima que se deriva de éste, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. c. La acción contra actos derogados o sustituidos:
Otro interesante tema que sobre este particular ha discutido la jurisprudencia, es la de saber si la derogatoria o modificación de un acto administrativo, impide el ejercicio de la acción de nulidad. La tesis que la descartaba, conocida como la de sustracción de materia imperó durante mucho tiempo en el Consejo de Estado, pero la Sala Plena en sentencia del 14 de enero de 1991 (Exp. S-157, con ponencia de Gustavo Arrieta) recogió y vario dicha jurisprudencia, para dar acceso a las acciones contra actos no vigentes, que en materia tributaria resulta de frecuente aplicación dada la gran movilidad de las normas de esta índole, como lo propugnó la Sección Cuarta del Consejo de Estado durante mucho tiempo. Influyó en este cambio jurisprudencial, un análisis más juicioso de los conceptos de derogatoria, inexequibilidad y nulidad de las normas que se expuso en el fallo y, la consideración, tomada de la vida real sobre los efectos que sigue produciendo una norma aún después de su derogatoria o modificación, durante el proceso administrativo de discusión de los actos que se originaron en ella. No se ha precisado si la acción es valida solamente en el caso de interponerse durante la vigencia de la ley, aunque sea derogada con posterioridad, o su puede intentarse contra normas ya modificadas. Pero la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha aplicado la jurisprudencia de Sala Plena con amplitud en acciones contra actos ya derogados, como surge del recuento de las distintas providencias sobre la materia, mencionadas en el fallo de abril 22 de 1994 en el expediente 2294 (M.P. Consuelo Sarria).
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
De conformidad con lo previsto en el artículo 84 del C.C.A., subrogado por el artículo 14 del D.E. 2304 de 1989, “toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de su representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”. Finalidad: La acción de nulidad del acto administrativo demandado es la tutela del orden jurídico, a fin de aquel quede sin efecto por contrariar las normas superiores del derecho. Esta acción se encuentra consagrada en interés general para que prevalezca la defensa de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría, y por ello puede ser ejercida en todo el tiempo por cualquier persona. Características: Dentro de las más sobresalientes de esta acción, se encuentran, entre otras, que es pública, no tiene término de caducidad, se ejerce en defensa e
interés de la legalidad, la sentencia produce efectos retroactivos, y procede contra actos de contenido general y abstracto. Causales de Nulidad de los Actos Administrativos
De conformidad con el ART. 84 C.C.A, las causales de nulidad proceden por: a) Incompetencia: Vicio del Sujeto Activo del Acto Administrativo, es decir de quien profiere la dedición. Esta hace parte del órgano, más no del funcionario. b) Expedición Irregular de los A.A: Tiene que ver con “formalidades” , cuando se violenta las formas del A.A hay expedición irregular. Ej.Ordenanza de carácter verbal que se debe hacer por escrito. Cualquier A.A que se debe hacer por escrito se hace de forma verbal. c) Falsa Motivación o Errónea Motivación: Esta ligada con el elemento, ”causa o motivo” . Si la motivación es la concreción escrita, la Falsa Motivación se presenta cuando los motivos del A.A difieren de la realidad. Es decir que se presenta cuando se exprese algo diferente a la ley. d) Falta de Motivación: Cuando el A.A debiendo ser motivado se omite consagrar en su texto las circunstancias de hecho o derecho que generaron su expedición. Cuando no sea cierto lo que la administración esta argumentando para tomar la decisión. Cuando el “por que” del acto no corresponde a la realidad. Ej. Invocar una necesidad inexistente de la administración. e) Desviación de Poder: Se relaciona con el elemento “Fin o el para que del A.A”. Se presenta cuando el fin es contrario a derecho, cuando hay una actitud egoísta del que lo expide o se va en contra del interés general. Ej. Funcionario de libre nombramiento y remoción que es desvinculado porque llega un familiar a la entidad. Otro ejemplo seria desvincular a alguien por venganza. El típico ejemplo es la carretera que conduce a la casa del Alcalde, en el cual este saca un A.A, y en las causas de su motivación dice que hay falencias y ordena la construcción de la obra, los datos puede que no sean falsos (se puede encontrar que no hay asfalto o la calle este maltrecha), pero luego se encuentra que el único que se va a favorecer de la reparación es el alcalde, en este caso se estaría beneficiando particularmente o de forma egoísta.
Esta Nulidad es la más difícil de llevar a cabo, en la medida que hay que demostrar ante el funcionario judicial un tema subjetivo, por lo general está vinculada a la falta de motivación. Es de utilidad práctica en este caso demandar con la mayor cantidad de causales posibles. f) Violación de las Normas Superiores: Está ligada a la “Escala Jerárquica”, es una causal muy amplia que se relaciona con las demás causales de nulidad, en la medida que todas violan normas superiores, pero por su grado de especificidad trabajan de forma independiente. g) Violación del Derecho de Audiencia y Defensa: Es la posibilidad que debe tener todo administrado para hacerse parte en una actuación administrativa que lo vaya a afectar. Es el derecho que tiene a ser oído por la administración, solicitar pruebas, entre otros. No siempre se lo garantiza con la mera vinculación o
llamamiento, aunque el modo principal de hacerlo. Esta causal está circunscrita a las actuaciones que se puedan presentar durante el desarrollo de la actividad administrativa. h) Por vía Jurisprudencial se acepta la Violación a las Normas del Debido Proceso, no está enunciada en el Art. 84 del C.C.A, pero están entabladas en la constitución. Se da tanto en actuaciones judiciales como administrativas y está vinculada con la causal de derecho de audiencia y de defensa. Qué se puede demandar por esta acción Los actos particulares, individuales o subjetivos. Se deben tener en cuenta tres elementos al momento de demandar: Acto administrativo, norma trasgredida y derecho subjetivo que se reclama. Quién está legitimado para iniciar esta acción El perjudicado por el acto administrativo y requiere apoderado. Requisito de procedibilidad: Agotar la vía gubernativa Caducidad de la Acción: 4 meses a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. 2 años si el demandante es una persona de derecho público demandando su propio acto, contados a partir del día siguiente a su expedición. En cualquier tiempo si se demanda un acto presunto que resuelva un recurso. En cualquier tiempo por la Administración o por los interesados si el acto es de aquellos que reconocen prestaciones periódicas, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. 2 años contados desde la publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Incora. En tanto que para los terceros el término de caducidad es de 30 días contados a partir del día siguiente a la inscripción del acto en la OIIP.
Pretensiones:
1. Que se declare la nulidad del acto por ser violatorio o contrario a una norma jurídica superior. 2. Que se restablezca el daño 2. Que se restablezca el derecho o se repare el daño como por ejemplo el reintegro el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir. Efectos de la sentencia:
Erga omnes o generales: En cuanto a la declaratoria. Inter partes: En cuanto al restablecimiento del derecho y la reparación del daño. Efecto retroactivo: Se entiende que el acto no ha existido nunca, cuando hay efectos imposibles de eliminar el restablecimiento se realiza a través de indemnización.
PROCEDIMIENTO ACCIÓN DE NULIDAD SIMPLE Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Caducidad: de acuerdo con el Artículo 136 del CCA la acción de nulidad podrá interponerse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro meses contados a partir del día siguiente de la publicación notificación, comunicación o ejecución del acto. En los casos acciones contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el INCORA, caducara en dos años a partir del día siguiente de su publicación. Competencia:
En cuanto al factor territorial la regla general es que la competencia sea determina por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada, más sin embargo cuando se trata de una entidad de ordena nacional en materia de nulidad es competente el juez del lugar donde se expidió el acto y en materia de Nulidad y Restablecimiento del derecho será el lugar donde se expidió el acto o el domicilio del demandante siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar. En caso de la nulidad y restablecimiento del derecho de asuntos laborales será competente el juez del último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. En cuanto a la cuantía solo opera para los casos de nulidad y restablecimiento del derecho la cual se estimara en el valor de las pretensiones al momento de presentar la demanda, el Articulo 134 E dice que en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento. En este orden de ideas el código Contencioso Administrativo nos señala en su Artículo 134B que los Jueces Contenciosos Administrativos (elevados al rango de jueces de circuito) conocen en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad cuando la cuantía no exceda los 100 salarios mínimos. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, cuando se trate de controversias que se originen en una relación laboral legal y reglamentaria o cuando se controviertan Actos Administrativos de carácter laboral expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los actos referentes a la declaratoria de unidad de empresa y a la calificación de huelga, cuya competencia corresponde al Consejo de Estado en única instancia.
De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. En cuanto a la competencia que tiene el Tribunal De Distrito Judicial para conocer asuntos relativos a la nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho tenemos que en única instancia conocen de De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio. Y en primera instancia de: De los de nulidad de los Actos Administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden Departamental, Distrital y Municipal, o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas de los citados órdenes. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. Y de los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. Finalmente tenemos que el Consejo de Estado conoce en única instancia de: De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. Y de los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral. No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado en única instancia. Requisitos de la Demanda:
La demanda contencioso administrativa debe estar integrada por •
Deberá estar dirigida ante juez o tribunal competente
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Deberá tener la designación de las partes y sus representantes,
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Lo que se demanda,
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Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción
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Los fundamentos de de derecho de las pretensiones,
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La petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer,
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La estimación razonada de la cuantía.
El art. 138 del CCA establece que cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Esta demanda se debe acompañar de una copia del acto acusado con las constancias de su publicación, notificación o ejecución según fuere el caso, documento idóneo que acredite el carácter con el que el actor se presenta en el proceso, prueba del recurso o petición elevado ante la administración con su fecha de presentación, copia de la demanda y sus anexos para efectuar la debida notificación de la parte demandada. Si la demanda es inadmitida por alguna de las causales contempladas en el artículo 143 del CCA el demandante contara con el término de 5 días para realizar su debida subsanación. Pretensiones
Nulidad Simple •
La nulidad parcial que se alega en esta demanda es con relación al Decreto 2596de fecha 12 de Enero de 2005, "por el cual se reglamenta el Derecho Al Voto", publicado en el Diario Oficial Nº 56 el 25 de Enero de 2005 Los apartes demandados son: 1) El inciso _________ del artículo _______, que señala: ________ 2) Del parágrafo del artículo_________ que dispone_________ 3) El artículo ________, cuyo texto es:______________
Nulidad y Restablecimiento del Derecho •
Declarar nula la resolución No. 252 del día 28 de Julio de 2011 expedida por la Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca mediante el cual se declaró la insubsistencia en el cargo del demandante, así como el acto administrativo del día 28 del mes de Septiembre del año2011, a través del cual de desató desfavorablemente el recurso interpuesto por el Dr. Santos Alirio Rodríguez.
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Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca, a reintegrar al señor Dr. Santos Alirio Rodríguez., en el mismo cargo que venía desempeñando, en iguales condiciones de trabajo a las que poseía al momento de su desvinculación, o en otro de igual o superior categoría. Que se condene a la entidad Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca al pago de los salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldo y demás emolumentos que el demandante dejó de percibir, desde la fecha de su ilegal desvinculación y hasta que se produzca el reintegro. Para efectos de prestaciones sociales en general, se declarará que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de mi poderdante, desde cuando fue desvinculado hasta cuando sea efectivamente reintegrado. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido en el artículo 176 del CCA. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor desde la fecha de la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.
Legitimación en la Causa
Para la acción de nulidad simple es titular toda persona según lo previsto por el art.48 del CCA, de la acción de inconstitucionalidad es titular todo ciudadano colombiano y de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la puede accionar toda persona que se crea lesionada en un derecho aparado en una norma jurídica según lo previsto en el Art. 85 del CCA Procedimiento
Estas acciones serán tramitadas por el procedimiento ordinario el cual está contemplado en el artículo 206 del CCA y Ss., los cuales establecen lo siguiente: a) Una vez admitida la demanda se procederá a notificar personalmente a todos los demandados y al ministerio público. b) También se deberá notificar a todos los interesados (cuando se considere que los hubiere) en el proceso mediante edicto emplazatorio en el termino de 5 días después de notificar el auto admisorio a la demandada, este se publicara por dos veces n días sitios dentro del mismo lapso de tiempo c) La ley 1395 del 2010 introdujo la obligación al demandante de en el término que señale el juez o magistrado la suma que considere necesaria para pagar los gastos
del proceso, si dentro del mes siguiente a esta orden se entenderá que el demandante a desistido de la demanda y se procederá al archivo de la misma. d) Una vez notificado, por secretaria se procederá a realizar la fijación en lista por el término de 10 días para que la parte demandada haga uso de todas las formas de defensa que le ofrece la ley. e) El auto admisorio de la demanda también debe ordenar que se solicite al funcionario correspondiente el envío de los antecedentes disciplinarios, en este debe además resolver la solicitud de suspensión provisional en el caso que se haya pedido. La corrección o aclaración de la demanda solo procederá hasta el último día de fijación en lista, en este caso se volverá a ordenar todo el procedimiento anteriormente mencionado. El artículo 211A introducido por la ley 1395 de 2010 indica que una vez vencido el termino de fijación en lista en los procesos que no requieran práctica de pruebas, el juez citara a las partes a una audiencia para que se pronuncie sobre aquellos aspectos de hecho o de derecho que considere indispensables, en esta misma audiencia podrá dictar sentencia. Dentro del periodo probatorio se tiene que una vez finalizado el término de fijación en lista se procederá a abrir a pruebas, ya sea de oficio o a petición de parte, este no excederá el término de 30 días, pero se puede exceder hasta 60 días, los cuales se contaran desde que cobre ejecutoria el auto que los señale. Practicadas las pruebas se correrá traslado para presentar alegatos de conclusión por el termino de 10 días, el representante del ministerio público podrá solicitar traslado especial el que se le conceda por el termino de 10 días contados a partir de la entrega del expediente que se efectuara una vez ocurrido el traslado común. Vencido este término se enviara el expediente al ponente para que elabore el proyecto de sentencia el cual deber registrarse dentro de los 40 días siguientes al recibido del expediente.
Anexo 1: COMPETENCIA INSTITUC ION
RESTABLECIMIENTO DEL NULIDAD SIMPLE DERECHO Regla general: En cuanto al factor territorial la regla general es que la competencia sea determina por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada, más sin
embargo cuando se trata de una entidad de ordena nacional en materia de nulidad es competente el juez del lugar donde De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal.
L A I C I D U J O T I R T S I D E D L A N U B I R T
En primera instancia: De los de nulidad de los Actos Administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden Departamental, Distrital y Municipal, o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas de los citados órdenes.
De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio. En primera Instancia: De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.
E D O O J D A E T S S N E O C
De los de nulidad de los actos De los de nulidad y administrativos expedidos por restablecimiento del derecho las autoridades del orden que carezcan de cuantía, en nacional o por las personas o los cuales se controviertan entidades de derecho privado actos administrativos cuando cumplan funciones expedidos por autoridades del administrativas del mismo orden nacional, con excepción orden. de los de carácter laboral.
