020509_temario_legislacion_penitenciaria.pdf

Legislación Penitenciaria

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP

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CURSO DE LEGISLACIÓN PENITENCIARIA

Preparación por correspondencia on-line (60 horas lectivas de duración)

Acaip-SAP/Formación

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Curso de Legislación Penitenciaria © Reservados todos los derechos Edita: Acaip-Federación SAP C/ Ercilla, 30 Madrid Depósito Legal: S.1406-2008 Imprime: Imprenta Catedral Joaquín Costa, 13 37007 Salamanca

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E

l presente curso, al igual que aquellos que pretendemos impartir, está dirigido no sólo a dar la oportunidad a todos los compañeros/as de poder tener un acceso real al mismo a los efectos de obtener la puntuación necesaria para acceder en igualdad de condiciones que otros a los distintos puestos de trabajo, sin discriminación de ningún tipo, sino a posibilitar una formación verídica y actual para afrontar los retos que en nuestro quehacer se nos plantean.

Es obvio, que son numerosas las transformaciones que en nuestro ámbito se vienen produciendo constantemente en los últimos años, tanto desde la perspectiva normativa-legal como en relación a la utilización de recursos materiales, algunos de ellos totalmente novedosos, lo que hace que la formación penitenciaria no sólo sea deseable desde el punto de vista de nuestra propia estima profesional, sino también exigible en aras de nuestra seguridad y como medio imprescindible para el desarrollo de la actividad que tenemos encomendada, máxime dada la relación que nos une con los internos para los que constituimos el primer eslabón de la Administración Penitenciaria.

El curso de Legislación Penitenciaria que os hacemos llegar nace con la vocación de abrir puertas sobre el conocimiento de la normativa vigente penitenciaria. No obstante, somos conscientes de su dificultad, fundamentalmente por su limitación temporal y por añadidura la elección de las materias a tratar, siendo éste el primer obstáculo a salvar.

Por ello, no nos limitaremos solamente a una exposición sucinta de la legislación que consideramos pueda suscitar más interés para el funcionario, incluidas Instrucciones y Circulares, Jurisprudencia, etc., que en todo caso sería insuficiente, sino que acompañamos al curso de un extenso compendio de la legislación actualizada en materia procesal, penal y penitenciaria, así como de una amplia documentación práctica complementaria, para su 5

Formación Contínua Acaip-Federación SAP consulta añadida y con la posibilidad de resolución de dudas al respecto, sin necesidad de ceñirse estrictamente al programa establecido.

Posibilidad que se amplía también para la solicitud puntual de la jurisprudencia existente en relación al contenido de cualquier artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria o de artículos vigentes del Reglamento Penitenciario, todo ello sin perjuicio de anexionarse a la documentación un compendio con los “Criterios de Actuación, Conclusiones y Acuerdos aprobados por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en sus reuniones celebradas entre 1981 y 2007”, (actualizado al 1 de Enero de 2008), y de las “Conclusiones del Encuentro de Vigilancia Penitenciaria” comentado por Francisco Bueno Arús, Letrado del Consejo General del Poder Judicial, y publicado en “Crónica Judicial” del C.G.P.J., así como la trascripción literal de distintas sentencias de interés en cuanto a unificación de doctrina, sobre cumplimiento íntegro y efectivo de penas, (sentencia “Parot”), etc.

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CRONOGRAMA DEL CURSO


Denominación: Legislación Penitenciaria. Forma de Impartición y Duración: Por correspondencia on-line con 60 horas lectivas.

Objetivos: Reciclaje normativo-legal de Funcionarios de II.PP. en activo, con especial referencia al conocimiento actualizado de la Legislación Penitenciaria vigente y unificación de criterios en relación al desarrollo de la actividad profesional de conformidad con las directrices emanadas al efecto mediante Circulares e Instrucciones de la actual Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Acuerdos, Conclusiones y Autos de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Jurisprudencia en materia penitenciaria.

Metodología y Contenido: Modalidad no presencial con el contenido adjunto a que se hace referencia, constituido por un programa dividido en ocho Módulos, el segundo de los cuales abarca a su vez nueve Unidades Didácticas, al que se acompaña de normativa legal complementaria para consulta y apoyo. Su cumplimentación se deja a opción del interesado, preferentemente a razón de 15 horas lectivas semanales, a ser posible.

Sistema de Tutoría y de Evaluación: Sistema de tutoría permanente durante toda la duración del curso para resolución de dudas y 9

Formación Contínua Acaip-Federación SAP consultas. Se realizará un control de los conocimientos adquiridos parcialmente a través de un cuestionario de 30 preguntas de test para los Módulos I al III y otro de idénticas características para los Módulos IV al VII, ambos autoevaluables, (el Módulo VIII referido a “Casos Prácticos” referentes a Citas de Jurisprudencia Penitenciaria no está sometido a control), y un examen de evaluación final a valorarse por el profesorado consistente en cumplimentar 60 cuestiones de test y dos supuestos prácticos. Se contempla la posibilidad de solicitar por el interesado relación de la jurisprudencia habida con referencia a cualquier artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de los artículos vigentes del Reglamento Penitenciario, la cual le será facilitada a los efectos que procedan.

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CONTENIDO DEL CURSO MÓDULO I: LAS PENAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y PRIVATIVAS DE DERECHOS: CLASES 1. LAS PENAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO.

CONCEPTO Y FINES. CLASES Y EFECTOS .................................... 13 1.1.

CONCEPTO Y FINES. EL ARTÍCULO 25.2 DE LA

1.2.

CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS ................................................. 16

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CONTENIDO Y ANÁLISIS............. 13

2. CLASES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD............................ 18 2.1. 2.2. 2.3.

PRISIÓN ......................................................................................... 18

LOCALIZACIÓN PERMANENTE.................................................... 18 RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA

POR IMPAGO DE MULTA .............................................................. 19

3. CLASES DE PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS ......................... 20 3.1.

PRIVACIÓN DEL DERECHO DE RESIDIR EN DETERMINADOS

3.2.

PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN O COMUNICACIÓN

LUGARES O ACUDIR A ELLOS (ART. 48.1 C.P.) .......................... 20 CON LA VÍCTIMA ...O SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS

(ART. 48.2.3. C.P.) .......................................................................... 20

3.3.

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ........................ 21 11

Formación Contínua Acaip-Federación SAP MÓDULO II: EL INTERNO EN EL SISTEMA PERSPECTIVA CRONOLÓGICA.

PENITENCIARIO:

(UNIDAD DIDÁCTICA I): EL INGRESO EN PRISIÓN. (UNIDAD DIDÁCTICA II): LA RELACIÓN JURÍDICO – PENITENCIARIA. (UNIDAD DIDÁCTICA III): RELACIONES DEL INTERNO CON EL EXTERIOR. (UNIDAD DIDÁCTICA IV): CLASIFICACIÓN EN GRADOS Y REGÍMENES DE VIDA. (UNIDAD DIDACTICA V): CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE LAS PENAS. (UNIDAD DIDÁCTICA VI): TRATAMIENTO PENITENCIARIO: ACTIVIDIDADES Y RECURSOS. (UNIDAD DIDÁCTICA VII): PERMISOS DE SALIDA. (UNIDAD DIDÁCTICA VIII): LIBERTAD CONDICIONAL Y BENEFICIOS PENITENCIARIOS. (UNIDAD DIDÁCTICA IX): LIBERTAD Y EXCERCALACION

UNIDAD DIDÁCTICA I: EL INGRESO EN PRISIÓN.................... 23 1. INGRESO EN UN CENTRO PENITENCIARIO ........................ 23 1.1.

INGRESO DE DETENIDOS, PRESOS Y PENADOS .................... 23

1.1.1. Orden de Detención de la Policía Judicial y del

Ministerio Fiscal...................................................................................... 24

1.1.2. Presentación Voluntaria ............................................................. 25

1.1.3. Mandamiento de Prisión............................................................. 25 1.2. 1.3.

SUPUESTO DE INCOMUNICACIÓN JUDICIAL ............................ 26

PROCEDIMIENTO DE INGRESO .................................................. 27

1.3.1. Particularidades Relativas al Ingreso en un Centro

Penitenciario ............................................................................... 27

1.4.

MODELO DE INTERVENCIÓN Y PROGRAMA DE TRATAMIENTO........ 29

UNIDAD DIDÁCTICA II: LA RELACIÓN

JURÍDICO-PENITENCIARIA........................................................... 30

1. LA RELACIÓN JURÍDICO-PENITENCIARIA.

CONCEPTO Y NATURALEZA ........................................................ 30

2. ESTATUTO JURÍDICO DEL INTERNO. DERECHOS ............ 31 12

Legislación Penitenciaria 2.1. 2.2. 2.3.

DERECHOS FUNDAMENTALES ................................................... 33

DERECHOS COMO CIUDADANOS .............................................. 33

DERECHOS PENITENCIARIOS .................................................... 34

2.3.1. Catálogo General de Derechos Recogidos en la

L.O.G.P. y en el Reglamento Penitenciario................................ 34

2.3.2. Sistema de Protección y Régimen de Garantías de

los Derechos de los Internos ..................................................... 35

3. ESTATUTO JURÍDICO DEL INTERNO. DEBERES ............... 36 UNIDAD DIDÁCTICA III: RELACIONES DEL INTERNO

CON EL EXTERIOR ............................................................................ 38

1. RELACIÓN CON EL EXTERIOR .................................................... 38 1.1. COMUNICACIONES Y VISITAS......................................................... 38 1.1.1. Comunicaciones Orales (Arts. 42 a 44 R.P.).............................. 39 1.1.2. Comunicaciones Especiales (Íntimas, Familiares y de

Convivencia) (Art. 45 R.P.) ......................................................... 39

1.1.3. Comunicaciones Escritas (Art. 46 R.P.) ..................................... 40

1.1.4. Comunicaciones Telefónicas (Art. 47 R.P.) ................................ 41

1.1.5. Comunicaciones con Abogados y Procuradores (Art. 48 R.P.) .. 42 1.1.6. Comunicaciones con Autoridades y Profesionales (Art. 49 R.P.) 42

1.2. RECEPCIÓN DE PAQUETES Y ENCARGOS ................................... 43 1.3. CONSIDERACIONES A TENERSE EN CUENTA PARA LAS “COMUNICACIONES Y VISITAS” Y LA “RECEPCIÓN DE

PAQUETES Y ENCARGOS” .............................................................. 44

UNIDAD DIDÁCTICA IV: CLASIFICACIÓN EN GRADOS

Y REGÍMENES DE VIDA .................................................................. 48

1. CLASIFICACIÓN EN GRADOS ...................................................... 48 1.1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA...

48

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP 1.2.

CLASIFICACIÓN DE LOS PENADOS............................................ 48

1.2.1. Revisión de la Clasificación Inicial ............................................. 49

1.2.2. Regresión Provisional ................................................................ 50

1.2.3. Casos Especiales....................................................................... 50

1.2.4. Principio de Flexibilidad.............................................................. 51 1.2.5. Grados de Clasificación ............................................................. 51

1.3. LA CENTRAL PENITENCIARIA DE OBSERVACIÓN....................... 53

2. REGÍMENES DE VIDA ....................................................................... 53 2.1. RÉGIMEN ORDINARIO...................................................................... 53

2.2. RÉGIMEN ABIERTO........................................................................... 54

2.3. RÉGIMEN CERRADO ........................................................................ 55

2.4. RÉGIMEN DE PREVENTIVOS........................................................... 57

UNIDAD DIDÁCTICA V: CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO

Y EFECTIVO DE LAS PENAS ........................................................ 57

1. REGLAS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS EN LOS SUPUESTOS DE CONCURRENCIA

DE DOS O MÁS PENAS .................................................................... 57 2. REFERENCIA A LA I 2/2005, DEL C.D. SOBRE

CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE LAS PENAS 60

2.1. EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN EN TERCER GRADO

DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO ................................................ 60

2.2. EN MATERIA DE LIBERTAD CONDICIONAL .................................... 62

2.3. EN MATERIA DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS .......................... 62

UNIDAD DIDÁCTICA VI: TRATAMIENTO PENITENCIARIO:

ACTIVIDADES Y RECURSOS ........................................................ 63

1. CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS INSPIRADORES.......... 63 2. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL TRATAMIENTO

PENITENCIARIO ................................................................................. 64

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Legislación Penitenciaria 2.1. 2.2.

REFERENCIA A DISTINTAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 65

LA FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMO ELEMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE TRATAMIENTO ......... 67

2.2.1. Enseñanza Obligatoria (Arts. 122 y 123 R.P.) ........................ 67

2.2.2. Otras Enseñanzas .................................................................... 68 2.2.3. Formación Profesional, Sociocultural y Deportiva ............... 69

UNIDAD DIDÁCTICA VII: PERMISOS DE SALIDA ..................... 70 1. FINALIDAD. NATURALEZA JURÍDICA Y EFECTOS ........... 70

2. CLASES, DURACIÓN Y REQUISITOS DE LOS PERMISOS.......... 71 3. AUTORIZACIÓN .................................................................................. 72

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN ............................................ 73 5. CAUSAS DE DENEGACIÓN ............................................................ 74

6. SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN .................................................... 74 7. EVALUACIÓN DEL PERMISO. LA CONDICIÓN .................75

8. NO REINCORPORACIÓN TRAS EL DISFRUTE DEL PERMISO ...................................................................................... 75 UNIDAD DIDÁCTICA VIII: LIBERTAD CONDICIONAL Y

BENEFICIOS PENITENCIARIOS .................................................. 76

1. LIBERTAD CONDICIONAL ..........................................................76 1.1.

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN: LIBERTAD

1.2.

LIBERTAD CONDICIONAL ADELANTADA ORDINARIA

1.3.

LIBERTAD CONDICIONAL ANTICIPADA POR MOTIVOS

1.4.

CONSIDERACIONES SOBRE CÓMPUTO DE TIEMPO

1.5.

LIBERTAD CONDICIONAL DE EXTRANJEROS.......................... 80

CONDICIONAL ORDINARIA ......................................................... 76 Y CUALIFICADA ............................................................................ 78

HUMANITARIOS ............................................................................ 79

CUMPLIDO A EFECTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL ............ 79

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP 1.6. 1.7.

EJECUCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL .......................... 81 SUSPENSIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL ....................... 82

1.8.

REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL....................... 82

2.1.

INDULTO PARTICULAR ................................................................ 83

2. BENEFICIOS PENITENCIARIOS .................................................. 83 UNIDAD DIDÁCTICA IX: LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN ..... 84

1. LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN ................................................... 84 1.1. 1.2.

LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN DE DETENIDOS Y PRESOS ... 85

LIBERTAD DE PENADOS ............................................................. 86

1.3.

CIRCUNSTANCIAS A OBSERVARSE POR LA OFICINA DE

1.4.

CERTIFICACIÓN Y AYUDAS A LA EXCARCELACIÓN ............... 89

GESTIÓN RESPECTO A LAS LIBERTADES CONFORME A I. 1/2005.... 88

1.5.

ENTREGA AL LIBERADO DE SU PECULIO, OBJETOS

DE VALOR Y PERTENENCIAS.................................................................. 92

MÓDULO III: ESPECIAL ESTUDIO A LA PROBLEMÁTICA DE EXTRANJERÍA 1. RÉGIMEN JURÍDICO DE EXTRANJEROS ............................... 94 1.1.

CONSECUENCIAS PENALES DE LAS CONDUCTAS

DELICTIVAS COMETIDAS POR EXTRANJEROS EN ESPAÑA.. 94

1.1.1. Expulsión Judicial.................................................................... 94 1.1.2. Expulsión Administrativa o Gubernativa con

Autorización Judicial ................................................................ 96

1.1.3. Expulsión Administrativa o Gubernativa con Posterioridad

al Cumplimiento de la Condena .............................................. 96

16

Legislación Penitenciaria 2. TRÁMITES A SU INGRESO. PROCEDIMIENTOS .............97 2.1.

ESPECIAL REFERENCIA A LOS DERECHOS DE LOS

2.2.

EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES POR

INTERNOS EXTRANJEROS ......................................................... 99 PENADOS EXTRANJEROS. (DISPOSICIÓN ADICIONAL

PRIMERA DEL R.D. 2393/2004; ACUERDO DEL CONSEJO

DE MINISTROS)............................................................................. 101

2.3.

BREVE REFERENCIA A LA NORMATIVA INTERNACIONAL

APLICABLE EN MATERIA DE EXTRANJEROS .......................... 102

MÓDULO IV: SEGURIDAD Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO: SEGURIDAD INTERIOR. MEDIOS COERCITIVOS. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y RECOMPENSAS 1. SEGURIDAD INTERIOR ................................................................... 105 1.1.

BREVE COMENTARIO SOBRE ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL EN QUE SE BASA LA

SEGURIDAD INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS ............ 105

2. MEDIOS COERCITIVOS ................................................................... 109 2.1.

ANÁLISIS SOBRE LA PROPORCIONALIDAD Y PERTINENCIA

EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS COERCITIVOS....................... 110

3. RÉGIMEN DISCIPLINARIO ............................................................. 111 3.1.

FALTAS Y SANCIONES................................................................. 111

3.1.1. Clasificación de las Faltas....................................................... 111

3.1.2. Determinación de las Sanciones. Reglas Generales ............ 114 3.2.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. PRINCIPIOS EN QUE

3.3.

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES .............................................. 117

SE FUNDAMENTA .......................................................................1 15

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP 3.4.

PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN.............................................. 119

3.4.1. Prescripción de Faltas y Sanciones ....................................... 119

3.4.2. Cancelación de las Anotaciones de las Sanciones .............. 119

3.4.3. Extinción Automática de las Sanciones................................. 119

3.4.4. Reducción de Plazos y Efectos de la Cancelación ............... 120

4. RECOMPENSAS ............................................................................120

MÓDULO V: ORGANIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS. ÓRGANOS COLEGIADOS

1. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

Y DE CENTRO PENITENCIARIO .................................................. 121 1.1.

CLASES DE ESTABLECIMIENTOS .............................................. 121

2. ORGANIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LOS

CENTROS PENITENCIARIOS. ÓRGANOS COLEGIADOS. 123

2.1.

2.2.

MODELO ORGANIZATIVO PENITENCIARIO DE ÓRGANOS

COLEGIADOS................................................................................ 124

ÓRGANOS COLEGIADOS ............................................................ 127

2.2.1. Consejo de Dirección (Art. 270 y 271 R.P.) ............................ 127 2.2.2. Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos

(Arts. 272 a 275 R.P.)................................................................. 127

2.2.3. Comisión Disciplinaria (Arts. 276 y 277 R.P.) ........................ 129

2.2.4. Junta Económico-Administrativa (Arts. 278 y 279 R.P.) ....... 129

3. BREVE REFERENCIA A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES

EL DIRECTOR ....................................................................................... 130

3.1.

18

EL DIRECTOR................................................................................ 130

Legislación Penitenciaria MÓDULO VI: FORMAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN: FÓRMULAS APLICABLES A INTERNOS CLASIFICADOS EN TERCER GRADO DE TRATAMIENTO. ESTABLECIMIENTOS O DEPARTAMENTOS MIXTOS. DEPARTAMENTOS PARA JÓVENES. UNIDADES DE MADRES. CUMPLIMIENTO EN UNIDADES EXTRAPENITENCIARIAS. ESTABLECIMIENTOS O UNIDADES PSIQUIÁTRICAS PENITENCIARIAS

1. FORMAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN .................................. 133 1.1.

FÓRMULAS APLICABLES A INTERNOS CLASIFICADOS EN

TERCER GRADO ....................................................................................... 133

1.1.1. Centros de Inserción Social .................................................... 134 1.1.2. Unidades Dependientes........................................................... 134 1.1.3. Otras Fórmulas de Ejecución aplicables a Internos

clasificados en Tercer Grado................................................... 135

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

ESTABLECIMIENTOS O DEPARTAMENTOS MIXTOS................ 136

DEPARTAMENTOS PARA JÓVENES ........................................... 136

UNIDADES DE MADRES............................................................... 137

UNIDADES EXTRAPENITENCIARIAS.......................................... 138

ESTABLECIMIENTOS O UNIDADES PSIQUIÁTRICAS

PENITENCIARIAS.......................................................................... 138

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP MÓDULO VII: EL FUNCIONARIO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: NORMATIVA APLICABLE. ESTATUTO JURÍDICO. DERECHOS Y DEBERES. EL FUNCIONARIO EN EL PROCESO PENAL 1. LOS FUNCIONARIOS DE II.PP. NORMATIVA APLICABLE ..... 141 1.1.

ESPECIAL REFERENCIA AL CUERPO DE AYUDANTES DE II.PP.... 142

1.1.1. Asignación de Puestos de Trabajo a Determinados

Funcionarios del Área de Vigilancia de II.PP. por Razón

de Edad (Derecho Específico de Funcionarios de II.PP.)...... 144

2. ESTATUTO JURÍDICO DEL FUNCIONARIO DE II.PP.:

DERECHOS Y DEBERES.................................................................. 145 2.1.

DERECHOS.................................................................................... 146

2.2.

DEBERES....................................................................................... 152

3.1.

EL FUNCIONARIO EN LOS ACTOS DE INICIACIÓN DEL

3.2.

EL FUNCIONARIO EN LOS ACTOS DE TRAMITACIÓN EN EL

3.3.

EL FUNCIONARIO EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

3.4.

EL FUNCIONARIO EN EL ÁMBITO PUNITIVO POR COMISIÓN

3. EL FUNCIONARIO EN EL PROCESO PENAL ......................... 154

3.5.

PROCEDIMIENTO PENAL ............................................................ 154

PROCEDIMIENTO PENAL ............................................................ 155

Y PENAL ........................................................................................ 155

DE DELITOS .................................................................................. 156 LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS

PÚBLICOS ..................................................................................... 156

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Legislación Penitenciaria MÓDULO VIII: CASOS PRÁCTICOS. JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA CITAS SOBRE JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA ................ 159

• • • • •

• •

REFERENCIA A LA S.T.C. 57/2008, POR LA QUE SE RECONOCE EL ABONO DE PRISIÓN

PROVISIONAL CONJUNTAMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE PENA DE PRISIÓN...............................................................................................159

REFERENCIA A SENTENCIA DEL T.E.D.H. SOBRE CONSIDERACIÓN DEL HACIMIENTO EN CELDA COMO TRATO DEGRADANTE ................160 REFERENCIA A ALGUNAS DE LAS SENTENCIAS Y AUTOS MÁS

RECIENTES EN RELACIÓN A LA PROCEDENCIA O NO DE SUSTITUIR LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD IMPUESTA POR LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL A LOS EFECTOS DE LO REGULADO

EN EL VIGENTE ART. 89 DEL CÓDIGO PENAL ..................................... 161

CITA COMENTADA SOBRE EL DERECHO A ACCEDER A DATOS

DEL EXPEDIENTE PERSONAL Y A OBTENER COPIAS DEL MISMO .. 163 CITAS EN REFERENCIA A DISTINTOS TEMAS RELACIONADOS

CON EL CONTENIDO DEL CURSO OBJETO DE ESTUDIO................... 164

CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN

MÓDULOS I AL III............................................................................................. 176

MÓDULOS IV AL VII ......................................................................................... 181

SOLUCIONES CUESTIONARIOS .................................................................... 186

21


22


MÓDULO I. LAS PENAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y PRIVATIVAS DE DERECHOS: CLASES

1.

1.1.

LAS PENAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. CONCEPTO Y FINES. CLASES Y EFECTOS

CONCEPTO Y FINES. EL ARTÍCULO 25.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CONTENIDO Y ANÁLISIS

Podemos definir la pena como la “Privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito”.

No se reputan penas (Art. 34 del C. Penal): La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal; las multas y demás correcciones en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias y las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las Leyes civiles o administrativas.

Los fines de las penas, sin obviar la satisfacción de la víctima del delito son la “Prevención General” y la “Prevención Especial”.

Prevención General: Opera sobre la colectividad en la forma siguiente:

a) Intimidación general: La pena tiene un efecto intimidante que sirve de freno a la tentación de cometer un hecho delictivo.

b) La pena restablece la tranquilidad, la opinión pública de seguridad.

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP Prevención Especial: Opera sobre el individuo que ha delinquido en la forma siguiente:

a) Advertencia e intimidación individual.

b) Reeducación: Actúa sobre el culpable para conseguir su readaptación social.

c) Inocuación o neutralización: Elimina de la convivencia social al peligroso. El Art. 25.2 C.E. se inclina por los objetivos de la prevención especial, no rechazando tampoco los fines de la prevención general.

Aunque los textos legales no lo recogen expresamente, no cabe duda de que en el Derecho Penal, la imposición de una pena también tiene una Finalidad Retributiva. Es decir, supone la imposición al individuo de una expiación por la comisión de un hecho delictivo, en cuanto al actuar de forma contraria al orden jurídico establecido, se hace merecedor de tal castigo.

La Constitución Española de 1978 recoge los principios de ejecución penal, (Arts. 117.3 y 4) y da al Estado la competencia exclusiva sobre la Legislación Penitenciaria, (Art. 149.6), fijando las líneas generales de ejecución de penas y medidas de seguridad privativas de libertad en su Artículo 25.2, el cual constituye el norte de toda la normativa penitenciaria en nuestro ordenamiento jurídico y cuyo contenido es el siguiente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

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Legislación Penitenciaria Un análisis del contenido de dicho Art. 25.2 C.E. nos llevaría a las siguientes conclusiones: 1º) “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Dicho párrafo en especial relación al término “reeducación y reinserción social” suscita tres cuestiones a resolver:

a) ¿La reeducación y reinserción social constituye el fundamento de las penas o se trata de un criterio de ejecución penal?:

Al efecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado abiertamente manifestando que “No es posible transformar en derecho fundamental de la persona lo que no es sino un mandato al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, mandato a su vez del que no se derivan derechos subjetivos”. (Autos del T. C. 15/1984, de 11 de Enero; 739/1986, de 24 de Septiembre; 1112/1988, de 10 de Octubre y S.T.C 2/1987, de 21 de Enero).

El mismo Tribunal Constitucional ha establecido también por otra parte en reiteradas ocasiones que “Los fines reeducadores y resocializadores no son los únicos objetivos admisibles de la privación penal de libertad y que, por ello, no puede considerarse contrario a la Constitución la aplicación de penas que pudieran no responder exclusivamente a dicho punto de vista”. (Auto del T.C 985/1986, de 19 de Noviembre entre otros y S.T.C. 19/1988, de 16 de Febrero).

A su vez la doctrina dominante se inclina claramente por admitir que dicho párrafo va dirigido al ámbito penitenciario y que no implica un pronunciamiento sobre el fundamento de las penas privativas de libertad, argumentando para ello razones de orden sistemático y de consecuencia del derecho a la seguridad jurídica, extrayendo del mismo dos conclusiones importantes:

- Que el propósito de la norma es acoger el “principio de humanidad”, adaptándose a las condiciones generales de la vida en sociedad y contrarrestar las consecuencias nocivas de la privación de libertad. - Que la pena de prisión debe considerarse excepcionalmente frente a otras modalidades de sanciones. 25

Formación Contínua Acaip-Federación SAP b) ¿Por qué el legislador habla de reeducación y reinserción social en lugar de usar el término “prevención especial”?:

El término “prevención especial” no se utiliza porque es mucho más amplio que el de reeducación y reinserción social y por tanto requeriría de unos límites para evitar excesos que pudieran derivarse de un intento de conseguir los fines previstos por medio de una agravación desmedida del castigo o de unas formas de ejecución especialmente severas.

De hecho la prevención especial comprende la lucha contra la delincuencia a través de la intervención directa sobre el condenado, lo que se puede llevar a cabo mediante la “inocuación”, (reduciendo total o parcialmente las posibilidades de comisión de delitos por medio del aislamiento del delincuente), o “la motivación”, (conculcando al delincuente un comportamiento de acuerdo con las normas de Derecho).

La “motivación” puede conseguirse estimulando al sujeto a vivir conforme a la Ley por dos caminos diferentes:

- Negativamente: Por medio de la intimidación que comporta todo castigo, (Disuasión). - Positivamente: Por medio del conocimiento y estimulación de los valores sociales amparados por las normas penales, lo que le capacita para poder vivir conforme a las mismas e integrarse en la comunidad. (Resocialización).

c) ¿Qué significado tienen los términos reeducación y reinserción social?:

La reeducación supone compensar las carencias del recluso ofreciéndole todas las posibilidades necesarias para facilitar su aprendizaje de cara a que cuando se produzca su libertad sepa reaccionar debidamente. Para ello la Administración no sólo tiene la obligación de remover los obstáculos que impidan o dificulten su participación en la sociedad, (Art. 9.1 C.E.), sino que además debe entenderse que sobre la propia Institución Penitenciaria recae la obligación de suplir deficiencias anteriores encontradas por el recluido en el transcurso de su vida hasta su ingreso en prisión.

La reinserción social consiste en favorecer el contacto activo recluso-sociedad, para lo que la Administración Penitenciaria debe iniciar un proceso de 26

Legislación Penitenciaria recuperación de los contactos sociales del recluso, atenuando la pena cuando ello sea posible o bien haciendo que la vida en prisión se desarrolle en la forma que más se asemeje a la vida en libertad. Es decir, se trata de corregir los efectos nocivos del internamiento facilitando las relaciones individuo-sociedad. 2º) “El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria”. En cuanto a la redacción de este apartado, que a juicio de los comentaristas ha sido poco afortunado por cuanto parece establecer unas ciertas limitaciones en relación al número de personas aplicable, hay que hacer una primera puntualización:

-

-

Al decir: “El condenado a pena de prisión que estuviese cumpliendo la misma” debe entenderse que el término “prisión” no viene limitado a la pena como tal establecida por el derogado Código Penal de 1973, sino que comprende tanto a la pena privativa de libertad como a la medida cautelar de prisión y que abarcaría no solo al penado, sino también a los preventivos e incluso a los sometidos a medidas de seguridad privativas de libertad y a quienes cumplen privación de libertad por responsabilidad personal subsidiaria.

Al decir: “Gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo”, dichos derechos fundamentales son los recogidos en la Sección Primera, (Derechos y Libertades Públicas) y los derechos de los ciudadanos recogidos en la Sección Segunda del Capítulo II del Título I de la Constitución.

En referencia a las limitaciones de tales derechos, éstas han de estar por tanto supeditadas a: -

El contenido del fallo condenatorio: Al fijar las limitaciones temporales durante las que se producirán las restricciones establecidas por la naturaleza de la pena. (Las que conlleva el sentido de la pena). 27

Formación Contínua Acaip-Federación SAP -

-

El sentido de la pena: La naturaleza de la pena privativa de libertad no solo restringe el derecho a la libertad en un sentido estricto, ya que dentro de la prisión se le reconocen importantes parcelas de libertad, sino también otros derechos incompatibles con la vida en prisión como son el derecho de residencia, derecho de reunión, etc.

La Ley Penitenciaria: Por cuanto limita cualquier desarrollo reglamentario que pudiera suponer una mayor restricción de derechos, la cual no sería válida. 3ª) En todo caso tendrá derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios de la Seguridad Social así como el acceso a al cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

En relación a este último párrafo hay que tener en cuenta lo que al efecto señala la doctrina y la opinión dominante, avaladas a su vez por distintos Autos y Sentencias del Tribunal Constitucional, debiendo entenderse al efecto que se trata de derechos subjetivos de aplicación progresiva dependientes de las disponibilidades de la Administración, aunque ello no excluya la obligación de ésta de superar las trabas que dificulten su efectividad.

1.2.

CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS

A) POR SU NATURALEZA (Art. 32 C.P.)

Privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.

B) POR SU GRAVEDAD Y DURACIÓN (Art. 33 C.P.) Graves, menos graves y leves.

Las penas graves y menos graves están reservadas para los delitos, mientras que las penas leves sólo se imponen a los autores de faltas. Como criterio general, la gravedad se establece por la duración de las penas, en los casos en que una misma pena tiene distinta graduación. (Ver siguiente cuadro, conforme al Art. 33 C.P.). 28


PENAS

DURACIÓN DE LAS PENAS LEVES

MENOS GRAVES

GRAVES

De tres meses a cinco años

Superior a cinco años

PRISIÓN (De tres meses a veinte años). (Salvo lo que excepcionalmente se disponga en el C. Penal).

De seis años a veinte años. (Salvo lo que excepcionalmente se disponga en el C. Penal)

INHABILITACIÓN ABSOLUTA (De seis años a veinte años) INHABILITACIONES ESPECIALES (De tres meses a veinte años)



SUSPENSIÓN DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO (De tres meses a seis años)



PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES (De tres meses a diez años)

De tres meses a un año

De un año y un día a Superior a ocho años ocho años

PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS (De tres meses a diez años)

De tres meses a un año

De un año y un día a Superior a ocho años ocho años

29


PENAS

DURACIÓN DE LAS PENAS LEVES

MENOS GRAVES

GRAVES

PRIVACIÓN DEL DERECHO A RESIDIR EN De seis meses a cinco Inferior a seis meses Superior a cinco años DETERMINADOS años LUGARES... etc. (Hasta diez años) LOCALIZACIÓN PERMANENTE (Hasta 12 días)

De 1 a 12 días

PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN O COMUNICACIÓN De un mes a menos de De seis meses a cinco Superior a cinco años seis meses años (De un mes a diez años) TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (De un día a un año)

De 1 a 30 días

De 31 a 180 días

MULTA (DÍAS-MULTA) (De diez días a dos años)

De diez días a dos meses

Superior a dos meses

MULTA PROPORCIONAL

Siempre es menos grave, cualquiera que sea su cuantía.

RESPONSABILIDAD PERSONAL Tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la SUBSIDIARIA POR pena que sustituya. IMPAGO DE MULTA Las penas accesorias tendrán la duración que, respectivamente, tenga la pena principal INICIO DE COMPUTO EN LA DURACIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD (ART. 38) Cuando el reo estuviere preso: la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme. Cuando el reo no estuviere preso: la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento. 30

Legislación Penitenciaria En cuanto a las penas accesorias ha de tenerse en cuenta que en determinadas penas, su naturaleza varía según que estén expresamente impuestas para un delito, en cuyo caso tienen el carácter de principales, o la Ley declare que otras las llevan consigo con carácter de accesorias. La naturaleza de las mismas será grave, menos grave o leve, según sea la naturaleza de las penas principales por las cuales se imponen.

2.

CLASES DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Conforme al Art. 35 del Código Penal son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad subsidiaria por impago de multa. 2.1.

PRISIÓN

Regulada en el Art. 36 del Código Penal, podemos sistematizar el precepto conforme a los siguientes puntos:

• Duración: Tres meses a veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código Penal.

• Establecida para los delitos, no prevista para las faltas y puede ser: a) Grave: Superior a cinco años. b) Menos grave: De tres meses a cinco años.

• Como consecuencia de las reglas de determinación de la pena, puede llegar a tener una duración de 30 años (Art. 70.3.1º) y en los supuestos de concurso real de delitos una duración máxima de 40 años, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76.1.

• La L.O. 7/2003, de 30 de junio, reforma el Articulo 36 C. Penal introduciendo el llamado “periodo de seguridad”, según el cual, “Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”. 31

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Como excepción a lo anterior y para favorecer la reinserción, el Juez de Vigilancia, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, previa acreditación de los requisitos establecidos en el punto 2 del Artículo 36, salvo para delitos de terrorismo contemplados en los Arts. 571 al 580 C.P. o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Del llamado “período de seguridad” se tratará posteriormente más adelante. 2.2.

LOCALIZACIÓN PERMANENTE

La pena de Localización Permanente se introduce en el Código Penal por L.O. 15/2003, de 25 de Noviembre, estableciendo en el Art. 37 del mismo lo siguiente:

1. La Localización Permanente tendrá una duración de hasta 12 días. Su cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia. 2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el Ministerio Fiscal, el Juez o Tribunal Sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada. 3. Si el condenado incumpliera la pena, el Juez o Tribunal Sentenciador deducirá Testimonio para proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468 C.P. Ciñéndonos al contenido del Código Penal vemos que:

La pena de localización permanente de acuerdo con el artículo 35 del C.P., modificado por el apartado tercero del Artículo Único de la L.O. 15/2003, pasa a ser una pena privativa de libertad autónoma, leve (Artículo 33.4 g) C.P.) y generalmente alternativa, normalmente respecto de la pena de multa y en dos ocasiones respecto de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad (Art. 620 último párrafo y 626 del C.P.). Como pena principal y conjunta con la multa se prevé, entre otros, para la falta de perturbación leve de actos públicos (Art. 633 C.P.). 32

Legislación Penitenciaria Por otra parte también puede ser sustitutiva de responsabilidad personal subsidiaria en los términos establecidos en el Art. 53.1 del C. Penal, tratándose de faltas, no rigiendo en tal caso la limitación que en su duración establece el Art. 37.1 C.P. Las circunstancias de ejecución de la pena de Localización Permanente se establecen a través del R.D. 515/2005, de 6 de Mayo, (Arts. 12 al 15) y mediante la Instrucción 13/2005 del Centro Directivo sobre el procedimiento de ejecución (Verse).

2.3.

RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA POR IMPAGO DE MULTA

Prevista en el Art.53 del Código Penal para el caso en que el reo no satisficiere la multa en cualquiera de sus dos modalidades: a) Sistema de días multa

Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente. En este caso, no regirá la limitación que en su duración establece el art. 37.1 de este Código.

También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo. b) Multa proporcional

En los supuestos de multa proporcional los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder en ningún caso, de un año de duración. También podrá el Juez o Tribunal acordar, previa conformidad del penado, que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. 33

Formación Contínua Acaip-Federación SAP La responsabilidad personal subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años. Su cumplimiento extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado.

3.

CLASES DE PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS

Conforme al Art. 39 del Código Penal son penas privativas de derechos:

a)

La inhabilitación absoluta

c)

La suspensión de empleo o cargo público.

b)

d) e) f)

g) h) i)

Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.

La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. La prohibición de comunicarse con la víctima o aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. Los trabajos en beneficio de la comunidad.

De ellas, por su incidencia penitenciaria, haremos referencia a las cuatro últimas, es decir a la “privación del derecho a residir en determinados lugares o de comunicación con la víctima o sus familiares u otras personas” (a tenerse en cuenta en las relaciones con el exterior de los internos) y a los “trabajos en beneficio de la comunidad”.

34


3.1.

PRIVACIÓN DEL DERECHO A RESIDIR EN DETERMINADOS LUGARES O ACUDIR A ELLOS (ART. 48.1 C.P.)

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos y podrá tener una duración de hasta 10 años. (Ver cuadro expuesto sobre duración de las penas).

3.2.

PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN O COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA O SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS (ART. 48.2.3. C.P.)

La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena. Impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

Para su gravedad y duración se observarán las mismas circunstancias del apartado anterior.

NOTA: La posibilidad de adopción de estas medidas cautelares de privación del derecho a residir en determinados lugares o la posibilidad de comunicar con ellos se ha regulado por la Ley 27/2003, de 31 de Julio, que modifica el Artículo 13 de la LECrim. e introduce el Art. 544 ter., que desarrolla el procedimiento para adoptar esta y otras medidas cautelares en el ámbito de protección a las víctimas de la violencia doméstica. (B.O.E. 1 de Agosto de 2.003) Aunque esta Ley solamente acota dichas medidas para ese tipo 35

Formación Contínua Acaip-Federación SAP especial de víctimas, supone en nuestro derecho una novedad al regular la adopción de medidas cautelares penales y civiles. Entre las primeras se recogen las señaladas en el Artículo 48 del C. Penal. 3.3.

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

De conformidad con lo regulado en el Art. 33 C.P. dicha pena puede ser Menos Grave y Leve, cabiendo imponer las siguientes:

Menos Grave: ………… De 31 a 180 días.

Leve: ………….………... De uno a 30 días.

Su duración a tenor de lo establecido en el Art. 40 del C.P. (principio de especialidad) será de un día a un año. A los efectos de lo previsto en el Art. 49 del Código Penal se considerarán trabajos en beneficio de la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las victimas. Su duración diaria no podrá exceder de 8 horas, siendo características de dicha pena, las siguientes:

a)

-

36

No se trata de una pena autónoma, es decir, no se podrá imponer en cualquier caso por el Juez o Tribunal, toda vez que se requiere previamente consentimiento del penado. (Caso contrario se trataría de trabajos forzados). (Art. 49 C.P.), pudiendo ser a su vez sustitutoria de otras, en concreto:

De la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa a razón de una jornada de trabajo por cada día de privación de libertad. (Art. 53.1 C.P.)

De la prisión que no exceda de un año o excepcionalmente, de dos, a reos no habituales, a razón de una jornada de trabajo por cada día de prisión para condenas de hasta un año, o de dos jornadas por cada día de prisión para condenas superiores a un año. (Art. 88.1 C.P.).

Legislación Penitenciaria b)

c)

d) e)

Su ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, Entidad pública o Asociación de interés general en que se presten los servicios. No atentará a la dignidad del penado.

El trabajo será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los Convenios oportunos a tal fin.

Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social. (Ver Arts. 22 y 23, del R.D. 782/2001, de 6 de Julio).

f)

No se supeditará al logro de intereses económicos.

1)

Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

La ejecución como se ha visto se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, correspondiendo su seguimiento a los Servicios Sociales penitenciarios, que de acuerdo con lo regulado en el Art. 49 C.P. hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

2) 3) 4)

A pesar de los requerimientos del responsable del Centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma. Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el Centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo Centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro Centro o entender que el penado ha incumplido la pena. En caso de incumplimiento, se deducirá Testimonio para proceder de conformidad con el Art. 468 C.P. 37

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto. Ver Arts. 3 al 11 R.D. 515/2005, de 6 de Mayo respecto de las circunstancias de su ejecución.

38


MÓDULO II. EL INTERNO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO: PERSPECTIVA CRONOLÓGICA. (UNIDAD DIDÁCTICA I): EL INGRESO EN PRISIÓN. (UNIDAD DIDÁCTICA II): LA RELACIÓN JURÍDICO – PENITENCIARIA. (UNIDAD DIDÁCTICA III): RELACIONES DEL INTERNO CON EL EXTERIOR. (UNIDAD DIDÁCTICA IV): CLASIFICACIÓN EN GRADOS Y REGÍMENES DE VIDA. (UNIDAD DIDACTICA V): CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE LAS PENAS. (UNIDAD DIDÁCTICA VI): TRATAMIENTO PENITENCIARIO: ACTIVIDIDADES Y RECURSOS. (UNIDAD DIDÁCTICA VII): PERMISOS DE SALIDA. (UNIDAD DIDÁCTICA VIII): LIBERTAD CONDICIONAL Y BENEFICIOS PENITEN-CIARIOS. (UNIDAD DIDÁCTICA IX): LIBERTAD Y EXCERCALACION.

MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA I: EL INGRESO EN PRISIÓN 1.

INGRESO EN UN CENTRO PENITENCIARIO

El ingreso en un Centro Penitenciario requiere de unas formalidades legales, así el Art. 15.1 de la L.O.G.P. establece: “el ingreso de un detenido, preso o penado, en cualquiera de los Establecimientos Penitenciarios se hará mediante Mandamiento u Orden de la Autoridad competente, excepto en el supuesto de ingreso o presentación voluntaria, que será inmediatamente comunicado a la Autoridad Judicial, quien resolverá lo procedente, y en los supuestos de estados de alarma, excepción o sitio en los que se estará a lo que dispongan las correspondientes Leyes Especiales”. 39

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Ello viene regulado en el Reglamento Penitenciario en sus Arts. 15 a 21 y, dejando a un lado, el proceder en los supuestos de estados de alarma, excepción y sitio por su excepcionalidad, (Ver C.E. y L.O. 4/1981, de 1 de Junio, de los Estados de Alarma, Excepción y de Sitio, mediante la cual se pueden suspender derechos fundamentales, pudiendo alcanzar la detención preventiva incluso hasta diez días) nos vamos a centrar en las formas de ingreso establecidas, es decir, en calidad de detenido, preso o penado.

1.1. •

•

•

INGRESOS DE DETENIDOS, PRESOS Y PENADOS DETENIDO: Persona que ingresa en un Centro Penitenciario a disposición de una Autoridad Judicial en trámite de que ésta decida acerca de su prisión o libertad. La duración máxima de la detención se establece en 72 horas. (Art. 497 LECrim.).

PRESO: Persona privada provisionalmente de libertad e ingresada en un Establecimiento Penitenciario como presunto responsable de un hecho que reviste caracteres de delito, a fin de asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la pena que pudiera recaerle, quedando a disposición de dicha Autoridad Judicial. (Art. 502 y ss LECrim.).

PENADO: Persona que ha sido condenada, en Sentencia firme, por una Autoridad Judicial, a una pena o medida de seguridad.

Dicho ingreso se efectuará mediante Orden Judicial de detención, Mandamiento de prisión o Sentencia firme de la Autoridad Judicial competente, respectivamente, salvo en los supuestos de detenidos por Orden procedente de la Policía Judicial, (15.2 R.P.), o por Acuerdo del Ministerio Fiscal, (Art. 15.3 R.P.), y en los casos de “presentación voluntaria” regulados en el Art. 16 R.P., para lo que habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:

40


1.1.1. Orden de Detención de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal Orden de detención de la Policía Judicial (Art. 15.2 R.P. y Art. 497 LECrim.).

Deberán constar en la Orden de detención: Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a disposición judicial y hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.

Orden de detención del Ministerio Fiscal (Art. 15.3 R.P. y 17.2 C.E.).

Deberán constar en la Orden de detención: Datos identificativos de las diligencias de investigación y momento de vencimiento del plazo máximo de detención.

Cuando la Orden de detención proceda de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, el Director comunicará el ingreso a la Autoridad Judicial competente por el medio más rápido disponible que deje constancia (fax), dentro de las 24 horas siguientes a su ingreso. (Solicitud de legalización). El Director puede denegar motivadamente el ingreso si no constan expresamente los extremos citados.

Comentario a dichas formas de ingreso:

La Orden de detención de la Policía Judicial ha de entenderse que se produce por estar ello avalado judicialmente, (Orden de busca y captura), de ahí los requisitos exigibles para la admisión del interno, todo ello en base a lo regulado en el Art. 497 LECrim, corriendo las 72 horas de vencimiento del plazo máximo de detención desde el momento en que ésta se realiza y no desde el ingreso en prisión, toda vez que el reo ya está puesto a disposición judicial.

En cuanto a la Orden de detención por el Ministerio Fiscal, forma de ingreso atípico e infrecuente, (facultad que se confiere al Ministerio Fiscal para el esclarecimiento de los hechos, pudiendo ordenar la detención preventiva conforme a lo regulado en el Art. 5 de la Ley 50/1981, de 30 de Diciembre, Reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, modificada por la Ley 24/2007, de 9 de Octubre), hay que entender por tanto que el reo no está 41

Formación Contínua Acaip-Federación SAP puesto a disposición judicial, de ahí que los requisitos que deben constar sean la identificación de las diligencias de investigación y el momento del vencimiento del plazo máximo de detención, plazo que comenzará a computarse desde el momento en que se haya realizado la detención y no desde que se produce el ingreso, basándose dicha detención en lo regulado en el Art. 17.2 C.E. “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial”.

Así pues como vemos, a pesar de la coincidencia del plazo máximo de detención (72 horas), ambos plazos tienen un fundamento legal diferente, el del Art. 15.2 R.P. se basa en el Art. 497 LECrim. toda vez que ya está puesto a disposición judicial, y el del Art. 15.3 R.P. se basa en la garantía constitucional de ser puesto a disposición judicial dentro de tal plazo.

En los supuestos de ingresos mediante Orden de detención, por Autoridad Judicial, (Art. 497 LECrim), el vencimiento del plazo máximo de las 72 horas para su legalización comenzará a correr desde el momento de producirse el ingreso. 1.1.2. Presentación Voluntaria (Ar. 16 R.P.)

De penados. Se requiere copia por norma general del Testimonio de Sentencia o aportación de datos suficientes para su constatación y en todo caso, identificación personal. (También puede darse el caso de acompañamiento de Mandamiento Judicial). El Director recabará del Juez o Tribunal, dentro de las 24 horas siguientes al ingreso, el correspondiente Mandamiento así como en su caso, el Testimonio de Sentencia y Liquidación de condena.

De no penados: (Se requiere comprobación de los extremos precisos) (SIP).

Se procederá a la detención por parte del Funcionario penitenciario en funciones de Policía Judicial, (Arts. 283.7 y 492 LECrim), quien dará lectura de los derechos que asisten al detenido (Art. 520-2 LECrim) y redactará un atestado que remitirá al Juzgado de Guardia dentro de las 24 horas siguientes al ingreso. (La detención por parte de funcionarios de II.PP. no debe entenderse como una potestad entendida en el sentido amplio de la LECrim., sino como técni42

Legislación Penitenciaria camente posible sólo en determinados supuestos en los que se les confiere la consideración de Policía Judicial).

En ambos supuestos (penados y no penados) se hará constar expresamente la presentación voluntaria en el expediente personal del interno y transcurridas 72 horas siguientes al ingreso sin haberse producido su legalización, se procederá a su excarcelación.

Cuando se trate de internos evadidos, si el Establecimiento en el que deciden ingresar es distinto del originario, se solicitará del Centro del que se hubiesen evadido los datos necesarios de su expediente personal, sin perjuicio de lo que se determine en torno a su destino o traslado. No obstante todo lo anterior, habrá de entenderse respecto de la presentación voluntaria de penados a que se hace referencia en el Art. 16 R.P. que ello se lleva a cabo para el inicio de la ejecución de la condena impuesta, de ahí la solicitud de legalización correspondiente y en caso contrario la excarcelación por el Director. En caso de que la presentación voluntaria del penado fuera procedente de quebrantamiento de condena, habría de procederse a su detención en los mismos términos que el no penado y no se solicitaría legalización de su situación, sino que se comunicaría el ingreso con la fecha del reinicio de la pena al Juez o Tribunal Sentenciador requiriendo la remisión de la nueva Liquidación de Condena rectificada. 1.1.3. Mandamiento de Prisión

El ingreso de una persona en calidad de preso sólo procede mediante acompañamiento del correspondiente Mandamiento de Autoridad Judicial competente, expidiéndose conforme al Art. 511.1.º LECrim, dos Mandamientos, uno para la Policía o Agente Judicial, en su caso, que haya de ejecutarlo, y otro dirigido al Director del Establecimiento que deba recibir al preso.

El Art. 511.2.º LECrim., dice a su vez, “los Directores de los Establecimientos no recibirán a ninguna persona en condición de preso sin que se les entregue Mandamiento de prisión”.

A dichos efectos deberá tenerse también en cuenta el Art. 222 de la L.O. 2/1989, de 13 de Abril, Procesal Militar, “Si no es posible la permanencia del preso en Establecimiento Militar, la prisión preventiva se sufrirá en Estable43

Formación Contínua Acaip-Federación SAP cimiento Común, con absoluta separación de los demás detenidos y presos. Las mismas reglas se seguirán aunque la prisión hubiera sido acordada por Autoridades Judiciales no militares”.

La prisión provisional, de acuerdo con lo regulado en el Art. 504 LECrim. tendrá una duración máxima de:

- Seis meses: cuando ésta se hubiere acordado para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebas relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, con independencia de la pena privativa de libertad que tuviere señalada el delito. - Un año prorrogable en seis meses más o dos años prorrogables en otros dos años más, según la pena privativa de libertad que tuviere señalada el delito fuere igual o inferior a tres años, o superior a tres años, respectivamente, cuando esta se hubiere acordado para cualquiera de los supuestos establecidos en el Art. 503 LECrim. salvo para el contemplado en el apartado anterior.

Si fuere condenado el imputado, (sentencia definitiva pero no sentencia firme), la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida.

1.2.

SUPUESTOS DE INCOMUNICACIÓN JUDICIAL

De producirse el ingreso con orden de incomunicación judicial, el Director del Establecimiento es el garante de su cumplimiento y por tanto responsable de ello ante el órgano jurisdiccional, estableciendo el Art. 19 R.P. para estos casos que el interno pasará a ocupar una celda individual en el departamento que el Director disponga y será reconocido por el Médico y atendido exclusivamente por los funcionarios encargados de aquél. Únicamente podrá comunicar con las personas que tengan expresa autorización del Juez. Cuando la orden de incomunicación no especifique nada al respecto, el Director recabará la autorización del Juez para que el interno incomunicado pueda disponer de aparatos de radio o televisión, prensa escrita y recibir correspondencia. 44

Legislación Penitenciaria La incomunicación judicial se regula en los Arts. 509 y 510 LECrim., cabiendo resaltar al respecto:

·

· ·

La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el Art. 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días. No obstante, en estos mismos casos, el Juez o Tribunal que conozca de la causa podrá mandar que vuelva a quedar incomunicado el preso, aun después de haber sido puesto en comunicación, siempre que el desenvolvimiento ulterior de la investigación o de la causa ofreciese méritos para ello. Esta segunda incomunicación no excederá en ningún caso de tres días.

Se permitirá al preso contar con los efectos que él se proporcione siempre y cuando a juicio de Juez o Tribunal no frustren los fines de la incomunicación.

El preso no podrá realizar ni recibir comunicación alguna. No obstante, el Juez o Tribunal podrá autorizar comunicaciones que no frustren la finalidad de la prisión incomunicada y adoptará, en su caso, las medidas oportunas.

Asimismo el detenido o preso, mientras se halle incomunicado, no podrá disfrutar de los derechos a que hace referencia el Capítulo IV del Título V de la LECrim. referido al “Ejercicio del Derecho de Defensa, Asistencia de Abogado y Tratamiento de los Detenidos y Presos”, (Arts. 520 a 527), con excepción de los establecidos en el Art. 520, con las siguientes modificaciones:

a)

En todo caso, su Abogado será designado de oficio.

c)

No tendrá derecho a entrevistarse reservadamente con su Abogado al término de la práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.

b)

No tendrá derecho a poner en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.

45


1.3.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO

Admitido el ingreso previa identificación del mismo y de la documentación que le acompaña, constatando su corrección, se procederá de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 R.P., teniendo en cuenta en cuanto a efectuar la reseña alfabética y dactilar, así como en relación a otras circunstancias lo establecido al efecto tras la implantación del Sistema de Identificación Automatizado (SIA). Así tenemos: la captura de las reseñas dactilares, fotográficas, verificación de la identificación, y demás datos alfanuméricos de filiación, procesales y penales y la gestión diaria de los mismos se realizará en el Departamento de Ingresos de cada uno de los Centros Penitenciarios, a través del sistema SIA.

La identificación de todos los internos, al ingreso y salida, de los Centros Penitenciarios se realizará, en todos los casos, a través de la reseña dactilar y fotográfica. En ingresos procedentes de libertad, cuando se trate del primer ingreso se deberán cumplimentar todos los datos contenidos en la ficha alfadecadactilar – datos alfanuméricos (filiación, procesales, penales, etc.), la reseña dactilar de los diez dedos, fotográfica y persona de contacto. En otros casos bastará verificar la identidad de los internos y actualizar los datos en función del tiempo transcurrido, cambio de datos personales, captura de nuevas fotografías, etc.

Los ingresos procedentes de libertad se comprobará si ya existen en el SIP, si la búsqueda resulta positiva se recuperará expediente NIS y se grabará movimiento de alta. Por el contrario, si la búsqueda es negativa, se solicitará expediente NIS, se grabarán los datos mínimos: nombre y apellidos, sexo y nacionalidad y a continuación se grabará movimiento de alta. 1.3.1. Particularidades Relativas al Ingreso en un Centro Penitenciario ·

46

Además de la verificación de la identidad personal del ingresado y de cumplimentar las reseñas alfabética, dactilar y fotográfica, se procederá a la inscripción en el Libro de Ingresos y cacheo de su persona y

Legislación Penitenciaria registro de sus efectos, retirándose los enseres y objetos no autorizados. Se adoptarán las medidas de higiene personal necesarias y se entregará al interno las prendas de vestir adecuadas que precise, firmando su recepción.

·

·

·

·

Por el Funcionario de la Unidad de Ingresos se distribuirá a los ingresados en las celdas del Departamento siguiendo en lo posible los criterios de separación penitenciaria establecidos (Art. 16 L.O.G.P. y Art. 99 R.P.) y se procurará que el ingreso se lleve a cabo con la máxima intimidad posible, a fin de reducir los efectos negativos de los primeros momentos en prisión.

Respecto de la separación de los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los militares que sean internados en Establecimientos Penitenciarios comunes, deberá observarse lo dispuesto en la legislación correspondiente. (Al efecto, dichos internos estarán separados de los demás). Art. 22 Ley Procesal Militar y Art. 8 de la L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los jóvenes menores de veintiún años sólo podrán ser trasladados a los Departamentos de Adultos cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.

Los internos extranjeros tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las Autoridades Diplomáticas o Consulares su ingreso en prisión. Se les informará de éste derecho, recabando por escrito su autorización para proceder, en su caso, a tal comunicación. (Art. 15.5 R.P.). El ingreso se comunicará a la Comisaría Provincial con objeto de la obtención del NIE, (Número de Identidad de Extranjeros).

Las mujeres con hijos menores de 3 años que las acompañen en el momento del ingreso serán admitidas por la Dirección. Si la madre solicita mantener al hijo en su compañía dentro de la prisión, deberá acreditarse debidamente, la filiación del menor y que la situación no entraña riesgo para el menor. La decisión adoptada se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

47

Formación Contínua Acaip-Federación SAP ·

·

48

Los ingresos de transexuales se regirán por lo dispuesto en la Instrucción 7/2006, mediante la que se incluye el criterio de “Identidad psicosocial de género”, pudiendo solicitarse por aquellos cuya identidad de sexo oficial no coincida con su identidad psicosocial de género, el reconocimiento de ésta última a los efectos de la separación interior conforme a lo establecido en el Art. 16 de la L.O.G.P. No obstante, habrá de tenerse en cuenta que dicho reconocimiento no implica una nueva identidad jurídica. El reconocimiento una vez validado conlleva los siguientes derechos a la dignidad personal y respeto a la identidad reconocida, incluido el internamiento en los Centros o Módulos correspondientes; la práctica de cacheos por métodos electrónicos y, en todo caso, con respeto a la identidad de género reconocida; acceso a los servicios especializados de salud para el proceso de transexualización; tratamiento endocrinológico; igualdad y no discriminación con el resto de personas encarceladas en el acceso a los servicios penitenciarios, a la formación profesional o al trabajo penitenciario.

Conforme al Art. 49 L.O.G.P. los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre el régimen del Establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. A quienes no puedan entender la información por el procedimiento indicado, les será facilitada por otro medio adecuado (Ver Art. 52 R.P.). Al efecto se les deberá entregar un ejemplar donde se contenga tal información y cuyo recibí se hará constar en el expediente personal dado que gran cantidad de futuras incidencias motivo de infracciones disciplinarias se basan en el presunto desconocimiento de tales normas. La información también abarcará, si lo solicita el interno, cuestiones referentes a su situación procesal, penal y penitenciaria.

Legislación Penitenciaria Los lotes higiénicos a entregar a los ingresados, tendrán la siguiente composición:

•

Lote Ordinario Hombres (Mensual)

Lote Ordinario Mujeres (Mensual)

3 Rollos de papel higiénico 1 Pasta dental (50 g) 3 Maquinillas de afeitar (doble hoja) 1 Cubierto de plástico. 4 Preservativos. 4 Sobres de gel lubricante (hidrosoluble). 1 Botella de lejía (litro). 1 Gel (250 g). 1 Crema de afeitar 1 Pastilla de jabón (50 g)

4 Rollos de papel higiénico 1 Pasta dental (50 g). 1 Cubierto de plástico. 4 Preservativos. 4 Sobres de gel lubricante (hidrosoluble). 1 Botella de lejía (litro). 1 Gel (500 g). 1 Pastilla de jabón (50 g). 20 Compresas

1 Peine. 1 Cepillo dental. 1 Esponja. 1 Vaso de plástico duro.

1 Cepillo para el cabello. 1 Cepillo dental. 1 Esponja. 1 Vaso de plástico duro.

Lote Complementario Hombres (Anual)

1.4.

Lote Complementario Mujeres (Anual)

MODELO DE INTERVENCIÓN Y PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

Detenidos y presos (Art. 20.1 R.P.) •

•

Ocuparán una celda en el Departamento de Ingresos, donde serán examinados por el Médico a la mayor brevedad posible (dentro de las primeras 24 horas siguientes al ingreso según el Art. 214.1 R.P.).

Serán entrevistados por el Trabajador Social y por el Educador, a fin de determinar las áreas carenciales y necesidades del interno, quienes emitirán informe que contendrá: -

Propuesta de separación interior, o en su caso, de traslado a otro Centro. 49


Planificación educativa, sociocultural y deportiva y de actividades de desarrollo personal.

Si el Médico no dispusiera otra cosa, pasarán al Departamento que corresponda.

La Junta de Tratamiento, a la vista del informe emitido por el Trabajador Social y el Educador, y con respeto al principio de presunción de inocencia, elaborará el Modelo Individualizado de Intervención.

Penados (Art. 20.2 R.P.)

•

• •

Serán reconocidos por el Médico (dentro de las primeras 24 horas) y si se trata de nuevos ingresos permanecerán en el Departamento del Ingresos el tiempo suficiente para que el Psicólogo, el Jurista, el Trabajador Social y el Educador formulen propuesta de inclusión en uno de los grupos de separación interior.

El Director ordenará su traslado al Departamento que corresponda, previo informe médico.

La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, contrastará los datos del protocolo y formulará un Programa Individualizado de Tratamiento.

La estancia de preventivos o penados en el Departamento de Ingresos será como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad, dando cuenta de la prolongación al Juez de Vigilancia. (Art. 20.3 R.P.).

Ver entre otras normas, además de lo establecido al efecto para la oficina de Régimen, las siguientes:

- I. 5/2007. Sobre implantación del Sistema de Identificación Automatizado (SIA). - Art. 22 L.O.G.P.

- Catálogo de objetos prohibidos (SGT y GP) de 8-07-05. - Art. 51 R.P. Artículos y objetos no autorizados.

- Art. 70 R.P. Intervención y retirada de objetos prohibidos.

- Art. 238 R.P. Depósito de objetos y sustancias prohibidas. 50

Legislación Penitenciaria - Art. 317 R.P. Custodia dinero, alhajas y objetos de valor.

- I. 12/2001. Sobre documentación identificativa de internos.

- I. 1/2005. Apdo. 8.º Los documentos de identificación... no serán entregados a Autoridad alguna distinta de la Judicial.

- I. 19/2005, Sobre tabaquismo

- La Orden de SGT y GP de 15 de Diciembre de 2006 prescribe el “cacheo integral en todos los casos” de ingresos de libertad, procedentes de otros Centros y al regreso de permiso, conforme al Art. 68 R.P. y protocolo de actuación establecido.

51


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA II: LA RELACIÓN JURÍDICO - PENITENCIARIA

1.

LA RELACIÓN JURÍDICO–PENITENCIARIA. CONCEPTO Y NATURALEZA

Podemos definir la relación jurídico - penitenciaria como: “aquella relación de Derecho Público entre el Estado, a través de la Administración Penitenciaria y los Órganos Jurisdiccionales competentes, y un sujeto individual que ha adquirido la condición de preso o penado“. Dicha relación, por tanto, se inicia con el ingreso del interno en prisión y se extingue con la excarcelación del mismo al serle decretada su libertad, bien provisional o definitiva, todo ello sin perjuicio de las modificaciones que tal relación pueda experimentar como consecuencia de los Recursos interpuestos y cuya resolución incida directamente en la pena o medida correspondiente.

Es una relación jurídica, que implica recíprocos derechos y deberes para ambas partes (Administración y recluso), constituyendo lo que venimos a denominar Estatuto Jurídico del interno, lo que se fundamenta en: Concepción del Estado de Derecho (Art. 1.1 C.E.); consideración de que el recluso no se haya apartado de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma (Exposición de Motivos L.O.G.P.); consideración de que el interno es sujeto de derecho, y no se halla excluido de la sociedad como principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad (Art. 3.3 R.P.).

No obstante, se trata de una relación de sujeción especial en virtud de la cual la Administración somete al interno a un poder administrativo más intenso que el ejercido sobre el resto de los ciudadanos (Status específico admitido por el Tribunal Constitucional, Ver STC 297/1993 y STC 57/1994, entre otras…). 52

Legislación Penitenciaria Dicha relación de sujeción especial se caracteriza por producir una situación de acentuada dependencia, darse un estado general de libertad limitada, posibilidad de la Administración para dictar normas internas y legitimación de la potestad disciplinaria de la Administración.

El propio expediente personal penitenciario del interno nos permite conocer el contenido de su relación jurídica, ya que del conjunto del mismo se desprende la relación jurídica, pasada y presente, entre el interno y la Autoridad Judicial y entre el interno y la Administración Penitenciaria. (Índices de Vicisitudes Preventivas y Penales, rosa y amarillo e Índice de Vicisitudes Penitenciarias, azul).

a)

b)

c)

Relación jurídica interno-Autoridad Judicial: Es una relación jurídico-procesal. Se anota si el titular del expediente figura como detenido, preso, o penado; a disposición de qué Juzgado o Tribunal se encuentra; en qué clase y número de procedimiento; si está citado y tiene que comparecer a Juicio Oral o a práctica de Diligencias, etcétera. (Índices de Vicisitudes Preventivas y Penales).

Relación jurídica interno-Administración Penitenciaria: En el expediente se van anotando, igualmente, los diversos avatares por los que atraviesa la relación interno-Administración a lo largo del cumplimiento de la condena: grado de tratamiento, régimen de vida, situación disciplinaria, comunicaciones, permisos, etcétera. (Índice de Vicisitudes Penitenciarias).

Relación jurídica, en ambos casos, pasada y presente: La obligación de tener actualizado el expediente personal del interno supone la posibilidad de conocer el contenido de la relación jurídica. La unidad del expediente del interno con independencia del número de ingresos del mismo en prisión obliga a tener conocimiento de la información del interno en su vida penitenciaria pasada. El Art. 336.3 del R.P. de 1981, al hilo de lo expuesto, indica que al nuevo ingreso de un interno no se le abrirá otro expediente, sino que ha de continuarse el que tuviese, formalizándose con claridad las diligencias y documentos correspondientes a cada ingreso.

53

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Si una persona ingresa por primera vez en un Establecimiento y ha tenido con anterioridad ingresos en otro Centro se abre un expediente y al recibirse el anterior se une a él formando uno solo. Cada vez que un interno es trasladado de Establecimiento sale siempre acompañado de su expediente. (Salvo en autogobierno, en que se procede a su remisión). 2.

ESTATUTO JURÍDICO DEL INTERNO. DERECHOS

El Art. 25.2 C.E. establece como ya hemos visto que “el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de todos los derechos fundamentales de este Capítulo, (se refiere a los contemplados por la Constitución bajo el epígrafe denominado “De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas”), a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria. En todo caso, tendrán derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad“. Así por tanto, la limitación al ejercicio de los derechos de los internos nos viene establecida de forma genérica por la propia Constitución en su Art. 25.2: “Fallo Condenatorio”, “Sentido de la Pena” y “Ley Penitenciaria”, afectando dicha limitación no sólo a derechos subjetivos sino también a derechos fundamentales (todo ello se encuentra avalado por el propio Tribunal Constitucional a través de numerosas sentencias, ver STC 120/1990 y STC 97/1995 entre otras…). Al respecto cabe puntualizar:

• Fallo Condenatorio

Los derechos han de ejercitarse en el marco delimitado por la condena no pudiendo ejercitarse aquellos directamente afectados por la condena o cuya privación es precisamente el contenido de la Sentencia.

54

Legislación Penitenciaria (Pérdida del derecho a residir en determinados lugares, inhabilitación o suspensión para el ejercicio de determinado cargo, profesión u oficio, etcétera).

• Sentido de la Pena

Como privativa de libertad afecta a derechos impensables dentro del marco penitenciario, (libertad de residencia, de manifestación, a la intimidad, a la educación de los hijos, etcétera).

• Ley Penitenciaria

Generalmente motivada la limitación por razones de seguridad o buen orden del Establecimiento, de tratamiento y sanitarias o de higiene, como por ejemplo: Limitación del derecho a las comunicaciones por razones de seguridad, interés del tratamiento o buen orden regimental; la dignidad e intimidad del interno puede verse afectada en la práctica de cacheos con desnudo integral por razones de seguridad; la conflictividad del interno puede determinar la aplicación de medios coercitivos o la apertura de expediente disciplinario; la seguridad y el orden público pueden también delimitar algunos derechos o incluso provocar su suspensión temporal (graves alteraciones del orden en el Centro. Disposición Final 1ª L.O.G.P.), etc.

Siguiendo el precepto constitucional vemos que hace referencia a cuatro derechos “en todo caso”, aunque ello no quiere decir que éstos no puedan ser limitados: Derecho al trabajo:

La jurisprudencia constitucional ha señalado que no es un derecho fundamental pleno sino que se trata de un derecho de aplicación progresiva en tanto en cuanto la Administración Penitenciaria no tenga los medios suficientes para que alcance a todos los reclusos. Derecho a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social:

Tiene su configuración en los derechos adquiridos antes de su ingreso en prisión así como aquellos a los que tenga acceso como consecuencia de la relación laboral penitenciaria y las prestaciones por desempleo. 55

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Derecho al acceso a la cultura:

Tiene la misma identidad que el general para los ciudadanos, señalándose la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura dentro de la institución penitenciaria.

Derecho al desarrollo integral de la personalidad:

Hace referencia, como señaló la doctrina en el momento de la redacción del texto constitucional, “al despliegue de las potencialidades psíquicas, morales, culturales, económicas y sociales de cada persona humana, que se modula en cada derecho y libertad concreta”.

Visto todo lo anterior, una clasificación más pormenorizada de los derechos de los internos nos llevaría a la exposición de ellos que se hace a continuación.

2.1.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Son aquellos que se encuentran reconocidos en el nivel superior de la jerarquía normativa, es decir, los contemplados por la Constitución bajo el epígrafe denominado “De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas“, y de los que gozarán los internos a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. (Art. 25.2 C.E.). Caben destacar: Derecho a la vida y a la integridad física y moral. (Art. 15 C.E.), refrendado y desarrollado especialmente por el Art. 3.4 L.O.G.P. y el Art. 4.2 a) R.P. queda garantizado en multitud de disposiciones a lo largo de la normativa penitenciaria. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. (Art. 14 C.E.), recogido expresamente por los Arts. 3 L.O.G.P. y 4.1 R.P.; Derecho a la libertad religiosa. (Art. 16.1 C.E.) garantizado por el Art. 54 L.O.G.P. y desarrollado en el Art. 230 R.P.; Derecho a la dignidad humana y a la intimidad. (Art. 18.1 C.E.), al respecto, el Art. 4.2 b) R.P. establece “derecho del interno a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión. En este sentido, tiene derecho a ser designado por su propio nombre y a que su condición sea reservada frente a terceros”. Otras disposiciones que cabría citar en 56

Legislación Penitenciaria referencia a tal derecho serían: “Alojamiento en celda individual”, (Art. 19.1 L.O.G.P.); “Respeto al máximo a la intimidad en las comunicaciones y visitas”, (Art. 51.1 L.O.G.P. y 41.2 R.P.); “Respeto a la dignidad e intimidad en traslados, cacheos y requisas, trabajo, y aplicación de métodos de tratamiento”, (Arts. 18, 23, 26 b y 66.2 L.O.G.P.).

2.2.

DERECHOS COMO CIUDADANOS

Consecuencia del propio contenido de la Constitución y avalados por la normativa penitenciaria “Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena”, (Art. 4.2 c R.P.), tales derechos los podemos clasificar en: “Derechos Civiles“ (Derecho a la Propiedad y Derecho a la Protección Familiar, Arts. 33.1 y 39.1 C.E.); Derechos Sociales (Derecho a la Educación y Acceso a la Cultura y Derecho al Trabajo, Arts. 27,44 y 35 C.E.) y Derechos Políticos, cabiendo destacar entre éstos, “Derecho de Participación en los Asuntos Públicos” (Art. 23 C.E.); “Derecho de Petición Individual y Colectiva” (Art. 29 C.E.); “Derecho de Sufragio y Referéndum” (Arts. 23 y 92 C.E.); “Derecho al Ejercicio de Acción Popular”. El derecho de Participación en la Administración de Justicia mediante la Institución del Jurado (Art. 125 C.E.) no es extensible para los internos conforme al Art. 9 de la L.O. 5/1995, de 22 de Mayo del Tribunal del Jurado, así como también el del Sufragio Pasivo en el caso de los penados, de conformidad con lo regulado en el vigente Código Penal.

2.3.

DERECHOS PENITENCIARIOS

Consecuencia de la correspondiente relación jurídica que opera entre la Administración Penitenciaria y el interno, al igual que éste se ve obligado a soportar un poder más intenso por parte de la Administración que el resto de administrados dentro de lo que constituye esa “relación de especial suje57

Formación Contínua Acaip-Federación SAP ción“, es obvio que por su parte dicha Administración también esté obligada a ofertar unas determinadas prestaciones y a garantizar determinados derechos derivados de su internamiento.

Tales derechos de carácter penitenciario los podemos dividir en “Derechos como Recluso“, “Derechos como Detenido y Preso“ y “Derechos como Penado“, aparecen a lo largo de la normativa penitenciaria, (L.O.G.P. y R.P.) y al efecto la norma penitenciaria establece con carácter general el siguiente catálogo: 2.3.1. Catálogo General de Derechos Recogidos en la L.O.G.P. y en el Reglamento Penitenciario

Conforme al Art. 3 de la L.O.G.P. y Art. 4 del R.P. “La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos (respetando la personalidad de los internos según R.P.) y los derechos e intereses jurídicos (legítimos según el R.P.) de los mismos no afectados por la condena, sin establecer diferencia alguna (sin que pueda prevalecer discriminación alguna según R.P.) por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza“, (por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, según R.P.).

En consecuencia (Art. 3 L.O.G.P.):

1.

2.

3.

58

Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

Se adoptarán las medidas necesarias para que los internos y sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones a la Seguridad Social, adquiridos antes del ingreso en prisión.

En ningún caso se impedirá que los internos continúen los procedimientos que tuvieren pendientes en el momento de su ingreso en prisión y puedan entablar nuevas acciones.

Legislación Penitenciaria 4. 5.

La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos. El interno tiene derecho a ser designado por su propio nombre.

Por su parte, el Art. 4 R.P. establece que “En consecuencia, los internos tendrán los siguientes derechos:

1.

2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

Derecho a que la Administración Penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas.

Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada convivencia en prisión. En este sentido, tienen derecho a ser designados por su propio nombre y a que su condición sea reservada frente a terceros.

Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.

Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les programen con el fin de asegurar el éxito del mismo.

Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.

Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración Penitenciaria.

Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran corresponderles. Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación. Derecho a participar en las actividades del Centro.

Derecho a formular peticiones y quejas ante las Autoridades Penitenciarias, Judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las Autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos a que se refiere el Capítulo V del Título II del Reglamento. Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria. 59

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 2.3.2. Sistema de Protección y Régimen de Garantías de los Derechos de los Internos

El ejercicio de sus derechos por parte de los internos podemos afirmar que en la actualidad, se encuentra totalmente garantizado tanto por la norma superior jerárquica constituida por la Constitución como por la propia normativa penitenciaria, disfrutando éstos no sólo de la seguridad jurídica que ampara a cualquier otro ciudadano sino también de la prerrogativa de un órgano jurisdiccional específico encargado de velar por tales derechos y fiscalizar a la Administración Penitenciaria para evitar cualquier abuso o desviación que al respecto se pudiera producir.

Así tenemos:

Garantías Constitucionales -

-

-

Garantías Normativas: Vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales y libertades públicas, principio de reserva de Ley en la regulación de los derechos fundamentales, etcétera. Garantías Institucionales: Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal.

Garantías Jurisdiccionales: Sometimiento general de la actuación administrativa a los Jueces y Tribunales (Art. 106.1 C.E.), así como Recurso de Inconstitucionalidad contra Leyes y Disposiciones con fuerza de Ley que puedan lesionar derechos fundamentales, o Recurso de Amparo una vez agotadas las vías judiciales ordinarias.

Garantías Penitenciarias

El Art. 2 de la L.O.G.P. establece expresamente que “La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Ley, los Reglamentos y las Sentencias judiciales“. Por otra parte, cualquier interno podrá formular peticiones y quejas ante las Autoridades Penitenciarias, Judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como dirigirse a las Autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos a que se refiere el Capítulo V del Título II del Reglamento Penitenciario (Art. 4 R.P.).

Al respecto cabe destacar la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria, órgano judicial específico, a quien los internos podrán formular directamente peticiones y quejas o interponer Recursos de conformidad con lo 60

Legislación Penitenciaria establecido en el Art. 76 de la L.O.G.P. Para una mayor eficacia y garantía en el ejercicio de sus derechos, los intenos gozan además de unas especiales características a la hora de formular sus peticiones o quejas con independencia del órgano a quien se dirijan, tales como Accesibilidad (Pueden formularse ante el Funcionario de la Dependencia, Jefe de Servicios, Director, o bien directamente ante el Juez de Vigilancia); Aformalidad (No se requiere formalidad alguna en cuanto a la forma o redacción de los escritos ni impreso o modelo específico para su tramitación); Confidencialidad (En sobre cerrado, si se prefiere, no pudiendo ser objeto de censura de ningún tipo); Fiabilidad (Se garantiza su tramitación mediante el registro obligatorio y entrega de copia simple sellada y firmada o recibo); Celeridad (Tramitación de las quejas ante el Juez de Vigilancia sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días); Omnicomprensión de la materia (No se restringe ninguna materia); Atemporalidad (No se establece plazo determinado para el planteamiento de las peticiones y quejas, aunque la Institución del Defensor del Pueblo limita el plazo máximo a un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos que motivan la queja); Ausencia de Abogado y Procurador (Se exime de representación de Abogado y Procurador, no sólo para peticiones y quejas dirigidas a la Administración Penitenciaria, Defensor del Pueblo y Juez de Vigilancia Penitenciaria, sino también para los Recursos procedentes ante este último órgano judicial).

Protección de datos de carácter personal de los internos contenidos en los ficheros penitenciarios

La protección de datos personales de los internos se vincula, al igual que para cualquier otra persona no sometida a privación de libertad, a lo regulado en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, que deroga la anterior L.O. 5/1992, de 29 de Octubre. No obstante, tiene su aplicación reglamentaria conforme a lo establecido en los Arts. 6 al 9 del Capítulo III del Título I del Reglamento Penitenciario, por no oponerse a la misma, entendiendo que la rectificación de datos a que se refiere el apdo. 1 del Art. 9 R.P. deberá producirse en el plazo máximo de diez días. Ver también Fichero de Datos de Carácter Personal “Violencia Doméstica y de Género”, creado por Orden INT/1911/2007, de 26 de Junio. 61


3.

ESTATUTO JURÍDICO DEL INTERNO. DEBERES

Conforme al Art. 4 L.O.G.P. los internos deberán: a)

b)

c)

d)

Permanecer en el Establecimiento a disposición de la Autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir las condenas que se les impongan, hasta el momento de su liberación.

Acatar las normas de régimen interior, reguladoras de la vida del Establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de esta Ley.

Mantener una normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y Autoridades Judiciales o de otro orden, tanto dentro de los Establecimientos Penitenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslado, conducciones o prácticas de diligencias.

Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento.

Se procurará fomentar la colaboración de los internos en el tratamiento penitenciario con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado. Conforme al Art. 5 del Reglamento Penitenciario:

“El interno se incorpora a una comunidad que le vincula de forma especialmente estrecha, por lo que se le podrá exigir una colaboración activa y un comportamiento solidario en cumplimiento de sus obligaciones“.

En consecuencia el interno deberá: 1.

62

Permanecer en el Establecimiento hasta el momento de su liberación, a disposición de la Autoridad Judicial o para cumplir las condenas de privación de libertad que se le impongan.

Legislación Penitenciaria 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Acatar las normas de régimen interior y las órdenes que reciba del personal penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

Colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada dentro del Centro y mantener una actitud de respeto y consideración hacia las Autoridades, los funcionarios, trabajadores, colaboradores de II.PP., reclusos y demás personas, tanto dentro como fuera del Establecimiento cuando hubiese salido del mismo por causa justificada.

Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su disposición y las instalaciones del Establecimiento.

Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en el vestir y acatar las medidas higiénicas y sanitarias establecidas a estos efectos.

Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la Administración Penitenciaria para el buen orden y limpieza de los Establecimientos.

Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad.

En los seis primeros supuestos el incumplimiento puede acarrear responsabilidad disciplinaria, en cambio, en el último, no se trata de un deber exigible bajo la amenaza de una sanción, sino más bien una carga en cuanto que si no se participa en esas actividades se pierde la posibilidad de beneficiarse del tratamiento pero no se derivan consecuencias disciplinarias ni regimentales, toda vez que el tratamiento es de carácter voluntario.

63


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA III: RELACIONES DEL INTERNO CON EL EXTERIOR

1.

RELACIÓN CON EL EXTERIOR

Se regula en el Capítulo VIII del Título II de la L.O.G.P. (Arts. 51 a 53) y en el Capítulo IV del Título II del R.P. (Arts. 41 a 51). El Reglamento Penitenciario trata de ello en referencia a “Comunicaciones y Visitas” y “Recepción de Paquetes y Encargos”.

1.1.

COMUNICACIONES Y VISITAS

Sus “Reglas Generales” son las siguientes:

•

•

64

Reconocimiento general del derecho a comunicar (Art. 51.1 L.O.G.P y Art. 41.1. R.P.) con periodicidad, de forma oral y escrita y en su propia lengua con familiares, amigos y representantes acreditados de Organismos e Instituciones de cooperación penitenciaria. En los casos de incomunicación judicial, el interno únicamente podrá comunicar con aquellas personas que tengan expresa autorización del Juez Instructor.

Respeto al derecho a la intimidad (Art. 51.2 L.O.G.P. y Art. 41.2 R.P.): Las comunicaciones se celebrarán de forma que se respete al máximo la intimidad. No tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo de celebrarse que las impuestas por razones de seguridad, por interés del tratamiento y por buen orden del Establecimiento.

Legislación Penitenciaria •

• •

• •

•

Derecho del interno a comunicar inmediatamente a su familia y Abogado el ingreso en un Centro Penitenciario así como su traslado a otro Centro en el momento de su ingreso (Art. 52.3 L.O.G.P. y Art. 41.2 R.P.). Esta comunicación se llevará a cabo por teléfono (siendo sufragada por la Administración), telegrama, carta o por cualquier otro medio que el Consejo de Dirección determine de acuerdo con las características del Centro. (Ver Instrucción 4/2005 y Orden INT/4067/2005, de 22 de Diciembre). A los internos extranjeros se les facilitará, a su ingreso, la dirección y número de teléfono de su representación diplomática acreditada en España.

Posibilidad de concesión de comunicaciones extraordinarias (Art. 41.6 R.P.), como recompensa y por urgentes e importantes motivos debidamente justificados en cada caso.

Todas las comunicaciones se celebrarán en locales acondicionados para tal efecto y se anotarán en un Libro de registro o control mediante el sistema informático, si existiera, reflejando la hora y día de la comunicación; nombre, domicilio y documento de identidad de los visitantes y relación de los visitantes con el interno.

Organización de las comunicaciones de forma que se satisfagan las necesidades especiales de los reclusos extranjeros. (Art. 47.1 R.P).

Los menores de edad que no vayan acompañados de sus padres o tutores necesitarán, obligatoriamente, para poder comunicar, autorización escrita de aquéllos. En comunicaciones íntimas autorizadas excepcionamente, necesitarán además acreditación de relación afectiva estable. (Ver Instrucción 4/2005).

Los internos que se encuentren detenidos, presos o penados por delitos de violencia doméstica y/o sobre los que se haya dictado Orden Judicial de alejamiento, no se les autorizarán comunicaciones con las víctimas, salvo que Resoluciones Judiciales dispongan lo contrario.

65

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 1.1.1.

Comunicaciones Orales (Arts. 42 a 44 R.P.)

• Requisitos: -

-

-

-

Se celebrarán por locutorios, excepto en los supuestos de internos enfermos graves que no puedan desplazarse a los mismos, que se autorizarán en la Enfermería del Centro e internos ingresados en un Hospital extrapenitenciario cuyas visitas se regirán por las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario y en las condiciones, y con las medidas de seguridad, que establezcan los responsables de su custodia, conforme a lo establecido en el R.P.

Los días de comunicaciones orales serán fijados por el Consejo de Dirección, preferentemente durante los fines de semana (Sábados y Domingos, pudiendo ampliarse al Viernes). En la organización de estas comunicaciones se tendrán en cuenta los distintos grupos de clasificación interior del Centro, evitando hacer coincidir a internos que pertenezcan a distintos grupos. No podrán comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el mismo interno.

La concesión de la comunicación se realizará previa petición de hora, bien telefónicamente o bien personalmente por las personas que deseen comunicar. Los familiares deberán acreditar el parentesco con los internos y los visitantes, que no sean familiares, deberán obtener autorización del Director.

Se exigirá al interno la presentación del Documento de Identificación Interior para acceder a los locutorios.

• Número y Duración:

Dos a la semana, como mínimo, en general y a los internos clasificados en 3er. grado, cuantas permita su horario de trabajo, con una duración como mínimo, de veinte minutos cada una. Se podrá autorizar la acumulación en una sola visita semanal del tiempo que correspondería normalmente a dos visitas, si las circunstancias del Centro lo permiten.

• Restricción, Intervención y suspensión:

Podrán ser restringidas en cuanto a las personas, intervenidas o denegadas, así como suspendidas en los términos establecidos en los Arts. 43 y 44 R.P. (Ver Art. 51 L.O.G.P.).

66

Legislación Penitenciaria 1.1.2. Comunicaciones Especiales (Íntimas, Familiares y de Convivencia) (Art. 45 R.P.)

·

· ·

Se celebrarán en locales especialmente adecuados y los horarios de celebración de estas comunicaciones se establecerán por el Consejo de Dirección. Sólo se concederán, previa la correspondiente solicitud, a aquellos internos que no disfruten de permisos ordinarios de salida. Intimas:

Se autorizarán con cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad, mediante la correspondiente acreditación documental. (Libro de Familia, Certificado de Convivencia o Certificado de Parejas de Hecho, expedido por el Ayuntamiento de la localidad, etc.). No podrán llevar consigo a menores. Se concederá una al mes, como mínimo de una duración no inferior a una hora ni superior a tres. Familiares:

Se autorizarán con familiares y allegados y será una al mes, como mínimo, por un tiempo no inferior a una hora ni superior a tres. Convivencia:

Se autorizarán con el cónyuge o persona ligada por semejante relación afectiva e hijos que no superen los diez años de edad y se celebrarán en locales apropiados. Serán compatibles con las comunicaciones orales y con las íntimas y familiares y se concederá una al trimestre, como mínimo, con una duración máxima de seis horas.

A diferencia de las comunicaciones orales (avaladas por el Art. 39.1 C.E.) en que dicha suspensión, (Art. 44 R.P) será puntual por tratarse de un derecho objetivo, las comunicaciones reguladas en el Art. 45 R.P. sí podrán ser suspendidas tanto antes de iniciarse, (negativa de los visitantes al cacheo, portar artículos u objetos prohibidos, etc.), como temporalmente con la duración que se acuerde, (dos meses de suspensión de comunicaciones íntimas y familiares, por ejemplo), dado que se corresponden con un derecho subjetivo. Los cacheos con desnudo integral de los visitantes únicamente podrán llevarse a cabo por las razones y en la forma establecida 67

Formación Contínua Acaip-Federación SAP en el Art. 68 R.P. debidamente motivadas. En caso de que el visitante se niegue a realizar el cacheo, la comunicación no se llevará a cabo, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. 1.1.3. Comunicaciones Escritas (Art. 46 R.P.)

No existen limitaciones en cuanto al número de cartas o telegramas que puedan recibir y remitir los internos salvo en los supuestos de intervención de las comunicaciones escritas, en que el número de las que pueden escribir semanalmente será el indicado en la norma 1ª del Art. 42 R.P. (tantas como comunicaciones orales, y al menos dos). • Remisión:

Se remitirán en sobre cerrado (salvo supuestos de intervención), debiendo constar siempre el nombre y apellidos del remitente y se registrarán en el Libro correspondiente.

Las cartas cuyo peso o volumen excedan de lo normal e induzcan a sospecha, podrán ser devueltas al remitente para que, en presencia del funcionario, sean introducidas en otro sobre que será facilitado por la Administración. Igual se procederá cuando existan dudas respecto a la identidad del remitente. • Recepción:

Se registrarán en el Libro correspondiente y se entregarán a los internos por el funcionario encargado del Servicio o por el de la Dependencia donde se encuentre el interno, previa apertura por el funcionario en presencia del destinatario a fin de comprobar que no contienen objetos prohibidos.

• Intervención:

Podrán ser intervenidas por razones de seguridad, interés en el tratamiento (Con informe de la Junta de Tratamiento) y buen orden del Establecimiento, comunicando la decisión a los internos afectados, al Juez de Vigilancia, si se trata de penados y a la Autoridad Judicial de que dependan, si se trata de detenidos y presos. Cuando el idioma utilizado no pueda ser traducido en el Establecimiento se remitirá el escrito al Centro Directivo para su traducción y curso posterior. 68

Legislación Penitenciaria La intervención de las comunicaciones escritas entre internos y su Abogado defensor o Procurador sólo podrá ser acordada por Orden de la Autoridad Judicial (nunca por decisión administrativa). Cuando los internos tengan intervenidas las comunicaciones escritas ordinarias y se dirijan por escrito a alguna persona manifestando que es su Abogado Defensor o Procurador, dicha correspondencia se podrá intervenir, salvo cuando haya constancia expresa en el expediente del interno de que dicha persona es su Abogado o Procurador, así como de la dirección del mismo. • Correspondencia entre internos de distintos Establecimientos:

Podrá ser intervenida por resolución motivada del Director, y se cursará a través del Establecimiento de origen sin que afecte al resto de las comunicaciones escritas y se notificará al interno y al Juez de Vigilancia. (Con independencia de que se trate de detenidos, presos o penados). 1.1.4. Comunicaciones Telefónicas (Art. 47 R.P.) Requisitos:

Que los familiares residan en localidades alejadas o no puedan desplazarse para visitar al interno o que el interno haya de comunicar algún asunto importante a sus familiares, al Abogado Defensor o a otras personas. Procedimiento: -

-

Se llevarán a cabo en presencia de un funcionario (control visual), y el importe de la llamada será satisfecho por el interno (salvo cuando se trate de la comunicación a su familia y a su Abogado del ingreso o del traslado a otro Centro) (Art. 41.3 R.P.).

La frecuencia máxima será de 5 llamadas por semana. (Lo establece el Consejo de Dirección), teniendo una duración máxima de 5 minutos cada llamada. (No obstante ver Orden de 4 de Diciembre de 2006, que modifica la Instrucción 4/2005, y por la que se amplía a 8 el número de llamadas semanales, estando previsto aumente a 10 llamadas semanales de 5 minutos o un total de 50 minutos semanales). 69


No se permitirán llamadas desde el exterior salvo casos excepcionales libremente apreciados por el Director. Las comunicaciones telefónicas entre internos de distintos Centros podrán ser intervenidas mediante resolución motivada del Director, debiéndose notificar esa intervención al interno y al Juez de Vigilancia. La intervención, en su caso, no afectará al resto de las comunicaciones telefónicas.

1.1.5. Comunicaciones con Abogados y Procuradores (Art. 48 R.P.) •

•

70

Personados en la Causa

Las comunicaciones de los internos con sus Abogados defensores y Procuradores que los representen se celebrarán de acuerdo con las siguientes reglas: Presentación documento oficial que le acredite como Abogado o Procurador en ejercicio y volante del respectivo Colegio (de Abogados o de Procuradores) en el que conste expresamente su condición de defensor o de representante del interno en las causas que se sigan contra el mismo o como consecuencia de las cuales estuviese cumpliendo condena. (En los supuestos de terrorismo o de pertenencia a bandas o grupos armados, el volante deberá ser expedido por la Autoridad Judicial que conozca de las correspondientes causas).

Se registrarán por orden cronológico en el Libro destinado al efecto debiendo consignarse el nombre y apellidos de los comunicantes, número de la causa y tiempo de duración de la visita. Se celebrarán en locutorios especiales, en que los que quede asegurado que el control del funcionario encargado del servicio sea solamente visual. No Personados en la Causa

En las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior, se autorizará la comunicación de los Abogados y Procuradores cuando, antes de personarse en la causa como defensores o representantes hayan sido llamados expresamente por los internos a través de la Dirección del Establecimiento o hayan sido llamados expresamente por los familiares de los internos. Ambos casos requerirán

Legislación Penitenciaria de acreditación de dicho extremo mediante la presentación del volante del Colegio en el que conste tal circunstancia.

•

Las comunicaciones con Abogados defensores o expresamente llamados en relación con asuntos penales, así como con los Procuradores al efecto, no podrán ser suspendidas o intervenidas por decisión administrativa, sólo previa orden expresa de la Autoridad Judicial. Con otros Letrados

Sin Autorización Judicial: Se celebrarán en los locutorios especiales y se ajustarán a las normas generales del Art. 41 del R.P..

Con Autorización Judicial: Se concederán en las mismas condiciones prescritas para Abogados defensores.(Penados: Autorización del Juez de Vigilancia, y Preventivos: Autorización de la Autoridad Judicial correspondiente).

1.1.6. Comunicaciones con Autoridades o Profesionales (Art. 49 R.P.) ·

·

Autoridades Judiciales, Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo y Análogos

Se verificará a la hora que aquéllos estimen pertinente y en locales adecuados. Las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o Delegados o con Instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades Judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo. Representantes Diplomáticos o Consulares

Podrán comunicar, en locales apropiados, previa autorización del Director del Establecimiento, y con aplicación en todo caso de las normas generales establecidas sobre número de comunicaciones y requisitos de las mismas en el Art. 41 del R.P.

71


1.2. ·

·

·

·

72

Notarios, Médicos, Ministros de Culto y otros

Los Notarios, Médicos, Ministros de Culto y otros profesionales acreditados, cuya presencia haya sido solicitada por algún interno por conducto de la Dirección del Establecimiento para la realización de las funciones propias de su respectiva profesión, podrán ser autorizados para comunicar con aquél en local apropiado.

RECEPCIÓN DE PAQUETES Y ENCARGOS En todos los Establecimientos existirá una dependencia para la recogida, control y registro de los paquetes destinados a los internos o que éstos envíen al exterior. El Consejo de Dirección acordará los días y horas de recepción y recogida de paquetes, tanto de entrada como de salida. Todos los paquetes deberán ser entregados personalmente en la Dependencia habilitada al efecto.

La recepción de paquetes dirigidos a los internos se llevará a cabo previa comprobación por el funcionario del documento de identidad de quien lo deposita, a quien se pedirá relación detallada del contenido, registrando en el Libro correspondiente tanto el nombre del interno destinatario como el nombre, domicilio y número del documento de identidad de quien lo entrega tras lo cual se procederá a un minucioso registro de los mismos. Igual se hará con los paquetes de salida antes de entregarlos al destinatario en el exterior.

El número de paquetes que pueden recibir los internos es de dos al mes, salvo en los Establecimientos o Departamentos de Régimen Cerrado que será de uno al mes. El peso de cada paquete no excederá de cinco kilogramos, no computándose dentro de dicho peso máximo los libros y publicaciones, ni tampoco la ropa. Se consideran artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan suponer un peligro para la seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas salvo prescripción facultativa, los que contengan alcohol y los productos alimenticios, así como los que exijan para su control una


·

1.3.

manipulación que implique riesgo de deterioro y los expresamente prohibidos por las normas de régimen interior del Establecimiento. Los artículos u objetos cuya entrada no se autorice deberán ser recogidos de inmediato por el remitente, salvo que se descubran cuando éste ya no se encuentre en las inmediaciones del Establecimiento, en cuyo caso, se notificará esta circunstancia al remitente en el domicilio que conste en el Libro correspondiente. Los artículos u objetos intervenidos quedarán almacenados hasta que sean reclamados, destruyéndose los productos perecederos.

Transcurrido un plazo de tres meses desde su recepción, se colocará una relación de tales artículos u objetos en el tablón de anuncios al público, invitando a que los mismos sean retirados, con la advertencia de que, transcurridos quince días desde la publicación, se procederá a su destrucción, salvo lo dispuesto para los objetos de valor en el Art. 317 de éste Reglamento. Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas se remitirán a la Autoridad Sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad Judicial correspondiente. (Ver Arts. 50 y 51 R.P.).

CONSIDERACIONES A TENERSE EN CUENTA PARA LAS “COMUNICACIONES Y VISITAS” Y LA “RECEPCIÓN DE PAQUETES Y ENCARGOS”

Ver Arts. 316 al 318 y 320 R.P. de 1981, así como al efecto se destacan algunas de las circunstancias más significativas recogidas sobre esta materia en las correspondientes Instrucciones del Centro Directivo como aspectos complementarios o de interpretación a lo regulado reglamentariamente. •

1.

Instrucción 4/2005

Comunicaciones orales

Las comunicaciones orales se celebrarán los sábados y domingos, no haciendo coincidir internos que pertenezcan a distintos grupos de clasificación, suprimiendo el descanso diurno si para ello fuese necesario en estos días. En caso de ser insuficiente esta 73


2.

medida, las comunicaciones podrán ampliarse al viernes. Los internos clasificados en primer grado, o los que tengan aplicado Art. 10 de la L.O.G.P. y los sancionados comunicarán en turnos diferentes al resto, con las medidas de seguridad adecuadas. Todos los visitantes deberán pasar el arco detector de metales y sus pertenencias, prendas u objetos susceptibles de contener objetos prohibidos, por el escáner. En todo momento, serán acompañados por el funcionario encargado de trasladarlos a la sala de locutorios. Comunicaciones Íntimas, Familiares y de Convivencia 2.1. Íntimas y familiares

Con carácter extraordinario, se podrá conceder otra comunicación, íntima o familiar, dentro del mismo mes, como recompensa y por importantes y comprobados motivos debidamente justificados en cada caso. Con carácter general, no se concederán comunicaciones íntimas a los internos con personas que no puedan acreditar documentalmente la relación de afectividad o que hayan celebrado otras con anterioridad con persona distinta a la solicitada, en cuyo caso será necesario que exista, al menos, una relación de estabilidad de 6 meses de duración. Cuando se trate de menores se extremarán las medidas de control establecidas, recurriendo, si fuera necesario para la verificación de la documentación aportada, a los Servicios Sociales. 2.2. De convivencia

Las comunicaciones de convivencia se celebrarán en locales apropiados y debidamente acondicionados. Se concederán, previa solicitud del interno, una al trimestre como mínimo y con una duración máxima de 6 horas, a aquellos internos que no disfruten de permisos de salida. No obstante, dicho tiempo podrá reducirse hasta el 50 % en aquellos Centros Penitenciarios que aún no dispongan de locales suficientes y adecuados para la celebración de las precitadas comunicaciones. Si las instalaciones lo permiten podrá autorizarse como máximo, hasta seis internos y sus familiares, simultáneamente. El número de familiares por interno no será superior a seis, salvo casos excepcionales debidamente motivados y autorizados por la Dirección.

74

Legislación Penitenciaria 2.3. Internos sancionados

Los internos que cumplan sanciones de aislamiento en celdas o de fin de semana no podrán hacer uso de las comunicaciones reguladas en este apartado. A tal fin se procurará por la Dirección del Establecimiento que el cumplimiento de las referidas sanciones no coincidan con la fecha autorizada para la celebración de las comunicaciones anteriores, excepto cuando se trate de sanciones de inmediato cumplimiento o aplicación de aislamiento provisional (Art.72 R.P.) Cuando concurra la excepción prevista en el punto anterior y por tanto coincida en el tiempo el cumplimiento de la sanción y la fecha de la comunicación, se demorará ésta hasta después del cumplimiento, indicando al interno sancionado que comunique telefónicamente a la familia las circunstancias sobrevenidas. En el supuesto de no poderse llevar a efecto lo anterior o cuando no exista tiempo suficiente para ello y, por consiguiente, se produzca el desplazamiento de la familia hasta el Centro Penitenciario, se le autorizará una comunicación oral de veinte minutos. Procediéndose por la Dirección del Centro, previa petición del interno, a señalar nueva fecha de la comunicación suspendida.

2.4. Controles y Cacheos Reglamentarios 2.4.1. A los internos:

Se tomará la Impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha a la entrada de la comunicación, comprobando la identidad a la salida, antes de que los familiares hayan abandonado el Centro, para su exacta identificación. Procederá el uso de Rayos-X y ecógrafos, cuando existan fundadas sospechas de introducción de objetos o sustancias prohibidas al interior del Establecimiento, de acuerdo con lo previsto en el Art. 68.4 del R.P., y conforme a la jurisprudencia recaída en esta materia (Sentencia del Tribunal Constitucional 35/1996 de 11 de Marzo, entre otras). 2.4.2. A los familiares:

Arco detector de metales. Sus pertenencias y prendas u objetos susceptibles de contener objetos prohibidos por el escáner. Otros controles, incluyendo excepcionalmente el cacheo integral (en la forma y por 75


3.

los motivos previstos en el los Arts 68 y 45.7, no obstante, se tendrá en consideración lo resuelto por las Autoridades Judiciales. No podrán ser portadores de bolsos, objetos, comida, bebida, etc., ni a la entrada ni a la salida. Para ello, existirán en el exterior lugares adecuados para depositarlos, debidamente identificados. La no aceptación o infracción de lo anterior llevará aparejada la suspensión de la comunicación, notificándose al Director y éste, a su vez, al Juzgado de Vigilancia. Comunicaciones entre internos 3.1. Del mismo Centro:

Se concederán en el mismo número y supuestos especificados en la normativa general para cada tipo de comunicación. El Consejo de Dirección determinará los días y horas de celebración, así como las medidas de seguridad a adoptar y la solicitud deberá ser efectuada por todos los comunicantes, con la antelación suficiente y no podrá ser inferior a 10 días antes de su celebración.

3.2. De distintos Centros:

4.

Previa autorización del Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento, se concederán comunicaciones íntimas, familiares, de convivencia y orales, entre internos de diferentes Centros, si están ubicados en la misma localidad. En ningún caso se autorizarán si los Centros están en distinta localidad.

Comunicaciones Telefónicas:

Las comunicaciones previstas en el art.47.4 en relación con el art.41.3 del R.P. tendrán una duración máxima de dos minutos.

Las comunicaciones entre internos de distintos Centros serán autorizadas por ambas Direcciones, previa solicitud de los interesados, de acuerdo al siguiente procedimiento: a) b)

76

Sólo se autorizarán entre internos que acrediten relación de afectividad o parentesco.

Una vez comprobada la relación anterior y autorizada la tramitación de la comunicación, se remitirá petición al Centro receptor

Legislación Penitenciaria c)

d) e)

El Centro receptor, una vez recibida la petición anterior, comunicará la aceptación de la misma con la confirmación del día y la hora.

En ambos casos, la realización y recepción de las llamadas se hará a través de funcionarios.

El día establecido para la realización de estas llamadas será los miércoles de 17 a 19 horas.

El número de llamadas que podrán realizar o recibir los internos será de dos al mes.

5.

Recepción de paquetes y encargos

6.

Información al Exterior

*

Queda expresamente prohibida la recepción de paquetes por correo o agencia. A estos efectos serán tratados como cartas todos aquellos envíos de correo que tengan tal naturaleza (hasta 2 kg de peso) y no vengan identificados con los sellos correspondientes a paquetes postales. Antes de introducir los paquetes en el interior del Establecimiento deberán ser escaneados y revisados minuciosamente. Previamente a la entrega del paquete a los internos destinatarios, se les exigirá la presentación del Documento de Identificación Interior.

En cada Centro Penitenciario existirá una Unidad de Información al exterior, si fuera posible. En caso de no serlo, el Director organizará este servicio encargándolo a otra Unidad o funcionario, que compatibilizará el de información con el suyo propio.

Todos los Centros Penitenciarios deberán de disponer del libro de quejas y sugerencias de acuerdo con el R.D. 951/2005, que deroga expresamente el Capítulo III del R.D. 208/1996 por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. La Orden del Ministerio del Interior 949/2007 aprueba el formulario de quejas y sugerencias, que estará a disposición de los ciudadanos en las dependencias, oficinas y centros de atención al ciudadano abiertos al público. Muy importante, ver Instrucción 6/2006, en relación a comunicaciones de internos FIES y la matización sobre los familiares del conviviente, ya 77


•

1.

-

-

-

78

que tendrán tratamiento de amigos respecto del interno, no de familiares y la Orden de la SGT y GP de 15 de Diciembre que complementa las Instrucciones 4/2005 y 6/2006. Véase también la Instrucción 4/2006, sobre Comunicaciones con Abogados y la Instrucción 3/2007 en relación a la utilización de detector de drogas y explosivos. Instrucción 2/2007, sobre posibilidad de efectuar comunicaciones extraordinarias por el sistema de videoconferencia, entre internos y sólo con familiares y allegados íntimos. Procedimiento de concesión

En aquellos supuestos en los que exista constancia fehaciente, acreditada del modo que posteriormente se señalará, de la imposibilidad de celebrar comunicaciones ordinarias, por no residir la familia del interno en la misma localidad de ubicación del Centro, el sistema de videoconferencia se podrá utilizar para facilitar la comunicación entre internos y sus familiares o allegados íntimos, previa solicitud del interno, en los casos y con las medidas de seguridad siguientes:

El interno podrá solicitar comunicación extraordinaria, a través del sistema de videoconferencia, sólo con familiares y allegados íntimos.

El Centro Penitenciario comprobará que no ha realizado ningún tipo de comunicación, al menos en los últimos cuatro meses, y que el Centro Penitenciario más próximo a la residencia familiar dispone de sistema de videoconferencia.

Comprobados ambos extremos, el Centro contactará, a través de los Servicios Sociales, con la familia y con el Centro Penitenciario donde se desplazará ésta, para la realización de la comunicación, a fin de concretar día y hora en la que tendrá lugar la celebración de la misma. Si la verificación de los datos anteriores son positivos se remitirá el expediente al Área de Régimen de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, con el correspondiente acuerdo de aprobación del Consejo de Dirección del Centro donde esté destinado el interno, para su autorización.

Legislación Penitenciaria Dicho acuerdo deberá contener: -

-

-

2.

Certificación de no celebración de ningún tipo de comunicaciones con familiares y allegados íntimos en los últimos cuatro meses.

Informe social de residencia de los familiares o allegados íntimos y motivos que les impiden desplazarse para poder celebrar las comunicaciones ordinarias establecidas.

Nombres y apellidos de los comunicantes

Fecha y hora en la que tendrá lugar la comunicación.

Certificación de que dicha comunicación ha sido aceptada por el Centro Penitenciario, desde donde se establecerá la comunicación con la familia.

En ningún caso se podrá celebrar ninguna de estas comunicaciones sin la previa autorización del Centro Directivo.

Periodicidad y duración

Los internos podrán celebrar comunicaciones a través del sistema de videoconferencia, de acuerdo con los requisitos previstos, con una periodicidad máxima de una comunicación cada cuatro meses y cuya duración no será superior a quince minutos.

79


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA IV: CLASIFICACIÓN EN GRADOS Y REGÍMENES DE VIDA

1.

1.1.

CLASIFICACIÓN EN GRADOS

CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA

La clasificación se define como “El conjunto de actuaciones de la Administración Penitenciaria que concluyen en una resolución que atribuye al penado un grado de tratamiento, (clasificación inicial), o bien cambia uno que se le había asignado anteriormente, (progresión o regresión), y que determina el Establecimiento de destino”. (Alarcón Bravo). Constituye la premisa fundamental para la aplicación del tratamiento adecuado en cada caso, tendente a posibilitar el logro de los fines marcados constitucionalmente: “la reeducación y la reinserción social”.

La clasificación, al llevarse a cabo mediante distintos grados de tratamiento, comporta para cada uno de ellos la aplicación de un diferente régimen de cumplimiento y el destino al Centro Penitenciario adecuado al mismo.

Los grados se denominan correlativamente, correspondiéndose el “primero” con un régimen de vida en el que las medidas de control y seguridad son más estrictas, (Régimen Cerrado), el “segundo” con un régimen en el que los principios de seguridad, orden y disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada, (Régimen Ordinario), y el “tercero” con un régimen de vida en semilibertad, con ausencia de controles rígidos, basado en la confianza y autorresponsabilidad de los internos, (Régimen Abierto). 80

Legislación Penitenciaria Antes de la publicación de la L.O.G.P., el sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad era un sistema progresivo dividido en periodos más o menos rígidos por los que era inevitable el paso de todos los internos y además, con la exigencia de tener que permanecer un tiempo mínimo en cada uno de ellos, hasta pasar al periodo de libertad condicional. La L.O.G.P. haciéndose eco del principio constitucional regulado en el Art. 25.2, establece el “principio de individualización científica”, mediante el cual lo que impera no es el sistema, sino la personalidad de cada individuo en base a su rehabilitación, pudiendo por tanto, ser incorporado en cualquiera de los diferentes grados o periodos sin tener que haber pasado necesariamente por los anteriores, excepto en el de libertad condicional.

1.2.

LA CLASIFICACIÓN DE LOS PENADOS

Se regula en el Capítulo II del Título IV R.P. (Arts. 100 a 109) y se inicia con la recepción por el Establecimiento del Testimonio de Sentencia firme y la correspondiente Liquidación de Condena.

El “procedimiento general” de clasificación es el siguiente:

·

·

Propuesta de clasificación inicial penitenciaria que se formulará por las Juntas de Tratamiento, previo estudio del interno, en el impreso normalizado aprobado por el Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses desde la recepción en el Establecimiento del Testimonio de la Sentencia. El protocolo de clasificación penitenciaria contendrá la propuesta razonada de grado y el programa individualizado de tratamiento.

Resolución sobre la propuesta de clasificación penitenciaria que se dictará de forma escrita y motivada, por el Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses desde su recepción. El Centro Directivo podrá ampliar el plazo para dictar la resolución de clasificación inicial hasta un máximo de dos meses más, para la mejor observación de la conducta y la consolidación de los factores positivos del interno. 81


La resolución de clasificación inicial se notificará al interno interesado, indicándose en la notificación que, de no estar conforme con la misma, puede acudir en vía de Recurso ante el Juez de Vigilancia.

La clasificación se vincula al Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) y conlleva el destino al Centro Penitenciario más adecuado.

En el “procedimiento especial” regulado en los apdos. 7 y 8 del Art. 103 R.P., cuando se trate de penados con condenas de hasta un año, la propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta de Tratamiento, adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos, salvo cuando se haya propuesto la clasificación en primer grado de tratamiento, en cuyo caso la resolución corresponderá al Centro Directivo. En este supuesto, el acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento de clasificación inicial en segundo o tercer grado se notificará al interno, que podrá ejercitar la impugnación referida en el apartado 5.º de éste artículo y se remitirá al Centro Directivo. (Acudir en vía de Recurso ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria).

Si la propuesta de la Junta de Tratamiento de clasificación en segundo o tercer grado a que se refieren los apartados anteriores no fuese unánime, la misma se remitirá al Centro Directivo para la resolución que proceda conforme a lo establecido en los otros apartados de este artículo 103 R.P. 1.2.1. Revisión de la Clasificación Inicial

Cada seis meses como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo individualizado de tratamiento al formular su propuesta de clasificación inicial. (Ello responde al carácter dinámico y continuo que el Art. 62.f. de la L.O.G.P. infiere al tratamiento, constituyendo uno de los principios rectores del mismo). Si la Junta de Tratamiento no considera oportuno proponer al Centro Directivo cambio en el grado asignado, se notificará la decisión motivada al interno, que podrá solicitar la remisión del correspondiente informe al Centro Directivo para que resuelva 82

Legislación Penitenciaria lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado. La resolución del Centro Directivo se notificará al interno con indicación del derecho de acudir en vía de Recurso ante el Juez de Vigilancia.

Cuando una misma Junta reitere por segunda vez la clasificación de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga por la Central Penitenciaria de Observación. El mismo derecho le corresponderá cuando, encontrándose en segundo grado y concurriendo la misma circunstancia, haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena.

La evolución en el tratamiento penitenciario determinará una nueva clasificación del interno, con la correspondiente propuesta de traslado al Centro Penitenciario adecuado o dentro del mismo Centro, a otro Departamento con diferente modalidad de vida. La progresión en el grado de clasificación dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un incremento de la confianza depositada en el mismo, que permitirá la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno, en relación al tratamiento, una evolución negativa en el pronóstico de integración social y en la personalidad o conducta del interno.

Cuando el interno no participe en un programa individualizado de tratamiento, la valoración de su evolución se realizará en la forma descrita en el Art. 112.4, (observación directa del comportamiento e informes pertinentes del personal penitenciario que tenga relación con el interno, así como utilización de datos documentales existentes) salvo cuando la Junta de Tratamiento haya podido efectuar una valoración de la integración social del interno por otros medios legítimos.

Para la resolución de las propuestas de progresión y de regresión de grado se observarán las mismas formalidades, plazo y posible ampliación del mismo que se prevén en el Art. 103 para la resolución de la clasificación inicial. Todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado adoptadas por el Centro Directivo o por acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento según lo previsto en el Art. 103.7, se notificarán, junto con 83

Formación Contínua Acaip-Federación SAP el informe de la Junta de Tratamiento al Ministerio Fiscal, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su adopción (Art. 107 R.P.). 1.2.2. Regresión Provisional

Si un interno clasificado en tercer grado no regresase al Centro Penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida o de cualquier otra salida autorizada, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 157.2, se le clasificará provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro Penitenciario. Producido el reingreso, el Director del Centro acordará, como medida cautelar, el pase provisional a régimen ordinario hasta que se efectúe la reclasificación correspondiente. En los supuestos de internos clasificados en tercer grado que fuesen detenidos, ingresados en prisión, procesados o imputados judicialmente por presuntas nuevas responsabilidades, el Director podrá suspender cautelarmente cualquier nueva salida, así como acordar la separación interior que proceda y su pase provisional a régimen ordinario, debiendo proceder la Junta de Tratamiento inmediatamente a la reclasificación correspondiente en su caso. 1.2.3. Casos Especiales

Cuando un penado tuviese además, pendiente una o varias causas en situación de preventivo, no se formulará propuesta de clasificación inicial mientras dure esta situación procesal. Si estuviese ya clasificado y le fuera decretada prisión preventiva por otra u otras causas, quedará sin efecto dicha clasificación, dando cuenta al Centro Directivo.

Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condenas pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas en el Art. 102.2, valorándose especialmente el historial delictivo y la integración social del penado. 84

Legislación Penitenciaria Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad.

Al respecto deberá considerarse: -

-

Respecto del Art. 104.2 R.P. (Penados clasificados a los que se les decreta prisión preventiva). Si el penado a quién se le ha decretado prisión preventiva se trata de un liberado condicional, no se efectuará acuerdo de suspensión hasta que el Juez de Vigilancia dicte en su caso el correspondiente acuerdo de revocación de la libertad condicional.

Respecto del Art. 104.3 R.P. (Internos propuestos para “tercer grado” que no tengan extinguida la cuarta parte de la condena o condenas). Este apartado se sitúa en la línea de la reforma llevada a cabo en el R.P. 1201/1981 (se requería la extinción de la cuarta parte del total de las condenas) por el R.D. 1767/1993, de 8 de Octubre, que elimina dicho límite temporal que presuponía el conocimiento del interno si éste había estado al menos dos meses en el Centro que efectuaba la propuesta.

1.2.4. Principio de Flexibilidad

Con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. (*)

(Un ejemplo concreto de la aplicación del “principio de flexibilidad” son las medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para internos clasificados en segundo grado de tratamiento, reguladas en el Art. 117 R.P.). (Ver Exposición de Motivos R.P.). 85

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Strictu Sensu, sólo sería de aplicación a penados, ya que sólo se refiere a los mismos y lo reitera al fundamento en un “programa específico de tratamiento”. Sin embargo, esta posibilidad también se puede aplicar (y de hecho se está haciendo en múltiples ocasiones) a preventivos, especialmente cuando a éstos se les ha asignado a un Departamento de Régimen Cerrado o Especial a tenor de lo dispuesto por el Art. 10 L.O.G.P. y se quieren combinar elementos de régimen ordinario, para propiciar un regreso a dicho régimen evitando situaciones de desadaptación y para facilitar un proceso menos traumático y más tutelado, que, en ocasiones, evita que el interno vuelva a reincidir en otros expedientes disciplinarios o en protagonizar alteraciones regimentales que determinan muy a menudo el volver (normalmente en peores condiciones) al régimen cerrado por inadaptación al ordinario. Este principio de flexibilidad no pierde su esencia dado que se hace en el ánimo de realizar una mejor intervención individualizada, supervisada por los miembros de la Junta de Tratamiento y, como no puede ser de otra manera, también debe ser informado el Juez de Vigilancia Penitenciaria, que lo suele autorizar, precisamente por hacerse en beneficio e interés del interno. 1.2.5. Grados de Clasificación

Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, que determinará el destino al Establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea de aquél. Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.

Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.

La clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para lle86

Legislación Penitenciaria var a cabo un régimen de vida en semilibertad. (Habrá de tenerse en cuenta a este respecto, lo establecido en los apdos. 5 y 6 del Art.72 de la L.O.G.P. introducidos por la L.O. 7/2003, de 30 de junio, de Medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas y en el Art. 36.2 C. Penal modificado también por dicha Ley).

Conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se clasificará en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, ponderando la concurrencia de los factores a que hace referencia el Art. 102.5 R.P.

La clasificación en segundo grado implica la aplicación de las normas correspondientes al Régimen Ordinario de los Establecimientos. El tercer grado determina la aplicación del Régimen Abierto en cualquiera de sus modalidades, (Pleno o Restringido). El primer grado determina la aplicación de las normas del Régimen Cerrado. (Modalidades de Módulo Cerrado o Departamento Especial).

•

Referencia al cumplimiento del llamado “período de seguridad” del Art. 36.2 C. Penal, introducido por L.O. 7/2003, de 30 de Junio para clasificación o progresión a tercer grado.

Para la aplicación del período de seguridad, establecido en el Art. 36.2 del C.P., se tendrá en cuenta la pena o penas impuestas consideradas de manera individual, es decir, que en los supuestos en los que el penado cumpla varias que sumadas aritméticamente o refundidas excedan de 5 años, pero que individualmente consideradas no excedan de este límite, no le será de aplicación el período de seguridad. Este requisito es siempre exigible a internos condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Respecto al resto de los penados se parte de la regla general de su exigencia, si bien el Art. 36.2 del C.P. permite que el Juez de Vigilancia lo dispense cuando exista un previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción, una vez cumplida la cuarta parte de la pena. Dado que no se ha visto reformado el artículo 92 del C.P. debe entenderse que las propuestas y resoluciones de tercer grado para 87


*

1.3.

concesión de libertad condicional a enfermos muy graves con padecimientos incurables formuladas sobre la base del artículo 104.4 del R.P. no resultan afectadas por el período de seguridad. En consecuencia, pueden realizarse tales propuestas con independencia del tiempo de condena extinguido, por razones de humanidad y de dignidad personal.

Ver Instrucciones 2/2005, en relación a la Satisfacción de las responsabilidad civil derivada del delito y demás circunstancias contempladas en los apartados 5 y 6 del Art. 72 L.O.G.P. para la clasificación o progresión a tercer grado, introducidos por L.O. 7/2003, de 30 de Junio.

LA CENTRAL PENITENCIARIA DE OBSERVACIÓN

La Central Penitenciaria de Observación, antiguamente ubicada en el Complejo Penitenciario de Carabanchel (Madrid), fue creada por Orden del Ministerio de Justicia de 22 de Septiembre de 1967, anterior a la creación del Cuerpo Técnico de I.I.P.P., y con la finalidad de completar la labor de los Equipos existentes entonces en los Establecimientos en materia de clasificación y observación. Se incorpora al Art. 52 del Reglamento de 1956 en la modificación del mismo llevada a cabo por Decreto 162/1968, de 25 de Enero. Se establece en dicho artículo que la Central de Observación, directamente dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias: tiene por finalidad completar la labor de los Equipos en materia de observación, clasificación y tratamiento, orientar y promover el buen funcionamiento de los mismos y resolver las dudas y consultas de carácter técnico que le formulen y, en general, cuanto se le encomiende en relación con este servicio. Además de estas funciones, el R.D. 2273/1977, de 29 de Julio, que modificó el Reglamento de los Servicios de Prisiones asignó a la Central de Observación, también funciones de investigación en el campo criminológico. Finalmente se introduce en la L.O.G.P., (Art. 70), dentro del Título III de la misma, dedicado al tratamiento. 88

Legislación Penitenciaria El Art. 109 del Reglamento Penitenciario establece que para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, existirá una Central Penitenciaria de Observación con sede en los Servicios Centrales del Centro Directivo, en donde actuarán un grupo de especialistas integrados en Equipos Técnicos con las siguientes funciones: Completar la labor de los Equipos Técnicos de los Establecimientos en sus tareas específicas; informar sobre cuestiones de carácter técnico que se formulen por el Centro Directivo, así como atender los requerimientos que los Jueces, Tribunales y miembros del Ministerio Fiscal soliciten en materia pericial de las personas sometidas a su jurisdicción; realizar una labor de investigación criminológica, y participar en las tareas docentes y de formación de funcionarios.

Dicha Central estudiará en los diversos Centros Penitenciarios a aquellos internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para las Juntas de Tratamiento de los Establecimientos o los grupos o tipos de aquellos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del Centro Directivo. No obstante, el Centro Directivo podrá designar otra Junta de Tratamiento, especialmente cualificada dadas las peculiaridades del interno, cuando exista un elevado número de internos en espera de ser estudiados por dicha Central.

En cuanto a “Participar en las tareas docentes y de formación de funcionarios” el Art. 70.1.d. de la L.O.G.P. establecía para ello La Escuela de Estudios Penitenciarios actualmente extinguida, correspondiendo en la actualidad tales funciones al Centro de Estudios Penitenciarios, dependiente de la Subdirección General de Personal, de II.PP. y creado por R.D. 1885/1996, de 2 de Agosto, habiéndose desarrollado sus normas de organización y funcionamiento por Orden de 10 de Febrero de 2000, la cual aprueba las mismas.

89


2.

REGÍMENES DE VIDA

Como hemos visto, cada grado de clasificación conlleva la aplicación de un régimen de vida propio, siendo éste de tres tipos: “Ordinario”, “Abierto” y “Cerrado”.

2.1.

RÉGIMEN ORDINARIO

Se trata del régimen común aplicable con carácter general ya que la clasificación ordinaria es la de segundo grado. Las normas generales de dicho tipo de régimen se regulan en el Art. 76 y ss. del vigente Reglamento Penitenciario, cabiendo reseñar al respecto: ·

·

90

En los Establecimientos de Régimen Ordinario los principios de seguridad, orden y disciplina tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada. La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios establecidos en el Art. 16 de la L.O.G.P., se ajustará a las necesidades y exigencias del tratamiento, a los programas de intervención y a las condiciones generales del Centro.

El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad básica en la vida del Centro. El Consejo de Dirección aprobará y dará a conocer entre la población reclusa el horario que debe regir en el Centro, señalando las actividades obligatorias para todos y aquellas otras de carácter optativo y de libre elección por parte de los internos. En cualquier caso, se garantizarán ocho horas de descanso nocturno, un mínimo de dos horas para que el interno pueda dedicarlas a asuntos propios, y tiempo suficiente para atender a las actividades culturales y terapéuticas y a los contactos con el mundo exterior. Igualmente el Consejo de Dirección aprobará mensualmente el calendario de actividades previsto para el mes siguiente el cual será puesto en conocimiento de los internos y estará expuesto permanentemente en lugar visible para los mismos.

Legislación Penitenciaria ·

2.2.

Todos los reclusos están obligados a respetar el horario del Centro, así como a cumplir y a colaborar con las medidas de higiene y sanitarias que se adopten, procurando que las instalaciones se encuentren siempre limpias y haciendo un buen uso de las mismas. Conforme a lo establecido en el Art. 29.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, los internos vendrán obligados a realizar las prestaciones personales necesarias para el mantenimiento del buen orden, la limpieza y la higiene en los Establecimientos. El Consejo de Dirección fomentará la participación de los internos en los casos y con las condiciones establecidas en el Capítulo VI del Título II del R.P.

RÉGIMEN ABIERTO

Se regula en el Art. 80 y ss R.P. y conforme al Art. 81 el régimen de los Establecimientos de Régimen Abierto será el necesario para lograr una convivencia normal en toda colectividad civil, fomentando la responsabilidad y siendo norma general la ausencia de controles rígidos que contradigan la confianza que inspira su funcionamiento. A tenor de lo establecido en el Reglamento, los Establecimientos de Régimen Abierto pueden ser de los siguientes tipos: Centros Abiertos o de Inserción Social, Secciones Abiertas y Unidades Dependientes.

La ejecución del programa individualizado de tratamiento determinará el destino concreto del interno a los Centros o Secciones Abiertas o Centros de Inserción Social, tomando en consideración, especialmente, las posibilidades de vinculación familiar del interno y su posible repercusión en el mismo. A las Unidades Dependientes, podrán ser destinados por el Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento, aquellos internos que, previa aceptación expresa de las normas de funcionamiento, se adecuen a los objetivos específicos. Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de Régimen Abierto serán elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo y se podrán establecer, a propuesta de la Junta de Tratamiento, distintas modalidades en el sistema de vida de 91

Formación Contínua Acaip-Federación SAP los internos, según las características de éstos, de su evolución personal, de los grados de control a mantener durante sus salidas al exterior y de las medidas de ayuda que necesiten par atender a sus carencias.

Al respecto el R.P. distingue entre Régimen Abierto Restringido y Régimen Abierto Pleno. Así el “restringido” se aplica a penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario, la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en Régimen Abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas.

A los efectos del apartado anterior, en el caso de mujeres penadas clasificadas en tercer grado, cuando se acredite que existe imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, pero conste, previo informe de los Servicios Sociales correspondientes, que va a desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, se considerarán estas labores como trabajo en el exterior.

La modalidad de vida a que se refiere este artículo tendrá como objetivo ayudar al interno a que inicie la búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro, o en su defecto, encontrar alguna Asociación o Institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en libertad y se asimilará, lo máximo posible, a los principios del Régimen Abierto Pleno.

El “pleno” tiene por objeto potenciar las capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando las tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social. El ejercicio de estas funciones se regirá por los siguientes principios:

a)

b)

92

Atenuación de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de programas de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los internos dentro y fuera del Establecimiento.

Autorresponsabilidad, mediante el estímulo de la participación de los internos en la organización de actividades.

Legislación Penitenciaria c)

d)

e)

*

Normalización social e integración, proporcionando al interno, siempre que sea posible, atención a través de los Servicios generales de la Comunidad para facilitar su participación plena y responsable en la vida familiar, social y laboral. Prevención para tratar de evitar la desestructuración familiar y social.

Coordinación con cuantos organismos e Instituciones públicas o privadas actúen en la atención y reinserción de los reclusos, promoviendo criterios comunes de actuación para conseguir su integración en la sociedad.

De la aplicación del Art. 86.4 R.P. (control mediante medios telemáticos), trataremos en el Módulo VI del programa adjunto.

Como norma general, los internos clasificados en tercer grado disfrutarán de salidas de fin de semana, como máximo, desde las 16,00 horas del viernes hasta las 8,00 horas del lunes, y recibirán la asistencia sanitaria que precisen a través de la red sanitaria pública extrapenitenciaria.

2.3.

RÉGIMEN CERRADO

El R.P. le da un carácter excepcional y tiene la consideración de régimen restrictivo, estando destinados a internos considerados de peligrosidad extrema o inadaptados a los regímenes comunes. Se caracteriza por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos, atendiendo fundamentalmente a criterios de seguridad.

El régimen penitenciario de vida regulado conforme a lo establecido en el Art.10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, se cumplirá en Centros o Módulos de Régimen Cerrado o en Departamentos Especiales ubicados en Centros de regímenes comunes, con absoluta separación del resto de la población reclusa. En todo caso, se cumplirá en celdas individuales, caracterizándose por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos, exigiéndose, de manera especial, el acatamiento de cuantas medidas de 93

Formación Contínua Acaip-Federación SAP seguridad, orden y disciplina elabore el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento. En ningún caso, el régimen de vida para estos internos podrá establecer limitaciones regimentales iguales o superiores a las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda.

Dentro del Régimen Cerrado se establecen dos modalidades en el sistema de vida, según los internos sean destinados a Centros o Módulos de Régimen Cerrado o a Departamentos Especiales:

·

·

*

Serán destinados a Centros o Módulos de Régimen Cerrado aquellos penados clasificados en primer grado que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes. (Aplicación Art. 91.2)

Serán destinados a Departamentos Especiales aquellos penados clasificados en primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema. (Aplicación Art. 91.3). Ver Arts. 93 y 94 R.P. sobre características de las modalidades de vida.

El traslado de un penado desde un Establecimiento de Régimen Ordinario o Abierto a un Establecimiento de Régimen Cerrado o a uno de los Departamentos Especiales contemplados en este Capítulo, competerá al Centro Directivo mediante resolución motivada, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento contenida en el ejemplar de clasificación o, en su caso, en el de regresión de grado. De este acuerdo se dará conocimiento al Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de las setenta y dos horas siguientes a su adopción. Dicha propuesta de la Junta de Tratamiento debe contener preceptivamente informes previos del Jefe de Servicios y del Equipo Técnico, tanto para penados como para preventivos conforme a lo establecido en el Art. 273.c) R.P. En el mismo plazo, se notificará al penado dicha resolución, mediante entrega de copia de la misma, 94

Legislación Penitenciaria con expresión del Recurso que puede interponer ante el Juez de Vigilancia, conforme a lo dispuesto en el Art. 76.2, f ) de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, el traslado del penado a un Establecimiento de Régimen Cerrado podrá acordarse por el Centro Directivo, aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los catorce días siguientes, dando cuenta inmediatamente del traslado al Juez de Vigilancia.

2.4.

RÉGIMEN DE PREVENTIVOS

Al efecto y en cuanto al régimen de los mismos, no hay que olvidar que estará presidido por el “principio de presunción de inocencia” establecido constitucionalmente, así como en el Art. 5 de la L.O.G.P, el cual dice: El régimen de prisión preventiva tiene por objeto retener al interno a disposición de la Autoridad Judicial. El principio de presunción de inocencia presidirá el régimen penitenciario de los preventivos.

“Con carácter general el régimen de los detenidos y presos será el régimen ordinario” a que ya hemos hecho referencia en el Epígrafe anterior. No obstante, conforme a lo establecido en el Art. 10 de la L.O.G.P., serán de aplicación a propuesta de la Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo, las normas previstas para los Establecimientos de Cumplimiento de Régimen Cerrado a los preventivos, cuando de trate de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados al régimen ordinario. La peligrosidad extrema o la inadaptación manifiesta se apreciarán ponderando la concurrencia de los factores a que se refiere el Art. 102.5 del Reglamento (para clasificación en primer grado), en cuanto sean aplicables a los internos preventivos. “La aplicación del régimen cerrado a los internos preventivos se realizará por acuerdo del Centro Directivo a propuesta de la Juntas de Tratamiento, previo los informes preceptivos señalados en el Art. 97 95

Formación Contínua Acaip-Federación SAP número 1 del Reglamento Penitenciario. La propuesta de las Juntas no será inmediatamente ejecutiva, procediéndose, hasta tanto no se produzca el acuerdo del Centro Directivo, a la aplicación de las limitaciones regimentales previstas en el Art. 75 o la adopción de medidas cautelares en su caso”. La permanencia de los detenidos y presos en el régimen cerrado será por el tiempo necesario, hasta que desaparezcan o disminuyan significativamente las razones o circunstancias que sirvieron de fundamento para su aplicación. En todo caso, la revisión del acuerdo no podrá demorarse más de tres meses, previa emisión de los preceptivos informes, (Jefe de Servicios y Equipo Técnico). *

96

Verse especialmente Instrucciones 6/2006, sobre Protocolo de Actuación en Materia de Seguridad y 9/2007, sobre Clasificación y Destino de Penados.


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA V: CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE LAS PENAS

1.

REGLAS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS EN LOS SUPUESTOS DE CONCURRENCIA DE DOS O MÁS PENAS

El Art. 20 del C. Penal establece que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código.

Su cumplimiento, así como los beneficios, penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes y en este Código.

En concurrencia de penas, conforme a modificación del C. Penal introducida por L.O. 7/2003, de 30 de Junio, el criterio general viene establecido en los Arts. 73 y 75 del C. Penal.

Al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. (Art. 73 C.P.).

Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. (Art. 75 C.P.).

Como excepción a lo anterior, el Art. 76 C. Penal señala determinados supuestos en que no se lleva a cabo una acumulación aritmética de todas las penas, así tenemos: 97

Formación Contínua Acaip-Federación SAP No obstante lo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. •

Excepcionalmente, este límite máximo será:

a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por Ley con pena de prisión de hasta 20 años.

b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por Ley con pena de prisión superior a 20 años.

c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo de la Sección segunda del Capítulo V del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión o el momento de su comisión, pudieran haberse enjuiciado en uno sólo. (Art. 76 C.P.).

Ello es lo que se denomina “Acumulación Jurídica”, es decir, la totalidad de las penas impuestas quedan resumidas a una sola, la cual adquiere efectos jurídicos a todos los efectos, de acuerdo con los límites expuestos y correspondiendo efectuar dicha acumulación al último Tribunal Sentenciador ya que como vemos queda circunscrita al ámbito temporal. Ejemplo de ello sería un individuo que hubiera sido condenado a un total de 300 años como consecuencia de la imposición de distintas penas, incluso tratándose de distintos procesos, acumuladas todas ellas en base a la última en la que recayó sentencia firme la pena real resultante a cumplir no excedería de 20, 25, 30 ó 40 años, según estén castigados por Ley los delitos que las hayan motivado. 98

Legislación Penitenciaria Hasta la entrada en vigor de la L.O. 7/2003, de 30 de Junio, la pena resultante, además de ser de menor duración, operaba a todos los efectos como única pena, siendo deducibles a ésta los beneficios que pudieran serle de aplicación, lo que conllevaba que una vez se alcanzara el límite máximo establecido legalmente de cumplimiento efectivo todos los delitos cometidos, quedaran sin castigo en la práctica aunque documentalmente hubiera constancia de la condena, operando dicho límite máximo además para fechas de repercusión penitenciaria (1/4 para permisos ordinarios, 3/4 y 2/3 para libertad condicional).

A través de la modificación introducida no sólo se eleva el máximo de cumplimiento de las penas hasta 40 años sino que mediante el Art. 78 del C. Penal se asegura en los supuestos de crímenes especialmente graves un cumplimiento efectivo del límite máximo al estar referida la concesión de cualquier tipo de beneficio a la totalidad de las penas impuestas y no a la pena resultante.

Así tenemos que el Art. 78 C. Penal establece determinados criterios para los casos de condenas de larga duración en que se establece un endurecimiento del régimen general de cumplimiento aplicable mientras el condenado esté privado de libertad. 1. Si a consecuencia de las limitaciones anteriores, la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal Sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias. 2. Dicho acuerdo será preceptivo en los supuestos previstos en los párrafos a), b), c) y d) del apartado 1 del Art. 76 de este Código, siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las impuestas.

3. En estos casos, el Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, 99

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Instituciones Penitenciarias y las demás partes la aplicación del régimen general de cumplimiento.

Si se tratase de delitos de terrorismo de la Sección II del Capítulo V del Título XXII del Libro II de este Código o cometidos en el seno de organizaciones criminales y atendiendo a la suma total de las penas impuestas la anterior posibilidad sólo será posible:

a)

b)

Al tercer grado penitenciario cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la pena.

A la libertad condicional cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.

Por tanto, de todo lo anterior podemos extraer siempre y cuando la pena resultante sea inferior a la mitad de la suma total de todas las penas impuestas: ·

·

·

En condenas acumuladas de 20 años la aplicación para su cumplimiento del régimen general (sobre la resultante) o del régimen especial (sobre la totalidad de las penas impuestas) a efectos del cómputo para el acceso a los beneficios corresponderá determinarse por el Juez o Tribunal Sentenciador correspondiente.

En condenas acumuladas de 25, 30 y 40 años la norma general es la aplicación del régimen especial, es decir, el cómputo para poder acceder a beneficios se realizará sobre la suma total de las penas impuestas.

La aplicación excepcional del régimen general acordada por el Juez de Vigilancia (sobre la resultante) en delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales sólo podrá llevarse a cabo en lo referente a clasificación en tercer grado una vez cumplidos los 4/5 de la condena y respecto a libertad condicional una vez cumplidos los 7/8 de la condena. (Por ejemplo, para una condena resultante de 40 años, en el mejor de los casos se podría acceder al tercer grado una vez cumplidos 32 años y a libertad condicional cumplidos 35 años).

La mencionada L.O. 7/2003, de 30 de Junio también introduce en nuestro ordenamiento jurídico el llamado “Período de Seguridad” para la clasificación en tercer grado, (Art. 36.2 C.P.) ya visto en otra parte del 100

Legislación Penitenciaria programa así como añade los apartados 5 y 6 al Art. 72 de la L.O.G.P. estableciendo nuevos criterios en materia de clasificación o progresión a tercer grado de tratamiento penitenciario en referencia a la satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito y en delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales el mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas y además colaborar activamente con las Autoridades.

En materia de libertad condicional modifica los Arts. 90 y 91 del C. Penal así como en relación a delitos de terrorismo el Art. 93 de dicho texto legal con referencia a la revocación, todo ello visto también en otras partes del programa. Asimismo se introduce un nuevo apartado en la Disposición Adicional Quinta de la L.O.P.J. por el que se establece el efecto suspensivo del Recurso contra resoluciones en materia de clasificación de penados o concesión de libertad condicional para evitar la posibilidad de que la excarcelación se produzca sin la intervención judicial en los casos de delitos graves para evitar que una excarcelación inmediata por una decisión de libertad condicional haga ineficaz la resolución que en virtud de un Recurso de Apelación pueda dictarse.

El Centro Directivo, mediante I. 9/2003, complementada por I. 2/2004, llevó a cabo las indicaciones para la adecuación del procedimiento de actuación de las Juntas de Tratamiento a las modificaciones normativas introducidas por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de Junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, todo lo cual fue modificado por la vigente Instrucción 2/2005, de 15 de Marzo. (Verse también Instrucción 1/2005 en referencia a las Oficinas de Gestión sobre cumplimiento de condenas).

101


2.

REFERENCIA A LA I. 2/2005, DEL C.D. SOBRE CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y EFECTIVO DE LAS PENAS

2.1. ·

·

·

EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN EN TERCER GRADO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Cumplimiento del llamado “período de seguridad”

Para la aplicación del período de seguridad, establecido en el Art. 36.2 del C.P., se tendrá en cuenta la pena o penas impuestas consideradas de manera individual; es decir, que en los supuestos en los que el penado cumpla varias que sumadas aritméticamente o refundidas excedan de 5 años, pero que individualmente consideradas no excedan de este límite, no le serán de aplicación el período de seguridad. En los casos en los que sea de aplicación el período de seguridad, el cumplimiento de la mitad de la condena es siempre exigible a internos condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales. Clasificación a efectos de libertad condicional de enfermos muy graves con padecimientos incurables

Al no haberse visto reformado el Art. 92 del C. Penal en lo relativo a las dispensas del requisito de cumplimiento de las tres cuartas partes o, en su caso, dos terceras partes de la condena para la concesión de la libertad condicional a enfermos muy graves con padecimientos incurables, debe entenderse que las propuestas y resoluciones de tercer grado formuladas sobre la base de las previsiones del Art. 104.4 del R.P. no resultan afectadas por el “período de seguridad”. En consecuencia, pueden realizarse tales propuestas con independencia del tiempo de condena extinguido, por razones de humanidad y de dignidad personal. Satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito

a) Supuestos generales

Como nuevo requisito para poder clasificar o progresar a tercer grado a los internos se exige que el penado haya satisfecho la responsa102

Legislación Penitenciaria bilidad civil derivada del delito (Art. 72.5 L.O.G.P.), estableciendo, a tales efectos, la nueva normativa los siguientes criterios:

1.- El pago efectivo de esta responsabilidad.

2.- La voluntad y capacidad de pago manifestada de alguna de las siguientes formas:

La conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales.

Las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera. Las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura.

La estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición.

Si el primero de los criterios se puede calificar de objetivo, sin embargo el resto son eminentemente valorativos. Así pues, la forma de proceder para acreditar estas circunstancias deberá ser para el criterio objetivo confirmar ante el Tribunal Sentenciador tal cumplimiento o la declaración de insolvencia del penado en la sentencia condenatoria, y para los demás casos, la voluntad y capacidad de pago del interno con el compromiso firmado por el mismo de comenzar a satisfacerla si durante el tercer grado o el disfrute de la libertad condicional desarrolla un trabajo remunerado, entre otros requisitos.

En los supuestos expresamente previstos en el Art. 72.5 de la L.O.G.P. (delitos patrimoniales de notoria gravedad y perjuicio a generalidad de personas, contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social y contra la Administración Pública comprendidos en los capítulos VI al IX del Título XIX del Libro II del Código Penal) se entenderá que el término “singularmente” no introduce un diferente tratamiento jurídico penitenciario para los penados que cumplan su condena por estos delitos, valorándose tanto el criterio objetivo como la voluntad y capacidad de pago apreciada en los factores se103

Formación Contínua Acaip-Federación SAP ñalados anteriormente, si bien de manera más destacada que los demás delitos.

b) Delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales

En el Art. 72.6 de la L.O.G.P. respecto de estos penados se exige que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y que además hayan colaborado activamente con las Autoridades para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, para atenuar los efectos de su delito o para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, bien para obtener pruebas o bien para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que hayan pertenecido o con las que hayan colaborado.

Estas circunstancias se podrán acreditar mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, y por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las Autoridades.

2.2.

EN MATERIA DE LIBERTAD CONDICIONAL

Es preciso para la concesión de libertad condicional la satisfacción de la responsabilidad civil en los términos vistos anteriormente, por lo que el Informe Pronóstico Final del Art. 67 L.O.G.P. sólo será favorable cuando dicho requisito se cumpla, debiendo contener, al igual que ocurría en las propuestas iniciales o progresiones de tercer grado, los criterios que las Juntas de Tratamiento ponderen para entenderlo cumplido. Las Juntas de Tratamiento, al elevar el expediente al Juez de Vigilancia, podrán proponer una o varias de las reglas de conducta o medidas previstas en los Arts. 83 y 96.3 del C. Penal, especialmente la obligación de realizar los pagos fraccionados de responsabilidad civil a los que se hubiesen comprometido. Los Servicios Socia104

Legislación Penitenciaria les penitenciarios realizarán el seguimiento del cumplimiento de dichas obligaciones.

Debe señalarse, que para los supuestos de revocaciones de libertad condicional en el caso de internos condenados por delitos de terrorismo, a diferencia del resto, llevan aparejada la automática pérdida del tiempo pasado en libertad como cómputo del tiempo de condena extinguido.

2.3.

EN MATERIA DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS

En esta materia es preciso destacar como novedosos en la nueva normativa los siguientes aspectos:

Que el adelantamiento a las 2/3 partes nunca puede aplicarse a internos condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones delictivas.

Que se introduce un nuevo beneficio de adelantamiento cualificado, que tampoco es aplicable a penados por delitos de terrorismo o integrantes de organizaciones delictivas, que exige: Tener cumplida la mitad de la condena.

Una participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación (Art. 91.2 C.P.).

Que el beneficio nuevo consiste en adelantar la libertad condicional de las 2/3 partes hasta un máximo de 90 días antes por cada año de cumplimiento efectivo de la condena.

Con el fin de poder proponer de forma justificada al Juez de Vigilancia Penitenciaria este nuevo beneficio se deberá seguir los criterios establecidos por la vigente Instrucción 12/2006, derogadora de la anterior I. 3/2004, de 29 de Septiembre.

105


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA VI: TRATAMIENTO PENITENCIARIO: ACTIVIDADES Y RECURSOS

1.

CONCEPTO, FINES Y PRINCIPIOS INSPIRADORES

En un sentido amplio, podríamos definir el Tratamiento como el “Conjunto de técnicas y actividades basadas en las ciencias de la conducta y en el estudio personal del individuo, que pretende una modificación de éste de cara a una positiva reeducación y reinserción social que le permita vivir respetando la Ley, así como subvenir a sus necesidades.” La L.O.G.P. en su Art. 59 lo define como “conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados”.

Los principios que inspiran el tratamiento penitenciario se encuentran recogidos en el Art. 62 de la L.O.G.P. que dice:

a) Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno.

b) Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que será emitido tomando como base una consideración ponderada del enjuiciamiento global a que se refiere el apartado anterior, así como el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales del sujeto. c) Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, sociales y pedagógicos, en relación a la personalidad del interno. 106

Legislación Penitenciaria d) En general será complejo, exigiendo la integración de varios métodos citados en una dirección del conjunto y en el marco del régimen adecuado.

e) Será programado, fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos del mismo entre los diversos especialistas y educadores.

f) Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena.

Aspecto fundamental del tratamiento es la observación del interno. En el campo penitenciario se entiende por observación toda recogida de datos relativos a la conducta del interno, a fin de conocer mejor al individuo y descubrir sus deficiencias y sus aptitudes, lo que nos ayuda a encontrar los medios para desarrollar su personalidad, siendo los datos obtenidos de gran utilidad para su posterior tratamiento. La observación, así mismo, también es fundamental a la hora de prevenir situaciones que de otro modo, podrían haber resultado conflictivas, así como en el caso de los preventivos para su posterior clasificación.

Entre los métodos de observación, se distinguen:

a) Observación Directa, la cual se hace en situaciones previamente seleccionadas, y que a su vez puede ser:

1. Simple: Aquella que tiene lugar en un momento o durante un período de tiempo fijado.

2. Circunstancial: La que se lleva a cabo cuando se desea observar la aparición de ciertas respuestas en conexión con situaciones seleccionadas. (Ejemplo: reacción ante una recompensa).

3. Experimental: Cuando las situaciones a las que el sujeto se va a enfrentar están rigurosamente controladas. b) Observación Documental, que se obtiene principalmente a través del expediente personal del interno, especialmente de los Testimonios de Sentencia y de las Hojas de Vicisitudes de su vida penitenciaria. 107

Formación Contínua Acaip-Federación SAP c) Observación Mediante Encuesta. Se logra a través de la entrevista personal, los cuestionarios y la escala de actitudes.

d) Observación Mediante Ratings. Tiene por objeto evaluar cuantitativamente una o varias conductas de un sujeto, y para que la observación sea eficaz, debe ser: 1.

2.

3.

Permanente, Continua e ininterrumpida en el tiempo y en el espacio.

Disimulada. Ver sin ser vistos.

Múltiple, utilizando todos los órganos para captar cualquier detalle.

4. General, organizada en todos los escalones, (gestos, palabras, movimientos, etc.).

5. Estable, es decir, constante, firme; que no ofrezca perspectivas de cambio.

Así pues, de conformidad con todo lo anterior, y de acuerdo con el contenido del Art. 60.2 de la L.O.G.P. “Se deberán utilizar, en tanto sea posible, todos los métodos de tratamiento y los medios que, respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena, puedan facilitar la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados”, el R.P. 190/1996 incorpora a su texto los avances que han ido produciéndose en el campo de la intervención y tratamiento de los internos, consolidando una concepción del tratamiento acorde a los actuales planteamientos de la dogmática jurídica y de las ciencias de la conducta, haciendo hincapié en el componente resocializador más que en el concepto clínico del mismo. Por ello, el Reglamento opta por una concepción amplia del tratamiento que no sólo incluye las actividades terapéutico-asistenciales, sino también las actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, concibiendo la reinserción del interno como un proceso de formación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos eficientes para su propia emancipación. En este campo también se incorporan al Reglamento las experiencias tratamentales generadas por la práctica penitenciaria, así como otras surgidas en el Derecho Comparado.

108


2.

ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Del Tratamiento Penitenciario regulado en la L.O.G.P. en el Título III (Arts. 59 al 72), trata el Reglamento Penitenciario en su Título V que al efecto y en el ámbito de Criterios Generales, establece en el Capítulo I de dicho Título lo referente a los elementos del tratamiento, así como la labor de las Juntas de Tratamiento y Equipos Técnicos en referencia al mismo y la participación del interno en éste. El Art. 110 R.P. dice que para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, la Administración Penitenciaria diseñará programas formativos, utilizará programas y técnicas de carácter psicosocial, potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior.

El Art. 112 R.P. por su parte establece que las tareas de observación, clasificación y tratamiento penitenciarios las realizarán las Juntas de Tratamiento y sus decisiones serán ejecutadas por los Equipos Técnicos, continuando con que para la adecuada ejecución de estas actividades por los Equipos Técnicos se contará con la colaboración del resto de los profesionales del ámbito penitenciario y se facilitará la colaboración y participación de los ciudadanos y de Instituciones o Asociaciones públicas o privadas.

2.1.

REFERENCIA A DISTINTAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

Conforme al Art. 113 R.P. las actividades de tratamiento se realizarán tanto en el interior de los Centros Penitenciarios como fuera de ellos, en función, en cada caso concreto, de las condiciones más adecuadas para la consecución de los fines constitucionales y legales de la pena privativa de libertad. En todo caso, la Administración Penitenciaria tendrá en cuenta los recursos existentes en la Comunidad para la ejecución de las actividades del tratamiento penitenciario. 109

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Entre las distintas actividades caben destacar las referidas a los siguientes programas de tratamiento:

·

Salidas Programadas

Para la realización de actividades específicas de tratamiento podrán organizarse salidas programadas destinadas a aquellos internos que ofrezcan garantías de hacer un uso correcto y adecuado de las mismas. En todo caso, los internos serán acompañados por personal del Centro Penitenciario o de otras Instituciones o por voluntarios que habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento penitenciario de los reclusos.

Los requisitos necesarios para la concesión de salidas programadas serán los establecidos para los permisos ordinarios de salida en el Art. 154 del Reglamento y serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación del Centro Directivo y la posterior autorización del Juez de Vigilancia en aquellos supuestos en que la salida, por su duración y por el grado de clasificación del interno, sea competencia de este órgano judicial. (2º grado más de dos días).

·

Como regla general, la duración de las salidas programadas no será superior a dos días y, en ningún caso, se computará dentro de los límites establecidos para los permisos ordinarios en el Art. 154 del Reglamento. Para dichas salidas se adoptarán, en cada caso, las medidas oportunas referentes a la forma y medio de traslado, así como las medidas de seguridad correspondientes. (Art. 114 R.P.). Grupos en Comunidad Terapéutica

Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera, se podrán organizar en los Centros correspondientes programas basados en el principio de Comunidad Terapéutica. Siempre que el Centro Directivo autorice la constitución de uno de estos grupos, la Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario, con exclusión de las que se refieran a los aspectos económico-administrativos. (Art. 115 R.P.).

110


·

La comunidad terapéutica es un método de psicoterapia colectiva global ideada por Maxwel Jones poco después de la Segunda Guerra Mundial. Está basada sobre la hipótesis de que todo individuo, sano o enfermo, oculta en sí mismo poderes terapéuticos que pueden desencadenarse para ejercer una acción beneficiosa sobre sí y sobre otros. Entre los principios básicos de este método figura la libertad de expresión y la discusión inmediata en común de todo acto impulsivo o agresivo de cada individuo. La idea que la conforma, según el Dr. Pelegrina es muy simple: se trata de “Personalizar al interno” “Personalizando su comportamiento”. Esto es, haciendo que el interno goce de su libertad y asuma su responsabilidad, dentro de la dinámica conductual penitenciaria. Programas de Actualización Especializada

Todo interno con dependencia de sustancias psicoactivas que lo desee, debe tener a su alcance la posibilidad de seguir programas de tratamiento y deshabituación, con independencia de su situación procesal y de sus vicisitudes penales y penitenciarias.

El Art. 116 distingue la posibilidad de todos los internos a acceder a programas especializados puntuales en su propio Centro y, en su caso, cuando éstos tengan carácter permanente, (por ejemplo un programa de deshabituación mediante suministro de metadona durante un determinado tiempo), en otros Centros previamente establecidos en las diferentes áreas geográficas.

Asimismo dicho artículo establece que la Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno establecer. El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos afectados en los Centros Penitenciarios.

Mediante L.O. 1/2004, de 28 de Diciembre, se introduce la realización de programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género por parte de la Administración Penitenciaria así como su valoración por las Juntas de 111


·

Tratamiento para las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional.

Ejecución de Programas Especializados para Penados en 2.º Grado (Art. 117 R.P.)

A diferencia de los programas de actuación especializada referidos en el artículo anterior que abarcan a todos los internos sin excepción alguna, las “medidas regimentales para la ejecución de programas especializados” conciernen en exclusiva a penados clasificados en segundo grado de tratamiento, (aplicación del “principio de flexibilidad”). El Reglamento Penitenciario dice que los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán acudir regularmente a una Institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social.

Esta medida requerirá haber sido planificada con el interno por la Junta de Tratamiento y estará condicionada a que aquél preste su consentimiento y se comprometa formalmente a observar el régimen de vida propio de la Institución y las medidas de seguimiento y control que se establezcan en el programa cuya duración de cada salida diaria no excederá de ocho horas y requerirá la autorización del Juez de Vigilancia. Si el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Centro Directivo.

2.2.

LA FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMO ELEMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

Las prestaciones relativas a la formación, cultura y deporte de los recluidos, (anteriormente encuadradas dentro de las Prestaciones de la Administración Penitenciaria) aparecen reguladas en los Arts. 118 al 131 del Capítulo III del Título V del Reglamento, configuradas dentro del “Tratamiento Penitenciario”, como consecuencia de la importancia de las mismas en la contribu112

Legislación Penitenciaria ción del desarrollo integral de la personalidad del interno y en definitiva, de su tratamiento. Por su parte, la L.O.G.P. dedica el Capítulo X del Título II (Arts. 55 a 58) a la “Instrucción y Educación” de los internos.

Dentro de los criterios generales, (Arts. 118 a 121 R.P.) cabe destacar:

·

·

·

Las actividades, formativas, socioculturales y deportivas se determinarán por el Consejo de Dirección, teniendo en cuenta los planes de actuación del Centro Directivo, a partir de los programas individualizados elaborados por las Juntas de Tratamiento. Los reclusos extranjeros tendrán las mismas posibilidades de acceso a la formación y educación que los nacionales.

El seguimiento con aprovechamiento de las actividades educativas y formativas y, en general, de todas a las que se refiere el Art. 118 R.P. se estimulará mediante los beneficios penitenciarios y recompensas que procedan.

Se expedirán a solicitud del interno certificaciones acreditativas de las enseñanzas, cursos o actividades desarrollados, que no deberán contener indicación alguna relativa a su obtención en un Establecimiento Penitenciario.

La tutoría y orientación de los internos formará parte de la función docente. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor y los Servicios Educativos garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos.

El Centro Directivo podrá conceder, previo informe de la Junta de Tratamiento, traslados de Establecimiento por motivos educativos. 2.2.1. Enseñanza Obligatoria (Arts. 122 y 123 R.P.)

La enseñanza obligatoria ha de entenderse como una prestación por parte de la Administración Penitenciaria, sin que su rechazo o no cooperación en la misma por parte del alumno-recluso pueda derivar en ningún caso en infracción disciplinaria, no sólo en cuanto que forma parte global del tratamiento, sino también porque al tratarse de Educación de Adultos no conlleva la obligatoriedad de escolarización establecida legalmente, (por edad), conforme al contenido del Art. 27 de la Constitución. El R.P., en la Sección 2ª del 113

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Capítulo III, del Título V (Arts. 122 y 123), establece al efecto entre otros aspectos que al ingresar en el Establecimiento, los internos que no posean titulaciones correspondientes a las enseñanzas obligatorias del Sistema Educativo serán examinados por el Maestro para conocer su nivel de instrucción y su perfil educativo, así como para determinar el ciclo de enseñanza obligatoria en que deberán ser incluidos. En los aspectos académicos, la actividad educativa de los Centros Penitenciarios se ajustará a lo que dispongan las Autoridades educativas bajo cuyo ámbito se encuentre el Establecimiento Penitenciario.

La formación básica que se imparta a los analfabetos, a los jóvenes, a los extranjeros y a las personas con problemas específicos para su acceso a la educación tendrá carácter prioritario, así como la educación para la salud será objeto de atención preferente. 2.2.2. Otras Enseñanzas

La Administración Penitenciaria facilitará el acceso de los internos a programas educativos de enseñanzas regladas y no regladas que contribuyan a su desarrollo personal. Con este fin, la Administración Penitenciaria promoverá, mediante acuerdos con Instituciones públicas y privadas, las actuaciones necesarias para que los internos puedan cursar con aprovechamiento las enseñanzas que componen los diferentes niveles del Sistema Educativo. Cuando la participación en estos programas educativos implique modificaciones regimentales, deberá solicitarse autorización de la Dirección del Establecimiento, que podrá denegarla por razones de seguridad. (Art. 124 R.P.).

Con relación a los estudios universitarios de los internos la L.O. 6/2003, de 30 de Junio, por la que se modifica el Art. 56 de la L.O.G.P. da prioridad a su impartición a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.), siendo el principal motivo de ello el evitar que internos por delitos de terrorismo de E.T.A. pudieran cursar sus estudios a través de la Universidad del País Vasco, dadas las presiones ejercidas hacia el profesorado de dicha Universidad.

114

Legislación Penitenciaria La nueva redacción del referido Art. 56 L.O.G.P. es la siguiente:

1. La Administración organizará las actividades educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes.

2. Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será necesario que la Administración Penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras modificaciones, prórrogas o extensión de aquéllos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán ser autorizados por la Administración Penitenciaria.

En atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no presencial de los estudios a los que se refiere este artículo, los convenios aludidos en el párrafo anterior se suscribirán, preferentemente, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. No obstante, las Administraciones Penitenciarias competentes podrán celebrar convenios con universidades de su ámbito en los términos establecidos en el párrafo anterior.

En referencia a los medios personales y materiales para la impartición de enseñanzas en los Centros Penitenciarios el R.P. en sus Arts. 126 a 129 dice en cada Centro Penitenciario existirá una o varias Unidades Educativas para el desarrollo de los cursos obligatorios de formación básica y Maestros responsables de las actividades educativas, que impartirán las enseñanzas que se determinen y serán responsables de la educación presencial y a distancia que se programe en los diferentes niveles educativos.

Asimismo en cada Establecimiento existirá una Biblioteca y una Sala de Lectura bajo la responsabilidad del Maestro que se determine. Los internos podrán colaborar en la gestión de la Biblioteca y proponer las ad115

Formación Contínua Acaip-Federación SAP quisiciones que consideren oportunas, y tendrán derecho a la utilización de los fondos existentes en la misma.

Los internos tienen derecho a disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones que, en casos concretos, aconsejen las exigencias del tratamiento individualizado. En todo caso, no se autorizará la tenencia en el interior de los Establecimientos, de publicaciones que carezcan del depósito legal o pie de imprenta, con excepción de las editadas en el propio Centro Penitenciario, así como las que atenten contra la seguridad y buen orden del Establecimiento.

Cuando razones de carácter educativo o cultural lo hagan necesario o aconsejable para el desarrollo de los correspondientes programas formativos se podrá autorizar que el interno disponga de un ordenador personal. Con este fin, se exigirá que el interno presente una memoria justificativa de la necesidad avalada por el Profesor o Tutor.

El uso del ordenador y del material informático se regulará en las correspondientes normas de régimen interior y, en su caso, quedará prohibida la transmisión de cintas o disquetes y la conexión a redes de comunicación. El Consejo de Dirección podrá retirar la autorización concedida cuando existan fundadas sospechas de que se está haciendo un mal uso de la misma o cuando la autorización no se corresponda con una necesidad real del interno. En todo caso se entenderá que existen sospechas de un mal uso del ordenador cuando el interno se niegue a mostrar el contenido de la totalidad de los archivos del mismo, previo requerimiento del Consejo de Dirección. (Ver Instrucción 6/2006 sobre medios audiovisuales e informáticos). 2.2.3. Formación Profesional, Sociocultural y Deportiva

Para terminar, conforme a los Arts. 130 y 131 R.P. los internos que posean una baja cualificación profesional realizarán los cursos de formación profesional y ocupacional que, de acuerdo con las directrices de la Junta de Tratamiento, se les asignen. Los cursos se organizarán con arreglo a los planes existentes para los restantes ciudadanos en materia de formación profesio116

Legislación Penitenciaria nal y ocupacional y de inserción social y laboral. La formación profesional constará de las partes teórica y práctica que se fijen en los planes correspondientes.

Con arreglo a las directrices marcadas por el Centro Directivo y de acuerdo con las necesidades detectadas por las Juntas de Tratamiento, se programarán las actividades culturales, deportivas y de apoyo más adecuadas para conseguir el desarrollo integral de los internos. Los internos podrán proponer las actividades socioculturales y deportivas que deseen realizar.

La Administración Penitenciaria promoverá la máxima participación de los internos en la realización de las actividades culturales, deportivas y de apoyo que se programen, que se destinarán al mayor número posible de internos y tendrán continuidad durante todo el año. Las actividades culturales, deportivas y de apoyo, así como la participación en las mismas de los internos, los profesionales del Centro y los colaboradores sociales del exterior, se coordinarán por la Junta de Tratamiento.

Por otra parte, vemos que la colaboración en el tratamiento se extiende más allá de la propia Administración Penitenciaria, así tenemos el Art. 69.2 de la L.O.G.P. “A los fines de obtener la recuperación social de los internos en Regímenes Ordinario y Abierto se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de Instituciones o Asociaciones públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos”.

El Art. 62 R.P., referido a las Entidades Colaboradoras establece al respecto que las Instituciones y Asociaciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos deberán presentar, para su aprobación por el Centro Directivo, la correspondiente solicitud de colaboración junto con el programa concreto de intervención penitenciaria que deseen desarrollar. Aprobada la solicitud y el programa de colaboración por el Centro Directivo, previo informe de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario correspondiente, la Institución o Asociación colaboradora deberá inscribirse, para poder actuar, en el Registro Especial de Entidades colaboradoras gestionado por el Centro Directivo, sin perjuicio, en su caso, de su previa constitución e inscripción en el Registro Público de Asociaciones correspondiente. 117


Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la Institución o Asociación colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que, junto con el informe de la Junta de Tratamiento del Establecimiento, se remitirán por el Director al Centro Directivo.

118


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA VII: PERMISOS DE SALIDA

1.

FINALIDAD. NATURALEZA JURÍDICA Y EFECTOS

Los permisos de salida constituyen un elemento clave del tratamiento penitenciario. Su puesta en práctica se lleva a cabo a través de la técnica de ensayo, superando la situación de hecho a la propia normativa. Los primeros antecedentes los encontramos en Suiza, a mediados del siglo XX donde se otorgaban permisos de salida para internos que hubieren alcanzado la mitad de la condena y observaren buena conducta, posteriormente se importan a la mayor parte de los Estados Europeos. En España el primer antecedente se recoge en el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, que contempla la posibilidad de disfrutar permisos de salida para casos de enfermedad muy grave o defunción de familiares. El R.D. 2273/77, de 29 de Julio, incluye por primera vez un Capítulo dedicado a los permisos de salida, estableciendo permisos en domingos y días festivos desde las 11,00 a las 19,00 horas, para pasarlos con familiares en la localidad donde radica el Centro Penitenciario, y permisos de veinticuatro a cuarenta y ocho o setenta y dos horas, y excepcionalmente de una semana, cualquiera que fuera el grado en que se encontrara el recluso, salvo en el primero, en que los permisos no podían exceder de cuarenta y ocho horas. La L.O.G.P. incardina los permisos de salida en la actividad reeducadora y resocializadora que la pena privativa de libertad ha de representar constituyendo los mismos un instrumento del tratamiento. El R.P. de 1981 desarrolla la legislación establecida en la L.O.G.P. de los permisos de salida y posteriormente el R.P. de 1996 aún llevando una línea continuista de la regulación del anterior Reglamento establece nuevas formas más acordes con la situación y necesidades actuales.

119

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Las vigentes Reglas Penitenciarias Europeas de 11 de Enero de 2006 dan por sentado la implantación de permisos y así en el Art. 103.6 referido a “La aplicación del régimen a los internos penados establece que: “Un sistema de permisos penitenciarios debe formar parte integrante del régimen de los internos penados”. En su Art. 24.7 correspondiente al Título II sobre “Condiciones del Internamiento” para los internos en general las mismas Reglas regulan que: “Cuando las circunstancias lo permitan, se autorizará a los internos a ausentarse de la prisión - bajo vigilancia o libremente - para visitar a sus parientes enfermos, asistir al entierro de éstos, o por otras razones humanitarias”.

Por tanto, lo que queda claro es que con independencia de la naturaleza jurídico-tratamental de preparación para la vida en libertad de los permisos ordinarios, su concesión produce otros efectos colindantes. La propia jurisprudencia constitucional ha hecho la siguiente valoración: “Todos los permisos cooperan potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones propias del internamiento y las consecuencias de la vida continuada en prisión que siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria. Constituyen un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de la responsabilidad del interno y con ello al desarrollo de su personalidad. Le proporcionan información sobre el medio social en el que ha de integrarse, e indican cuál es la evolución del penado”.

2.

CLASES, DURACIÓN Y REQUISITOS DE LOS PERMISOS

Los permisos de salida se regulan en la L.O.G.P. (Título II, Capítulo VI, Arts. 47 y 48) y en el Reglamento Penitenciario (Título VI, Arts. 154 a 162) y en la Instrucción 22/1996, de 16 de Diciembre.

Estos pueden ser: Permisos Ordinarios (Art. 47.2 L.O.G.P. Y 154 R.P.), Permisos Extraordinarios (Art. 47.1 L.O.G.P. Y 155 R.P.) y Permisos de Preventivos (Art. 48 L.O.G.P. y 159 R.P.). 120

Legislación Penitenciaria Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta. Los límites máximos anuales de treinta y seis y cuarenta y ocho días de permisos antes señalados, se distribuirán, como regla general, en los dos semestres naturales de cada año, concediendo en cada uno de ellos hasta dieciocho y veinticuatro días, respectivamente. Dentro de los indicados límites no se computarán las salidas de fin de semana propias del Régimen Abierto ni las salidas programadas que se regulan en el Art. 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios regulados en el Art. 155 R.P.

En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos o de alumbramiento de la esposa o persona con la que el recluso se halle ligado por similar relación de afectividad, así como por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza, se concederán, con las medidas de seguridad adecuadas en su caso, permisos de salida extraordinarios, salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan.

La duración de cada permiso extraordinario vendrá determinada por su finalidad y no podrá exceder del límite fijado para los permisos ordinarios. Permisos para Consulta e Ingreso en Hospital Extrapenitenciario (Art. 155.4 R.P.)

Se podrán conceder, con las medidas de seguridad adecuadas en cada caso y previo informe médico, permisos extraordinarios de salida de hasta doce horas de duración para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados clasificados en segundo o tercer grado, así como permisos extraordinarios de hasta dos días de duración cuando los 121

Formación Contínua Acaip-Federación SAP mismos deban ingresar en un Hospital extrapenitenciario. En éste último caso, si el interno tuviera que permanecer ingresado más de dos días, la prolongación del permiso por el tiempo necesario deberá ser autorizada por el Juez de Vigilancia cuando se trate de penados clasificados en segundo grado, o por el Centro Directivo, para los clasificados en tercer grado.

Tales permisos no estarán sometidos, en general, a control ni custodia del interno cuando se trate de penados clasificados en tercer grado y podrán concederse en régimen de autogobierno para los penados clasificados en segundo grado que disfruten habitualmente de permisos ordinarios de salida. Permisos de Preventivos

Referido al Capítulo I del R.P. (Clases, Duración y Requisitos de los Permisos), el Art. 159 R.P. dice que: “Los permisos de salida regulados en éste Capítulo podrán ser concedidos a internos preventivos, previa aprobación, en cada caso, de la Autoridad Judicial correspondiente”.

Aunque parece tener una clara contradicción con el sentido de la Ley Procesal que regula la prisión provisional, puesto que por una parte la prisión preventiva es una medida de aseguramiento para tener al procesado a disposición del Juez, y por otro, debe durar el mínimo tiempo posible, en el que no le debería de dar tiempo a una desconexión familiar o social y no parece pues, conveniente la concesión de estos permisos, tampoco se pueden obviar a la hora de establecer una clasificación. En todo caso, siempre será la Autoridad Judicial quien determine la procedencia o no de éstos, los cuales tendrían un carácter extraordinario, ya que el principio de especialidad predominaría en los ordinarios de conformidad con lo establecido en el Art. 154 R.P. (penados).

Por tanto, su lectura aislada pueda inducir a error ya que al decir “los permisos regulados en este Capítulo” abarcan tanto los permisos ordinarios como los extraordinarios y debe estar claro que los internos preventivos no pueden disfrutar de permisos ordinarios (si de extraordinarios cuando se den las causas legalmente previstas). Véase detenidamente el Art. 48 de la L.O.G.P., el cual se remite al Art. 47. 122

Legislación Penitenciaria Una correcta interpretación nos lleva a concluir que los presos preventivos sólo pueden disfrutar de permisos extraordinarios como se ha dicho y nunca disfrutar de permisos ordinarios que el Art. 47.2 de la L.O.G.P. reserva a los “condenados” clasificados en segundo o tercer grado.

3.

AUTORIZACIÓN

·

Internos clasificados en primer grado: Siempre se corresponderán con permisos extraordinarios y copete la autorización en exclusiva al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

·

· · ·

Internos clasificados en segundo grado: Independientemente de su tramitación como ordinarios o extraordinarios, requerirán de autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria cuando éstos tengan una duración de más de dos días, siendo en los demás supuestos el Centro Directivo quien los autoriza.

Internos clasificados en tercer grado: Independientemente de su tramitación como ordinarios o extraordinarios compete su autorización en exclusiva al Centro Directivo.

Internos Preventivos: Tendrán siempre un carácter extraordinario y conforme al Art. 159 R.P. sólo procederán previa aprobación, en cada caso, de la Autoridad Judicial correspondiente.

Penados sin clasificar: En penados sin clasificar (sólo permisos extraordinarios) la norma general es la aplicable a los clasificados en segundo grado, al ser ésta la clasificación ordinaria, siempre y cuando la no clasificación no sea consecuencia de tener causas en preventiva sino de falta de resolución clasificatoria en el momento de concurrir las circunstancias obrantes para la concesión del permiso. No obstante si se haya intervenido el Juez de Vigilancia Penitenciaria (Aplicación Art. 10 L.O.G.P. por ejemplo), se le comunicaría a este en todos los casos.

Cuando la no clasificación sea consecuencia de obrar causas en preventiva siempre se requerirá la aprobación de la correspondiente Autoridad Judicial, sin perjuicio de la intervención también del Juez de Vigilancia en cuanto a la causa penada. 123

Formación Contínua Acaip-Federación SAP AUTORIZACIÓN DE LOS PERMISOS DE SALIDA TIPOLOGÍA

DÍAS

Hasta dos días PERMISOS ORDINARIOS Superior a dos días

Hasta dos días

PERMISOS EXTRAORDINARIOS

Superior a dos días Urgencia hasta dos días

4.

TERCER GRADO

AUTORIZACIÓN CD (Art. 161.1)

AUTORIZACIÓN CD (Arts. 161.1 y 155.4)

Autorización Director previa consulta CD (Art. 161.4)

SEGUNDO GRADO

PRIMER GRADO

PREVENTIVOS

No hay posibilidad legal (Art. 154.1)

Imposibilidad legal. Incompatibles con requisitos y finalidad

Autorización CD (Art. 161.2)

Autorización JVP (Art. 161.1 y 161.2.)

Autorización CD (Art. 155.4) Autorización JVP (Arts. 161.1 y 155.4)

Autorización: Autorización JVP Autoridad Judicial (Art. 155.3) (Arts. 161.3 y 159)

Autorización Director previa consulta CD (Art. 161.4)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

La solicitud de permisos de salida ordinarios o extraordinarios que formule el interno, será informada por el Equipo Técnico que comprobará la concurrencia de los requisitos objetivos exigidos para el disfrute del permiso, valorará las circunstancias peculiares determinantes de su finalidad y establecerá, cuando proceda, las condiciones y controles que se deban observar, en su caso, durante el disfrute del permiso de salida. A la vista de dicho informe preceptivo, la Junta de Tratamiento acordará la concesión o denegación del permiso solicitado por el interno. Si la Junta de Tratamiento acuerda conceder el permiso solicitado por el interno, elevará dicho acuerdo, junto con el informe del Equipo Técnico al Juez de Vigilancia o al Centro Directivo, según se trate de internos clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento, respectivamente, para la autorización correspondiente. Como ya hemos visto cuando se trate de internos preventivos será necesaria, en todo 124

Legislación Penitenciaria caso, la autorización expresa de la Autoridad Judicial a cuya disposición se encuentre el interno.

En los supuestos de urgencia, el permiso extraordinario podrá ser autorizado por el Director del Establecimiento, previa consulta al Centro Directivo si hubiere lugar a ello, y sin perjuicio de comunicar a la Junta de Tratamiento la autorización concedida. Ha de entenderse que el Director sólo asume en tal caso las competencias del Centro Directivo, no siendo aplicable por tanto a penados clasificados en primer grado ni a preventivos, o a segundo grado más de dos días.

La concesión de un permiso extraordinario no excluye la de los ordinarios de los internos clasificados en segundo o tercer grado de tratamiento. En ningún caso se concederá un permiso extraordinario cuando el supuesto de hecho o las circunstancias concurrentes permitan su tramitación como permiso ordinario.

5.

CAUSAS DE DENEGACIÓN

En cuanto a permisos extraordinarios por motivos humanitarios y de dignidad personal en los supuestos de importantes y comprobados motivos, (Art. 155.1 R.P.), el legislador da un carácter imperativo a su concesión, pudiendo éstos denegarse sólo por la concurrencia de circunstancias excepcionales que lo impidan… que se entiende habrá de ser motivadas. Los permisos ordinarios por su parte requieren de una valoración previa, pues a diferencia de los anteriores que se consideran como un derecho objetivo, estos se tratan de un derecho subjetivo, así tenemos el Art. 156 R.P. que establece:

El informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento. 125

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Al respecto la Administración Penitenciaria en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid llevó a cabo un trabajo estadístico y sociológico confeccionando y estableciendo la llamada Tabla de Variables de Riesgo (T.V.R.) y la Tabla de Concurrencia de Circunstancias Peculiares (T.C.C.P.) a tenerse en cuenta para la concesión de los permisos.

Las diez variables a puntuarse en la T.V.P. son: Extranjería; Drogodependencia; Profesionalidad; Reincidencia; Quebrantamientos; Artículo 10 L.O.G.P.; Ausencia de permisos; Deficiencia convencional; Lejanía del lugar de residencia; Presiones internas.

El contenido de la TCCP incluye los siguientes aspectos: Resultado en TVR (superior o igual a 65); Tipo delictivo; Pertenencia a organización delictiva; Trascendencia social del delito o de las circunstancias de ejecución; Fecha de las tres cuartas partes; Transtorno psicopatológico.

Cuando la Junta de Tratamiento acuerde denegar el permiso solicitado por el interno, se notificará a éste la decisión motivada con indicación expresa de su derecho a acudir en vía de queja al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

6.

SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN

Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso ordinario o extraordinario, se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión, la Dirección podrá suspender movidamente con carácter provisional el permiso, poniendo en conocimiento de la Autoridad Administrativa o Judicial competente la suspensión, para que resuelva lo que proceda.

Si el interno aprovechase el disfrute de cualquier clase de permiso para fugarse o cometiese un nuevo delito durante el mismo, quedará sin efecto el permiso concedido, sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar de su conducta en el orden penal y penitenciario y de que dichas circunstancias deban valorarse negativamente por el Equipo Técnico para la concesión de futuros permisos ordinarios. (A efectos de liquidación de 126

Legislación Penitenciaria condena no se computarán los días de disfrute concedidos, salvo orden en contrario de la Autoridad competente).

7.

EVALUACIÓN DEL PERMISO. LA CONDICIÓN

Todos los permisos que se autorizan conllevan, en mayor o menor medida, cierto riesgo de que no llegue a alcanzarse la finalidad resocializadora pretendida. Por ello debe valorarse en cada caso y especialmente en relación con los primeros permisos, la oportunidad de establecer o no medidas de control o apoyo durante su disfrute, encaminadas a favorecer o garantizar el correcto aprovechamiento del permiso. Estas medidas serán propuestas por el Equipo Técnico siempre que lo estimen conveniente y, si llegan a adoptarse, se recogerán al final del acuerdo de concesión por la Junta de Tratamiento. Puede ocurrir, que las condiciones y controles impuestas para el disfrute del permiso determinen incumplimiento por parte del interno de la condición, así por ejemplo: que se le haya establecido como medida para el disfrute un control de sustancias tóxicas y haya dado positivo al mismo. Las consecuencias posibles pueden ser desde la suspensión del permiso hasta la revocación, dependiendo de la valoración que del incumplimiento haga la Junta de Tratamiento o incluso la aplicación de un programa de intervención en forma de regla de conducta.

8.

NO REINCORPORACIÓN TRAS EL DISFRUTE DE UN PERMISO

EFECTOS PENITENCIARIOS ·

Art. 108 R.P.: Si un interno clasificado en tercer grado, no regresase al Centro Penitenciario después de haber disfrutado de un permiso de salida o de cualquier otra salida autorizada, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 157.2, se le clasificará provisionalmente en 2º grado, en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un Centro Penitenciario. 127


· ·

Art.157.2 R.P.: Si el interno aprovechase el disfrute de cualquier permiso para fugarse o cometiese un nuevo delito durante el mismo, quedará sin efecto el permiso concedido, sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar de su conducta en el orden penal y penitenciario y que dichas circunstancias deban valorarse negativamente por el Equipo Técnico para la concesión de futuros permisos ordinarios.

Art.108 e) R.P. 1981: La evasión aparece tipificada como falta muy grave, lo que supone que el quebrantamiento del permiso pueda tener consecuencias disciplinarias.

Asimismo la no reincorporación de permiso es una de las circunstancias incluidas en la tabla de variables de riesgo para el disfrute de permisos, lo que supone un incremento de las posibilidades de denegación de nuevos permisos.

Para aquellos internos que cumplan condena conforme al Código Penal de 1973, a tenor de lo preceptuado en su Art. 100, no podrán redimir penas por el trabajo quienes quebranten o intenten quebrantar condena aunque no consigan su propósito. EFECTOS PENALES ·

Apertura de diligencias por delito de quebrantamiento de condena, (Ver Art. 468 C. Penal). Se emite Orden de busca y captura.

COMUNICACIONES

El Director tendrá que cursar las pertinentes comunicaciones, participando la no reincorporación del permiso a: Juzgado de Guardia de la localidad, especificando la situación procesal-penal; Comandancia de la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Policía de la localidad y del lugar que se hubiere fijado para el disfrute del permiso, en el caso de no ser el mismo; Autoridades Judiciales de las que dependiera el interno; Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Centro Directivo (Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria). 128


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA VIII: LIBERTAD CONDICIONAL Y BENEFICIOS PENITENCIARIOS

1.

LIBERTAD CONDICIONAL

La Libertad Condicional aparece regulada por primera vez en España a través de la Ley de 23 de Julio de 1914, donde en su Art. 5 la configuraba como un “medio de prueba de que el liberado se encuentra corregido”, estando actualmente incluida en nuestro vigente Código Penal en el Capítulo III del Título III, dentro de “Las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad”. Constituye el último de los periodos que configuran nuestro sistema de ejecución de penas basado en la individualización científica conforme a lo establecido en el Art. 72.1 de la L.O.G.P.y para muchos tratadistas no debería ser considerada como un premio o beneficio a la intachable conducta del recluso, sino como una prolongación del tratamiento penitenciario encaminada a la readaptación del interno a la vida en libertad. De hecho, los Jueces del Vigilancia Penitenciaria han reiterado, en los criterios de actuación adoptados en sus reuniones, que se trata de un derecho subjetivo del penado condicionado a que concurran los requisitos establecidos por la Ley.

Su normativa legal se establece por el Código Penal: (Arts. 90 al 93, con la nueva redacción dada a los Arts.90, 91 y 93 por la L.O. 7/2003, de 30 de Junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y Art. 92 por la L.O. 15/2003, de 25 de Noviembre). La L.O.G.P. trata de ello en los Arts. 67, 72, 74, 75.2 y 76.2.b) y el vigente Reglamento la regula en los Arts. 192 al 201 y 205, (Adelantamiento).

129


1.1.

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN: LIBERTAD CONDICIONAL ORDINARIA

El Art. 90.1 del Código Penal, en su nueva redacción dada por la L.O. 7/2003, de 30 de Junio, establece la libertad condicional para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes: a) Que se encuentren en el tercer grado del tratamiento penitenciario.

b) Que hayan extinguido las 3/4 partes de la condena impuesta.

c) Que hayan observado buena conducta, y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (informe pronóstico final en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad).

No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por el Art.72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Asimismo, en el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo de la Sección Segunda del Capítulo V del Título XXII del Libro II de este Código, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito , así como por los infor130

Legislación Penitenciaria mes técnicos que acrediten que el penado está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

Según el Art. 90.2 del C. Penal, el Juez de Vigilancia, al decretar la libertad condicional de los penados, podrá imponerles motivadamente la observancia de una o varias de las reglas de conducta o medidas previstas en los artículos 83 y 96.3 del mismo.

Consecuencia de lo anterior introducido por la referida L.O. 7/2003, de 30 de Junio, el Centro Directivo a través de la Instrucción 2/2005, de 15 de Marzo, matiza lo siguiente: Consecuentemente con lo dispuesto para la clasificación en 3º grado, y teniendo en cuenta que este grado es un requisito necesario para el acceso a la libertad condicional, se introduce para dicho acceso, también la satisfacción de la responsabilidad civil en los términos ya vistos, (Art. 72.5 de la L.O.G.P.), por lo que el Informe Pronóstico Final del Art. 67 de la L.O.G.P. solo será favorable cuando dicho requisito se cumpla, debiendo contener, al igual que ocurría en las propuestas iniciales o progresiones de 3º grado, los criterios que las Juntas de Tratamiento ponderen para entenderlo cumplido. Asimismo, es preciso hacer referencia al hecho de que las Juntas de Tratamiento, al elevar el expediente al Juez de Vigilancia, podrán proponer una o varias de las reglas de conducta o medidas previstas en los Arts. 83 y 96.3 del Código Penal. Cabe señalar también, la novedad introducida en la nueva normativa para los supuestos de revocaciones de libertad condicional en el caso de internos condenados por delitos de terrorismo que, a diferencia del resto, llevan aparejada la automática pérdida del tiempo pasado en libertad como cómputo del tiempo de condena extinguido.

Sin perjuicio de lo anterior, habrá que tenerse en cuenta el espíritu de la Ley desde la perspectiva del informe aprobado por el Pleno del C.G.P.J. sobre el anteproyecto de la misma en el que se recogía entre otras circunstancias que “La exigencia de satisfacción de la responsabilidad civil debe referirse a las posibilidades de reparación de acuerdo con la situación económica del penado en el momento en que haya de adoptarse sobre su progresión de grado. La reparación del daño es signo inequívoco de una voluntad de integración social del penado. Por ello, esta exigencia debe entenderse en forma 131

Formación Contínua Acaip-Federación SAP análoga a la establecida en posvigentes Arts. 81 y 88 del C.P. (Para suspensión y sustitución de penas privativas de libertad, respectivamente), que no requieren la efectiva reparación del daño, sino el esfuerzo serio dirigido a esa reparación, por lo que no debe ser obstáculo para la suspensión de la ejecución el estado de insolvencia del penado. Esto quiere decir que en sí mismo el requisito de la satisfacción de las responsabilidades civiles para acceder al tercer grado o a la libertad condicional no puede ser establecido como condición absoluta para el disfrute del beneficio sino que debe abordarse desde una perspectiva preventiva especial, exigiendo que el penado haya puesto de manifiesto la tendencia a ordenar su conducta al respecto a la norma y a la víctima de un delito. Ello es lo que engarza este requisito con el anterior relativo a la prognosis favorable de reinserción social. La prognosis social arrojará un sentido negativo cuando el sujeto que pudiendo hacerlo, no repara el daño causado, permaneciendo indiferente a las consecuencias de su acción.

1.2.

LIBERTAD CONDICIONAL ADELANTADA ORDINARIA Y CUALIFICADA

Excepcionalmente, cumplidas las circunstancias de los párrafos a) y c) del apartado 1 del Art. 90 C.P., a los que se ha hecho referencia anteriormente, y siempre que no se trate de delitos de terrorismo de la Sección Segunda del Capítulo V del Título XXII del Libro II del C. Penal, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, podrá conceder la libertad condicional a los sentenciados a penas privativas de libertad que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena, siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales (Art.91.1. Adelantamiento Ordinario).

A propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, cumplidas las circunstancias de los párrafos a) y c) del apartado 1 del Art. 90 C.P., el Juez de Vigilancia 132

Legislación Penitenciaria Penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena, siempre que no se trate de delitos de terrorismo de la Sección Segunda del Capítulo V del Título XXII o cometidos en el seno de organizaciones criminales.

Esta medida requerirá que el penado haya desarrollado continuadamente las actividades indicadas en el apartado anterior y que acredite, además, la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso (Art. 91.2. Adelantamiento Cualificado).

Al efecto el C.D. mediante Instrucción, matiza que en esta materia es preciso destacar como novedosos en la nueva normativa los siguientes aspectos: -

Que el adelantamiento a las 2/3 partes nunca puede aplicarse a internos condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones delictivas.

Que se introduce un nuevo beneficio de adelantamiento cualificado, que tampoco es aplicable a penados por delitos de terrorismo o integrantes de organizaciones delictivas, que exige tener cumplida la mitad de la condena, una participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación (Art. 91.2 C.P.) y que el beneficio nuevo consiste en adelantar la libertad condicional de las 2/3 partes a un máximo de 90 días antes por cada año de cumplimiento efectivo de condena.

Con el fin de poder proponer de forma justificada al Juez de Vigilancia Penitenciaria este nuevo beneficio, las Juntas de Tratamiento, seguirán los criterios establecidos sobre sistemas de evaluación e incentivación de las actividades de los internos. (Inicialmente mediante créditos, actualmente conforme a Instrucción 2/2005. Ver).

133


1.3.

LIBERTAD CONDICIONAL ANTICIPADA POR MOTIVOS HUMANITARIOS

El Art. 92 C.P. establece que no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los sentenciados que hubieran cumplido la edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de aquella, o en su caso, las dos terceras partes podrán obtener la concesión de la libertad condicional. El mismo criterio se aplicará cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves, con padecimientos incurables.

Constando a la Administración Penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al Juez de Vigilancia Penitenciaria que, a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. (Apdos. 1 y 2).

Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del Establecimiento Penitenciario el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al Centro Penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el párrafo anterior, todo ello sin perjuicio del seguimiento y control previstos por el artículo 75 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. (Apdo. 3).

Hay que tener en cuenta que no se trata de un derecho general, por tanto su aprobación vendrá determinada por el informe pronóstico final que contendrá los informes precisos al efecto. Distinto tratamiento se le da al apdo. 3 (introducido por L.O. 15/2003, de 25 de Noviembre), que habla de peligro patente para la vida del interno debidamente acreditado. A dichos efectos, el Juez de Vigilancia podrá acordar la progresión de grado sin propuesta pre134

Legislación Penitenciaria via del Establecimiento y, sin estar por tanto clasificado el interno en tercer grado, (requisito exigible en los demás supuestos para cualquier petición de libertad condicional), llevándose a cabo dicha progresión a tercer grado en el mismo Auto en que se concede dicho beneficio de libertad condicional. (Verse en cuanto a los apdos. 1 y 2 Circular de D.G.I.P. 1/2000, de 11 de Enero.

1.4.

CONSIDERACIONES SOBRE CÓMPUTO DE TIEMPO CUMPLIDO A EFECTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL

El Art. 192 R.P. establece que: “Los penados clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos establecidos en el Código Penal cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional, conforme a lo dispuesto en dicho Código”. Para el cómputo de las tres cuartas partes o, en su caso, dos terceras partes de la pena, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 1.

2.

El tiempo de condena que fuera objeto de indulto se rebajará al penado del total de la pena impuesta, a los efectos de aplicar la libertad condicional, procediendo como si se tratase de una nueva pena de inferior duración.

Cuando el penado sufra dos o más condenas de privación de libertad, la suma de las mismas será considerada como una sola condena a efectos de aplicación de la libertad condicional. Si dicho penado hubiera sido objeto de indulto, se sumará igualmente el tiempo indultado en cada una para rebajarlo de la suma total.

A dichos efectos se considerarían penas unitarias susceptibles de aplicación de la libertad condicional, la prisión y la responsabilidad personal subsidiaria.

Cuando concurran varias penas las suma de las mismas será considerada como una sola a efectos de aplicación de la libertad condicional, es lo que se llama “refundición” o “acumulación matemática”. La pena de localización permanente no será susceptible de refundición en ningún caso, ni objeto de libertad condicional, como es obvio, a pesar de estar incluida en las penas privativas de libertad. (Art. 35 C.P.). 135

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Materia de acumulación de condenas:

Las novedades introducidas por la L.O. 7/2003, de 30 de Junio en los Arts. 76 y 78 del Código Penal son de orden estrictamente procesal por lo que corresponderá a los órganos penales el señalar en sus sentencias o Autos de acumulación la pena resultante a extinguir y las condiciones de la misma, esto es, la posibilidad de que las fechas de cumplimiento a efecto de beneficios, permisos, clasificación en 3º grado o libertad condicional se computen sobre la suma total de las penas y no sobre la pena resultante de la acumulación. Por ello, respecto a la previsión del Art. 78.3 del C.P. hay que tener en cuenta que posibilita que las Juntas de Tratamiento propongan al Juez de Vigilancia, que quien tenga aplicado el régimen especial (referencia de fechas a la suma total de las penas) pueda acogerse al régimen general (referencia a la pena resultante de la acumulación) cuando exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando, en su caso las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador.

No obstante, caso de tratarse de internos penados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones delictivas, esta posibilidad de cambiar a régimen general de cumplimiento solo será aplicable:

-

Al tercer grado penitenciario, cuando reste por cumplir una quinta parte del límite máximo del cumplimiento de la condena.

A la libertad condicional, cuando reste por cumplir una octava parte del límite máximo del cumplimiento de la condena. *

1.5.

(Ver Unidad Didáctica V de este Módulo, sobre cumplimiento íntegro y efectivo de las penas).

LIBERTAD CONDICIONAL DE EXTRANJEROS

En el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles residentes en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, se elevará al Juez de Vigilancia su expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquél pueda disfrutar de esta situación en su País de residencia, así como de las cautelas que 136

Legislación Penitenciaria hayan de adoptarse, en su caso, al objeto de que dicha libertad se disfrute efectivamente en el País fijado. A estos efectos, y siempre que las normas de Derecho Internacional lo permitan, se podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado del País fijado, la aplicación de las medidas de seguimiento y control de la libertad condicional previstas en su legislación interna. (1). Con el fin de poder dar cumplimiento a la medida de expulsión prevista en el Art. 89 del Código Penal, con antelación suficiente, se comunicarán al Ministerio Fiscal las propuestas de libertad, condicional de penados extranjeros junto con un breve resumen de su situación penal y penitenciaria, en el que se harán constar expresamente las fechas de cumplimiento de las dos terceras partes y de las tres cuartas partes de su condena o condenas.(2) (1)

En este sentido, algunos Convenios bilaterales sobre traslado de personas condenadas prevén la posibilidad de que el condenado bajo el régimen de libertad condicional pueda cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado de ejecución. El Estado de cumplimiento adoptará las medidas de vigilancia solicitadas, mantendrá informado al Estado de sentencia sobre la forma en que se lleven a cabo y le comunicará de inmediato sobre el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

(2)

A tenerse en cuenta la nueva redacción del Art. 89 del Código Penal introducida por L.O. 11/2003, de 29 de Septiembre. (Ver Módulo III del Programa e Instrucción 18/2005, de Normas Generales sobre Internos Extranjeros).

1.6. ·

EJECUCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

El Art. 199 R.P. establece que recibida en el Establecimiento la resolución judicial de poner en libertad condicional a un penado, el Director la cumplimentará seguidamente remitiendo copia al Centro Directivo y dando cuenta a la Junta de Tratamiento en la primera sesión que se celebre. El Director del Establecimiento expedirá al liberado condicional, certificado acreditativo de su situación. 137


·

*

Si el Auto de libertad condicional se recibiera antes de la fecha de cumplimiento prevista, no se procederá a ejecutar la libertad hasta el mismo día de cumplimiento y si en el tiempo que medie entre la elevación y la fecha de cumplimiento el penado observase mala conducta, se modificase su pronóstico o se descubriera algún error o inexactitud en los informes aportados al expediente, el Director dará cuenta inmediata al Juez de Vigilancia al fin de que éste adopte la resolución que proceda.

Conforme al Art. 200 R.P., para su adecuado seguimiento y control, los liberados condicionales se adscribirán al Centro Penitenciario o al Centro de Inserción Social más próximo al domicilio en que vayan a residir. El seguimiento y control de los liberados condicionales, hasta el cumplimiento total de la condena, o en su caso, hasta la revocación de la libertad condicional, se efectuará por los Servicios Sociales penitenciarios del Centro al que hayan sido adscritos, con arreglo a las directrices marcadas por la Junta de Tratamiento de éste en el programa de seguimiento que se elabore, al que se incorporarán las reglas de conducta que, en su caso, hubiera impuesto el Juez de Vigilancia que aprobó la libertad condicional. Con este fin, la Junta de Tratamiento como continuación del modelo de intervención de los penados, elaborará un programa individualizado para el seguimiento de los liberados condicionales que se adscriban al Centro Penitenciario, que será ejecutado por los Servicios Sociales del mismo.

Las reglas de conducta que imponga, en su caso el Juez de Vigilancia se incorporarán al programa a que se refiere el apartado anterior. Los informes que soliciten las Autoridades Judiciales y los órganos responsables del seguimiento y control de los liberados condicionales se realizarán por los Servicios Sociales Penitenciarios del Centro correspondiente. (El que estén adscritos).

(Ver Instrucción 13/2006, sobre la posibilidad de controles telemáticos).

138


1.7.

SUSPENSIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Se trata de una ficción jurídica no contemplada en las normas reguladoras de la libertad condicional, pero muy utilizada en la práctica, en aquellos supuestos en que no procede su revocación. Como supuestos más comunes tenemos: -

-

Si el liberado condicional ingresa en prisión para cumplir una Causa por hechos anteriores a su salida en libertad, en este caso lo que procede es refundir la nueva condena con las que ya cumplía y calcular nueva fecha de extinción de las tres cuartas partes, o de las dos terceras partes, en su caso. Si efectuados los cálculos anteriores resulta que el interno ha extinguido, en prisión, los periodos anteriores, se remitirá sin dilación, al Juzgado de Vigilancia, nuevo proyecto de refundición y propuesta de ampliación de la libertad condicional a la nueva Causa, pero si aún faltase un tiempo para la extinción de las tres cuartas partes, o de las dos terceras, de la nueva condena refundida procederá que el Juez de Vigilancia suspenda la libertad condicional hasta la fecha de su cumplimiento. (No es causa de revocación pero no cumple los requisitos para el disfrute de libertad condicional de los Arts. 90 y 91 C.P.).

En el caso de internos que accedieron a la libertad condicional por enfermedad grave o por septuagenarios, al no ser necesario el requisito temporal, lo procedente sería proponer de forma inmediata la ampliación de la misma a la nueva causa.

Otro supuesto es aquél en el que el liberado condicional reingresa en prisión como preso preventivo, situación que habrá de ser comunicada al Juzgado de Vigilancia, que puede decretar la suspensión de la libertad condicional hasta que recaiga sentencia condenatoria (en cuyo caso procedería la revocación) o se produzca la libertad provisional. En este último supuesto hay que tener en cuenta que según lo establecido en el Art. 104.2 del Reglamento Penitenciario “Si un penado estuviese ya clasificado y le fuera decretada prisión preventiva por otras causas, quedará sin efecto dicha clasificación, dando cuenta al Centro Directivo”, debiendo 139

Formación Contínua Acaip-Federación SAP matizar que cuando el interno se encontrara disfrutando de libertad condicional e ingresara en prisión con una responsabilidad preventiva, no se efectuará acuerdo de suspensión de clasificación hasta que el Juez de Vigilancia dicte acuerdo de revocación. Si se decreta la libertad provisional, el interno volverá a ser excarcelado en libertad condicional, retrasando la libertad definitiva el tiempo que permaneció en prisión preventiva.

1.8.

REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Según el Art. 93.1 C. Penal, el periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al sujeto para cumplir su condena. Si en dicho periodo el reo delinquiere o inobservare las reglas de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la libertad concedida, y el penado reingresará en prisión en el periodo o grado penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional.

La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de Junio, ha adicionado los apartados 2 y 3 al Art.93, con el siguiente tenor: En el caso de condenados por delitos de terrorismo de la Sección Segunda del Capítulo V del Título XXII del Libro II de este Código, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá solicitar los informes que permitan acreditar que subsisten las condiciones que permitieron obtener la libertad condicional. Si en este periodo de libertad condicional el condenado delinquiera, inobservara las reglas de conducta o incumpliera las condiciones que le permitieron acceder a la libertad condicional, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la libertad condicional, y el penado reingresará en prisión en el periodo o grado penitenciario que corresponda (Art.93.2). En el supuesto previsto en el apartado anterior, el penado cumplirá el tiempo que reste de cumplimiento de la condena con pérdida del tiempo pasado en libertad condicional (Art. 93.3). La revocación de la libertad condicional se puede dar por las causas siguientes: 1.

2.

La comisión de nuevos delitos.

La inobservancia de las reglas de conducta impuestas.

140

Legislación Penitenciaria 3.

El incumplimiento de las condiciones que permitieron obtener la libertad condicional (esta última prevista para condenados por delitos de terrorismo de la Sección 2ª del Capítulo V del Título XXII del Libro II del Código Penal).

En los casos de revocación, el penado reingresará en prisión y se le aplicará el régimen ordinario, hasta que la Junta de Tratamiento proceda nuevamente a su clasificación, según establece el Art. 201.3 del Reglamento Penitenciario.

2.

BENEFICIOS PENITENCIARIOS

La expresión “Beneficios Penitenciarios” nace con la L.O.G.P. que, en su Art. 76 entre las competencias que atribuye al Juez de Vigilancia, recoge la de aprobar las propuestas que formulen los Establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de condena. Por su parte el R.P. en su Art. 202 establece que a los efectos reglamentarios se entenderá por beneficios penitenciarios aquellas medidas que permitan la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o de la del tiempo efectivo de internamiento. Constituyen por tanto, beneficios penitenciarios “el adelantamiento de la libertad condicional” y “el indulto particular”.

Los beneficios penitenciarios responden a las exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno, encaminados a conseguir su reeducación y reinserción social como fin principal de la pena privativa de libertad. La propuesta de los beneficios penitenciarios requerirá en todo caso, la ponderación razonada de los factores que la motivan, así como la acreditación de la concurrencia de buena conducta, el trabajo, la participación del interesado en las actividades de reeducación y reinserción social y la evolución positiva en el proceso de reinserción. Visto el Adelantamiento de la Libertad Condicional conforme al Art. 205 R.P. en consonancia con los apdos. 1 y 2 del Art. 91 del C. Penal, ya expuestos, haremos referencia al beneficio del indulto particular. 141


2.1.

INDULTO PARTICULAR

La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para los penados en los que concurran de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias: a)

b) c)

Buena conducta.

Desempeño de una actividad laboral, bien en el Establecimiento o en el exterior, que se pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad.

Participación en las actividades de reeducación y reinserción social.

La tramitación del indulto a que se refiere el párrafo anterior, se regulará por lo dispuesto en la vigente legislación sobre el ejercicio del derecho de gracia y en las disposiciones que la complementen o modifiquen. (Al efecto, en materia de indulto, el procedimiento aplicable es el previsto en la Ley de 18 de Junio de 1870, por lo que el Juez de Vigilancia emitirá su propio informe en los fundamentos del Auto que apruebe la propuesta y solicitará así mismo, informe del Tribunal Sentenciador con vista de todo lo actuado al respecto, y con ulterior remisión al Ministerio de Justicia para la continuación de la tramitación ordinaria, correspondiendo su concesión al Consejo de Ministros).

142


MÓDULO II. UNIDAD DIDÁCTICA IX: LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN

1.

LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN

“De la Libertad y Excarcelación” es la denominación del Capítulo II del Título II R.P., y para una mejor comprensión de ello, haremos referencia a los términos “libertad” y “excarcelación”, ya que no siempre ambos términos van íntimamente ligados.

- La libertad (Orden de...) supone el cese formal mediante el procedimiento legal al efecto de la responsabilidad criminal condicionante del internamiento de un individuo en prisión, bien por extinción de la misma o anulación del correspondiente título ejecutivo, (caso de los penados) o bien por haberlo acordado así la Autoridad competente, (caso de detenidos y presos).

- La excarcelación supone la salida del interno de un Centro Penitenciario llevada a cabo en forma legal.

Por tanto, ello supone que la “libertad” sólo podrá ir acompañada de “excarcelación” en los casos que ésta se corresponda con única responsabilidad, tratándose en los demás supuestos de “libertad retenida”, (procede la libertad por una o varias causas pero permanece en el Establecimiento por otra u otras), salvo excepción aparte de la libertad condicional.

143

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Ejemplo de tipos de libertad, la cual ha de constatarse en el correspondiente Índice de vicisitudes del expediente personal del interno, es la siguiente:

1.1. •

LIBERTAD Y EXCARCELACIÓN DE DETENIDOS Y PRESOS Libertad de detenidos y presos

Conforme al Art. 22 R.P., la libertad de los detenidos y presos sólo podrá ser acordada por Mandamiento de la Autoridad competente librado al Director del Establecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto para detenidos sin recibirse legalización transcurrido el plazo máximo de 72 horas, en que serán excarcelados por el Director.

Recibido en el Centro el Mandamiento de libertad, el Director o quien reglamentariamente le sustituya dará orden escrita y firmada al Jefe de Servicios para que sea cumplimentada por los funcionarios a sus órdenes.

Antes de que el Director extienda la Orden de libertad a que se refiere el apartado anterior, el funcionario encargado de la Oficina de Régimen procederá a realizar una completa revisión del expediente personal del interno, a fin de comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades.

144

Legislación Penitenciaria El funcionario encargado del servicio, o en su defecto el que designe el Jefe de Servicios, procederá a realizar la identificación de quién haya de ser liberado, cotejando las huellas dactilares y comprobando los datos de filiación, y le acompañará, posteriormente, hasta la salida del Centro Penitenciario.

•

(*)

En el expediente personal del detenido o preso se extenderá la oportuna diligencia del Mandamiento de libertad, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma a la Autoridad Judicial de que dependa el interno. Excarcelación de detenidos

El Art. 23 R.P. establece que Cuando no se hubiere recibido Orden o Mandamiento de libertad o de prisión expedido por la Autoridad competente, los detenidos serán excarcelados por el Director del Establecimiento o quien reglamentariamente le sustituya, al vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas las 72 horas siguientes al momento del ingreso. (La excarcelación procederá siempre transcurridas 72 horas desde el momento del ingreso salvo en ingresos llevados a cabo por Orden de la Policía Judicial o Ministerio Fiscal que será al vencimiento del plazo máximo de detención). En los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3 del Art. 15 del Reglamento (*), el Director del Establecimiento o quién haga sus veces comunicará el ingreso, por el medio más rápido disponible que deje constancia de la recepción de la comunicación, a la Autoridad Judicial a cuya disposición se encuentre el detenido, dentro de las 24 horas siguientes a su ingreso. (Solicitud de legalización). - Orden de detención procedente de la Policía Judicial.

- Orden de detención acordada por el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal puede proceder a la libertad de los detenidos a su disposición (Ley 12/2000, de 28 de Diciembre), que modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. (Ver también Ley 24/2007, de 9 de Octubre). 145

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Una vez remitida dicha comunicación, si en el plazo máximo de 72 horas desde el ingreso o desde la detención no se recibiese Orden o Mandamiento Judicial, se procederá a excarcelar al interno, comunicándolo por el mismo medio a la Autoridad que ordenó el ingreso y a la Autoridad Judicial a cuya disposición hubiese sido puesto el interno. (Legalización).

1.2. •

-

-

LIBERTAD DE PENADOS Por Extinción de la Condena (Art. 24 R.P.)

Para poder proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad será necesaria la aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal Sentenciador o del expediente de libertad condicional por el Juez de Vigilancia.

Con una antelación mínima de dos meses al cumplimiento de la condena, el Director del Establecimiento formulará al Tribunal Sentenciador una propuesta de libertad definitiva para el día en que el penado deje previsiblemente extinguida su condena, con arreglo a la liquidación practicada en la sentencia.

Si quince días antes de la fecha propuesta para la libertad definitiva no se hubiese recibido respuesta, el Director del Establecimiento reiterará la propuesta al Tribunal Sentenciador, significándole que, de no recibirse Orden expresa en contrario, se procederá a liberar al recluso en la fecha propuesta.

Las propuestas de libertad definitiva de los liberados condicionales se formularán por el Director del Centro a que estén adscritos, teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados anteriores.

En el expediente personal del penado se extenderá la oportuna diligencia de libertad definitiva, tanto si la liberación tiene lugar en el Centro como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva al Tribunal Sentenciador y al Juez de Vigilancia.

146


Por aplicación de Medidas de Gracia (Art. 25 R.P.)

Cuando la liberación definitiva de los penados se produzca por aplicación de medidas de gracia, el Director del Centro se abstendrá, en todo caso, de poner en libertad a los penados sin haber recibido Orden o Mandamiento por escrito del Tribunal Sentenciador. (En los casos en que la liberación definitiva proceda por anulación del título ejecutivo, (estimación del Recurso de Revisión), se actuará de igual forma que por aplicación de las medidas de gracia).

•

Por estar sometido a Medida de Expulsión (Arts. 26 y 27 R.P.)

En el caso de que el penado fuese un extranjero sujeto a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena, conforme a lo dispuesto en la legislación de extranjería, el Director notificará, con una antelación de tres meses o en el momento de formular la propuesta de libertad definitiva a que se refiere el Art. 24.2 R.P., la fecha previsible de extinción de la condena a la Autoridad competente, para que provea lo necesario con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente (Art. 26 R.P.). (Ver Art. 151 del Reglamento de Extranjería, expuesto en el Tema III).

También se notificará al Ministerio Fiscal la fecha previsible de extinción de la condena en los supuestos legales de sustitución de la pena por medida de expulsión del territorio nacional y, en todo caso, cuando se trate de penados extranjeros que extingan condenas inferiores a seis años de privación de libertad (Art. 27 R.P.). •

Ejecución de la Libertad por la Oficina de Régimen (Art. 28 R.P.) Una vez recibida la Orden de libertad definitiva o condicional se cumplimentará en la misma forma, en lo que atañe a la Oficina de Régimen, que la establecida para los detenidos y presos en el Art. 22.3 (Revisión del expediente a fin de comprobar si procede la excarcelación por no estar sujeto a otras responsabilidades).

Comprobado por la Oficina de Régimen que el penado no está sujeto a otras responsabilidades, se procederá como se indica en el Art. 147

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 22.4 para detenidos y presos, (identificación del liberado y excarcelación del mismo en la forma reglamentaria). •

Retención de Penados con otras Responsabilidades (Art. 29 R.P.)

Los Directores de los Establecimientos retendrán a los penados que, habiendo extinguido una condena, tengan alguna otra pendiente de cumplimiento, informando a aquéllos de la causa de la retención. Cuando la retención lo sea por tener pendiente otra causa en que se haya decretado prisión provisional, el Director lo comunicará a la Autoridad Judicial competente y al Centro Directivo para el traslado que, en su caso, proceda.

1.3.

CIRCUNSTANCIAS A OBSERVARSE POR LA OFICINA DE GESTIÓN RESPECTO DE LAS LIBERTADES CONFORME A I. 1/2005

Al recibirse en el Establecimiento un mandamiento u orden decretando la libertad, el Funcionario de la Oficina encargado de tramitarla revisará la autenticidad del documento y el cumplimiento de los requisitos objetivos necesarios para ejecutar dicha resolución judicial. A estos efectos comprobará: La autoridad judicial que lo libra; Identidad del interno; Causa judicial, procedimiento judicial, con expresa comprobación del número de expediente judicial, año de la causa y Autoridad Judicial; Apariencia de autenticidad del documento; firma del documento y sellos estampados; Ausencia de enmiendas, raspaduras o tachaduras, salvo que se haga constar la validez de la enmienda.

En los casos de remisión por vía telefacsimil (Art. 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 59.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) se comprobará su autenticidad, siempre que sea posible, telefoneando al órgano emisor. En los supuestos en que existan dudas fundadas de la veracidad del documento recibido vía fax o en caso de defectos formales en la recepción que denoten su ilegibilidad o su defectuosa configuración (observación de manipulación 148

Legislación Penitenciaria del texto, sospechas de que el número desde el que se remite no corresponde al del órgano...) no se procederá a la libertad hasta su oportuna autenticación.

En todo caso, el principio de seguridad jurídica impera en la valoración de la documentación obrante a fin de practicar la correspondiente libertad de los internos.

Comprobada la autenticidad del mandamiento de libertad, el Funcionario revisará el expediente del interno para comprobar que no está sujeto a otras responsabilidades, tramitándose la correspondiente orden de excarcelación que firmará el Director (Art. 22.3 del R.P.) o mando de incidencias (Art. 285.2 del R.P.). Dicha labor del funcionario será supervisada por el Jefe de Oficinas de Régimen y el Subdirector de Régimen siempre que sea posible. Si alguno de los datos consignados en el mandamiento no coincide con los datos que constan en el expediente se instará de la Autoridad librante aclaración sobre tales extremos.

El expediente del interno será cerrado con diligencias en cada uno de los índices de vicisitudes, indicando la excarcelación y la no sujeción a ninguna otra responsabilidad, participándose a las autoridades judiciales competentes y cumplimentándose en el programa informático penitenciario (SIP).

En los supuestos en que no proceda la excarcelación por existir otras responsabilidades pendientes se diligenciará tal circunstancia en el expediente, de forma que claramente quede plasmada la responsabilidad liberada y aquella/s por la/s que queda retenido. Esta misma revisión tendrá lugar cuando por nueva responsabilidad se incremente las ya existentes, tanto en el índice de vicisitudes penales como preventivas.

La Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica establece determinadas medidas a adoptar a fin de proteger el desamparo que, en la mayor parte de las ocasiones, venían sufriendo las víctimas de estos delitos. A fin de articular los instrumentos protectores de la víctima en el supuesto de que el agresor se encuentre recluido en un Establecimiento Penitenciario, se introduce en la propia ley una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadiendo un nuevo precepto, el Artículo 544 ter, que, en su n.º 9, señala la obligación 149

Formación Contínua Acaip-Federación SAP de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del agresor, estableciéndose que a estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la Administración Penitenciaria.

Por ello, en estos supuestos, se procederá a comunicar a la víctima directamente - de conocer su localización - o a través de la Autoridad Judicial, los Servicios Sociales o Institución competente, según proceda, la situación del interno así como cualquier tipo de salida temporal o excarcelación prevista, con la debida antelación, recogiéndose la fecha, lugar y motivo de la misma.

1.4.

CERTIFICACIÓN Y AYUDAS A LA EXCARCELACIÓN

A ello se refiere el Art. 17.4 de la L.O.G.P., estableciendo el Art. 30 R.P. que en el momento de la excarcelación de detenidos, presos o penados, se expedirá y entregará al liberado certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad condicional en su caso, así como, si lo solicita el interno o debe proseguir su tratamiento médico, informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica. En dicho informe médico no constará referencia alguna que indique que ha sido expedido en un Centro Penitenciario.

Si el interno careciese de medios económicos, la Administración Penitenciaria le facilitará los necesarios para llegar a su residencia y subvenir a sus primeros gastos, (billete para el viaje y ayuda económica).

En referencia a las ayudas a los internos, ésta viene recogida en la L.O.G.P. a través de la “acción social penitenciaria”, a la que se da una enorme importancia al contemplar ésta en su Art. 1 dicha “acción social” junto con la “custodia” y “reinserción” como uno de los fines primordiales de la política penitenciaria, marcando las directrices al efecto en su Título IV dedicado a la “Asistencia Pospenitenciaria“, y cuyo contenido del Art. 74 establece que el Ministerio de Justicia (entiéndase Interior), a través de la Comisión de Asistencia Social, organismo dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (entiéndase S.G.I.P.), cuya estructura y funciones se 150

Legislación Penitenciaria determinarán en el Reglamente Orgánico de dicho Departamento, prestará a los internos, a los liberados condicionales o definitivos y a los familiares de unos y otros la asistencia social necesaria.

Dicha Comisión de Asistencia Social se regula actualmente por el R.D. 868/2005, de 15 de Julio, correspondiendo a la Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Alternativas. La planificación, coordinación y gestión de la acción social de los internos de los Centros Penitenciarios, de los liberados condicionales y de las personas sometidas a penas alternativas y medidas de seguridad y de las familias de todos los anteriores. ·

Ayudas a internos, liberados condicionales y familiares de ambos

Las bases reguladoras de dichas ayudas se regulan mediante ORDEN INT/4067/2005, de 22 de Diciembre y son las siguientes: 1. Asistenciales; 2. A la excarcelación; 3. Gastos de documentación; 4. De transporte; 5. Gastos funerarios; 6. Salidas programadas; 7. Recompensas; 8. Comunicaciones telefónicas en detención y traslados; 9. Comunicaciones telefónicas a indigentes. La misma Orden detalla su cobertura legal de la siguiente forma:

a)

b) c)

d) e)

En el Art. 74 de la LOGP las ayudas siguientes, que pueden encuadrarse en el concepto genérico de “asistencia social necesaria”: Ayuda asistencial, ayuda de transporte, gastos funerarios, gastos de documentación, comunicaciones telefónicas a indigentes. En el Art. 17.4 de la LOGP, las Ayudas a la excarcelación.

En el Art. 46 de la LOGP, las Recompensas y premios en metálico.

En el Art. 52.3 de la LOGP, las Comunicaciones telefónicas con familia y Abogado.

En el Art. 47.2 de la LOGP, las Salidas programadas equiparadas a los permisos de salida.

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP Un estudio más pormenorizado de tales ayudas, es el siguiente:

1. -

-

2.

-

-

Asistenciales: Ayuda asistencial puntual, a internos, liberados y familiares de ambos.

Requisitos: Carecer de medios económicos suficientes; no existir cobertura por parte de los Servicios Sociales generales y ser una situación emergente. (Esta ayuda no tiene carácter periódico) (informe social favorable).

Cuantía: La necesaria para solventar la necesidad, hasta un máximo de 350 euros. Para situaciones excepcionales en que sea necesario superar el máximo establecido, será necesaria autorización de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.

Ayudas a la excarcelación: Las prestaciones son: a) Dinero de bolsillo para el viaje al lugar de residencia, cuando sea necesario. b) Dinero para pernoctar, cuando sea necesario. c) Billete de autobús de línea cuando no exista servicio de RENFE, o para enlazar con éste. d) Pago de taxi, por razones horarias o geográficas, hasta enlazar con transporte público e) Billete de retorno por otros medios de transporte, incluyendo avión, por razones geográficas o según las circunstancias de cada caso. f) Abono de gastos de ambulancia cuando sea necesario por razones de salud. g) Excepcionalmente, los gastos de asistencia personal por acompañamiento.

Requisitos: Carecer de medios económicos para sufragar los gastos necesarios para llegar a su lugar de residencia. En el caso de extranjeros, si se aplica la expulsión, de acuerdo a la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, no es necesario facilitar el billete de retorno a su país. (Informe social favorable, en los casos de billete de avión, traslado en ambulancia y asistencia personal por acompañamiento).

Cuantía: Hasta un máximo de 35 euros/ día, de dinero de bolsillo según se estimen los días necesarios para llegar al destino. Hasta un máximo de 35 euros/día, para pernoctar, según se estimen los días necesarios para llegar al destino. El coste del billete de autobús de línea. El coste estimado del taxi. El coste del billete de retorno del medio de transporte

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3. 4.

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5. 6. -

-

utilizado, incluyendo el avión. El coste del traslado en ambulancia. El coste estimado autorizado para los casos excepcionales de asistencia personal por acompañamiento.

Gastos de documentación: Abono de los gastos generados para la tramitación y gestión de dicha documentación.

Requisitos: Carecer de medios económico y carecer de la documentación exigible.

Cuantía: Los gastos generales por la tramitación y gestión de la documentación.

Ayudas de transporte: Pago del transporte a los internos que de modo continuado asistan a cursos de formación que propicien su inserción socio - laboral. Así como la asistencia a tratamiento socio-sanitario ambulatorio. Pago del transporte a internos en tercer grado, para la realización de gestiones puntuales, encaminadas a su inserción socio-laboral. Requisitos: Carecer de medios económicos.

Cuantía: El coste del transporte público, en cada caso.

Gastos funerarios: El abono de gastos funerarios de internos y liberados condicionales, fallecidos.

Requisitos: Internos y liberados condicionales sin recursos económicos, propios ni familiares, debidamente acreditados.

Cuantía: El coste de los gastos funerarios correspondientes hasta un máximo de 1.800 euros.

Salidas programadas para actividades específicas de tratamiento.

Requisitos: La actividad deberá estar recogida en el catálogo de actividades de cada Centro Penitenciario. La participación de los internos en Programas de Tratamiento y Actividades.

Cuantía: La necesaria para la gestión de la actividad, hasta un máximo de 60 euros por interno/día. Para situaciones excepcionales en que sea necesario superar el máximo, será necesario autorización previa de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.

153


7. -

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8.

-

9.

Cobertura: Transporte público. Alojamiento. Entradas a museos, espectáculos, etc. Solicitud: Mediante propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro.

Recompensas: Abono de gastos generados por recompensas a internos recogidas en el Art. 263 del R.P.

Requisitos: Los actos realizados que pongan de manifiesto buena conducta, -espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o -de otro tipo que se organicen en el Establecimiento,.

Cuantía: Hasta un máximo de 299 euros por interno. Para situaciones excepcionales en que sea necesario superar el máximo, será necesario autorización previa de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.

Cobertura: Becas de estudio. Premios en metálico (hasta un máximo de 299 euros). Cualquier otra recompensa de carácter análoga a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios. Material didáctico - cultural: cuadernos, carpetas, rotuladores, sudaderas, pantalón deportivo, bolsa deportiva y otros. Solicitud: Mediante propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro.

Comunicaciones telefónicas en detención y traslados: Abono de la comunicación telefónica a los internos para comunicar inmediatamente a su familia y abogado su detención así como su traslado a otro Establecimiento en el momento de su ingreso, recogido en el Art. 52.3 de la L.O.G.P.

Requisitos: Haber sido detenido o trasladado a otro Centro Penitenciario. Cobertura: La necesaria para realizar la llamada.

Comunicaciones telefónicas a indigentes: Abono de dichas comunicaciones a los internos indigentes como asistencia social necesaria siempre que las circunstancias del Establecimiento lo permitan, tal y como recoge el R.P. en el artículo 47.4 para el resto de los internos.

154

Legislación Penitenciaria -

-

Requisitos: Carecer de dinero en su peculio (Informe social favorable)

Cobertura: La necesaria pata atender las necesidades de los internos.

La instrucción del procedimiento, señala en la mayoría de los casos como órgano instructor al Servicio Social Penitenciario, salvo en las salidas programadas y en las recompensas que el órgano es la Junta de Tratamiento. En el caso de comunicaciones telefónicas en detención y traslado, el órgano instructor es el Funcionario del Departamento de Ingresos.

Los Recursos contra las resoluciones adoptadas en el procedimiento, salvo en salidas programadas y recompensas, cabe Recurso potestativo de Reposición ante el Ministro titular del Departamento o Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de un mes o dos meses, respectivamente, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

1.5.

ENTREGA AL LIBERADO DE SU PECULIO, OBJETOS DE VALOR Y PERTENENCIAS

Conforme al Art. 322 R.P. “Al ser puesto en libertad un interno, le será practicada la liquidación de su peculio y entregado el saldo que resulte o la cartilla bancaria, así como los objetos de valor que la Administración tenga en depósito, previa presentación de los oportunos resguardos“. (Peculio a cargo del Administrador. Objetos de Valor a cargo del Subdirector de Seguridad. Ver Art. 317 R.P.).

Por su parte, el Art. 319.2.d. del R.P. de 1981, vigente, en referencia a las obligaciones del Funcionario encargado de la Unidad de Servicio de Ingresos y Salidas establece como una de ellas la de “hacer entrega a los que salgan de los objetos recogidos y depositados en la Unidad, diligenciando para ello los libros y fichas necesarias”. (Ver Art. 339 R.P. de 1981, vigente, sobre el “Libro de Depósito de Objetos y Pertenencias”, que han de ser guardados en lugar seguro, donde constará, además del nombre del depositario y el número del resguardo, los datos imprescindibles para identificarlos). 155

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Respecto del peculio de los internos, la Instrucción 15/2007, establece lo siguiente:

Considerando el peculio como un depósito de custodia de un bien fungible, donde el depositario es la Administración Penitenciaria, y cuya constitución es obligatoria conforme establece el artículo 319 del Reglamento, resulta de plena aplicación los artículos 1781.1° y 1782 del Código Civil para el depósito necesario.

En consecuencia es preciso distinguir los siguientes supuestos:

a)

b)

c) d)

Entrega. (Tal y como dispone el artículo 322 del Reglamento Penitenciario ya expuesto).

Renuncia. Si el interno en el momento de su liberación, una vez practicada la liquidación, de oficio por la Administración, muestre de forma inequívoca, su voluntad de renuncia -firmando un documento conforme al modelo adjunto-, se procederá a ingresar directamente en el Tesoro la cantidad depositada.

En los casos en los que el interno se niegue a firmar el documento y a retirar el depósito habrá que esperar 20 años para ingresarlo en el Tesoro, tal como establece el articulo 18 de la Ley de Patrimonio del Estado.

Fuga. En estos casos no existe renuncia, por lo que será preciso que transcurran 20 años para proceder a Ingresar estas cantidades en el Tesoro o bien devolvérselas al interno si es que vuelve a reingresar.

Fallecimiento sin herederos. Cuando por los servicios sociales se tenga constancia cierta de que el interno carece de herederos legítimos, se hará saber esta situación a la Delegación de Economía y Hacienda de la localidad para que inicie el correspondiente expediente de sucesión “abintestato” a favor del Estado

156


MÓDULO III. ESPECIAL ESTUDIO A LA PROBLEMÁTICA DE EXTRANJERÍA

1.-

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS

La situación de los extranjeros en España se regula fundamentalmente en la L.O. 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, (Vulgarmente llamada “Ley de Extranjería”), reformada por la L.O. 8/2000, de 22 de Diciembre, L.O.11/2003, de 29 de Septiembre, y L.O. 14/2003, de 20 de Noviembre, siendo su Reglamento de desarrollo vigente el aprobado por R.D. 2393/2004, de 30 de Diciembre, modificado por R.D. 1019/2006, de 8 de Septiembre (B.O.E. 23/09/06). Según La Ley se consideran extranjeros a los que carezcan de la nacionalidad española. No obstante, lo dispuesto en la misma se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Especiales y en los Tratados Internacionales en los que España sea parte.

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por la legislación de la Unión Europea, siéndoles de aplicación la Ley de Extranjería en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables. Sólo se podrá ordenar su expulsión o devolución del territorio nacional por motivos graves de orden público, seguridad pública y salud pública, en los términos establecidos legalmente. (Ver R.D. 240/2007, de 16 de Febrero sobre Entrada, Libre Circulación y Residencia de Ciudadanos Miembros de la Unión Europea). 157

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Sin perjuicio de las situaciones de tránsito, trabajo transfronterizo, etc., la forma natural en que los extranjeros podrán encontrarse en España legalmente será en las situaciones de “estancia” o “residencia”, de acuerdo con los términos contemplados en la L.O.E. y cumpliendo los requisitos.

Por su parte, se consideran “residentes ilegales” a los extranjeros que no cumplan los requisitos para la entrada o estancia en territorio español. (Ver Arts. 25 al 28 L.O.E. y Arts. 4 al 16 del Reglamento de Extranjería).

1.1.

CONSECUENCIAS PENALES DE LAS CONDUCTAS DELICTIVAS COMETIDAS POR EXTRANJEROS EN ESPAÑA

1.1.1. Expulsión Judicial

Será aplicable a extranjeros no residentes legalmente en España condenados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad. (Arts. 89 y 108 C.P.), cabiendo destacar al efecto: -

Penas privativas de libertad inferiores a seis años de prisión: Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un Centro Penitenciario en España.

-

Penas privativas de libertad iguales o superiores a seis años de prisión: Igualmente los Jueces o Tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, acordarán en sentencia la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España condenado a pena de prisión igual o superior a seis años, en el caso de que se acceda al tercer grado penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las

158

Legislación Penitenciaria tres cuartas partes de la condena, salvo que, excepcionalmente y de forma motivada, aprecien que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un Centro Penitenciario en España.

La expulsión se llevará a efecto sin que sea de aplicación lo dispuesto en los Arts. 80, 87 y 88 del C.P. (Suspensión de la ejecución o sustitución de las penas privativas de libertad).

En los dos supuestos anteriores las disposiciones establecidas no serán de aplicación a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los Arts. 312 (tráfico ilegal con mano de obra), 318 bis (delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros), 515.6.º (actualmente suprimido por L.O. 15/2003, de 25 de Noviembre), 517 (fundadores, directores y presidentes de asociaciones ilícitas, así como miembros activos de las mismas) y 518 (los que cooperen económicamente o favorezcan la fundación, organización o actividad de asociaciones ilícitas), todos ellos del Código Penal. -

Medidas de seguridad privativas de libertad:

Si el sujeto fuera extranjero no residente legalmente en España, el Juez o Tribunal, acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España.

-

Los efectos y consecuencias de la expulsión judicial son:

-

-

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la pena o de la medida de seguridad privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena o de la medida impuesta originariamente, o, en su caso, del período de condena pendiente. 159


El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, y cuando se traten de penas privativas de libertad, en todo caso mientras no haya prescrito la pena. (Habrá de tenerse en cuenta por tanto para penas privativas de libertad lo regulado en el Art. 133 del C. Penal).

-

El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada será devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. (No se trataría de nueva expulsión, sino de “devolución” no requiriéndose al efecto por tanto la sustanciación de expediente de expulsión).

1.1.2.

Expulsión Administrativa o Gubernativa con Autorización Judicial

Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al Juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos Juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

No obstante lo señalado anteriormente, el Juez podrá autorizar, a instancia del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No será de aplicación lo anterior para delitos tipificados en los Arts. 312, 318 bis, 515.6º, 517 y 518 del C.P. (515.6.º Suprimido por L.O. 160

Legislación Penitenciaria 15/2003, de 25 de Noviembre), a los que se ha hecho ya referencia con relación a la sustitución de penas privativas de libertad. 1.1.3.

Expulsión Administrativa o Gubernativa con Posterioridad al Cumplimiento de la Condena

Procederá cuando los extranjeros residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artículos ya señalados anteriormente contemplados en el Art. 89 del Código Penal.

Asimismo conforme a modificación de la L.O. 4/2000, de 11 de Enero por L.O. 8/2000, de 22 de Diciembre, el Art. 57.2 de la L.O.E. se establece que: “Constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”.

*

Conforme a lo regulado en el Art. 15.5.d del R.D. 240/2007, de 16 de Febrero, para los ciudadanos comunitarios, la existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar su expulsión.

La expulsión administrativa con y sin autorización judicial conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado, así como la prohibición de entrada en el territorio nacional por un plazo de tres a diez años.

A los efectos de todo lo anterior, el R.D. 2393/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento de desarrollo de la L.O.E., establece: 161

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Artículo 151. Comunicación inter orgánica de infracciones -

Cuando el Ministerio Fiscal conozca que un extranjero se encuentre imputado en un procedimiento por delito menos grave y pudiera estar incurso en alguna de las causas de expulsión previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sin que hubiera sido incoado el correspondiente expediente administrativo sancionador, informará sobre tal imputación a la autoridad gubernativa para que ésta compruebe si procede o no la incoación de expediente de expulsión, a los efectos oportunos.

-

Los Directores de los Establecimientos Penitenciarios notificarán a la Comisaría Provincial de Policía respectiva de su demarcación, con tres meses de anticipación, la excarcelación de extranjeros que hubieran sido condenados en virtud de sentencia judicial por delito, a los efectos de que, en su caso, se proceda a la expulsión, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero. A estos efectos, en los expedientes personales de los extranjeros condenados se hará constar si les ha sido incoado expediente de expulsión, así como, en su caso, el estado de tramitación en que se halle.

-

El Registro Central de Penados y Rebeldes comunicará, de oficio o a instancia de la Comisaría Provincial de Policía, los antecedentes penales de los extranjeros que hayan sido condenados por delito doloso que tenga señalada pena superior a un año de prisión, a los efectos de la incoación del correspondiente expediente de expulsión, a cuyo fin remitirá un certificado de aquellos.

Artículo 152. Comunicaciones de los órganos judiciales a la autoridad gubernativa en relación con extranjeros.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, los órganos judiciales comunicarán a la autoridad gubernativa la fi-

162

Legislación Penitenciaria nalización de los procesos judiciales en los que concurra la comisión de infracciones administrativas a las normas sobre extranjería, a los efectos de que por las autoridades administrativas pueda reanudarse, iniciarse o archivarse, si procede, según los casos, el procedimiento administrativo sancionador. Del mismo modo, comunicarán aquellas condenas impuestas a extranjeros por delito doloso castigado con pena privativa de libertad superior a un año, a los efectos de la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Igualmente, comunicarán las sentencias en las que acuerden la sustitución de las penas privativas de libertad impuestas o de las medidas de seguridad que sean aplicables a los extranjeros no residentes legalmente en España por su expulsión del territorio nacional. En estos casos, la sentencia que acuerde la sustitución dispondrá la ejecución de la pena privativa de libertad o medida de seguridad originariamente impuesta hasta tanto la autoridad gubernativa proceda a materializar la expulsión. A estos efectos, la autoridad gubernativa deberá hacer efectiva la expulsión en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de los 30 días siguientes, salvo causa justificada que lo impida, que deberá ser comunicada a la autoridad judicial.

2.-

TRÁMITES A SU INGRESO. PROCEDIMIENTOS

El Centro Directivo ha emitido numerosas Circulares destinadas a concretar la intervención penitenciaria con respecto a los extranjeros. Así tenemos la Instrucción 14/2001, que recogía sistemáticamente las actuaciones con respecto a dicha población sobre adaptación de las normas sobre extranjeros a la L.O. 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (redacción dada por L.O. 8/2000, de 22 de Diciembre). Dicha Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros fue modificada por la L.O. 11/2003, sobre integración social de los extranjeros y seguida por una nueva Instrucción del Centro Directivo de 2 de Diciembre de 2003, volviendo posteriormente a ser modificada la Ley por L.O. 14/2003, de 163

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 20 de Diciembre, y ser objeto además de la aprobación de un nuevo Reglamento, el aprobado por R.D. 2393/2004, de 30 de Diciembre, lo que lleva a una nueva actualización mediante la vigente Instrucción del Centro Directivo referida a “normas generales sobre internos extranjeros”, siendo ésta la I. 18/2005, de 21 de Diciembre.

Dicha Instrucción de 21 de Diciembre de 2005, vigente, establece un protocolo de actuación clarificador que empieza desde el momento del ingreso del extranjero en el Centro Penitenciario hasta su excarcelación, abarcando el procedimiento de expulsión para los extranjeros a quienes se haya decretado la expulsión y extranjeros para quienes en sentencia no se les ha sustituido la pena o parte de la misma por la expulsión y la expulsión administrativa una vez proceda el cumplimiento de la condena. También dicta normas de clasificación de penados sujetos a procedimientos o resolución de extradición, así como el procedimiento de traslado y salida en libertad condicional de extranjeros a sus países de origen o de residencia, y de la autorización para el ejercicio de actividades laborales a penados extranjeros en régimen abierto o en libertad condicional, refiriéndose finalmente a la intervención educativa con internos extranjeros. Respecto de los trámites al ingreso caben destacar: A) Información

En el momento de ingresar en un Establecimiento Penitenciario un extranjero procedente de libertad, será informado del derecho que tiene a que se ponga en conocimiento de sus Representantes Diplomáticos su ingreso en prisión, conforme al Art. 15.5 del Reglamento Penitenciario. A tal fin se facilitará al interno dentro de las 48 horas siguientes a su ingreso, el documento normalizado donde se contiene el ejercicio del citado derecho, dado por escrito, para efectuar por el Director, a la mayor brevedad, tal comunicación a las Autoridades Diplomáticas. Esta comunicación se efectuará, en todo caso, cuando se trate de miembros del personal diplomático. Se facilitará también al interno extranjero, en el plazo máximo de 5 días desde su ingreso, hoja informativa en donde se desarrolla de forma breve el derecho que le asiste, en virtud del Art. 52.2 del vigente Reglamento Penitenciario, a ser informado sobre las diferentes posibilidades que tiene de solicitar la aplicación de Tratados Internacionales o medidas 164

Legislación Penitenciaria que afecten a su situación procesal y penitenciaria, así como dirección y teléfono de su representación diplomática. Teniendo en cuenta el Art. 20 del Reglamento Penitenciario, corresponderá al Educador prestar la citada información. B) Datos personales y sociales

Admitido en el Establecimiento se procederá, conforme al Art. 18 del Reglamento Penitenciario, a efectuar los diferentes trámites de identificación y una vez efectuados éstos, el Trabajador Social que corresponda, conforme a lo previsto en el Art. 20 del Reglamento Penitenciario, integrará en el protocolo social del interno los datos referidos a los siguientes apartados: Vinculación familiar en España. Tiempo de permanencia en España. Situación en España irregular o regular, especificando, en este último caso, si se trata de estancia, residencia temporal o residencia permanente. Expediente de expulsión.

C) Documentación

Todo recluso extranjero debe poseer documentación, otorgada por su País de origen o residencia, que le identifique. En el SIP deberá reflejarse el número de pasaporte o documento que acredite su identidad y nacionalidad. En aquellos supuestos en que el recluso extranjero se halle indocumentado, la Oficina de Régimen solicitará a la Autoridad Judicial de quien dependa la documentación acreditativa de su identidad. Si después de realizadas las gestiones oportunas se tiene constancia de que el interno carece de documentación, se comunicará al Coordinador de Trabajo Social, quien iniciará los trámites a través del correspondiente Consulado. La Oficina de Régimen solicitará a la Comisaría Provincial de Policía el Número de Identidad de Extranjeros (NIE), a cuya finalidad facilitará el nombre y la nacionalidad que el propio interno dice tener, las huellas dactilares y la fotografía. Recibido el NIE, se incluirá en el expediente y en el SIP. D) Comunicación Gubernativa

Dentro de los cinco días siguientes a su ingreso, el Director del Establecimiento Penitenciario dará traslado a la Comisaría Provincial de Policía, de los datos personales de los extranjeros que hubieren ingresado en prisión procedentes de libertad, a efectos de lo dispuesto en 165

Formación Contínua Acaip-Federación SAP la normativa vigente en materia de extranjería, en especial en cuanto a la incoación de expediente de expulsión por parte de dicha Autoridad, una vez analizadas las circunstancias que concurran en cada caso. Se llevará a cabo la misma comunicación cuando un preventivo extranjero pase a la situación de penado.

De igual forma, se comunicará en el mismo acto en que se recibiese el mandamiento de libertad, la excarcelación de un interno extranjero que se hallase en prisión preventiva, a la Comisaría Provincial de Policía a los efectos oportunos.

2.1.

ESPECIAL REFERENCIA A LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS EXTRANJEROS

El significativo número de internos extranjeros que se encuentran en nuestros Establecimientos Penitenciarios, las dificultades idiomáticas y de adaptación cultural a las que se enfrentan y sus específicas necesidades en cuanto a acciones propias del tratamiento, hace que resulte necesario un régimen de especial protección que, de no existir, podría conllevar en la práctica penitenciaria al incumplimiento de los derechos de los mismos. Así el vigente Reglamento Penitenciario incorpora en su articulado la mayoría de las Recomendaciones que el Consejo de Europa ha emitido en la materia. Podemos clasificar la normativa dedicada a los extranjeros, en función de las causas que originan una dificultad añadida por el hecho de la nacionalidad, la siguiente: Protección genérica de la no discriminación •

•

166

Art. 4.1 del RP que prohibe en la actividad penitenciaria discriminación alguna por razón de raza, sexo, opinión, nacionalidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 41.7 del RP que establece que las comunicaciones y visitas se organizarán de forma que satisfagan las necesidades especiales de los reclusos extranjeros, a los que se aplicarán, en igualdad de condiciones con los nacionales, las reglas generales.


Art. 135.2.a del RP que garantiza el derecho a no ser discriminado para el empleo por razón de nacionalidad, sexo, estado civil, edad, raza, condición social, ideas religiosas o políticas o idioma.

Protección derivada del aislamiento con respecto a las Instituciones Públicas de su País •

• • •

Art. 15.5 del RP que establece el derecho a que se notifique a las Autoridades diplomáticas o consulares de su País el ingreso en prisión. Este derecho se les reconoce tanto en sentido positivo, si así lo requieren, garantizando la posible asistencia de sus representantes diplomáticos, como en sentido negativo, si rechazan dicha notificación, garantizando en este caso su derecho a la intimidad.

Art. 49.3 del RP que garantiza las comunicaciones en locales adecuados con dichos representantes.

Art. 52.2 del RP que establece el deber de la Administración de facilitar al recluso extranjero, la dirección y el teléfono de la representación diplomática acreditada en España de su País.

Art. 62.4 del RP que ordena a la Administración Penitenciaria fomentar la colaboración de las instituciones y asociaciones dedicadas a la resocialización y ayuda de extranjeros, facilitando la cooperación de las entidades sociales del País de origen.

Protección derivada del derecho a la información y del desconocimiento del idioma •

•

Art. 15.5 del RP que establece el derecho a que se le informe de forma comprensible, a ser posible en su idioma, del derecho a que se notifique a las Autoridades diplomáticas o consulares de su País el ingreso en prisión.

Art. 52 del RP referido a la Información, dedica 4 de sus 5 apartados a especificar que los internos extranjeros tienen derecho a que se les informe bien por escrito, bien oralmente o por otro medio adecuado, pero en su propio idioma de sus derechos y deberes, el régimen del Establecimiento, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. 167

Formación Contínua Acaip-Federación SAP •

Art. 242.2.j del RP que establece la posibilidad del extranjero que desconoce el castellano de asistirse de un el funcionario o interno como intérprete a lo largo de la instrucción de un procedimiento sancionador.

Protección derivada del derecho al tratamiento y de las modalidades de ejecución de la pena •

Art. 118.2 del RP que establece el derecho de acceso a la formación y educación, para lo cual, la Administración procurará facilitar los medios para el aprendizaje del idioma castellano y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

•

Art. 52.2 del RP que reconoce el derecho de los extranjeros a ser informados de los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España para el traslado a otros Países de personas condenadas, la sustitución de las penas impuestas o la medida de expulsión.

•

Art. 197 del RP que establece el derecho de poder disfrutar la libertad condicional en el País de origen, previa conformidad del extranjero y autorización del Juez de Vigilancia.

2.2.

EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES POR PENADOS EXTRANJEROS. (DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL R.D. 2393/2004; ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS)

A)

Para el desarrollo de actividades laborales en los talleres de los Centros Penitenciarios (Gestionados por el O.A.T.P.F.E:

La Resolución de la Autoridad Judicial que ordene el ingreso en prisión del ciudadano extranjero, tendrá validez de autorización de trabajo. -

168

La Dirección del Centro dará traslado de aquella resolución Judicial a la Subdelegación del Gobierno de la provincia en la que radique el Centro, (a la Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas Uniprovinciales), y a la Dirección General de Inmigración.

Legislación Penitenciaria La validez de aquella resolución como autorización de trabajo se prolongará hasta el final de la actividad laboral.

B)

Para el desarrollo de actividades laborales fuera del Centro Penitenciario:

1. Iniciación e instrucción del procedimiento: •

-

Mediante comunicación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (entiéndase S.G.I.P.), por la que se dé traslado a la Subdelegación del Gobierno de la provincia en la que radique el Centro (a la Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas Uniprovinciales):

De la resolución de la propia Secretaría General por la que se concede la clasificación en el tercer grado.

El Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria por el que se concede la clasificación del tercer grado o de la libertad condicional.

2. Requisitos y condiciones:

El penado extranjero debe acreditar que reúne alguna de las siguientes condiciones: •

•

Que se encontraba en “situación de residencia” o de “estancia por estudios”, en el momento de producirse la condena, debiendo acompañar copia de la autorización de aquellas situaciones y copia de la sentencia. Que en el momento de la condena, de la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o del Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria (por las que se haya concedido la clasificación en el tercer grado o la libertad condicional):

a) Se encontraba en alguno de los supuestos para la obtención de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales (Art. 45 del Reglamento; ver la guía correspondiente). b) Se encontraba en alguno de los supuestos para la obtención de una autorización de residencia permanente (Art. 71 y siguientes del Reglamento), a saber:

169


Haber residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante 5 años.

-

Ser beneficiario de una pensión de jubilación contributiva del Sistema Español de Seguridad Social.

-

Ser beneficiario de una pensión contributiva de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez del Sistema Español de Seguridad Social, o de prestaciones análogas a las anteriores obtenidas en España y consistentes en una renta vitalicia, no capitalizable, suficiente para su sostenimiento.

-

Que haya nacido en España y al llegar la mayoría de edad acredite haber residido en España, de forma legal y continuada, durante, al menos, los 3 años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.

-

Que haya sido español de origen y haya perdido la nacionalidad española.

-

Que al llegar a la mayoría de edad haya estado bajo la tutela de una entidad pública española durante los 5 años inmediatamente anteriores de forma consecutiva.

-

Apátridas o refugiados que se encuentren en territorio español, y a quienes se les haya reconocido el respectivo estatuto en España.

-

Extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España, o a la proyección de España en el exterior.

• C) •

Que fue autorizado a trabajar al amparo del Art. 66.5 del Reglamento de la L.O. 4/2000, aprobado por R.D. 864/2001 (en la actualidad derogado).

Efectos de la concesión de validez de autorización de trabajo a la Resolución o Auto (Concesión clasificación tercer grado o libertad condicional):

• 170

Plenos efectos en materia de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. No otorgan la condición de residente extranjero.


2.3.

BREVE REFERENCIA A NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE EN MATERIA DE EXTRANJEROS

• Ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional por Ley Orgánica 6/2000, de 4 de Octubre y L.O. 18/2003, de 10 de Diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional.

- L.O. 6/2000, de 4 de Octubre, por la que se ratifica el Estatuto de la Corte Penal Internacional por Instrumento de 19 de Octubre de 2000, entrando en vigor dicho Estatuto, conforme a lo dispuesto en su Art. 126, el 1 de Julio de 2002. (Disposición de recibir a personas condenadas por la Corte Penal Internacional, creada en Roma en 1998 a condición de que la pena impuesta no exceda del máximo previsto en la legislación española).

- L.O. 18/2003, de 10 de Diciembre, por la que se regula la cooperación con la Corte Penal Internacional, siendo la estructura de dicha Ley comparable a la que se siguió en la L.O. 15/1994, de 1 de Junio, en la que se reguló la cooperación con el Tribual Penal Internacional para la Ex Yugoslavia creado en 1993.

Al respecto cabe reseñar así mismo el Acuerdo España-ONU sobre Ejecución de Condenas Impuestas por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, de La Haya, de 28 de Marzo de 2000 por el que se aceptan personas condenadas por el Tribunal Penal Internacional con vinculación a la duración de la condena impuesta, siendo las condiciones de reclusión de acuerdo con la legislación española, con sujeción a la supervisión de dicho Tribunal Penal Internacional.

Orden Europea de Detención y Entrega. (EUROORDEN)

La orden de detención europea ha sido introducida en nuestra legislación por la Ley 3/2003 de 14 de Marzo y la complementaria L. O. 2/2.003 de la misma fecha. La orden de detención europea es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la 171

Formación Contínua Acaip-Federación SAP que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

A los efectos de lo anterior, se entiende por:

«Autoridad Judicial de Emisión»: la Autoridad Judicial del Estado miembro emisor que sea competente para dictar una orden europea en virtud del Derecho de ese Estado.

«Autoridad Judicial de Ejecución»: la Autoridad Judicial del Estado miembro de ejecución que sea competente para ejecutar la orden europea en virtud del Derecho de ese Estado. Las notas características de este procedimiento son las siguientes: ·

·

·

Configurar el procedimiento de detención y entrega como un procedimiento puramente judicial, sin apenas intervención del ejecutivo.

La orden europea es remitida directamente por la Autoridad Judicial que la emite a la Autoridad que ha de proceder a su ejecución, sin necesidad de que intervenga la Autoridad Central. La entrega de la persona se efectúa tras haber seguido un procedimiento ágil y rápido. Si hay consentimiento a la entrega, la decisión ha de adoptarse en los 10 días siguientes a la prestación del consentimiento. En caso de que la persona reclamada no consienta en la entrega, la decisión se adoptará en los 60 días siguientes a la detención. La entrega deberá producirse normalmente, en uno y otro caso, en los 10 días siguientes a la adopción de la decisión.

La orden europea contendrá, en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución o en cualquier otra lengua aceptada por éste, la información que deba adjuntarse de acuerdo con la regulación al efecto.

Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas

Dicho Convenio se hace en Estrasburgo el 21 de Marzo de 1983 siendo ratificado por España por Instrumento de 18 de Febrero de 1985, publicándose en el B.O.E. el 10 de Junio y con entrada en vigor de forma general el 1 de Julio del mismo año 1985, constando éste de un total de 25 artículos. El referido Convenio “permite que una persona condenada a pena privativa de libertad” en un País distinto al suyo, pueda ser trasladada a su País de origen para cumplir su pena en él. 172

Legislación Penitenciaria Sus principales características son:

a)

b)

c)

Consentimiento voluntario y plenamente consciente de la persona interesada, o en su caso, de su representante y consentimiento del Estado que ha condenado a la persona (Estado de condena) y consentimiento del Estado al que se solicita el traslado (Estado de cumplimiento).

Para que el traslado pueda llevarse a efecto será necesario que el condenado sea nacional del Estado de cumplimiento, que la sentencia condenatoria sea firme, que la duración de la pena que le reste por cumplir al condenado sea de, al menos seis meses desde el día de recepción de la petición, y que la infracción que haya dado lugar a la condena sea también infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento. El condenado podrá expresar su deseo de ser trasladado tanto al Estado de condena como al Estado de cumplimiento, y el traslado podrá solicitarse bien por el Estado de condena, bien por el Estado de cumplimiento. Acordado el traslado, las autoridades competentes del Estado de cumplimiento deberán:

1. O bien, proseguir el cumplimiento de la pena inmediatamente o sobre la base de una resolución judicial o administrativa. (Prosecución del cumplimiento, Art. 10 del Convenio). En este caso, el Estado de cumplimiento estará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la pena impuesta.

2. O bien, convertir la condena mediante un procedimiento judicial o administrativo, en una decisión de dicho Estado, que sustituya así la sanción impuesta en el Estado de condena por una sanción prevista por la legislación del Estado de cumplimiento para la misma infracción. (Conversión de la condena, Art. 11 del Convenio).

El cumplimiento de la condena se regirá por la ley del Estado de cumplimiento y el interesado deberá ser informado previo al traslado del procedimiento aplicable en su caso, y de llevarse a cabo la conversión de la condena, la que cabría imponérsele, para que decida sobre si le interesa o no que éste se lleve a cabo. 173

Formación Contínua Acaip-Federación SAP En España el procedimiento seguido es el de “prosecución de la ejecución”.

d)

A partir del traslado, el Estado de condena sólo tendrá derecho a decidir acerca de cualquier Recurso de Revisión presentado contra la condena, siendo el Estado de cumplimiento el responsable de los pormenores de la ejecución.

Procedimiento de aplicación del Convenio en España:

En relación al procedimiento de aplicación del Convenio de Estrasburgo de 1983 en España cabe decir:

Una vez examinadas por el Jurista las circunstancias del solicitante en cuanto al cumplimiento de los requisitos del Convenio de Traslado correspondiente, el Establecimiento Penitenciario remitirá a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia, la solicitud con los datos del interesado, con expresión de certificación sobre el tiempo que le falte para cumplir la condena, que en ningún caso podrá ser inferior a seis meses. Si el Consejo de Ministros acuerda la autorización del traslado, la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional lo comunicará al Establecimiento Penitenciario, quien una vez anotada tal circunstancia en el expediente personal del interno (Índice de Vicisitudes Penales) establecerá comunicación con la Dirección General de la Policía (INTERPOL) para fijar fecha y entrega. De dicha autorización de traslado del interno a su País también se cursará notificación a la correspondiente Delegación del Gobierno, o en su caso Subdelegación o Dirección Insular. -

De todas las solicitudes y/o notificaciones a las diferentes Autoridades se dejará constancia en el expediente personal del interno en cuestión.

En cuanto a lo regulado en el Art. 9.3 del Convenio “El cumplimiento una vez efectuado el traslado se regirá por la Ley del Estado de ejecución y éste será el único competente para tomar las decisiones convenientes”, en España dicha autoridad es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conforme a lo establecido en el Art. 65.2.º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.

(Ver documentación anexa al curso para un estudio más profundo de la materia, así como Instrucción 18/2005, de 21 de Diciembre, del Centro Directivo). 174


MÓDULO IV. SEGURIDAD Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO: SEGURIDAD INTERIOR. MEDIOS COERCITIVOS. RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y RECOMPENSAS

1.

SEGURIDAD INTERIOR

Corresponde (salvo excepción de la Disposición Final Primera de la L.O.G.P.) a los Funcionarios de I.I.P.P., con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de los servicios acordada por el Director del Establecimiento. Sus fines son la consecución de una ordenada convivencia que permita la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas privativas de libertad así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados.

El Art. 65 del Reglamento dispone que las medidas de seguridad interior de los Establecimientos han de organizarse a través de las siguientes actividades:

a)

Observación de los internos. (Art. 66 R.P.)

c)

Registros, cacheos y requisas de los internos. (Art. 68 R.P.)

b)

d)

e)

Recuento de la población reclusa. (Art. 67 R.P.).

Registros y controles de personas autorizadas a comunicar con los internos, así como de quienes tengan acceso al interior del Establecimiento. Registros y controles de los vehículos que entren y salgan del Establecimiento. Registros y controles de los paquetes y encargos que reciban los internos. (Art. 69 R.P.).

Intervención del dinero, alhajas u objetos de valor, así como objetos que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada y que porten los internos. (Art. 70 R.P.). 175

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Por su parte el Art. 71 establece unos principios generales diciendo que todas las actividades de seguridad se regirán por los principios de “necesidad” y “proporcionalidad” y se llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales, especialmente las que se practiquen directamente sobre las personas. Ante la opción de utilizar medios de igual eficacia, se dará preferencia a los de carácter electrónico.

Cuando los funcionarios, con ocasión de cualquiera de las medidas de seguridad llevadas a cabo detecten alguna anomalía regimental o cualquier hecho o circunstancia indicativa de una posible perturbación de la vida normal del Centro, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que, en su caso, hagan uso de los medios coercitivos reglamentariamente establecidos.

1.1.

BREVE COMENTARIO SOBRE ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL EN QUE SE BASA LA SEGURIDAD INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Observación de los Internos (Medidas preventivas ordinarias) (Art. 66 R.P.)

Se llaman medidas preventivas ordinarias a aquellas que nos llevan a un conocimiento y control de la situación general del Establecimiento, lo que hace posible la evitación de situaciones que de otro modo podrían haber sido caóticas, antireglamentarias o en última instancia, imprevisibles. Estas se basan en una constante observación y un profundo conocimiento de los internos. La tarea de observación y conocimiento compete a todo el funcionariado y, de hecho, todo funcionario de un Establecimiento posee un conocimiento más o menos exacto o espontáneo de los internos. Sin embargo, las tareas de observación y conocimiento en profundidad, exigen distintos matices y rigurosidad, según el tipo de funcionarios a realizarlas y según el tipo de interno y situación de éstos, ya que abarcan tanto a los penados como a los preventivos. Deben de comenzar desde el ingreso del interno y no cesarán hasta la libertad definitiva del mismo, pues no sólo son tendentes a la prevención de situaciones conflictivas sino que son vitales para la futura clasificación del interno y en consecuencia para un eficaz tratamiento. 176

Legislación Penitenciaria Recuentos de Internos (Art. 67 R.P.)

* Cuadro no original, extraído de documentación del Centro Directivo.

177

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Registros, cacheos y requisas (Art. 68 R.P.)

Respecto de lo regulado en dicho Artículo, han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: •

El registro: Puede hacer referencia tanto a las personas como a los enseres o inmuebles del Establecimiento Penitenciario. -

-

•

•

-

Respecto a las personas, consiste en la inspección, verificación y constatación de que las personas registradas no tienen ni son portadores de objetos prohibidos.

Respecto a los enseres e inmuebles, consiste en la inspección de los mismos para concretar que no adolecen de modificaciones ni alteraciones que puedan perjudicar las garantías de seguridad que pueden ofrecernos y para lo que han sido diseñados y destinados.

La requisa: Consiste, igualmente, en la inspección de las personas o dependencias de un Establecimiento. En la Administración Penitenciaria, la aceptación que se le da a la palabra requisa va mayormente referida a la inspección de los inmuebles o dependencias de los propios Centros Penitenciarios, a efectos de determinar que no han sido manipulados o adulterados (suelos, ventanas, puertas, cerraduras, instalaciones eléctricas, conducciones sanitarias, vallas, etc.). Igualmente, se utiliza en el sentido de retirar algún objeto prohibido. (Ejemplo: Se realizó un cacheo y se ha requisado un objeto peligroso, arma blanca, pincho carcelario, objeto punzante, etc.).

El cacheo: Acción consistente en registrar a alguien (persona) para ver si oculta objetos prohibidos como pudieran ser armas, drogas, etc. (Es la más empleada en nuestro medio). Según los medios empleados, los cacheos pueden clasificarse en tres tipos: ordinarios, integrales y de urgencia.

Ordinarios: Aquellos dirigidos a perseguir pequeños objetos que puedan llevar los internos sobre su persona, normalmente escondidos entre sus ropas. También podemos definirlos como de palpación. En dicho cacheo, no es preciso que el interno se desnude. Consiste en examinar lo que llevan en los bolsillos, revisar sus prendas de mayor entidad y luego pasar las manos, palpando, a lo largo de brazos, tronco y piernas del interno. Igualmente se utilizarán medios electrónicos.

178


-

Esta modalidad constituye, por decirlo de alguna manera, el sistema normal del cacheo. En su realización podemos auxiliarnos de medios electrónicos manuales como por ejemplo raquetas detectoras de metales.

Integrales: Aquellos que tienen por finalidad un examen más profundo de la persona objeto del cacheo, por entender, de forma motivada, que pudiera esconder objetos prohibidos en su interior. Previamente al mismo, deben entenderse agotadas otras modalidades, (cacheo de palpación), con auxilio de medios electrónicos, (raquetas detectoras de metales, empleo del arco detector, etc.).

Este tipo de cacheos, requiere del cumplimiento de unos requisitos básicos, cuales son: Autorización del Jefe de Servicios, debe practicarse por funcionario del mismo sexo que la persona objeto del cacheo, realizarse en lugar cerrado, sin presencia de otros internos y preservar en todo momento la intimidad.

-

En dicho sentido, el Tribunal Constitucional (STC 57/94, de 28 de Febrero), se pronuncia de la siguiente manera: Una vez practicado un cacheo con desnudo integral, si el mismo fuese infructuoso, persistiendo la sospecha, puede practicarse un cacheo más exhaustivo con empleo de medios técnicos adecuados (Rayos-X o reconocimiento médico). Su práctica, exige: Haber practicado un cacheo de desnudo integral previo, que persista la sospecha y autorización previa por la Autoridad Judicial competente. De urgencia: Aquellos dirigidos a preservar situaciones de emergencia. Participa de los dos modos anteriores, siempre en función de la pretensión perseguida y adoptándose las garantías requeridas. Igualmente, en su realización, pueden emplearse medios electrónicos.

Presencia del interno en los registros en la celda:

Salvo supuestos excepcionales, que deberán justificarse, la presencia del interno ha de ser la norma en los registros que se realicen en su celda. (Criterio de los Jueces de Vigilancia aprobado por mayoría). Respecto a la posible consideración de la celda como “domicilio” es de reseñar la Sentencia del T.C Nº 89/2006 de 27 de Marzo de 2006, donde señala que las cel179

Formación Contínua Acaip-Federación SAP das de un Centro Penitenciario no son domicilio. (Sobre cacheo con desnudo integral ver jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras, las Sentencias 207/2000 de 24 de Julio y 218/2002 de 25 de Noviembre, que en la práctica anteceden a la publicación del “protocolo de actuación para la realización de cacheos con desnudo integral” del Centro Directivo de fecha 9 de Marzo de 2005. Verse). Todo tipo de registro, requisa y cacheo, debe participar de unos principios claros (Art. 71 R.P.), cuales son la definición clara de objetivo perseguido, (principio de necesidad); el empleo del medio más idóneo y adecuado para su realización, (principio de proporcionalidad); respecto de los derechos de las personas objeto del cacheo o registro, (principio de respeto de derechos), y en igualdad de condiciones, se dará preferencia al empleo de medios electrónicos, (principio de subsidiaridad).

Intervenciones

A ellas se refiere el Art. 70 R.P. “Se intervendrá el dinero, alhajas u objetos de valor no autorizados, así como los objetos que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia ordenada o de ilícita procedencia”. En referencia a las “intervenciones” el Art. 317 R.P. establece distintas normas, de las que cabe destacar:

1ª) Los objetos de valor se custodiarán por el Subdirector de Seguridad en la Caja del Establecimiento o en lugar seguro y el dinero será custodiado por el Administrador.

2ª) Los internos podrán autorizar para que de lo intervenido se haga cargo alguna persona, debiendo firmar con el Subdirector de Seguridad o el Administrador, según proceda, la diligencia de la entrega.

3ª) No se dará cumplimiento a lo establecido en la norma anterior cuando existan dudas acerca de la legítima procedencia del dinero u objetos de valor intervenidos y se pondrá en conocimiento de la Autoridad competente la retención para que se resuelva lo procedente. 4ª)

Cuando el dinero consista en moneda o billetes que puedan o deban ser objeto de intervención oficial, se cumplirá lo que al respecto determine la legislación correspondiente, sin perjuicio de asegurarlo en la

180

Legislación Penitenciaria caja como un valor cualquiera y de entregar al recluido un resguardo suficientemente expresivo de las cantidades y efectos depositados, pero no se le dará ingreso en el peculio de libre disposición.

5ª)

Cuando la Autoridad Judicial disponga la intervención de todo o parte del dinero de un interno, se procederá a inmovilizar las cantidades indicadas en la orden correspondiente, que quedarán a disposición de dicha Autoridad para el destino que proceda, de todo lo cual se dará conocimiento al interesado.

2.

MEDIOS COERCITIVOS

Se tratan de medidas provisionales de carácter preventivo adoptadas para alguno de los fines expresamente fijados por el Art. 45 de la L.O.G.P.: a)

b) c)

Impedir actos de evasión o de violencia de los internos.

Evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas.

Vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.

- Son medios coercitivos, según el Art. 72 del Reglamento el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los sprays de acción adecuada y las esposas. (En ningún caso podrá utilizarse otro distinto de los establecidos reglamentariamente).

La severidad de estos medios coercitivos determina que la propia Ley establezca unas ciertas garantías y unos límites.

Garantías en su utilización

Dice la propia Ley que “la utilización de medios coercitivos se llevará a cabo con la autorización del Director del Establecimiento. En los casos de urgencia que tal medida sea ordenada por el Jefe de Servicios o adoptada por los propios funcionarios, deberá comunicársele de inmediato, dando cuenta éste al Juez de Vigilancia con indicación de los motivos que han dado lugar a ello”. 181

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Límites en su utilización

También la propia Ley dispone que “Las medidas coercitivas estarán dirigidas exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y sólo subsistirán el tiempo estrictamente indispensable”. El Reglamento al respecto, puntualiza más y establece: “Su uso será proporcional al fin pretendido, nunca supondrá una sanción encubierta y sólo se aplicarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida o por el tiempo estrictamente necesario”.

“No podrán ser aplicados los expresados medios coercitivos a las internas mencionadas en el Art. 254.3 del Reglamento (Mujeres gestantes y hasta seis meses después de la terminación del embarazo, madres lactantes y a las que tengan hijos menores consigo), ni a los enfermos convalecientes de enfermedad grave, salvo en los casos en los que de la actuación de aquéllos pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas. Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional, el interno será visitado diariamente por el Médico”.

Depósito

“Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares que el Director entienda idóneos, y su cuantía y estado se reflejará en libro oficial”. Auxilio de la Guardia Exterior

“En los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas o para las instalaciones, el Director con carácter provisional, podrá recabar el auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia en el Establecimiento, quienes en caso de tener que utilizar las armas de fuego, lo harán por los mismos motivos y con las mismas limitaciones que establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria”.

182


2.1.

ANÁLISIS SOBRE LA PROPORCIONALIDAD Y PERTINENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS COERCITIVOS

Visto todo lo anterior y dada la importancia del tema, conviene resaltar del estudio de los mismos, conforme a la redacción dada por el R.P., los siguientes principios generales en la aplicación y uso de dichos medios: 1)

2) 3)

4)

5)

Desvinculación del régimen disciplinario: A diferencia del anterior Reglamento, que los medios coercitivos se trataban en el Título referido al Régimen Disciplinario, en el actual se ha desvinculado, incluyéndose en el de Seguridad. Ello es así, porque la utilización de un medio coercitivo no debe ser la consecuencia inmediata de una falta o quebranto de una norma por un interno. También puede ser aplicado en prevención o salvaguarda de un bien jurídico superior. (Ejemplo: la utilización de las esposas por recomendación médica para evitar que un interno pueda hacerse daño a sí mismo o a otros, debido a su estado de agitación).

Numerus cláusus: Sólo se consideran medios coercitivos los previstos en el Art. 72 del R.P. No hay otros.

Límites: Su empleo viene definido por el tiempo mínimo imprescindible para restablecer la normalidad, o bien mientras dure la agresividad del interno. No más tiempo. Además, actúan como límites los principios generales que impregnan la seguridad: (principio de necesidad, proporcionalidad, respeto a los derechos, subsidiariedad). Control Administrativo y Judicial: Autorización previa del Director, (salvo por razones de urgencia), y comunicarlo a la Autoridad Judicial, (Juez de Vigilancia). Se notificarán a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria y se grabará en el S.I.P.

Ubicación y control del estado y cuantía: Los lugares de ubicación, así como su distribución corresponde al Director. Su estado se reflejará en libro oficial. 183

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 6)

Auxilio de las Fuerzas de Seguridad: Novedad importante del nuevo Reglamento con respecto al anterior. Sólo ante incidentes muy graves y mientras se restablece la normalidad.

Particularidades de los medios coercitivos en los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas.

Los medios coercitivos en las Unidades Psiquiátricas tienen una diferenciación muy clara con respecto a la norma general. Aquí, ya no hablamos de internos, sino de pacientes “las restricciones a la libertad personal del paciente deben limitarse a las que sean necesarias en función del estado de salud de aquél o del éxito del tratamiento“. (Art. 188.2 del R.P.)

“El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en todo momento, la dignidad de la persona. Incluso en los supuestos de que médicamente se considere que no hay alternativa alguna a la aplicación de los medios expresados, la medida deber ser puntualmente puesta en conocimiento de la Autoridad judicial de la que dependa el paciente, dándose traslado documental de su prescripción médica”. (Art. 188.3 del R.P.). Supuestos sanitarios: (Constitución Española. Art. 43 sobre el derecho a la salud). Ley 41/2002, de Autonomía del paciente.

Artículo 5 (sobre derecho a la información). Información sobre la adopción de la medida: la utilización de la medida excepcional y urgente de contención mecánica en los supuestos y de acuerdo con el presente protocolo deberá ser informada al paciente de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión y a las circunstancias existentes en el momento. La información debe darse con carácter previo, durante el mantenimiento, y posteriormente. Artículos 8 y 9 (sobre el consentimiento informado y a las limitaciones del mismo). El consentimiento de la medida de contención mecánica de persona con capacidad y en condiciones de decidir, sería válido de conformidad con el Art. 8.2. En los supuestos excepcionales en los que el paciente -con capacidad y en condiciones de decidir- dé su consentimiento para la adopción de la medida de contención mecánica, este consentimiento se re184

Legislación Penitenciaria cogerá en un documento escrito firmado por el paciente.

Ver Instrucción 18/2007, de 20 de diciembre sobre sujeciones mecánicas

3.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El Régimen Disciplinario y las Recompensas vienen recogidos por la L.O.G.P. en sus Arts. 41 al 46 y desarrollado por el Reglamento Penitenciario en el Título X (Arts. 231 al 262: Régimen Disciplinario; y en el 263 y 264: Recompensas) continuando vigentes los Artículos 108, 109, 110, 111 y primer párrafo del 124 del Reglamento Penitenciario aprobado por R.D. 1201/1981 de 8 de Mayo, a saber: Conforme al Art. 231 R.P., que desarrolla el Art. 41.1 L.O.G.P., el Régimen Disciplinario de los reclusos estará dirigido a garantizar la seguridad y el buen orden regimental y a conseguir una convivencia ordenada, de manera que se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad penitenciaria, continuando diciendo que se aplicará a todos los internos, con la excepción de a los internados en Establecimientos o Unidades Psiquiátricas Penitenciarias, con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los Centros Penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen.

3.1.

FALTAS Y SANCIONES

3.1.1. Clasificación de las Faltas

Las faltas disciplinarias cometidas por los reclusos se calificarán como Muy Graves, Graves y Leves y se encuentran establecidas en los Artículos 108, 109 y 110 respectivamente, del Reglamento Penitenciario de 1981, vigentes en el actual mediante su Disposición Derogatoria Única, siendo éstas las siguientes: 185


a) b)

c)

d) e)

f)

g) h) i)

a)

b)

Faltas Muy Graves, Art. 108 R.P. 1981

Participar en motines, plantes o desórdenes colectivos, o instigar a los mismos si éstos se hubieran producido.

Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del Establecimiento o a las Autoridades o funcionarios judiciales o de Instituciones Penitenciarias, tanto dentro como fuera del Establecimiento, si el interno hubiera salido con causa justificada durante su internamiento y aquellos se hallaren en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de ellos.

Agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos.

La resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes recibidas de Autoridad o funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. Intentar, facilitar o consumar la evasión.

Inutilizar deliberadamente las dependencias o materiales o efectos del Establecimiento o las pertenencias de otras personas causando daños de elevada cuantía.

La sustracción de materiales o efectos del Establecimiento o de las pertenencias de otras personas.

La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la seguridad del Establecimiento.

Atentar contra la decencia pública con actos de grave escándalo y transcendencia. Faltas Graves, Art. 109 R.P. 1981

Calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente al respeto y consideración debidos a las Autoridades, funcionarios y personas del apartado b) del Art. 108, en las circunstancias y lugares que en el mismo se expresan. Desobedecer las órdenes recibidas de Autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas.

186

Legislación Penitenciaria c) d) e)

f) g) h) i)

a) b) c) d)

Instigar a otros reclusos a motines, plantes o desórdenes colectivos, sin conseguir ser secundados por éstos.

Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra.

Inutilizar deliberadamente las dependencias, o materiales o efectos del Establecimiento, o las pertenencias de otras personas causando daños de escasa cuantía, así como causar en los mismos bienes daños graves por negligencia temeraria.

Introducir, hacer salir o poseer en el Establecimiento objetos que se hallaren prohibidos por las normas de Régimen Interior.

Organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar que no se hallaren permitidos en el Establecimiento.

La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del Establecimiento.

La embriaguez producida por el abuso de bebidas alcohólicas autorizadas que cause grave perturbación en el Establecimiento o por aquellas que se hayan conseguido o elaborado de forma clandestina, así como el uso de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, salvo prescripción facultativa. Faltas Leves, Art. 110 R.P. 1981

Faltar levemente a la consideración debida a las autoridades, funcionarios y personas del apartado b) del Art. 108, en las circunstancias y lugares que en el mismo se expresan.

La desobediencia de las órdenes recibidas de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en el ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causen alteración de la vida regimental y de la ordenada convivencia.

Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente. Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no prohibidos por las normas de Régimen Interior. 187

Formación Contínua Acaip-Federación SAP e) f)

Causar daños graves en las dependencias, materiales o efectos del Establecimiento o en las pertenencias de otras personas por falta de diligencia o cuidado.

Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones del interno, produzca alteración en la vida regimental y en la ordenada convivencia y no esté comprendida en los supuestos de los Arts. 108 y 109, ni en los apartados anteriores de este artículo. FÓRMULA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FALTAS

Para una mejor comprensión y memorización se adjunta la siguiente fórmula de aprendizaje partiendo del inicio de cada uno los apartados que configuran los hechos motivo de la infracción al efecto. Art. 108. Muy Graves, 9 Apartados: (a, b, c, d, e, f, g, h, i) 6 primeros de ejecución inmediata. Formula:

PAR

PARAGREDOS

PAR-AGRE-DOS (a)

(b)

(c)

a) Participar en...

AGRE

Agredir a . . . DOS

INT

e) Intentar…

RES INU

SUS

DIVULG

ATEN 188

d) Resistencia…

RESINTINUSUS

RES-INT-INU-SUS (d) (e) (f) (g)

DIVULGATEN

DIVULG-ATEN

Funcionarios b)

f) Inutiliza…

g) Sustraer…

h) Divulgar… (menoscabar la seguridad…). i) Atentar…

(h)

(i)

Internos c)

Legislación Penitenciaria Art. 109. Graves, 9 Apartados: (a, b, c, d, e, f, g, h, i). Formula:

CALUMDESINS

CALUM-DES-INS (a)

CALUM

DES

INS

(b) (c)

f) Introducir...

EM

(e) (f)

(g)

(h) (i)

c) Instigar...

IN

DIV

(d)

ORGA-DIV-EM

b) Desobedecer...

d) Insultar...

ORGA

INS-INUT-IN

ORGADIVEM

a) Calumniar....

INS

INUT

INSINUTIN

e) Inutiizar...

g) Organizar...

h) Divulgar… (menoscabar la buena marcha regimental...).

i) Embriagarse...

Art. 110. Leves, 6 Apartados: (a, b, c, d, e, f) Formula:

FALDESFOR

FAL-DES-FOR (a) (b)

FAL

DES

(c)

(d)

CAU-CUAL

(e) (f) (g)

b) Desobedecer...

c) Formular...

CAU

e) Causar...

CUAL

HACER

CAUCUAL

a) Faltar..

FOR

HACER

HACER

d) Hacer uso...

f) Cualquier otra cosa... 189

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 3.1.2. Determinación de las Sanciones. Reglas Generales

Por la comisión de las faltas muy graves, tipificadas en el Art. 108 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de Mayo, podrán imponerse sanción de aislamiento en celda de seis a catorce días de duración, siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste reiterada y gravemente, altere la normal convivencia del Centro y sanción de aislamiento de hasta siete fines de semana.

Por la comisión de las faltas graves, tipificadas en el Art. 109 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de Mayo, podrán imponerse: sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a cinco días, (siempre que concurran los requisitos de la letra a) del apartado anterior), privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a dos meses, limitación de las comunicaciones orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo y privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días hasta un mes, como máximo.

Las faltas leves tipificadas en el Art. 110 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de Mayo, sólo podrán corregirse con privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres días de duración y con amonestación.

•

•

El Reglamento (Art. 234), señala que en cada caso concreto, la determinación de la sanción y de su duración se llevará a efecto atendiendo a la naturaleza de la infracción, a la gravedad de los daños y perjuicios ocasionados, al grado de ejecución de los hechos, a la culpabilidad de los responsables y al grado de su participación en aquéllos, así como a las demás circunstancias concurrentes. Conforme a lo establecido en el Art. 42.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en los casos de repetición de la infracción, las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo. A tales efectos, habrá repetición de la infracción cuando al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto con anterioridad otra u otras

190

Legislación Penitenciaria sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido canceladas. (Art. 235 R.P.).

•· En los supuestos de concurso de infracciones hay que distinguir entre el concurso real, concurso ideal y medial, y la infracción continuada. Así tenemos que al culpable de dos o más faltas enjuiciadas en el mismo expediente, se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento simultáneo si fuera posible y, no siéndolo, se cumplirán por el orden de su respectiva gravedad o duración. (Concurso real). En éste último supuesto, el máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave, ni de cuarenta y dos días consecutivos, en caso de aislamiento en celda.

Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas (concurso ideal) o cuando una de ellas constituya medio necesario para la comisión de otra (concurso medial), se aplicará, en su límite máximo, la sanción correspondiente a la falta más grave, salvo que la suma de las sanciones que procedan castigando independientemente las infracciones cometidas resulte de menor gravedad, en cuyo caso se aplicarán estas. (Art. 236 R.P.).

•

En cuanto a la infracción continuada, será sancionable como tal la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En estos casos, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su límite máximo. (Art. 237 R.P.).

En el Art. 238 R.P. se prevé el decomiso de sustancias y objetos prohibidos, diciendo que respecto de las sustancias y objetos prohibidos que se utilicen por los responsables de las infracciones disciplinarias en la comisión de faltas, se procederá como se indica en los Arts. 51 y 70 del Reglamento. (Drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas se remitirán a la Autoridad Sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad Judicial correspondiente. Objetos prohibidos se retirarán y se dejará constancia por escrito salvo que por su 191

Formación Contínua Acaip-Federación SAP naturaleza deban ser remitidos a la Autoridad Judicial competente o se les dé el destino correspondiente a los objetos de valor).

La reparación de los daños o deterioros materiales causados por los responsables de las infracciones disciplinarias, así como la indemnización a las personas perjudicadas, será exigible a aquéllos utilizando el procedimiento legal correspondiente. (Reclamación Judicial). (Art. 239 R.P.).

3.2.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAMENTA

El procedimiento Sancionador se regula en los Arts. 240 al 250 R.P., estableciéndose un Procedimiento Abreviado para faltas leves en el Art. 251 R.P.

El Art. 232.1 regula que la potestad disciplinaria se ejercerá por la Comisión Disciplinaria, sin perjuicio de las atribuciones del Director para la imposición de sanciones por faltas leves, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución y en la L.O.G.P., así como en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de la R.J.A.P.-P.A.C. y en este Reglamento.

En referencia a lo establecido al respecto en dicho apartado 1) del Art. 232, cabe destacar como “principios informadores” del procedimiento sancionador penitenciario conforme al Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, lo siguiente: a)

Derecho a un procedimiento reglado y a la separación de la fase instructora y sancionadora (Art. 134): El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos.

192

Legislación Penitenciaria b)

c)

d)

-

Principio de presunción de inocencia (Art. 137.1): Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Consecuencia de ello, dicha presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada por una prueba en contrario, esto es, mediante una actividad probatoria que pruebe la culpabilidad del interesado, que además deberá estar revestida de una serie de garantías formales. (Principio de probanza).

Principio relativo al derecho de defensa (Art. 135): Se reconoce como derecho del presunto responsable “el formular alegaciones y utilizar los medios de defensa procedentes”. Al efecto, son presupuestos necesarios para hacer efectivo el derecho de defensa: El ser informado de la acusación, asesoramiento durante la tramitación del procedimiento, asistencia de un intérprete en caso necesario, y el derecho a no declararse culpable ni a declarar contra sí mismo.

Principio de audiencia (Art. 84): Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados”. Asimismo… “Los interesados, en un plazo no inferior a diez días… podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes”.

Habrá de tenerse en cuenta también el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24 C.E. y que tiene plena aplicabilidad para los internos y que se manifiesta en dos aspectos fundamentales: a)

b)

El libre acceso de los mismos a la jurisdicción a través del Juez de Vigilancia.

El derecho a obtener una Resolución Judicial en su caso, fundada en Derecho y de la que es exigible sea motivada y congruente.

El mismo Art. 232 R.P. en su apartado 4) señala que aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental. En estos casos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los hechos serán 193

Formación Contínua Acaip-Federación SAP puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial competente, previa realización, en su caso, de las diligencias de prevención que se consideren necesarias. (Limitación del principio non bis in idem) (Ver Arts. 240 al 251 R.P.).

3.3. •

•

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

Los acuerdos sancionadores no serán ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el Recurso interpuesto por el interno ante el Juez de Vigilancia o, en caso de que no se haya interpuesto, hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación. No obstante, conforme a lo establecido en el Art. 44.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando se trate de actos de indisciplina grave y la Comisión Disciplinaria estime que el cumplimiento de la sanción no puede demorarse, las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas, siempre que correspondan a los actos de indisciplina grave tipificados en las letras a), b), c), d), e) y f) del Art. 108 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de Mayo. Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en vía de queja ante el Juez de Vigilancia, con independencia de la tramitación del Recurso interpuesto. La tramitación de la queja y del Recurso tendrá carácter urgente y preferente cuando la sanción de ejecución inmediata impuesta sea la de aislamiento en celda, en cuyo caso se procederá a su notificación inmediata al Juez de Vigilancia. (Art. 252 R.P.).

Las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días no serán en ningún caso, ejecutivas hasta su aprobación por el Juez de Vigilancia. No obstante, en los supuestos previstos en el Art. 236.3, la Comisión Disciplinaria podrá acordar la ejecución inmediata de las sanciones de aislamiento en celda, cuya duración acumulada no supere los catorce días, siempre que concurran los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo anterior y sin perjuicio de que todas las sanciones impuestas deban ser aprobadas por el Juez de Vigilancia. (Art. 253 R.P.).

194


•

Respecto a la regulación de la ejecución inmediata de las sanciones, se hace necesario realizar algunas precisiones. En primer lugar, hay que señalar que el nuevo R.P. ha dejado vigente el párrafo primero del Art. 124 del Reglamento de 1981 pero ha derogado su segundo párrafo, según el cual “En los supuestos del apartado 2.d) del Art. 76 de la L.O.G.P. (aprobación por el Juez de Vigilancia de las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días), las sanciones de aislamiento, en lo que excedan de catorce días, no serán ejecutivas hasta su aprobación por el Juez de Vigilancia”. Esto significa que las sanciones de duración superior a catorce días deben ser aprobadas en su totalidad, y no sólo el exceso de catorce días, por el Juez de Vigilancia, y hasta tanto no se produce esa aprobación, la sanción, jurídicamente hablando, no existe, y por tanto no puede ejecutarse, ni siquiera en los supuestos de ejecución inmediata. Así pues, la ejecución inmediata sólo se llevará a efecto cuando, cumpliéndose los requisitos legales (Art. 44-3 de la L.O.G.P. y 252-2 del R.P.) se trate de sanciones de igual o inferior duración a los catorce días, o siendo superior a dicha duración conste la autorización del Juez de Vigilancia.

Conforme al Art. 43.2 L.O.G.P., en los casos de enfermedad del sancionado, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se suspenderá la efectividad de la sanción que consista en internamiento en celda de aislamiento, hasta que el interno sea dado de alta o el correspondiente órgano colegiado lo estime oportuno respectivamente. Al respecto el R.P. hace una clara separación entre “aplazamiento de ejecución” para los supuestos de enfermedad del sancionado y “suspensión de efectividad” cuando las circunstancias lo aconsejen. Así tenemos el Art. 255 R.P. que establece que al amparo de lo dispuesto en el Art. 43.2 de la L.O.G.P., siempre que las circunstancias lo aconsejen, la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento, podrá acordar motivadamente, la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas. (Principio de Oportunidad).

Si la Comisión Disciplinaria, en atención a los fines de reeducación y reinserción social o a las circunstancias personales del interno, no hu195

Formación Contínua Acaip-Federación SAP biese estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de tres meses, de oficio o a solicitud del interno, aplicará la reducción de la sanción prevista en el apartado 1 del Art. 256 (Minoración de gravedad, es decir, de muy grave a grave y de grave a leve). El tiempo de suspensión de la efectividad de la sanción de aislamiento se computará a efectos de cancelación de la sanción reducida, (por tanto quedaría siempre cancelada con su cumplimiento).

•

La suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento que hayan sido confirmadas total o parcialmente, directamente o en vía de Recurso, por el Juez de Vigilancia requerirá la autorización de éste.

De acuerdo con el Art. 256.2, cuando se advierta error en la aplicación de una sanción que no haya sido recurrida ante el Juez de Vigilancia, la Comisión Disciplinaria efectuará una nueva calificación de la infracción, siempre que no implique una sanción superior a la impuesta, procediendo a su reducción o sustitución o, en caso de que no proceda sanción alguna, la revocará levantando inmediatamente el castigo y cancelará automáticamente su anotación.

Respecto de las sanciones, dada la escasez normativa descriptiva de su cumplimiento, cabe observar:

Caso de que por acumulación de varias sanciones por falta grave, el aislamiento fuera superior a cinco días, éste habrá de cumplirse igualmente de lunes a viernes, nunca sábados y domingos.

La limitación de las comunicaciones orales prevista en el Art. 42.2. apartado d) de la L.O.G.P. sólo es referible a las comunicaciones orales (Art. 42 del R.P.) y nunca a otro tipo de comunicaciones o visitas (Arts. 45 y ss. del Reglamento).

La sanción de privación de paseos y actos recreativos comunes se cumplirá en la celda del interno durante los periodos que las normas de Régimen Interior de cada Centro señalen como horario de paseos y actos recreativos. En todo caso se respetará la asistencia de los internos sancionados a las actividades programadas cualquiera que sea el horario de las mismas.

196


•

La sanción de aislamiento de fin de semana, conforme a lo regulado en el Art. 111.b del R.P. de 1981 se cumplirá desde las 16,00 horas del sábado hasta las 8,00 horas del lunes siguiente.

Conforme al Art. 254 R.P., las sanciones de aislamiento se cumplirán con informe previo y reconocimiento del Médico, quien vigilará diariamente al interno, informando al Director y no se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo. El recluso internado en celda disfrutará de dos horas diarias de paseo en solitario y durante el cumplimiento de la sanción, no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del Economato, salvo los autorizados expresamente por el Director.

3.4. PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

3.4.1. Prescripción de Faltas y Sanciones

Las faltas disciplinarias muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción. La prescripción de las faltas se interrumpirá desde que se hubiese iniciado, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo de los plazos de prescripción si el expediente disciplinario estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto infractor. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescribirán en los mismos plazos señalados en el apartado anterior y las impuestas por faltas leves en el plazo de un año, que comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza administrativa el acuerdo sancionador o, en su caso, desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción, si el mismo hubiese ya comenzado.

197

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 3.4.2. Cancelación de las Anotaciones de las Sanciones

•

•

Serán canceladas, de oficio o a instancia de parte, las anotaciones de las sanciones disciplinarias que obren en el expediente personal de los internos, cuando transcurran seis meses para las faltas muy graves, tres meses para las graves y un mes para las leves, a contar desde el cumplimiento de la sanción, y durante dichos plazos no haya incurrido el interno en nueva falta disciplinaria muy grave o grave.

También se cancelarán, de oficio o a instancia de parte, en el momento en que se produzca la excarcelación por la libertad provisional o definitiva del interno, las anotaciones de sanciones disciplinarias extinguidas automáticamente a que se refiere el Art. 259. Cuando fueren dos o más las faltas sancionadas en un mismo acto administrativo o sus plazos de cancelación corrieran simultáneamente, el cómputo se hará de forma conjunta, fijándose como fecha para su inicio la del cumplimiento de la sanción más reciente y tomándose como duración del plazo el que corresponda a la más grave de las infracciones a cancelar, transcurrido el cual se cancelarán todas las anotaciones pendientes en un solo acto. En los casos de no cumplimiento de la sanción por razones médicas o de otro orden no imputables al interno, los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que aquélla pudo haberse cumplido. Así mismo, en los casos del Art. 257, el plazo de cancelación comenzará a computarse desde la fecha en que la sanción quedó cumplida, por el abono de sanciones rectificadas en vía de Recurso o reducidas o revocadas conforme a lo establecido en el Reglamento. Dichos plazos no se interrumpirán por la interposición de Recurso contra una nueva sanción disciplinaria, cancelándose las anteriores si transcurren sus plazos de cancelación antes de que la recurrida adquiera firmeza. (Art. 260 R.P.)

3.4.3. Extinción Automática de Sanciones

Cuando un interno reingrese en un Centro Penitenciario se declararán extinguidas automáticamente la sanción o sanciones que hubiesen sido 198

Legislación Penitenciaria impuestas en un ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas total o parcialmente por la libertad provisional o definitiva del interno, aunque no hayan transcurrido los plazos establecidos para la prescripción. (Art. 259 R.P.). 3.4.4. Reducción de Plazos y Efectos de la Cancelación

Los plazos de cancelación podrán ser acortados hasta la mitad de su duración si, con posterioridad a la sanción y antes de completarse dichos plazos, el interno obtuviere alguna recompensa de las previstas en el Art. 263 del Reglamento. (Art. 261 R.P.). La cancelación de la anotación de las sanciones lleva aparejada la de las faltas por las que se impusieron y situará al interno, desde el punto de vista disciplinario, en igual situación que si no hubiere cometido aquéllas. (Art. 262 R.P.).

4. RECOMPENSAS Dentro del Título X, en el Capítulo VI (Arts. 263 y 264 R.P.), se establece que los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el Establecimiento, serán estimulados con alguna de las siguientes recompensas: comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales; becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en las actividades culturales y recreativas del Centro; prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales; reducciones en las sanciones impuestas; premios en metálico; notas meritorias y cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios. -

En cada caso concreto, la recompensa concedida y su cuantía, en su caso, se determinará por la Comisión Disciplinaria del Centro, atendiendo a la naturaleza de los méritos contraídos y a cualesquiera otras 199

Formación Contínua Acaip-Federación SAP circunstancias objetivas o subjetivas que pongan de manifiesto el carácter ejemplar de la conducta recompensada. La concesión de recompensas será anotada en el expediente personal del interno, con expresión de los hechos que la motivaron, expidiéndose a aquél, certificación acreditativa de la recompensa, si la solicitase.

(Ver Instrucciones 1/2005, parte anexa dedicada al Régimen Disciplinario y 12/2006, sobre Evaluación de Actividades, Beneficios Penitenciarios y Recompensas).

200


MÓDULO V. ORGANIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS. ÓRGANOS COLEGIADOS

1.- CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA Y DE CENTRO PENITENCIARIO Entendemos por Administración Penitenciaria la que en virtud de las competencias atribuidas al Estado por el Art. 149.6 C.E. le corresponde la ejecución de la política penitenciaria. Ahora bien, si conforme a dicho artículo “El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria”, la competencia en materia de ejecución de dicha legislación también abarca a distintas Comunidades Autónomas a las que se les atribuye constitucionalmente. Así tenemos País Vasco, Andalucía, Navarra y Cataluña.

En la actualidad sólo la “Generalitat de Catalunya” ha asumido competencias en materia de ejecución, lo que se llevó a cabo mediante R.D. 3482/1983, de 28 de Diciembre, creando la “Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació”, conformándose así la Administración Penitenciaria de Cataluña, que junto con la Administración Penitenciaria del Estado a través de la anterior Dirección General de Instituciones Penitenciarias constituyen las dos únicas Administraciones Penitenciarias.

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, en fecha 7 de Septiembre de 2006, publica el Decreto 329/2006, de 5 de Septiembre, por el que se aprueba el vigente Reglamento en su ámbito de “Organización y Funcionamiento de los Servicios de Ejecución Penal en Cataluña“.

201

Formación Contínua Acaip-Federación SAP En cuanto a las normas provisionales de coordinación entre las distintas Administraciones Penitenciarias, éstas se recogen en el R.D. 1436/1984, de 20 de Junio, cuyo contenido se adjunta en documentación complementaria anexa al curso (Verse).

Respecto de Establecimiento Penitenciario, el Art. 10 R.P. lo define como “una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia” diciendo asimismo que “Los Establecimientos estarán formados por Unidades, Módulos y Departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos”. De acuerdo con la L.O.G.P. (Art. 12), su ubicación será fijada por la Administración Penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen y no deberán acoger más de 350 internos por Unidad.

La norma que se utiliza para crear, modificar o cerrar un Centro Penitenciario es la Orden Ministerial o Resolución Autonómica equivalente. La L.P.G.E. para 1988 da a los Centros Penitenciarios la calificación de “utilidad pública”, a efectos de expropiación forzosa, a las obras de construcción de nuevos Centros Penitenciarios o de ampliación de los ya existentes.

1.1.

CLASES DE ESTABLECIMIENTOS

Los distintos tipos de Establecimientos vienen establecidos por la L.O.G.P. en sus Arts. 7 Clasificación General; 8, de Preventivos; 9, de Cumplimiento; 10, de Régimen Cerrado; y 11, Establecimientos Especiales. El vigente R.P. introduce un nuevo tipo de Establecimiento, el Polivalente. (Art. 12).

No obstante, en cuanto a los Establecimientos Especiales ha de considerarse respecto de dicha clasificación la transformación sufrida, en relación a los Centros Hospitalarios y a los de Rehabilitación Social. Los primeros en base a una modernización de la Asistencia Sanitaria y su prestación mediante acuerdos suscritos a llevarse a cabo en Centros Hospitalarios extrapenitenciarios, y los segundos por norma general, mediante acuerdos o convenios en su caso, con Instituciones Públicas o Privadas de carácter extrapenitenciario. 202


•

•

•

Los Establecimientos de Preventivos están destinados a la retención y custodia de detenidos y presos, pudiendo cumplirse penas y medidas penales privativas de libertad cuando el internamiento efectivo pendiente no exceda de seis meses. En cada provincia podrá existir más de un Establecimiento de dicha naturaleza, de lo que se desprende que al menos por norma general deberá haber uno y cuando no existan específicamente para mujeres y jóvenes, éstos ocuparán en los de hombres Departamentos que constituyan Unidades con absoluta separación y con organización y régimen propios. El régimen aplicable será el ordinario.

Los Establecimientos de Cumplimiento están destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad. Se organizan separadamente para hombres y mujeres y existen dos tipos: de Régimen Ordinario y Abierto, para internos clasificados en segundo grado o en tercer grado de tratamiento, respectivamente.

Los Establecimientos de Régimen Abierto, (Art. 80 R.P.), pueden ser: Centros Abiertos o de Inserción social, Secciones Abiertas (Sólo en Establecimientos Polivalentes) y Unidades Dependientes.

No obstante lo anterior, conforme al Art. 10 L.O.G.P., también existirán Establecimientos de Cumplimiento de Régimen Cerrado o Departamentos Especiales para penados calificados de peligrosidad extrema o inadaptados a los regímenes ordinario y abierto. (Internos clasificados en primer grado de tratamiento). Con carácter excepcional también podrán ser destinados con absoluta separación de los penados y dando cuenta a la Autoridad Judicial correspondiente, aquellos internos preventivos que manifiesten una peligrosidad extrema o inadaptación al régimen propio de los Establecimientos de Preventivos.

Los Establecimientos Especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial. Existen tres tipos: Hospitalarios, Psiquiátricos y de Rehabilitación Social. En la actualidad los únicos que conservan una estructura estrictamente penitenciaria son los Psiquiátricos dado que la asistencia sanitaria en función del “principio de universali203


•

*

2.

dad” se presta en Centros Hospitalarios de carácter extrapenitenciario, (Capítulo I, Sección Primera del Título IX R.P.), y el internamiento en Centros de Deshabituación y en Centros Educativos Especiales se lleva a cabo en Unidades Extrapenitenciarias (Art. 182 R.P.).

Los Establecimientos Polivalentes son aquellos que cumplen los diversos fines previstos en los Arts. 7 al 11 de la L.O.G.P., según la definición que de ellos hace el Art. 12.1 R.P., continuando en su apdo. 2 del mismo artículo que en los Establecimientos Polivalentes se deberá cuidar de que cada uno de los Departamentos, Módulos o Unidades que los integren tengan garantizado, en igualdad de condiciones, los servicios generales y las prestaciones adecuadas a los fines específicos a que vengan destinados y a los generales del sistema penitenciario y, en especial, el de la separación entre penados y preventivos.

Actualmente el modelo de construcción de los Establecimietos es el aportado por el denominado “Centro Tipo” que es el de un Centro multidepartamental y polivalente, el cual permite albergar a más de un millar de internos distribuidos en Módulos (Unidades residenciales de clasificación) que no exceden las 72 plazas individuales, que en caso de tener que duplicar la ocupación celular de acuerdo con los Arts. 19.1.º L.O.G.P. y 13.2.º R.P., en ningún caso vienen a superar las 144 plazas por Módulo.

ORGANIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS. ÓRGANOS COLEGIADOS.

Del concepto reglamentario de Establecimiento o Centro Penitenciario, por el que se entienden los mismos como “Una entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organización propia”, (Art. 10 R.P.), se desprende la necesidad de que éstos deben contar al efecto con una serie de órganos de gestión para llevar a cabo los fines previstos y cuya estructura y funciones deben estar claramente delimitadas.

204

Legislación Penitenciaria Al efecto, el Art. 7 de la L.O. 6/1997, de 14 de Abril, (L.O.F.A.G.E.), define las Unidades Administrativas como “los elementos básicos de las estructuras orgánicas”, comprendiendo dichas Unidades puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una Jefatura común. Así pues, considerando por tanto que los Centros Penitenciarios constituyen Unidades Administrativas Básicas de la Administración Penitenciaria, vemos que se articula un modelo de Establecimientos basados en la existencia de Órganos Colegiados, cuya finalidad es impulsar y coordinar las distintas actividades de orden directivo, regimental, tratamental y económico-administrativo, y Órganos Unipersonales con funciones tanto directivas como por razón de sus cometidos.

De los Órganos Colegiados trata el Capítulo IV de Título II de la citada Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, (L.O.F.A.G.E.), donde en su Art. 38 define a éstos como: “aquellos creados formalmente que estén integrados por tres o más personas, a las que se atribuyen funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos”. Conforme al mismo artículo, el régimen jurídico de los mismos se ajustará a las normas contenidas en el Capítulo II de Título II de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por lo que conviene dejar constancia del Régimen General de los Órganos Colegiados conforme a la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el Art. 267.1 del R.P., los órganos colegiados existentes en la Administración Penitenciaria se regirán por las normas generales contenidas en dicha Ley, de la que cabe destacar, teniendo en cuenta que una gran parte del contenido de dichos artículos fue declarado inconstitucional por STC 50/1999, de 6 de Abril, lo siguiente: Convocatorias y Sesiones (Art. 26, Ley 30/1992) a)

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros. 205

Formación Contínua Acaip-Federación SAP b)

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y se declare la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

c)

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.

d)

Quienes acrediten la titularidad de un interés legitimo podrán dirigirse al Secretario del órgano para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

Actas (Art. 27 Ley 30/1992)

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. (Art. 27.1). Cuando los miembros del órgano voten en contra, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos adoptados. (Art. 27.4)

•

Así mismo, el Capítulo III de la Ley trata de las causas de Abstención y de Recusación, a las que hacemos referencia. Causas de Abstención (Art. 28 Ley 30/1992) a)

b) c) d) e)

206

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél.

Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados.

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Legislación Penitenciaria Recusación (Art. 29 Ley 30/1992)

En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.

En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. Si el recusado niega la causa de la recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

Contra las Resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá Recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el Recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.

2.1. •

MODELO ORGANIZATIVO PENITENCIARIO DE ÓRGANOS COLEGIADOS Estructura. El modelo general será que en cada Establecimiento Penitenciario existan los siguientes Órganos Colegiados:

• •

•

•

Consejo de Dirección.

Junta de Tratamiento, que tendrá a su disposición, como unidades de estudio, propuesta y ejecución, El Equipo o Equipos Técnicos necesarios. (Este último no se trata de ningún órgano colegiado en sentido estricto). Comisión Disciplinaria.

Junta Económico-Administrativa.

-

Las funciones de coordinación entre los diferentes órganos colegiados corresponden al Director del Establecimiento.

Como excepciones a lo anterior el R.P. establece que las CC.AA. con competencias ejecutivas en materia penitenciaria 207

Formación Contínua Acaip-Federación SAP podrán establecer sus propios órganos colegiados y unipersonales para la gestión de sus Centros. (Los preceptos contenidos en el Título XI R.P. serán de aplicación supletoria). En los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios sólo existirán: Consejo de Dirección. Junta Económico-Administrativa y los Equipos Multidisciplinares necesarios. En los Centros de Inserción Social cuando estos tengan la consideración de Centros Penitenciarios autónomos, la Orden de creación del C.I.S. determinará sus órganos correspondientes.

•

•

Cuando el Centro Directivo autorice la constitución de Grupos en Comunidad Terapéutica. (Art. 115 R.P.), competerá la asunción por la Junta de Tratamiento de las funciones atribuidas al Consejo de Dirección y a la Comisión Disciplinaria, excepto en aspectos económico-administrativos. Eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados.

Por regla general, los acuerdos de los órganos colegiados se demoran hasta que se produzca la aprobación por el Director. Si el Director estima que los acuerdos perjudican gravemente el régimen del Centro o conculcan la legislación, Circulares, Instrucciones u Órdenes de Servicio, no producirán efectos hasta la aprobación, en su caso, del Centro Directivo.

Como excepción a lo anterior, los acuerdos de la Comisión Disciplinaria despliegan eficacia inmediata. Si los acuerdos de los órganos colegiados han sido confirmados total o parcialmente por el Juez de Vigilancia, directamente o en vía de Recurso, éstos no podrán demorar su eficacia, ni ser revocados o anulados por decisión administrativa. Régimen jurídico de los órganos colegiados.

Las normas de funcionamiento generales son las previstas para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, ya expuestas, con las especificidades contempladas reglamentariamente.

208

Legislación Penitenciaria Contra los acuerdos definitivos de los órganos colegiados cabrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes ante el Centro Directivo (Arts. 114 y 115 Ley 30/1992), con exclusión de los acuerdos que hayan adquirido su eficacia por la aprobación del propio Centro Directivo y de las propuestas cuya resolución o aprobación corresponda al Juez de Vigilancia. Respecto de sanciones disciplinarias, la impugnación contra el acuerdo del correspondiente órgano se efectuará directamente ante el Juez de Vigilancia. Los órganos colegiados están compuestos por:

- Presidente: Director, salvo cuando concurra el titular de un Órgano Directivo de la Administración Penitenciaria o un funcionario designado al efecto por la S.G.I.P., en cuyo caso éstos asumirán la presidencia.

- Secretario: Funcionario designado por el Director entre los destinados en el Establecimiento, salvo en la Junta de Tratamiento y el Equipo Técnico que será designado por el Subdirector de Tratamiento.

- Miembros: Los establecidos para cada órgano por el Reglamento Penitenciario. (Arts. 270, 272, 274, 276 y 278 R.P.).

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa justificada, las sustituciones se llevarán a cabo de la siguiente forma: El Presidente será sustituido por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, salvo en la Junta Económico-Administrativa que será el Administrador. El Secretario por el funcionario designado por el Presidente de entre los destinados en el Centro, y los demás miembros serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. El Quórum exigido para las convocatorias será: Presidente, Secretario o quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros. Cuando no se alcance el quórum exigido, el Presidente efectuará una nueva convocatoria en el plazo de 48 horas. (Conforme al Art. 26 de la Ley 30/1992). 209

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Respecto de los miembros de los órganos colegiados:

1)

2)

3)

Podrán formular votos particulares (expresar el sentido de su voto y las razones que lo justifican). Los votos tienen carácter personal e indelegable.

4)

El voto del Presidente será dirimente, en caso de empate.

6)

El voto en contra del acuerdo mayoritario exime de responsabilidad, en su caso.

5)

∗

No podrán abstenerse en las votaciones.

7)

En los supuestos de abstención o recusación, no podrán participar en las deliberaciones ni en las votaciones. La asistencia a las sesiones tiene carácter obligatorio.

Comentario de lo expuesto. Obsérvese que el sustituto del Presidente del órgano colegiado debe además ser miembro del citado órgano, por lo que no es ajustado a Ley, como a veces ocurre, que actúe como Presidente el sustituto del Director, salvo que, además tal sustituto sea miembro del órgano colegiado en cuestión. Esta regla rompe el principio de que el sustituto del Director asume, de facto, todas sus funciones, y entre ellas, la de presidir todos los órganos colegiados.

Como se ve, la LRJ-PAC (rango de Ley) fija un criterio específico para las sustituciones del Presidente de los órganos colegiados. Según este planteamiento legal, no debería actuar como Presidente de la Junta de Tratamiento ni el Subdirector de Régimen ni el Administrador, ni el Subdirector de Seguridad, aunque sean sustitutos del Director. Tampoco podrían ser Presidentes de la Comisión Disciplinaria, el Subdirector de Tratamiento, Subdirector Médico o Administrador.

Que el sustituto del Director no es automáticamente el Presidente de los órganos colegiados se recalca aún más respecto de la Junta EconómicoAdministrativa donde el propio Reglamento Penitenciario indica que en estos casos, el Presidente será el Administrador. Póngase toda la atención en el hecho de que podría ocurrir que el sustituto del Director sea miembro de la Junta Económico-Administrativa (ej. El Subdirector Médico) y ni como Director accidental ni en su nivel jerárquico asume la Presidencia ya que está señalado que sea, específicamente, el Administrador. 210

Legislación Penitenciaria Ver Art. 278.2.º R.P. de 1981 (aún con vigencia), respecto de lo señalado para el Subdirector de Tratamiento.

2.2.

ÓRGANOS COLEGIADOS

2.2.1. Consejo de Dirección (Arts. 270 y 271 R.P.)

Se trata del órgano colegiado rector del Establecimiento, estado compuesto por el Presidente (Director); Secretario (Funcionario que designe el Director de entre los destinados en el Establecimiento que actuará con voz pero sin voto) y como miembros el Subdirector de Régimen, el Subdirector de Seguridad, el Subdirector de Tratamiento, el Subdirector Médico o Jefe de Servicios Médicos, el Subdirector de Personal, si lo hubiere y el Administrador.

Se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes y en sesión extraordinaria, cuantas veces lo considere necesario su Presidente o el Centro Directivo.

Al Consejo de Dirección, sin perjuicio de las atribuciones del Centro Directivo y del Director del Establecimiento, le corresponde impulsar y supervisar las actuaciones de los restantes órganos del Centro Penitenciario y tendrá las funciones reguladas en el Art. 271 R.P., de entre las que destacamos las de supervisar e impulsar la actividad general del Centro Penitenciario; elaborar las normas de régimen interior del Centro Penitenciario para su aprobación por el Centro Directivo; fijar el número de Equipos Técnicos del Centro Penitenciario y determinar su organización, funcionamiento y composición conforme a las normas de desarrollo del Reglamento Penitenciario; determinar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del Establecimiento conforme a las normas de desarrollo del Reglamento Penitenciario; fijar los días en que puedan comunicar los internos y establecer los horarios de las comunicaciones especiales y de recepción y recogida de paquetes y encargos, así como de los recuentos ordinarios.

211

Formación Contínua Acaip-Federación SAP El Secretario del Consejo de Dirección remitirá al Centro Directivo mensualmente copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior. 2.2.2. Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos (Arts. 272, 273, 274 y 275 R.P.)

La Junta de Tratamiento está compuesta por Presidente (Director); Secretario (Un Funcionario del Centro designado por el Subdirector de Tratamiento que actuará con voz, pero sin voto) y como miembros el Subdirector de Tratamiento, el Subdirector Médico o Jefe de Servicios Médicos, los Técnicos de II.PP. que hayan intervenido, en su caso, en las propuestas sobre las que se delibere, el Coordinador de los Servicios Sociales penitenciarios, un Trabajador Social que haya intervenido en las propuestas sobre las que se delibere – Apartado e) del Art. 272 R.P. conforme modificación efectuada por R.D. 515/2005, de 6 de Mayo (BOE 07/05/05)–, un Educador, que haya intervenido en las propuestas, un Jefe de Servicios, preferentemente el que haya intervenido en las propuestas. * El Director de la Unidad Docente o, en su caso, el Pedagogo. Apartado d) del Art. 272 R.P. derogado por R.D. 1203/1999, de 9 de Julio, (B.O.E. 21/07/99).

Se reunirá en sesión ordinaria una vez todas las semanas del año y en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su Presidente.

A la Junta de Tratamiento le corresponde ejercer las funciones reguladas en el Art. 273 R.P., de entre las que destacamos: el establecer los programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecución penitenciarios para cada interno del Centro; supervisar la ejecución de las actividades programadas por el Equipo Técnico, proponer al Centro Directivo la aplicación de lo dispuesto en el Art.10 de la L.O.G.P. a los penados y preventivos en quienes concurran las circunstancias previstas en el Reglamento, previos informes preceptivos del Jefe de Servicios y del Equipo Técnico; formular las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y de destino a los penados; proponer al 212

Legislación Penitenciaria Centro Directivo, en informe razonado, la progresión o regresión de grado y, con carácter excepcional, el traslado a otro Centro Penitenciario; conceder los permisos penitenciarios de salida, previo informe del Equipo Técnico, solicitando la autorización al Juez de Vigilancia o al Centro Directivo según corresponda; elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y a la libertad condicional, le estén atribuidas; organizar la ejecución de las prestaciones de carácter asistencial que precisen los internos o sus familiares; designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del Establecimiento; remitir los informes a que hace referencia el Art.39 de la L.O.G.P. (Sobre diagnósticos psiquiátricos que afecten a la situación penitenciaria de los internos) y formar y custodiar el protocolo correspondiente a cada interno, incorporando al mismo las informaciones y documentos a que se refieren los diferentes apartados de este artículo.

Dentro de los cinco primeros días de cada mes la Junta de Tratamiento remitirá al Centro Directivo una copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior. Con carácter general, los acuerdos se adoptarán sobre las propuestas elevadas por los Equipos Técnicos para la adopción de las medidas necesarias para ejecutar los programas de tratamiento o los programas individualizados de ejecución y se ejecutarán por los Equipos Técnicos, bajo el control inmediato y directo de los Jefes de dichos Equipos. Las deliberaciones tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto sobre las mismas.

Equipos Técnicos. Los Equipos Técnicos pese a su ubicación sistemática dentro de los órganos colegiados, no gozan de tal consideración ya que para el R.P. se trata de unidades de “estudio, propuesta o ejecución” a disposición de la Junta de Tratamiento. Además, el propio texto guarda silencio en cuanto a la periodicidad de sus reuniones, aludiendo a reuniones informales, y tampoco menciona por quién es presidido, sino únicamente que actuará bajo la dirección inmediata del Subdirector de Tratamiento. Es más, conforme a la Ley, no pueden considerarse en ningún caso como órganos colegiados, dada su manifiesta incapacidad para adoptar acuerdos. 213

Formación Contínua Acaip-Federación SAP No obstante, el Centro Directivo matiza que se hace necesario que las reuniones de los Equipos Técnicos tengan un reflejo documental en libro abierto al efecto, en el que constará la fecha de celebración, asistentes, temas debatidos y resultados de sus estudios, informes y deliberaciones. Estas reuniones se adaptarán en cuanto a su periodicidad, fechas y extensión a las de las Juntas de Tratamiento, (es decir, se reunirán una vez todas las semanas del año).

El número y composición de los Equipos Técnicos es competencia del Consejo de Dirección en función de las características del Establecimiento, del número de internos y de los empleados públicos penitenciarios existentes. Estos adoptarán diferentes composiciones en función de los asuntos a tratar y en las reuniones informales que celebren, estarán presentes los profesionales que, formando parte del Equipo, trabajen en contacto directo con los internos afectados.

Sus funciones se encuentran reguladas en el Art. 275 R.P. y podrán formar parte de los mismos un Jurista; un Psicólogo; un Pedagogo; un Sociólogo; un Médico; un Ayudante Técnico Sanitario/ D.U.E; (un Profesor de la Unidad Docente, derogado por R.D. 1203/1999, de 9 de Julio); un Maestro o Encargado de Taller; un Educador; un Trabajador Social; un Monitor Sociocultural o Deportivo y un Encargado de Departamento. 2.2.3. Comisión Disciplinaria (Arts. 276 y 277 R.P.)

Esta compuesta por Presiente (Director); Secretario (Funcionario que designe el Director de entre los destinados en el Establecimiento que actuará con voz pero sin voto) y como miembros el Subdirector de Régimen, el Subdirector de Seguridad, un Jurista del Establecimiento, un Jefe de Servicios, un funcionario de la plantilla del Centro.

El Jefe de Servicios y el funcionario de la plantilla se elegirán anualmente por los empleados públicos del Centro Penitenciario en la forma que se determine por Resolución del Centro Directivo. Al efecto ello se lleva a cabo conforme a la Instrucción 1/2006, de 9 de Enero.

La Comisión Disciplinaria se reúne en sesión ordinaria, cuatro veces al mes y en sesión extraordinaria, cuantas veces lo considere necesario su Presidente. 214

Legislación Penitenciaria Sus funciones vienen determinadas en el Art. 277 R.P. y de entre ellas cabe destacar las de resolver los expedientes disciplinarios instruidos a los internos por la comisión de las infracciones muy graves o graves; ordenar al Secretario de la Comisión la notificación de los acuerdos sancionadores en la forma y plazos establecidos en el Reglamento; acordar la ejecución inmediata de las sanciones; suspender, cuando las circunstancias lo aconsejen, la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas, así como, en casos de enfermedad del sancionado, aplazar su cumplimiento; reducir o revocar las sanciones impuestas; otorgar las recompensas previstas en el Reglamento, determinando, en su caso, su cuantía y ordenar la anotación de su concesión en el expediente personal del interno recompensado. 2.2.4. Junta Económico-Administrativa. (Arts. 278 y 279 R.P.)

Está compuesta por: Presidente (Director); Secretario (Funcionario que designe el Director entre los destinados en el Establecimiento que actuará con voz pero sin voto) y como miembros el Administrador, el Subdirector Médico o Jefe de Servicios Médicos, el Subdirector de Personal, si lo hubiere, el Coordinador de Formación Ocupacional y Producción o Coordinador de los Servicios Sociales, cuando sean convocados por el Director, y un Jurista del Centro. * El sustituto del Director como Presidente, será el Administrador.

La Junta Económico - Administrativa se reúne en sesión ordinaria, una vez al trimestre y en sesión extraordinaria, cuantas veces lo considere necesario su Presidente.

La Junta Económico-Administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Centro Directivo y del Director del Establecimiento, es el órgano colegiado encargado de la supervisión de la gestión de personal, económico-administrativa, presupuestaria y contable del Establecimiento y ejercerá las funciones siguientes reguladas en el Art. 279 R.P., de entre las que destacamos: el análisis y la aprobación de la propuesta de necesidades de medios para el funcionamiento del Centro Penitenciario; el seguimiento y control del sistema contable; informar las cuentas que se 215

Formación Contínua Acaip-Federación SAP deban rendir al Centro Directivo; la adopción de las decisiones en materia económica y de gestión presupuestaria; la adopción de decisiones por delegación del Centro Directivo en materia de personal; el seguimiento y control de los gastos y de la ejecución presupuestaria del Centro Penitenciario.

3.

BREVE REFERENCIA A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES. EL DIRECTOR

Los órganos unipersonales son aquellos que componen las distintas Unidades Administrativas establecidas mediante las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo, (R.P.T.), cuyo cometido y funciones recaen en una sola persona.

Al efecto, el vigente Reglamento Penitenciario, dentro del Título XI “De la Organización de los Centros Penitenciarios” sólo regula específicamente las funciones correspondientes al Director, estableciendo otras de carácter general para los puestos de mando de los Establecimientos, (Subdirectores, Administradores y Jefes de Servicios).

Los órganos unipersonales de los Centros Penitenciarios vienen determinados por el personal de Instituciones Penitenciarias de los diferentes Cuerpos que lo integran. Así, si atendemos a la naturaleza de la relación jurídica mantenida con la Administración, el personal de Instituciones Penitenciarias puede dividirse en dos Grupos: 1.

216

Los Funcionarios de los distintos Cuerpos Penitenciarios que, según el Art.80.2 de la LOGP, “tendrán la condición de Funcionarios Públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la Legislación General de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado”. Este carácter de Funcionarios Públicos, sujetos a la legislación general, se confirmó por Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Legislación Penitenciaria 2.

Personal no Funcionario, en régimen de Derecho Laboral, cuya relación jurídica se regula a través del Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Respecto de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias se procederá a su estudio detallado en el Módulo VII del Programa adjunto, haciendo referencia en este epígrafe a las funciones del Director, como órgano unipersonal superior jerárquico del Establecimiento.

3.1.

EL DIRECTOR

El Director de un Centro Penitenciario ostenta la representación del Centro Directivo y de los órganos colegiados del Establecimiento que presida, y es el obligado, en primer término, a cumplir y hacer cumplir las Leyes, Reglamentos y Disposiciones en general y especialmente las que hacen referencia al servicio.

Sus funciones vienen establecidas en el Art. 280 R.P., de las que destacaremos entre otras, las de dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices del Centro Directivo relativas a la organización de los diferentes servicios de tratamiento, régimen, sanidad, personal y gestión económico-administrativa; representar al Centro Penitenciario en sus relaciones con Autoridades, Centros, Entidades o personas; convocar y presidir los Órganos Colegiados, aprobar sus acuerdos para que sean eficaces y ejecutarlos, así como demorar su eficacia hasta la aprobación superior, en su caso, del Centro Directivo; adoptar las medidas regimentales urgentes necesarias para prevenir y, en su caso, resolver cualquier alteración individual o colectiva del orden en el Centro, dando cuenta inmediatamente al Centro Directivo; disponer, previa aprobación o Mandamiento de la Autoridad judicial y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, la excarcelación de los detenidos, presos y penados a su cargo; autorizar, en forma reglamentaria, las comunicaciones, visitas, salidas al exterior y conducciones de los internos; velar por la difusión en el Centro Penitenciario de las Circulares, Instrucciones y Órdenes de Servicio dictadas por el Centro Directivo. 217

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Además de las anteriores funciones establecidas por el Art. 280 del Reglamento Penitenciario, habrían de tenerse en cuenta otras tantas a las que se hace referencia a lo largo del articulado, a saber entre otros: Artículos 16, 17, 19, 20, 22 a 26, 29, 33, 35, 36, 43, 46, 47, 63, 72, 75, 108, 124, 140, 149, 151, 157, 161, 165, 167, 199, 216, 218, 232, 241, 251 y 266; todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Art. 328 del Reglamento de 1981, referente a las funciones asignadas a los Directores en su condición de Delegados del O.A.T.P.F.E., y vigente mediante la Disposición Transitoria Tercera del actual Reglamento de 1996. •

•

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Director, el Centro Directivo, mediante resolución motivada, designará su suplente de entre los Subdirectores del Centro Penitenciario (entre todos ellos, incluido el Administrador que tiene rango de Subdirector con los derechos y obligaciones inherentes al mismo). En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Administrador, y cuando no se designe suplente por el órgano competente para su nombramiento, el Director dictará resolución expresa designando suplente de éste entre los funcionarios destinados en el Centro, que ejercerá todas sus funciones, excepto las del turno de incidencias.

Los Directores, Subdirectores y Administradores, sin perjuicio de la jornada de trabajo que les corresponda, realizarán turnos de incidencias todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los Subdirectores y Administradores que se encuentren realizando el turno de incidencias asumirán todas las atribuciones del Director reguladas en el Art. 280 R.P., en ausencia de éste, debiendo dar cuenta al mismo en cuanto sea posible de las actuaciones realizadas en el ejercicio de las citadas atribuciones.

Al respecto, tanto en referencia al Director como para los que se hallen realizando turnos de incidencias y en relación al apdo. 5.º del Art. 280.2 R.P. “Adoptar las medidas regimentales urgentes necesarias para prevenir y, en su caso, resolver cualquier alteración individual o colectiva del orden en el Centro, dando cuenta inmediatamente al Centro Directivo”, tales comunicaciones se efectuarán de acuerdo con la Instrucción 5/2006 a la Inspección Penitenciaria mediante comunicación telefónica, y cuando 218

Legislación Penitenciaria se disponga de la documentación se remitirá ésta vía fax, a ser posible en la misma fecha de producirse la incidencia, e incluyendo un informe con la valoración, causas posibles, actuaciones llevadas a cabo, etcétera. Dicha comunicación estará referida a asuntos que tengan entidad o trascendencia, entendiendo como tales: motines, plantes, desórdenes colectivos; huelgas de hambre; fallecimiento de internos; tentativas de suicidio; coacciones o agresiones a Funcionarios, Autoridades...; retenciones de Funcionarios o Autoridades...; evasiones consumadas o intentadas; incidentes en salidas del Establecimiento; libertades o retenciones indebidas; incendios, inundaciones, averías generales graves; intoxicaciones, brotes de enfermedades graves o infectocontagiosas; prisión o detención de Funcionarios; intervención de objetos o sustancias de especial relevancia por su cantidad o peligrosidad; no reingresos y salidas en autogobierno de internos especialmente significados; ingresos y libertades de internos de especial significación; autolesiones relevantes por el interno, tipo de lesiones producidas o motivación de la misma; accidentes laborales de Funcionarios e internos (graves o muy graves), y medidas de presión.

219


220


MÓDULO VI. FORMAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN: FÓRMULAS APLICABLES A INTERNOS CLASIFICADOS EN TERCER GRADO DE TRATAMIENTO. ESTABLECIMIENTOS O DEPARTAMENTOS MIXTOS. DEPARTAMENTOS PARA JÓVENES. UNIDADES DE MADRES. CUMPLIMIENTO EN UNIDADES EXTRAPENITENCIARIAS. ESTABLECIMIENTOS O UNIDADES PSIQUIÁTRICAS PENITENCIARIAS

1.

FORMAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Como ya se ha visto anteriormente, la L.O.G.P. establece una clasificación sobre los distintos tipos de Establecimientos en base al régimen que imperará en cada uno de ellos conforme a las características de los internos que hayan de albergar.

Sin embargo, dicha clasificación penitenciaria de carácter general, quedaría en la actualidad un tanto incompleta si se obviara la notable evolución sufrida durante los últimos años en el campo penitenciario, consecuencia lógica de nuestro moderno sistema de ejecución de penas basado en la individualización científica a que hace referencia el Art. 72 de la L.O.G.P., y que conlleva a un estudio más pormenorizado de las circunstancias particulares tanto de índole personal como criminológico que presentan los internos y la necesidad de unos programas individuales de intervención para cada uno de éstos. Programas que deben ser desarrollados dentro del marco adecuado para lograr su éxito, siendo dentro de ese marco adecuado donde surge la necesidad de unas determinadas condiciones de vida y formas especiales de ejecución de 221

Formación Contínua Acaip-Federación SAP las penas y medidas privativas de libertad, y resultado de ello, unos tipos de Centros que dentro del Régimen General establecido presentan unas particularidades propias especiales, los cuales son motivo de estudio en el presente Tema.

De ellos trata el Reglamento Penitenciario en su Título VII, (Arts. 163 a 191).

1.1.

FÓRMULAS APLICABLES A INTERNOS CLASIFICADOS EN TERCER GRADO

Como ya hemos visto anteriormente, existen Centros Abiertos o Centros de Inserción Social, Secciones Abiertas y Unidades Dependientes. ·

·

·

El Centro Abierto es un Establecimiento Penitenciario dedicado a internos clasificados en tercer grado. El Centro de Inserción Social al igual que el Abierto está dedicado a internos clasificados en tercer grado pero que requieren de un apoyo especial para su inserción socio-laboral y a diferencia del anterior, se destina también al seguimiento de penas no privativas de libertad. La Sección Abierta depende administrativamente de un Establecimiento Penitenciario polivalente, del que constituye la parte destinada a internos clasificados en tercer grado de tratamiento.

Las Unidades Dependientes, reguladas en los Arts. 165 a 167 del Reglamento, consisten en instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la Administración Penitenciaria, mediante la colaboración de las Entidades públicas o privadas previstas en el Art. 62 del Reglamento, para facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento penitenciario de internos clasificados en tercer grado.

222

Legislación Penitenciaria 1.1.1. Centros de Inserción Social

Regulado en los Arts. 163 y 164 R.P. Concepto DE C.I.S. (Art. 163 R.P.), los Centros de Inserción Social son Establecimientos Penitenciarios destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en Régimen Abierto, así como al seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios correspondientes del Ministerio de Interior u órgano autonómico competente. También se dedicarán al seguimiento de los liberados condicionales que tengan adscritos.

La actividad penitenciaria en estos Centros tendrá por objeto esencial potenciar las capacidades de inserción social positiva que presenten las personas en ellos internadas mediante el desarrollo de actividades y programas de tratamiento destinados a favorecer su incorporación al medio social, y su funcionamiento se basará en el principio de confianza en el interno y en la aceptación voluntaria por el mismo de los programas de tratamiento. Son principios rectores de su actividad:

a) Integración, facilitando la participación plena del interno en la vida familiar, social y laboral y proporcionando la atención que precise a través de los servicios generales buscando su inserción en el entorno familiar y social adecuado.

b) Coordinación, con cuantos Organismos e Instituciones públicas y privadas actúen en la atención y reinserción de los internos, prestando especial atención a la utilización de los recursos sociales externos, particularmente en materia de sanidad, educación, acción formativa y trabajo.

El mecanismo de su creación se lleva a cabo mediante Orden Ministerial del Ministerio de Interior, recogiendo éstas las normas específicas propias de funcionamiento.

1.1.2. Unidades Dependientes

Las Unidades Dependientes reguladas en los Arts. 165 a 167 R.P., son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los Centros Penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del en223

Formación Contínua Acaip-Federación SAP torno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación.

Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben los internos son gestionados de forma directa y preferente por Asociaciones y Organismos no penitenciarios. Ello no obsta a que la Administración Penitenciaria pueda participar también en tales tareas con personal de ella dependiente, sin perjuicio de las funciones de control y coordinación que le competen.

Administrativamente dependerán siempre de un Centro Penitenciario, conservando sus Órganos Colegiados y Unipersonales las competencias y responsabilidades respecto a los internos en ellas destinados recogidas en la legislación vigente, con el mayor respeto posible a los principios de especificidad y autonomía que confieren su razón de ser a estas Unidades. Los penados en ellas destinados necesitarán estar clasificados en el tercer grado de tratamiento, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación general y su selección se llevará a cabo por la Junta de Tratamiento, atendiendo a los criterios generales para la clasificación en tercer grado y a los perfiles preferentes existentes en cada una de ellas. El destino de un interno a una Unidad Dependiente precisa de su previa y expresa aceptación de la normativa propia de la Unidad, de acuerdo con los principios de mutua confianza y autorresponsabilidad que informan el régimen abierto.

Todas las Unidades Dependientes, contarán con unas normas de funcionamiento interno, que recogerán las obligaciones y derechos específicos de los residentes, el horario general, así como las normas de convivencia y comunicaciones internas. Tales normas se fijarán por los responsables de la Unidad y deberán obtener la aprobación del Consejo de Dirección del Centro Penitenciario, previo informe de la Junta de Tratamiento. Existirán igualmente unas normas de organización y seguimiento que se prepararán por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de forma coordinada con la Institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Centro Directivo.

224

Legislación Penitenciaria 1.1.3. Otras Fórmulas de Ejecución aplicables a Internos clasificados en Tercer Grado Los internos clasificados en tercer grado, tal y como se ha visto en otras partes del programa, podrán salir del Establecimiento para desarrollar las actividades labores, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, que faciliten su integración social, debiendo ser dichas salidas planificadas y reguladas por la Junta de Tratamiento, señalando los mecanismos de control y seguimiento que se consideren necesarios, de acuerdo con lo establecido en el programa de tratamiento, y siendo su horario y periodicidad los necesarios para realizar la actividad y para los desplazamientos.

Al respecto, en general, el tiempo mínimo de permanencia en el Centro será de ocho horas diarias, debiendo pernoctar en el Establecimiento, salvo cuando de modo voluntario, el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la Administración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que permanecer en el Establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales. (Aplicación Art. 86.4 R.P.).

Al respecto de dicho Art. 86.4 su inicio se llevó a cabo tras una experiencia piloto con diez internos en el Centro de Inserción Social de Victoria Kent, siendo el resultado positivo, por lo que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias redactó la Instrucción 13/2001, de 10 de Diciembre sobre su aplicación, hoy derogada por la Instrucción 13/2006, que la matiza en algunos aspectos, pero con idéntico espíritu de hacer llegar el control telemático al mayor número posible de internos. Tal es la apuesta por este medio que se ha creado la Subdirección General de Medio Abierto con el objeto de potenciar el régimen abierto en todas sus variantes y habida cuenta de las reformas operadas en el Código Penal, también con las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente. (Ver Instrucción 13/2006, donde se desarrolla este apartado).

Por otra parte ver Art. 179 R.P. sobre internas con hijos menores clasificadas en tercer grado, expuesto en el apartado referido a Unidades de Madres, más adelante. 225


1.2.

ESTABLECIMIENTOS O DEPARTAMENTOS MIXTOS

Conforme a los Arts. 168 a 172 R.P., con carácter excepcional, el Centro Directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, a) de la Ley Orgánica General Penitenciaria podrá, para ejecutar programas específicos de tratamiento o para evitar la desestructuración familiar, establecer para grupos determinados de población penitenciaria, Centros o Departamentos Mixtos donde indistintamente puedan ser destinados hombres y mujeres. (Ver Instrucción 7/2006, sobre integración penitenciaria de personas transexuales).

Cuando las Juntas de Tratamiento, contando con el consentimiento de los seleccionados exigido en el artículo 99.3 del Reglamento, formulen propuestas de destino a un Establecimiento de este tipo, deberán valorar ponderadamente todas las circunstancias personales y penitenciarias concurrentes y, especialmente, las variables de autocontrol individual de los internos. No podrán ser destinados a estos Departamentos Mixtos los internos condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

En función de la diferenciación sexual de los residentes, los Consejos de Dirección o la Junta de Tratamiento responsable en los supuestos de Comunidad Terapéutica, someterán al Centro Directivo para su aprobación las normas de régimen interior, donde se detallarán qué tipo de actividades pueden ser realizadas en común y aquellas otras para las que el criterio general de separación de la Ley Orgánica General Penitenciaria debe seguir presidiendo el régimen de vida.

En todo caso, y salvo que razones de tratamiento, clasificación, seguridad o buen orden del Establecimiento lo hagan desaconsejable se fomentará la plena convivencia de los cónyuges que se encuentren privados de libertad.

226


1.3.

DEPARTAMENTOS PARA JÓVENES

Se regulan en los Arts. 173 a 177 y su régimen de vida se caracterizará por una acción educativa intensa. Se considera jóvenes a los internos menores de veintiún años y, excepcionalmente, los que no hayan alcanzado los veinticinco años de edad.

El personal adscrito a los Departamentos para Jóvenes dirigirá sus actuaciones a la formación integral de los internos, potenciando y desarrollando sus capacidades por medio de técnicas compensatorias que les ayuden a mejorar sus conocimientos y capacidades, de modo que se incrementen sus oportunidades de reinserción en la sociedad.

Se fomentará, en la medida de lo posible, el contacto del interno con su entorno social, utilizando al máximo los recursos existentes y procurando la participación de las Instituciones comunitarias en la vida del Departamento.

En estos Departamentos, todos los medios educativos de atención especializada y todos los demás medios apropiados deberán estar disponibles y ser utilizados para responder a las necesidades del tratamiento personalizado del interno. Las condiciones arquitectónicas y ambientales, el sistema de convivencia y la organización de la vida del Departamento se estructurarán de manera que se garantice el desarrollo de cinco programas fundamentales referidos a la formación instrumental y formación básica; la formación laboral; formación para el ocio y la cultura; la educación física y el deporte, y, de intervención dirigido a aquellas problemáticas de tipo psicosocial, de drogodependencias o de otro tipo que dificulten la integración social normalizada de los internos. Atendiendo al régimen, los Módulos o Departamentos de Jóvenes se diversificarán en distintos tipos según que los internos a ellos destinados se encuentren clasificados en primero, segundo o tercer grado de tratamiento.

Para alcanzar los objetivos establecidos se establecerán diversas modalidades de vida, caracterizadas por márgenes progresivos de confianza y libertad. 227


1.4.

UNIDADES DE MADRES

De acuerdo con lo establecido en el Art. 17 R.P., la Administración Penitenciaria dispondrá para los menores de tres años y sus madres de Unidades de Madres, que se regirán en sus aspectos esenciales por las siguientes normas: a)

b)

c)

d) e)

La Junta de Tratamiento programará las actividades formativas y lúdicas así como las salidas programadas al exterior de los menores, con especial atención a su integración social en la Comunidad donde esté ubicado el Establecimiento, a cuyo fin contará con la colaboración de los especialistas a que se hacen referencia en el apartado siguiente y de los Servicios Sociales del Centro correspondiente.

En estas Unidades existirá un Especialista de Educación Infantil que orientará la programación educacional y lúdica de las actividades de los menores y los menores tendrán cubierta la asistencia médica en el Establecimiento por un Especialista en Pediatría.

La Administración garantizará a los menores las horas de descanso y de juego que aquéllos precisen. A estos fines, se dedicará un espacio suficiente de acción formativa con elementos de juego y de entretenimiento.

El régimen de visitas del menor sólo podrá restringirse de forma transitoria por razones de orden y de seguridad del Establecimiento.

En caso de madres que carezcan de medios económicos suficientes, la Administración proveerá lo necesario para el cuidado infantil de los hijos con los que compartan su internamiento.

Con relación a las internas con hijos menores clasificadas en tercer grado, la Junta de Tratamiento podrá aprobar un horario adecuado a sus necesidades familiares con el fin de fomentar el contacto con sus hijos en el ambiente familiar, pudiendo pernoctar en el domicilio e ingresar en el Establecimiento durante las horas diurnas que se determinen. (Art. 179 R.P.). 228

Legislación Penitenciaria El Centro Directivo podrá autorizar, a propuesta de la Junta de Tratamiento, que las internas clasificadas en tercer grado de tratamiento con hijos menores sean destinadas a Unidades Dependientes exteriores, donde éstos podrán integrarse plenamente en el ámbito laboral y escolar.

Cuando se detecte que un menor es objeto de malos tratos, físicos o psíquicos o es utilizado por su madre o familiares para introducir o extraer del Establecimiento sustancias u objetos no autorizados, el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento lo comunicará a la Autoridad competente en materia de menores para que decida lo que estime procedente. (Ver Arts. 178 a 181 R.P.).

1.5.

UNIDADES EXTRAPENITENCIARIAS

El Centro Directivo podrá autorizar la asistencia en Instituciones Extrapenitenciarias adecuadas, públicas o privadas, de penados clasificados en tercer grado que necesiten un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias y otras adiciones, dando cuenta al Juez de Vigilancia. La autorización estará sometida a las siguientes condiciones, que deberán constatarse en el protocolo del interno instruido al efecto: a)

b) c)

Programa de deshabituación aprobado por la Institución de acogida, que deberá contener el compromiso expreso de la Institución de acoger al interno y de comunicar al Centro Penitenciario las incidencias que surjan en el tratamiento. Consentimiento y compromiso expreso del interno para observar el régimen de vida propio de la Institución de acogida.

Programa de seguimiento del interno, aprobado conjuntamente por el Centro Penitenciario y la Institución de acogida, que deberá contener los controles oportunos establecidos por el Centro, cuya aceptación previa y expresa por el interno será requisito imprescindible para poder conceder la autorización.

229


1.6.

ESTABLECIMIENTOS O UNIDADES PSIQUIÁTRICAS PENITENCIARIAS

Objeto e Ingreso (Arts. 183 y 184)

Los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas Penitenciarias son aquellos Centros Especiales destinados al cumplimento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los Tribunales correspondientes. (Actualmente existen dos de este tipo: El Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y el de Alicante).

El ingreso en estos Establecimientos o Unidades Psiquiátricas Penitenciarias se llevará a cabo en los siguientes casos:

a)

b) c)

*

Los detenidos o presos con patología psiquiátrica, cuando la Autoridad Judicial decida su ingreso para observación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, durante el tiempo que requiera la misma y la emisión del oportuno informe. Una vez emitido el informe, si la Autoridad Judicial no decidiese la libertad del interno, el Centro Directivo podrá decidir su traslado al Centro que le corresponda.

Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes establecidas en el Código Penal les haya sido aplicada una medida de seguridad de internamiento en Centro Psiquiátrico Penitenciario.

Penados a los que, por enfermedad mental sobrevenida, se les haya impuesto una medida de seguridad por el Tribunal Sentenciador en aplicación de lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deba ser cumplida en un Establecimiento o Unidad Psiquiátrica Penitenciaria.

230

Habrá de entenderse también Juez de Vigilancia Penitenciaria (Ver Art. 60 C.P. modificado por L.O. 15/2003, de 25 de Noviembre).

Legislación Penitenciaria Artículo 60 C.P.:

1.

2.

Cuando después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad privativa de libertad de las previstas en este Código que no podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida. Si se tratase de una pena de distinta naturaleza, el Juez de Vigilancia Penitenciaria apreciará si la situación del penado le permite conocer el sentido de la pena y, en su caso, suspenderá la ejecución imponiendo las medidas de seguridad que estime necesarias. El Juez de Vigilancia comunicará al Ministerio Fiscal, con suficiente antelación, la próxima extinción de la pena o medida de seguridad impuesta, a efectos de lo previsto por la Disposición Adicional Primera de este Código.

Restablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena no hubiere prescrito sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por razones de equidad, pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte innecesario o contraproducente.

Para garantizar un adecuado nivel de asistencia, los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas Penitenciarias dispondrán, al menos, de un Equipo Multidisciplinar, integrado por los Psiquiatras, Psicólogos, Médicos generales, Enfermeros y Trabajadores Sociales que sean necesarios para prestar la asistencia especializada que precisen los pacientes internados en aquéllos. *

Los Equipos Multidisciplinares son órganos colegiados con criterios exclusivamente médicos establecidos y regulados conforme a la Ley General de Sanidad.

231

Formación Contínua Acaip-Federación SAP El Equipo que atienda al paciente deberá presentar un informe a la Autoridad Judicial correspondiente, en el que se haga constar la propuesta que se formula sobre cuestiones como el diagnóstico y la evolución observada con el tratamiento, el juicio pronóstico que se formula, la necesidad del mantenimiento, cese o sustitución del internamiento, la separación, el traslado a otro Establecimiento o Unidad Psiquiátrica, el programa de rehabilitación, la aplicación de medidas especiales de ayuda o tratamiento, así como las que hubieran de tenerse en cuenta para el momento de la salida de aquél del Centro.

La peculiaridad del internamiento de los enajenados reclama una información periódica para el debido control judicial, a cuyo efecto la situación personal del paciente será revisada, al menos, cada seis meses por el Equipo Multidisciplinar, emitiendo un informe sobre su estado y evolución. El informe a que se hace referencia, así como el previsto en el apartado anterior serán remitidos al Ministerio Fiscal a los efectos procedentes. (Ver Arts. 97 y 98 C. Penal respecto de los informes y actuación al efecto del Juez de Vigilancia Penitenciaria).

En este tipo de Establecimientos el empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar en todo momento la dignidad de la persona. Incluso en los supuestos de que médicamente se considere que no hay alternativa alguna a la aplicación de los medios expresados, la medida debe ser puntualmente puesta en conocimiento de la Autoridad Judicial de la que dependa el paciente, dándose traslado documental de su prescripción médica. Relaciones con el exterior

Conforme al Art. 191 R.P., las comunicaciones con el exterior de los pacientes se fijarán en el marco del programa individual de rehabilitación de cada uno de aquellos, indicando el número de comunicaciones y salidas, la duración de las mismas, las personas con quienes los pacientes puedan comunicar y las condiciones en que se celebren las mencionadas comunicaciones. 232

Legislación Penitenciaria Las disposiciones de Régimen Disciplinario contenidas en el Reglamento no serán de aplicación a los pacientes internados en estas Instituciones. (Ver Art. 21 y ss R.D. 515/2005, de 6 de Mayo, sobre el cumplimiento de determinadas medidas de seguridad).

233


234


MÓDULO VII. EL FUNCIONARIO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: NORMATIVA APLICABLE. ESTATUTO JURÍDICO. DERECHOS Y DEBERES. EL FUNCIONARIO EN EL PROCESO PENAL

1.-

LOS FUNCIONARIOS DE II.PP. NORMATIVA APLICABLE

Como se ha visto en el Módulo V del programa, en relación a los órganos unipersonales, de acuerdo con el Art. 80.2 de la L.O.G.P. y confirmado por la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, los Funcionarios de II.PP. están sujetos a la Legislación General de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado. Por Resolución de 9 de Abril de 2001, por la que se modifica la adscripción de determinados Cuerpos y Escalas de Funcionarios de los distintos Departamentos Ministeriales, se adscriben al Ministerio del Interior, como integrantes de la Administración Penitenciaria el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (según la nueva denominación introducida por el Art. 56 de la Ley 53/2002, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social); el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria; el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias; el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias; el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y el Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias.(Declarado a extinguir por el Art. 50 de la Ley 62/2003 de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, que añade un apartado 5 a la Disposición Adicional 9.ª de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma… y declara a extinguir dicho Cuerpo).

235

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Además de los anteriores hay que reseñar dentro de las Plazas no escalafonadas al Maestro de Taller de la Administración Penitenciaria, existiendo también con la consideración de Funcionarios, las siguientes plazas no escalafonadas declaradas a extinguir por la Ley 30/1984, de 2 de Agosto: Arquitecto, Ingeniero Industrial e Ingeniero Agrónomo, Farmacéutico, Médico Radiólogo y Radioterapeuta, Aparejador, Perito industrial y Perito Agrícola. En cuanto a los Profesores de E.G.B. de II.PP. desaparecen como tal Cuerpo, y la integración en el Cuerpo de Maestros se produce mediante Real Decreto 1203/1999, de 9 de Julio, quedando sometidos a la legislación que, en materia de Función Pública, rige para el Cuerpo de Maestros, cuya relación nominal se lleva a cabo mediante Orden de 16 de Diciembre de 1999, del Ministerio de Educación y Cultura (ahora denominado Educación, Política Social y Deporte). •

El Cuerpo Superior de Técnicos de II.PP., antiguo Cuerpo Técnico, fue creado por Ley 39/1970 de 22 de Diciembre, ante la necesidad de atender las distintas funciones especializadas de la modificación del R.P. de 1956, llevada a cabo por Decreto 1262/1968, de 25 de Enero, por el que se concretó el carácter científico del estudio individualizado de los internos, cualificación en los servicios y formación de Equipos de Observación y de Tratamiento. Según el Art.1 de la mencionada Ley, los funcionarios de dicho Cuerpo realizarán las funciones propias de su especialidad en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, así como las de Dirección e Inspección de las Instituciones Penitenciarias y Servicios. Se establece como requisito de ingreso el hallarse en posesión del título de Enseñanza Superior Universitaria o Técnica y, además, acreditar los conocimientos de la especialidad de que se trate. Dentro del Cuerpo Superior de Técnicos existen las especialidades de Criminología, Psicología, Pedagogía, Psiquiatría, Endocrinología y Sociología. (La especialidad de Moral, que aparece en la Ley 39/1970, dejó de existir como consecuencia de lo dispuesto en la Ley 30/1982, de 1 de Julio, y por lo que respecta a la especialidad de Criminología, en las Relaciones de Puestos de Trabajo la denominación es la de Jurista, exigiéndose para su ingreso únicamente la titulación de Licenciado en Derecho).

236


El Cuerpo Especial de II.PP., conforme al R.P. de 1956 constituía un único Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, dividido en dos Secciones, una Masculina y otra Femenina. La Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de Febrero de 1964, complementada con la Ley 39/1970, de 22 de Diciembre, suprimió las antedichas Secciones y estableció respectivamente un Cuerpo Especial Masculino y un Cuerpo Especial Femenino, exigiendo para el ingreso en los mismos el titulo de Bachiller o equivalente. El Real Decreto 3261/1977, de 1 de Diciembre, vino a establecer una nueva titulación de ingreso en tales Cuerpos, requiriendo la de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario, Titulado de Formación Profesional de tercer grado o equivalente. Finalmente, la Ley 50/1998, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social modifica la Ley de Reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, refundiendo los hasta entonces Cuerpo Especial Masculino de II.PP. y Cuerpo Especial Femenino de II.PP. en un único Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

Corresponde a los funcionarios de este Cuerpo realizar los cometidos de colaboración no asignados al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, aplicando las normas que para la observación, clasificación, tratamiento y régimen se fijen en cada caso; velar por el régimen, disciplina y buen funcionamiento general del Establecimiento, ateniéndose a las órdenes que reciban de sus inmediatos superiores y tener a su cargo la administración del Establecimiento, realizando las funciones administrativas generales del mismo, sin perjuicio de las de cooperación o trámite asignadas a los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes. También podrán desempeñar funciones de Dirección e Inspección en la forma que reglamentariamente se determine.

237


1.1.

ESPECIAL REFERENCIA AL CUERPO DE AYUDANTES DE II.PP

El actual Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias es realmente una refundición del Cuerpo Auxiliar que le precedió. Conviene hacer un pequeño recorrido legislativo en cuanto a los precedentes del Cuerpo de Ayudantes: Como punto de partida se situaría el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de Febrero de 1956. Entre los diversos Cuerpos Penitenciarios que se regulaban en dicho Reglamento se hallaba el Cuerpo Auxiliar, integrado por una Sección Masculina y otra Femenina, ambas debidamente jerarquizadas en categorías (Existían Auxiliares Penitenciarios Mayores y Auxiliares Penitenciarios de 1ª, 2ª y 3º Clase). A cargo de dicho Cuerpo estaban los servicios de vigilancia y seguridad interior de los Establecimientos Penitenciarios, así como cuantos otros le fueren encomendados por el Centro Directivo. La jerarquización desapareció como resultado de la eliminación de categorías administrativas llevada a efecto por la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de Febrero de 1964.

- La Ley de Reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, de 22 de Diciembre de 1970, dispone que las Secciones Masculina y Femenina, que configuraban el Cuerpo Auxiliar, pasen a denominarse, respectivamente, Cuerpo Auxiliar Masculino y Cuerpo Auxiliar Femenino de Instituciones Penitenciarias. Este cambio de denominación fue acompañado de ciertas matizaciones en cuanto a las funciones, al añadir a sus tareas de custodia y vigilancia interior que tenían encomendadas, el nuevo cometido de ejecutar las instrucciones que les fueren encomendadas en orden al tratamiento de los reclusos, colaborando con su gestión personal en las tareas de reeducación y rehabilitación de internos. Simultáneamente, la citada Ley de Reestructuración establecía como exigencia para ingresar en dichos Cuerpos Auxiliares el título de Graduado Escolar o equivalente. - La Ley 36/1977, de 23 de Mayo, supuso la ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y la creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Esta Ley, en su Exposición de Motivos, hacía referencia a la necesaria atención que debía prestarse al elemento hu238

Legislación Penitenciaria mano, a cuyo cargo corre la tarea de orientar el cumplimiento de las penas privativas de libertad hacia la reinserción social del delincuente, sobre la base de un tratamiento específico y de un conocimiento de la personalidad de los recluidos. El Art.1.º de la Ley declara la creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que se compondrá de dos Escalas: Masculina y Femenina. Para el ingreso en el mismo se exige el título de Bachiller Superior o equivalente. También se declara la integración en el mismo de los extinguidos Cuerpos Auxiliares, Masculino y Femenino, de Instituciones Penitenciarias.

Por último la L.O. 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, modifica la Ley 36/1977, de 23 de Mayo, de Ordenación de los Cuerpos Penitenciarios y creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y unifica las Escalas existentes, estableciendo un único Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias integrado por personal funcionario de ambos sexos y garantizando el acceso al mismo en los términos definidos en dicha Ley.

Las funciones generales asignadas al Cuerpo de Ayudantes de II.PP. vienen señaladas en el Artículo 3 de la Ley 36/1977,de 23 de Mayo, siendo éstas el realizar las tareas de vigilancia y custodia interior en los Establecimientos; velar por la conducta y disciplina de los internos; vigilar el aseo y limpieza de la población reclusa y de los locales; aportar al Equipo de Observación o Equipo de Tratamiento (Entiéndase Equipo Técnico y Junta de Tratamiento) los datos obtenidos por observación directa del comportamiento de los internos; participar en las tareas reeducadoras y de rehabilitación de los internos, materializando las orientaciones de los Equipos de Observación o de Tratamiento; desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos; cumplir las instrucciones que reciban de sus superiores y cualesquiera otras tareas que, en razón de su servicio específico, les sean encomendadas. Por su parte, las distintas funciones que reglamentariamente le son propias vienen establecidas en el R.P. de 1981 y se mantendrán, con rango de Resolución del Centro Directivo de la Administración Penitenciaria correspondiente vigentes en lo que no se opongan al R.P. de 1996 mediante la Disposición Transitoria 3ª del mismo, siendo éstas las siguientes: 239

Formación Contínua Acaip-Federación SAP - De Oficinas. (Art. 304 R.P. 1981).

- De Acceso. (Arts. 305, 306 R.P. 1981). - De Rastrillo. (Art. 307 R.P. 1981). - De Patios. (Art. 308 R.P. 1981).

- De Módulos o Departamentos (Encargados Art. 309 y Adscritos Art. 310 R.P. 1981). - De Enfermería. (Arts. 311 al 314 R.P. 1981). - De Cocina. (Art. 315 R.P. 1981).

- De Comunicaciones y Visitas. (Arts. 316 al 318 R.P. 1981).

- De Ingresos y Salidas. (Art. 319 R.P. 1981).

- De Paquetes y Encargos. (Art. 320 R.P. 1981).

- De Obras y Reparaciones (Art. 321 R.P. 1981).

- De Economato. (Art. 322 R.P. 1981).

- De Información al Exterior (Art. 323 R.P. 1981).

- De Vigilancia del Sector Laboral. (Art. 332 R.P. 1981).

Por último los Funcionarios penitenciarios, dada la naturaleza de sus funciones, prestarán sus servicios en un régimen horario específico. Por necesidades excepcionales y justificadas podrá exigirse a los Funcionarios Penitenciarios un mayor número de horas de servicio que las establecidas con carácter general a los demás Funcionarios, debiendo, en tal caso, ser compensados con igual número de horas libres en cuanto las necesidades del servicio lo permitan, o bien retribuidos mediante los complementos legalmente establecidos (Art. 286 R.P.). 1.1.1.

Asignación de Puestos de Trabajo a Determinados Funcionarios del Área de Vigilancia de II.PP. por Razón de Edad (Derecho Específico de Funcionarios de II.PP.)

La Ley 55/1999, de 29 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, regula en su Art. 38 la asignación de puestos de trabajo a determinados Funcionarios del Área de Vigilancia, por razones de edad, lo que vulgarmente se denomina “segunda actividad”: 240

Legislación Penitenciaria 1. Los Funcionarios del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias y del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que vinieran ocupando puestos de trabajo en los Centros Penitenciarios en el Área de Vigilancia, pasarán a desempeñar, en las condiciones y con los requisitos que se determinen, a su solicitud, otros puestos propios de sus respectivos Cuerpos en la misma localidad, cuando cumplan la edad de cincuenta y siete años.

2. Los Funcionarios comprendidos en el apartado anterior percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo efectivamente desarrollado y tendrán derecho a percibir en el puesto asignado, y hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad, un complemento personal por el importe necesario para garantizar la percepción de unas retribuciones totales equivalentes, excluido el complemento de productividad, a las correspondientes al puesto desempeñado en el momento del cese del mismo. Este complemento personal sólo será absorbible con ocasión del cambio de puesto de trabajo.

El desarrollo reglamentario de lo previsto en la Ley tuvo lugar mediante Real Decreto 89/2001, de 2 de Febrero. De acuerdo con el mismo, su ámbito de aplicación estará constituido por los Funcionarios del Cuerpo Especial y del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que ocupen los puestos de trabajo en el Área de Vigilancia de los Centros Penitenciarios que reúnan los siguientes requisitos: haber cumplido 57 años de edad, y en el caso de los Funcionarios de Servicio Interior de V1 haber prestado servicio efectivo durante veinticinco años en el Área de Vigilancia, de los cuales los cinco últimos años lo han debido ser de forma ininterrumpida. En el caso de los funcionarios de V2 haber prestado servicio efectivo durante treinta años en el Área de Vigilancia, de los cuales los cinco últimos años lo han debido ser de forma ininterrumpida. La petición se realizará de forma voluntaria por el interesado que reúna los requisitos con una antelación de seis meses a la fecha en que el Funcionario quiera ejercer este derecho. Llegada la fecha indicada sin resolución expresa se entenderá que la petición es estimada. Si la resolución fuera favorable se procederá en el mismo acto a la asignación del puesto de 241

Formación Contínua Acaip-Federación SAP trabajo. Al Funcionario se le asignará un puesto de trabajo en la misma localidad del Centro de trabajo. También se le podrá asignar un puesto de trabajo en otra localidad de la misma provincia, con conformidad del interesado. Podrá participar en concursos de traslados, siempre que ello no suponga retornar a puestos del Área de Vigilancia y podrá percibir productividad por el puesto de trabajo que desempeñe.

2.

ESTATUTO JURÍDICO DEL FUNCIONARIO DE II.PP.: DERECHOS Y DEBERES

La normativa estatutaria aplicable a los Funcionarios de II.PP. es, como hemos visto, la equiparable al resto de funcionarios, la cual viene determinada por el Estatuto Básico del Empleado Público con entrada en vigor el 13 de Mayo de 2007, del que cabe destacar: -

-

-

-

-

Hace un listado de derechos y deberes básicos.

Define las clases de empleados públicos.

Garantiza en el acceso al empleo público los principios de igualdad, mérito, capacidad y la transparencia en los procesos selectivos y agilidad.

Sin imponerlo a las Administraciones Públicas, permite configurar modelos de carrera horizontal.

Recoge la evaluación del desempeño del trabajo de los empleados públicos y retribuciones vinculadas a ello.

Abarca la movilidad voluntaria de los funcionarios entre distintas Administraciones. Trata de las situaciones administrativas de los funcionarios. Afronta la negociación colectiva.

Establece un Régimen Disciplinario así como de Incompatibilidades.

242

Legislación Penitenciaria Su objeto, según el Art. 1 del mismo, es:

1. Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 2. Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

3. El Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación: a)

b) c)

d) e)

f)

g) h)

Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.

Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. Transparencia.

i)

Evaluación y responsabilidad en la gestión.

k)

Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo.

j)

l)

Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.

Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

En cuanto a los derechos y deberes de los empleados públicos, entre los que se encuentran los Funcionarios de II.PP., trata la Ley 7/2007, de 12 de Abril, en su Título III, cabiendo hacer al respecto referencia a las caracte243

Formación Contínua Acaip-Federación SAP rísticas propias de los funcionarios, a su regulación mediante el Derecho Administrativo, al establecimiento de una relación jurídica que les liga a la Administración en la que prestan sus servicios y a la relación recíproca que se da entre la Administración y éstos. Así tenemos: - Una relación orgánica, que se establece entre quienes entran en contacto con la Administración formando parte de la misma en el desempeño de sus funciones.

- Una relación de servicios, establecida entre la Administración y sus funcionarios y en la que éstos son titulares de una serie de derechos y deberes.

2.1.

DERECHOS

Se entienden por “derechos” las facultades de los funcionarios de querer y obrar reconocidas en el ordenamiento jurídico. El Art. 14 del Estatuto Básico establece que los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicios: a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

b) Al desempeño efectivo de sus funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

d) A percibir las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio. e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la Unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

244


f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar o laboral.

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. p) A la libre asociación profesional.

q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

245


Derechos Individuales ejercidos colectivamente, según establece el Art. 15 del Estatuto Básico. a) A la libertad sindical.

b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad. d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. e) A reunión, en los términos establecidos en el Art. 46 del Estatuto.

Un estudio más pormenorizado de algunos derechos de los empleados públicos a que hemos hecho referencia, tanto de los ejercidos con carácter individual como de los ejercidos colectivamente, nos llevaría a la siguiente descripción de tales derechos: • Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna

Se concreta en carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna vertical y promoción interna horizontal (Art. 16). La carrera horizontal consiste en la progresión de grado, categoría, escalafón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. La carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V del Estatuto. La promoción interna vertical consiste en el ascenso desde un Cuerpo o Escala de un Subgrupo, o Grupo de Clasificación Profesional en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo a lo establecido en el Art.18 del Estatuto. La promoción interna horizontal consiste en acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Subgrupo Profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto. (Ver Arts. 16 al 19 del Estatuto).

246

Legislación Penitenciaria • Derecho a la evaluación del desempeño

Consiste en el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Esta evaluación tendrá efectos en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de retribuciones complementarias previstas en el Art. 24 del Estatuto, etc. (Art. 20).

• Derechos retributivos

Las retribuciones de los funcionarios se clasifican en básicas y complementarias: Las básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su Cuerpo o Escala a un determinado Grupo o Subgrupo de Clasificación Profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo (sueldo y triénios). Dentro de ellas están comprendidos los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Las complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas a las que se refiere el Art. 24 del Estatuto en sus apartados c) (lo que se entiende por productividad) y d) (lo que se entiende por gratificaciones).

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio y las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades con el concepto de retribuciones diferidas, para financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros (Arts. 21 al 29). No podrán percibirse participación en tributos o cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación económica ni participación en multas impuestas. • Derecho de reunión

Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: Los Delegados de Personal; las Juntas de Personal; los Comités de 247

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. • Derecho a la negociación colectiva y a la representación y participación institucional Los empleados públicos tienen derecho a negociar la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. Por representación se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre la Administración Pública y sus empleados. Por participación institucional se entiende el derecho a participar a través de las Organizaciones Sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las Entidades y Organismos que legalmente se determine. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.

• Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones A) Jornada de trabajo

Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o tiempo parcial. Cuando la jornada exceda del tiempo establecido por necesidades justificadas del servicio, se compensará al funcionario con igual número de horas libres o la correspondiente gratificación económica. (Art. 47).

B) Permisos

Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes:

1. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en localidad distinta. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el

248

Legislación Penitenciaria permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

2. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

3. Para realizar funciones sindicales o representación del personal, en los términos que se determine.

4. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración

5. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.

6. Por lactancia de un hijo menor de 12 meses se tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que se podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o una hora al inicio o al final de la jornada con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Según Orden APU/3902/2005, de 15 de Diciembre, la sustitución no superará las cuatro semanas de duración. Este permiso se incrementará proporcionalmente en caso de parto múltiple.

7. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con disminución proporcional de sus retribuciones. 8. Por razón de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de 249

Formación Contínua Acaip-Federación SAP su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

9. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

10. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar. 11. Por asuntos particulares, seis días •

a)

250

Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. (Art. 48) y de entre los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género el Art. 49 del Estatuto establece que en todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:

Permiso por parto: Tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean

Legislación Penitenciaria inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la incorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. En los casos de disfrute simultaneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

b)

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen. En los casos de parto prematuro y en aquellos en, que por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en nin251

Formación Contínua Acaip-Federación SAP gún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de permiso. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. En el caso de disfrute simultaneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al País de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

c)

252

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. Si durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

Permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de 15 días, a disfrutar por el padre o por el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. El tiempo transcurrido durante el disfrute de los permisos por parto, adopción o acogimiento o por paternidad, se computa como de servicio efectivo, a todos los efectos, y se tendrá derecho a reintegrarse al puesto de trabajo en términos y condiciones que no resulten menos favorables, así como


d)

•

a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que se hubiere podido tener derecho durante la ausencia.

Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria. Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los Servicios Sociales de atención o de salud según proceda. Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables. (Art. 49).

Además de los permisos señalados anteriormente, los funcionarios públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización así como, en los casos de hijos con discapacidad, para asistir a reuniones de coordinación de su Centro Educativo o para el acompañamiento de los hijos si éstos han de recibir apoyo adicional.

También se podrá disfrutar de los siguientes permisos y licencias: -

-

Licencia por enfermedad, hasta tres meses por cada año natural con plenitud de derechos económicos. Esta licencia se podrá prorrogar por periodos mensuales devengando solo el sueldo y el complemento familiar. Licencia por riesgo durante el embarazo, durante todo el tiempo necesario y con plenitud de derechos.

Permiso para representación de personal del Centro de trabajo: 40 horas mensuales acumulables en un solo funcionario.

Permiso para formación sindical, a solicitud del funcionario y con carácter ocasional y autorización del Subdelegado del Gobierno. 253


-

Permiso por matrimonio, 15 días naturales entre los que debe estar el día de la boda.

Licencia para realizar estudios relacionados con la Función Pública, teniendo derecho al devengo del sueldo y complemento por hijo a su cargo durante toda su duración, el tiempo que sea. (Esta es la consideración del funcionario en prácticas que ya estuviere prestando servicios remunerados como funcionario de carrera o interino).

Licencia por asuntos propios, sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de tres meses cada dos años.

C) Vacaciones

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles o de los que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de los años de servicio señalados. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, no se consideran como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

2.2.

DEBERES

El Capítulo VI del Título III del Estatuto Básico del Empleado Publico hace referencia a los “Deberes de los empleados públicos” y dentro de ello a un “Código de Conducta” exigible a los mismos, estableciendo una serie de “principios generales” en el Art. 52 y recogiendo en los Arts. 53 y 54, respectivamente, los “principios éticos” y “principios de conducta” a observarse. En relación a dichos “principios generales”, (los principios 254

Legislación Penitenciaria éticos y de conducta serán motivo de estudio a continuación, dicho Art. 52 dice lo siguiente:

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos 52 y 53. Los principios y reglas establecidos en el Capítulo VI informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. • Principios éticos (Art. 53)

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

255

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. 256


• Principios de conducta (Art. 54)

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la Unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

257


3.

EL FUNCIONARIO EN EL PROCESO PENAL

3.1.

EL FUNCIONARIO EN LOS ACTOS DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL

El procedimiento penal puede iniciarse mediante denuncia, querella, o bien de oficio. Así en los casos de conocimiento de la comisión de un delito, la LECrim. en el Art. 101 establece que “La acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”, por lo que este precepto configura el inicio del proceso penal como una facultad que, genéricamente, puede ser o no ejercitada.

Sin embargo, lo que para cualquier persona se configura como una facultad, para el Funcionario Público que tenga conocimiento de la comisión de un delito, se configura como una obligación, en la medida en que debe de ponerse en conocimiento de las Autoridades competentes los hechos presuntamente delictivos de los que el Funcionario Ppúblico tenga noticias. En este sentido, la LECrim. deja constancia de tal obligación que, aunque en su Art. 105 lo circunscribe únicamente a Funcionarios del Ministerio Fiscal, jurisprudencialmente, es una obligación que se ha extendido al resto de Funcionarios, hasta el punto de que este criterio ha calado en el legislador a la hora de redactar el vigente C. Penal, “tipificando la conducta del Funcionario que faltando a la obligación de su cargo dejare de perseguir los delitos de cuya actual o próxima comisión tuviera noticias”. De hecho la propia LECrim. en su Art. 262 señala: “Los que por razón de sus cargos profesionales u oficio tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.

258


3.2.

EL FUNCIONARIO EN LOS ACTOS DE TRAMITACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

Una vez iniciado el proceso penal, la consideración de Funcionario por parte de alguno de los intervinientes en este, no aporta ninguna especialidad o singularidad, hasta el punto de que el Funcionario Público, en su calidad de imputado / procesado / acusado, goza de los mismos derechos y tiene las mismas obligaciones que un particular. En igual medida puede afirmarse lo anterior cuando el Funcionario interviene no como parte en el procedimiento, sino como un tercero, bien sea como testigo, bien como perito. En estos casos las obligaciones de decir verdad y los apercibimientos de poderse cometer un delito de falso testimonio en caso contrario, se formularán al Funcionario en la misma medida que para cualquier particular. En relación a. lo anterior, resulta especialmente relevante que el C. Penal, dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, en sus Arts. 458 a 461 no establece ninguna agravación ni atenuación de pena, ni cualquier otra especialidad por el hecho de que la conducta de falso testimonio, presentación de pericia alterada o presentación de testigos falsos, sea realizada por un particular o por un Funcionario Público.

3.3.

EL FUNCIONARIO EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y PENAL

Teniendo en cuenta que el principio “non bis in ídem” prohibe que una persona pueda ser condenada/sancionada dos veces por un mismo hecho, es evidente que, como criterio general, no podrá imponerse sanción disciplinaria y pena por el mismo hecho cometido a un Funcionario. Lógicamente, si un mismo hecho puede ser constitutivo de delito y de infracción disciplinaria, el procedimiento disciplinario deberá asumir algunas de las conclusiones que se extraigan del proceso penal, concretamente el relato de hechos que se lleve a cabo en el ámbito penal. Ello implica que deberá respetarse la prioridad del proceso penal. 259

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Sin embargo, a raíz de una doctrina emanada del Tribunal Constitucional, entre otras en sus sentencias STC 177/1.999, 152/2.001 y 16/2.003, se admite la tramitación paralela del procedimiento penal y del procedimiento sancionador, si bien este segundo deberá esperar a su resolución a la finalización del primero a los efectos de respectar el relato de hechos que se lleve a cabo en la vía penal.

En este sentido, el Art. 23 del R.R.D. ordena suspender la tramitación del expediente disciplinario hasta que no recaiga resolución judicial, resolución que en el caso de resultar condenatoria, determinará la imposibilidad de imponer sanción disciplinaria posterior, pero que, en el caso de ser absolutoria podrá provocar la continuación del procedimiento sancionador y el posterior pronunciamiento de la Administración, salvo en el supuesto de que la sentencia penal absolutoria se hubiera dictado al declararse expresamente probado que el Funcionario no cometió el hecho por el que venía siendo acusado, lo que reduce el ámbito de la posible sanción disciplinaria en el caso de previa sentencia penal absolutoria a los supuestos en que dicha absolución se produce por la falta de pruebas para condenar al Funcionario Público acusado (STS 12 de Marzo de 1973, de 29 de Abril de 1981, 28 de Septiembre de 1984 o 15 de Junio de 1984, entre otras).

En todo caso, debe indicarse que una cosa es la imposibilidad de imponer dos sanciones por el mismo hecho, y otra distinta la existencia conjunta de dos procedimientos: uno penal y otro sancionador. Esta posibilidad se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otras, pero en cuanto se refiere a la doble sanción, debemos citar las SSTS de 13 de Septiembre de 1989, 16 de Enero de 1991, 13 de marzo de 1991, 25 de Septiembre de 1991, 7 de Julio de 1992 y 13 de Octubre de 1992, que anularon las sanciones de separación del servicio impuestas a varios Funcionarios de Prisiones implicados en los mismos hechos, que previamente habían sido condenados como autores de los delitos contemplados en los Arts. 187 (uso de un rigor innecesario para con los presos o sentenciados) y 204 bis (malos tratos a detenidos o presos por Autoridades o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias) del Código Penal vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos 260

Legislación Penitenciaria castigados, por entender que “[...] no está justificado en este caso, el doble reproche y la doble sanción, penal y administrativa, por unos mismos hechos, imputados a la misma persona y tratados por los Tribunales y por la Administración desde la misma cualidad funcionarial del sujeto responsable, atendiendo a igual finalidad, lo que determina que las penas impuestas al recurrente le afecten en la esfera estrictamente perrsonal y en cuanto Funcionario”. (Arts. 187 y 204 bis, ver actualmente Arts. 533 y 174.2 C. Penal, respectivamente).

3.4.

EL FUNCIONARIO EN EL ÁMBITO PUNITIVO POR COMISIÓN DE DELITOS

A diferencia del proceso penal en que como hemos visto no se observa una especial singularidad por el hecho de ser Funcionario Público en el ámbito punitivo dicha condición adquiere una consideración relevante, de hecho el propio C. Penal a dichos efectos en el Art. 24.2 establece que “Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de Autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”.

El Art. 22.7 C.P. en referencia a las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal expresa la de “prevalerse del carácter público que tenga el culpable”.

El Código Penal regula asimismo una serie de delitos propios de Funcionarios Públicos tanto por comisión como por omisión, sin perjuicio de verse agravada la pena correspondiente en otros tantos de carácter general en atención a la condición de funcionario público. No obstante lo anterior, el mismo texto legal también establece una especial protección durante el desarrollo de la función pública, dedicando a ello el Capítulo II del Título XXII, (Arts. 550 a 556) denominado “De los Atentados contra la Autoridad, sus Agentes, los Funcionarios Públicos, y de la Resistencia y Desobediencia”. *

(Ver delitos, en otros, específicos de Funcionarios de II.PP.: Art. 174 sobre torturas y malos tratos respecto de los internos; Art. 443.2, en referencia a solicitar sexualmente a personas a su 261

Formación Contínua Acaip-Federación SAP guarda; Art. 471, sobre infidelidad en la custodia de detenidos, presos y penados; Art. 533 en referencia a imponer a los internos sanciones o privaciones indebidas o hacer uso con ellos de un rigor innecesario).

3.5.

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN CASO DE DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El Art. 106.2 de la C.E. señala que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La determinación de la existencia de una responsabilidad penal por parte de un Funcionario Público, consecuencia de la previa comisión de un delito, atendiendo, precisamente a tal condición de Funcionario, podrá dar lugar, como en cualquier otro delito, al nacimiento de una responsabilidad civil a favor del perjudicado para resarcir a este de los perjuicios económicos causados por tal hecho delictivo. (Arts. 109 y 110 LECrim.).

En todo caso, en materia de responsabilidad civil, el C. Penal distingue entre responsabilidad civil directa y responsabilidad civil subsidiaria, y específicamente en el ámbito administrativo, el Art. 121 del C. Penal señala lo siguiente: “El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la Isla, el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplilicidad indemnizatoria. Si 262

Legislación Penitenciaria se exigiera en el proceso penal responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o Funcionarios Públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario”.

En realidad, lo que subyace tras este pronunciamiento es la responsabilidad patrimonial de la Administración, (en este caso motivada en un hecho con trascendencia penal). Esta responsabilidad patrimonial por hechos derivados de un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ya se enuncia como principio general en el Art. 139 de la Ley 30/1992, de RJAP-PAC, de 26 de Noviemnbre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de Diciembre. (Ver Arts. 139 a 146 LRJAP-PAC).

En este sentido, si el daño provocado al tercero fuera personalmente atribuible a un Funcionario o agente concreto a título de dolo o culpa, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración, los particulares deberán dirigirse directamente a la Administración correspondiente, solicitando las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de que una vez que haya sido indemnizado el particular, la Administración exija a sus autoridades, funcionarios o demás personal a su servicio, el reintegro de las cantidades abonadas, previa instrucción del procedimiento reglamentario, valorándose que el funcionario hayan actuado con dolo, culpa o negligencia grave. Esta responsabilidad también se extiende en los casos de daños causados directamente a la organización pública, aunque no repercuta en lesiones a terceros particulares, (por ejemplo, en los delitos de prevaricación, malversación, etc.).

Este procedimiento reglamentario, al que se ha hecho referencia, podrá sustanciarse paralelamente al penal, salvo que para la determinación de la primera sea esencial el fallo del proceso penal, pues el Art. 146 de la LRJAP-PAC señala que “la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente”. (La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por Ley Orgánica del Poder Judicial). 263

Formación Contínua Acaip-Federación SAP En todo caso, este procedimiento reglamentario, encuentra un límite en los casos en que se exigiera en el propio proceso penal la responsabilidad civil de la Autoridad, sus agentes y contratados de la misma o Funcionarios Públicos, pues en estos casos la petición deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o Ente Público presuntamente responsable civil subsidiario y contra el autor del hecho, y todo ello dentro del propio proceso penal, pues si en el perjuicio ocasionado al particular concurre elemento que justifique un reproche penal por una actuación dolosa o negligente de una Autoridad o un empleado público, que ha cometido un ilícito penal, primará la exigencia de responsabilidad penal, mientras que de la responsabilidad civil responderá subsidiariamente la Administración.

Finalmente, debe señalarse como diferencia esencial entre ambos sistemas que en los supuestos de responsabilidad patrimonial será la propia Administración la que declare la responsabilidad, mientras que en el caso de responsabilidad civil exigida en el proceso penal, será la Autoridad Judicial, a través de la sentencia que se dicte, la que lleve a cabo tal pronunciamiento.

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MÓDULO VIII. CASOS PRÁCTICOS. JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA

CITAS SOBRE JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA Como finalización de lo expuesto en el Curso haremos referencia a algunos casos prácticos a través de jurisprudencia penitenciaria en relación al contenido de los distintos Módulos motivo de estudio, extraída tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencias Nacional y Provinciales o de Autos de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, aunque si bien, es cierto, de forma sintetizada y puntual, dada la escasez de espacio para una más amplia exposición. Referencia a la S.T.C. 57/2008, por la que se reconoce el Abono de Prisión Provisional conjuntamente con el Cumplimiento de Pena de Prisión Por su importancia se hace alusión en este apartado a la Sentencia 57/2008, de 28 de Abril, del Tribunal Constitucional (B.O.E. 04.06.08) por la que se abona prisión preventiva conjuntamente con el cumplimiento de la pena a un interno, resolviendo Recurso de Amparo del mismo sobre vulneración del derecho a la libertad personal: “Liquidación de condena que no abona el tiempo en el que simultáneamente a la prisión provisional sufrida en la causa ha estado privado de libertad como penado en cumplimiento de la condena impuesta en otra causa distinta”. 265

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Comentario – Resumen de la Sentencia

Según la sentencia, el tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente deberá de abonarse en la causa en que se decretó y por todo el tiempo que duró esta, (atendiendo exclusivamente a las resoluciones dictadas en dicha causa), independientemente de que sea coincidente en el tiempo con una situación de privación de libertad decretada por otros Juzgados, sea en calidad de preventivo o sea en calidad de penado. Conforme a dichos criterios: Si coincide en el tiempo una situación de prisión provisional con otra u otras de cumplimiento en calidad de penado.

Será de abono para esa causa la totalidad del tiempo en que el preso ha estado declarado en esa situación, es decir, hasta el dictado del Auto de puesta en libertad en virtud de esa causa o se pase a penado, aunque durante ese tiempo esté cumpliendo pena.

Si coincide en el tiempo la existencia de dos ejecutorias en las que se condena al sujeto a pena privativa de libertad.

Será de estricta aplicación lo dispuesto en el Artículo 75 del C. Penal.

Si coinciden en el tiempo varias situaciones de prisión provisional declaradas en distintos procedimientos.

Será de abono para cada causa respectivamente la totalidad del tiempo en que el preso ha estado declarado en esa situación en cada una de ellas, es decir, hasta el respectivo dictado del Auto de puesta en libertad en virtud de esa causa o su pase a penado.

La conclusión es que el mismo período de privación de libertad será computado en diversos procedimientos, concretamente en todos y cada uno por los que durante ese período se encuentre privado de libertad el reo en virtud de Auto judicial que lo acuerde en cada procedimiento, sea en calidad de preventivo o de penado. 266


Referencia a Sentencia del T.E.D.H. sobre Consideración del Hacinamiento en Celda como Trato Degradante Sentencia de 20 de Enero de 2005 del T.E.D.H. 4/2005: Demanda de ciudadano ruso contra la Federación de Rusia, por las condiciones de la detención previa a su proceso judicial, por tardanza en la tramitación de su solicitud de libertad, por no haberse respetado su libre elección de letrado y por imposibilidad de preparar adecuadamente el juicio dado sus condiciones de vida en prisión. Violación de los Arts. 3 y 5.4 del Convenio: Existencia. Violación de los Arts. 6.3 e) y b): Inexistencia Prisión Preventiva. Hacinamiento en celda: Espacio inferior a dos metros cuadrados y en condiciones higiénicas penosas. Condiciones que se prolongaron más de nueve meses. Situación que provocaría en el demandante sentimientos de humillación y degradación. Violación existente: TRATO DEGRADANTE.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que el Art. 3 del Convenio prohibe tajantemente la tortura o el trato inhumano o degradante, al margen de las circunstancias y del comportamiento de la víctima (S.T.E.D.H. 6-4-2000) Reitera que, de conformidad con su jurisprudencia, el maltrato debe alcanzar un nivel mínimo de severidad. Dicho mínimo es relativo, depende de todas las circunstancias que rodean al caso: la duración del trato padecida, sus efectos fisicos y mentales, y, en algunos casos, al sexo, la edad y el estado de salud de la víctima (S.T.E.D.H. de 18-1-1978). El Tribunal ha considerado «inhumano» el trato al que se sometió a un individuo por haber sido premeditado, aplicarse durante horas enteras y provocar bien un daño fisico real o un intenso sufrimiento físico y mental. En ocasiones el daño ha sido calificado de «degradante» porque fue de tal naturaleza, que provocó miedo, angustia o inferioridad en las víctimas, sentimientos que posibilitan su degradación (S.T.E.D.H. 163/2000). Al establecer si un trato concreto es «degradante» a la luz del Art. 3, el Tribunal deberá tener en cuenta si su objetivo es humillar y degradar a la persona, y 267

Formación Contínua Acaip-Federación SAP si afecta negativamente a su personalidad de un modo no compatible con el Art. 3 (S.T.E.D.H. 103/1997). Sin embargo, la ausencia de cualquiera de dichos propósitos no debe necesariamente llevar a la conclusión de que no se ha producido la violación del Art. 3 (véase, entre otras (S.T.E.D.H. 297/2001). En cualquier caso, el sufrimiento y la humillación que conlleva dicho trato deberán ir más allá del sufrimiento o humillación inevitables en una forma legítima de tratamiento o de castigo. No puede decirse que la detención o la privación preventiva de libertad, en sí mismas, constituyan un evento susceptible de ser examinado según el Art. 3 del Convenio. Tampoco se puede interpretar dicho artículo como una norma general que obligue a liberar a un detenido por motivos de salud, o a trasladarle a un hospital civil para permitirle un determinado tratamiento médico.

El Estado deberá asegurar que toda persona detenida disfrute de unas condiciones de vida compatibles con el respeto a su dignidad y que la forma de la ejecución de la medida no le causen una angustia y un trato de una intensidad que exceda el nivel de sufrimiento inevitable e inherente a toda detención. Del mismo modo, y debido a las exigencias prácticas de toda reclusión en prisión, su salud y su bienestar deben estar adecuadamente asegurados (S.T.E.D.H. 47095/1999). En el presente asunto, el Tribunal recuerda que el demandante permaneció detenido en el Centro de Detención un total de 9 meses y 14 días. Se le recluyó en diversas celdas, las cuales, según la información del Gobierno, estaban pensadas para un número de entre 6 y 10 reclusos, por lo que en cada una de ellas se le asignaba a cada recluso una superficie de entre 1,3 y 2,51 metros cuadrados. Podría cuestionarse si tales alojamientos podrían considerarse aceptables dentro de unos parámetros stándar. En relación con este aspecto, el Tribunal recuerda que el Comité Europeo de Prevención contra la Tortura y los Tratos Inhumanos o Degradantes, ha establecido en 7 metros cuadrados por recluso la superficie deseable en las celdas. A pesar de que las celdas que ocupó el demandante fueron diseñadas para un número específico de reclusos, el demandante afirmó que el número real de personas era entre 2 y 3 veces superior a dicha cifra y que por tanto, se veían obligados a compartir cama con 1 ó 2 reclusos más. El Tribunal es consciente de que el exceso de reclusos por celda, es un problema general 268

Legislación Penitenciaria en los Centros de Prisión Preventiva rusos. Por tanto, desde el punto de vista del Tribunal, las celdas estaban atestadas, lo cual ya en sí mismo permite apelar al artículo 3 del Convenio.

En cuanto a las condiciones higiénicas de las celdas, el demandante afirmó que estaban sucias y llenas de cucarachas, pulgas y piojos, y que las ventanas estaban cubiertas con mallas de acero que dejaban pasar poca luz. El Gobierno afirmó que las condiciones higiénicas eran «satisfactorias» según el informe de la Dirección de Prisiones, pero no presenta ningún tipo de información o prueba al respecto. El Tribunal concluye que aunque al demandante se le permitía una actividad al aire libre durante una o dos horas diarias, el resto del tiempo se veía confinado en una celda con un espacio para sí mismo muy limitado.

Aunque en este asunto no hay indicios de que existiera una intención positiva de humillar o degradar al demandante, el Tribunal estima que padecer dichas condiciones durante la prisión preventiva, a lo largo de más de nueve meses, ha tenido que minar su dignidad y provocarle sentimientos de humillación y degradación. Por todo ello, el Tribunal establece que las condiciones de la detención del demandante, en especial el exceso de reclusos en su entorno y la duración de su reclusión en dichas condiciones, constituyó un trato degradante, produciéndose una violación del Art. 3 del Convenio. Referencia a algunas de las Sentencias y Autos más recientes en relación a la procedencia o no de sustituir la pena privativa de libertad impuesta por la expulsión del territorio nacional, a los efectos de lo regulado en el vigente Art. 89 del Código Penal Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de Mayo de 2.008

La Audiencia Provincial desestima el Recurso de Apelación formulado por el Ministerio Fiscal contra sentencia que condenaba al acusado como autor de un delito contra la salud pública, rechazando la sustitución de la pena de prisión impuesta por la de expulsión de territorio nacional, ya que en el acto del 269

Formación Contínua Acaip-Federación SAP juicio no se promovió debate alguno sobre las circunstancias personales y familiares del acusado, ni tampoco sobre las eventuales consecuencias lesivas para los derechos fundamentales básicos del acusado de una eventual expulsión hacia su País de origen, si es que dicha expulsión era factible. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de Mayo de 2008

Con estimación del Recurso de Apelación formulado por los condenados como autores de un delito de resistencia, la Audiencia Provincial revoca la sentencia de instancia a los efectos de dejar sin efecto la sustitución de la pena de prisión impuesta por su expulsión del territorio nacional, pues no se motivó en modo alguno la expulsión de los condenados, teniendo en cuenta su arraigo o situación familiar, ni singularmente sobre la oportunidad de la expulsión, dado que al ser de nacionalidad cubana es notorio que no podría ejecutarse al tratarse de un Estado que no admite a sus nacionales. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de Abril de 2008

Desestima el Recurso de Apelación interpuesto por el acusado, la Sala estima el formulado por el Ministerio Fiscal, ambos contra sentencia dictada en proceso seguido por delito contra la salud pública. El Tribunal considera procedente la sustitución punitiva interesada por el Ministerio Fiscal, al estar acordada ya la expulsión del acusado gubernativamente, atendidos sus antecedentes penales y policiales, su estancia ilegal en España, sin que haya acreditado ocupación o medios de vida legales en nuestro país. Sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo de 8 de Abril de 2008

No ha lugar al Recurso de Casación interpuesto por el acusado contra sentencia que le condenó por delito contra la salud pública. Indica la Sala que nos hallamos en presencia de un pronunciamiento que, el Art. 89 C.P. del 1995, puede ser considerado como integrante de la propia resolución condenatoria, y así podría haberlo sido con plena eficacia en el caso de haberse cumplido debidamente con los requisitos establecidos por la ley como necesarios para decidir acerca de la expulsión, entre los que se encuentra también la preceptiva audiencia, si no pretensión explícita, del Ministerio Público. 270

Legislación Penitenciaria Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 14 de Febrero de 2008

Se estima parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el acusado contra sentencia que le condenó por un delito de falsedad en documento oficial. La Sala deja sin efecto la medida de expulsión del territorio nacional acordada como sustitutiva de la pena impuesta, pues en el juicio no se dio una audiencia específica al acusado sobre esta concreta petición al objeto de que pudiera expresar su punto de vista respecto a la expulsión solicitada, ni la sentencia contiene una motivación sobre la procedencia de la medida efectuando un juicio ponderado al respecto en atención a las concretas circunstancias del acusado. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de Febrero de 2008

Se estima el Recurso de Apelación interpuesto por el penado contra Auto por el que se aprobó la concesión del beneficio de libertad condicional supeditado a la expulsión del territorio nacional. Sostiene la Sala que con independencia de las consecuencias jurídico-administrativas a que la irregularidad o la ilegalidad de la entrada o la permanencia en España de un extranjero deba dar lugar según la Ley, no pueden éstas constituir un corolario de la libertad condicional, ni aparecer vinculadas a ella de ninguna forma aceptable en Derecho. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de Enero de 2008

Señala la Sala, entre otros pronunciamientos, que en el supuesto procede estimar no ajustada a Derecho la decisión de expulsión del territorio nacional, atendido que tan siquiera ha sido solicitada por las acusaciones y consecuentemente no ha habido el trámite de audiencia que exige la jurisprudencia elaborada sobre este artículo en torno a la concurrencia de los requisitos exigidos sobre la adopción de la medida de seguridad de que se trate de un extranjero no residente legalmente en España y su situación de arraigo en nuestro País, lo que se traduce en eliminar del fallo de la sentencia la orden de expulsión, dejando intacto el resto de los pronunciamientos. 271

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de Diciembre de 2007

Se estima parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el condenado en la instancia como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar. Señala la Sala, entre otros pronunciamientos, que la Juez de Instancia sustituye la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, en virtud de la condición de extranjero no residente legal en España del acusado sin valorar las circunstancias personales de este último, quien al parecer cuenta con familia en España y esta casado con una ciudadana española, encontrándose pendiente de resolver su solicitud de tarjeta de residencia como familiar de ciudadano comunitario. Los antecedentes señalados, teniendo en cuenta la falta de motivación de la sustitución de la pena acordada lleva a estimar el Recurso de Apelación en el sentido de dejar aquella sin efecto. Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 30 de Noviembre de 2007

La Audiencia Provincial estima parcialmente el Recurso de Apelación formulado por el condenado como autor de un delito de robo con intimidación, en el sentido de suprimir la medida de expulsión del territorio nacional acordada, como sustitutivo de la pena impuesta, dada la omisión de la audiencia necesaria y de motivación de dicha decisión. Cita comentada sobre el derecho a acceder a datos del expediente personal y a obtener copias del mismo Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria. (Apdo. K. del Art. 4.2. R.P.).

Este apartado no obliga a la entrega de informes emitidos por los distintos profesionales penitenciarios, debe recordarse que estos informes, aunque pueden (y suelen) ser preceptivos, no son vinculantes. (Ver Arts. 92 y 83 LRJ-PAC). Así pues, no existe obligación por parte del Centro de facilitar, a petición del interno, copia de los informes de los profesionales de los Equipos Técnicos, ya que el acceso no es tanto al soporte documental sino a la 272

Legislación Penitenciaria información misma, que le puede ser facilitada por tales profesionales. (Ver Auto del J.V.P. de Ciudad Real de 22/02/2000).

No es exigible hacer “copia del expediente” ya que, 1.º) no existe expediente administrativo strictu sensu; 2.º) los diversos documentos contienen datos que suponen un evidente riesgo para la seguridad si el interno dispusiera de ello en su celda y 3.º) consta que al interno se le ha ido notificando y dando copia de todos los escritos que le afectan por lo que éste deberá observar la mayor diligencia en su custodia y cuidado. (Auto del J.V.P. de Cádiz de 3/04/2000 y, en parecidos términos, ver Auto de la A.P. de Palencia de fecha 2/05/2000 y Auto del J.V.P. de Ocaña de 26/03/2001).

(Auto de 30/09/2003 del J.V.P. de Ocaña) señala el derecho a la información de datos obrantes en el expediente, pero no del protocolo. En sentido contrario, aunque matizando aspectos de seguridad, está el Auto de 22/03/2003 de la A.P. de Zaragoza.

(Auto del J.V.P. de Valladolid de 4/02/2003) reconoce el derecho del interno a tener copia del PIT, al igual que el Auto del J.V.P. N.º 3 de Madrid, aunque éste último añade que no tiene derecho a obtener copia de los documentos confidenciales emitidos por los diferentes profesionales de los Equipos Técnicos.

No faltan argumentos pues, que señalan la improcedencia de acceder directamente a datos del expediente y a obtener copias del mismo por tratarse de expedientes no concluidos. Tienen derecho a la información facilitada por un profesional pero no acceso al expediente mismo. (Ver Auto de 26 de Enero de 2004 del J.V.P. del Puerto de Santa María. El expediente regimental no está terminado mientras el recluso esté privado de libertad, a tenor de lo dispuesto en el Primer Párrafo del Art. 37 LRJ-PAC).

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Comentario extraído del R.P. comentado elaborado por D. Fernando Gon-

zález Vinuesa, Jurista de II.PP. e Inspector de Servicios (Apdo. K. del Art.

4.2. R.P.).

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Citas en referencia a distintos temas relacionados con el contenido del Curso objeto de estudio Petición de autorización para poseer una muñeca hinchable. (Auto del J.V.P. de Ciudad Real de 29/10/1992). Denegación.

La petición se lleva a cabo por un interno que no disfruta de permisos de salida. Tampoco de comunicaciones especiales íntimas, si bien en este caso no existe restricción alguna por parte de la Administración, por tanto, no disfruta de tales comunicaciones por falta de comunicantes. El interno propone una forma alternativa de actividad sexual, mediante el uso de una muñeca hinchable. Se desestima la petición por razones de higiene y de convivencia regimental. En orden a la higiene y sanidad, el uso de una muñeca hinchable podría suponer la creación de focos de infección, enfermedades venéreas, especialmente en el caso de que no se limpiara adecuadamente o de que fuera utilizada por más de un recluso. Por otra parte, podría ser usada para ocultar objetos prohibidos, debiendo en consecuencia ser sometida a cacheos por parte de funcionarios. Supondría, igualmente, la consiguiente incomodidad para el compañero de celda, y podría finalmente, convertirse en objeto de intercambio. Denegación de comunicación telefónica periódicamente con Abogado. (Auto de la A.P. de Zaragoza de fecha 16/07/1999)

Las comunicaciones telefónicas con Abogados defensores están autorizadas en supuestos de asuntos importantes, pero siempre tiene que ser comprobado por el Centro dicho requisito, por lo que no cabe una autorización semanal genérica como pretende el recurrente, sino que deberá comprobarse caso por caso la comunicación que trata de realizar el interno, y una vez efectuada la comprobación mencionada, deberá concederse por el Centro. Desestimación de Queja sobre falta de adecuación del Departamento destinado a Comunicaciones de Convivencia. (Auto del J.V.P. de Ciudad Real de fecha 8/04/2000)

Se estima que dichas Dependencias son adecuadas al uso reglamentario como ha tenido ocasión de constatar la Comisión Judicial en visitas realiza274

Legislación Penitenciaria das al Centro y en cuanto a los objetos necesarios para tales comunicaciones como pañales, toallas de un solo uso, potitos, juguetes y cremas, no debe proporcionarlos necesariamente la Administración. Desestimación a denuncia de Abogado defensor por suspensión de comunicación con su cliente. (Auto del J.V.P. de Soria de 14/05/1997)

Letrado denuncia al Centro ante el Juzgado de Guardia por una limitación en la comunicación con su defendido que no está justificada por la normativa penitenciaria y que vulnera su derecho de la defensa. En el caso no se produjo una suspensión de la comunicación, entendida como cesación definitiva de la misma, por un lado porque la comunicación no llegó a iniciarse entre el Letrado y su defendido y por otro lado porque, aún en el caso de que hubiese iniciado la misma, la adaptación de dichas comunicaciones al horario establecido en base a las normas de régimen interior que permiten la comunicación con Abogados, tantas veces como se estime conveniente, entre las 09,00 horas y las 14,00 horas y entre las 15,00 y las 20,00 horas, no cree el Ministerio Fiscal que vulnere el derecho de defensa del interno. Por un lado, se entregó al Letrado la hoja de horarios, se le comunicó que podía iniciar la comunicación pero que a las 14 horas debía interrumpirse para, efectuar actos reglamentarios obligatorios como recuento y comida y que podía volver a reanudar la comunicación a las 15,00 horas hasta las 20,00 horas. Se entiende que dicho horario es perfectamente compatible para poder satisfacer plenamente los intereses y defensa del interno durante el mismo. Derecho a utilizar su propia lengua oficial (Autorización con matices)

(Auto A.P. de Ciudad Real de fecha 13/10/98). El Tribunal resuelve que se podrá utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, pero no en aquellas Comunidades donde la lengua oficial sea el castellano. Derecho a tener ordenador en la celda. (Denegación)

(Auto J.V.P. de Zaragoza de fecha 2/01/96). Interno del C.P. de Daroca formula queja contra acuerdo de denegación de introducción de ordenador per275

Formación Contínua Acaip-Federación SAP sonal en su celda. Razones de la denegación que hace suyas el propio Juzgado: 1) dificultad de cacheo; 2) posible utilización para sacar información del Centro que pueda poner en peligro la seguridad y en particular, 3) no adecuación de la instalación eléctrica a la sobrecarga de luz. Derecho a ser atendido por Médico extrapenitenciario (Autorizado con matices)

(Auto J.V.P. de Zaragoza de fecha 5/02/96). A solicitud de un interno el Juez de Vigilancia lo autoriza, ahora bien, en presencia de un Médico del Centro Penitenciario, limitándose el objeto de la visita a la salud del interno y para lo que el Centro Penitenciario dispondrá lo preciso a fin de preservar la seguridad en el más amplio sentido de la palabra. Derecho a recibir dieta vegetariana por motivos religiosos (Denegación)

(Auto J.V.P. de Zaragoza de fecha 30/09/96). El Juez deniega la queja ya que el interno no acredita su adscripción a la religión hinduista y lo que ésta establece respecto a la alimentación de sus miembros. Por otra parte el Servicio Médico deber de velar por la salud e integridad de los internos y, en atención a este principio no pueden vulnerar su deber primordial por lo que estiman que sería perjudicial para el interno la dieta que él propone. Derecho a recibir alimentos del exterior a través de paquetes (Denegación)

(Auto J.V.P. de Zaragoza de fecha 7/11/96). El Juez lo deniega ante razones de seguridad de los Centros Penitenciarios. Derecho a utilizar tarjetas de teléfono suministradas desde el exterior (Denegación)

(Auto J.V.P. de Zaragoza de fecha 7/02/97). Interno solicita que su familia le suministre tarjetas de teléfono en lugar de comprarlas en el Economato. El Juez deniega la petición al estar prohibida la entrada de tarjetas de teléfono 276

Legislación Penitenciaria por las normas de régimen interior. Estas deberán obtenerse a través del economato una vez comprobado que su precio es el mismo que rige fuera del Centro. Derecho a recibir información mediante emisión de radio y televisión. Instalación de aparato descodificador (Autorización)

(Auto A.P. de Sevilla de fecha 12/02/97). Interno solicita autorización para la instalación de un descodificador de canal plus. La Audiencia lo autoriza teniendo en cuenta el derecho a recibir información mediante emisión de radio o televisión. Deber de la Administración de pagar el transporte de efectos personales en caso de traslados de internos

(Auto J.V.P. de Madrid 3, de fecha 28/02/97). El Juez resuelve que debe ser la Administración la que corra con el gasto, ya que no es un traslado que haya pedido el interno, sino forzoso por nuevo destino. Derecho del interno a que se le abone el importe de su dieta (Denegación)

(Auto J.V.P. de Soria de fecha 5/05/98). Se solicita el abono de la cantidad a la que ascienda el racionado dado que no se consume por hallarse en huelga de hambre. El Juez lo desestima ya que la alimentación es una prestación frente a los internos sin que estos tengan derecho de propiedad sobre los fondos que se empleen para proveerla. Sentencia de la A.P. de Cáceres de 24 de Diciembre de 1999, sobre uso de medios coercitivos (defensas de goma), no apreciando en ello rigor innecesario

Se pone de manifiesto la actitud violenta del interno protagonista de una pelea quizás por encontrarse bajo los efectos del consumo de sustancias (tranquimazin) al reconocer el mismo que había ingerido varias pastillas de este producto, y dicha conducta, que sin duda altera el necesario orden del 277

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Centro Penitenciario, obliga a la Dirección del Centro a acordar el aislamiento provisional en celdas, y a incoar expediente sancionador.

Ingresado en aislamiento el recluso procede a la apertura del grifo inundando la celda de agua y a desmontar la cama, hasta el punto que causa importantes destrozos en la dependencia, obligando a los Funcionarios a trasladarlo a otra celda. Una vez en la nueva celda comienza a golpear la puerta de forma contundente, a proferir voces y gritos y a solicitar cigarrillos y fuego, teniendo los Funcionarios que acudir en repetidas ocasiones para que cesara en su actitud y haciendo el interno caso omiso a dichos requerimientos. Después de haber mantenido durante toda la tarde la misma conducta, sobre las 21,00 horas acuden los Funcionarios a la celda para averiguar con qué objeto contundente golpeaba la puerta, y abriendo la misma acceden a su interior, momento en que el recluso se abalanzó contra un Funcionario el cual cayó al suelo y como empleaba una fuerza inusitada, sin acceder a los requerimientos de los Funcionarios, se vieron obligados a hacer uso de las defensas de goma, para lo que habían sido autorizados previamente por el Jefe de Servicios, que lo puso de inmediato en conocimiento del Director, golpeando dos o tres veces en el cuerpo y brazos del interno hasta conseguir reducirlo para posteriormente tumbarlo en la cama a fin de que se tranquilizase.

Estos hechos acreditados, ni siquiera se discuten por el Ministerio Fiscal, cuya duda manifestada en el informe, se centra en por qué esperaron los Funcionarios hasta las 21,00 horas para hacer cesar al interno en su conducta irregular, a lo que se debe responder que demasiada paciencia habían tenido durante parte de la mañana y toda la tarde, tiempo durante el que el interno había demostrado una actitud violenta, habiendo destrozado una celda, no dejando de golpear la puerta, profiriendo voces de forma persistente, etc.; actitud que culmina con el acometimiento de los Funcionarios cuando deciden acceder al interior de la celda para averiguar el objeto con el que golpeaba la puerta. Con tales antecedentes, la conducta de los Funcionarios debe estimarse, razonable, correcta y totalmente ajustada a la normativa penitenciaria. El empleo de las defensas de goma fue proporcionado y absolutamente necesario para repeler el acometimiento del interno. No se aprecia rigor innecesario, antes al contrario, el empleo del citado medio coercitivo se revela necesario, proporcional a la violencia desplegada por el re278

Legislación Penitenciaria cluso e imprescindible para repeler el acometimiento del que fueron objeto los Funcionarios. Sentencia de la A.P. de Sevilla de 15 de Enero de 2004, considerando que el aislamiento provisional adoptado como consecuencia de la actitud violenta observada por los Funcionarios de Prisiones en el recurrente frente a otro interno, es proporcionada y ajustada, por lo que no cabe calificarla como infracción o delito

En el caso de autos el Juzgado de Vigilancia consideró, que la medida coercitiva aplicada al interno fue ajustada a Derecho y ciertamente de los particulares remitidos no cabe deducir una conclusión distinta. El propio interno admite que tuvo un incidente con otro interno si bien le resta importancia, aduciendo que todo quedó en palabras y gestos y que no pasó de una discusión normal en la convivencia diaria. Fuera ello así o no, lo cierto es que los Funcionarios que observaron el incidente, a la vista del nivel de nerviosismo y agresividad que notaron en los dos internos, consideraron oportuno, para evitar males mayores y restablecer la normalidad, el aislamiento durante unas horas de los internos protagonistas del incidente, que cesó respecto del interno, una vez comprobado que se hallaba más tranquilo. La medida acordada se revela pues proporcionada y ajustada. Se desestima el Recurso. Sentencia de la A.P. de Madrid de 3 de Julio de 2001, sobre registro de una celda, no considerándose esta como domicilio particular

Se queja una interna del registro al que fue sometida su celda y de la incautación en él de unas cintas en las que estaba grabada música. Los registros y cacheos de personas, ropas y enseres están previstos en el Art. 68 del R.P. como una forma habitual de control de la seguridad interior de los Establecimientos Penitenciarios. Los registros en las celdas no requieren los requisitos y garantías establecidos para los domicilios particulares. En esta relación de sujeción especial con el interno, pueden establecerse restricciones legales a los derechos de los internos, como la que establece el Art. 23 de la L.O.G.P. y desarrolla el Art. 68 del R.P., donde, como es 279

Formación Contínua Acaip-Federación SAP lógico, no se exige con carácter general una previa resolución judicial para la realización de los registros rutinarios, delegando esa decisión en los Funcionarios del Centro, sin perjuicio del control posterior del Juez de Vigilancia a través de los Recursos correspondientes. En el caso presente, por tanto, no se conculcó derecho alguno de la recurrente, máxime cuando tampoco se alega por la misma una reiteración abusiva en los registros de la celda. En la concreción de los artículos u objetos que pueden entrar en el catálogo de los no autorizados, son razonables los argumentos que expresa el Director del Centro al estimar que sólo las cintas de casete transparentes permiten un control suficiente de su contenido, puesto que las demás posibilitan la ocultación en su interior de sustancias prohibidas cuya localización estaría dificultada en un alto grado. Se desestima el Recurso de Ápelación. Auto del J.C.V.P. de 19/02/2004, sobre procedencia de sanción por falta muy grave como consecuencia de negativa a salir al patio en protesta por la política de dispersión

El recurrente admite que su negativa a salir al patio es un modo de protesta “por la política de dispersión” de lo que autodenominan “colectivo de presos políticos vascos”. El Recurso debe de ser desestimado siendo los hechos merecedores de sanción por constituir infracción disciplinaria muy grave del Art. 108 a) R.P. de 1981, que han de ser sancionados con 7 fines de semana de aislamiento en celda conforme al Art. 233 R.P. de 1996 en relación con el 237 al estimar, que estamos ante una infracción continuada. El plante colectivo de negarse a salir al patio es un caso de abuso de derecho por la intención declarada de su autor y las circunstancias en que se, realiza (medida de presión colectiva ejecutada por vía de desobediencia pasiva) que, sobrepasando manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, causa daño al buen orden del Establecimiento y a la necesaria convivencia ordenada en cuanto desafían el principio de autoridad.

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Legislación Penitenciaria Sentencia A.P. de Córdoba de 5 de Abril de 2002, sobre desestimación de queja planteada por interno sobre el trato prestado por personal del Centro donde cumple condena en Régimen Cerrado por considerar innecesario el ser sacado al patio exhibiendo los Funcionarios defensas de goma con carácter intimidatorio

Denunció en su día el interno a los Funcionarios del Módulo 15 del Centro, por cuanto, al sacar a los internos al patio, desde sus respectivas celdas, emplearon, a juicio del recurrente un rigor innecesario, portando, además de detectores de metales, porras que exhibieron con carácter intimidatorio; las cuales nuevamente exhibieron cuando procedieron a integrarlos a las celdas, acortando con estos procedimientos el tiempo que tienen concedido de estancia en el patio. Esta Sala comparte los criterios de la Magistrado Juez y ello es así, 1.º) Por cuanto del informe que obra en el expediente se desprende, por una parte, que nos encontramos ante un Módulo, el N.º 15, de Régimen Cerrado, lo que supone que debe de aplicarse el Art. 91 del R.P.; 2.º) que no se ha acreditado, se reitera, que se hiciese uso de las defensas de goma que portaban los Funcionarios; y 3.º) que tampoco se ha acreditado que la adopción de medidas especiales supusieran un retraso en el tiempo de estancia en el patio de los internos. En definitiva, si solo se ha actuado, a la vista de las especiales características del Módulo 15, adoptando medidas de seguridad y de control, no solo previstas, sino exigidas al Centro por Instrucción de la D.G.I.P. y no se ha acreditado, ni el uso de tales medios, que sí podrían conculcar los Arts. 45.3 de la L.O.G.P. y 72.1 del R.P., en el caso de que no se hubieran dado los supuestos en ellos establecidos, por lo que no se ha acreditado que se haya conculcado derecho alguno de los internos, y en concreto del recurrente, es evidente, como más arriba se dijo, máxime a la vista del informe del Ministerio Fiscal, que procede desestimar el Recurso.

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP Sentencia de la A.P. de Cádiz, de 9 de Febrero de 2000, sobre impugnación de resolución desestimatoria de petición de reducción del plazo de cancelación de anotaciones de sanciones por obtención de una recompensa

Cabe insistir de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal como el Art. 261 del R.P. establece la posibilidad de reducción del plazo de cancelación de las anotaciones de sanciones cuando se obtiene alguna de las recompensas previstas en el Art. 263 del R.P. como es el caso que nos encontramos, mas es lo cierto que tal posibilidad se establece con carácter potestativo y no obligatorio y así estando correctamente fundado el acuerdo del Centro Penitenciario por el que se deniega tal posibilidad (escaso tiempo de observación, sanción próxima en el tiempo y regresión de grado reciente) no procede sino la desestimación de la Queja interpuesta. Sentencia de 22 de Octubre de 2004, Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sobre Recurso de Casación contra Sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó Recurso Contencioso Administrativo contra resolución del Ministerio del Interior, denegatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial. El Tribunal Supremo estima el Recurso de Casación

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública (Instituciones Penitenciarias) por mal funcionamiento de los Servicios Públicos: Indemnización. Requisitos y nexo causal: Indemnización por suicidio del interno en Centro Penitenciario por no adoptar de cuidados especiales

“… a la producción del resultado dañoso contribuyo de forma trascendente la conducta del interno, producto de su tendencia suicida, pero... no se adoptaron unos cuidados especiales que hubieran podido evitar el intento de suicidio, concurriendo un elemento de anormalidad en el servicio público prestado, hecho que determina por sí mismo la estimación del Recurso de Casación interpuesto y la estimación parcial de la demanda deducida en la instancia, por existir responsabilidad patrimonial imputable a la Administración Penitenciaria del Estado”. 282

Legislación Penitenciaria Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 12 de Abril de 2005, sobre Recurso de Casación contra Sentencia del T.S.J. de Cataluña que desestima Recurso Contencioso-Administrativo contra resolución de la Generalidad de Cataluña denegatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de quemaduras sufridas en el incendio causado en la celda que ocupaba el hijo de la recurrente en el Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona

Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Inexistencia de quemaduras producidas en incendio de celda provocado en exclusiva y por la actitud violenta del interno. Ausencia de omisión del deber del cuidado y vigilancia por parte de la Administración Penitenciaria. Indemnización improcedente.

“Distinto hubiera sido para el éxito del presente Recurso que la sentencia impugnada en su relato de hechos probados hubiera declarado que el interno fue trasladado a una celda de aislamiento, en cuyo caso la Administración Penitenciaria debió cumplimentar lo ordenado en los Arts. 19.1 L.O.G.P. y 65, 70 y 90.2 del R.P., y consiguientemente requisar el encendedor que portaba el suicida...”. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Junio de 2002 por la que se reconoce el derecho a indemnización por homicidio perpetrado por liberado condicional

La Sala estima el Recurso en base a los siguientes argumentos: La Administración actuó correcta y diligentemente, tanto en la concesión de la Libertad Condicional del penado, como en su posterior vigilancia y tutela durante todo el período que aquél permaneció en la referida situación. La obligación de soportar individualmente el daño sufrido no puede imputarse a los perjudicados cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportar los riesgos que objetivamente debe asumir la sociedad en la concesión de los beneficios penitenciarios de esta naturaleza, que por perseguir la reinserción social del penado deben ser soportados por toda la sociedad porque así lo impone la función de resocialización propia de la pena que establece la 283

Formación Contínua Acaip-Federación SAP propia Constitución y ello porque, con arreglo a la conciencia social no es adecuado que tales perjuicios sean soportados de manera individual por aquellos en quienes se concretan los resultados dañosos de los inevitables fracasos penitenciarios, sino que deben ser compartidos en virtud del principio de solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el gasto público que, como tal, no puede gravar sobre un solo ciudadano y, por tanto, debe repartirse entre todos, a través de la correspondiente indemnización de la víctima, cuya carga definitiva, por la mecánica del impuesto, incumbe a los contribuyentes. Aún existiendo un funcionamiento normal de la Administración Penitenciaria, se reconoce la indemnización en base al principio de solidaridad, por los daños ocasionados por un liberado condicional, dado que los riesgos de tal situación deben ser soportados por toda la sociedad al no existir por parte de la víctima un deber jurídico de soportar individualmente el daño. Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de Octubre de 2003, sobre reconocimiento de indemnización por fallecimiento de un interno al que se le suminsitró metadona por la A.T.S. sin requerírsele D.I.I., lo que posibilitó que fuera engañada y no ser este su destinatario

En el caso de autos consta que en el Centro Penitenciario se suministró la dosis al interno previa solicitud de su identificación, pero la A.T.S. que se encontraba de servicio no comprobó la verdadera identidad de los presos, que poseen un Documento de Identidad Interior. Esta ausencia de comprobación permitió al fallecido alegar una identidad falsa y acceder al consumo de metadona y, por tanto, existió un funcionamiento anormal, de hecho se infringió la práctica habitual tendente a asegurar la identidad entre el solicitante y el consumidor. No obstante, no se puede obviar que la conducta del interno fue determinante para la producción del efecto lesivo y por tanto la efectividad del resultado no es sólo imputable a la Administración, sino también al fallecido, que accedió al consumo engañando consciente y dolosamente. Lo anterior no puede suponer una ausencia total de responsabilidad de la Administración, pues se infringieron normas de prudencia mínimas que de adoptarse, y pese al engaño del interno, hubiesen evitado la muerte, por lo que en la cuantía de la indemnización en concepto 284

Legislación Penitenciaria de responsabilidad patrimonial debe ponderarse la existencia de una concurrencia de causas, otorgándose en consecuencia sólo una tercera parte de la que procedería de no concurrir la conducta del fallecido. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Octubre de 2004 por la que se concede indemnización a resultas del intento de suicidio de un interno que queda parapléjico En el caso en el que se reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por el familiar de un interno en un Centro Penitenciario Psiquiátrico que tras un intento de suicidio quedó parapléjico, es cierto que a la producción del resultado dañoso contribuyó de forma trascendente la conducta del interno, producto de su tendencia suicida, pero la Administración Penitenciaria no adoptó unos cuidados especiales que hubieran podido evitar el intento de suicidio, concurriendo un elemento de anormalidad en el servicio público prestado, hecho que determina, por sí mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración. En el Centro Psiquiátrico era perfectamente conocido que el citado interno padecía una esquizofrenia paranoide, con altos y bajos en su evolución, que había experimentado un retroceso y agudización en los días anteriores al intento de suicidio, constatando en el expediente administrativo que el día antes del intento de suicidio dice tener un mal pensamiento, lo que es una clara explicitación de una evidente voluntad suicida. Pese a esos antecedentes se le permite salir al patio, cuando en días anteriores no había querido salir de la celda, y es evidente que en esa salida al patio, que no consta en el expediente como pautada de manera positiva para hacer frente a ese estado de desasosiego, alteración y depresión que la Administración conocía desde el día anterior, se produce una defectuosa vigilancia, insuficiente para evitar que se encaramase a una de las canastas de baloncesto - actuación ésta que no puede reputarse como habitual sino como insólita en la actuación ordinaria de los internos arrojándose desde ella.

285

Formación Contínua Acaip-Federación SAP Sentencia A.P. de Cádiz de 1 de Abril de 2000, sobre desestimación de Queja por denegación de comunicación con su compañera ya prevista, por el hecho de estar en aislamiento

Aislamiento significa incomunicación y por eso la sanción de aislamiento parece lógico que conlleve la inexistencia de comunicaciones mientras dure y de ahí que la legislación penitenciaria, prevea que el aislado permanezca en la celda con sólo dos horas diarias de paseo en solitario e incluso sin recibir paquetes ni poder adquirir productos del Economato, lo que indica esa incomunicación que se muestra incompatible con mantener comunicaciones ordinarias. Esto que es lo lógico, dado el término aislamiento, no se estima que contravenga el Art. 51 de la L.O.G.P. (el párrafo segundo del apartado primero de ese precepto cuando indica que las comunicaciones orales y escritas no tendrán más restricciones que las impuestas por razones de seguridad, interés del tratamiento y buen orden del Establecimiento se refiere no a cualquier restricción sino en concreto a las relativas a las personas y al modo de las comunicaciones) con lo que es claro que mencionando esas restricciones por la clase de comunicación o por las personas no se refiere más que a esos casos y no excluye pues otras posibilidades de restricción o incluso suspensión como es la que, por lo dicho al principio debe acompañar al aislamiento. El apartado 5 del Art. 51 tampoco se opone a la interpretación que se mantiene, porque el hecho de que ese apartado disponga que el Director del Establecimiento puede suspender o intervenir motivadamente las comunicaciones orales y escritas, dando cuenta a la Autoridad Judicial, se refiere o lo que dice, esto es, a las facultades restrictivas del Director del sistema de resolución, que de ser restrictiva es lógico se funde en los supuestos del párrafo segundo del apartado primero del propio Art. 51, pero que se refiera a esas facultades del Director no quita para que haya otros casos de suspensión de comunicaciones y como queda dicho entre esos otros casos está la suspensión que debe acompañar por lógica a la sanción de aislamiento. Por todo ese desestima la Queja presentada.

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Legislación Penitenciaria Sentencia de la A.P. de Madrid, de 5 de Mayo de 2003, sobre intervención de drogas a visitantes

A los acusados con ocasión de visita personal al interno se les detectan drogas peligrosas en los controles físicos. La madre acudió al Centro para mantener una comunicación de las conocidas como de “vis a vis”. Cuando iban a pasar el control previo a la sala de visitas privadas, la Funcionaria de Prisiones encargada de controlar y habilitar la entrada de objetos prohibidos en el Centro le pidió que le exhibiera todo lo que llevara en los bolsillos del abrigo. La madre obedeciendo a lo que le pedían dejó encima de la bandeja preparada para ese tipo de objetos los dos guantes que llevaba. La Funcionaria al examinar los guantes encontró en el interior de los mismos sustancias con el aspecto de tratarse de drogas prohibidas (cocaína y hachis). Se condena a la mujer a la pena de dos años de prisión. Providencia del J.V.P. de Madrid de fecha 30/3/05, aclarando el matiz previsto en el Art. 248 b) R.P., sobre posibilidad de recurrir verbalmente ante el J.V.P. sanciones disciplinarias

Dada cuenta del anterior expediente disciplinario infórmese al interno que la interposición del Recurso ante el J.V.P., verbalmente en el acto de la notificación, que prevé el art. 248 b) del R.P., está referida a la posibilidad de Recurrir realizando las alegaciones que estime oportunas cuando se le notifica por el Funcionario el acuerdo sancionador. En consecuencia, en este acto de la notificación se realizarán las alegaciones verbales que serán recogidas por el Funcionario notificante, no estando prevista la presencia física del J.V.P. Así resulta de la doctrina del T.C. en Sentencia de 1992 que señala: “...el interno podrá Recurrir las sanciones tanto por escrito como verbalmente, pero del mismo (R.P.) no se deduce la tesis del hoy recurrente de un derecho a recurrir verbalmente y personalmente ante el J.V.P., con presencia física de éste, para formalizarle verbalmente las alegaciones una vez manifestada su voluntad de recurrir, desde luego, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva impone dicha interpretación del precepto reglamentario”.

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Formación Contínua Acaip-Federación SAP Sentencia A.P. de Huesca, de 26 de Febrero de 2001, sobre solicitud de revocación de concesión de tercer grado de tratamiento. Necesidad de una intervención específica para deshabituación de drogodependencia La Junta de Tratamiento acordó el mantenimiento del segundo grado porque el recurrente debía modificar sus actitudes, haciéndose constar en el acuerdo que el interno había cometido faltas disciplinarias que aún no habían sido canceladas. Se deniega igualmente la progresión al tercer grado con apoyo en el Art. 104.4, ya que consta en autos un informe médico del Centro en el que se señala que el apelante es un paciente... De estas circunstancias, sin embargo, no cabe inferir que el interno esté incapacitado fisicamente para delinquir, que es lo se viene a indicar en el Art. 104.4. como fundamento de la progresión al tercer grado. Como se señala en la Sentencia de la A.P. de Huesca de 28 de Julio de 1998 en el caso que nos ocupa, es indudable que concurre el requisito de la existencia de una enfermedad grave e incurable; empero, sí que es harto discutible que la enfermedad haya sumido al interno en un estado de postración tal que su continuación dentro del Centro afecte a su dignidad personal”. Se desestima el Recurso. Sentencia A.P. de Cádiz, de fecha 9 de Noviembre de 2004, sobre denegación del tercer grado, Artículo 104.4 del R.P.

La única razón que aconsejaría la progresión de grado del interno es la relativa a la enfermedad incurable que padece. Ahora bien, la jurisprudencia en la materia recogida, además de en las resoluciones que el recurrente cita, en el Auto de la Sala 2.ª del T.C. de 25 de Marzo de 1996, se exige que la dolencia padecida por el interno se agrave con motivo de su estancia en la prisión, y que de incidir negativamente en su salud debe determinar el pase a la situación de semilibertad del mismo. Sin embargo, en el presente caso en ningún momento se afirma por el informe médico que en el interno se aprecie signo de ansiedad alguno y que la situación implícita en el grado que se pretende iba a influir positivamente en su estado de salud. No se trata por otra parte de que con esta semilibertad el interno fuera a evolucionar 288

Legislación Penitenciaria positivamente en la enfermedad que padece, sino de que la privación de libertad repercutiera de manera negativa sobre su salud y pudiera temerse racionalmente que esta se iba a agravar de permanecer en prisión. Pues bien, es evidente que en el presente caso no puede sostenerse tal afirmación y más cuando el acogimiento post-penitenciario del recurrente en el Centro tramitado por el Departamento de Trabajo Social no iba a implicar, en el supuesto de que no lo abandonara como ya hizo en una ocasión anterior, la aplicación de un tratamiento sanitario de mayor efectividad y por ello más beneficioso para su salud que el que actualmente recibe en el Centro Penitenciario de su actual permanencia. Se desestima el Recurso. Auto A.P. de Pamplona de fecha 23 de Septiembre de 2005, sobre Permisos Ordinarios de Salida

El interno cumple una condena de 26 años y ocho meses de prisión por un delito de asesinato, perpetrado en la persona de un vecino de la localidad de.. en donde piensa disfrutar el permiso. El Art. 154 del R.P., establece una potestad para conceder permiso siempre que se haya cumplido la cuarta parte de la condena y se observe buena conducta, pero aún concurriendo dichos requisitos ello no significa que automáticamente se haya de conceder el permiso solicitado; en función de otras circunstancias, se puede denegar. El tipo delictivo por el que fue condenado, asesinato, que el lugar donde va a disfrutar el permiso es pequeño, puede dar lugar a una repercusión negativa en el entorno, que podría repercutir desfavorablemente en el tratamiento el interno. Se desestima el Recurso no habiendo lugar a la concesión del permiso. Auto de la A.P. de Cantabria de 17 de Enero de 2000, sobre Permisos Ordinarios de Salida

El disfrute de permisos de salida no constituye un derecho absoluto e incondicionado del interno, sino que está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos objetivos y subjetivos. Tanto unos como otros son necesarios para que proceda la concesión, de modo que, si falta alguno, la decisión deberá ser denegatoria del permiso. En el caso del recurrente, su 289

Formación Contínua Acaip-Federación SAP comportamiento es normal, solo ha sido sancionado una vez por falta leve cancelada, le quedan tres meses para cumplir las 3/4 partes de la condena, lo cual ciertamente resulta algo anormal y contrario al espíritu del tratamiento. Se estima el Recurso. Auto A.P. de Albacete de 19 de Junio de 2002 sobre peticion de Módulo de no fumadores en el Centro Penitenciario

El Auto razona esencialmente en dos fundamentos la desestimación de la queja formulada por falta de Módulo de no fumadores: a) Por un lado, la inviabilidad fisica de poder hacerlo, y b) Por cuanto la clasificación de los internos no puede obedecer a la condición de fumadores o no. Tales argumentos deben mantenerse y ello esencialmente por cuanto la normativa penitenciaria (Art. 16 L.O.G.P. y Art.. 99 R.P) establece una separación de los internos teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes, estado fisico y mental y las exigencias del tratamiento. Lo expuesto no contraviene ningún derecho fundamental, pues aunque ciertamente como apunta el R.D. 192/1988 de 4 de Marzo, el consumo de tabaco constituye un riesgo para la salud, incluso para, los no fumadores vinculados a su presencia, en ambientes donde se fuma y tambien es cierto que el Art. 15 C.E. se refiere a la vida y a la integridad fisica, lo es con un alcance distinto al que se plantea por el recurrente; piénsese por ejemplo en cualquier tipo normal de contaminación. Pero en todo caso no puede olvidarse el Art. 25 C.E., parte de cuyo desarrollo lo constituye la normativa penitenciaria antes apuntada. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Junio de 2006 sobre Recurso de Unificación de Doctrina en materia penitenciaria

Se declara que el ámbito de aplicación de la Disposición Transitoria Única de la L.O.7/2003, de 30 de Junio queda delimitado exclusivamente para los casos en los que sea procedente la aplicación del Art. 90 y 93.2 del C.P. y 72.5 y 6 de la L.O.G.P., debiéndose excluir de su aplicación cualquier otro precepto del C.P., que no venga expresamente mencionado en dicha Disposición. Por tanto, queda fuera de la vigencia extraordinaria que dicha Disposición declara, el Art. 36 del C.P. en su versión anterior a la L.O. 7/2003. 290

Legislación Penitenciaria En consecuencia no es exigible el cumplimiento de la mitad de la condena de prisión a los penados por hechos delictivos cometidos antes de la vigencia de la actual redacción del Art. 36, y por tanto sólo les será aplicable la exigencia del cumplimiento de la mitad de la condena de prisión cuando los hechos se hayan cometido con posterioridad a la vigencia del texto del Art. 36.2, que entró en vigor el día 2 de Julio de 2003. Sentencia A.P. de Madrid de 11 de Abril sobre Pretensión desestimada ejercitada por la acción popular de personarse en los expedientes penitenciarios de los penados y en que se le facilitara la información suministrada

El control de la legalidad de la actuación de las Autoridades y Funcionarios encargados de la ejecución material de las penas privativas de libertad no corresponde sin embargo al Tribunal Sentenciador sino al Juzgado de Vigilancia Cuando la Administración Penitenciaria acuerda mantener o variar la clasificación de un penado conforme a las competencias que le atribuyen el artículo 103 y concordantes del R.P., corresponde al Juez de Vigilancia conocer de los Recursos contra dicho acuerdo, conforme al Art. 76 de la Ley y al 105.2 del Reglamento. Y ese mismo artículo y el 107 del R.P., establecen a quienes deben notificarse los acuerdos de la Administración al interno y al Ministerio Fiscal. Auto del J.V.P. de Madrid, de 10 de Diciembre de 2004 sobre aplicación del Principio de Flexibilidad del Art. 100.2 R.P. a extranjero residente ilegal, autorizando permisos

El penado ha disfrutado de numerosos permisos sin que conste su mal uso y contando con el apoyo de amigos y familiares. Su conducta en prisión no es mala, pero la evolución no acaba de ser positiva en razón de la falta de arraigo de actitudes prosociales y su superficial asunción del delito. De otra parte, fuera del hecho de la condena le sitúa ilegalmente en España, carece de permiso de residencia en la misma. No son elementos que preconicen la progresión a un grado que lleva consigo un régimen de semilibertad para lo cual habrá que esperar al menos a que la condena cumpla eficazmente sus 291

Formación Contínua Acaip-Federación SAP finalidades preventivas. Sin embargo, el buen uso de los permisos de salida debe ser estimulado así como el esfuerzo por trabajar en prisión. Al efecto y conforme al Art. 100.2 del R.P., se acordará el mantenimiento del penado en el segundo grado pero con las variantes propias del tercero de ampliar hasta 48 días los días de permisos que puede disfrutar al año y de la salida del Centro durante fines de semana alternos. Sentencia 4/2004, del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales: (Falta de competencia del J.V.P. en materia de traslados)

El traslado de un penado a un Establecimiento a propuesta de la Junta de Tratamiento compete a la Dirección General de I.P. en exclusiva, siendo atribución del J.V.P. preservada por el Art. 31 del R.P., la de controlar la corrección del acuerdo de revisión de grado. Los órganos administrativos son los que, tienen cabal conocimiento de la verdadera situación de los Centros y de la posibilidad de internamiento que estos ofrecen con arreglo a los medios materiales y personales disponibles, advirtiendo finalmente que el fomento de la vinculación familiar, programado dentro del tratamiento, no puede alterar la distribución de competencias establecidas. Sentencia A.P. de Navarra, de 9 de Noviembre de 2004, imputando delito por envío de cartas con remite falso a miembros de E.T.A.

Envío de cartas a presos de E.T.A. apoyando su lucha armada, utilizando un remite falso con la identidad de un tercero: Los hechos probados son constitutivos de un delito de falsificación de documentos privados del Art. 395 en relación con el Art. 390.1.3 del C.P. de 1995. Respecto de la individualización de la pena, debe valorarse tanto el perfil criminógeno del culpable como el daño personal y moral causado por la utilización fraudulenta de la identidad de quien lidera un partido abertzale con notoria relevancia en la Comunidad Foral, al atribuirle la autoría de expresiones totalmente contrarias a la opción política que defiende.

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Legislación Penitenciaria Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Enero de 2006, resolviendo Recurso de Amparo por retención de una revista de circulación legal a preso por delitos de terrorismo (E.T.A.)

Según la Sentencia los objetivos perseguidos por el Centro Penitenciario al retener la revista “Kale Gorria” (proteger la seguridad y buen orden del Centro Penitenciario y contribuir al tratamiento individualizado del recurrente) son no sólo constitucionalmente legítimos, sino también obligados. No debe olvidarse que el recurrente cumple condena por la comisión de delitos relacionados con el terrorismo de la banda E.T.A., fenómeno de incuestionable gravedad “cuya realidad se remonta más de treinta años en el pasado, y en el que la legitimación del terror siempre se ha buscado por sus artífices desde el principio de equivalencia entre la naturaleza de las fuerzas enfrentadas, presentándose como única salida para la resolución de un pretendido conflicto histórico, inasequible a los procedimientos del Derecho”, como advertimos en S.T.C. 5/2004, de 16 de Enero.

Que la medida de retención afecte a una revista de circulación legal contra la que en ningún momento se han abierto diligencias por su posible ilicitud penal no es óbice, en contra de lo sostenido por el recurrente y por el Ministerio Fiscal, para que la medida cuestionada deba considerarse en este caso como ajustada al principio de proporcionalidad en sentido estricto, toda vez que dadas las especiales características del fenómeno terrorista y, como se ha señalado anteriormente, el hecho que en el pasado se haya constatado que publicaciones legales pueden ser utilizadas para enviar mensajes encubiertos, para alentar comportamientos concertados en el ámbito de los Centros Penitenciarios o incluso para señalar objetivos terroristas justifica que no resulte exigible explicar pormenorizadamente qué contenidos concretos de los números de la revista “Kale Gorria” retenidos al recurrente son susceptibles de poner en peligro las finalidades constitucionalmente legítimas que se pretenden conseguir con dicha medida.

En suma, en el presente caso la restricción del derecho a recibir libremente información consistente en la retención de unos números concretos de una determinada revista a un interno perteneciente a una organización terrorista que ha tenido y tiene, entre otros repudiables objetivos, el de atentar contra la vida y la libertad de los Funcionarios de Prisiones, como hemos constatado 293

Formación Contínua Acaip-Federación SAP expresamente (S.S.T.C. 200/1997, de 24 de Noviembre; 141/1999, de 22 de Julio; y 106/2001, de 23 de Abril, antes citadas), aparece como justificada para la preservación de derechos fundamentales y valores dignos de protección constitucional, como son los derechos a la vida e integridad física de otras personas (Art. 15 C.E.) y a la libertad personal (Art. 17.1 C.E.), así como el tratamiento de los recursos en orden a su reeducación y reinserción social (Art. 25.2 C.E.) y la preservación de la seguridad y buen orden del Establecimiento Penitenciario (Art. 58 L.O.G.P.), en cuanto que razonablemente cabe entender que los números de la revista retenidos por el Centro Penitenciario podían contener subrepticiamente alguna información, dato, instrucción o mensaje destinado al demandante o a otros internos, que comprometiesen directa o indirectamente los referidos derechos fundamentales y valores dignos de protección constitucional, por lo que debe rechazarse la pretendida lesión del derecho fundamental garantizado por el Art. 20.1 d) C.E. Auto J.V.P. de Madrid de fecha 23/08/05, sobre limitación en la aplicación del Art. 100.2 R.P. (Principio de Flexibilidad)

El Art. 100.2. del R.P. en que se basa la decisión de la D.G.I.P. es ante todo, un precepto reglamentario, como tal, que no puede violar preceptos de la L.O.G.P. o del C.P. por el elemental principio de jararquía normativa. En el mismo se establece, en base al postulado de flexibilización de grados, la posibilidad de combinar elementos del segundo y tercer grado (o del primero y segundo). La medida, como el propio precepto establece, tiene carácter excepcional y debe fundamentarse en un programa específico de tratamiento. Cualquiera que sea la generosidad hermenéutica con la que se aborde el precepto es claro que la combinación de elementos de uno y otro grado es factor esencial y que debe concretarse específicamente en el momento de aplicar el precepto. En el caso que nos ocupa, ni una sola referencia contiene el acuerdo a qué elementos de segundo grado permanecen y cuáles del tercer grado se aplican. Resulta obvio que ese artículo no puede utilizarse como un tercer grado encubierto, lo que sucedería si el régimen derivado de su aplicación fueran todos los elementos del tercer grado y ninguno del segundo. Ello, obviamente, impediría al J.V.P. 294

Legislación Penitenciaria conceder su aprobación prevista en el propio Art. 100.2 R.P. y eso es exactamente lo que sucede en este caso. La única referencia a un régimen concreto es el Art. 86.4 del R.P. Ese precepto regula las salidas del Establecimiento y se aplica a los internos en tercer grado consistiendo en un régimen de excepción, precisamente a la obligación de pernoctar en el Establecimiento. Esto no quiere decir que esa posibilidad no sea aplicable a un interno clasificado en segundo grado, (Art. 100.2 R.P.), pero siempre que tenga limitaciones propias del segundo grado, porque referirse al mismo como única medida consiste en eliminar de raíz cualquier elemento del segundo grado y aplicar el máximo posible previsto legalmente para los internos en tercer grado de tratamiento, lo que aproxima la situación de facto del interno en dicho grado a una libertad condicional. De hecho, el interno en cuestión ni se encuentra interno en el Establecimiento Penitenciario, ni pernocta en ningún C.I.S., ni tiene obligaciones, que sepamos de permanencia en su domicilio, ni ninguna otra que resulte conocida de este Juzgado. Por ello, al no concretar elementos de segundo y tercer grado combinados, al implicar de facto un tercer grado de máximo alcance, sin más limitación que la teórica de que no podrá ascenderse a la libertad condicional sin previamente declararse formalmente el tercer grado, el acuerdo de la Dirección General es nulo de pleno derecho, sin perjuicio, obviamente de que las competencias que tiene legalmente atribuidas le permitan clasificar al interno en cuestión, si lo estima oportuno, en tercer grado de tratamiento, incluso si lo estima adecuado, aplicando el Art. 86.4 y, en ese caso, el control de legalidad se ejercería por el Ministerio Fiscal impugnando el acuerdo correspondiente, pero ese efecto no puede alcanzarse por la vía del Art. 100.2 del R.P., por que implicaría un tercer grado de encubrimiento que contraviene el principio de jerarquía normativa. Auto J.V.P. de Málaga de fecha 16/06/00, denegando destino al Departamento de Mujeres de internos en espera para operación de cambio de sexo

Los internos piden el pase a un Módulo de Mujeres. Tal petición no puede ser estimada pues, legalmente, por mucho que estén esperando la práctica de una intervención para cambio de sexo, en tanto en cuanto no tenga lugar 295

Formación Contínua Acaip-Federación SAP aquélla, a todos los efectos son hombres, con lo cual, conforme a los criterios de ubicación del Art. 16 de la L.O.G.P. su ubicación es correcta.

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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DEL CURSO DE LEGISLACION PENITENCIARIA Acaip-SAP/Formación

MÓDULOS I AL III

Cuestionario de Test. (30 preguntas de respuesta alternativa) 1)

La relación jurídico-penitenciaria se inicia con:

a) El ingreso en prisión. b) La sentencia firme.

c) La clasificación penitenciaria. 2)

d) La detención o prisión.

La expulsión judicial, sustitutiva de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad impuestas, por la expulsión del territorio nacional, procede para:

a) Extranjeros residentes legales e ilegales.

b) Españoles residentes legalmente en el extranjero. c) Extranjeros residentes ilegalmente en España.

3)

d) Las respuestas b) y c) pueden ser correctas.

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad:

a) Puede tratarse de una pena grave, menos grave y leve.

b) Cuando se imponga por delito tendrá una duración de uno a 180 días.

c) Se trata de una pena privativa de derechos.

d) Salvo excepciones, no se supeditará al logro de intereses económicos. 297


La pena de localización permanente tendrá una duración de hasta: a) Doce días. b) Un mes.

c) Tres meses. d) Un año.

5)

Compensar las carencias del recluso ofreciéndole todas las posibilidades necesarias para facilitar su aprendizaje de cara a que cuando se produzca su libertad sepa reaccionar debidamente:

a) Supone la reeducación.

a) Es lo que se denomina tratamiento penitenciario.

c) Hace referencia a lo que se entiende por reinserción social.

d) Es parte del contenido del Art. 25.2 C.E. 6)

De las siguientes, se tratará de una pena “menos grave” en todos los casos:

a) Trabajos en beneficio de la comunidad.

b) Multa proporcional.

c) Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

d) Localización permanente. 7)

La estancia de preventivos o penados en el Departamento de Ingresos será como máximo, de: a) Cuarenta y ocho horas. b) Tres días.

c) Cinco días.

d) El Art. 20 del R.P. no establece plazo máximo al efecto.

298

Legislación Penitenciaria 8)

El que la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Ley, los Reglamentos y las Sentencias Judiciales, constituye para los internos una garantía:

a) Judicial.

b) Normativa.

c) Penitenciaria. d) Institucional.

9)

Los Jueces de Vigilancia conocerán de la intervención de comunicaciones escritas a internos preventivos:

a) Siempre. b) Nunca.

c) Cuando se lleve a cabo entre internos de distintos Centros Penitenciarios. d) Cuando se trate de internos por delitos de terrorismo.

10) Las comunicaciones extraordinarias por el sistema de videoconferencia se podrán autorizar, en su caso por: a) El Director del Establecimiento.

b) El Centro Directivo, exclusivamente.

c) El Centro Directivo y por el Director del Establecimiento.

d) El Subdirector de Seguridad del Establecimiento, dando cuenta al Director.

11) El derecho al trabajo reconocido en el Art. 25.2 de la Constitución: a) Se reconoce exclusivamente para los penados.

b) No se trata de un derecho fundamental pleno, toda vez que es un derecho de aplicación progresiva. c) No se trata de ningún derecho fundamental.

d) Es un derecho potestativo para la Administración Penitenciaria. 299

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 12) En los supuestos de ingresos de transexuales, el criterio de integración a aplicarse será: a) Identidad sexual aparente.

b) Identidad psico-social de género. c) Identidad sexual psicológica.

d) Identidad legal (la que conste en el DNI o Pasaporte).

13) La expulsión administrativa posterior al cumplimiento de la condena conllevará una prohibición de entrada en el territorio nacional por un periodo de: a) Entre tres y diez años. b) Diez años.

c) Entre tres y cinco años.

d) Diez años como mínimo.

14) Para la concesión de libertad condicional, se requiere oír previamente al Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes: a) Siempre, sea cual sea el tipo de libertad condicional. b) Nunca.

c) Sólo para la libertad condicional adelantada cualificada, del Art. 91.2 del C. Penal. d) Para la libertad condicional anticipada por motivos humanitarios y de dignidad personal, del Art. 92 del C. Penal.

15) El llamado “periodo de seguridad” de observación, en su caso, para la clasificación en tercer grado: a) Se introduce en la LOGP por LO 7/2003, de 30 de Junio.

b) Es de aplicación en todo caso para condenados por delitos de terrorismo de los contemplados en los Arts. 571 al 580 del C. Penal o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. 300

Legislación Penitenciaria c) Requiere para su aplicación de propuesta de Instituciones Penitenciarias e informe del Ministerio Fiscal.

d) Todas las respuestas son correctas.

16) Un detenido podrá ser excarcelado por el Director antes de transcurridas las 72 horas desde el momento del ingreso, sin haberse recibido la documentación que legalice al mismo: a) Nunca.

b) Siempre.

c) En caso de ingresos llevados a cabo por la Policía Judicial, de acuerdo con el Art. 15.2 R.P.

d) La respuesta c) es correcta, así como también en los supuestos en que la Orden de detención proceda del Ministerio Fiscal, conforme al Art. 15.3 R.P.

17) La expulsión administrativa con autorización judicial procede, en su caso, para delitos castigados con pena privativa de libertad: a) Inferior a seis años.

b) Igual o superior a seis años. c) Igual o inferior a seis años. d) Superior a seis años.

18) Las salidas programadas reguladas en el Art. 114 R.P. serán autorizadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria: a) Siempre.

b) Sólo si superan los dos días de duración y se trata de penados clasificados en segundo grado de tratamiento.

c) La respuesta b) es correcta, así como también cuando se trate de penados clasificados en primer grado de tratamiento.

d) Las salidas programadas se autorizan siempre por el Centro Directivo.

301

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 19) Los estudios universitarios de los internos se realizarán a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): a) Siempre.

b) Preferentemente.

c) En los supuestos de internos por delitos de terrorismo.

d) Cuando así lo determine la correspondiente Unidad Educativa.

20) En referencia al beneficio penitenciario del indulto particular, el Juez de Vigilancia: a) Lo tramita.

b) Lo autoriza.

c) Lo concede. d) Lo solicita.

21) El Ministerio Fiscal conoce de la clasificación de un penado en tercer grado de tratamiento: a) Nunca.

b) Siempre.

c) Sólo si es de aplicación el llamado “periodo de seguridad”.

d) Cuando dicha clasificación se deba a la Junta de Tratamiento por tratarse de condenas igual o inferiores a un año.

22) Cuando a un penado se le aplica el Art. 100.2 R.P., ello hace referencia a: a) El principio de oportunidad. b) El principio de flexibilidad.

c) El principio de mínima intervención. d) El principio de corresponsabilidad.

302

Legislación Penitenciaria 23) El tiempo pasado en libertad condicional no se computará a efectos del cumplimiento de la pena en los supuestos de revocación del Art. 93 del C. Penal: a) Para los condenados por delitos de terrorismo.

b) Para los condenados por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) El tiempo pasado en libertad condicional siempre se computa a efectos del cumplimiento de la pena. 24) La definición del tratamiento como “conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados”, se lleva a cabo por: a) El Art. 25.2 de la C.E.

b) El Art. 59 de la LOGP.

c) El Art. 99 del RP.

d) El Art. 72.5 de la LOGP. 25) El horario de un Centro Penitenciario donde se desarrolla un programa basado en el principio de comunidad terapéutica, será aprobado por: a) El Centro Directivo.

b) El Consejo de Dirección.

c) La Junta de Tratamiento. d) El Director.

303

Formación Contínua Acaip-Federación SAP 26) La observación directa es aquella que se hace en situaciones previamente seleccionadas y abarca a distintos tipos, entre los que no se contempla que pueda ser: a) Simple.

b) Circunstancial. c) Puntual.

d) Experimental.

27) En referencia a la Orden Europea de Detención y Entrega (EUROORDEN), en caso de que la persona reclamada no consienta en la entrega, la decisión se adoptará en: a) Los 10 días siguientes a la detención.

b) Los 30 días siguientes a la detención.

c) Los 60 días siguientes a la detención.

d) Los 90 días siguientes a la detención.

28) Los permisos extraordinarios para consulta ambulatoria o ingreso en un Centro Hospitalario de acuerdo con lo establecido en el Art. 155.4 RP, abarcarán a: a) Penados clasificados en tercer grado, exclusivamente. b) Penados clasificados en segundo y tercer grado.

c) Penados clasificados en segundo y tercer grado que disfruten habitualmente de permisos ordinarios. d) Cualquier interno, siempre que pueda autorizárseles el desplazamiento en autogobierno.

29) La acumulación jurídica contemplada en el Art. 76 del C. Penal puede alcanzar un límite máximo de: a) 20 años de prisión.

b) 25 años de prisión.

c) 30 años de prisión.

d) 40 años de prisión. 304

Legislación Penitenciaria 30) Los penados que tuviesen además pendiente una o varias causas en situación de preventivo, podrán ser clasificados: a) Excepcionalmente.

b) Sólo en segundo grado de tratamiento.

c) Sólo en primero o segundo grado de tratamiento. d) No podrán ser clasificados.

305


306


CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DEL CURSO DE LEGISLACION PENITENCIARIA Acaip-SAP/Formación

MÓDULOS IV AL VII

Cuestionario de Test. (30 preguntas de respuesta alternativa) 1)

A un Departamento Mixto no podrán ser destinados de acuerdo con lo establecido reglamentariamente penados por delitos: a) De violencia de género.

b) Contra la libertad e indemnidad sexuales.

c) De homicidio.

d) Sólo las respuestas a) y b) son correctas. 2)

La Junta Económico-Administrativa de un Centro Penitenciario se reúne con una periodicidad:

a) Semanal. b) Mensual.

c) Trimestral.

d) Semestral. 3)

Cuando decimos que a un interno se le aplica el Art. 86-4 R.P., ello hace referencia a: a) El disfrute del régimen abierto pleno.

b) El disfrute del régimen abierto restringido.

c) El control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados. 307

Formación Contínua Acaip-Federación SAP d) La clasificación en tercer grado de tratamiento con sujeción al principio de flexibilidad. 4)

Los medios coercitivos se depositan en aquél lugar o lugares que entienda idóneos:

a) El Centro Directivo. b) El Director.

c) El Subdirector de Seguridad.

d) El Administrador. 5)

Produciéndose una degradación del principio de “reserva de Ley”, la LOGP no contempla el catálogo de:

a) Infracciones. b) Sanciones.

c) Infracciones y sanciones.

d) Recompensas. 6)

La sanción de privación de permisos de salida:

a) Se podrá imponer por falta muy grave o grave.

b) Tendrá una duración de hasta tres meses como máximo.

c) Habrá de entenderse que se refiere al disfrute de permisos ordinarios. d) Procede en permisos ordinarios y extraordinarios.

7)

La prescripción de las faltas leves y de sus correspondientes sanciones se produce:

a) A los seis meses en ambos casos.

b) A los seis meses y al año, respectivamente.

c) Al año en ambos casos.

d) Al año y a los dos años, respectivamente.

308


La aplicación de una medida de seguridad privativa de libertad en base al Art. 20.1 del C. Penal, conlleva necesariamente el destino del interno a:

a) Un C.I.S.

b) Una Unidad Extrapenitenciaria.

c) Una Unidad Psiquiátrica Penitenciaria. d) Una Unidad Dependiente.

9)

Al autor de una infracción continuada de carácter muy grave por la que quepa imponer sanción de aislamiento de fin de semana, se le impondrá de acuerdo con lo regulado en el Art. 237 del R.P.:

a) De uno a siete fines de semana

b) Siete fines de semana.

c) De cuatro a siete fines de semana.

d) Dependerá en cada caso de la valoración de los hechos que al efecto haga la Comisión Disciplinaria para la determinación de la sanción.

10)

Contra los acuerdos definitivos de los órganos colegiados de un Centro Penitenciario, a excepción de los adoptados por la Comisión Disciplinaria, cabrá imponer:

a) Recurso de Alzada. b) Recurso Ordinario.

c) Recurso de Reposición.

d) Sólo cabe interponer queja. 11)

En los supuestos de negación del recusado sobre la causa de recusación a los efectos de lo contemplado en los Arts. 28 y 29 LRJAP-PAC, el superior resolverá al respecto en el plazo de:

a) Tres días.

b) Cinco días. c) Diez días. d) Un mes.

309


En los Centros de Inserción Social, cuando éstos tengan la consideración de Centros Penitenciarios autónomos, sus órganos colegiados se determinarán:

a) Por el Centro Directivo.

b) Por el Consejo de Dirección, en su primera reunión. c) Por el Director.

d) En la Orden de Creación del C.I.S.

13)

El Subdirector de un Centro Penitenciario que forma parte de más órganos colegiados como miembro de los mismos, es:

a) El de Seguridad.

b) El Médico.

c) El de Tratamiento. d) El de Régimen. 14)

La Junta de Tratamiento de un Centro Penitenciario se reunirá ordinariamente durante todo el año un total de:

a) 52 veces, una vez por semana.

b) 48 veces, cuatro veces por mes. c) 12 veces, una vez por mes.

d) 4 veces, una vez por trimestre. 15)

Se tratan de unidades arquitectónicas ubicadas fuera del recinto de los Centros Penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación:

a) Las Unidades Extrapenitenciarias. b) Las Unidades Dependientes.

c) Los Centros de Inserción Social. d) Las Unidades de Madres.

310


El mecanismo de creación de un C.I.S. se lleva a cabo a través de:

a) Real Decreto.

b) Acuerdo del Consejo de Ministros. c) Orden Ministerial. d) Decreto-Ley.

17)

La unificación de Escalas del Cuerpo de Ayudantes de II.PP. se lleva a cabo mediante:

a) Ley 7/2007, de 12 de Abril.

b) L.O. 1/2004, de 28 de Diciembre. c) L.O. 2/2007, de 19 de Marzo. d) L.O. 3/2007, de 22 de Marzo.

18)

El “ principio de oportunidad ”en el procedimiento sancionador de los internos establecido por el contenido del Art. 255.2 R.P. conlleva:

a) La posibilidad de reducción de los plazos de cancelación.

b) La cancelación automática de la sanción impuesta.

c) El cómputo del tiempo de suspensión a efectos de cancelación de la sanción reducida.

d) La posibilidad de reducción de la sanción o de sus plazos de cancelación. 19)

Las sanciones que pueden imponerse de conformidad con el Reglamento por infracciones muy graves, son:

a) De un solo tipo. b) De dos tipos.

c) De tres tipos.

d) De cuatro tipos.

311


La cancelación de las anotaciones de sanciones por faltas muy graves, graves y leves se produce, respectivamente, transcurridos los plazos de:

a) Dos años, un año y seis meses. b) Tres años, dos años y un año.

c) Un año, seis meses y tres meses.

d) Seis meses, tres meses y un mes.

21)

En la Junta Económico-Administrativa el Presidente, en su caso, será sustituido por:

a) El miembro de más jerarquía, antigüedad y edad, por dicho orden.

b) El Administrador.

c) El Subdirector de Régimen.

d) El Subdirector de Personal, si lo hubiere. 22)

El régimen disciplinario a los internados en Unidades Psiquiátricas Penitenciarias:

a) Es de aplicación atenuada. b) No será de aplicación.

c) Se aplicará bajo control facultativo.

d) Conllevará la imposición de distintos tipos de sanciones a las establecidas con carácter general.

312


El Secretario de la Junta de Tratamiento y del Equipo Técnico será un Funcionario del Centro designado por el Subdirector de Tratamiento:

a) Cierto.

b) Incierto, en ambos casos se designan por el Director.

c) Incierto en cuanto a la Junta de Tratamiento, cuya designación corresponde al Director.

d) Incierto en cuanto al Equipo Técnico, toda vez que deberá actuar de Secretario el mismo Funcionario designado para la Junta de Tratamiento. 24)

La vigencia de las faltas disciplinarias de los internos se contempla en el vigente R.P. mediante su Disposición:

a) Transitoria Primera. b) Transitoria Tercera.

c) Derogatoria Segunda. d) Derogatoria Única.

25)

La ejecución inmediata de las sanciones procede en su caso según el R.P. vigente, para infracciones:

a) Muy graves, exclusivamente.

b) Muy graves y graves.

c) Muy graves de las contempladas en los primeros seis apartados del Art. 108 del R.P. de 1981, vigente.

d) Actualmente no procede tal ejecución inmediata en ningún caso.

313


La Junta de Tratamiento y Comisión Disciplinaria de un Centro Penitenciario se reunirán ordinariamente a lo largo del año entre ambas, un total de:

a) 60 veces.

b) 80 veces. c) 96 veces.

d) 100 veces.

27)

Un miembro de un órgano colegiado deberá recibir la orden del día de la correspondiente reunión con una antelación mínima de :

a) 24 horas.

b) 48 horas. c) 72 horas.

d) Una semana. 28)

La posibilidad de recabarse provisionalmente por el Director el auxilio de las Fuerzas de Seguridad del Estado de guardia en el Establecimiento:

a) Se contempla como medio coercitivo en el Art. 72.5 R.P.

b) Se recoge en el Art. 45 L.O.G.P.

c) Es parte del contenido de la Disposición Final Primera de la L.O.G.P. para supuestos de alteraciones graves del orden en los Centros Penitenciarios.

d) Se prevé en el Art. 95.3 R.P. en relación a Establecimientos de Régimen Cerrado.

314


La petición de la denominada “segunda actividad” para Funcionarios de II.PP. se deberá realizar cumpliendo los requisitos al efecto, con una antelación a la fecha en que se quiera ejercitar tal derecho, de:

a) Un mes.

b) Tres meses. c) Seis meses. d) Un año.

30)

Los Equipos Multidisciplinares son órganos colegiados propios de:

a) Los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios. b) Los C.I.S.

c) Los Establecimientos de Jóvenes.

d) Los Departamentos Mixtos.

315


316

Legislación Penitenciaria RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN (MÓDULOS I AL III) 1

A

7

C

13

A

19

B

25

C

3

C

9

C

15

B

21

B

27

C

2

4 5 6

C

8

A

10

B

12

A

11

C

B B B

14

16 17 18

B

D A B

20

22 23 24

A

B A B

26

28 29 30

C

B D D

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN (MÓDULOS IV AL VII) 1

B

7

B

13

B

19

B

25

C

3

C

9

B

15

B

21

B

27

B

2

4 5 6

C

8

B

10

C

12

A

11

C

A A D

14

16 17 18

A

C D C

20

22 23 24

D

B A D

26

28 29 30

D

A C A 317


318


319


320

020509_temario_legislacion_penitenciaria.pdf

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