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NUEVAS FRONTERAS DE LA IZQUIERDA

NUEVAS FRONTERAS DE LA IZQUIERDA

ROBIN BLACKBURN NANCY FRASER GØRAN THERBORN RENÉ RAMÍREZ G.

Primera Edición, 2012 335.5 B6271 Blackburn, Robin NUEVAS FRONTERAS DE LA IZQUIERDA/ Robin Blackburn, Nancy Fraser, Gøran Therborn, René Ramírez G. — 1ª ed. —Quito: Editorial IAEN, 2012. 156 p.; 15 x 21 cms. ISBN

: 978-9942-9906-0-0

1. CIENCIAS POLÍTICAS 2. ECONOMÍA POLÍTICA 3. SOCIOLOGÍA-TEORÍA CRÍTICA I. Título

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES Av. Amazonas N37-271 y Villalengua esq. Edificio administrativo, 5to. piso Telf: (593) 02 382 9900, ext. 312 www.iaen.edu.ec Información: [email protected] Dirección editorial: Juan Guijarro H. Maqueta y diagramación: David Rivera V. Diseño portada: David Rivera V. Impresión: Imprenta Mariscal Quito - Ecuador, 2012

CC BY-NC-SA Esta licencia permite compartir-copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra, y hacer obras derivadas.

Dedicado a la memoria de Alexei Páez

Índice

Presentación 11 Autores 15 Introducción. Aportes desde la izquierda para pensar nuestro tiempo y transformarlo 17 ANALIA MINTEGUIAGA Parte I Análisis críticos del capitalismo existente 1. La persistente crisis financiera y las medidas necesarias para enfrentarla 31 ROBIN BLACKBURN 2. Un movimiento triple. Reflexiones pos-Polanyi sobre la crisis capitalista 97 NANCY FRASER Parte II Análisis de la estrategia hacia un proyecto socialista 3. Las nuevas fronteras de la izquierda en el siglo XXI 117 GØRAN THERBORN 4. Una gran transición para una gran transformación. Reflexiones a partir de la iniciativa Yasuní - ITT 135 RENÉ RAMÍREZ G.

Presentación Bajo el título Las nuevas fronteras de la izquierda. Poscapitalismo, emergencia del sur global y nuevos derechos se realizó el 12 y 13 de enero de 2011, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), un seminario internacional que congregó a destacados académicos extranjeros y nacionales y más de 500 asistentes, con el fin de reflexionar y debatir sobre los grandes desafíos y posibilidades que enfrenta el sur global en un contexto internacional caracterizado por un modelo económico y financiero mundial en crisis, la necesidad de repensar las fronteras políticas en el campo intelectual, y los retos y oportunidades que ofrecen actuales procesos de transformación social e innovación institucional en diversas latitudes del planeta. Respecto a esto último, especialmente desde América del Sur. Las tres conferencias magistrales sobre las que giró el evento fueron realizadas por Robin Blackburn, profesor de la Universidad de Essex (Reino Unido), historiador y sociólogo que ha planteado cuestionamientos fundamentales a la relación entre modernidad y capitalismo; Nancy Fraser, profesora de la New School for Social Research de Nueva York (Estados Unidos), connotada académica renovadora de la teoría crítica e impulsora del movimiento feminista; y Gøran Therborn, profesor de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), quien ha realizado importantes aportes científicos para repensar temas cruciales para los movimientos sociales y políticos alternativos a nivel mundial. Todos de extensa y reconocida trayectoria académica y de inscripción en una línea de pensamiento e investigación social comprometida con los procesos de cambio progresistas y las dinámicas emancipatorias. Asimismo, se completaron las actividades del seminario con mesas de debate que contaron con la presencia de destacados miembros de la academia ecuatoriana y funcionarios públicos del más alto nivel. Entre los académicos que intervinieron, podemos mencionar a Carlos Arcos, Guillaume Long, Hugo Jácome, Carlos Espinosa, Juan Carlos Coellar, Franklin Ramírez G., Carlos Prieto del Campo, Jhon Anton Sánchez, Gioconda Herrera, y el recientemente fallecido Alexei Páez. Entre los funcionarios públicos, participaron Pedro Páez, Julio Oleas, Mario Solís, Ramiro Ávila Santamaría y Jeannette Sánchez. Finalmente, se realizó un acto de clausura que contó con

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la conferencia magistral del entonces Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, René Ramírez G. El libro que hoy presentamos contiene justamente las cuatro conferencias magistrales mencionadas. Sin embargo, nuestro objetivo al concebir esta publicación suponía algo más que transcribir tales intervenciones. Se trataba de extender el debate iniciado en aquel encuentro, ampliar su público y el diálogo que éste generó, y establecer nuevas fuentes de referencia para la producción académica nacional y latinoamericana. Por ello, se realizó un esfuerzo en traducir aquellas conferencias que se dictaron en idioma inglés, así como revisarlas y editarlas a manera de artículos académicos, lo cual supuso un trabajo de re-redacción, de extensión de información aclaratoria y de datos bibliográficos por parte de sus autores. Esto fue pertinente y eficazmente guiado por el IAEN, en particular por su departamento editorial y por los docentes-investigadores de esta casa de estudio involucrados en la organización del evento.1 En igual sentido, fue decisivo el acompañamiento recibido por parte de Carlos Prieto del Campo, editor por largos años de la New Left Review en español, quien estableció los primeros contactos con los conferencistas extranjeros y, posteriormente, colaboró a través de los mismos para que esta publicación llegara a buen puerto. Finalmente, el respaldo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) permitió establecer una alianza editorial para sacar adelante esta publicación como una coedición. Con este compendio debemos celebrar diversos acontecimientos para la universidad ecuatoriana. En la actualidad asistimos a contextos culturales e intelectuales cada vez más despolitizados, estructurados por la lógica mercantil e intermediados por nuevas formas de sociabilidad que eluden en muchos casos, a favor de lo inmediato y superficial, el debate de ideas y el establecimiento de compromisos en la solución de injusticias y opresiones contemporáneas. Las propias disciplinas universitarias cada vez más derivan sus fines y programas desde las estrechas perspectivas de las necesidades de aquellos que detentan el poder, develando el carácter instrumental que puede desempeñar el campo científico en la reproducción de la desigualdad. En este marco se debe celebrar que la Universidad de Postgrado del Estado ecuatoriano se haya constituido una vez más en ámbito de debate de ideas y en expresión de una academia deliberadamente interesada con las proble1 La coordinación del evento estuvo a cargo de Analía Minteguiaga, docente e investigadora del IAEN, y la asistencia de Melanie Carrión e Imelda Robalino, a quienes agradecemos por su trabajo.

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máticas de su época. Segundo, que haya dado los primeros pasos para establecerse como núcleo convocante de intelectuales que están pensando las más potentes y alternativas transformaciones de nuestras sociedades, mostrando una vez más la ceñida relación que debe existir entre universidad y cambio social. Tercero, que se constituya en agente activo de democratización del conocimiento, dentro y fuera de sus claustros. Esto implica correrse de aquella visión eficientista que termina reduciendo todo a indicadores de «productividad» académica (siempre medibles «cuantitativa y objetivamente») y lo «generado» en eventos como el aquí mencionado terminan perdiendo su sentido fundamental para la universidad, sus miembros y la misma sociedad. Motivos, todos, más que suficientes para congratularnos.

DECANATO GENERAL DE INVESTIGACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

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Autores ROBIN BLACKBURN es profesor en la Universidad de Essex (Reino Unido), historiador y sociólogo, que ha planteado cuestionamientos fundamentales a la relación entre modernidad y capitalismo. Colaborador asiduo de la revista New Left Review, entre sus libros más recientes se cuenta Age Shock: How Finance Is Failing Us (2006). NANCY FRASER es profesora de la New School for Social Research de Nueva York (EE.UU.), connotada académica renovadora de la teoría crítica e impulsora del movimiento feminista. Colaboradora y miembro del consejo editorial de la revista de teoría crítica Constellations. Entre sus libros más recientes se encuentra Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World (2008). ANALÍA MINTEGUIAGA es profesora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Integrante del Grupo de Estudio sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Autora de diversos artículos en torno a las temáticas de las políticas sociales y educativas. RENÉ RAMÍREZ G. es Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ha realizado varias investigaciones en el campo de la economía del bienestar. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan la coordinación del volumen Transformar la universidad para transformar la sociedad (2011) y el libro La vida (buena) como riqueza de los pueblos (2012). GØRAN THERBORN es profesor de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), y ha realizado importantes aportes científicos para repensar temas cruciales para los movimientos sociales y políticos alternativos a nivel mundial. Entre sus libros más recientes se cuentan The World: A Beginner’s Guide (2011), y la coedición, junto a Stefan Immerfall, del volumen Handbook of European Societies: Social Transformations in the 21 Century (2012).

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INTRODUCCIÓN

Aportes desde la izquierda para pensar nuestro tiempo y transformarlo ANALÍA MINTEGUIAGA La posibilidad de pensar y discutir los efectos, para los países ubicados en el sur del planeta, de una crisis del capitalismo de tanta magnitud como la brotada en el 2008 —e insuperada hasta el momento—, resulta sin lugar a duda un excelente y pertinente objetivo. Más aún si en esa reflexión se introduce de manera intencionada una perspectiva analítica y, a la vez, política particular. Una explícitamente comprometida con la construcción de un proyecto de sociedad que incluye, entre otras cuestiones, la garantía de la igualdad y, al mismo tiempo, de la libertad; la extensión de los derechos sociales y el rechazo a cualquier forma de opresión y dominación; la búsqueda de alternativas al capitalismo como mecanismo de regulación, acumulación y re-distribución; y la invención de nuevas formas democráticas para el gobierno y funcionamiento de nuestras comunidades políticas. Objetivos que nos llevan, en su consecución, a la necesidad de poner en la mesa de debate las mismas fronteras políticas del campo intelectual. Se trata entonces de analizar una crisis capitalista desde el lugar de aquellos que históricamente han estado excluidos de los grandes procesos de «extensión del bienestar», de disfrute de los «beneficios del desarrollo» y de apropiación de las riquezas económicas mundiales; y, a su vez, hacerlo desde el punto de vista de una formación política e ideológica interesada en esas subjetividades, como es el pensamiento de izquierda. De hecho, podríamos sostener que ambas miradas se suponen mutuamente. Pensar desde el Sur es pensar en términos de izquierda y pensar la izquierda a nivel mundial exige, hoy por hoy, poner el foco de análisis en esa parte del planeta y en su población. El pensamiento de izquierda reconoce una amplia trayectoria. Sin extendernos demasiado podemos —quizás arbitrariamente— mencionar desde los desarrollos teóricos de Marx y sus distintas apropiaciones en múltiples dominios del saber como la economía, la sociología, la filosofía y la ciencia política, hasta las experiencias del «socialismo realmente existente», 17

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e inclusive aquellas de la «socialdemocracia realmente existente» del siglo XX. De igual forma, en este derrotero la izquierda, como formación intelectual y política, no ha permanecido inmutable al paso del tiempo y el devenir histórico. En este punto resulta interesante destacar aquella coyuntura y problemas específicos que supuso una primera gran redefinición de esta formación, fundamentalmente desde el plano intelectual pero con llegadas al ámbito de la praxis política. Aquella que hacia mitades del siglo pasado planteó una iniciática frontera entre la «vieja» y la «nueva» izquierda, entre la tradición y la renovación de la izquierda. Debate iniciado y alimentado fundamentalmente en la Europa Occidental, aunque con implicancias internacionales. En dicha oportunidad dos acontecimientos se constituyeron en los hitos parteaguas. El aplastamiento de la Revolución Húngara por parte de la Unión Soviética en 1956 y la invasión francesa y británica (e israelí) a la zona del Canal de Suez ese mismo año. Ambos mostraron, respectivamente, todo el autoritarismo y brutalidad de la degeneración de la Revolución Rusa y la vitalidad que seguía detentando el imperialismo y colonialismo europeo. Como sostiene Stuart Hall, el primero de estos sucesos «puso fin a cierto tipo de inocencia socialista», mientras que el segundo develó el error de pensar que los beneficios del Estado de Bienestar y la ampliación de la abundancia material significaban el «fin del imperialismo» o el «fin de la desigualdad y la explotación»; en sus palabras, sendos hechos definieron los mismísimos «límites y fronteras de lo tolerable en política» para aquellos que profesaban su creencia en el proyecto socialista (2010: 163). A partir de tal coyuntura se inicia una revisión profunda que supuso establecer qué significaba lo nuevo y qué permanecía de la vieja agenda de la izquierda, a fin de seguir conservando tal denominación. En este sentido, diversos autores coinciden en sostener que tal revisión no condujo a una posición única, monolítica ni homogénea de la izquierda, sino más bien a un acuerdo más o menos explícito sobre un conjunto de «temas relacionados» que le otorgaban personalidad y entidad específica (y, por ende, conminaban a definir nuevos «mojones» medianeros con la derecha). Siguiendo a Hall, uno de sus fundadores, sin abandonar la necesidad de un proyecto socialista se fijaba como indispensable establecer una nueva concepción del socialismo. Para ello había que enfrentarse al existente, inclusive a la socialdemocracia, y transformarlos a la luz de una nueva concepción de lo político. Ésta involucraba el reconocimiento de una pluralidad de potenciales escenarios de conflicto social y grupos a favor del cambio, los cuales superaban las formas tradicionales de la política como eran los parti-

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dos y hasta las organizaciones de clase. Había que poner la mirada en aquellos movimientos sociales y de ideas surgidos a partir de los problemas y experiencias cotidianas (como las cuestiones sexuales, de género, de raza, de jerarquías, étnicas y hasta las ligadas al consumo), y difíciles de integrar desde los esquemas organizativos de la izquierda tradicional. Esto suponía asumir como parte del problema la «cuestión de la agencia» y el papel de las personas comunes y corrientes emprendiendo acciones por sí mismas. De igual forma, no se debía abandonar la búsqueda de alternativas al capitalismo, pero admitiendo las mutaciones que había experimentado desde aquella formación de signo empresarial descrita por Marx. Ya a mitades del siglo XX se vislumbraban las complejidades asociadas a la lógica corporativa que había adquirido en el marco de la disolución de las tradicionales culturas de clase, el aburguesamiento de la clase obrera y la nueva relación fijada con el Estado. Asimismo, frente a la clásica sobredeterminación de la estructura planteada por el marxismo ortodoxo, era indispensable visibilizar lo ocurrido en el ámbito de la cultura —se empezaba a concebir que en dichos dominios se volvían patentes y, por ende, detonadores los cambios sociales—. La dimensión cultural (que incluía la música, la literatura, el cine, la pintura, las artes en general, las comunicaciones, entre otras expresiones) no podía seguir siendo considerada como secundaria sino constitutiva de la sociedad y de sus posibilidades de mudanza. Allí se expresaban novedosos clivajes, los cuales, como mencionamos, estaban más asociados a la vida cotidiana que a las contradicciones y la lucha de clases. También suponía revisar la idea tan cara para la tradición marxista de que solo bajo condiciones de explotación y pauperización material se podían producir procesos revolucionarios. Los trastrocamientos llegaron a cuestionar inclusive la tradicional división entre intelectuales y clase trabajadora. Se afirmaba que los procesos de cambio estaban preñados de una mirada profundamente anti intelectual. Por ello, la nueva izquierda reposicionaba no solo el papel crucial que debían desempeñar las ideas para un programa de transformación eficaz, sino el rol de la intelectualidad para la concreción del proyecto socialista. Finalmente, debe indicarse que la nueva izquierda defendía como marca distintiva el asumir una actitud de permanente crítica y revisión antes sus propios postulados, distanciándose no solo de la tradición marxista sino de sus formas organizativas que eran consideradas doctrinarias, de posiciones fijas y clausurantes. Otras coyunturas parecieron ofrecer condiciones similares, aunque en los hechos sus efectos para la redefinición de tales fronteras no fueron tan

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efectivos. En este sentido, se pueden mencionar los sucesos de finales de la década de 1960 desencadenados por la guerra de Vietnam, la revuelta estudiantil y la irrupción de los trabajadores en 1968, y finalmente la caída del Bloque Soviético en 1989. De hecho, algunos autores como Perry Anderson sostienen que si bien los años 1989-1991 contemplaron la destrucción del comunismo del bloque soviético y hasta la falta de predominancia del marxismo en la propia cultura de izquierda, «no podía darse por descontado que un capitalismo de libre mercado, sin trabas se llevaría todos los premios tanto en Occidente como en Oriente» (2000: 8). Se esperaba de hecho «cierto “requilibrio” del paisaje global donde la izquierda recobraría cierto aliento vital una vez liberada del abrumador legado moral del estalinismo, mientras los corporativismos japonés o renano demostrarían su superioridad, tanto en el plano de la igualdad social como de la eficiencia económica, respecto a Wall Street o la City» (2000: 8-9). Sin embargo, tal reequilibrio no sucedió. Los procesos de mudanza del capitalismo que se evidenciaron con los sucesos desplegados desde el 2008 hasta la actualidad no podrían haber sido imaginados por aquella Nueva Izquierda de mitades de siglo XX, ni vislumbrados por sus exponentes más cercados de fines de los ochenta. La forma que adquirió el capitalismo y la omnímoda dominancia que alcanzó el neoliberalismo sin duda superaron con creces las expectativas y prospectos de aquellos que llevaron adelante aquel y otros esfuerzos revisionistas de la izquierda. La crisis capitalista actual, si bien se ha mostrado en su faz económicafinanciera, no ha dejado de ser multidimensional, involucrando aspectos de la vida cultural, social, política, ética y hasta ecológica de nuestras sociedades. Una crisis que, paradójicamente, ha afectado de manera fundamental a aquella porción del planeta distinguida por el lenguaje experto como «desarrollada», «altamente industrializada» y/o «culturalmente avanzada» y, desde el menos experto y más explícitamente ideológico, como el «primer mundo». Una crisis que, por esta razón, parece ofrecer mayores opciones para reconsiderar la relación entre esa parte del globo y todo lo que queda «fuera» de sus confines. Una crisis que ha develado los reales alcances de la hegemonía neoliberal para la propia izquierda. Siguiendo a Anderson, el modelo TINA —sigla que hace referencia a la expresión de Margaret Thatcher: There is no alternative— solo cobra toda su dimensión cuando un gobierno alternativo demuestra que no quedan políticas alternativas plausibles y verosímiles (2000: 10). Para dar la estocada final a la socialdemocracia europea o acabar con cualquier legado del New Deal era indispensable la participación de los


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propios gobiernos de centro-izquierda. Tal transformismo quedó plasmado en la conocida «tercera vía». Crisis que ha mostrado de manera cruda y lapidaria los efectos de un sistema y una ideología que parecen no encontrar oponente alguno. Deserción aún más penosa para aquellos que se autodenominan de izquierda y/o centro-izquierda. Como afirmaba Susan Watkins, la coyuntura de la primera década del siglo XXI sin duda hubiera parecido para aquellos renovadores de mitades del XX una «utopía pervertida de ciencia ficción», con solo ver «la política económica del Kremlin en manos de seguidores de Friedman; el secretario general del Partido Comunista Chino alabando el mercado de valores; Yugoslavia, el más pluralista y próspero de los Estados obreros, diezmada por las políticas de austeridad del FMI y sometida durante meses a una campaña de bombardeos de la OTAN, campaña aplaudida en Occidente por la opinión liberal; los partidos socialdemócratas compitiendo por privatizar los activos nacionales y abolir las ganancias obtenidas por el movimiento obrero» (2010: 5). Crisis, por todo lo expuesto, que exige repensar por dónde pasan hoy por hoy las nuevas fronteras entre la izquierda y la derecha. Tanto desde la perspectiva de la lucha en el terreno político como en el ámbito del pensamiento y la investigación social. ¿Lo acontecido supone condiciones necesarias y suficientes para realizar un nuevo esfuerzo por reformar la agenda de la izquierda? ¿Debe aggiornarse para comprender las nuevas formas adaptativas del capitalismo? ¿Existen nuevas formas de dominación invisibilizadas no solo desde el mundo de la «producción» sino desde aquel propio de la «protección social» y hasta desde el que se despliega en las más recientes batallas por «el reconocimiento y la identidad»? ¿Qué de la agenda de aquella Nueva Izquierda sigue siendo potente con las debidas traducciones?¿Qué temas deben ser sostenidos, cuáles reajustados y cuáles incorporados de manera original? ¿Qué objetivos últimos asume el proyecto socialista y qué programas de acción y estrategias debe llevar adelante para alcanzar tales metas? ¿Qué debe hacer el Sur global para sumarse a dicha agenda en calidad de partícipe principal? ¿Qué temas y bajo qué enfoques analíticos permitirían a la intelligentsia actual aportar a estos procesos, qué debe ser estudiado y cómo? En un contexto donde el lenguaje experto ha asumido un poder impensado, ¿cómo combinar hoy día el papel de los académicos e intelectuales con el de agentes de cambio? Es justamente en este contexto y desde algunos de los interrogantes señalados que adquieren profunda significación, a la manera de aportes concretos, los artículos que componen el presente libro.

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En este sentido, si bien los mismos trabajan —como podrá verse a continuación— una multiplicidad de aristas ligadas a la crisis capitalista actual así como a sus implicancias para la izquierda y su proyecto político, es posible «organizarlos» en base a dos grandes ejes. Organización que, valga la pena aclarar, responde más a la necesidad, que tiene esta introducción, de proponer una orientación de lectura sobre los artículos que a una diferencia sustantiva entre los mismos, ya que en los cuatro textos podrán encontrarse elementos de ambas coordenadas aunque con peso diferencial y este fue justamente el criterio. Habiendo realizado esta aclaración, es posible sostener que el primero alude a lo que podría llamarse «análisis críticos del capitalismo existente». Es decir, se trata de contribuciones que indagan y problematizan desde la coyuntura crítica ciertos aspectos del capitalismo. Por ejemplo, estudiando el papel desempeñado por las instituciones financieras en esta nueva fase evolutiva de la economía, analizando las políticas de los Estados para darle una «salida» o problematizando el funcionamiento de los sistemas de protección social aún vigentes en diversos países, ligados a la modalidad estatal capitalista conocida como Welfare State. El segundo eje puede sintetizarse bajo la idea de «análisis de las estrategias hacia un proyecto socialista». En este segundo grupo se ubican aquellos trabajos que apuntan fundamentalmente a la reflexión sobre las estrategias, los medios, las iniciativas y hasta las transiciones que deben llevarse a cabo para alcanzar el objetivo de construir un proyecto de sociedad alternativo. A continuación, y a modo de preámbulo, realizamos una breve síntesis de los contenidos de los cuatro artículos siguiendo este orden «orientador». El trabajo de Robin Blackburn, titulado «La persistente crisis financiera y las medidas necesarias para enfrentarla», plantea que la crisis actual es producto de una combinatoria de desregulación financiera, privatización y mercantilización omnipresente de las trayectorias vitales operada a través de una multiplicidad de mecanismos entre los que destacan las hipotecas, deudas de tarjetas de crédito, gastos de estudiantes y jubilaciones privadas. A su vez a esta situación se sumó la desigualdad y los bajos salarios en las economías emergentes, y el creciente endeudamiento en los países más ricos creando desbalances comerciales progresivos. Finalmente esto, junto con la desregulación financiera, generó una sucesión de burbujas de activos ligada fundamentalmente a la invención de complejos y opacos derivados de crédito que literalmente produjeron la mayor liquidación de valores en la historia mundial. Su tesis central, desplegada a través de un pormenorizado y riguroso estudio de las instituciones financieras y sus «productividades», plantea que a


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pesar de la lectura que suele hacerse desde el sentido común y aun desde algunos sectores expertos, la crisis capitalista iniciada en el año 2008 (así como su segunda ola de 2010-2011), que resultó la más clara manifestación de los efectos del modelo económico neoliberal, no devino en su cuestionamiento y menos aún en su colapso. Más bien el modelo salió fortalecido, básicamente debido a un diagnóstico que privilegió la mirada de los bancos y los intereses financieros y un conjunto de soluciones preñadas de ese juicio que se alejaron de la economía «real» y de las condiciones de vida de la gente. Además, sostiene que tales medidas tuvieron consecuencias gravosas para la democracia, aún no dimensionadas en su totalidad. En nuestros términos, podríamos decir que la crisis y su resolución develaron el espacio cada vez más reducido de lo político y la política. El rescate estuvo dirigido a apuntalar el orden existente, donde los grandes ganadores fueron las corporaciones bancarias, a expensas de los jubilados, los estudiantes y profesores, los trabajadores y los desempleados, permitiendo uno de los procesos de expropiación y transferencia de riqueza más brutales de la historia. Los Estados, en particular aquellos que participaron de las medidas de rescate y los que se vieron sometidos a la lógica del capitalismo financiero, mostraron una vez más su papel de promotores de condiciones sociales para la acumulación capitalista. También aquellos otros que aprovecharon la coyuntura para aplicar una política de «austeridad sin propósitos» destructora de conquistas y derechos sociales. Por ello, a través de un análisis histórico detallado de cada uno de los principales focos de la crisis, Blackburn esboza alternativas de políticas que pudieran no solo revertir los efectos económicos nocivos de esta coyuntura, sino también aquellos desintegradores del modelo. Soluciones que comprenden al conjunto del planeta —aunque especial atención dedica a China y Asia como escenarios claves— y hacen hincapié en la reducción de la pobreza, la desigualdad, la mejora de las condiciones laborales y salariales, las políticas de regulación económica y financiera, la creación de bancos y sistemas financieros públicos, la condonación y/o reajustes de deudas —especialmente en aquellos sectores incapaces de hacer frente a estos pasivos— y la extensión de los derechos y protecciones sociales —entre los que destacan aquellos ligados a la tercera edad— que deberían aplicar los actores estatales. Agenda compenetrada con las ideas históricamente defendidas por la izquierda. El artículo de Nancy Fraser, titulado «Un movimiento triple. Reflexiones pos-Polanyi sobre la crisis capitalista», se centra en la búsqueda de una teoría crítica para pensar la crisis actual. Esa teoría crítica debe operar en dos registros o, en otros términos, debe garantizar dos condiciones: ser multidimensional (al igual que la crisis no es solo financiera ni económica, es

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también social, ecológica y política) y debe superar el funcionalismo (conectando estructura y agencia, colapso y resistencia, sistema y mundo de la vida). Para este objetivo toma como punto de partida la obra La Gran Transformación de Karl Polanyi. Luego de un análisis exhaustivo de las potencialidades de este aporte, realiza un cuestionamiento lúcido a sus vacíos y a sus efectos para el pensamiento contemporáneo de izquierda. En términos sintéticos, su principal problema es haberse centrado en el conflicto generado por la excesiva mercantilización sin vislumbrar daños causados por otras fuentes en la sociedad. Así, sin buscarlo oculta formas de injusticia no basadas en el mercado y encubre formas de protección que son vínculos de dominación como, por ejemplo, aquellas que involucran jerarquías sociales o aquellas que se encuentran mal enmarcadas, misframed. Por esta razón, Fraser propone superar el doble movimiento planteado por Polanyi (mercantilización-protección social) y transformarlo en un triple movimiento que incluya a la emancipación. Lo interesante es que no se trata de incluirla simplemente a la manera de superación, sino que los tres movimientos se necesitan y complementan mutuamente. De hecho, para Fraser ni la mercantilización ni la protección pueden ser comprendidas a cabalidad sin incorporar las luchas por la emancipación. Cada término tiene un fin propio y una potencial ambivalencia que despliega en interacción con los otros términos —la protección alivia la desintegración provocada por la desregulación pero afianza la dominación; la desregulación económica tiene efectos negativos porque los mercados pierden conexión con sus sociedades, pero positivos porque desintegra protecciones opresivas; finalmente, la emancipación puede generar liberación pero al mismo tiempo puede disolver las bases éticas y solidarias de la protección social, con lo cual fomenta la mercantilización—. Elementos fundamentales, dado que el perfil de la crisis capitalista actual tiene las tres aristas. De esta forma, las ideas más provocativas de Fraser se refieren a ese llamado a no idealizar las protecciones sociales y mirarlas bajo otros prismas, así como estar atentos a que la ambivalencia de la emancipación se ha resuelto últimamente a favor de la mercantilización. Todo esto obliga, en sus términos, a agregar a la batalla por el espíritu del capitalismo aquella por el espíritu de la protección social y por el espíritu de la emancipación. El trabajo de Gøran Therborn, titulado «Las nuevas fronteras de la izquierda en el siglo XXI» plantea que efectivamente existen nuevos contornos y que estos pasan por un retorno global de la clase como fuerza social; una nueva dinámica ideológica surgida de un cambio en la relación entre pensamiento político y práctica política y social; y una nueva geopolítica de la izquierda que propone desafíos a la tradición eurocéntrica. El artículo realiza


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un interesante, y realmente adeudado, análisis de los legados de la izquierda del siglo XX. Especialmente aquellos que fueron defenestrados no solo por el pensamiento de derecha sino por la propia izquierda, escasamente atenta a discriminar entre su propia herencia. Interesante relectura que permite pensar razones más plausibles para explicar el éxito de la «revancha capitalista» más allá de los fracasos del socialismo real. Asimismo, en esa recuperación crítica del legado de la izquierda, Therborn plantea la tesis del retorno de las clases sociales como sujeto del cambio aunque bajo premisas y condiciones novedosas. Se trata de un retorno que incluye, además de la clase obrera, a los sectores medios y el despliegue de diferentes trayectorias sociológicas, las cuales dibujan diversos escenarios de conflicto y, por ende, orientaciones para la transformación. Asimismo, plantea la existencia de una nueva dinámica ideológica caracterizada por el rechazo y el pragmatismo. Sin embargo, la ausencia de un programa o estrategia que la sostenga deviene en una debilidad estructural que deberá ser restaurada a fin de encontrar cauce. Finalmente, plantea un punto nodal, y que se perfila como uno de los issues claves de la izquierda del siglo XXI, que es la dimensión geopolítica. Desarrolla la provocativa tesis de que el socialismo pasó de Europa a América Latina, única región donde gobiernos de izquierda triunfaron. Este proceso original recalca su autonomía respecto al izquierdismo euroasiático del siglo XX con motivaciones ideológicas heterodoxas y fuerzas sociales heterogéneas. Sin embargo, Therborn destaca que la Gran Dialéctica marxista—es decir, la inexorable tensión entre las relaciones privadas de producción capitalista y el progresivo carácter social de las fuerzas de producción—se trasladó a China e India; por ello el futuro mundial de la izquierda en el siglo XXI se resolverá en esos países. Finalmente, Therborn plantea que el núcleo definitorio de la izquierda pasa por el compromiso con la libertad, igualdad, diversidad cultural, identidad étnica, traumas nacionales (colonialismo, racismo), etc., así como por elaborar nuevas políticas económicas para salir de la camisa liberal. Los clásicos temas de la izquierda siguen estando vigentes; por lo tanto, en palabras del autor, la lucha continua. Finalmente, el escrito de René Ramírez G., titulado «Una gran transición para una gran transformación. Reflexiones a partir de la iniciativa Yasuní-ITT», se posiciona en el debate sobre la construcción de un proyecto de sociedad alternativo. Debate que a simple vista se tildaría de pragmático, pero que encierra una concepción teórica profunda sobre el planteo socialista contemporáneo. De acuerdo a Ramírez G. existen hoy por hoy dos posiciones contrapuestas: la de aquellos que proponen administrar mejor al capitalismo (viendo su lado «bueno») y la de quienes tienen posiciones teóricas anticapitalistas. Cualquiera de la dos resulta limitada. Una izquierda com-

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prometida con el cambio real y concreto debe hacerse cargo de gobernar y al mismo tiempo de buscar alternativas al capitalismo. Para ello desarrolla el concepto de «gran transición» sin perder de vista el horizonte de la «gran transformación». La izquierda no debe perder de vista la generación de utopías superadoras del capitalismo ni tampoco abandonar la estrategia de alcanzar el poder y mantenerse en él —lo que le obliga a desarrollar medidas innovadoras que le acerquen a sus objetivos más ambiciosos—. Un caso que evidencia esta posibilidad es el de Ecuador, que desde el año 2008 ha establecido bases fundamentales para construir una sociedad que tenga como eje la garantía de las condiciones de vida de los seres humanos y de la naturaleza. Para ello, Ramírez G. plantea como elemento clave la necesidad de transformar al Estado modificando aquella lógica que lo hizo herramienta de las clases dominantes y, a partir de esto, revisar la relación entre economía de mercado y capitalismo. Asimismo, otra de las bisagras entre la gran transición y la gran transformación pasa por el manejo de la sostenibilidad ambiental. La disputa por salir del capitalismo y construir otro orden está asociada —entre otras razones— a los límites biofísicos (materiales, de espacio y tiempo) que las economías se impongan. En esta línea se plantean las potencialidades de la iniciativa Yasuní-ITT. Finalmente, Ramírez G. explica las fases de la «gran transición», que involucran contradicciones, avances y contramarchas, con convivencias de diferentes estadios en un mismo momento, develando que se trata de un desarrollo con lógica de proceso más que lineal y progresivo. El artículo, en definitiva, logra combinar dos de los elementos inicialmente señalados: pensamiento y estrategia. La posibilidad de transformación desde la izquierda está en plantear una transición viable ética y políticamente, lo cual implica esgrimir una estrategia clara de acumulación y (re)distribución… ni idealización ni pragmatismo ciego. De esta manera, parecen quedar más claros algunos elementos que estarían formando parte de una nueva etapa de renovación por parte de la izquierda y que resultan, por ende, definitorios de sus fronteras. A las preocupaciones históricas de la explotación capitalista, el imperialismo capitalista, la exclusión, la desigualdad, las jerarquías de raza y género, entre otras, parecen agregarse al menos las siguientes. Primero, el otorgarle mayor énfasis al papel de la teoría crítica y la teoría utópica en el marco de la viabilidad política, lo cual supone repensar la propia idea de estrategia, la relación con el Estado, y pragmáticamente el conjunto de medidas que deben ser diseñadas y aplicadas a fin de construir condiciones de posibilidad para cambios más ambiciosos. Segundo, la incorporación de la temática ambiental, históricamente menospreciada por el pensamiento de izquierda. Se trata de empezar a visibilizar no solo sus efectos sobre el desarrollo capitalista sino su


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carácter de asunto público y su conexión con la reproducción de la vida humana en el sentido más integral y profundo. Tercero, la incorporación decidida de la agencia mediante una mirada revisada de los sujetos del cambio. Esto implica tanto incorporar a sujetos históricamente invisibilizados (mujeres, movimientos sociales, migrantes, etc.) como la visibilización, bajo nuevos lentes, de los tradicionales (clases sociales). Ningún análisis y propuesta de izquierda puede plantearse sin dar cuenta de esa dinámica compleja entre estructura y agencia. Tampoco puede suponer alguna forma de jerarquías entre excluidos (una actoría es más importante que otra). Cuarto, es indispensable una atención más decidida a la geopolítica y su papel en el cambio. El pensamiento y praxis de izquierda deben ampliar sus fronteras e incluir las relaciones existentes entre la diversidad de naciones que forman parte del globo y ver cómo esas interacciones pueden aportar a las transformaciones defendidas. Esto implica hacer que los esfuerzos intelectuales de la izquierda, fuertemente desarrollados en ciertos espacios delimitados del mundo occidental, abran sus escenarios, con tópicos y problemáticas de otras latitudes y con nuevos autores provenientes del Sur global. Finalmente, si bien la izquierda se ha caracterizado por hacer del análisis histórico uno de sus pilares fundamentales, parece necesario reforzar esta premisa dentro de su terruño, lo cual implica ser más justa con su propia herencia teórica marxista y del socialismo real y sus derivaciones. Esta premisa debería conducir a tener una mirada amplia y ecuánime sobre los actuales procesos y acontecimientos. La hegemonía neoliberal alcanzada desde 1990 hasta la fecha no es indicador de su dominancia perpetua. Desde una perspectiva histórica es exigible hacer una lectura más esperanzada de la época— lo que no supone conformismo alguno— y sus devenires futuros. Sobre todo, más iluminadora. Para ello es indispensable seguir analizado con la mayor rigurosidad posible la evolución del orden capitalista: solo en este se podrán hallar los gérmenes de otro. Por ello los trabajos que se presentan en este compendio resultan tanto intelectual como políticamente «poderosos». Sin duda, a los lectores atentos de esta publicación otros importantes elementos delimitadores se les sobrevendrán. Dejamos entonces abierta la lectura y la reflexión para continuar un debate caro y relevante para el futuro de nuestras sociedades.

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ANALIA MINTEGUIAGA

Bibliografía ANDERSON, Perry 2000 «Renovaciones». En New Left Review en español, No. 2: 5-20. HALL, Stuart 2010 «La primera Nueva Izquierda». En New Left Review en español, No. 61: 163-181. WATKINS, Susan 2010 «Arenas movedizas». En New Left Review en español, No. 61: 5-27.

Parte I ANÁLISIS CRÍTICOS DEL CAPITALISMO EXISTENTE

CAPÍTULO PRIMERO

La persistente crisis financiera y las medidas necesarias para enfrentarla ROBIN BLACKBURN [traducción de Maricruz González C.]

La edición de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional de septiembre de 2011 se tituló Desaceleración del crecimiento, agudización de los riesgos. Durante la fuerte recesión de 2008-2009 en Japón, EE.UU. y Europa, el PIB bajó entre el 2 y el 5%. En 2009, el comercio mundial disminuyó el 10,7%. Hubo una modesta recuperación en 2010, que se desvaneció y se estancó en 2011. Los países en desarrollo, por su parte, aún lograron crecer, pero a un ritmo menos acelerado. (Hasta la fecha, solo Grecia y unos pocos países no miembros de la OCDE enfrentan una baja de producción del 10% o más.) A finales de 2011, el crecimiento previsto del PIB en la zona euro para 2012 había caído al 0,5%. Consideradas en forma aislada, las modestas tasas de crecimiento podrían parecer decepcionantes más que alarmantes. Consideradas en conjunto con la pesada carga del endeudamiento, resultaron señal de insolvencia. Un claro marcador del peligro habría sido el momento en que la deuda general sobrepasara el 300% del PIB y el endeudamiento de cualquier sector superara el 120% del PIB, como en el caso del endeudamiento familiar estadounidense (2007), británico, islandés, y el apalancamiento 1 financiero irlandés (en el mismo año) o la deuda pública en Portugal, Grecia e Italia (2010). En estos días se puede evitar el colapso total, pero al costo de un estancamiento al estilo japonés. El FMI no quiere perturbar a sus miembros ni incitar el alarmismo. Sin embargo, su informe de septiembre de 2011 fue muy preocupante. El motivo de preocupación eran todos los factores —especialmente el endeudamiento y «recortes precipitados»— que debilitan la demanda y amenazan 1 El concepto de «apalancamiento» se refiere a la relación entre el capital propio y el crédito que se invierte en una operación financiera: si se reduce el aporte de capital, hay un aumento de rentabilidad. Mientras mayor sea el apalancamiento, mayor es el riesgo de la operación, porque se reduce la flexibilidad y aumenta la probabilidad de insolvencia. [N. del e.]

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con paralizar la producción y destruir los activos financieros. Si bien al inicio de la crisis, en 2007, las familias de EE.UU. y Europa se encontraban altamente endeudadas, al igual que muchos negocios financieros, se creía que la deuda pública era manejable. Más de tres años después, las familias y los bancos aún luchan con sus deudas, pero también lo hacen los gobiernos — de hecho, muchos han sucumbido—. La transferencia de la deuda de manos privadas a públicas se realizó para evitar el fracaso del sistema; pero, en cierto modo, agrava el problema de la deuda ya que el fracaso bancario, por más disruptivo que fuera, en realidad es menos devastador que el fracaso del Estado. El informe del FMI declara que la economía mundial está en una «nueva fase peligrosa» (FMI, 2011a: xv, 30) —y eso fue antes de que los comerciantes de bonos comenzaran a examinar en detalle el rescate financiero de Grecia y la capacidad de Italia de refinanciar su deuda—. La gran restricción crediticia de 2007 y los años siguientes fue resultado de las tendencias fuertemente promovidas por el neoliberalismo y la globalización —la creciente inequidad, pobreza, desregulación financiera, privatización y una mercantilización omnipresente de las trayectorias vitales (a través de hipotecas, deuda de tarjetas de crédito, gastos de estudiantes y jubilaciones privadas)—. La desigualdad y los bajos salarios en las economías emergentes, y el creciente endeudamiento en los países más ricos, se tradujeron en desbalances comerciales progresivos. Esto, junto con la desregulación de los mercados financieros, generó una sucesión de burbujas de activos. Los principales bancos de inversión y fondos de cobertura crearon nuevos tipos de derivados de crédito que expandieron las burbujas aún más. Las ansias irreflexivas de los bancos por ventajas a corto plazo condujeron a la mayor destrucción de valores en la historia mundial. Los gobiernos actuaron para evitar el colapso pero, al hacerlo, se convirtieron en el objetivo —eventualmente, incluso los títulos de deuda emitidos por el Tesoro de EE.UU. fueron dados de baja—. Estas asombrosas alteraciones fueron agravadas por el desajuste de los procesos políticos y la escala de la crisis en donde los partidos y los gobiernos fueron inmolados entre el mercado de bonos y la aniquilación política (Streeck, 2011: 3-30).

1. Una crisis que se autoperpetúa En 2007-2008 la tormenta comenzó con el incumplimiento de pagos hipotecarios; mientras que en 2010-2011 provino de la deuda pública de los gobiernos europeos —y de las consecuencias de las anteriores medidas de rescate—. En el período 1997-2007 las instituciones financieras habían cru-

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zado el Atlántico para invertir enormes cantidades de deuda de supuesto alto rendimiento. Cuando estas deudas dejaron de rendir, los bancos y fondos que mantenían la deuda solo pudieron ser salvados por acciones gubernamentales a costos enormes. Primero vino Wall Street, con la crisis de las hipotecas sub-prime, en 2007, que condujo al descalabro de Lehman en 2008 y a la amenaza de un inminente colapso general. Los drásticos pasos tomados por el Tesoro de EE.UU. no solo salvaron a Wall Street, sino que evitaron el desastre para un gran número de bancos europeos que mantenían valores derivados de créditos de EE.UU. Para sobrellevar la primera fase de la crisis (2007-2009), EE.UU., el Reino Unido y las autoridades de la zona euro debieron incrementar el endeudamiento público en 20-40% del PIB, con grandes déficits en cuenta corriente. Casi de inmediato, los mercados de bonos exigieron planes para recortar estos déficits rebajando drásticamente el gasto público y reduciendo la protección social. Hacía tiempo que la centroizquierda y la centro-derecha habían pedido reducir el Estado de bienestar por ser demasiado «costoso». Determinados a no «desperdiciar» una buena crisis, los comentaristas neoliberales se valieron del desorden para adelantar tales planes. Desmantelar la protección en tiempos de altas tasas de desempleo y de población en edad avanzada es una receta certera para los despidos y la miseria. Pero también conlleva riesgos electorales, de manera que los políticos ahora son algo más cautos. Tanto en EE.UU. como en Europa existe el criterio generalizado, y no del todo equivocado, de que las tribulaciones actuales provienen del consumismo delirante y del «keynesianismo privatizado» de las últimas dos décadas, y que ha llegado la hora de hacer sacrificios. Si los ricos estuvieran asumiendo la principal carga de responsabilidad, si los excesos de los banqueros se hubiesen suprimido y si se estuvieran canalizando recursos hacia medidas de regeneración social, entonces la austeridad podría tener un fin. Pero los recortes promovidos por casi todos los gobiernos a mediano plazo perjudican la recuperación, y a menudo contienen nuevos estímulos para la privatización y mercantilización de las pensiones, la salud y la educación. A medida que los países se comprometen con una austeridad sin propósitos, ayudan a agravar la Gran Recesión. Durante las últimas dos décadas, los neoliberales han insistido en que el desastre llegaría si no se inmolaban los derechos sociales en la hoguera. En el proceso, las pensiones públicas fueron declaradas un mal mayor. Y el desastre ocurrió; pero debido a la fe en los mercados de capital autorregulados y la agresiva financiarización, y no por la carga de la asistencia social. La enfermedad tuvo orígenes y causas bastante diferentes de aquellas que predijeron los agoreros neoliberales; pero la medicina que se requiere para tales achaques inhabilitantes es, según ellos, exactamente igual a la de antes.

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Aunque aplicar más dosis de la misma medicina que debilitó al paciente no hará más que perpetuar su enfermedad. En forma grotesca, una crisis causada por los bancos debe ser resuelta a expensas de los jubilados, los estudiantes y profesores, los trabajadores de la salud y los desempleados. Aunque es generalizada la opinión de que los bancos son los responsables, los gobiernos no se atreven a desafiar a los mercados de dinero y agencias calificadoras. Si bien el temor de los comerciantes de bonos es excesivo, no es irracional. Para los países que pierden la confianza de los mercados, los préstamos inmediatamente se tornan más costosos o imposibles; pero el factor decisivo es que si la confianza sigue en picada, la quiebra está a la vuelta de la esquina. Vale la pena hacer una breve pausa para reflexionar acerca de lo que implica la quiebra. La moratoria general en Argentina en 2001 paralizó las actividades económicas, convirtió a la vida cotidiana en una carrera de obstáculos y exterminó los ahorros. Los intentos de usar el trueque para resucitar la economía resultaron complicados e infructuosos. El movimiento de los piqueteros y una ola de ocupaciones de fábricas permitieron que algunas empresas sobrevivieran hasta que un nuevo gobierno las salvó en 2003. Pero los costos a corto plazo aún siendo nefastos: se perdieron muchos empleos, muchos negocios fueron aniquilados, y vecindarios que hasta entonces habían sido seguros fueron asolados por la delincuencia. Conscientes de tales problemas, los gobiernos no escogieron la moratoria, sino que suspendieron «temporalmente» el pago de la deuda, prometiendo retomarla lo antes posible. Cuando los acreedores se ven engañados por años —con repetidas refinanciaciones, ventas de activos públicos y devaluaciones— llega un momento en que se impone un punto soberano de moratoria. Argentina debía probar que la vida continúa después de la moratoria —y las negociaciones también—. Este país rechazó deudas por un total de USD 81 mil millones. Luego de un intervalo, y ansioso por retomar las relaciones comerciales normales, el gobierno argentino ofreció a sus acreedores USD 0,35 por dólar de deuda. Conscientes de la situación ruinosa de la economía argentina, la mayoría de acreedores del país aceptó, a pesar de que, en comparación con otras situaciones de moratoria, la devaluación fue severa. El valor del peso argentino se estabilizó a una tasa competitiva. Las exportaciones agrícolas se recuperaron y, bajo los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el ingreso y el empleo revivieron. Sin embargo, dos fondos de cobertura adquirieron deuda argentina con un valor nominal de USD 3 mil millones y rechazaron la devaluación. Ahora estos fondos acosan al gobierno de Buenos Aires, y amenazan al comercio argentino exigiendo desde EE.UU. y Eu-


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ropa todo el pago de la deuda, y ya han presentado demandas en las cortes de Nueva York y Ginebra.2 Se necesita una alternativa para la sombría elección entre la moratoria o la capitulación ante los comerciantes de bonos y agencias de calificación. El asunto es suficientemente complicado cuando se trata de un país, pero la crisis de la zona euro en 2010-2011, que involucra entre una y dos docenas de países, es mucho más espinoso. Argentina se salvó con la devaluación, el boyante mercado de la soya y otros productos agrícolas. Sin embargo, la opción de la devaluación, por definición, no está abierta para los Estados que desean permanecer en la zona euro. Gracias a la fortaleza de la economía alemana, el euro no es una moneda débil y el comercio en esta zona, como un todo, está estable; aunque los activos financieros en los países débiles de la zona euro aún son altamente vulnerables. Una moneda viable necesita un banco central fuerte y una base tributaria adecuada; pero la zona euro no tiene ni uno ni otra. De hecho, aún cuando la misma Unión Europea tiene una base tributaria mínima, sus ingresos anuales totales suman alrededor del 1% del PIB. Ni el Banco Central Europeo ni la Unión Europea tienen mucho para contribuir a rescates financieros bancarios ni pueden emitir eurobonos porque no tienen la autoridad ni los ingresos necesarios. El poder fiscal requerido permanece en los Estados miembros. El crédito es algo maravilloso si se lo usa para nutrir la economía real, producir «bienes» y evitar «males». Las continuas burbujas especulativas en la deuda del Tercer Mundo (década de 1980), las acciones de la burbuja punto.com (1999-2001) y la burbuja de los bienes raíces e hipotecas (2004-2007) no ayudaron a levantar la economía real. Reconocer y devaluar las pérdidas es parte esencial del proceso de recuperación —es preferible un proceso intencionado y selectivo, como la auditoría de la deuda pendiente del Ecuador en 2007, un ejemplo útil—. Por último, los costos reales del crecimiento del PIB —como el precio pagado por deforestación o contaminación fluvial— también se deben usar para desinflar el incremento de la producción mercantilizada.

2 Ver el artículo «Gauchos and Gadflies» (The Economist, 22.10.2011). Las drásticas y extremas medidas impuestas sobre Grecia, un Estado pequeño y comparativamente pobre, hicieron de la moratoria una opción válida, que impondría pérdidas a los financistas de gran escala pero no a los ahorristas pobres. El mismo acuerdo de la zona euro de octubre de 2011 impuso un recorte del 50% a los bancos que habían invertido en bonos griegos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es mejor un enfoque selectivo basado en una cuidadosa auditoría. Ver Chesnais (2011).

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2. Sobreproducción, demanda deficiente y boom crediticio En 1998, la New Left Review dedicó todo un ejemplar a un extraordinario estudio de Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence. El principal argumento de Brenner consistía en mostrar que había una creciente sobreproducción global y, por consiguiente, las economías globales enfrentaban mayor contracción. Presentaba muchos argumentos sobre las causas exactas y el alcance de esta crisis subyacente, y no dejaba lugar a dudas sobre el surgimiento de enormes desbalances comerciales y una importante pérdida de la competitividad de EE.UU. Los gobiernos de EE.UU. y de otros países hicieron todo lo posible por mantener una ilusión de crecimiento infinito. Las relajadas condiciones crediticias alentaron a las familias, empresas e instituciones gubernamentales locales a endeudarse en grandes sumas de dinero. Las familias en EE.UU. recurrieron al crédito —incluyendo casi USD 1 billón de préstamos sobre el patrimonio de las viviendas (segundas hipotecas)—. A los grupos con sueldos más altos esto les permitió mantener un estándar de vida siempre creciente, al cual se fueron acostumbrando. Otros necesitaban el segundo préstamo para pagar su automóvil o algún otro propósito urgente. Los mercados de consumo se distorsionaron por la desigualdad de ingresos. La enorme demanda de artículos de lujo en EE.UU., Europa, China y el Medio Oriente, no significó un avance sólido. El boom de las empresas punto.com ascendía y descendía, y las autoridades de EE.UU. respondieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001 instando a convertir el consumo alimentado por las deudas en una obligación patriótica. Ganó terreno la idea improbable de que las familias estadounidenses de bajos ingresos (sub-prime) podían convertirse en la base de una nueva montaña lucrativa de deuda hipotecaria que vendría en un empaque especial. El mundo político consideró esto una oportunidad enviada del cielo, con la que todos ganarían ya que, a la vez que protegería a la industria de servicios financieros, se consideraría una ayuda para aquellos que luchaban con términos de crédito estrictos, ya que ampliaba el acceso a las hipotecas para la compra de casas. El no pago de estas hipotecas sub-prime no solo condujo a la crisis en 2007, sino que sigue siendo desde entonces la médula de la crisis.3 3 Comprar una casa es una de las transacciones financieras más grandes que un ciudadano de un país desarrollado realiza en su vida (la única inversión comparable es adquirir una pensión); no resulta difícil entender por qué las hipotecas son un gran negocio. En 2007, la deuda familiar de EE.UU. era de alrededor de 120% del PIB, con hipotecas y segundas hipotecas, e incluía a más de cuatro quintos de la población total. Mientras las familias de EE.UU. se deshicieron de algunas deudas entre 2007 y 2011, una caída del 15% en los precios de las casas —y un alza del desempleo al 9%— condujo a pérdidas para los inversionistas y a la eje-


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Otra propuesta de inversión que ganó terreno en la década del 2000 fue la promesa de buenos retornos sobre la deuda pública de los países más débiles de la zona euro. El alto nivel de retorno pudo haber sugerido la existencia de riesgo, pero ya que los bonos estaban avaluados en euros, parecía que conllevaban una garantía implícita de la zona euro. Los inversionistas, entonces, podrían obtener el premio de arriesgarse… pero sin riesgo. No obstante, la falla de este razonamiento tomó más tiempo en evidenciarse; los delincuentes poseedores de hipotecas fueron más fáciles de detectar que los débiles gobiernos y los bancos que se escondían detrás del símbolo del euro.

3. Desbalances globales La fácil avalancha de créditos que inundó EE.UU. y Europa se había desprendido de los fundamentos de la economía. El ascenso de China y algunos otros productores asiáticos estaba agregando mucho a la capacidad productiva pero mucho menos a la demanda agregada global. El ascenso de los productores asiáticos pudo ser una buena noticia para todos si aquellos productores hubiesen sido solo un poco mejor pagados y si la inversión se hubiese canalizado a través de nuevas divisiones del trabajo y redes de productores de acuerdo con las reglas de comercio justo que penalizaran la competencia con salarios bajos, las bajas normas laborales o los procesos de producción peligrosos o derrochadores. Pero en lugar de ello, los salarios asiáticos siguieron bajos y dejaron un déficit en la demanda global, lo que produjo enormes desbalances comerciales. En The Dollar Crisis. Causes, Consequences, Cures (2003), Richard Duncan afirma que el uso del dólar como moneda mundial y los bajos salarios de los productores asiáticos habían permitido la construcción de una pirámide invertida de deuda global que, dentro de poco, perdería el equilibrio. Igualmente, Prabhat Patnaik argumenta que esta ha sido una clásica «crisis de realización» a escala global, causada por salarios establecidos por debajo de su valor en los Estados emergentes y en desarrollo, y el consiguiente déficit en la demanda (Patnaik, 2011: 148-64, 259-71). Patnaik acusa al nexo institucional de Wall Street y Washington, mientras que Duncan también explica cómo el régimen del dólar confiere una insostenible doble dosis de creación de créditos. Como advirtió el economista francés Jacques Rueff, el régimen del dólar no solo confiere a EE.UU. los frutos del «vasallaje», sino que crea un sistema internacional de balanza de pagos que funciona como cución de hipotecas (profundizo en este tema más adelante). Sobre el rol de la pobreza en la generación de la crisis, ver Rajan (2010).

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un juego de canicas en el que «después de cada ronda, los ganadores devuelven sus canicas a los perdedores» (cit. por Duncan, 2011: 43). Los alemanes, japoneses y chinos aprendieron esta lección luego de varias décadas consecutivas. Al margen de lo ventajoso que esto les haya parecido a las administraciones de EE.UU., su efecto fue impulsar la creación de créditos y enmascarar el debilitamiento de la economía estadounidense. Durante los años del boom después de 1992, la economía global estuvo marcada por un gradual déficit de la economía de EE.UU. y un progresivo excedente chino (Glyn, 2005: 5-37; Obstfeld y Rogoff, 2009); este excedente ayudó a mantener la gigante expansión crediticia ya que China lo invirtió en bonos del Tesoro de EE.UU. Sin embargo, la extraordinaria generalización de la inequidad, pobreza y bajos salarios en las economías asiáticas restringieron los mercados. El déficit resultante en la demanda pudo ser postergado por un tiempo por medio de nuevas formas de incrementar la deuda familiar de EE.UU. a través de hipotecas más asequibles, facilidades de las tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. Los consumidores europeos no se quedaron atrás en el nuevo siglo y sus gobiernos agradecieron los convenientes préstamos. No obstante, la creciente inequidad bloqueó el relativamente equilibrado crecimiento que se vio en la Europa de la posguerra. Los trabajadores o agricultores chinos no recibían salarios suficientes como para convertirse en buenos clientes de los productos importados, mientras que en EE.UU. los prestamistas mal pagados o pobres estaban endeudándose demasiado —especialmente deudas en vivienda que pronto tuvieron que dejar de pagar (Turner, 2007)—.

4. Financiarización peligrosa En 1945 las ganancias de los intereses financieros estadounidenses apenas daban cuenta del 4% del total ganancias empresariales; para 2006, la cifra de tales ganancias había subido al 40%. Mucho antes de este año, el funcionamiento de la economía real había sido eclipsado por el comercio de derivados en los mercados secundarios. Mientras que un fondo tradicional se habría contentado con ser el «único» —el que compre, venda, tenga acciones y bonos—, la nueva especie de «fondo de cobertura» usaba una porción de sus activos para movimientos cortos; esto es, apostar a que el precio de un activo bajaría, pedir prestada esa acción y luego venderla con la expectativa de comprarla de nuevo a un precio menor. Tradicionalmente, los fondos de pensión estaban regidos por normas que les impedían especular en movimientos cor-


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tos; en las últimas décadas, sin embargo, con frecuencia se está abandonando esta restricción. Cuando los mercados son muy inestables y los riesgos negativos evidentes, pareciera prudente compensar los movimientos «largos» con algunos «cortos», a modo de seguro; digamos, entre 70 y 80% de activos «largos» y los restantes activos «cortos». Tanto los bancos como los fondos de cobertura explotaron las nuevas técnicas de financiamiento para confeccionar y comercializar complejos productos derivados. Pronto, los fondos de pensión añadieron leña al horno de la financiarización. La inclinación a favor de las cuentas individuales de pensión, con subsidios tributarios y comercialmente provistas, de por sí fomentaba las burbujas especulativas ya que los administradores de estas cuentas tenían incentivos perversos: recibían fuertes sumas como honorarios a medida que los precios de las acciones se disparaban, pero no recibían la correspondiente sanción cuando las acciones se venían para abajo. Con la excepción de algunos fondos de pensión del sector público, la mayoría de inversionistas institucionales consideraron que su rol era enfocarse en el valor de accionistas a corto plazo. A muchos se les obligó a tener una porción de sus activos en bonos gubernamentales supuestamente libres de riesgo; así que, para compensar, usaron sus fondos restantes en formas más especulativas. Dejando de lado el rol de accionistas responsables, rotaron en exceso sus carteras y cobraron comisiones con cada transacción. El régimen de fondo de pensiones incluyó «déficits en rendición de cuentas» que impidieron a los ahorristas tener el real control de sus inversiones y redujeron la influencia de los accionistas sobre los gerentes generales y los directorios.4 Entre 2000 y 2008, el porcentaje de fondos de pensión que usaban fondos de cobertura se elevó del 2,4% al 26,7%. En ese tiempo, los fondos de cobertura contratados por los fondos de pensión en EE.UU. recibieron un rendimiento anual del 1,9%, por delante de los fondos de pensión canadienses, cuyo rendimiento promedio anual en fondos de cobertura era de solo del 0,9% (McCrum, 2011). Al margen de las supuestas ventajas del estilo de cobertura largo/corto, este debe asumir los costos de comisiones más altas y del comercio frecuente. Las comisiones se cobran en la fórmula 2 y 20 —2% del capital y 20% de la ganancia—; y, algo que resulta innecesario agregar, sin ninguna participación en las pérdidas. Un estudio de 11.000 fondos de cobertura muestra un rendimiento del 5,6% en los años 1980-2008, comparado con el 6,6 % de los títulos de deuda en EE.UU. (McCrum, 2011). El no haber superado a los bonos gubernamentales no impidió que los gerentes generales de los fondos de cobertura demandaran enormes bonificaciones 4 Un tema que desarrollé en Blackburn (2006).

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(tres reclamaron más de USD 1.000 millones en 2010). A fin de estirar tan modestos rendimientos, la mayoría de gerentes generales de los fondos de pensión también aceptaron con agrado prestar sus acciones a los fondos de cobertura para permitir que se vendieran al descubierto. En tiempos normales, los riesgos eran mínimos, pero tales operaciones podían convertirse en olas de especulación descomunales. En el Reino Unido y en EE.UU. el valor total de los fondos de pensión oscila alrededor del 100% del PIB, de manera que sus altos y bajos son de suma importancia macroeconómica. De datos del FMI, en 2010 los fondos de pensión comprendían el 25,8% del valor de todos los activos administrados (FMI, 2011b: 10). Los inversionistas institucionales ayudaron a crear un sistema financiero para nada transparente; un sistema que fue presa de burbujas de activos, zonas grises no reguladas de la banca y una financiarización proliferante. Estas tendencias exacerbaron el impacto de los desequilibrios comerciales, bajas tasas de interés y, con frecuencia, alimentaron la expansión del crédito y la sobreinversión. En otro lugar sostuve que el poderoso empuje hacia la mercantilización, privatización, financiarización y el «capitalismo gris» pusieron en riesgo la provisión de las pensiones (Blackburn, 2006a). El curso de la crisis ha provocado la ira pública generalizada ante el incumplimiento de las instituciones y las nefastas prácticas financieras dominantes. Es muy probable, no obstante, que las tendencias que generaron la crisis adquieran mayor impulso. En adelante, voy a hacer un recuento de las múltiples tribulaciones del mundo después de la crisis, en donde los gobiernos, las familias y los intereses financieros buscan revertir sus deudas. El resultado ha sido el estancamiento, el desempleo, la destrucción de la asistencia social y la instalación de coaliciones tecnocráticas ajenas a un mandato electoral. Por mi parte, sostengo que el crecimiento y la inversión requerirán de una mayor expansión de la demanda agregada global basada en salarios más altos en los países en donde se paga menos, la condonación de la deuda de los países pobres, nuevos esquemas de protección social y una arquitectura financiera dirigida hacia el servicio público. De prosperar, tal recuperación económica permitiría y requeriría a la vez una recuperación de la democracia.

5. El gran colapso de 2008 Durante el gran boom de la vivienda en EE.UU. entre 1993 y 2006, la ola especulativa se centró en las hipotecas como activos maduros para la «titularización». De esta manera, las hipotecas —antes un instrumento financiero monótono y en cierta medida inflexible—, una vez rebanadas y empacadas,


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se convirtieron en atractivas inversiones. En las épocas de Clinton y Bush, como se anotó en la sección anterior, se instaba a los corredores de bolsa a idear hipotecas adecuadas para clientes sub-prime. Las famosas Obligaciones Colaterales de Deuda (OCD) supuestamente convirtieron la escoria de la deuda de los pobres en un instrumento de inversión de primer orden, matemáticamente garantizado. Y a pesar de que los riesgos de estos fondos extremadamente «apalancados» y «estructurados» se volvieron obvios en 2007, aún proyectarán su sombra muchos años después. El mercado de OCD dio a los bancos una estimulante bienvenida al «originar» —esto es, construir— derivados crediticios y luego «distribuirlos» —o venderlos— a inversionistas institucionales, especialmente fondos de pensión. Cualquier idea de que se ayudaría a los prestatarios sub-prime se desbarató a medida que sobrevenían las moratorias en cifras mucho más grandes que las previstas. Las estadísticas usadas para calcular la probabilidad de moratoria se habían basado en un crecimiento de dos décadas. Los ingenieros financieros también fracasaron al no reconocer el efecto dominó del colapso interrelacionado y serial. Los mecanismos permitieron el encubrimiento y el engaño. Por ejemplo, se podían asegurar las OCD aún cuando no se poseyera el activo que se estaba asegurando, y luego acortar ese activo —una nueva versión de la conocida estafa de asegurar un edificio abandonado y luego prenderle fuego; aunque, en este caso, ni siquiera se necesitaba ser el propietario del edificio desde el inicio—. Estos instrumentos financieros, altamente complejos, eran oscuros tanto para las autoridades tributarias como para los accionistas. Se prestaban a una variedad de dobles tratamientos contables en múltiples jurisdicciones en todo el mundo, incluyendo sesenta paraísos fiscales. Las empresas, al igual que las instituciones financieras, usan estos paraísos para evitar pagar impuestos corporativos o para pagarlos a tasas mucho más bajas. De hecho, solo alrededor de una quinta parte de las empresas paga impuestos.5 Pero aun así, las autoridades europeas y estadounidenses son cómplices en la operación de esos paraísos ya que, si realmente quisieran, podrían cerrarlos en unas pocas horas. En lugar de eso, prefieren competir entre sí creando fisuras legales y nuevos paraísos. Durante los años del boom, comerciar con las OCD se volvió una actividad frenética en la que las instituciones financieras trataron estos títulos como si fuesen una licencia para imprimir dinero. No obstante, ciertos fondos de cobertura comenzaron a oler mal. Algunos fondos públicos de pensión sospecharon que estaban siendo engañados por el modelo «origina y 5 Para el descomunal alcance de las operaciones financieras en los paraísos fiscales, ver el muy instructivo estudio realizado por Shaxon (2011).

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distribuye» y comenzaron a rechazar varias OCD y otros derivados crediticios. Las agencias de calificación, sin embargo, no vieron problema en seguir calificando a las OCD como triple A —lo cual de ninguna manera es una sorpresa dado que las comisiones de esta evaluación constituían la mitad de sus ingresos totales6—. Los activos «tóxicos» creados por la burbuja crediticia con frecuencia eran registrados al margen de los balances generales, en instrumentos especiales de inversión o salvoconductos de las zonas grises del sistema bancario. El capital especulativo y la ingeniería financiera también persiguieron rendimientos más altos, invirtiendo en bonos de las agobiadas autoridades públicas de EE.UU. y de la periferia de la zona euro. Los bancos de inversión amablemente explicaron al gobierno griego cómo podía disfrazar el grado de su endeudamiento usando derivados, ya que las normativas de la Eurostat para reportes no los cubrían. En 2001 Goldman Sachs ganó USD 200 millones en la provisión de productos que ayudaron al gobierno griego a subestimar su deuda. Los bonos griegos lucían muy atractivos, por lo que otros bancos —y fondos de pensión también— no resistieron la tentación (Spiegel On Line, 02.08.2010). El 1 de junio de 2007 el Financial Times publicó un artículo titulado: «Resistiendo obsequios: los bancos de inversión arriesgan su reputación en los mercados europeos más oscuros» (Tett y Hope, 2007). Ahí se advertía que los bonos griegos, al igual que sus productos derivados, no eran lo que parecían y que debían alejarse de los fondos de pensión.

6. Las pérdidas desencadenan la intervención masiva Ya no se podía evadir la realidad. La mora de las hipotecas aumentó en forma alarmante en 2007, aunque no fue sino hasta el colapso de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, que la escala del desastre se volvió del todo evidente. En una semana, los fondos globales de jubilación se depreciaron en un 20%. De repente, se requería de medidas radicales para evitar el derrumbe de Wall Street y de la economía mundial. El Tesoro de EE.UU. absorbió algunos de los bancos y sociedades más grandes del mundo, y a todos les impuso una camisa de fuerza (Authers, 2011a). A la luz de la acciones tomadas en septiembre de 2008, el impulso colectivista que propuse en mi libro sobre las jubilaciones, de repente, pareció 6 Ver Duménil y Lévy (2011); también escribí sobre los orígenes de la crisis en Blackburn (2008). Ver además Gowan (2009). Lo que denomino financiarización se acerca a la descripción de Gowan (2009) del «nuevo sistema de Wall Street». Escribí más acerca de la financiarización en Blackburn (2006c).


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modesto. Ese mes, el Secretario del Tesoro, Hank Paulson, convocó a Washington a los gerentes generales de los trece principales bancos de EE.UU. Los reunió en la Cash Room del Tesoro, en donde les informó que todos estaban en bancarrota y les dio una hora para decidir si firmaban o no la carta que tenía preparada. Se trataba de una invitación de las autoridades federales a los bancos para que apuntalaran sus desmoronados balances generales inyectando capital fresco del recientemente establecido Programa de Alivio para Activos con Problemas (Troubled Asset Relief Program, TARP) con USD 700 mil millones —a cambio de lo cual las autoridades federales adquirían derechos en sus negocios—. Una hora después, luego de haber consultado con sus directorios, los trece gerentes generales firmaron la carta de Paulson. Los todopoderosos de Wall Street no solo estaban pidiendo ayuda a gritos, sino que Paulson también estaba respondiendo —o aparentaba responder— a la pregunta que se habría planteado en cualquier crisis en la época de la financiarización: ¿quién está al mando? La escena de los bancos reunidos en la Cash Room sugería que, después de todo, era el gobierno el que estaba al mando y que los bancos eran meros infractores reincidentes que habían jurado portarse bien en el futuro. Las autoridades federales adquirieron la participación mayoritaria en Citibank, el banco más grande del mundo, y todos los bancos se comprometieron a cumplir con ciertas reglas. A fin de calificar para los fondos del TARP, Goldman Sachs cambió su estatuto legal al de holding bancario, lo que le dio acceso a la «ventanilla de descuentos». A estas medidas siguió la toma estatal de AIG, la mayor compañía de seguros del mundo, y de Fannie Mae y Freddie Mac, los dos principales corredores de hipotecas. (No hay duda del hecho que Hank Paulson fue copresidente de Goldman Sachs persuadió a los bancos de que estas drásticas medidas defendían sus mejores intereses.) Las finanzas británicas estaban tan endeudadas como Wall Street —de hecho, la City y su red global de centros financieros offshore eran esenciales para los acuerdos bancarios paralelos—. El gobierno británico había sido obligado a rescatar, primero, a Northern Rock y, luego, al grupo Lloyds TSB y al Royal Bank of Scotland. Aunque Barclays y HSBC hicieron todo lo posible por evitar que se les involucrara en las operaciones de rescate, se vieron obligados a aceptar la ayuda del TARP de EE.UU. Solo la inminente posibilidad del colapso del sistema financiero estadounidense —una «experiencia cercana a la muerte»— permitió este extraordinario uso de la cartera pública. A pesar de que tres de los grandes bancos de inversiones de EE.UU. ya no estaban —Bear Stearns y Merrill Lynch habían sido absorbidos, Lehman Brothers obligado a liquidar—, en los siguientes meses y años fue sorprendente ver cómo los sobrevivientes y ven-

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cedores de Wall Street reafirmaron su poder. El Tesoro en ningún momento aprovechó su posición de propietario y acreedor para imponer políticas de préstamos a las compañías financieras que había salvado. En primer lugar, los bancos buscaban el desapalancamiento —para contratar sus balances generales exigiendo el reembolso de sus préstamos y siendo muy cautelosos respecto a otros préstamos nuevos—. Aun cuando los bancos siguieron rehusándose a proveer crédito a pequeños y medianos negocios, el Tesoro y las autoridades federales, aunque descontentas, no dieron marcha atrás. Los bancos todavía mantenían enormes pérdidas no reconocidas. Totalmente conscientes de los problemas de uno y otro, evitaron los préstamos interbancarios. Todos habían invertido en una amplia gama de activos dudosos —primero, y sobre todo, en hipotecas sub-prime y otros derivados crediticios, pero también en vulnerables bonos empresariales y públicos (especialmente bonos estatales y bonos emitidos por países periféricos de la zona euro)—. Las reglas contables les permitieron a los bancos mantener sus OCD en instrumentos especiales de inversión, al margen de los balances generales, con lo que evitaron su exposición a las moras de los deudores; con ello, el tamaño del consiguiente sistema bancario paralelo fue muchas veces mayor al tamaño del sistema bancario regulado visible. A medida que los tenedores de hipotecas y de bonos se veían golpeados por la moratoria, las fallas del mercado de derivados crediticios se tornaron evidentes y los seguros por Canje de Crédito Impago (CCI) resultaron una ilusión. Las autoridades federales absorbieron la firma AIG pocos días después del colapso de Lehman, porque se había especializado en tomar seguros por derivados crediticios. Asegurar títulos triple A parecía dinero fácil, si uno se negaba a reconocer el contagio, la sincronía y los eventos llamados «cisne negro».

7. Redescubrir el Estado Se decidió salvar a los megabancos estadounidenses y británicos porque sin las líneas de crédito que extendieron a sus clientes toda la economía amenazaba con asfixiarse. Pero los bancos, cuya mera existencia estaba en riesgo, se negaron a reanudar préstamos normales, con lo que consolidaron una prolongada restricción de créditos. Los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña temporalmente recortaron impuestos e incrementaron los programas de gasto público en «paquetes de estímulo», cuya aptitud y composición fue criticada por Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Los déficits del sector privado se mantuvieron manejables únicamente transfiriéndolos al sector público — en donde enseguida provocaron exigencias de austeridad radical y recortes


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a las pensiones públicas—. A fin de hacer que el rescate financiero fuese más aceptable, Gran Bretaña creó un impuesto fiscal sobre todas las transacciones financieras británicas del 0,075%, que produjo £ 2,5 mil millones. Sin embargo, cuando los gobiernos alemán y francés propusieron un modesto impuesto a las transacciones financieras en toda Europa, el gobierno británico se opuso (Parker y Peel, 2011). Como secuela de las medidas de emergencia hubo un amplio llamado a reformar las instituciones que las permitieron. El «sistema bancario paralelo» debía salir a luz del día y las transacciones over-the-counter (OTC) debían ser reemplazadas por un sistema de compensación pública para todo negocio de derivados. (Confiar la construcción de derivados a una entidad pública sería una forma abierta de lograr la transparencia, y las comisiones de esta actividad se convertirían en una ventajosa fuente de ingresos públicos.) Se solicitó a aquellos que buscaban canjes de créditos impagos que demostraran que poseían el activo que estaban asegurando; mientras tanto, los fondos de las bolsas de valores y los fondos de cobertura podían ser sancionados por vender acciones que no poseían. Algunas cuentas de la burbuja de sub-prime demonizaron el propio principio de los derivados en lugar de centrarse claramente en cómo fueron usados para ocultar y engañar. Por supuesto, muchos derivados crediticios eran deliberadamente complejos: las notas de calificación con frecuencia eran manipuladas a consciencia, y se ofrecían seguros vacíos contra la moratoria de la deuda. Pero, como secuela de la crisis, muchos derivados crediticios recuperaron su valor, lo que permitió que los préstamos del TARP se pagasen casi en su totalidad y dotó a los acreedores de Lehman de ciertos activos insospechados. Como ha venido demostrando la Junta Comercial de Chicago (Chicago Board) desde hace mucho tiempo, los complicados derivados pueden funcionar, siempre y cuando existan reglas estrictas acerca de su divulgación, garantías y normas comerciales. La Agencia Reguladora de Mercados Futuros (Commodity Futures Trading Commission) exigió una mejor capitalización a los bancos y fondos de cobertura que desearan comerciar derivados (Protess, 2011). Con frecuencia se ha usado la propiedad mutua de plataformas comerciales (esto es, propiedad colectiva de los participantes en el mercado) para crear la confianza requerida —a pesar de que la propiedad pública sería aún mejor—. Anthony Hilton, editor empresarial del Evening Standard de Londres, hizo otra sugerencia: nacionalizar el negocio de calificación de la banca —al mismo tiempo que puntualizaba que, sin una licencia emitida por las autoridades públicas, no se podría comercializar aeronaves o medicamentos nuevos (Hilton, 2010)—. Por supuesto, cualquier agencia que califica títulos, incluyendo bonos públicos, tendría que ser independiente del gobierno y man-

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tener un mecanismo de financiamiento que no ofreciera incentivos perversos. En la era de la globalización, debería haber varias agencias y reguladoras globales de calificación. La capacidad de Goldman Sachs de generar ganancias de especulaciones contra sus propios clientes se sumó a la esencia destructiva del boom de la financiarización. Durante los años que condujeron a la crisis, la hidra financiera actuó, ya sea comprando o vendiendo, en un tercio del total de transacciones en la bolsa de EE.UU. A Goldman se lo vio con frecuencia apostando enormes sumas del dinero de otras personas en ambos lados de la mesa de negociación de muchos eventos clave de fusiones y adquisiciones. Mientras los clientes se arriesgaban, Goldman negociaba con su propia cartera. ¿Alguna vez usó información de sus clientes para colocar apuestas seguras? Nadie lo duda. A medida que Goldman vio crecer la montaña de derivados crediticios, los principales ejecutivos invitaron a John Paulson, un muy pesimista gerente de fondos de cobertura, a crear derivados crediticios que estaban diseñados para fracasar —y que se vendieron al público sin ninguna advertencia—. Luego de la crisis y con una multitud cada vez más irritada en contra de los banqueros, la Comisión de Valores y Bolsas (Securities and Exchange Commission, SEC) acusó a Goldman de fraude. Sin admitir nada, Goldman pagó USD 550 millones para que desistieran de la acusación (New York Magazine, 15.07.2010). Como se anotó anteriormente, Goldman recibió cantidades considerables asesorando al gobierno griego sobre cómo ocultar su deuda; pero a la vez, conociendo su situación real, también hizo una gran apuesta con sus propios fondos en contra de los bonos griegos (Spiegel, 15.07.2010). Goldman Sachs recibió USD 12,9 mil millones según los términos del rescate financiero de septiembre de 2008, y afirmó que no fue beneficiario neto del rescate de AIG, ya que la exposición de sus USD 17 mil millones al asegurador estuvo totalmente cubierta y garantizada con otras instituciones. Consciente de que AIG tal vez no iba a poder pagar la montaña de OCD de USD 62 mil millones, Goldman también se había asegurado contra el colapso de AIG —con lo que demostró cuán sofisticado se había tornado el castillo de naipes—.7 A pesar de que Goldman Sachs merece un riguroso escrutinio, los bancos europeos también estaban explotando los vacíos legales en las regulaciones financieras a fin de ocultar sus debilidades. Cuando colapsó el banco franco-belga Dexia en octubre de 2011, se divulgó que, durante los años anteriores a 2008 había prestado en forma periódica USD 1,5 mil millones a sus dos principales accionistas que, luego, los invirtieron en acciones del propio Dexia. El diario Financial Times comentó: 7 Ver, por ejemplo, Bloomberg Markets (23.02.2010).


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El movimiento de financiamiento no ortodoxo... significó que Dexia se prestara dinero a sí mismo para financiar un incremento de capital. Los préstamos salieron a la luz luego de que Dexia [se convirtió en] el primer banco en requerir ayuda estatal como resultado de la crisis de la zona euro… En una primera ronda, Dexia aceptó sus propias acciones como garantía para los préstamos... «[el término] “bizantino” queda corto para describir esta estructura», declaró una persona enterada de la situación (Pignal, 2011a).8

La legislación belga se enmendó para cerrar este vacío legal en particular, pero los Estados europeos se resistían a someter a sus grandes bancos a una inspección detallada o a pruebas de resistencia verosímiles por temor a lo que pudiera revelarse.

8. Reforma titubeante A pesar de que aún no se ha divulgado todo, en 2008 las pérdidas por derivados crediticios eran de tal magnitud, y los abusos de la financiarización tan evidentes, que hubo el amplio consenso de hacer algo para tranquilizar a los inversionistas y aplacar la ira del público. Con el tiempo, a ambos lados del Atlántico se aprobaron complejas y extensas legislaciones. Había nuevas reglas, más papeleo y consultas aparentemente interminables. En julio de 2010 se aprobó la Ley Dodd-Frank. Los bancos solemnemente prometieron incrementar las garantías y los reguladores se preguntaban cómo terminar en la práctica las negociaciones con cartera propia. Las autoridades británicas anunciaron que protegerían los bancos minoristas y las operaciones menores de los bancos de inversión, y les concedieron las garantías que la actividad bancaria de inversión se negaba a dar. Sin embargo, algo que resulta extraño relatar, tanto Wall Street como la City de Londres salieron ilesas, indemnes, con exorbitantes bonificaciones «demasiado grandes como para fallar», incentivos perversos, una exigua capitalización, oscuras reglas contables, puntos al margen del balance general y entidades con fines particulares. Incluso entonces, los grandes bancos de inversión combinaron una gama de actividades que los colocaban en ventaja: corretaje de acciones, fusiones y adquisiciones, escarceos en finanzas personales y contratos de negocios de cartera privada. Supuestamente, había «murallas chinas» entre varias de estas funciones. No obstante, los reguladores siguieron notando sospechosas ráfagas de actividad comercial en más de tres quintas partes de los principales eventos empresariales. La revocatoria de la Ley Glass-Stea8 El FMI continuó preocupado por las múltiples fuentes de vulnerabilidad financiera; ver FMI (2011: 30).

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gall de EE.UU. en 1999 había permitido que ideas anticuadas como el «conflicto de intereses» pasaran a denominarse «sinergias». Pero ahora, después de la crisis, las disposiciones estilo Glass-Steagall para separar la vida cotidiana de Wall Street no progresaron entre los legisladores (FMI, 2011a: 30). En el fondo, la oposición a la reforma fue impulsada por las ansias de retener una fuente de ganancias que se requería de urgencia en un mundo en donde las comisiones de la banca de inversiones tradicional (ofertas públicas de ventas de activos financieros, asuntos de derechos y fusiones y adquisiciones) ofrecían ganancias más débiles y donde las ganancias de las negociaciones con cartera propia, las transacciones de derivados OTC y el juego de manos de la financiarización, se habían tornado esenciales para engrosar las utilidades y el crecimiento. Fue un caso sobrecogedor en donde se requería mayor transparencia y amortiguadores de capital más adecuados, pero los gobiernos no vieron otra alternativa que salvaguardar la salud de sus propias instituciones financieras. El advenimiento de un nuevo presidente en EE.UU. y una nueva coalición de gobierno en el Reino Unido pudieron haber inaugurado políticas completamente nuevas, pero no lo hicieron. En resumen, plus ça change, plus c’est la meme chose (cuanto más cambian las cosas, más siguen igual), es lo que mejor describe la notable resiliencia de las prácticas del sector financiero en el período de 2008 a 2011. A pesar de todas las devaluaciones y rescates financieros, los niveles de la deuda general —deuda nacional, deuda empresarial no financiera, deuda bancaria y deuda familiar— seguía alta: de tres a cinco veces el PIB.9 En enero de 2008, el experto financiero francés Jean-Charles Rochet publicó un libro titulado Why are there so many Banking Crises? Ahí, Rochet calcula que hubo 46 crisis bancarias desde que al sistema de Bretton Woods se le permitió colapsar en 1971. Durante los tres años después de la publicación del libro, los mayores centros financieros del mundo sufrieron una secuencia de crisis aún más severas —las más fuertes desde los años treinta— y el número total de Rochet debió haber subido al menos una docena más. Entre 2008 y junio de 2011, el FMI respondió a 22 solicitudes de préstamos por crisis; sin embargo, aunque sus recursos fueron usados en forma generosa —pero no siempre efectiva— para aplacar los apuros de los Estados de la UE profundamente endeudados, los Estados pobres y grandes, como Ucrania y Pakistán, recibieron poca ayuda. La muy provisional recuperación de 2010 se quedó sin vapor y regresó la «estanflación». El desempleo masivo continúa; millones están amenazados con la ejecución de sus hipotecas; muchas decenas de millones han visto sus ahorros reducirse y la posibilidad 9 Para la dinámica de «ciclos históricos» de la deuda, ver Altvater (1993: 87-177).


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de sufrir situaciones de pobreza en la tercera edad es mayor. Los negocios pequeños y medianos aún luchan por conseguir crédito. Sin embargo, medida contra el fracaso de la década de 1930 para impedir las consecuencias catastróficas del colapso de 1929, la intervención realizada en 2008-2009 fue un éxito. El PIB solo cayó un pequeño porcentaje. Los bancos fueron rescatados y su rentabilidad fue restaurada. La mayoría de préstamos del TARP fue reembolsada. Las compañías de automóviles usaron la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebra para transferir sus obligaciones de pensiones a la Corporación de Garantía de Beneficios de las Pensiones (Pension Benefit Guarantee Corporation, PBGC). Entonces, se usó una institución establecida para asegurar los esquemas de pensiones de las compañías como instrumento de política industrial. Las compañías automovilísticas rescatadas —bajo propiedad pública— volvieron a ser negocios viables. En el caso de General Motors los sindicatos jugaron un papel importante en crear una nueva estrategia que incluía un automóvil eléctrico, el Volt. Para mediados de 2011, la producción bruta en EE.UU., Francia y Alemania casi había retornado a los niveles de mediados de 2007.

9. ¿Rescate financiero desde abajo? A pesar de todo, el éxito del rescate financiero y los paquetes de estímulo fue muy limitado. Muy poco de la ayuda se filtró a aquellas personas amenazadas por la ejecución de sus hipotecas y cuyos problemas, después de todo, habían sido la raíz de la crisis de sub-prime. El inspector general designado por el gobierno para el programa TARP, Neil Barovsky, en su último día en el cargo a fines de marzo de 2011 observó que las reivindicaciones de eficacia del programa habían pasado por alto su implementación altamente desigual: El rescate financiero bancario, más formalmente llamado Programa de Alivio para Activos en Problemas, no cumplió con algunas de sus metas más importantes. Desde la perspectiva de las instituciones financieras más grandes, el entusiasta consentimiento está garantizado: miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes permitieron que instituciones que estaban al borde del colapso no solo sobrevivieran, sino florecieran. Estos bancos ahora disfrutan de ganancias récord y de la evidente ventaja competitiva que tienen al ser considerados «demasiado grandes para caer»... La legislación que creó el TARP, la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, tenía metas mucho más amplias, incluyendo la protección de los valores de la vivienda y la preservación de su propiedad (Barovsky, 2011).

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El Congreso no parecía dispuesto a respaldar el TARP —fue rechazado en la primera votación—; y luego lo aprobó solo cuando vino acompañado de las dulces palabras acerca de las restricciones que se aplicarían a los bancos y de la ayuda que se brindaría a las familias que enfrentaban el desalojo. Como Barovsky continúa observando: … [el] Tesoro, no obstante, suministró dinero a los bancos sin ninguna política efectiva ni esfuerzo por obligarles a extender el crédito. No había condiciones: ningún requerimiento, ni siquiera un incentivo para incrementar los préstamos a los compradores de casas y, en contra de nuestra firme recomendación, ni siquiera la solicitud de que los bancos reportaran cómo usaron los fondos del TARP... [En febrero de 2009] se anunció el Programa de Modificación para Vivienda Accesible (Home Affordable Modification Program) con la promesa de ayudar a un número de hasta cuatro millones de familias con modificaciones hipotecarias. Este programa ha sido un fracaso colosal, y ha tenido muchas menos modificaciones permanentes (540.000) que modificaciones que han fracasado o han sido canceladas (más de 800.000)… A medida que el programa lucha por mantenerse a flote, las ejecuciones de hipotecas siguen creciendo y los pronósticos hablan de 8 a 13 millones de estas ejecuciones en el curso de vida del programa (Barovsky, 2011).

Si una buena parte de los fondos del TARP se hubiese destinado a condonar la deuda de los grupos con menores ingresos, se habría estimulado el consumo en una economía amenazada por el estancamiento y se habría alivianado la carga de la deuda incobrable.

10. La banca rescatada descuida los servicios públicos El método de coordinar una economía por medio de la bolsa de valores está evidentemente plagado de inestabilidad y riesgo sistémico. Todo movimiento financiero confronta resultados inciertos, pero el «libre mercado» exacerba lo que es un problema inevitable y permite a los bancos chantajear a las autoridades políticas. Aunque se sabe que los megabancos son peligrosos, los gobiernos occidentales siguen mimándolos y los protegen de pérdidas. Los cabildeos de la industria financiera aún están impregnados de olor a gobierno: financian a las facciones políticas dominantes y mantienen think tanks de expertos. Hay una búsqueda compulsiva de formas para afrontar los crecientes costos de una sociedad que envejece y que entrega consumidores cautivos a las aseguradoras y a los gerentes de fondos. Las extensiones de los cuidados de salud y de la tercera edad están diseñadas para


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ofrecer un negocio garantizado a los proveedores comerciales y las aseguradoras, a pesar de la mala relación de costo-beneficio de estos últimos. Este enfoque compromete lo que de otra manera serían extensiones positivas de los derechos a la salud, como el nuevo régimen de salud acordado entre el presidente Obama y el Congreso en 2010. En este caso, los participantes no pueden optar por una compañía pública y se ven obligados a convertirse en clientes de una aseguradora privada por medio de la creación de «intercambios» en cada Estado, ofreciendo a los enemigos del programa la oportunidad de sabotear su implementación. Más aún, sin un mecanismo de «pagador único» el esquema no puede usar su poder de adquisición para bajar los precios de los farmacéuticos. En 2009, el G20 extendió a EE.UU. el rescate financiero y el paquete de estímulo dentro de un programa internacional para rehabilitar las finanzas globales. Los bancos centrales acordaron programas de «relajamiento cuantitativo» —emisión de moneda— a una escala enorme. Se rescató a pensadores económicos, como Schumpeter, Keynes y Hyman Minsky, que en su momento desafiaron la noción de las finanzas autorreguladas. Los mercados de materias primas y los mercados de activos tienen temporalidades bastante diferentes. Los primeros necesitan un colchón de activos inventario de seguridad, aunque eventualmente responden a las señales de los precios; y los otros necesitan fuertes regulaciones porque responden a los cambios de precios lentamente o no responden para nada, lo cual genera las burbujas. Los gobiernos occidentales inflaron la demanda de consumo, pero no abordaron la inequidad ni promovieron nuevas olas de inversión. Poco después, las autoridades financieras de Brasil y China se quejaron de que el «relajamiento cuantitativo» en EE.UU. y Europa estaba exportando inflación y promoviendo nuevas burbujas inmobiliarias a las economías emergentes. En diciembre de 2010, la Reserva Federal de EE.UU. reveló que su programa de relajamiento cuantitativo había adquirido bonos de bancos de EE.UU. por un valor no inferior a USD 3,5 billones usando dinero recién salido del horno para pagar y estimular drásticamente la liquidez bancaria. Estas instituciones emplearon los paquetes de ayuda financiera para reducir su propia deuda. Invirtieron, con un riesgo bajo o nulo, en bonos públicos o en deuda de consumo de alta calidad. Para poder tener una idea de lo que es un monto como USD 3,5 mil millones, puedo anotar que es cuatro veces más que el TARP, que era solo la punta visible de los esfuerzos del rescate financiero bancario (Tett, 2010). La moneda blanda entregada a los bancos les permitió pedir préstamos a tasas de sección de rebajas —1% o menos— y luego colocarla en bonos públicos que pagaban el 4 ó 5%; o en créditos de consumo que pagaban el 12 ó 18%. No sorprende, entonces, que los grandes

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bancos volvieran a ser extraordinariamente rentables y que los bonos bancarios se inflaran. (La divulgación de la Reserva Federal sobre la escala de ayuda brindada a los bancos fue uno de los resultados tangibles de las cautas reformas incluidas en la Ley Dodd-Frank: una enmienda que requería tal divulgación se había deslizado en el último momento y escapó al veto del normalmente supervigilante lobby financiero.) Pero, eso sí, muy poco del estímulo federal fue transferido al sector empresarial no financiero. Luego de los arrolladores costos de los rescates financieros, la prioridad de los bancos fue reducir su endeudamiento global en un momento en que la recuperación era incierta. Los pequeños y medianos negocios tenían dificultades para encontrar crédito y estaban siendo afectados por los efectos deprimentes del desempleo, ya que este sector da cuenta de más de la mitad de todo el empleo privado. Los bancos británicos recibieron un rescate financiero particularmente generoso y el apoyo subsiguiente, ya que sus deudas incobrables eran aún mayores que las de Wall Street. Sin embargo, tal generosidad no encaminó a los bancos grandes a atender las modestas necesidades de crédito de los pequeños y medianos negocios. Un estudio detectó que el porcentaje de préstamos aprobados había caído del 90% al 65%, a pesar del hecho de que había menos solicitudes debido a las desfavorables condiciones comerciales (Allen, 2011). Al sector financiero se lo mantenía a flote, pero con resultados muy desiguales. Algunos fondos de cobertura superaron el rendimiento, pero el sector como un todo fracasó en mostrar los rendimientos absolutos que había prometido. Algunos grandes inversionistas prefirieron los Fondos Negociables en la Bolsa (Exchange Traded Funds) y sus fondos administrados rivalizaron con los alicaídos fondos de cobertura. Al cierre de 2008, los fondos globales de jubilación habían bajado al 40%; recuperaron cierto valor en los siguientes seis meses; y, luego, desaparecieron gradualmente en los siguientes dos años. Si se incluyen los costos de administración de los fondos y la inflación, la mayoría de fondos con contribuciones definidas, disponibles para los pequeños ahorristas, luchaban apenas para lograr rendimientos nulos para cerrar una década perdida. El Instituto de Beneficios de Jubilación de los Empleados de EE.UU. (US Employee Benefit Retirement Institute, EBRI) tituló su Encuesta de confianza en la jubilación de 2011 de la siguiente manera: «La confianza cae a cifras récord y refleja un “nuevo [concepto de lo] normal”». La encuesta detectó que el 64% de personas entre 45-54 años tenían ahorros menores a USD 50.000, excluyendo la casa en la que vivían y la membresía en esquemas que estaban desapareciendo en forma vertiginosa —Planes de Beneficios Definidos [Defined Benefits, DB]—. En la encuesta de 2007, el 55% había reporta-


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do este nivel de ahorros o menos (con ahorros de USD 50.000 podían adquirir una pensión mensual de apenas USD 300). En el mismo grupo, el 44% tenía menos de USD 10.000 (y era muy improbable que tuviera acceso a DB o viviendas costosas). Luego de más de medio siglo de espléndidos incentivos tributarios sobre esquemas de pensiones privadas —planes tributarios calificados de compensaciones diferidas, 401(k); cuentas individuales de jubilación (IRA); esquemas ocupacionales y similares—, el seguro que salva a casi la mitad de la población de la tercera edad en EE.UU. de la eliminación de jubilación sigue siendo la seguridad social, con un promedio de USD 1.100 al mes. De aquellos con empleo, solo el 13% del total mostraron «mucha confianza» en que tendrían suficiente como para jubilarse, mientras que el 36% mostraron «algo de confianza» (EBRI, 2011; y, para 2007, ver Magnus, 2009: 87). Desgraciadamente, es probable que la última categoría incluya una proporción considerable del gran número de personas que tiende a subestimar lo que necesitarán al jubilarse. En general, los empleados esperan trabajar más tiempo, aunque el que haya o no empleo para ellos es otro tema. La décima parte más acaudalada de los ahorristas de pensiones para la jubilación se acoge a la mitad de todas las exenciones tributarias y, por consiguiente, están conformes con sus inversiones (Hughes y Sinfield, 2004; ver también Hacker, 2002). La mayor parte de estos montos, sin embargo, aún se invertirán en comisiones de administración de los llamados «fondos comunes», lo cual restringe mucho la acumulación de sus ahorros. (A pesar de que son técnicamente comunes y de propiedad de los miembros, en general, estos fondos están operados por gerentes comerciales de fondos que cobran una comisión anual del 1 al 2% de la suma.) Es de subrayar que las verdaderas ganancias de los años del boom se acumularon en el 1%, o incluso el 0,1%, de las familias que ocupan la punta de la pirámide (Duménil y Lévy, 2011). Los fondos de jubilación del plan de beneficios definidos (DB) fueron embarcados en una extraordinaria montaña rusa en el ciclo de la crisis-recuperación-contracción. En febrero de 2009, los déficits de los fondos DB británicos alcanzaron £ 219 mil millones y los déficits de los fondos DB en EE.UU. alcanzaron el récord total de USD 506 mil millones. En febrero de 2011, el valor global de tales fondos de pensión y activos de jubilación llegó a USD 26 billones; es decir, un incremento del 26% en febrero de 2010 (y un incremento del 66% desde el año 2000). Sin embargo, los pasivos también se habían incrementado, de manera que el número de esquemas en déficit y el tamaño total del déficit no había disminuido mucho.

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Los principios operativos de los fondos de pensión DB tienen un desafortunado impacto «procíclico». Enfrentados a un déficit inducido por la recesión, los auspiciantes empresariales del fondo también están obligados a contribuir con más dinero al esquema, lo cual solo puede deprimir más la demanda. A medida que los valores de las acciones se desplomaron nuevamente en el curso de 2011, se proyectó otro impacto perturbador cuando algunos esquemas se enredaron tanto en los déficits, que amenazaron la existencia misma de los auspiciantes, con más consecuencias nefastas para los miembros y los beneficiarios. La Corporación de Garantía de Beneficios de Pensiones de EE.UU. (US Pension Benefit Guarantee Corporation, PBGC) y el Fondo de Protección de Pensiones del Reino Unido (UK Pension Protección Fund, PPF) monitorean el rendimiento de los esquemas y proporcionan seguro a los participantes de los esquemas cuyos auspiciantes empresariales quiebren. Sin embargo, el seguro provisto generalmente suma alrededor del 70% de lo que se había prometido. En EE.UU. las principales corporaciones de una serie de industrias —aerolíneas, acero, automóviles, componentes de automóviles— han estado acogiéndose a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebra, lo que permite a los rescatistas empresariales (también conocidos como «buitres capitalistas»), como Wilbur Ross, despojarse de los pasivos de pensiones al entregarlos a la PBGC que, por ende, actúa como una suerte de agente de póliza industrial—. La PBGC es una entidad pública que, de ampliar y redefinir sus responsabilidades, podría jugar un mejor rol para garantizar las pensiones y promover el desarrollo industrial. Igual sucede con el PPF británico. Para fines de septiembre de 2011, Mercer, una consultora líder en pensiones, estimó el déficit en los esquemas empresariales privados de DB en EE.UU. en USD 510 mil millones; cerca del nivel anotado para 2009, cuando las bolsas aún se tambaleaban. Por su parte, el PPF británico estimó el déficit en los esquemas empresariales que aseguró en £ 196 mil millones. Un informe de The Economist, que citó estas cifras, también estimó que, en los dos años anteriores, el déficit en los esquemas públicos de EE.UU. había crecido USD 1,3 billones. Enfrentados a estos déficits, los auspiciantes están llamados a adoptar un programa de pagos para restaurar sus fondos y salir a la par (Buttonwood, 2011a). Así, en tiempos de una débil demanda se está estimulando a las sociedades a ahorrar y no a invertir. El informe también anotó que el relajamiento cuantitativo estaba agravando los problemas que estos fondos enfrentaban, ya que cualquier reducción en el rendimiento de los bonos eleva el costo del cumplimiento de obligaciones con los beneficiarios.


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Los débiles y cada vez peores datos sobre los ahorros y prospectos de pensiones en EE.UU. mostraron el vacío que había en el «éxito» de Washington al abordar crisis. Más aún, el ímpetu de la cooperación internacional no se mantuvo y los enormes desbalances globales que condujeron a la crisis prosiguieron. Los balances generales de muchas instituciones financieras aún escudaban pérdidas no reconocidas.

11. Las fallas de la zona euro evidenciaron la existencia de una élite débil Gracias al atracón del relajamiento cuantitativo, Wall Street y la City de Londres recuperaron cierta estabilidad en 2009-2010. Los bancos europeos y los tenedores de bonos emitidos por los Estados europeos más débiles se vieron afectados por las dosis dobles y resultados inciertos de los rescates a gran escala que requerían Islandia, Grecia, Irlanda y Portugal. En 2011 se pusieron a la fila Italia y España. A pesar de que hubo mucha crítica contra aquellos que se habían excedido en los préstamos recibidos, muy poca estuvo dirigida contra los temerarios prestamistas. Una vez más, los bancos habían concedido préstamos de manera imprudente, pero esperaban poder escapar a todas las consecuencias negativas. Por su parte, el euro se presentaba vulnerable porque no estaba respaldado por una autoridad fiscal significativa. Los rescates financieros necesitaban negociaciones complicadas entre las diferentes autoridades financieras nacionales, cada una de las cuales tenía intereses especiales que defender, especialmente cuando sus propios bancos estaban arrinconados entre la moratoria o la depreciación del valor de su deuda. Los rescates impusieron drásticos programas de austeridad a los gobiernos receptores. Esto destruyó los derechos de pensión y hundió los niveles de vida, ya que con frecuencia se solicitó que se pagara a los bancos la deuda total. A pesar de las prendas de los gobiernos nacionales, que totalizaron 440 mil millones de euros, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, establecido en julio de 2011, no logró calmar los temores por mucho tiempo porque era demasiado complejo y a la vez resultaba inadecuado (Oakley, 2011). Cada gobierno nacional tuvo que endosar el esquema y, en octubre, cuando ya fue evidente que Grecia absorbería la mayor parte del préstamo, no dejando nada para Italia, con su deuda de 1,9 billones de euros, la respuesta fue no contribuir con más recursos al Fondo sino, en su lugar, recurrir a la ingeniería financiera estilo OCD, de manera que su base de efectivo se usara para asegurar los préstamos que casi llegaban a un millón de euros. El problema no fue que la zona euro estuviera quebrada, sino que

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los gobiernos de los Estados más ricos de esta zona, sobre todo de Alemania, se negaban a financiar las deudas de Grecia e Italia. De hecho, incluso la ayuda más modesta dependía de una drástica austeridad y de la venta urgente de activos públicos, los cuales, en los Estados más pequeños y periféricos de la zona euro, eran limitados. Papandreou, el primer ministro griego, anunció que de ninguna manera se podía vender el patrimonio del país al mejor postor. Los fondos de cobertura fueron negados a Atenas —pero, a juzgar por las acciones del gobierno, estaba bien renovar la concesión a los acreedores de Grecia de enormes lotes en la isla de Rhodes y otros sitios selectos para la inversión especulativa—. Desde cualquier punto de vista, las instituciones financieras europeas se quedaron cortas. Muchos de los titanes financieros de la zona euro — notablemente el Deutsche Bank y la Société Générale— habían participado en la orgía de derivados crediticios y aún el día de hoy deben admitir su total desprotección, ya sea a los derivados crediticios de EE.UU. o a los bonos griegos. Pero la crisis todavía pudo haber tenido una salida positiva si hubiera llevado a reconocer que se requería un régimen financiero nuevo en toda la zona euro —específicamente, un sistema financiero dirigido al servicio público y garantizado por las autoridades fiscales—. Cualquier esperanza real de sostener el euro requeriría otorgar al Banco Central Europeo la potestad y los medios para actuar como prestamista de último recurso. La situación incluso sería mejor si hubiera impuestos en toda Europa y se creara el Ministerio de Finanzas de la UE. El presidente del Banco Central Europeo tuvo el acierto de proponerlo, pero dejó de lado la necesidad de que estuviera subordinado a un control democrático (Peel, 2011a). En cierta forma el sistema de Reserva Federal de EE.UU., establecido hace casi un siglo, ofrece características de las que podría aprender la zona euro. El Banco Central está respaldado por un poderoso Tesoro y tiene trece sucursales regionales cuyo objetivo es reflejar los intereses locales. Desgraciadamente, estas sucursales no tienen ni el poder ni la representación de la comunidad que se previó en un inicio (Weisman, 2003). Pero, aun así, los funcionarios elegidos y las instituciones juegan un rol más importante que en Eurolandia. ¿Es utópico imaginar que los europeos igualen —o incluso mejoren radicalmente— el modelo al que apuntaron los progresistas estadounidenses en 1913? Precisamente cuando la crisis de las sub-prime se intensificó, en gran medida por el sistema bancario paralelo, las crisis financieras que siguieron se han visto exacerbadas por pasivos gubernamentales ocultos, especialmente aquellos que gozan de garantías gubernamentales «implícitas» (como Fannie Mae, la empresa semiprivatizada auspiciada por el gobierno en EE.UU.), las deudas del Banco Central, los ítems fuera de los balances generales (co-


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mo las alianzas público-privadas en el Reino Unido) y la desprotección frente a contratos de derivados (como en Grecia). Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, que identifican este problema, lo vinculan a una mentalidad oficial ilusoria: La esencia del síndrome de esta vez es diferente se origina en la firme creencia de que la crisis financiera es algo que le sucede a otros en otros países en otros tiempos. [En los años de la burbuja, antes de la crisis, la creencia era que:] A diferencia de muchos booms que precedieron al catastrófico colapso (incluso en nuestro propio país), el actual boom está asentado sobre fundamentos sólidos, reformas estructurales, innovaciones tecnológicas y buenas políticas (Reinhart y Rogoff, 2011: 1676-1706).10

Con esta inagotable fe en la magia de las finanzas, las señales de advertencia fueron aclamadas como prueba de que se había descubierto una nueva economía de Ricitos de Oro. Para enero de 2009, la euforia se había evaporado. La experiencia de la crisis había dado lugar a invocaciones para una nueva arquitectura financiera internacional, basada en el reconocimiento de que los mercados financieros no se autorregulan y no deben exponerse al frenesí especulativo. Las autoridades chinas instaron a la creación de una nueva moneda de reserva internacional y, como ya se anotó, las autoridades brasileras criticaron el impacto inflacionario del relajamiento cuantitativo masivo de los EE.UU., que amenazaba el rol de las economías emergentes como nuevos motores de la economía mundial. En Estados Unidos, aunque la Ley Dodd-Frank introdujo una plataforma de medidas que ofrecieron «protección al consumo» para los inversionistas en productos financieros, estas se vieron obstaculizadas casi de inmediato por recortes simultáneos en los presupuestos de las instancias de control, y amenazadas por los vacíos que permitieron el uso continuo de instrumentos al margen de los balances generales. El New York Times denominó este fenómeno «derogación con otro nombre» (28.03.2011; ver también Braithwaite y Von Duyn, 2011). Las autoridades británicas también intentaron introducir medidas bajo el membrete «restaurar la confianza» en las instituciones financieras —pero sin manifestar claramente que aquellas instituciones merecían tal confianza—. Como observó mordazmente John Kay: «La nueva burbuja económica, la venta de 10 Algunos autores añadirían a la lista de «deudas gubernamentales ocultas» las obligaciones de pensiones para la tercera edad de la seguridad social de EE.UU. Pero en general esto sería un error, ya que los futuros ingresos por impuestos de la Ley Federal de Contribuciones del Seguro (FICA) están comprometidos para costear estas obligaciones y la tasa de este impuesto puede variar.

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complejos valores respaldados por activos, la escalada de la deuda griega… estos problemas no surgieron por la falta de confianza de los consumidores en los productos, sino porque confiaron demasiado» (2011). La crisis de la zona euro en 2010-2011 acentuó el hecho de que la factura por la crisis de la burbuja económica aún no se había pagado. Cuando el FMI y el Banco Central Europeo organizaron rescates para Grecia, Irlanda y Portugal, en realidad estaban protegiendo a los grandes bancos alemanes, británicos, franceses y estadounidenses, que habían concedido préstamos a esos países. En noviembre de 2010, el columnista del Financial Times y ex funcionario del FMI, Martin Wolf, observó que «no fue el sector público sino el privado el que perdió la cordura en Irlanda y España» (2010). Otro analista puntualizó que el gasto público en protección social con relación al PIB en Irlanda había caído del 20% en 1993, al 14% en 2000 (Finn, 2011). Antes de la crisis financiera, la deuda pública neta de Irlanda era solo del 12 % del PIB, comparada con el 80% en Grecia y el 50% en Alemania. La raíz de la crisis, según Wolf, fue la especulación de la propiedad en una economía desregulada ultra «flexible», con intereses muy bajos (Wolf, 2010). Con costos de crédito tan bajos, las entidades financieras privadas no pudieron resistirse la especulación. En la última década, España ha experimentado un enorme boom en la construcción, facilitada por su Ley de Régimen del Suelo de 1998 —que descartó las restricciones a ciertas zonas y normas ambientales—, y por la enorme inversión en infraestructura de transporte. Para fines de este período, los precios de la propiedad se habían triplicado, lo que alimentó un crecimiento económico anual del 5-6%. Para 2008, siete millones de familias españolas poseían dos casas, y casi el mismo número de alemanes, franceses y británicos gozaba de un segundo hogar en España. A pesar de que el Estado español ciertamente ayudó a que esto sea posible, los servicios públicos y la protección social estuvieron totalmente absueltos de culpa por el bajón. Sin embargo, cuando la especulación de bienes raíces se avinagró y empezó a comprometer a cajas y bancos, el gobierno socialista, presionado y asesorado por el Banco Central Europeo y el FMI, introdujo drásticas medidas de austeridad. El desempleo, que se concentró particularmente entre trabajadores jóvenes y mayores, escaló al 20%. En marzo de 2010, se llegó a un acuerdo con los sindicatos para rebajar las pensiones e incrementar la edad de jubilación, algo que provocó la movilización de los indignados y una ola de manifestaciones, huelgas y ocupaciones (López y Rodríguez, 2011). El maremágnum de permutas por incumplimiento crediticio en los mercados de bonos dificultó el manejo de la deuda griega cuando esta


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reapareció en 2011. Le dio a muchos bancos un argumento para oponerse a cualquier reprogramación o «reestructuración» de la deuda pública griega. ¿Por qué habrían de aceptar pérdidas si el incumplimiento activaría la compensación? La canciller alemana, Angela Merkel, insistió en que los bancos aceptaran un recorte del 60%, y devaluaran sus bonos en esta cantidad. Pero, en este punto, los bancos aún prefirieron esperar el rescate —lo que les permitiría invocar los seguros de sus OCD—. Muchos contribuyentes alemanes se negaron a pagar las cuentas por los errores cometidos por prestamistas y prestatarios privados. En julio de 2011, a medida que la crisis echaba raíces, las autoridades de la zona euro propusieron financiar un nuevo rescate a Grecia con un gravamen a los bancos. Tal impuesto no se consideraría un caso de crédito ni moratoria. Un informe observaba: «El plan, cuyos defensores creen que podría levantar 30 mil millones de euros en tres años (USD 42 mil millones), podría ayudar a satisfacer la petición alemana y holandesa de que los tenedores privados de bonos griegos contribuyan a un nuevo rescate de 115 mil millones de euros» (Spiegel, Peel y Wilson, 2011). (Los mencionados «tenedores privados», por supuesto, eran los bancos.) Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, la resistencia de los bancos fue suficiente para bloquear la propuesta. Estos únicamente aceptaron una modesta devaluación de sus bonos por 17 mil millones de euros que, en su opinión, era preferible al impuesto del 0,025% sobre sus activos en toda la zona euro —un gravamen bancario, no importaba cuán modesto, se consideró como la punta de un iceberg totalmente indeseable—. Para este momento, no obstante, los iracundos ciudadanos estaban listos para exigir a sus gobiernos que repudiaran lo que cada vez más eran consideradas deudas ilegítimas u odiosas (Chesnais, 2011). Por último, los jefes de gobierno de la zona euro idearon, a fines de octubre, un plan por el cual los tenedores privados de deuda griega aceptarían una devaluación «voluntaria» del 50%. Esto fue un shock para los inversionistas institucionales (aseguradoras y fondos de pensión), que habían adquirido eurobonos como un activo «libre de riesgos», de acuerdo con el mandato de sus clientes. Si bien algunos estaban asegurados en contra de devaluaciones parciales, la mayoría no. Más aún, el recorte que sufrieron los inversionistas únicamente ofreció al gobierno griego un alivio temporal, ya que no se aplicaría a los bonos griegos en manos del BCE, el FMI o el Banco Mundial que, en conjunto, poseen el 40% de la deuda griega. De inmediato, las dudas acerca del rescate griego provocaron temores hacia la deuda italiana. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), o fondo de rescate, se había agotado por el manejo de la crisis y se redujo a 250 mil millones de

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euros, una suma que sería totalmente inadecuada para salvar a Italia o España. Italia tenía una deuda total de 1,9 billones de euros, de los cuales 300 mil millones vencían en un año. El gobierno alemán aún era reacio a prometer más dinero para un fondo de rescate creíble; tal empecinamiento reflejaba una combinación de fobia histórica a las deudas, ideología conservadora, severas tácticas de negociación y desconfianza en los bancos. La desdichada alternativa que se escogió fue dirigir el plato de las limosnas a China —un país cuyo ingreso per cápita es de alrededor de un octavo del de la zona euro— y, como se anotó brevemente, se confió en los trucos e ilusiones de la ingeniería financiera para inflar el reducido fondo de rescates tres o cuatro veces su tamaño real. Se permitiría al EFSF usar sus restantes 250 mil millones de euros para asegurar los bonos a un valor de un billón. El Tratado de Roma —un documento financieramente conservador— a duras penas trataba tal procedimiento. Asegurar a Italia contra la moratoria iba a resultar un negocio enormemente costoso y el proceso de aseguramiento, de no ser exitoso, elevaría el costo de un eventual rescate (Wall Street Journal, 28.10.2011). El acercamiento a China se quedó en nada luego de que Beijing explicara que los chinos estaban prestos y gustosos a asistir a los europeos, pero solo si los europeos estaban listos a ayudarse mutuamente. A medida que supuraba la crisis, y los problemas de Italia ya no podían ignorarse, creció la sensación de que nadie estaba al mando. En varios momentos, el Tesoro y la Reserva Federal de EE.UU., el G20, el FMI y diversas reuniones de ministros de finanzas alegaron estar a la cabeza; pero, con frecuencia, el consuelo ofrecido no dio la talla. Luego de una infructífera reunión del G20 realizada en Cannes, en noviembre, Wolfgang Munchau concluyó que las varias crisis globales requieren soluciones fuera del espacio político usual. Para acabar con la crisis en la zona euro se necesitaría un banco central que actuara como prestamista de último recurso, un mercado de bonos europeo común y, finalmente, la unificación fiscal con alto grado de integración del mercado laboral y productivo. Al momento, no obstante, estas medidas son contrarias a las constituciones nacionales, tratados europeos y preferencias políticas (Munchau, 2011).

Con predicciones del crecimiento en la zona euro para 2012 que no sobrepasan el 0,5%, la lista de iniciativas requeridas también debería incluir un paquete de estímulos a gran escala para toda Europa. Se podría pensar que cualquier liderazgo sería mejor que ninguno, pero este no siempre es el caso. Sin haber resuelto la recesión, era peligroso que


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los recortes y austeridad se tornasen en una obsesión para el mundo desarrollado. En el caso de la zona euro, esta obsesión surgió de una forma interesante. Debido a que unas elecciones indecisas dejaron a Bélgica sin gobierno por más de un año, sin nadie que impusiera un plan de austeridad la economía belga creció a una tasa moderada del 0,8%, a la cabeza de la mayoría de sus socios, miembros de la zona euro (Pignal, 2011b). Los líderes de la zona euro anunciaron que su objetivo era crear un marco fiscal común para actuar como último garante de la unión monetaria, pero que esto requeriría complejas negociaciones. Mientras tanto, le otorgarían al BCE poderes fiscales extraordinarios sobre los miembros morosos de la zona. Los funcionarios elegidos debían diferir los dictámenes de las autoridades financieras no elegidas de la zona euro. El gobierno húngaro de derecha lideró tales movimientos en 2010 al crear una autoridad fiscal con capacidad para desautorizar al parlamento de ese país. Los variopintos líderes europeos estaban utilizando una crisis en Grecia, la tierra que le dio su nombre a la democracia, para alejar al continente de su práctica en un momento en que el déficit democrático podía resultar aún más peligroso que la volatilidad financiera. A Papandreou se le pidió que renunciara no porque había administrado mal la crisis, sino porque convocó a un referendo sobre el presupuesto de austeridad. Para inicios de noviembre, tanto él como Berlusconi fueron reemplazados, por Lucas Papademos, en Atenas, y Mario Monti, en Roma, ambos ex funcionarios del Banco Central, no electos (y, en el caso de Monti, consultor principal de Goldman Sachs). Pero, mientras las naciones deudoras vulnerables podían ser intimidadas sin problema, las autoridades alemanas seguían dudando de la acción decisiva. El rescate griego de octubre había desestabilizado aún más a los mercados europeos de bonos, sin siquiera haber solucionado el problema griego. Los inversionistas institucionales usualmente necesitan una proporción de activos «libres de riesgo» para equilibrar sus carteras: ¿podían ahora honestamente calificar a los bonos italianos, españoles o incluso franceses como «libres de riesgo»? Muchos resaltaron que solo un «prestamista de último recurso», respaldado por una economía y sistema tributario fuertes, podrían proveer el fondo «libre de riesgo» que requiere un sistema financiero. Mientras la viciada arquitectura financiera provocaba temor, la situación se agravó por los factores deflacionarios que pesaban en la coyuntura global de 2011. Las inversiones de bancos y las familias de ambos lados del Atlántico seguían desapalancándose, reduciendo su rentabilidad hasta el límite, aunque los bancos aún utilizaban engañosos valores de activos y las familias eran al extremo cautelosas, incluso si no se veían afectadas por valores negativos, la inminente moratoria y la falta de empleo. Los auspician-

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tes empresariales de los fondos de pensión DB enfrentaban una situación que los obligaría a reservar grandes cantidades para taponar profundos déficits. Por su parte, los gobiernos europeos estaban empeorando las cosas con sus salvajes programas de austeridad. Las economías emergentes —sobre todo, China e India— habían ayudado a inyectar cierta flotabilidad, pero sin medidas internacionales concertadas la economía global estaba enredada en el estancamiento y el crecimiento pudo tambalear incluso en China y Alemania. Los optimistas podían regocijarse del florecimiento de actividades y productos en internet —aunque resulta preocupante saber que con frecuencia eludieron, o directamente socavaron la forma-mercancía—.11 Los intentos de comercializar la red han sido enérgicos, pero apenas compensan el encogimiento de las industrias de la música y periódicos. Finalmente, incluso con la demanda debilitada, los repetidos repuntes del precio del petróleo y otros recursos naturales escasos mostraron que sería insensato imaginar que las sociedades de altos niveles de consumo masivo se podían reproducir en forma indefinida. A pesar de que esto debería inducir inversiones a gran escala en energía sostenible y segura, y también frenar el consumismo de lujo, no debería significar despidos ni recortes para los peor pagados. Como veremos más adelante, todo lo contrario. La mejor forma de reiniciar el crecimiento global sería pagar mejores compensaciones a los productores directos, proveer de bienestar a los más pobres y cancelar las deudas de aquellos que luchan por pagar sus préstamos; los excedentes consiguientes podrían ser reinvertidos en tecnologías sostenibles y distribución equitativa.

12. Coordinación global contra los desbalances (y los miserables sueldos que los generan) Para solventar los desbalances básicos que produjeron la crisis se requiere una coordinación global. La mejor forma de hacerlo sería reducir la pobreza global. Si los bajos salarios y la pobreza retrasan el consumo y perpetúan la recesión global, entonces habría que hallar las formas de restaurar la demanda en las raíces de la economía global. Richard Duncan, quien, como anoté anteriormente, señaló el problema de los bajos salarios en su libro publicado en 2002, The Dollar Crisis, propone un salario mínimo global en el sector exportador (233-250). No obstante, reconoce que será difícil lograr un consenso global para alcanzar alzas modestas, pero estables, en las zonas exportadoras. Las grandes corporaciones han subcontratado traba11 No puedo explorar este fenómeno aquí, pero recomiendo ver Zizek (2009: 91-94).


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jadores en estas áreas o han construido sus propias instalaciones ahí porque consideran que un elemento clave para su rentabilidad son los bajísimos costos de mano de obra. Sin embargo, cuando los administradores de estas corporaciones o sus proveedores permiten malas condiciones laborales y niegan los derechos a los trabajadores, ponen en riesgo su reputación. Más aún, la brecha global de ingresos en la actualidad es tan grande que un salario mínimo, a la final, solo elevaría marginalmente los precios al consumidor final. Si una tarifa salarial por hora se elevara de USD 3 a 4, la demanda local se vería incrementada en alrededor de un tercio, pero conllevaría a un incremento de precios de solo el 2 ó 3%. La experiencia de proyectos de «comercio justo» muestra el alcance de lograr apoyo para los sueldos mínimos en el sector exportador. Duncan reconoce que crear el régimen de auditorías e inspección requerido para aplicar un salario mínimo global plantea dificultades, pero sostiene que de ninguna manera son insuperables, especialmente si tomamos en cuenta el interés de los asalariados en sus propias compensaciones. Duncan insiste en que los sueldos en el sector exportador pueden ser supervisados más fácilmente que otros sueldos o ingresos; de hecho, el movimiento de bienes y servicios entre las fronteras ya está sujeto a monitoreo. Las propuestas de Duncan van de la mano con las medidas propuestas por economistas feministas que defienden un nuevo comercio que prohíba el trabajo infantil, la discriminación de género, las malas prácticas ecológicas, la violación derechos laborales y los salarios muy bajos (Van Staveren et al., 2007). Estas autoras muestran que las raíces de los desbalances comerciales están en la ventaja «absoluta» más que en la ventaja «comparativa». Los desbalances reflejan las «brechas tecnológicas» y «brechas de destrezas», más que una «competencia perfecta». En muchas zonas de exportación, la mano de obra está compuesta principalmente por mujeres jóvenes aún sin cargas familiares pero poseedoras de «manos hábiles», buena disciplina y una capacidad de trabajo duro y constante. Las reglas del comercio podrían establecer tasas de sueldos mínimos (eventualmente, tal vez, un «salario vital» sin fronteras), normas de seguridad, acceso a la educación y derechos laborales para estos trabajadores. Jean-Luc Gréau, ex economista directivo de Medef, la federación francesa de empleadores, planteó el caso opuesto para reglas comerciales que desmotivarían la superexplotación de los trabajadores más pobres.12 No resulta difícil plantear la crítica moral en contra de salarios muy bajos por un trabajo arduo de largas horas. A diferencia del proteccionismo co12 Ver Jean-Luc Gréau (1998) y otras obras tratadas por John Grahl (2011).

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mercial tradicional, las nuevas normas propuestas no estarían dirigidas a excluir las importaciones de países en donde los salarios son bajos, sino solo a establecer una base mínima para los salarios en el sector exportador. Estarían diseñadas para incrementar la demanda total de manera que se extienda a toda la economía. La mayoría de países ya tiene algún tipo de legislación sobre salarios mínimos, pero no se enfoca en los salarios y condiciones del sector exportador, como propone Duncan. Aunque elevar los salarios en el sector exportador provocaría un impacto mayor de demanda total en los países de bajos ingresos, existen otras dos medidas que también tendrían este efecto: una pensión global a la tercera edad de solo USD 1 por día, y la liberación de la deuda de los más pobres. Volveré a estas perspectivas más adelante. El incremento de la demanda total, por sí mismo, generaría algún crecimiento, pero este también podría ser promovido de otras maneras. El crédito público debería ser invertido en la economía verde y en reducir la escala de la pobreza global y cubrir los costos de la tercera edad. La anarquía e incertidumbre de los intercambios y flujos de capital globales deberán ser tratadas y reguladas de manera que empodere e informe a la ciudadanía en general y a las comunidades a las que pertenecen. En un momento dado, la misma crisis parecía amenazar los intentos de los bancos de aparecer como los soberanos del reino financiero. Las «reformas» recomendadas por el G20 implicaron importantes regulaciones, aunque más fastidiosas que efectivas. Al final, los gobiernos se sintieron obligados a hacer la venia a las necesidades de las casas financieras. En casi todos los casos, los tenedores de bonos y acciones evitaron pagar por sus errores —en lugar de ello, fueron los contribuyentes los que fueron obligados a hacerlo—. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, se impacientó ante los poderes de veto empuñados por los megabancos. En un discurso que pronunció en Edimburgo, en octubre de 2010, hizo énfasis en la necesidad de la «banca ajustada» —refiriéndose a los préstamos directos a familias y compañías— y propuso limitar las garantías gubernamentales a la banca pública (The Times, 21.10.2010). Los repetidos desórdenes de los mercados de dinero desde 1971 permitieron que algunos grupos se tornaran fabulosamente ricos, pero podría decirse que los mayores intereses de los capitalistas actualmente favorecen la creación de un sistema global de comercio y capital más estable y predecible.13 Los gobiernos, sean o no democráticos, necesitan cortejar a la opinión pública. Los movimientos populares, los partidos progresistas y los gobiernos tendrán oportunidades para presionar por sus objetivos de elaborar nuevas instituciones y prácticas nacionales regionales y globales. 13 Este es el argumento de The Stiglitz Report y de Jean-Luc Gréau (1998).


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13. El camino hacia adelante En octubre de 2011, Daniel Alpert, Robert Hockett y Nouriel Roubini publicaron The Way Forward, en donde declaran que solo medidas mucho más radicales tendrían esperanzas de éxito: «Las actuales condiciones económicas ameritan un tipo de programa de recuperación muy diferente a aquellos propuestos y ensayados hasta la fecha —uno que sea más largo, más concentrado y más estratégicamente dirigido a crear nuevas fuentes de riqueza—» (14). Roubini había advertido del inminente desastre mucho antes de 2008. Él y sus coautores estimaron que para bajar las deudas familiares morosas y las deudas financieras se necesitarían de 5 a 7 años, y en ese tiempo se podría causar mucho daño. Identificaron las raíces de las burbujas de activos en la excesiva capacidad global a largo plazo y en los enormes desbalances comerciales (acontecimientos cuyo carácter ominoso fue subrayado por Robert Brenner y Andrew Glyn en las obras mencionadas anteriormente). Al igual que Richard Duncan, los autores de The Way Forward ven en la pobreza y en la inequidad (dentro de y entre los países) las causas de la crisis y el impedimento para la recuperación. Proponen un plan tripartito que comprende: (1) un plan quinquenal de USD 1,2 billones de inversión en infraestructura en EE.UU. para permitir que el país pueda aprovechar una «oportunidad históricamente singular» para poner a trabajar «capital y mano de obra inactivos» a un «costo extremadamente bajo». La magnitud del esfuerzo sería crítica ya que otros endebles «paquetes de estímulo», recortes tributarios y el relajamiento cuantitativo en tiempos de un exceso de capacidad son ineficientes, mientras que los vanos intentos de recortar el déficit en realidad podrían incrementar los déficits totales. (2) «Reducción de la deuda morosa», que ofrecería alivio a los deudores de bajos ingresos y exigiría a las instituciones financieras aceptar rebajas contra activos vencidos. (3) «Re-equilibrio global» con alzas de salarios y mejores beneficios en los países en desarrollo; una mejor provisión del seguro social para la tercera edad en China, que reduciría el ahorro excesivo y promovería el consumo; para estos programas se prendarían los activos públicos. El «reequilibrio» global también comprende la propuesta de establecer un Fondo Mundial de Recuperación financiado por los países con superávit de capital, pero con reformas constitucionales que les permitan una representación justa en el Banco Mundial y en el FMI. Estas son las propuestas específicas de The Way Forward que cuestiono, aunque aplaudo el análisis general. Por ejemplo, considero que la mejor forma de elevar los sueldos en China sería mejorar los derechos laborales y no principalmente, como ven estos autores, a través de una revaluación de la

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moneda china. Los niveles de consumo se verían directamente elevados con mejores salarios en los hogares chinos. Por otro lado, como anoté anteriormente, estos autores tienen razón en hacer un llamado al mejoramiento radical de la cobertura de pensiones de los trabajadores chinos ya que, como señalan ellos, esto los persuadiría a gastar más. Aunque The Way Forward hace un llamado a la condonación de la deuda y provee datos técnicos sobre cómo hacerlo mejor, en general sus propuestas son bastante más débiles que aquellas del inspector general del TARP. Pero The Way Forward no cumple en realidad su promesa de identificar «nuevas fuentes de crecimiento», y se limita mayoritariamente a programas de infraestructura y al establecimiento del Fondo Mundial de Recuperación. Tampoco trata la necesidad de una recapitalización de los grandes bancos auspiciada por el Estado. Aunque, en general, el análisis y las propuestas delineadas en The Way Forward son bienvenidas y tienden a dar soluciones progresistas. A pesar de que hay muchos puntos de coincidencia en los análisis y propuestas de Richard Duncan y las de estos autores, Duncan es más específico respecto a «nuevas fuentes de riqueza». Señala que al tener tasas bajas de interés y exceso de capital, las autoridades públicas podrían financiar programas en energía solar, nanotecnología y biotecnología a gran escala y bajo costo (Duncan, 2009: 188-190). Según Duncan, cada uno de estos programas, de estar adecuadamente financiados, necesitaría USD 1,2 billones; es decir, un total de USD 3,6 billones. Duncan explica que las empresas que asumirían estos ambiciosos programas no estarían reguladas por los gobiernos, sino que más bien serían fideicomisos públicos. Si bien el enfoque de Duncan tiene la escala y alcance necesarios, parece sentirse incómodo al estar defendiendo tan drásticas medidas en las empresas públicas. Impugna los rescates a los bancos y los programas de estímulo por ser una distorsión del verdadero espíritu del capitalismo, mientras que las medidas que él propone harían que el proceso de acumulación volviera a tener una salud de hierro. Sin embargo, otorga un papel clave a las finanzas públicas en el establecimiento de estos nuevos fideicomisos públicos. Si bien las categorías empleadas por Duncan podrían ser discutibles, en la actual coyuntura el capitalismo de Estado sería bastante preferible a nuevas dosis de austeridad y privatización, siempre y cuando estas empresas públicas estén acompañadas de medidas que empoderen a las comunidades y gremios de trabajadores. El debate británico sobre cómo manejar la crisis también ha generado ideas interesantes, aunque no tan exhaustivas como las que acabo de revi-


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sar. Martin Wolf ha señalado que el sector financiero británico es demasiado grande para el país, y que si los bancos salieran del Reino Unido como resultado de una fuerte vigilancia esto sería una buena noticia. Algunos británicos han investigado la posibilidad de crear nuevas instituciones: Robert Skidelsky señala la necesidad de ir más allá de medidas monetarias y establecer un banco nacional de inversiones considerablemente activo.14 Gerald Holtham (2010) argumentó que un banco público de estas características podría elevar el crecimiento y reducir los déficits financiando instrumentos que podrían generar ingresos a futuro, como planes de vivienda social o peajes en las carreteras. Holtham sugiere que uno de los bancos ya nacionalizados podría adaptarse a esta función y, de estar garantizado por el gobierno, podría prestar dinero a bajos costos. Edmund Truell ha propuesto que los déficits en ciernes en las pensiones del sector público británico sean corregidos brindándoles acceso especial a inversiones garantizadas por el gobierno, ya que permitirá que estos fondos concedan préstamos a bajo costo y tengan un rendimiento garantizado.15 El principio podría tener una aplicación más amplia. La garantía que otorgaría el gobierno de un cierto nivel de futuros ingresos para la tercera edad le costará a poco o nada adicional, ya que los pensionistas de todas maneras calificarían para la asistencia estatal. La radicalización de la crisis ha llevado a muchos comentaristas a proponer una movilización del saldo total positivo de la zona euro para eliminar los ataques especulativos sobre sus miembros débiles. En esencia, se trata de persuadir al gobierno y electorado alemanes de que la zona euro y la UE se destruirán a menos de que se unan para defenderlas. A inicios de noviembre, un grupo de respetados economistas, conocidos como los «cinco sabios alemanes», declaró que debería armarse una cartera conjunta de bonos o fondo de rescate de 2,3 billones de euros, en donde Italia tendría un 40% del total y Alemania un 25%. Este esquema, indirectamente, permitiría a las autoridades alemanas garantizar la deuda italiana, que aún se mantiene en 1,9 billones de euros. Pero esta propuesta tiene los peores pronósticos —no porque no funcionaría, sino porque la opinión pública alemana la rechaza— (Peel, 2011b). No obstante, si hay algo que el público alemán teme aún más que las finanzas flojas, es el colapso de la institución europea.

14 Ver Skidelsky y Felix Martin (2011). Skidelsky también ha defendido este enfoque en artículos para The New Statesman. 15 Ver Robins (2011) y la Sección Comercial de Sunday Times (06.11.2011). Aunque este esquema sin fines de lucro podría ser totalmente manejado por el público, Truell, un director de Pensions Corporation, parece inclinarse a que lo manejen seguros comerciales.

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14. Finanzas públicas El sistema financiero público de China ayudó a contener la crisis. Los bancos chinos más importantes son públicos y fueron obligados a respaldar enormes programas de inversión en infraestructura, protección ambiental y capacidad productiva. Las autoridades chinas asumieron un paquete de estímulos grande y efectivo. China también ha usado fondos públicos para financiar la provisión social y dotar a las entidades públicas de bienestar social con los réditos de la privatización. Haciéndose eco de las fuerzas laborales contradictorias en la sociedad china, la privatización de fondos públicos estuvo acompañada de disposiciones que adjudican una proporción de estos a la provisión de pensiones. Las autoridades chinas también proclaman la necesidad de reequilibrar la economía hacia el consumo y elevaron los sueldos en 2010 y 2011. China sufrió una burbuja de bienes raíces y, al igual que muchos gobiernos, vendió tierras públicas a bajos precios o dedicó recursos a la construcción especulativa. Pero el control gubernamental del sistema bancario —y la instauración de impuestos al creciente valor de la tierra por parte de las autoridades municipales más asertivas— ofrece ciertas oportunidades de contener la burbuja. En Chongqing y en algunas otras regiones importantes, las autoridades se negaron a vender tierras y, en vez de esto, las alquilaron con contratos a corto plazo, lo cual les permitió captar más ingresos del desarrollo urbano. Las autoridades de Chongqing también respaldaron un plan para producir 100 millones de computadores portátiles Lenovo para vender en China y en el exterior —algunos para enviar directamente a Europa a través de los nuevos nexos de ferrocarril, que acortan los tiempos de entrega a tres semanas—.16 Además de que China tiene ventajas especiales, incluso las provincias más pequeñas tienen alguna posibilidad de desarrollar su propia respuesta al mercado global si invocan un espíritu de solidaridad colectiva y espíritu empresarial público. Singapur acogió los patrones globales en sus propios términos. Este país invierte montos extraordinarios en educación e infraestructura, y con sus fondos de previsión construye viviendas y paga pensiones. Los rescates de 2008 fueron realizados por funcionarios estatales y aquellos de 2010-2011 estuvieron dirigidos a restaurar la solvencia del Estado. En conjunto, las crisis mostraron que la globalización salvaje generó el caos; es el Estado el que ahora debe buscar las soluciones. La infraestructura social, la economía sostenible y el alcance transfronterizo para nuevas redes productivas ofrecen campos para la iniciativa estatal. Las presiones de acu16 Ver The Economist (25.06.2011); también Huang (2011).


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mulación de capital no deberían ser ni subestimadas ni aceptadas, sino más bien frenadas, controladas y dirigidas. A nivel central, esto exige la construcción de bancos y sistemas financieros públicos que se extiendan desde los centros nacionales y devuelvan los recursos a cada localidad, por un lado; y la cooperación entre socios regionales y globales, por el otro.17 La propiedad pública estratégica es una condición necesaria, aunque no suficiente, ya que las autoridades públicas podrían verse tentadas por sus propios excesos especulativos —y, tristemente, dos entidades públicas, el FMI y el Banco Mundial, los han promovido con su euforia de la privatización (sobre lo cual me referiré a continuación)—.18 Como hemos visto, el manejo de la crisis condujo a las agencias públicas a tener intereses en negocios financieros clave; pero la verdadera escala de la ayuda pública por medio del relajamiento cuantitativo no ha sido reconocida y, en muchas áreas, las pérdidas —tanto en valores privados como bonos públicos— permanecen ocultas. En agosto de 2011, los precios de la vivienda en EE.UU. aún estaban el 15% por debajo del nivel en que se encontraban en agosto de 2008. Un hecho que, según se informó, «sigue arrastrando valores respaldados por hipotecas “tóxicas”, las cuales iniciaron el problema» (Authers, 2011b). Para ese momento, las pérdidas en euros eran incluso más severas, pero con frecuencia los desechos tóxicos estaban en manos de los bancos en Europa del Norte (y en América del Norte). La deuda morosa debe manejarse porque induce al estancamiento. Si las instituciones financieras fuesen obligadas a condonar todas las deudas familiares y personales, incluyendo hipotecas sobre vivienda y préstamos estudiantiles, por debajo de un nivel establecido —digamos, £ 35.000—, se estimularía el consumo; y esto podría realizarse en formas que socialicen y a la vez fortalezcan el sector financiero. La condonación de las deudas a los menos favorecidos eliminaría muchos activos vencidos, al igual que obligaría a muchos intereses financieros a recurrir a la ayuda pública. Como explicó Barovsky, el antes citado inspector general del TARP, un rescate «desde aba17 Para el concepto del «sistema financiero público», ver Gowan (2009: 22-6) y Chesnais (2011: 17-24, 131-6). 18 Desde el punto de vista de la humanidad como un todo (incluyendo las futuras generaciones), los deseos y necesidades del público no están establecidos monolíticamente por una autoridad nacional dada, sin importar cuán popular o sabia sea. Se construye, más bien, en capas múltiples, en forma intergeneracional —está sobredeterminada en formas provisionales y parciales— y, por último, emerge de la interacción de colectivos diversos, algunos nacionales, otros regionales o locales. Los esquemas del comercio justo y la red cooperativa Mondragón, la salud nacional, o esquemas de pensiones y la prohibición de CFC (clorofuorocarburos), ofrecen ejemplos prácticos de los diferentes niveles en que se ayuda a la ciudadanía.

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jo», que redujera las cargas que pesan sobre las espaldas de los pobres y peor pagados, habría sido más efectivo y más útil a nivel público, que los rescates «desde arriba», favorables a los bancos. Un sistema financiero público tendría como núcleo a bancos de propiedad pública y con responsabilidad pública, agencias reguladoras y fondos sociales. Estos últimos informarían y empoderarían a los ciudadanos en forma individual, al igual que a las redes regionales o locales. El modelo neoliberal, en contraste, entrega fondos públicos y programas sociales a sociedades privadas y promociona una penetrante mercantilización de la salud, educación, pensiones y acceso al ambiente natural. De hecho, la mercantilización es tan profunda hoy en día que intenta transformar a cada ciudadano en una calculadora que camina, convirtiendo su propia vida en un costo financiero y una secuencia de pérdidas y ganancias. Se alienta a los estudiantes a endeudarse; a los jefes y jefas de hogar a hipotecar; a los consumidores a comprar con crédito; y a los ciudadanos a usar las entidades comerciales para asegurar los riesgos en el curso de su vida, en lugar de compartirlos y desplegarlos bajo un esquema de solidaridad y justicia intergeneracional. El costo global extendido de las crisis y las distorsiones financieras ha significado varios billones de dólares en producción perdida, decenas de millones de personas despedidas y muchos más millones, empleados o no, que se quedaron sin su derecho a la pensión. Sin perjuicio del éxito de China y Brasil, la inequidad global ha seguido en alza y la enorme brecha, cada vez más dilatada, entre ricos y pobres es evidente, tanto en países ricos como en los nuevos mercados emergentes. En marzo de 2011, The Economist informó que «pareciera que casi la totalidad de los beneficios de la recuperación ha sido distribuida a los dueños del capital y no a los trabajadores» (Buttonwood, 2011b). El informe anotó también que esto fue parte de una tendencia internacional y a largo plazo: desde 1980, la participación de los trabajadores ha declinado en toda la OCDE. La brecha ha sido particularmente marcada en Estados Unidos: entre 1973 y 2007, la productividad creció el 83% pero el salario real promedio de los empleados hombres se elevó solo el 5% (Buttonwood, 2011b). Aunque el salario real ha subido en China, India y Brasil, se necesitarán organizaciones obreras y movilizaciones para asegurar y extender tales ganancias, y para contrarrestar los grandes niveles de inequidad que siguen creciendo en los BRIC. El salario mínimo en el sector exportador propuesto por Richard Duncan podría reforzar la presión que pudiera ejercer el movimiento obrero organizado. También consideramos que la crisis no ha traído ningún beneficio en las áreas más pobres y ha golpeado al sector de las mi-


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crofinanzas, incluso en países como Bangladesh, en donde este sector parecía más fuerte (Kazmin, 2010). Debido a que los gobiernos han auspiciado estos programas, ahora deberán respaldar el alivio de la deuda y establecer topes bajos en las tasas de interés de los futuros préstamos. A pesar de que las finanzas privadas precipitaron la crisis, las finanzas públicas fueron necesarias para evitar el desastre y contribuir a su recuperación. Pero solo las autoridades chinas tomaron las acciones en la escala necesaria. Como anoté anteriormente, el sistema bancario chino aún es mayoritariamente público. Los bancos chinos no solo eran de propiedad pública —como Citigroup y RBS—, sino que recibieron la orden incrementar sus inversiones en infraestructura y líneas de crédito para fabricantes. El crecimiento continuo de la economía china permitió saldar estas apuestas y el incremento de la demanda china estimuló las importaciones del país. La industria alemana estaba lista para cubrir las necesidades de los clientes chinos. Los fabricantes alemanes aún mantenían una ventaja competitiva, en parte porque estaban respaldados por una red pública de investigación sin fines de lucro, la Fraunhofer-Gesellschaft, fundada en 1947. A la fecha, esta institución cuenta con un personal compuesto por 18.000 investigadores y un presupuesto anual de 1,65 mil millones de euros (The Economist, 05.02.2011). Esta red es vital para el liderazgo de la industria alemana. A pesar de que Alemania fue afectada por la crisis, se recuperó en un tiempo relativamente rápido gracias a las crecientes exportaciones al Asia. Un sistema de descuentos y subsidios para los trabajadores más jóvenes y de la tercera edad redujo tanto los costos laborales como el tamaño de la carga tributaria sobre los ingreso de los trabajadores. Además, se alentó a las compañías a retener a sus empleados con un subsidio especial al rol de pagos. El desempleo bajó del 9% en 2006 al 5% en 2011; y el crecimiento se recuperó a un estable 5% anual. Las instituciones de codeterminación (Mitbestimmung) permitieron que gerentes y gremios laborales dieran buen uso a las complejas disposiciones fiscales recién emitidas, aun cuando bajó la compensación por reducción de personal. Un informe de The Economist fue forzado a considerar la posibilidad de que la crisis parecía desacreditar el «modelo anglosajón» de crecimiento basado en la magia financiera y las burbujas de bienes raíces, y reivindicar el modelo alemán, en donde los trabajadores cooperan con los jefes, los gerentes invierten a largo plazo y la fabricación ocupa el puesto número uno de importancia, por encima de los servicios (Unger, 2010).19 19 Si bien este elogio es algo exagerado no está alejado de la realidad, ya que el informe examina las impresionantes fortalezas —y algunas debilidades— del modelo alemán. La unifica-

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Mientras los sindicatos cooperaron para frenar los costos salariales, en el período 2005-2009 los salarios de los miembros de IG Metal se elevaron el 13%. No obstante, el grado de inequidad en China aún constituía un impedimento para los exportadores alemanes. En 2009-2010, tuvieron mayor demanda de carros de lujo que de maquinarias o equipo médico. Para 2011, la saturación (sin duda, temporal) de demanda de artículos de lujo en China, y la renuencia del gobierno a asumir un nuevo paquete de estímulos, debilitó la demanda china de exportaciones alemanas. El gobierno alemán aún debía enfrentar los problemas de los miembros más pobres de la zona euro. Aunque se debe promover la propiedad social y las finanzas locales, se requieren rigurosas salvaguardas para aislar estos fondos de la presión comercial y especulativa. Los bancos comunitarios y las empresas de la construcción han mostrado que pueden brindar buenos servicios si se les impide asumir apalancamiento externo. Sin embargo, si son «liberados» (esto es, desregulados o privatizados) y se les permite actuar como bancos comerciales, enseguida se verán en problemas. Desde hace mucho tiempo, las empresas de fabricación alemanas se han beneficiado de los bancos públicos, Landesbanken. No obstante, durante la última década o más, algunos de estos bancos cedieron a la tentación de especular con complejos derivados de hipotecas y, como resultado de ello, sufrieron enormes pérdidas. Este fenómeno es otro ejemplo de los peligros de desregular y semiprivatizar las redes de finanzas públicas —otros casos son los bancos de ahorro y crédito de EE.UU., Fannie Mae, muchas ex mutualistas británicas privatizadas (por ejemplo, TSB) y las cajas españolas—. Cada una de estas instituciones funcionaron bien durante décadas como entidades públicas y bien reguladas; pero todo se vino abajo a raíz de la desregulación, privatización o desmutualización. Los recursos y el sector público deben ser continuamente reabastecidos para no ser captados por la acumulación privada del momento. El economista laboral sueco Rudolf Meidner propuso un impuesto social anual a las principales corporaciones, cada una de las cuales debía emitir anualmente nuevas acciones equivalentes al 20% de las utilidades a distribuir en una red regional de fondos sociales. Esta propuesta tiene la ventaja de que recorta una tajada de todas las acciones, incluso aquellas que se mantienen en paraísos fiscales. Sin embargo, la red de fondos sociales mantendría las participaciones recibidas a largo plazo y usaría los resultantes ingresos por ción alemana impuso cargas, pero también debilitó el poder del movimiento obrero organizado. Ver Perry Anderson (2010: 241-277).


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dividendos en fines específicos, como la provisión de pensiones (Blackburn, 2006a: cap. 7). Varios Estados (Noruega, Australia, Catar, China) alimentaron fondos soberanos o «fondos futuros» que actuaron como amortiguadores durante la crisis. Entre 2007 y 2010, el fondo futuro australiano creció de USD 44,9 mil millones a USD 70,3 mil millones; el fondo de capital de China, de USD 200 mil millones a USS 409,6 mil millones; y el fondo de pensiones de Noruega, de USD 373,1 mil millones a USD 525,1 mil millones (FMI, 2011a: 8). Estos fondos se podrían invertir en formas que promuevan la capacidad de producción, la vivienda social o la protección ambiental. Proyectos como estos generarían fondos a largo plazo que podrían utilizarse en caso de eventos impredecibles (desastres naturales) y predecibles (envejecimiento poblacional). En algunos países, los fondos de previsión y pensión también funcionan en este rol. Los gerentes de tales fondos invierten en desarrollo o infraestructura social, pero están cada vez más conscientes de que deben promover la sostenibilidad ambiental. En EE.UU. y la UE, sin embargo, los principios del libre mercado y cabildeo privado han desalentado programas de inversión pública. La UE tiene un banco de desarrollo y un «fondo estructural», pero ambos han quedado inactivos, con 347 mil millones de euros en fondos no reclamados al cierre de 2010 (Pignall, 2010). Los defensores de la empresa pública y la planificación social en el siglo XXI deben reformularlas de manera que se eviten los escollos históricos. Las experiencias de los últimos años han dado muestras de sorprendentes éxitos de desarrollo económico auspiciado por fondos públicos, aunque con serios problemas colaterales. La fabricación de TI en los parques científicos de Taiwán, y la producción agrícola en los campos del cerrado en Brasil, por ejemplo, han sido grandes éxitos. En cada uno de estos casos, estos países se han convertido en proveedores líderes del mundo en varias líneas de producción que las agencias públicas escogieron desarrollar hace dos o tres décadas. En el caso brasileño, Embrapa, la Corporación Brasilera de Investigación Agrícola, jugó un papel esencial en el éxito de rehabilitar el suelo de los campos cerrados, que antes eran matorrales.20 Usaron subsidios públicos en forma estratégica para establecer entidades viables en lugar de cubrir los actuales déficits operacionales. Sin embargo, el mismo éxito de los programas públicos de Brasil y Taiwán ha creado problemas ambientales inaceptables. A pesar de ser motivo de preocupación, estos problemas no deberían ser in20 Ver The Economist (28.08.2010). Para un contexto más amplio del tema brasileño, ver Sader (2011). Las vicisitudes de propiedad pública en América Latina han sido exploradas por Aguiar de Medeiros (2009).

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manejables si las autoridades públicas y las nuevas entidades productivas se hiciesen responsables de los impactos de sus proyectos ante las comunidades locales. Desgraciadamente, el éxito de estos programas también los hace jugosos blancos para la privatización y objetivo de intereses comerciales que quieren tomarlos a su cargo. Los fondos del sector público también han tenido gran éxito en construir vivienda social en muchos países —especialmente en Singapur—, pero la atención siempre deberá estar centrada en proveer viviendas que respondan democráticamente a los deseos de las comunidades en cuestión y en formas que promuevan la inclusión cívica. China ha tenido grandes éxitos en establecer una economía industrial, pero el grado de las protestas locales muestra que con frecuencia lo ha hecho a un alto costo social. Se ha demostrado que la provisión pública de pensiones y cuidados de salud puede brindar servicios con resultados más eficientes, confiables y equitativos que los proveedores comerciales. Cuando las finanzas privadas fallan, las finanzas públicas deben invariablemente tomar la posta. A partir de la década de 1990, el prospecto de un mayor gasto en la tercera edad y el culto a la privatización y financiarización condujo a un claro interés en esta área como fuente de lucrativos contratos y dudosa ingeniería financiera. Los funcionarios (elegidos) que buscaban ahorrar se vieron atraídos por los modelos financieros que les permitieron reducir los presupuestos de beneficios sociales. La financiarización contribuyó a la idea de que los consorcios privados asumirían los cuidados de los ancianos a cambio de una lluvia de futuras comisiones y la posibilidad de absorber instalaciones públicas y reorganizarlas de acuerdo al modelo «opco/propco» (operating company/property company; compañía operadora/compañía propietaria ). Las funciones de cuidar de la tercera edad y supervisar los hogares de bienestar iban a ser divididas en compañías «operadoras» de provisión de cuidados y en compañías «propietarias» de bienes raíces; estas últimas tendrían la capacidad de utilizar los bienes raíces para su beneficio. Sin embargo, este procedimiento le cargaba a la compañía proveedora de cuidados las obligaciones de alquiler, lo cual podía rápidamente agotar sus ganancias. Otro problema era que el torrente de ingresos de la autoridad pública estaría sujeto a cortes por la austeridad inducida por la crisis. En julio de 2011, Southern Cross, la principal cadena de hogares de cuidados de Gran Bretaña, con 700 hogares bajo su cargo, se declaró en quiebra. A medida que sus 30.000 ancianos esperaban el desalojo, los periódicos revelaron que los principales ejecutivos que auspiciaron esta pieza específica de la ingeniería financiera habían repartido £ 35 millones de bonos. Sin embargo, a la compañía de servicios financieros Blackstone y sus asociadas, que idearon la «solución» opco/propco, les


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fue mucho mejor: para el momento en que sacó sus inversiones, su ganancia fue de £ 1,1 mil millones sobre una inversión original de £ 564 millones (Wachman, 2011). (Se podría agregar que a fines de la década de 1990 e inicios de la del 2000, algunos de los más generosos partidarios financieros del Partido Laborista británico habían hecho sus fortunas manejando grandes cadenas de hogares de cuidados, un negocio que dependía de contratos públicos.) En 2011, Jeremy Heywood, el ingeniero financiero que había ideado Southern Cross Deal, ocupaba un cargo ejecutivo en la oficina del primer ministro británico. Como explicó el Financial Times, el Southern Cross Deal fue solo una parte de la ola de «innovación» financiera que acumuló enormes sumas especulando con la salud de la tercera edad sin tomar en cuenta siquiera el costo humano (O’Connor, 2011; Mundy y O’Connor, 2011). La quiebra es un ejercicio normal y necesario para los «instintos animales» de los capitalistas —razón por la cual los servicios públicos relevantes deben permanecer públicos—. La provisión de pensiones, igualmente, deberá restringirse a instancias que aún se mantendrán en pie dentro de cuatro décadas. Para asegurar que están cumpliendo con el trabajo que se les ha asignado, un gobierno fuerte debe reconocer la necesidad de una red autónoma y bien financiada de agencias de pensiones y cuidados de la tercera edad, con auditorías regulares. La respuesta a la crisis fue una abrumadora manipulación de las tasas de interés y la provisión de dinero. Aunque el control público de los bancos y de los proyectos públicos tangibles debió regir, aún se escucha la vacua —y falsa— explicación de que los gobiernos no pueden «escoger a los ganadores». No es necesario ir a Brasil o a Taiwán para refutar tal explicación. Varios de los escasos líderes empresariales globales de Gran Bretaña recibieron dinero público y propiedades estatales; hay ejemplos notables, como el fabricante de chips de celulares, ARM, y el fabricante de motores de avión, Rolls Royce. Pero el gobierno británico no logró impedir el cierre de una fábrica de cuchillas de turbina en la Isla de Wight, de un laboratorio de Pfizer en Kent, instalaciones de investigación en Cambridge y una planta de rieles en Derby —cada uno de los cuales lanzó a la calle a ingenieros especialistas y equipos de investigación, redujo la recaudación tributaria e infló los costos del desempleo como resultado de la crisis—. Los gobiernos británicos han permitido que sociedades extranjeras se apoderasen de empresas productivas locales con el objetivo de subordinarlas a la división global del trabajo basada en salarios bajos. Luego de que Kraft absorbiera Cadbury en 20092010, la histórica planta de la compañía en Bourneville cerró y transfirió sus contratos a un proveedor polaco. Cuando Hewlett Packard anunció una licitación para adquirir Autonomy, la compañía de software más importante del país, se temió una reorganización similar.

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En EE.UU. el programa de estímulos salvó a algunas empresas grandes, como se anotó, pero hubo pocos intentos de montar nuevos proyectos a gran escala. En la década de 1930, los presidentes Hoover y Roosevelt establecieron la Corporación Financiera para la Reconstrucción (Reconstruction Finance Corporation, RFC), que asumió la construcción de infraestructura y fábricas requeridas de urgencia. Con logros reconocidos en el período antes de la guerra, la RFC funcionó bien en los años de la guerra; mientras tanto, la Tennessee Valley Authority (TVA), emprendió un programa mundial de construcción de represas, generación de electricidad e irrigación. Con el estallido de la guerra, la RFC recibió la enorme suma de USD 4 mil millones (a precios de 1942) para construir fábricas para Boeing y Lockheed, y cubrir así la urgente necesidad de aviones y camiones (Olson, 1988). Sin embargo, cuando los futuros historiadores regresen a ver el período de 2007 a 2012, no encontrarán ningún monumento remotamente comparable en el sector público. El objetivo del nuevo programa de desarrollo debería estar dirigido a estimular el crecimiento por medio de la inversión, promover la sostenibilidad, alentar la formación de capital humano e incrementar la productividad. Sin suprimir las relaciones de mercado, tal paquete deberá reimbricar al mercado y desmercantilizar las principales áreas de la vida social, otorgando a todos libre acceso a servicios dignos de salud y educación, y permitiendo una acción con derecho a voto en el control de los recursos económicos (Blackburn, 2007a). Para crear mejores pensiones —o incluso simplemente salvar aquellas que ya existen—, se requieren medidas que aseguren el desarrollo sostenible. Las contribuciones a la provisión de pensiones pueden ajustarse para que tengan un impacto contracíclico. Al sugerir las medidas de regulación y control existe el peligro real de que se pierda el ímpetu sistemático de la acumulación capitalista. En esta era de financiarización, este peligro es más fuerte que nunca y se hace tangible en la temeridad con que los grandes bancos buscaron expandir sus balances generales. Desde el punto de vista del gerente general y el directorio, esta búsqueda se experimenta frecuentemente como una presión externa para justificar su participación en las acciones de la empresa trabajando duro. Por su parte, los accionistas esperaban que las cabezas de la empresa salieran a la caza de utilidades, incluso en los bienes más arriesgados. En junio de 2007, el gerente general del Citibank dio una famosa explicación con referencia a la facilidad de pedir préstamos y la locura de las OCD diciendo que «mientras suene la música, hay que levantarse y bailar».


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Antes de terminar el año 2011, se había alcanzado un nuevo climaterio económico, aunque su advenimiento ya había confirmado la famosa observación de Heráclito, quien dijo que «nadie se baña dos veces en el mismo río». Los mecanismos monetarios que habían tenido un relativo éxito en 2009 ya no estaban disponibles. Las decrecientes tasas de interés incrementaron la demanda, pero ni con tasas negativas se habría superado la timidez de los inversionistas que salieron altamente afectados. El deseo de comprometerse en paquetes de estímulos se había evaporado. En 2007-2008, los gobiernos del G20 estaban dispuestos a tomar medidas concertadas. En 2010-2011, lo máximo a lo que Washington y Bruselas aspiraban era —según la frase del momento— «dejarlo todo para más tarde». El punto muerto de Washington sobre el tope de la deuda del país y la parálisis de los líderes de la zona euro contaba una historia similar. Standard & Poor’s redujo las tasas de crédito de la deuda pública de EE.UU., mientras que el entusiasmo chino por cooperar se había apaciguado. Debido a que las varias crisis se centran en la deuda pública, los elementos de una solución deben incluir el cobro de los nuevos impuestos y de los antiguos. Se debería auditar la deuda pública para el repudio selectivo de deudas y la eliminación total de la deuda odiosa. Se debería, definitivamente, aligerar la deuda de las familias más pobres y de bajos ingresos. Por otro lado, habrá que honrar los derechos a los futuros servicios de salud y provisión de pensiones. La prensa frecuentemente destaca casos muy inusuales que ameritan la colocación de un tope o impuesto en pagos de pensiones individuales, digamos el 150% de ingresos promedio. También debería haber una segunda pensión decente para todos los empleados y ciudadanos. China y Alemania deberán jugar un papel más importante en idear soluciones a la crisis sin objetar si se emulará su propio enfoque colectivista. Finalmente, la experiencia internacional ha dado muestras de la necesidad de una protección social mucho más segura y extensa, como se explica en la siguiente sección. La crisis en ciernes de los préstamos estudiantiles, al igual que los déficits de pensiones e hipotecas, demuestran que la crisis persiste. En Gran Bretaña, se prevé que para 2015 la deuda estudiantil se triplicará a £ 70 mil millones. La deuda estudiantil es particularmente fuerte en EE.UU., en donde se prevé que pronto alcanzará la marca del USD 1 billón, solo a una escasa distancia de la deuda total de tarjetas de crédito (The Economist, 29.10.2011). Con fidelidad al espíritu de la financiarización, se invita a estudiantes y graduados endeudados a administrar su deuda en una compleja variedad de formas. Aquellos que tengan la mala suerte de equivocarse en su elección podrían encontrarse sujetos a la sofocación financiera —ya en 2009, el 8,8% de los tenedores de deuda estudiantil entraron en moratoria, con nefastas consecuencias para su

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calificación de solvencia—. La necesidad de pagar los intereses distorsiona las opciones que los estudiantes enfrentan, y tiene un efecto desalentador en la demanda. Aquellos aquejados con deuda estudiantil deberán calificar para el programa de alivio de la deuda propuesto anteriormente y los gobiernos deberán eliminar los derechos universitarios. La contribución de las universidades para la realización humana y el progreso económico, y también para despertar la conciencia de las restricciones que lo primero debe ejercer sobre lo segundo, es esencial. Los nuevos estudiantes deben ser provistos de lo necesario para cumplir con estas importantes funciones.

15. Apalancamiento de recursos y privatización de pensiones Toda la experiencia de la crisis puso en cuestionamiento el supuesto éxito del FMI y del Banco Mundial en urgir a los países a abandonar sus sistemas públicos de pensiones y optar por la provisión privada obligatoria. Durante la década de 1990 y hasta vísperas de la crisis, estas instituciones habían promovido agresivamente la comercialización de la provisión de pensiones, como lo demostró Mitchell Orenstein en su obra Pension Privatization (2008; ver también Arza, 2008). Entre 1994 y 2008 treinta países de América Latina y Europa Oriental fueron presionados para abandonar sus sistemas públicos de pensiones y reemplazarlos con fondos personales de pensión administrados por casas financieras comerciales. Las agencias internacionales recurrieron a un descarado acoso y a lo que Orenstein llama «apalancamiento de recursos». Como explica el autor, a los países que estaban en medio de una difícil transición a la democracia se les negó toda asistencia financiera, a menos que acordaran privatizar sus pensiones. Por otro lado, el Banco Mundial puso a disposición fondos para implementar campañas de persuasión pública, al tiempo que ofrecía incentivos y atractivos empleos a individuos clave si suscribían el proceso. El éxito de la campaña del Banco Mundial en la privatización de las pensiones terminó en un desastre ampliado para los países en cuestión. La situación incierta de las bolsas condujo a que las prometidas metas de acumulación fallaran en grande. Pero incluso en períodos en que las bolsas crecieron, los fondos comerciales sufrieron de muy bajas relaciones de costo/beneficio. Esto resalta un argumento clave de mi libro Age Shock (2006): a saber, que los esquemas públicos universales no tienen los costos de mercadeo y personalización que plagan las provisiones privadas. En un intento por mejorar la relación costo/beneficio, se persuadía a los gobiernos pa-


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ra que obligaran a los ciudadanos a participar en esquemas universales; no obstante, el problema de «enfermedad de los costos» se mantuvo.21 Esto se debe a que no hay una competencia efectiva —caso en que los proveedores explotan su posición monopólica— o hay competencia («elección») y una costosa guerra de mercadeo entre proveedores rivales.22 Al reexaminar los regímenes «reformados» emprendidos a inicios de 2011, Orenstein anota los siguientes escollos: Generalmente, las mujeres y las personas de menores ingresos son las grandes perdedoras de la privatización de las pensiones ya que pueden pasar largos períodos sin contribuciones, resultar con antecedentes laborales interrumpidos y/o niveles de ahorro más bajos. Las personas con altos ingresos generalmente son los ganadores, ya que las contribuciones a sus cuentas individuales se basan en ingresos mayores por medio de récords laborales relativamente ininterrumpidos… Sin embargo, los grandes ganadores son las compañías de servicios financieros que reciben enormes comisiones administrativas por manejar los fondos de pensión (Orenstein, 2011).23

Orenstein cree que la causa de la privatización de las pensiones se estancó por un tiempo como consecuencia de la crisis —y también por el impacto de prohibir los costos de transición (esto es, el costo simultáneo de pagar los antiguos derechos de pensión al tiempo que obligaban a los actuales trabajadores a contribuir con sus propios fondos de pensión)—. La crisis financiera, en ocasiones, llevó a los gobiernos a defraudar tanto a jubilados como a empleados, cuando los primeros recibieron pensiones devaluadas y a los últimos se los dejó tambaleándose con la inseguridad de sus ahorros. En 2008, los fondos de pensión recientemente establecidos en Polonia perdieron el 17% de su valor; en Bulgaria, el 26%; en Eslovaquia, el 12%; y en Estonia, el 32% en un fondo, el 24% en otro y el 8% en un tercero (Stanko, 21 La «enfermedad de los costos», también conocida como «efecto Baumol», es un fenómeno económico descrito por William Baumol y Wiliam Bowen, que consiste en el alza salarial en trabajos que no han experimentado un aumento en la productividad laboral, en respuesta a las alzas de salarios en otros trabajos que sí han experimentado un incremento en su productividad. Esto contradice el postulado de la teoría económica clásica que sostiene que los salarios siempre están vinculados estrechamente con cambios en la productividad laboral. La «enfermedad de los costos» se suele emplear para describir el poco aumento en la productividad de la administración pública, donde muchas actividades son intensivas en trabajo y los incrementos de productividad provienen esencialmente de la mejor inversión en tecnología. [N. del e.] 22 Más sobre el tema en Blackburn (2010). 23 Ver también Barr y Diamond (2008: 207-211).

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2009). Este impacto llevó a la concientización de que la estrategia de privatización estaba viciada y necesitaba reformas; requería carteras más diversificadas, límites en las comisiones de administración y en varias categorías de inversión (esto es, inversiones en el exterior). También se tomaron medidas para restaurar una pensión pública básica. Mientras se avecinaba la crisis, a las autoridades de la UE y la zona euro les preocupaban cada vez más los niveles de endeudamiento y establecieron rigurosas normas para potenciales nuevos miembros de la zona euro. Este criterio se centró en la deuda que los países habían adquirido como consecuencia de la transición a la privatización. Cualquier movimiento, desde el método «pague a medida que gasta» hasta la creación de fondos de pensión privados, debe disponer de un mecanismo de «transición» que provea dinero para las actuales pensiones y también para el nuevo fondo de pensiones. En la era de la financiarización, la solución era obvia —contratar un préstamo para pagar las pensiones actuales en unas pocas décadas—. Esto incrementó masivamente la carga de la deuda pública —con la adicional desventaja de que, según las reglas contables reinantes, no podían usarse los activos en los nuevos esquemas privados para compensarla—. Los nuevos Estados miembros de la UE protestaron, pero las autoridades de la Eurostat y el BCE —habiendo plantado las semillas de la debacle en la zona euro y luego de solicitar la privatización de pensiones— se convirtieron tardíamente en los guardianes de la austeridad financiera. Las autoridades europeas simplemente habían fracasado en prevenir la detonación mediterránea; en Europa Oriental habían auspiciado directamente la miseria de las pensiones directamente. Varios países que adoptaron el sistema privado de pensiones, más adelante lo modificaron para resaltar el «pilar público» de las pensiones estatales. El gobierno chileno de la década de 1980 abrió el camino para un tipo de privatización. En 2006, Michelle Bachelet, la nueva presidenta socialista de Chile, declaró que el régimen chileno de pensiones estaba lleno de fallas, tenía «baja cobertura… muy poca compensación y altos cargos por comisiones… y discrimina a las mujeres» (cit. por Orenstein, 2008). La nueva legislación creó una «pensión de solidaridad» que proveería cobertura y una pensión de vida a las mujeres y empleados con bajos sueldos. Se limitaron las prácticas comerciales de los AFP (fondos de pensión) con el fin de evitar riesgos y reducir la comercialización a costos más altos; y se propusieron crear esquemas manejados por organizaciones ocupacionales y no empresariales. El programa de privatización de pensiones estaba dirigido a promover las bolsas locales, pero con frecuencia mostró estar expuesto a dramáticas oscilaciones de valor. Los gobiernos de Hungría y Argentina se sintieron lo


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suficientemente fuertes como para tomar control de sus fondos acumulados. Desgraciadamente, los ataques a las «reformas» en estos países frecuentemente han tenido lugar en condiciones de crisis y sin las suficientes garantías como para asegurar la futura independencia del proveedor de pensiones como autoridad pública. Si hubiese estado disponible una instancia como el Banco Mundial para ayudar con la tarea de «desprivatización» (nacionalización), su curso habría sido más estable y más beneficioso. Orenstein anota una cierta reactivación de la tendencia privatizadora a medida que la crisis persiste y las medidas de austeridad debilitan la provisión pública. Este nuevo enfoque reemplaza los fondos privados de pensión «obligatorios» por la «inscripción automática» en un esquema privado, pero con una cláusula de exclusión. En 2006, el gobierno laborista en Gran Bretaña aprobó un esquema por el cual los empleados contribuirían con el 5% de su salario y los empleadores con el 3% para depositar en un Fideicomiso Nacional de Ahorros de Empleados (National Employee Savings Trust, NEST), con la posibilidad de retirarse voluntariamente del esquema. El gobierno de coalición que siguió acordó continuar el esquema, que entró en vigencia en 2012, en un momento en que los estándares de vida de las personas con ingresos medios o bajos son muy estrechos —y muchos podrían decidir excluirse—. El bipartidismo (o tripartidismo, ya que están involucrados tres partidos), en lo que concierne a la política de pensiones británica, es impresionante. La coalición de centro-derecha también pidió a John Hutton, ex ministro laborista de pensiones, que elaborara un informe sobre cómo cumplir con el costo de las pensiones públicas, aun cuando la pensión promedio adeudada a los acreedores de estos fondos no excedía de £ 5.500 al año (un pequeño número de servidores civiles bien pagados subieron el promedio a £ 7.000). El informe, como se esperaba, recomendó mayores cortes en las futuras pensiones públicas; el comentario en los medios fue que eran más generosas que aquellas disponibles para la mayoría de empleados del sector público. A pesar de que estos cortes deberán ser objetados con fuerza, la mejor solución sería establecer una pensión secundaria para todos los empleados, que cubriera tanto el sector público como privado. A pesar de que estas medidas de privatización «suave» e «implícita» fueron tantas como la presión que los servicios financieros podían razonablemente esperar por las secuelas de la crisis, los políticos aún estaban conscientes del continuo malestar público que buscaban disipar al hacer hincapié en que el nivel de la pensión pública básica y el crédito de pensiones estarían vinculadas con ingresos más que con precios. La probabilidad de déficits y brechas en la cobertura sigue siendo enorme.

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Al inicio de su campaña para convertirse en el candidato presidencial del Partido Demócrata, Barack Obama insinuó que pensaba que la seguridad social debía ser reformada. Sin embargo, luego de los desafíos cada vez más fuertes de Hillary Clinton, quien se oponía a debilitar el programa, Obama abandonó este tema. Ya elegido, designó una comisión para proponer formas de reducir el déficit público. Algunos de los miembros de esta comisión sugirieron recortar los beneficios de la seguridad social elevando la edad de jubilación, debilitando la indexación y otras medidas. Sin embargo, debido a la icónica condición del programa y la dificultad de predecir cuándo se encontraría un déficit, si se lo encontrara, Obama sorprendió cuando ofreció un «gran negocio» a los líderes republicanos del Congreso, en julio de 2011, por el cual acordaría elevar el tope de la deuda pública de EE.UU. a cambio de USD 4 billones de ahorros, y el programa gubernamental de cortes de gastos incluiría la seguridad social (Calmes, 2011; Cook, 2011). A pesar de que los republicanos rechazaron esta tentadora concesión, los recortes a los beneficios de la seguridad social, en lo que concernía a la Casa Blanca, ya no estaban prohibidos. En agosto de 2011, eventualmente se comprometió al Congreso a recortar el presupuesto federal en USD 2.800 en un período de diez años, para lo cual se encomendó la tarea de especificar estos recortes —y establecer su línea de base— a un supercomité. Como candidatos para esta carnicería están las pensiones de la seguridad social y Medicare, el programa de salud para ancianos. En Age Shock (2006), identifiqué los problemas comunes que asedian a la provisión comercial de servicios financieros, como honorarios excesivos, por un lado, e información asimétrica entre proveedores y ahorristas, por el otro. Los altos precios provienen de los costos de mercadeo y personalización. Los diferentes gobiernos británicos han aprobado leyes que pretenden frenar los costos exorbitantes y reducir la complejidad. Sin embargo, en un informe emitido en agosto de 2011, la Comisión de Ingresos por Jubilación (Workplace Retirement Income Commission) detectó que las pensiones de «contribución definida» no eran una buena idea debido a honorarios excesivos y confusos términos y condiciones.24 Las agencias financieras tienen mucha más información que sus clientes y la usan para asegurar sus ventajas sobre ellos. Los vicios del manejo comercial del dinero para clientes no están redimidos por políticas de inversión efectivas ni progresistas. Los grandes bancos de inversión vuelan a un nivel mucho más alto de aquel en que funcionan los pequeños y medianos negocios, y no tienen cri24 Ver Timmins (2011). El informe completo está disponible en el sitio web de la Asociación Nacional de Fondos de Pensión (National Association of Pension Funds), que comisionó su redacción.


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terios racionales para informar sus decisiones crediticias —como prueba está su locura al aceptar tanta exposición a las hipotecas sub-prime—. En la actualidad surge un problema similar con respecto a su renuencia a realizar inversiones productivas. En contraste, un sistema financiero público que apoye y respalde redes de fondos sociales podría reimbricar las finanzas en su contexto social y democratizar su accionar. El modelo socialista tradicional de una economía «nacionalizada» y planificada ha tenido sus éxitos —y en algunas áreas aún podría ser útil—. Tiene sentido para ferrocarriles, energía eléctrica, agua y otros monopolios naturales que deben ser de propiedad y administración pública (Patnaik, 2011). Pero el modelo de economía planificada ya tuvo su época. Mientras se monitoreen y regulen los mercados, tendrán un rol útil e incluso válido.25 La propiedad social de los fondos de pensión —y su manejo conjunto para la búsqueda de criterios socialmente responsables— puede dar a esto una dimensión más amplia. A los reguladores nacionales e internacionales les resultará difícil obtener la información que requieren para considerar una multitud de actores económicos. Otro tipo de «regulación desde abajo» para mejorar la «regulación desde arriba» serían las inversiones de instituciones de propiedad social que, por ejemplo, podrían usar sus poderes de participación para promover un salario mínimo en el sector exportador de los países con un bajo PIB per cápita. Mi argumento podría ser reducido como si planteara que la única forma de satisfacer los crecientes costos de la sociedad que envejece supone saltar al socialismo. Sin embargo, el sistema financiero público y las redes de fondos sociales apuntan a amansar y dirigir el capital, pero no a eliminarlo. Aún entonces habría mercados competitivos de productos finales y competencia entre capitales. Los grandes bancos se socializarían y los restantes se requerirían para agudizar la transparencia. Durante un tiempo, al menos, habría bolsas públicas. Una mejor regulación se complementaría con una multitud de agentes bien informados con propiedad ampliada: las redes de fondos sociales. Las compañías transaccionales estarían sujetas a presiones bastante nuevas. Eventualmente, se podría considerar medidas más exhaustivas de socialización, pero por un tiempo el objetivo sería mejorar el rol de las autoridades públicas a todo nivel, en lo que ahora es un mundo en donde la privatización y financiarización enloquecieron —frecuentemente secuestrando al Estado—. En un acápite anterior hice referencia a la auditoría de la deuda que el gobierno ecuatoriano llevó a cabo en 2007, principalmente para reprogramar, o incluso repudiar algunos de sus componentes. Si otros países asumieran una investigación similar, bien podrían descubrir presiones indebi25 De acuerdo a los argumentos clásicos de Karl Polanyi (1944).

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das, sobornos a funcionarios públicos y corrupción de legisladores. Incluso podrían develar deudas contratadas en términos tan onerosos que aún pagándolas varias veces no se librarían de ellas.26 Los que invirtieron en bonos públicos altamente rendidores implícitamente aceptaron el riesgo, y no deberían quejarse al recibir un recorte. El reconocimiento y la moratoria es la forma directa de enfrentar las pérdidas. Esto, combinado con una estrategia de desarrollo vigorosa orientada a la inversión, conduciría a obtener ganancias. Si no se adopta un enfoque así, es probable que se termine en inflación y estancamiento, en donde la inflación reduciría las pérdidas y el estancamiento crearía nuevos déficits. El venerable principio de Jubileo recomienda la cancelación de la deuda. Sin embargo, aún hay lugar para la discriminación ya que a veces los ricos deben dinero a los pobres y tienen toda la responsabilidad por haber pedido prestado el dinero. Al igual que otros países ricos, EE.UU. tiene una deuda pública enorme, y los países pobres mantienen gran parte de esta deuda. Solo debería ser cancelada con un acuerdo libremente negociado que incluyera una compensación generosa.

16. El camino hacia la recuperación: salario vital, pensión universal, becas a la juventud e inversión verde He colocado la crisis en el contexto de los desbalances y la gran inequidad globales. Algunos comentaristas creen que hay procesos en marcha que reducirán en alrededor de un tercio los estándares de vida occidentales en la siguiente década o dos: … los desbalances en el comercio y crecimiento mundiales en la última década se han mantenido ocultos a la mirada del elector medio por la posibilidad de obtener préstamos. Esto ha permitido a los consumidores y a los gobiernos de Europa y Estados Unidos mantener sus estándares de vida, pero ninguno reconoce ni se ajusta al hecho de que la ola económica se ha vuelto contra nosotros. Es como estar desempleado. Por un momento, podemos pretender que nada está sucediendo mientras nos sobregiramos o extendemos al máximo nuestras tarjetas de crédito. Sin embargo, llega un momento en que es hora de pagar. Puede doler mucho. El Centre for Economic and Business Research publicó un documento que sugiere que nuestros estándares de vida podrían desplomarse hasta el 25% el siguiente cuarto de siglo mientras nos ajustamos a la presión de la mano de obra asiática mucho más barata, pero también a mucha mayor presión por su apremiante necesidad de petróleo y otras materias primas (Hilton, 2011). 26 Chesnais (2011: 95-141) explora algunas propuestas iniciales. Un escenario así podría ser factible en una situación de crisis, pero habría que tener cuidado en la secuencia de la reprogramación de la deuda y la nacionalización de empresas financieras.


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Esta línea de pensamiento tiene alguna validez —y el punto de elevar los costos de la materia prima es bueno—, pero finalmente es tan errada como la fe ciega en la «ley de la ventaja comparativa». Will Milberg, Anwar Shaikh, Diane Elson y sus colaboradoras han probado que los desbalances que persistieron en las últimas décadas reflejan brechas en la ventaja «absoluta», en la tecnología conexa y en las destrezas.27 La versión de Milberg de la ventaja absoluta se centra en la deficiente demanda agregada, mientras que Shaikh explica cómo la adquisición de ventajas comparativas es un factor determinante en contra de una mítica «competencia perfecta». Algunas autoras feministas explican cómo la brecha de género ayuda a las empresas en las zonas exportadoras a mejorar su ventaja comparativa. El crecimiento de China se basó en los bajos salarios pagados por trabajo calificado — las mal pagadas jóvenes cuyas «hábiles manos» y disciplinada conducta generaron la riqueza de las zonas especiales de exportación creadas en ventaja absoluta—. Pero las autoridades chinas no quisieron verse atrapadas por los salarios bajos —la trampa de bajas calificaciones—, así es que nivelaron aún más el desarrollo del país usando tecnología avanzada, primero importada y luego de su propio huerto. Las extraordinarias ganancias en productividad —y el impresionante excedente comercial logrado de esta manera— exigieron la cooperación entre las sociedades globales, las finanzas internacionales, los gobiernos territoriales, compradores regionales, productores locales y el Estado nacional. Aunque parecería que hay un excedente más que suficiente para circular, es probable que la acumulación capitalista, con su lucha inherente —como apunta Shaikh— por la ventaja comparativa genere conflictos entre aliados capitalistas rivales y una lucha de clases entre redes de productores y bandas de expropiadores. Probablemente el surgimiento del citado «modelo Chongqing» de capitalismo y bienestar estatal debería ser considerado como una expresión de las fuerzas en cuestión. Este modelo está basado en una ambiciosa estrategia de exportación, cuyo objetivo es despachar bienes por tierra a los mercados europeos, con lo que se ahorrarían dos o tres semanas de tiempo de viaje en comparación con los embarques desde Shanghai. Si China tuviera un sueldo mínimo en el sector exportador, sería interesante descubrir el impacto que tendría en los niveles salariales de Chongqing. En la era de los medios sociales y debates por internet se plantean luchas alrededor de los caminos rivales del desarrollo: uno basado en un salario digno, buenas condiciones de trabajo, educación para todos, niveles decentes de cuidados, igualdad de género y altas destrezas; el otro, una es27 Ver Milberg (1994), Sheikh (2007), Elson, Grown y Çagatay (2007).

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trategia basada en salarios bajos, largas horas de trabajo y destrezas mínimas. El primer camino tiene el beneficio de crear un mercado más amplio y más equilibrado a largo plazo, así como la mencionada propuesta de salario mínimo para el sector exportador. La raíz de los problemas globales debe buscarse en el hecho de que los fondos para la demanda global son superficiales y están contaminados. La preocupación de Milberg por la deficiente demanda agregada demostró ser profética. La demanda global es baja debido a la pobreza —aquella de los tenedores de hipotecas sub-prime en EE.UU. y la de los trabajadores chinos—. La demanda que existe está parcializada —por la inequidad— hacia bienes de consumo y modos de consumo derrochadores. El crecimiento de las economías emergentes restringe las inequidades globales y provee bienes industriales más baratos a las naciones más ricas, lo que va contra la tendencia de erosionar los estándares de vida occidentales. Pero todo el argumento ricardiano de las «ventajas comparativas» ha perdido sus bases debido al poder de la ventaja absoluta que, con frecuencia es más fuerte. El peligro de una recesión secundaria también perjudicaría a las economías emergentes. La introducción de un sueldo mínimo en el sector exportador de los países de bajos salarios y la condonación de la deuda a los más pobres, no solo son útiles por sí mismos, sino que también ayudarían a generar una mayor demanda agregada global y a la perspectiva de crecimiento global. Es probable que poner dinero en las manos de los pobres eleve la demanda en formas saludables y sostenibles, especialmente si viniera acompañado de medidas para promover la responsabilidad social entre las grandes instituciones de inversión. En un artículo anterior (2007), planteé el argumento de una pensión global como una contribución a la demanda agregada y como una forma modesta, pero efectiva, de reparar la gran inequidad de oportunidades de vida que enfrentan las personas en diferentes zonas de la economía mundial. Debido a que dos tercios de las personas mayores de 65 años son mujeres, la pobreza también contiene una fuerte dimensión de género. El objetivo de la pensión global sería proveer una pensión igual para la tercera edad (USD 1 al día) a cada persona que sobrepase los 65 años en países desarrollados o sobre los 60 en el mundo en desarrollo. (También sugerí, de manera más provisional, una beca educativa de solo USD 1 al día a cada joven entre 15 y 18 años de edad.) El artículo recalca el costo de tal esquema y muestra cómo se lo podría pagar e implementar.28 28 Ver Blackburn (2007b). En muchas formas, aunque no todas, el enfoque que he ideado es el polo opuesto de aquel asociado con Hayek, Friedman y la economía de libre mercado. Pero esta escuela ha aceptado la necesidad, en condiciones extremas, de estímulos financieros —


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El necesario incremento de la demanda no debería surgir enteramente de mayores salarios, sino también de inversiones en infraestructura y tecnologías verdes, como dije antes, así como del financiamiento de sistemas de pensiones decentes, salud, educación y bienestar. Hasta el momento, en lo que se refiere a los gobiernos y empresas, el objetivo debería ser el camino hacia la ventaja comparativa para mejorar los actuales niveles de educación, destrezas y cuidados; y rechazar los «caminos bajos» que basan la ventaja competitiva en el sudor de la mano de obra, brechas de género y los costos sociales del dumping.29 Este enfoque busca humanizar la cadena global de transacciones mercantiles por medio de acuerdos internacionales, legislación nacional, códigos de conducta empresarial y de actores múltiples, derechos laborales y negociaciones colectivas, representación comunitaria, reglas de transparencia y compromisos éticos de los agentes empresariales y financieros. La producción y venta de materias primas supone la reproducción de la fuerza laboral; y el trabajo asalariado está combinado con trabajo de cuidados no retribuido. El apoyo a los trabajadores de cuidados no retribuidos encaja con asegurar condiciones de trabajo decentes. Finalmente, los acuerdos económicos deberán asegurar algo que se asemeje al pleno empleo y el crecimiento económico no podrá estar basado en dilapidar o arruinar los recursos de la tierra. Las varias propuestas y sugerencias que he planteado dependen de la evaluación de la gravedad de la crisis y su innegable naturaleza es audaz y radical. Estas son demandas particulares que muy probablemente requieren revisión. China y Alemania probaron ser fuertes en el período 2010 y 2011, pero dieron pocas señales de promover las medidas que se requerirán a largo plazo. Me motiva confiar en que el análisis y las medidas que propongo son mucho más realistas y radicales, luego del aparecimiento de The Way Forward escrito por Alpert, Hockett y Roubini, en octubre de 2011. El análisis y propuestas de este artículo tratan los temas más urgentes y tienden hacia un camino urgente de solución. Habiendo dicho esto, las propuestas aquí presentadas de ninguna manera son anticapitalistas. Pero esto las hace más realistas políticamente y a corto plazo, aunque tal vez menos realistas económicamente y a largo plazo. usando helicópteros para soltar grandes sacos de dinero en centros poblados, por un lado; e introduciendo un elemento de ingreso básico universal, por el otro—. Rescatar a los bancos ha significado apuntar los sacos hacia los ricos… ¿por qué no hacerlo, más bien, hacia los pobres o incluso hacia toda la población? Si la impresión de dinero es para el bien público, ¿por qué no pueden todos colocarse en el lugar de recibir los sacos? 29 Ver Elson, Grown y Cagatay (2007); también Patnaik (2011) y Piore (2004); además, cabe señalar que la compilación de Milberg (2004) contiene muchas contribuciones importantes.

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CAPÍTULO SEGUNDO

Un movimiento triple Reflexiones pos-Polanyi sobre la crisis capitalista NANCY FRASER [traducción de Maricruz González C.]

1. Introducción: ¿por qué Polanyi ahora? Estamos atravesando una de las crisis periódicas del capitalismo; una crisis de múltiples dimensiones, de las cuales la financiera resulta la más evidente. A medida que estalla la burbuja especulativa de las anteriores décadas, la caída amenaza a los bancos «demasiado grandes para caer» y a la solvencia de los Estados endeudados —y, por ende, al orden financiero global y al proyecto europeo—. Por su parte, la crisis de Wall Street también afecta a la economía real, en donde se ha desatado una crisis económica más extensa. A medida que los gobiernos y empresas se ven forzadas a eliminar empleos, ni los Estados ni los trabajadores están en capacidad de gastar y, con ello, la producción se reduce aún más. Lo que peligra es el sustento individual y los servicios públicos, de eso no hay duda; pero también se encuentra en riesgo la vida familiar y la salud psicológica, los vecindarios y las comunidades, la solidaridad y la infraestructura social —en otras palabras: todo tipo de lazo social—. Una crisis económica, por ende, es también una crisis social y, a la vez, la crisis también es ecológica. A medida que nos acercamos al punto en donde los efectos destructivos de siglos de explotación de la naturaleza instigada por el lucro se vuelven irreversibles, la vida en la tierra, como la conocemos, está en peligro. Por último, la actual crisis es también una crisis política. Pareciera que nuestros acuerdos políticos, cada vez más disfuncionales, están diseñados para reprimir la imaginación y su capacidad de prever soluciones; para trastornar la voluntad y la capacidad de actuar. Bajo estas condiciones, hay dos conclusiones que se tornan axiomáticas. La primera es que todas estas dimensiones de la crisis deben ir acompañadas por una teoría crítica de nuestros tiempos. Dejando de lado enfo97

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ques ortodoxos que se centran exclusivamente en las finanzas y la economía, también se deben aclarar las demás dimensiones de la crisis —social, ecológica y política—; así como las relaciones entre estas dimensiones y la economía. En segundo lugar, una teoría crítica de nuestros tiempos debe operar en forma simultánea en dos registros diferentes. A la vez que resista la tentación funcionalista de enfocarse exclusivamente en la «lógica sistémica» del capitalismo, también debe abarcar la «lógica de la acción social», para esclarecer los proyectos de los actores y la composición de las luchas a medida que las personas responden a los impases estructurales. Una teoría crítica adecuada al presente, por lo tanto, debe cumplir con dos requisitos: ser multidimensional, situándose por encima del economicismo; y, al superar el funcionalismo, debe vincular estructura y agencia. El pensamiento de Karl Polanyi ofrece un punto de partida prometedor para tal teoría. Su obra clásica de 1944, La gran transformación, presenta un informe de las crisis capitalistas como un proceso histórico multifacético que comenzó con el surgimiento del liberalismo económico en la Gran Bretaña del siglo XIX y, durante el curso de más de un siglo, involucró a todo el mundo y generó el sometimiento imperial, las periódicas depresiones y las catastróficas guerras. Para Polanyi, una crisis capitalista tiene menos que ver con una quiebra económica en sentido lineal, y más con comunidades desintegradas, solidaridades resquebrajadas y el saqueo de la naturaleza. Las raíces de la crisis capitalista se encuentran menos en contradicciones intraeconómicas, como la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, que en un cambio momentáneo de la posición de la economía respecto a la sociedad. Al revertir una relación que hasta entonces era universal, en la cual los mercados estaban imbricados en las instituciones sociales y sujetos a normas morales y éticas que limitaban el «mercado autorregulado», se buscó construir un mundo en donde la sociedad, la moral y la ética estuvieran subordinadas —de hecho modeladas— por los mercados. Al concebir la mano de obra, la tierra y el dinero como «factores de producción», se transformaron las bases fundamentales de la vida social en «mercancías ficticias» y se sometieron al intercambio en el mercado. Tan devastadores fueron los efectos para el sustento, los hábitats y las comunidades, que provocaron un contramovimiento permanente para la «protección de la sociedad». De acuerdo con Polanyi, fue este «doble movimiento» —primero, el motor de la expansión y automatización de los mercados y, luego, las demandas de protección social— el que finalmente condujo al fascismo y a las guerras mundiales. Esta explicación de la crisis capitalista es claramente multidimensional. Magistral, extensa y con acciones a escalas múltiples, La gran transformación

Reflexiones pos-Polanyi sobre la crisis capitalista

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entreteje reportes sobre colapsos financieros, económicos y de degradación laboral, con cuadros del saqueo a la naturaleza, la desintegración social y los conflictos políticos insolubles que, de hecho, exacerbaron la crisis. Por lo tanto, el concepto de crisis capitalista de Polanyi va más allá e incluye otras dimensiones fundamentales, como la ecológica, la social y la política. Igualmente, la explicación de Polanyi sobre la crisis supera el funcionalismo. El autor no se contenta con solo enfocar las tendencias inherentes del libre mercado hacia el colapso del sistema, sino que coloca en primer plano las respuestas de los actores sociales entre sí y a su entorno. Al elaborar el concepto de doble movimiento, Polanyi considera la acción enfrentada de los partidarios del libre mercado y los proteccionistas sociales como un elemento esencial para el despliegue de la crisis capitalista. Es la lucha enconada entre estos dos campos la que encauza la narración hacia la catástrofe y la guerra mundial. Para Polanyi, entonces, la crisis capitalista se entiende considerando tanto el colapso como la resistencia; la estructura y la agencia; el sistema y el mundo de la vida. Estos puntos, por sí solos, calificarían a Polanyi como un referente prometedor para los teóricos críticos que buscan comprender las cuestiones del presente. Sin embargo, hay otras razones más específicas para volver la mirada hacia Polanyi en nuestros días. La historia que se cuenta en La gran transformación tiene mucha resonancia con respecto a los acontecimientos actuales. Por lo menos a primera vista, pareciera que la actual crisis tiene sus raíces en los recientes esfuerzos por liberar los mercados de los regímenes gubernamentales (tanto nacionales como internacionales) establecidos después de la II Guerra Mundial. Lo que ahora denominamos «neoliberalismo» es nada menos que el segundo arribo de la misma fe del siglo XIX en el «mercado autorregulado», que dio rienda suelta a la crisis capitalista reseñada por Polanyi. Ahora, como entonces, los intentos de implementar ese credo son esfuerzos impulsivos para mercantilizar la naturaleza, el dinero y la mano de obra: como prueba están los florecientes mercados globales de emisiones de carbono, de derivados financieros y de trabajo de reproducción social, incluyendo los cuidados infantiles y a la tercera edad. Ahora, como entonces, el efecto es despojar a la naturaleza, destruir los medios de vida y quebrantar las comunidades. Hoy día, además, al igual que en tiempos de Polanyi, están cobrando impulso contramovimientos para proteger a la sociedad y a la naturaleza de la devastación del mercado. Al presente, como entonces, la lucha por la naturaleza, las finanzas globales y la reproducción social constituyen los detonantes de la crisis capitalista. Vista de frente, entonces, la actual crisis se puede considerar plausiblemente como una Segunda Gran Transformación.

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Por todas estas razones, las perspectivas de Polanyi contienen importantes consideraciones para la teoría crítica del presente. Sin embargo, no debemos apresurarnos y acogerlas en forma irreflexiva. Aun si superan el economicismo y el funcionalismo, tras una mirada más cuidadosa, resulta que La gran transformación está llena de imperfecciones. Enfocada exclusivamente en conflictos por daños provenientes de la mercantilización, la obra pasa por alto aquellos causados por daños surgidos de otros ámbitos en la «sociedad». Al ocultar formas de injusticia no basadas en el mercado, encubre formas de protección social que, a la vez, se convierten en vehículos de dominación. Al enfocarse abrumadoramente en las luchas contra las depredaciones causadas por el mercado, Polanyi descuida las luchas contra injusticias arraigadas en la sociedad y cifradas en protecciones sociales. Es necesario, por lo tanto, revisar el marco de Polanyi. El objetivo debe ser una nueva concepción pos-Polanyi de la crisis capitalista, que no solo evite el economicismo y funcionalismo, sino también que no idealice a la «sociedad». En busca de una crítica que incluya tanto a la «sociedad» como a la «economía», propongo retomar una idea clave de La gran transformación: el doble movimiento. Luego de escudriñar la idea y desentrañar sus vacíos, introduciré un tercer proyecto político que atraviesa el conflicto medular señalado por Polanyi entre la mercantilizacióny la protección social. Este tercer proyecto, al que denominaré «emancipación», apunta a superar las formas de sometimiento enraizadas en la «sociedad». Como eje central de ambas iteraciones de La gran transformación, aquella analizada por Polanyi y la que estamos atravesando ahora, las luchas por la emancipación constituyen la tercera dimensión que faltaría para mediar entre todo conflicto entre mercantilización y protección social. El efecto de introducir este tercer elemento será transformar el doble movimiento de Polanyi en un triple movimiento. Al incluir la mercantilización, la protección social y la emancipación, el concepto de triple movimiento está pensado para ubicar la colisión de esos tres proyectos políticos, cada uno de los cuales resulta relevante en la actualidad. Por lo tanto, este concepto constituirá el núcleo de una nueva perspectiva pos-Polanyi que aclarará la lógica de la crisis capitalista en el siglo XXI.

2. Conceptos clave de Polanyi: mercados desimbricados, protección social y doble movimiento Comienzo recapitulando la idea de Polanyi del doble movimiento en cuanto tiene relación con otros dos conceptos centrales de La gran transformación: mercados «desimbricados» y mercancías ficticias. De manera genial, Polan-


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yi distinguió dos formas en que el mercado se relaciona con la sociedad. Por un lado, los mercados pueden estar «imbricados», inmersos en instituciones no económicas y sujetos a normas no económicas, como «el precio justo» y «el salario justo». Por otro lado, los mercados pueden estar «desimbricados», liberados de controles extraeconómicos y gobernados de manera inmanente por la oferta y la demanda. La primera posibilidad, dice Polanyi, representa la norma histórica: a través de gran parte de la historia, en civilizaciones dispares en otros sentidos y en lugares totalmente separados, los mercados han estado sujetos a controles no económicos que han restringido qué se puede comprar y vender, y en qué términos. La segunda posibilidad es históricamente anómala: un invento británico del siglo XIX, el «mercado autorregulado» fue una idea completamente nueva, cuya expansión, sostiene Polanyi, amenaza el tejido mismo de la sociedad humana. Para Polanyi, los mercados en realidad nunca pueden estar plenamente desimbricados de la sociedad. El intento por lograr el desimbricamiento inexorablemente lleva al fracaso. Primero, los mercados solo pueden funcionar apropiadamente sobre una base no económica de entendimientos culturales y relaciones solidarias; los intentos de desimbricarlos destruyen esa base. Segundo, la tentativa de establecer mercados autorregulados ha resultado tan destructiva para el tejido de la sociedad, que ha provocado extensas demandas por su regulación social. Lejos de mejorar la cooperación social, entonces, el proyecto de desimbricar los mercados inevitablemente dispara crisis sociales. Al final, por consiguiente, la distinción que hace Polanyi se entiende mejor como una diferencia de grado que como una diferencia de tipo. Si bien los mercados nunca podrán estar totalmente desimbricados, podrán estar más o menos imbricados. De igual importancia, como veremos, es que el hecho de que los mercados pueden imbricarse de diferentes formas. La gran transformación narra el proceso por el cual los intereses comerciales británicos intentaron engendrar esa criatura imposible, el «mercado autorregulado». En el proceso, tuvieron que deshabilitar las trampas no económicas en las que se habían imbricado los mercados. Especial importancia tuvo la remoción de restricciones sobre la compra y venta de tierras, mano de obra y dinero, que previamente habían sido definidas por el derecho consuetudinario, las costumbres comunitarias, la moral y las normas religiosas, las estructuras familiares y de parientes, las autoridades locales y las políticas mercantilistas de los Estados. Cuando el nuevo gobierno de las décadas de 1830 y 1840, dominado por el comercio, desmanteló el sistema de alivio externo (outdoor relief) y los aranceles y subsidios al maíz, en realidad despojó a la tierra, a la mano de obra y al dinero de su cubierta protectora y los

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transformó en «mercancías ficticias». Abandonadas a la ley de la oferta y la demanda, estas bases fundamentales de la sociedad humana pudieron, de ahí en adelante, venderse y comprarse sin importar las consecuencias. Según Polanyi, sin embargo, la mercantilización ficticia de la tierra, la mano de obra y el dinero desencadenó la crisis. Para él, al igual que para Marx, estos tres elementos son la base de toda forma social de aprovisionamiento material; ninguna economía puede concebirse si no es con base en la naturaleza, la mano de obra humana y un medio de intercambio. Sin embargo, dar a las premisas necesarias de la vida social el trato de mercancías ordinarias, intercambiables a voluntad, como cualquier trasto, es socavar la propia capacidad de autorreproducción humana. El efecto ha sido poner en peligro a la tierra, la mano de obra, el dinero —y, con ellos, a la sociedad como tal—. De hecho, tenemos aquí una noción social y estructural de crisis que coloca en primer plano el carácter inherentemente autocontradictorio de la lógica del capitalismo. Pero Polanyi de inmediato aporta un concepto de acción social centrada en las respuestas de los actores sociales. En su opinión, la «sociedad» no soportó imperturbable los efectos del desimbricamiento del mercado y la mercantilización ficticia. Por el contrario, desde el inicio los terratenientes rurales, los trabajadores urbanos y otros se movilizaron para proteger sus medios de vida, sus comunidades y sus hábitats amenazados. A pesar de sus diferencias, los tories, los socialistas, los movimientos cooperativos, sindicalistas, los activistas religiosos, los ambientalistas y opositores al libre comercio internacional, formaron un amplio frente multiclasista de protección social. Con el objetivo de proteger el empleo, buscaron limitar esta mercantilización a través de legislación que regulara sueldos y horarios. Con el objetivo de proteger las actividades agrícolas de las comunidades rurales, buscaron aranceles sobre alimentos importados. Con el objetivo de proteger los medios de vida, buscaron frenar la especulación financiera y limitar el libre comercio internacional. Las fuerzas de la protección social, unas progresistas y otras reaccionarias, se opusieron las fuerzas de la mercantilización. Para defender a la sociedad en contra de la economía, se volcaron a la política para reimbricar los mercados. Al igual que sus antagonistas, también se movilizaron en la sociedad civil y buscaron captar poder a nivel estatal. Finalmente, fue la lucha enconada entre estos dos campos, los mercantilistas y los proteccionistas —ninguno de los cuales fue totalmente capaz de vencer al otro—lo que le dio a un siglo y medio de crisis capitalista la peculiar forma de un doble movimiento. En general, entonces, los conceptos de «mercados autorregulados», «mercantilización ficticia» y «doble movimiento» son claves en el análisis


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de la crisis capitalista de Polanyi. Aparentemente, estos conceptos tienen mucho que ofrecer para la teoría crítica. Por un lado, van más allá del economicismo, hacia una comprensión expansiva de la crisis capitalista como proceso histórico multifacético, tanto social, político y ecológico, como económico. Al tematizar sobre la mercantilización de la naturaleza, Polanyi integró la dimensión ecológica a la vez que reconoció los trastornos sociales y el estancamiento político como aspectos constitutivos de la crisis capitalista. Además, su enfoque también supera el funcionalismo. Al centrar su narración en el doble movimiento, colocó en el sitio de honor los proyectos de los actores sociales y los enfrentamientos entre ellos. De esta manera, Polanyi echó por la borda eficazmente el criterio de los sistemas teóricos ortodoxos acerca de la crisis capitalista como un objetivo «quiebre del sistema», y la concibió también en términos de la acción como un proceso intersubjetivo. Finalmente, las categorías de Polanyi permiten una crítica de la crisis que no rechaza a los mercados como tales, sino solo aquellos mercados desimbricados, que desprotegen a la sociedad. Por consiguiente, el concepto de un mercado imbricado reconoce la posibilidad de una alternativa progresista, tanto al licencioso desimbricamiento promovido por los neoliberales, como a la total supresión de mercados tradicionalmente favorecida por los comunistas. Sin embargo, el manejo de Polanyi de estas categorías es problemático. Según su descripción, los mercados imbricados están asociados con la protección social, interpretada como el refugio contra la inclemencia de los elementos. Los mercados autorregulados, en cambio, están asociados con la desprotección, con el laisser-faire para nadar en «las heladas aguas del cálculo egoísta» (Marx y Engels, 1848). Estas inflexiones —los mercados imbricados son inherentemente buenos; los mercados autorregulados, inherentemente malos— conducen al doble movimiento. El polo mercantilista significa desprotección; el polo proteccionista indica un refugio seguro. Este subtexto evaluativo es altamente sospechoso. Por un lado, la historia de Polanyi sobre los mercados imbricados y las protecciones sociales resulta demasiado color de rosa. Al idealizar a la «sociedad», oculta el hecho de que las comunidades en donde los mercados han estado históricamente imbricados también han sido lugares de opresión. En cambio el relato de Polanyi sobre el desimbricamiento resulta demasiado oscuro. Habiendo idealizado a la sociedad, encubre el hecho de que, sin perjuicio de los demás efectos, los procesos que desimbrican los mercados de protecciones opresivas tienen un momento de emancipación.

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Permítanme aclararlo. Polanyi nunca tuvo la intención de idealizar a la sociedad tradicional; menos aún buscaba respaldar la opresión. Como socialista independiente, abogó por los mercados reimbricados en regímenes igualitarios y democráticos a fin de prevenir el retorno de alternativas autoritarias y fascistas. Reconoció, por lo tanto, que no todos los regímenes de protección eran equivalentes a nivel moral. Sin embargo, Polanyi nunca tradujo sus intuiciones morales en términos conceptuales y, por lo tanto, no logró aportar los recursos teóricos necesarios para poder distinguir entre las mejores o peores formas de imbricar mercados. En nuestros días, por lo tanto, los teóricos deben revisar este marco teórico. Para evitar tanto la condena total al desimbricamiento como la aprobación completa del reimbricamiento debemos abrir ambas aristas del doble movimiento bajo un escrutinio crítico. Al exponer los déficits reguladores de la «sociedad» y de la «economía», debemos convalidar las luchas contra la opresión en donde quiera que estas surjan. Con este fin, propongo echar mano a un recurso no utilizado por Polanyi, como son las perspectivas de los movimientos por la emancipación. Al desenmascarar las asimetrías que Polanyi pasa por alto, estos movimientos sacaron a la luz el lado depredador de los mercados imbricados que él solía idealizar. Al protestar contra las protecciones, que también podían convertirse en opresiones, buscaban emanciparse. Explorando estas perspectivas, y con el beneficio de la retrospectiva, propongo repensar el doble movimiento en relación con las luchas por la emancipación.

3. Emancipación: el «tercero» ausente Hablar de emancipación es introducir una categoría que no aparece en La gran transformación. Sin embargo, la idea —de hecho, la palabra—, figuró de manera destacada durante todo el período reseñado por Polanyi. Basta mencionar las luchas de la época para abolir la esclavitud, liberar a las mujeres y a los pueblos no europeos del sometimiento colonial —todas comprometidas en nombre de la emancipación—. Realmente resulta insólito que estas luchas no estén incluidas en una obra que afirma haber seguido muy de cerca el auge y caída de lo que denomina «civilización del siglo XIX». Pero mi intención no es solo destacar una omisión. Es, más bien, anotar que las luchas por la emancipación desafiaron de modo directo a las formas opresoras de protección social, sin condenar plenamente ni celebrar simplemente la mercantilización. De haber sido incluidos, estos movimientos habrían desestabilizado el esquema de narrativa dual de La gran transformación.


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Para entender las razones de esta omisión, consideremos que la emancipación difiere en gran medida de la principal categoría positiva de Polanyi, que es la protección social. Mientras que la protección se opone a la desprotección, la emancipación se opone a la dominación. Mientras la protección está dirigida a resguardar a la «sociedad» de los efectos desintegradores de los mercados no regulados, la emancipación está dirigida a quebrantar las relaciones de dominación sin importar de dónde surjan, tanto en la sociedad como en la economía. Mientras la idea central de la protección es someter el mercado de intercambio a normas no económicas, la idea central de la emancipación es someter a un escrutinio crítico tanto el mercado de intercambio como las normas no mercantiles. Por último, mientras los más altos valores de la protección son la seguridad social, la estabilidad y la solidaridad, el elemento preponderante de la emancipación es la no dominación. Sin embargo, sería erróneo deducir que la emancipación siempre es aliada de la mercantilización. Si la emancipación se opone a la dominación, la mercantilización se opone a la regulación extraeconómica de la producción y el intercambio, ya sea que tal regulación esté concebida para proteger o para liberar. Mientras que la mercantilización defiende la supuesta autonomía de la economía, entendida de manera formal como una esfera demarcada de acción instrumental, la emancipación cruza las fronteras que demarcan las esferas para arrancar la opresión de cada «esfera». Mientras la idea central de la mercantilización es liberar la compra y venta de bienes y servicios de las normas éticas y morales, aquella de la emancipación es objetar todo tipo de norma desde el punto de vista de la justicia. Por último, mientras la mercantilización reivindica la eficiencia, la opción individual y la libertad negativa de no interferencia como sus valores supremos, la prioridad de la emancipación, como ya dije, es la no dominación. Se puede deducir que las luchas por la emancipación no se pueden ubicar claramente en ninguna de las aristas del doble movimiento de Polanyi. Incluso en ocasiones estas luchas parecen converger con la mercantilización —como sucede, por ejemplo, cuando condenan por opresivas a las mismas protecciones sociales que los partidarios del libre-mercado buscan erradicar—. En otras ocasiones, no obstante, convergen con proyectos proteccionistas —como, por ejemplo, cuando denuncian los efectos opresores de los mercados no regulados—. Y aun en otras ocasiones las luchas por la emancipación difieren de ambas aristas del doble movimiento —como, por ejemplo, cuando se encaminan no a desmantelar ni a defender a las protecciones existentes, sino más bien a transformar los modos de protección—. Las convergencias, por ende, en donde aparecen, son coyunturales y contingentes. Las luchas por la emancipación, consistentemente no alineadas ni con

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la protección ni con la desregulación, representan una tercera fuerza que irrumpe en el esquema dual de Polanyi. Para darles su lugar, deberemos revisar el marco teórico de Polanyi y transformar su doble movimiento en un triple movimiento.

4. Sittlichkeit, protección, crítica Consideremos solo dos de los muchos movimientos sociales que se han movilizado bajo la bandera de la emancipación: el feminismo y el antiimperialismo. Cada uno de estos movimientos develó una forma específica en que la protección social podía ser opresiva. Las feministas desenmascararon la naturaleza opresiva de las protecciones basadas en jerarquías de estatus y demostraron que lo que se hacía era proteger menos a la «sociedad» en sí que a la jerarquía social. Igualmente, los antiimperialistas desenmascararon la falsa justicia de las protecciones sociales del primer mundo, financiadas sobre las espaldas de los pueblos de las antiguas colonias, que eran excluidos. Demostraron, por ende, la injusticia de protecciones «descuadradas» en donde la escala de exposición al riesgo (frecuentemente transnacional) no se ajustaba a la escala en que se organizaba tal protección (generalmente nacional). En cada caso, el movimiento ponía en duda un aspecto de la «sustancia ética» (Sittlichkeit) que provee información a la protección social. Necesariamente, las protecciones institucionalizan entendimientos normativos, no solo acerca de la desprotección y la seguridad, sino también sobre la familia, la comunidad y la pertenencia; sobre la identidad de la persona y la dignidad; sobre la autonomía, la solidaridad y el trabajo; por ende, sobre el género, la nacionalidad y la raza. Habiendo polemizado con esos entendimientos, las feministas y los antiimperialistas efectivamente plantearon las siguientes preguntas (que Polanyi pasó por alto): ¿imponen relaciones de dominación los significados y normas institucionalizadas que definen quién está protegido, de qué y cómo? La sustancia ética que informa a la protección jerárquica o igualitaria, ¿es cercana u hostil a las diferencias? ¿El modo de protección es burocrático-estatista o participativo-democrático? ¿La protección está bien encuadrada o descuadrada? Echemos una mirada más cercana a estas críticas.

5. Emancipación de las protecciones jerárquicas Consideremos, primero, que los acuerdos sociales y políticos que imbrican los mercados pueden ser opresivos en virtud de su jerarquía. En tales casos,


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establecen diferencias de estatus que niegan las precondiciones sociales para una participación plena en la sociedad a algunos de los que, en principio, están incluidos como sus miembros. El ejemplo clásico es la jerarquía de género que asigna a la mujer un estatus inferior, con frecuencia semejante al de un niño pequeño, y que, por lo tanto, le impide su plena participación en la interacción social a la par con los hombres. Pero uno también podría citar las jerarquías de castas, incluyendo aquellas basadas en ideologías racistas. En todos estos casos, las protecciones sociales operan a favor de aquellos que están en la cima del estatus jerárquico y brindan menos beneficios (de existir alguno) a los que están en la base. A la sazón, protegen menos a la sociedad en sí que a la jerarquía social. No es de sorprenderse, entonces, que movimientos feministas, antirracistas y anticastas se hayan movilizado en contra de tales jerarquías para rechazar las protecciones que pretenden ofrecer. Al insistir en la plena participación en la sociedad, estos movimientos buscaron desmantelar los acuerdos que establecen su subordinación. La crítica feminista a la protección jerárquica atraviesa cada etapa de la historia contada por Polanyi, a pesar de que nunca la menciona. Durante la era mercantilista, feministas como Mary Wollstonecraft criticaron los acuerdos sociales tradicionales que encasillaron a los mercados. Al condenar las jerarquías de género atrincheradas en la familia, la religión, las leyes y las costumbres sociales, exigían prerrequisitos fundamentales de no dominación, como capacidad legal independiente, libertad de culto, derecho a la educación, derecho a rechazar relaciones sexuales, derechos de custodia sobre los hijos e hijas y el derecho a hablar en público y a votar. Durante el período de laissez-faire, las feministas exigieron el acceso igualitario al mercado. Al dejar al descubierto la instrumentalización en el mercado de normas sexistas, se opusieron a las protecciones que les negaban el derecho a tener propiedades, firmar contratos, controlar salarios, ejercer profesiones, trabajar las mismas horas y recibir la misma paga que los hombres; todos prerrequisitos para la no dominación. Durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, las feministas de la «segunda ola» apuntaron contra el «patriarcado público» instituido por los Estados de bienestar. Al condenar las protecciones sociales basadas en el «salario familiar», exigieron igual paga por trabajo de valor comparable, la paridad de cuidados, de salarios y beneficios sociales y el fin de la división de género en el trabajo, tanto pagado como impago. En cada una de estas épocas, las feministas reivindicaron sus derechos a la emancipación y apuntaron a desmantelar las protecciones jerárquicas. En algunos momentos, se fueron contra las estructuras tradicionales de la comunidad que imbricaron los mercados; en otros momentos, dirigieron los tiros hacia las fuerzas que estaban des-imbricando los merca-

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dos; y en otros, finalmente, sus principales adversarios fueron aquellas fuerzas que estaban re-imbricando los mercados. Las reivindicaciones feministas, por ende, no se alinearon en forma consistente con ninguno de los polos del doble movimiento de Polanyi. Al contrario, sus luchas por la emancipación constituyeron una tercera arista del movimiento social que corta las otras dos. Lo que Polanyi denominó un doble movimiento, en realidad fue un triple movimiento.

6. Emancipación de protecciones «descuadradas» (misframed) Los acuerdos sociales y políticos que imbrican los mercados también pueden ser opresores de otra manera: al estar descuadrados. Este «descuadre» (misframing) es un concepto que aplico para desajustes de escala —en este caso entre la escala a la cual se imbrican los mercados, que generalmente es la escala nacional, y aquella escala a la que exponen a los pueblos al riesgo que, con frecuencia, es la transnacional— (Fraser, 2005). La opresión del descuadre surge cuando los acuerdos protectores exteriorizan los efectos negativos de los mercados para los «extranjeros», y equivocadamente excluyen a algunos de los sujetos desprotegidos a la vez que los agobian con los costos de proteger a otros. Los ejemplos más claros son el colonialismo y sus sucesores, los regímenes neoimperiales. Históricamente, los acuerdos que protegieron a las nacientes industrias europeas tenían en su reverso la subyugación colonial de los no europeos. Incluso hoy, gran parte de las prestaciones sociales en Europa y Norteamérica están financiadas por la dominación económica al Sur global por medio de la deuda y el intercambio desigual. En ambos casos, los acuerdos que imbrican a los mercados sirven para los ciudadanos de los centros metropolitanos, a expensas de los sujetos periféricos. La explotación de estos últimos subsidia la protección de los primeros. El descuadre difiere de la jerarquía como modo de dominación. Mientras que la jerarquía niega la paridad a los subordinados internos, el descuadre define a los «otros» como externos, aunque su trabajo sea esencial para la sociedad —por ejemplo, sujetos coloniales, trabajadores indocumentados y otros no ciudadanos—. Por lo tanto, mientras que las protecciones jerárquicas niegan la plena inclusión a algunos sujetos reconocidos como pertenecientes a la sociedad, las protecciones descuadradas niegan el estatus de miembro a algunos de cuyas actividades depende la sociedad.


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El mismo Polanyi sentó las bases para la crítica de las protecciones descuadradas, a pesar de que no las articuló de manera explícita. En La gran transformación observó, primero, que los Estados son prerrequisitos necesarios para la protección social; y, segundo, que están disponibles de manera desigual en el mundo moderno. Dice: Pero si bien los Estados organizados de Europa eran capaces de protegerse contra el reflujo del libre comercio internacional, los pueblos coloniales políticamente desorganizados no podían… La protección que el hombre blanco podía fácilmente procurarse a través del estatus soberano de sus comunidades, resultaba inaccesible para el hombre de color mientras le faltase el prerrequisito: un gobierno político (183). ¿Qué fue exactamente lo que causó la «falta del prerrequisito para el hombre de color»? Con base en lo que llamaban el laisser-faire, las potencias europeas usaron a sus colonias no solo como fuentes de materia prima y comestibles baratos, sino también como outlets protegidos para sus productos manufacturados. El colonialismo, por lo tanto, sirvió para proteger a la industria europea y amortiguar a los pueblos europeos de los más duros efectos del capitalismo desregulado, al tiempo que despojaban a los pueblos colonizados de sus medios de protección. Parecía que, al lograr la independencia y establecer sus propios Estados, los pueblos colonizados conseguirían esa protección. Sin embargo, incluso después de la descolonización la meta resultó difícil de alcanzar. Y la razón tiene que ver con otra percepción de Polanyi: las capacidades reguladoras de los Estados dependen considerablemente de los acuerdos internacionales. Al observar que el régimen patrón oro / libre comercio de principios del siglo XX había impedido a los Estados europeos adoptar políticas de protección, como el pleno empleo o el gasto deficitario, que dependen del control de la oferta monetaria, Polanyi dedujo que el régimen internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial debía diseñarse de tal manera que permitiera, de hecho, facilitar políticas de protección a nivel nacional. Lo que no previó, no obstante, fue que el «liberalismo imbricado» (Ruggie, 1982) establecido después de la Guerra serviría mejor a unos Estados que a otros. En ese período, cuando el imperialismo asumió la forma «no política» del intercambio desigual entre las antiguas colonias recientemente independizadas y sus antiguos amos, estos siguieron financiando sus sistemas nacionales de asistencia sobre las espaldas de los colonizados. La disparidad se vio exacerbada en la era neoliberal, además, por la política del «ajuste estructural», en la medida en que agencias internacionales, como el FMI, usaron el arma de la deuda para socavar aún más las capacidades de protección de los

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Estados poscoloniales, y los obligaron a despojarse de sus activos, a abrir sus mercados y fraccionar su gasto social. Históricamente, por ende, los acuerdos internacionales han afianzado las capacidades de los Estados para proteger a sus pueblos de los caprichos de los mercados internacionales. Han permitido el reimbricamiento nacional de los mercados en los Estados del centro, pero no así en los Estados de la periferia. No es de extrañarse, entonces, que los movimientos anticolonialistas y antiimperialistas se hayan levantado contra las protecciones descuadradas. En cada era histórica, estos movimientos han reivindicado la emancipación, lo cual no calza en el esquema de Polanyi. Antes de la independencia, lucharon por la liberación nacional, ya fuera por medio de una transición negociada o la insurrección armada. Después de la independencia, han desafiado a las estructuras de gobernanza de la economía global, como la OMC y el FMI. En ciertos momentos, los antiimperialistas han protestado contra la desimbricación forzada de sus mercados locales en sus propias sociedades precoloniales. En otros momentos, se opusieron a la reimbricación de los mercados europeos a sus expensas. Como sucedió con las reivindicaciones de las feministas, las reivindicaciones de los antiimperialistas tampoco se alinearon de manera consistente con ninguna de las aristas del doble movimiento de Polanyi. En su caso, además, las luchas por la emancipación constituyeron otra tercera fuerza. Por consiguiente, también aquí lo que Polanyi denominó un doble movimiento se concibe mejor como un triple movimiento, que incluye la mercantilización, la protección social y la emancipación.

7. La crisis capitalista del siglo XXI a la luz del triple movimiento A mi manera de ver, lo que este debate muestra es que ni La gran transformación descrita por Polanyi, ni la que estamos atravesando en nuestros días, pueden ser comprendidas en forma adecuada con el concepto del doble movimiento. Al reducir la acción lógica de la crisis a un conflicto de dos dimensiones entre la mercantilización y la protección social, este concepto no solo oculta proyectos de emancipación, sino que también distorsiona nuestro entendimiento de los dos proyectos que pretende aclarar. De hecho, ni la mercantilización ni la protección social pueden entenderse en forma adecuada sin tener en cuenta las luchas por la emancipación. Quisiera terminar explicando la razón de ello y lo que se conseguiría al transformar el doble movimiento de Polanyi en un triple movimiento.


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El triple movimiento conceptualiza el perfil activo de la crisis capitalista como un conflicto de tres aristas entre la mercantilización, la protección social y la emancipación. En nuestros tiempos, cada una de estas tres orientaciones tiene sus partidarios comprometidos. La mercantilización está apoyada por los neoliberales. La protección social cuenta con apoyo en varias formas, algunas saludables y otras no —desde socialdemócratas nacionalistas y sindicalistas hasta movimientos populistas antiinmigrantes; desde movimientos religiosos neotradicionales hasta activistas antiglobalización; desde ambientalistas hasta pueblos indígenas—. La emancipación dispara las pasiones de varios sucesores de los nuevos movimientos sociales, incluyendo multiculturalistas, feministas internacionales, liberacionistas homosexuales y lesbianas, demócratas cosmopolitas, activistas de derechos humanos, el movimiento alterglobalización y los defensores de la justicia global. En la presente crisis de la sociedad capitalista, lo que imprime la forma de un triple movimiento son las complejas relaciones entre estos tres tipos de proyectos. Para aclarar esta constelación, los teóricos críticos deberían tratar cada arista del triple movimiento como ambivalente. Como vimos, al contrario de Polanyi, la protección social con frecuencia es ambivalente: brinda alivio desde los efectos desintegradores de la desregulación, a la vez que afianza la dominación. Pero lo mismo sucede con los otros dos términos. La desregulación de los mercados, de hecho, tiene los efectos negativos recalcados por Polanyi, pero también puede lograr efectos positivos en la medida en que las protecciones que desintegra son opresivas —como, por ejemplo, cuando los mercados se introducen en economías comandadas por burocracias administrativas o cuando los mercados laborales se abren a las mujeres y antiguos esclavos—. Ni siquiera la emancipación es inmune a la ambivalencia, ya que no solo libera, sino que también estira al máximo los tejidos de la solidaridad existente. Por lo tanto, incluso cuando supera la dominación la emancipación puede rasgar las bases éticas solidarias de la protección social, con lo cual se fomentaría la mercantilización. Vistas de este modo, cada arista tiene un fin propio y una potencial ambivalencia que se despliega en la interacción con las otras dos. Ninguna de las tres puede ser bien entendida en forma aislada. Tampoco el campo social puede ser entendido adecuadamente al enfocar únicamente las otras dos aristas. Solo cuando concebimos a las tres aristas en conjunto comenzamos a adquirir un enfoque apropiado de la acción lógica de la crisis capitalista. Esta es, por ende, la premisa central del triple movimiento: la relación entre cualquiera de las dos aristas del conflicto de tres debe ser mediada jus-

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tamente por la tercera. Como he argumentado aquí, el conflicto entre la mercantilización y la protección social debe ser mediado por la emancipación. Igualmente, los conflictos entre la protección y la emancipación deben ser mediados por la mercantilización. La crítica que he hecho a Polanyi, entonces, también puede volcarse contra los adeptos de la emancipación. Si Polanyi descuidó el impacto de las luchas por la emancipación en los conflictos entre mercantilización y protección social, quienes defendieron la emancipación descuidaron el impacto de los proyectos de mercantilización en los conflictos entre protección social y emancipación (Fraser, 2009). Como vimos anteriormente, las feministas y los antiimperialistas han desafiado enérgicamente las protecciones opresivas en la era de la posguerra. En ambos casos, cada movimiento destapó un tipo de dominación y elevó la correspondiente proclama por la emancipación. También en ambos casos, las reivindicaciones de emancipación fueron ambivalentes —podían alinearse, ya sea con la mercantilización o con la protección social—. En el primer caso, cuando la emancipación se alineó con la mercantilización, no solo servía para socavar la dimensión opresiva sino, en breve, la base solidaria de la protección social. En el segundo caso, cuando la emancipación se alineó con la protección social, no sirvió para socavar sino, más bien, para transformar la sustancia ética que sostenía la protección. De hecho, ambos movimientos englobaron ambas orientaciones. Las corrientes liberales gravitaron en dirección de la mercantilización, mientras que las corrientes socialistas y socialdemócratas más bien se enfilaban hacia las fuerzas que apuntaban a la protección social. Es indiscutible, sin embargo, que la ambivalencia de la emancipación se ha resuelto últimamente a favor de la mercantilización. No suficientemente alineadas con el surgimiento del neoliberalismo, las corrientes hegemónicas de las luchas por la emancipación han formado un «vínculo peligroso» con la mercantilización (Eisenstein, 2005). Más preocupante aún, han aportado con una porción del «nuevo espíritu» o fundamento carismático para un nuevo modo de acumulación de capital «flexible», posfordista, transnacional (Boltanski y Chiapello, 2005; Fraser, 2009). Como mínimo, los partidarios de la emancipación crítica de la protección opresiva han convergido con la crítica neoliberal de la protección per se. En la zona de conflicto del triple movimiento, la emancipación ha unido sus fuerzas con la mercantilización para apuntalar a la protección social. Este punto sugiere una forma de reescribir el proyecto de Polanyi para el siglo XXI. Al teorizar acerca del doble movimiento, Polanyi retrató los conflictos de su tiempo como una batalla épica por el espíritu del mercado: ¿se-


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rá que la naturaleza, la mano de obra y el dinero terminarán despojados de todo sentido ético, machacados y comercializados como cosas, y al diablo con las consecuencias? ¿O es que los mercados en aquellas bases fundamentales de la sociedad humana estarán sujetos a la regulación política basada en consideraciones éticas y morales? En el siglo XXI esta batalla se vuelve más apremiante que nunca. Pero el triple movimiento la proyecta con una luz más intensa, atravesada por otras dos principales batallas de importancia mayor. Una es la batalla por el espíritu de la protección social. ¿Serán los acuerdos que reimbriquen a los mercados en la era posneoliberal jerárquicos o igualitarios, estarán bien encuadrados o descuadrados, serán cercanos u hostiles a las diferencias, burocráticos o participativos? La otra batalla transversal de la época es por el espíritu de la emancipación. ¿Servirán las luchas por la emancipación del siglo XXI para avanzar en la desimbricación y desregulación de los mercados? ¿O servirán para democratizar las protecciones sociales, para hacerlas incluyentes y justas? Estas preguntas nos sugieren un proyecto para aquellos que seguimos comprometidos con la emancipación. Podríamos decidir romper nuestro vínculo peligroso con la mercantilización para forjar una nueva alianza con la protección social. Al realinear los polos del triple movimiento, podríamos integrar nuestro empeño de largo aliento por la no dominación con legítimos intereses por la solidaridad y seguridad social, sin descuidar la importancia de la libertad negativa. Al abarcar una comprensión más amplia de la justicia social, un proyecto de tal envergadura serviría a la vez para honrar las perspectivas de Polanyi y corregir sus vacíos.

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Bibliografía BOLTANSKI, Luc y Eve CHIAPELLO 2005 The New Spirit of Capitalism. tr. por Geoffrey Elliott. Verso Books: Londres. EISENSTEIN, Hester 2005 «A Dangerous Liaison? Feminism and Corporate Globalization». En Science and Society, Vol. 69, No. 3: 487-518. FRASER, Nancy 2009 «Feminism, Capitalism, and the Cunning of History». En New Left Review No. 56: 97-117. 2005 «Reframing Justice in a Globalizing World». En New Left Review, No. 36: 69-88. MARX, Karl, y Friedrich ENGELS 1848 The Communist Manifesto POLANYI, Karl 1944 [2001]

The Great Transformation. 2a. ed. Beacon Press: Boston.

RUGGIE, John 1982 «International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order». En International Organization, Vol. 36, No. 2: 379-415.

Parte II ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA HACIA UN PROYECTO SOCIALISTA

CAPÍTULO TERCERO

Las nuevas fronteras de la izquierda en el siglo XXI GØRAN THERBORN [Traducción de Maricruz González C.] Una vez más, «los tiempos están cambiando», como cantábamos junto a Bob Dylan en la década de l960. Para entender cómo y por qué, y para llegar a comprender cómo se pueden alcanzar o abrir nuevas oportunidades, es mejor que demos un paso hacia atrás y nos miremos en el espejo de la historia. Con un breve esbozo como fondo del legado del siglo XX, quisiera anotar tres importantes acontecimientos nuevos: 1. el retorno global de la clase como fuerza social, bajo novedosas formas y configuraciones sociales; 2. una nueva dinámica ideológica surgida de un cambio en la relación entre el pensamiento político y la práctica política y social; 3. el surgimiento de una nueva geopolítica de izquierda que plantea mayores desafíos a la antigua y fuerte tradición eurocéntrica (desde las revoluciones angloamericana y francesa a la Revolución de Octubre y la socialdemocracia, la primera fase de la Revolución China y el breve resurgimiento mundial de la Internacional Socialista en los años de Willy Brandt y Olof Palme).

1. El legado de la izquierda del siglo XX A pesar de que es indudable que el siglo terminó con derrotas, desilusiones y desencanto, junto con una desmoralización y abandono generalizados, también dejó logros perdurables. La democracia como una norma política universal, cuyas violaciones en el presente exigen un cabildeo político especial, es uno de esos logros. Antes del final de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de liberales y todos los conservadores estaban convencidos de que la democracia electoral era incompatible con la preservación de la propiedad privada y que, por lo tanto, era necesaria la imposición de severas restricciones al derecho al voto y/o los derechos de los líderes políticos. La derrota del fascismo, la más dilatada y menos completa derrota que las dic117

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taduras militares tuvieron, así como, al final del siglo, la caída final del racismo estadounidense institucionalizado y del apartheid en Sudáfrica, fundamentaron la validez de los derechos humanos a nivel global. Los derechos de los trabajadores a organizarse y a negociar colectivamente constituyen el mayor triunfo luego de la Depresión en la coyuntura después de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, en EE.UU. y en el Reino Unido estos derechos han sido mermados y las fuerzas conservadoras han dejado de reconocerlos; sin embargo, su legislación se ha extendido por todo el mundo, incluso hasta Corea, Taiwán y Sudáfrica, en particular, y siguen teniendo fuerza en América Latina y en gran parte de Europa. Nunca podremos comprender el siglo pasado sin entender sus grandes revoluciones, la rusa y la china, y sus enormes repercusiones en el Asia Central, el Cáucaso, Europa Oriental, el Este de Asia, y su retoño caribeño en Cuba; su impacto en África en las décadas de 1970 y 1980; su influencia en la política social de Europa Occidental y en su movimiento obrero. La forma cómo evaluar estas revoluciones sigue siendo políticamente controversial y académicamente prematura. Sin duda, hubo gran cantidad de represión y una arrogante crueldad moderna, tangible, por ejemplo, en las no deliberadas pero mal dirigidas respuestas estalinistas y maoístas a las hambrunas con la colectivización agrícola y el «Gran Salto Adelante», respectivamente. Pero tampoco cabe duda de su logro nacional en el poder geopolítico que, sin embargo, no es un criterio para el desempeño de la izquierda. La decadente Rusia, severamente derrotada por los japoneses en l905 y por los alemanes en l917, se transformó en la URSS que derrotó a Hitler y se convirtió en la segunda superpotencia mundial a mediados de la década de l950, aparentemente poniendo en serios aprietos la primacía de EE.UU. La Revolución China dio fin a 150 años de catastrófica decadencia y humillación del «Reino del Medio», y convirtió al país en una potencia política, antes de que sus avances a lo largo del camino capitalista lo convirtieran en la segunda economía del mundo. Tal evolución geográfica fue posible a través de los logros educativos, técnicos y de organización colectiva de las revoluciones. Las revoluciones del siglo XX dejaron al mundo por lo menos cuatro legados progresistas importantes. En primer lugar, su existencia y desafío tuvieron un impacto decisivo en la reforma capitalista de la posguerra; por ejemplo, en las reformas agrarias en Japón, Taiwán y Corea del Sur; en la evolución de los derechos sociales en Europa Occidental, especialmente en Alemania Federal; y en las reformas de la «Alianza para el Progreso» en América Latina, en particular aquellas implementadas por el gobierno de Eduardo Frei, anterior al de Allende.

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En segundo lugar, el desafío de la alternativa comunista resquebrajó el racismo y el colonialismo euro-estadounidense. Sin la rivalidad de la Guerra Fría soviética, el presidente estadounidense Eisenhower no habría enviado tropas federales aéreas en 1957 para evitar la segregación en el colegio Central High School, en Little Rock, Arkansas. El racismo en los Estados sureños de EE.UU. probablemente habría sobrevivido otra generación. Veinte años después, las tropas cubanas derrotaron un intento racista sudafricano de conquistar Angola; y sin el desafío comunista resulta difícil imaginarse cómo el movimiento apartheid de aislamiento/boicot de Sudáfrica habría funcionado en el opulento mundo capitalista. En tercer lugar, a pesar del implacable autoritarismo de sus líderes y gobernantes, el movimiento comunista mundial del siglo XX generó un número extraordinario de abnegados militantes a nivel mundial, que se dedicaron al cambio social igualitario y a recuperar la dignidad nacional antiimperialista. Se equivocaron en su adoración a Stalin o Mao; aunque con mucha frecuencia no solo eran los mejores, sino los únicos amigos de mujeres y hombres pobres subyugados. A nivel del compromiso diario con las bases, el movimiento comunista merece el respeto de todos los jóvenes progresistas en la actualidad. Su existencia y significación hoy en día es irregular. El comunismo tiene una presencia importante, aunque profundamente dividida, en la India: los maoístas se encuentran inmersos en una guerrilla basada en tribus nativas, mientras que las tentativas de políticas estatales pragmáticas del gobierno del Partido Comunista de la India (marxista), en su fase previa a la antiestalinización, han fracasado en sus históricas derrotas electorales en Bengala Occidental y en Kerala. El comunismo ortodoxo no es una fuerza a despreciar en países como Grecia, Portugal, República Checa, Chile y Japón. En Europa Occidental, el resultado más innovador de la tradición comunista es la Linke (izquierda) alemana, una fusión de comunistas reformistas y socialdemócratas disidentes; y existen varios otros partidos activos, heterodoxos o poscomunistas, empezando desde el principal partido en Chipre hasta la transformada izquierda sueca. El reformado PC sudafricano tiene influencia en su alianza con la ANC (Asamblea Nacional Africana); y el PC brasilero también forma parte (menor) de la coalición de gobierno. Durante la Primavera Árabe de 2011 reaparecieron las fuerzas de izquierda de tradición comunista de las que, hasta el momento, las más destacadas se encuentran en Túnez. Sin embargo, la democracia en Indonesia no ha hecho resucitar al partido sacrificado en l965, cuando tuvo lugar la mayor, o la segunda masacre más devastadora de la historia del mundo, equivalente a las «depuraciones» estalinistas de l937-8.

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Por lo demás, resulta sorprendente cómo la tradición comunista se evaporó luego de perder el poder en l989-91, ya sea a favor del conservadurismo nacionalista, como en Rusia, el Asia Central y los Estados sucesores del Cáucaso; o a favor de una «socialdemocracia» liberal de derecha, como ocurrió en Polonia o Hungría. En Italia, por último, consideraron que el término «social» se encontraba demasiado a la izquierda y el partido terminó llamándose solo «democrático». Pero, a fin de cuentas, la mera supervivencia de Estados comunistas después de l989-91 significa que la opción socialista permanece abierta. En este sentido, el país clave es China. Ya sea que los mandatarios chinos estén convencidos de que el poder nacional necesita una base económica socialista o de que más trayectos en el camino capitalista supondrían costos que podrían en peligro la cohesión social de China, aún tienen el poder y los recursos como para cambiar de ruta. Las facciones no revolucionarias de los movimientos obreros del siglo XX también dejaron un legado imperecedero. En contraste con un siglo atrás, en nuestros días existe un movimiento sindical de alcance mundial, aunque su fuerza fuera de Europa Occidental es irregular o limitada. Pero su importancia en países como Argentina, Brasil, Sudáfrica, Corea y Australia es excepcional. Los partidos socialdemócratas y aquellos al estilo laborista británico están presentes, con más votantes de lo que tenían hace un siglo. A nivel geográfico, sin embargo, aún están básicamente confinados a Europa y a los Dominios Blancos del antiguo Imperio Británico. Los resultados de la apertura de la afiliación y asociación a la Internacional Socialista fueron unos pocos ejemplos de socialdemocratización fuera de las fronteras europeas, como lo ilustran el Fatah palestino y el «socialismo» de Laurent Gbagbo en Costa de Marfil. En Europa, al igual que en sus rebrotes fuera de este continente, la socialdemocracia sigue siendo una fuerza electoral importante, y ocasionalmente todavía resulta un vehículo de progreso que apoya los derechos de las mujeres y homosexuales, por ejemplo. Con respecto a las políticas sociales y económicas, por otro lado, la mayoría de partidos de centro-izquierda ha sucumbido a una u otra variante del liberalismo. Sus bases originarias en la clase obrera han sido económicamente mermadas y políticamente marginadas. El Estado de bienestar, un Estado de derechos cívico-sociales, es el resultado más importante del reformismo del siglo XX. En la actualidad se lo está atacando y es poco defendido. En los países acaudalados es probable que reciba fuertes golpes, sobre todo en el reducido aparato estatal de EE.UU.


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Pero no va a ser desmantelado y sus principios políticos se están extendiendo por el mundo: se encuentra en la agenda de China e India, y se está expandiendo en América del Sur.

2. Explicando las derrotas: la suspensión de la Gran Dialéctica marxista Existen, entonces, logros progresistas perdurables del siglo XX. Sin embargo, también debemos comprender las derrotas de la izquierda. La principal interpretación euro-estadounidense —un recorte de ganancias en la década de 1970 y la subsiguiente revancha capitalista con políticas neoliberales y tercerización globalizada— no ofrece ninguna explicación viable de por qué la guerra de la revancha capitalista triunfó. Marx predijo que las relaciones privadas de producción capitalista entrarían en creciente tensión, conflicto y contradicciones con el progresivo carácter social de las fuerzas de producción; esto es, de las bases tecnológicas óptimas de productividad. Esta fue la Gran Dialéctica marxista que, despojada de sus interpretaciones apocalípticas, fue una de las más exitosas predicciones sociales del siglo XIX. Las comunicaciones, el transporte, la energía, los recursos naturales estratégicos fueron progresivamente rescatados de las relaciones puramente capitalistas de producción y nacionalizados o regulados desde lo público. El color ideológico de los gobiernos podía influenciar en la forma de este proceso, pero difícilmente en su contenido. La inversión pública en educación e investigación se convirtió en un elemento decisivo para la competencia económica. En EE.UU. la competencia económica se logró por medio de inversiones militares, que también concibieron, entre otras cosas, el GPS y el internet. En la década de l970, esta Gran Dialéctica fue suspendida; de hecho, revertida. El éxito del neoliberalismo no es solo «el avance del mal». Tuvo, como cualquier marxista al menos lo sospechaba, una base material. A nivel de relaciones de producción, la financiarización —mercado cambiario, retiro de los controles de flujos de capital transnacional, combinación de capitales en pensiones de jubilación y fondos de seguros, comercio digital— generó cantidades enormes de capital privado concentrado. Incluso fuera de los nuevos casinos financieros, en el verano de 2011, Apple tenía más fondos líquidos que el gobierno federal de EE.UU. A nivel de las fuerzas de producción, la revolución electrónica permitió el manejo privado remoto en cadenas globales de mercancías personalizadas y liquidó las economías industriales de escala. En este nuevo contex-

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to, la privatización y la mercantilización reemplazaron a la nacionalización y a la regulación como tendencias ideológicas transversales de política gubernamental. Aunque este giro debe tomarse en serio, no es una fatalidad. La Gran Dialéctica de la historia socioeconómica podría dar otro giro, e incluso antes de que lo haga, podría ser superada, que es lo que están intentando hacer los «socialistas del siglo XXI» en América Latina, al recurrir a la complejidad de contradicciones sociales fuera del canon ortodoxo marxista —como hicieron los revolucionarios exitosos del siglo anterior—. A la vez, la pequeña dialéctica del desarrollo capitalista, que fortaleció a la clase trabajadora y se opuso al capital, fue desplazada por la desindustrialización en el centro. Los países ricos comenzaron a desindustrializarse, un proceso que se puede apreciar desde l965 y se aceleró a mediados de la década de l970; esto es, justo antes del pico en la organización de la fuerza obrera, en los años l975-1980. Básicamente, fue un cambio estructural de época, que comenzó justo antes de que el poder de la clase obrera industrial llegara a su punto más alto. Para entonces, la industria manufacturera estaba saliendo de Europa y Estados Unidos. En China y Asia Oriental, en particular, el desarrollo de la dialéctica tomó cierto tiempo. Pero al momento está operando, a pesar de que, en su mayoría, en formas muy localizadas de protestas y acciones obreras. Los salarios y condiciones de trabajo en China están mejorando de manera considerable. Algunos capitalistas ahora buscan países de salarios más bajos.

3. El nuevo siglo emergente Las naciones y el retorno de las clases Los últimos dos siglos han sido buenos para las naciones pobres del mundo. Desde fines de la década de l980, lo que las organizaciones económicas internacionales llaman «Asia en desarrollo» —principalmente China, India y los países de la ASEAN— ha venido creciendo al doble del ritmo que el mundo en su conjunto. América Latina está creciendo más rápido que el mundo opulento desde 2003 y el Medio Oriente desde 2000. A excepción de la Europa poscomunista, las «economías emergentes y en desarrollo» también han resistido a la crisis de los banqueros anglosajones mucho mejor que el mundo opulento.


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En mi opinión, estamos ante un giro histórico, no solo en geopolítica, sino también en términos de desigualdad. La expansión internacional del subdesarrollo en los siglos XIX y XX significó, entre otras cosas, que la inequidad entre los seres humanos dependía cada vez más de en dónde vivían; es decir, si vivían en áreas, territorios o naciones desarrolladas o subdesarrolladas. Hasta el año 2000, se estimó que el 80% de la inequidad del ingreso entre familias dependía del país en que vivían (Milanovic, 2011: 112). Actualmente eso está cambiando. La desigualdad entre naciones está decayendo en términos generales, a pesar de que la brecha entre los más ricos y los más pobres no ha dejado de crecer. Sin embargo, la desigualdad dentro de las naciones en su conjunto está aumentando, si bien de manera desigual, lo cual niega cualquier determinismo pseudouniversal de «globalización» o de cambio tecnológico. Todo esto conlleva al retorno de las clases como un poderoso y creciente determinante global de desigualdad. Las clases siempre han sido importantes pero, en el contexto del siglo XX, principalmente en organizaciones clasistas nacionales y luchas de clase —aunque incluyendo algunas redes de «internacionalismo proletario»— la desigualdad de clases a nivel nacional eclipsaba las rápidamente crecientes y mucho más grandes brechas globales entre naciones. Estas luchas nacionales condujeron a igualamientos nacionales, que fueron sustanciales en Europa después de la Primera Guerra Mundial y en EE.UU. después del colapso de l929. Ahora, las naciones se están acercando mucho más, mientras que las clases se están separando. En los países anglosajones hemos regresado a las distribuciones de fines de la década de l920. El lado clasista del nuevo patrón de distribución global se estableció en la década de l990. En esos años, la desigualdad china se disparó, aún más que durante la travesía capitalista en la antigua Unión Soviética, cuando la modesta tendencia al igualamiento (rural) en la India se revirtió en mayor desigualdad, tanto rural como urbana. En América Latina, México y Argentina tuvieron sus choques neoliberales. Un estudio del FMI (2007: 37) demuestra —aunque no reflexionando debidamente sobre esto— que a escala global el único grupo que había incrementado sus ingresos en la década de l990 fue el quintil más rico a nivel nacional, tanto en países de ingresos altos como bajos. Los demás quintiles habían perdido, aunque no en forma aparatosa. Los cambios más importantes tuvieron lugar en la cima de la distribución de ingresos, entre el 1% más rico y el resto —y entre el 0,1 ó 0,01% y el resto—. Entre l981 y 2006, en EE.UU. el 0,1% de la población incrementó sus ingresos en seis puntos porcentuales; el resto del 1% más rico aumentó en

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cuatro puntos. El siguiente 4%, (percentiles 96-99) incrementó 2,5 puntos. El 5% más abajo (percentiles 91-95) mantuvo su ingreso, mientras que el restante 90% perdió (Pear, 2011; Krugman, 2011). El economista Joe Stiglitz, Premio Nobel estadounidense, señaló recientemente (Vanity Fair, 05.2011) que el control de la riqueza de su país se encuentra en manos del 1% más rico de la población: que posee el 40% del producto de toda la nación, que se apropia de casi un cuarto de los ingresos nacionales anuales y se trata de un grupo reducido que llenaría virtualmente el Congreso de EE.UU. Para fines del último siglo, el 1/100 más rico acaparaba el 15 % del ingreso de EE.UU., contra el 9-11% en la India (Banerjee y Piketty, 2003). En el nuevo milenio, las tendencias inequitativas continúan en China, India y el Asia en desarrollo, en general, al igual que en EE.UU. (Luo y Zhu, 2008; Kochanowicz et al., 2008; Datt y Ravaillon, 2009). El acelerado crecimiento económico en la India, por ejemplo, difícilmente tuvo algún efecto en el quintil más pobre de niños indios, dos tercios de los cuales sufren de bajo peso —una condición debilitante de por vida— en 2009, al igual que en 1995 (UN, 2011: 14). El vigoroso crecimiento económico en la década del 2000 en lo que fue el Tercer Mundo no ha tenido ningún efecto sobre el hambre en el planeta. El número de personas con desnutrición se elevó de 618 a 637 millones —16% del género humano— entre 2000 y 2007 (UN, 2011: 11). Los precios de los alimentos siguen al alza. En el otro extremo, en marzo de 2011, la revista Forbes se regocijaba al anunciar dos récords de los multimillonarios incluidos en su lista de 2010, cuyo número ahora es de 1.210 personas, y su patrimonio total asciende a USD 4,5 billones; es decir, más que el PIB de la tercera economía más grande del mundo. De esa lista, 413 personas son estadounidenses, 115 chinas (continentales) y 101 rusas. Sin embargo, no hay nada fatal, técnico o económico en la creciente desigualdad. Sin soslayar su conocida posición como la región económicamente más inequitativa del mundo, actualmente América Latina es la única región del planeta en donde la desigualdad está menguando (CEPAL, 2010; PNUD, 2010). Debido a que en gran medida se trata de un efecto político (Cornia y Martorano, 2010), del rechazo contra el neoliberalismo de los dictadores militares de las décadas de 1970 y 1980, y de sus sucesores civiles elegidos más o menos democráticamente, las actuales políticas de redistribución en Argentina, Brasil, Venezuela y otros países, también recaen en un análisis de clase, al igual que el acaparamiento de dinero por parte de las oligarquías.


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Otra forma de comparar las clases (el ingreso) entre naciones es calcular su Índice de Desarrollo Humano; que incluye ingreso, expectativa de vida y educación. Es una operación heroica y muy complicada, sujeta a márgenes de error. Sin embargo, nos brinda un cuadro digno de considerar acerca de la inequidad mundial. El quintil estadounidense más pobre tiene un nivel de desarrollo humano más bajo que, por ejemplo, el quintil más rico en Bolivia, Indonesia y Nicaragua; está por debajo del 40% más rico de Brasil y Perú; y tiene un nivel casi igual al cuarto quintil de Colombia, Guatemala y Paraguay (Grimm et al., 2009: tabla 1). Es probable que las clases, por lo menos como una referencia de la justicia distributiva, también cobren importancia por otros motivos además de la convergencia nacional y económica. Está claro que las desigualdades identitarias del racismo y el sexismo, incluso si hasta la fecha aún se imponen por aquí y por allá, están debilitándose. Un reciente e importante ejemplo es el fin del apartheid en Sudáfrica. No obstante, la Sudáfrica democrática también nos está brindando uno de los ejemplos más espectaculares de inequidad de clase después de superar el racismo institucionalizado. Intrépidos economistas del Banco Mundial, como Branko Milanovic (2008: tabla 3) y otros, han estimado el índice de Gini de desigualdad de ingresos entre familias de todo el planeta en alrededor de 65-70 para las décadas de l990 y 2000. Sin embargo, ¡en 2005 la ciudad de Johannesburgo obtuvo un índice de 75! —medido en gastos de los consumidores, que siempre muestran cifras de desigualdad inferiores a aquellas del ingreso (UN HABITAT, 2008: 72)—. Incluso dejando un margen para errores, no parece descabellado afirmar que la ciudad de Johannesburgo después del apartheid alberga por lo menos tanta desigualdad económica entre sus ciudadanos —principalmente; y lo más probable es que sea más— como la que existe entre todos los habitantes del planeta. Las cuatro trayectorias de clase El probable resurgimiento de las clases podría tomar al menos dos direcciones muy diferentes: una de clase media y otra de clase obrera, cada una con dos subvariantes principales. Una primera trayectoria, ideológicamente predominante, es la variante de la clase media deseosa de convertirse en una clase media global emergente que tome posesión de la tierra, que compre autos, casas unifamiliares y una cantidad interminable de aparatos electrónicos, bienes de consumo duraderos y que gaste en turismo internacional. A pesar de que este creciente consumismo globalizado podría causar pesadillas a la gente ecológicamente consciente, los comerciantes, la pren-

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sa comercial y las instituciones comerciales se frotan las manos. Además de elevar las utilidades de los negocios, el consumismo de la clase media trae grandes ventajas, tanto al acomodarse a los privilegios de los ricos, como al crear un horizonte de aspiraciones en las clases populares. Pero a pesar de que los sueños de estos negocios no pueden exceder lo posible, tienden a subestimar la potencial explosión social en la actual competencia de distanciamiento y exclusión económica. Como una segunda trayectoria, la creciente brecha entre las clases media y rica podría encauzar a la primera hacia la política antes que al consumismo. En los últimos años hemos sido testigos de algo que al menos los europeos han visto poco desde 1848: las clases medias movilizadas en las calles, e incluso haciendo revoluciones de clase media. Muchas de estas movilizaciones han sido reaccionarias a nivel social y económico, como aquellas contra Allende, en Chile, y contra Chávez en Venezuela; o, más recientemente, el Tea Party en EE.UU. Al contrario de lo que supone la mitología liberal, no hay nada inherentemente democrático en las movilizaciones de la clase media; los «Camisetas Amarillas» en Tailandia en 2008 o los cabecillas de los golpes en Chile y Venezuela dan fe de ello. También otros grupos han dado un paso en contra de la oligarquía, el capitalismo clientelista y otras políticas oligárquicas. La llamada «Revolución Naranja» en Ucrania podría ser la que más se acerca al tipo ideal; sin embargo, la «Primavera Árabe» de 2011 también incluyó un importante componente de clase media que, probablemente, fue crucial. El capitalismo exclusivo de las altas finanzas, de la alta política o de la política económica de, por y para el 1% más rico de la población, podría conducir a una irritada clase media al escenario político, con consecuencias impredecibles. La otra dirección nos conduce a la clase obrera. La era del histórico capitalismo industrial de vanguardia quedó atrás: el desarrollo capitalista que empoderó a su propio opositor, el movimiento obrero pronosticado por Marx a mediados del siglo XIX, se materializó en Europa, en particular en los países nórdicos. Ahora, Europa y América del Norte están desindustrializándose; el capitalismo financiero privado está superando los sectores privados; las clases obreras están siendo divididas, derrotadas y desmoralizadas. La resultante polarización económica y la creciente inequidad dentro de las naciones es la contribución del Atlántico Norte al resurgimiento global de las clases (como un mecanismo estructural de distribución). El relevo de la clase obrera industrial se ha transferido a China, el centro emergente de la manufactura mundial y de las exportaciones manufactureras del mundo. Hoy en día, la mayoría de obreros industriales chinos son


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inmigrantes en su propio país debido al imperecedero sistema hukou, que distingue derechos natales entre áreas urbanas y rurales. Pero el crecimiento del capitalismo industrial chino está fortaleciendo a su fuerza obrera, como alguna vez vaticinó Marx y como expresan las actuales protestas localizadas y los salarios en aumento. En cierto sentido, el régimen político chino aún está formalmente comprometido con el socialismo. Aunque nadie sabe lo que resultará de él, no podemos excluir una nueva ronda de extendidos conflictos liderados por la clase obrera industrial, en su mayoría desplazados de Europa al Asia Oriental. En el escenario de una cuarta trayectoria de clase, la dinámica estaría principalmente centrada en las clases populares heterogéneas de África, Asia, América Latina y, tal vez, sus contrapartes menos vigorosas en el mundo rico. Empoderados por la elevación en los niveles de educación y por nuevos medios de comunicación, los movimientos de las clases populares confrontan grandes problemas de división, origen étnico, religión y empleo formal e informal, en particular; así como por la dispersión de actividades, ventas callejeras y las empresas que contratan a sus obreros en condiciones esclavistas. Pero las barreras a la organización, movilización y mítines no son insalvables. En la India se han formado fuertes organizaciones de trabajadores autónomos; en Tailandia, en las elecciones de julio de 2011, el movimiento «Camisas Rojas» de las clases populares reapareció como la principal fuerza política del país; y coaliciones de clases populares han llevado al poder gobiernos de centro-izquierda en Argentina, Brasil y varios países latinoamericanos. Cada una de estas cuatro trayectorias de clase sobre la inequidad mundial contiene probabilidades sociológicas: el consumismo globalizado de clase media; la rebeldía política de la clase media; la lucha de la clase industrial —incluyendo los posibles compromisos de clase—, desplazados de Europa a China y Asia Oriental; y, en cuarto lugar, movilizaciones populares de clases heterogéneas, lideradas por los movimientos latinoamericanos y sudasiáticos, tal vez sudafricanos y, posiblemente, movimientos de los países árabes y subsaharianos. El futuro predecible más probable es que se verán pasos decisivos en cada una de estas cuatro trayectorias y que su relativa importancia es imposible de predecir. Otro tema controversial será sopesar la evidencia y evaluar su significado y valor. Sin embargo, lo que es más explícito es que mientras los Estados-nación sigan siendo organizaciones monumentales y los conflictos de clase sigan principalmente comprometidos con el Estado, el nuevo giro de la desigualdad global hará que las clases se levanten y que las naciones gradualmente reduzcan su influencia en la determinación del curso de la vida de los seres humanos.

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La nueva dinámica ideológica Las grandes movilizaciones populares de 2011, desde el movimiento estudiantil de Chile hasta el movimiento anticorrupción de la India, pasando por el complejo mediterráneo de la revolución del Sur (árabe) y las rebeliones del Norte, de Occidente a Oriente, de España a Grecia e Israel, incluyendo los movimientos de EE.UU. del Tea Party y Ocuppy Wall Street; todos estos movimientos expresan una nueva dinámica ideológica. Se asemejan al movimiento de masas argentino surgido en reacción al colapso del neoliberalismo criollo en 2001. Básicamente, se trata de una nueva combinación de rechazo y pragmatismo. Existe un fuerte repudio al sistema de economía política establecido —elocuentemente expresado en el dicho argentino de 2001-2, «¡Que se vayan todos!»—. Sin embargo, a diferencia de las comunidades ideológicas del siglo XX, no hay a la vista ningún programa o estrategia doctrinarios. Resulta impredecible saber a dónde conducirán las trayectorias de clase y en dónde será el siguiente estallido. Pero la dinámica de estas movilizaciones probablemente indica un giro histórico emergente en el papel de las ideologías políticas en el cambio social. A pesar de que no ofrecen recetas o soluciones a corto plazo, ni tampoco previsiones concretas, los análisis históricos son parte integral de las tradiciones marxistas —y por buenos motivos—. Las perspectivas históricas nos colocan a los actuales luchadores por la libertad, la equidad y la justicia social globales en una larga historia interconectada de pensamiento, prácticas y experiencias radicales, así como en procesos de largo alcance de cambio social o de ningún cambio. Para ello, es decir para lograr el objetivo, mucho más práctico que académico, de ubicarnos en la historia, podríamos distinguir diferentes épocas en las relaciones modernas del pensamiento político y la práctica social. En este caso, por razones obvias, enfocadas en las relaciones de la izquierda. Las ideologías políticas modernas se derivan de la filosofía política y social de los siglos XVII y XVIII en Europa. Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith y otros trazaron conceptos seculares de buen gobierno y buena sociedad. Ellos, en particular Locke y Rousseau, ofrecieron los principios y argumentos a los revolucionarios de las primeras revoluciones modernas: la estadounidense y la francesa. Tras las revoluciones se desarrollaron las doctrinas de los futuros nuevos Estados y sociedades, los ideológicos ismos: liberalismo, nacionalismo, republicanismo, socialismo, comunismo, anarquismo. Como reacción a estos, las potencias desafiadas de la tradición y los privilegios, el conservadu-


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rismo, monarquismo y legitimismo, formularon contraideologías. Durante el siglo XIX, estos ismos ideológicos se convirtieron en banderas de batalla, armadas y desarmadas. En la primera mitad del siglo XX, las ideologías políticas, con frecuencia con un fuerte componente religioso (cristiano, principalmente), evolucionaron hacia comunidades identitarias masivas y hacia estrategias de poder. Hacia fines del siglo, sin embargo, estas comunidades ideológicas se desvanecieron rápidamente y sus estratagemas del poder político comenzaron a disociarse cada vez más de cualquier objetivo doctrinario. En algunas partes del mundo, el fundamentalismo religioso (cristiano, musulmán, judío, hindú, budista) dio un salto al vacío, pero no logró llenarlo. La primera década del siglo XXI ha experimentado una nueva dinámica ideológica radical, política y secular, que no está regida por ningún ismo específico ni tiene un programa ni estrategia para la toma de poder. Tampoco es una comunidad identitaria organizada. El movimiento alterglobalización y el Foro Social Mundial constituyen el mayor ejemplo. En 2011, la nueva dinámica orientó las revoluciones mediterráneas en las costas del Sur y las rebeliones en las costas occidentales, nórdicas y orientales. En América Latina, las protestas estudiantiles chilenas contra una educación privada deficiente y costosa se convirtieron en un movimiento masivo nacional de la clase media y obrera (organizada). En la India, la nueva dinámica respaldó al movimiento anticorrupción gandhiano de Anna Hazare. Más aún, hasta el momento esta dinámica ideológica de movilización masiva ha tenido un tinte izquierdista, a pesar de que ha evitado deliberadamente mostrar insignias de izquierda y fórmulas canónicas. Pero la participación también puede venir desde la derecha, y el Tea Party estadounidense es un ejemplo elocuente de esto. A pesar de que ha sido principalmente conducido por la derecha cristiana, se presenta sobre todo como un pequeño movimiento gubernamental que evita preguntas críticas sobre el capitalismo y la inequidad, y se lanza contra el engaño en el gobierno de Washington y Wall Street, no sin cierto nivel de credibilidad. Esta nueva dinámica de movilización política es un fenómeno digno de anotar de la política contemporánea. Cuán lejos llegará la combinación de rechazo basado en principios y pragmatismo ideológico es otro tema. Lo más probable es que, por sí sola, esta combinación no sea sostenible por mucho tiempo. Diez años después de la movilización militante argentina, en ese país ha retornado la política ordinaria, de centro-izquierda, e incluso la confianza en la política. Los Indignados, el ingenioso y profuso movimiento español, no impidió el fracaso del gobierno socialista y el arribo de

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un gobierno mucho más derechista luego de las arrolladoras elecciones de noviembre de 2011. Por otro lado, es improbable que vuelva la doctrina de los primeros tres cuartos del siglo XX. Más bien lo que nos espera, también en la izquierda radical, es un futuro de llamados o «interpelaciones» ideológicas dispares, discontinuas y laxamente conectadas. El Foro Social Mundial y la nueva izquierda latinoamericana dan testimonio de esto. En agudo contraste con los sucesos del sur de Europa, que constituyen intentos de salida a la crisis por la puerta derecha, Argentina logró una exitosa salida a su crisis económica y política, ideada por un astuto político, antiguo provinciano marginal que canalizó el flujo de iracundas protestas masivas a través del peronismo, un movimiento amplio, ideológicamente heterogéneo y camaleónico. La nueva geopolítica de la izquierda El tercer aspecto del cambiado contexto de la izquierda a inicios del siglo XXI que quisiera resaltar es la nueva geopolítica. A inicios de este siglo, la bandera del socialismo había pasado de Europa y Asia a América Latina, la única región del mundo en donde el socialismo aún está en la agenda, proclamado oficialmente como el «Socialismo del Siglo XXI» en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es la única región del mundo en donde gobiernos de izquierda han triunfado —debido al peso de Brasil y Argentina, y no por accidente—; la única región del mundo en donde la desigualdad económica está declinando —aunque, hay que reconocer, desde los altísimos niveles andinos—. Se trata de un proceso muy original, que recalca su autonomía respecto al izquierdismo eurasiático del siglo XX, aunque no lo declare, con motivaciones ideológicas heterodoxas y fuerzas sociales heterogéneas. En este sentido, es claramente una izquierda posmarxista. Calza en el nuevo contexto histórico luego del agotamiento del socialismo industrial del que la Unión Soviética fue el ejemplo más dramático. Las fuerzas progresistas de Ecuador y de otros países latinoamericanos recurren principalmente a movimientos populares, de grupos étnicos/identitarios contrarios a la oligarquía. Sin embargo, a escala global, la pequeña dialéctica marxista de la lucha de clases no se ha detenido.Su punto de apoyo en la contradicción capital-trabajo ha sido parcialmente desplazado a China; aunque está retornando con represalias globales, pero en forma transformada, a América Latina, recientemente también al último reducto neoliberal, el Chile pospinochetista. Marx sigue siendo crucial. No obstante, las recientes experiencias y esperanzas latinoamericanas deben situarse en un contexto global histórico. Hasta la fecha, la izquier-


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da global ha tenido dos centros diferentes. Uno fue Europa Occidental, con la Francia de la Revolución y la Alemania del movimiento obrero marxista a la cabeza, y que representaba el futuro del mundo moderno: el futuro de la parte más desarrollada y poderosa del planeta. Este centro proporcionó análisis sociales, ideas, programas, principios de organización y modelos de movimiento y de cambio. También prestó importante apoyo material, aunque indirecto. Francia abrió sus puertas a exiliados radicales de todo el mundo; por su parte, el bien organizado y ducho movimiento obrero alemán ayudó a sostener a los movimientos más pobres. El centro FriedrichEbert Stiftung sigue brindando asistencia en este sentido. El segundo tipo de centro surgió en las semiperiferias del poder y riqueza mundiales, por medio de conquistas revolucionarias. El primero y más universal fue la Unión Soviética; aunque China, más regional, y más aún Cuba, también adquirieron funciones primordiales. Sobre todo constituyeron modelos de un exitoso cambio social, de la toma del poder y de la transformación social revolucionaria. Como tales, estos casos constituyeron fuentes de inspiración y de apoyo material directo —global en el caso de la URSS; y regional en los casos de China, antes de la rivalidad de Mao con la URSS, y de Cuba—. El comunismo, así como la socialdemocracia y el republicanismo radical, fueron movimientos originados en Europa. Entre ellos, el comunismo demostró ser el mejor adaptado y más exitoso a nivel global. Aunque estos movimientos aún persisten como un legado perdurable del siglo pasado, pareciera que estamos ante una nueva geografía mundial de la izquierda. Entre la bruma del futuro, aún no podemos establecer a qué se asemejará una izquierda posteurocéntrica. Lo más probable, al menos en el corto plazo, es que, en primer lugar, será descentralizada. Al margen de su importancia regional, es improbable que la izquierda latinoamericana se constituya en un centro global en un futuro predecible. Los cambios sociales que están en marcha, aún cuando estuvieran plenamente implementados, no son lo suficientemente radicales y el poder del hemisferio no es suficientemente fuerte. Si se permite a un forastero hacer una petición, esta sería que el mundo pueda contar con análisis latinoamericanos sobre América Latina. A pesar de que existen varios análisis muy sofisticados acerca de la inequidad y de la izquierda en Ecuador, en Brasil y en otros lugares, aún hay muy pocos estudios y reflexiones sobre América Latina en forma global. El futuro mundial de la izquierda del siglo XXI se decidirá en China y en la India, aunque ambos son prospectos muy inciertos. Pero es más probable que la izquierda misma sea más global que centrada en estos dos focos.

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El núcleo definitorio de la izquierda es un compromiso con la libertad e igualdad humana globales. Una izquierda posteurocéntrica tendrá que estar informada y conectada a nivel global. La diversidad cultural, la identidad étnica, los traumas nacionales —sobre todo del colonialismo y racismo—, la religión y la historia planetaria tendrán su debido lugar en los discursos y prácticas sobre la emancipación y la igualdad. Se deben elaborar nuevas políticas económicas para salir de la camisa de fuerza liberal en la que se encuentran la izquierda y centro-izquierda europeas.

4. Conclusiones Una nueva era está surgiendo sobre los legados del siglo XX. Están brotando nuevas relaciones de clase y nación, de ideología, identidad, movilización y políticas globales de izquierda. El final de la Guerra Fría no trajo la paz, sino un nuevo ciclo de guerras. El triunfo capitalista sobre el socialismo soviético no conllevó a la prosperidad universal sino a una acelerada desigualdad y repetidas y severas crisis económicas: la del Este asiático de l997-98, la rusa de l998, la argentina de 2001 y la actual euro-estadounidense de 2008-? Los clásicos temas de la izquierda, la explotación capitalista y el imperialismo capitalista, la exclusión y jerarquía de raza y género se han reproducido en el nuevo siglo. Lotta Continua. La lucha continúa.


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CAPÍTULO CUARTO

Una gran transición para una gran transformación

Reflexiones a partir de la iniciativa Yasuní-ITT1 RENÉ RAMÍREZ G. El mundo no necesita alternativas de desarrollo sino alternativas al desarrollo. El mundo no precisa aprovechar «mejor» el capitalismo sino transformarlo. Este es el gran desafío histórico que debiera asumir intelectual y políticamente la izquierda. El concepto de «desarrollo» se ha reciclado para renacer una y otra vez de todas sus críticas y detractores, pero en estricto sentido nunca ha sido puesto en cuestión: ni como noción, ni la forma para su consecución. El desarrollo «humano», el desarrollo «sostenible», el desarrollo «con perspectiva de género», etc., si bien constituyen avances importantes para producir un mundo más humano, amigable con el medio ambiente o con relaciones menos patriarcales, no buscan cambiar de raíz el problema estructural que es el modo de la acumulación y (re)distribución que se produce a través del capitalismo.2 En este marco, resulta interesante analizar el proyecto político que desde el año 2007 se está llevando a cabo en Ecuador. Este ha propuesto a la ciudadanía nacional y mundial un cambio de paradigma que no solo busca dejar atrás el propio concepto de «desarrollo» —y, con este, al capitalismo— sino construir una sociedad que tenga como eje la garantía de las condiciones de vida de los seres humanos y de la naturaleza. Dicha propuesta ha sido conocida públicamente como la sociedad del Buen Vivir o del sumak kawsay. Se trata en definitiva de un nuevo paradigma, que en el caso ecuatoriano parte de una dinámica constituyente, y que tuvo como resultado el establecimiento de un nuevo pacto de convivencia colectivo. Es decir, supuso la elaboración y aprobación popular de una nueva Constitución Política en 2008. Este paradigma, además de establecer una serie de principios y pautas de interacción social, buscó deliberadamente re-pensar alternativas de acu1 Agradezco la lectura crítica y minuciosa de Analía Minteguiaga. 2 Parte de la raíz del problema, que no se tratará en este artículo, es la relación que se configura entre el capitalismo y la democracia representativa.

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mulación, (re)distribución, regulación y nuevas formas democráticas para la sociedad. Sin embargo, en Ecuador existe plena conciencia de los límites, o mejor dicho de los «tiempos» involucrados en dicha dinámica de cambio. Sería pretencioso e ingenuo postular que de la noche a la mañana se puede salir teórica, conceptual y hasta empíricamente del paradigma del desarrollo y, asociado a este, del esquema capitalista. Por ello, se argumenta que una propuesta seria desde el pensamiento de izquierda debería pensar detenidamente la «gran transición». Empero, esto no significa abandonar la reflexión sobre la transformación social ya que tal situación supondría resignarse a vivir —en el mejor de los casos— en una sociedad «menos» injusta, pero injusta al fin. La nueva Carta Constitucional que propone Ecuador al mundo marca una ruptura con los anteriores paradigmas al buscar construir un pacto social en favor de lo que se ha denominado «socialismo del sumak kawsay o bio-socialismo republicano» (Ramírez G., 2010). Mas en esta ocasión no interesa debatir a profundidad y de manera exhaustiva sobre la propuesta política de Ecuador en torno a la construcción de ese socialismo. Dicho análisis se ha tratado ampliamente en otros escritos (Ramírez G., 2010) y está plasmado también en el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013. En esta oportunidad, resulta más pertinente realizar un análisis filosófico-político de una de las iniciativas más emblemáticas que ha planteado el Ecuador al mundo y que constituye un ejemplo simbólico de disputa del sentido lógico del desarrollo capitalista. Esta es la iniciativa Yasuní-ITT.3 Dicho proyecto consiste en mantener el crudo bajo tierra (no explotarlo) en una de las zonas más megadiversas del mundo, que se encuentra en la Amazonía ecuatoriana. Dicha iniciativa es un ejemplo concreto para construir esa sociedad del Buen Vivir. El análisis que propongo se hace en el marco de la discusión que se está dando a nivel global en la cual cierto sector del pensamiento de izquierda considera que lo más progresista y realizable hoy en día es idear y producir mejoras en la administración del capitalismo, en otras palabras sacar el lado «bueno» del mismo (Hutton, 2011). También tomaremos distancia de aquella otra posición que plantea el anti-capitalismo desde una perspectiva puramente teórica sin preocuparse por la viabilidad política de esas propuestas. Para ello, antes de profundizar en la reflexión sobre la iniciativa YasuníITT, en la primera parte de este texto quiero ubicar en qué contexto se realiza la lectura de la propuesta de mantener el petróleo bajo tierra, con el fin 3 Las siglas ITT se refieren a las áreas del Parque Nacional Yasuní, respectivamente: Ishpingo, Tiputini y Tambococha.


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de no caer en una postura ahistórica que bajo el nombre del realismo clausura la posibilidad de la transformación social y se resigna a no alcanzar las uvas porque «están verdes y son amargas»4, ni tampoco en aquellas otras posturas posmateriales y anticapitalistas inviables para sociedades con altos niveles de necesidades insatisfechas. En dicha sección se reflexionará sobre el mercado, el capitalismo y otras formas de economías. La segunda sección definirá en qué consiste la propuesta Yasuní-ITT. En la tercera sección se presentan once tesis que explican por qué la iniciativa Yasuní-ITT es un fiel ejemplo de una potencial transformación radical. Como parte de la transición socio-ecológica, el cuarto apartado plantea una vía concreta adicional para financiar la iniciativa y disputar el sentido del capitalismo. Finalmente, se presentan algunas consideraciones finales.

1. Capitalismo, mercado, trabajo y pluralidad de economías A fin de no caer en pragmatismos que proponen cambios epidérmicos ni tampoco en falsos romanticismos teóricos, resulta necesario contextualizar el momento histórico que vive Ecuador en el marco del sistema-mundo. En las últimas décadas, el planeta ha experimentado el predominio de una representación del mundo, con efectos políticos concretos, denominado neoliberalismo. Siguiendo a David Harvey, debe quedar claro que el neoliberalismo es una estrategia política global que, entre otras cuestiones, ha buscado restituir la tasa de ganancia del capitalista, principalmente del sector financiero, a través de políticas regresivas (Harvey, 2007). Dicha operación fue posible mediante la hegemonía de alianzas socioeconómicas y políticas tanto globales como internas dentro de cada país, que condujeron a la construcción de un mundo híper capitalista. Asimismo, este escenario pudo concretarse por la participación fundamental de un actor clave: el Estado. Como brillantemente menciona Giovanni Arrighi, el carácter capitalista del desarrollo basado en el mercado no está determinado por la presencia de instituciones y dispositivos capitalistas sino por la relación del poder del Estado con el capital. Se pueden añadir tantos capitalistas como se quiera a una economía de mercado, pero a menos que el Estado se subordine a su interés de clase, la economía de mercado sigue siendo no capitalista (2007: 345, énfasis añadido). 4 Alusión a la fábula «La zorra y las uvas». [N. del e.]

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Esto justamente permite analizar los límites y alcances del capitalismo y del mercado —en su fase neoliberal— en el marco de una estrategia política viable desde la izquierda. La idea es no confundir el desarrollo capitalista con el mercado. Dicha distinción es muy importante para los objetivos de este escrito. Más adelante se tratará el tema del «valor» en la economía; no obstante, por el momento se debe señalar que las herramientas de mercado son las menos malas para redistribuir bienes y servicios dentro de una economía — más allá, quizá, de un barrio o una parroquia— en cantidad y diversidad de productos. Una perspectiva de izquierda innovadora no debería excluir las herramientas del mercado5, sino subordinarlas al interés general; y debería incorporar la pluralidad de economías que existen y que han sido invisibilizadas al momento de construir el orden social hegemónico imperante —nos referimos a las economías cooperativa, asociativa, del cuidado, entre otras—. La sociedad del Buen Vivir o del sumak kawsay que se consagra en la Constitución de la República de Ecuador se propone edificar una economía ecológica, social y solidaria; la cual busca ser una economía con mercado6 y no capitalista, mas no de mercado capitalista. Siguiendo la perspectiva señalada por Arrighi, se puede señalar que en Ecuador —a partir del proceso denominado Revolución Ciudadana y como producto de una crisis de hegemonía de las alianzas dominantes— hay avances muy importantes en la ruptura con el lado capitalista de la economía, dado que parte de estos sectores (capitalistas principalmente ligados al sector financiero) vieron debilitada su capacidad de hacer privilegiar sus interés en el campo de las políticas públicas.7 El desplazamiento de las repre5 En otros artículos se ha planteado que incluso sin dejar de utilizar las herramientas de mercado pero con una unidad de análisis e intercambio diferente al dinero (tiempo, energía, biomasa) se podría construir otro orden social. Ver Ramírez G. (2011). 6 Usualmente se señala que el sistema económico que se plantea en Ecuador en su Constitución está en contra de procesos de revolución industriosa (no «industrial»; ver Arrighi, 2011). Como se ha sostenido en otros espacios, el proceso de industrialización puede regirse por una lógica que respete principios ecológicos, sociales y solidarios, diferentes a los del mercado capitalista. Muchas veces se da por supuesto que los sistemas económicos contrarios al capitalismo son por definición ineficaces e ineficientes, lo cual también se aleja de ser una verdad sin matices. 7 Lo mencionado no niega la particularidad del caso ecuatoriano durante el momento neoliberal, basada en las dificultades intestinas que tuvieron las clases acomodadas para superar sus fracciones y divisiones internas y llevar adelante un proyecto hegemónico de capitalismo a ultranza. En este sentido, debe distinguirse la hegemonía de estos grupos de la hegemonía neoliberal en tanto representación del mundo, ideología y hasta proyecto político-cultural. Esta hegemonía neoliberal funcionó efectivamente en Ecuador más allá de las especificidades señaladas.


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sentaciones gremiales de los empresarios de las instituciones públicas ha sido una de las principales acciones políticas en este sentido. Así por ejemplo, en todo Consejo de políticas públicas a nivel estatal en el cual tenían voz y voto diversas fracciones del capital privado —en el ámbito bancario, de comercio exterior y en los sectores estratégicos— se ha eliminado su representación y, por tanto, su influjo en la determinación de la agenda pública. Por otro lado, quizá la política más clara en donde se ha dado tal separación entre Estado y poderes económicos privados ha sido en la recientemente aprobada Ley de Regulación y Control de Poder de Mercado. En esta ley se regula el abuso de poder que los capitalistas han tenido en Ecuador al explotar a los pequeños y medianos productores e incluso abusar de los propios ciudadanos en tanto consumidores. Esta legislación también norma la separación de la banca de los medios de comunicación y de otros negocios económicos fuera de su ámbito de acción estrictamente financiero. Además el someter a transnacionales petroleras y energéticas a contratos de prestación de servicios, en donde queda claro que los recursos no renovables son propiedad del conjunto de ecuatorianos representados por el Estado; la declaración de ciertos tramos de la deuda externa como ilegítima; el impuesto a la salida de capitales8 y las reformas tributarias con énfasis en los impuestos directos; son todas medidas que muestran un nuevo equilibrio entre el capital y el poder político como espacio de representación del bien común y los intereses generales. A su vez, la eliminación de la tercerización; el incremento de cobertura de la seguridad social; la formalización y protección del trabajo de las empleadas domésticas; la promulgación de la Ley de Economía Social y Solidaria en la que se crea la corporación de finanzas populares como parte de la recuperación de la banca de desarrollo; el incremento sistemático del salario mínimo, que ha permitido mejorar significativamente (90%) la cobertura de la canasta básica, así como la puesta en marcha del salario dignidad9; el aumento salarial de maestros, policías y empleados de la salud; y el considerar como delito la no afiliación al Instituto de Seguridad Social del Ecuador de trabajadores en relación de dependencia; son todas pruebas claras de que el proceso de cambio iniciado ha dado primacía al trabajo sobre el ca-

8 En la última reforma tributaria aprobada en el mes de noviembre de 2011 este impuesto subió del 2 al 5%. Esta tasa se aplica a partir de la nueva reforma a las divisas que no retornan al país producto de las exportaciones. 9 En el Código Orgánico de la Producción se aprobó que ningún empresario puede cobrar utilidades si todos sus empleados no tienen un salario igual al costo de la canasta básica (salario dignidad).

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pital, modificando aquella lógica que hizo del Estado una pura herramienta de las clases dominantes. No es aventurado sostener, en este marco, que así como la Revolución Liberal Alfarista en Ecuador tuvo como uno de sus principales objetivos construir un Estado laico, la denominada Revolución Ciudadana ha tenido como objetivo separar al Estado de los poderes económicos fácticos. Esto no implica pretender su desaparición como el discurso de cierta izquierda poco madura defiende, pero sí someterlos al bien común expresado fundamentalmente en la capacidad del Estado para procesar las demandas populares y revertir las prioridades de intervención, redistribución y del conjunto de la acción pública hacia la mayoría de la población.10 Dicha situación ha dado paso a algo que es fundamental y constituye el primer objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir y de un proyecto de izquierda: redistribuir la riqueza y buscar la igualdad social. Como puede verse en los anexos a este artículo, la desigualdad ha disminuido (medida a través del coeficiente de Gini) pero no de cualquier forma: el decil más rico ha visto disminuir su porción del pastel luego de casi dos décadas que fue el único estrato económico que vio crecer su participación. La porción en que se redujo la participación del 10% más rico ha sido redistribuida en el 90% de la población, sobre todo entre los más pobres (el crecimiento ha sido pro-pobre11) y ello sin dejar de fortalecer a la clase media12 (ver Ramírez G., 2011). Es claro que lo realizado todavía no es suficiente como para romper la lógica de mercado capitalista que ha imperado en Ecuador desde prácticamente la etapa poscolonial, ni tampoco para cerrar las brechas sociales aún flagrantes. Profundizar aún más en la distribución de los medios de producción sigue siendo un reto político para el gobierno ecuatoriano. Simplemente son señales de la orientación global del proceso en el vigente momento político, lo cual no resulta un dato menor en el marco de aquellas posturas que se conforman con encontrar lo «bueno» del capitalismo 10 En este texto se va hacer hincapié en el actor estatal sin menospreciar el papel de los actores sociales. Sin embargo, se debe dejar sentado, como ha sido demostrado por algunos especialistas, el reflujo y la fragmentación que los movimientos sociales han experimentado en Ecuador desde el 2003 a la fecha (Ramírez G., 2011). 11 Al observar el crecimiento en los años de gobierno del presidente Rafael Correa —como se aprecia en el anexo (gráfico 2)— podemos percatarnos de que a mayor nivel de pobreza, la velocidad del crecimiento del ingreso es también mayor. 12 En menos de cinco años casi se ha revertido la distancia entre el decil más rico y más pobre a lo que era 21 años atrás (1990), año en el que todavía no empezaba en el Ecuador la etapa de políticas más duras del neoliberalismo que conoció el país.


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y aquella izquierda que plantea falsas ilusiones que no son viables social ni políticamente. Algunas veces se escuchan voces desde la izquierda que argumentan que el objetivo es que la lógica del sistema económico sea anticapitalista sin importar el cómo. Las alternativas anticapitalistas que defienden algunos sectores de la izquierda muchas veces no son asequibles a escala meso o macro, debido justamente a la imposibilidad de coordinación, distribución e información a escala global de los modelos propuestos o porque simplemente no cumplen el objetivo básico de satisfacer las necesidades de la gente. Por ejemplo, ¿el trueque puede ser reproducible a escala provincial o nacional? Incluso se podría señalar que a nivel micro muchas veces solo sirve como estrategia de supervivencia, pero no constituye una vía alternativa puesto que no siempre mejora las condiciones de vida de los productores. En efecto, de acuerdo al censo de población del 2012, el 12% de la PEA que realiza trabajo dentro del hogar (es decir, que pertenece a la economía social y solidaria) son en su mayoría (60%) pobre según la satisfacción de sus necesidades básicas (NBI). Si una economía que busca ser anti (o incluso pos) capitalista no mejora las condiciones materiales de producción y reproducción de la vida social de la población y no permite superar la pobreza, no solo no es viable políticamente sino que tampoco es deseable éticamente, por más lógica de «acumulación no capitalista» que suponga. Sin perder de vista el horizonte de la gran transformación, una izquierda no demagógica debería entonces plantear estrategias viables en la gran transición, tomando en cuenta sobre todo desde dónde se parte y el poder real que tiene el Estado a nivel nacional y en el concierto del sistema global. En el caso ecuatoriano no es menor reconocer que su economía está dolarizada, que depende del sector primario, que es de baja productividad y generadora de poco valor agregado; además de ser un país pequeño con poca capacidad de influencia en un mundo globalmente capitalista. No se debe olvidar tampoco que el objetivo es la reproducción de una vida plena, de la buena vida13, en la cual la dinámica económica no debe suponer un divorcio entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida. Antes de terminar esta sección, es relevante señalar que una de las bisagras entre la gran transición y la gran transformación pasa por el manejo de la sostenibilidad ambiental del mundo, en donde se incluye la vida del ser humano y de la naturaleza. La disputa por salir del capitalismo y construir otro orden está asociada —entre otras razones— con los límites biofísicos 13 Para un más amplio desarrollo del concepto de vida buena o buena vida véase Ramírez G. (2011b).

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(materiales, de espacio y tiempo) que se establezcan para su consecución. La economía capitalista es una economía ficticia porque basa su construcción en el dinero que es artificial, potenciando la desconexión con lo real. En este marco, dicha artificialidad puede ser puesta en jaque a través del manejo del patrimonio natural (vida) existente que tiene el mundo.14 En lo que resta del texto se explicará en qué consiste la iniciativa YasuníITT y por qué disputa la lógica interna del capitalismo y permite dar luces sobre la posibilidad de construir un pacto social poscapitalista viable: la sociedad del Buen Vivir.

2. La iniciativa Yasuní-ITT15 Una de las principales propuestas concretas que Ecuador ha planteado al mundo sobre el significado de lo que implica salir del desarrollo capitalista y entrar en la sociedad del Buen Vivir es el proyecto «Yasuní-ITT». ¿En qué consiste? En síntesis, Ecuador se compromete a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas recuperables de 846 millones de barriles de petróleo del campo ITT. De esta forma se evita la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, reduciendo los impactos sobre el cambio climático. La explotación petrolera de este campo supondría la producción de aproximadamente 107.000 barriles diarios durante 13 años, y luego los pozos entrarían en su fase declinante por doce años adicionales. Aunque las reservas probadas del campo ITT alcanzan 944 millones de barriles, existen reservas posibles adicionales de 1.530 millones, cuyo valor permanece incierto debido a que no se ha realizado prospección sísmica 3D. Al 2008, considerando las reservas probadas, el valor actual neto de explotar el petróleo equivaldría a recibir casi USD 7.000 millones.16 Sin embargo, Ecuador espera una contribución monetaria por no explotarlo, de tan solo la mitad de 14 No es casualidad que Estados Unidos no haya firmado el Protocolo de Kyoto; ni que Rusia, Canadá y Japón hayan anunciado que no formarán parte del segundo período de compromisos de Kyoto luego de la reciente cumbre realizada en Durban. De acuerdo a los expertos, al final, en el segundo periodo, Kyoto solo controlará el 15% de las emisiones. Poner límites a la emisión de dióxido de carbono es poner límites al crecimiento del capital. En este sentido, paradójicamente no es casualidad tampoco que la «mejor» acción para reducir la emisión de gases que producen efecto invernadero ha sido la crisis financiera que viven los países denominados «desarrollados». 15 Ver más información en: yasuni-itt.gob.ec. 16 No resulta menor señalar que, de no haber existido la voluntad política de mantener el crudo bajo tierra y haber empezado la explotación a inicios del período de gobierno, el país contaría ya con los primeros flujos de recursos monetarios de la explotación. Asimismo, a


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los ingresos futuros petroleros.17 El resto sería asumido implícitamente por el pueblo ecuatoriano, pasando a ser así el principal «contribuyente». En efecto, la iniciativa no solo reduce la contaminación global sino que muestra el respeto irrestricto a la biodiversidad al buscar la reproducción indefinida de las especies y culturas humanas. En este caso específico, al interior del Parque Nacional Yasuní se encuentran dos de los pocos pueblos que a nivel mundial se mantienen en aislamiento voluntario: los Tagaeri y los Taromenane. Partiendo de esta iniciativa, en la Conferencia de Cambio Climático realizada en Cancún en 2010 el presidente Correa planteó el concepto global de «emisiones netas evitadas» (ENE). Las ENE son las potenciales emisiones de la economía de cada país que no son emitidas; e incluso las emisiones que son reducidas. En términos netos, como bien señaló el primer mandatario en dicho evento, «no ensuciar el medio ambiente (por omisión teniendo el derecho de realizar la acción) es equivalente a limpiarlo (acción sin tener la obligación de realizarla)». Desde la mirada neoclásica economicista esta iniciativa podría ser leída como parte de una nueva «maldición de la abundancia».18 Justamente, reemplazar la dependencia al petróleo por la de la biodiversidad. Pero de hecho la maldición solo lo es si únicamente se piensa en términos monetarios, dado que ningún otro país que no tenga conjuntamente biodiversidad y petróleo podría plantear tal propuesta. Sin embargo, frente a tal lectura, existe una perspectiva que resguarda el lado emancipador de la propuesta YasuníITT: aquella que justamente rompe con la episteme neoclásica. A continuación se esbozan algunas ideas en este sentido.

3. Once tesis de ecología política sobre el Yasuní-ITT Cuando se habla de transitar del desarrollo capitalista a la sociedad del Buen Vivir la lectura no debiera restringirse a los modos de producción. Lo que está en disputa es otro orden social y, por lo tanto, otro marco de valores de la sociedad. En esta sección se intenta evidenciar por qué la iniciativa precios actuales del barril de petróleo los ingresos para el Estado ecuatoriano en valor presente neto podrían incluso duplicarse. 17 Ver más información en: www.yasunisupport.org. 18 La maldición de la abundancia, en términos simples, se refiere a aquellas economías que por tener abundantes recursos naturales no renovables no desarrollan otros sectores económicos de mayor valor agregado y se vuelven dependientes de dichos recursos.

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Yasuní-ITT da cuenta de dicha contienda mediante la formulación de una serie de tesis que expresan tales trastrocamientos. Del antropocentrismo al biocentrismo Desde la mirada liberal, únicamente el que es capaz de asumir obligaciones puede tener derechos. Con esta pre-condición las generaciones futuras y también la naturaleza quedan excluidas de cualquier pacto de convivencia. Por el contrario, la iniciativa Yasuní-ITT busca garantizar los derechos de la naturaleza estipulados en la nueva Constitución.19 Dicha situación pone de manifiesto una particularidad: el pacto realizado es post-humanidad (más allá de los seres humanos) y trans-generacional. El objetivo de esta mirada biocéntrica es garantizar la reproducción de la vida en su más amplia acepción. En el marco de este biocentrismo, la vida no solo se refiere a la del ser humano sino también a la de las demás especies de la naturaleza que, a su vez, garantizan la propia vida del ser humano en el futuro. El reconocer valores intrínsecos a la naturaleza es uno de los puntos centrales de la construcción de una sociedad del Buen Vivir que supone una ética bio-céntrica. Con ello se busca romper la postura antropocéntrica (que se maneja en el campo de los valores instrumentales) y productivista, que ha primado en el capitalismo. De la remediación a la prevención Usualmente cuando se habla sobre cómo frenar el calentamiento global las principales acciones buscan reducir la contaminación o concretamente la emisión de dióxido de carbono. La iniciativa Yasuní-ITT, por el contrario, tiene por objetivo no reducir sino evitar generarlo. Dicho cambio no es menor puesto que ataca la raíz del problema: la generación de la contaminación. Esta perspectiva, podría sostenerse, es similar a lo que en el campo de la salud implica pasar de la medicina medicamentalizada a la medicina preventiva. Del genocidio y la intolerancia a la diversidad, a la prolongación indefinida de las diferentes culturas humanas Desde un enfoque de izquierda una de las transiciones importantes resulta de pasar del capitalismo al socialismo, pero también constituye una transición pasar del colonialismo a la construcción del Estado plurinacional. Es19 Vale señalar que Ecuador es el único país del mundo que garantiza derechos a la naturaleza en su Constitución. Si bien otros países también tienen tales normativas, como por ejemplo Bolivia, las recogen en una normativa inferior (leyes o reglamentos).


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to implica reconocer la diversidad de culturas que tiene una comunidad política. La iniciativa Yasuní-ITT tiene como objetivo respetar el aislamiento voluntario de los Tagaeri y Taromenane, buscando de esta manera concretar uno de los objetivos fundamentales de la sociedad del Buen Vivir: el respeto a la diversidad y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Dicha propuesta es significativa en un mundo cada vez más xenófobo y que, en ocasiones, ha generado su «progreso» a costa del genocidio y la intolerancia del diferente. De la economía primaria exportadora a la sociedad del (bio)conocimiento La moda de lo «verde» (desarrollo sustentable) no es una moda anticapitalista sino procapitalista. Su fin es cómo hacer sostenible la acumulación del capital. Los recursos obtenidos por la iniciativa Yasuní-ITT tienen por objetivo construir la sociedad del (bio)conocimiento para satisfacer las necesidades de la población. Sus recursos serán utilizados principalmente en el cambio de la matriz energética del país, así como en investigación, ciencia y tecnología para —a través del conocimiento de la biodiversidad— buscar resolver las necesidades vitales de los seres humanos. Al tener un objetivo más trascendente (la vida), «atarnos las manos al mástil (no explotar el petróleo) permite no caer en la tentación de ser seducidos por el canto de las sirenas (ingresos de la explotación)», diría Homero. De la toma individual de decisiones, a la toma de decisiones colectiva En el marco de la soberanía del país, para instrumentar esta iniciativa Ecuador ha propuesto un comité colectivo de toma de decisiones en el cual no solo participa el Estado sino también los contribuyentes y los pobladores que viven en el Parque Nacional Yasuní. Un buen ejemplo de la relación existente entre lo local y lo global. Del donante al contribuyente o co-partícipe del cambio En el mundo de la cooperación internacional es usual que el donante imponga su voluntad al decidir el destino de los recursos donados. La lógica de la propuesta Yasuní-ITT cambia la mirada del donante por la del contribuyente o copartícipe del cambio. En este caso, al ser el cambio climático un problema público y común a la humanidad, el contribuyente busca ser parte de una acción colectiva mundial para solucionar un problema de esta naturaleza.

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De bienes privados a bienes públicos, comunes y relacionales La mirada neoclásica que busca el «capitalismo bueno» cuando existen problemas ambientales intenta internalizar las externalidades y considerar al medio ambiente como un bien transable de mercado. Entretanto, la iniciativa Yasuní-ITT busca construir el sentido de que la biodiversidad y el cambio climático son bienes públicos y comunes a la humanidad, razón por la cual no es problema de un Estado-nación sino que es un asunto trans-estatal y posnacional. De la misma forma, su valoración no está asociada en sentido estricto con una cantidad de dinero que se espera recibir, sino con la construcción de una relación diferente entre el ser humano y la naturaleza y una valoración no cuantificable monetariamente de la biodiversidad. Si bien uno de los principios del socialismo es la supremacía del trabajo sobre el capital, como se ha sugerido en otros artículos, la sociedad del Buen Vivir tiene un principio adicional: la vida (buena) sobre el trabajo (ver Ramírez G., 2012). Dicha vida pone el centro de atención en la generación de bienes (no males) relacionales, los cuales incluyen la relación armoniosa de la mujer y el hombre con la naturaleza. Este es uno de los principios rectores que rigen la iniciativa Yasuní-ITT. De Bretton Woods a la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial Luego de la Segunda Guerra Mundial se construyó una arquitectura financiera que ha sido perjudicial para los países denominados «periféricos». Incluso podríamos señalar que estos han financiado a los países «desarrollados» a través de los depósitos que han hecho en el Sistema de Reserva Federal de EE.UU. (FED) de sus reservas de libre disponibilidad (ver World Bank, 2006: 139). La iniciativa Yasuní-ITT, debido a que ataca un mal común mundial, ha necesitado de una arquitectura financiera transestatal para la que se ha creado un fideicomiso en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No obstante, en sus inicios la idea fue que dichos fondos sean parte del Banco del Sur impulsado por la UNASUR20, lo cual no pudo concretarse por los ritmos de su creación. No se puede criticar el sentido del capitalismo si no se disputa la arquitectura financiera imperante, lo que incluye la discusión sobre el papel del dólar como moneda de intercambio mundial. 20 En el año 2009, mientras el presidente Rafael Correa Delgado preparaba una presentación sobre el Yasuní-ITT en Londres, existió un debate entre el presidente, el autor de este escrito y el ex canciller Fander Falconí Benítez. En dicha ocasión el primer mandatario de Ecuador posicionaba la idea de la importancia de que el fideicomiso se cree en el Banco del Sur a fin de contrarrestar el poder que han tenido durante décadas las instituciones creadas en el marco de Bretton Woods.


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Del valor de cambio al valor de uso Siguiendo las palabras de Oscar Wilde se podría ironizar diciendo que la economía capitalista «conoce el precio de todo pero no sabe el valor de nada». La iniciativa Yasuní-ITT es un ejemplo no del precio que se asigna a un bien en el mercado sino del valor de uso que tiene para la humanidad, en este caso la biodiversidad; en otras palabras, es dar prioridad al valor de uso y no al valor de cambio. De la valoración y análisis unidimensional al análisis multicriterio y complejo Generalmente en la economía del capitalismo se usa unidimensionalmente el dinero como unidad de valoración y análisis de la sociedad y la economía. Así, dado el valor de cambio usado dentro del mercado resultaría irracional económicamente no explotar el Yasuní-ITT. Como se ha sostenido en otras ocasiones, mientras no se dispute la valoración de la sociedad con otras unidades de análisis (tiempo, energía, biomasa, etc.) será difícil construir un orden social diferente. Por el contrario, desde la iniciativa Yasuní-ITT resulta racional no explotar el petróleo justamente porque se contempla en el análisis otras variables que no tienen precio: la prolongación indefinida de las culturas, el tiempo de vida de la biodiversidad, la construcción social del sentido de lo público y común a nivel mundial, entre otros. En Ecuador se ha realizado una valoración de la iniciativa a través de la metodología multicriterio que arroja como resultado que es más valioso dejar el crudo bajo tierra que explotarlo (Vallejo, 2011). Dicha situación devela la necesidad de contender en el campo epistemológico a fin de revisar el valor de las cosas y las acciones humanas. En este proceso, la unidad de análisis de las relaciones económicas y sociales debería dejar de ser el dinero y pasar a ser, por ejemplo, el tiempo (Ramírez G., 2011) o lo biofísico (Vallejo, 2010). De la valoración de la acumulación del capital al valor de no hacer nada o de la no acumulación La riqueza de las naciones desde una mirada neoclásica está asociada a la capacidad de acumulación de capital que tiene una economía. Contrariamente a tal perspectiva, la iniciativa Yasuní-ITT justamente propone valorar la «no acumulación», al dejar intacto el patrimonio como está. En ese sentido, el mayor valor de la iniciativa se conseguirá cuando el mundo reconozca el valor de no hacer nada (dejar intocado el parque); porque esto implicará reconocer el significado de un bien mundial, público y común, así como el valor de la naturaleza, el valor de una acción colectiva global, el valor que tie-

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ne también la «no acumulación», y también el valor igual que tuvo y tiene la vida ayer, la vida hoy y la vida mañana.

4. Una propuesta adicional para la transición: el Impuesto Yasuní-ITT La iniciativa Yasuní-ITT en sí misma no es un proyecto que permite generar la suficiente riqueza como para sacar a todos los pobres de la pobreza ni satisfacer las necesidades básicas de todos los ecuatorianos. No obstante, es una iniciativa que permite evidenciar que la izquierda no solo no se debe conformar con buscar un “buen capitalismo” sino que debe plantear innovaciones que disputen el sentido del capitalismo y busquen construir otro mundo. En este marco, es necesario buscar la viabilidad de concretar la propia iniciativa Yasuní-ITT. El modelo que subyace a la propuesta Yasuní-ITT apunta a resolver el problema desde su origen, proponiendo la mejor iniciativa de abatimiento de carbono que haya presentado un país petrolero. Durante la gran transición, un proyecto de izquierda debe buscar formas de limitar al capitalismo, sobre todo especulativo. Si no se asocia capitalismo con deterioro ambiental, realmente no se podrá dar soluciones a los problemas que afectan a la naturaleza ni tampoco se podrá dar el salto cualitativo para buscar la sociedad pro buen vivir o poscapitalista. En el marco de Río+20, desde las ideas contenidas en este escrito se planteó la necesidad de establecer un impuesto que permita cumplir con dos objetivos: poner límites al capitalismo así como «Yasunisar» el mundo.21 Dicho impuesto consiste en poner una tarifa a la salida de capitales (impuesto Tobin) para financiar proyectos, principalmente, en países en vías de desarrollo, semejante a la iniciativa Yasuní-ITT. Así, esa tasa iría al corazón de la transición mencionada: evitar el flujo de capital especulativo («capitales buitres») que no inyecta recursos a la economía real; y dar incentivos no únicamente para que se reduzca la emisión de contaminación sino que se evite producirla, concediendo prioridad a zonas donde la conservación del patrimonio natural es más valioso (lugares con mayor biodiversidad). El impuesto Yasuní-ITT sería parte de una agenda de mayor alcance que Ecuador ha venido planteando al mundo durante los últimos cinco años. Esta agenda incluye el pago de la deuda ecológica (como contrapropuesta al pago de la deuda externa) así como el impuesto Daly, que consiste en gra21 Propuesta planteada por el autor de este texto.


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var la emisión de dióxido de carbono en general y, en particular, poner una tarifa a las exportaciones de petróleo. Dichas iniciativas financieras podrían ser recaudadas por un Fondo Mundial para la transición socioecológica, el cual podría ser administrado regionalmente (África, Asia, Sudamérica, etc.) mediante una nueva arquitectura financiera (Fondo del Sur, Banco del Sur) que se debe concretar.

5. Consideraciones finales Lo desarrollado en las secciones precedentes se inscribe en lo que teóricamente se ha planteado en otros escritos: que el proyecto político del Ecuador tiene que recorrer algunas fases (que no implican secuencialidad) para llegar a la gran transformación social (la sociedad del Buen Vivir). La gran transición implica transitar por el posneoliberalismo, el socialismo de mercado o socialismo redistribuidor y el biosocialismo republicano o socialismo del sumak kawsay (Ramírez G., 2010). Dichas fases implican diferentes modalidades de acumulación y (re)distribución en la economía y sociedad ecuatorianas.22 Estas modalidades no son lineales. Implican contradicciones, avances y contramarchas, justamente porque lo que está en juego son intereses políticos y económicos que frenan o permiten acelerar los cambios. Si pudiese ilustrarse una imagen de la transición sería algo parecido a un trébol de cuatro hojas, con una representación similar a la siguiente:

22 Quizá una idea errónea que creo separa a los socialistas clásicos de los que piensan el «postsocialismo» (si cabe ese concepto) es justamente la creencia en que el cambio únicamente pasa por la organización económica (acumulación y [re]distribución). La disputa está en construir un nuevo orden social, lo cual implica una nueva ética, nuevos valores, nuevas formas de democracia y de Estado, y también nuevas formas de generación de riqueza, de distribución y redistribución.

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Las intersecciones de los pétalos de este trébol justamente dan cuenta de la convivencia de diferentes estadios en un mismo momento: rezagos y aristas de la sociedad futura. Por ejemplo, se podría decir que la política social podrá por un tiempo seguir siendo neoliberal23 (Minteguiaga, 2011), la política económica posneoliberal (Ramírez G., 2011) y propuestas como la iniciativa Yasuní-ITT pueden considerarse —como se ha sostenido— incluso poscapitalistas. Como se expresa en el gráfico, esto no implica ir para «adelante» (en términos de progreso), pero tampoco para atrás. Es simplemente intentar construir otra sociedad contemplando los diversos ritmos sociales, naturales y tiempos políticos. La posibilidad de transformación desde la izquierda está en plantear una transición viable ética y políticamente, lo cual implica sin lugar a dudas también esgrimir una estrategia clara de acumulación y (re)distribución.24 Por ejemplo, como se señaló anteriormente, querer construir una economía popular y solidaria por el simple hecho de ser anticapitalista no es una propuesta viable para la izquierda si no garantiza la superación de la pobreza.25 A su vez, en nombre de un pragmatismo ciego, creer que lo único que debe hacer la izquierda es buscar el lado bueno del capitalismo o simple23 En la misma línea de análisis, mientras un sector de la izquierda sostiene que no hay cambios sustantivos en la política social porque, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas continúan bajo la misma lógica del neoliberalismo, el otro grupo (el «pragmático») defiende que deben sostenerse. La justificación principal para mantener estas transferencias pasa porque ahora ya no es un «bono de pobreza» sino un «bono de desarrollo humano» que incluye condicionalidades que protegen capacidades humanas (educación y salud). Bajo la tesis que propone el presente escrito, podríamos señalar que no se puede abandonar de la noche a la mañana dicha política debido a que esa transferencia de dinero no es despreciable para cierto grupo de población. A su vez, sin duda para la viabilidad de la «transición» es necesario mantener tales intervenciones; no hacerlo conllevaría serias restricciones para la supervivencia del gobierno en el poder y, por ende, cuestionaría la posibilidad misma de disputar a mediano plazo la «transformación social». Empero, resignarse a mantenerlas ad infinitum, sin signos de esfuerzos y planteos alternativos, supone también poner entre paréntesis y paralizar la gran transformación. La discusión que se ha tenido al interior del gobierno del Ecuador es que dicha intervención (el Bono de Desarrollo Humano) debería vincularse a una más ambiciosa: la universalización de la seguridad social. 24 La acumulación de esta riqueza no tiene por objetivo la misma acumulación sino la reproducción de la vida humana (una vida plena) y de la naturaleza. 25 Un debate contemporáneo que resulta clave para la izquierda a lo largo de todo el continente tiene que ver con la decisión de explotar o no recursos naturales no renovables (petróleo o minería). La situación es compleja. Por un lado debe admitirse que negar esta explotación supone no pensar en una propuesta política viable. En el caso de Ecuador, sin el petróleo el país no podría encarar ninguna transformación social posible. Lo que sí se debe disputar es un pacto territorial para la no explotación en áreas con alta biodiversidad. ¿Por qué no hacer minería en territorios con alta erosión de la tierra? La racionalidad de la explotación o no de recursos naturales está asociada a una debida planificación y ordenamiento del terri-


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mente administrarlo de una mejor manera, es no tomar en cuenta la historia; casi como ignorar que la humanidad ha transitado por otras formas de convivencia social a lo largo de sus días, y creer que realmente nos encontramos en la última y definitiva etapa de la historia de la humanidad: en su fin. El artículo aquí presente ha tratado de evidenciar que Ecuador se encuentra en un proceso de transición, intentando construir un nuevo orden social. En este momento se encuentra disputando políticamente la desestructuración del Estado capitalista. Y no solo aquello, sino haciendo propuestas innovadoras, como la iniciativa Yasuní-ITT, que implican avanzar en la construcción de un nuevo ethos, una nueva episteme, una nueva escala de valores no solo para sus habitantes sino para el mundo global. Si bien el camino no es fácil, el punto radica en no renunciar a la búsqueda de la emancipación social y, a la par, no perder de vista las condiciones de viabilidad para alcanzarla. No hacerlo es plantear un proyecto político «muerto antes de nacer».

torio según sus paisajes ecológicos (por ejemplo, no explotar en áreas protegidas o territorios con fuentes que garanticen el derecho al agua).

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RENÉ RAMÍREZ G.

Bibliografía ARRIGHI, Giovanni 2007 Adam Smith en Pekín. Orígenes y fundamentos del siglo XX. Madrid: Akal. HARVEY, David 2007 Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal. HUTTON, Will 2011 «Liberal Social Democracy, Fairness and Good Capitalism». En Priorities for a New Political Economy: Memos to the Left. Londres: Policy Network. MINTEGUIAGA, Analía 2011 «Política y políticas sociales en el Ecuador reciente: dificultades asociadas a la salida del ciclo neoliberal». En Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (en prensa). RAMÍREZ G., René 2012 La vida (buena) como «riqueza» de las naciones. Hacia una socio-ecología política del tiempo. Quito: IAEN. 2011 La felicidad como medida del Buen Vivir en Ecuador. Entre la materialidad y la subjetividad, 2006-2011. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Disponible en formato electrónico en: www.senplades.gob.ec/web/senplades-portal/publicaciones. 2010 «Socialismo del sumak kawsay o biosocialismo republicano». En Socialismo y sumak kawsay. Los nuevos retos de América Latina. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Disponible en formato electrónico en: www.senplades.gob.ec/ web/senplades-portal/publicaciones. 2008 Igualmente pobres, desigualmente ricos. Quito: Ariel-PNUD. SENPLADES 2009 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -2013. Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Disponible en formato electrónico en: plan.senplades.gob.ec. VALLEJO, María Cristina 2011 «Resultados del análisis multicriterial de la iniciativa Yasuní ITT». SENPLADES-MCP-MAE-MDG (mimeo).

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WORLD BANK 2006 Global Development Finance. Washington: World Bank.

154

RENÉ RAMÍREZ G.

Anexos Gráfico 1 Distribución del ingreso según deciles, 1990-2011

Participación

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

10% más pobre

2

34

56

1990

1,93

,1

4,25

2006

1,22

,3

3,24

2009

1,32

,6

3,54

,5

5,67

2010(marzo) 1,88

2,71

3,82

4,73

5,77

,1

78

9

10% más rico

6,17

,4

9,11

1,5

16,2

35,5

5,16

,5

8,5

10,7

15,8

42,7

8,71

1,4

16,33

8,91

1,86 16,71

7,12

9 36,5

Fuente: ENENDHU, 1990 (previo al neoliberalismo), 2006 (inicio de la Revolución Ciudadana), 2009 (crisis) y 2011 (marzo). Para 1990, 2006 y 2009 la encuesta ha sido tomada en diciembre. Elaboración: RR.


155

Gráfico 2 Tasa de crecimiento anual según percentil de ingreso, 2006-2011 (crecimiento pro-pobres) Total (años 2006 y 2010) Incidencia en el crecimiento

Tasa de crecimiento anual %

Tasa media de crecimiento

Crecimiento promedio

11

9

7

5

3 11

02

03

04

05

06

Percentiles

Fuente: ENENDHU, 2006 y 2010 (diciembre). Elaboración: RR.

07

08

09

0

100

006nuevasfronterasdelaizquierda-131007113243-phpapp02

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